Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE
- Hernan Larrain Fernandez
- SECRETARIO
- Carlos Hoffmann Contreras
- PRESIDENTE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
FÁCIL DESPACHO
- SESIÓN SECRETA
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE EXTENSIÓN DE PUNTA ARENAS A REGIÓN DE AISÉN. CERTIFICADO DE COMISIÓN MIXTA.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- MODIFICACIONES PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE REFORMA PROCESAL PENAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- MAYORES FONDOS PARA MUNICIPALIDADES Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN FINANCIERA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE EXTENSIÓN DE PUNTA ARENAS A REGIÓN DE AISÉN. CERTIFICADO DE COMISIÓN MIXTA.
- VII.
TIEMPO DE VOTACIONES
- DEBATE
- VIII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- CONMEMORACIÓN DE 10 AÑOS DE INICIO DEL GENOCIDIO EN RUANDA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES COLOMA, ESPINA, LARRAIN, MARTINEZ, ORPIS, PROKURICA, RUIZ-ESQUIDE Y VEGA, RELATIVO A LA ORIENTACION, ROL, FINANCIAMIENTO Y MARCO LEGAL DE LA TELEVISION PUBLICA (S 729-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Antonio Coloma Correa
- Alberto Espina Otero
- Jaime Gazmuri Mujica
- Hernan Larrain Fernandez
- Jorge Martinez Busch
- Jaime Orpis Bouchon
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Ramon Vega Hidalgo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES COLOMA, ESPINA, LARRAIN, MARTINEZ, ORPIS, PROKURICA, RUIZ-ESQUIDE Y VEGA, RELATIVO A LA ORIENTACION, ROL, FINANCIAMIENTO Y MARCO LEGAL DE LA TELEVISION PUBLICA (S 729-12)
- PORTADA
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 50ª, en miércoles 14 de abril de 2004
Ordinaria
(De 16:4 a 18:23)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE ,
Y JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. FÁCIL DESPACHO:
Sesión secreta:
Se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (boletines Nºs. S 661-04, S 688-04, S 714-04 y S 718-04)....................................................................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite Comisión Mixta, que modifica la ley Nº 19.606, que establece incentivos para desarrollo económico de Regiones de Aisén y Magallanes, y de provincia de Palena en materia de crédito tributario y ampliación de Zona Franca de Extensión de Punta Arenas a Región de Aisén, para bienes de capital (2832-03) (se aprueba certificado de Comisión Mixta)¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas a funcionamiento de reforma procesal penal (3465-07) (se aprueba en general).......................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial; el DL: Nº 3.063, sobre Rentas Municipales; la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a municipalidades para otorgar condonaciones que indica (2892-06) (queda pendiente su discusión general)...................
VII. TIEMPO DE VOTACIONES:
Condena a violación de derechos humanos en Cuba. Proyecto de acuerdo (S 728-12) (se retira el proyecto)....................................................................................................
VIII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)........................................................
Conmemoración de 10 años de inicio de genocidio en Ruanda. Oficio (observaciones del señor Naranjo)........................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia , Secretario General de Gobierno y de Justicia , la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y señor asesor del Ministerio del Interior.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:3, en presencia de 37 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 44ª, ordinaria, en 6 de abril; 45ª, especial; 46ª, especial, secreta, y 47ª, ordinaria, en 7 de abril, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo Relativo a las Inmunidades del Banco de Pagos Internacionales (Boletín Nº 3.437-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo comunica que ha aprobado el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.606, que establece incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y Magallanes, y de la provincia de Palena, en materia de crédito tributario, y establece la ampliación de la Zona Franca de Extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén para bienes de capital (Con urgencia calificada de "discusión inmediata") (Boletín Nº 2.832-03).
--Queda para tabla.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, referido al encarecimiento que ha experimentado el puerto de Punta Arenas.
Del señor Ministro de Obras Públicas , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la fecha en que se terminaría la construcción del puente Los Tricahues, comuna de Lolol, Sexta Región.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, concerniente a diversos aspectos de las concesiones de radios de mínima cobertura.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido a los problemas de financiamiento en la construcción de viviendas, que aquejan a las familias del Comité de Allegados Nº 1 de la comuna de Zapallar.
Del señor Contralor General de la República , mediante el cual responde a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo a la recepción municipal de las viviendas construidas en la propiedad denominada "Loteo Calafquén", ubicada en Licanray, Novena Región.
De la señora Directora del Servicio de Salud de Antofagasta , mediante el cual contesta un oficio enviado al señor Ministro de Salud , en nombre del Senador señor Naranjo, relativo a los procesos administrativos incoados por negligencias médicas durante los años que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante el cual solicita a la Sala otorgar un nuevo plazo de noventa días para evacuar el informe que le encomendara en relación al tema de la autonomía del Poder Judicial .
--Se accede.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
Para referirse a ella, tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , solicito que se discuta hoy el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 19.606, relativa a las zonas extremas, a fin de despacharlo lo antes posible, pues la enmienda debe entrar en vigencia antes del 30 del mes en curso.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , en el mismo sentido de lo planteado por el Senador señor Adolfo Zaldívar, quiero señalar que la normativa en proyecto debe estar promulgada antes del 30 de abril para los efectos de la bonificación que se propone.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Senador señor Orpis, ¿su intervención apunta en la misma dirección?
El señor ORPIS.-
Sí, señor Presidente . También pido que dicha iniciativa se trate en esta sesión, porque hubo pleno acuerdo en la Comisión Mixta para aprobarla.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, el informe de Comisión Mixta se verá en primer lugar del Orden del Día, ya que se trata de un proyecto con discusión inmediata.
¿Habría acuerdo?
El señor ESPINA.-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , deseo hacer una petición. Hay un proyecto en tabla¿
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Es sobre otra materia, señor Senador ?
El señor ESPINA.-
Sí; sobre una iniciativa que aparece en el Orden del Día.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Pero antes debo recabar el asentimiento de la Sala sobre el punto que¿
El señor ESPINA.-
Es que está relacionada con esa materia. Si me permite explicarlo, señor Presidente , demoraré sólo diez segundos.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, se está pidiendo al Parlamento que despache con prontitud una serie de proyectos vinculados a la seguridad ciudadana.
La idea de legislar sobre la iniciativa que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Por ello, dicha Comisión me solicitó, en sesión de hoy, y también unánimemente, pedir al Senado discutirla ahora como si fuera de fácil despacho, a fin de aprobarla en general, pues probablemente nadie va a estar en contra, sin perjuicio de las indicaciones que se presenten para mejorar su texto. Si no se procediera así, la iniciativa quedaría paralizada por un tiempo a todas luces inconveniente.
Ésa es mi petición, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Vuelvo a solicitar el asentimiento de la Sala para tratar como primer punto de la tabla de la sesión de hoy el proyecto relativo a zonas extremas, cuya urgencia es de "discusión inmediata".
¿Habría acuerdo?
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente , estos dos proyectos podrían ser incluidos en Fácil Despacho para acotar su tratamiento a media hora.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Estoy pidiendo el acuerdo sobre uno de ellos, para tratarlo como si fuera de Fácil Despacho.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Adicionalmente, se solicitó un trámite similar para el proyecto que realiza ajustes a la reforma procesal penal, el cual tiene un informe favorable y unánime de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Se accedería a la petición?
--Así se acuerda.
V. FÁCIL DESPACHO
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde constituir la Sala en sesión secreta para resolver las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía que figuran en tabla. Posteriormente, según lo acordado, nos ocuparíamos de los proyectos recién indicados, como si fueran de Fácil Despacho.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:10 y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Benedicto Enrique Figueroa Puente, Manuel Ismael Galleguillos Troncoso, Oscar Manuel Seguel Jofré y Osvaldo Herminio Kusch Ríos.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:37.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE EXTENSIÓN DE PUNTA ARENAS A REGIÓN DE AISÉN. CERTIFICADO DE COMISIÓN MIXTA.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo acordado, corresponde tratar como si fuera de Fácil Despacho el certificado de la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras respecto del proyecto sobre modificación de la ley Nº 19.606, que establece incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y de Magallanes, y de la provincia de Palena, en materia de crédito tributario, y la ampliación de la Zona Franca de Extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén, para bienes de capital.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2832-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 4 de marzo de 2003.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 48ª, en 13 de abril de 2004.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 20ª, en 6 de agosto de 2003.
Economía (segundo), sesión 47ª, en 7 de abril de 2004.
Hacienda (certificado), sesión 47ª, en 7 de abril de 2004.
Mixta (certificado), sesión 50ª, en 14 de abril de 2004.
Discusión:
Sesiones 26ª, en 13 de agosto de 2003 (se aprueba en general); 47ª, en 7 de abril de 2004 (se aprueba en particular).
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Solicito autorización de la Sala para que ingresen la Subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Adriana Delpiano Puelma, y sus asesores.
--Se accede.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para este proyecto, calificándola de "discusión inmediata".
La controversia entre ambas ramas del Congreso se originó en el rechazo por la Cámara de Diputados del artículo 4º aprobado por el Senado, relativo al impuesto al gas usado como combustible en los vehículos motorizados, aplicable a los contribuyentes de la Duodécima Región.
El certificado de la Comisión Mixta, de fecha de hoy, consigna que la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Fernández, Lavandero y Orpis, y Diputados señores Álvarez, Muñoz, Luksic y Sánchez) propone el rechazo del artículo 4º, en el entendido de que el Ejecutivo podrá incluirlo en la indicación que ha anunciado que presentará al proyecto sobre modificación de la ley Nº 18.502, que se encuentra pendiente en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.
La Honorable Cámara de Diputados, en sesión de esta mañana, dio su aprobación a dicho documento.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
En discusión el certificado de la Comisión Mixta.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba el certificado de la Comisión Mixta.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , deseo hacer una observación complementaria a lo informado recién.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , con relación a la rebaja del impuesto al gas, deseo dejar constancia, una vez más, de que el proyecto pertinente ha permanecido en la Comisión de Transportes durante varios años. Allí se ha intentado resolver el asunto, pero aún estamos en espera de la indicación prometida por el Ejecutivo para establecer un criterio al respecto.
La idea es que la rebaja de ese impuesto signifique un incentivo para que los vehículos que hoy usan petróleo o bencina sean reconvertidos para utilizar gas, por razones de preservación del medio ambiente, de descontaminación, de reducción de costos u otras.
Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible lograr que el Gobierno envíe la mencionada indicación. Esta situación se arrastra por más de dos años y medio y crea una serie de problemas, que se están extendiendo al resto del país. Aprovecho la presencia del Jefe de Gabinete del Primer Mandatario y de los Ministros Secretario General de la Presidencia, de Justicia , Secretario General de Gobierno y otros, para solicitar que el Ejecutivo haga llegar la indicación o, lisa y llanamente, diga que no habrá modificación y que se debe rechazar o archivar la iniciativa.
Me ha parecido razonable dejar esta constancia.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , deseo agregar que uno de los puntos de discusión de la Ley Austral es el planteado por el Senador señor Pizarro . Ante esta Sala, el Ejecutivo se comprometió a enviar una indicación destinada a solucionar el problema de cómo cobrar el impuesto, que apunta al cobro en función del consumo en el mes de mayo de este año. Hay constancia de ello y esperamos que así se resuelva.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Despachado el proyecto.
MODIFICACIONES PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE REFORMA PROCESAL PENAL
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En seguida, corresponde tratar, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3465-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 35ª, en 2 de marzo de 2004.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 44ª, en 6 de abril de 2004.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión deja constancia de haber discutido la iniciativa sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento, y de que sus objetivos principales son agilizar la persecución penal; evitar zonas de impunidad en la persecución criminal, y corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la gradual entrada en vigor de la reforma procesal penal.
