Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTO
- V. ACUERDO DE COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ASISTENCIA A DISCAPACITADOS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A SUFRAGIO. Modificación de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Pia Guzman Mena
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- TABLA PARA LA SESIÓN DE MAÑANA. Acuerdo de los Comités.
- REGULACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Tercer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS SOBRE CUOTAS DE CAPTURA DE RECURSOS MARINOS. (Votación).
- DEBATE
- INCLUSIÓN DE COMUNAS DE MENOS DE CIEN MIL HABITANTES EN INFORMES PERIÓDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE FUERZA DE TRABAJO Y DESEMPLEO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Adriana Munoz D'albora
- Jaime Quintana Leal
- Fulvio Rossi Ciocca
- Enrique Accorsi Opazo
- Ximena Vidal Lazaro
- Guido Girardi Lavin
- Rodolfo Seguel Molina
- Sergio Aguilo Melo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN INVESTIGADORA DEL MERCADO SECUNDARIO ESPECULATIVO DE CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Jaramillo Becker
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Camilo Escalona Medina
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS SOBRE CUOTAS DE CAPTURA DE RECURSOS MARINOS. (Votación).
- VIII. INCIDENTES
- REUNIÓN DE PRESIDENTE LAGOS CON POBLADORES EN VALDIVIA. Oficios.
- PROGRAMA DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN VALDIVIA. Oficios.
- RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
- ADHESION
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Patricio Melero Abaroa
- Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- DEUDA HABITACIONAL DE POBLADORES DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
- ADHESION
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR DETENCIONES IRREGULARES EN FRUTILLAR. Oficio.
- ADHESION
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- CONTRATACIÓN EN CARABINEROS DE PERSONAL EN RETIRO. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE CAMBIOS EN CONTRATOS DE CONEXIONES A INTERNET. Oficio.
- MUERTE DE TRABAJADORA INTOXICADA POR PLAGUICIDAS. TRAMITACIÓN DE PROYECTO SOBRE REGULACIÓN DEL USO DE ELEMENTOS TÓXICOS.
- INSTALACIÓN DE PLANTAS QUESERAS FAMILIARES EN COMUNAS DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Maria Antonieta Saa Diaz
- ADHESION
- COMPLACENCIA POR APROBACIÓN EN ESPAÑA DE PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Oficios.
- ADHESION
- Adriana Munoz D'albora
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades ocurridas en la Casa de Moneda de Chile.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Felipe Letelier Norambuena
- Enrique Accorsi Opazo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Mario Bertolino Rendic
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jorge Burgos Varela
- Sergio Correa De La Cerda
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Ivan Norambuena Farias
- Enrique Jaramillo Becker
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Montes Cisternas
- Pedro Munoz Rojas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jose Perez Arriagada
- Victor Perez Varela
- Ivan Norambuena Farias
- Exequiel Silva Ortiz
- Felipe Salaberry Soto
- Mario Varela Herrera
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 111ª Asamblea de la Unión Interparla-Mentaria, celebrada en Ginebra, Suiza, entre el 25 de septiembre y el 1º de octubre de 2004.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Ricardo Nunez Munoz
- Juan Antonio Coloma Correa
- Sergio Romero Pizarro
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Carlos Olivares Zepeda
- Ivan Norambuena Farias
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades ocurridas en la Casa de Moneda de Chile.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 4ª, en martes 12 de octubre de 2004
(Ordinaria, de 11.14 a 14.48 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo; Leal Labrín, don Antonio. y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDO DE COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Archivo de proyecto 9
V. Acuerdo de Comités 9
VI. Orden del Día.
- Regulación de casinos de juego y salas de bingo. Tercer trámite constitucional 9
- Asistencia a discapacitados en el ejercicio del derecho a sufragio. Modificación de la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Primer trámite constitucional 28
- Tabla para la sesión de mañana. Acuerdo de los Comités 38
VII. Proyectos de acuerdo.
- Medidas sobre cuotas de captura de recursos marinos. (Votación) 38
- Inclusión de comunas de menos de cien mil habitantes en informes periódicos del Instituto Nacional de Estadísticas sobre fuerza de trabajo y desempleo 39
- Comisión investigadora del mercado secundario especulativo de concesiones de explotación acuícola 41
VIII. Incidentes.
- Reunión de Presidente Lagos con pobladores en Valdivia. Oficios 44
- Programa de intervenciones quirúrgicas para personas de escasos recursos en Valdivia. Oficios 45
- Retiro de propaganda electoral en la Región Metropolitana. Oficio 45
- Deuda habitacional de pobladores de la Región Metropolitana. Oficio 46
- Investigación y aplicación de medidas disciplinarias por detenciones irregulares en Frutillar. Oficio 47
- Contratación en Carabineros de personal en Retiro. Oficios 48
- Fiscalización de cambios en contratos de conexiones a Internet. Oficio 49
- Muerte de trabajadora intoxicada por plaguicidas. Tramitación de proyecto sobre regulación del uso de elementos tóxicos 50
- Instalación de plantas queseras familiares en comunas de la Cuarta Región. Oficios 51
Pág.
- Complacencia por aprobación en España de proyecto de ley contra la violencia de género. Oficios 51
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Segundo informe de la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), recaído en el proyecto que interpreta el artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, con el propósito de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares. (boletín N° 3577-03) (S) 54
2. Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades ocurridas en la Casa de Moneda de Chile 57
3. Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 111ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Ginebra, Suiza, entre el 25 de septiembre y el 1° de octubre de 2004 135
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por el cual solicita el archivo del proyecto, iniciado en moción, que establece la prohibición permanente de utilización de redes de arrastre de fondo en la pesca artesanal, por cuanto dicha materia fue regulada en la ley N° 19.907 (boletín N° 1795-03).
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
- Respuesta a proyecto de acuerdo 490-A, adopción de medidas contra la importación de mezclas de harinas subsidiadas desde Argentina.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Señor Navarro, ex Cooperativa Abierta de Viviendas Habitacoop.
Ministerio de Agricultura
- Señor Urrutia, presuntas irregularidades oficina Conaf- Cauquenes.
Ministerio Secretaría General de Gobierno
- Señor Jaramillo, exonerados políticos.
Municipalidad de Linares
- Señor Navarro, tenencia, cuidado y control de perros vagos.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.14 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente).-
El acta de la sesión 43ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 44ª queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
ARCHIVO DE PROYECTO
.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de archivo del proyecto, iniciado en moción, que establece la prohibición permanente de utilización de redes de arrastre de fondo en la pesca artesanal, por cuanto esta materia ya fue objeto de un proyecto de ley.
Acordado.
V. ACUERDO DE COMITÉS
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Recuerdo a los señores diputados que en sesión celebrada hace un par de semanas, los Comités parlamentarios acordaron:
1. Celebrar sesiones los martes 12 y 19 de octubre, de |9 a 21 horas, y miércoles 13 y 20 del mismo mes, de 15.30 a 17.30 horas, y
2. Suspender las sesiones de los días jueves 14 y 21 de octubre en curso.
VI. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Tercer trámite constitucional.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
En el Orden del Día corresponde tratar, en primer lugar, las modificaciones del Senado al proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo, cuya votación se efectuará al término del Orden del Día, o de la prórroga si ésta fuere necesaria.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2361-23, sesión 1ª, en 5 de octubre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese la Subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Adriana Delpiano, la que concurre en lugar del ministro del Interior , señor José Miguel Insulza, quien no podrá asistir a esta sesión por cuanto debió asumir las funciones de Vicepresidente de la República .
No hay acuerdo.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , atendido el interés que concita este proyecto en todos los diputados, sugiero alterar el Orden del Día y dejarlo pendiente hasta que el ministro señor Insulza pueda asistir a la Cámara de Diputados. Es sumamente importante su presencia en esta Sala para absolver las dudas que pudiera surgir durante el debate.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , quiero exponer mi opinión respecto del proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.
Como su nombre lo señala, la iniciativa fija el marco legal que regula la actividad de los casinos de juego. De allí su gran importancia y la explicación de la larga tramitación que ha tenido en el Congreso Nacional, iniciada en 1999.
La materia en análisis presenta una gran incidencia en torno a los recursos que se obtienen, puesto que una parte de ellos, de ser utilizados en forma clara y transparente, puede llegar a constituir una eficaz herramienta que beneficie a la población de menores recursos en tareas tan vitales como la salud o la educación.
Para tal efecto, el Senado propone un artículo 60, nuevo, que establece que el 50 por ciento de los impuestos que se recauden por aplicación del artículo 59 del texto que se nos propone se incorporará al patrimonio del municipio correspondiente a la comuna en que opere el casino y deberán ser destinados a obras de desarrollo. El otro 50 por ciento se incorporará al patrimonio del gobierno regional correspondiente a la región en que se encuentre ubicado el respectivo casino de juego, recursos que también deben ser destinados al financiamiento de obras de desarrollo.
La iniciativa en cuestión también incide en la creación de nuevos empleos, ya que los casinos, al estar vinculados a proyectos turísticos, generan actividades económicas afines, en las que participan desde grandes empresarios hasta el pequeño artesano. A vía ejemplar, cito el caso de Arica, que es el que más conozco.
La ley N° 19.669 estableció claros beneficios para Arica y Parinacota, para paliar la alicaída situación económica que las afecta desde hace varios años, por cuya solución tanto he luchado y lo seguiré haciendo.
Como es de público conocimiento, esa lamentable situación económica se origina, entre otras causas, en la creación de zonas francas vecinas y una de sus secuelas importantes es el alto nivel de desempleo. Por esa razón el Congreso Nacional aprobó el cuerpo legal que autoriza la instalación, en Arica, de un casino de juego anexados a un hotel o complejo turístico. Sin duda, el casino de Arica aporta ingresos para la zona, es una motivación para los ariqueños, ocupa un lugar destacado dentro de las atracciones que se ofrecen a los turistas y generan actividades afines.
La existencia de casinos de juego puede enfocarse desde una amplia perspectiva, desde su prohibición absoluta hasta su autorización previo cumplimiento de ciertos requisitos. En este último sentido, cabe tener presente el caso de Perú, donde se autorizó un sinnúmero de casinos, lo que a la larga no trajo los beneficios esperados. Al contrario, produjo perjuicios, ya que la profusión de casinos y la falta de regulación provocó una situación inmanejable.
Nuestro país se ha situado en una postura intermedia. Si bien se autoriza el funcionamiento de casinos de juego en forma excepcional, frente a los beneficios que ello reporta se procede al conocido cuestionamiento: ¿por qué puede haber un casino de juego en Viña del Mar y en Talca no?
Desde esa perspectiva, resulta altamente necesario contar con una regulación legal acorde con las necesidades del momento, pero con un enfoque futurista que recoja realmente las necesidades del país dentro del alto nivel de desarrollo que ha alcanzado como consecuencia de los recientes convenios firmados, sobre todo porque dichos instrumentos internacionales no sólo generan un importante desarrollo comercial, sino también turístico.
En ese sentido, estimo que el establecimiento de casinos de juego debe estar siempre vinculado a un desarrollo turístico, ya que ambos factores son inseparables, pues dependen uno del otro.
En razón de lo señalado, concuerdo plenamente con la propuesta del Senado, en torno al establecimiento de un artículo 63, nuevo, que permite la explotación de los juegos de azar, en forma excepcional, en naves mercantes mayores nacionales, cumpliendo los requisitos que se establecen cuando se trate de un transporte nacional o internacional con fines turísticos, cuya cobertura deberá comprender un recorrido, a lo menos, de 500 millas náuticas.
Respecto de las modificaciones introducidas por el Senado, las comparto en su gran mayoría, pero también tengo algunas dudas que voy a señalar a continuación.
En cuanto a la creación de una superintendencia, por el rol fundamental que deberá jugar y por el nivel de facultades que se le asigne, me parece que, de acuerdo con una correcta técnica legislativa, debiera consignarse expresamente en el artículo 2º y no en el 3°, como lo hace el Senado, que en su letra b), al definir “catálogo de juegos”, hace mención a la Superintendencia, pero no la define, no fija sus funciones, sino que lo hace, posteriormente, en el Título V, artículo 35.
Lo mismo ocurre con la letra i) nueva del artículo 3°, cuando señala que la autoridad fiscalizadora será el organismo público encargado de resolver las solicitudes de permiso de operación y de fiscalizar la administración y explotación de los casinos de juego en los términos previstos en la ley, y la denomina Superintendencia de Casinos de Juego .
En cuanto al fondo del proyecto, discrepo del artículo 16, que establece un límite de veinticuatro casinos de juego, dos en cada una de las regiones, con excepción de la Región Metropolitana.
La Cámara de Diputados aprobó autorizar el funcionamiento de hasta veinticinco casinos de juego, uno en cada una de las regiones y, el resto, para ser distribuidos a nivel nacional.
La redacción aprobada por la Cámara es más flexible y permite potenciar algunas zonas con las inversiones que se generen con los futuros proyectos de desarrollo turístico que traerán consigo la instalación de los nuevos casinos.
Me asalta una inquietud respecto de la composición del Consejo Resolutivo que se crea por el artículo 38, puesto que ella obedece exclusivamente a criterios políticos de las autoridades de turno. No veo cómo se va a dar curso a la participación ciudadana que tanto propicia el Gobierno. Bien podría pensarse en la incorporación de otras entidades, como las universidades, que manifiesten el sentir de la población, con representantes que demuestren una conducta intachable.
Discrepo de la supresión del artículo 3º transitorio, mediante el cual se establecen plazos para la dictación de los reglamentos que requieren la aplicación de este cuerpo normativo.
Finalmente, y tratándose de un tema relevante a nivel nacional, me parece imperiosa e ineludible la necesidad de armonizar las políticas generales con las especiales de desarrollo regional. Para ello es menester que se establezca con meridiana claridad que el artículo 36 de la ley Nº 19.669 tendrá vigencia indefinida; que las autorizaciones para instalar nuevos casinos en la comuna de Arica serán otorgadas por el superintendente de casinos de juego, sin sujeción a las limitaciones que se establecen en el proyecto, en especial, las de sus artículos 16, 23, 25 y 26; que las empresas autorizadas y sus casinos quedarán sometidos al control del superintendente y deberán cumplir las nuevas normas tributarias que se establecen y que serán sujetas de las sanciones que dispondrá la nueva ley.
En razón de lo anterior, solicito formar parte de la comisión mixta que deberá zanjar las discrepancias que se tienen con el Senado.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley se ha discutido durante mucho tiempo. Por ello, no quiero detenerme en sus aspectos generales, sino abocarme a las diferencias que nos plantea el Senado.
Creo necesario puntualizar algunos aspectos, dado que el debate que se dio en la Cámara tuvo algunos matices que, a mi juicio, van más allá del proyecto.
La iniciativa establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo, y cambia sustantivamente, por la vía de la excepción, la forma de abordar la existencia de los actuales siete casinos de juego existentes a lo largo del país, lo que me parece muy importante.
En segundo lugar, debiéramos aceptar la modificación del Senado que crea una superintendencia para fiscalizar el funcionamiento de los casinos, puesto que, hasta hoy, ninguna de las leyes especiales aprobadas para la creación de casinos ha considerado la existencia de un organismo central que regule y fiscalice el juego y las sociedades a cargo de la explotación de los casinos. Todas las leyes dictadas al respecto son distintas y no hay un organismo superior que regule esta situación. Por lo tanto, rescato esta modificación del Senado, que “se cayó” en la Cámara por motivos que no es del caso analizar, como un aporte que merece nuestra aprobación.
A diferencia de la diputada señora Rosa González , me parece una gran idea el establecimiento del Consejo Resolutivo, respecto de lo cual hubo diferencias de criterio en la Cámara. Algunos diputados estimaban que la superintendencia era una instancia todopoderosa sin un contrapeso adecuado. La finalidad del Consejo Resolutivo es otorgar, denegar, renovar o revocar los permisos de operación de casinos de juego.
Este Consejo estará integrado por personas cuya labor principal será regular y fiscalizar las distintas actividades de los casinos, desde distintos puntos de vista. No veo cómo una universidad podría opinar sobre la existencia de un casino en determinada región. Para ello se consultará a las autoridades pertinentes. Incluso, en el plano local se señala que uno de sus integrantes será el intendente regional respectivo, según la localización del casino de juego respecto de cuyo permiso de operación el Consejo deba pronunciarse. Asimismo, lo integrará el director nacional del Servicio Nacional de Turismo , porque sigue presente en el proyecto como eje fundamental que el propósito de los casinos es potenciar ciudades que cuentan con instalación turística importante y significativa.
Sin embargo, así como concuerdo y recojo esas modificaciones, discrepo del artículo 16 propuesto por el Senado. En el primer trámite manifesté permanentemente mi oposición a las restricciones territoriales y al número de casinos que se podrían crear. La lógica de las restricciones está ligada más bien a cómo se establece el funcionamiento de un casino. En la actualidad, si una ciudad determinada quiere tener casino debe dictarse una ley. Cabe hacer presente que desde 1990 hasta la fecha no se ha aprobado la instalación de nuevos casinos, porque el propósito era legislar sobre la materia.
La lógica actual es distinta. El empresario debe definir cuál zona es atractiva para realizar una inversión.
Me parece positivo que el Senado haya exigido una inversión mínima, de modo que se instalen grandes casinos y no pequeñas salas de juego que desvirtuasen el concepto rector del proyecto.
No me parece conveniente limitar el número de casinos, sino fijar restricciones para la conformación de sociedades, con inversiones mínimas incluso más altas que las que señala el proyecto. Estoy seguro de que, de acuerdo con las reglas del mercado, en Chile habría menos de los 24 casinos que establece el Senado o menos de los 25 que fijaba la Cámara de Diputados si se aplican estas exigencias, pero no porque una ley determine que debe haber uno, dos o tres casinos por región. ¿Habrá empresarios interesados en instalar uno o dos casinos en cada región del país? ¿No es posible que en determinadas regiones, por sus condiciones y características turísticas -uno de los ejes rectores del proyecto-, puedan instalarse más de dos casinos?
Ahora bien, si el criterio es establecer un número máximo de casinos -veinticuatro o veinticinco-, mi posición es dejar que se instalen libremente, de acuerdo con determinadas reglas. En ese sentido, me parece más acertado el criterio de la Cámara que el del Senado, por cuanto este último es muy restrictivo y poco flexible, al señalar que deben instalarse veinticuatro casinos, esto es, dos por región. Ello no favorece la inversión ni al turismo y no responde a los principios fundamentales que inspiraron el proyecto.
Desde ese punto de vista, propongo rechazar el artículo 16, a fin de que una comisión mixta resuelva con mayor flexibilidad este punto, incluso manteniendo el tope máximo de casinos que se podrán instalar, pese a que nunca he sido partidario de fijar un número determinado de ellos.
Por último, hay un tema que me preocupa, pero en aras de avanzar rápidamente, no haré mayor cuestión de él. Me refiero a los plazos tremendamente excesivos para mantener de manera transitoria las concesiones de los siete casinos existentes. No es posible pretender que los casinos se rijan por normas distintas a las establecidas en el proyecto hasta 2016. Entiendo que ello se explica por los recursos que hoy reciben los municipios y los cambios en las reglas del juego establecidos en la iniciativa; pero, respecto de esta materia, me parece mucho más apropiado el criterio de la Cámara que el adoptado por el Senado.
Insisto, no haré cuestión respecto de este punto, pero creo que, como Cámara, debiéramos rechazar el artículo 16, para que una comisión mixta resuelva el tema relativo al número de casinos y a cómo se distribuirán, materia que, a mi juicio, debe ser lo menos restrictiva posible.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , tal como señaló el diputado señor Exequiel Silva , éste es un debate que se prolonga ya por muchos años. Quiero recordar que la primera iniciativa para desarrollar nuevos casinos fue propuesta por el entonces diputado señor Isidoro Tohá , para fomentar un polo de desarrollo turístico en la Octava Región, en particular en las termas de Chillán, zona de mucho turismo e inversión en la región. Posteriormente, algunos diputados presentamos otras iniciativas que buscaban un objetivo similar. Hoy, hemos arribado a una ley marco que, esperamos, se encuentre en su etapa final.
En este contexto, quiero abordar cinco puntos y formular una propuesta específica en torno de uno de ellos.
No cabe duda de que es un gran avance que el Senado haya establecido la creación de una Superintendencia de Casinos de Juego, tan cuestionada en su momento. Una reflexión más pausada ha logrado eliminar ciertos prejuicios respecto de un organismo cuya función será supervisar y supervigilar la explotación de casinos en el país, pues en esta materia se encuentra involucrado un elemento de fe pública.
Repito, la propuesta del Senado, sin duda, constituye un gran avance para clarificar un debate bien intencionado e inspirado que sostuvimos en la Cámara, en cuanto a garantizar transparencia en el proceso de asignación de los proponentes de casinos. Espero y confío en que la composición que se establezca permita alcanzar el acuerdo suficiente.
Sin embargo, no se abordaron dos temas que, de haber sido tratados, habrían sido tremendamente útiles.
Uno de ellos dice relación con el destino de los recursos que se generarán. Sobre este aspecto, existe un debate respecto del rol que juegan los casinos para las regiones en las cuales se instalan, como polos de atracción turística y de desarrollo territorial, sobre lo que estamos todos de acuerdo.
También hay un debate en relación con el uso en fines de carácter público de los recursos. En nuestro país, ha sido tradicional que los principales beneficiarios sean los municipios de las ciudades sedes de los casinos. Sobre eso ha habido discusión. También se ha dicho que una parte de esos recursos debe ir para los municipios y la otra tener un destino distinto. Algunos parlamentarios somos partidarios de que, como se ha hecho en muchos otros países, no pasen a formar parte de los fondos generales de la nación, sino que tengan un destino específico.
Es sabido que en países como Estados Unidos de América las comunidades de los pueblos originarios han logrado subsistir y desarrollar su cultura, precisamente porque se les ha entregado la administración de una parte de los recursos que se obtienen de la actividad de las salas de juego. De esa manera, se ha logrado un desarrollo tremendamente importante de ciertos territorios de ese país, los que han sido altamente valorados.
En otros países, como Canadá, las utilidades o los beneficios de algunas salas de juego han sido destinadas a los discapacitados y a los adultos mayores, idea que algunos diputados compartimos firmemente y respecto de la cual creemos que los recursos generados por cierto deberán ser administrados en cada región. Se trata de dos segmentos ciudadanos en situación de tremenda vulnerabilidad y su apoyo es fundamental para el desarrollo que queremos de las regiones.
Sin embargo, como dije, esta materia no se abordó. Creemos que es un error que en este debate no se precise el destino de los recursos. Estamos hablando de recursos nuevos importantes no sólo para el desarrollo material de las comunas beneficiarias, sino para su bienestar social. En este sentido, reitero que una parte de ellos debe destinarse a programas relacionados con los discapacitados y los adultos mayores que, sin duda, constituyen dos segmentos tremendamente valiosos y respecto de los cuales tenemos una deuda social y política colectiva.
En tercer término, esperaba que en el Senado se abordara un tema que nos inquieta, específicamente en la parte relativa a las definiciones. Me refiero a las máquinas tragamonedas que se han instalado en forma escandalosa en las poblaciones a lo largo del país. Son artefactos cuyo manejo no requiere ninguna habilidad especial. Permiten apuestas con monedas de cien pesos, y por azar, por premio, entregan alguna cantidad de dinero. A mi juicio, debiera prohibirse su instalación en los barrios, como ocurre en la actualidad, porque son propias de un casino o sala de juego. Esperaba que se hubiese avanzado en esta materia, en especial en el artículo 3°, en el cual se definen ciertas actividades y las máquinas que se utilizan como juegos de azar. Si existiera consenso y voluntad, podría incluirse, como indicación, la moción relacionada con esta materia actualmente radicada en la Comisión de Constitución. Quizás el señor Secretario nos podría asesorar sobre la pertinencia de incluirla en esta iniciativa o bien tramitarla en forma separada.
Por último, quiero referirme al artículo 16. Soy partidario de que llevemos a comisión mixta dicha norma, no necesariamente por las mismas razones que expresó el diputado Exequiel Silva .
Soy partidario de un criterio distinto del que aprobó el Senado. Se equivocan quienes niegan el derecho de la Región Metropolitana de tener casinos. Es un tremendo error para el desarrollo de la industria turística vinculada a las actividades invernales no permitir salas de juego en los hoteles de los centros de esquí. Esa posibilidad no atenta contra las regiones, sino que potencia el desarrollo de las provincias vecinas a la Región Metropolitana y, sin duda, ayudarían al desarrollo turístico interno y, sobre todo, al internacional. No hay ninguna razón para prohibir que en los centros de esquí de la Región Metropolitana existan salas de juego. En ella, así como en las regiones Octava y Novena están los mejores centros de esquí de Sudamérica. A ellos deberíamos agregarles un atractivo adicional, como son los casinos de juego.
Además, me parece un error que se limite la cantidad de casinos por región. No todas ellas son iguales. La Décima es absolutamente distinta de la Sexta o de la Segunda, y, objetivamente, es una de las más turísticas del país, de modo que se le debe dar la posibilidad de tomar más de un casino de juego. Para su desarrollo turístico necesitan más de uno. Ésta es una segunda razón para rechazar el artículo 16. Si se quiere fijar alguna limitación, que se acote a un casino por provincia, de forma tal que no limitemos el potencial desarrollo de una de las regiones más turísticas del país, como es la Décima, porque constituiría un gran error.
Por último, a propósito de los artículos transitorios, en el primer trámite no hubo un debate a fondo respecto de qué pasará con la ley Arica y con las regiones del norte en que existen criterios de privilegio, en cuanto a que ellas debieran tener más de un casino por un sentido de desarrollo territorial. Sería oportuno votar en forma separada los citados artículos, que modifican indirectamente la ley Arica, para que tengamos un debate en comisión mixta.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , creo que el objeto de esta ley no es permitir más casinos, sino fomentar la actividad turística. En este sentido, habría que analizar cuáles son los lugares o comunas que el Gobierno determina como turísticas, porque esa información es fundamental para tener más casinos. Por ejemplo, existen regiones que tienen nieve, mar, lagos, termas, etcétera. Entonces, habría que determinar sus potencialidades. En nuestra Novena Región tenemos el casino de Pucón, pero quizás falta otro en Lonquimay, en que están construyendo un gran centro invernal, o en la costa, porque habrá un puerto y una carretera costera. Es decir, debemos ver las condiciones que se requieren para que estas zonas se vayan abriendo al mundo y fomenten las actividades turísticas.
He conversado largamente con el diputado Germán Becker sobre este tema y coincidimos en que debe existir cierta distancia entre los casinos, porque no se trata de poner uno al lado del otro. A lo menos debe haber cierta distancia, 120 ó 150 kilómetros o lo que sea, pero no pueden estar juntos. Es decir, la gente debe tener más posibilidades para ir a jugar, pero en lugares netamente turísticos.
Represento a la zona de Pucón, que tiene un casino que es un orgullo para la región. La municipalidad y su gente están muy agradecidas, pues es la única comuna del país que obtiene del casino el 42 por ciento de sus fondos municipales. Es una de las comunas que ha podido progresar gracias a su instalación.
Es bueno saber que esta comuna, que le falta poco para alcanzar su pleno desarrollo turístico, tendrá la oportunidad de prorrogar la concesión hasta 2015. Las otras comunas que tienen casino pueden hacer lo mismo. Eso nos da absoluta tranquilidad de que estos recursos, por lo menos hasta 2015, no se utilizarán en otros lugares que no sea el de la sede del casino.
Reitero, todas las comunas pueden hacer lo mismo, excepto Viña del Mar que ya tiene la concesión hasta 2015. Los nuevos casinos van a entrar a funcionar bajo las nuevas normativas. Por eso, creo que es bueno que se aclare cuántos van a ser.
También se abre la posibilidad de instalar casinos flotantes, los cuales tendrán que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, que el barco debe hacer un recorrido no inferior a 500 millas náuticas y que no podrá tener una duración menor a tres días. Por ejemplo, un barco podría hacer el recorrido entre Valparaíso e Isla de Pascua con un casino a bordo. Estos cruceros pueden ser el gancho para tener casinos flotantes. En consecuencia autorizamos o no autorizamos, pero no pongamos condiciones, porque contra siete males hay siete virtudes.
Por ello, me gustaría que se sepa cuáles son los lugares que se pretende incentivar desde el punto de vista turístico para la instalación de un casino, de modo que la gente, al acudir a ellos, favorezca indirectamente a la región.
Se ha hablado mucho de las bondades de los casinos. Sin embargo, por las muchas conversaciones que he sostenido con gente relacionada con ellos, sé que el juego trae mucho más perjuicios que beneficios y que cuando no se tiene conciencia de ello se puede caer en el peor de los vicios.
Por otra parte, tiene que establecerse cierta distancia entre uno y otro casino, considerando las características de cada región, y aclararse qué pasará con los casinos flotantes.
Es necesario aprobar el artículo transitorio que permite a los actuales casinos renovar sus concesiones automáticamente hasta 2015. Me parece que se debe aprovechar la experiencia que se tenga en las operaciones de dos casinos.
Se debe permitir que todas las regiones puedan tener su casino. Si se deja a la Región Metropolitana sin la posibilidad de tenerlos, debe permitirse tenerlos a 20, 30 ó 50 kilómetros de Santiago, por ejemplo, en los centros de esquí, de modo de potenciar sus posibilidades turísticas. Me interesa, sin embargo, que haya el menor número posible de casinos: ojalá dos por regiones. No importa las condiciones que tenga cada región. Si bien es cierto la Décima Región tiene 650 kilómetros de largo, su población estaría mucho más tranquila si hubiera menos casinos.
Vamos a votar favorablemente la iniciativa.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , la modificación introducida por el Senado al artículo 16 limita el número de casinos de juego. En el primer trámite constitucional se fijó un total de 25, uno por cada región, y el resto sería distribuido a nivel nacional con un tope de tres casinos por región, con excepción de la Región Metropolitana, en la cual no se podrán autorizar en ningún caso. Al respecto, discrepo de lo manifestado por el diputado Juan Pablo Letelier , porque en la Región Metropolitana tenemos los mejores centros de turismo de invierno de Sudamérica.
Aparentemente, la modificación del Senado es más amplia que la de la Cámara, porque se pasa de uno a dos casinos por región. Sin embargo, esto tiene la gran desventaja de hacer inflexible el sistema, toda vez que existe consenso en que para que los casinos tengan algún sentido y sean motores de desarrollo local y regional, deben ubicarse en zonas con potencial turístico, insertos en un plan más ambicioso de desarrollo económico regional. Con el texto del Senado, zonas como las del distrito que represento, que abarca el área lacustre de la Décima Región, se verán limitadas en sus posibilidades de desarrollo. Actualmente, las autoridades de la Décima Región, de Osorno, de Valdivia e, incluso, de Chiloé, tienen posibilidades concretas de inversión para instalar casinos de juego. Además, ya existe uno en Puerto Varas, a pocos kilómetros de Puerto Montt, que se topará con los legítimos intereses de Valdivia o de Osorno, en circunstancias de que es justamente la zona cordillerana y lacustre de la Décima Región donde más potencial turístico existe -situación que fue reconocida en esta Sala por los colegas que ya intervinieron- y donde se hace más necesario el desarrollo de inversión en equipamiento turístico para aprovechar el maravilloso capital paisajístico y lacustre.
Otro aspecto que no es menor es la forma en que se distribuirán, de acuerdo con el texto aprobado por el Senado, los beneficios de la concesión, cuestión sobre la cual también tengo dudas y discrepancias. En este sentido, se establece que a la municipalidad de la comuna en que se instale el casino le corresponderá un 50 por ciento de los ingresos y el resto al gobierno regional para ser destinado a inversiones regionales. Este punto merece una mayor discusión, porque tendríamos sólo dos comunas favorecidas -en el caso hipotético de que se construyan sólo dos casinos por región, que es lo máximo que permite la ley- que obtendrían suculentos ingresos, por no existir un mejor factor de distribución de la riqueza regional, cuestión que generará rivalidades y odiosidades en lugar de colaboración entre los diversos municipios.
Por lo señalado, estimó que, antes de votar, deberíamos evaluar muy bien estos aspectos del proyecto, sobre todo el artículo 16, modificado por el Senado, que rechazo. Al votarlo en contra, estaremos en condiciones de mejorarlo para contar con una iniciativa que a todos nos deje conformes, con la idea de que estamos legislando bien y, sobre todo, que daremos tranquilidad a quienes represento en esta Sala: los habitantes de la Décima Región de Los Lagos.
