Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Rafael Moreno
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
INHABILIDAD DE ALTAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS POR CONSUMO DE DROGAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- APOYO A GRECIA PARA RECUPERACIÓN DE MÁRMOLES DEL PARTENÓN. PROYECTO DE ACUERDO
-
INHABILIDAD DE ALTAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS POR CONSUMO DE DROGAS
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
-
REVISIÓN DE QUEBRADAS ANTE PELIGRO DE AVALANCHAS EN VILLORRIOS ALEDAÑOS A VICUÑA Y PAIHUANO. REITERACIÓN DE OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES RÍOS Y VIERA-GALLO, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.169, SOBRE OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES, CON EL FIN DE CREAR PREMIOS REGIONALES PARA RECONOCER A QUIENES SE HAN DESTACADO LOCAL Y REGIONALMENTE EN DIVERSOS ÁMBITOS DEL SABER, LA CULTURA Y LAS ARTES (3566-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- Mario Enrique Rios Santander
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ZALDÍVAR (DON ANDRÉS) Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE INTERPRETA EL ARTÍCULO 26 DEL D.L. Nº Nº 3.063, DE 1979, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE MICROEMPRESAS FAMILIARES (3577-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FLORES, ARANCIBIA, CANTERO, FOXLEY Y VIERA-GALLO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, CON EL OBJETO DE CREAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (S 745-09)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Fernando Flores Labra
- Jorge Patricio Arancibia Reyes
- Alejandro Foxley Rioseco
- Carlos Cantero Ojeda
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN APOYAR EL RECLAMO DEL GOBIERNO DE GRECIA PARA RECUPERAR LOS MÁRMOLES DEL PARTENÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES, GRAN BRETAÑA (S 746-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Julio Canessa Robert
- Carlos Cantero Ojeda
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Juan Antonio Coloma Correa
- Fernando Cordero Rusque
- Alberto Espina Otero
- Sergio Fernandez Fernandez
- Carlos Fernando Flores Labra
- Alejandro Foxley Rioseco
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jaime Gazmuri Mujica
- Antonio Horvath Kiss
- Jorge Martinez Busch
- Evelyn Matthei Fornet
- Roberto Munoz Barra
- Ricardo Nunez Munoz
- Cesar Augusto Parra Munoz
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Enrique Silva Cimma
- Rodolfo Stange Oelckers
- Gabriel Valdes Subercaseaux
- Ramon Vega Hidalgo
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- Enrique Zurita Camps
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES RÍOS Y VIERA-GALLO, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.169, SOBRE OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES, CON EL FIN DE CREAR PREMIOS REGIONALES PARA RECONOCER A QUIENES SE HAN DESTACADO LOCAL Y REGIONALMENTE EN DIVERSOS ÁMBITOS DEL SABER, LA CULTURA Y LAS ARTES (3566-04)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 6ª, en martes 22 de junio de 2004
Ordinaria
(De 16:20 a 18:45)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que establece como causal de inhabilidad de autoridades que indica el consumo de drogas (3508-07) (vuelve a Comisión para nuevo informe)...................................................................................
Apoyo a Grecia para recuperación de mármoles del Partenón. Proyecto de acuerdo (S 746-12). (queda para Tiempo de Votaciones de próxima sesión ordinaria).............
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Revisión de quebradas ante peligro de avalanchas en villorrios aledaños a Vicuña y Paihuano. Reiteración de oficio (observaciones de la señora Matthei).
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia, de Educación y de Minería .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 4ª, ordinaria, en 15 de junio del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 5ª, ordinaria, en 16 de junio del presente año, en sus partes pública y secreta, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Seis de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos:
1.- El relativo a la evaluación docente (Boletín Nº 3.404-04).
2.- El que modifica la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar condonaciones que indica (Boletín Nº 2.892-06).
3.- El que modifica la ley Nº 19.844, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo sanciones y el procedimiento para su aplicación (Boletín Nº 3.519-06).
4.- El que crea la comuna de Alto Biobío, en la Octava Región (Boletín Nº 3.342-06).
5.- El que introduce modificaciones a la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales (Boletín Nº 3.203-06).
6.- El que establece el Régimen de Garantías en Salud (Plan AUGE) (Boletín Nº 2.947-11).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
El relativo a la evaluación docente, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.404-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
El que autoriza erigir monumentos en memoria del Padre Alberto Hurtado en las diferentes comunas del país (Boletín Nº 3.542-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el tercero informa que ha otorgado su aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de India sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales", suscrito en Nueva Delhi el 24 de abril de 2003 (Boletín Nº 3.503-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el último comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.278-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Dos de la Excelentísima Corte Suprema:
Con el primero transcribe la resolución dictada por el Tribunal Pleno de dicha Corte, que deja sin efecto la designación de don Mario Acuña Cisternas como integrante del Tribunal Calificador de Elecciones, y con el segundo informa que eligió en su reemplazo a don Luis Fernando Luengo Escalona, en su condición de ex Vicepresidente del Senado .
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Del señor Contralor General de la República , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor García, sobre las presentaciones efectuadas ante el Organismo Fiscalizador por un señor concejal de la Municipalidad de Saavedra .
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo al Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América.
Del señor Subsecretario de Investigaciones , a través del cual responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, referido a la probable construcción de un aeropuerto en Tongoy, Cuarta Región.
Del señor Subsecretario de Justicia , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor García, relativo a la nómina de las personas atendidas por la Oficina Nacional de Retorno.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Ominami, acerca de las pensiones asistenciales pagadas en el período 2000 a 2004.
Del señor Coordinador General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre los cambios que habrían sufrido los proyectos Costanera Norte y Sistema Norte-Sur, de la Región Metropolitana.
Del señor Director Regional del FOSIS de la Cuarta Región, con el que responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, respecto de los postulantes y proyectos aprobados en la comuna de Ovalle durante 2003 y 2004.
Del señor Alcalde de Antofagasta , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referido al destino de los semáforos de la comuna que están en desuso.
De los señores Directores de los Servicios de Salud Metropolitano Occidente y de Iquique, mediante los cuales contestan un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, sobre las medidas aplicadas a quienes fueron sometidos a procesos administrativos por negligencias médicas en el período 2001 a 2003.
Del señor Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de La Araucanía , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido al cobro del ítem "tratamiento de aguas servidas" en las boletas de consumo de agua potable.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en la solicitud de rehabilitación de ciudadanía presentada por don Iván Enrique Pérez Vidal (Boletín Nº S 738-04).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que crea la comuna de Alto Biobío, en la Octava Región, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.342-06).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un seguro obligatorio de accidentes para el transporte en ferrocarriles (Boletín Nº 3.323-15).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Ríos y Viera-Gallo, con la cual inician un proyecto que modifica la ley Nº 19.169, sobre otorgamiento de Premios Nacionales , con el fin de crear Premios Regionales para reconocer a quienes se han destacado local y regionalmente en los diversos ámbitos del saber, la cultura y las artes (Boletín Nº 3.566-04)
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señores Zaldívar (don Andrés) y Sabag, con la que inician un proyecto que interpreta el artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, con el propósito de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares (Boletín Nº 3.577-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señores Flores, Arancibia, Cantero, Foxley y Viera-Gallo, mediante la cual inician un proyecto de acuerdo que modifica el artículo 27 del Reglamento del Senado, con el objeto de crear la Comisión permanente de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento (Boletín Nº S 745-09).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Permisos constitucionales
Los Honorables señores Frei (don Eduardo) y Moreno, conforme a lo establecido en los artículos 57 de la Carta Fundamental y 7º del Reglamento del Senado, solicitan autorización para ausentarse del país a contar del 21 de junio en curso.
--Se accede.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
El Señor Secretario comunicará los acuerdos adoptados por los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en sesión del día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1.- Colocar en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto que concede beneficios a condenados o procesados por infracciones a disposiciones penales relativas a violencia con móviles políticos, y votarlo a las 17.
2.- Poner en segundo lugar de la tabla de esa misma sesión la iniciativa que crea la comuna de Alto Biobío, en la Octava Región.
3.- Incluir en tercer lugar de la tabla indicada el proyecto sobre reajuste del ingreso mínimo, en caso de que llegare desde la Honorable Cámara de Diputados.
4.- Coordinar la visita que hará a Chile el señor Presidente de Brasil para recibirlo en una sesión de Congreso Pleno, la que podría llevarse a efecto el martes 13 de julio, a las 12:30.
5.- Fijar nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 12 del 5 de julio, al proyecto que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, y al que crea sociedades anónimas deportivas profesionales.
V. ORDEN DEL DÍA
INHABILIDAD DE ALTAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS POR CONSUMO DE DROGAS
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que establece como causal de inhabilidad de autoridades que indica el consumo de drogas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3508-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Aburto, Espina, Orpis, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés).
En primer trámite, sesión 52ª, en 21 de abril de 2004.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 5ª, en 16 de junio de 2004.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa tuvo origen en moción de los Senadores señores Aburto, Espina, Orpis, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
La Comisión propone a la Sala discutir el proyecto solamente en general, no obstante constar de artículo único, con la finalidad de fijar un plazo para formular indicaciones que permitan perfeccionarlo en el segundo informe.
El objetivo principal de la iniciativa es impedir que las autoridades públicas o altos funcionarios del Estado sean consumidores habituales o tengan dependencia de alguna de las drogas prohibidas por la ley que sanciona el tráfico ilícito de tales sustancias.
Esta reforma constitucional fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores Aburto, Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Cabe señalar que dicho órgano técnico también analizó cada uno de los numerales del artículo único con el solo objeto de perfeccionar su redacción, adoptando los acuerdos pertinentes en forma unánime.
Finalmente, corresponde indicar que los números 6 y 9 del texto propuesto, por incidir en los Capítulos VII y X de la Constitución Política, requieren para su aprobación el voto conforme, hoy, de 30 señores Senadores; y los demás numerales, el de 27.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina, Presidente de la Comisión.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , paso a informar la iniciativa ya reseñada, que ha sido aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y que, como se ha señalado, se originó en moción de los Senadores señores Viera-Gallo , Zaldívar (don Andrés) , Aburto , Orpis y del que habla.
Esta reforma a la Carta Fundamental viene a complementar disposiciones que se incorporaron en el proyecto sustitutivo de la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que en las próximas semanas será visto por esta Sala (ya fue despachado por la Comisión de Constitución y ahora cumple el trámite de Comisión de Hacienda).
¿Cuáles son los considerandos de la iniciativa? Es un hecho que uno de los graves problemas que enfrentan actualmente los países, más allá de las políticas públicas que han diseñado, es, por lo general, el aumento en el tráfico y consumo de drogas ilícitas.
Chile ha suscrito numerosos acuerdos internacionales de cooperación multilateral con países específicos para enfrentar esta realidad. En esas convenciones ha condenado clara, categórica y definitivamente el tráfico ilícito de estupefacientes y ha expresado su voluntad de oponerse con decisión a las organizaciones y mafias que se han constituido para la venta de drogas prohibidas por la ley, las cuales operan, lamentablemente, en gran parte de nuestro continente y -por qué no decirlo- del resto del mundo.
Éste no es un peligro potencial, sino concreto.
El tráfico de drogas, sin duda, da origen a poderosas mafias, que las venden y que para lograr su impunidad siempre intentan corromper, infiltrar e influir en las instituciones públicas. El objetivo es claro: adquirir cuotas crecientes de poder para asegurar su impunidad.
¿Cuál es el procedimiento? Infiltrar a las policías, a los Poderes del Estado, a la Administración Pública e incluso a los gobiernos locales, como ha ocurrido en muchas democracias latinoamericanas. Y nosotros, como país, debemos estar preparados para enfrentar esa realidad en el futuro.
¿Cuál es en Chile la situación del consumo de drogas? Como regla general, éste se halla prohibido. Desde luego, se prohíbe el consumo de drogas en lugares públicos. Y también en recintos privados si ha existido concertación para ello.
Sólo excepcionalmente, en Chile no está prohibido el consumo cuando se lleva a cabo en un lugar privado y no es concertado. El argumento tenido presente hasta ahora es doble: primero, se dice que la prohibición atenta contra la vida privada y la intimidad de las personas; el segundo es la dificultad de la prueba y, por tanto, de la sanción.
Si debe prohibirse o no el consumo de drogas, público o privado, concertado o no, es una materia controvertida -y probablemente seguirá generando discusión-, no sólo en Chile, sino también en muchos otros países que sufren ese flagelo.
Es un hecho que, en el caso de los consumidores habituales -para qué hablar de los adictos-, el consumo de drogas ilícitas, a lo menos, provoca los siguientes efectos:
Primero, pérdida de la voluntad para adoptar decisiones. Si algo ocasiona ese tipo de consumo, particularmente en el grado de adicción, es la disminución de la voluntad en ese ámbito.
Segundo, pérdida de gran parte de la libertad. El drama de la adicción y del consumo habitual radica en la merma de gran parte de la libertad del individuo para resolver.
Tercero, generación de vínculos -quizá es el elemento más peligroso- entre consumidores y narcotraficantes, porque a éstos debe comprarse. Eso otorga a los narcotraficantes un gran poder de influencia en la voluntad de aquéllos.
Señor Presidente , durante la discusión del proyecto que sustituye la "Ley de Drogas" -la Sala lo tratará en las próximas semanas- analizamos la relación entre consumo de drogas y cumplimiento de las funciones públicas. ¿Qué ocurre cuando un funcionario, producto de la adicción o del consumo habitual, pierde la libertad y la voluntad para adoptar decisiones en asuntos que han sido entregados a su competencia? ¿Qué sucede cuando entra en contacto con narcotraficantes y -más grave aún- con organizaciones de narcotraficantes?
Entonces, están en juego ni más ni menos que las decisiones y actuaciones que los funcionarios del Estado deben adoptar en bien del interés público. Y por eso en la iniciativa que sustituye la "Ley de Drogas" se estimó conveniente evitar, al menos, que se encuentren en alguna de dichas situaciones -es decir, de consumidor habitual de drogas o de adicto- quienes sean llamados a desempeñarse como autoridades o altos funcionarios; establecer la obligación de las autoridades superiores de cada organismo de prevenir el uso indebido de sustancias estupefacientes o sicotrópicas mediante controles realizados conforme a las normas que contendrá el reglamento respectivo, el cual, además, deberá contemplar un procedimiento de control de consumo aleatorio y reservado que resguarde la dignidad y la intimidad de las personas; y sancionar con la medida de destitución a los altos funcionarios que incurran en consumo habitual o dependencia de drogas, a menos que justifiquen el consumo en la realización de un tratamiento médico, quedando eximido de esa medida -sin sanción- el funcionario que declare ante su superior el hecho de ser consumidor y su disposición a someterse a un programa de tratamiento y rehabilitación.
Cuando dictamos esa norma para fijar como criterio de políticas públicas la existencia de prevención en el consumo de drogas respecto de los funcionarios, quedó un capítulo sin resolver: qué ocurre con las autoridades consagradas por la propia Constitución.
Para esos efectos, la moción viene a complementar las disposiciones que se dictan en cuanto a los altos funcionarios. Habría resultado -por decir lo menos- incongruente e inaceptable que el Parlamento, ante una misma conducta, legislara sobre la materia respecto de aquéllos y no lo hiciera en lo concerniente a quienes ejercen cargos establecidos por la Constitución Política de la República.
