Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
FÁCIL DESPACHO
-
CREACIÓN DE COMUNA DE ALTO BIOBÍO EN OCTAVA REGIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- DEBATE
-
ENMIENDAS A LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE HURTOS FALTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- DEBATE
-
TEXTO REVISADO DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- DEBATE
- SESIÓN SECRETA
-
CREACIÓN DE COMUNA DE ALTO BIOBÍO EN OCTAVA REGIÓN
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
LIMITACIONES A ADQUISICIÓN DE GRANDES EXTENSIONES TERRITORIALES EN ZONA AUSTRAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- DEBATE
-
LIMITACIONES A ADQUISICIÓN DE GRANDES EXTENSIONES TERRITORIALES EN ZONA AUSTRAL
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO PROPONER A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE LA PROMULGACIÓN DE LEYES ORIGINADAS EN UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA SE EFECTÚE EN LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL (S 734-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Edgardo Boeninger Kausel
- Carlos Cantero Ojeda
- Carlos Fernando Flores Labra
- Alejandro Foxley Rioseco
- Jaime Gazmuri Mujica
- Hernan Larrain Fernandez
- Evelyn Matthei Fornet
- Rafael Moreno
- Jaime Naranjo Ortiz
- Carlos Ominami Pascual
- Cesar Augusto Parra Munoz
- Enrique Silva Cimma
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO OFICIAR A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE INSTRUYA A LA SEÑORA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES EN EL SENTIDO DE MANIFESTAR LA CONDENA DE NUESTRO PAÍS ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA POR LAS TORTURAS Y ACTOS CRUELES Y DEGRADANTES A QUE HAN SIDO SOMETIDOS LOS PRISIONEROS DE GUERRA EN IRAK (S 735-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Cantero Ojeda
- Alejandro Foxley Rioseco
- Jaime Gazmuri Mujica
- Antonio Horvath Kiss
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Rafael Moreno
- Roberto Munoz Barra
- Jaime Naranjo Ortiz
- Ricardo Nunez Munoz
- Carlos Ominami Pascual
- Cesar Augusto Parra Munoz
- Gabriel Valdes Subercaseaux
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO PROPONER A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE LA PROMULGACIÓN DE LEYES ORIGINADAS EN UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA SE EFECTÚE EN LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL (S 734-12)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 57ª, en miércoles 12 de mayo de 2004
Ordinaria
(De 16:19 a 19:5)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la comuna de Alto Biobío (3342-06) (queda para segunda discusión).....................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta sanciones a hurtos y facilita su denuncia e investigación (3078-07) (se aprueba en particular)..............
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba texto revisado de Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)) (3220-10) (se aprueba en general y particular).................................................................................
Sesión secreta:
Se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (Boletines Nºs. S 706-04 y S 690-04).................................................................................................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyectos de ley, en primer trámite constitucional, que tienen por objeto precaver la adquisición de grandes extensiones territoriales en la zona austral (2895-12 y 2952-12) (se rechaza por falta de quórum)...............................................................
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , el señor Subsecretario del Interior , la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y el señor asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 53ª y 54ª, ordinarias, en 4 y 5 de mayo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su parecer acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Naranjo y Viera-Gallo, que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra (Boletín Nº 3.493-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De la señora Secretaria Ministerial del Educación de la Región de Antofagasta , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referido a los resultados de los procesos Rex. 144, de 18 de marzo de 2003, y Rex. 145, de igual fecha, aplicados al establecimiento educacional American College, de la ciudad de Antofagasta.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo al establecimiento de medidas de control de la producción de cobre en nuestro país.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 110ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 18 y el 23 de abril de 2004 en Ciudad de México.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.175 en materia de fortalecimiento de la transparencia en la administración privada de las quiebras, robusteciendo la labor de los síndicos y de la Superintendencia de Quiebras (Boletín Nº 3.180-03).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Aburto, Chadwick, Espina, Moreno y Silva, que modifica el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la designación de notario alterno o adjunto (Boletín Nº 3.259-07).
--Quedan para tabla.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
Antes de entrar a Fácil Despacho, solicito autorización de la Sala para que ingresen la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano Puelma, y don Benjamín Valle Mujica, asesor de la Subsecretaría del ramo.
--Se accede.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , entiendo que también pidió ingresar el señor Subsecretario del Interior , don Jorge Correa Sutil.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
Solicito autorización de la Sala a ese efecto.
--Se accede.
V. FÁCIL DESPACHO
CREACIÓN DE COMUNA DE ALTO BIOBÍO EN OCTAVA REGIÓN
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la comuna de Alto Biobío en la Octava Región, informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3342-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 21 de abril de 2004.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 56ª, en 12 de mayo de 2004.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto sólo en general.
Los objetivos principales de la iniciativa son crear la comuna de Alto Biobío, sede Ralco, en la Región del Biobío; definir su administración provisional, y determinar el traspaso de personal, bienes y créditos desde el Municipio de Santa Bárbara a la futura comuna.
Este proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Gobierno (Honorables señores Bombal, Núñez, Ríos y Ruiz-Esquide), en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en el informe.
Cabe señalar que el artículo 1º permanente requiere para su aprobación el voto conforme de 25 señores Senadores, y los artículos transitorios 1º, 2º (inciso tercero), 3º (incisos primero y segundo), 4º y 7º, que tienen rango orgánico constitucional, 27 votos favorables.
Finalmente, corresponde indicar que esta iniciativa, durante la discusión particular, deberá ser analizada también por la Comisión de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente...
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Desea solicitar la palabra, señor Senador ?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Sí, señor Presidente , para hacer una observación.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Puede hacerla, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Deseo saber si el Presidente de la Comisión de Gobierno va a entregar alguna información general sobre lo acordado, para darle preferencia.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
No se encuentra en la Sala. De manera que puede intervenir, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Y el Presidente subrogante, quien estuvo ayer?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Señor Senador, cuando usted pueda dirigir la sesión, hágalo. Pero ahora,¿
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Muchas gracias.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
¿si desea usar de la palabra, puede hacerlo.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Su Señoría no correspondió a mi gentileza. Pero no importa.
Señor Presidente , seré breve, porque estamos en Fácil Despacho y, además, porque espero que la iniciativa sea aprobada rápidamente.
La creación de la comuna de Alto Biobío mediante este proyecto, calificado por el Ejecutivo de "suma" urgencia, responde a la realidad social, geográfica y económica de comunidades indígenas muy diferentes de lo que hoy es la comuna de Santa Bárbara, la más grande de la Región del Biobío, cuya distancia de la capital de la comuna madre es de 50, 60 y hasta 90 kilómetros en los confines más lejanos.
Dentro de los nueve o diez parámetros positivos que normalmente han servido de base al Senado para justificar la creación de comunas en estos años, la de Alto Biobío concita, a lo menos, una opinión favorable respecto de siete u ocho.
La comuna de Alto Biobío, en la práctica, tendría aproximadamente un tercio de los habitantes de la comuna actual, y su existencia se justifica, además de lo que ya he señalado, por las siguientes tres razones.
En primer término, se trata de una comuna inserta en un territorio bastante difícil, donde ha habido muchos conflictos -incluso, dificultades para su desarrollo- y en que las comunidades de la eventual comuna de Alto Biobío, en general, tienen conciencia de que la de Santa Bárbara, sin importar quiénes sean el alcalde y los integrantes del concejo, no está en condiciones de resolver situaciones de un sector tan lejano y tan distinto de la realidad del resto de la comuna madre.
En segundo lugar, a partir de 1989 ó 1990, los sucesivos Gobiernos han mostrado especial preocupación por ese territorio, en orden a generar en él un polo de desarrollo mediante la Comisión del Alto Biobío, institución que se plantea crear con un objetivo preciso, dada la necesidad mayor allí existente: generar inversiones más fuertes que las habituales del resto de las comunas. Entonces, pensamos que la nueva comuna posibilitará más unidad en el uso de los recursos provenientes de distintos entes.
Y tercero: como en pocas de las comunas que hemos creado, en la eventual de Alto Biobío existe una sensación de la identidad requerida para ayudar -no digo que lo logre por sí sola- a la solución de problemas de diversa índole y muy diferentes de los que aquejan al resto del país.
Por lo anterior, más los antecedentes que entregó ayer el Ejecutivo en cuanto a la justificación de los límites; más lo que significa la seguridad de que no habrá desmedro del presupuesto de Santa Bárbara, la comuna madre; más el hecho de que los proyectos que habrán de acordarse contribuirán al desarrollo de una sociedad extremadamente empobrecida y con dificultades desde hace muchísimos años, consideramos favorable la idea de crear la comuna de Alto Biobío.
En la sesión de la Comisión celebrada ayer, entre quienes aprobamos la iniciativa y la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a requerimiento de varios de nosotros, se generó el compromiso de que, de aprobarse hoy la idea de legislar y volver el proyecto a la Comisión, de aquí al próximo martes el Ejecutivo deberá informarnos acerca de cuáles son las ocho, nueve o diez mayores dificultades que existen en la zona donde se va a crear la comuna de Alto Biobío, para procurar resolverlas.
Se trata, específicamente, de inversiones en salud y en educación. También existe un relevante problema de caminos. Y, además, hay pendientes conflictos derivados de tomas de tierras y de la separación de colonos hacia el Bajo Biobío.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Termino de inmediato, señor Presidente.
Por lo tanto, mi voto será favorable. Y solicito a la Sala del Senado que, por las razones expuestas y muchas otras, apruebe en general el proyecto.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , este proyecto, cuya idea de legislar aprobé en la Comisión, aborda una materia de bastante más trascendencia que la que se pueda imaginar. Pienso que los Comités, al resolver tratarlo en Fácil Despacho, no tuvieron a la vista todos los importantísimos antecedentes necesarios para discutir este tema, que no es baladí, que no es simple, pues se trata de la creación de una comuna en un territorio importante, con su autonomía y todo lo que ello involucra.
Mi intervención será breve. Pero desde ya, por si me excedo en algunos segundos o minutos, pido a la Mesa un poco de paciencia.
En primer término, debo puntualizar que todos los antecedentes sobre la creación de la nueva comuna llegaron ayer, tanto de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo como de la Municipalidad de Santa Bárbara, además de algunos informes que me remitieron, finalmente, a mi oficina.
La totalidad de esos antecedentes e informes fue estudiada por un conjunto de Senadores -muchos de ellos, aquí presentes; naturalmente, yo también participé- que acordaron expresar a la Corporación lo que señalo en seguida.
Según el informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de mayo de 2004, existirían 20 mil 500 habitantes en la comuna de Santa Bárbara, divididos de la siguiente manera: Alto Biobío , 6 mil 500 (después concluimos que eran menos), y Bajo Biobío y urbano, 14 mil.
Se informa que desde 1996 hasta 2004 ha habido una migración desde el Alto Biobío hacia el resto de la comuna de Santa Bárbara, fundamentalmente, tanto a la parte agrícola como a la urbana, por intervención del Gobierno: 95 familias pehuenches y 124 no pehuenches, con 404 y 384 personas en total, respectivamente. Ello significa que la migración registrada desde 1996 hasta ahora ha sido de 219 familias, con un total de 788 personas. Esta cifra representa -lo destaco- algo así como 19 por ciento de la población primitiva del Alto Biobío.
Llama la atención por qué se realiza la migración si el deseo del Ejecutivo es potenciar el Alto Biobío y generar las condiciones indispensables para el desarrollo de ese territorio. Al sacar las familias de la zona y relocalizarlas en sectores con suelos muy malos, queda de manifiesto que no existe tal pretensión.
Pero, independientemente de la observación precedente, es necesario señalar que con esta medida se concreta aún más el hecho de que el actual territorio representa un todo armónico, ya que en su espacio territorial actual es precisamente donde se encuentran las soluciones a esa tierra del Alto Biobío, que presenta serias dificultades para sostener una vida económica y social relativamente digna.
A lo anterior se suma la circunstancia de que efectivamente, a la luz del último censo, la población indígena real de toda la comuna de Santa Bárbara -no sólo del Alto Biobío- es de 2 mil 474 personas, agrupadas en 511 viviendas. De ellas, se deben descontar las 95 familias retiradas del Alto Biobío, más otras tantas que ya vivían en el Bajo Biobío (no conocemos exactamente la información). Esto permite concluir que son alrededor de 400 familias; es decir, habría 1.936 personas de la etnia pehuenche en lo que pretende ser la comuna de Alto Biobío.
Capítulo aparte merecen diversas acciones ocurridas en el Alto Biobío con campesinos de origen modesto que no son de la etnia indígena, quienes fueron expulsados de sus territorios y hoy se encuentran diseminados en el resto de la comuna, algunos de ellos viviendo en mediaguas construidas en el entorno de Santa Bárbara.
En este aspecto, es necesario indicar que la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección planteado por 65 familias. Y se señalan los fundamentos de tal medida por parte de este alto tribunal de justicia:
"1º Que la acción, emprendida en contra de estos chilenos, invadidos, agredidos, obligándolos a firmar un documento por el cual deben dejar la vivienda, animales, enseres e irse con sus familias, CONSTITUYE EN LOS HECHOS UN TÍPICO GENOCIDIO, infringiendo, por lo tanto, sus derechos constitucionales.
"2º Expresa este mismo Tribunal, que los senadores Mariano Ruiz-Esquide y Mario Ríos, se reúnen con el Ministro del Interior , junto a representantes de estos campesinos PARA EXPRESARLE SU PREOCUPACIÓN POR EL CLIMA DE VIOLENCIA.
"3º Que tales hechos, importan una amenaza a la integridad física y psíquica de las personas.
"DISPONE: El resguardo policial a dichas familias, señalando que Carabineros de Chile, deberá utilizar TODOS los medios que se encuentren a su alcance con la finalidad de resguardar la seguridad pública y la convivencia pacífica, especialmente la integridad física y psíquica de las personas.".
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor RÍOS.-
Pido unos minutos.
El señor PROKURICA.-
Yo se los doy.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sólo dos minutos, porque estamos en Fácil Despacho.
El señor RÍOS.-
Formulo esta petición porque sobre esta materia tan trascendente voy a entregar muchísima información de interés.
El señor PROKURICA.-
Recabe la unanimidad, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
No tengo dificultad para ello. Advierto, sí, que los Comités por unanimidad resolvieron tratar la iniciativa en Fácil Despacho, lo que debe hacerse hasta en diez minutos.
Como digo, no tengo inconveniente en abrir la discusión, pero eso significa cambiar el acuerdo. Sugiero incorporar el proyecto al Orden del Día.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , no tengo inconveniente, en mi calidad de Comité Demócrata Cristiano, en dar más tiempo al Senador señor Ríos. Entiendo la limitación que nos obliga. Creo que dos minutos más para el Honorable señor Ríos no hacen diferencia.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Propongo otorgar dos o tres minutos al Honorable señor Ríos. Después intervendrá el Presidente de la Comisión .