Éste es un tema de futuro, de bienestar para muchos chilenos. No podemos tomar decisiones equivocadas, no quiero decir apresuradas, porque esta materia tiene bastante tiempo de estudio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Por lo tanto, solicito a los demás colegas sumarse al rechazo al artículo 16, para que pueda ir a Comisión Mixta y allí zanjar las diferencias. El resto del articulado cuenta con la aprobación de la bancada del PPD.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , después de un año y medio el Senado ha despachado el proyecto sobre casinos de juego y salas de bingo, el cual vuelve a esta Sala bastante mejorado.
La iniciativa despachada por la Cámara de Diputados era muy distinta de la propuesta original del Gobierno, pues ésta otorgaba libertad total para instalar casinos en cualquier lugar del país, y nosotros los limitamos a 25; señalaba que podían instalarse casinos en todas las regiones: nosotros dejamos fuera a la Región Metropolitana; el impuesto que se proponía aplicar a los casinos era de 10 por ciento sobre los ingresos brutos; ahora será de 20 por ciento. También se limitaron las salas de bingo sólo a los 25 casinos, pues hubo propuestas en orden a dejarlas independientes de los casinos, y se estableció que de los fondos que se recauden por su operación, 50 por ciento se destinará a la municipalidad respectiva y 50 por ciento a la región.
Lo único que no se logró cambiar en esta Cámara fue el sistema de entrega de concesiones de los casinos. En el proyecto original, la Superintendencia de Casinos tenía la facultad de entregar, revocar y renovar las concesiones y de fiscalizar a los casinos. En esa oportunidad, junto con el diputado Valenzuela , nos pareció que dichas atribuciones se prestaban para generar corrupción.
Por eso, en abril de 2003, mediante una indicación, propusimos al Ejecutivo la creación de una comisión especial para la licitación de casinos de juegos -la llamamos comisión de licitación- compuesta por cinco miembros: el superintendente de casinos de juegos, un representante del gobierno regional, el alcalde de la comuna respectiva, el director nacional del Servicio Nacional de Turismo y el presidente de la Asociación de Municipalidades de la región o provincia respectiva.
Además, propusimos un sistema de adjudicación absolutamente objetivo, que indicaba los criterios de evaluación y su ponderación, lo que garantizaba la transparencia del proceso de entrega de concesiones.
En esa oportunidad el Gobierno no aceptó nuestra propuesta y nos vimos obligados a votar en contra de la creación de la referida Superintendencia, con lo cual el proyecto fue absolutamente cercenado a su segundo trámite en el Senado. No es que estuviéramos en contra de la creación de una entidad que fiscalizara, sino que pensábamos que no era bueno que tuviera las facultades de entregar y de revocar las concesiones, porque ello se prestaba para corrupción.
Afortunadamente, en el Senado se logró avanzar en el sentido que nosotros habíamos propuesto en esa oportunidad. Se creó un Consejo Resolutivo, que tendrá las facultades de otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de concesión. Su composición, aunque no me parece la ideal, recoge el espíritu de dar mayor transparencia al proceso, pues ya no queda todo en manos del superintendente.
Sin embargo, creo que falta trabajar más a fondo otro aspecto que el Senado no logró corregir: hacer más efectivo el proceso de entrega de concesiones. Si bien contamos con un Consejo Resolutivo, éste deberá decidir basándose en un informe del superintendente, que tendrá un puntaje ponderado para cada propuesta de concesión de casino.
El artículo 23, propuesto por el Senado, que especifica criterios y factores a considerar para la adjudicación, mezcla aspectos que no tienen ninguna relación entre sí. Señala que la Superintendencia procederá a evaluar la solicitud de operación teniendo en consideración los siguientes criterios y factores y aplicando al efecto la ponderación que para cada uno de ellos establezca el reglamento:
El informe favorable emitido por el gobierno regional;
El informe favorable emitido por la municipalidad respectiva. En verdad, no veo cómo se ponderarán los informes, si uno de ellos es desfavorable. Entiendo que son prerrequisitos. Si el informe de la Superintendencia o de la municipalidad es desfavorable, el postulante quedará automáticamente fuera y no podrá seguir participando en el proceso;
La calidad de territorio turísticamente consolidado o de claro potencial turístico. A mi juicio, el Sernatur debería dar un puntaje que fuera ponderado por la Superintendencia y entregado al consejo resolutivo. O sea, el puntaje debería entregarlo directamente el Sernatur en el tema turístico;
Las consideraciones de seguridad y orden público del lugar donde se instalará el casino. Claramente, éste es un prerrequisito. Si no hay consideraciones positivas de seguridad y orden público, me parece muy extraño que se pueda instalar un casino;
Las cualidades del proyecto integral y su plan de operación, considerando los siguientes factores específicos:
-El incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento, lo cual debería estar considerado en el informe del Sernatur;
-La ubicación, diseño y calidad de las instalaciones. ¿Cómo se va a discriminar y ponderar este aspecto?;
-La relación armónica con el entorno. ¿Quién determinará si esa relación es armónica?;
-La conexión con los servicios y vías públicas. Este es un prerrequisito. Si no hay conexión con los servicios y vías públicas, mal podrá instalarse un casino en ese sector;
-Los efectos económico-sociales que la instalación del establecimiento haya de crear. Debería haber un organismo público que ponderara este factor, y
-El monto de la inversión total que deba hacer el empresario es el factor más importante. Sin embargo, está considerado en la letra f) del número 5, lo cual le resta importancia.
En resumen, el artículo 23 confunde aspectos que no son comparables y tampoco conocemos la ponderación que se dará a cada uno de ellos. Finalmente, todo quedará sujeto a un reglamento que no sabemos cómo subsanará esta confusión.
Debemos discutir más a fondo todos los criterios y factores de adjudicación, razón por la cual votaremos en contra el artículo 23 para que vaya a comisión mixta.
Nuestra bancada también votará en contra el artículo 16, que se refiere al número de casinos que podrán funcionar en cada región. Lamentablemente, el Senado rigidizó el sistema. La discusión no es si creamos 24 o 25 casinos, sino que se establezcan en los lugares con verdadero potencial turístico. Por eso, me parece mejor la propuesta de la Cámara, en el sentido de que cada región pueda contar con un casino y tres como máximo. Con esto se flexibiliza su instalación, lo que me parece más razonable.
Un aspecto importante que deberíamos incorporar al artículo 16 es la distancia entre casinos, por lo siguiente:
En primer lugar, si hay distancia entre uno y otro se impide la creación de dos en una misma comuna, y así los recursos se distribuyen de mejor forma. En segundo lugar, si un casino está situado al lado de otro, no se incrementará la oferta turística en ese sector. En tercer lugar, al existir mayor distancia, la inversión será más alta, ya que el empresario tendrá la seguridad de que en el corto plazo no se instalará otro casino cerca del suyo.
Votaremos a favor las modificaciones propuestas por el Senado, excepto las de los artículos 16 y 23, por considerar que es necesario que vayan a comisión mixta para su mejor estudio.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , me opongo a la modificación del Senado al artículo 16 del proyecto, porque rebaja de tres a dos el número de casinos de juego por región, lo cual altera el propósito que tuvo nuestra corporación al aprobar su instalación. Además, rebaja a 24 el número de casinos de juego que podrían autorizarse y funcionar en el país. La Cámara había establecido 25. No entiendo las razones ni el cálculo realizado para rebajar su número.
El objetivo del proyecto es dar oportunidades a las regiones, provincias y comunas de contar con un casino que genere recursos, promueva y explote en beneficio de ellas sus condiciones turísticas.
La existencia de un casino está en directa relación con las posibilidades y ofrecimientos turísticos de la región. No todas tienen las mismas características, pues Chile, al igual que otros países, no es homogéneo. En aproximadamente 5 mil kilómetros de largo ofrece diferentes panoramas turísticos: desierto en el norte, balnearios y nieve en la zona central, lagos en el sur, hielos y ventisqueros en la zona austral.
La estructura geopolítica y administrativa del país define regiones sustancialmente diferentes en cuanto a recursos, potencialidades e, incluso, idiosincrasia de sus habitantes. Por ello, las políticas, los planes de desarrollo, los presupuestos y los enfoques son y deben ser siempre diferentes para cada una de las regiones.
¿Por qué establecer limitaciones? Fijar un número determinado de casinos por región parece un criterio inadecuado, por decir lo menos. Su irracionalidad se acentúa cuando se habla de un número igual para todas las regiones.
¿Con qué lógica se podría fijar, por ejemplo, una cuota regional pareja para el establecimiento de faenas mineras? Si la cuota establecida fuera de dos faenas por región ¿Qué dirían los habitantes de la Segunda Región?
Establezcamos reglas claras. Para que el negocio de los casinos tenga altas barreras de entrada, basadas en la solvencia y en la probidad de los empresarios del rubro hay que dejar que el mercado decida dónde se instalarán los casinos y las salas de bingo, siempre que se trate de lugares de atractivo turístico y no de tugurios escondidos de la luz y de la decencia que estas actividades empresariales demandan. Los casinos deben insertarse dentro de la economía social de mercado, de la libre competencia, de la oferta y la demanda para que así sobrevivan los mejores.
¿Es razonable que una región con fuerte orientación turística tenga el mismo número de casinos que una que funciona puertas adentro?
No tengo argumentos para justificar ante los osorninos a quienes represento, por qué Viña del Mar, Arica, Puerto Varas o Coquimbo tienen casinos y Osorno no, en circunstancias de que cuenta con un paso internacional y una vía terrestre que facilita el ingreso de turistas extranjeros y una infraestructura envidiable, todo lo cual se vería potenciado con la instalación de nuevos casinos, lo que genera una gran demanda por ese tipo de establecimientos.
¿Tengo que pensar que Osorno, Valdivia , Puerto Montt y Castro no son capaces de crear industrias asociadas al turismo o no son ciudades dignas de contar con un casino?
No puede haber una limitación en los términos que se establece: dos casinos por región. La Décima Región tiene casi un millón de habitantes y 67.013 kilómetros cuadrados, lo que la hace una de las más grandes del país. Además, cuenta con un potencial turístico enorme que sus ciudades quieren explotar en beneficio de su desarrollo económico.
De aprobarse la iniciativa en los términos que propone el Senado, hay regiones que partirán con desventaja, pues aquellas que ya cuentan con un casino sólo podrán optar a otro, en tanto que aquellas que no cuentan con uno podrán optar a dos. Sin duda, esto frustrará los planes de muchas ciudades que esperaban que se instalaran en ellas uno de estos establecimientos. Se producirá, entonces, un trato desigual para algunas regiones, como la Décima, que ya cuenta con un casino: el de Puerto Varas. Osorno y Valdivia también quieren uno, pero sólo una de ellas se verá beneficiada. Se trata, por lo tanto, de una discriminación del todo injustificada.
Queremos que se hagan bien las cosas y que se aproveche esta oportunidad. Durante muchos años nos abocamos a los estudios que dieron origen a este proyecto de ley que autoriza la existencia de nuevos casinos, para aprovechar las potencialidades turísticas de cada región.
Ciertamente, los casinos ya no son centros banales de despilfarro y vicio en los que se juega y especula, sino que constituyen espacios de desarrollo regional y local, pues su instalación y funcionamiento suponen la inversión de grandes recursos y la ocupación de mucha mano de obra, lo cual se traduce en un gran impacto económico. No olvidemos que actualmente esta industria percibe ingresos por casi 32 mil millones de pesos, de los cuales 13 mil millones van a las municipalidades, que con esos recursos ven complementados sus esfuerzos para satisfacer las necesidades sociales de la comuna. Por otro lado, los casinos estimulan la industria turística, pues con ellos aumenta el número de visitantes a la región y la tasa de ocupación de los hoteles.
No pedimos privilegios, sino adecuarnos a la realidad y exigencias del medio turístico de cada región. No pedimos privilegios, sino igualdad de oportunidades y proporcionalidad, especialmente para la región de la cual provengo, en la que el Creador se encargó de definir una alianza con la belleza, que muchas personas de todo el mundo quieren conocer y disfrutar.
En consecuencia, voy a votar en contra de las modificaciones del Senado, pues son contrarias a los objetivos, principios e ideas básicas que el Ejecutivo tuvo en consideración al enviar la iniciativa a trámite legislativo y, además, porque perjudica y desmerece a la Décima Región.
No deben existir limitaciones o cuotas por región. En todo caso, si se persiste en esa idea, que la Décima Región cuente con tres casinos. Ello en función de los argumentos que entregué, me refiero a su naturaleza turística y extensión territorial.
Por los motivos y consideraciones que he expuesto, me opongo a la modificación propuesta por el Senado al artículo 16, pues no satisface las necesidades turísticas y la demanda de casinos de algunas regiones, especialmente de aquellas que cuenta con grandes potencialidades turísticas, como la Décima.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , considero que en los trámites correspondientes, tanto en la Cámara como en el Senado, se ha ido construyendo un proyecto que, en términos generales, aparece como bastante razonable para las condiciones económicas y sociales de nuestro país, sobre todo porque regula las expectativas creadas en muchas regiones por una cantidad importante de mociones sobre la materia.
Hay una expectativa que es necesario hacer presente y regular con mayor precisión en el proyecto. Me refiero a aquella que estaba en las ideas matrices del proyecto: que el establecimiento de un casino de juego esté asociado a un potencial desarrollo turístico de la zona donde se quiere implementar, es decir, que el lugar, la zona o la región donde se esté instalando tenga un potencial desarrollo turístico y que, finalmente, el casino sea un instrumento que facilite y permita su desarrollo.
El tema se ha centrado, finalmente, en la discusión del artículo 16 propuesto por el Senado, que fija el número de casinos de juego que podrán autorizarse.
El proyecto ha generado un sistema de regulación. En la discusión general, la mayoría de la Cámara señaló que no era conveniente que esta actividad fuese regulada sólo por el mercado. Pareció haber consenso en eso y se buscaron los parámetros más objetivos posibles para determinar el número definitivo de casinos cuya instalación se autorizaría. Finalmente, el Senado ha propuesto, como límite máximo, que sean 24.
Estoy de acuerdo en que deberíamos fijar un techo respecto de la cantidad de casinos que aspiramos a que funcionen en Chile, y 24 podrá ser una cantidad arbitraria, pero me parece razonable. Discrepo con el Senado en el límite por regiones, porque creo que se aleja de la idea matriz del proyecto: que necesariamente los casinos estén asociados a la posibilidad de desarrollo turístico. En algunas regiones, probablemente no se justifique la existencia de dos casinos, porque sus potencialidades de desarrollo turístico -quizás el mercado también va a operar de esa forma- no lo ameritan. Por el contrario, hay otras con reales potencialidades de desarrollo turístico, como la Décima, la Undécima y la Duodécima.
Por lo tanto, limitar la existencia de casinos a dos por región, me parece negar la posibilidad de que estén asociados a las potencialidades de desarrollo turístico.
Por ello, soy partidario de mantener este techo de 24 casinos, pero no limitarlos a dos por región, sino que opere el mercado, lo que podría significar que en algunas regiones funcionaran tres casinos, y en otras ninguno.
Por esa razón, deberíamos rechazar este artículo para que en una comisión mixta nos pongamos de acuerdo al respecto y, además, incorporemos a este proyecto criterios lo más objetivo posibles para determinar que una zona cuenta con un potencial de desarrollo turístico.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , en el artículo 36 del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota, y modifica cuerpos legales que indica, se establece lo siguiente: “Autorízase el establecimiento, administración y explotación de nuevos casinos de juego en la comuna de Arica, los que estarán sujetos a las siguientes condiciones especiales.”. Agrega un conjunto de obligaciones como requisitos especiales, pero me voy a referir a uno en particular que dice lo siguiente: “Se concederá permiso para operar nuevos casinos sólo cuando su establecimiento sea anexo a una inversión en estructura turística que se realizará en terrenos propios del solicitante y que comprenderá la construcción de un hotel de, a lo menos, ochenta dependencias habitacionales,...”.
Arica es una zona que hoy tiene muchas dificultades para su desarrollo -tema que ha sido tratado en más de una oportunidad en esta Sala- y entiendo que en esa voluntad de ayudar a Arica -puerta norte de Chile- a tener instrumentos que le permitan desarrollarse, la honorable Cámara aprobó mayoritariamente el texto de la ley Arica.
Curiosamente, el artículo 3° transitorio propuesto por el honorable Senado de la República al proyecto en discusión, dice lo siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las leyes actualmente vigentes, a través de las cuales se ha autorizado la instalación y funcionamiento de casinos de juego en las comunas de Arica, Iquique , Coquimbo, Viña del Mar, Pucón , Puerto Varas y Puerto Natales, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes se extingan definitivamente por cualquier causa y, en todo caso, a partir del 1º de enero de 2016.”
Al respecto conversé con la subsecretaría de Desarrollo Regional, señora Adriana Delpiano , y me expresó que el artículo 16 no debería afectar el beneficio que hoy tiene Arica para potenciar su desarrollo turístico. Podría aceptar ese argumento, pero lo que hace claridad sobre la derogación tácita de esa norma es, justamente, el artículo 16 al que se han referido los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, en cuanto a que esta norma establece dos casinos por regiones.
Quiero recordar que cuando en este hemiciclo se aprobaron las normas para apoyar el desarrollo turístico de Arica y que los hoteles con más de 80 habitaciones pudieran tener casinos. Arica ya tenía su casino, al igual que Iquique. Por lo tanto, la Primera Región actualmente tiene dos casinos. Aún así, fue considerada, porque su inclusión se entendió como un incentivo para promover el turismo en la zona, sobre todo desde los países vecinos.
Sin embargo, Arica se vería muy afectada con la derogación tácita de la norma contenida en la “ley Arica”. Aunque expresamente no lo dice el texto, en el artículo 16 se autoriza el funcionamiento de 24 casinos, de los cuales dos estarán en la Primera región, que, como señalé anteriormente, ya cuenta con dos, uno en Iquique y otro en Arica, que es municipal y existe desde hace muchos años. Por lo tanto, soy partidario de rechazar el artículo 16 para que sea analizado en comisión mixta.
Asimismo, rechazo el artículo 3° transitorio. Ello para poder analizar los efectos de una probable modificación o derogación de la ley Arica, ya que la norma propuesta perjudicaría mucho a la zona, pues podrían irse al tacho de la basura proyectos inmobiliarios en construcción. Sería bueno precisar si lo que se pretende es derogar la norma que permite a Arica contar con casinos en los hoteles con más de ochenta habitaciones.
En consecuencia, solicito el apoyo de todas las bancadas, a fin de clarificar el destino del beneficio turístico de la ley Arica.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , al legislar en esta materia creo que no podemos perder de vista ciertos principios. En Chile hoy existen siete casinos, cada uno de los cuales fue creado en virtud de una ley especial. Por tanto, todo juego, como la ruleta, los tragamonedas, las cartas, etcétera, que no se circunscriba al espacio de los siete casinos establecidos por ley, en rigor es ilegal. Por lo mismo, me parece que debemos remontarnos a los principios esenciales que han fundamentado el proyecto. Uno de ellos es la equidad con que se deben distribuir los recursos que ingresan a los municipios, con toda legitimidad, que no son pocos, ya que en algunos casos, incluso, quintuplica los que reciben de parte del Fondo Común Municipal. Otro de los principios es el apoyo al potencial turístico de las regiones.
Es fundamental la creación de una superintendencia, -reconozco que ese tema se nos cayó, y me alegro que el Senado haya repuesto esa instancia-, porque si hay algo que requieren las salas de juego, es una máxima regulación y una eficiente fiscalización. En este debate y en otros, reiteradamente se ha dicho que el juego está vinculado a acciones, a veces no muy lícitas, por lo que debe estar sujeto a un estricto control. Un ejemplo de ello es la importación de máquinas tragamonedas que funcionan en forma irregular e ilegal en las poblaciones.
Desde ese punto de vista, no veo la razón de dramatizar tanto respecto del artículo 16, porque en rigor todas las regiones tienen un potencial turístico. En algunos casos, es estacional; en otros invernal, y en otros todo el año o en verano. Pero en todas hay atractivos y potencial turístico. Eso lo saben muy bien en el Servicio Nacional de Turismo.
Es injusto decir que algunas regiones podrían quedar sin casino y otras con tres. Desde ese punto de vista, me parece exagerado pasar de cero a tres casinos -a lo que aspiran algunas regiones- o de uno a tres. Creo que es un despropósito.
Por lo tanto, el incremento a 24 del número de casinos, con dos por región -insisto- es el punto esencial del proyecto, ya que está asociado a la distribución de los recursos, con lo cual las regiones van a ser muy beneficiadas.
Quiero destacar, además, que el Senado hizo un buen ejercicio. El impuesto especial, tema bastante discutido, del 20 por ciento, muy significativo para las comunas donde se instalará un casino, representa una posibilidad real de desarrollo tanto para la comuna como para las regiones, puesto que el 50 por ciento de dicho impuesto quedará incorporado al patrimonio de la comuna donde esté instalado el casino, y el otro 50 por ciento al patrimonio del gobierno regional de la correspondiente región. En lo personal, no privaría a priori a las regiones de este beneficio.
Este es uno de los proyectos de mayor descentralización que he conocido, porque queda excluida la Región Metropolitana por las razones que hemos conocido y, sobre todo, porque no se causa un daño al casino de Viña del Mar. Bajo ese mismo criterio, uno podría pensar que hay capitales de región donde no se justifica la existencia de un casino. Por ejemplo, un casino en Temuco significaría la muerte del casino de Pucón.
Insisto, en materia de descentralización el proyecto constituye un avance. Los intendentes formarán parte, entre otros, del Consejo Resolutivo; los gobiernos regionales deberán evaluar los factores de ponderación y el Consejo Regional tendrá una participación significativa en esta materia.
En mi opinión, debemos aprobar el proyecto tal como viene, porque hace justicia respecto de aspectos esenciales que se “cayeron” durante la discusión en la Cámara de Diputados, como el que dice relación con la creación de la Superintendencia, lo cual se complementó con la creación del Consejo Resolutivo. No obstante, no concuerdo, por las razones que he señalado, con la posibilidad de instalar casinos a una distancia inferior a cien kilómetros, dado que el proyecto tiene como propósito potenciar otras zonas de desarrollo turístico y el casino constituye claramente una palanca para lograr ese objetivo. Creo que permitir la instalación de dos casinos en una misma provincia o incluso en la misma comuna sería un profundo error.
Por todo ello, votaremos a favor de las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor Lorenzini, Presidente , saluda y da la bienvenida en nombre de la Cámara de Diputados a las delegaciones de diputados y senadores extranjeros, acompañados de representantes de la Fundación Konrad Adenauer.
Delegación Alemana, partido CDU, señoras y señores, Klaus-Jürgen Hedrich, jefe de la delegación, diputado del Parlamento Alemán y ex Secretario de Estado para Cooperación;
Anton Pfeifer, ex ministro de Estado y Primer Vicepresidente de la Fundación Konrad Adenauer; Claudia Noite, diputada del Parlamento Alemán , miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y ex ministra de Familia , Juventud, Mujeres y Tercera Edad; Hildegard Müller, diputada del Parlamento Alemán , miembro de la Comisión de Salud y Seguridad Social y ex presidenta de la Organización Juvenil de la CDU; Bernhard Kotsch, secretario de las Relaciones Internacionales de la CDU ;. Helmut Wittelsbürger, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile; Werner Böhler, director para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer; HubertGehrin, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México.
Delegación española, Partido Popular, señores Eugenio Nasarre, diputado nacional , portavoz de la Comisión de Educación y Ciencia en el Congreso de los Diputados, España, y ex Secretario de Estado ; Ovidio Sánchez, senador por Asturias, y Fernando Goñi, diputado nacional en el Parlamento de Asturias.
Delegación mexicana, Partido de Acción Nacional, PAN, señores, Luis Felipe Bravo Mena, jefe de la delegación y presidente del Partido de Acción Nacional , PAN; Jesús Galván Muñoz, senador por el distrito federal, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Héctor Larios Córdova, senador por el Estado de Sonora y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y África, y Rolando García Alonso, director de Relaciones Internacionales del Partido Acción Nacional .
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, es indudable que, desde hace mucho tiempo, este proyecto genera expectativas y esperanzas en diferentes regiones, respecto de la posibilidad de contar con mayores ingresos, fundamentalmente, a través de las municipalidades.
Cabe destacar que el Senado introdujo una indicación que en su oportunidad se propuso en las Comisiones de Hacienda y de Gobierno Interior de esta Cámara, que dice relación con la posibilidad de que naves mercantes nacionales que efectúen track de navegación en aguas interiores, fundamentalmente en la zona austral, sean autorizados por la Superintendencia de Casinos para funcionar con salas de juego durante su travesía. De este modo, se equipara su situación con las de naves extranjeras que visitan puertos nacionales y que entre uno y otro puerto desarrollan este tipo de actividad de juegos a bordo.
Esta igualdad de oportunidades entre naves mercantes nacionales y extranjeras representa un importante incentivo para el desarrollo del turismo en la zona austral y aporta ingresos a las municipalidades respectivas. De esta manera se hace realidad el compromiso asumido por el subsecretario de Desarrollo Regional Administrativo, en el sentido de patrocinar esta indicación en el Senado de la República. Me parece que se ha hecho lo correcto, pues se deja en igualdad de condiciones tanto a las naves que realizan turismo con bandera extranjera como a las naves mayores mercantes nacionales, lo que se transforma en un incentivo y en un premio al esfuerzo de muchos armadores que durante años han sacrificado lo mejor de sus vidas para entregar un circuito turístico de nivel internacional, tanto a quienes nos visitan desde el extranjero como a los pasajeros nacionales.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, una de las conclusiones del largo debate sobre este proyecto puede ser considerada aceptable por algunos e inaceptable por otros, como entiendo es el caso de algunos diputados que representan a comunas de la Región Metropolitana, quienes tienen algunas dudas al respecto. Pero lo concreto es que la iniciativa establece la posibilidad de crear nuevos casinos de juegos y salas de bingo en regiones, manteniendo los existentes hasta el 2015.
Los diputados Exequiel Silva , Iván Paredes y otros han planteado algunas inquietudes que pueden hacer variar el límite mínimo establecido para el funcionamiento de dos casinos por región, criterio que comparto, pues considero que debería haber libertad en ese aspecto, de acuerdo con las circunstancias económicas y las posibilidades de inversión existentes.
El debate se refiere al funcionamiento de casinos regionales, pero los integrantes de la comisión que tendrán que decidir entre las ofertas de inversionistas en regiones son de la Región Metropolitana, excepto el intendente regional respectivo, aunque en muchos casos tampoco pertenece a la región que representa.
¿Qué lógica tiene que seis de los siete miembros de la comisión que decidirá a qué inversionistas se asignará un casino en una región sean de la Región Metropolitana, donde está el gobierno central? Hay una clara inconsistencia en ese sentido, porque estamos hablando del funcionamiento de casinos regionales.
El artículo 38 del texto del Senado señala que el Consejo Resolutivo estará integrado por el subsecretario de Hacienda -por si alguien no lo sabe, su oficina está en los pisos superiores de Teatinos N° 120-, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo -ubicado a la entrada de La Moneda, en el segundo piso-, el superintendente de Valores y Seguros -antes estaba en Teatinos N° 120, pero luego de la salida de Álvaro Clark, el superintendente de ese organismo cuenta con oficina nueva, ubicada detrás del Ministerio de Educación, en el centro de Santiago-, el director nacional del Servicio Nacional de Turismo, dos representantes del Presidente de la República , nombrados con acuerdo de los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio, y el intendente regional respectivo.
Seis personas, aparentemente de la Región Metropolitana, tendrán que decidir si habrá un casino de juego, por ejemplo, en Puerto Montt -ciudad ubicada en la región donde está el distrito que representa el diputado señor Fidel Espinoza - San Felipe -comuna del distrito que representa el diputado Patricio Cornejo -, Concepción -¿por qué no, diputado José Miguel Ortiz ?-, en Colbún -podría estar allí, diputado señor Osvaldo Palma-, o más al sur -en alguna comuna del distrito que representa el diputado René Manuel García -, en Punta Arenas, Puerto Natales -ciudad en la que el diputado Rodrigo Álvarez siempre ha querido que funcione un casino de juego, idea en la que creo lo acompañará el diputado señor Luksic -, u Osorno , a cuyo alcalde, señor Mauricio Saint-Jean , hemos recibido en varias ocasiones junto a los diputados señores Pedro Muñoz , Sergio Ojeda y Gastón Von Mühlenbrock .
¿Sabían que la decisión de dónde funcionará un casino de juego no la tomarán los diputados, la región, su alcalde ni el consejo regional respectivo, sino seis personeros del nivel central? No me cabe duda de que algunos de ellos habrán estado en Osorno o en Puerto Montt -no sé si el diputado señor Osvaldo Palma los habrá invitado a Colbún-, pero me parece que no es correcto que así ocurra. Estamos hablando de casinos regionales, de manera que la región, a lo menos, tendrá algo que decir, no sólo el intendente, quien además es el representante del Presidente de la República . Reitero, no todos los intendentes son de la región. ¿ Patricio Vallespín es de la Décima Región? Sí, me dice el diputado señor Fidel Espinoza .
¿Es de la Décima Región? De Santiago, me dice el diputado Jaramillo . Pero no nos metamos en esos cuentos. No sé si en la Séptima Región u otra. Tal vez, Calama podría ser buen sitio para un casino.
Le pregunto al diputado Mora , ¿qué le parece que los santiaguinos decidan si quieren que haya uno en Antofagasta, Tocopilla o Calama?
Como eso no tiene ninguna lógica, voy a pedir votación separada para el artículo 38 del Senado, porque considero que la composición del Consejo Resolutivo no es coherente en el tema de la autorización de casinos regionales.
No pretendo quitarles atribuciones al Presidente de la República y al Senado. El Senado hoy lo decide todo; la Cámara no existe. (Aunque a muchos diputados les gustaría que no existiera. Ni siquiera en materia de reformas, aunque el ministro de Justicia diga que no. Ya le vamos a contestar esta tarde, si es que nos está mirando, con mucha calma).
Pero la Cámara de Diputados no existe en ningún lado. Claro, no voy a cuestionar a los dos representantes del Presidente de la República nombrados con acuerdo del Senado. Pero el okey no pasa por la Cámara.
¡Por lo menos, que sea regional el director del Sernatur! ¡Que tengamos por lo menos una persona!
Lo lógico es ampliar el número de integrantes del Consejo. ¿Por qué no un alcalde de las comunas de las regiones, si va a haber casino en una determinada comuna? Como sabemos, de los ingresos recibirá la mitad la comuna en la cual está el casino y la otra mitad las comunas restantes. ¿No sería lógico que estuviera el alcalde o un miembro del consejo regional designado por el Core o, por lo menos, por el director del Sernatur? ¿Por qué debe decidir Santiago dónde crear polos de desarrollo y dónde hacer turismo?
En esto, habría que dar una señal regionalista, de descentralización. No estamos diciendo que la mayoría sea de regiones. Igual van a estar los subsecretarios -el poder central-, más los dos representantes del Presidente y más el intendente. Supongamos que el intendente se la jugará por la región. Algunos quieren ser diputados o senadores y se la van a jugar más. Pero que de siete miembros tengamos, por lo menos, dos de regiones.
Que respecto de los casinos decidan el dónde, cuándo y cómo, pero con la presencia de alguien que represente al turismo y a la ciudadanía de las regiones. El diputado Paredes fue alcalde y estará de acuerdo conmigo. Me da lo mismo que el alcalde sea de Gobierno o de Oposición, porque se trata de un tema económico que beneficia a las regiones. Aquí no estamos hablando de casinos oficialistas u opositores, sino de crear polos de desarrollo, de turismo, de más inversiones en las regiones. Aquí varios diputados han dado a conocer lo que ofrecen sus regiones. Incluso, el diputado Alvarado hablaba de eventuales casinos flotantes. Por eso, dejemos de lado el centralismo.
Pido votar separadamente -lo reitero- el artículo 38 del Senado. Lo voy a votar en contra, porque la composición del Consejo Resolutivo no me parece adecuada.