Agrega que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Aburto, Espina, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar) y propone a la Sala darle también su aprobación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En discusión general la iniciativa.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , este proyecto contiene un conjunto de normas tendientes a perfeccionar los Códigos Procesal Penal y Penal, y es producto tanto de la labor realizada por una comisión especializada cuanto de la experiencia recogida en las Regiones donde hoy se está aplicando el nuevo juicio penal oral.
La Comisión de Constitución aprobó unánimemente la idea de legislar y solicita a la Sala que la acoja en igual forma, con el objeto de evitar una tramitación muy dilatada, sin perjuicio de las indicaciones que se juzgue conveniente presentar en el segundo informe, ocasión en la cual se debatirá cada una de las propuestas de manera individual.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar.
--Se aprueba en general el proyecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Debe fijarse plazo para formular indicaciones.
¿Algún señor Senador desea proponer una fecha?
La señora FREI (doña Carmen).-
Sugiero el 10 de mayo, señor Presidente.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, ojalá fuera antes, porque el texto se halla consensuado y urge despacharlo.
El señor PARRA.-
Propongo el 3 de mayo, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 3 de mayo, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Queda despachado el proyecto en este trámite
--------------
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señores Senadores, se ha solicitado una nueva ampliación del plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
¿Habría acuerdo para ello?
El señor NARANJO.-
Ya se había prorrogado antes.
¿Quién la solicita, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
El Ejecutivo.
El señor NARANJO.-
Podría prolongarse, como máximo, hasta el 22 de abril.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo?
El señor MORENO.-
Sólo por una semana más, señor Presidente , porque ya se ha postergado tres veces.
El señor ÁVILA.-
¿Se requiere unanimidad para determinar el plazo, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No, Su Señoría.
¿Estaría de acuerdo el Senado en aplazar por una semana la fecha inicialmente fijada?
El señor MORENO.-
¡Nada más que eso, señor Presidente!
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Muy bien.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Entiendo, entonces, que el plazo para presentar indicaciones al proyecto de recuperación del bosque nativo y fomento forestal se amplía hasta el 21 del mes en curso, a las 12.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En una semana más del que fue fijado anteriormente.
--Así se acuerda.
MAYORES FONDOS PARA MUNICIPALIDADES Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN FINANCIERA
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, relativo a Rentas Municipales, y la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar las condonaciones que indica, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2892-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 13 de agosto de 2003.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 44ª, en 6 de abril de 2004.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa fue discutida por la Comisión de Gobierno sólo en general.
Sus principales objetivos son incrementar los recursos económicos de los municipios; racionalizar la aplicación de exenciones del impuesto territorial; mejorar la gestión municipal en materia financiera, y dotar a las autoridades municipales de facultades para condonar derechos de aseo.
El proyecto fue aprobado en general por cuatro votos a favor, de los Senadores señora Frei (doña Carmen), Boeninger, Cantero y Núñez, y la abstención del Honorable señor Bombal.
El texto de la iniciativa que la Comisión de Gobierno propone aprobar en general se transcribe en el informe.
Cabe señalar, finalmente, que el artículo 4º, en sus numerales 2, letra a); 6, letra b); 8; 10; 13, letra b), y 14; el artículo 5º, en sus numerales 1, 3, 4, 6, 7,8, 10 y 12; el artículo 8º, letra b), número 2, y el artículo 9º tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Hay varios señores Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOENINGER.-
¿Me permite, señor Presidente ? Tal vez procedería en primer término dar cuenta del informe de la Comisión de Gobierno.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Con tal propósito solicité la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Perdón. ¿Su Señoría va a informar el proyecto como Presidenta de la Comisión?
La señora FREI (doña Carmen) .-
Yo ejercía dicho cargo cuando se debatió la iniciativa en ella, pero hemos pedido al Honorable señor Boeninger que haga la relación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Bien. Si no hay inconveniente, el Senador señor Boeninger informará el proyecto en nombre de la Comisión.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BOENINGER.-
Gracias, señor Presidente.
El señor CANTERO .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO .-
Simplemente, deseo señalar que el actual Presidente de la Comisión de Gobierno está en plenas condiciones para dar cuenta del proyecto. Ése es el estilo que habitualmente se emplea.
El señor NÚÑEZ .-
Así me parece.
El señor CANTERO .-
Un mínimo gesto de gentileza habría aconsejado una conversación con el titular. En todo caso, no tengo inconveniente alguno en que el Senador señor Boeninger informe la iniciativa.
El señor BOENINGER.-
Yo tampoco tengo inconveniente en que el actual Presidente de dicho órgano técnico haga la relación.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
En vista de que he sido requerido por el señor Presidente , no obstante mi disposición para que el Honorable señor Cantero rindiera el informe, procederé a hacerlo.
El proyecto en debate tuvo su origen en un mensaje enviado al Parlamento el año 2002, a partir de la comprobación de que, por una parte, el financiamiento municipal era claramente insuficiente en relación con las demandas que recaen sobre los municipios a propósito de sus funciones constantemente en expansión en distintos rubros, y, por otra, de que el monto de la contribución de bienes raíces no agrícolas no había sido reajustado desde 1995, pues se suspendió un reavalúo dispuesto para el año 2000 y a partir de esa fecha se fue prorrogando esa suspensión.
Entonces, sobre la base de esa óptica combinada, y aprovechando que el proyecto introduce una serie de modificaciones que favorecen la racionalización de la estructura tributaria de beneficio municipal y, al mismo tiempo, corrige otras deficiencias, se establece en su texto que el reavalúo de bienes raíces no agrícolas, que no se incrementaba desde 1995, en adelante se reajustará automáticamente cada cinco años, junto con los bienes raíces agrícolas, que para tal efecto se rigen por otra ley, y que ambos reajustes -el agrícola y el no agrícola- deberán entrar en vigencia en la misma fecha en todas las comunas del país.
A continuación, la iniciativa fija un conjunto de exenciones y de gradualidades en la aplicación del nuevo reavalúo, para evitar que los contribuyentes tengan que enfrentar un súbito aumento de la carga tributaria, que pudiera ser excesivo para ellos. En ese sentido, se establece una exención con diversos topes y gradualidades.
Asimismo, dispone que el giro de impuesto no podrá aumentar en más de 10 por ciento en el primer semestre de aplicación del reavalúo en relación con el último pago del reavalúo anterior.
En seguida, prescribe que el impuesto para las propiedades cuyas contribuciones aumenten en 25 por ciento o más y cuyas cuotas anuales sean superiores a 5 mil pesos a enero de 2002 no podrá aumentar más allá de 10 por ciento en el semestre respectivo.
Considerando estos topes y de acuerdo con la ley, se fijan tasas de contribución que oscilan entre el 5 y el 15 por mil, debiendo respetarse la gradualidad y los máximos antes indicados.
En la misma línea, se eliminan exenciones estimadas inconvenientes o no apropiadas. A este respecto, pasan a pagar contribuciones de bienes raíces un conjunto de bienes fiscales que hasta el momento están exentos.
La intención del proyecto inicial ¿y así se señalaba en el acuerdo político que viabilizó su tramitación- era que dicho pago se integrara en su totalidad al Fondo Común Municipal. Sin embargo, en la Cámara de Diputados no hubo quórum para aprobar la destinación a dicho Fondo. Pero sí se aprobó el pago de contribuciones por concepto de los bienes raíces fiscales.
Después, en cuanto a las exenciones, aspecto que es necesario racionalizar, la iniciativa elimina un conjunto muy variado de 79 tipos de exenciones menores, que obviamente no vale la pena detallar en este instante. En especial, se tomaron en cuenta actividades en que el Estado fomenta y promueve el deporte y, evidentemente, la educación en sus diversos niveles. En este caso, se dispone la exención del impuesto territorial respecto de aquellos recintos o propiedades destinados al deporte o a la educación, pero no se beneficia a los establecimientos que generen rentas, ligados a esas mismas entidades.
Hubo un largo debate y, finalmente, se llegó a consenso en cuanto a la exención de pago del impuesto territorial por los cementerios fiscales y municipales, no así los privados. Pero dicho pago queda de nuevo circunscrito a los edificios destinados a administración y a los terrenos para expansión futura. Es decir, no se gravan las sepulturas.
En otro orden de ideas, cabe señalar que al formularse el acuerdo político ¿que, como señalé hace un instante, por lo menos, a nivel de la Concertación, viabilizó la tramitación del proyecto- y efectuarse la discusión respectiva en el año 2002, se estableció específicamente un itinerario de aplicación de los reavalúos y demás gravámenes que consulta la ley, dejando prácticamente libres los dos primeros años de vigencia -2003 y 2004-, de conformidad con la fecha propuesta en esa época.
Sin embargo, como en la Cámara de Diputados, por motivos que ignoro -pero es la historia real-, la tramitación de la iniciativa ha sido más demorosa, esos dos años, en la práctica, ya pasaron.
La razón para dejar libre ese período fue que, como estábamos en una etapa previa a la reactivación de la economía, se quería evitar que los nuevos gravámenes, que en régimen ascendían a cerca de 60 mil millones de pesos anuales, afectaran a los contribuyentes en los años 2003 y 2004. Eso no se ha alterado. De modo que los nuevos impuestos comenzarán a aplicarse con la gradualidad indicada a partir de 2005.
Además, hay varias disposiciones -las resumiré, porque no vale la pena entrar a los detalles- que, por ejemplo, implican una modificación a las normas relativas al cobro de patentes comerciales de sociedades de inversión y de sociedades profesionales. Tales preceptos impiden hoy dicho cobro. Por lo tanto, se introdujeron disposiciones que aparentemente sí permiten llevarlo a cabo. Ese tributo tenía un rendimiento calculado a partir del primer año de aplicación de la ley en proyecto, porque no se trata de un nuevo impuesto, sino de uno ya vigente.
Por otra parte, las patentes acuícolas, que hoy día son de beneficio fiscal, pasan a tener la misma distribución de las patentes mineras: 30 por ciento a beneficio municipal y 70 por ciento a beneficio regional, con las mismas flexibilidades y restricciones establecidas para estas últimas.
Una norma que dio lugar a una larga discusión, pero que finalmente se concordó, dice relación a las actuales multas que se cursan en los juzgados de policía local y que benefician al Servicio Nacional de Menores. A partir del 1º de enero de 2005, al tercer año de vigencia, los recursos así enterados serán de beneficio municipal, sustituyéndose el financiamiento del SENAME por un aporte fiscal directo. Vale decir, alrededor de 4 mil 800 millones de pesos anuales se destinarían exclusivamente -así fue aprobado por la Cámara de Diputados- a la atención primaria de salud municipal.
Del mismo modo, el proyecto aumenta en 50 por ciento la dieta que perciben los concejales, incrementando el tope de 8 a 12 unidades tributarias mensuales. Es decir, sube de 224 mil a 336 mil pesos, aproximadamente. Además, se aumentan, de acuerdo con los grados respectivos, las remuneraciones de los alcaldes.
Asimismo, incorpora un conjunto de normas para una mayor transparencia municipal. También, faculta a los municipios para condonar deudas por derechos municipales.
Por último, la iniciativa establece un recargo al impuesto a los sitios eriazos. La tasa penal, que es de ciento por ciento, aumenta en 200 por ciento.
Sobre este punto, deseo dejar constancia de que existe polémica, por lo que será necesario revisar cuidadosamente esta norma en la discusión particular. Hay distintos tipos de sitios eriazos: los abandonados, los que se están manejando con fines especulativos y los que son parte de un proyecto inmobiliario cuya materialización depende de la situación económica del país o del comportamiento del mercado.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , haciendo un poco de historia, habría que recordar a la Sala que, en abril de 2002, el Gobierno publicó un decreto por medio del cual estableció el reavalúo de los bienes raíces a partir del 1º de julio de 2003.
Conocido ese decreto, nuestro Partido fue invitado a construir, en conjunto con el Gobierno, un proyecto que considerara la realidad de todos los municipios del país. Se trabajó arduamente en aquel acuerdo político. Las autoridades gubernamentales de la época lo calificaron como -cito textualmente- "la mejor ley que se había hecho en 20 años para los municipios del país".