El señor RÍOS.-
Necesito más tiempo.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Bueno: cinco minutos.
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor VIERA-GALLO .-
Yo también pedí tiempo adicional.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Al igual que los Honorables señores Lavandero y Sabag. Pero, reglamentariamente, ello no es posible.
El señor BOMBAL .-
Quiero plantear una moción de orden, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría .
El señor BOMBAL.-
Lo que se está produciendo en la Sala demuestra inequívocamente que esta iniciativa no es de Fácil Despacho.
Ayer celebramos en este mismo recinto una sesión de Comisión en la que participaron representantes de todas las comunidades, oportunidad en que se entregaron muchos antecedentes. El Gobierno dio a conocer los suyos. Y en menos de 24 horas la normativa se incluye en la tabla de Fácil Despacho, lo cual prácticamente impide opinar acerca de la información recibida ayer.
La Comisión manifestó su intención de apoyar el proyecto sobre la base del análisis de la referida información. Aún más, está pendiente una sesión de trabajo, lo que es muy irregular. Y el organismo técnico se va a reunir la próxima semana para continuar el debate en general.
Entonces, señor Presidente, sería conveniente revisar el criterio de incorporar esta materia en la tabla de Fácil Despacho.
La intención es contribuir a su tramitación. Nadie quiere obstaculizarla.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Propongo incluir esta iniciativa en el primer lugar Orden del Día. Una vez tratado el resto de los asuntos de Fácil Despacho, se continuaría ofreciendo la palabra a los inscritos. Así, recuperaría la palabra el Senador señor Ríos por el tiempo que requiriera.
Si le parece a la Sala, así se procederá
El señor NÚÑEZ .-
No hay acuerdo.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , ayer advertí que se había incurrido en el error de incluir este proyecto en Fácil Despacho. Entiendo que hay un acuerdo de Comités, pero la situación planteada, no por un Comité sino por varios miembros de la Comisión, amerita revisarlo. De lo contrario, se nos estaría obligando a votar.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Es lo que acabo de proponer, señor Senador.
¿Habría acuerdo?
El señor NÚÑEZ .-
No.
El señor CANTERO.-
En ese caso, votemos.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , cuando tomamos la decisión, los Comités teníamos claro lo que se trataba. Es obvio que hay más antecedentes. Por eso, la Comisión pide aprobar en general el proyecto ahora y discutirlo en particular la próxima semana. Ese fue el acuerdo de los Comités. Nadie está impidiendo debatir la materia más en detalle.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Como no hay acuerdo, se otorgaría la palabra al Senador señor Ríos para que termine su exposición, y luego al Presidente de la Comisión .
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
No hay acuerdo, señor Presidente .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En consecuencia, queda cerrado el debate de este asunto y procederemos a votar.
Señor Secretario , tome la votación.
El señor VEGA .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , ¿se puede pedir segunda discusión?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por cierto. Pero hasta ahora nadie la ha solicitado.
El señor VEGA .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , es cierto que se determinó incluir este asunto en la tabla de Fácil Despacho; pero a la luz de la información recibida, como hoy lo han expresado numerosos señores Senadores, requiere un estudio más acucioso.
Por ello, en nombre del Comité Institucionales 1, pido segunda discusión.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Habiéndose pedido segunda discusión, el proyecto queda para ser incluido en la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión ordinaria.
El señor PROKURICA.-
¡Volvemos a lo mismo! Lo que se desea es cambiar el trámite de la iniciativa.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Lo discutiremos en la próxima reunión de Comités.
El señor PROKURICA.-
Muy bien.
ENMIENDAS A LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE HURTOS FALTA
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que aumenta sanciones a hurtos y facilita su denuncia e investigación.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3078-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 4 de marzo de 2003.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 9ª, en 11 de noviembre de 2003.
Constitución (segundo), sesión 53ª, en 4 de mayo de 2004.
Discusión:
Sesión 11ª, en 12 de noviembre de 2003 (se aprueba en general).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa se aprobó en general en sesión de 12 de noviembre del año pasado y cuenta con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hubo artículos que no fueran objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Las demás constancias reglamentarias se describen en el informe.
Todas las modificaciones de la Comisión de Constitución al proyecto aprobado en general se acordaron por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Aburto, Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar. En consecuencia, deben ser votadas sin debate, según lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, solicite debatir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas, que no las hay.
Cabe mencionar que las principales modificaciones dicen relación a lo siguiente:
-Castigar, en el número 3º del artículo 446 del Código Penal, al autor de un hurto con presidio menor en su grado mínimo -es decir, 61 a 540 días y multa de 5 unidades tributarias mensuales-, si el valor de la cosa hurtada excede de media unidad tributaria mensual y no pasa de cuatro.
-Castigar, en el Título de las Faltas del Código Penal, a los autores de hurto con prisión en su grado mínimo a medio y multa, si el valor de la cosa hurtada no pasa de media unidad tributaria mensual, y en caso de reincidencia, aplicar la pena de prisión en grado máximo.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas, que consignan el texto aprobado en general, las modificaciones de la Comisión en el segundo informe y el texto definitivo que se propone aprobar.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , resultó muy importante para la Comisión aprobar por unanimidad este proyecto, que impedirá que se sigan utilizando resquicios legales por bandas organizadas que hurtan sistemáticamente en tiendas y supermercados.
Hasta hoy, los resquicios consisten en que, cuando el valor de la cosa hurtada es inferior a 30 mil pesos, se incurre en una falta. Muchas veces no se la considera consumada, sino en estado de preparación, o como delito frustrado, y como tal, no sancionable judicialmente. Ello impide que quede registrado que la persona ha cometido ese ilícito.
En segundo lugar, algunos tribunales y jueces de garantía estiman que, cuando los guardias de los supermercados o de las tiendas descubren lo hurtado dentro de sus recintos, todavía no se ha incurrido en falta. Y tampoco se considera consumada la falta si el hurto se detecta a la salida del local, es decir, en el estacionamiento. Además, no queda constancia de la detención. La persona es conducida al tribunal, donde da un domicilio falso; se la deja en libertad -porque se trata de una falta-; es citada al tribunal, y nunca más comparece. Entonces, no hay juicio en rebeldía. En síntesis, esto lleva simplemente a la impunidad.
Queda la sensación en la ciudadanía de manga ancha de los tribunales para con la delincuencia y de una gran frustración frente a la reforma procesal penal.
La situación ha sido particularmente grave en la Quinta y la Octava Regiones, o sea, en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Talcahuano.
Hubo interés, entonces, de parte de los Parlamentarios y del propio Gobierno en agilizar el proyecto de ley en examen, que se hallaba en tabla en la Comisión hacía muchos meses; en introducirle las modificaciones del caso, conforme a la experiencia vivida en la reforma procesal penal, y en aprobarlo bajando a 15 mil pesos el monto que divide la falta del delito.
En seguida, la falta frustrada y el grado de tentativa también se han considerado, excepcionalmente, en el caso de hurto, como susceptibles de persecución penal.
Y, finalmente, se permitirá que el juicio se realice en rebeldía del imputado.
Todas esas enmiendas y otras más contenidas en el texto harán posible que los fiscales y los tribunales persigan y sancionen a las bandas que operan hurtando sistemáticamente en supermercados, tiendas, farmacias y otro tipo de establecimientos ¿muy modestos, a veces-, por lo cual se registró unanimidad en la Comisión. Y espero que la Sala ratifique ese criterio.
Gracias.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , en el mismo sentido, simplemente deseo ilustrar al Senado en cuanto a que, en general, no solamente en la Quinta y la Octava Regiones, sino también en la Séptima ¿de ello doy fe- y, por lo que me dicen, la Tercera y la Cuarta, uno de los aspectos más serios en la lucha contra la delincuencia es precisamente el que nos ocupa.
Me alegro del consenso a que se ha llegado. He participado en distintas instancias de la Región que represento que se han dedicado a estudiar, a petición de muchos alcaldes, cuáles son las falencias del sistema procesal penal. La cuestión en análisis, curiosamente, aparece en cada una de las intervenciones como una de las más relevantes. Porque, desde un punto de vista comunicacional, no hay nada más fuerte ¿y ello ocurrió en esa Región- que el hecho de que una banda detenida al hurtar en una gran tienda fue dejada en libertad en forma automática, precisamente por algunas de las interpretaciones respecto de que no existe la tentativa de falta. O, si no, se planteaba la circunstancia de que el tipo de sanción resultaba absolutamente insuficiente.
Me complace, además, que se trate de una moción de Diputados, es decir, de una iniciativa parlamentaria, y estimo absolutamente fundamental dar elementos para poner un "Pare" a la delincuencia. Éste es el tipo de norma que, desde el punto de vista legal, nos falta justamente para vivir en un país más seguro. Las cifras de criminalidad son alarmantes. Existe sobre el particular responsabilidad de distintas instancias, pero si se registra una a nivel parlamentario, es la de ajustar algunas normas en el sentido adecuado. Y creo que aquellas sometidas a la consideración de la Sala proporcionarán, en especial, muchos elementos para que la justicia pueda frenar el boom en lo delictivo, particularmente en el ámbito a que se ha hecho referencia.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Todas las disposiciones propuestas por la Comisión han sido acordadas en forma unánime, de manera que, salvo que algún señor Senador pida votación separada de alguna de ellas, deberían darse por aprobadas.
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , concurro a la aprobación de la generalidad del proyecto, pero solicito votación separada del número 1 del artículo 1º, dejando constancia, en primer lugar, de que esa norma se introdujo por los miembros de la Comisión en uso de las facultades reglamentarias. No era parte del texto original y, consecuencialmente, no fue posible en su minuto formular indicaciones al respecto.
Mi preocupación es la misma que los dos fiscales regionales que asistieron a la Comisión manifestaron en el sentido de que el precepto recomendado puede originar una presión todavía más fuerte sobre el trabajo de las fiscalías regionales y comprometer el destino de la reforma procesal penal.
Abrigo la convicción de que se necesita con urgencia, como se ha planteado en debates anteriores en la Sala, revisar el sistema de faltas en nuestra legislación y separarlas definitivamente de las contravenciones. Estas últimas, naturalmente, como no revestirían el carácter de delito, se dejarían a la competencia de los juzgados de policía local.
Al no poder concurrir a la aprobación del número mencionado, pido que sea votado en forma separada justamente porque no es claro que la presión que generaría sobre las fiscalías regionales y el sistema penitenciario no comprometería todavía más el destino de la reforma.
Gracias.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si no hay objeciones, se darán por aprobadas todas las demás disposiciones propuestas por la Comisión.
--Se aprueban.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Varios señores Senadores y el señor Subsecretario del Interior han pedido la palabra, pero, desgraciadamente, el tiempo restante de Fácil Despacho no permite darla. Por lo tanto, sólo corresponde pronunciarse sobre la proposición mencionada por el Honorable señor Parra.
El señor VIERA-GALLO.-
Deseo exponer una cuestión reglamentaria, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , no sé si es clara la disyuntiva de lo que se votará. Constituye algo muy preciso: si la divisoria entre falta y delito se mantiene en 30 mil pesos, como hoy, o baja a 15 mil pesos. O sea, hoy se comete una falta si la cantidad involucrada no supera 30 mil pesos. Lo que hace el proyecto es bajar ese "umbral" a 15 mil, criterio que objeta el señor Senador.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Solicito la autorización de la Sala para que el señor Subsecretario del Interior pueda intervenir.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Correa.
El señor CORREA ( Subsecretario del Interior ).-
Señor Presidente , para los efectos de que los señores Senadores lo tengan presente a la hora de la votación, hago constar nada más que dos hechos. Primero, el principio de oportunidad no se ve afectado. Es decir, los fiscales pueden desechar los delitos cuando les lleguen o presentarlos y perseguirlos efectivamente.
Segundo, se trata de una actividad delictual organizada que obtiene aproximadamente 70 mil millones de pesos anuales. No son ilícitos menores.
Gracias.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se efectuará una votación económica.
Acordado.
En votación el número 1 del artículo 1º.
--(Durante la votación).
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , quiero consignar que nunca deben señalarse cantidades monetarias fijas, porque la inflación juega, entonces, en perjuicio de los delincuentes, pero también de los jueces, dado que todas las faltas pasan a ser delitos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Se hace referencia a unidades tributarias mensuales, de manera que no se trata de sumas fijas.
--En votación a mano alzada, se aprueba el número 1 del artículo 1º, con los votos en contra de los Senadores señores Parra y Boeninger, y queda despachado el proyecto.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Correa.
El señor CORREA ( Subsecretario del Interior ).-
Señor Presidente , agradezco la forma en que el proyecto ha sido trabajado en la Comisión y en que ha sido votado. Me parece que el Senado, sin haber recurrido a la fórmula tradicional del aumento de las penas, se ha hecho cargo de un delito grave.
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El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa dos proyectos de acuerdo. Uno de ellos, suscrito por los Honorables señores Naranjo, Ominami, Flores, Matthei, Gazmuri, Foxley, Silva, Parra, Moreno, Larraín y Cantero, dice lo siguiente:
"El Senado acuerda proponerle a su Excelencia, el Presidente de la República , que la promulgación de los proyectos de ley que hayan tenido su origen en una moción o hubieren refundido diversas mociones se efectúe en la sede del Congreso Nacional, de manera de resaltar adecuadamente la labor Parlamentaria.". (Boletín Nº S 734-12).
El otro proyecto de acuerdo, suscrito por los Senadores señores Naranjo, Ominami, Moreno, Cantero, Núñez, Foxley, Muñoz Barra, Gazmuri, Horvath, Parra, Viera-Gallo y Valdés, es del siguiente tenor:
"Solicitar al Presidente de la República que instruya a la Ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear, para que nuestro país manifieste su más enérgica condena ante las Naciones Unidas y los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña por las torturas y actos crueles y degradantes a que han sido sometidos numerosos detenidos y prisioneros de guerra en Iraq.". (Boletín Nº S 735-12).
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Quedan para el Tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente.
Advierto a Sus Señorías que ha terminado el tiempo de Fácil Despacho. La única forma de prorrogarlo y continuar con los asuntos que restan es por acuerdo de los dos tercios de los señores Senadores presentes.
El señor MORENO.-
Creo que hay acuerdo, señor Presidente .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se prorrogará el tiempo de Fácil Despacho por treinta minutos.
Acordado.
TEXTO REVISADO DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación durante su vigésimo noveno período de sesiones, mediante la resolución Nº 12/97, de 17 de noviembre de 1997, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Agricultura, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3220-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 7ª, en 1 de julio de 2003.
Informe de Comisión:
R. Exteriores y Agricultura, unidas, sesión 53ª, en 4 de mayo de 2004.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Las Comisiones unidas señalan como objetivos principales del texto revisado de la Convención, los siguientes:
-Armonizar sus disposiciones con la normativa de la Organización Mundial del Comercio;
-Crear la Comisión de Medidas Fitosanitarias en el marco de la FAO;
-Ampliar el concepto de medidas fitosanitarias, que comprende las plagas no cuarentenarias regulables;
-Permitir incorporar a la Unión Europea como parte contratante, y
-Perfeccionar el procedimiento de solución de controversias y la participación de las organizaciones regionales de protección fitosanitaria.