Considero que el proyecto debe ir a comisión mixta para obtener el okey del Gobierno, y buscar una relación más lógica entre representación regional y central. Si la iniciativa continúa como está, démosle casinos a la Región Metropolitana para que, por lo menos, cuando opinen los miembros del Consejo, hablen de lo que conocen, que es su región. En caso contrario, que se hagan a un lado, y dejen que las regiones sean soberanas y que sus fuerzas vivas decidan dónde, cuándo y en qué condiciones tendrán un casino.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , desde ya, pido votación separada para el artículo 16 porque, a mi juicio, con el sano propósito de proteger a las regiones y de evitar que un casino en la Región Metropolitana le reste público a las regiones -de hecho, hace algún tiempo el entonces diputado señor Luis Valentín Ferrada presentó un proyecto para crear un casino en la comuna de Pichilemu y en 1995 presentamos otra iniciativa para crear un casino en la comuna de San José de Maipo-, tanto la Cámara como el Senado le dieron una redacción a dicho artículo que podría conducir a que el Tribunal Constitucional lo considere inconstitucional.
Me explico. En ambos proyectos, luego de señalar el número de casinos que podrá haber por regiones, dice: “con excepción de la Región Metropolitana, en la que no podrán autorizarse en ningún caso.”
No hay ningún fundamento, lógica ni explicación razonable para tal prohibición. Si la norma estableciera, por ejemplo, que no podrá haber casinos a menos de 150 kilómetros uno del otro, al existir uno en Viña del Mar, la Región Metropolitana quedaría excluida automáticamente de la posibilidad de tener uno. Asimismo, la norma sería perfectamente constitucional, si dispusiera que, para tener casinos de juego, las regiones deberán reunir tales y cuales requisitos. Entonces, si la Región Metropolitana no los reuniera, quedaría excluida.
Digo esto porque el proyecto deberá ir al Tribunal Constitucional.
El inciso final del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República dispone: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”
Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española da como tercera acepción del vocablo arbitrio: “Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho.”
Por lo tanto, de acuerdo con la redacción de la norma, la prohibición de que en la Región Metropolitana existan casinos de juego obedecería a un simple capricho.
Hago presente esta aprensión porque entiendo el propósito y la voluntad del legislador, tanto en la Cámara como en el Senado, al mantener la norma exactamente igual. El Senado modificó el artículo 16, pero sólo en lo relativo al número de casinos por región y a la cantidad total existente en el país, pero mantuvo intacta la disposición que prohíbe su instalación en la Región Metropolitana.
Tal como está redactada la norma, a mi juicio, infringe claramente el inciso final del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política, por cuanto es evidente que dicha prohibición constituye una diferencia arbitraria, y no quisiera que el Tribunal Constitucional, por mala redacción, eliminara un artículo respecto del cual la voluntad del legislador ha sido otra.
Reitero mi aprensión sobre esta norma, y solicito votación separada para la modificación al artículo 16, porque la voy a votar en contra.
He dicho.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Como hay 13 diputados inscritos, propongo a la Sala suspender la discusión de las modificaciones del Senado, para continuar en una sesión próxima.
Acordado.
ASISTENCIA A DISCAPACITADOS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A SUFRAGIO. Modificación de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Primer trámite constitucional.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de reconocer el derecho a la asistencia en el acto de votar para las personas con discapacidad.
Diputada informante de la Comisión Especial de Discapacidad es la señora Alejandra Sepúlveda.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 3504-11, sesión 77ª, en 21 de abril de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión Especial de Discapacidad, sesión 26ª, en 10 de agosto de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en moción de los diputados señores Araya , Cornejo , Lorenzini , Mora, Olivares y de quien habla, que modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para facilitar el ejercicio de sufragio a los discapacitados.
Los diputados autores de la iniciativa constataron que las personas que poseen algún grado de discapacidad física -es el sentido fundamental del proyecto- no pueden participar en igualdad de condiciones, respecto de los demás componentes del cuerpo electoral, en los distintos procesos eleccionarios que se verifican, cada vez con mayor ocurrencia, en nuestra vida política nacional.
La iniciativa consta de un artículo único que mediante seis numerales, introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
El número 1 contiene dos letras.
La letra a) sustituye el inciso tercero del artículo 61. Incorpora la expresión “personas con discapacidad”, las cuales deberán acreditar tal condición mediante la credencial o certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad .
La letra b) agrega un inciso final, que dispone que, en el acto de votar, estas personas pueden ser asistidas por una persona de su confianza. En un primer momento se planteó que fuera una persona mayor de edad, idea que fue rechazada. Por lo tanto, las personas podrán ser menores o mayores de edad; lo que interesa es que sean de absoluta confianza de la persona con discapacidad.
Asimismo, se había sugerido que la persona de confianza estuviera inscrita en los registros electorales, idea que la Comisión también rechazó. De manera que ya no importa que sea mayor o menor de edad y que esté inscrita en dicho registros, puesto que se trata de dar la mayor libertad posible a la persona con discapacidad para que escoja a su acompañante a emitir su sufragio.
El número 3, actual 2, sustituye el inciso segundo del artículo 64, que dispone que la persona con discapacidad podrá permanecer en la cámara secreta por un tiempo razonable y que, en determinados casos, podrá emitir su voto fuera de ella.
El número 4, actual 3, agrega un inciso final al artículo 65, que señala que el presidente de la mesa deberá, a requerimiento del elector, asistirlo para doblar y cerrar con el sello adhesivo el o los votos, cuando la persona que sufra de discapacidad no ejerza su derecho a votar en forma asistida.
El número 6, actual 5, crea un nuevo tipo penal, relacionado con los miembros de las mesas receptoras de sufragios que impidan, sea obstaculizando o dificultando maliciosamente el ejercicio del derecho de sufragio de una persona con discapacidad.
El número 7, que agrega un número 9), nuevo, al artículo 136, incluía un nuevo tipo penal para sancionar a quien fuera sorprendido presionando a un elector con discapacidad o a la persona que le sirviera de asistente. Este número fue rechazado por estar contemplado en la ley Nº 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.
El número 8, actual 6, introduce un inciso final nuevo al artículo 137, para no hacer aplicable la presunción de responsabilidad penal a la persona con discapacidad o a quien lo acompañe en el acto de sufragio.
Esta moción parlamentaria no contiene disposiciones de ley orgánica constitucional o de quórum calificado, ni artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
La importancia de esta iniciativa radica en el hecho de que permite a las personas con discapacidad ser acompañadas y asistidas en el acto de votar, de manera que puedan ejercer este derecho ciudadano.
Para terminar, agradezco a los asistentes a la Comisión de Discapacidad: señora Isabel Allende , a los diputados señores Hernández , Longton , y a su Presidente , su participación en el tratamiento de la iniciativa.
Esperamos que el debate sea breve y que el proyecto se apruebe en forma unánime.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Están inscritos las diputadas señoras Guzmán , doña Pía , y Allende , doña Isabel , y los diputados señores Cornejo, Leal , Robles y González .
Tiene la palabra el diputado señor Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, creo que este proyecto de ley tiene una importancia crucial.
Como todos sabemos, la soberanía popular se expresa básicamente a través del voto. Sin embargo, los dos cuerpos legales que dicen relación con la materia en estudio -la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración de las personas con discapacidad, y la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios- no facilita lo suficiente las cosas para que las personas con algún grado de discapacidad, sea ésta de orden psíquico, sensorial o físico, puedan emitir su voto.
En la letra a) del numeral 1 del proyecto, se establece como opción que los discapacitados puedan ser acompañados hasta su mesa de sufragio. Como se trata de una opción, pueden ejercerla o no. Asimismo, se establece que “La discapacidad se acreditará con la credencial o certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad ”. Para ello, como es sabido -materia que sí está considerada en la ley N° 19.284-, el discapacitado debe tener al menos una pérdida de un tercio o más de su capacidad de relación, condición que es definida por las comisiones de medicina preventiva e invalidez de los servicios de salud. En consecuencia, sólo y exclusivamente las personas que estén en posesión de dicho documento podrán ejercer el derecho que se consagra por la iniciativa en estudio.
En la letra b) del numeral 1 se establece el nuevo derecho para las personas con discapacidad.
Creo que estamos avanzando en relación con la reforma de la ley sobre Discapacidad. La materia ha sido estudiada en la Comisión que me honro en presidir. La idea es tener, en las próximas semanas, redactado un anteproyecto de reforma del citado cuerpo legal, el cual justamente va en la línea de otorgar un mayor número de derechos a las personas con discapacidad.
Espero que con el proyecto de ley en estudio, que votaremos en seguida en general -ojalá, de manera favorable-, incorporemos un derecho tan importante para los discapacitados, como es el de sufragio, el cual podrían ejercer con la ayuda de una persona de su confianza, que las podrá acompañar hasta en la cámara secreta.
Por último, en el numeral 2 se establece que “El elector entrará en la cámara secreta y no podrá permanecer en ella más de un minuto -en concordancia con lo que actualmente establece el artículo 64 de la ley N° 18.700-, salvo las personas con discapacidad, quienes podrán emplear un tiempo razonable.
Sólo en el caso de las personas con discapacidad o enfermos que no puedan ingresar a la cámara, la mesa dispondrá que sufraguen fuera de ella. Las personas con discapacidad también podrán sufragar acompañadas de un asistente de su confianza, dentro o fuera de la cámara secreta, si así lo requirieren. En estas circunstancias, el presidente de la mesa adoptará todas las medidas que fueren conducentes para mantener el secreto de la votación respecto de terceras personas. Con ello, no solamente le estamos dando todas las facilidades a los discapacitados, sino también a los enfermos. Quedará al criterio del presidente el otorgar estas facilidades a las personas discapacitadas que estén premunidas de las distinción que otorga el Registro Nacional de la Discapacidad y a las personas enfermas.
Quiero añadir que esto se complementa con una iniciativa del Ejecutivo, de reciente data: el fonovoto. Este instrumento busca que las personas con discapacidad puedan anunciarse antes en los locales de votación, de manera que los encargados de los recintos de votación sepan cuántas personas discapacitadas votan en él, para que se tengan los registros con anterioridad; para que existan las facilidades de acceso, de acuerdo a las respectivas discapacidades que presenten esas personas, y, finalmente, para que el presidente y los miembros componentes de la mesa sepan cuántas de las 350 personas registradas que votan en esa mesa son discapacitados y qué tipo de discapacidad tienen, a fin de que estén preparados para entregarles la ayuda correspondiente cuando lleguen o cuando les avisen que llegaron a votar.
Pido a los señores diputados que, al momento de votar, tengan presentes estos antecedentes y aprueben el proyecto.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , lo que se ha hecho hasta ahora con las personas discapacitadas es una discriminación arbitraria.
El inciso segundo del artículo 13 de nuestra Constitución señala que “La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.”. Los requisitos son tener dieciocho años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva. Por lo tanto, dentro de los impedimentos para sufragar no se encuentra el tener una discapacidad física. Más aún, el artículo 15 de nuestra Carta Fundamental dispone que la votación será igualitaria. Y el 16 enumera las causales por las cuales se suspende el derecho de sufragio. Quizás la más interesante de ellas sea la discapacidad psíquica: la interdicción por demencia, pero sabemos que, en nuestro Derecho, la demencia es un término amplio que incluye gran parte de las discapacidades psíquicas. Por lo tanto, nuestra Constitución permite que puedan votar aquellas personas que no tengan ningún problema físico, así como también aquellas que sí lo tienen.
Como se ha dicho, el voto es un elemento básico de la soberanía y pilar fundamental de la democracia. De allí que si una persona, por tener problemas físicos, no puede ejercer su derecho, estamos ante una discriminación arbitraria, impuesta por la sociedad y por nosotros como parlamentarios que, en forma tardía, nos damos cuenta de que no corresponde. Por eso, creo que este es un proyecto pequeño, pero muy importante.
¿Qué nos cuesta hacer un esfuerzo como sociedad para que las personas con discapacidad puedan cumplir con un derecho básico? Pues bien, el proyecto propende a eso, con un solo requisito, cual es que la persona, junto con su carné de identidad, muestre la credencial que certifica que está inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad . Eso debe quedar muy claro para que no haya fraude.
Ahora, ¿cuáles son los derechos básicos que se otorgan a una persona con discapacidad? 1) A ser asistida. ¿Qué significa ello? Que puede ir al lugar de votación en silla de ruedas o con muletas y ser acompañada por alguien de su confianza, hombre o mujer, mayor o menor de 18 años. ¿Qué debe hacer? Al presidente de mesa puede comunicárselo por escrito, si no puede hablar; verbalmente, si la discapacidad es sólo física; o mediante el lenguaje de señas si es sordomuda. 2) No tiene un minuto para estar en la cámara secreta, sino que se le da un tiempo razonable para sufragar. El artículo 64 de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, establece que el presidente de mesa, cuando se trate de personas discapacitadas, tendrá mayor discrecionalidad, pues deberá considerar el tiempo razonable, estar atento y adoptar las medidas conducentes para que el voto sea secreto, algo que la propia Constitución obliga. Además, ellas podrán pedir asistencia al presidente de la mesa para doblar o sellar el voto.
Por último, una cosa muy importante. Muchas veces, una abuelita con problemas para caminar es acompañada, por ejemplo, por un nieto de 15 años, pero no lo dejan entrar. Entonces, ella se queda sin votar. Por lo tanto, con la modificación al inciso primero del artículo 113, se permite que tanto las personas con discapacidad como quienes las acompañen tengan acceso expedito y adecuado al local de votación. No se impedirá el acceso de nadie que concurra en calidad de asistente, ni siquiera a pretexto de distinción de sexo.
Estas modificaciones son importantes no sólo en el ámbito de la ley de Discapacidad, sino que también en el propio Código Civil, que, obviamente, está atrasado en unos 150 años o más en estas materias, razón por la cual requiere de normas con un mayor grado de sofisticación.
Por estas razones, debe aprobarse el proyecto que ha logrado sacar adelante la Comisión Especial de Discapacidad de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , sólo quiero sumarme a las expresiones que han vertido los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra sobre una moción que llamaría de sentido común, porque si hubiese suficiente conciencia cívica no habría sido necesario legislar para facilitar a los discapacitados el ejercicio de un derecho establecido en la Constitución.
Esta moción permite a la persona con discapacidad ejercer su derecho soberano de votar. Para ello, podrá concurrir a la mesa correspondiente acompañada de otra persona de su confianza para que la asista en el acto de sufragar. El único requisito que debe cumplir es que su discapacidad esté acreditada mediante una credencial o un certificado de inscripción, otorgados por el Registro Nacional de la Discapacidad . Si la persona no concurre hasta la urna con una persona de su confianza, el presidente o un miembro de la mesa deberá otorgarle todas las facilidades y él mismo sellar el voto e ingresarlo, dejando la constancia respectiva.
Estas disposiciones ni siquiera debieran existir, porque es evidente que siempre debemos tener presente no discriminar. Incluso, no debiera existir la posibilidad de que la ley penalice a los miembros de la mesa que no otorguen facilidades a discapacitados, porque es de sentido común que tanto al presidente como a los vocales les nazca espontáneamente la iniciativa de adoptar todas las medidas del caso para que esas personas puedan sufragar efectivamente.
Éste es un proyecto sencillo que -reitero- ni siquiera debiera existir; pero, como a veces no se observa madurez cívica ni ese comportamiento democrático, fundamental, de no discriminación, es importante que se apruebe unánimemente para dar una señal importante hacia el mundo de la discapacidad. En ese sentido, como Estado y como sociedad, ponemos en el centro de nuestra preocupación a la persona humana y sus derechos, y por lo mismo, seremos coherentes con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política, que reconoce aquello.
También es importante destacar que, en el “Año Iberoamericano de la Discapacidad” -al respecto, muy poco hemos hecho los distintos congresos de Iberoamérica-, con este proyecto, por lo menos, estamos dando un paso más en la materia, para que los discapacitados tengan una mejor calidad de vida, sean menos discriminados, en definitiva, se integren plenamente a la sociedad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los autores de este proyecto.
En razón de algunos aspectos que voy a plantear, es necesario agilizar las modificaciones a la ley N° 19.284 que, desde hace tiempo, se están estudiando. Al respecto, se trabajó durante un año y existen diversos proyectos de ley en estudio. Entiendo que el Fonadis ha terminado la elaboración de las modificaciones definitivas a dicha ley y que hay un tema de presupuesto que debe ser analizado por el Ministerio de Hacienda.
El proyecto establece que para acceder al beneficio del voto asistido, las personas con discapacidad deberán estar acreditadas con la credencial o certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad . Todos sabemos que las acreditadas como tales son el ocho por ciento de la población de discapacitados del país. Por tanto, mientras no resolvamos las modificaciones a la ley N 19.284, estamos dando un paso adelante muy importante, pero limitado por las dificultades burocráticas -de formularios, etcétera- que sobre la acreditación hay en la actualidad, las cuales se han tratado de modificar en la Comisión Especial de Discapacidad, pero todavía no se ha logrado modificar en este capítulo, como en otros relativos a la discriminación, la ley N° 19.284. Sin embargo, con este proyecto se da un paso adelante, como asimismo con el que vamos a discutir mañana en cuanto a validar el lenguaje de señas en el matrimonio civil. Pero debemos agilizar las modificaciones más globales para poder garantizar que en el voto asistido sea reconocido el lenguaje de señas y que sea extendido a cualquier persona con discapacidad, independientemente de si actualmente esté inscrito o no en el Registro Nacional de la Discapacidad .
Además -para esto no se requiere ley- se ha planteado al director de ese Registro la necesidad de que puedan adoptarse medidas, de manera de que haya mayor asistencia de los discapacitados a los lugares de votación y, al mismo tiempo, que se les facilite el acceso a dichos lugares. Por ejemplo, muchas veces, deben votar en un tercer o cuarto piso de un colegio, lo que les significa grandes dificultades. Reitero: hay que tomar medidas para facilitarles el acceso al lugar de votación y para ello no se requiere legislar.
Reitero: estamos dando un paso importante. Felicito a la Comisión Especial de Discapacidad y a los autores de este proyecto y del que vamos a discutir mañana, pero, al mismo tiempo -no es un tema de esa Comisión, sino de dineros-, pido que se den los recursos necesarios para modificar integralmente la ley, de manera de entregar a los discapacitados mayores derechos, como asimismo terminar con las discriminaciones que existen en los códigos Civil, Orgánico de Tribunales, Penal y Procesal Penal que, en definitiva, dañan la integración y el ejercicio de sus derechos. Aquí estamos dando un paso importante para que podamos garantizar el ejercicio del derecho ciudadano a las personas con discapacidad, pero, para la reflexión, insisto en el tema del certificado de acreditación, porque mañana un discapacitado que se presente a votar acompañado de una persona de su confianza, pero sin el certificado -sólo el ocho por ciento de los discapacitados están acreditados como tales-, talvez no pueda sufragar porque la ley no consideró esa situación.
Por tanto, pido hacerlo más genérico para favorecer al conjunto de los discapacitados, independientemente de su acreditación ante el Compín y el Registro Civil , que son los pasos que deben dar para obtener los beneficios de la ley de Discapacidad.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , la diputada señora Alejandra Sepúlveda le solicita una interrupción.
El señor LEAL.-
Con mucho gusto se la concedo, señor Presidente.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , en atención a las observaciones del diputado Leal , que, sin duda, son muy pertinentes, quiero señalar que la Comisión Especial de Discapacidad, en su última sesión, acordó tener listo el proyecto de ley durante este mes y uno de sus planteamientos más importantes es cómo agilizar la acreditación, de manera de ampliar ese ocho por ciento -que indicó el diputado - y hacer más expedita esta moción parlamentaria.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Recupera la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , finalmente el proyecto de ley es muy importante y entiendo que, como va a requerir recursos, la Mesa de la Cámara deberá preocuparse de garantizar que el Ministerio de Hacienda los suministre para aprobarlo definitivamente.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , no quiero repetir lo que ya han dicho mis colegas en relación al proyecto de ley en comento. Por lo tanto, sólo me referiré a dos puntos.
Uno tiene que ver con lo que ocurre hoy cuando un discapacitado quiere votar. Lo cierto es que en Chile, cuando un discapacitado debe votar, sea en un tercer piso de un establecimiento educacional o en una sala de un edificio cualquiera, esos locales no están acondicionados para que puedan acceder fácilmente a la mesa correspondiente. Por eso, nos parece tremendamente importante que empecemos a considerar especialmente los derechos de aquellos ciudadanos que quieren responder a sus obligaciones cívicas y a darles todas las facilidades necesarias para ejercerlas. Evidentemente, éste es un paso adelante, porque nos permite adecuar la actual situación de los discapacitados para que puedan hacer efectivo su derecho a sufragio en la mejor forma posible y siendo asistidos. Al respecto, debemos avanzar pensando no sólo en que el derecho de ser asistidos es importante, sino también en que la infraestructura de los establecimientos en que voten debe estar acorde con sus necesidades y, de una u otra manera, asegurarles de que su derecho será tomado en cuenta y se les entregarán todas las facilidades del caso.
Además, con este proyecto se les facilita el ejercicio final del voto, porque se permite al discapacitado que una persona de su confianza lo acompañe al módulo en que votará. Al respecto, quiero enfatizar que debe ser una persona de su confianza; no de otra persona, porque, aunque parezca absurdo, podría ocurrir que alguien se interese en ayudarlo a votar, sobre todo si se trata de una elección con resultados estrechos. Esto lo hemos visto en algunas comunas, donde se ha elegido a una autoridad por muy pocos votos. Por eso, es evidente que no puede ser alguien de la mesa, un vocal o un apoderado, quien asista al discapacitado, sino una persona de su confianza. En ese sentido, quiero reforzar lo establecido en el inciso final del artículo 61, por cuanto da claridad -en términos de la historia fidedigna de la ley- en cuanto a que debe ser una persona de la confianza del discapacitado y que será éste quien tendrá la opción de hacerse acompañar o no a la urna, aspecto muy importante en el desarrollo de la democracia.
Si bien estamos avanzando, en relación a la discapacidad hay mucho por hacer todavía. Por eso, quiero relevar el proyecto de acuerdo en el cual solicitamos al Gobierno y, especialmente, a la empresa Metro, que coloquen escaleras mecánicas para que la gente con discapacidad lo pueda usar. Todos estamos interesados en este tipo de proyectos.
Por lo tanto, anunció que la bancada del Partido Radical votará favorablemente.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier, quien presentó una indicación.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , junto con manifestar mi respaldo a la iniciativa que reconoce la diversidad en el ejercicio del derecho a sufragio, hemos querido también abrir el debate respecto de la situación de personas que, no siendo técnicamente discapacitadas, tienen dificultades, en ocasiones, al momento de ejercer ese derecho. En este sentido, he presentado una indicación con el objeto de abordar una demanda que me han planteado numerosos adultos mayores, la cual muchos colegas comprenderán.
Al respecto, hay situaciones que afectan a adultos mayores de ochenta o más años que no son discapacitados, pero que, de acuerdo con la actual ley, están obligados a asistir a los actos eleccionarios a emitir su sufragio.
Presenté indicación con el objeto de que, para todos los efectos legales, se promueva el derecho que los adultos mayores de 70, 75 u 80 años -podemos precisarlo- están autorizados a desempeñar la función de vocal de mesa en forma voluntaria y a optar por concurrir o no a votar. Esta iniciativa es producto de un debate muy antiguo. El entonces diputado Mario Palestro propuso incluso una reforma constitucional para establecer como un derecho de los adultos mayores, más allá de cierta edad, a optar por ejercer o no el derecho a voto.
De acuerdo con lo conversado con la Mesa, y para no entrar en un debate constitucional sobre las ideas matrices del proyecto, retiraré la indicación para no retrasar su despacho, que creo que apunta en el sentido de mi indicación en cuanto a modificar el ejercicio del derecho a sufragio. Pero me he comprometido con la Mesa a presentar una moción sobre la materia la próxima semana y, de esa manera, nos estaremos haciendo cargo de un anhelo de muchos de nuestros adultos mayores, sobre todo los más ancianos, que quisieran no tener que ejercer este derecho, por las dificultades que tienen, que son distintas de las de la discapacidad.
Me gustaría que nuestro Vicepresidente, diputado señor Antonio Leal , quien tanto sabe sobre este tema y, en particular, el diputado Enrique Accorsi , nos pudieran precisar ciertos aspectos, porque -disculpen la manera de decirlo- ser viejo no significa ser discapacitado. Digo esto porque el proyecto mantiene la obligación de ejercer el derecho a sufragio a una cantidad de personas con dificultades motrices, pero no por discapacidad, sino por edad. Ésa es una materia que queremos corregir de aquí al próximo año.
Por último, reitero que voy a retirar mi indicación, en el entendido que podremos abordar esta materia en el más breve plazo posible, ojalá dentro de la próxima semana.
He dicho.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Diputado Letelier, entendemos su mensaje y lo evaluaremos en su momento.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, con el objeto de reconocer el derecho a la asistencia en el acto de votar para las personas con discapacidad. Para su aprobación, la iniciativa requiere el voto afirmativo de 66 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
El señor Secretario dará lectura a una indicación presentada por la diputada señora María Pía Guzmán.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Indicación para agregar en el numeral 4 del artículo único, a continuación de la palabra discapacidad, la expresión “física”, quedando su redacción como sigue: “Asimismo, velarán porque tanto las personas con discapacidad física, como quienes las acompañen para asistirlas en el voto, tengan acceso expedito y adecuado al respectivo local de votación.”.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
En votación la indicación presentada por la diputada señora Pía Guzmán .
-Durante la votación.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , la discapacidad física limita la síquica. No sé si la intención de la diputada Guzmán es que las personas con discapacidad síquica tengan que votar o no puedan ser asistidas. Sería conveniente precisarlo.
El señor ULLOA .-
Señor diputado , la incapacidad síquica no existe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor LORENZINI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobaría el proyecto en particular con la misma votación anterior.
No hay acuerdo.
En votación.
-Durante la votación.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , tengo una duda a raíz de lo planteado por el diputado señor Juan Pablo Letelier .
Sería un error de nuestra parte no darnos cuenta de que el sentido de este proyecto es ayudar al discapacitado, pero supongo que éste también contempla que los adultos puedan concurrir hasta la mesa de votación acompañada por otra persona. Lo ideal es que no sólo se beneficien los discapacitados, sino que también las personas mayores. Por eso, quiero que su señoría me lo explique.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
El diputado señor Juan Pablo Letelier presentó una indicación, que retiró en su momento, la cual analizaremos con detención para recoger, justamente, el tema señalado por la diputada señora Isabel Allende.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa la diputada señora
-Se abstuvo el diputado señor
TABLA PARA LA SESIÓN DE MAÑANA. Acuerdo de los Comités.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Reunido los comités parlamentarios, acordaron estructurar la Tabla de mañana de la siguiente maneras: En primer lugar, conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para lo cual se dispondrá de seis minutos por bancada.
En segundo lugar, continuar con el debate del proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.
Para tal efecto, el tiempo asignado para cada diputado -hay 14 inscritos- será de diez minutos. Cerrado el debate, se procederá a su votación.
Por último, conocer el proyecto, originado en moción, que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública, si es que el tiempo alcanza.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS SOBRE CUOTAS DE CAPTURA DE RECURSOS MARINOS. (Votación).
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 471.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bayo y
INCLUSIÓN DE COMUNAS DE MENOS DE CIEN MIL HABITANTES EN INFORMES PERIÓDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE FUERZA DE TRABAJO Y DESEMPLEO.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo N° 472, de los diputados señores Navarro, Ascencio, Muñoz, doña Adriana, Quintana, Rossi, Accorsi, Vidal, doña Ximena, Girardi, Seguel y Aguiló.
“Considerando:
Que, de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre tasa de cesantía en Chile, en el trimestre móvil abril-junio de este año, la fuerza de trabajo reúne a seis millones ciento cuarenta mil ciento setenta personas. En los últimos doce meses, se incorporaron setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta personas, y, en comparación con el trimestre anterior, se retiraron diecinueve mil setenta personas.
Que los ocupados suman cinco millones quinientas cuarenta y nueve mil ochocientas sesenta personas, cantidad que aumentó en 0,6 por ciento respecto del trimestre del año anterior, lo que implica la existencia de treinta y tres mil trescientas nuevas plazas de trabajo en doce meses. Al comparar estas cifras con el trimestre anterior, se detecta una disminución del 0,5 por ciento (veintiocho mil quinientas diez plazas de empleo).
Que, en relación con la fuerza de trabajo, los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez alcanzan al 8,3 por ciento y al 1,3 por ciento, respectivamente. En el período se produjo una disminución del 6,9 por ciento entre los que buscan trabajo por primera vez respecto del período abril-junio 2003, y un aumento del 10,2 por ciento de los cesantes. Con ello, los desocupados alcanzaron a quinientas noventa mil trescientas veinte personas, lo que significa un incremento del 7,5 por ciento (cuarenta y un mil ciento cincuenta personas más).
Que, respecto del trimestre anterior, los desocupados aumentaron en 1,6 por ciento (nueve mil cuatrocientas treinta personas); los cesantes crecieron en 3,8 por ciento (dieciocho mil ochocientas setenta personas) y los que buscan trabajo por primera vez disminuyeron en 10,6 por ciento (nueve mil cuatrocientas treinta personas). La estimación de la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo es de cinco millones cuatrocientas ochenta y nueve mil ochocientas setenta, superior en el 2,1 por ciento a la de igual lapso de 2003, lo que representa un aumento de ciento catorce mil noventa personas. Por otra parte, se registra un aumento del 0,6 por ciento en relación con el trimestre móvil anterior (treinta y cuatro mil setecientas sesenta personas).
Que, según el sexo, la tasa de desocupación de los hombres fue del 8,8 por ciento y la de las mujeres del 11,2 por ciento. Comparadas con igual trimestre del año anterior, hubo un alza del 0,3 porcentual en la tasa masculina y de 1,0 porcentual en la tasa femenina. En relación con el trimestre inmediatamente anterior, la tasa de desocupación en los hombres subió en 0,4 porcentual y en las mujeres bajó en el 0,2 porcentual.
Que, en tanto, la tasa de participación en la fuerza de trabajo alcanzó al 52,8% para ambos sexos: para los hombres, en 70,5% y para las mujeres en 35,7%. En doce meses, se consigna un aumento de setenta y cuatro mil cuatrocientas cincuenta personas en la fuerza de trabajo, cifra que resulta de la suma de setenta y seis mil ochocientas ochenta mujeres y el retiro de dos mil cuatrocientos treinta hombres. Respecto del trimestre anterior, se registra la disminución de diecinueve mil setenta personas, como producto de la incorporación de cinco mil cincuenta hombres y el retiro de veinticuatro mil ciento veinte mujeres.
Que en este tipo de informes sobre cesantía y fuerza laboral del INE, en las cifras de desocupación por ciudad sólo se consignan treinta y una grandes ciudades: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Vallenar, Coquimbo, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Talcahuano, Lota, Coronel, Los Ángeles, Angol, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coihaique. Puerto Aisén y Punta Arenas.
Que las tasas de cesantía de las comunas menores de cien mil habitantes, la mayoría de ellas rurales o semirrurales, son ‘incorporadas’ a las cifras de las comunas más grandes, lo que, por cierto, junto con subvalorar las estadísticas de las ciudades pequeñas, no permite una focalización adecuada de los recursos y programas gubernamentales en ellas, ya que, mayoritariamente, son centralizados en estas treinta y una grandes ciudades.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción que se sirva instruir al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a fin de que incluya, en los informes trimestrales, semestrales y anuales sobre fuerza de trabajo y desempleo, las estadísticas de aquellas comunas menores de cien mil habitantes, de manera de contar con un catastro más específico y detallado de las tasas de desempleo, que permita una mejor focalización de los recursos públicos que buscan paliar temporalmente la cesantía.”
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , es necesario y urgente perfeccionar los mecanismos de medición de la cesantía, a fin de afinar las medidas económicas y supletorias requeridas.
La creación de puestos de trabajo por parte del Gobierno debe realizarse con equidad, justicia y sin discriminación. Para ello se requiere tener plena conciencia y certeza de la tasa exacta de cesantía a nivel comunal, a fin de evitar que algún ciudadano, gobierno comunal o región sean discriminados, si es que el Gobierno o el sector privado tienen acceso a cifras que no están validadas, que no son exactas o que son aproximaciones.