Con posterioridad -y es de todos conocido-, algunos sectores de la Concertación desestimaron lo obrado y no prestaron su aprobación al compromiso adquirido por el Gobierno con una parte de la Oposición. No se cumplió con el acuerdo político en que se había trabajado seriamente. En consecuencia, no hubo ley.
El referido acuerdo establecía, entre otras materias, que todos los jubilados del país que percibían el ingreso mínimo quedaban exentos del pago de contribuciones, y, además, fijaba un mecanismo según el cual el Gobierno entregaría a las municipalidades más pobres, que cuentan aproximadamente con un 85 por ciento de contribuyentes exento del pago de impuesto territorial, el monto equivalente a todas esas contribuciones con cargo al Fondo Común Municipal, a través de un mecanismo en el tiempo, para que tales recursos llegaran a esos municipios.
Se trataba de establecer los montos exentos del pago de impuesto territorial, pero siempre que el Gobierno central entregara a todos los municipios la suma equivalente; y se fijaba un plazo progresivo de 5 años, al final del cual se integraba el ciento por ciento de esa suma.
Con el proyecto que hoy debatimos en la Sala, en cambio, los municipios podrán contar con recursos frescos a partir de 2005. Recién ese año percibirán los fondos que les urgen para cumplir sus compromisos. Se habrían ganado dos años si se hubiese respetado lo que entonces se acordó.
El acuerdo implicaba una recaudación total de 67 mil millones de pesos en pleno régimen, donde había un esfuerzo del sector privado y, también, una importante contribución fiscal. Como señalé, esos recursos empezaban a llegar a los municipios a partir de julio de 2003. Sin embargo, el texto aprobado recientemente significa una recaudación de 41 mil millones de pesos, donde el grueso del aporte viene del sector privado, a partir del reavalúo de 2005.
El acuerdo significaba una importante contribución fiscal por concepto de pago de contribuciones de bienes fiscales, aporte que en el proyecto es significativamente menor.
Asimismo, el acuerdo suponía que las multas de tránsito pasaban íntegramente a beneficio municipal. El proyecto actual cambia ese destino y hace que la recaudación que hoy va al SENAME -18 por ciento- se traspase al Fondo Compensatorio de la Salud Primaria, distribuido por la SUBDERE, de acuerdo con los mismos criterios con que en la actualidad se asigna el subsidio per cápita.
El proyecto actual omitió otras materias consignadas en el acuerdo. Por ejemplo, la exención de contribuciones y derechos de aseo para jubilados, viudas y montepiadas, beneficio que era aplicable a bienes raíces tasados en menos de 35 millones de pesos. También omitió aquellas normas donde se flexibilizaba el destino de los ingresos de las patentes mineras, permitiéndose a las municipalidades que recibían dicho tributo destinar hasta 35 por ciento de los ingresos a gasto corriente.
Se omitió, asimismo, que los embalses pagaran contribuciones, favoreciéndose a los municipios ribereños.
El acuerdo también contemplaba una norma de garantía para evitar el desfinanciamiento municipal. Se establecía que, en el futuro, cualquier iniciativa que disminuyera los ingresos de los municipios, fuera por la vía de derechos, tasas o patentes de beneficio municipal, debía ser compensada por el Fisco enterando en el Fondo Común Municipal el monto equivalente de recursos que las municipalidades dejaran de percibir.
También, lamentablemente, aquello fue omitido en este proyecto.
Las únicas materias del acuerdo que se mantuvieron en esta iniciativa dicen relación a las normas paliativas de amortiguación del impacto del reavalúo, que se refieren a:
-Eliminación del pago de derechos de aseo a todas las viviendas que tengan una tasación inferior a 6 millones 400 mil pesos.
-Normas en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresas.
-Disposiciones que modernizan el pago de tributos municipales.
-Patentes acuícolas que pasan a beneficio municipal y regional.
-Mejoramiento de remuneraciones de alcaldes y de dieta de los concejales.
Señor Presidente , ciertamente, este proyecto no refleja el sólido e importante acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la UDI en agosto de 2002, cuyo espíritu y las normas concordadas apuntaban a mejorar sustantivamente la gestión y el financiamiento municipal, para lo cual contribuían tanto los particulares como el Fisco. Se proyectaba una recaudación de 67 mil millones de pesos al año 2008, la que se obtenía en forma progresiva, para no afectar a los sectores más vulnerables del país.
El acuerdo implicaba que los particulares con mayores recursos hicieran un esfuerzo significativo, según sus posibilidades económicas, para concurrir a una asignación de recursos más equitativa y solidaria, permitiéndose de esa forma liberar a los más pobres de los derechos de aseo, y a los jubilados de bajas pensiones, del pago de contribuciones.
A su turno, el Gobierno también debía, fruto de una mayor eficiencia en la administración de los recursos, aportar cifras relevantes sin tener mayor recaudación fiscal, ya que no se modificaba la carga impositiva de los particulares en los impuestos de beneficio fiscal.
El acuerdo a que hago mención aumentaba la recaudación del Fondo Común Municipal en directo beneficio de los municipios más pobres, y, por consiguiente, los nuevos dineros estaban orientados a satisfacer las apremiantes necesidades de las personas de más escasos recursos de nuestro país.
En dicho acuerdo, además, se consagraba un conjunto de normas que buscaban modernizar la gestión municipal en directo provecho de la comunidad local y de la actividad de la pequeña y la mediana empresas. Sin embargo, muchas de ellas ya no están en el proyecto en trámite o se encuentran completamente desdibujadas de su idea original.
No podemos, señor Presidente, sino lamentar el desenlace de ese proyecto de acuerdo político que, desgraciadamente, la autoridad terminó no acatando, por las razones de todos conocidas.
Digámoslo con toda claridad: la iniciativa que hoy votaremos en general, a nuestro modo de ver, no logra solucionar los problemas financieros de los municipios de nuestro país. Es una medida de parche, como otras. Y en un tiempo más -me atrevo a asegurarlo- estaremos discutiendo un nuevo proyecto en la misma dirección para solucionar la crisis financiera de los municipios.
Sólo en la medida en que se flexibilice la gestión financiera de las municipalidades y de los servicios traspasados de educación y de salud, y en que se modifique de manera radical la estructura de su financiamiento, se podrá atacar el problema de fondo que afecta al sector municipal. Asimismo, se hace absolutamente indispensable rediseñar la actual forma de distribución de los recursos del Fondo Común Municipal, ya que, en su actual esquema, no entrega recursos suficientes a los municipios más pobres del país.
Habría que decir, también, que esta iniciativa legal no es ni con mucho la panacea en cuanto a descentralización y modernización. Señalemos, igualmente, que esto fue parte de la agenda de modernización. Pero poco se hace en estas materias, según como quedó el proyecto que estamos discutiendo. Dista mucho de acercarse a la modernidad y mantiene un corte centralista de manera inequívoca.
La iniciativa que ahora analizamos solo amortigua los efectos de la entrada en vigencia del próximo reavalúo no agrícola, que ella misma fija para el año 2005.
Si bien este proyecto de ley -como digo- amortigua la entrada en vigencia del próximo reavalúo no agrícola, implica un aumento de la carga tributaria.
Adicionalmente, se crea en forma permanente un impuesto de beneficio del Gobierno Central de 0,25 por mil, que se cobra en conjunto con las contribuciones de bienes raíces. Y, en este punto, cabe hacer presente que aquél no debería recaudar ingresos a través de impuestos que han sido definidos como de beneficio local.
En otro aspecto, tal cual se propone en la iniciativa, la tasa de beneficio del Gobierno Central no se modifica con la entrada en vigencia de un reavalúo, mientras que las tasas de beneficio local sí lo hacen, lo que en la práctica nos lleva a que lo recaudado por aquél registre una mayor tasa de crecimiento que lo recibido por el sector municipal. Específicamente, con la entrada en vigencia del próximo reavalúo, la recaudación municipal se incrementará en 10 ciento, mientras que la del Gobierno Central lo hará en 50 por ciento.
Desde esa perspectiva, el proyecto implica -lo reitero- un aumento de la carga tributaria determinada en forma centralizada, sin dotar de mayor autonomía a los propios municipios en la generación de sus recursos.
De acuerdo a estimaciones preliminares realizadas por el Servicio de Impuestos Internos, el próximo reavalúo no agrícola implicará un incremento del orden del 50 por ciento del avalúo fiscal de los bienes raíces no agrícolas. Esta alza en la base del impuesto territorial, sumada a las nuevas tasas y tramos que en la actualidad establece la ley que rige dicho tributo y que debieran aplicarse junto con la entrada en vigencia del próximo avalúo no agrícola, hacen que la recaudación del pago de contribuciones crezca en 100 por ciento. De esta forma, los actuales 300 mil millones de pesos que los municipios reciben por este concepto llegarían a 600 mil millones, siendo este aumento equivalente al 1,25 por ciento del IVA.
Debido a ello es que se hace necesario modificar la ley que rige el impuesto territorial -como decía- de forma tal de amortiguar la entrada en vigencia de un próximo reavalúo.
Dado lo anterior, el proyecto de ley acota el crecimiento de la recaudación a través del impuesto territorial a un 10 por ciento, modificando para tal efecto las tasas de este tributo.
En ese aspecto, pensamos que la iniciativa presenta vicios de constitucionalidad, ya que no es la ley finalmente la que determina cuántas tasas regirán, ni tampoco cuáles serán los tramos de avalúo fiscal afectos a las distintas tasas, ni menos la relación que existirá entre los diversos tramos.
Si bien en este caso no debiera ser la ley la que determine las tasas finales que regirán, ya que se han de modificar cada vez que se realiza un reavalúo, sí la ley debe establecer a lo menos cuántas tasas habrá y cuáles serán los tramos de avalúo fiscal afectos a las mismas.
Por último, en otro aspecto, mediante la aprobación de este proyecto se eleva la sobretasa a los sitios eriazos y se crea una multa municipal a las propiedades abandonadas, también aplicable a aquellos sitios, lo que implica imponer nuevos tributos o impuestos al no uso. Éstos no apuntan a corregir eventuales efectos negativos sobre el entorno inmediato de una propiedad abandonada o sitio no edificado.
Señor Presidente , teniendo presentes todas las consideraciones expuestas y por estimar que este proyecto implica un aumento en la carga tributaria, es que en general lo votaremos en contra, reservándonos para la discusión particular nuestra legítima opción de aprobar algunas normas que nos parecen convenientes y rechazar todo aquello que implique -reitero- establecer aumentos en la carga tributaria, ya que los consideramos inequitativos y lesivos para la clase media de nuestro país.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , tratándose de la discusión general, me sería muy difícil en este momento entrar a precisar cada uno de los aspectos específicos del proyecto. En todo caso, ya los detalló el Senador señor Boeninger , y algunos de ellos fueron rebatidos e interpretados, a su manera, por el Honorable señor Bombal .
Por lo tanto, sólo quiero referirme a ciertos puntos que me parece esencial clarificar en esta discusión.
En primer lugar, se ha sostenido aquí que estamos aprobando un proyecto de ley que aumenta los impuestos.
Eso no es efectivo.
Hay una ley aprobada. Hablemos primero de la ley actual, de la que se halla vigente hoy día y que estaríamos modificando para subir impuestos.
La Ley sobre Impuesto Territorial que rige hoy establece en su articulado permanente que los reavalúos se deben efectuar en un plazo de entre 5 y 10 años. De esta forma, corresponde realizar uno a más tardar el 1º de enero del 2005. O sea, es necesario entender que, con el texto vigente, se debe reavaluar antes de esa fecha. Ese impuesto ya se encuentra consagrado en la ley.
Se dice, además, que debe aplicarse una tasa única de 1,5 por ciento anual y que el monto exento habitacional será de aproximadamente 6 millones 700 mil pesos. Y no se contiene ningún mecanismo de morigeración o límite al aumento de las contribuciones.