Por eso, mediante la iniciativa en debate se modifica la Carta Fundamental para establecer como causal de cesación en el cargo el consumo habitual o la dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales en los casos de la siguientes autoridades: Ministros de Estado, Diputados, Senadores, Ministros de la Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, Fiscal Nacional y Fiscales Regionales, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Tribunal Calificador de Elecciones, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros, Director General de Investigaciones, Consejeros del Banco Central, Intendentes, Gobernadores y miembros de los Consejos Regionales, Alcaldes y Concejales.
No se incluyó al Presidente de la República porque la causal de inhabilidad que contempla este proyecto, en el fondo, está contenida en la norma vigente del artículo 49, Nº 7), de la Constitución, que se refiere a la declaración de su inhabilidad cuando un impedimento físico o mental le impide ejercer sus funciones.
El procedimiento para invocar la causal de cesación en el cargo prevista por la iniciativa en debate consiste en entablar la acción correspondiente ante el Tribunal Constitucional, que va a conocer de ella a requerimiento del Presidente de la República o de a lo menos diez Parlamentarios en ejercicio.
La declaración pertinente -este aspecto es relevante- sólo podrá efectuarse sobre la base de exámenes periciales, apreciados en conciencia, que establezcan el consumo habitual o la dependencia en cuestión, a efecto de evitar el mal uso de la causal en comento mediante pruebas falsas o a través de testigos movidos por afán de descrédito político y no por el convencimiento de que ella se ha configurado.
En cuanto a los integrantes de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y del Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales, se mantiene el procedimiento habitual, de cesación en el cargo declarada por la Corte Suprema. Es decir, habría que invocar la causal ante el Máximo Tribunal, conforme al resto de las normas procedimentales que existen para las demás causales de cesación en el cargo.
Señor Presidente , esta iniciativa tiene como propósito impedir que los órganos del Estado, y particularmente sus autoridades, tengan contacto o relaciones con el tráfico de drogas, y además, obviamente, determinar cuándo la conducta inhabilita para ejercer un cargo.
Un dependiente o un consumidor habitual de drogas no tiene capacidad para tomar decisiones por sí solo; está violentamente influenciado por los grupos de narcotraficantes, y puede ser una forma de penetración grave en las instituciones públicas.
A los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nos ha parecido que la moción está orientada en la dirección correcta. Por consiguiente, solicitamos la aprobación general de la iniciativa, sin perjuicio de las indicaciones que se presenten durante su tramitación.
He dicho.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , cuando comenzó la discusión del proyecto que modifica la ley Nº 19.366, me pareció esencial, dados los niveles que está alcanzando el flagelo de la droga en nuestro país, advertir que la normativa pertinente iba a salir tremendamente debilitada si no se incorporaba a la discusión un tema de esta envergadura.
Presenté la indicación respectiva al citado proyecto. No obstante, la Comisión de Constitución concluyó que, en relación con las autoridades superiores mencionadas en la iniciativa que ahora nos ocupa, no cabía una enmienda mediante el proyecto sustitutivo de la "Ley de Drogas", sino una reforma constitucional.
Tal como señaló el Honorable señor Espina , aquí no sólo se trata de incluir a las autoridades del Estado vía una modificación a la Carta, sino de, en general, complementar el proyecto que reemplaza la ley Nº 19.366 con la situación de las altas autoridades nacionales en los distintos Poderes del Estado.
¿Por qué me parece esencial aprobar esta normativa?
Para conocimiento de los señores Senadores, ésta es la cuarta vez que se trata de incorporar el tema en nuestra legislación. Y, a mi entender, estamos en el minuto oportuno de hacerlo. Porque, tal como manifestó el Senador informante , existe un fenómeno vinculante entre el consumo o la cercanía del consumo y las organizaciones del narcotráfico, que al final termina debilitando institucionalmente a los Poderes del Estado.
Uno de los primeros objetivos que persigue una organización criminal dedicada al narcotráfico es el debilitamiento de las autoridades y las instituciones, porque de esa manera queda con el campo libre para desarrollar su actividad.
Por lo tanto, me gustaría mencionar en esta Sala, sólo a título ilustrativo, cómo en los Poderes del Estado, en las diversas instituciones, ya ha ido apareciendo, desgraciadamente, el fenómeno de la criminalidad, de la corrupción, vinculado al narcotráfico.
Todos los señores Senadores recordarán que hace pocas semanas un funcionario de La Moneda -no era una alta autoridad- se paseaba por las calles de la población La Legua en un vehículo de la Presidencia de la República para adquirir droga. Hasta ahora no conocemos en detalle los resultados de la investigación pertinente.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ORPIS.-
Con todo gusto.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , me gustaría que el Honorable señor Orpis precisara exactamente si el vehículo a que se refirió pertenecía a la Presidencia de la República o a una dependencia de La Moneda.
El señor ORPIS.-
Era del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Senador.
Sin embargo, más allá de la rectificación, el problema radica en la cercanía con La Moneda. Eso es lo relevante para los efectos de mi análisis, que no envuelve ningún tipo de prejuicio sobre la materia, pues, simplemente, estoy indicando ciertos riesgos presentes hoy.
También es del caso recordar el hecho ocurrido en la Cámara de Diputados hace algunos años, el cual, en definitiva, quedó radicado en los tribunales de justicia.
Pero el problema no se limita a las dos situaciones recién mencionadas. Las dos principales Cortes de Apelaciones del país se han visto involucradas en problemas vinculados al crimen organizado, detrás de los cuales, evidentemente, hay organizaciones dedicadas al narcotráfico. Recordemos lo sucedido con un fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago y la organización comandada por el "cabro Carrera", donde existía el trato de "padrino" y "ahijado"; o lo que aconteció en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en que funcionarios consumidores de droga terminaron destituidos. Y algo similar ha ocurrido con las propias policías.
Otro hecho relevante se registró en el 6º Juzgado del Crimen de Santiago , donde una funcionaria adicta o consumidora habitual extrajo del tribunal un arma incautada, la que con posterioridad fue detectada en poder de una organización de narcotráfico aquí, en Valparaíso.
En cuanto a la Policía de Investigaciones, unidades completas debieron ser sacadas de los cargos a raíz del caso de Antofagasta.
Y podría seguir mencionando situaciones. Empero, deseo señalar, a partir de esos hechos, el riesgo existente sobre el particular, pues se generan dos fenómenos.
El primero se refiere a la masificación del consumo. Recuerdo que, cuando ingresé al Parlamento, la discusión consistía en impedir que la droga pasara de Iquique, de Arica. Pero qué ha ocurrido después de 14 años. La droga se ha masificado desde Arica a Punta Arenas. Y, si vamos a los últimos resultados de la CONACE con respecto a la población escolar, veremos que los niveles de consumo-vida alcanzan a cerca de 40 por ciento.
Y el segundo fenómeno dice relación al nacimiento, a partir de la masificación del consumo, de organizaciones de narcotráfico, pero ya no tan pequeñas; no sólo estamos hablando de microtraficantes.
Los señores Senadores recordarán lo acontecido hace algunas semanas al detectarse una tonelada de cocaína avaluada en alrededor de 30 millones de dólares. Se trataba de una organización que manejaba esa cantidad de dinero y que logró traspasar tres países, incluyendo prácticamente 2 mil 100 kilómetros de territorio terrestre chileno. O sea, se masificó el microtráfico, ya no sólo con organizaciones de él diseminadas por todo el país, sino además con organizaciones de gran envergadura, capaces de manejar 30 millones de dólares y con inmenso poder de corrupción y criminalidad.
¡Ése es el riesgo a que estamos expuestos hoy día!
Por lo tanto, señor Presidente , la normativa propuesta no apunta a perseguir a los funcionarios públicos ni a las autoridades. Institucionalmente, atendidos los actuales grados de organización y de masificación del consumo, lo que se pretende con ella -y así lo entiendo- es proteger a los Poderes Públicos. Porque al alejar al consumidor de las organizaciones del narcotráfico, que son las que determinan el consumo, sin duda que estamos resguardando a nuestras instituciones y a nuestras autoridades.
A mi juicio, dado lo que está viviendo el país con el fenómeno de la droga, es inevitable asumir decisiones de tal naturaleza. Lo más probable es que hace 10 ó 15 años medidas de esta índole no se justificaran. Pero hoy día no sólo son plenamente justificadas, sino también del todo necesarias. De lo contrario, la lucha contra la droga y el narcotráfico se verá fuertemente debilitada.
Entiendo que esta reforma constitucional constituye un paso en función de lo que aprobaremos en el proyecto que modifica la "Ley de Drogas". Y, en ese contexto, considero esencial que el Senado aborde el tema. Si no lo hace, a esa normativa le faltará una materia de esta envergadura, que aparece absolutamente indispensable, atendidos los grados de peligrosidad, corrupción y criminalidad que tiene dicho flagelo en nuestra sociedad actual.
He dicho.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , estamos ante un tema sin duda alguna muy interesante. Por ende, vale la pena entregar un par de opiniones sobre el particular -especialmente a propósito del texto que se nos presenta- y hacer algo de historia sobre otras fórmulas encontradas por distintos países.
En realidad, puede parecer bastante duro que en un avión a punto de aterrizar en el aeropuerto de Singapur -quienes han llegado allí lo saben- la azafata señale a los pasajeros que deben poner el asiento en posición vertical, guardar las bandejas y abrochar sus cinturones, para luego decir: "Advertimos que en Singapur quien trafique y comercialice droga tiene condena a muerte. Insinuamos a los señores pasajeros que porten droga dejarla en canastos especiales ubicados antes de Policía Internacional. Posterior a ella, esta línea aérea no asume responsabilidades".
El señor MUÑOZ BARRA.-
¡Que la consuman inmediatamente...!
El señor FOXLEY .-
¡Lo hacen para ahorrar combustible...!
El señor RÍOS.-
Lo típico de los países latinoamericanos son las respuestas que estoy escuchando en el Senado. Son simpáticas, divertidas. Sin embargo, se trata de un hecho real.
Ciertamente, la condena a muerte -en Chile no existe- no tendría ninguna razón. Pero cuando uno oye al Honorable señor Orpis contar en pocos minutos la historia reciente de la droga en nuestro país, no puede menos que concluir que todas las penas impuestas a los narcotraficantes han sido ineficientes. Incluso, uno recibió apoyo de un Presidente de la República que le permitió salir del país. Y recordemos lo ocurrido en Arica.
Entonces, tenemos el efecto real de que la droga sigue aumentando en Chile y de que todos los mecanismos propios de la sociedad, tanto policiales como judiciales, están siendo sobrepasados, sin excepción.
Si alguien sostiene que en determinadas áreas hay paz y tranquilidad para los jóvenes porque se está deteniendo la droga, creo está viviendo en otro país.
Naciones como Singapur fueron bastante más drásticas. Es cierto que allí los Parlamentarios aprobaron las normas respectivas y las pusieron en práctica. Es cierto que los padres con sus hijos son más felices, porque no sufren problema ninguno. Es cierto que tienen un mejor y más amplio desarrollo que los chilenos. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que nosotros nunca estaremos dispuestos a enfrentar dicho flagelo como corresponde: con acciones más duras contra quienes están destruyendo y matando a nuestros hijos.
Ahora, con respecto al proyecto de reforma constitucional que se nos presenta, siempre -y quienes llevan muchos años en el Parlamento seguramente se darán cuenta- cuando se establece un listado de personas que deben demostrar una clara disposición en contra de cualquier tipo de consumo prohibido para ocupar un cargo determinado, siempre falta alguien en la lista. Siempre. Nunca sobran, siempre faltan.
Por eso, este procedimiento legal de imponer sanciones para tales y cuales personas (ministros, qué sé yo; unas ocho o nueve, según lo que estoy viendo aquí), que implícitamente deja al margen a otras, es una norma débil, sin ninguna fortaleza evidente hacia futuro. Porque, repito, siempre va a faltar alguien. Es raro que en la disposición aprobada por la Comisión de Constitución haya habido unanimidad por las que allí se señalan. Pareciera no haberla por otras. Da la impresión que los jueces podrían consumir; también los jueces de policía local...
El señor CHADWICK .-
Sólo figuran en la norma las autoridades con rango constitucional, señor Senador.
El señor RÍOS.-
Estoy hablando del proyecto que está en mis manos.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Diríjanse a la Mesa, Sus Señorías.
El señor RÍOS.-
El Honorable señor Orpis me solicita una interrupción, señor Presidente , que concedo con mucho gusto.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , en el proyecto únicamente aparecen aquellas autoridades respecto de las cuales es necesaria una reforma constitucional. Las demás, como la que mencionó el Honorable señor Ríos, están incorporadas en la modificación a la Ley de Drogas que el Senado conocerá, me imagino, a vuelta de la semana regional.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Recupera la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Gracias.
A mi parecer, lo lógico -la Comisión tiene que haberlo analizado, sin duda alguna; por mi parte, tendré que estudiar el proyecto con mayor profundidad- sería que rigiera una norma para todas las autoridades, sin listados. De esa manera resolveríamos las exclusiones de aquellas que finalmente no aparecen. Así de simple. Pienso que en esto debemos ser muy duros.
Y, ¡ojo! Estamos frente a una sociedad, señor Presidente , que no tiene conocimiento pleno del problema. Según un importante informe del CONACE, todo drogadicto produce potencialmente 10 nuevos drogadictos en un año.
Por tal motivo, hay que barrer, hay que marginar absolutamente de este consumo a cualquier persona relacionada con elementos o patrimonios del Estado pertenecientes a todos los chilenos, con administración de recursos, con ciertas potestades -grandes, medianas o pequeñas-, a fin de alcanzar una fórmula que nos permita estar más tranquilos.
En definitiva, señor Presidente , manifiesto mi adhesión a este proyecto, sin perjuicio de que haré llegar indicaciones tendientes a que los listados desaparezcan y la disposición constitucional se aplique a todas las autoridades del país.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , con este proyecto la histeria antidrogas alcanza su expresión más grotesca, esto es, elevar al Texto Constitucional una represión que ha sido absolutamente estéril, no sólo en Chile, sino en el mundo entero.
Al escuchar al Senador señor Orpis efectuar una minuciosa relación de los hechos que marcan el sostenido incremento del consumo y tráfico de drogas, uno se imagina que, para ser coherente, terminará concluyendo que todo lo hecho hasta ahora es un fracaso. Pero, en vez de rectificar, lo que hace es profundizar ese fracaso, es decir, llevar la represión al máximo nivel, ahora con las autoridades superiores del país.
Yo me imagino que para la elaboración de este proyecto sus autores habrán tenido a mano un estudio que demuestre el consumo de drogas por parte de las autoridades que se mencionan. De otra manera, no se justificaría generar un clima de alarma pública como el que ellos crean a partir de esta iniciativa.
Por otro lado, se emplea un concepto, el de habitualidad en el consumo de drogas, que ni siquiera está definido en la legislación. Sólo figura en un proyecto, destinado a modificar la ley Nº 19.366. No explican lo que debe entenderse por consumo habitual, ni tampoco por dependencia de las drogas, en relación con tales autoridades.
Lo que me resulta más absurdo es que con iniciativas como ésta, de llegar a aprobarse, lo único que se consigue es entregar armas de chantaje aún más formidables a las mafias criminales que manejan el narcotráfico.
Lo que tampoco alcanzo a entender es cómo, a la luz de los antecedentes que a diario conocemos en el país y más allá de nuestras fronteras, se insiste en una estrategia que sólo nos asegura fracasos.