Las Comisiones unidas aprobaron en general y en particular el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Romero (con dos votos), Cariola, Coloma (con dos votos), Moreno (con dos votos) y Muñoz Barra (con dos votos).
Finalmente, proponen al señor Presidente discutir el proyecto de acuerdo en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de esta Corporación.
El señor LARRAÍN (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , en mi calidad de Presidente de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Agricultura, unidas, informo -lo haré en forma resumida- el proyecto de acuerdo que aprueba el texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.
En 1997, la FAO, en su vigésimo noveno período de sesiones, aprobó una serie de enmiendas a la CIPF, la que fue remitida a los Gobiernos de sus Estados miembros a principios de 1998 para solicitar su aceptación o adhesión.
Las modificaciones acordadas ese mismo año no entrarán en vigor en tanto no hayan sido aceptadas por los dos tercios de las partes contratantes. Chile, a través de sus representantes oficiales del Ministerio de Agricultura, participó directa y activamente en la formulación del nuevo texto, que lo pone en línea con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC.
A la fecha, el nuevo texto de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria ha sido ratificado por 56 países, de un total de 127 partes contratantes; y para que entre en vigor deben transcurrir 30 días desde la ratificación de las dos terceras partes de ellos, es decir, 85 países.
Las enmiendas incorporadas en el texto revisado de la Convención reflejan los principios y conceptos que emanan de la Organización Mundial del Comercio.
El nuevo texto ha sido formulado teniendo como marco de referencia el Acuerdo sobre aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, e incluye prácticas y procedimientos fitosanitarios actualizados, definiendo claramente las obligaciones y derechos de las partes contratantes.
Entre las propuestas más relevantes que contempla la Convención del año 97 se pueden mencionar, en primer lugar, la norma que establece que, cuando las partes contratantes lo consideren apropiado, las disposiciones de la Convención pueden aplicarse no sólo a las plantas y a los productos vegetales, sino, también, a los lugares de almacenamiento, de empacado, a los medios de transporte, contenedores, suelo y a todo otro organismo, objeto o material capaz de albergar o diseminar plagas de plantas, en particular cuando medie el transporte internacional.
En segundo lugar, en lo que concierne a los requisitos de importación, el nuevo texto los perfecciona en tres aspectos: primero, reconoce soberanía a las partes contratantes para actuar ante cualquiera emergencia que se presente en el territorio; segundo, establece un intercambio de información necesaria con todos los países; y, tercero, define claramente que las regulaciones fitosanitarias para el ingreso de un producto de un territorio determinado necesita como condición sine qua non que se haga el análisis de riesgo plaga que consagra el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
Además, el nuevo texto precisa que el mecanismo de solución de controversias es una instancia netamente técnica, circunstancia que, por supuesto, es favorable para nuestro país.
En cuanto al mecanismo de fijación de normas internacionales, contempla un sistema más expedito, ya que la Comisión interina funciona anualmente, lo que permite una mayor agilización en aquel proceso.
Las Comisiones unidas hacen presente que, junto con aprobar un Convenio de esta naturaleza, es fundamental que el Ejecutivo adopte las medidas necesarias que permitan adecuar, en un plazo prudente, la normativa interna, a fin de dar una señal al mundo internacional en el sentido de que Chile no sólo va a aprobar esta iniciativa, sino que, además, está elaborando las modificaciones necesarias que posibiliten incorporarla a su legislación interna, lo cual representa una ventaja competitiva importante frente a los países desarrollados.
No obstante, es conveniente destacar que la normativa que Chile aplica actualmente cumple, en el hecho, con las exigencias señaladas en el Convenio y, por tanto, no está en contraposición y tampoco tiene objetivos distintos a los contemplados por la misma.
Por las consideraciones anteriores, la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas concordó en la conveniencia de incorporar este tipo de norma al ordenamiento jurídico interno.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, quiero complementar lo dicho por el Presidente de las Comisiones unidas, agregando el siguiente argumento.
Chile es un país que ha hecho un esfuerzo a lo largo de generaciones por mantener limpio de enfermedades, de plagas y pestes, nuestro territorio. Y, desde ese punto de vista, hemos ganado un prestigio internacional ampliamente reconocido.
Por lo tanto, la ratificación y aprobación de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria se inserta en la línea de lo que Chile ha hecho siempre en la defensa del cumplimiento de determinadas normas. Hay países incluso muy cercanos al nuestro que no las cumplen. Y eso nos ha generado, en distintas etapas, episodios frente a los cuales hemos tenido que realizar inversiones muy grandes, o liquidar producciones o masas ganaderas contaminadas por situaciones no originadas dentro de nuestras fronteras.
Creo que ésta es una Convención altamente conveniente. De modo que solicito al Senado dar su aprobación unánime al presente proyecto de acuerdo, tal como lo hicieron las Comisiones unidas.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo por unanimidad.
--Se aprueba unánimemente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 17:4 y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de la señora Marisol Isabel Arriagada Araya y del señor Julio Federico Vásquez Pacheco.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:16.
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El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Continúa la sesión pública.
Ha concluido el Fácil Despacho.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de algunos documentos llegados a la Mesa.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Se han recibido dos mensajes, mediante los cuales el señor Presidente de la República retira la urgencia y la hace presente de nuevo, con el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y
2.- El que modifica la ley Nº 19.123, denominada "Ley de Reparación", y establece otros beneficios en favor de las personas que indica.
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Además, han llegado cuatro oficios de la Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que dio su aprobación a los proyectos que se indican:
1.- El que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 3.391-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
2.- El que modifica la ley Nº 19.123, denominada "Ley de Reparación", y establece otros beneficios en favor de las personas que indica, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 3.393-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y a la de Hacienda, en su caso.
Con los dos siguientes hace saber que rechazó algunas modificaciones propuestas por el Senado a los proyectos de ley que se mencionan, a la vez que comunica la designación de los señores Diputados que integrarán las Comisiones Mixtas pertinentes:
1.- El que crea el Registro Nacional de ADN . (Boletín Nº 2.851-07).
--Se toma conocimiento y se designa a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para formar parte, en representación del Senado, de la respectiva Comisión Mixta.
2.- El que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral municipal, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 3.417-06).
--Se toma conocimiento y se designa a los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para integrar, en representación del Senado, la Comisión Mixta correspondiente.
Por otra parte, acaba de recibirse el texto de un acuerdo unánime de Comités en virtud del cual se propone retirar de la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión ordinaria el proyecto que crea la comuna de Alto Biobío y ubicarlo en el primer lugar del Orden del Día de la misma sesión.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, el proyecto no se incluirá en Fácil Despacho, como correspondería, sino en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria siguiente, en segunda discusión.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
LIMITACIONES A ADQUISICIÓN DE GRANDES EXTENSIONES TERRITORIALES EN ZONA AUSTRAL
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones de los Senadores señores Stange y Horvath, que tiene por objeto precaver la excesiva concentración de la propiedad de bienes raíces en la zona austral del país, con nuevo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales e informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Su discusión general se encuentra pendiente.
--Los antecedentes sobre los proyectos (2895-12 y 2952-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyectos de ley: (a) moción del señor Stange y
b) moción del señor Horvath)
a) En primer trámite, sesión 3ª, en 20 de marzo de 2002.
b) En primer trámite, sesión 3ª, en 4 de junio de 2002.
Informes de Comisión:
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 1ª, en 3 de junio de 2003.
M. Ambiente y B. Nacionales (nuevo), sesión 41ª, en 30 de marzo de 2004.
Constitución, sesión 41ª, en 30 de marzo de 2004.
Discusión:
Sesiones 3ª, en 10 de junio de 2003 (vuelve a Comisión de M. Ambiente y B. Nacionales y de Constitución); 55ª, en 11 de mayo de 2004 (queda pendiente su discusión general).
El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En la sesión de ayer se efectuó la relación del nuevo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en los cuales se concluye que el proyecto es constitucional.
El nuevo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recae en dos iniciativas: la primera prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio de bienes raíces que ocupen más del porcentaje que indica de la superficie de la provincia en que estuvieren situados, y la segunda prohíbe la adquisición de bienes raíces que excedan la extensión que especifica, a la vez que declara de utilidad pública la franja de terreno que sirva para los fines que señala.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , ésta es una iniciativa que ha ido cobrando vigencia creciente, en consideración a que partes importantes del territorio nacional han empezado a ser adquiridas para distintos fines: proyectos productivos, proyectos del área de la conservación.
Si uno revisa la legislación comparada, comprueba que en muchos países del mundo -por no decir en su gran mayoría- se establecen ciertos requisitos y restricciones para las compras masivas de territorio. En el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que Sus Señorías tienen a la vista, se menciona como ejemplos a Brasil, El Salvador , Guatemala, Canadá , Estados Unidos, México , Corea del Sur, Dinamarca , Irlanda , Noruega y Suiza.
Con motivo de su reciente ingreso a la Unión Europea, materializado el 1º de mayo, los países de Europa Central exigieron una cláusula que prohíbe a los Estados originales de ese conglomerado adquirir terrenos dentro de su territorio por un período determinado, dadas las diferencias de costo de la tierra.
Con esto quiero destacar que todos los países imponen restricciones mínimas para la compra de porciones significativas de sus territorios, con el objeto de salvaguardar en ellos el orden administrativo, la integridad territorial o el interés nacional.
En cuanto a este último, el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, relativo a las garantías constitucionales, establece en su numeral 23: "La Constitución asegura a todas las personas: (¿) 23º La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o" -agrega expresamente- "que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.". Y el inciso segundo dispone: "Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes".
El interés nacional se ve afectado por la compra masiva del territorio cuando porciones significativas de comunas, provincias o regiones quedan en una sola mano y, particularmente, en una mano extranjera. Eso ocurre con el proyecto del Parque Pumalín, en la provincia de Palena, donde, además de la adquisición de terrenos, ha habido un proceso sistemático de desalojo de los pobladores, por distintas vías. Y de esta manera, funciones administrativas del Estado a nivel comunal -como las que corresponden a Carabineros, a los servicios de salud y a las escuelas- dejan de prestar utilidad, porque no hay en quién aplicarlas, o se ven afectadas de una u otra forma, como ha ocurrido en el caso que nos preocupa.
Más grave aún es que tales compras abarquen superficies que van desde la frontera chileno-argentina hasta el Océano Pacífico, lo cual afecta la integridad territorial. Ello entraba la existencia de un camino continuo y la interconexión eléctrica -a la cual últimamente se le ha puesto mayor atención, como consecuencia de la crisis desatada por la baja en las entregas de gas argentino-, y dificulta la interconexión de los medios de comunicación y el quehacer de los servicios públicos en general.
Durante el debate de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se consultó a varias autoridades regionales, en especial a los intendentes, respecto a en qué casos podría darse tal situación. Y, por vía del descarte, se llegó a la conclusión de que ello tenía particular relevancia en la zona sur-austral -como quedó consignado en el primer informe-, por cuanto en áreas comunitarias significativas, como las de la Tercera y Cuarta Regiones, o en proyectos forestales, como los de la Octava o Novena, no se generan los problemas señalados.
Por eso, las medidas propuestas se restringen a lo aquí señalado.
Pero éste no es un proyecto con nombre, porque en los últimos años se han empezado a hacer importantes compras de terreno en nuestro territorio desde Valdivia hacia el sur, las cuales, si bien persiguen fines de conservación muy loables, generan interferencias con proyectos de Estado, como la construcción de vías y la interconexión eléctrica de las comunicaciones, e incluso afectan la identidad cultural de algunas localidades, ya que provocan la salida sistemática de los colonos que llegaron a poblar esas tierras cuando no había caminos ni comunicaciones.
Las razones por las cuales ellas se venden con tanta facilidad también las detectamos durante el análisis realizado por la Comisión. Si a través de una reforma se lograra modificar la división político-administrativa del país y se llegase a esas localidades con los proyectos, las políticas y los recursos consignados en la Ley de Presupuestos, que se aprueba en el Congreso, la gente no vendería sus propiedades tan fácilmente.
Ésa sería una manera positiva de enfrentar el problema, y así lo hemos planteado. Otra podría ser la restricción propuesta en el proyecto. En cuanto a las normas constitucionales que se verían tocadas ¿por así decir-, pero no afectadas por la iniciativa, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia procedió a revisar en forma y fondo el articulado y los antecedentes pertinentes.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, a su vez, solicitó informes a expertos y profesores de Derecho Constitucional, quienes nos hicieron entrega de ellos para los efectos del debate en la Sala.
En atención a que estamos en la discusión general del proyecto, será preciso abrir un plazo ¿ojalá breve- para la formulación de indicaciones que permitan darle mayor eficacia. En ese sentido, hemos sostenido reuniones con personeros de Gobierno, y en particular con el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , quienes nos han expresado que están estudiando el tema y que, incluso, en un momento dado pensaron elaborar otra iniciativa paralela o hacerse parte de éste por la vía de indicaciones.
Eso abre la oportunidad de salvaguardar el interés nacional, especialmente en lo referente a la zona austral, cuyas comunas, provincias y regiones representan más del 40 por ciento de la superficie de Chile. No debemos permitir que la adquisición sistemática de esas tierras frene otras opciones de desarrollo y afecte el interés nacional.
Por las razones expuestas, señor Presidente , solicitamos a la Sala aprobar el proyecto, como sucedió en las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que lo acogieron por unanimidad.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , la moción presentada por el Senador señor Horvath y otra anterior formulada por quien habla fueron refundidas en el texto sometido esta tarde a consideración de la Sala, toda vez que ambas tendían, en definitiva, a tutelar la continuidad territorial, a fin de evitar la excesiva concentración de la propiedad raíz producida en algunos casos, y a regular la función social de la misma, sobre todo en lo relativo a la utilidad pública. Así, se propone limitar la adquisición de inmuebles en la región austral y se tipifica un delito respecto de los contratos simulados.
La motivación que dio lugar a tal normativa se funda en dos casos emblemáticos. El primero -de amplia difusión nacional- consiste en que un solo ciudadano extranjero, por sí o por intermedio de entidades de fachada bajo su control, ha llegado a ser dueño de bienes raíces por más de 450 mil hectáreas en la provincia de Palena, adquiridas legalmente a sus dueños, por vía directa o indirecta, generando de ese modo el despoblamiento del área. Su afán adquisitivo no se encuentra limitado en forma alguna y, a la fecha, por recientes compras, sus inmuebles llegan a la provincia de Llanquihue, por el norte, y a diversos predios de la Undécima y Duodécima Regiones, siempre ubicados todos en sectores limítrofes o cercanos a ellos.