La tasa exacta de desocupación que entrega el INE sólo consigna treinta y una grandes ciudades: Arica, Iquique , Antofagasta, Calama , Copiapó , Vallenar , Coquimbo, La Serena, Ovalle , Valparaíso , Viña del Mar, San Antonio , Rancagua , San Fernando , Curicó , Talca, Linares , Chillán , Concepción, Talcahuano, Lota, Coronel, Los Ángeles , Angol , Temuco, Valdivia , Osorno , Puerto Montt, Coihaique, Puerto Aisén y Punta Arenas, todas de más de cien mil habitantes. El problema se produce con las ciudades que tienen menos población, pues no cuentan con la información exacta respecto de sus niveles de cesantía, ya que no entrega desagregada, lo cual les sería muy útil para efectos de ejercer su derecho a demandar puestos de empleos al Gobierno o llamar al sector privado a hacer inversiones en ellas. En su caso, se considera la cesantía existente en aquella ciudad de más de cien mil habitantes que se encuentra más próxima. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Penco y Tomé para las cuales se considera la cesantía medida en Concepción. Lo mismo sucede con Chiguayante, con San Pedro y, en general, con todas las ciudades con una población inferior a los cien mil habitantes.
A través de este proyecto de acuerdo, pedimos al director del Instituto Nacional de Estadísticas que mejore el método de medición de la cesantía en el país, de manera que, al menos en una primera etapa, también se mida ese índice en aquellas comunas con menos de cien mil habitantes, pero más de cincuenta mil. Contar con ese antecedente exacto permitirá que el Gobierno y el sector privado puedan tomar sus decisiones y adoptar medidas con información más certera. La idea es que tengamos la cifra exacta de la cesantía que afecta a la mayor cantidad de comunas país, no sólo la que afecta a las 31 que mencioné.
Me parece que se trata de una iniciativa positiva, que no significará mayor costo para el INE, que facilitará la tarea de muchos municipios y que permitirá que muchas personas que viven en comunas con menos de cien mil habitantes mejoren sus perspectivas de encontrar empleo.
En consecuencia, llamamos a votar a favor del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor LORENZINI (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
COMISIÓN INVESTIGADORA DEL MERCADO SECUNDARIO ESPECULATIVO DE CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor VALLEJOS ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo N° 473, de los diputados señores Jaramillo, Ascencio, Escalona, Ceroni y Ortiz.
“Considerando:
Que el Estado de Chile, prácticamente a título gratuito, entrega -a los particulares que lo solicitan- concesiones de explotación de recursos hídricos, que conforman parte del dominio público nacional, con la finalidad del desarrollo de proyectos productivos acuícolas.
Que los titulares de las concesiones, una vez que las han obtenido, sólo deben pagar al Estado una patente de explotación de baja cuantía y no están obligados a efectuar desembolsos mayores durante el plazo de su vigencia, en circunstancias que ellas causan fuertes impactos medioambientales en las zonas en que se otorgan.
Que se ha denunciado públicamente, a través de un reportaje periodístico, publicado por el diario ‘El Mercurio’ en su edición del lunes 9 de agosto pasado, la existencia de un verdadero mercado secundario de las concesiones en tramitación y de las ya otorgadas, las que se transarían a altísimos precios.
Que esta situación, si bien puede ser legal, en la práctica resulta cuestionable en su legitimidad, por el enriquecimiento sin causa e ilegítimo que implica para los titulares que se dedican a especular con sus concesiones.
Que, al existir deficiencias en los órganos administrativos de fiscalización del sector, como vacíos normativos en la materia, se propone que la Sala mandate a su Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos para que efectúe una investigación sobre esta materia, evalúe los impactos económicos y jurídicos de esta práctica y proponga las reformas tendentes a terminar con esta situación.
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a su Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos con la finalidad de que, en un plazo de noventa días corridos, efectúe una investigación a fondo sobre el desarrollo de un mercado secundario de carácter especulativo de las concesiones de explotación acuícola.
En esta investigación, la Comisión tendrá especialmente que indagar el origen de este fenómeno y de sus efectos sobre el desarrollo futuro de la industria. Asimismo, deberá estudiar las reformas legales recomendables para evitar la mantención de esta situación en el futuro. Para el desempeño de este mandato, la Comisión tendrá todas las facultades propias de una Comisión Especial Investigadora.”
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , hoy se entregan prácticamente a título gratuito a los particulares que lo solicitan, concesiones de explotación de recursos acuícolas que conforman parte del dominio público nacional, con la finalidad del desarrollo de proyectos productivos.
Los titulares de las concesiones sólo deben pagar al Estado una patente de explotación de muy bajo monto y no están obligados a efectuar desembolsos mayores durante el plazo de vigencia de las concesiones -situación similar a la de los derechos de agua, de tan triste recuerdo, que han provocado inestabilidad en la propiedad de todos los chilenos-, en circunstancias de que las concesiones generan fuertes impactos medioambientales en las zonas en que se otorgan, que abarcan desde la Décima hasta la Duodécima regiones.
Hace algunos días se denunciaba públicamente, a través de la investigación periodística realizada por un diario de relevancia nacional, la existencia de un verdadero mercado secundario de las concesiones en trámite y ya otorgadas, en el cual se transarían en altísimos precios las concesiones obtenidas a vil precio.
Esta situación, que si bien es legal, en la práctica resulta cuestionable en su legitimidad por el enriquecimiento sin causa, situación tan comentada muchas veces por los juristas, enriquecimiento ilegítimo que logran las fuerzas que se dedican a especular con las concesiones de que son titulares.
Como existen deficiencias en los órganos administrativos de fiscalización del sector y vacíos normativos importantes en la legislación, proponemos que la Sala mandate, mediante este proyecto de acuerdo, a la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Corporación, para que efectúe una investigación sobre esta materia, evaluando los impactos económicos y jurídicos de estas prácticas y proponiendo las reformas adecuadas al sector para terminar con esta situación.
Por eso, los diputados señores Gabriel Ascencio , Camilo Escalona , Guillermo Ceroni , José Miguel Ortiz y quien habla hemos hecho un estudio jurídico sobre la materia y, como autores del proyecto de acuerdo, recomendamos a la Sala aprobarlo por unanimidad, porque se trata de una situación de contingencia nacional sobre un área de gran importancia en nuestra economía, como es el caso de los recursos hídricos. Debemos defenderlos y, por eso, hemos presentado el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , comparto la alarma del diputado señor Jaramillo por los hechos que conmocionaron a la Décima Región, específicamente a Puerto Montt, dados a conocer en ese reportaje en del diario “El Mercurio”. Todos habíamos escuchado rumores sobre este mercado secundario, informado de manera cruda por “El Mercurio”. La publicación da real cobertura a las transacciones que se realizan en Miami y deben preocupar el Gobierno.
Mi reparo no es al contenido del proyecto de acuerdo, porque lo comparto, sino a la forma en que se pretende solucionar esta situación. Me parece absolutamente excesivo otorgar un plazo de 90 días a la Comisión, ya que eso significaría que los resultados de la investigación sólo se conocerían en enero del próximo año, lo que no se compadece con la necesidad urgente que existe en este momento. La Subsecretaría debiera detener toda la entrega de concesiones acuícolas, sin más, porque los antecedentes que se han reunido son suficientes, claros y conocidos.
Los miembros de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente hemos venido señalando que el proyecto denominado “ley larga de pesca” tiene que pasar por dicha Comisión y no sólo por la de Pesca y Acuicultura, porque el criterio exclusivamente pesquero en materia de recursos biológicos y marinos no da cuenta de la evaluación ambiental, ya que todas estas concesiones están generando contaminación en la Décima Región. Se debe garantizar la no contaminación de esta actividad. Los diputados de Chiloé saben muy bien que nadie se hace cargo de las consecuencias ambientales ni de las restricciones que estas concesiones debieran tener.
Reitero: la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente tiene que estar presente en todo tipo de investigación que involucre la cesión de recursos del Estado, con el fin de que el privado que participa en esto de manera gratuita no haga un negocio con el patrimonio de todos, como sucede en este caso, en que se venden concesiones en Miami que se han obtenido en Chile sin gastar un peso, con el objetivo de lucrar y no de producir desarrollo en la Décima Región, acción especulativa con la que se está violentando la ley.
Por lo tanto, reitero que me parece que no sólo la Comisión de Pesca y Acuicultura deba estudiar este proyecto, sino que es preciso que se incorpore a él la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Es más, se requiere una sesión especial para tomar medidas urgentes.
Claramente, la suspensión inmediata de estas concesiones es lo más indicado. Para ello he conversado con Exequiel Silva y otro diputado , por lo que quiero informar al diputado señor Jaramillo que pedimos una sesión especial para que, independientemente de creación de esta comisión investigadora, se tomen medidas inmediatas, porque es muy largo el plazo de 90 días, ya que estaríamos hablando que en marzo, abril o mayo se adoptarían acciones para aplicar en este caso, en circunstancias de que los pescadores artesanales, la gente preocupada de la pesca, las organizaciones no gubernamentales y también la ciudadanía han pedido una acción inmediata. Si bien la creación de esta comisión en positiva, resulta excesivamente lenta.
Por lo tanto, votaremos en contra del proyecto, con el objeto de reponerlo con las indicaciones y modificaciones que he señalado en mi intervención.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LORENZINI (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
VIII. INCIDENTES
REUNIÓN DE PRESIDENTE LAGOS CON POBLADORES EN VALDIVIA. Oficios.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , en esta oportunidad, voy a comenzar mi intervención con un hecho negativo. La actual campaña electoral municipal está cobrando ciertos ribetes inusitados, poco conocidos en la historia de nuestra República.
En los últimos meses, el Presidente Lagos ha visitado Valdivia al menos cuatro veces, con la clara intención de intervenir electoralmente en la comunidad.
En días pasados, visitó la ciudad con motivo de colocar la primera piedra a un colector de aguas lluvia en la zona de los barrios bajos. Para ese efecto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Serviu, citó a todas las mujeres y a los dueños de casa pertenecientes al comité de vivienda de los diferentes campamentos de la ciudad. La gente fue trasladada en alrededor de diez buses para la reunión con el Presidente Lagos y, por supuesto, con todos los candidatos del oficialismo a la elección municipal.
Como eso constituye una franca intervención electoral, solicito oficiar a la Contraloría General de la República para que nos informe acerca de cómo se pagó a los buses, a qué empresa se contrató y el monto de su arriendo.
Dicho sea de paso, en ese momento se entregaron, en forma graciosa, algunos subsidios habitacionales a miembros de esos campamentos.
Además, solicito oficiar al ministro de Vivienda para que nos informe a quiénes se citó a la reunión con el Presidente Lagos con motivo del programa de vivienda y si el ministerio costeó los gastos de traslado de esas personas.
PROGRAMA DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN VALDIVIA. Oficios.
El señor DELMASTRO .-
En segundo lugar, me voy a referir a una noticia positiva. Pido enviar oficio al Colegio Médico de Valdivia , al Club de Leones de Valdivia y a la Municipalidad de Valdivia, felicitándolos por el programa tan positivo de ayuda social que cumplieron: completaron más de 650 operaciones a la vista de personas de escasos recursos en forma totalmente gratuita.
Pido resaltar ese hecho porque constituye una acción social de mucha importancia para la gente beneficiada. Es un verdadero récord nacional el que una comunidad unida de médicos, el Club Leones y la Municipalidad del mismo lugar logren la cifra significativa de 650 operaciones a la vista, lo que ha cambiado la vida a esas personas.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría.
RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , en la noche del 27 de septiembre y en la madrugada del 28 del mismo mes hubo una verdadera ofensiva -no sabíamos de parte de quién- que, en la práctica, barrió con toda la propaganda electoral en las diferentes comunas de la Región Metropolitana de Santiago.
Hago notar que en esa fecha todavía no comenzaba el período de propaganda electoral, pero, según la información que tengo, todos los letreros de propaganda estaban en propiedades particulares con la debida autorización de sus dueños.
Esta situación provocó varios incidentes esa noche y fue acompañada, según observamos después, de una gran parafernalia comunicacional, pues los medios mostraron cómo cuadrillas de personas vestidas de civil retiraban los letreros de propiedades particulares. Después se informó que dicho acto había sido una decisión del intendente de Santiago , ordenada, según él dijo, por el Presidente de la República , lo cual dudo mucho.
A nuestro juicio, aquí hay una interpretación abusiva de la ley. Efectivamente, a Carabineros y a las autoridades les corresponde fiscalizar el cumplimiento de la ley electoral, pero eso tiene un procedimiento: cursar la denuncia correspondiente al juzgado de policía local para que su titular dé la orden de proceder. Lo otro es arrogarse facultades que no están contempladas en ninguna de sus disposiciones.
El 4 de octubre surgió una nueva instrucción del intendente de Santiago, vigente hasta ahora, que ha causado una serie de problemas a todas las candidaturas dentro de la Región Metropolitana. Por supuesto, cada una de estas ofensivas va acompañada de una nutrida presencia comunicacional y de admoniciones a los candidatos acerca de lo que está bien o está mal. Al parecer, por esta vía, el intendente pretende erigirse en una especie de árbitro del bien y del mal y definir por quién tiene o no tiene que votar la ciudadanía.
Esta es una situación francamente anómala. Las candidaturas de la Alianza por Chile se sienten, con razón, discriminadas en esta materia, porque esta fiscalización tan sui generis queda sujeta al criterio o descriterio de la cuadrilla de turno que descuelga la propaganda electoral.
Para tener claridad en esta materia, solicito que se envíe un oficio que contenga dos respuestas. Al ministro del Interior , con el objeto de que éste disponga que el intendente de Santiago informe en virtud de qué norma se arrogó la atribución de intérprete de la ley; qué ha ordenado exactamente y sobre qué base se creó la fuerza de tarea -así se denomina- y cuántos funcionarios se destinaron a ejercer esa función, con lo cual está distrayendo a Carabineros de sus labores normales de prevención y, en general, todo lo que le instruyó respecto de esta materia y las razones que tuvo para hacerlo.
La segunda, también por intermedio del ministro del Interior , del director General de Carabineros , con el objeto de que nos informe en relación con las instrucciones que recibió de parte de la intendencia en esta materia, cuáles aceptó o no, qué medidas dispuso y si carabineros, de uniforme o de civil, han colaborado en esta tarea que el intendente asumió con tanto empeño y, a nuestro juicio, con tanta impropiedad.
En virtud de aquellas respuestas podremos formarnos un cuadro de cómo se ha cumplido o dejado de cumplir la ley en esta materia.
En definitiva, pido que se envíe un oficio al ministro del Interior, con el objeto de que, por su intermedio, el intendente de Santiago y el general director de Carabineros nos informen sobre las materias en las cuales ha versado mi intervención.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jorge Ulloa , Patricio Melero y Roberto Delmastro .
DEUDA HABITACIONAL DE POBLADORES DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra, hasta por seis minutos, la honorable diputada Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , entre mayo y junio de 1997 un temporal de viento y lluvia azotó a toda la Región Metropolitana, especialmente a Santiago, ocasionando no sólo las típicas inundaciones de los pasos bajo nivel y los clásicos desbordes de canales -situación que, lamentablemente, se repitió a lo largo del país-, sino el anegamiento de cientos de viviendas de Puente Alto, Quilicura y otras comunas. Creo que todos tenemos grabadas las imágenes de las viviendas de las poblaciones “Volcán San José” y “ Padre Hurtado ”, de Puente Alto; “Parinacota”, de Quilicura, y de otras comunas de la Región Metropolitana, cubiertas con nailon de color negro para intentar detener las filtraciones de sus paredes. En esa ocasión, diecisiete empresas constructoras tuvieron problemas con las viviendas que edificaron.
Se originó un largo proceso para establecer las responsabilidades de lo ocurrido. Sin embargo, más allá de las acciones jurídicas iniciadas por el Serviu, quedaron en evidencia las falencias que tienen los respectivos departamentos de obras, (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), (Municipalidades), a la hora de fiscalizar, tanto a nivel central, como comunal en los cuales no fiscalizaron como correspondía antes de aprobar las obras, situación que se repite en la actualidad.
Fueron muchos los pobladores mojados, frustrados y dolidos, cuyos sueños de vida se vieron convertidos en viviendas húmedas y frías, debido a que se anegaron. Ello provocó huelgas de hambre, la toma de una embajada y otros problemas.
En la actualidad el Gobierno ha avanzado cada día más en la reparación de esas viviendas, aunque para ello ha debido asumir costos muy altos. Lamentablemente, parte de las viviendas de la población “Volcán San José”, de Puente Alto, han sido tomadas por personas a las cuales no les correspondía y que han implantado un régimen de terror, además de, según antecedentes existentes, incurrir en el microtráfico de drogas.
He conversado la situación con el director del Serviu , quien me manifestó su mejor disposición para resolverla, para lo cual existe un importante proyecto de intervención, mediante el que se pretende hacer de ese espacio un lugar amable y seguro, no como hoy, que en parte se encuentra entregado a bandas de narcotraficantes.
Además, he presentado un proyecto de acuerdo, firmado por varios diputados, para buscar una solución a la situación de aquellos pobladores que durante cuatro años sufrieron el dolor y las enfermedades causadas por los anegamientos de sus viviendas y que hasta la fecha se encuentran endeudados, porque sólo se les congeló el pago de sus dividendos. En cambio, la gente que llegó a habitar departamentos reparados, proveniente de campamentos o de otros sectores, se ha acogido al nuevo programa habitacional Vivienda Social Dinámica sin Deuda, el cual con el pago de sólo 10 UF, les permite permanecer en ellas sin pagar dividendo, a diferencia de aquellos pobladores que durante cuatro años debieron sufrir las consecuencias de las inundaciones, quienes tuvieron que esperar dos años para que se repararan sus viviendas y que aún se encuentran endeudados. A mi juicio, esa situación no resiste el menor análisis.
Por lo tanto, mediante este proyecto de acuerdo, que espero suscriban todos los señores diputados y señoras diputadas, se solicita al Presidente de la República que, en uso de sus atribuciones, adopte las medidas legales y administrativas que correspondan, a fin de corregir la situación de discriminación que afecta a esas familias que todavía pagan dividendos y confiaron en que el Servicio de Vivienda y Urbanismo repararía sus viviendas.
Además, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Bienes Nacionales -a quien felicito por asumir esta nueva responsabilidad- y al director del Serviu , con el objeto de que se pronuncien si es posible, a través de una medida administrativa, terminar con la discriminación, impedir un doble estándar -por llamarlo así-, y lograr que estas familias cuyos departamentos debieron ser reparados, no tengan que seguir pagando su deuda habitacional.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Adriana Muñoz y María Antonieta Saa , y de los diputados señores Fidel Espinoza y Alejandro Navarro .
INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR DETENCIONES IRREGULARES EN FRUTILLAR. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , el fin de semana recién pasado, en la comuna de Frutillar, provincia de Llanquihue, fueron brutalmente agredidos detenidos por carabineros el trabajador agrícola, señor Nelson Antonio Aguilar Alvarado , y el trabajador independiente, señor José Paillacar .
El primero, padre de tres hijos, de seis, cuatro y un año, a raíz de una detención, desde mi punto de vista, arbitraria, resultó con lesiones graves -heridas cortantes múltiples en la zona frontal derecha- que le impedirán volver a su trabajo durante treinta días, aproximadamente.
Estimo que estos hechos no pueden repetirse. Lamentablemente, se suman a una situación ocurrida en la misma comuna de Frutillar, hace diez o doce días, cuando cuatro jóvenes que regresaban de una discoteca fueron agredidos de una manera salvaje. Hoy, ellos se encuentran procesados por la justicia, no quienes los agredieron.
Puede haber discrepancias respecto de la detención, por inferir los detenidos palabras que no corresponden, pero nada de eso justifica las agresiones brutales sufridas por esos trabajadores. Desde este hemiciclo, debo criticar duramente las desafortunadas declaraciones emitidas a los medios de prensa por el capitán Jaime Valenzuela de Frutillar, tratando de justificar lo injustificable, producto de los hechos que acabo de denunciar.
Solicito que se oficie al general director de Carabineros , señor Alberto Cienfuegos , no sólo para que aplique las más drásticas medidas disciplinarias a los funcionarios involucrados en estos hechos, los cabos Alderete y Paillanca , sino que realice una profunda y exhaustiva investigación de lo ocurrido en Frutillar el reciente fin de semana, así como de lo ocurrido hace 12 días con los otros cuatro jóvenes que fueron agredidos en forma salvaje.
No se puede mancillar de esta forma la honorable función que desempeña Carabineros, por lo que no pueden seguir perteneciendo a una institución funcionarios que dañan su imagen, ya su principal misión es velar por la seguridad de todos los ciudadanos de nuestra patria.
Como parlamentario, ratifico mi más absoluto repudio a los hechos que terminaron con la salvaje agresión en contra de los trabajadores don Nelson y don José y de otros cuatro jóvenes.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Adriana Muñoz y María Antonieta Saa y el diputado señor Alejandro Navarro .
CONTRATACIÓN EN CARABINEROS DE PERSONAL EN RETIRO. Oficios.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al general director de Carabineros , señor Alberto Cienfuegos , a fin de que recoja una inquietud relacionada con algunos funcionarios de Carabineros acogidos a retiro por invalidez.
Este personal, dado de baja por imposibilidad física, no está incapacitado absolutamente para desempeñar cualquier actividad.
En el último tiempo, Carabineros ha contratado a telefonistas. Es obvio que un funcionario acogido a retiro por la amputación de un brazo o un pie puede desempeñarse perfectamente como telefonista. Sin embargo, una resolución de la Contraloría General de la República prohíbe que los funcionarios acogidos a retiro por algún menoscabo de orden físico puedan volver a trabajar, por ningún motivo, cosa claramente arbitraria.
Pido que se oficie al contralor general de la República , con el objeto de que revise la resolución que prohíbe que un funcionario acogido a retiro por imposibilidad física sea
contratado, pues aun cuando esté en silla de ruedas se podría desempeñar como telefonista a contrata.
Solicito que tanto el general director de Carabineros como el contralor general de la República revisen esta situación, con el propósito de dar solución a algunas personas. Por ejemplo, un ex oficial que se encuentra en silla de ruedas se podría desempeñar como telefonista, pero no lo puede hacer por este impedimento que señala la Contraloría. Se trata de funcionarios que entregaron una parte importante de sus vidas a la institución y que la siguen queriendo, pero no pueden trabajar en una actividad como la de telefonista u otra, debido a dicho dictamen.
Por otra parte, recién escuchamos a un distinguido señor diputado señalar que el obrar de Carabineros habría sido violento en una detención en Frutillar. Es probable que lo haya sido, pero parte de esa violencia no la generan ellos, sino las personas que, actúan de manera violenta para hacer valer sus puntos de vista. Lamentablemente, siempre Carabineros resulta ser el malo de la película.
En esta oportunidad, junto con lamentar lo sucedido a esas personas, quiero enviar al general director de Carabineros mi reconocimiento por esta ingrata labor que significa mantener el orden público, a veces con resultados que nadie desea.
Estoy cierto de que no hay un solo policía en Chile que quiera dañar a un ciudadano. Los lamentables hechos ocurridos obedecen a las circunstancias en las cuales se produjeron. Por eso, quiero enviar un reconocimiento a Carabineros y lamentar la visión en que aparecen como agresores. A veces, nosotros mismos no comprendemos ni entendemos que Carabineros es el brazo armado de la ciudadanía, del Estado; nosotros les entregamos una función que no siempre es grata, como la de mantener el orden público. Desde luego, queremos que estos hechos no se repitan, pero para ello se necesita el concurso de todos.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
FISCALIZACIÓN DE CAMBIOS EN CONTRATOS DE CONEXIONES A INTERNET. Oficio.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en segundo lugar, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones por lo siguiente:
Un joven profesional de Talcahuano, una de las comunas del distrito que represento, el ingeniero señor Ángel Ibarra me pregunta, a través de un correo electrónico, cuál es la forma de fiscalizar que tenemos los ciudadanos.
Me dice que contrató un plan para acceder a la conexión de internet, en Terra.cl., denominado “Cuenta fija nocturna”, cuyo precio era de 12.900 pesos mensuales. Después de algunos meses, al revisar el estado de su cuenta, pudo comprobar que el plan había cambiado de nombre: se llamaba “Cuenta fija nocturna acelerada”, de igual precio que el anterior. Sin embargo, el plan original que había contratado se mantenía, existía. Me señala que, para su asombro, incluso había bajado de precio, a 10.900 pesos. Entonces, se pregunta: “Si contraté el plan “Cuenta fija nocturna”, ¿por qué, sin mi autorización, me cambiaron a otro, llamado “Cuenta fija nocturna acelerada”?”. Me dice que lo importante para él no son los 2 mil pesos de diferencia, sino que se haya llevado a efecto un cambio de plan que él no autorizó; es más, cree que inventaron un nuevo plan para cobrarle el mismo precio original, no obstante que no contrató el plan en el cual aparece hoy.
Me dice que la empresa Terra , vía call center o telefónica, no pudo justificar ese cambio de plan. Me cuenta que más de cinco veces lo enviaron a conversar con una ejecutiva, quien, al final, le dio la razón, pero no le solucionó el problema. Incluso, le prometió enviar una respuesta, a través del correo electrónico o del teléfono celular, pero han pasado varios días y no la ha recibido.
Entonces, me pregunta sobre quién de nosotros, de los representantes del Estado, ayuda a cautelar que efectivamente no ocurra este tipo de situaciones.
Creo que es muy importante que le contestemos al señor Ángelo Ibarra, ingeniero en softwares, quien me hace estos planteamientos en términos personales.
Solicito oficiar al subsecretario de Telecomunicaciones para que nos responda esta inquietud, de manera que definitivamente se fiscalice y que los eventuales Ángelo Ibarra que existan en Chile puedan contar con algún grado mínimo de preocupación por parte de la autoridad fiscalizadora.
Creo que este joven profesional, de 26 años -al igual que muchos otros, de esos mismos que, muchas veces, nosotros creemos que “no están ni ahí”-, lo único que quiere es sentir que las autoridades -al menos las elegidas por él- les entreguen alguna respuesta y se preocupen de que no ocurran más situaciones de anormalidad como la planteada, respecto de una cosa tan sencilla como es contratar un plan con una empresa. A ésta, por su parte, lo mínimo que se le pide es que respete lo contratado.
Reitero mi petición de que se oficie al señor subsecretario de Telecomunicaciones , de manera que se haga la fiscalización correspondiente y emita un informe por escrito a la Cámara de Diputados para responderle al mencionado ingeniero acerca de cuál es la situación en materia de fiscalización ante atropellos como el que acabo de denunciar.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
MUERTE DE TRABAJADORA INTOXICADA POR PLAGUICIDAS. TRAMITACIÓN DE PROYECTO SOBRE REGULACIÓN DEL USO DE ELEMENTOS TÓXICOS.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , hace pocos días sucedió un hecho lamentable: la muerte, a causa de una intoxicación aguda por plaguicidas, de Macarena Mendoza Valenzuela , trabajadora asalariada temporera en el fundo San Luis, que produce arándanos en Lautaro, Novena Región.
Macarena tenía 20 años y trabajaba en contacto directo con plaguicidas, por cierto, sin capacitación ni las medidas de prevención necesarias exigidas por la ley.
Vale recordar que el decreto supremo Nº 40 obliga a los empresarios y empleadores a entregar información y protección a sus trabajadores cuando se desempeñan en ambientes de peligro lo cual, por cierto, hoy, casi no se cumple en Chile.
No me voy a referir a la importación y al uso de plaguicidas ni a la opinión que al respecto tienen organismos internacionales de salud, como la OMS, sino que solicitaré a la Mesa y al Presidente de la Cámara de Diputados que ponga en Tabla el proyecto de ley que, en conjunto con otros colegas diputados, presentamos en 2000, que regula el uso de plaguicidas en el país, aprobado en general el año pasado y en particular hace dos semanas en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por lo que ya debiera estar listo el informe.
Dada la gravedad de esta situación, ya que todos los años mueren trabajadores y trabajadoras que laboran en contacto con plaguicidas, es necesario recordar que existe este inmenso foco de peligro de muerte para los trabajadores de temporada. No olvidemos que, entre hombres y mujeres, alrededor de 500 mil personas se desempeñan en esta actividad.
Traigo a la memoria lo que el Presidente Ricardo Lagos señala permanentemente en el país y también en los foros internacionales en los que participa: “No podemos andar por el mundo con la frente en alto cuando el crecimiento económico se sustenta en la sobreexplotación de nuestros trabajadores y trabajadoras.”. En el caso de la muerte de Macarena, la sobreexplotación se expresa en el uso indiscriminado de estos plaguicidas, que son tóxicos y foco de peligro de muerte.
INSTALACIÓN DE PLANTAS QUESERAS FAMILIARES EN COMUNAS DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , en esta oportunidad también lamento la muerte del señor Bartolomé Díaz Rojas , de la comuna de Monte Patria, que represento en la Cámara de Diputados, por consumir queso de cabra.
Éste es un fenómeno recurrente en esta época cuando se consumen los primeros quesos de leche de cabra elaborados en forma artesanal.
Pido que se oficie al señor intendente y a la señora subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo para que en el presupuesto de la Cuarta Región del próximo año se considere como obra prioritaria la construcción de plantas queseras familiares, proyecto piloto que está en proceso de desarrollo desde el año pasado, producto de una iniciativa que conseguí personalmente -dada la sordera de las autoridades de la región-, con la colaboración de la comunidad flamenca de Bélgica, cuando era embajador en ese país el señor Ricardo Brodsky .
Ya están instaladas alrededor de cincuenta plantas queseras familiares, que constan de una infraestructura que se instala cerca de la casa de la familia -se trata de una economía familiar- y para las cuales hemos conseguido solución sanitaria, por lo que esos quesos serán producidos bajo las normas higiénicas que exige el Ministerio de Salud para este tipo de plantas.
Al menos en la Cuarta Región -no conozco la situación de otras regiones, como la Metropolitana y la Octava, en que se elaboran productos derivados de la leche de cabra y de oveja- hay seis mil familias que viven de esta actividad. Por lo tanto, no es un tema menor que la instalación de estas plantas queseras familiares se sitúe como elemento central del presupuesto regional.
Si bien la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano , está totalmente de acuerdo con la instalación de la infraestructura de esas plantas, es importante hacerle llegar el oficio a través de nuestra corporación.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Antonieta Saa .
COMPLACENCIA POR APROBACIÓN EN ESPAÑA DE PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Oficios.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , hoy quiero manifestar en esta corporación mi complacencia por lo acordado la semana pasada en el Congreso de Diputados de España. La unanimidad de los 320 diputados y diputadas presentes aprobó un proyecto de ley contra la violencia de género presentado por el presidente del gobierno español, señor José Luis Rodríguez Zapatero , materia que él llama el “machismo criminal”.
Desde 1991, muchas asociaciones de mujeres han pedido la dictación de una ley que sirva como un instrumento integral contra la violencia de sexo, una herramienta diseñada para combatir este problema y facilitar ayuda a las víctimas, pero también para erradicarlo. Por eso, este proyecto de ley, presentado por el Consejo de Ministros el 25 de junio de 2004 y respaldado por el Congreso, contempla tanto medidas asistenciales como de prevención, con especial atención a las políticas educativas que insistan en la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer.
Esta ley, además, modifica el Código Penal para que las amenazas y lesiones leves sean consideradas como delito cuando afecte a víctimas especialmente vulnerables -niños, ancianos y minusválidos- que convivan con el autor.
La futura ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género pretende establecer una jurisdicción especial para la violencia de género y lograr una estrecha coordinación de todos los agentes implicados en el proceso -fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, forenses, sicólogos, magistrados, etcétera- que deberán recibir una formación específica para que las víctimas sean atendidas en todo momento por especialistas en la materia. Incluso, se ha creado en el Ministerio del Trabajo español una delegación de violencia de género, en términos de la formulación de políticas públicas.
El objeto de la ley es actuar contra la violencia que, como manifestación de discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
El proyecto insiste en que la formación en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres debe ser uno de los fines del sistema educativo español. Tal principio de igualdad se transmitirá desde la educación infantil hasta el bachillerato, y la administración tendrá que revisar los materiales y libros de texto para garantizar la ausencia de conceptos o referencias que puedan fomentar la desigualdad. Además, en el Consejo Escolar del Estado tendrán presencia las organizaciones de mujeres, el Instituto de la Mujer y expertos reconocidos en la lucha contra la violencia por razones de sexo.