Ahora, esos montos fueron fijados en 1987. No olvidemos que para el reavalúo de 1995 no se aplicaron porque el Gobierno, al aprobar un proyecto parecido al actual de Rentas II, lo eliminó, medida que todos los sectores políticos aprobaron.
Por lo tanto, ahora corresponde hacer el reavalúo, que no haya ninguna morigeración, que se aplique el 1,5 por ciento anual y que la vigencia sea a contar de enero de 2005. Eso dice la ley en vigor.
Ahora, si se mantuviera la legislación vigente, habría que hacer el reavalúo -Impuestos Internos está obligado a ello, porque hay una legislación que se lo impone-, lo cual implicaría un aumento por concepto de impuesto territorial -no estoy hablando de otros ingresos- de 150 mil millones de pesos anuales. En el proyecto en debate estamos proponiendo recaudar por esa vía 32 mil 500 millones al año.
En otras palabras, con la legislación vigente recaudaríamos anualmente 150 mil millones de pesos al año; con la ley en proyecto, 32 mil 500 millones. En términos globales, si las matemáticas no me fallan, habría una rebaja de impuestos de 117 mil 500 millones de pesos.
Si alguien cree que mis cálculos están equivocados, me lo puede decir.
En consecuencia, aquí no existe un alza tributaria, sino una disminución de impuestos de 117 mil 500 millones de pesos al año, conforme a la ley en vigor.
¿Cómo se logra eso?
Primero, el proyecto establece un reavalúo a los bienes agrícolas y no agrícolas (la primera vez no se reavalúan los agrícolas porque son objeto de otra normativa que se discute en la actualidad). Y, como decía, existe un reavalúo automático cada 5 años, sin necesidad de nuevas leyes, de nuevos decretos ni, por lo tanto, de nuevas discusiones.
Señor Presidente , le ruego que me disculpe, pues deseo saludar al Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , el alcalde don Pedro Sabat , quien se encuentra en las tribunas apoyándonos -espero- para la aprobación de esta iniciativa.
Según expresaba, se reavalúa cada 5 años. Por lo tanto, transcurrido dicho plazo se aplica una nueva tasa, pero de manera gradual. Es decir, para cada reavalúo, cualquiera que sea, hay que considerar un incremento máximo de giro a nivel nacional del 10 por ciento -tal gradualidad no existe en la ley actual; ésta simplemente consigna el pago de lo que corresponde; no se llega sólo al 10 por ciento-, con un incremento semestral de 10 por ciento, en forma de arribar a la contribución final reavaluada en un máximo de nueve cuotas, de manera que a la décima rija el siguiente reavalúo automático.
Efectivamente, la tasa se establece de manera móvil, pero se mantiene como máximo en 1,5 por ciento anual.
Entonces, considero importante señalar que en toda la primera parte del proyecto -es lo que me interesa plantear aquí- existen claramente reducciones de impuestos, con una adición (todas estas normas fueron concordadas en su momento con la Oposición): hoy, el monto exento son los primeros 6 millones 700 mil pesos; ahora estamos aumentándolo a 10 millones de pesos. Y eso significa que alrededor de un millón de viviendas no pagarán contribuciones. Actualmente pagan un total de 275 mil en todo el país.
Ésa es una nueva rebaja de contribuciones para todos los que tienen viviendas de valor inferior a 10 millones de pesos, en circunstancias de que antes la exención se aplicaba sólo hasta 6 millones 700 mil.
Con lo expuesto, señor Presidente , me he querido referir a la fundamentación principal dada por el Senador señor Bombal , quien dice que votarán en contra de la iniciativa porque contribuye a un alza de impuestos.
Se podrá votar en contra por otras razones, muy legítimas. Pero no es legítimo sostener que se trata de un proyecto sobre aumento de impuestos. El aumento de impuestos ya se produjo en virtud de la ley vigente. Esta iniciativa reduce, morigera y gradualiza el incremento de contribuciones.
Por ende, es importante analizar a fondo la materia. Podemos discutir muchos de los temas planteados en esta Sala. En general, nosotros compartimos la opinión básica dada aquí en el sentido de que los municipios requieren mayor flexibilización para el uso de los recursos y un manejo más directo de los gastos en materia de salud, educación, etcétera -al efecto, el Gobierno presentará en las próximas semanas una iniciativa que legisla sobre el artículo 110 de la Constitución-; y de que también es relevante aumentar las rentas municipales, porque hoy día la mayor parte de ellos se hallan desfinanciados.
Creemos que el proyecto logra tal propósito en una medida más modesta que la que acordamos el año 2002; eso es cierto. Él ya pasó por la Cámara de Diputados, donde fue sometido a numerosas modificaciones. Hubiéramos querido que llegara al Senado en su integridad para permitir la recaudación de una mayor cantidad de recursos. Pero es un incremento sustantivo en los ingresos municipales.
En tal sentido, yo pediría que discutiéramos las exenciones del deporte, de la educación superior, de los cementerios -entre paréntesis, se establece el pago de contribuciones de los inmuebles fiscales; no hay que olvidarlo-, como también el tema de las sobretasas -planteado por el Senador señor Bombal - y otra serie de asuntos relacionados con la ley, pero sin dejar de lado el elemento central: que este proyecto es la alternativa a un aumento más sustantivo y mucho más caro de las contribuciones, de acuerdo con la legislación vigente.
Gracias, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor BOMBAL.-
¿Me concede una breve interrupción, señor Senador ?
El señor CORDERO.-
Cómo no, con la venia de la Mesa.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , escuché con mucho interés y atención al señor Ministro , y está claro que, cuando se publicó el decreto que iba a hacer entrar en vigencia los reavalúos, precisamente se llegó en su momento a los acuerdos políticos en comento, para atenuar los impactos negativos que tendrían aquéllos. Por eso, tales acuerdos fueron calificados como "la mejor ley de rentas en 20 años".
Ésa fue la estructura. Por lo mismo, en mi exposición señalé claramente el marco dentro del cual era aceptable asumir una realidad muy concreta: si bien no es todo lo que fijan los reavalúos -y por eso se postergan período tras período-, no podemos a partir de aquello afirmar que no se trata de un alza de impuestos, porque sí lo es. Lo que se hizo fue atenuar lo señalado por la ley. Pero no podemos sostener que no implica un alza en la carga tributaria, pues hacerlo implica asumir una realidad que no es tal.
Efectivamente, éste es un aumento tributario que deberán soportar los contribuyentes de bienes raíces. Lo que pasa es que era mucho mayor. Por eso sucesivamente se ha ido postergando. Pero, sin duda, en la estructura que tenía dicho incremento era mucho más gravitante. Por ello, ahora se atenúa y se amortigua.
Reitero: no podemos afirmar que no se hace más gravosa la carga tributaria.
Muchas gracias, señor Senador.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Recupera la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente, si atendemos al estrecho contacto que tienen las municipalidades con la comunidad, podemos darnos cuenta de que sus programas y actividades necesitan apoyo y financiamiento para que resulten exitosos y eficientes.
Sin embargo, este objetivo debe cumplirse de manera que no perjudique a la ciudadanía imponiéndole cargas y gravámenes que son cada vez más acentuados y que entorpecen el progreso de las personas, cuestión que se pretende obtener a través de las políticas municipales.
Particularmente, deseo referirme al impuesto territorial, que fue concebido y aplicado en sus inicios sobre un valor estimado de las propiedades que no correspondía al precio comercial real, lo que justificó su elevada tasa, la que fue fijada teniendo presente la reducida base imponible sobre la cual sería aplicado el tributo.
Por esta razón, la aplicación de los reavalúos que mantienen la base imponible muy cerca del valor comercial de los inmuebles ha ido convirtiendo a los propietarios de bienes raíces en verdaderos arrendatarios del Fisco, siendo muy pocos los incluidos en los tramos de exención.
En consecuencia, me parece que la realización de reavalúos automáticos cada cinco años, sin necesidad de la ley especial que propone el proyecto, facilita que esta situación se acentúe, en circunstancias de que lo realmente equitativo habría sido modificar su tasa al momento de cambiarse el criterio que se había usado hasta determinar la base del impuesto, haciéndola menos gravosa y procurando equilibrar el interés público con el privado.
El afán por buscar financiamiento municipal ha llevado a proponer normas muy perjudiciales desde diversos puntos de vista, cuyos efectos parecen no haberse considerado.
Comenzando por la supresión de las exenciones que actualmente benefician a diversas instituciones -como las fábricas y maestranzas del Ejército, los astilleros y maestranzas de la Armada, la Empresa Portuaria de Chile, etcétera-, debemos cuestionar la conveniencia de imponer gravámenes tributarios a organizaciones que se financian total o parcialmente con fondos fiscales.
En efecto, ¿cuál es el fin que se persigue con esa medida? Formulamos esta pregunta debido a que el pago del impuesto territorial tendrá que salir directa o indirectamente de las arcas fiscales, con cargo a recursos que no pueden utilizarse de manera discrecional por las autoridades para incorporarlos al presupuesto de las municipalidades que otorgan mayor grado de libertad en cuanto a su uso final.
Por otra parte, esto afectará el presupuesto de organizaciones que no son privadas y que cumplen funciones en beneficio de la comunidad. Estamos cambiando las reglas del juego, ya que a través de los años estas instituciones han incorporado a su patrimonio bienes raíces cuya exención no fue limitada en atención a que se encuentran exentas de impuesto territorial. Por ello, la modificación de estas normas las hará deudoras de contribuciones de bienes raíces verdaderamente cuantiosas, para lo cual no están preparadas.
En la misma situación se encuentra la Dirección de Previsión de Carabineros, institución que, debido a la política permanente de incrementar la cantidad de usuarios de su servicio mediante sucesivos y reiterados aumentos de las plantas de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería sin la correspondiente inyección de recursos, está sufriendo una crisis de proporciones, que ha colapsado su sistema de atención de salud. Imponerle ahora la exigencia de pagar impuesto territorial constituye un nuevo golpe a su presupuesto que será imposible de superar.
Se incluyen en esta normativa los bienes raíces del patrimonio de afectación de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, de los servicios de bienestar social de las Fuerzas Armadas y de la Jefatura de Bienestar de la Policía de Investigaciones, así como también el edificio de la Mutualidad de Carabineros. Dichas instituciones se dedican a cumplir prestaciones sociales destinadas directamente a personas que se encuentran en estado de necesidad asistencial. Son casos sociales, y todos los beneficios recibidos provienen de un presupuesto que se verá seriamente afectado por la imposición de esta medida.
De igual manera, siento gran preocupación por el gravamen que afectaría a las instituciones con personalidad jurídica formadas por personal en retiro y/o en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
Aquí se matará una tradición. A lo largo del país existen numerosos círculos, clubes y pequeñas organizaciones que son refugio del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Se trata de entidades antiguas que, en la mayoría de los casos, llegaron a poseer una sede como producto de la donación de algún ciudadano de la localidad. Sin embargo, aparte de las módicas cuotas que pagan sus integrantes, no estamos hablando de clubes sociales solventes que hayan generado un patrimonio para adquirir el inmueble en el que funcionan; de manera que imponerles el pago de impuesto territorial equivale a condenarlos a la extinción.
Asimismo, estamos afectando a personas modestas que realizan con frecuencia eventos de ayuda solidaria, que desarrollan cierta actividad social como parte importante de la vida al interior de las comunidades pequeñas y que tienen presencia en los actos públicos ante la comunidad. En definitiva, ellas proveen lo mismo que las municipalidades y son concebidas como el vínculo de autoridad más cercano a la ciudadanía. Entonces, carece de sentido aplicar una norma que destruya para siempre su accionar.