Ahora bien, las estadísticas entregadas por el propio CONACE se obtienen mediante una metodología bastante discutible, pues las consultas se efectúan en hogares preguntando derechamente a quienes se encuentran allí si consumen o no drogas y con qué periodicidad lo hacen. Sería lo mismo que si pretendiéramos realizar una encuesta de delincuencia y fuéramos a una población, consultando a sus habitantes si delinquen o no y con qué frecuencia lo hacen, porque estamos interesados en llevar una "buena" estadística.
Por supuesto, todos los números que ofrece a la opinión pública el CONACE están absolutamente distorsionados y no dan cuenta de la realidad. Pero, aun así, y valiéndonos de unos antecedentes que desde luego nos llaman a muchas dudas acerca de su reflejo de la realidad, podemos afirmar que en Chile existen no menos de 700 mil consumidores habituales, a lo menos de cannabis, o sea, marihuana.
Pues bien, los "genios" que tenemos legislando en Chile y que dicen combatir enérgicamente a las mafias, lo que hacen en los hechos es aliarse con ellas, aun cuando no estén pensando en eso de manera consciente. Les entregan en bandeja de plata un mercado cautivo a las organizaciones criminales de nada menos que 700 mil consumidores. He aquí una contradicción absurda que nunca podrá ser superada: la ley no penaliza el consumo individual y privado, pero los talibanes naturalmente tienen en su mira llegar a eso, es decir, a invadir por completo la privacidad de las personas.
Si 700 mil chilenos, por parte baja, están facultados por la ley para consumir drogas en sus hogares, ¿a quién acuden para obtener el suministro de estas sustancias? ¡Obviamente a las mafias! ¡Por supuesto que a los narcotraficantes! ¡No se les da otra posibilidad!
Entonces, surge el fenómeno de la escalada, que algunos ignorantes sin base científica alguna atribuyen al consumo de marihuana, cuestión que ha sido totalmente descartada en estudios serios, no como los planteamientos de ciertos pinganillas que opinan sin saber absolutamente nada sobre el tema.
Aquellas personas quedan, entonces, a merced de las mafias, que las inducen a probar drogas duras. Por lo tanto, el enganche hacia otras sustancias no se produce por la marihuana, sino por tener que relacionarse con los traficantes para conseguir lo que necesitan.
Pues bien, en este bendito país, que copia todo mal, se está llevando al extremo la criminalización del consumo de drogas, sin distinguir -porque no se dan ese trabajo-, en circunstancias de que recientemente en Gran Bretaña el Consejo Asesor sobre el Abuso de Drogas entregó un informe al Gobierno, donde se señala que el cannabis es menos adictivo que el alcohol o el tabaco y que, por ello, recomiendan suavizar su trato penal. Este informe asegura, además, lo siguiente: "el uso elevado de cannabis no está asociado con problemas graves de salud para el individuo o la sociedad".
Yo siento que esta minoría ruidosa, constituida por los talibanes de la droga, está silenciando a la inmensa mayoría de la población, que, por un estricto sentido común, entiende que la peor receta en la lucha contra las mafias que manejan el negocio de la droga es precisamente la represión. Y a los iluminados ¿qué solución se les ocurre? ¡Más represión! ¡Entonces, se tendrá más corrupción, más mafia y mucho más de las lacras que se pretende eliminar con estas disposiciones y proyectos completamente absurdos!
Es cuestión de que se den el trabajo de examinar, sin pasión y sin prejuicios, las frías cifras que registran todos los organismos policiales. Si esto es para la risa. Hagan ese ejercicio. Será algo que los ilustrará para concebir mejores iniciativas. Examinen en la prensa las actuaciones de nuestras policías. Cada cierto tiempo podrá advertirse que somos testigos del mayor decomiso de la historia. Eso ocurre cada dos o tres meses. Este hecho coincide justamente con la necesidad de los narcotraficantes, en algunos países -sobre todo en los más candorosos como el nuestro-, de dar una señal que indique que las autoridades están preocupadas por el problema y que, por tanto, combaten con rigor el narcotráfico. Ellos necesitan estos juegos, estos actos teatrales.
Pero, ¿cuál es la realidad? La droga sigue ingresando al país cada vez en mayor cantidad. Los adictos aumentan en todas partes, y nadie aún, en la esfera que corresponde, advierte que vamos por el camino equivocado.
¡Y ha llegado el momento de despertar!
Es preciso entender que, frente a una estrategia completamente fracasada, hay que concebir otra, zafándose de los prejuicios, de las medias verdades, para emprender, en definitiva, un rumbo que implique hacer que recaiga sobre las personas la responsabilidad de administrar sus cuerpos.
¡Ustedes, que están por la menor intervención estatal posible, curiosamente hoy claman por que el Estado vigile lo que cada individuo mete en su boca! ¿Por qué razón no piden lo mismo para que el Estado intervenga un poco más en las grandes empresas, en las grandes concentraciones de capital, que hoy están ahogando a los pequeños y medianos productores, distribuidores, etcétera? ¿Cómo no ven que esta sociedad está enferma de injusticia y que la droga es el lubricante psicosocial, que permite a millones de personas insertarse malamente en la realidad de un clima de atropellos a sus derechos, de marginalización y de ausencia de fuentes de trabajo? Una sociedad atrapada en los miedos al futuro escapará por alguna parte; encontrará las válvulas que le permitan evadirse. Por desgracia, una de ellas es la droga.
Y en vez de tratar los temas de fondo, únicamente hay dedicación para reprimir.
Por último, intenten hacer callar un chancho a palos. A ver cómo les va.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , mi intervención será muy distinta, desde el punto de vista de la fundamentación y del enfoque, de la del Honorable señor Ávila .
Sin embargo, confieso -y lo digo con la más absoluta sinceridad- que el proyecto presentado a nuestra consideración no me gusta para nada. A mi juicio -lo señalo con respeto-, es profundamente desacertado y se aparta de nuestra tradición en la manera de legislar, sobre todo respecto de normas constitucionales.
He tenido la ocasión de revisar muchas Constituciones en el mundo y, sinceramente, no recuerdo que hayan llegado a una especificidad tal de ir estableciendo, uno a uno, impedimentos del carácter de una prohibición para los efectos de determinadas actividades.
Como lo expresó muy bien el Senador señor Ríos, ¿por qué no se pensó en una sola disposición conceptual que tuviese por finalidad englobar toda la serie de casos que se han especificado?
Me llama la atención que un Honorable colega haya dicho que con esto se pretende proteger a las autoridades mencionadas, una a una, en la proposición. Si ellas están dotadas -naturalmente, debemos suponer que es así- de un valimiento desde el punto de vista intelectual, jerárquico, cultural, etcétera, ¿es menester una protección de esta índole? ¿Protección para qué? ¿Para defenderlas de quedar expuestas al consumo de drogas?
Como lo manifestó muy bien el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra -obviamente, lo cito para referirme a este punto-, si el fondo del problema es el consumo de drogas, la situación no afecta a esas autoridades. ¿A quién se le ocurriría pensar en la conveniencia de mencionar, uno a uno, empezando desde las "alturas", a los titulares de los distintos Poderes que consagra la Constitución?
¿Por qué en la normativa se hace referencia a los Comandantes en Jefe y no a los generales y almirantes? Porque se parte de la base -así lo expresó un Honorable colega- de que la referencia respectiva figurará en el proyecto de ley global que se pretende presentar. Pero resulta que ese texto, hasta ahora, no ha sido sometido a nuestra consideración. O sea, estamos legislando parcialmente y de manera bastante extraña esperando la complementación de una iniciativa legal que se anuncia. Ésa no es una buena manera de legislar.
Al margen de entrar a debatir si es conveniente o no aprobar la idea de legislar en orden a que se consagre una norma prohibitiva, creo sinceramente que no podemos llegar a una exégesis que resulta agobiante y hace perder el sentido de respeto con que debe mirarse la disposición constitucional. Se recurre a tal cantidad de menciones que, obviamente -como decía un señor Senador-, se corre el riesgo de que muchas otras queden en el tintero o de que el día de mañana puedan ser creadas algunas que no correspondan a ninguna de las nominaciones que señala el texto.
Si se estima fundamental establecer una prohibición de esta naturaleza, que se considere al sector público
El señor CHADWICK .-
¡Está puesto!
El señor SILVA .-
Pero, si sólo se contempla esa situación, ¿los grandes empresarios, que disponen de enormes capitales y de un ejercicio de poder que cada día se hace más fuerte y creciente en el sector privado, no tendrán estas prohibiciones?
¿Por qué se trata de proteger a las autoridades y no a sectores que en ese otro campo pueden ser igualmente importantes?
¿Por qué en un caso se cree necesaria una norma de índole constitucional y en otro basta con una disposición legal cuyo contenido, especificidad o desarrollo se ignora?
No quiero extenderme más en el tema, señor Presidente. La verdad es que las intervenciones que he escuchado hasta ahora parten de supuestos diferentes.
Estimo -y tengo serios temores- que esta iniciativa legal podría conducir en definitiva a que el remedio sea peor que la enfermedad. De modo que me parece mucho más razonable -si se quiere- que el proyecto vuelva a Comisión, para que el tema se analice más a fondo. Si se aprueba la idea de legislar, que ello se haga partiendo del supuesto de que el texto que los señores Senadores de la Comisión de Constitución acogieron por unanimidad ha de ser reemplazado en su integridad, desde el punto de vista formal y del contenido constitucional que se le ha dado.
Lo único que yo concebiría que podría aprobarse como idea de legislar ¿y, créanme Sus Señorías, tengo serias dudas- es, sencillamente, lo relativo a si conviene o no establecer una prohibición de esta especie.
Muchas gracias.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , la verdad es que el Gobierno tiende a coincidir bastante con las últimas expresiones del Senador señor Silva .
No tengo ningún problema en que determinada disposición señale la inconveniencia de algo y sancione una conducta de autoridades establecidas en la Constitución, que, entre paréntesis, no figuran todas en la normativa propuesta. En efecto, no están los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas ni las autoridades máximas de las policías, como tampoco el Presidente de la República . Imagino que ello obedece a que este último merece algún respeto especial, distinto¿
El señor CHADWICK .-
¡Sí se contempla!
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
¿El Presidente de la República?
El señor ESPINA.-
Efectivamente.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Solicito al señor Senador dirigirse a la Mesa.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Puedo estar equivocado, pero no lo observo en la moción.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Señor Ministro , ¿le concede una interrupción al Honorable señor Chadwick?
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Cómo no. Pero deseo terminar primero mi intervención.
El señor CHADWICK .-
No constituiría una interrupción, entonces.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Aún no se le ha otorgado, Su Señoría .
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
No tengo problema en hacerlo, señor Presidente .
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick .
El señor CHADWICK .-
Disculpe, señor Ministro . No era mi ánimo interrumpirlo. Sólo pretendo explicar que se encuentran consideradas todas las autoridades de rango constitucional. Los Comandantes en Jefe aparecen en forma expresa, mas no se hace referencia directa al Presidente de la República porque se entiende incorporado a la causal de cesación en el cargo derivada de hallarse afectado por un impedimento físico o mental para ejercerlo, caso en el cual es necesario oír previamente al Tribunal Constitucional.
Ese aspecto lo discutimos en la Comisión y se optó por mantener una norma genérica con respecto al Primer Mandatario , pero no contemplar su situación en términos expresos, pues se entiende comprendido en la forma señalada.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Puede continuar, señor Ministro .
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , lamento discrepar del señor Senador . Este asunto podremos analizarlo en la Comisión si es aprobado el proyecto en la Sala.
Existen otros casos en que también podría decirse que se incurre en notable abandono de deberes si alguien anda drogado todo el día o falta a aquellos que exige su cargo. No veo por qué se considera a algunas autoridades y se excluye a otras.
Pero, al margen de lo anterior, intervenir tantos artículos de la Carta con la misma frase...
El señor CHADWICK .-
¡Eso es obvio!
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
... me parece bastante impropio.
Entiendo lo argumentado en la Comisión, en el sentido de que no había ningún capítulo donde establecer una prohibición genérica. Pero es preferible que se busque uno para consignarla, en lugar de intervenir tantas disposiciones constitucionales con el tema del narcotráfico, por grave que sea.
En consecuencia, el Gobierno da su asentimiento acerca de la necesidad de legislar sobre la materia ¿incluso, de reformar la Ley Fundamental-, pero estima que no es buena la manera en que se procede. La Constitución es un instrumento esencial, es el principal ordenamiento de la República. No sólo se debe tener cuidado con el fondo, sino también con su forma, para que no resulte un texto tan desequilibrado y sesgado como el que nos ocupa, que, ciertamente, ha sido propuesto con muy buenas intenciones por algunos señores Senadores.
Por lo tanto, señor Presidente , estamos de acuerdo, pero ojalá que se logre una fórmula más delicada que la propuesta.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , mi ánimo no es repetir los mismos argumentos de los Senadores señores Orpis y Espina . El tema de fondo es si se desea establecer una exigencia adicional a todas las autoridades que ejercen cargos públicos, en términos de que, si son consumidoras habituales de drogas o adictas a ellas, entendemos que están perdiendo un ámbito de libertad indispensable para el ejercicio de sus cargos y, por lo tanto, quedan impedidas para continuar en ellos.
Ése es el tema de fondo. Es algo que no debe sorprender, porque distintos artículos de la Constitución -entre otros, los relativos a las causales de cesación como parlamentario, por ejemplo- se refieren precisamente a que determinadas conductas de los Diputados y Senadores traen como consecuencia la pérdida del cargo, en razón de que impedirían o presionarían su libre ejercicio. Por ejemplo, ellos no pueden ser directores de una sociedad anónima o un banco, porque se entiende que podría generarse una presión o una dependencia económica indebida que afecte los espacios de libertad requeridos por sus funciones.
Esto otro opera en el mismo sentido. Si entendemos que el consumo habitual de drogas o la adicción a ellas puede producir una dependencia respecto a quienes las trafican o comercializan, también debemos entender que se pierden espacios de libertad para el ejercicio de las funciones de las más altas autoridades. Lo anterior, al igual como lo hacemos con relación a actividades económicas, financieras, dependencias de grupos, ejercicio de cargos en sociedades anónimas.
Ahora bien, se ha esgrimido una serie de reparos de técnica legislativa. Obviamente, ello puede ser atendible en el segundo informe. Y, precisamente, el debate en el primer informe fue muy intenso y extenso por las dificultades técnicas de incluir esta norma en la Constitución.
¿Cuáles fueron los motivos para tomar estas opciones, sin perjuicio de que se pueden adoptar otras, porque se trata de cuestiones técnicas?
Siempre hubo la intención de incorporar a todas las autoridades de rango constitucional, sin excepción alguna. Y el Senador señor Viera-Gallo fue justamente quien más trabajó en términos de que ninguna quedara excluida. Por consiguiente, si alguna quedó al margen por una razón técnica, habrá que analizar la manera de incorporarla.
¿Por qué se estableció -como muy bien señaló el Honorable señor Silva , haciendo una crítica que me hace fuerza- una norma detallada, en vez de una de carácter general?