Con lo anterior, debido a que la concreción de una política de ecología profunda privilegia el medio ambiente por sobre la persona humana, se contrarían los principios que orientan la Constitución Política de la República y nuestra legislación en general.
La superficie de 450 mil hectáreas del Parque Pumalín, de las cuales 300 mil, más o menos, serán destinadas a un probable Santuario de la Naturaleza, interrumpe la continuidad del territorio nacional de mar a cordillera, que únicamente es cruzado de norte a sur por una franja fiscal -de no más de 30 metros de ancho- que ocupa la Carretera Austral, construida por el Estado.
En este momento no tengo los antecedentes suficientes como para determinar con exactitud la superficie del Parque Pumalín, por cuanto algunos colonos, avecindados por generaciones en esas áreas, ofrecen en venta sus campos a ese ciudadano extranjero en forma directa. Ello, por razones económicas, dado que reciben a cambio sumas de dinero que difícilmente otro comprador les podría pagar, atendida la pobreza de los suelos o la exigua cantidad de hectáreas que les pertenecen.
Cabe dejar constancia de que en la actualidad no hay colonos que residan en los predios de ese ciudadano estadounidense. Se ha producido el despoblamiento en el sector. Se puede precisar que trabajan en Parque Pumalín nada más que 80 personas, entre operarios y profesionales. Igualmente, pese a que con anterioridad funcionaban tres estaciones de salmonicultura en los alrededores de ese Parque, ahora solo queda una.
En cuanto a la población, entre el censo de 1992 y el de 2002 la de la provincia de Palena sólo aumentó en 1,17 por ciento, y la de la comuna de Chaitén, en 1,03 por ciento.
En la historia de la provincia de Palena se pueden distinguir tres épocas.
En la primera, que se extiende hasta principios del siglo XX, el Gobierno, mediante decreto, autorizaba a los interesados traer colonos extranjeros para postular a predios de 30 mil a 50 mil hectáreas, con la obligación de establecer líneas de navegación entre ese territorio y Puerto Montt. Pero el decreto contenía una norma especial, donde se especificaba, en forma clara, que dichos terrenos no constituían propiedad para el interesado, sino que estaban destinados a asentar a los futuros colonos, quienes posteriormente recibirían la propiedad de los inmuebles.
En la segunda época, que se inicia a principios de la década de 1930, los Gobiernos comienzan a vender grandes extensiones de tierras a chilenos o extranjeros, otorgándoles los títulos de dominio definitivos. En la tercera época nos enfrentamos al caso en que un solo ciudadano extranjero adquiere grandes superficies de territorio con la aprobación expresa del Estado.
Esas tres épocas diferentes demuestran el poco interés que la autoridad central ha tenido por el desarrollo de la provincia más aislada del país, que sin duda es la de Palena. Tan así es ¿y sólo para citar un ejemplo-, que carece de un hospital de suficiente categoría, que permita atender a los colonos y habitantes de la zona. Por ello, recientemente el Sistema Nacional de Servicios de Salud chileno firmó un convenio con su similar argentino para atender a connacionales enfermos en la ciudad de Esquel, de la nación vecina.
Por otra parte, llama la atención el hecho de que algunas personas jurídicas extranjeras hayan operado en Chile como compradores de bienes raíces al margen de lo prescrito en el reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones, el que, entre otras obligaciones, exige a éstas obtener la dictación del decreto supremo que las autorice para desarrollar actividades en nuestro país. Dichas entidades jurídicas foráneas se encuentran vinculadas al mismo ciudadano extranjero a que me he referido.
Debo manifestar que en 1997 ese señor suscribió un Acta de Acuerdo con el Gobierno de Chile, donde se comprometía a participar en la regulación de los títulos de dominio y respetar los derechos de los propietarios circundantes. Sin embargo, la compra de terrenos ha significado el éxodo de sus antiguos dueños, dando margen a la aplicación práctica de la teoría de la ecología profunda. Es así como, del total de un millón 530 mil hectáreas que comprenden la superficie de la provincia de Palena, más de 450 mil pertenecen a ese extranjero o a fundaciones que él representa y que fueron constituidas de acuerdo a la legislación norteamericana.
Especial impacto constituye la circunstancia de que la mayor parte de los terrenos de propiedad del señor Tompkins está ubicada en la comuna de Chaitén, cuya superficie es de más o menos 847 mil hectáreas. O sea, la mitad de la superficie de esa comuna pertenece a extranjeros.
El segundo caso emblemático se sitúa en Chiloé. Aquí un inversionista foráneo es dueño de casi un tercio de la superficie de la comuna de Quellón. Es decir, de un total de 324 mil hectáreas aquél posee 120 mil, concentración territorial que resulta desventajosa, en nuestro concepto, para el desarrollo de esa comuna.
La fundamentación constitucional del proyecto en debate se encuentra en los números 23 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura el derecho de adquirir el dominio en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y el derecho de propiedad sobre ellos, con excepción de los comunes a todos los hombres o de los que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así.
También se estatuye en ese mismo artículo la posibilidad de que la legislación establezca limitaciones a la adquisición de determinados bienes, como también al ejercicio del derecho de dominio, cuando lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
Así, el legislador puede y debe regular el uso de la propiedad, de acuerdo con las exigencias del bienestar general e, incluso, le está permitido reservar determinadas clases de bienes, porque el Estado no los puede abandonar en manos privadas sin grave daño al bien común. De esta manera, el derecho de propiedad o alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio se encuentra además cautelado por ley, a menos que una norma de carácter general o especial autorice la expropiación, sobre la base de las causales ya expresadas de utilidad pública e interés nacional.
Es precisamente la autorización otorgada al legislador lo que me ha movido a presentar el proyecto. Además, conozco en terreno la realidad que he descrito, la cual afecta nuestra integridad nacional, perjudicando el interés común de la nación.
En lo relativo al Derecho comparado, la Biblioteca del Congreso realizó un acucioso trabajo, que fue agregado al informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. De ese estudio, se desprende que la mayoría de los Estados protegen eficazmente las normas limitativas al excesivo acopio o concentración de territorio y también aquellas que tutelan la continuidad territorial.
El texto del proyecto refundido que la Comisión ha presentado a la Sala consta de cuatro preceptos. En el artículo 1º se limita la adquisición del dominio y los derechos reales, así como el ejercicio de la posesión o mera tenencia de bienes raíces ubicados en la zona austral, cuando impidan la continuidad territorial del país.
Del mismo modo, se propone restringir en ciertas provincias de la Décima Región y en toda la Undécima y Duodécima Regiones, la adquisición del dominio y otros derechos reales sobre más del 10 por ciento de la superficie total de una provincia o más del 40 por ciento de una comuna.
La referida norma se acotó a la zona austral, atendidas las características geográficas de ese territorio, y se hace aplicable a nacionales y extranjeros.
En el artículo 2º se establece que la transmisión y la transferencia de estos inmuebles deberán regirse por la ley en proyecto.
En el artículo 3º se obliga a notarios y conservadores de bienes raíces a cautelar estas normas y se tipifica su trasgresión.
En el artículo final, se armoniza el proyecto en análisis con el decreto ley Nº 1.939, de 1977; el decreto con fuerza de ley Nº 83, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1979; la ley Nº 18.255, de 9 de noviembre de 1983, y la ley Nº 19.420, de 23 de octubre de 1995, todos relativos a la adquisición de terrenos en nuestro país por parte de extranjeros. Además, son claros ejemplos de limitaciones legales a la adquisición y el ejercicio del derecho de dominio que sirven de precedentes para el proyecto presentado.
En definitiva, el Senador que habla estima que la aprobación en general de la iniciativa constituye un positivo medio para cautelar, por la vía legal, el excesivo acopio de bienes raíces en manos de particulares, de modo de contar con una integración nacional adecuada para el ejercicio de la soberanía, sin tropiezo alguno en su continuidad territorial.
He dicho.
El señor PROKURICA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , ¿es posible abrir la votación a partir de las 18, a fin de dejar el voto en la testera?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación en general del proyecto a las 6 de la tarde.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor VALDÉS.-
¿Me permite, señor Presidente ?.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Se trata de algún asunto reglamentario, señor Senador ?
El señor VALDÉS.- No. Sólo deseo intervenir en el debate.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Está inscrito, Su Señoría, pero hay varios señores Senadores antes que usted.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HUENCHUMILLA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , no tengo inconveniente en que el Honorable señor Valdés hable primero.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Hay que respetar el orden de los inscritos, señor Ministro.
Puede hacer uso de la palabra.
El señor HUENCHUMILLA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , el Ejecutivo ha seguido desde su presentación las mociones que dieron origen a este proyecto. En Chile no existe una regulación o reglamentación legal acerca de las megapropiedades. Por lo tanto, al Gobierno le parece que legislar acerca de ellas constituye una iniciativa que apunta en la dirección correcta.
Cabe recordar que este asunto surge en la discusión pública a partir del caso Tompkins, donde los Honorables señores Horvath y Stange han tenido una participación conocida. Por ello, hemos seguido con interés el debate, y lo mismo ha sucedido con el desarrollo del proyecto.
En su momento, el Ministro Secretario General de la Presidencia , don Mario Fernández , concurrió a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales e hizo presentes algunas dudas de constitucionalidad respecto del contenido de las primitivas mociones. Esas inquietudes fueron subsanadas luego en el informe emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Corporación.
Sin embargo, si bien estamos conscientes de la conveniencia de legislar sobre las megapropiedades, no nos satisface plenamente el contenido de la iniciativa, debido a un par de consideraciones que deseo señalar brevemente.
En primer lugar, no nos parece conveniente debatir un proyecto, que será de aplicación general, a partir de un conflicto, de una coyuntura con nombre y apellido, más aún cuando estamos hablando del derecho de propiedad, que constituye la piedra angular de nuestro sistema económico y donde es fundamental la seguridad jurídica para chilenos y extranjeros, particularmente para los inversionistas,.
De ahí que nos parece que introducir una legislación sobre la materia a causa de las acciones de una persona determinada es abrir una caja de Pandora. En efecto, a raíz de otros conflictos acaecidos recientemente o que puedan presentarse en distintas áreas de la economía, algunas personas podrían argumentar que, así como se legisló acerca de la situación del señor Tompkins, correspondería hacer lo mismo respecto de la inversión foránea, de las AFP, de los bancos, de la energía, del porcentaje que los extranjeros tienen en nuestras industrias básicas, etcétera.
Entonces, el Ejecutivo estima que se fortalece nuestro sistema económico, jurídico e institucional en la medida en que exista una normativa cuya característica sustancial sea la generalidad y no una legislación aplicable exclusivamente, casi con nombre y apellido, a una situación coyuntural específica.
En segundo término, las normas extranjeras sobre la materia, más que establecer prohibiciones respecto del derecho de propiedad, fijan regulaciones. Por eso, decimos que en el orden económico el Estado tiene un rol regulador en cuanto al funcionamiento del sistema de economía de mercado que, por lo demás, está consagrado en la propia Carta Fundamental.
Por lo tanto, en lugar de instaurar en la moción una prohibición tan tajante, clara y precisa, nos parece mucho más pertinente, acorde con nuestro sistema institucional, jurídico y económico, fijar una suerte de regulación respecto de las megapropiedades, pero con un sentido de generalidad, como lo señalé en el primer punto.
Por lo demás, leyendo las prohibiciones que figuran en ambas mociones, cualquier abogado podría encontrar de manera fácil múltiples fórmulas para eludirlas. Nosotros dudamos absolutamente de la eficacia de aquéllas. Basta con señalar que la prohibición recae sobre una persona natural o jurídica, la cual puede comprar en nombre de otra -de su cónyuge, de sus hijos, de sus parientes- y crear cuantas personas jurídicas desee para los efectos de formar un gran paño; desde el punto de vista jurídico, serían terrenos distintos, pero en términos prácticos -político, económico, por así decirlo- constituirían un solo gran paño.
Entonces, no nos engañemos nosotros mismos respecto del contenido y la eficacia de dichas prohibiciones, por cuanto son perfectamente eludibles mediante una adecuada asesoría jurídica sobre el particular.
Por otra parte, señor Presidente , considero importante analizar un aspecto que no ha sido mencionado en el debate: la superposición de la legislación existente para las zonas fronterizas. Hay normas concernientes a la prohibición del dominio de bienes fiscales; otras referidas a bienes privados y fiscales, que requieren la autorización del Presidente de la República , y las relativas al borde costero, donde interviene la Subsecretaría de Marina.
Por lo tanto, antes de introducir tales prohibiciones conviene realizar un estudio detallado acerca de la superposición de la legislación, para ver las implicancias que tendría la normativa en análisis en relación con ese tipo de materias.
Ahora bien, si estamos singularizando una legislación respecto de un territorio determinado, podría surgir la duda de por qué no se hace lo mismo, por ejemplo, en Arica o Parinacota, o en la Primera o Segunda Regiones.
En tal virtud, entendiendo el propósito y las buenas intenciones de los señores Senadores que presentaron las mociones, nos parece que su contenido no logra satisfacer plenamente lo que se requiere como país en cuanto a las megapropiedades, situación que fue planteada de manera puntual aquí a propósito del caso del señor Tompkins.
En otro orden de ideas, deseo manifestar que he leído con detenimiento el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre la constitucionalidad del proyecto. Y sólo tengo una observación que formular acerca de un punto, del que no se hace cargo dicho documento, cual es la prohibición existente respecto de la transferencia y la transmisión.
La prohibición habla de "transferencia" y de "transmisión", o sea, de actos entre vivos y de actos por causa de muerte. La inquietud que surge es si respecto de los actuales propietarios -porque la prohibición es actual- se estaría vulnerando el derecho de propiedad en su esencia con relación al artículo 19, número 26º, de la Carta Fundamental, cuestión de la que no se ocupa el referido informe.
Creo que convendría examinar ese asunto, porque podría quedar comprometida la responsabilidad del Estado en relación con los actuales propietarios, con los herederos; además, no sé cómo operaría la normativa en estudio en caso de disolución de las fundaciones. Vale decir, son problemas jurídicos difíciles de vislumbrar en este minuto.
Para terminar, señor Presidente, me referiré a dos aspectos.
Primero, consideramos que se debe tener cuidado con los efectos que el proyecto podría producir en relación con los tratados internacionales que hemos celebrado con distintas potencias del mundo. Asimismo, en el caso de las naciones con las cuales no hemos suscrito ese tipo de instrumentos, habría que ver sus repercusiones respecto del principio de reciprocidad.
Deseaba plantear ese punto como algo importante, que debería ser examinado en profundidad, para no cometer algunos errores con motivo de los tratados que hemos suscrito y por la posible alegación del principio de reciprocidad a raíz de la normativa en análisis.
En segundo lugar, debo señalar que estamos estudiando una propuesta a fin de establecer una regulación para las megapropiedades. Pero como el asunto es complejo y arduo, nos hallamos a la espera de un informe de los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores con el objeto de que el Ejecutivo formule directamente un proyecto sobre la materia.