Por otra parte, se eliminaría la exención de que actualmente goza la Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán de Valparaíso. Esto constituye una gran contradicción con el discurso que llama a exaltar el tesoro patrimonial de la ciudad. La Sociedad de Beneficencia es una de las pocas y antiguas instituciones del puerto que han sobrevivido a los avatares económicos de la ciudad; es el legado de los colonos alemanes, que tanto han dado a nuestro país, y particularmente a la ciudad de Valparaíso. Además, es uno de los buenos centros hospitalarios -y no podemos decir que ellos abundan- con que cuentan sus habitantes. Pero, más que eso, forma parte de la historia del puerto, cumple un papel que no puede ser más estrictamente social y constituye un ejemplo digno de apoyar y fortalecer.
En cuanto a las exenciones de los establecimientos utilizados para el deporte, considero que limitar la iniciativa "a la parte exclusivamente destinada al deporte" constituye una exigencia difícil de deslindar. Y como ocurre con todas aquellas cuestiones de carácter tributario que se dejan a la interpretación, no tengo ninguna duda de que el Servicio de Impuestos Internos hará en su oportunidad una aplicación restrictiva de esta exención.
La misma aprensión emana respecto de las exenciones establecidas en beneficio de la educación en lo referente a delimitar las áreas destinadas exclusivamente a dicho ámbito.
Por otro lado, me manifiesto definitivamente contrario a que ciertos segmentos de inmuebles fiscales pasen a pagar impuesto territorial, porque en la práctica ello operará como una reasignación presupuestaria que trasladará recursos fiscales de uso regulado a los fondos municipales, los que se caracterizan por una utilización con mayor grado de discrecionalidad. La experiencia que hemos vivido en los últimos años en relación con el manejo de las arcas públicas no hace aconsejable renunciar de esta forma a la fiscalización de los gastos públicos.
En lo atinente a sitios no edificados, la finalidad de la norma vigente, que ya castiga en forma leonina a estos inmuebles con una sobretasa del ciento por ciento, es incentivar la construcción al interior de las ciudades, evitando su extensión hacia áreas o zonas agrícolas. El aumento de la sobretasa nada aporta a la consecución de este fin y crea situaciones injustas para quienes deben esperar un pronunciamiento municipal con el propósito de proceder a las construcciones.
El proyecto de ley aborda materias de índole muy distinta. Seguramente, algunas pueden contribuir a mejorar el financiamiento de las municipalidades. Sin embargo, incorporar las relacionadas con una mayor recaudación de impuesto territorial, involucrando incluso bienes fiscales, es del todo inconveniente, y en los demás casos, gravoso para la misma comunidad local que se pretende beneficiar.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , estamos asistiendo a la votación de un proyecto de ley que, por supuesto, debemos aprobar o rechazar. Pero nadie puede discutir que reviste enorme importancia para las municipalidades.
Ello evidentemente es consecuencia, por una parte, de las múltiples funciones privativas y compartidas con otros organismos de la Administración estatal. Quiero recordar que los municipios son responsables de aproximadamente el 60 por ciento de la educación de los niños chilenos y que, en materia de salud primaria, atienden a alrededor del 50 por ciento de la población. Además, todos sabemos que las 342 comunas del país manejan importantes subsidios sociales muy demandados por la ciudadanía.
Frente a esas realidades, no puedo entender la posición -que por supuesto respeto- de algunos señores Senadores contrarios a un proyecto que, si bien no soluciona en forma integral los problemas, trata de legislar de manera positiva en función de los recursos disponibles.
Quiero recordar, igualmente, que los municipios son responsables del fomento productivo, del apoyo al consumidor, de la defensa del medio ambiente y, mediante convenios con los servicios públicos respectivos, del tema de la igualdad de oportunidades de la mujer, del empleo y del desarrollo juvenil. De tal manera que quienes son contrarios a esta iniciativa están, increíblemente, -diría yo-, poniendo obstáculos a elementos sociales que de algún modo debemos proteger.
Todas estas funciones nuevas, sumadas a las que históricamente han tenido los municipios, generan, sin duda -nadie lo discute-, una inmensa demanda de recursos, que por cierto exceden con mucho la actual estructura de financiamiento.
En este contexto, concordamos plenamente con el objetivo de incrementar los recursos económicos de que disponen hoy en día los municipios, conforme a la realidad del país y teniendo claro cuál es su fuente. Con ello estamos respondiendo a la mayor demanda de financiamiento a nivel local a raíz de las crecientes responsabilidades asumidas por estas instituciones.
En otra perspectiva, el proyecto de ley busca corregir ciertas inequidades que se producen con algunas exenciones del impuesto territorial, en particular aquellas de carácter genérico que benefician a ciertas actividades económicas o que simplemente ya no se justifican. Ello, por supuesto, provoca una odiosa discriminación respecto de otras actividades que deben pagar la totalidad del tributo, afecta el principio de igualdad tributaria y menoscaba la equidad que debe presidir el pago del gravamen.
Asimismo, se plantean modificaciones a la Ley de Rentas Municipales, tendientes a mejorar la gestión de los gobiernos locales y orientadas, básicamente, a incorporar los nuevos recursos derivados de la eliminación de algunas de las exenciones del pago del impuesto territorial y a introducir normas sobre avalúo de vehículos y otras sobre información del cambio de domicilio de los contribuyentes.
Se establece, además -hay que subrayarlo-, una disposición permanente que faculta al Presidente de la República para rebajar de modo uniforme las tasas vigentes del impuesto territorial de los bienes raíces no agrícolas, y para aumentar el monto exento que beneficia a los inmuebles con destino habitacional no agrícolas, a fin de morigerar en un máximo de 10 por ciento en total, a nivel nacional, el incremento de dicho impuesto que se originará con la entrada en vigencia del próximo reavalúo de tales bienes raíces. Esto permite asegurar un nivel de ingresos que mejore las finanzas municipales y, al mismo tiempo, reduzca el impacto del reavalúo en los ciudadanos.
De igual modo, el proyecto contempla normas que ayudan a reducir el impacto en las propiedades habitacionales que sean reavaluadas, al graduar el aumento de contribuciones en un máximo de 25 por ciento en relación con las giradas el semestre inmediatamente anterior.
Un señor Senador planteó el aumento del impuesto para los sitios eriazos. Al respecto, cabe destacar que en algunos países latinoamericanos se aplica un sistema que sería interesante evaluar, en virtud del cual se grava más a las propiedades sin edificar que a aquellas donde existe algún tipo de construcción. En el centro de nuestras ciudades es común ver sitios vacuos por largos años. Sin embargo, cuando se consulta por sus precios para levantar allí un edificio u otra clase de inmueble, los dueños señalan montos que hacen pensar que en el subsuelo existe petróleo o minerales de incalculable valor, lo que imposibilita llegar a una transacción comercial que permita mejorar la urbanización de las ciudades. Por lo tanto, sus avalúos, increíblemente bajos, nada tienen que ver con los precios que se piden por ellos. Entonces, si los propietarios dicen que los sitios cuestan 50 pero pagan contribuciones por 10, lo lógico sería que estas últimas al menos se acercaran a los valores que se exigen para la venta.
También se incorporan preceptos que permiten reducir el impacto en aquellas propiedades habitacionales que serán reavaluadas al graduar el aumento de contribuciones en un máximo de 25 por ciento.
Se incluyen asimismo normas que contribuirán a una mejor gestión de los municipios y a una mayor dignidad para los cargos de alcaldes y concejales. Creo que todos los Senadores hemos vivido, de alguna manera, la experiencia que significa la búsqueda de candidatos para tales cargos.
Dieta de concejales
En el caso de los concejales, la dieta sube de 224 mil a 336 mil pesos en algunos municipios. Lo relevante es que tal aumento se vincula a mayores exigencias en el cumplimiento de las funciones. Además, se contempla la posibilidad de dietas adicionales, cuya percepción se relaciona, básicamente, con la asistencia anual a sesiones del concejo, como también al trabajo de comisiones. O sea, hay una especie de incentivo al rendimiento. Esta mayor dieta se financiará con ingresos propios de cada municipalidad y se hará efectiva desde la publicación de la ley, según el acuerdo político sobre modernización y transparencia.
Incremento de ingresos de alcaldes
Respecto a los alcaldes, se eleva el actual nivel de remuneraciones. Y por supuesto que debe ser así, en mérito a las innegables funciones que ellos cumplen.
Se elimina el último grado de la planta de alcaldes, que hoy va del 1 al 7. Ahora será del 1 al 6.
Además, la actual asignación de 30 por ciento, que beneficia a todos los alcaldes, se transforma en una de dirección superior, pero correspondiente, en lo sucesivo, a un ciento por ciento de la suma del sueldo base y la asignación municipal, y la percibirán todos ellos.
En virtud de lo anterior, se producirán alzas de remuneraciones en dos grupos de alcaldes: unos que verán incrementados sus ingresos en alrededor de 54 por ciento, y otros, en 93 por ciento, dependiendo de si son beneficiados por sólo uno o ambos aumentos.
También se incorporan normas sobre transparencia municipal que permitirán a la ciudadanía tener a sus autoridades permanentemente fiscalizadas.
Y hay un sinfín de otros aspectos que redundan en un mejor rendimiento, pero a los cuales no me voy a referir, por haberlos abordado otros señores Senadores.
Por último, debo recalcar, como Senador por la Novena Región de La Araucanía, especialmente complicada por las carencias de sus habitantes, la introducción de la facultad municipal de condonación de derechos municipales. Se faculta -en hora buena- a los municipios, por seis meses, para condonar las multas e intereses provenientes de las deudas por derechos municipales en general, como, asimismo, para convenir el pago en cuotas del capital adeudado.
Adicionalmente, se establece una facultad amplia, por el mismo plazo, para condonar tanto el capital adeudado como las multas e intereses provenientes únicamente de las deudas por derecho de aseo, pero sólo respecto de los deudores que lo ameriten en razón de su situación socioeconómica.
Puede que el proyecto, como lo han expresado algunos señores Senadores, no responda a todas las expectativas, a todas las respuestas que serían necesarias para afianzar un trabajo más tranquilo de nuestros municipios, pero no cabe ninguna duda de que se enmarca dentro de las posibilidades del país y de aquellas que los ciudadanos también pueden soportar.
Por esa razón, invito a reflexionar a mis Honorables colegas que han anunciado su voto en contra de un texto que piden los propios alcaldes de todas las tendencias políticas, tanto de la Alianza por Chile como de la Concertación. Pronunciarse en contra de la iniciativa que nos ocupa es volver la espalda a un clamor de todos los jefes edilicios.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el articulado en estudio, por los aspectos que abarca, resulta indudablemente importantísimo para las 343 comunas del país. Pero, como es obvio, se deben formular algunos comentarios al respecto.
¿Qué ha ocurrido con los dineros entregados a los municipios a través de los fondos, de diferentes nombres y con distintos propósitos, que el Supremo Gobierno ha destinado para ese efecto? Y, además, ¿qué ha pasado con los impuestos territoriales que ingresan a las arcas municipales?
Ha quedado claramente de manifiesto que muy pocas municipalidades han sido administradas eficientemente, con conceptos modernos de inversión, de costo-beneficio. Aquí se trata de una iniciativa que pretende aumentar hasta 600 mil millones de pesos lo que se les asigna. Pero, frente a tan enorme cantidad, es preciso preguntarse si existe la capacidad para la administración y uso correcto de esos dineros, que son producto, evidentemente, de un esfuerzo colectivo en que participa cada ciudadano, cualquiera que sea su condición, fortuna o ubicación en la escala social.
Es necesario, entonces, analizar por qué los actuales fondos municipales no son invertidos adecuadamente en un alto grado. Ello no quiere decir que no existan municipalidades administradas en forma eficiente. Las hay. Pero sabemos que se registran falencias claras, muy significativas.