En cuanto a la publicidad, se considerará ilícito la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto. Los chilenos todo el día somos bombardeados con imágenes en las que el cuerpo de las mujeres se compara con una cerveza, con un automóvil o con limones. El cuerpo de la mujer es fragmentado en todas sus partes y se compara con distintas cosas. En España esa práctica será considerada ilícita y las asociaciones e instituciones que trabajan en favor de la igualdad podrán solicitar, si así lo consideran oportuno, que un anuncio publicitario sea retirado.
También se adopta una serie de medidas de apoyo a las víctimas. La nueva ley permitirá la creación de servicios de atención e información inmediata que garanticen un primer asesoramiento legal y psicológico, centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y centros de recuperación integral. Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos participarán en el desarrollo de estos servicios, en los que también se contempla la asistencia jurídica especializada y gratuita, así como ayudas económicas que faciliten a las víctimas empezar una nueva vida: formación para el empleo, acceso prioritario a viviendas de protección oficial, bonificación a las empresas que las contraten, un fondo de garantía de pago de alimentos, entre otras cosas.
Además, las víctimas tendrán derechos laborales específicos, como adaptar o reducir su jornada de trabajo, movilidad geográfica o extinguir un contrato, cobrando el subsidio de desempleo en el caso de que haya algún peligro para su vida.
Medidas jurídicas y penales.
Se crearán Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares en cada provincia y capital, los cuales podrán adoptar una serie de medidas importantes.
También se reforzarán las penas contra los agresores y se podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad de los hijos hasta cinco años.
También se crea la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, bajo el Ministerio de Presidencia y con rango de Secretaría de Estado; un Consejo Consultivo y un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. También se crea una fiscalía contra la violencia de género.
Considero que esta ley constituye un avance civilizatorio extraordinario.
Por lo expuesto, pido que se envíe un oficio de felicitación al Congreso de Diputados de España por haber aprobado ese proyecto de ley, y al Presidente del Gobierno Español, señor José Luis Rodríguez Zapatero , por esa iniciativa, que pone a España en la cima de los países que luchan por una civilización que no contemple ningún tipo de discriminación.
He dicho.
El señor OJEDA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Adriana Muñoz .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.48 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Segundo informe de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) recaído en el proyecto que interpreta el artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, con el propósito de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares. (boletín Nº 3577-03) (S)-2
“Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) pasa a informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley referido en el epígrafe, originado en una moción de los Honorables Senadores señores Hosaín Sabag Castillo y Andrés Zaldívar Larraín .
Durante el estudio de la iniciativa, vuestra Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Carlos Rubio y del señor Jefe de la División Jurídica Administrativa de dicho Ministerio , don Claudio Castillo .
La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2004, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia.
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley con la indicación cursada durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario, el que fue discutido durante la sesión celebrada el día 6 de octubre del presente año.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente:
I. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.
Se encuentra en esta situación el artículo 1º del proyecto de ley en informe.
II. NORMAS QUE DEBEN DARSE POR APROBADAS REGLAMENTARIAMENTE.
Se encuentra en esta situación el artículo 1º del proyecto de ley en comento.
III. ARTÍCULOS QUE EL SENADO HAYA CALIFICADO COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO Y AQUELLOS A LOS QUE LA COMISIÓN HAYA DADO EL MISMO CARÁCTER.
No existen disposiciones en tal sentido.
IV. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
No hubo artículos suprimidos.
V. ARTÍCULOS MODIFICADOS.
Se encuentra en esta situación el artículo 2º del proyecto en informe.
VI. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.
No hay.
VII. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
El proyecto en informe no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, en segundo trámite reglamentario, en consideración de que vuestra Comisión no alteró lo que fue de competencia de ella, durante la discusión en general.
VIII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL TEXTO APROBADO POR EL SENADO.
Durante la discusión en particular los señores Galilea, don José Antonio ; González, don Rodrigo ; Hales , Masferrer , Montes , Tuma y Venegas formularon indicación para introducir al artículo 2º, las siguientes modificaciones:
1. Para reemplazar en el nuevo inciso sexto que se agrega al artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, la expresión “podrán” por “deberán”, y
2. Para agregar, en el mismo inciso nuevo que se añade al artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, a continuación de la frase “recepción final de las obras”, la oración “en un plazo que no podrá exceder de tres años, contado desde el otorgamiento de la referida patente.”.
Cabe mencionar que algunos señores diputados hicieron presente que la mayor parte de las propiedades donde funcionan microempresas no son susceptibles de regularizar y, por tanto, subsistirá el problema a pesar de lo dispuesto en el proyecto de ley en informe.
Asimismo, vuestra Comisión estimó necesario representar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la necesidad de implementar un plan tendiente a solucionar el problema descrito, que faculte a los municipios para regularizar la situación de aquellas viviendas que no cumplen con la norma.
A continuación, se sometió a votación la indicación, aprobándose por unanimidad.
IX. INDICACIONES RECHAZADAS.
Vuestra Comisión rechazó por unanimidad una indicación de la Comisión de Hacienda para suprimir en el nuevo inciso sexto que se agrega al artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, la oración: “Sin perjuicio del otorgamiento de la patente municipal”.
X. TEXTO DEL PROYECTO TAL COMO HA SIDO APROBADO POR LA COMISIÓN.
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Declárase que entre las autorizaciones que las microempresas familiares deben obtener de acuerdo con el artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, modificado por el artículo único de la ley Nº19.749, de 2001, a efectos de obtener una patente municipal, no se incluye ni se ha debido incluir previamente el permiso de construcción ni la recepción definitiva de las obras constitutivas de la casa habitación familiar en la cual se ejerce la actividad económica que constituye su giro.”
Artículo 2º.- Agréganse al artículo 26 del decreto ley N°3.063, de 1979, los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo, nuevos:
“Sin perjuicio del otorgamiento de la patente municipal, los propietarios de inmuebles en que funcionen microempresas familiares deberán solicitar la regularización y obtener simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de las obras en un plazo que no podrá exceder de tres años, contado desde el otorgamiento de la referida patente.
Para su regularización, las construcciones existentes deberán cumplir con las normas de la ley General de Urbanismo y Construcciones y de su Ordenanza General referentes a la estabilidad y la seguridad contra incendios, lo que será acreditado mediante informe de un profesional competente, y no deberán encontrarse emplazadas en áreas de protección o de riesgo.
El permiso de edificación y la recepción final de obras serán otorgados por la Dirección de Obras Municipales, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde el ingreso de la solicitud a esa Dirección. Los derechos municipales aplicables a esta regularización se rebajarán en el 50%.”
Continúa como diputado informante el señor Ortiz, don José Miguel .
Sala de la Comisión, a 6 de octubre de 2004
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente al día 8 de octubre del año en curso, con la asistencia de los señores González, don Rodrigo ( Presidente ); Galilea, don José Antonio ; Masferrer, don Juan ; Montes, don Carlos ; Tuma, don Eugenio y Venegas, don Samuel .
Asistió, además, el señor Hales, don Patricio .
(Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión ”.
Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades ocurridas en la Casa de Moneda de Chile.
“Honorable Cámara:
La Comisión Especial Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades ocurridas en la Casa de Moneda de Chile pasa a dar cuenta de su cometido.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 301 del reglamento de la Corporación, se consigna lo siguiente:
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, AL TENOR DE LOS ACUERDOS DE LA CÁMARA QUE ORDENARON SU CREACIÓN.
La Corporación, en sesión 54ª, de fecha 9 de marzo de 2004, prestó su aprobación al siguiente:
“PROYECTO DE ACUERDO N° 352
La Cámara de Diputados, en sesión 54ª, de fecha de hoy, ha prestado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
“Considerando:
Que, en uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias de los Diputados, es menester hacer presente una serie de presuntos hechos irregulares sucedidos en los últimos años en la Casa de Moneda de Chile. Éste es un servicio público, sujeto a estatutos administrativos globales y generales; por tanto, puede ser objeto de fiscalización por parte de esta Corporación.
Que la Casa de Moneda y los servicios públicos tienen expresa prohibición para publicitar sus servicios en el extranjero y no disponen de recursos para ello. Sin perjuicio de esto, hace algunos meses, el actual Director, señor Antonio Lara , ofreció los servicios de la Casa de Moneda en el extranjero, en un periódico alemán, por el valor de veintiún mil euros.
Que esta publicación fue objetada y rechazada por la Contraloría General de la República, lo que generó una deuda al Estado por un valor de quince millones de pesos. Evidentemente, este hecho impugnado por el órgano contralor debe ser subsanado, reparado y sancionado como corresponde.
Que está expresamente prohibido por la ley de probidad y por los estatutos administrativos del Estado efectuar publicidad en el extranjero para ofrecer servicios. Tanto es así, que el 1 de abril de 2003 el Ministerio de Hacienda ofició de manera formal y expresa a todos los ministros de Estado respecto de esta prohibición.
Que, además, hace dos años, la Casa de Moneda importó papel a fin de producir billetes para la República Argentina. Asimismo, en enero de 2002, importó papel para la recolección de bonos en la República Argentina por un valor superior a los doscientos mil dólares. En agosto de este año, el Servicio de Aduanas solicitó el pago urgente de los derechos aduaneros que, en conformidad a la ley, correspondía realizar. Hasta hoy, la Casa de Moneda no ha pagado estos derechos, lo que ha causado un perjuicio claro y serio al Fisco.
Que, en enero del año pasado, la Casa de Moneda adquirió pintura para la confección de placas patentes por un valor de ciento doce millones de pesos a la empresa Alte S.A. Esta pintura, por ser altamente tóxica, no logró superar los controles de calidad internos de la Casa de Moneda y, para suplir la falla, el servicio tuvo que comprar la misma pintura en “3M”, desembolsando una suma de ciento veinte mil dólares.
Que estas claras negligencias cometidas por la Casa de Moneda, toda vez que adquirió pintura sin pasar por los controles de calidad correspondientes, tornan evidentes diversas irregularidades. Además, se han detectado varias situaciones que reflejan un sistema interno de controles y aprobaciones poco adecuado y transparente. La compra de dos máquinas calcográficas innecesarias, sin cumplir las exigencias que establece la ley; la inexplicable pérdida de planchas de impresión del billete de diez mil pesos, aparte el ‘extravío’ de cerca de diez millones de pesos en billetes de diez mil pesos, no denunciado ante autoridad alguna, son graves ejemplos de lo anteriormente señalado.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Crear una Comisión Investigadora a fin de que analice las presuntas y serias irregularidades ocurridas en la Casa de Moneda, descritas en los considerandos de este acuerdo, a efectos de que emita un informe, en un plazo no superior a sesenta días, que, básicamente, diga relación a:
La publicidad efectuada en un diario alemán, para ofrecer sus servicios por un monto equivalente a veintiún mil euros, acto objetado por la Contraloría General de la República.
La deuda que mantiene con el Servicio de Aduanas por el no pago de los derechos de importación.
La deuda derivada de la compra de pintura a la empresa Alte S.A., la que no alcanzó los índices de calidad necesarios para la confección de placas patentes, lo que originó una deuda de ciento veinte mil dólares estadounidenses, al tener que repetirse la operación de compra de pintura.
La justificación de la compra de máquinas calcográficas para la confección de billetes por un valor de siete mil millones de pesos.
La pérdida de matrices para la confección de billetes.
El inexplicable desaparecimiento de planchas de impresión del billete de diez mil pesos, más el “extravío” de cerca de diez millones de pesos en billetes de diez mil pesos, no denunciado ante autoridad alguna hasta la fecha.
La inestabilidad laboral, debida a la incorrecta aplicación de normativas que permiten la desvinculación de los trabajadores que ejercen funciones en un servicio público.”
La Comisión se integró con los siguientes señores Diputados:
-don Gabriel Ascencio Mansilla
-don Sergio Correa de la Cerda
-don Enrique Jaramillo Becker
- don Felipe Letelier Norambuena
- don Fernando Meza Moncada
-don José Miguel Ortiz Novoa , (el que fue reemplazado por el diputado señor Jorge Burgos Varela)
-don Víctor Pérez Varela , (el que fue reemplazado por el diputado señor Alberto Cardemil Herrera)
-don Felipe Salaberry Soto
-don Exequiel Silva Ortiz
- don Mario Varela Herrera
-don Carlos Vilches Guzmán
Se eligió presidente al señor diputado don Felipe Letelier Norambuena . Asimismo, esta Comisión Investigadora celebró 14 sesiones.
II. RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN.
Para dar cumplimiento a lo mandatado por la Cámara de Diputados, se solicitaron los siguientes antecedentes a las instituciones y personas que se indican:
1
2
3
4
5
6
Asimismo, la Comisión recibió el testimonio de las siguientes personas:
- Don Antonio Lara Bravo , Director Casa de Moneda de Chile ;
-Don Raúl Allard Neumann , Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas ;
-Doña Mercedes Farías, Jefa de la Sección Placas Patentes de la Casa de Moneda de Chile;
-Don Jorge Ramos, Asesor Técnico del Departamento de Impresión de Valores de la Casa de Moneda de Chile;
-Don Marcelo Pardo , Jefe de Offsset de la Casa de Moneda de Chile;
-Don Óscar Miñones, Presidente del Sindicato Especies Valoradas de la Casa de Moneda de Chile;
-Don Patricio Véliz, Presidente de la Asociación Gremial Unión del Personal de la Casa de Moneda de Chile;
-Don Pablo De la Maza Burgos, ex Jefe de Acuñación Monetaria de la Casa de Moneda de Chile;
-Don Gaspar Bernales, ex Subdirector de Producción de la Casa de Moneda de Chile;
- Don Fernando Silva Muñoz , ex funcionario de la Casa de Moneda de Chile, y
-Don Adrián Torres Canales, ex funcionario de la Casa de Moneda de Chile.
III. NATURALEZA JURÍDICA DE LA CASA DE MONEDA DE CHILE.
La Casa de Moneda de Chile, creada en el año 1743, es un servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda que elabora todas las especies valoradas y los documentos de fe pública de Chile, tales como billetes y monedas, pasaportes, cheques, libretas de matrimonio, licencias de conducir, pase escolar, entre otros, y que define su misión como la de “desarrollar, crear, elaborar y comercializar productos y servicios de alta seguridad, calidad y confiabilidad, en el ámbito de la fe pública, en armonía con el medio ambiente.”
Como servicio público, la Casa de Moneda de Chile, se ve afecta al decreto con fuerza de ley Nº 228 de 1960, y a todas aquellas normas aplicables a los organismos que forman parte de la Administración del Estado: ley Nº 18.834 (estatuto administrativo), ley Nº 18.5575 (Orgánica Constitucional de bases generales de la Administración del Estado), decreto ley Nº 1.263, y sus modificaciones, y la ley de Presupuestos.
IV. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LAS PERSONAS INVITADAS.
a) Señor Antonio Lara Bravo, Director de la Casa de Moneda de Chile.
Señaló que la Casa de Moneda es un servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, que se autofinancia generando sus propios ingresos, con los cuales cubre sus gastos, financia sus inversiones y entrega excedentes al Fisco.
Casa de Moneda tiene un patrimonio de 35 millones de dólares, valorizado, por una empresa externa, a diciembre de 2001.
En 2003 tuvo un presupuesto anual de 11.145.710.000 pesos, de los cuales 9.162.106.000 pesos fueron ingresos del período. Del total de sus gastos, durante 2003 traspasó al Fisco 532 millones de pesos.
En cuanto al contexto comercial y gerencial, Casa de Moneda está inserta en un mercado complejo, siendo sus atributos típicos de gestión el precio, la calidad, confidencialidad y seguridad de sus servicios.
Por otra parte, el mercado de proveedores de Casa de Moneda es pequeño, altamente especializado y diferenciado. Dada esta especificidad de giro, mantiene una relación permanente y cotidiana con proveedores de insumos y equipos de diversa tecnología de Alemania, Suiza , Francia, España , Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros.
Respecto de las licencias de conducir, normalmente, cuando un cliente privado o público pide los servicios de Casa de Moneda, se diseña una idea de lo que necesita y configura las condiciones de seguridad que requieren. Después de eso, el cliente elige el producto que Casa de Moneda le hará. En este caso, la institución ofreció una gama de alternativas de productos de seguridad a las municipalidades del país y ellos se quedaron con éste, que es un producto único con proveedor único. No hay ningún otro proveedor que lo elabore dadas las características que presenta en términos de diseño: está seriado -tiene un número-, tiene un holograma que, si se mueve, presenta una serie de colores, y una vez que eso queda impreso con el papel, no se puede romper ni abrir. Por lo tanto, es absolutamente inviolable.
Se trata de una industria donde las diferencias no dicen relación con el prestigio de la marca, los diseños, colores o gustos, sino de productos que tienen distintos niveles de seguridad. Así, en la medida en que el cliente se manifiesta por un tipo de nivel de seguridad, el acceso a proveedores que cumplan con ese nivel es muy escaso. Es importante recalcar esta característica que hace muy especial la naturaleza de la Casa de Moneda.
Dada la calidad de sus productos y el prestigio ganado durante muchos años, el mercado internacional es relevante para la Casa de Moneda. Se han abierto mercados externos, a pesar de las restricciones que surgen de su estructura jurídica. Por el hecho de ser un servicio público era muy importante quebrar las restricciones de la Casa de Moneda, pues esa condición era una camisa de fuerza para una institución que, en definitiva, es una empresa. Esa condición le genera problemas de gestión particularmente complejos.
En los últimos años se han acuñado monedas, impresos y especies valoradas para Filipinas, Israel , Argentina, Uruguay , Costa Rica , Guatemala, Honduras, entre otros países, sin considerar las cotizaciones que se solicitan desde el extranjero.
Se ha buscado acrecentar el prestigio de Casa de Moneda a través de acciones de modernización emprendidas durante los dos últimos años. En primer lugar, la certificación de la Casa de Moneda en sus principales líneas de productos: billetes y monedas, bajo la norma ISO 9.001-2000, referida a la gestión de calidad. Hasta el año pasado el Banco Central tenía que hacer una excepción con la Casa de Moneda cuando llamaba a licitación internacional, señalando que podían postular aquellas empresas que tuvieran ISO 9.001-2000 más la Casa de Moneda, dada su conocida experiencia. Hoy se ha superado esa barrera.
La implementación del sistema informático integrado de gestión y administración, SAP, que muy pocas empresas tienen en Chile. De hecho, se trata del primer servicio público que a partir del 1 de enero de 2004 implementó este sistema que permite controlar la gestión e interactuar a las distintas áreas, particularmente, producción y comercial. La Casa de Moneda, si bien es un servicio público, en la práctica, es una empresa que produce más de ochocientos productos distintos; por lo tanto, la complejidad de su programación de producción y la relación entre las distintas áreas es muy relevante.
El sistema SAP permite tener mayor claridad en la planificación de las adquisiciones, en el cumplimiento de los plazos de entrega de productos a los clientes y en el momento de ingreso de lo solicitado a producción. De esa manera se ocupa de manera más expedita y completa la maquinaria existente.
Dentro de los desafíos propuestos para el 2004 está continuar con la certificación de la norma ISO 9.001-2.000 para otros productos. De hecho, ayer finalizó la evaluación de una empresa española que les permitirá tener esta misma norma, por ejemplo, para la elaboración de pasaportes.
El año pasado no pudieron participar en una licitación a la que llamó Perú, porque entre los requisitos estaba contar con la certificación de cumplimiento de esa norma ISO. Cuando se cuente con ella, podrán competir en cualquier parte del mundo.
Añadió que rechazan las imputaciones contenidos en el proyecto de acuerdo que dio origen a esta Comisión, ya que contienen serios errores de información y no se ajustan a lo que verdaderamente aconteció. Ellos serán desvirtuados a la luz de los antecedentes.
La primera acusación infundada se refiere a la publicidad contratada por Casa de Moneda en un diario alemán. Se acusa a la empresa de, no obstante estarle prohibido, haber publicitado sus servicios en el extranjero, lo que habría sido objetado y rechazado por la Contraloría General de la República.
El inserto que se publicó en un diario alemán se trata de una edición especial sobre Chile en la cual, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Central y de otras instituciones, aparece un aviso de Casa de Moneda y una entrevista a su director. Es una edición especial que tuvo un tiraje de 500 mil ejemplares y que fue distribuido en toda Europa.
En diciembre de 2002, Casa de Moneda efectuó la publicación del aviso publicitario en la edición especial del diario alemán Der Spiegel denominada “Chile, 2002”. Esta publicación se enmarca dentro de la suscripción del acuerdo de asociación entre Chile y los países miembros de la Unión Europea y las relaciones comerciales ya señaladas con proveedores y clientes extranjeros, además de la importancia que tiene para Chile que una institución, con 260 años de historia, aparezca como un ejemplo de lo que pueden ofrecer a partir del nuevo acuerdo de libre comercio concretado con la más importante comunidad de países desarrollados existente en el mundo.
En este sentido, para entidades como Casa de Moneda, ministerios, servicios públicos e, incluso, para el propio Banco Central de Chile, estar presente en esta publicación constituía una forma de reforzar la imagen del país y la confianza depositada por los países de la Unión Europea, suscriptores de este acuerdo con Chile, haciendo hincapié en la seriedad y solidez de nuestras instituciones. El poner ese aviso costó la suma de 21 mil euros.
En cuanto a la presunta ilegalidad que se pretende atribuir a este acto, cabe hacer presente que, primero, no es efectivo que la Contraloría General de la República haya objetado este acto; por el contrario, el ente contralor confirmó, en su pronunciamiento N° 03363, de 26 de enero de 2004, la legalidad de esta actuación, señalando que tal difusión constituye un mecanismo idóneo para el cumplimiento de las funciones que el aludido literal le asigna en orden a ejecutar toda clase de trabajos de su especialidad que le soliciten organismos públicos o privados, tanto nacionales como extranjeros y que, por lo tanto, la referida actuación se ajusta a los requisitos establecidos por la normativa vigente sobre la materia.
Conviene señalar que la publicidad efectuada por la Casa de Moneda en un medio de comunicación extranjero acerca de sus capacidades para la fabricación de monedas, billetes u otros bienes valorados, se inscribe en el marco de las facultades que corresponden a dicha institución, de conformidad con la ya mencionada letra i) del artículo 1° de su ley orgánica.
En consecuencia y teniendo presente los antecedentes expuestos precedentemente, es necesario concluir que se ajustó a derecho el contrato de publicidad suscrito en 2002 entre la Casa de Moneda de Chile y la empresa Media Edición Limitada, con el objeto de publicar un aviso sobre dicho organismo administrativo en la edición especial “Report Chile, 2002”, del periódico alemán “ Der Spiegel ”, puesto que dicha actuación se encuentra autorizada por el artículo 16 de la ley N° 19.364, sobre presupuesto del sector público para dicho ejercicio y el servicio de que se trata contaba con los fondos necesarios para tal efecto.
Por otra parte, tampoco es efectivo que el Ministerio de Hacienda haya informado, con fecha 1 de abril de 2003, de la prohibición recaída sobre los servicios públicos de contratar publicidad a extranjeros y que dicha prohibición esté, además, contenida en la ley N° 19.653, sobre probidad administrativa, aplicable a los órganos del Estado, y en la ley N° 18.834, del Estatuto Administrativo.
En rigor, el Ministerio de Hacienda, a través de su circular N° 20, de 1 de abril de 2003, impartió instrucción a los servicios públicos en orden a informar los gastos de publicidad y difusión que hubieren efectuado durante 2002. La circular N° 20, del Ministerio de Hacienda, dispone que el artículo 16, inciso segundo, de la ley de Presupuestos para 2003, establece que las entidades del sector público deberán enviar a la Dirección de Presupuestos, antes del 30 de abril de 2003, un informe de los gastos en publicidad y difusión que hubieren efectuado en el ejercicio presupuestario 2002, especificando las actividades realizadas y sus montos respectivos.
Para el cumplimiento de esta disposición legal, corresponde que cada órgano y servicio público remita a la Dirección de Presupuestos un informe referido dentro del plazo señalado.
A lo anterior, Casa de Moneda dio cumplimiento mediante oficio Nº 194, de 30 de abril de 2003, en el que se informó, entre otros, la publicación contratada a la empresa Intermedia Limitada para la publicación del aviso corporativo sobre Casa de Moneda en el diario alemán Der Tagesspiegel .
A mayor abundamiento, la actuación cuestionada se encuentra autorizada por el artículo 16 de la ley Nº 19.774, ley de Presupuestos del sector publico para 2002, contando además la Casa de Moneda con los fondos necesarios para ello.
En consecuencia, esta supuesta ilegalidad, que ha servido de base para la creación de la Comisión Investigadora, es inexistente, como también lo es el que esta publicación haya sido objetada y rechazada por la Contraloría General de la República.
Añadió que esta acusación, al igual que otras, tuvo su origen en una presentación de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Casa de Moneda de Chile. Por eso debió pronunciarse la Contraloría General de la República.
Respecto de si tiene facultades para realizar este gasto, cree que la propia Contraloría así lo señala. Conviene que repita lo consignado en el informe Nº 03363, de 26 de enero, de la Contraloría. Ella dice si sus actos son jurídicamente legales.
Aclaró que si la Contraloría no hizo ninguna objeción legal a esto es porque, evidentemente, debe haberlo analizado a la luz de la ley orgánica de la Casa de Moneda, como así lo señala. De conformidad con lo ya mencionado, letra i), del artículo 1º de la ley orgánica de la Casa de Moneda, esta entidad está facultada para contratar ese servicio.
¿En qué partida? Figura en el informe de gastos, al que aludió con anterioridad, solicitado por Hacienda mediante el oficio Nº 20. Allí se manifiesta expresamente que en el capítulo 06, Casa de Moneda de Chile, programa 1, item 23 de gastos.
Siempre el ítem 23 ha existido en la Casa de Moneda, aunque señala que no sabría decir el origen. No sabe por qué la Casa de Moneda no tiene ítem 22 y sí tiene ítem 23. Todos los gastos de la Casa de Moneda se imputan al ítem 23.
Precisó que todo lo que no tiene que ver con gastos en recursos humanos, en vez de ir normalmente como va en los otros servicios en el ítem 22, en este caso, va al ítem 23, en forma especial. Desconoce si esto se ha hecho antes o no.
La Casa de Moneda de Chile normalmente no hace publicidad en Chile, salvo por caso de licitaciones y ese tipo de situaciones. Pero aquí se está en un caso difícilmente comparable en lo que significa publicar en un diario alemán, con 500 mil ejemplares de tiraje, de lo que pueda significar la publicación en Chile en cualquier diario con un tiraje no superior a los 10 mil ó 15 mil ejemplares en sus mejores días.
En todo caso, un aviso de esa naturaleza, en ?El Mercurio? o en ?La Tercera? tiene un costo similar, con un tiraje muy inferior.
Agregó que buscaban hacer una cooperación efectiva de la institución más antigua del país y apoyar la imagen del país, producto de este acuerdo. Esa es la razón por la cual se tomó la decisión de incorporarse en esta situación.
Ante la consulta de si existe un documento u otro informe de la Contraloría que tenga que ver con esta materia y donde esta publicación haya sido objetada y rechazada, respondió que no existe. Este es el único informe que se refiere a esta situación y fue evacuado el 26 de enero de 2004.
Ante el comentario de que hay otro informe que consta en el legajo de la Contraloría y una nueva solicitud de los funcionarios de 4 de febrero de 2004 y una nueva respuesta de la Contraloría de 12 de abril de 2004, puntualiza que se refería a que no habría otro pronunciándose sobre la esencia de lo que se consultó. Eso se refirió, en definitiva, a que, después de evacuarse este informe, la misma asociación de funcionarios pidió al servicio contralor que le señalara por qué se había imputado en este item y no en otro.
Ante la pregunta de si luego de la publicación aludida, se llevó a cabo algún contacto importante para la Casa de Moneda, señala que con los proveedores se produjo mayor aproximación en términos de ofrecer distintos insumos para la Casa de Moneda; pero no ocurrió lo mismo con posibles clientes.
Preguntado de si no se concretó la posibilidad de imprimir en Chile para otros países a raíz de esa publicación, indica que habría sido fantástico que eso hubiese ocurrido, porque habría sido muy rentable que producto de un aviso publicado en el inserto de un diario se hubiese conseguido lograr negocios en el área. Espera que la próxima publicación produzca efectos inmediatos.
Comentó que es efectivo que se habían impreso billetes para diversos países del mundo.
Respecto de la acusación infundada consignada en el segundo punto del proyecto de acuerdo, referida a la deuda que mantiene la Casa de Moneda con el Servicio Nacional de Aduanas por el no pago de derechos de importación, se afirma como argumento para la constitución de esta Comisión Investigadora que en referencia al pago de derechos de importación de papel de seguridad para la fabricación de bonos para la República Argentina, hasta hoy Casa de Moneda no ha pagado esos derechos, produciendo un perjuicio claro y serio al Fisco.
La materia prima en referencia -papel de alta seguridad- fue importada bajo la modalidad especial de admisión para perfeccionamiento activo en la época en que Casa de Moneda fabricaba unos billetes para la provincia argentina de Córdoba, de conformidad con lo previsto en el decreto N° 473, de 2003, del Ministerio de Hacienda. Esta normativa consiste en una solicitud especial en la que quedan sujetas por un plazo limitado las materias primas adquiridas en el extranjero cuyo destino sea la elaboración de un producto final que será exportado.
No obstante lo anteriormente expuesto, y debido a la urgencia en el giro del papel de seguridad de bóvedas y talleres de producción, esta materia prima se utilizó en la fabricación de una serie de productos requeridos para la distribución y consumo nacional, tales como cheques de la operación renta, licencias de conducir, licencias médicas, certificados de escuelas de conductores y cursos de especialización de conductores, letras hipotecarias, sellos, elementos de seguridad.
Con fecha 21 de agosto de 2003, Casa de Moneda fue informada de que esas declaraciones no se encontraban afinadas conforme al procedimiento establecido en el decreto Nº 473 citado, por lo que, habiéndose vencido el plazo previsto para concretar la exportación de los productos, Casa de Moneda se acogió a lo establecido en el artículo 9º del citado decreto Nº 473, cuyo inciso primero señala que transcurrido el plazo de depósito autorizado o las prórrogas pertinentes las mercancías presuntamente abandonadas podrían ser importadas previo pago de los derechos y recargos que afectan su importación, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 107, y artículo 154, ambos de la Ordenanza de Aduanas.
Por ende, y ciñéndose a esta norma, la Casa de Moneda efectuó el pago de los correspondientes derechos aduaneros que gravan su importación. En este contexto, los pagos por importación de papel de seguridad se efectuaron según consta fehacientemente en las declaraciones de ingreso son cuatro, correspondientes a pagos efectuados el 5 y el 3 de septiembre de 2003, respectivamente.
En consecuencia, esta acusación es falsa, ya que la deuda que la fundamenta es inexistente, pues todos los derechos aduaneros de importación fueron cancelados.
Ante diversas dudas respecto a importaciones realizadas por Casa de Moneda de Chile, señala que existe un oficio de marzo de 2002, pero, en ese momento, en que estaban vigentes los permisos para mantener los insumos en este régimen especial. No había ninguna situación que ameritara que, en definitiva, por no producir exportación, pidieran a Aduanas la suspensión del derecho y del pago, porque iban a ser usados para producir artículos nacionales.
En agosto de 2003, cuando este procedimiento se encontraba vigente, como corresponde a cualquier empresa que hace algún tipo de importación de insumos, fueron donde el agente de Aduanas que administra nuestra cartera, quien les informó que el permiso había vencido. En definitiva, esos insumos no iban a ser usados y para hacer una producción que fuera remesada al exterior había que congelar los derechos y, por lo tanto, podían ser usados por Casa de Moneda para sus productos nacionales.
Señaló que al no ser utilizados para producir productos exportables, Casa de Moneda pagó los derechos correspondientes y los insumos se usaron para elaborar otros productos nacionales.
En relación a la afirmación de que el señor Lara reconoce ahora que en febrero o marzo de 2002 se le informó a Casa de Moneda que había derechos no pagados. Y a la consulta de si estaba vigente la norma o el permiso a fines de 2001 o a principios de 2002, respondió que a fines de 2001 y principios de 2002.
Agregó que durante 2002 el sistema estuvo vigente y sin atrasos. Por lo tanto, las comunicaciones de febrero, marzo o cualquier otro mes de ese año no necesariamente implicaban que Casa de Moneda estuviera en mora. Esta importación la hizo y, como corresponde, pidió ampliación de plazo para ver la posibilidad de concretar el negocio. Estuvo vigente durante 2002 y no hay ningún tipo de atraso en el pago o en la rendición respecto de esta forma de importación original que se había hecho. En dicho año Casa de Moneda no tiene ningún tipo de incumplimiento con respecto a este tema.