Estamos disponibles para elaborar una indicación -si es que logramos consensuar un sentido diferente del que tiene la iniciativa- tendiente a establecer una regulación sobre el particular. La idea es que podamos tratar nuevamente en una Comisión los puntos que, como representante del Ejecutivo, he señalado.
Es cuanto deseaba expresar, señor Presidente.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , el proyecto de ley que nos ocupa ha dado lugar a diversos cuestionamientos que, en definitiva, apuntan a determinar si concurren en este caso razones legítimas para imponer limitaciones al derecho de dominio por la vía de la prohibición de adquirirlo bajo ciertas circunstancias.
No cabe duda de que se trata de normas excepcionales y poco comunes, pero su legitimidad se ampara en la necesidad de resguardar la continuidad territorial de nuestro país, considerando la zona en la que se imponen estas restricciones y teniendo presente la particular morfología de la geografía austral chilena.
Aquí el derecho no es afectado en su esencia, sino que se regula su adquisición en pro de un interés superior e ineludible de la nación, ya que tenemos el deber de velar por la integridad y continuidad territoriales.
Es necesario tomar las medidas de resguardo en una zona que se caracteriza por su baja densidad poblacional, por su aislamiento geográfico y por las duras condiciones climáticas, que dificultan las comunicaciones, el transporte y el desarrollo.
Lamentablemente, esta necesidad regulatoria ha nacido de la experiencia adversa sufrida por los habitantes de estas localidades frente a propietarios que concentran propiedades de grandes extensiones. Éstas no sólo han creado conflictos con particulares, sino que también han afectado a las administraciones locales.
Es así como los ediles de la provincia de Palena dieron cuenta de los obstáculos que han surgido en el diseño y la puesta en marcha de los planes de desarrollo comunal y en la ejecución de las políticas de colonización y poblamiento en las localidades rurales y aisladas que forman parte de esas regiones del país.
Sin embargo, el aspecto más relevante lo constituye el efecto negativo que la concentración excesiva de la propiedad en esta zona provoca en la plena integración geopolítica del país, en la denominada "continuidad del territorio nacional", que es uno de los aspectos esenciales de nuestra soberanía.
Es por esta vía que se orientan las aprensiones que dan lugar a nuestro apoyo a la presente iniciativa.
No se trata de inhibir la inversión privada en la zona, ni de coartar proyectos de conservación ecológica o de desarrollo turístico; al contrario, se pretende favorecer las condiciones que permitan aplicar las políticas nacionales destinadas a dotar de la necesaria infraestructura básica a esta parte del territorio, lo que, a largo plazo, beneficia también a los propietarios e inversionistas que han demostrado interés en dicha zona.
Lo importante es establecer normas que no involucren rasgos de discriminación, que no provoquen inestabilidad en la esencia del derecho de propiedad y que sean consecuentes con nuestro Estado de Derecho, basado en el reconocimiento del principio de respeto a los derechos adquiridos.
Sin embargo, ello no impide que legítimamente adoptemos las regulaciones que amparen los intereses nacionales, los cuales se han visto afectados por el fenómeno de la concentración de la propiedad en la zona austral de Chile.
Existen pocos lugares en el mundo que conservan el atractivo de la naturaleza casi deshabitada, como ocurre en el extremo austral de nuestro país. De manera que resulta previsible que este fenómeno se acentúe en el futuro.
Todavía estamos a tiempo de mantener el control de nuestra integridad territorial, estableciendo normas que determinen los límites del delicado equilibrio entre los derechos particulares y el interés de la nación.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, es importante tener claro el objetivo del proyecto.
El señor Ministro señaló que esta iniciativa tiene nombre y apellido. La verdad es que en parte tiene razón, y en parte, no. Tiene razón en cuanto a que el señor Tompkins ha adquirido y continúa adquiriendo gran cantidad de tierras, más allá del compromiso adoptado en el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle . No la tiene, en cambio, si se piensa que el propósito del proyecto es legislar para el "caso Tompkins".
Lo preocupante es que en la zona austral del país, área de colonización, donde la sociedad chilena todavía no se ha establecido en plenitud y en que la inmensa mayoría de las tierras son fiscales, se han ido constituyendo, no obstante, propiedades privadas de enorme extensión sin que exista ninguna actividad reguladora del Estado.
Sólo respecto de la zona austral -es decir, Palena , Chiloé y de ahí hacia el sur- se justifica, entonces, que la ley ponga un límite a la cantidad de hectáreas que puede obtener un particular, a fin de que el Estado vaya implantando su soberanía con mayor eficacia.
Hace poco tiempo, con la Comisión de Medio Ambiente visitamos la Hacienda Yendegaia, ubicada en la zona del canal Beagle . Materialmente, allí existe un retén de Carabineros con muy poca dotación -no se justifica una mayor, por lo despoblado del territorio-; en Puerto Williams hay una instalación de la Armada de Chile, y después, nada.
El señor PROKURICA.-
El retén está en Puerto Toro.
El señor VIERA-GALLO .-
También existe uno en Puerto Toro, pero yo me refiero al que se halla a la entrada de la Hacienda Yendegaia.
Como señalé, después no hay nada. O sea, se trata de un área despoblada.
Frente a esa situación, los particulares, con distintas finalidades -a veces, de producción; otras, de conservación ecológica o, incluso, ilícitas-, al adquirir gran cantidad de terreno, se constituyen en la práctica -por decirlo de algún modo- en la autoridad del lugar, como el antiguo señor feudal, o como el dueño de una marca, al estilo de fines del Imperio Romano.
No queremos eso. Deseamos que el Estado de Chile pueda ejercer en plenitud sus atribuciones, sus leyes, en esa zona del país.
Por ello, esta iniciativa no pretende sino algo muy legítimo: que se ponga un límite -como ocurre en muchas naciones- a la cantidad de hectáreas que un particular pueda adquirir en esa área de colonización.
Se trata de una regulación modesta, no arbitraria, porque no distingue entre nacionales y extranjeros, ni tampoco impide para nada el crecimiento económico, la conservación del medio ambiente, el establecimiento de los colonos y el buen funcionamiento del Estado en esa zona.
El señor Tompkins -ello vale para todas las personas que tienen ese tipo de propiedades- sólo sería afectado en cuanto a que no podría seguir comprando. Pero lo que ya tiene es de él. Y no hay afán expropiatorio; no podría haberlo. Simplemente, no queremos que en el futuro se constituyan en la zona austral propiedades que excedan determinado número de hectáreas.
Podrán discutirse los límites fijados a la propiedad. No sé. Para algunas comunas o provincias -no recuerdo bien- se determinan porcentajes máximos. Esto podrá ser discutido. También se señala que no debe haber una propiedad que vaya desde el límite con Argentina hasta el mar, etcétera.
Empero, creo que el propósito de la iniciativa es loable.
Y, en tal sentido, me extraña que las personas más críticas de las acciones del señor Tompkins -se oponen a él, hablan en su contra-, quienes en su momento rechazaron este proyecto -no quiero decir que lo torpedearon, pero sí algo muy similar- y cuestionaron su constitucionalidad, lo hayan mandado a la Comisión de Medio Ambiente por segunda vez y a la de Constitución, porque temían que se vulnerara la Carta. Pero ambas Comisiones -sobre todo la de Constitución, que tiene más competencia- dictaminaron con absoluta claridad que la iniciativa es perfectamente constitucional; o sea, que el legislador puede imponer límites al ejercicio del derecho de propiedad en función de una serie de valores establecidos en el articulado.
Entonces, pienso que el texto que nos ocupa, originado en dos proyectos presentados por los Senadores señores Stange y Horvath , los cuales se refundieron en uno solo, que además se corrigió -porque al principio era aplicable a todo el país, lo que habría creado una situación insostenible-, limitado a la zona de colonización de Chile, es perfectamente lógico y no provoca ningún perjuicio.
Por eso manifesté que el señor Ministro tiene razón en parte, y en parte, no. Porque la iniciativa esta motivada por lo que ocurre en la zona austral. Sin embargo, no se refiere sólo al "caso Tompkins", sino a cualquier propiedad que vaya más allá de determinada extensión en el sur del país.
Ahora, la iniciativa no afecta en nada a las propiedades que el señor Tompkins u otras personas tienen actualmente en el ejercicio de sus derechos (y por eso no se trata de una legislación con nombre y apellido). Uno y otras se verían afectados únicamente, en caso de alcanzar el límite que fija el articulado, por la prohibición de seguir comprando tierras adyacentes para extender sus propiedades.
El señor Ministro dice: "Esto se puede burlar". Obviamente. Para eso están los abogados: para sacarle la vuelta a la ley. Pero si ése fuera el único criterio, no se podría legislar, porque siempre se busca el camino para sacarle la vuelta a toda normativa, en un interés legítimo del particular. Y el abogado tiene como función, dentro de determinadas pautas éticas, aconsejar a sus clientes.
Empero, ése no es el único criterio para legislar. De lo contrario -repito-, no habría legislaciones tributarias, por ejemplo, porque lo que hacen las oficinas de abogados y de contadores es precisamente aconsejar a los particulares para aprovechar mejor la ley a fin de pagar menos impuestos.
Entonces, no me parece que esa objeción inhiba al Congreso para legislar.
El Gobierno ha expresado en varias oportunidades que desea enviar un proyecto de ley propio. Sin embargo, pasan los meses,
El señor HORVATH.-
Y los años.
El señor VIERA-GALLO .-
y no veo que exista mayor interés. No digo que ello obedezca a que no se preocupa por el sur del Chile, sino a que seguramente hay muchas otros problemas más urgentes. No es una cuestión de desidia, sino de demasiado trabajo. Por eso no se ha enviado la iniciativa.
He ido en tres ocasiones a la zona -pese a no ser representante de ella- con la Comisión de Medio Ambiente: dos a la Hacienda de Tompkins y una a la Hacienda Yendegaia. Y también viajé a ella, en el transporte "Aquiles", con los Senadores señores Valdés y Arancibia (lo he hecho en tres oportunidades). Esas seis visitas me permitieron darme cuenta de que se trata de un territorio totalmente despoblado -¡lo he visto con mis propios ojos!-: no hay nada más que el recinto de la Armada de Chile; uno que otro colono; la industria salmonera, y grandes empresas forestales o personas interesadas en la preservación ecológica.
Reitero mi opinión, señor Presidente : creo que, hasta ahora, el proyecto del señor Tompkins, siendo ya un hecho prácticamente consumado -no me voy a referir a si debió haber existido o no-, es loable: busca preservar la naturaleza. Además, pienso que el acuerdo que firmó con el Ministro señor Huenchumilla es bueno. Y no creo que se impida el paso de la carretera austral, ni la realización de los tendidos eléctricos, ni la habilitación de las señales para los aviones. Todo eso puede obviarse, porque la servidumbre va a primar sobre cualquier declaración de Santuario de la Naturaleza. Es decir, no objeto ese punto.
Sin embargo, no me parece natural que una sola persona siga acumulando tierras. Hoy puede llamarse "Tompkins"; mañana, de otra manera. Hay en el sur otros señores que hacen lo mismo; ilustres empresarios chilenos -partidarios más bien de las bancadas de enfrente- quieren asimismo invertir con igual finalidad en la zona de Chiloé. Nada impide que lo hagan. Pero creo que hay que fijarles un límite.
Señor Presidente, termino manifestando que respaldo la iniciativa de los Honorables señores Stange y Horvath.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Recuerdo a los señores Senadores que a las 18 se abrió la votación general de este proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, no me he dedicado a este tema con anterioridad. Escuché muy atentamente lo que se ha expuesto en la Sala, y me parece que se trata de una materia importante y de suyo delicada.
Parto señalando que votaré a favor de la idea de legislar. Sin embargo, pienso que hay que tomar en cuenta complejidades cuya línea de razonamiento va en distintas direcciones.
El Ministro señor Huenchumilla dijo un par de opiniones que me parecen muy significativas.
Desde luego, uno no puede ignorar el problema de los precedentes respecto de otros sectores u otras regiones en una economía inserta en el mundo global, donde la propiedad y la iniciativa privadas son motores, porque puede ser serio.
También me preocupa la otra observación -muy pertinente- del señor Ministro , relativa a que, tal como está redactada la iniciativa en este momento, sería muy fácil de eludir mediante la formación de distintas personas jurídicas, vía adquisición por parte de parientes, en fin; el señor Ministro dio varios ejemplos.
Ésa es una cara de la medalla.
Por otro lado, Chile tiene como objetivo nacional -a mi juicio, compartido- el desarrollo del país, cualquiera que sea el modelo específico o la estrategia. Eso significa la intención de elevar el nivel de vida de todos los habitantes. Y, para concretar este propósito, debemos hacer uso de nuestros recursos, aplicar tecnologías, buscar nichos de inversión, etcétera.
Sin embargo, aquello lleva a un punto en que es necesario compatibilizar la potencialidad de explotación de nuestros recursos con la promoción del medio ambiente; con la necesidad de tener estándares medioambientales cada vez más exigentes. Incluso, para poder seguir exportando, hemos de mejorar todos los estándares ambientales.
¿Por qué digo lo anterior? Porque, a mi entender, el respeto a la naturaleza y su resguardo son metas muy loables. Empero, hay ciertos extremos. Hoy día existe la llamada "ecología profunda", que tiene como objetivo paralizar el desarrollo. En el fondo, el ideal ecologista profundo es "desarrollo cero".
Ése es un punto bastante complicado y que uno no puede ignorar cuando está inmerso en el debate. Y el señor Tompkins, cuyo caso de alguna manera ha dado origen a esta iniciativa, parece ser una persona que se halla cercana a esa frontera.
En consecuencia -insisto-, ése es un punto que hay que tomar en cuenta.
Otra situación -la puso de relieve el Senador señor Viera-Gallo- es la del despoblamiento, sobre todo en el sur, en la zona a que se refiere de manera específica la iniciativa.
Respecto del poblamiento, lo relevante no es la eficacia de la forma de llevarlo adelante -si consiste en propiedades pequeñas, en propiedades grandes-, sino que permita el desarrollo. Y habrá más o menos densidad de población según sea el tipo de actividades que resulten naturales en el área correspondiente. Al final, en la época que vive el mundo, uno no coloniza artificialmente.
Por tanto, hay que considerar la cuestión del poblamiento. Empero, uno puede llevarla también a líneas de razonamiento relativamente distintas. Y eso es algo que habremos de profundizar cuando entremos a la discusión particular del proyecto.
Ahora, la referencia a la zona sur es algo natural: de un lado, por las características de todo orden de la región, y de otro, por la parte de la moción inspirada en la situación de hecho que se ha originado con las actividades de compra del señor Tompkins.
Pero también uno piensa: "Bueno, algún tipo de regulación". Y en eso encuentro razón al señor Ministro . Por tanto, más que prohibir, hay que tratar de regular.