A lo mejor, el proyecto no ha incluido el incentivar una especie de carrera de servicio municipal y el darle nivel técnico o nivel universitario. Las universidades no se hallan hoy interesadas, aparentemente, en contar con escuelas de Administración Pública que perfeccionen, en este caso, a quienes deseen hacer carrera como administradores municipales. Pero de carrera ¿repito-, con conocimiento profesional. Es cierto que hay escuelas de servicio público, pero el ámbito que señalo se ha quedado atrás o en un rincón. Y no cabe duda de que la importancia que ello reviste es mayor, porque se trata de administrar una enorme cantidad de dinero para el servicio de la comunidad.
Se observa una serie de aspectos que, evidentemente, se pueden y deben corregir. Por ejemplo, surge un contrasentido claro de la disposición en virtud de la cual desaparecen las exenciones de impuesto para las entidades que cumplen roles de beneficio social en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Los miembros de esas instituciones reciben muy bajos sueldos. Ésa es una realidad. Si se considera su preparación, su desempeño y su compromiso con el país, su trabajo se encuentra ¿digámoslo claramente- subvalorizado. Por esa razón, las prestaciones de servicio social de las diferentes instituciones de la Defensa ¿me refiero a todas las correspondientes al Ministerio respectivo- presentan un sentido sumamente importante para sus beneficiarios. Y la norma tendiente a retirar la exención del impuesto territorial a los inmuebles respectivos importa un contrasentido, reitero, porque en ninguna parte del texto se indica cómo se suple el traspaso de dinero. El presupuesto de las instituciones afectadas no se menciona en cuanto a que será aumentado en una cantidad suficiente para cubrir el costo del aumento de impuestos que sobrevendrá.
Por otra parte, se debe tener presente, cuando se hace referencia a las entidades con personalidad jurídica formadas por personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros o en servicio activo, que sus integrantes se han agrupado con fines sociales, de ayuda mutua y personal y de apoyo humano entre ellos. Y muchos reciben pensiones de escasísimo monto, enfrentando serias dificultades, sobre todo, los de 70 años hacia arriba.
Sin embargo, las propiedades mencionadas han sido cubiertas con préstamos pedidos a diferentes organismos y pagados con las propias pensiones de los socios. Eso no es un pecado: es un beneficio. Constituye una manera de sacar de los servicios del Estado a personas afectadas por un problema social ¿médico, de apoyo mutuo, de socorro mutuo- y de que el grupo, en forma privada, aminore el desembolso que ellas enfrentan, porque, si no, el gasto de la sociedad sería muy grande. Es decir, media un concepto de servicio. Por tal razón, cuando se dicta la ley Nº 17.235, se exceptúa a esos bienes del pago de impuestos.
Aquí se encuentra involucrado un elemento importante. Hablamos mucho de cohesión social, de organización social, y no nos damos cuenta de que el sistema de suprimir la exención se traduce poco menos que en la disolución de ese tipo de entidades. Me dirán: "¡Qué son 200 ó 300 pesos!" Pero 200 ó 300 pesos pueden significar hoy la taza de té y el pan de un jubilado con una pensión bajísima. Lo subrayo. Creo que ello se debe rectificar urgentemente.
Se trata de un personal con un concepto muy claro, además, de servicio a la patria. Y ésas no son maneras.
En ninguna parte del texto se determina cómo se efectuará el traspaso de los impuestos. Vamos ahora a lo relativo a las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿En qué presupuesto figurará? No lo dice la normativa. ¿Dónde se contemplará? Son dineros que se están mermando.
Y no deseo plantearlo con molestia, pero las cosas se deben decir: a las Fuerzas Armadas y Carabineros se los está segregando de la sociedad por diferentes caminos. Y el que nos ocupa es uno de ellos. Tengo el deber de hacerlo presente, aunque incomode. Se miran como instituciones sin mayor importancia, seguramente. Ésa es la sensación que queda cuando se lee este tipo de disposiciones.
También deseo hacer presente que se observa una forma muy solapada ¿y perdónese la expresión, pero es mi punto de vista- de disminuir el presupuesto de la Defensa Nacional: se deben pagar los impuestos por el petróleo y las importaciones de armamento, se cambia el sentido de los términos, etcétera. Y, cuando un par de años después se pregunta qué ha pasado con los recursos respectivos y se plantea que se están absorbiendo con el presupuesto, se concluye que existe un modo disfrazado, reitero, de disminuir el presupuesto de la Defensa.
Me opondrán que hay un problema social. ¡Evidente! ¡Pero si el problema social se encuentra en una mala administración general ¿no digo particular- del servicio a la comunidad a través de aquel que se presta en un municipio! Y sabemos que ésa es una realidad. Hay municipalidades muy bien administradas y otras pésimamente administradas.
Quiero consignar que el proyecto de ley necesita ser corregido en muchos aspectos. Pero ese punto de vista no se encuentra presente. Y lo señalo con dolor. Da la sensación, incluso, de que las Fuerzas Armadas y Carabineros, en realidad, no merecen mayor preocupación.
Espero que no sea así. Por ello, es preciso cambiar algunas cosas, reenfocarlas.
Muchas gracias.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , en realidad, el proyecto es bastante complejo, por mezclar diferentes aspectos de la autonomía orgánica institucional del Estado. En un lado se encuentra una cuestión de impuesto territorial; en otro, un asunto de modernización y racionalización del nivel municipal, y, por último, exenciones de impuestos que tocan a numerosas organizaciones básicas y directamente involucrados con una clase media y una clase baja, en el mismo nivel mencionado, y que en verdad constituyen un tremendo aporte a los esfuerzos estatales en ese ámbito, desde el punto de vista económico.
Todos reconocemos, por supuesto, el valor de la municipalidad como la institución del Estado más cercana a los problemas de los ciudadanos. Es una constante y una realidad; es la que responde día tras día a sus necesidades en educación, en salud; a los problemas de la juventud, de la tercera edad, etcétera.
Entonces, debemos preocuparnos de esta organización, pues realmente la tenemos abandonada, carente de autonomía y flexibilidad adecuadas, y sin el respaldo económico que requiere para su financiamiento. Y debemos hacerlo sin afectar a numerosas organizaciones intermedias -a eso se refirieron los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra-, que se han formado libremente y en las cuales participan muchos chilenos de clase media y baja con la finalidad de satisfacer sus legítimas necesidades. Lo vimos ayer al tratar el proyecto denominado Chile Solidario: la pobreza dura se mantiene en nuestro país en el 20 por ciento desde los años 60, y no ha cambiado. ¿Por qué? Porque si bien, por un lado, estamos modernizando el país, que ya se encuentra en el nivel industrializado, que negocia con el mundo moderno, por el otro, tenemos a un sector en extrema pobreza que difícilmente se superará si no atendemos a sus necesidades en educación, si no lo acompañamos, si no lo integramos al medio social. En la actualidad contamos con supercarreteras con sistema de peaje electrónico, Internet, televisión por cable, etcétera, pero difícilmente lograremos que esa gente se suba a este carro en el futuro próximo, porque no solamente precisa dinero, sino también apoyo directo de organizaciones que la eduquen y la integren a la nueva sociedad.
Volviendo a la eliminación de estas exenciones, pienso que se debilita seriamente a un sinnúmero de organizaciones. No es un problema de impuestos, como muy bien explicó el señor Ministro . Es el caso de la racionalización de 178 exenciones especiales que establece la ley sobre Impuesto Territorial, de las cuales el proyecto elimina 79 tipos, lo que afectará, por ejemplo, a todos los recintos de clubes deportivos e inmuebles de universidades que no sean usados directamente en los objetivos que les son propios; clubes aéreos; instituciones del personal en retiro y clubes de las Fuerzas Armadas, como lo explicaron aquí los señores Senadores que intervinieron anteriormente. Estamos hablando de chilenos de clase media y baja, entre ellos muchos retirados de las Fuerzas Armadas, que viven en la extrema pobreza y que resultarán afectados directamente por estas exenciones. Casos puntuales como los de FAMAE, de la Sociedad de Beneficencia del Hospital Alemán de Valparaíso (ya lo expresó el Senador señor Cordero), ASMAR , DIPRECA, EMPORCHI , CAPREDENA , etcétera, me parece que no se condicen con el aporte y el beneficio que dichas instituciones han entregado a la sociedad y a la seguridad nacional.
Me interesa específicamente, entre muchos otros, el problema de los clubes aéreos agrupados en la Federación Aérea de Chile, cuyos representantes vinieron a conversar con el Senador que habla, e hicimos un seminario para abordar éste y otros temas que los afectan. Una medida como la propuesta puede significar no sólo el debilitamiento, sino también la eliminación de muchas de estas organizaciones, proceso que, lamentablemente, será irreversible para la aeronáutica nacional. Debemos estar conscientes de que ese sector presta una gran contribución al desarrollo económico directo de las comunidades en sus respectivas Regiones.
En el listado que elimina las exenciones a bienes privados existen casos bastante críticos, como el de la Federación Aérea de Chile, formada por 74 clubes que cubren todo el territorio nacional, en los cuales se han formado más de 12 mil pilotos privados, civiles, 2 mil vigentes, que operan cerca de 314 aviones de diversos tipos, con un promedio de 35 mil horas de vuelo, muchos de ellos profesionales que dedican recursos y tiempo a esa labor. Y todo sobre la base de una infraestructura constituida por 318 aeródromos, de los cuales 124 son públicos, 185 privados (son éstos los que van a tener problemas) y 9 militares. La mayoría de las pistas de aterrizaje se encuentran ubicadas especialmente en las zonas más alejadas de nuestro territorio, cumpliendo un rol de servicio social, y se verán seriamente afectadas por el término de esta exención. Es un problema de política de Estado, porque se trata de un reavalúo cuyos parámetros realmente desconocemos. Un aeródromo, desde el punto de vista comercial, tiene valor cero.
Por otro lado, aumentar el número de bienes inmuebles no agrícolas que estarían exentos del pago del impuesto territorial, sin lugar a dudas, es un beneficio para muchos contribuyentes; pero, como contrapartida, varias municipalidades verán disminuidos sus ingresos, ya que dejarán de percibir ese tributo, sin que el proyecto determine compensaciones a las comunas más afectadas o más pobres.
La idea de profundizar la transparencia en la gestión pública es muy consecuente con los propósitos de modernización de la Administración del Estado, pero ello no debe significar un debilitamiento de la autonomía municipal.
Los fundamentos anteriores, señor Presidente , me permiten expresar que el proyecto, en estos aspectos, no va a fortalecer esa autonomía. Escuché al señor Ministro decir que hay otra iniciativa de modernización en camino; ya la conoceremos. Debemos pensar en una organización más flexible, más descentralizada y económicamente autónoma, por cuanto el municipio está permanentemente involucrado en el desarrollo, en el perfeccionamiento y en la eliminación de la extrema pobreza.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Parra.
El señor PARRA.-
¿Cuánto resta del Orden del Día, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Nueve minutos.
Si Su Señoría requiere más tiempo, habría que solicitar el asentimiento de la Sala para prorrogarlo, a menos que suspendamos la discusión del proyecto en este momento.
El señor PARRA.-
Preferiría intervenir en la próxima sesión.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Siendo así, queda pendiente la discusión del proyecto, para continuarla en la sesión siguiente.
Ha terminado el Orden del Día.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Deseo dar cuenta a la Sala de que se ha presentado a la Mesa un proyecto de acuerdo, firmado por los Senadores señores Coloma, Espina, Vega, Gazmuri, Martínez, Larraín, Prokurica, Orpis y Ruiz-Esquide, destinado a pronunciarse sobre la televisión pública.
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
VII. TIEMPO DE VOTACIONES
CONDENA A VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CUBA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LARRAÍN (Presidente).- Corresponde pronunciarse respecto del proyecto de acuerdo, iniciado por diversos señores Senadores, mediante el cual se propone al Senado la adopción de medidas tendientes a expresar el rechazo a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba.