En la Comisión trabajamos precisamente con la disposición relacionada con el Presidente de la República , que, si bien le es privativa, tiene una formulación genérica que podría hacerse extensiva al resto de las autoridades. Pero ocurre que la Constitución dispone para las autoridades requisitos habilitantes y causales de caducidad distintos, que se exigen ante órganos diferentes. ¿Cuál era la dificultad de establecer una norma general? Que, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema, la atribución de remover a uno de sus Ministros que no ha tenido una buena conducta recae sobre la propia Corte, a diferencia de los Parlamentarios, en que interviene el Tribunal Constitucional. Entonces, nos encontramos con la dificultad técnica de que se hace difícil la aplicación práctica de una norma genérica, porque son distintos los órganos llamados a remover a las autoridades.
Por eso, a pesar de que comparto lo manifestado por el señor Ministro en cuanto a que a nadie le gusta una disposición tan reiterada y detallista en la Constitución, en definitiva optamos por esta técnica debido a la dificultad para determinar un precepto de carácter genérico.
Una norma general habría sido mejor, más elegante, por decirlo de alguna manera. Y si tenemos la posibilidad de concretarla creo que en el órgano técnico nadie se opondrá a su incorporación. Pero ésas fueron las razones para establecer una disposición pormenorizada.
Adicionalmente, deseo plantear algo que aquí no se ha señalado, pero que discutimos mucho en el órgano técnico. Comparto en plenitud los fundamentos de una norma de esta naturaleza, pero debemos tener claro que podría prestarse para el uso malicioso o intencionado de un instrumento como el que estamos incorporando en la Carta Fundamental. En la Comisión analizamos el tema y establecimos algunos mecanismos para generar un equilibrio -podemos perfeccionarlo- y para que esto no se preste a ser un instrumento de utilización política, sino de probidad de las autoridades públicas.
Por eso hablamos de que la conducta que puede ser objeto de esta sanción es el consumo habitual o la adicción, y no el de carácter circunstancial u ocasional. Obviamente, sería preferible precisar la frase "consumo habitual" en la mejor forma posible, pero se entiende que se trata de algo permanente, rutinario.
¿Por qué se utilizaron estas conductas? Porque se pueden probar a través de informes periciales de carácter médico. Y señalamos expresamente que cuando se recurre al Tribunal Constitucional para efectos de acreditarlas no es posible hacerlo fundado en un informe de carácter testimonial -alguien que escuchó, que vio-, sino que debe ser una situación mucho más seria. El consumo habitual o la adicción deben ser probados mediante un informe de carácter médico, entonces, con el objeto de buscar elementos que eviten la instrumentalización, con fines distintos o de carácter político, de las conductas que estamos sancionando.
Asimismo, en el caso de los parlamentarios no se estableció una acción de carácter popular, sino el mismo requisito que se debe cumplir, tratándose de proyectos inconstitucionales o de acciones en las causales de cesación en el cargo de parlamentarios, para recurrir al Tribunal Constitucional: la intervención de determinado número de Diputados o Senadores. Además, se tendió a evitar la mala utilización de un instrumento de esta naturaleza.
Finalmente, tampoco lo establecimos como una causal de inhabilidad para ejercer el cargo de autoridades elegidas popularmente, con el objeto de no correr el riesgo de un uso en las campañas electorales. Por ejemplo, sería muy fácil acusar a un candidato contrario de haber sido visto consumiendo drogas, con lo cual se generaría un tremendo problema de carácter político que lo llevaría a una instancia judicial. Para impedir que ello ocurra y prevenir la tentación de utilizarlo en tiempos de campaña, se dispone sólo como causal de cesación en el cargo.
Por lo tanto, se han tomado ciertas providencias para que la normativa apunte a una finalidad superior: evitar que las autoridades públicas dependan de redes o de personas vinculadas al narcotráfico; pero al mismo tiempo, previniendo el mal uso con efectos o instrumentos políticos que puedan desnaturalizar totalmente el objetivo perseguido por el precepto constitucional.
Respecto de los problemas de técnica legislativa planteados por el Senador señor Silva o el señor Ministro del Interior , si en el segundo informe podemos encontrar una fórmula mejor que la utilizada, bienvenida sea, para mantener una buena técnica constitucional.
Señor Presidente, el Senador señor Orpis me ha pedido una interrupción.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis, con la venia de la Mesa.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , no puedo dejar pasar parte de las argumentaciones del Senador señor Ávila .
En verdad, una estrategia contra las drogas debe tener distintas dimensiones: la represiva y la preventiva. Aquí estamos abordando uno de los aspectos, pero eso no significa renunciar al segundo de ellos, que es abordar el tema de la prevención para bajar los niveles de consumo.
Solamente quería hacer ese comentario de fondo. Pero, ya que mi Honorable colega hizo referencia a cosas "grotescas" -se lo quiero decir directamente-, una de las que más se pueden calificar como tales y que me tocó presenciar en el Parlamento en el último tiempo fue su presentación, con una mata de marihuana, del proyecto para legalizar el consumo de ese producto. Porque ello no es inofensivo ¡Su Señoría podrá engañar al Parlamento, pero a mí no!
Llevo diez años trabajando para que personas afectadas superen su dependencia de las drogas, entre las cuales se incluyen miles que sufren adicción a la marihuana. Porque hoy en día ésta no tiene nada que ver con la de treinta años atrás, dado que su nivel de tetrahidrocanabinol (THC) es cien veces superior, de modo que causa adicción y un serio daño físico. De tal manera que podrá engañar a mucha gente, pero a mí no.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , ¿tengo derecho a replicar?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Su Señoría podrá hacerlo al fundamentar su voto.
El señor ÁVILA.-
¿No ahora, cuando he sido aludido?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Sólo cuando el señor Senador funde su pronunciamiento.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , para poder comprender la reforma constitucional que trata en este momento la Sala -la que, por supuesto, está sujeta a crítica-, debe conocerse el origen y su causa; y algo se ha dicho al respecto.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia despachó un proyecto de ley sobre drogas, que en estos momento se encuentra en conocimiento de la de Hacienda. En él se establece para el funcionario público adicto a las drogas o consumidor de ellas la cesación en su cargo e incluso otro tipo de sanciones, siempre que hubiera tomado medidas de prevención o acciones tendientes a modificar su conducta.
Cuando se discutió el asunto, se concluyó que no podíamos aplicar sanción sólo al simple funcionario, mientras se dejaba libre a autoridades o a personeros con altos cargos que incurrieran en similar acción.
Estoy de acuerdo en que la técnica legislativa del proyecto no es la más adecuada; pero estudiamos la posibilidad de una norma más genérica. Aquí el Senador señor Chadwick , si mal no recuerdo, explicó que eso no resulta difícil, porque la normativa constitucional relativa a determinadas autoridades consigna reglamentaciones del todo diferentes. Por eso -a lo mejor en forma más bien táctica- se buscó hacer referencia a la totalidad de las autoridades y a altos funcionarios.
Desde el punto de vista constitucional, tiene razón el señor Ministro del Interior en cuanto a que sería conveniente buscar la normativa precisa, y ojalá con la participación de todos.
Coincido con los autores de la iniciativa en análisis -entre los cuales me cuento- en que es necesario legislar sobre adicción y consumo de drogas.
En este punto discrepo totalmente de la opinión del Senador señor Ávila , quien plantea una tesis que, según lo escuchado, apoyan algunos sectores muy liberales de la sociedad, como el Premio Nóbel señor Friedmann , el cual cree en la necesidad de liberar el consumo de drogas, porque, en opinión de ese economista, por esa vía podría controlarse mejor la adicción, en vez de restringirla.
No concuerdo con el Honorable señor Ávila en ese juicio. En mi concepto, debe regularse la situación y entrar a sancionar el consumo, así como al tráfico de la droga, previniendo la adicción y ayudando a recuperarse a quien ya ha adquirido el vicio.
No creo que sea impropio consignar en la Constitución lo sugerido, pues su artículo 57, relativo a las conductas inhabilitantes para ser Parlamentario -ellas son de diverso tipo-, demuestra que sería perfectamente lógico incorporar un precepto similar en cuanto a la adicción y consumo de drogas por parte de funcionarios públicos, y hacerlo extensivo a las autoridades. Habría que ver cómo hacer que la norma fuese más bien de tipo genérico.
Pero no podemos determinar aquí mecanismos de prevención para los servidores públicos sin rango constitucional ni sanciones para el adicto o el consumidor habitual, sin hacer lo mismo con el resto de las autoridades y los Parlamentarios. Eso no tiene presentación frente a la opinión pública ni ante nosotros mismos. Deberemos imponer normas equivalentes para unos y para otros: para quienes ejercen la función pública como simples funcionarios y para los que ejercemos autoridad emanada de normas constitucionales.
Por esas razones, señor Presidente , si se entiende la intencionalidad del proyecto y qué es lo que busca, perfectamente podremos aprobarlo en general. Pero debe volver a Comisión si la idea es establecer una norma relativa a aplicar inhabilidades por adicción o consumo habitual. Si no estamos de acuerdo en eso, entonces no legislemos, ni para nosotros ni para los demás; o sea, para nadie.
De ese modo, estimo perfectamente lógico aprobar en general la iniciativa y abocarnos en la Comisión a encontrar la mejor técnica legislativa, a fin de lograr su objetivo: la inhabilidad de ciertas autoridades que sean consumidoras habituales de drogas o adictas a ellas. Me parece razonable proceder de ese modo.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , después de haber informado el proyecto, quiero referirme a algunos antecedentes, para reflexionar sobre ellos y tomar algunas decisiones. Porque, con toda franqueza, debo decir que los legítimos argumentos de orden formal o de técnica legislativa entregados durante el debate no nos tienen que alejar del problema de fondo: determinar si el Senado tiene o no tiene coincidencia a lo menos en dos cosas.
En primer término, saber si la adicción hace perder la libertad a las personas para adoptar sus decisiones; si el consumo habitual, que es la vereda más próxima a la adicción, hace que una persona pierda parte importante de su voluntad y libertad en el momento de adoptar decisiones que son importantes para él y que resultan mucho más trascendentes cuando ellas afectan a terceros, como sucede en el caso de los funcionarios públicos y particularmente de quienes ejercen cargos de representación popular.
Mi experiencia, adquirida en los cinco años que llevo trabajando en esta materia, es que la adicción termina por destrozar la libertad de las personas. En la actualidad, es grande la cantidad de jóvenes que comenzaron inocentemente, fumando un pito de marihuana durante una fiesta en un fin de semana y que hoy día no hallan cómo salir del infierno de la enfermedad que es la adicción, la cual los ha hecho perder absolutamente su libertad y entregar el control de sus conciencias a quienes les venden las drogas, al punto de que una modalidad de venta de drogas en nuestro país es el "cinco por uno": "Joven adicto, quédese usted con un pito, con pasta base, con cocaína, con éxtasis, y venda cuatro". Han llegado a convertirse en los mejores comisionistas o "pilotos", como se los llama en la jerga del tráfico.
Si tenemos convencimiento de que la adicción es en sí misma un factor que inhibe a una persona para tomar sus decisiones más importantes en forma libre, pasemos al segundo aspecto del problema.
¿Creemos que un Ministro de la Corte Suprema , o un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, o un Senador, o un Diputado , o un Alcalde , puede ejercer su cargo y adoptar decisiones de interés público para el país, si es adicto, en circunstancias de que ha perdido su libertad para tomarlas? ¿Creemos que esa persona está habilitada para dictar un fallo, para legislar sobre cuanta materia pasa por el Parlamento, para actuar en una municipalidad, para ser miembro del Tribunal Constitucional? Sinceramente, señor Presidente , yo no creo que lo esté, no porque sea un delincuente común, sino, simplemente, por haber entrado en una etapa en donde no puede ejercer su cargo con garantías de mínima independencia.
Por otra parte, si una persona que ejerce un cargo importante, o que dicta sentencias, o que discute las leyes -como es el caso de un Comandante en Jefe, de un Senador, de un Diputado , de un Alcalde-, es adicta y ha perdido su voluntad, ¿puede ser manipulada el día de mañana por las organizaciones que le venden droga? ¡Obviamente!
En consecuencia, el proyecto no se refiere al consumo ocasional -circunstancia difícil de probar-, sino única y exclusivamente a quien, por ser adicto o consumidor habitual ¿ya mencionaré a quiénes se incorporan en esas categorías- no está habilitado para ejercer el cargo que ostenta. Pero, para precaver que el día de mañana esa persona pueda ser acusada infundadamente con un afán político, tomemos ciertos resguardos. Porque, sobre la base de testigos falsos, esto podría transformarse en un festival de denuncias.
¿Cuáles son las precauciones que hemos adoptado respecto de todas esas autoridades?
En primer lugar, la inhabilidad debe declararla el Tribunal Constitucional, a petición de autoridades responsables.
En segundo término, la adicción o el consumo habitual tendrán que probarse a través de informes y peritajes médicos que los acrediten de manera objetiva.
Por lo tanto, la Comisión hizo lo necesario para evitar que en períodos de confrontación política algunos deseen sacar de la escena a otros mediante el uso de testigos falsos, atribuyéndoles una conducta de esa naturaleza.
Entonces, si eso es así, las autoridades responsables pueden ejercer la acción, sin perjuicio, por supuesto, del derecho que corresponde a cualquier ciudadano ¿repito, a cualquier ciudadano- de denunciar a una autoridad que aparezca vinculada con el delito de narcotráfico, delito respecto del cual los Parlamentarios no tienen diferencia con el resto de los chilenos.
El señor VEGA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ESPINA.-
Por supuesto.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , si se habla de Ministros y de Comandantes en Jefe, el examen médico no puede ser cualquiera. Va a generar todo un conflicto de carácter público, y dejará bastante marcada a la autoridad, independientemente de si su resultado es positivo o negativo. ¿Cómo regirá el sistema? ¿Será público? ¿En qué momento se va a solicitar ese examen? Porque, como lo ha dicho Su Señoría, se trata de una enfermedad.
Gracias, señor Senador.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Hoy los miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos los Comandantes en Jefe, tienen una sanción muchísimo más drástica, consistente en pena de cárcel por cinco años. O sea, a los integrantes de los Institutos Armados no sólo se los destituye, sino que se los encarcela.
Cuando se establece un procedimiento para recurrir al Tribunal Constitucional respecto de la actuación de determinadas autoridades, sin duda que los antecedentes deben ser de tal envergadura que permitan afirmar que se está frente a una presunción grave, precisa y concordante, que amerita que cesen en sus cargos por esa razón.
En consecuencia, en mi opinión, el Senado debe pronunciarse sobre el fondo de la materia y no eludir más la cuestión.
En cuanto a la forma, la Comisión, por supuesto, está abierta a buscar el procedimiento que se estime más adecuados en el segundo informe. Podría ser tal vez un solo artículo. Nosotros hicimos esfuerzos inhumanos por establecerlo en un único precepto.
Invito a los señores Senadores a que realicen el mismo esfuerzo en el segundo informe, si el proyecto se aprueba, para ubicar el artículo en una sola parte, pero incluyendo a todas las autoridades indicadas, porque ¿insisto- las demás, como ha dicho el Honorable señor Andrés Zaldívar , están incorporadas en la Ley de Drogas y en las legislaciones orgánicas respectivas.
En seguida, quiero hacerme cargo de lo manifestado por el Honorable señor Ávila (quien, entre paréntesis, lo único que hace con sus descalificaciones es echar a perder sus propios argumentos).