No obstante, si uno pensara en regulación, podría preguntarse -aunque fuera un ejemplo absurdo- qué pasaría si existiera un Bill Gates boliviano. Con toda tranquilidad, podría comprar una franja de diez kilómetros, de cordillera a mar, y dividir el territorio de Chile en dos.
O sea, el evitar una discontinuidad territorial y el impedir que se obstaculice seriamente la potencialidad de desarrollo del país o de una región de él son dos factores que deben tomarse en cuenta y que, en mi concepto, justifican legislar sobre la materia.
Para terminar, señor Presidente , haré una breve referencia a una cuestión lateral que no sé si está resuelta en los acuerdos y conversaciones recientes del Ministro señor Huenchumilla con el señor Tompkins: la diversificación de nuestra matriz energética.
El Presidente de la República lanzó una iniciativa muy interesante, relativa al gas que se licua y se regasifica.
También es muy importante lo vinculado con la hidroelectricidad, sobre todo a mediano y largo plazo, en que los ríos del sur -el Baker, el Puelo y otros- pueden tener gran incidencia. Pero no sé si está garantizada la eventual instalación de líneas de tendido para transmisión eléctrica a través del territorio ya comprado por el señor Tompkins.
Lo que quiero decir es que en el concepto de Santuario de la Naturaleza hay que tomar en cuenta providencias conducentes a que ciertos elementos que en un momento dado pueden ser vitales o estratégicos para el país -ahora dejo de pensar en el señor Tompkins y hablo en general- sean debidamente cautelados, con el fin de posibilitar que en determinado instante, sin que se produzca un descalabro jurídico, se haga algo que el país necesita.
He dicho.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , he seguido con interés este debate. No voy a repetir la excelente argumentación del Honorable señor Viera-Gallo , con quien concuerdo plenamente. Debo, sí, referirme a algunos aspectos de la intervención del señor Ministro con los cuales estoy en franco desacuerdo, porque no me parece que, ante un asunto de esta naturaleza, se piense que una legislación como la que se proyecta pueda afectar la columna vertebral en que descansa el modelo de desarrollo. Si tal fuera, querría decir que estamos sometidos a cualquier presión externa desde el punto de vista comercial.
El modelo de desarrollo debe considerar a Chile entero. Y aquí no hay ningún interés en afectar obligatoriamente a extranjeros.
Una legislación de este tipo es de protección elemental. Y se repite en casi todas las naciones del orbe. Por ejemplo, Suiza, país receptor de los mayores recursos financieros del mundo, impone en su legislación limitaciones severas para que un extranjero, cualquiera que sea, pueda comprar una casa en Ginebra o en Berna. ¿Por qué? Porque los suizos quieren preservar su territorio para ellos. Es una forma elemental de defender la soberanía de una nación. Y no están al margen de legislación alguna.
Por consiguiente, considero fuera de lugar la idea de que una normativa como ésta pueda ahuyentar inversiones extranjeras, o afectar intereses foráneos, o ser considerada como royalty y llevar a un proceso de temor.
No me gusta ese tipo de planteamientos cuando el Senado está legislando soberanamente sobre el territorio de Chile.
En segundo lugar, no creo que esta situación se vincule con tratados internacionales. Si bien no conozco la legislación total del mundo, estoy bastante al tanto de los suscritos por Chile con América Latina. Y me parece que ninguno de ellos nos empece a tener resguardos fronterizos, como la iniciativa de ley que me correspondió preparar y defender en el Congreso en 1967, que establecía una reserva en favor del Estado, a lo largo de la frontera, para evitar la presencia de intereses extranjeros, particularmente en el norte.
El señor MORENO .-
Sabiamente.
El señor VALDÉS .-
Esa normativa fue aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados y del Senado. Y el permiso para comprar tierras se encontraba radicado en la Dirección de Fronteras y Límites.
No me imagino que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos contenga alguna norma que impida que Chile establezca una disposición de esa naturaleza.
Por otra parte, si bien esto ha nacido o está vinculado de alguna forma con el señor Tompkins, creo que él debiera quedar al margen de esta discusión. Se trata de un ciudadano extranjero que ha ejercido un derecho legítimo. Pero debemos decir que ese modelo no puede repetirse indefinidamente, por una razón muy simple e ingenua: queremos a Chile para los chilenos y no para los extranjeros, así sean santos, buenos, cariñosos y ecológicos. Es una manifestación de la que nadie puede reclamar.
No me referiré al acuerdo del Gobierno con el señor Tompkins, porque lo desconozco. No le encuentro un olor muy favorable o no es muy perfumado, porque esa persona lleva demasiados años actuando en forma un poco extraña.
Es indispensable mantener una norma que impida que un chileno o un extranjero posea lenguas o trozos de territorio que vayan de cordillera a mar. Creo que eso es absolutamente necesario consignarlo.
Por otra parte, pienso que hay zonas especiales donde la conservación puede estar en manos de los propios actores y no de empresas extranjeras.
Participo con cierto calor en este debate porque también la situación afecta a una provincia que represento en esta Corporación: a Osorno. En el proyecto se menciona la comuna de San Juan de la Costa, cuya capital es Puaucho. Dicha comuna tiene una cordillera paralela a la costa, a pocos kilómetros del mar, que pasa por la comuna de Corral ¿ubicada en la provincia de Valdivia-, sigue por Río Bueno y de la desembocadura de dicho río se dirige a Bahía Mansa . Esa parte corresponde a la provincia de Osorno. Se trata de una cordillera boscosa -en cuya prolongación se han producido hoy situaciones a raíz de las cuales está detenido el Director de la CONAF- donde hay muchos árboles preciosos y, sobre todo, alerces. Pero, ¿qué sucedió? En dicha cordillera, en el sector vinculado con la provincia de Valdivia, propietarios particulares vendieron dos fundos muy grandes y los nuevos dueños obtuvieron autorización de la CONAF para explotar una parte cercana a la orilla del mar.
El Ejército, a través del Cuerpo Militar del Trabajo, empezó a hacer un camino, pero, por razones que no es del caso explicar y debido a procedimientos extremadamente poco elegantes, por decir lo menos, esas tierras pasaron a ser propiedad de dos fundaciones estadounidenses de propiedad del señor Tompkins. ¡Sesenta mil hectáreas pasaron a manos de dos fundaciones norteamericanas, las que además se constituyeron financieramente con deducción de impuestos en Estados Unidos! Se detuvieron las obras. Y la construcción del camino, que -se supone- uniría a Corral con La Unión para dar salida al puerto de Corral , quedó paralizada. Ya se hizo la venta de esas 60 mil hectáreas, pero yo no puedo aceptar que una superficie como ésa se transforme en 250 mil hectáreas, con lo cual toda la costa de la provincia de Valdivia queda en manos de fundaciones extranjeras. ¡No creo que un país pueda tolerar una cosa así, porque impide toda libertad de manejo en esa zona!
Ésos son los problemas que enfrentamos. Veo, con cierta preocupación, que el Gobierno mira el proyecto con recelo, porque se ha acumulado una serie de observaciones que deberán corregirse, y bien. Me gustaría mucho que el señor Ministro , que es un excelente abogado, participara en la mejoría de la redacción, para evitar que se produzcan lagunas o situaciones difíciles.
La situación que estamos viviendo en el sur amerita que el Senado y el Gobierno pongan todo su interés en hacer respetar, para Chile y para su normal desenvolvimiento, extensos territorios, ya que, de no ser así, podría significar que nuestro país llegue hasta Puerto Montt o hasta Osorno o hasta Puaucho . Esa situación debe aclararse absolutamente. Se trata de limitar un derecho, una concentración. Se trata de evitar que tras el concepto ecológico, que bautiza benevolentemente actividades extranjeras, vengan intereses extranjeros a adueñarse de una parte del territorio que Chile necesita mantener dentro de su soberanía.
Voto a favor del proyecto, con las correcciones que oportunamente se le introducirán.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , en cierta medida, es difícil no reflexionar ante un problema, en mi opinión, bastante mayor. Concuerdo con todo lo que se ha dicho en una u otra forma.
En estricto rigor, el proyecto es modesto si se compara con lo que estamos viviendo hoy en cuanto a nuestras relaciones internacionales.
Quizás nos globalizamos demasiado a prisa. Tal vez la dinámica que generó el desarrollo económico de Chile fue rápida y no se tomaron en cuenta las regulaciones necesarias para proteger efectivamente nuestro patrimonio.
El otro día discutíamos con un grupo de profesionales nuestras leyes de cielos abiertos. La verdad de las cosas es que no hemos creado reciprocidades con nuestras empresas, con nuestras líneas aéreas. Afortunadamente, el profesionalismo, la tecnología y la calidad de nuestros sistemas han permitido imponerse en esta globalidad y en las relaciones con el mundo. Y en el caso particular que estamos discutiendo, las interferencias cambian en forma muy dinámica.
En mi concepto, el problema no es estrictamente de constitucionalidad, como se ha pretendido. La iniciativa es constitucional. El problema es el territorio, es la soberanía, porque es lo único que no cambia. Tal vez se requeriría una reforma de la Carta para ejercer en plenitud el derecho soberano sobre una zona bastante compleja, que es un "tubo Venturi".
La geografía de Chile presenta una configuración que ha sido cantada hasta por poetas, pero desde el punto de vista ecológico, de nuestras relaciones y de la integridad territorial, la zona austral es vital para nuestra supervivencia. Tanto física como ecológicamente, este sector exhibe una potencialidad que desconocemos. Estamos recién explorando e investigando. Están los campos de hielo, los bosques nativos y ecosistemas que todavía estamos reconociendo a través del proyecto de ley de fomento del bosque nativo. Está Punta Arenas y, finalmente, la Antártica. Es decir, nosotros estamos discutiendo sobre un área que será vital para nuestra supervivencia como nación.
Por eso este debate es importante. Y es específico respecto al caso del señor Tompkins. Para mí, este problema tiene apellido, porque de ahí se generó el tema que ahora debatimos, este proyecto de ley y nuestra preocupación de índole geopolítica.
La legislación comparada que nos presentaron para apoyar y fundamentar el estudio del proyecto es amplia y establece regulaciones sumamente estrictas.
No creo que alguien no inglés actúe como lo hace el señor Tompkins en Chile. En los países desarrollados no existen situaciones de esta naturaleza. Los que llegan a ellos deben respetar todas sus normativas, que obviamente son muy amplias y flexibles, para dar oportunidades a la inversión y a las actividades comerciales. Sin embargo, son muy estrictos en cuanto a sus regulaciones.
En este caso, y en muchos otros, la discusión constitucional se vincula con el alcance del número 23° del artículo 19 de la Carta. Pero también inciden en otras situaciones los números 24° y 26°, relativos a la libertad de comprar, vender, etcétera.
Nuestra Constitución Política es de la República de Chile. Y cuando el artículo 1º se refiere a las personas; el 2º, a los emblemas, y el 5º, a la soberanía y a la nación, se está aludiendo a personas, a emblemas, a soberanía y a la nación chilenas. Y cuando en el artículo 19 se garantizan los derechos de las personas, la referencia es a personas chilenas. Aquí hay algo que me gustaría tener más claro.
El Tribunal Constitucional, en forma bastante específica en lo jurídico, estableció en una sentencia que "El derecho se hace impracticable cuando sus facultades no pueden ejecutarse.". "Estos supuestos deben ser aplicados, en todo caso, con la confluencia de dos elementos irrenunciables. En primer lugar, el momento histórico de cada situación concreta". Lo dije al comienzo: los tiempos cambian, los problemas cambian y los intereses nacionales cambian, y nosotros debemos ir adaptando a esos cambios las legislaciones y los fundamentos jurídicos.
Y "luego, las condiciones inherentes de las sociedades democráticas, lo que alude a determinar el sistema de límites del ordenamiento jurídico y cómo juega en ella el derecho y la limitación". Es decir, debemos acomodar nuestro presente a la globalización y a las regulaciones necesarias para proteger nuestros intereses como nación.
Las leyes que limitan el derecho para adquirir el dominio de algunos bienes por exigirlo así el interés nacional, como lo establece el artículo 19, Nº 23°, deben ser de quórum calificado. Esto se explica extensamente en el informe de la Comisión de Constitución.
En lo particular, se prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio de bienes raíces que superen el porcentaje que se indica. Actualmente esa extensión se encuentra sobrepasada. Entonces, debería definirse algún objetivo de Estado en este tema, porque más adelante será difícil.
Yo diría que todos estamos preocupados del medio ambiente y de la protección de los recursos. El racional manejo de ellos es nuestro futuro. Hasta ahora, los hemos administrado con muy buenos resultados, aplicando estructuras orgánicas y tecnológicas adecuadas, como en los casos del ozono, de la polución ambiental, etcétera. Y en distintas organizaciones se aprecia un manejo muy eficiente. Y en nuestras agendas de trabajo se incluye la política energética que hoy nos afecta, particularmente lo relativo al gas.
Recordemos que hace cinco años, aproximadamente, un grupo ¿muy legítimo- de fundamentalistas y ecologistas generó una presión comunicacional ambientalista que obligó a postergar reiteradamente la construcción de la central hidroeléctrica Ralco . Y hoy el país enfrenta una grave situación por no haber tomado oportunamente una decisión más eficiente.
En síntesis, el problema es bastante estratégico. No es menor.
Concuerdo con el señor Ministro en el sentido de que debemos ser muy sensibles respecto a esta materia. Debemos tomar medidas, porque el tema específico de la región es letal para nuestro futuro. Todas las definiciones ambientalistas tienen que ser muy racionales, si queremos proteger la supervivencia, la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad chilena.
Voto a favor.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , no cabe duda de que para quienes han intervenido es muy clara la finalidad del proyecto, cual es evitar la concentración de extensas superficies de territorios, sobre todo en el sur, en una sola mano con fines poco nítidos y que muchas veces se destinan a parques, a santuarios de la naturaleza, buscando la ecología, lo cual no está precisamente definido en nuestro país.
Es evidente que esta situación puede obstaculizar el desarrollo integral de Chile. Fundamentalmente, me refiero a la necesidad de que el país se halle conectado por caminos y pueda explotar riquezas importantes, como la hidroeléctrica, hoy tan de moda. Gran cantidad de nuestra reserva energética se ubica en el sur. Y si el día de mañana una porción de territorio se transformara en santuario de la naturaleza obstaculizando, impidiendo o entrabando la instalación de torres de alta tensión, por supuesto que se nos estaría causando un grave daño.
Señalo al señor Ministro que la iniciativa no es contra el señor Tompkins, sino que es consecuencia de él. No queremos que se siga repitiendo lo del señor Tompkins en nuestro país.
Cabe destacar que el proyecto se originó en la fusión, por tener los mismos objetivos, de sendas mociones de los Senadores señores Horvath y Stange.