El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, habiéndose cumplido el objetivo que tuvimos en vista, que era indicar al Ejecutivo el criterio del Senado en términos de que hubiera una condena formal del Gobierno chileno al Régimen cubano por la violación de los derechos humanos y por limitar las libertades públicas y atentar contra ellas, pienso que sería redundante que votáramos el proyecto de acuerdo. El Gobierno ha acogido de hecho nuestra petición, y así lo informó en el día de hoy.
Por consiguiente, lo retiramos, por estimar que se cumplió nuestro propósito, y concordamos en la necesidad de que siempre haya coincidencia entre los valores y principios permanentes que informan el acontecer político de Chile.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Queda retirado, entonces, el proyecto de acuerdo.
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El señor ORPIS.-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , deseo plantear que el proyecto que modifica la Ley Austral puede contener, en definitiva, un error. Creo que se deben tomar las providencias, por la vía de la Secretaría, para evitar que se produzca.
Concretamente, me refiero al artículo 1º, Nº 1, letra f), donde se consigna que "el crédito máximo a impetrar por el contribuyente será de 80.000 UTM.", lo que sería contradictorio con lo aprobado en general por ambas Cámaras.
Por lo tanto, pido que, por la vía de la Secretaría, se solucione este problema.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ocurre que no podemos adoptar ningún acuerdo por no haber quórum suficiente en este momento.
Eso por un lado.
Por otra parte, entiendo que todas estas materias son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , razón por la cual nosotros no podríamos corregir la situación expuesta.
A estas alturas, estando ya aprobado el proyecto por la Cámara y habiéndolo despachado el Senado, sólo cabe que el Ejecutivo subsane por la vía del veto lo que Su Señoría advierte. La Secretaría no puede hacerlo.
VIII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Del señor CANTERO:
Al señor Intendente Regional , consultándole por ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO.
Al señor Contralor Regional , pidiéndole información sobre ESTADO DE TRAMITACIÓN DE DENUNCIA DE SEÑORA MABEL GALLEGUILLOS RUBIO.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Educación , para que entregue antecedentes sobre RESULTADOS DE PROCESOS APLICADOS EN COLEGIO AMERICAN COLLEGE DE ANTOFAGASTA (todos de la Segunda Región).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior, lamentando tenor de RESPUESTA A NOTA DE SENADORES DE RENOVACIÓN NACIONAL POR EXPRESIONES DEL SEÑOR DOUGLAS TOMPKINS.
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Educación , consultando por MOTIVOS DE DEMORA EN DESIGNACIÓN DE DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL DE PROGRAMA "CHILE CALIFICA" (Décima Región).
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El señor LARRAÍN (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
CONMEMORACIÓN DE 10 AÑOS DE INICIO DEL GENOCIDIO EN RUANDA. OFICIO
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , quiero referirme a un hecho de la mayor trascendencia internacional. En estos días se cumplieron 10 años desde el inicio del genocidio en Ruanda. Me parece importante que el Senado tenga un pronunciamiento sobre la materia.
Partiré señalando algunas cosas previas que son relevantes para comprender bien lo que se entiende por genocidio en el concierto mundial.
La aparición de la figura moderna de los crímenes contra la humanidad puede situarse en la Conferencia de Paz de Versalles, en la que los representantes de las distintas naciones vencedoras se refirieron a la violación de "los sagrados derechos de la humanidad", dentro de los cuales se encontraba el genocidio.
Sin embargo, el término "genocidio" se utiliza formalmente por primera vez en el Tribunal Internacional de Nüremberg, en el acta de acusación, de 8 de octubre de 1945, contra los principales jerarcas nazis, donde se señalaba que "los acusados se habían entregado al genocidio deliberado y sistemático, es decir, al exterminio de grupos raciales y nacionales de la población civil de ciertos territorios ocupados con el fin de destruir determinadas razas o clases de la población y grupos nacionales, raciales o religiosos".
Será tal el impacto internacional de las políticas de exterminio implementadas durante la Segunda Guerra Mundial, que el 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobará, por unanimidad, la Resolución 96, que constituye una condena explícita al crimen de genocidio. En ella se señala que "el genocidio es una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación a un individuo humano del derecho a vivir; tal negación del derecho a la existencia conmueve a la conciencia humana, causa una gran pérdida a la humanidad en el aspecto cultural y otras contribuciones representadas por estos grupos humanos y es contraria a la ley moral y al espíritu y objetivos de las Naciones Unidas".
Además, mediante la Resolución 260, de 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobará el texto de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, anexo a la Resolución 60. En ésta se expresa que los países firmantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempos de paz o de guerra, es un delito de derecho internacional que ellos se comprometen a prevenir y sancionar.
Lamentablemente, hoy debemos manifestar que, a pesar de esos instrumentos y de la voluntad de la comunidad internacional de poner fin a este tipo de situaciones, el genocidio ha seguido estando presente, como una mancha negra, en la historia de la Humanidad. A modo de ejemplo, sólo basta recordar las tragedias de los pueblos kurdo, camboyano, bosnio y ruandés.
Señor Presidente , el 7 de abril en curso los sobrevivientes del genocidio del pueblo ruandés conmemoraron los 10 años de esta tragedia a través de la inauguración de un Memorial en la ciudad de Gizoni, que está compuesto por una exposición permanente llamada "Un jardín para la reflexión", sobre la historia de Ruanda y el genocidio, y por varias hileras de tumbas colectivas, en las cuales se prevé que reposen los restos de cerca de 250 mil personas que perdieron la vida sólo en la capital, Kigali.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos , Nacionalidad y Ciudadanía, intervengo ante el Honorable Senado como una forma de adherir a esta conmemoración y al Día Internacional del Genocidio de Ruanda establecido por las Naciones Unidas, con el fin de expresar que, si realmente queremos evitar que vuelvan a ocurrir situaciones de este tipo, no podemos olvidar lo que sucedió en dicho país de África.
Ruanda es un país pequeño, de elevada densidad demográfica, que siempre ha estado dividido entre la etnia hutu, que conforma el 85 por ciento de la población, y la minoría tutsi. El papel de los países occidentales en el conflicto ruandés ha sido y es muy marcado. Bélgica, a partir de 1919, como potencia colonial, desde el inicio de su dominio optó por privilegiar a la minoría tutsi y convertirla en la élite dominante, llegando incluso a establecer documentos de identificación separados. Por su lado, la mayoría de la Iglesia Católica alentó la noción de superioridad de los tutsi respecto de los hutus y los colocó en puestos claves de la administración colonial.
Por tal motivo, desde que Ruanda se independizó de Bélgica, la constante fueron los permanentes enfrentamientos entre ambas comunidades, especialmente debido a la decisión de las élites, tanto hutus como tutsis, de no compartir el poder político ni las prebendas que de él se derivan. Es así como el primer estallido de violencia interétnica se dará entre los años 1959 y 1963, y luego, entre 1973 y 1990, sin que ello signifique que los períodos intermedios hayan sido pacíficos.
Sin embargo, hace 10 años estalló la violencia étnica con toda su fuerza y tuvo lugar en Ruanda el mayor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial.
Diezmar a una población significa matar a una de cada 10 personas de la misma. Durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 1994, un programa de exterminio diezmó a la República de Ruanda. Aunque las matanzas no se ejecutaron con alta tecnología -en la gran mayoría se utilizó el machete-, fueron asesinadas 800 mil personas, principalmente tutsis, del total de una población original de 7 millones 500 mil habitantes, en menos de 100 días. Según diversos historiadores, han sido las matanzas masivas más eficaces desde los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.
Cabe precisar que todo comenzó el 6 de abril de 1994, tras el derribamiento de un avión en el que viajaba el entonces Presidente de Ruanda , Juvenal Habyarimana , de la tribu hutu. Sus seguidores culparon a los tutsi, desencadenándose el genocidio, durante el cual fueron asesinados principalmente tutsis, pero también hutus moderados, que eran simples opositores al poder político. Se estima que en sólo 100 días fueron eliminados el 11 por ciento de la población existente y cuatro quintas partes de los tutsis que vivían en Ruanda.
Señor Presidente , hay un hecho que oscurece aún más esa matanza: el papel pasivo e indiferente que le cupo a las Naciones Unidas, la cual por más de tres meses, mientras miles de ruandeses, especialmente de la etnia tutsi (hombres, mujeres y niños), eran día a día asesinados, estuvo ¡sin hacer nada! y -por qué no decirlo también- en una actitud ¡"racista"! Esto, porque uno no puede dejar de preguntarse qué habría pasado si tales hechos hubieran ocurrido en Europa Central. ¿La ONU se habría demorado tanto en tomar una decisión si se hubiere tratado solamente de ciudadanos de raza blanca?
Según el grupo Human Right Watch , "los Estados Unidos, Bélgica, Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU tuvieron conocimiento del genocidio ruandés antes de que sucediera y pudieron haberlo evitado, pero los norteamericanos estaban interesados en ahorrar dinero; los belgas, en salvar la cara, y los franceses, en no perjudicar a su aliado, el gobierno genocida.".
Diversos hechos y situaciones avalan estas afirmaciones.
En primer lugar, cuando el Jefe de las Fuerzas de Paz de la ONU, Teniente General Romelio Dalliere, pidió refuerzos, ante los indicios de que el gobierno ruandés de los hutus radicales preparaba un genocidio, los miembros de esa organización no lo escucharon. Incluso, luego del asesinato de diez soldados belgas cascos azules, el 14 de abril de 1994, la ONU retiró gran parte de sus fuerzas, lo que transformó el país en el mejor escenario para los genocidas.
Tal como lo señaló el propio Dalliere en sus memorias: "Yo le di la mano al Diablo"; nadie estaba interesado en salvar a los ruandeses". Incluso, llega mucho más allá para expresar todo su sentimiento de horror y la convicción de la falta de voluntad de las Naciones Unidas, al afirmar: "Si una organización decidiera eliminar los 320 gorilas de las montañas, la reacción de la comunidad internacional habría sido mucho mayor".
Si bien es cierto que en 1994 la ONU disponía, por lo menos en el papel, de una fuerza militar de aproximadamente 50 mil soldados como tropas de reserva, éstas en la práctica eran incapaces de actuar, ya que sólo podían entrar en acción si los países involucrados otorgaban su permiso. Y, en el caso de Ruanda, no entregaron su consentimiento, ya que estimaban que la situación era extraordinariamente peligrosa.
En segundo término, las Naciones Unidas, y muy especialmente su Consejo de Seguridad -en el cual, como cruel paradoja, el Gobierno de Ruanda, controlado por los hutus radicales, contaba con un asiento temporal-, se enfrascó en una eterna discusión semántica acerca de si se estaba o no en presencia de un genocidio.
En efecto, en mayo, ya cuando miles de ruandeses habían sido asesinados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguía prefiriendo la expresión "posible genocidio", mientras que la formulación oficial de los Estados Unidos, a través de la Casa Blanca, era que "podían haberse producido actos de genocidio". Fue una discusión no menor, pues, al aceptar que se estaba en presencia de un genocidio, se obligaba a los países a actuar de inmediato, según las convenciones suscritas, debiendo mandar una fuerza de intervención.
En tercer lugar, cuando ocho naciones africanas, cansadas de ese "palabrerío" inútil, se mostraron decididas a enviar una fuerza de intervención a condición de que Estados Unidos aportara con 50 vehículos blindados, éste decidió arrendárselos a las Naciones Unidas al costo de 15 millones de dólares, incluidos transporte y piezas de recambio. Se inició así un largo regateo por el valor de la mercancía ofrecida, logrando finalmente la ONU una rebaja de 5 millones de dólares de parte de la Administración Clinton. Es decir, por cada cinco dólares que ella ahorró, un ruandés fue asesinado.
En cuarto término, cuando en definitiva se reaccionó y se inició la denominada "Operación Turquesa", las tropas francesas, que estaban a cargo de ella, desempeñaron a lo menos un papel dudoso, porque anteriormente Francia había apoyado, entrenado y pertrechado al Gobierno genocida del Presidente Habyarimana. Como expresó hace algunos días el actual Mandatario de Ruanda, Paul Kagame , dicho país diseñó una estrategia que sirvió para proteger a los asesinos y no a la población. Esto permitió que en los campos de refugiados convivieran víctimas y asesinos, lo cual, por cierto, mantuvo el genocidio.