Los plazos de vencimientos eran distintos; estaban entre enero y febrero, con la ampliación de plazo solicitada. Entonces, cuando en agosto les dijeron que había que regularizar febrero, se tomaron las acciones para regularizar el proceso dentro del plazo de 15 días.
Finalmente, los productos que pensaban exportar, para los cuales habían sido importados los insumos, no llegaron a concretarse.
Respecto del recargo, efectivamente, al igual que cualquier cesión de esta naturaleza, se solicitó a Tesorería General de la República y Aduanas la condonación de los recargos -que concedió Aduanas- y no procedieron a pagar ningún tipo de recargo. Por lo tanto, no hubo pagos adicionales respecto de los valores que correspondía cancelar.
Acerca de los papeles de seguridad en bobinas para confección de pasaportes para la vecina República de la Argentina y los elementos que lo distinguen como papel de seguridad, expresa que el papel que fue importado para ese objetivo fue uno de seguridad que Casa Moneda ha producido en todos los productos señalados. El papel que se ofreció a Argentina es distinto del que se utiliza en el pasaporte chileno; no tiene nada que ver con él. Pero tampoco resultó la posibilidad de hacer ese negocio. Precisa que se trata de un papel de seguridad que tiene el timbre de agua de la Casa de Moneda y otras condiciones de seguridad. Por ejemplo, fibrillas visibles o invisibles a la luz UV y con una característica de porosidad y durabilidad especial. Ése es el papel del que están hablando y que ofrecieron. Sin embargo, sigue sin entender cuál es el fondo de la pregunta. Se trata de un papel de seguridad con el que normalmente trabaja Casa Moneda, del cual hicieron el ofrecimiento que finalmente no se concretó.
En relación a la confección de bonos para la Argentina, indica que, según entiende, se hicieron bonos para la República Argentina, pero no con esa importación, sino con otras que se usaron específicamente para esos productos.
Reiteró que los bonos argentinos y todos los productos referidos se hacen con ese papel de seguridad que tiene la marca de agua de Casa de Moneda y algunas otras características especiales. Con eso hicieron los bonos argentinos. El tema de los pasaportes es un proyecto que no resultó.
Ahora, efectivamente, ese papel billete tiene esa marca de agua para el billete de mil pesos; tiene otra marca de agua para el de 5 mil pesos, porque es un papel especial, y no genérico, como el que ellos trabajan como papel de seguridad, que tiene estas otras características y que, por lo tanto, les sirve para hacer esos otros productos. Los argentinos los aceptaron para producir bonos para la República Argentina. Por lo tanto, con ese papel de seguridad produjeron los productos normales que hacen con ese papel y, en otra cantidad, lo usan para producir esos bonos que habían sido aceptados en ese papel. Pero nunca se aceptó el proyecto de hacer pasaportes para la República Argentina. Evidentemente, con ese papel no podrían haber hecho nada. Y si lo hubiera importado así, el mejor negocio que podría haber hecho Casa de Moneda, además de no pagar los derechos, como dijo el Director de Aduanas en su oportunidad, es haberlos dejado ahí y, posiblemente, nadie los habría podido rematar. Ese papel, en esas condiciones, con esa marca especial de agua, se habría perdido. No era un papel con la marca de agua que tenía el pasaporte argentino.
Ante diversas consultas referidas a la importación de papel, comenta que el papel que trajeron es uno solo. Es papel de seguridad, que tiene el timbre de agua de Casa de Moneda, que fue el tipo de papel usado posteriormente en otras partidas para producir los bonos argentinos, y que fue después usado en todos los productos que usan ese papel de seguridad.
El proyecto del pasaporte no resultó; pero no es que hayan traído un papel con la imagen de don Domingo Faustino Sarmiento, para que ustedes después encuentren esa imagen en alguna licencia médica. Eso no es así. Ellos trajeron un papel que querían ofrecer para un producto determinado. Pero fue un proyecto que no resultó.
Pero el papel que trajeron era el papel de seguridad de la Casa de Moneda, papel con timbre de agua de la Casa de Moneda. El proyecto de pasaporte no resultó. Si Argentina hubiera querido hacerlo, posiblemente habrían tenido que importar -o lo hubieran enviado ellos- el papel con la imagen que quisieran poner. El papel que ellos trajeron -está la declaración de internación- es el papel de seguridad que usa Casa de Moneda.
Ante la pregunta de si el papel lo pueden utilizar en términos generales, es decir, para exportarlo y uso interno, contestó que en la medida de que el cliente lo acepte, se puede usar en términos generales.
En relación al punto de la deuda derivada de la compra de pintura a la empresa Alte S.A., que no alcanzó los índices de calidad para la confección de placas patentes por un valor de 112 millones de pesos, señala primeramente que en Chile las patentes no son pintadas, pero se confeccionan con tres elementos: aluminio, una cinta reflectante blanca y la pintura, que va en las letras y números.
Respecto de la deuda derivada de la compra de pintura a la industria Alte S.A. -que no alcanzó los índices de calidad para la confección de placas patentes- por un valor de 112 millones de pesos, expresa que Casa de Moneda jamás ha adquirido pintura por esa suma ni en esta licitación ni en las anteriores ni en las siguientes.
Casa de Moneda confecciona en su línea productiva de placas, los siguientes productos: juegos de placas patentes para vehículos nuevos para el programa regular del Servicio de Registro Civil, placas patentes de reposición, placas patentes para motos, placas patentes para vehículos de tracción animal, placas patentes para taxis básicos, turismo y colectivos; placas patentes para remolques, placas patentes provisorias, placas peligro de muerte, placas de detención y placas Carabineros de Chile.
De todas estas placas, las únicas que tienen especificaciones técnicas expresamente establecidas por nuestro cliente, el Servicio de Registro Civil, son las placas patentes del programa regular de dicho servicio y, por supuesto, las placas de reposición de las que se pierden.
Sin embargo, Casa de Moneda utiliza los mismos insumos en la fabricación de todos los demás productos señalados. Los tres insumos antes señalados son importados, tanto el aluminio como la cinta reflectante y la tinta o pintura, y se circunscribe a un mercado limitado de proveedores.
Al iniciar el programa anual de producción de la línea placas patentes, Casa de Moneda sólo conoce las necesidades de insumo para la fabricación del programa regular de placas, efectuando una proyección de las materias primas que serán requeridas para los demás productos. De esta forma, para optimizar las condiciones de compra se adquieren conjuntamente, a través de un proceso anual de licitación, el total de los insumos requeridos.
En este contexto, en diciembre de 2001 se llevó a cabo un proceso de licitación pública destinado a la adquisición de insumos para placas patentes, cintas reflectantes, pintura y solventes para la ejecución del programa regular de placas patentes del año 2002, del Registro Civil .
Las bases administrativas y las especificaciones técnicas que regularon dicho proceso fueron sometidas a control de legalidad efectuado por la Contraloría General de la República, que tomó razón de ellas.
Este proceso de licitación fue adjudicado a la empresa oferente que presentó el precio más conveniente y las mejores condiciones de calidad, de acuerdo a los controles de calidad normalmente efectuados para estos insumos por Casa de Moneda.
Recibida por Casa de Moneda la primera de las tres entregas pactadas con la empresa adjudicada y una vez iniciado el proceso productivo, se advirtió que la materia prima poseía condiciones que hacían más engorroso y lento dicho proceso en la línea específica del programa regular de placas patentes para el Registro Civil , poniendo en riesgo la puntualidad de las fechas de entrega comprometidas con el cliente. Por esta razón, se tomó la decisión de resciliar el contrato.
Mediante el proceso de licitación, se adjudicó la compra de 36 galones de pintura o tinta, por la suma de 2.450.934 pesos; 733 rollos de cinta reflectante, por un valor de 110.364.062 pesos, y 10 galones de solvente, por un valor total de 39.278 pesos. El total del contrato asciende a la suma de 112.854.284 pesos.
Cabe señalar que, del monto total del contrato y dada la resciliación del mismo, Casa de Moneda sólo pagó a la empresa adjudicada la suma única y total de 19.452.698 pesos, correspondiente a 122 rollos de cinta reflectante, 24 galones de tinta o pintura, por un valor de 1.633.000 pesos, y 10 galones de solvente, por 39.278 pesos. Se descuenta de estos valores la suma de 589.466 pesos, correspondientes a pruebas realizadas.
Por las razones expuestas, estos insumos se utilizaron en procesos de la línea de producción de placas menos exigentes en cuanto a la velocidad y tiempo de producción. Los productos fueron efectivamente utilizados, aprovechando, además, su valor costo, sin que se generara ningún perjuicio ni pérdida económica para Casa de Moneda.
El problema con que se encuentra tiene que ver, por ejemplo, con que normalmente los proveedores de cinta reflectante, elemento de aluminio estandarizado, son las empresas 3M, de procedencia estadounidense; Utsch , que, en el fondo, es 3M de Alemania, y otra llamada Avery Dennison , también norteamericana. En esta licitación se presentó la empresa Alte S. A., cuyos materiales eran de procedencia japonesa. Esos son los tres proveedores que hay normalmente, más el otro que se presentaba en esta ocasión.
Las dificultades tenían que ver con que habitualmente la cinta viene en rollos de 183 y de 300 metros de largo, aproximadamente. Los de la empresa alemana miden 300 metros y los de la norteamericana 180 metros. Esos rollos no vienen continuos, sino que tienen algunos cortes que van pegados en algunas partes.
En el caso específico de esta licitación y de la adjudicación de esta empresa, los cortes que venían en los rollos eran un poco mayores que los que normalmente pide Casa de Moneda.
Los procesos en nuestra institución se realizan con maquinarias bastante antiguas, lo cual significaba una demora en términos de reiniciar el proceso productivo y de una eventual mayor merma que se podía producir a causa de esta situación.
En el caso de la tinta, la dificultad que ésta presentaba era en términos de la adscripción al tape que se usa. Por ese motivo, sólo se recibió esa primera entrega del total adjudicado en su momento y, posteriormente, se procedió a la resciliación de ese contrato.
En consecuencia, el argumento relativo a este punto del proyecto de acuerdo resulta ser erróneo e infundado, por cuanto, primero, Casa de Moneda no tiene deuda alguna y, segundo, ésta no es por 120 mil dólares ni por ninguna otra cantidad originada por la compra de pintura para placas patentes, ni, menos aún, se ha duplicado la compra de estos productos.
Cabe señalar que el cuestionamiento efectuado a la empresa adjudicada, por la participación en ella de dos personas que se desempeñan en calidad de funcionarios públicos, carece de todo fundamento. En efecto, la estructura societaria de la empresa adjudicada está conformada por tres sociedades: Sociedad Mastino, con 50 por ciento; una persona natural, y la Sociedad de Inversiones y Comercial Borgoño Limitada, con 40 por ciento del capital social. De esta última son accionistas los dos funcionarios públicos aludidos.
En este caso, no se configura ninguna de las incompatibilidades señaladas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ni en la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
La normativa en referencia señala que son contrarias al ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o a casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan, disposición que, en este caso, no ha sido infringida, ya que, a la época en que se adjudicó la licitación, uno de los socios de la Sociedad de Inversiones y Comercial Borgoño Limitada no era funcionario público y el otro, siéndolo, no se desempeñaba en Casa de Moneda.
Además, frente a situaciones de esta naturaleza, la Contraloría General de la República se ha pronunciado en este mismo sentido, señalando que no existe infracción a las normas sobre probidad administrativa.
Ante las consultas de por qué se optó por una empresa de origen japonés, en circunstancias de que un proveedor de prestigio internacional como 3M había presentado una oferta; por qué las cajas que ingresaron a Casa de Moneda con estos rollos decían “Made in China”; si acaso la empresa Alte S. A. suscribió otros contratos con Casa de Moneda; históricamente, 3M, tanto la empresa americana como su filial alemana, fue el proveedor de los insumos para placas de estas características; por qué en esta licitación en particular se pide la constitución societaria de las empresas, en circunstancias de que en procesos anteriores nunca se había pedido; es común que frente a materias tan específicas, después de realizadas las pruebas, se llegue a la conclusión de que los productos no cuentan con la calidad que se requiere; cómo califica la calidad de los sistemas de control de Casa de Moneda; participan expertos en esa función; cuál es el nivel de riesgos de los insumos; se emplea ese sistema con asiduidad; considera que en este caso hubo negligencia, es decir, que no se cumplieron los procedimientos propios de los controles de calidad y acerca de los detalles de la licitación pública, respondió el señor Antonio Lara que, en primer lugar, la licitación fue pública, llamada a través de la prensa, adjudicada 20 días después. En esa licitación la empresa 3M se presentó pero quedó fuera porque no adjuntó certificado de vigencia de la sociedad, hecho realmente lamentable que en ese momento -está hablando de diciembre de 2001-, por lo menos durante su gestión, han sido absolutamente transparentes en el sentido de que cada vez que hay una licitación se solicitan todos los antecedentes legales.
Esa fue la razón por la cual esta empresa quedó fuera de la licitación. Eso significó que quedaron dos empresas -Alte S. A. y Avery Dennison -.
Históricamente, Casa de Moneda ha hecho controles de calidad. Para ello cuenta con un departamento de Control de Calidad que efectúa ese examen. De éste emanó un informe en el que señala que para las cintas reflectantes la mejor alternativa, la mejor calidad, la brindaba la empresa Alte S. A.. El precio más conveniente también lo ofrecía esa empresa.
Ante el requerimiento de si la decisión de control de calidad y precio es paralela, o primero se ve el precio y después pasa al control de calidad, contestó que el control de calidad es primero. Si el producto ofrecido no pasa el control de calidad, significa que queda fuera, del mismo modo que en el caso de haber presentado algún tipo de certificación legal.
Esa es la razón por la cual el contrato fue adjudicado a la empresa Alte S. A..
Por lo cotidiano del proceso, que se torna transparente desde 1979, Casa de Moneda ha hecho un control de calidad sobre el tape. El proveedor ofrece el tape y las tinturas.
Expresó que desde que conoce Casa de Moneda y de lo que ha sucedido hacia adelante, no han tenido ese problema de que en algún momento la cinta reflectante o la pintura tuviera alguna dificultad para pegarse al tape. El control de calidad que hacen tiene que ver con la cinta reflectante.
Respecto de que el producto era tóxico, dice que no hay ninguna comprobación de ello. Todas las pinturas tienen algún grado de toxicidad. En Casa de Moneda hay un comité paritario; se dispone de una ambulancia, de propiedad de la institución, y no hay constatación de que en el uso de esta pintura algún empleado haya sufrido algún tipo de toxicidad. No les consta ni hay prueba alguna en el Departamento de Prevención de Riesgos ni en el Comité Paritario.
No tiene antecedentes de denuncia alguna expresa de algún funcionario respecto del tema. Las personas que trabajan en esa área lo siguen haciendo con normalidad. Sin embargo, están preocupados porque esto tiene solventes. Más que la pintura, el solvente es el que tiene ciertos elementos tóxicos. Por eso se trabaja con mascarilla.
En los últimos años, se han preocupado en forma permanente de ir mejorando las condiciones en que se trabaja, como la ventilación, la extracción de gases, etcétera.
Respecto de este tema quiere ser muy transparente. No tiene antecedentes de denuncias de que con esta tinta haya habido en un momento algún tipo de afección que implicara que las personas acudieran a algún recinto asistencial. Además, hay una doctora que asiste mediodía todos los días.
Señaló que para ellos resultó lamentable que un productor normal quedara afuera. Ahora, normalmente, también han hecho el intento -por eso era importante que la empresa hubiera cumplido con las condiciones que necesitaban- de ampliar la gama de proveedores y, a lo mejor, habría sido parte de otra comisión investigadora el hecho de que durante un período de tiempo relativamente importante hubiera aparecido un solo proveedor de algunos de estos insumos y permanentemente adjudicado en Casa de Moneda, habiendo otros. Para ello, se llama a licitación pública cuando se tiene el tiempo necesario y se adjudica de acuerdo con las condiciones de control de calidad que se establecen para las cintas reflectantes y el nivel de precio.
Como la otra empresa alemana, no se presentó a esa licitación, se quedaron con una licitación que contenía un programa que partía en enero. Se llamó a licitación en diciembre y las únicas empresas que se presentaron fueron éstas.
Acerca de la licitación, entiende que establecen aproximadamente diez días hábiles entre el llamado a concurso y la presentación de la documentación correspondiente.
Respecto de la consulta en cuanto a si la empresa Alte S. A. había tenido contratos anteriores, ya señaló que no fue así. Ésa era la primera vez que se presentaba a este tipo de licitación.
En cuanto a otra consulta, dentro de los antecedentes legales que solicitaron como condición para participar en una licitación se establece una serie de requisitos legales que las empresas deben cumplir. Eso se pidió a estas empresas y a otras, porque ése ha sido el procedimiento habitual a partir de octubre de 2001, desde el momento en que asumió en la Casa de Moneda. Cada vez que hay una licitación se solicita este tipo de antecedentes.
Respecto de por qué no se cobró la orden de garantía, quiere ser muy claro. En este caso se produjo una primera entrega de aproximadamente 19 millones de pesos, lo que no alcanza a ser un tercio del total, y otras dos entregas de mayor volumen. Debido a los problemas que tenían con los cortes y con la lentitud del proceso, tomaron la decisión de entrar en un proceso de resciliación y no en un litigio que podría terminar en los tribunales. Eso significaba que recibirían todo el contrato completo, por lo que ya no hablarían de aproximadamente 19 millones de pesos, sino de alrededor de 120 millones de pesos. Como la boleta de garantía cubría entre el 5 y el 10 por ciento del total de la adjudicación -lo que es normal en este tipo de contratos-, dicho documento tampoco significaba que, además de tener un juicio, había una mercadería que querían dejar sólo hasta la cantidad entregada. En consecuencia, tomaron la decisión de resciliar el contrato, porque tanto las cintas como los otros productos señalados fueron efectivamente usados. Entonces, a ellos les convenía recibir esa partida y resciliar el contrato, ya que el resto de los productos se podía usar porque tenían un precio conveniente y aprobaron el control de calidad.
Respecto de la toxicidad de las tintas adquiridas y del contrato con la empresa 3M, aclaró que en el caso de toxicidad, en la empresa productiva de Casa de Moneda es el uso de materias primas de consumo que, por definición y de acuerdo con sus especificaciones técnicas, poseen niveles de toxicidad que requieren la utilización de implementos y medidas de seguridad, con la finalidad de evitar efectos nocivos en el personal que los manipula.
En este contexto, Casa de Moneda provee al personal que se desempeña en áreas de exposiciones a este tipo de riesgo, de máscaras, guantes y otros equipos, manteniendo, además, la infraestructura requerida para estos fines.
En realidad, los principales problemas de toxicidad están en el área de emisión de billetes, a propósito de las tintas que se utilizan y de algunos productos que se utilizan en el sistema serigráfico; pero, particularmente en el caso de fabricación de placas patente, durante los dos últimos años se ha implementado un programa de mejoramiento del entorno laboral, consistente en una serie de medidas: colocación de sensores al horno eléctrico de secado de placas para mantener la temperatura constante con reciclado de aire caliente a fin de evitar la contaminación ambiental de los operarios; mejoramiento de los sistemas de extracción de gases solventes de pintura, para lo cual en la actualidad se está trabajando en su optimización. Lo anterior, que es una primera etapa, consiste en la readecuación de los ductos de extracción hacia el exterior, para finalizar con un aumento sustancial en la extracción en beneficio de la salud del personal. Debido a que estos solventes se guardaban en la zona de pintura de relieve, se habilitó una nueva sala con la finalidad de separar esto de la zona de operación, para beneficio y seguridad directa del ambiente laboral. Además, se hizo la instalación del aire acondicionado, pintura de la sala, persianas y, con el mismo objetivo, la pintura de la sala de corte y estampado, incluyendo la instalación de persianas, mejoramiento de la iluminación, reforzamiento del sistema de montacargas, en resguardo de la seguridad de las personas y enrolamiento del acceso a la sección de placas patente.
Además, Casa de Moneda de Chile pertenece a la Central Nacional de Seguridad, organismo que no ha recibido denuncias sobre la toxicidad de los insumos en referencia, ni efectuado observación alguna sobre el punto.
Se han revisado las actas del Comité Paritario de 2002 y 2003, todos los informes del Departamento de Prevención de Riesgo y tampoco han encontrado, respecto del área de placas patente, alguna indicación de alguien que haya dicho que hubo problemas con alguna persona.
Además, tienen certificado de la Asociación Chilena de Seguridad, en el cual también se señala que Casa de Moneda ha mejorado notablemente en materia de ambiente laboral, en los niveles de seguridad y que no tiene dificultades en áreas específicas alguna, particularmente en la de producción de placas patente.
Casa de Moneda adquirió insumos a la empresa 3M Chile para ejecutar el programa de fabricación de placas patente del Servicio de Registro Civil e Identificación previo proceso de licitación privada. Efectuadas las evaluaciones técnicas y económicas de las ofertas, se resolvió adjudicar a la empresa 3M, porque presentaba las mejores condiciones técnicas, según lo informado por el departamento de calidad, a la cual se adquirieron 450 rollos de cinta, 25 galones de tinta o pintura y 7 galones de solventes.
El total de dicha operación no fue de 120 mil dólares -lo señala porque podría pensarse que se efectuó una aproximación matemática para alcanzar esa cifra-, sino de 101.016 dólares, los cuales, de acuerdo con el tipo de cambio a la fecha, eran equivalentes a 68 millones de pesos.
A la licitación se presentaron dos empresas, 3M y Avery Dennison . Utsch también compró las bases de licitación, pero finalmente no presentó oferta.
Ante la pregunta de si es prerrequisito para cada adquisición de Casa de Moneda la opinión del Departamento de Control de Calidad, respondió el señor Lara que cada vez que Casa de Moneda adquiere cintas para la fabricación de placas patente ellas son sometidas a la evaluación del Departamento de Control de Calidad. Normalmente, se adquiere una combinación de insumos, pero la elección siempre es por el total de la combinación que se requiere, como cintas, pinturas y solventes. Casa de Moneda siempre ha operado de esa forma y ha efectuado el control de calidad de las cintas antes de iniciar el proceso productivo.
Sobre la resciliación del contrato, que obviamente fue bastante largo y en el cual el subdirector de Producción, específicamente, participó en las conversaciones sobre esa materia fue una decisión que se tomó en función de los informes que se tenían. Señala que lo que tienen es un problema respecto de la utilización de estos insumos en conjunto en las placas patente del Registro Civil . Efectivamente, dijeron que había existido un problema y que el programa normal del Registro Civil había sido trabajado después con otras placas patente; no con estos insumos.
De manera que no hay ninguna omisión ni tampoco existe desconocimiento respecto de si conoce la información sobre la que consulta. Efectivamente, la conocen, y en función de esa información que se le entrega -particularmente la segunda, porque, a su entender, la primera, que se refiere al olor, es francamente irrelevante-, o el memorando que se señala, decidieron mantener la entrega que ya se había hecho, pero resciliar el contrato porque, efectivamente, para el contrato normal de placas patentes les iba a traer problemas al hacer el proceso, porque se haría lento y engorroso, lo que podía significar atrasos. Por eso se decidió hacer lo que finalmente se realizó.
Recuerda que en la Casa de Moneda históricamente ha habido un Departamento de Control de Calidad y que lo que se ha analizado son las cintas. Siente que hay un interés de confundir el tema a través de una interpretación de las cosas. Lo que se hizo fue un control de calidad de la cinta, que es lo que históricamente Casa de Moneda siempre ha hecho y que el Departamento de Control de Calidad señaló que entre las opciones que existían, la mejor, en términos de control de calidad, era Alte S. A.. Por lo tanto, ésta cumplía las condiciones que se necesitaban, con el objeto de seguir con el proceso de licitación. O sea, no ha habido ningún tipo de omisión o incongruencia respecto de lo señalado.
En relación con la toxicidad reitero que hay una indicación en cuanto a que tiene un olor distinto y una apreciación del director que dice que es contaminante. El cigarrillo también lo es. Uno también podría indicar que un ambiente contaminante es un lugar donde hay mucho humo. La única forma de definir si el producto era tóxico y si esa toxicidad -que por lo demás es común en Casa de Moneda no sólo en esas áreas- había provocado concretamente algún problema, era acudir a los únicos instrumentos que tienen.
En cuanto a lo señalado en una de las reuniones que el comité paritario sostiene permanentemente, en el sentido que hubiera alguna toxicidad de este producto que provocara algún malestar en las personas, vuelve a señalar que no tienen constancia de ello, pues han revisado todas las actas. El Departamento de Prevención de Riesgos señaló en algún momento que se debía tener cuidado con la toxicidad. No lo indica respecto del área de placas patente, pero sí de otras áreas.
En cuanto a si la Asociación Chilena de Seguridad recibió a algunas personas de la Casa de Moneda con algún nivel de malestar a consecuencia de la toxicidad, nunca enviaron a nadie allá. Entonces, se usó la cinta, y no hay ningún informe que en algún momento hayan debido evacuar ni suspender la actividad de una persona producto del uso de algún elemento tóxico. Le parece que la confusión no viene de la dirección de Casa de Moneda, porque han sido extremadamente transparentes en ese sentido. Desde que comenzaron a analizar el tema han dicho que el control de calidad en nuestra institución se refiere a la cinta.
En el memorando se señala que el problema existente les ratifica lo que han señalado, en el sentido de que hay un problema de cortes en la cinta y, por lo tanto, podría haber una dificultad en el contrato normal con el Servicio de Registro Civil, cuestión que también manifestaron en su oportunidad. No hay problema en eso, porque están diciendo lo mismo, basado en esa información y en toda la que tienen en la empresa. De manera que decidieron resciliar ese contrato, porque no pudieron llevar adelante el contrato con el Registro Civil en su programa normal de placas patente. La dirección decidió terminar ese contrato a través de un método que implica recurrir a los tribunales de justicia o hacerlo por un proceso mediante el cual se pueda llegar a una situación más normal que no implique que se pueda caer en un perjuicio económico real de la institución. Han señalado todas esas cosas. O sea, no hay ningún dato nuevo respecto de lo que dijeron ni tampoco otro distinto a los que ya ha señalado.
Por último, respecto del tema de la Utsch, hay una confusión entre la Utsch alemana y la inglesa. Quiere aclarar que la empresa Utsch es alemana.
Le solicitaron remitirse sólo al proyecto de acuerdo y éste apunta a tres temas. En primer lugar, el contrato con Alte S. A., donde se señala que se habrían comprado pinturas por 112 millones de pesos. La verdad es que no hay pinturas por ese precio. Piensa que hay una confusión, pues no se trata de pinturas, sino de insumos. Por eso, ya se dio una explicación clara y transparente de que el contrato no era por pinturas, sino por tres productos distintos.
Reitera que nunca se pagó esa cantidad a la empresa Alte S. A., sino que se hizo una resciliación de contrato.
La segunda irregularidad denunciada en el proyecto de acuerdo es la toxicidad en las pinturas que provocó que este contrato se terminara.
Cree que con todos los elementos de seguridad existentes en Casa de Moneda y con todas las instituciones de seguridad funcionando permanentemente, han demostrado que no hay constancia que hubiera existido daño a alguna persona en algún momento. Cree que respondió ese punto de manera consistente.
La tercera irregularidad señalada en el proyecto de acuerdo es que existía un contrato con 3M por 120 mil dólares. Efectivamente se hizo una adquisición a 3M, pero no por la cantidad mencionada. No fue por repetición ni por duplicidad, sino para completar el programa de producción de 2002 con los insumos que se requerían.
Asimismo, era por pinturas, pero no se compran pinturas por 112 millones de pesos ni por 120 mil dólares. Dijo que había una combinación de insumos, que es lo que normalmente se hace.
Añadió que el contrato con la empresa Alte S. A. se rescilió el 2 de junio de 2002.
Aclaró que entre el 5 de marzo y el 2 de junio, fecha en que se rescilió el contrato, no se recibió un solo insumo de la empresa Alte S. A.. Lo dice porque puede quedar la impresión de que se siguió trabajando después de que se hicieron las advertencias señaladas. Sólo recibieron la primera entrega, hecho que ocurrió en los primeros días de febrero. En eso están involucrados los 19 millones. Después, se suspendieron las entregas.
La cuarta acusación señala que el extravío de billetes defectuoso fue de aproximadamente de 10 millones de pesos no denunciados ante autoridad alguna hasta la fecha. Contrariamente a lo señalado en el proyecto de acuerdo, con fecha 28 de octubre de 2003 e inmediatamente después de tomar conocimiento del presunto extravío de las especies, el director de Casa de Moneda denunció ante el 14° Juzgado del Crimen de Santiago la desaparición de dos fajos de billetes defectuosos, de quinientas especies cada uno, de la denominación de diez mil pesos. Estos billetes, por adolecer de defectos en su impresión, se encontraban en proceso de inutilización y trituración.
Paralelamente a la denuncia judicial de los hechos y con la finalidad de determinar fehacientemente la existencia del mismo y las eventuales responsabilidades administrativas involucradas, se ordenó la sustanciación de una investigación sumaria mediante resolución exenta Nº 881, de 21 de octubre de 2003, que posteriormente fue elevada a sumario administrativo por resolución exenta Nº 921, de 31 de octubre de 2003.
Con la misma fecha -31 de octubre de 2003-, se ofició al Consejo de Defensa del Estado solicitando que se hiciera parte en la causa criminal seguida ante el 14° Juzgado del Crimen.
A la fecha, se prosigue con la sustanciación del sumario administrativo, el que se encuentra en su fase final de tramitación y se efectúan las diligencias en la causa criminal que cuenta con el patrocinio del abogado que para estos efectos fue designado por el Consejo de Defensa del Estado.
Por lo tanto, nuevamente se está frente a una situación errónea, ya que, inmediatamente de conocida la situación en referencia, el servicio adoptó, en tiempo y forma, todas las acciones administrativas y judiciales pertinentes.
Ante la observación de saber si es o no normal que frente a pérdidas, sobre todo que están hablando de Casa de Moneda y de lo que significa, se inicien investigaciones sumarias y si arrojan resultados después se denuncia ante los tribunales, comenta que es completamente normal. Fue informado el 21 de octubre que ante un arqueo que se hace en la bóveda de Casa de Moneda aparece, en dos órdenes de elaboración que estaban complicadas entre ellas, la pérdida de dos fajos de billetes.
Lo que tenía que hacer, en primer lugar, era una investigación sumaria que acreditara que efectivamente era así, porque no puede ir a los tribunales y efectuar una denuncia de esta naturaleza y que después, hecha la investigación más detallada, se establezca que habían sido mal cortados, que estaban en otra parte o que aparecieron.
Entonces, lo primero que hace es una investigación sumaria que acredite el hecho, y se tienen cinco días para emitir un informe que acredite si efectivamente eso es así. Cuando el hecho está acreditado, se va a la justicia y realiza, en forma simultánea, las dos acciones que tiene que hacer. La investigación de Casa de Moneda demuestra que existe una presunción bastante fundada de que el hecho que denuncio es real y, en segundo lugar, tomo la acción administrativa de elevar la investigación sumaria a sumario.
Es absolutamente coherente lo que ha hecho. Se podría haber encontrado con una situación que ha pasado en la Casa de Moneda varias veces, diría que casi diariamente -es una de las tensiones que se tiene-, en que alguien dice que se perdió tal cosa y después resulta que no es cierto, que estaba en un proceso distinto y se encontró.
Entonces, lo primero que se debe hacer es acreditar que, efectivamente, el hecho que se está denunciando existe, es real. Así lo demuestra la investigación sumaria. Por eso, después de acreditado en la investigación sumaria, recién ahí hace la denuncia ante la justicia, como corresponde.
La investigación sumaria fue sumamente útil, porque se pudo establecer lo que en un principio se había situado como sospecha respecto de una orden de la evaluación específica. No era así. Había una mezcla de billetes defectuosos. Se habría cambiado un par de fajos de billete de una orden a otra.
En segundo lugar, lo que están diciendo tiene que ver con billetes defectuosos. En el proceso de producción de billetes, que son bastantes miles de pliegos, se van acumulando los billetes defectuosos y se procede a marcar al billete con letras rojas en todas partes para inutilizarlo. Están hablando de una orden que estaba para ser triturada.