El artículo 1º limita, por razones de interés nacional, la adquisición del dominio y otros derechos reales de bienes raíces ubicados en la zona austral, Regiones Décima, Undécima y Duodécima. Esto permite establecer el ámbito territorial de aplicación de sus disposiciones, quedando, en consecuencia, excluido el resto del país.
Estas normas deben referirse a los derechos que se ejerciten cuando tengan continuidad entre el límite internacional de Chile y el mar chileno, incluidos fiordos y canales, o entre límites internacionales de distintos países vecinos de Chile.
Por otro lado, en lo referente a la cantidad de superficie a partir de la vigencia de esta ley, sólo será posible adquirir hasta 10 por ciento de la superficie total de una provincia o 40 por ciento de la superficie total de una comuna, en las localidades señaladas en el proyecto, lo que estimo un exceso.
La iniciativa se refiere exclusivamente a la zona austral, por considerarla un sector aislado del centro, de difíciles comunicaciones, con poco poblamiento, y, en síntesis, justifica limitar el dominio, a fin de no dificultar o entorpecer la integridad territorial del país y el necesario poblamiento futuro de esas localidades.
Un aspecto de gran importancia es que esta normativa se aplicará por igual a nacionales y extranjeros, y de este modo no se incurrirá en discriminaciones arbitrarias.
Durante la discusión del proyecto se planteó el tema de la constitucionalidad del mismo. La Comisión pertinente, la de Constitución, Legislación y Justicia, realizó un prolijo examen y concluyó, en líneas generales, lo siguiente:
1.- La Carta Fundamental no prohíbe los límites del derecho a la propiedad, sino que exige que sean materia de ley de quórum calificado, por motivos de interés nacional ¿es el caso que estamos viendo ahora- y siempre que no se afecte en su esencia la garantía en cuestión.
2.- Los preceptos contenidos en el proyecto ya aprobados por la Comisión no prohíben la adquisición del dominio ni lo limitan más allá de lo razonable y, por tanto, mantienen intacta la esencia de la libertad para adquirir toda clase de bienes. Esta adquisición no debe afectar la continuidad entre el límite internacional de nuestro país y el mar chileno.
3.- Las limitaciones del dominio se refieren exclusivamente a las regiones señaladas.
4.- Las razones de estas limitaciones dicen referencia a motivos de interés nacional, de tal modo que no afecten la integridad territorial y garanticen el futuro poblamiento.
5.- El proyecto debe ser aprobado como ley de quórum calificado.
Es recomendable que las decisiones legislativas en estas delicadas materias tengan carácter abstracto y general, nunca discriminatorio, y que sean razonables y proporcionales al interés que se desea salvaguardar.
Por otra parte, se debe guardar coherencia con la legislación relativa a la inversión extranjera, así como con el principio de reciprocidad que rige estas materias.
En todo caso, tras estas disposiciones debe mantenerse el respeto irrestricto al concepto de los derechos adquiridos, teniendo siempre presente el principio, establecido en el Código Civil, de que la ley puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo.
Una reflexión especial me merece la pena de extrañamiento que se impone al que se valga de documentos falsos, ya que es de carácter muy excepcional. Según un tratadista, dicha pena "tiene un sabor del siglo antepasado y colonialista, lo que la hace absolutamente anacrónica en el marco de las relaciones internacionales entre estados soberanos". Ella implica expulsar del país al culpable, obligándolo a hacer abandono de sus bienes y familia, y era la más severa de las aplicadas en la Grecia antigua.
Por lo expuesto, votaré favorablemente esta iniciativa de ley en general, por estimar que es nuestro deber tratar de salvaguardar el interés nacional.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , uno puede tener dudas con respecto a la constitucionalidad del proyecto, tal como lo señaló el Ministro señor Huenchumilla . Sin embargo, analizando con el Senador señor Prokurica el artículo 19, Nº 23º, de nuestra Carta Fundamental, vemos que en él se señala claramente que una ley de quórum calificado ¿exigencia que se cumple en este caso-, y cuando así lo exija el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
Desde ese punto de vista, más los informes conocidos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, no parece pertinente mantener la idea de inconstitucionalidad del proyecto. Pero lo importante es que él abre paso al tema de las limitaciones a la propiedad, que en algunos campos del área económica ya existen. No es admisible que una persona o institución maneje, por ejemplo, todos los créditos y todo el ámbito financiero; debe existir competencia en las distintas áreas. Pero en el ámbito de los bienes inmuebles, de los bienes físicos, superficies de mayor o menor número de kilómetros cuadrados o de hectáreas, éste es un primer documento.
Nosotros entendemos que este proceso nace como consecuencia de la preocupación y el cuidado de nuestro territorio. Muchos somos muy partidarios de la globalidad en que vive el país y creemos que, de cada cien pesos que una persona tiene en el bolsillo, treinta y tantos son producto de ella; es decir, de nuestros negocios y del comercio exterior. Sin embargo, esto también produce problemas con respecto a nuestra propiedad y a la integridad del territorio. Ello explica que se haya discutido tanto en torno de una zona ubicada en la Undécima Región, en términos del número de hectáreas y si cortaba o no el territorio nacional. Incluso, se generó al respecto un problema en nuestro Partido, porque el Senador señor Horvath proponía que el camino debía ir por un lado, y nuestro Presidente de entonces, por otro.
De hecho, los diarios se han encargado de escribir copiosamente sobre el tema, y ha habido programas de televisión en los cuales un personaje de origen norteamericano, con el rostro más o menos compungido, dependiendo de las personas con quienes habla, manifiesta sus inquietudes. De modo que el problema existe y no se puede negar.
El Senador señor Horvath afirma que esto no se debe a que el señor Tompkins esté haciendo tal cosa, sino que es una consecuencia del señor Tompkins; en definitiva, es lo mismo.
Por otra parte, es conveniente tener presente que una norma legal vigente prohíbe comprar terrenos fronterizos. Otro tanto ocurre en países vecinos al nuestro. Ignoro si ello es así también en el resto del mundo; pero ocurre en toda América. Lo que no se contempla es el caso de terceras nacionalidades. Y por eso es necesario aprobar este proyecto, porque podremos comenzar a discutir ese tema, que forma parte de la inspiración de la iniciativa: el resguardo del territorio nacional.
Actualmente, terceras nacionalidades pueden adquirir terrenos en Chile. Aún más: algunos personajes muy conocidos han comprado aquí superficies considerables de tierras, y también en Argentina, en áreas colindantes con nosotros. Y han formado unidades territoriales de miles y miles de hectáreas, o de cientos de kilómetros cuadrados, que obligan necesariamente a tener mayor preocupación y cuidado. Porque, si bien es cierto que los territorios no se han perdido, también lo es que, de alguna forma, un individuo, grupo, sociedad, o lo que sea, pasa a tener mayor influencia en un territorio en que hay dos soberanías. Eso existe en la actualidad.
Otro elemento que considero importante abordar es por qué limitar la iniciativa a una parte del país. Incluso, la Constitución contiene normas generales, globales, y estatuye que las normas que se dicten deben afectar a la totalidad de los habitantes; pero en este caso, efectivamente, tienen una connotación muy definida, muy puntual, para una parte del territorio de Chile.
Recuerdo que, en una comuna de la Región que represento, el 95 por ciento de todo su territorio pertenece a una persona que, por lo demás, es conocida por todos. ¡Y, naturalmente, su mayordomo es mucho más importante que el alcalde! Entonces, me pregunto si vamos a quitarle la posibilidad de crecer y negarle todo lo que ha hecho previamente, cosas como su imaginación creadora, su inteligencia, su capacidad, sus contactos, sus buenos negocios, tanta cosa que ha tenido que ocurrir para llegar a eso.
Sí, es complicado. No está en la inspiración de nuestra libertad, en nuestra autonomía como personas, como pueblo, como país. Y, con mayor razón, al ver que el crecimiento, el desarrollo que ha tenido Chile, se ha debido en una buena cuota a esas personas que han puesto su imaginación creadora en plenitud para lograr los éxitos que conocemos.
Aquí se trata de kilómetros cuadrados que tienen un valor. Pero pensemos que el 60 por ciento del producto interno bruto de nuestro país está en manos de seis AFP, lo que les da un poder económico mucho mayor que el que pueda tener el señor Tompkins o cualquiera de las personas cuyos nombres de repente cruzan por nuestra cabeza.
¿Qué quiero decir con eso? Que si aprobamos este proyecto ¿he presentado indicaciones-, tiene que ser para todo el país. Porque de no ser así, obviamente, queda muy circunscrito a un territorio específico y el derecho de propiedad genera efectos distintos, entonces, en una zona o en otra. Se podría pensar que en el área central de Chile es posible ser dueño de provincias o regiones completas, pero no donde ahora se determina. Y me parece que ello también se debe discutir.
A mi juicio, nos encontramos frente a un tema ¿y ya lo recordaba el propio Ministro señor Huenchumilla - inmensamente más trascendente que lo meramente expuesto en el proyecto. Debería dar lugar a un debate más profundo, porque las consecuencias se extienden más allá de kilómetros cuadrados en la Región Décima o en la Undécima, o bien, en el sector de los fiordos y en todos aquellos lugares que geográficamente señala la propia iniciativa.
Votaré favorablemente, señor Presidente . Deseo que quede constancia de ello. He hecho llegar las indicaciones correspondientes. Y cabe esperar que la situación que nos ocupa no cohíba, en todo caso, el desarrollo de la imaginación creadora de nuestra sociedad, lo que constituye la herramienta fundamental por la cual se desarrolla el país.
He dicho.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , la verdad es que las dos mociones han suscitado dentro del Senado una controversia mucho más profunda que lo que probablemente se pretendía en su propio origen.
Por mi parte, me dediqué a observar la forma como fueron presentadas y la evolución que dentro del estudio tanto de la Comisión de Medio Ambiente como de la Comisión de Constitución habían experimentado sus ideas matrices. Uno de los señores Senadores autores presentó el proyecto con el objeto de prohibir que extranjeros adquirieran más de un determinado porcentaje de la superficie total de la provincia en que los bienes raíces se encuentren situados. La otra normativa limita a una franja de terreno lo que es utilidad pública e impide, por lo tanto, que quede comprendida plenamente en la propiedad.
Los debates en ambos órganos técnicos terminaron en un informe bastante interesante de la Comisión de Constitución, habiendo cambiado la naturaleza del objetivo planteado en las mociones originales. De acuerdo con el texto de que disponemos todos los Senadores, la iniciativa apunta a precaver la excesiva concentración de la propiedad de bienes raíces en la zona austral.
Ahí se encuentra el fondo del asunto. La sociedad chilena ha experimentado una evolución muy dinámica, muy grande. La Administración de don Jorge Alessandri Rodríguez , quien encabezó un Gobierno de orientación de Derecha, presentó una reforma constitucional con el objeto de colocar limitaciones a la propiedad ante lo que ocurría en el sector agrario. Y posteriormente, como todos sabemos, ella misma dictó la ley Nº 15.020, que dispuso la reforma agraria y creó la Corporación de Reforma Agraria, al igual que el Instituto de Desarrollo Agropecuario y los instrumentos para llevar adelante un proceso diagnosticado por un Gobierno al que no se podía acusar de influencia ideológica de ninguna naturaleza que no fuera su propia visión del interés nacional.
No es éste el momento de hacer la historia de todo lo que sucedió. Mas, producto de ello, se estableció en nuestro país un concepto: había legitimidad constitucional para determinar límites al tamaño de la propiedad y fijar condiciones para que la tierra cumpliera su función social.
Han pasado muchas cosas. Pero la verdad es que por lo menos el Senador que habla tiene conciencia de que si ese proceso, con todos sus altibajos, no se hubiera llevado adelante, Chile no se encontraría hoy en condiciones de haber cambiado realmente en forma radical su condición de importador neto de alimentos a exportador de bienes de la tierra.
Ése es un punto que puede llevar a más de alguien a no sentirse cómodo, lo que no es mi propósito en la discusión. Sin embargo, quisiera dejar establecido que se observan dos conceptos distintos en el tema que nos ocupa. Y siempre he estado muy consciente de que en un país se comienzan a proponer cosas cuando algo excede lo que a veces el sentido común permite que ocurra. Estamos en presencia de ello.
Nadie pretende revivir la reforma agraria. No. Pueden quedarse tranquilos algunos de mis Honorables colegas. No es ésa la cuestión. El asunto radica en que nos hemos encontrado con que, a raíz, precisamente, del temor de algunos a que revivan elementos como la reforma agraria y otros, se desprotegieron la Constitución y la ley. Y ello es lo que ha obligado a señores Senadores de Derecha a proponer hoy algo que, si alguno de nosotros lo hubiera hecho, probablemente habría dado pie para que se nos acusara poco menos que de no estar modernizados y de no haber querido entender que la historia cambió.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor MORENO.-
Estoy bastante inspirado, señor Presidente.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Lo sé, señor Senador. Pero está terminando el Orden del Día y, por lo tanto,...
El señor MORENO.-
Pido la autorización
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
...sugiero que se inicie la votación y que funde su voto, para lo cual dispone de cinco minutos.
El señor MORENO.-
Sé que no es su ánimo quitarme el tiempo con que contaba, señor Presidente .
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Le estoy concediendo los cinco minutos a que acabo de hacer referencia.
El señor MORENO.-
Muchas gracias. La verdad es que, ante mi línea argumental, el señor Presidente , quien es muy inteligente, me ha "expropiado" diez minutos, obviamente que amparándose en el Reglamento.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por ningún motivo, señor Senador. Estoy cumpliéndolo estrictamente.
El señor PROKURICA .-
¡Es la "reforma verbal"!
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Si media una "expropiación", es por el Reglamento, no por la Mesa.
El señor MORENO.-
No afirmaré lo contrario.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Daré la palabra por cinco minutos a Su Señoría, para fundar su voto.
El señor MORENO.-
¡Del mismo modo como expropié con la Constitución y la ley...!
El señor LARRAÍN (Presidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor MORENO.-
Pero lo que quiero decir, señor Presidente -agradezco la cortesía de mis Honorables colegas-, es que se están planteando dos cosas distintas. Lo primero es buscar el interés nacional. ¿Y cuál es? El mismo que persiguen todos los países, prácticamente -con rarísimas excepciones, si se encuentran-, en el sentido de que defienden la posibilidad de su integridad territorial. Y ello, ligado a la nacionalidad de sus ciudadanos.
De otra manera, habrían sido evitadas muchas guerras. Habría bastado con que alguien comprara los territorios que quería invadir y no tenía para qué haberse suscitado un conflicto de esa naturaleza. Pero las legislaciones no lo permiten en ninguna parte, no sólo en América Latina, sino también en todos los países. Y la relación existente aquí es mucho más completa. Los que hemos tenido responsabilidad en organismos internacionales sabemos que prácticamente no existe un lugar en el mundo, incluido Singapur, por ejemplo -la ciudad Estado-, donde a un extranjero le sea posible comprar todo el territorio. Si no, los chinos habrían adquirido Hong Kong. Les habría sido más fácil y habrían evitado mil dificultades. Precisamente, ¿por qué España no ha procedido en esa forma respecto de Gibraltar, cuando se halla incrustado dentro de su territorio? Es más que obvio lo que señalo.