Efectivamente, en el mundo de hoy, un sector de la sociedad sostiene lo que el señor Senador afirma, pero sin tanta histeria, con bastantes más argumentos y sin descalificaciones. Lo expresado por el Honorable señor Ávila equivaldría a aseverar por nuestra parte que él se ha transformado en el gran defensor de los narcotraficantes. Porque Su Señoría no tiene por qué suponer que quienes asumen una posición diferente son histéricos. Podrá señalar que no concuerda, pero, si el lenguaje es el anterior, entonces quiere decir que nosotros estamos entre los histéricos que no quieren que se consuma drogas, y nuestros detractores, entre los histéricos que defienden a las bandas de traficantes. No creo ni lo uno ni lo otro. Son argumentos que se discuten en la sociedad moderna, donde existen visiones distintas.
En mi convicción, estas normas son útiles y buenas, porque permiten objetivamente inhabilitar en el ejercicio del cargo a quienes han perdido su libertad y su voluntad para continuar ejerciéndolo y, sobre todo, evitan que el día de mañana las autoridades sean presionadas por bandas de delincuentes, distorsionando gravemente su libre querer.
Señor Presidente , respecto a cuántas autoridades consumen drogas -argumento que también se dio para saber si esta norma es útil o no lo es-, considero que tal pregunta resulta absurda. No es necesario que las autoridades consuman o no consuman drogas. Es una disposición de sanidad, de probidad y de buena administración decir que no puede ejercer el cargo una persona que ha perdido la voluntad, cuestión que será acreditada por peritajes médicos.
Pero quiero agregar algo más: el proyecto no contemplaba el consumo habitual. Fue el señor Ministro del Interior quien propuso este concepto. Lamento que no esté aquí en este momento. La iniciativa inicial consignaba nada más que a los dependientes. Sin embargo, dicho Secretario de Estado , en la sala donde se reúnen los Ministros, junto con el Subsecretario señor Jorge Correa y en presencia del Honorable señor Orpis , señaló que había que extender la norma a los consumidores habituales, lo que resulta bastante controvertido, pero que en definitiva tiene por objeto incorporar al consumidor permanente. Serán los reglamentos y las resoluciones los que fijen el rango específico. La Constitución ¿como bien sabe el Honorable señor Silva - no es una norma reglamentaria.
En conclusión, el proyecto está bien orientado y su idea es sensata. Apunta a que las personas que no estén capacitadas para adoptar decisiones libremente y que tengan la posibilidad de caer bajo la influencia de los narcotraficantes no ejerzan cargos de significación. Las normas propuestas contienen los resguardos necesarios para evitar abusos en el ejercicio de ellas.
Por otra parte, las indicaciones que se presenten para perfeccionar la técnica legislativa no nos pueden impedir pronunciarnos sobre el tema de fondo: legislar o no legislar sobre la materia. Dicha técnica ¿como todos saben-, puede ser corregida, porque es simplemente un aspecto de la tramitación de la ley que no afecta sus ideas matrices.
Por esas razones, insisto en la necesidad de votar el proyecto, con el objeto de que en el segundo informe se pueda acoger el ejercicio intelectual que objetivamente no hemos sabido resolver: contemplar las inhabilidades en forma genérica y en una sola norma, no en varias, lo que parece bastante más lógico.
Ése es el compromiso que asume la Comisión. Si los señores Senadores hacen llegar indicaciones en ese sentido, por supuesto que las vamos a acoger, como lo hemos hecho en cada proyecto cuando las sugerencias han sido de sentido común.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Quedan inscritos para intervenir tres señores Senadores, a los que deben sumarse los Honorables señores Valdés y Ávila . Este último ha solicitado la palabra en virtud de lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento, que otorga ese derecho cuando se haya efectuado una referencia que dañe el buen nombre de algunas de las personas señaladas en el artículo 109, o sea, Senadores, Diputados y Ministros. La Mesa considera que por lo menos en la última intervención el Senador señor Espina se ha dado esa circunstancia.
El señor ESPINA.-
No, señor Presidente.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Ha empleados ciertas expresiones, Honorable señor Espina . Las escuchamos aquí. Su Señoría afirmó -está en la Versión Taquigráfica- que el Senador señor Ávila ha reaccionado con histeria.
La Mesa ha consultado el sentido de la palabra "histeria" en el Diccionario.
El señor ESPINA .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Estoy hablando, señor Senador.
El señor ESPINA .-
Así lo entiendo, pero tengo derecho a solicitar la palabra.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Pero yo no se la he dado. Yo dirijo el debate.
El señor ESPINA.-
La pido reglamentariamente.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Se la voy a dar cuando corresponda.
¡A mí me corresponde interpretar el Reglamento, señor Senador!
El señor ESPINA .-
¡Y a mí, observarlo!
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Estoy fundamentando por qué en mi opinión el Honorable señor Ávila tiene derecho a usar de la prerrogativa que le da el artículo 114 del Reglamento.
El señor ESPINA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Quiero terminar mi fundamento.
Al decir que un señor Senador argumenta con histeria -término definido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como "enfermedad nerviosa, crónica," (que, además, tiene un componente machista) "más frecuente en la mujer que en el hombre"-, uno puede considerar que efectivamente se está afectando el buen nombre del Honorable señor Ávila .
Debo añadir que dicha Academia afecta el buen nombre de las mujeres, lo que no es mi culpa.
La señora FREI (doña Carmen).-
¡Entonces, no lea esa parte!
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Ésa no es responsabilidad de la Mesa.
El señor ESPINA.-
Pido la palabra, señor Presidente . Su Señoría dijo que me la iba a dar cuando terminara de hablar. Quiero simplemente hacer una precisión.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
No, señor Senador. Ya terminó su discurso.
El señor ESPINA.-
Estoy planteando un asunto reglamentario. Los Senadores tenemos derecho a pedir la palabra y a hacer observaciones al Reglamento. Me parece que ése es un derecho básico.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Se la concederé al final, cuando hayan intervenido todos los señores Senadores que se inscribieron.
El señor ESPINA.-
Es que entonces no tiene sentido, señor Presidente . Porque Su Señoría me ha atribuido algo falso, lo que considero incorrecto.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Si el señor Senador tiene algún problema con la interpretación de la Mesa, lo puede hacer valer después de que hablen los oradores inscritos.
El señor ESPINA.-
Reitero que entonces no tiene sentido, señor Presidente.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Si el señor Presidente no tiene inconveniente, otorgo una interrupción al Senador señor Espina.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Reglamentariamente no puedo impedírselo, señora Senadora.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en treinta segundos quiero decir que la interpretación que Su Señoría ha dado es exactamente la contraria: el que señaló que quienes presentamos la moción éramos histéricos e ignorantes. ..
El señor ÁVILA .-
Yo no dije eso.
El señor ESPINA.-
fue el Senador señor Ávila . Y nosotros sostuvimos que si el Honorable colega nos atribuía esa conducta, era lo mismo que si por nuestra parte le asignáramos a él lo que dijimos.
En todo caso, no me opongo a que Su Señoría haga uso de la palabra cuantas veces quiera. Pero no nos adjudique, señor Presidente , como pretexto para concedérsela, cosas que no hemos dicho.
Muchas gracias por la interrupción, Honorable señora Matthei .
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
No doy opiniones sobre el diálogo; no me corresponde, señor Senador. Solamente interpreto y aplico el Reglamento.
La señora MATTHEI .-
¡Está corriendo mi tiempo, señor Presidente!
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
El artículo 114 alude al hecho de que un Senador se refiera de manera directa y nombre a otro Parlamentario. Y he interpretado en ese sentido, apegado estrictamente a la letra, dicha disposición reglamentaria.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en primer lugar, hemos señalado varias veces acá que el consumo de drogas tiene dimensiones distintas: una privada, donde puede causar problemas de actitudes, cambios de carácter, daños cardiovasculares y de toda índole, y además alterar la conducta de la persona, lo que puede ser algo grave si ella debe tomar una decisión.
También tiene una dimensión pública, que no proviene del consumo propiamente tal, sino del hecho de que la venta de drogas es ilegal. En verdad, cada vez que se prohíbe la comercialización de alguna sustancia de este tipo, de inmediato se genera el mercado clandestino. La experiencia ha demostrado que, generalmente, el producir ganancias extraordinarias, por el riesgo de que el vendedor sea aprehendido, trae consigo la corrupción, que de modo esencial se traduce en comprar protección para no ser sorprendido, condenado o encarcelado. Y trae aparejada, además, la violencia, la guerra entre mafias que tratan de controlar los circuitos de venta de drogas.
En estricto rigor, ambas dimensiones generan problemas cuando es una autoridad la que consume drogas. Porque, si efectivamente éstas alteran la conciencia o la actitud de las personas, ello puede acarrear consecuencias graves para quienes deben tomar decisiones. Pero mucho peor es el hecho de estar, de alguna manera, sujeto a la presión de las mafias para comprar protección o para ganar territorios donde se venden estupefacientes.
Coincido con el Senador señor Ávila en cuanto a que la prohibición ocasiona dificultades a veces mucho más graves que el consumo. Eso es algo real. La prohibición agrava aún más los efectos que el consumo y, sobre todo, la venta de drogas tienen para la sociedad. Esto se vio en los Estados Unidos con la prohibición del alcohol; lo hemos observado, también, en algunos países de Europa que han liberalizado la venta de sustancias psicotrópicas.
Desgraciadamente, ésta es una discusión muy difícil de llevar a cabo en forma tranquila y racional en la población. Cuando alguien propone que mejor se liberalice la venta de ciertas drogas, inmediatamente todo el mundo supone que el proponente es drogadicto, que tiene todo tipo de conexiones con la mafia; en fin, es una discusión imposible de realizar.
En lo concreto, en Chile está prohibido el tráfico de drogas. Y ya estamos viendo la violencia y la acción de las mafias. Es cosa de recordar, por ejemplo, los secuestros de personas ligadas al comercio ilegal y los asesinatos que ha habido para darnos cuenta de que ese problema ya está presente en nuestro país. Y también el de la corrupción.
Dicho lo anterior, creo que, en las actuales circunstancias, es obvio que una autoridad que consume drogas no puede ejercer como tal. Y estoy absolutamente a favor de la idea de legislar en esta materia.
Me preocupa, sí, el hecho de que la iniciativa aluda al consumo habitual. En primer lugar, ¿cómo se va a probar eso? ¿Alguien va a pedir a un Parlamentario que graciosamente done pelo para hacerle el test? ¿Así va a ser? ¿Y qué pasa si dice que no? ¿O vamos a estar al acecho y averiguar a qué peluquería van los señores Diputados y Senadores para ver si podemos robar un poco de pelo? Y, en ese caso, ¿cómo vamos a probar que pertenece a un Diputado o a un Senador determinado? No tengo certeza de cómo se va a realizar. ¿Será obligatorio o por favor? No me queda claro. Y si no queda claro, ¡esto no sirve para nada!
En segundo lugar, creo que debiera establecerse un control aleatorio y permanente a todas las personas que ejercen ese tipo de cargos -así fue, por ejemplo, como la policía de Nueva York pudo terminar con la corrupción que había en sus filas: con test de pelo aleatorios, sorpresivos y obligatorios-. Si a alguien le sale positivo, ¡para afuera!; y si se niega a hacérselo, ¡para afuera también! Es la única forma en que puede resultar. De otra manera, todo esto va a ser pura música y nunca se va a aplicar.
Por otro lado, señor Presidente , la habitualidad no es fácil de probar. Así, cuando a alguien le salga positivo el test, empezará una discusión bizantina acerca de si es consumidor habitual o no. Y se va a debatir si por habitual se entiende una vez cada diez días, a diario o una vez al mes. ¡Eso no sirve para nada!
Por lo tanto, creo que la palabra "habitual" tiene que salir del texto.
En cuanto a que a alguien le "planten" algo en un trago, o algo así, para que al día siguiente el test le salga positivo, ¡es una estupidez, señor Presidente ! En realidad, un examen de sangre o de orina puede salir positivo y demuestra lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Pero para que uno de pelo salga positivo el sujeto tiene que haber consumido droga varias veces. Esta última prueba no demuestra si hay habitualidad o no. Es, simplemente, positiva o negativa; pero ¿repito- no demuestra habitualidad.
En consecuencia, señor Presidente , estando de acuerdo con la idea de legislar, creo que se debe eliminar la palabra "habitual" y, por supuesto, precavernos de que no se exija un simple test de sangre o de orina, los cuales, como decía, pueden ser fácilmente alterados. No ocurre lo mismo con el de pelo, pues si sale positivo es porque la persona ha consumido droga varias veces. Además, tiene que ser obligatorio, aleatorio y cada cierto tiempo; de otra manera, ¡tampoco servirá de nada!
Con esas prevenciones, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar, y reitero que el proyecto tal cual está ¡no sirve para nada!
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , sólo deseo hacer un par de reflexiones que me merece esta iniciativa, que modifica nada menos que nuestra Constitución.
Es evidente que hay una muy buena y loable intención de parte de los autores de la moción. No tengo ningún reparo desde ese punto de vista. Y me parece totalmente legítimo que, no uno, sino varios señores Senadores se hayan preocupado en particular de este tema, que a todos nos aflige.
Sabemos perfectamente lo que ocurre en las Regiones que representamos. Sabemos lo que sucede en nuestra juventud. Sabemos todo lo que está pasando, y es muy inquietante.
Una primera observación al proyecto en comento es que sería conveniente que el Senado conociera con mayor exactitud lo que ocurre en las altas esferas de las autoridades públicas. Cuando me dicen: "Mire, no tengo la menor duda de que en Chile las autoridades públicas, en general las nominadas expresamente en la Constitución Política de la República, son personas de alta probidad". Coincido en ello. Pero me gustaría saber si hay alguna investigación seria que haya determinado exactamente que corremos peligro de que la droga, los narcotraficantes y las mafias irrumpan entre las más altas autoridades de nuestro Estado. Porque ahí hay un segundo problema: si aquello existiera, querría decir que ninguna de las instituciones expresamente nombradas en la iniciativa tiene capacidad de control interno.
Dudo que en nuestras Fuerzas Armadas no exista algún tipo de control para determinar si un teniente, un capitán, un coronel, en fin, son consumidores potenciales o habituales, sobre todo porque se trata de instituciones relativamente cerradas, en las que se conoce todo el mundo.
Entonces, si hay quien ha llegado a ser general, almirante o comandante en jefe del Ejército, que cumplió prácticamente todas las etapas que se requieren para ostentar tan alta autoridad, pregunto: ¿acaso la institución respectiva careció de la capacidad necesaria para investigar la vida íntima de oficiales que durante tanto tiempo ocuparon cargos fundamentales en ella?
Y lo mismo cabe señalar en el caso del Poder Judicial. Si queremos que absolutamente ningún juez adicto a las drogas llegue a ocupar un cargo importante en una Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema, debiéramos incorporar normas que permitan la existencia de cierto camino tendiente a impedir que por motivo alguno tales personas asciendan en el correspondiente escalafón.
Por lo tanto, creo que estamos frente a un tema no menor. Porque si vamos a empezar a establecer controles en cada paso que esas personas deben superar para ascender, nos entrometeremos en algo muy delicado como lo es su individualidad, su intimidad, su libertad personal. Y nos veremos en la necesidad de contar con una suerte de contraloría de la vida privada de cada uno de ellos.