Por lo menos en la gestión que ha desempeñado, es la primera vez se produce una situación de esta naturaleza. Entiende que en una época anterior se pudo haber producido alguna pérdida menor, que también fue objeto de sumario y acerca de la cual se tomaron las medidas correctivas.
Tenían encargada y estaba por terminarse una asesoría que les permitiera determinar las principales áreas de riesgo de la empresa o los procesos en los cuales existía más riesgo, con el objeto de actualizar los procedimientos, mejorar las medidas de seguridad y minimizar el riesgo evidente en cualquiera de estos lugares donde se trabaja con dinero -lo están viendo todos los días- respecto de la pérdida o sustracción de este tipo de especies.
Una vez terminado eso, han iniciado el trabajo, particularmente en los medios del área de producción de billetes, con el objeto de reforzar los procedimientos y los controles que existen respecto de este tema. Por lo demás, también han dado una señal bastante importante y poderosa con un sumario que se encuentra en su etapa final para que el director dictamine sanciones ejemplarizadoras, en una primera instancia.
Agregó el señor Lara que no tiene información de que en el proceso hayan declarado las personas que tienen mayor responsabilidad respecto de la custodia o el cuidado de las bóvedas, del traslado de esas especies de una sección a otra. El juzgado les ha pedido que le entregue los procedimientos. Tienen certificado desde el año pasado sobre la línea de billete y del acuño de monedas, de manera que han entregado los procedimientos que existen. El proceso sigue en curso, pero no hay gente detenida ni dictamen alguno de la jueza o del juez del 14° Juzgado del Crimen , tribunal en el que está radicado el proceso.
Indicó que no aparecieron los billetes Añade que los billetes pueden ser defectuosos por varias razones. Por ejemplo, puede haber un problema de degradación en la máquina que se carga con cinta.
Ante la pregunta de si sabía qué defectos tenían estos billetes, respondió que los billetes defectuosos tienen el timbre “inutilizado” en todas partes. No pueden circular, porque nadie lo recibiría con el timbre “inutilizado” estampado, con letras rojas, nueve veces en cada cara. Dicho timbre se coloca una vez que la orden ha sido liquidada y que los especimenes restantes pasan a una sección especial para su inutilización. Una vez inutilizados pasan a una bóveda en espera de la trituración.
Uno de los problemas que tuvieron fue que en Casa de Moneda todo lo que es especie valorada, en particular los billetes, sólo pueden ser triturados en presencia de un funcionario de la Contraloría General de la República, el que concurre sólo una vez a la semana. Debido a eso, disponen de muy poco tiempo para triturar todo lo que les gustaría, lo que produjo una acumulación que los tenía preocupados. De hecho, tiene copia de las cartas en las que pidió al Contralor General de la República que designe a más personal o que el funcionario que designe concurra a Casa de Moneda durante más días, con el objeto de terminar con la trituración de billetes. En definitiva, el Contralor accedió a esa petición, de manera que a fines del año pasado Casa de Moneda se encontraba con órdenes terminadas, pues una vez que los billetes fueron triturados se acabó el proceso. Era un billete que sólo debía circular y de interés de coleccionistas, por ejemplo. Por eso se presentó la denuncia a la justicia.
Respecto de la compra de máquinas calcográficas y la pérdida de matrices para la fabricación de billetes, señala que la división de auditoria administrativa de la Contraloría General de la República evacuó su informe número 41, del 16 de marzo de 1999 sobre el punto. En este caso, se refieren a la adquisición de máquinas calcográficas producidas los años 1991 y 1998, y acerca de una denuncia sobre la pérdida de matrices el año 1999.
Acerca de las máquinas calcográficas, la Contraloría General de la República señaló en su informe lo siguiente:
“Respecto de las máquinas calcográficas adquiridas por Casa de Moneda entre los años 1991 y 1998, esas adquisiciones se efectuaron dando cumplimiento a todos los requerimientos legales y técnicos propios de este tipo de operaciones.
Los procedimientos utilizados no merecieron observaciones a la Contraloría General de la República al tomar razón de las resoluciones dictadas al efecto.
Respecto de la pérdida de matrices y planchas para la confección de billetes, el aludido informe señala que en el recuento realizado por el organismo contralor se verificó que en la institución no faltan matrices para la impresión de billetes de 10 mil pesos, ni que éstas hubiesen salido en forma transitoria del lugar en que se custodian.”
Ante la solicitud de que proporcione más detalles de la denuncia en que hubo pérdida de matricería y planchas para la confección de billetes de diez mil pesos que no están, contestó el señor Lara que las denuncias fueron analizadas e informadas por la Contraloría General de la República en su momento, la que, al tenor de los antecedentes que debe haber solicitado y tenido a la vista, en ambos casos, evacuó su informe.
Con respecto a las planchas, manifestó que hicieron un arqueo los primeros meses de este año y llegaron a la misma conclusión a la que arribó la Contraloría General de la República: que en Casa de Moneda no faltan planchas que se hayan utilizado para la confección de billetes. Si hay alguna discrepancia entre los antecedentes y lo que señaló la Contraloría, no es el llamado a resolverla. Los antecedentes que tiene, tanto del momento en que se produjeron ambas situaciones, como de las revisiones que han hecho durante su período como director, indican que no faltan planchas.
Ante la consulta de si en su calidad de custodio de las especies que se encuentran en Casa de Moneda, tiene algún impedimento para autorizar o permitir la salida de elementos propios de esa institución, expresó que todos los bienes que forman parte de Casa de Moneda tienen la categoría de bienes muebles fiscales. Por lo tanto, su administración y eventual salida desde el lugar en que se encuentran custodiados debe realizarse a través de una resolución exenta. Además, un inspector de la contraloría interna del servicio debe actuar como ministro de fe y levantar un acta de salida de especies. Las especies que han debido sacarse del edificio han sido trasladas para exponerse en distintos lugares, luego de lo cual han sido devueltas a la institución. Al momento de recibirse las especies, se levanta una nueva acta de la cual es responsable, en calidad de ministro de fe , un inspector de la contraloría interna. Finalmente, las especies son regresadas a sus lugares de origen.
Precisó que tienen ese mismo tratamiento especies tan delicadas como planchas para la confección de billetes o matrices para la hechura de monedas, toda vez que sobre ellas pesan derechos de propiedad intelectual y artística
Preguntado si hay algún estatuto o reglamento que resguarde esas especies, que son propiedad artística de Casa de Moneda, señaló que aunque las matrices tienen una funcionalidad específica, siguen siendo bienes muebles. Por lo tanto, están regidos por el decreto Nº 577, del Ministerio de Bienes Nacionales que regula su salida y entrada.
Toda vez que egresan especies, cualquiera sea su naturaleza, se rigen por este estatuto. En el caso, por ejemplo, de una exposición o que queden por un tiempo más largo fuera de Casa de Moneda, generalmente quedan bajo la tutela de un funcionario encargado de su supervisión y de su posterior reintegro a la institución.
Durante el último tiempo no le ha tocado el egreso de matricería ni de billetes ni de especies numismáticas. Los ingresos han sido básicamente de pinturas o de matrices para la elaboración de monedas extranjeras.
En relación al dominio de las matrices, explicó que las matrices son de propiedad de quien las manda a confeccionar. Queda la duda respecto de por qué no pueden entregarla. Porque ese costo de las matrices lo incorporan cuando se manda a hacer el producto. La Casa de Moneda no podría por su cuenta imprimir una medalla de Jaime Guzmán , en este caso, sin pedir la autorización a quien la mandó a hacer o aparece como el dueño de la matriz. También les ha pasado con la medalla de Pablo Neruda, cuyo dueño es la Fundación Neruda al igual que con la medalla de la Mistral, que es prácticamente la misma que aparece en el billete de 5 mil pesos. Entonces, cada vez que hacen algo con una medalla de Gabriela Mistral le tienen que pedir autorización al Banco Central para poder realizarla.
Indicó que en el caso del Banco Central, específicamente como recaudador fiscal, éste es dueño de la matricería y así queda expresamente establecido en los contratos de acuñación. Por eso son contratos de servicios de acuñación de moneda y valuación de billetes para el Banco Central. Éste es dueño de toda esa matricería, y si él la solicita, hay que entregársela
Consultado de si no existe la propiedad artística ni intelectual de la Casa de Moneda en la confección de esa matricería, explicó que la confección de la matricería ordenada por un cliente, no. El dueño es quien la manda a hacer. Cosa distinta es que la Casa de Moneda tenga algún tipo de matricería como archivo, porque fue elaborada por escultores y programadores de la Casa de Moneda y usada por la misma. Pero si una persona la manda a hacer, el grabador o el escultor aunque le pone su nombre, en definitiva, es un empleado de la Casa de Moneda. Lo que está haciendo es un servicio que la Casa de Moneda se lo está vendiendo a quien lo solicita.
En relación a la observación de que no hay una explicación frente a que existió un retiro de matricería por parte de alguien del Departamento de Impresión de Valores, porque la argumentación del Director de Casa de Moneda se basó en un informe de la Contraloría de la época, donde se dice que nunca se retiró nada, comenta que no tiene una opinión distinta, porque sólo existe este informe. Llegó a la empresa en julio de 2001. Entiende que un sumario administrativo paralelo o anterior al informe de la Contraloría, en el cual también se estableció que no había falta de ningún tipo de instrumental en la Casa de Moneda. También conoce esa versión de la Plaza de Armas, pero los informes que se puedan recabar de esa época, tanto sumarios administrativos como el informe de la Contraloría señalan que hechos los arqueos y las investigaciones, todo cuadra y no hay ninguna pérdida de matricería.
Respecto del punto referido a la inestabilidad laboral en la Casa de Moneda de Chile, debido a la incorrecta aplicación de normativas que permiten la desvinculación de trabajadores que ejercen funciones en un servicio público, señaló que acerca de la materia, en primer lugar, la Casa Moneda, aun cuando tiene el marco normativo de un servicio público y se rige por él, en definitiva es una empresa y está sometida a las reglas del mercado; es una empresa que sí tiene excedentes debe entregarlos al Estado, así está determinado en la ley de Presupuestos. En los últimos años se le ha entregado alrededor de un millón de dólares de excedentes al fisco. Señaló esta situación, porque eso les obliga a tener como objetivo estratégico, dentro del área de recursos humanos en donde debe haber la flexibilidad de acuerdo con las condiciones de mercado y a la actuación productiva que se está viviendo.
Ese es el criterio aplicado durante su gestión.
Casa de Moneda tiene tres tipos de calidades jurídicas en su personal. Existe una planta de funcionarios públicos propiamente tal; una planta operativa sujeta al Código del Trabajo, la que se guía por esas normas; y una dotación que está en calidad jurídica de honorarios. El personal se distribuye aproximadamente en tres tercios.
En octubre de 2001, cuando asumió la gestión de Casa de Moneda, los análisis que realizaron señalaron que existía una sobredotación de personal. En ese momento, había una dotación de aproximadamente 590 personas, sumado al 2003, que fue un año relativamente anormal y bajo en términos de venta.
El Banco Central ha ido disminuyendo paulatinamente la producción de billetes que entregaba directamente a Casa de Moneda. En general, la situación de la actividad económica hizo que, a diciembre de 2003, nos quedáramos con 472 personas, que es una dotación, relativamente, cercana a lo que podríamos llamar normal.
Por lo tanto, se produce una desvinculación de cierto personal, que tiene que ver con tres situaciones: aquellos que están sujetos al Código del Trabajo, a los cuales se les aplicó el artículo 261 de la ley; aquellos que tienen contratos a honorarios y no se les han renovado y los del nuevo trato laboral, de acuerdo con la ley Nº 19.882, que permitió que alrededor de once funcionarios públicos se acogieran a ella -en diciembre del año pasado- y, por lo tanto, a jubilación.
En el caso de la planta operativa, que es donde se ha hecho el principal esfuerzo de adecuación con la dotación que consideramos debe tener la Casa de Moneda, de acuerdo con la situación de mercado que enfrenta, lo que hemos hecho, cada vez que tenemos un egreso, es que esas personas estén asimiladas a grados de una planta operativa que se rige por el Código del Trabajo. Por lo tanto, tienen una responsabilidad administrativa. Entonces, el tratamiento es el siguiente. Se informa a la Contraloría General de la República y cuando ésta toma razón del decreto de despido se realiza el pago de la indemnización que corresponde en la Inspección del Trabajo. Específicamente sobre este tema, de los egresos o despidos, no hay ninguna situación pendiente en Casa de Moneda. No tiene ningún juicio ni demanda, tanto en la Inspección del Trabajo como en la Contraloría General de la República. Sí han existido tres casos de personas que han hecho sus reclamos, alegatos o interpuesto algún recurso ante la Contraloría General de la República. Las tres son de la planta operativa. El primer caso, corresponde al pronunciamiento Nº 460661, del 15 de octubre de 2003; el segundo, al Nº 55133, del 3 de diciembre de 2003, y, el tercero, al Nº 19760, del 3 de marzo de 2004, y que señala que en la especie, los reclamos por su despido, no se verificó ilegalidad ni irregularidad alguna en el procedimiento observado por el director de Casa Moneda de Chile al disponer el término de contrato, agregando que compete exclusivamente a esa autoridad ponderar las razones para prescindir de los servicios de un trabajador.
De los tres recursos que se han interpuesto en la Contraloría, no hay ningún recurso, demanda ni juicio pendientes. Incluso, las personas que presentaron este recurso ante la Contraloría ya recibieron su indemnización ante la Inspección del Trabajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es bien amplio lo que se señala respecto de la inestabilidad laboral, específicamente respecto de que haya habido alguna aplicación incorrecta de alguna ley. En cualquiera de los casos de los tres estatutos de funcionarios, no tenemos demandas ni juicios pendientes.
Añadió que aparte de ese 33 por ciento, de estas once personas que salieron aprovechando la ley del nuevo trato, no hay despidos por sumarios. Cuando llegó al servicio, había un sumario que estaba en su último trámite, que a él simplemente le tocó sancionar. Efectivamente, ahí la Contraloría había recomendado que la sanción debía ser la destitución y lo que se hizo en ese momento fue simplemente confirmar la sanción que la Contraloría General de la República había señalado. Eso fue treinta días después de que había asumido. En períodos posteriores no ha habido despidos por sumarios.
Aclaró que cuando se dice que no había juicios pendientes, puede que dé la impresión de que hubo y que se perdieron o se ganaron. En realidad, nunca ha habido juicios. Nunca han tenido un juicio con la Inspección del Trabajo por algún trabajador. Exclusivamente han tenido estos tres oficios de la Contraloría General de la República respecto de estas tres personas que se regían por el Código del Trabajo, planta operativa y honorarios y que reclamaron. Hay un reglamento particular en el cual se establecen normas de disciplina. Lo que se señalaba, de alguna manera, era que no se les había aplicado este reglamento, sino que directamente el despido.
El reglamento de disciplina tiene que ver con medidas disciplinarias y no con medidas de ajuste al interior de la empresa. Por esas razones, no se hizo ningún sumario. Por lo demás, es un reglamento bastante complicado de explicar, porque establece sanciones muy límites, como una semana de no pago de sueldo o el despido, pero no hay nada intermedio.
En consecuencia, no hay más reclamos que los tres que he señalado con la solución que se lee en los oficios de la Contraloría.
Con respecto a los honorarios, entiende que vienen fundamentalmente a partir de 1990. Por lo tanto, muchos de ellos tienen catorce años de vigencia.
No recuerda que haya personal con contratos a honorarios anteriores y que se sigan renovando.
La planta operativa es lo que originalmente se denominaba “personal a jornal” de Casa de Moneda. En 1980, cuando se dictó el decreto con fuerza de ley N° 228, que contempla la ley orgánica de Casa de Moneda, se estableció en su artículo 6º que al personal a jornal de la Casa de Moneda de Chile le serán aplicables las disposiciones del párrafo quinto, del título V, del decreto con fuerza de ley N° 256, relativo a feriados, permisos y licencias. Posteriormente, el personal a jornal pasó a llamarse planta operativa propiamente tal, en virtud del decreto con fuerza de ley N° 632, de 1980, que fijó la planta administrativa de Casa de Moneda. A contar de esa fecha, los contratos de trabajo que se celebran con el personal perteneciente a la planta operativa establecen expresamente que, para ningún efecto legal, ellos tienen el carácter de funcionarios públicos, y que se rigen sólo por el estatuto administrativo en lo relativo a permisos, licencias y feriados. En Casa de Moneda no tienen subcontratación.
Ante las consultas de qué ocurre con los reajustes de remuneraciones y si el personal tiene derecho a negociación colectiva, respondió el señor Lara que no hay negociación colectiva. Respecto del reajuste, el personal tiene el mismo reajuste que el sector público.
Ahora, aquí hay una situación que pudiera estar incidiendo en este punto, cual es que a partir de la ley de probidad a los funcionarios públicos se les impidió tener otro tipo de remuneración que no fuera la que obtenían por el cargo para el que habían sido contratados. En ese sentido, en Casa de Moneda desde hace mucho tiempo existen varias situaciones especiales. Por ejemplo, algunas personas reciben un bono de producción; otras, un bono cuatrimestral. Sin embargo, el personal sujeto al estatuto administrativo perdió ese beneficio a partir de enero o febrero de 2003. Por lo tanto, existe una situación de bastante inequidad al interior de la institución en términos de que hay personas que pueden estar trabajando en la misma máquina, pero una está sujeta al Código del Trabajo y la otra al estatuto administrativo. Por lo tanto, una recibe un determinado tipo de bono, porque pertenece a la planta operativa, y la otra no, por ser funcionario público.
b) Señor Raúl Allard Neumann , Director Nacional de Servicios de Aduanas .
Expresó que el tema a tratar es por declaraciones de ingreso de un sistema que, al momento en que se hicieron las operaciones, se llamaba “almacén particular de exportación”. El año pasado esta figura pasó a denominarse “admisión temporal para perfeccionamiento activo”. Pero cuando se realizaron las cuatro operaciones se llamaba almacén particular de exportación.
Aduanas autorizó el almacén particular de exportación, lo que significa que se autoriza el propio recinto, en este caso la Casa de Moneda de Chile, para que sea el lugar en el cual, por cinco años, prorrogables, se puedan incorporar las mercancías en un sistema. Viene la mercancía desde el extranjero -materia prima o a medio elaborar-, que se transforma en Chile y, después, su destino natural es reexportarla. En este caso, se trajeron las mercancías -entiende que era papel de seguridad para bonos, aunque, aduaneramente, es considerado papel de seguridad-. Están los números de las Dapex (Declaración de almacén particular de exportación). Una vez que venció el plazo, se pidió prórroga, porque mientras se autoriza el recinto como almacén de exportación por cinco años, prorrogables, cada mercancía que se trae debe ser reelaborada en Chile y reexportada en 180 días. También se puede otorgar una prórroga por 180 días, y en todos los casos se pidió prórroga.
Con posterioridad, la mercancía tiene varios destinos. El destino natural, en que, una vez que se termina de elaborar, se reexporta, y también puede pedirse la importación. En este caso, debe pagar todos los derechos, tanto los aduaneros (arancel o impuestos especiales) como el IVA y otros que recauda Aduanas. En este caso, no se hizo la reexportación, que es su fin natural; sí se hizo la importación. Quien está autorizado en Aduanas es el director nacional, y su facultad la tiene delegada en los directores regionales.
En este caso, de las cuatro partidas que se trajeron de papel de seguridad, tres se hicieron vía aérea por la aduana de Pudahuel, otorgando su autorización el director regional de la Región Metropolitana . La cuarta se realizó por el puerto de Valparaíso y la autorización de transformar la exportación, que era el destino natural, en una importación pagando derechos, la otorgó el director regional de la aduana de Valparaíso.
Actualmente, para mayor seguridad, pedimos al Tesorero Provincial de Valparaíso un certificado de los pagos de los cuatro dapex o declaración de almacenes particulares de exportación.
Consultado el señor Allard sobre hasta cuántas veces se puede entregar esta prórroga por 180 días para que no sea considerada definitivamente exportación, respondió que por una sola vez. Después de los 180 días debe reexportarse o hacerse la importación. Si no se hace ninguna de las dos cosas, la mercancía cae en presunción de abandono y Aduanas puede rematar. Ahora, en caso de mercancías como ésta, un papel de seguridad básico, normalmente Aduanas no provoca rápidamente un remate, sino que trata de que tenga el fin natural de la exportación o lo que sucedió en este caso: la importación. Se otorgaron prórrogas una en cada una de las cuatro y aparecen aduaneramente como papel de seguridad. O sea, el mismo material.
También se otorgó una prórroga a la autorización por cinco años del recinto denominado almacén particular de exportación. Ella fue autorizada en 1996 y prorrogada el 2001.
Agregó el señor Allard , que es de la esencia de esta operación que las mercancías puedan ser manipuladas; o sea, están para ser transformadas. En el fondo, pueden salir por tres vías: exportación, remate o importación. En este caso, salieron por la vía de la importación. Ahora, el hecho de que hayan sido manipuladas o reelaboradas es precisamente el objetivo de esta institución.
Expresó que normalmente, los directores regionales, en quienes está delegada esta facultad, tratan de facilitar el trámite. Ésta es una operación que tiende a crear actividad industrial y trabajo en Chile con productos extranjeros. Incluso, en el año pasado, junto con cambiarse de nombre -se llama Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo- esta actividad se desreguló. Antes, el 50 por ciento del producto final debía ser terminado con insumo chileno; ahora el ciento por ciento puede ser con insumo extranjero. Por lo tanto, la idea de prorrogar es positiva, porque se trata de que con trabajo chileno se termine el producto en Chile y se reexporte. La idea de la prórroga es que se cumpla con el objetivo. De lo contrario, lo peor que puede pasar es que se paguen derechos -lo que se hizo en este caso- o que la Aduana se garantice con la propia mercancía. Por esa razón, el personal de Aduanas fiscaliza periódicamente esos almacenajes a fin de verificar que esté allí la mercancía. Lo peor que puede pasar es que se remate. Ahora, cuando se trata de una mercancía sensible, como el papel de seguridad para especies valoradas, se prefiere no hacer remates, sino la exportación o, lo que se hizo, la importación pagando derechos.
Precisó que respecto de las fiscalizaciones, éstas se llevan a cabo por muestreo. En este caso, se trata de cuatro operaciones. El año pasado hubo 1.380.000. Que Aduanas fiscalice por muestreo significa que fiscaliza directamente, física y documentalmente, alrededor del 9 por ciento, y no por azar, sino mediante un sistema de gestión de riesgo. Esto significa que en Aduanas son clasificadas por el Departamento de Inteligencia Aduanera -a cargo el subdirector de fiscalización- todas aquellas cosas que implican riesgo. ¿Por qué? Porque si en algún momento el importador cae en algún problema o su agente de aduanas, o en ese puesto de importación o en ese país de importación, o ese tipo de productos se subvalora, o a alguien que se le dio en alguna oportunidad un almacén particular de exportación y no cumplió con sus obligaciones. Entonces, cuando se hace fiscalización por muestreo, la respuesta fue que, si había antecedentes, se debió fiscalizar. O sea, posiblemente cuando se pidió la prórroga, el director regional envió a un fiscalizador.
El artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas contempla la posibilidad de un recargo de hasta 5 por ciento. En este caso, los directores regionales estimaron que no procedía un recargo. Esa es una facultad delegada, es decir, ellos hacen un juicio.
Aclaró que no es inusual la prórroga ni liberar el recargo. Ambas cosas quedan en los antecedentes que, en ese caso, tengan los directores regionales.
Ahora bien, ¿qué puede hacer el director nacional? Si ve que esta operación no se hace bien, en cualquier momento puede terminar con la delegación y tomarlo directamente. Es mejor para el usuario pedirlo en Punta Arenas o en Arica, en caso de que ello ocurra en una u otra de esas ciudades. Si yo viera algunas irregularidades, bastaría una simple resolución de mi parte y retomo la facultad.
En el caso de la incautación y remate, eso corresponde al fin natural. Anualmente hacemos remates en cuatro aduanas del país: Arica, Punta Arenas, Valparaíso y Santiago . La regla general es que todo vaya a remate. En el caso de este tipo de mercancía, agotamos todas las instancias para evitar el remate, porque, por ejemplo, si rematamos cigarrillos de contrabando, éste vuelve a circular. Entonces, si rematamos papel de seguridad, quizás qué destino se le puede dar. O sea, en este caso no hubo algo verdaderamente excepcional.
El señor Allard , aclaró que no se vincula con los almacenes particulares de exportación, sino que las mercancías caen en presunción de abandono por una serie de motivos, en particular por el no pago de derechos. Éstas pueden tener un recargo de hasta 5 por ciento del valor aduanero, lo cual ocurre con cualquier mercancía. Ésta cayó en presunción de abandono cuando venció el plazo de la prórroga.
Ante la pregunta de si es algo excepcional, contestó que no lo es y está dentro de las facultades de los directores regionales liberar ese recargo. A su vez, el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas establece que “el director nacional, mediante resolución fundada, puede rebajar o eximir...” Esa facultad está delegada desde hace aproximadamente cinco o seis años, cinco o seis años, antes de que se integrara a la Dirección Nacional.
Ahora, por lo que ha advertido, este tipo de cosas no es excepcional, pero en este caso se lo explicó por tratarse de una actividad de carácter prácticamente industrial. O sea, el tipo de mercancía podría ser utilizada ya sea para la reexportación o bien industrialmente en Chile. Y, en ese caso, a su juicio, el director regional respectivo no ha visto una razón para aplicar una especie de recargo que, en el fondo, es una especie de multa, porque de todas maneras el producto sería usado en su objetivo.
c) Señora Mercedes Farías, Jefa de la Sección Placas Patentes de la Casa de Moneda de Chile.
Ante la consulta de si los trabajadores de su sección le hicieron alguna denuncia por intoxicación, respondió que las personas que trabajan en relieve le informaron que la pintura era demasiado fuerte y les producía daño. Incluso, lo hablaron con el comité paritario.
Ante la pregunta de si eso había ocurrido en otra ocasión, explicó que la pintura es tóxica y fuerte, pero nunca tanto como esa que le informaron.
Ante diversas consultas de su situación laboral, expresó que es la actual jefa de la sección placas patente y esta ahí desde 1996.
Respecto del Memorando N° 2, de 5 de abril de 2002, enviado por la señora Farías al jefe del departamento de control de calidad en que manifiesta, escueta pero muy contundentemente, lo siguiente: “Por las innumerables dificultades que se ha tenido con el reflectante -tape- últimamente recepcionado, solicito analizar este producto que, al parecer, no reúne las normales exigencias de proveedores anteriores”; de la observación de que cuando ella señala que este tape provisto por la empresa Alte S.A. no reúne las normales exigencias de proveedores anteriores y la consulta de que quiso decir que era defectuoso o, al menos, de inferior calidad al utilizado históricamente por Casa de Moneda en la confección de placas patentes, desde cuando se confeccionó con reflectante, respondió que sí. Se partía todo al momento de estamparlo. No así con el de 3M, que se ha usado por años. Con la empresa Alte S.A. pasó eso. Agrega que no conoce la justificación de por qué se reemplazó el proveedor habitual de este tape, porque no tiene ingerencia en eso, ya que era para licitación. Y ella no participó en las licitaciones.
Precisó que ellos vienen a saber a qué empresa corresponde el producto cuando empezaron a usarlo.
Ante la observación de que ella es la jefa de un departamento técnico que tiene mucho que ver con el tipo de insumos con que se asegura o garantiza una buena producción y la consulta de que acaso su opinión no es relevante ni es consultada normalmente por quien toma la decisión, respondió que no. Ella sólo envió un listado de los insumos que les quedan. Casi siempre se hace un pedido con los insumos del programa que van a necesitar para el año siguiente. Luego, se llama a licitación a distintas empresas.
Ante los dichos de si se empezaron a confeccionar las placas patentes solicitadas como cliente por el Servicio de Registro Civil e Identificación, pero ellas presentaron defectos, se infiere que no se entregaron, porque eran de mala calidad. También se deduce que en algún momento se detuvo la producción de esas placas patentes por el defecto que presentaban los insumos adquiridos para su confección, como, asimismo que quedó material sobrante del tape y de las pinturas que no se ocuparon en su confección por los defectos presentados y las preguntas de qué se hizo con los insumos no ocupados; cuál fue su destino, respondió que una parte de la pintura y el reflectante están en Casa de Moneda.
Ante el requerimiento de si existe posibilidad de ocupar ese tape y esa pintura en otro tipo de productos que no sean placas patentes, indica que tendrían que hacer pruebas, pero no las ha hecho. Agrega que no se ocuparon en otro elemento.
Ante la pregunta de si se utilizaron esos productos en algún otro tipo de confección o se encuentran en Casa de Moneda en este momento, contestó que están en Casa de Moneda, tanto las pinturas como el tape.
Ante la consulta de si hubo un control de calidad, respondió que ellos hacen el control de calidad con la muestra que envía la empresa. Por ejemplo, la forma en que se adhiere el tape, aunque no tiene antecedentes de esos controles
Agregó que si hay algún protocolo para determinar que los elementos sirven o no; hay controles de calidad. De hecho, no se siguió utilizando porque el deterioro era bastante.
Ante la pregunta en que fecha ocurrió el reclamo por intoxicación de los trabajadores producto de la pintura que estaban usando, y que eso fue llevado incluso al comité paritario, respondió que debe haber sido en marzo de 2002.
En lo concerniente a las pinturas, de todas las que antes alcanzó a mandar, y ante la consulta de qué cantidad tienen y bajo el cuidado de quién están hoy en la Casa de Moneda, respondió que ella las tiene y son alrededor de 40 y tantos tarros, pero no sabe cuanto es el total, porque llegaron cuando ella estaba de vacaciones. Añadió que esos tarros contienen pintura y cada uno un litro.
Ante las consultas de si los 40 litros de pintura las tiene ella desde el día en que llegaron o alguien se las llevó y le pidió que se encargara de ellas o aparecieron ahí, contestó que ella las pidió, pero estaba de vacaciones cuando llegaron y no tiene idea como aparecieron, llegó la pintura y cuando volvió de vacaciones le dijeron “eso es lo que llegó y hay que trabajar con ella”. Agrega que el lugar específico dentro de la Casa de Moneda. En que se encuentran esas pinturas es en la Sección Placa Patentes, en un lugar separado.
Añade que ella también tiene el tape y en este momento deben haber como 40 rollos.
d) Señor Jorge Ramos, Asesor Técnico del Departamento de Impresión de Valores de la Casa de Moneda de Chile.
Respecto del informe del estado mecánico y operativo de las máquinas calcográficas, y su funcionamiento hasta 1989, expresó que hizo un resumen de las maquinarias compradas en el período que se señala con el objetivo de mejorar la productividad de billetes, ahorrar costos en la impresión de billetes y también para optar a un mejor desempeño laboral de toda la gente y proceso e impresión de billetes.
En 1994, se compró un equipo rectificador de cilindro de planchas calcográficas, marca Schleiff . En 1994, también se compró un sistema Balwin, de agitación automática de tintas.
En 1996, se compró un equipo marca Ormag Standard para la fabricación de rodillos limpiadores e improntas para la correcta limpieza de planchas calcográficas.
En 1997, se compró un sistema de inyección automatizada de tintas calcográficas, marca Graco President .
En 1997, se adquirió una máquina Intlagio color-8. Era la segunda que llegaba a la Casa de Moneda en ese período.
En 1999, se compró un equipo depurador de agua, llamado Aqua Save , Planta Dalmar .
La finalidad de todos estos equipos es mejorar la productividad, el rendimiento, la eficiencia y disminuir los costos.
No tiene datos en cuanto al valor de toda esta maquinaria. Pero puede asegurar que en su totalidad su valor debe estar por sobre los tres millones de dólares. Los equipos no tienen otra finalidad que la de apoyar la compra del Intlagio color de los años 1997 y 1991.
Quiere dejar en claro que los equipos que, en 1991, estaban funcionando en la Casa de Moneda, estaban haciendo billetes. El hacer billetes significa un período continuo. El Banco Central coloca una orden por el año para que cada mes y cada día del año calendario laboral se hagan billetes.
Por lo tanto, si toma cualquiera de estas fechas de compras de equipos y la integra junto a la máquina calcográfica, se da cuenta que en 1999 se adquirió una planta nueva para lavar los rodillos de estas máquinas. Eso significa que antes de 1999 no estaban lavando los rodillos o los esta lavando inapropiadamente.