Por lo tanto, Chile tiene todo el derecho, amparado en el criterio imperante en la legislación mundial, no sólo en la de América Latina, de establecer limitaciones vinculadas a su soberanía territorial.
Para el Senador que habla, el asunto no dice relación al apellido de un ciudadano extranjero. No. Me niego siquiera a discutir ese aspecto. Me refiero a otra cosa: al derecho de la República de Chile y su ciudadanía de establecer las condiciones conforme a las cuales se regulará nuestro desarrollo futuro. Y, por ello, el proyecto abre una perspectiva interesante.
El Honorable colega que me ha precedido en el uso de la palabra ha deslizado un concepto que merece atención. Ha preguntado por qué se dicta la norma sólo para una zona y no para otra. Claro. Los señores Senadores presentes saben que la dificultad para la generación de energía hidroeléctrica en muchos lugares obedece precisamente a la no regulación de la compra de derechos de agua, lo que los ha concentrado en manos de personas que, al margen del negocio hidroeléctrico, sencillamente los mantienen e impiden la velocidad del desarrollo de algunos proyectos. Ello no se da sólo en el sur: sucede en todas partes.
En consecuencia, creo que en cierto momento será importante discutir si la limitación de una superficie de proporciones excesivas no debe ser también aplicable en distintos lugares del territorio nacional.
La zona austral tiene una connotación específica. Y lamento que el Senador señor Valdés no esté presente, porque en el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, cuando él fue Canciller y yo Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma Agraria , logramos fortalecer nuestra soberanía e impedir la adquisición excesiva de las propiedades aledañas a la frontera chilena.
Me correspondió expropiar a la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego un millón cien mil hectáreas en el lado chileno. En el otro tenía 400 mil hectáreas, separadas de las primeras sólo por un alambre, el que era corrido muchas veces según los designios del administrador de las estancias.
¿Qué significaba eso? Significaba la inseguridad territorial de Chile en una zona donde ya habíamos tenido un conflicto con nuestros vecinos y como consecuencia del cual perdimos parte importante de la Patagonia.
Por ello, se crearon pueblos que hasta el día de hoy subsisten: Timaulken se fundó por nosotros, al igual que Cacique Mulato. Puerto Toro -mencionado aquí en distintas oportunidades- fue establecido por el Senador que habla. Allí fueron instalados chilenos que hasta el día de hoy permanecen en el lugar, como asimismo efectivos de Carabineros. Porque se trataba precisamente de afianzar nuestras fronteras.
Y eso es lo que está en juego en este proyecto. Él puede ser susceptible de muchos perfeccionamientos; estoy de acuerdo. Pero tiene el mérito -cualquiera que sea la génesis de su patrocinio- de haber introducido en el Parlamento un debate respecto de la legitimidad de impedir que cualquier persona -y no sólo un extranjero- pueda apropiarse de territorios chilenos, por sobre lo que el sentido común indica y lo que nuestro desarrollo permita.
Con ello no se atenta contra el derecho de propiedad.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor MORENO.-
No se trata de desconocerlo a nadie.
Por último, quiero manifestar que votaré favorablemente, dejando constancia de que aquí se ha abierto un debate de gran riqueza dentro de lo que significa organizar en lo futuro nuestra sociedad.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El último inscrito es el Senador señor Novoa, quien tiene la palabra por cinco minutos.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, al fundar mi voto positivo al proyecto, quiero hacer presente dos prevenciones que me parecen importantes.
La primera se refiere a que las limitaciones al dominio fundadas en una extensión supuestamente excesiva pueden tener aristas que son o pueden resultar muy inconvenientes.
Por cierto que en el sector partidario de la reforma agraria que se vivió en Chile existen distintas opiniones; pero también queda claro que ese proceso, iniciado según cierta modalidad, terminó en una situación por completo distinta de la que originalmente se había pretendido.
Eso hace que uno deba tener mucho cuidado respecto de esta materia.
Ésa es mi primera prevención.
La segunda es que el proyecto en debate se originó a raíz de una situación específica, que todos conocemos. En mi opinión, la iniciativa no soluciona el problema, porque éste ya está producido. Además, él no sólo radica en la extensión de los terrenos, sino también en el alcance que tiene para las organizaciones ambientalistas declararlos como Santuario de la Naturaleza , pues ellas pueden presionar y, en definitiva, impedir que una zona importante del país participe del desarrollo general que se produzca, por ejemplo, en el sector eléctrico. No debe olvidarse la circunstancia de que hoy en día estamos viviendo un problema complicado, dada nuestra dependencia del gas argentino, el cual no es confiable en cuanto a la estabilidad de su suministro.
Entonces, me preocupa que se piense que un problema tan complejo pueda solucionarse con una iniciativa legal. Dada la mentalidad nuestra, podría suponerse que con la dictación de una ley se arreglaría, pese a que la situación es mucho más complicada. Desde luego, inclusive podría seguir agravándose, según las decisiones que se tomen en el nivel administrativo.
Por lo tanto, creo que es el momento de hacer, por lo menos, el siguiente planteamiento frente al Gobierno: existe preocupación sobre el asunto, no sólo por razones de soberanía, sino también de desarrollo.
Esas aprensiones, a mi juicio, deben ser tomadas en cuenta al momento en que el Ejecutivo adopte acuerdos que digan relación a las propiedades del señor Tompkins.
No obstante esas prevenciones, creo que, primero, el proyecto debiera ser aprobado en general, precisamente para poner en discusión el asunto que envuelve; y en segundo término, que la forma de limitar el dominio, conforme a lo establecido en los dos incisos del artículo 1º, posee ciertas particularidades que podrían ser aplicadas a un caso muy específico o particular.
El primer inciso establece como limitación el que no se puede concentrar la propiedad de un terreno en una mano cuando su extensión va desde la frontera hasta el mar; vale decir, cuando corta el país en dos.
Ésa es una situación muy clara. Parece razonable no hacerla extensiva a otros casos de limitación del dominio.
En mi opinión, el segundo inciso -referente a que la extensión de la propiedad no puede exceder el 10 por ciento del total de la superficie de una provincia ni el 40 por ciento del total de una comuna- es más discutible, debido a lo que pudiera pasar el día de mañana si, por ejemplo, que una empresa que tiene una determinada industria decide ampliarla. De hecho, algunas industrias ocupan terrenos con porcentajes muy superiores a los señalados.
El mismo inciso segundo contiene otro aspecto importante. Ciertas zonas del país están deshabitadas. Como el poblarlas puede ser conveniente para el desarrollo y en aquéllas pudiera haber una excesiva concentración de la propiedad, se haría difícil esa acción.
Lo que pasó con el señor Tompkins fue que erradicó a colonos después de comprarles sus tierras, pese a que el país había invertido mucho, junto con hacer un esfuerzo grande por colonizarlas.
Con las restricciones anotadas y con las prevenciones que hice denantes, voto a favor de la idea de legislar.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Ruego al señor Secretario terminar de recoger la votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Voto a favor, dejando constancia de que me sumo a los fundamentos del Honorable señor Novoa.
Terminada la votación.
--Se rechaza en general el proyecto iniciado en mociones de los Senadores Stange y Horvath (22 votos a favor), por no reunirse el quórum calificado exigido constitucionalmente.
Votaron los señores Arancibia, Boeninger, Cantero, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Orpis, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega y Viera-Gallo.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente, varios Senadores no se hallan en la Sala: uno, porque le comunicaron la muerte de un familiar, y otros, porque, pese a estar pendientes del proyecto, afectados por la gripe, se encuentran en cama.
Como Comité -ignoro si corresponde hacerlo en la Sala o en reunión de Comités-, pediré que se reabra el debate, porque esos colegas están ausentes por razones de fuerza mayor.
Voy a pedir el apoyo de otros Comités a fin de que se produzca acuerdo para votar nuevamente el proyecto o reabrir debate sobre él.
El señor PROKURICA.-
¡Por supuesto que va a contar con él!
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Así se tendrá presente, señora Senadora .
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HUENCHUMILLA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , a raíz de lo ocurrido, y después de escuchar atentamente el debate, quiero reiterar la voluntad del Ejecutivo de volver a poner en discusión la materia, frente al problema legal o reglamentario de haberse rechazado el proyecto por no reunirse la mayoría necesaria. Es lo que deseaba expresar.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
La Mesa considera factible que hasta la próxima sesión puedan buscarse alternativas políticas para resolver la situación producida, si ésa es la voluntad de la Sala y del Gobierno.
Terminado el Orden del Día.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Del señor CANTERO:
Al señor Intendente de la Segunda Región , solicitando FINANCIAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BALNEARIO EL HUÁSCAR, A TRAVÉS DEL FNDR, y requiriendo información sobre APORTE DE GOBIERNO REGIONAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BALNEARIO JUAN LÓPEZ (ambos de comuna de Antofagasta, Segunda Región).
De la señora MATTHEI:
Al señor Director Nacional de la ONEMI , pidiendo INSPECCIÓN DE QUEBRADAS DE LEIVA, MARQUESA Y LOS LOROS, COMUNA DE VICUÑA, ANTE PELIGRO DE AVALANCHAS.
Al señor Director Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social , solicitando LISTADO DE POSTULANTES Y PROYECTOS APROBADOS POR FOSIS EN LA COMUNA DE OVALLE DURANTE 2003 Y 2004.
A la señora Directora de Obras Hidráulicas de la Cuarta Región , requiriendo información sobre ESTADO DE TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA VALDIVIA DE PUNILLA, COMUNA DE OVALLE.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas , demandando INSTALACIÓN DE DEFENSAS EN CAMINO DE ACCESO A GUALLIGUAICA Y ENMALLADO DE LADERA DE CERROS EN CAMINO LA SERENA-VICUÑA (todos de la Cuarta región).
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--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 1, Institucionales 2 e Independiente, Mixto (Partido Por la Democracia) y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador interviene.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:5.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO PROPONER A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE LA PROMULGACIÓN DE LEYES ORIGINADAS EN UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA SE EFECTÚE EN LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL (S 734-12)
Honorable Senado:
Considerando que:
1. La Constitución Política de la República de 1980 en su capítulo V, artículo 42, reconoce al Congreso Nacional, con sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado, como órgano legislador.
2. Las leyes pueden tener su origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, sea por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros.
3. El artículo 62 de nuestra Carta Fundamental asigna al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en proyectos de ley que tengan relación, entre otras materias, con la alteración de la división política y administrativa del país o con la administración financiera o presupuestaría del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos.
4. Lo anterior ha derivado -en la práctica- que diversas mociones parlamentarias para poder ser tramitadas deben contar con el patrocinio del Presidente de la República, o en los casos que existan distintas mociones sobre una misma materia estás sean unificadas en un mensaje continuando así su tramitación.
6. Corresponde también al Presidente de la República, en conformidad al artículo 69 de la Constitución Política, la promulgación como ley de los proyectos luego de su aprobación por el Congreso Nacional.
7. La situación descrita ha llevado a que la participación del Congreso Nacional y la labor de sus parlamentarios en la formación de las leyes se haya visto bastante diluida frente al otro órgano colegislador, el Presidente de la República.
Por todo lo expuesto, es que los abajo firmantes venimos en proponer el siguiente
Proyecto de Acuerdo
“El Senado de la República acuerda proponerle a su Excelencia, el Presidente de la República, que la Promulgación de los proyectos de ley que hayan tenido su origen en una moción o hubieren refundido diversas mociones se efectúe en la sede del Congreso Nacional, de manera de resaltar adecuadamente la labor parlamentaria.”
(Fdo:) Boeninger Kausel, Edgardo; Cantero Ojeda, Carlos; Flores Labra, Fernando; Foxley Rioseco, Alejandro; Gazmuri Mujica, Jaime; Larraín Fernández, Hernán; Matthei Fornet, Evelyn; Moreno Rojas, Rafael; Naranjo Ortiz, Jaime; Ominami Pascual, Carlos; Parra Muñoz, Augusto; Silva Cimma, Enrique
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO OFICIAR A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE INSTRUYA A LA SEÑORA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES EN EL SENTIDO DE MANIFESTAR LA CONDENA DE NUESTRO PAÍS ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA POR LAS TORTURAS Y ACTOS CRUELES Y DEGRADANTES A QUE HAN SIDO SOMETIDOS LOS PRISIONEROS DE GUERRA EN IRAK (S 735-12)
Honorable Senado:
Considerando:
1. Que la opinión pública ha tomado conocimiento con estupor a través de diversos medios de comunicación de las torturas y tratos degradantes a que, eran sometidos en Irak numerosos detenidos y prisioneros de guerra por parte de personal militar de los Estados Unidos y Gran Bretaña.
2. Que a pesar de la condena expresada por parte de las autoridades políticas de los Estados Unidos y de Gran Bretaña a estas situaciones, las cuales han calificado de “hechos aislados”, las informaciones más recientes demuestran que estamos en presencia de actos de torturas sistemáticos y constantes.
3. Que existe el denominado Derecho Internacional Humanitario, constituido por normas de excepción que se aplican en el marco de los conflictos armados, cuyo origen lo encontramos en la primera Convención de Ginebra de 1864.
4. Que nuestro país ratificó en 1950 la Convención sobre el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, (parte de los 4 Convenios de Ginebra de 1949); y en 1988 la convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas.
5. Qué ambos instrumentos internacionales obligan a los Estados que los han suscrito a velar por su más plena vigencia.
6. Que jamás existirá justificación alguna que, como país, nos permita aceptar que personas que se encuentren detenidas sean torturadas o sometidas a tratos crueles y degradantes.
7. Por tal motivo, los Senadores firmantes solicitamos a este Honorable Senado de la República que apruebe el siguiente Proyecto de Acuerdo:
PROYECTO DE ACUERDO
“Solicitar al Presidente de la República señor Ricardo Lagos Escobar, que instruya a la Ministra de Relaciones Exteriores señora Soledad Alvear para que nuestro país manifieste su más enérgica condena ante las Naciones Unidas, y los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña por las torturas y actos crueles y degradantes a que han sido sometidos numerosos detenidos y prisioneros de guerra en Irak.”
(Fdo:) Cantero Ojeda, Carlos; Foxley Rioseco, Alejandro; Gazmuri Mujica, Jaime; Horvath Kiss, Antonio; Lavandero Illanes, Jorge; Moreno Rojas, Rafael; Muñoz Barra, Roberto; Naranjo Ortiz, Jaime; Núñez Muñoz, Ricardo; Ominami Pascual, Carlos; Parra Muñoz, Augusto; Valdés Subercaseaux, Gabriel; Viera-Gallo Quesney, José Antonio