Puede que no sea así, pero me preocupa que en esas instituciones se establezcan reglamentos de tal naturaleza, o normas de tal carácter, que prácticamente en cada una de las escalas que los funcionarios deben cumplir para ascender sea necesario crear una especie de contraloría para saber si alguien es consumidor habitual o potencialmente adicto para, más adelante, acceder a la droga y seguir un camino que, como es natural, todos reprobamos.
En segundo lugar, aun cuando aquí se ha dicho que se han tomado precauciones para que este tipo de disposiciones en ningún caso enlode o desprestigie a quienes desempeñan cargos públicos, abrigo ciertos temores al respecto. Debemos recordar que los Parlamentarios vivimos momentos particularmente amargos ante la imputación, y nada menos que por parte de un ex Ministro de Estado , de que se consumía droga en el Congreso Nacional. Fue el señor Francisco Javier Cuadra , para decirlo con nombres y apellido.
Me pregunto si efectivamente eso ocurrió. Todo indica que al parecer no fue así o, por lo menos, no fue comprobado.
La señora MATTHEI.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador ?
El señor NÚÑEZ.-
Con mucho gusto.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , no sé si el señor Senador que estaba haciendo uso de la palabra -y que gentilmente me ha concedido una interrupción- sabe que por ese caso hay personas condenadas y se comprobó que dentro del edificio del Congreso se comercializaron más de dos mil dosis de cocaína. Eso es así. Hay constancia de ello en los tribunales y personas condenadas. Lo que sucede es que el Ministerio del Interior, en ese entonces, dio aviso a las autoridades, a la Mesa de la Cámara de Diputados, de que los miembros de esa rama legislativa estaban siendo objeto de una investigación. Por eso, probablemente, cayeron sólo secretarias y juniors. Pero ningún Parlamentario, tal vez porque se les avisó de antemano.
Gracias.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , mi preocupación apunta a que aprendamos de la experiencia. Es muy fácil enlodar a un alcalde o a un Parlamentario, y por eso permanentemente son víctimas de juicios descalificatorios de su gestión pública.
Si a un Senador o Diputado , en su Región o en otro lugar del país, se le sindica como posible consumidor, no quepa la menor duda de que en el 80 por ciento de la opinión pública quedará la impresión ¿pese a que aquello no sea cierto; a que él no haya tenido el menor acceso a la droga, aunque se trate de sustancias blandas- de que eso es efectivo. Es decir, quedará marcado y, en cierto modo, sometido al juicio de la gente.
Considero, en consecuencia, que la ley debe ser muy clara al respecto.
Tocante al caso mencionado por la Honorable señora Matthei , recuerdo muy bien que, aun cuando únicamente secretarias y juniors terminaron enjuiciados, lo cierto es que ya nadie se acuerda de sus nombres; pero sí de los de determinados señores Senadores y Diputados, quienes, obviamente, tuvieron que someterse al examen de pelo y se les vio caminar hacia las clínicas con ese objeto, lo cual considero lamentable. Lo digo porque aquellos que en su momento hicieron la denuncia nunca comprobaron que, por lo menos esos Senadores y Diputados, hubiesen consumido droga.
Por lo tanto, quiero expresar a la Senadora señora Matthei que debemos prevenir que eso no vuelva a acontecer. Es preciso buscar caminos para que una ley de este tipo no se utilice jamás para desprestigiar injustamente a las autoridades públicas. Porque, como dije, eso es muy fácil. Por ejemplo, en los municipios, sin necesidad de recurrir al médico ni a los mecanismos consignados en el mismo proyecto de ley en debate, se puede desprestigiar a un alcalde afirmando que es consumidor de drogas. Y si esto sucede pocos días antes de una elección, por supuesto que la va a perder. Por consiguiente, nos encontramos con sistemas absolutamente ilícitos e inmorales para descalificar a un contrincante político.
Me preocupa esa clase de situaciones.
Por último, plantearé la tercera observación.
Entiendo que la Constitución Política de la República protege la vida íntima y personal de todos los ciudadanos, cumplan o no tareas en la Administración Pública. Si en verdad estamos legislando sobre una materia que afecta primordialmente la libertad o la intimidad de las personas que, como nosotros, ocupan un cargo público, no veo ninguna razón para que, sobre la base de este mismo hecho, no lo hagamos también con relación a otras autoridades que no necesariamente pertenecen al área del Estado. ¿Por qué no respecto del director de un periódico, quien cumple una labor pública a veces mucho más importante que la nuestra? ¿O de un sacerdote, que realiza tareas tan relevantes en la sociedad? Es cierto que no se les menciona en la Carta Fundamental. Pero me preocupa que, si ésta protege la intimidad de las personas, se establezca que ello no corresponde cuando desempeñan una función pública, excluyendo a quienes llevan a cabo actividades privadas que también tienen efecto en el ámbito público.
Por lo tanto, me gustaría que pudiéramos reflexionar al respecto durante la discusión que haremos en el segundo informe, la que tendrá lugar una vez que presentemos las indicaciones respectivas.
Anuncio que apoyaré la iniciativa. Por eso he señalado expresamente mis observaciones más de fondo.
He dicho.
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El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Antes de conceder la palabra al próximo orador, quiero pedir el acuerdo de la Sala para que cuando llegue el proyecto sobre reajuste del ingreso mínimo mensual, que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", lo remitamos a la Comisión de Hacienda, a fin de que ésta lo despache entre hoy y mañana en la mañana y podamos tratarlo en la sesión ordinaria de la tarde.
--Así se acuerda.
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El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Advierto que faltan 17 minutos para el término del Orden del Día y restan dos señores Senadores inscritos. Si éstos no concluyeren sus intervenciones antes de las 18:29, tendríamos que dejar la votación de la presente iniciativa para la próxima sesión. Y teniendo en cuenta que quedaría en cuarto lugar de la tabla, será difícil alcanzar a despacharlo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , en mi intervención afirmé que el Presidente de la República y otras autoridades no estaban considerados en la iniciativa. Se me informó que sólo se hallaba excluido el Primer Mandatario. Sin embargo, después de leer varias veces la moción me he percatado de que al menos los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y los miembros del Consejo del Banco Central tampoco se encuentran incluidos. Ignoro si será una omisión o se habrá hecho algún cambio en el texto. ¿Cuál es el sentido de esto?
La señora MATTHEI.-
Lo relativo al Banco Central figura en su Ley Orgánica.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Como expresa la Senadora señora Matthei , seguramente los miembros del Consejo del Banco Central, la composición de éste y todo lo demás figura en la respectiva Ley Orgánica. Habría que modificar ésta o la Constitución.
Respecto de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, que figuran en la Carta Fundamental, todavía no entiendo por qué se los dejó fuera de la normativa.
El señor GAZMURI .-
Excúsenme, pero esta discusión es más propia de Comisión. Ahora debemos decidir si vamos a despachar en general el proyecto.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , quiero plantear una moción de orden.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tan pronto termine de exponer mi idea, señora Senadora .
Propongo que, si los Senadores señores Parra y Ávila están de acuerdo, como lo hacemos otras veces, iniciemos la votación con Sus Señorías, quienes pueden disponer de los cinco minutos reglamentarios...
No hay acuerdo.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Me permite plantear una moción de orden, señor Presidente?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Sí, Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Podría la Mesa abrir la votación?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
No existió acuerdo para iniciar la votación, señora Senadora.
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , ante todo, insisto en la sugerencia que hizo el Senador señor Silva en su intervención: que el proyecto vuelva a la Comisión para un nuevo primer informe.
Debo recordar que ese procedimiento tiene precedente. Con motivo de la discusión de la reforma del artículo 19, Nº 16º, de la Constitución en materia de ética profesional y de atribuciones de los colegios profesionales, la Sala compartió un diagnóstico acerca de la gravedad de la situación presente y manifestó dudas respecto a la calidad de la solución sugerida. Entonces, a proposición del Honorable señor Espina , se acordó que la iniciativa volviera a la consideración de la Comisión para un nuevo primer informe.
Aquí estamos frente a una situación similar. En general, no hay diferencias de criterios en cuanto al diagnóstico de lo que significan, como amenaza para la sociedad y para el buen funcionamiento de las instituciones públicas, el eventual consumo de drogas y la adicción a ellas por parte de alguna alta autoridad pública. Sin embargo, no existe un criterio compartido sobre la calidad de la solución que se nos propuso.
Señor Presidente , si esa indicación del Senador señor Silva no prospera, me veré en la necesidad de votar en contra del proyecto. Y fundamentaré brevemente las razones que me llevan a adoptar esa actitud.
En primer lugar, lo hago por una cuestión de oportunidad. La rapidez con que la Comisión acogió la moción -de autoría de sus propios integrantes- y la trajo a la Sala contrasta desde luego con el trámite que han tenido en general en este Senado las iniciativas de reforma constitucional.
Además, el proyecto que nos ocupa se superpone con otros del mismo carácter que se hallan en trámite, acentuando los defectos de técnica legislativa a que ello conduce.
La extraordinaria celeridad con que se actúa en este caso podría sugerir que estamos ante una crisis en la materia, lo que, como muy bien dijo el Honorable señor Núñez , ostensiblemente no corresponde a ninguna realidad.
Hoy, quienes ejercen la función pública son frecuentemente denostados, cuestionados, vilipendiados. No agreguemos a ese tratamiento una razón más mediante esta rapidez en despachar un proyecto de reforma constitucional que, en forma notoria, no tiene ninguna urgencia entre nosotros. No conozco autoridad pública alguna que haya sido objeto de una denuncia o de un cuestionamiento por la causal que se procura consagrar.
Por eso mismo, me parece que dar urgencia extrema al despacho de esta reforma induce a error.
En segundo término, por las razones de forma que aquí se han hecho presentes, estimo que el proyecto está mal estructurado desde el punto de vista de la técnica legislativa y lleva al texto constitucional a un punto de extensión, de repetición, incongruente con la naturaleza de la norma fundamental.
Sus Señorías recordarán que esta Sala ya aprobó un nuevo texto para el artículo 8º de la Carta. No ha podido pasar a segundo trámite constitucional porque otras reformas contenidas en el proyecto respectivo todavía esperan el milagro de un consenso. Y es muy fácil, desarrollando ese mismo artículo 8º, alcanzar una norma de carácter general que sustituya la multiplicidad de preceptos que aquí se sugieren.
En tercer lugar, estimo que a través de esta iniciativa no se trata de proteger, por cierto, a quienes ejercen cargos públicos de gran relevancia, sino a la sociedad, mediante el ejercicio de las funciones públicas que ella encomienda.
Señor Presidente , yo desearía que el mismo celo que se pone en esta materia se colocara en otros aspectos que amenazan por igual la independencia de quienes ejercen funciones públicas y la consagración única y exclusiva al bien común, como corresponde a la naturaleza de éstas.
Empero, estamos discutiendo en estos días el proyecto que sanciona a quienes infringen las normas de la ley sobre límite del gasto electoral. Tal vez, como en otras legislaciones del mundo -por ejemplo, la de Francia-, a los que burlan esos límites se les debiera inhabilitar para el ejercicio de las funciones. No se teme que ellos caigan presos del poder económico y pierdan independencia para el desempeño de ellas. Y se nos reclama, en cambio, despachar ahora, ¡ya!, la propuesta que, con los defectos formales que he anotado, se ha sometido esta tarde a la consideración de la Sala.
Me parece muy peligroso, principalmente, el procedimiento consignado en la letra d) del Nº 6 del artículo único sugerido. El entregar a la competencia del Tribunal Constitucional el conocimiento de estas materias a requerimiento de 10 Parlamentarios en ejercicio -ya no de 10 Diputados o de 10 Senadores- tal vez se preste para un mal manejo político de esta facultad que a la larga puede terminar debilitando las instituciones.
Deseamos enaltecer la función pública, fortalecer las instituciones políticas y no generar normas que el día de mañana, a través de un ejercicio abusivo de ellas, puedan comprometer incluso la estabilidad de la democracia y la estabilidad institucional del país.
Por eso, porque entiendo el propósito que anima a los autores de la moción, pido que el proyecto vuelva a la Comisión para un nuevo primer informe. Y comprometo mi colaboración para tratar de buscar una alternativa más adecuada que la que ahora se nos plantea.
Si se insiste en someterla a votación esta tarde, anuncio que me pronunciaré en contra, por las razones señaladas.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , en los pocos minutos de que dispongo, quiero fundamentar mi posición sobre una materia que ha sido bien discutida y que es muy oportuno considerar.
Es bueno anticiparse a cualquier situación que pueda ocurrir con respecto a las autoridades del país. Y pienso que la iniciativa tiene diversas aristas y muchas conclusiones difíciles de sostener.
Votaré a favor, pero con muchas dudas sobre la forma como se ha elaborado el proyecto. Entiendo que sus autores y la Comisión técnica tuvieron muchas dificultades para determinar hasta qué punto puede o no ser útil o necesario nombrar personas.
Por ejemplo, me preocupa cuando se menciona al Contralor General de la República . ¿Y si éste se halla enfermo y hace de tal el Subcontralor?
Entonces, eso de nombrar personas es extremadamente delicado.
Por otra parte, me hace mucha fuerza el argumento del Ministro del Interior , don José Miguel Insulza , en cuanto a que aquí se está perforando la Constitución en muchas partes.
Señor Presidente, creo que podemos llegar muy lejos por el camino de convertir el Texto Fundamental en ley, y de ley, en reglamento. Porque de pronto se va a castigar en la Carta, por ejemplo, a los conductores de automóviles que, a exceso de velocidad y borrachos, cometan el delito de atropello.
Hay que dejar el Texto Fundamental transparente, tranquilo, como principio.
Me gusta mucho más la Constitución de Estados Unidos que este tipo de Cartas tan casuísticas, que obligan a una revisión permanente.
Ahora bien, la materia que nos ocupa es urgente. Me parece bueno establecer una normativa al respecto, pero precaviendo la posibilidad mencionada acá, fundamentalmente por el Senador señor Núñez , en el sentido de que puede darse a esa arma un uso político de extrema gravedad.
Se mencionó aquí la acusación que el Senado recibió de parte de un señor que hoy día ocupa la rectoría de una universidad, cosa que no me preocupa en lo personal, pero que, estimo, debe ser considerada. Yo era Presidente de la Cámara Alta en aquella ocasión, y él públicamente acusó a Senadores de consumo de droga. Por acuerdo de los Comités, fui encargado de interponer una acción penal. Se contrató a uno de los mejores abogados de Santiago, especialista en la materia, y aquella persona fue condenada en primera instancia por la Corte de Apelaciones;...
La señora MATTHEI .-
No.
El señor VALDÉS .-
...pasó días en la cárcel, y al final, como era un delito excarcelable, quedó libre en atención a su buena conducta anterior. Pero la condena se estableció.
Lo anterior implica que, cuando alguien formula una acusación y el hecho imputado no es verídico, debe pagar tan caro como lo haría el que cometiera un delito similar al denunciado.
Creo que defenderse de las acusaciones de consumo de drogas y de otras imputaciones que flotan en el aire es tan relevante como la respetabilidad de las instituciones y las personas.
Aquí se castiga mucho, pero no a quienes acusan sin razón, sin base. Me parece que ha llegado el momento de la defensa para las personas, la honorabilidad, la claridad y la decencia, más allá de lo que hoy día existe. Hay que equilibrar la situación.
Por consiguiente, votaré a favor, pero en el ánimo de que en la Comisión se corrijan todas las situaciones observadas en la Sala.