Señor Presidente , la magnitud de ese exterminio, su crueldad y brutalidad, pero también la falta de una respuesta de la comunidad internacional, han hecho que Ruanda se convierta en símbolo de una situación irrepetible; de una vergüenza que afecta a toda la Humanidad y de la que hay que sacar las enseñanzas adecuadas para prevenir tragedias similares.
En este sentido, resultan altamente favorables las expresiones del Secretario General de las Naciones Unidas , Kofi Annan -quien estaba a cargo de las operaciones de paz de la ONU en 1994-, cuando por primera reconoce su fracaso y el de ese organismo al señalar lo siguiente: "El genocidio de Ruanda no debería jamás haber ocurrido. Ni la Secretaría General de las Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad, ni los Estados Miembros, ni la prensa internacional, prestaron suficiente atención a la evidente acumulación de síntomas del desastre. Ochocientos mil hombres, mujeres y niños fueron abandonados a la más brutal de las muertes. La comunidad internacional fracasó en Ruanda y eso debe dejarnos con un sentimiento de amargo rechazo y pena.".
Probablemente nunca se sabrá con exactitud cuántas víctimas provocó el genocidio de 1994. Los cálculos indican de 800 mil a un millón de muertos. A éstos hay que agregar cientos de miles de mutilados, de mujeres violadas, cerca de 100 mil niños huérfanos y más de 2 millones de refugiados.
Hoy Ruanda no puede ser olvidada por el mundo. La comunidad internacional debe ir en su ayuda y, sobre todo, demostrar que este tipo de crímenes no pueden quedar impunes.
En ese sentido, es necesario valorar el Tribunal Penal de las Naciones Unidas constituido en Tanzania, que ha emitido veredictos pioneros, como ser el primero en hallar a un ex jefe del Gobierno responsable del genocidio y, también, en dictaminar que la violación fue utilizada como un acto de genocidio. Lamentablemente, muchos criminales responsables de ese exterminio siguen siendo protegidos en algunos países, principalmente de Europa.
Cerca de un millón de ruandeses asesinados exigen a la comunidad internacional asegurar el Nunca Más. Esta tragedia aún puede volver a repetirse si las Naciones Unidas¿
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Disculpe que lo interrumpa, señor Senador , pero ha terminado su tiempo.
El señor NARANJO.-
Estoy por concluir mi intervención, señor Presidente.
El señor LARRAÍN .-
El Comité Unión Demócrata Independiente le concede los minutos que le faltan.
Puede continuar, Su Señoría .
El señor NARANJO.-
Muchas gracias, señor Presidente .
Como decía, se puede volver a repetir la tragedia si las Naciones Unidas no son capaces de asumir su liderazgo con decisión y rapidez. Y en ello, considero que Chile tiene un rol que cumplir promoviendo activamente el respeto a los derechos humanos, sin excepciones de ninguna naturaleza. Hay que acusar a los gobiernos que los violan. Ni razones políticas, ideológicas, económicas o de seguridad nacional o internacional pueden servir de excusas. Desafortunadamente, hoy día la comunidad internacional sigue actuando igual como lo hizo en la época de la Guerra Fría: con doble estándar -a unos, "sí"; a otros, "no"-, en circunstancias de que debería tener una visión universal, porque de lo contrario los instrumentos y mecanismos internacionales se desvalorizan, se deslegitiman y pierden eficacia.
Si no logramos que los derechos humanos de todos valgan por igual, nunca podremos construir un mundo solidario, que se sensibilice frente a la tragedias de los países, aunque parezcan lejanos a nuestra realidad, por cuanto el sufrimiento padecido es uno solo y no tiene nacionalidad ni lengua propias.
Señor Presidente, solicito que esta intervención sea enviada, mediante oficio, a la señora Ministra de Relaciones Exteriores.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Institucionales 1, Institucionales 2 e Independiente, Mixto (Partido Por la Democracia), Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, ningún señor Senador interviene.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:23
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES COLOMA, ESPINA, LARRAIN, MARTINEZ, ORPIS, PROKURICA, RUIZ-ESQUIDE Y VEGA, RELATIVO A LA ORIENTACION, ROL, FINANCIAMIENTO Y MARCO LEGAL DE LA TELEVISION PUBLICA (S 729-12)
Honorable Senado:
1.- En un país con tal altos niveles de permanencia por día de los espectadores frente al televisor, con tan bajos índices de lectura, con indicadores que alarman por la poca capacidad de comprensión de lo que se lee, con un reducido número de señales de televisión abierta, con una débil cobertura de la televisión por cable, la TV Pública sólo tiene sentido si además de entretener e informar, en un mercado competitivo, es capaz de cumplir con un rol en el plano de lo valórico y lo cultural.
2.-La TV Pública, cautelando por el pluralismo político y el respecto a la diversidad cultural, debiera convertirse en un polo de referencia del resto de los componentes del sistema, por la perseverancia. En el cultivo de los valores más fundamentales de nuestra historia, satisfaciendo así una mayor diversidad de públicos, y no orientando su programación exclusivamente a la búsqueda de grandes audiencias.
3.-La TV pública debe velar por:
a)Su autonomía frente a los poderes públicos y a todos los intereses corporativos, sean políticos, económicos, sindicales, gremiales o religiosos. TVN no puede ser el canal del gobierno de turno, ni puede estar alineado con ninguna corriente de opinión, ni beneficiar a un determinado sector político.
b)Garantizar una programación más diversa, para que tenga como un sello institucional, una oferta programática más completa que la de los canales que sólo buscan informar y entretener. Esta es una de las razones que justifican la existencia de un canal público, en el cual el país ha hecho una millonaria inversión de recursos, la cual periódicamente se debe evaluar en función de la mayor o menor rentabilidad social que tenga.
c)Asegurar el pluralismo, garantizándole oportunidades equitativas a todas las tendencia políticas legalmente constituidas, y que cuentan con una efectiva representatividad. TVN está obligada a mantener un equilibrio constante en el conjunto de su programación. Todas las visiones deben ser presentadas en forma unánime, velando prioritariamente por la objetividad y la imparcialidad en el trabajo periodístico en todas sus labores informativas nacionales y regionales.
d)Promover la creatividad y la innovación en todos sus programas, velando por un uso del lenguaje apropiado y respetuoso y el pleno respeto de la dignidad de la persona humana.
4.-Es necesario entregarle a TVN orientaciones que sean consistentes con estos objetivos. La ausencia de una doctrina escrita que establezca los grandes principios de la TV como servicio público se ha hecho claramente sentir en el último tiempo no obstante los notables éxitos alcanzados por TVN, como empresa pública autónoma. Los elementos indicativos actualmente existentes deben ser revisados a la luz de los nuevos escenarios de la producción de TV, de los futuros canales digitales y del marco general de la propiedad de los medios en Chile. Corresponde especialmente hacer una revisión de los marcos legales existentes (Ley Nº 18.838 del CNTV u Ley Nº 19.132 sobre TVN), introduciendo las correcciones que los nuevos desafíos impongan.
5.-Una de la materias a evaluar, es el concepto del pluralismo para nombrar al directorio. La Ley Nº 19.132 vigente sólo menciona que los directores deben tener “méritos personales y profesionales relevantes” y que el listado que el Presidente proponga al Senado sea “pluralista”. El criterio político –partidista es legítimo e importante, pero insuficiente para reflejar la diversidad del Chile contemporáneo. Por ende, se deben explicitar formalmente criterios adicionales de pluralismo para nombrar a los directores de TVN tales como:
a.Perfil profesional: experiencia empresarial, académica, medial/comunicacional u otras relevantes.
b.Identidad regional y/o social: 60% de los chilenos viven fuera de Santiago.
c.Edad: para darle espacio a nuevas generaciones que contribuyan con nuevas miradas y enfoques.
Del mismo modo, parece indispensable explicitar la importancia de la inamovilidad de los directores elegidos en forma conjunta por el Presidente de la República y el Senado, insistiendo en la inconveniencia de que a éstos se les solicite su renuncia por razones y órganos diferentes a los considerados en la Ley de T.V.N. vigente.
6.-Otra materia a evaluar es el rol del Directorio en el manejo cotidiano de la empresa. Tal como en organizaciones similares, el Directorio debe delinear las principales estrategias y principios rectores de TVN. Delega en la plana ejecutiva su manejo cotidiano, y remueve al ejecutivo responsable en caso de incumplimiento o rendimiento insatisfactorio. Para ello requiere evaluar regularmente el desempeño de los principales ejecutivos y llenar las vacantes por concurso público cuando éstas se produzcan. Una excesiva interferencia del Directorio en la operación de la empresa es absolutamente perjudicial.
7.-Una debilidad de la actual Ley, es que el Directorio no está obligado a rendir cuentas. Es conveniente que los Directores desarrollen una cultura de rendición de cuentas ante sus mandantes, la ciudadanía. Dentro del espíritu de autorregulación de la industria de medios contemporánea, los directores debieran explicitar un plan de trabajo ante el Senado y reportar su estado de avance al menos una vez al año en sesión pública. El plan de trabajo debiera aludir al menos a las siguientes materias:
7.1 La diversidad de su programación y su capacidad de atender al mandato de difundir nuestras tradiciones y velar por nuestra identidad cultural, y de acoger a todas las expresiones de nuestra Nación, de manera respetuosa y exacta, sobre todo aquellos más vulnerables como los niños y los más pobres.
7.2 La calidad de su programación, en términos de (a) cumplimiento con la normativa vigente y los principios de la TV Pública, (b) su éxito comercial y económico; (c) su excelencia técnica –profesional; (d) su grado de éxito con el público, tanto en sintonía como en satisfacción generada; (e) porcentaje de programación original generada en el período.
7.3 La calidad de sus espacios informativos, a través de los indicadores que midan con precisión el respeto al pluralismo, a la objetividad y los necesarios equilibrios en todos los programas periodísticos, así como la creatividad y la innovación en la generación de programas con relevancia periodística, velando por el rigor profesional, y el apego a hechos fidedignos e exactos; avalados por fuentes responsables.
7.4 Los criterios de reinversión de la utilidades de la empresa, preferentemente en programación original de calidad, sin que esto represente una amenaza para la sobrevivencia de la empresa.
8.-El financiamiento de TVN. Los directores de TVN deben velar por el éxito de la empresa dentro de las condiciones y normativas actuales. La Ley vigente la obliga sólo a autofinanciarse y a “mantener el pluralismo y la objetividad (en toda su programación)...especialmente en los noticiarios y programas de análisis o debate político” (Ley Nº 19.132, artículo 3º). Es responsabilidad del Estado y no de TVN desarrollar funciones adicionales, a las señaladas. Toda modificación de sus obligaciones actuales debe prever una modificación de la ley y contemplar el financiamiento respectivo, que por ahora es 100% publicitario y dependiente del people meter. Este instrumento, que sólo mide la audiencia en la Región Metropolitana, de manera que no representa la realidad nacional, no puede ser el único criterio rector que determine los contenidos, especialmente considerando que está siendo desechado en otros países. Algunas alternativas que debieran evaluarse cuidadosamente, en el evento de querer modificar la naturaleza actual de la empresa, son (a) aumentar el fondo concursable para programas de alta calidad administrado por CNTV; (b) orientar los excedentes hacia la producción de programación par públicos que no son necesariamente de utilidad para los avisadores.
(FDO.): Juan Antonio Coloma Correa.- Alberto Espina Otero.- Jaime Gazmuri Mujica.- Hernán Larraín Fernández.- Jorge Martínez Busch.- Jaime Orpis Bouchón.- Baldo Prokurica Prokurica.- Mariano Ruiz-Esquide Jara.- Ramón Vega Hidalgo