He dicho.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, no sé si en la Sala existe disposición para acoger el planteamiento del Honorable señor Parra -y con eso cerramos el debate- en el sentido de no votar ahora y enviar el proyecto a la Comisión para un nuevo primer informe, dado que ha habido opinión muy mayoritaria en el sentido de que, existiendo cierto acuerdo en principio sobre la normativa, hay bastantes observaciones que permitirían mejorarla.
Si le pareciera a la Sala, procederíamos de ese modo.
--Así se acuerda.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila para vindicarse.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , en esta taza de leche consensual en que se ha convertido el Senado, las epidermis se vuelven muy delicadas. Yo simplemente defiendo con ardor un punto de vista que me parece del todo legítimo y que se encuentra avalado por múltiples experiencias, por lo demás dramáticas, que ocurren cada día.
De otra parte, quiero hacer presente que por deferencia no usé de la palabra en el momento oportuno. Para ejercer mi derecho, preferí esperar a que los señores Senadores inscritos intervinieran.
Pero nunca es tarde.
Y tampoco se trata de vindicarme. Yo no necesito diez minutos ni ningún tiempo para hacerlo: estoy vindicado antes de hablar.
El señor COLOMA .-
Entonces no puede hablar.
El señor ÁVILA.-
El Senador señor Orpis , en primer lugar, señaló como un acto grosero...
El señor ORPIS .-
Grotesco.
El señor ÁVILA.-
...o grotesco de mi parte el que yo hubiera presentado el proyecto sobre despenalización del autocultivo de marihuana.
Por lo tanto, después de eso, el primer consejo que surge para ese señor Senador es que para refutar con solvencia es muy bueno informarse bien antes.
Es distinto un proyecto para legalizar la marihuana que este otro, que despenaliza el autocultivo.
Y eso tiene un sentido muy preciso. Constituye una modalidad de lucha contra el narcotráfico. Se trata de restarle al menos una porción de su mercado cautivo y, por lo tanto, de inferir un daño económico a quienes lucran en cantidades gigantescas con el hábito o vicio de muchos chilenos y chilenas.
Para su conocimiento, puedo decir al Senador señor Orpis que la marihuana casera -por llamarla de alguna forma-, la tradicional, tiene 1 por ciento de THC. En cambio, la importada, ésa que hoy están obligados a consumir los jóvenes en las poblaciones -con el agravante de que los más pobres fuman un estiércol químico de efectos letales que incluso contiene líquido de frenos-, debido a la manipulación genética, ha incrementado su porcentaje de THC en niveles extraordinariamente altos, que alcanzan el 30 a 40 por ciento.
El señor ORPIS .-
¡Pero cómo va a asegurar que tiene 1 por ciento!
El señor ÁVILA.-
Diríjase a la Mesa. No sólo respete cuando está presidiendo el Senador señor Larraín . Ahora se encuentra el Honorable señor Gazmuri , quien merece la misma consideración de su parte.
Luego, el Senador señor Espina.
No fue el término "histeria" el que, supuestamente y en su concepto, dañó mi dignidad. En realidad, nada de lo que él diga daña mi dignidad.
Ocurre que, de manera no directa sino elíptica, pretendió hacer creer que, con la posición que sustento, yo estaría favoreciendo al narcotráfico. Él empleó la expresión "defensor del narcotráfico".
Quizás sea una deformación conceptual, por esa curiosa figura que inventó de una fiscalía fáctica antidrogas, que sólo se ha convertido en una especie de centro de difusión de ciertos delitos en las poblaciones. Algo así como relacionador público de la policía.
Entonces, curiosamente, habla en esos términos y critica, con un lenguaje inconducente, a quien postula una política que precisamente pretende desbaratar por completo las mafias que hoy asuelan las poblaciones.
No son los consumidores quienes ponen en riesgo la seguridad pública.
Todos los días las noticias nos informan que niños inocentes o personas que transitaban por la calle fueron abatidos por balas de sicarios que luchan a favor de sus respectivas mafias para defender o apoderarse de territorios.
Entonces, la lacra social no es el consumo, sino el narcotráfico. Y los que ayudan a la proliferación y fortalecimiento de los grupos criminales que manejan este lucrativo negocio son precisamente los prohibicionistas que todos los días urden medidas punitivas. Y hoy alcanzan el cénit de la incongruencia con la pretensión de manchar el Texto Constitucional con un tema propio de una ley común, convirtiéndolo en un código penal paralelo. Y eso es un absurdo.
Por tanto, me opondré tenazmente a esta iniciativa, aunque, por lo que veo, el mío sea el único voto contrario.
Es tan poderosa la fuerza de los prejuicios que, en mi opinión, ella se ve simbolizada en las últimas palabras de la intervención de la Honorable señora Matthei . Dijo literalmente: "Voto a favor de un proyecto que no sirve para nada". He ahí cómo, sencillamente por la fuerza de los prejuicios, se llega a una votación
La señora MATTHEI .-
¿Me permite una interrupción?
El señor ÁVILA.-
¿en virtud de la cual se dirime la suerte de una reforma constitucional?
La señora MATTHEI .-
Pido la palabra,...
El señor ÁVILA.-
No voy a permitir que ahora me interrumpa, señora Senadora .
La señora MATTHEI .-
...pues he sido directamente aludida.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Podrá hacerlo después.
El señor ÁVILA.-
¡Por favor! No lesiona la dignidad de nadie señalarle la profunda contradicción en que incurre con las expresiones finales de su discurso y que retratan una realidad palmaria y evidente para todos.
La señora MATTHEI .-
No retratan nada.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Restan 22 segundos al Senador señor Ávila .
El señor ÁVILA.-
Por último, señor Presidente , lo que me parece más absurdo es que con esta reforma constitucional se pretende "proteger" a las máximas autoridades del Estado. A quienes lo afirman, yo les diría que no las protejan tanto, porque terminarán ahogándolas en su dignidad.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
A continuación, el señor Secretario dará cuenta de un proyecto de acuerdo que ha llegado a la Mesa.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor presidente?
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , solamente quiero señalar que para otra vez ojalá el Honorable señor Ávila sea un poquito más serio con lo que afirma.
Cuando anuncié que iba a votar a favor de la iniciativa, también señalé mi esperanza de que efectivamente el texto se corrija durante la discusión particular, cosa usual en el Senado.
Por lo tanto, votar a favor de la idea de legislar y, sin embargo, manifestar mi insatisfacción por las disposiciones en particular no es ninguna rareza.
Si el Senador señor Ávila tuviese un poquito más de aplicación en su trabajo en esta Corporación se habría dado cuenta de que la actitud que tomé es bastante habitual.
Gracias, señor Presidente.
El señor RUIZ -ESQUIDE.-
Señor Presidente, pido la palabra por treinta segundos para solicitar una autorización.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Puede hacer su petición después del señor Secretario .
APOYO A GRECIA PARA RECUPERACIÓN DE MÁRMOLES DEL PARTENÓN. PROYECTO DE ACUERDO
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo suscrito por los Senadores señoras Frei (doña Carmen) y Matthei, y señores Valdés, Núñez, Muñoz Barra, Horvath, Espina, Gazmuri, Martínez, Vega, Chadwick, Stange, Cordero, Zurita, Parra, Canessa, Coloma, Foxley, Fernández, Ruiz-Esquide, Silva y Flores, con el objeto de apoyar el reclamo del Gobierno de Grecia para recuperar los mármoles del Partenón que actualmente se encuentran en el Museo Británico en Londres.(Boletín N° 746-12).
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de mañana.
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El señor COLOMA.-
Señor Presidente , en nombre de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales deseo que recabe el acuerdo unánime de la Sala para ampliar hasta mañana, a las 12, el plazo para presentar indicaciones -las hay del Ejecutivo y de Parlamentarios- al proyecto sobre bosque nativo, cuya tramitación ha sido extensa. De esta manera podríamos despacharlo mañana.
--Se accede.
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El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , solicito autorización para que la Comisión de Salud pueda sesionar en forma paralela a la Sala a contar de unos minutos más.
--Se autoriza.
El señor GAZMURI (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Educación , referente a GIMNASIO TECHADO PARA LICEO RURAL LAS QUEMAS, DE PUERTO MONTT (reiteración de oficio).
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , acerca de ATRASO EN ENTREGA DE VIVIENDAS SOCIALES EN LOCALIDAD DE LA PASADA, COMUNA DE MAULLÍN (Décima Región).
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El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
No lo ocupará.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
REVISIÓN DE QUEBRADAS ANTE PELIGRO DE AVALANCHAS EN VILLORRIOS ALEDAÑOS A VICUÑA Y PAIHUANO. REITERACIÓN DE OFICIO
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , hace algún tiempo hablé en este Hemiciclo acerca de la avalancha que afectó a la comuna de Vicuña en el valle de Elqui y que en forma milagrosa no causó muertos. En algunos sectores el barro superó dos metros y medio de altura, de tal manera que perfectamente pudo haberse lamentado muchas víctimas como ha ocurrido en situaciones similares en Colombia o en otras partes.
En esa ocasión, también sostuve que eran muchas las quebradas peligrosas para los villorrios aledaños, porque los cerros que los rodean han sido intervenidos: se han plantado viñedos y, aparentemente, retirado piedras que se lanzan en las quebradas, taponándolas, generando la posibilidad de avalanchas.
En esa oportunidad, solicité a la Oficina Nacional de Emergencia la revisión de terrenos similares más allá del sector Diaguitas -donde el problema ya se registró- para verificar si en el futuro otros villorrios podrían correr riesgos.
Hoy he recibido un oficio de parte del señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia , don Arturo Maturana , en que parece no haber entendido el problema: me señala que la ONEMI ya actuó y ayudó a la gente afectada por la avalancha ocurrida en Diaguitas, pero no responde acerca de la preocupación principal, cual es cómo verificar que no vuelva a suceder un hecho de esa naturaleza en otros villorrios y quebradas.
Yo pedí que la ONEMI o el organismo que se designara revisara las quebradas y viera si efectivamente se encuentran taponadas, como temen los lugareños, con piedras u otro tipo de elementos, lo cual podría originar en el futuro otras avalanchas, incluso con resultado de muertes.
Reitero mi petición a la ONEMI. Espero que se le explique bien a quien la dirige que no reclamo por lo ya acontecido, sino para que actúe y se vea la factibilidad de prevenir futuras avalanchas en el sector que rodea las comunas de Vicuña y de Paihuano.
--Se anuncia la reiteración del oficio, en los términos solicitados por la señora Senadora, conforme al Reglamento.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 2 e Independiente, Institucionales 1 y Mixto, ningún señor Senador interviene.
El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:45.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES RÍOS Y VIERA-GALLO, CON LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.169, SOBRE OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES, CON EL FIN DE CREAR PREMIOS REGIONALES PARA RECONOCER A QUIENES SE HAN DESTACADO LOCAL Y REGIONALMENTE EN DIVERSOS ÁMBITOS DEL SABER, LA CULTURA Y LAS ARTES (3566-04)
Honorable Senado:
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numerales 10º y 25º y 60º numeral 5) de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1.-La importancia de promover y difundir el conocimiento, la cultura y las artes como manifestaciones destinadas a posibilitar el desarrollo material y espiritual del ser humano.
2.-La ley 19.169, que modificó las normas referidas a los Premios Nacionales, otorgándoles un nuevo estatuto y ampliando las categorías existentes, con el objeto de poder reconocer adecuadamente el aporte que chilenos y, excepcionalmente, extranjeros, realizan al quehacer nacional.
3.-Que, sin perjuicio de los desafíos aún pendientes en la materia, nuestro país ha avanzado, en estos años, en una mayor descentralización administrativa, potenciándose el desarrollo de las regiones a través de la entrega de competencias y recursos.
4.-Que en todas las regiones del país existen destacados hombres y mujeres de ciencias y artistas que, en sus respectivos ámbitos, realizan contribuciones importantes al quehacer local y con ello al país y que, lamentablemente, no tienen un reconocimiento institucional.
5-Que, por ello, resulta necesaria la creación de Premios Regionales, destinados a reconocer a hombres y mujeres destacados en la Literatura; el Periodismo; las Ciencias Exactas, Naturales, Aplicadas y Tecnológicas; las Ciencias de la Educación; la Historia; las Ciencias Sociales y Humanidades y las Artes Plásticas, Musicales y de la Representación y Audiovisuales, a nivel de las diversas zonas del país.
6.-Que para su otorgamiento se ha pensado en un procedimiento similar al existente para los Premios Nacionales, pero con una mayor flexibilidad con el objeto pueda ajustarse a la realidad local.
Por lo anterior, los Senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Modifícase la ley 19.169, sobre Premios Nacionales, del siguiente modo:
1)Agrégase, en el epígrafe de la Ley, a continuación de la expresión “NACIONALES” la frase “Y REGIONALES”
2)Incorpórase, en el epígrafe de su Título I, a continuación de la palabra “PREMIOS”, la expresión “NACIONALES”.
3)Intercálase, a continuación del artículo 26, el siguiente Título V:
“V.- PREMIOS REGIONALES (ARTS. 27 - 32)
Artículo 27.- Créanse, asimismo, los Premios Regionales, destinados a reconocer la obra de chilenos o, excepcionalmente, extranjeros, que, en sus campos y áreas del saber y de las artes, hayan realizado, a nivel local, un aporte trascendente, contribuyendo, con ello, a fortalecer y difundir la identidad regional y el desarrollo armónico del país, en todos los ámbitos.
Artículo 28.-Dichos premios de otorgarán en las mismas categorías y bajo las condiciones y requisitos descritos en los artículos 1º al 8º.
Artículo 29.- Los premios serán otorgados por un Jurado integrado por el Intendente Regional; un miembro del Consejo Regional designado por sus pares; el rector de la Universidad perteneciente al Consejo de Rectores de mayor trayectoria en la respectiva Región; el rector de una universidad privada cuya sede principal esté en la Región, elegido por sus pares y el galardonado el año precedente en la misma categoría.
Integrarán, además, el Jurado los siguientes miembros:
1.- Un académico elegido por los rectores de las restantes universidades miembros del Consejo Rectores que tengan sedes en la zona.
Tratándose de los Premios Regionales de Periodismo, Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Historia, Ciencias de la Educación y Humanidades y Ciencias Sociales sólo participarán en la elección aquellos rectores cuyos planteles impartan las carreras u otorguen los grados a que se refieren las letras b), c), d), f), g) y k) del inciso segundo del citado artículo.
Si no existieran a los menos dos rectores en condiciones de participar en los nombramientos, éstos serán hecho por aquél que cumpliera los requisitos, en conjunto con el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo o sólo por éste último, si no existiere una Universidad del Consejo de Rectores en la zona o no se impartieren en ésta las carreras pertinentes.
2.- Un representante de las Academias de Ciencias o Artes, del Presidente del Instituto de Chile y del Presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, según el caso, de acuerdo a lo señalado en las letras a) a la k) del inciso segundo del artículo 9º.
Dichas designaciones deberán ser realizadas por el Capítulo o Dirección Regional respectivo, si lo hubiere y, en todo caso, deberá recaer en una persona vinculada a la actividad respectiva residente en la región.
3.-El Director del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, tratándose de los Premios Regionales de Literatura, Artes Plásticas, Artes Musicales y Artes de la Representación y Audiovisuales.
4.-Hasta tres Premios Nacionales de las respectivas categorías que tengan su residencia en la zona. Si hubiere tres o más de ellos, se elegirá tres por sorteo.
Artículo 30.- El Jurado podrá, cuando lo estime conveniente, agrupar los Premios Regionales en menos categorías que aquéllas referidas en el artículo 1º o declararlos desiertos sin expresión de causa.
Artículo 31.- Se seguirán, en todo, las normas de procedimiento referidas en el Párrafo III. Las menciones al Ministro de Educación deberán entenderse hechas al Intendente Regional.
Artículo 32.- Los galardones serán establecidos por el Presidente de la República en un Decreto Supremo.”
4)Agrégase el siguiente nuevo artículo tercero transitorio:
“Artículo 3º.- Para la primera convocatoria a los Premios Regionales, el miembro del Jurado correspondiente a galardonados en años anteriores será reemplazado por el Secretario Regional Ministerial de Educación. Sin embargo, si en cada categoría participare a los menos un Premio Nacional con residencia en la Región no se procederá a dicho reemplazo.”
(FDO.): José Antonio Viera-Gallo Quesney, Senador. Mario Ríos Santander, Senador
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ZALDÍVAR (DON ANDRÉS) Y SABAG, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE INTERPRETA EL ARTÍCULO 26 DEL D.L. Nº Nº 3.063, DE 1979, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE MICROEMPRESAS FAMILIARES (3577-03)
Honorable Senado:
I. LA LEY Nº 19.749.
La noción de “microempresa familiar” fue incorporada por la Ley Nº 19.749 de 2001, que estableció normas para facilitar su creación, modificando el Decreto Ley Nº 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales.
El objetivo último de esa ley fue contribuir al desarrollo de las micro empresas a través del establecimiento de incentivos y facilidades para su operación, desentrabando así parte de los obstáculos que les irnpiden progresar. De esta manera, se pretendió reconocer la realidad de más de cuatrocientos mil empresarios familiares que operan en el país.
Para cumplir con su finalidad, la Ley Nº 19.749 eximió a las microempresas familiares del cumplimiento de una serie de requisitos para obtener patente comercial, tales como el cumplimiento de las reglas de zonificación que establezcan las ordenanzas municipales y a las autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias u otras que contemplen las leyes.
II. EL DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
No obstante lo expuesto, una reciente interpretación de la Ley de Rentas Municipales, avalada incluso por el Dictamen Nº 51.504 de la Contraloría General de la República, de fecha 14 de noviembre de 2003, ha sostenido que para el otorgamiento de la patente municipal el solicitante debe obtener, previamente, la recepción definitiva de las obras que constituyen la casa habitación familiar en la cual la microempresa ejerce la actividad económica que constituye su giro. Esto por cuanto sólo mediante la recepción de obra se habilita para morar en un inmueble y esa empresa supone la existencia de una construcción que ha sido legalmente recibida por el municipio en la cual su morador ejerce su actividad comercial.
En la práctica, esta interpretación ha significado la detención de la aplicación de la ley y el incumplimiento de sus objetivos, con el grave impacto que esto significa para un importante sector productivo nacional, como son las microempresarios familiares.
III. LA MOCIÓN DE LEY INTERPRETATIVA
Por lo anterior, se ha decidido presentar una moción interpretativa de la Ley de Rentas Municipales que permita aclarar —como siempre se tuvo en consideración cuando se legisló— que respecto de este tipo de empresarios la municipalidad está obligada a otorgar patente, sin que pueda aplicar limitación o restricción alguna, ya sea —como señala la Ley de Rentas Municipales— de la autoridad sanitaria u “otras que contemplen las leyes”.
Esta interpretación, como se observa, se ajusta plenamente a los fines que se tuvieron en vista al establecer disposiciones que facilitaran la incorporación de las microempresas familiares a nuestro ordenamiento.
Finalmente, debe destacarse que contrario a lo que se ha sostenido, el hecho de eximir del cumplimiento de ciertos requisitos a los microempresarios no importa una discriminación arbitraria en su favor, pues se cumplen en este caso todos y cada uno los requisitos que la doctrina constitucional exige para efectuar diferenciaciones al amparo de la Constitución, a saber: se trata de una medida adecuada a la finalidad perseguida, es el medio necesario más eficaz para cumplir con dicha finalidad y se ajusta proporcionalmente al fin perseguido.
Sobre la base de estas consideraciones, se somete a consideración del H. Senado, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Declárese que entre las autorizaciones que las microempresas familiares deben obtener de acuerdo al artículo 260 del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, modificado por el artículo único de la Ley Nº 19.749, de 2001, para efectos de conseguir una patente municipal, no se incluye ni se ha debido incluir la obtención previa del permiso de construcción ni de la recepción definitiva de las obras constitutivas de la casa habitación familiar en la cual se ejerce la actividad económica que constituye su giro”.
(Fdo.): Andrés Zaldívar Larraín, Senador.
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FLORES, ARANCIBIA, CANTERO, FOXLEY Y VIERA-GALLO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, CON EL OBJETO DE CREAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (S 745-09)
Honorable Senado:
La Comisión Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento se ha abocado, durante el año 2003, al desarrollo de una serie de actividades vinculadas al mandato que la creó.
En efecto, dicho mandato establecía, sobre la base de una propuesta hecha por el Honorable Senador señor Cantero a los Comités del Senado, que la sociedad contemporánea ha entrado de lleno en la era del conocimiento, y que el nuevo motor de la economía es la investigación y el desarrollo tecno-científico.
Sin embargo, el conocimiento caduca rápidamente, lo que hace imprescindible habilitar una política que facilite la renovación constante en todo el sistema nacional; involucrando al gobierno, al parlamento, a las diversas instituciones, a las empresas y a los individuos.
Agregaba que nuestro país ha tenido un vertiginoso proceso de inserción en la sociedad global y en la economía mundial, lo que exige un acelerado proceso de adaptación que mejore nuestra competitividad, con esfuerzos sistémicos e integrados para desarrollar el capital humano, el capital social y otras diversas formas de capital intangible que requieren un compromiso de los diversos sectores público y privado del país.
El proceso de globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs), imponen nuevas formas de crear y transmitir el conocimiento. Señalaba que el nuevo rol del conocimiento hace que las organizaciones de todo tipo se planteen la necesidad de realizar una gestión que permita optimizar su rendimiento.
Terminaba haciendo presente que, en este desafío, no basta la iniciativa del Gobierno, ya que se requiere promover y convocar para diseñar, implementar y fomentar una visión pro-activa del desarrollo nacional, tarea en la que el Honorable Senado no puede estar ausente.
Durante su año de vida, la Comisión Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento realizó doce sesiones durante el año 2003, con más de 40 invitados, según consta el informe que se ha entregado a la Sala de la Corporación.
La Comisión acordó comenzar su trabajo con una fase de recopilación de antecedentes, análisis y determinación del marco conceptual que definiría su labor en lo sucesivo. Luego, se abocaría a generar las condiciones para una convocatoria de expertos y profesionales nacionales y extranjeros que le permita, como un órgano de difusión y de acercamiento de las tecnologías de la información (TICs) y su impacto en la sociedad futura hacia la opinión pública, constituirse en un ente que establezca las bases de las políticas públicas y privadas que deberán adoptarse para que el país pueda dar un salto cualitativo en la innovación y el acceso a la era digital, no sólo como mero reproductor de iniciativas foráneas, sino como creador de saber científico y tecnológico.
Concluida esta primera etapa, los miembros de la Comisión y autores de esta moción están convencidos de que su labor debe continuar, pero más institucionalizada, con el fin de cumplir adecuadamente su objetivo en el futuro, en el sentido de tener en el Senado una visión conceptual a largo plazo, por medio de actividades que congreguen a personajes de alto nivel, como se está haciendo en Finlandia, así como la realización de iniciativas vinculadas al desarrollo de la economía nacional.
Debe haber consenso acerca de la sociedad del futuro en Chile. Esta es una labor que puede realizarse, en parte, por medio de un Informe de Estado sobre la materia, y la Comisión debiera coordinar estas actividades.
En consecuencia, OS PROPONEMOS el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 27 del Reglamento del Senado:
1.- Sustituir la Comisión sexta, por la siguiente:
“6a. De Educación y Cultura;”;
2.- Agregar, como Comisión decimoctava, nueva, la siguiente:
“18a. De Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento;”, y
3.- Las Comisiones 18a., 19a., y 20a., pasan a ser 19a., 20a., y 21a., respectivamente.”.
(FDO.): FERNANDO FLORES LABRA.- JORGE ARANCIBIA REYES.-ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO.- CARLOS CANTERO OJEDA.- JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN APOYAR EL RECLAMO DEL GOBIERNO DE GRECIA PARA RECUPERAR LOS MÁRMOLES DEL PARTENÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES, GRAN BRETAÑA (S 746-12)
Honorable Senado:
Este proyecto se fundamenta en las siguientes razones:
1. El Gobierno de Grecia ha pedido formalmente la participación de Chile en el Movimiento Internacional para la restitución de los Mármoles del Partenón consistente en elementos estructurales y esculturas pertenecientes a ese Templo, ubicado en el Acrópolis de Atenas.
Estos mármoles son más de cien piezas consistentes en bajo—relieves, frisos, esculturas y columnas que formaban parte de la estructura del Partenón.
El Partenón fue construido en el Siglo V antes de Cristo y está situado en el Acrópolis de Atenas, es el símbolo de la democracia en el mundo y representa la cultura griega en su esplendor. Es el epicentro sagrado de la democracia en Atenas, su emblema así como el de UNESCO. Además su valor estético, arqueológico e histórico es el de mayor valor en nuestra civilización.
Estos Mármoles fueron retirados por el Sr. Tomas Bruce, Lord Elgin, en el año 1801 cuando era Embajador de Gran Bretaña ante el Imperio Otomano que ocupaba a Grecia. Los antecedentes demostraron que dicho Embajador envió trabajadores a Atenas para que realizaran solamente dibujos y copias de las esculturas de ese Templo para adornar su casa de campo en Escocia.
Hay constancia que dicho Embajador nunca obtuvo un permiso oficial para remover alguna pieza del Partenón lo que sólo podría ser autorizado personalmente por el Sultán, en Estambul. Sin embargo, con la influencia y amistades, entre 1801 y 1804, usando fuerza y falta de respeto hacia esta sagrada obra, se rompieron esculturas, columnas y frisos, se embarcaron a Gran Bretaña, sufrieron el naufragio del barco que las transportaba, no todos fueron rescatados y llegaron a unas bodegas inadecuadas a Londres. Arruinado Lord Elgin por el costo en pagar coimas y transporte, las obras fueron adquiridas por el Gobierno Británico que en 1816 las transfirió al British Museum.
Las protestas que estos hechos produjeron fueron múltiples, también en el Reino Unido especialmente vehemente de parte de Lord Byron.
2. La devolución de los Mármoles fue reclamada por Grecia desde su independencia, incluidos pedidos oficiales al Gobierno del Reino Unido los que, en 1940-1941, fueron seriamente considerados por ese Gobierno.
3. Grecia ha promovido este reclamo en muchos foros internacionales. Es así como, por abrumadora mayoría, y a pedido de la Ministro de Cultura de Grecia, Melina Mercury, la UNESCO acordó aprobar este reclamo y se aceptó que los Museos deberían devolver a sus países de origen aquellas obras de arte que pertenezcan a monumentos nacionales y que sea parte integral de esos monumentos.
Esta resolución se ha repetido en UNESCO, los años 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1991, 1994, 1996. En 1997 se constituyó en Estados Unidos el Comité para la Restitución de los Mármoles. En 1998 se crean los Comités con igual propósito en Australia y Canadá, países que apoyan la resolución que se adoptó en la XVIII Conferencia General de ICOM. En 1999 el Parlamento Europeo adopta un voto decisivo en el sentido de promover el pedido griego concerniente a la devolución de los Mármoles del Partenón. Se realiza en Londres una conferencia de expertos para determinar la conservación de estas obras. La estación de noticias BBC, realiza una encuesta acerca de esta devolución y un 56% de los resultados se manifiesta a favor de ella. En el año 2000, según publica la Revista Economic, la encuesta realizada en la Cámara de los Comunes se declara a favor de la devolución de los Mármoles del Partenón. Se realizan visitas de Comités especiales de Grecia y Londres. Una encuesta de CNN, demuestra que el 80% de los participantes estaban a favor de la devolución.
En 1991 el Comité de UNESCO para este fin dispone que el Director General de UNESCO debe tomar la iniciativa para lograr ese objetivo. La BBC realiza una nueva encuesta que da mayoría a 108 partidarios de la devolución.
En 2002 se organizan comités en Nueva Zelandia y España. La encuesta de la CNN demuestra que el 75% de los participantes están el favor de la devolución. Se logra apoyo de la asamblea de los directores de museos de Arte Rusos. Se realizan reuniones especiales del Parlamento Europeo. Se presentan sendas resoluciones al Senado y a la Cámara de Diputados de Estados Unidos que se someten a los respectivos comités. Resolución unánime de la Provincia de Québec. Se crea el Comité de Bélgica. La encuesta del Instituto de Investigaciones Sociales Mori, demuestra que el 56% de los participantes Británicos aprueban la devolución como préstamo a largo plazo y solicita que el Gobierno griego coloque esas piezas en un museo especial. Ese año se presentó oficialmente en la Sesión Plenaria de Naciones Unidas el reclamo por parte del Ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, en el año de la cultura. Se inició la construcción del Museo.
4. El Comité chileno ha sido constituido en Santiago a petición del Gobierno Griego y está formado por distinguidas personalidades que han tenido vínculos especiales con Grecia, profesores especializados y personas representativas de la conservación de patrimonios.
Por tanto:
Teniendo presente qué numerosas piezas que formaban parte del Partenón, templo ubicado en el Acrópolis de Atenas, Grecia, fueron extraídos de ese lugar y llevados a principios del siglo XIX a Gran Bretaña, en circunstancias de que Grecia estaba ocupado por el Imperio Otomana y nadie autorizó esa extracción y exportación.
Que el Partenón es el más antiguo y más perfecto monumento arquitectónico de la civilización griego latina y que es un valor superior del patrimonio universal.
Finalmente, teniendo presente que este año se celebraran los Juegos Olímpicos en Atenas. Se acuerda el siguiente proyecto de acuerdo:
El Senado de Chile acuerda:
Apoyar el reclamo del Gobierno de Grecia para recuperar los Mármoles del Partenón que se encuentran en el Museo Británico en Londres, Gran Bretaña.
Valparaíso, 22 junio 2004
(Fdo:) Canessa Robert, Julio; Cantero Ojeda, Carlos; Chadwick Piñera, Andrés; Coloma Correa, Juan Antonio; Cordero Rusque, Fernando; Espina Otero, Alberto; Fernández Fernández, Sergio; Flores Labra, Fernando; Foxley Rioseco, Alejandro; Frei Ruiz-Tagle, Eduardo; Gazmuri Mujica, Jaime; Horvath Kiss, Antonio; Martínez Busch, Jorge; Matthei Fornet, Evelyn; Muñoz Barra, Roberto; Núñez Muñoz, Ricardo; Parra Muñoz, Augusto; Prokurica Prokurica, Baldo; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Silva Cimma, Enrique; Stange Oelckers, Rodolfo; Valdés Subercaseaux, Gabriel; Vega Hidalgo, Ramón; Viera-Gallo Quesney, José Antonio; Zurita Camps, Enrique