Cuando llega la máquina Intlagio color-2 , quedó almacenada en los patios de la Casa de Moneda, a la intemperie, a plena luz de verano y lluvia de invierno, alrededor de un año y medio, almacenada con los cajones de fábrica de esta máquina. Por lo tanto, en ese año y medio Casa de Moneda seguía produciendo billetes. Lo hacía con una máquina antigua y con una máquina nueva. Por lo tanto, si hay una máquina antigua y una nueva coordinándose para su producción, se estaba trabajando perfectamente bien.
En 1994, sólo con la primera máquina de llegada, la Casa de Moneda hizo un total de 265 millones de billetes. Antes de dar su opinión respecto de las máquinas calcográficas, quiere dar una idea acerca de qué significa, en el fondo, un pequeño estudio.
En 1994, la Casa de Moneda de Chile tenía 6 mil millones de pesos en venta; en 1998, 6.800 millones de pesos. Si se saca un promedio en ese quinquenio, da 6.378 millones, y lo toma como base para decir que el billete, en 1994, correspondía al 50 por ciento de los ingresos de la Casa de Moneda de Chile. En 1995, esto bajó a 41 por ciento; en 1996 llegó a 39 por ciento; en 1997, año de compra del segundo equipo, sólo un 34 por ciento y, en 1998, ya terminado el proceso de compra, el 30 por ciento.
La acuñación monetaria empezó a subir entre 1994 y 1998 y a cambiar el tipo de demanda existente, lo que significó que la Casa de Moneda desde 26 por ciento de venta que tenía correspondía a monedas, en 1998 llegó a 44 por ciento. Es decir, una curva creciente, en tanto que el billete mostró una curva decreciente.
Comentó que si hubiese sido el dueño de la Casa de Moneda, obviamente, habría tirado todo su dinero para comprar una fábrica de cospeles nueva. ¿Por qué dice esto? Porque una fábrica de cospeles nos significaba no depender de Armac Metalúrgica, que es la que se lleva alrededor del 70 por ciento de las utilidades de la venta de una moneda, solamente acuñan. Todo lo que ha salido para Tailandia, 200 millones; para Uruguay , otros tantos millones, o para Israel, ha sido un joint venture con Armac, en la cual ellos colocan el cospel y nosotros el sello.
Como no es el dueño de la Casa de Moneda, debe exponer estos datos para decir que, si hoy estuvieran trabajando con las dos máquinas viejas, antiguas, la 1 y 2, que estaban en perfectas condiciones, estarían cumpliendo todos los plazos de entrega al Banco Central de Chile.
Dice esto, porque 274 millones de billete no los han vuelto a hacer nunca más, y esta vez se hicieron con menos personal, con máquinas antiguas y, además, con un esfuerzo que hasta hoy se está haciendo en la Casa de Moneda de Chile.
Debe agregar que la primera máquina tenía un problema en una cadena de transporte, la que lleva los pliegos hacia el sistema de impresión. Esa cadena se cambiaba en aproximadamente un mes, que es lo que demoraba en llegar del lugar de fabricación, pero había suficiente tiempo para seguir haciendo billetes.
De hecho y para respaldar lo que está diciendo, actualmente, la Casa de Moneda de Chile tiene una máquina Sibulta, de 1947, que está en perfecto estado y trabajando, de la misma antigüedad de la más vieja calcográfica. Más aún, Casa de Moneda tiene un pantógrafo de más de sesenta años, instrumento por el que representantes franceses ofrecieron dos pantógrafos digitales a cambio. Sin embargo, los trabajadores que lo utilizan se negaron a dicho cambio, porque están conscientes de que esa máquina es una verdadera joya.
Lo anterior sirve para enaltecer la labor de los trabajadores de Casa de Moneda, quienes cuidan mucho su maquinaria, a tal extremo que en la actualidad hay balanzas muy antiguas -de dos panes-, con las que se pesaba oro, que están en exhibición en un museo de Valparaíso y que todavía funcionan.
Señaló que las máquinas estaban perfectamente operables. Sólo requerían de una mantención, la que no hubiera demorado más allá de un mes.
En relación a si conocía el informe del 19 de octubre de 1988, de don Antonio “Bonomi”, representante de la empresa de la Rue Giori S.A., quien en su visita a Chile como técnico de esta empresa hizo una evaluación del estado de las máquinas “Omnia” Intaglio, las dos calcográficas que en ese momento funcionaban en Casa de Moneda, respondió que no tuvo acceso a ese informe, porque en ese año se encontraba en otras funciones en Casa de Moneda, era jefe del departamento de control de calidad. Sí puede agregar que cada técnico extranjero que viene a arreglar máquinas, no solamente de impresión de valores, debe hacer un informe a su fábrica de origen y al jefe del departamento respectivo que indique a qué vino, qué hizo y cómo quedó. Ahora, al señor “Bonomi” lo conoce, porque trabajó en el laboratorio con él en el tema de las calcográficas, cuando traspasaban tinta al agua, y como técnico era excepcional, por cuanto lo mandaba directamente la empresa fabricante de estas maquinarias. De manera que si hay un informe al respecto no lo conoce.
Por lo tanto, lo que puede decir al respecto es que las máquinas estaban funcionando, estaban operativas y no sabe por qué razón fueron cambiadas. Ahora, si esas máquinas las tuvieran hoy les puede asegurar que estarían haciendo billetes para el Banco Central de Chile.
Ante la pregunta de si son efectivas las cifras que indican que la producción de billetes en 1990 era alrededor de 450 millones y que entre 2001, 2002 y 2003 se imprimieron 43 millones de billetes y este año recién están llegando a los 150 millones de billetes, respondió que sí. En este último decenio, la Casa de Moneda ha ido en franca retirada en cuanto a billetes, por las licitaciones que existen, y ha presentado su mejor cara al bajar los valores con los cuales se presentan en las licitaciones internacionales, que, diría, podría ser considerado vejatorio para cualquier compañía, porque compiten en condiciones muy desiguales en cuanto a papel, tintas, etcétera, respecto de otras compañías.
También hay que decir que ganar una licitación a un precio casi de ofertón significa que Casa de Moneda gana menos plata, porque funciona con sus ingresos. Esto no es broma. El mes pasado no tenían certeza de que nos fueran a pagar el sueldo. El contrato con el Banco Central para este año significa que se va a pagar cuando se haga el último billete; no antes. Es decir, si se deben producir cien millones de billetes, la Casa de Moneda va a estar produciendo hasta julio, agosto o septiembre, y cuando entreguen el último billete, recién en ese momento el Banco Central se pone con el cheque, lo cual crea una distorsión muy grande para cualquier empresa pública o privada.
Ahora bien, respecto del tema específico, que quiere recalcar, Casa de Moneda funciona con máquinas antiguas y ha funcionado así por muchos años. Esas máquinas están preparadas para trabajar las 24 horas, a tres turnos, y, a pesar de los desgastes que pueda tener, los cilindros -lo más importante- están impecables y están funcionando completamente bien. Los cambios que se han realizado han sido más que nada para apoyar la nueva maquinaria.
Precisó que lo que dirá a continuación es un contrasentido: el objetivo principal es ahorrar para mejorar la productividad y tener menores costos, pero si con las máquinas antiguas -esto es algo técnico-, gastaban 3 mil litros diarios de agua -no es agua de la llave; contiene una solución de soda cáustica-, hoy, con las máquinas nuevas, están gastando 6 mil litros para hacer la misma cantidad de billetes, lo que significa que también suben los gastos en insumos, energía eléctrica -estas máquinas tienen otro tipo de calefactores-, etcétera. Ahora que han cambiado a 40 especies en lugar de las 28 especies de antes que no ha sido una buena solución- .
Además, hoy, las horas extraordinarias trabajadas son más que las que se trabajaban con las máquinas antiguas, en que había producciones mayores. Explica que una resma -quinientos pliegos-, con cuarenta especies, significan casi 20 kilos que se deben transportar manualmente. Cuando trabajan con 28 especies, eran 13 kilos. Pero si se trabaja todo el día con 20 kilos, todos van a terminar con los brazos quebrados.
El ahorro de estas 40 especies significaría que se va a producir más por máquina. ¡Perfecto! Pero tampoco ha sido así. Él, que tiene que ver con el departamento, ve que las producciones tienen un tope. Hoy, con suerte y con varios turnos, llegan a las 7 mil especies por pliego. Se dirá que si en lugar de hacer 7 mil pliegos de 28 especies se hacen 7 mil pliegos de 40 especies, entonces se están haciendo más billetes. Sin embargo, ¿las mermas, los productos defectuosos y los pliegos rotos o malos se han mantenido o han subido? Si la merma antes era de un 6 por ciento, hoy es de un 7 ó 7,5 por ciento. ¿Cuál es la diferencia? Si se multiplica la cantidad de pliegos malos por la cantidad de billetes, indudablemente que se tendrá muchos más billetes malos por máquina.
Ante las siguientes consultas: desde cuándo trabaja en Casa de Moneda; cuál es la función que ha desempeñado y cuál desempeña actualmente, contestó que lleva 27 años en Casa de Moneda; hasta 1991 se desempeñó como jefe del departamento de control de calidad, teniendo bajo su responsabilidad las dos áreas más importantes de esa institución: acuñación monetaria y el departamento de impresión de valores. Por lo tanto, su expertis significa saber sobre metales, placas patente, fundiciones, papel, tinta y sistemas de impresión.
Ante las preguntas de si presume una irregularidad en la compra de las nuevas máquinas o de si tiene alguna prueba de que hubo abuso, alguna irregularidad, un desfalco o una malversación o simplemente su opinión es que no había necesidad de comprar esas máquinas nuevas, expresó que quisiera contestarlas con un sí o un no, pero no se puede.
Ante el requerimiento de si, a su juicio, las máquinas nuevas se compraron por una decisión equivocada, o porque alguien quiso hacer un negocio con ellas, respondió que no habla de los negocios de otras personas, sino de su propio negocio. Su negocio es tener un sueldo de empleado público en la Casa de Moneda. Lo que le dio a conocer al principio no está sacado de ninguna parte. Es la estadística de una memoria de la Casa de Moneda de Chile. Precisa que la verdad es que no puede meterse en un terreno que no le corresponde.
Ante las preguntas de cómo funciona el control de calidad previo y posterior Es decir, antes de la adjudicación del contrato a la empresa Alte S. A.; si hubo alguna instancia en que una unidad de control de calidad determine si el producto que se está ofreciendo cumple con los estándares habituales de Casa de Moneda para funcionar; y si se hizo el control de calidad previo, respondió que como jefe del Departamento de Control de Calidad , muchas veces le tocó hacer análisis del tape reflectante. De hecho, ha participado en el proyecto desde que se inició el proceso de tape en Casa de Moneda, porque las placas las estaba haciendo un particular. El tape significaba pasar por rigurosos controles de calidad, donde se emitía un certificado, y esto tiene que ver con lo que se mencionó, en el sentido de que tenían la prueba de desgarro, esto es, un punzón que tomaba el metal aluminio y veía cuánto resistía por el reverso el tape para saber si se iba a quebrar o no con la presión de estampado que hacen las máquinas.
Por otra parte, medían el nivel de reflectancia del tape, que, a juicio del Servicio de Registro Civil, es bastante exigente, por lo que debía verse a una cierta distancia y con cierta luz, para cumplir los requisitos.
Estuvo en el departamento de control de calidad, es decir, hasta mediados de 1991, hicieron pruebas con nuestros dos grandes proveedores, que son marcas de reconocido prestigio, y nunca tuvieron problemas.
Recordó que una vez se acabó la pintura negra que va sobre el relieve de las placas y buscaron en el mercado ese tipo de pintura especial, pero no la encontraron, porque se trata de una pintura de secado rápido, con mucho solvente tóxico, algunos de ellos cancerígenos, por lo que decidieron esperar. En ese tiempo, tenían toda la producción de placas y nunca tuvieron reclamos de parte de los trabajadores en cuanto a que presentaran mareos o vómitos porque el producto estuviera malo. En realidad, trabajan con productos de reconocida calidad.
Ante la consulta de si los controles de calidad de los insumos que compra Casa de Moneda se hacen internamente o se pide a alguna organización que lo efectúe, indicó que Casa de Moneda cuenta con el mejor laboratorio de análisis de papel de Chile. Con esos equipos evaluaron el papel billete que nos llega de Inglaterra, de Francia, de Italia y de Alemania. Para ello, cumplen con todas las normas internacionales de control de calidad.
Casa de Moneda también cuenta con un laboratorio -se trata de un orgullo- para realizar ensayos de oro. A través del Banco Central se exportaron toneladas de este material precioso. Éste fue analizado por Degussa, Alemania, que encontró variaciones menores a 1 milésima, lo que realmente constituye un orgullo, dada la cantidad de material analizado.
Ahora bien, cabe señalar que Casa de Moneda analiza tinta, papel y metal, para lo cual se cuenta con una serie de instrumentos para medir calidades. Tal vez, por algún apuro esto llegó a adquisiciones y de ahí se fue directamente a los talleres de producción, sin pasar por control de calidad. Si fue así, pasaron a llevar alguna norma respecto del control de las materias primas.
Ante la pregunta de si el control de calidad es al azar o es practicado sobre todos los productos, señaló que depende. Por ejemplo, en el caso del oro, después de la fundición, se analiza un bocado de aproximadamente un gramo. Eso da la medida para la barra que pesa entre 12 y 20 kilos.
En el caso del papel billete, obviamente y por razones prácticas, no se puede hacer un control que abarque todo el material. Como se trata de millones de billetes y miles de pliegos, se hace una muestra estandarizada entre distintas resmas hasta reunir un total de 20 pliegos, los que son analizados. Añadió que esos veinte pliegos no alcanzan a representar ni siquiera el 0,1 por ciento. Pero existe una escala. Si se encuentra que uno de los pliegos está defectuoso, se rechazaba toda la partida.
En el pasado se ha rechazado papel billete a Cartiere Magnani, de Italia, fabricante de papel reconocido en el mundo. Casa de Moneda de Chile se lo rechazó porque no cumplía con la cantidad de dobleces. Son cuatro mil dobleces para que el billete pueda usarse sin dificultades.
Eso creó un gran problema. Pensó que iba a tener problemas en esa época por oponerse a recibir ese papel que estaba en Chile. El Banco Central tuvo un grandísimo problema con el papel, que era para billetes de cinco mil pesos, porque no cumplía con las normas que el propio banco establecía. Y se lo dijeron.
Llegaron técnicos de afuera. Mandaron a hacer el análisis a un agente externo, de Francia, y resultó que tenían razón. No tenía la cantidad de dobleces, por lo tanto, el papel se rechazó.
Eso les indica la seriedad con la cual se hacían los análisis y representaba el total de los pliegos que llegaban.
Ante la pregunta de qué margen de error tiene ese sistema de control de calidad, señaló que respecto del caso del “page”, está claro que por ser un material plástico, tiene una constitución especial. Aquí no se habla de variaciones. Si compró una partida a 3M o a cualquier empresa, y saca una muestra representativa de un metro, de cualquiera de los rollos, y está malo, rechazo todo el rollo. Las normas para los estándares nacionales de muestreo son muy claras. Hay un muestreo simple, uno doble y otro muy riguroso, y uno tiene que estar atento porque no se puede parar la producción. No puede parar una máquina que está trabajando porque llega un operario y le dice que el papel está malo o que sale polvillo. Tiene que ver si ese polvillo obedece a la razón misma del papel, a que hay una mucha presión o a que la plantilla está mala, etcétera, antes de decidir si el papel en máquina, que ya pasó el control de calidad, sigue saliendo malo.
De hecho, ha ocurrido que el papel, pasando el control de calidad, ha tenido cosas muy específicas de malo, y ahí se encargarán los operadores de solucionar el problema.
e) Señor Marcelo Pardo, Jefe de Offsset de la Casa de Moneda de Chile.
Sobre el proceso de importación de papel de seguridad para la confección de bonos para Córdoba, Argentina, le correspondió calcular los costos de este producto. En ese tiempo, estaba en el área comercial como asesor del gerente comercial. Participó en el cálculo de la cantidad de papel necesario de importar para el primer pedido que hizo la provincia de Córdoba, que eran 30 millones y medio de volúmenes para esa provincia.
La información sobre la importación que puede entregar es la siguiente: la cantidad total de bonos que se emitieron a fines del 2001 y a principios del 2002, era de alrededor de 150 toneladas de papel, es decir, 124 millones de bonos, en total, durante ese período.
Agregó que se importaron alrededor de 200 toneladas de papel, las que llegaron desde septiembre del 2001 a marzo del 2002. Durante ese período se estuvo importando papel.
En relación con la importación de papel de seguridad para la confección de pasaportes para Argentina, período de ingreso del papel de seguridad, almacén particular de Casa de Moneda y pago de derechos de importación, señaló que durante todo el tiempo que estuvo a cargo de costos de Casa de Moneda, jamás se cotizó ningún pasaporte para Argentina. Le parece extraño que se hable de que se importó papel de seguridad para pasaportes. Eso jamás ocurrió. Solamente el papel que se compra hoy, y durante el período que lleva en Casa de Moneda -dieciocho años-, el único pasaporte que se ha hecho, ha sido chileno. En ese aspecto, hay un error.
Aquí se habla de los períodos de ingreso y pago de los derechos. Es un tema que no conoce muy bien, porque no le correspondía el área de comercio exterior.
Acerca de los pagos realizados por Córdoba, Argentina, en materia de bonos, cantidad de bonos confeccionados, un monto global de la operación, forma de ingreso a los balances presupuestarios de Casa de Moneda de estos montos, e informes para la confección del presupuesto de la nación en los últimos tres años, explicó que otra de sus funciones en Casa de Moneda, en el departamento comercial y de apoyo a planificación, era hacer el control de los ingresos de ventas de todos los productos de Casa de Moneda. De ahí, puede extraer la información de la cantidad de bonos que se emitieron, que conté eran 124 millones de bonos y un ingreso global que generó este negocio de 5 mil 875 millones de pesos.
Las cantidades contabilizadas como ingresos en los meses de octubre y noviembre del 2001, fueron generadas por las ventas de estos productos y en los meses de enero, marzo y mayo del 2002.
Respecto de la forma de ingreso a los balances presupuestarios e informes para confeccionar el presupuesto de la nación, señaló que es un tema en el cual no tuvo mucha participación. Le correspondía a Finanzas y Comercialización ver el tema presupuestario. Pero, por sus funciones, llegó a sus manos el informe para la defensa del Presupuesto de 2004, donde se refleja que los ingresos percibidos por este negocio no se vieron reflejados en ese informe.
En cuanto al millón y medio de bonos, supuestamente devueltos por la provincia de Córdoba, Argentina, no tiene respuesta. Realmente, no lo sabe, porque pertenece a otra área, ventas o distribución.
Acerca de la afirmación de que se importó papel para la confección de billetes desde Argentina por 200 mil toneladas y sólo se habrían despachado 150 mil. Es decir, hay un excedente de 50 mil toneladas y la consulta de si ese excedente se encuentra en Casa de Moneda, respondió que el excedente es de cincuenta toneladas, de las cuales treinta aún están almacenadas, que se utiliza en otros productos valorados que fabrica Casa de Moneda, como libretas de familia y licencias de conducir.
Ante el comentario de que se habría importado papel para fabricar pasaportes para la República Argentina, en circunstancias que Casa de Moneda nunca ha fabricado pasaportes para ese país y el requerimiento de qué pasó con ese papel, contestó que por lo que sabe, ese papel jamás llegó a Casa de Moneda. Lo que realmente se importó fue papel de seguridad para la impresión de bonos argentinos, que es el mismo que utiliza para la elaboración de distintos productos valorados, como las libretas de familia. Jamás han hecho pasaportes para un país distinto al nuestro.
Ante la pregunta de si en todo caso, se puede utilizar ese papel para la elaboración de productos que no sean pasaportes, respondió que no. El papel que se utiliza para fabricar pasaportes sólo puede ser destinado a ese fin. Técnicamente, se trata de un papel muy parecido al que se utiliza para la elaboración de billetes, porque tiene sello de agua multitonal y trae una posición fija en la que se calza la imagen del pasaporte o del billete, que es la zona donde va el sello de agua. El papel con el que se fabricaron los bonos argentinos, en cambio, trae el sello de agua de Casa de Moneda, que es plano. Además, para su fabricación se utiliza una composición distinta.
Añadió que nunca se compró papel para fabricar pasaportes argentinos. Se compró papel de seguridad de alta duración para la emisión de bonos de ese país, que -insisto- es el mismo que Casa de Moneda utiliza para la elaboración de varios de sus productos.
Ante los dichos de que nunca se han confeccionado pasaportes para un país distinto de Chile y las preguntas de cómo se entiende entonces que en un pago de internación, hecho por Casa de Moneda al Servicio de Aduanas el 2 de septiembre de 2003, se mencione papel de seguridad en bobinas para la confección de pasaportes para la vecina República Argentina y dónde está ese papel, respondió que insiste que nunca llegó papel para la elaboración de pasaportes de otros países. En bodega sólo tienen papel para la fabricación de pasaportes chilenos.
En cuanto a las fechas, la importación del papel para la elaboración de bonos se hizo a fines de 2001 y comienzos de 2002. El pago de derechos de internación es de 2003, por lo que no cuadra.
Ante la observación de que el Director de Casa de Moneda manifestó que el negocio con Argentina no había resultado, que no se había materializado por las condiciones críticas que vivía ese país. Incluso, ese fue el argumento entregado al Servicio Nacional de Aduanas. Agregó que, en consecuencia, el papel se utilizó para la elaboración de otros productos, entre ellos, los bonos para la provincia de Córdoba que fueron 125 millones de bonos, precisó que fueron 124 millones.
f) Señor Óscar Miñones, Presidente del Sindicato Especies Valoradas de la Casa de Moneda de Chile.
Precisó que, en términos generales, con las dos máquinas calcográficas que tenía, Casa de Moneda cubría todas las necesidades del Banco Central, dejando, incluso, un 40 ó 50 por ciento de cupo, porque son máquinas preparadas para rendir las 24 horas del día y que no tienen necesariamente que operar durante una jornada de ocho horas o de sobretiempo. Son máquinas industriales de alto rendimiento, que nunca presentaron problemas para el abastecimiento del Banco Central.
Ahora, suponiendo que se diga que las dos máquinas ya estaban viejas o en malas condiciones, ratifica el hecho de que existe un informe completísimo no sólo del técnico alemán que vino a certificar la calidad de esas máquinas, sino también de los prensistas de la época, que estaban trabajando con ellas. Tienen un informe completo, entregado a la Contraloría General de la República, de Juan Villablanca , prensista primero, cuya máquina, que era la máquina N° 2, de las antiguas, tenía un rendimiento superior a lo que incluso los técnicos alemanes habían establecido como garantía.
Las máquinas estaban en tan óptimas condiciones, que el ingeniero que las revisó señaló en el informe, dirigido al director del servicio, el buen estado en que se encontraban, y felicitó a los trabajadores y a la institución por el cuidado que dieron a esos equipos. Sólo manifestó que necesitan una mantención menor. Se refiere a las dos primeras máquinas.
Ahora, suponiendo que se necesite una máquina más, porque se tiene una eventual posibilidad de apertura de mercado, lo cual es materialmente imposible dadas las condiciones del mercado internacional, podría aceptar la posibilidad de que se compre una tercera máquina. No obstante, con una tercera máquina, también con un valor de 3.500 millones de pesos, ya habría una sobredotación de equipos para imprimir billetes. Ahora, si ya tengo una máquina de 3.500 millones de pesos, que es ya innecesaria, porque con las otras dos máquinas estoy cubriendo bien las necesidades y me está sobrando tiempo, con mayor razón no se justifica la compra de una cuarta calcográfica. Esta máquina no sólo viene acompañada del gasto que significa su compra sino también de una tremenda adquisición adicional de equipos y de plantas necesarias para que ese equipo tenga el rendimiento adecuado.
Personalmente habló con el Director de Casa de Moneda , don Antonio Lara Bravo , para plantear que no le parecía correcto lo que estaba ocurriendo. Había nacido una idea de desmantelar las máquinas calcográficas antiguas para utilizar los repuestos en las máquinas nuevas. Fui mecánico dentro de la trayectoria que tengo en Casa de Moneda. Ayudó a montar la máquina calcográfica número dos, junto a los ingenieros alemanes y al equipo técnico de Casa de Moneda. Una máquina que mantiene un ritmo de trabajo por años, a pesar de estar en perfectas condiciones, no ensambla por ningún motivo. Se está hablando de equipos sofisticados, de alto rendimiento y, por ende, de una técnica precisa. De ningún modo, se podría reemplazar una pieza de una máquina que ya tiene un trajín y ensamblarla a una máquina cero kilómetro que viene llegando.
Este tema fue planteado no solamente en la dirección del servicio, sino también en la Contraloría General. Fue discutido junto a una serie de situaciones ante el contralor general de la República, don Arturo Alywin , a quien le manifestaron lo irracional de la compra de una cuarta calcográfica. Ello fue avalado por el propio subdirector de Administración y Finanzas, don Eduardo Moreno -que venía de la dirección de don Juan Hernández Jara -, quien señaló que no le calzaba para nada la adquisición de una nueva máquina. No les parecía lo que se estaba haciendo, por lo que preguntaron a la dirección del servicio: ¿por qué adquiríamos un nuevo equipo? Posteriormente, ese subdirector fue reemplazado e ingresó una nueva subdirectora, doña Flor Figueroa . Le llevaron a ella el mismo tema y le conversaron de la adquisición de las máquinas y de cómo era posible que se metieran en un compromiso tan grande como comprar un equipo de 3.500 millones de pesos, en circunstancias de que, en el departamento de Acuñación Monetaria, la línea metalmecánica necesitaba una renovación completa, además que es más rentable que hacer billetes. Le plantearon esta situación al contralor, quien les dijo: “Una compra irracional, para mí, es ilegal”.
Agregó que son 600 familias bajo ese alero que se llama Casa de Moneda; 600 trabajadores que realizan funciones en el afán de que esa institución siga haciendo historia. Es el servicio más antiguo del país, pues tiene doscientos setenta y tantos años de vida. Tienen el patrimonio más valioso guardado y almacenado en esa institución. Por consiguiente, les parece absolutamente irracional que se hayan hecho gastos innecesarios de esa envergadura, en circunstancias de que Casa de Moneda tenía que ser proyectada.
Cuando el Gobierno planteó la modernización del Estado, la productividad era uno de los temas más importantes. Se enfrascaron, se metieron a fondo, se ofrecieron voluntariamente y se pusieron al lado de cada director que asumió. En un período no mayor de tres años, tuvieron seis directores. La gente no sabía para dónde tenía que partir. Recién ahora se amplió el trabajo de impresión de billetes. Están haciendo billetes y todo lo del Banco Central, pero eso tiene que ser programado, pues en este minuto tienen a la gente trabajando hasta las 22.00 ó 23.00 horas, sin tope.
Como dirigente sindical, da a conocer algo que no le parece dentro de la actitud y accionar que debe tener un jefe de servicio, que es autoridad de Gobierno: el trato vejatorio que se le ha dado a los trabajadores.
Es cierto, son simples trabajadores, gente que vive de eso, y sus familias sobreviven gracias al sueldo que ganan en la administración pública, en un servicio mal insertado dentro de los servicios del Estado, porque la Casa de Moneda siempre fue una empresa. Siempre fue y ha sido una empresa. Lo ratifica el hecho de que tienen una serie de trabajadores mutilados, unos sin brazos, otros sin manos o sin dedos, debido al tipo de trabajo y ejercicio que se desarrolla en esa institución.
Acerca de la pérdida de las planchas de matricería, indicó que los antecedentes están en poder de la Contraloría General de la República. También están los antecedentes aportados por el abogado de contraloría interna, señor René Baeza , que establecieron la salida de la matricería; él mismo entregó el set fotográfico.
Se debe tener en cuenta que hace poco los tribunales de justicia, a raíz de la misma querella interpuesta por el Partido Socialista -desconoce el estado de la causa-, solicitaron antecedentes a Casa de Moneda para realizar una verificación de la salida de la matricería, porque el Banco Central determinó que de esa institución nunca había salido nada, y la Contraloría General de la República así lo ratificó. Pero, no es cierto, salió. El informe elaborado por la contralora interna subrogante, señora Valet Palma , considera todos los antecedentes, y le fue entregado al actual director de la Casa de Moneda. En él se da a conocer que el set fotográfico fue entregado y salió de Casa de Moneda.
g) Señor Patricio Véliz , Presidente de la Asociación Gremial Unión del Personal de Casa de Moneda de Chile.
Se refirió a dos temas específicos. El primero a la contratación de publicidad en el exterior, específicamente en Alemania, y el segundo, al tema laboral.
Agregó que sin perjuicio de ello, un tema que, a su juicio, es muy delicado y grave, dice relación con una presentación que hizo a la Contraloría General de la República respecto de la adquisición de pinturas para placas patentes. Esta institución ha señalado una serie de situaciones que a su juicio no se ajustan a la verdad y realizado una investigación interna que carece de total acuciosidad.
Añadió que él fue objeto de amedrentamiento por parte de ese organismo, específicamente por el señor Carlos Santibáñez y tres auditores más por cuanto lo citaron para tomarle declaración respecto de la presentación que realizó en ese mismo servicio. Precisó que él no había hecho una denuncia, sino una consulta sobre los procedimientos normales y estatutarios que corresponden de acuerdo a su organización. A su vez, se le señaló que lo que él estaba haciendo era de suma gravedad y que debía entregar todos los antecedentes, en circunstancias de que en su presentación la acompañó. A través de medios de prueba, acreditó que el señor Trivelli hoy es miembro del directorio de la empresa, que las pinturas fueron rechazadas por toxicidad, por carecer de las especificaciones técnicas requeridas, y, además, la documentación que certifica la adjudicación de la licitación a dicha empresa. Cabe precisar, a lo menos, que esa adjudicación fue bastante extraña, dado que histórica y tradicionalmente era la primera vez que Casa de Moneda pedía las escrituras de constitución de las empresas participantes en una licitación. Una empresa transnacional como 3M, que ha provisto de insumos a Casa de Moneda durante años, vende productos de calidad y tiene una trayectoria reconocida mundialmente. Obviamente es muy difícil que los representantes de esa empresa lleguen a tiempo con la documentación. Sin embargo, la empresa Alte S. A. la tenía a disposición, lo cual le parece bastante extraño.
Destacó que no le parece razonable que la Contraloría General, a través de su auditor jefe, no le haya representado de buena manera que lo que yo estaba haciendo era muy grave y, por ello, debía tener cuidado.
Le señalaron que no estaba citado, sino invitado. Pero se trataba de una invitación muy particular, porque tanto él como los otros tres auditores le preguntaban, entre otros temas, acerca de Aduanas y de Alte S. A.. De hecho, el señor Carlos Santibáñez señaló que con la presentación le estaba provocando un detrimento al Fisco.
Le preguntó si era efectivo que un dirigente, cumpliendo con su función y con un deber estatutario, consagrado en nuestro cuerpo legal, al conocer de algún evento que carece de los procedimientos normales debe representarlos. Como dirigente hice uso de mis facultades, pero no le parece bien que la Contraloría General de la República actúe de esa forma.
Ahora, sobre el tema de los euros, el señor Bernales si bien realizó una exposición muy completa, quisiera precisar que ante nuestra consulta a la Contraloría -muy específica- en cuanto a bajo qué ítem presupuestario la Casa de Moneda había incurrido en ese gasto, nos respondió que dada la política de reforzamiento de Chile país en el extranjero se hace necesaria la publicación y difusión de los productos realizados por este servicio.
Tal como lo expresó el señor Bernales , Casa de Moneda no tiene ninguna relación con Alemania en cuanto a ejecutarles trabajos.
Al respecto, se pregunta ¿se gastan 21 mil euros, alrededor de 15 ó 16 millones de pesos, sólo para estrechar lazos con nuestros proveedores? ¿Esos lazos no existen hace ya cuatro décadas?
En Europa existen alrededor de doce casas de moneda. Nunca se le ha hecho nada a Alemania.
También le preguntó ¿Quién ganó con esto? ¿Por qué se contrató una empresa de publicidad intermediaria y no se hizo de manera directa?
Como organización, objetaron esa respuesta. Le hicieron ver al Contralor General de la República que esa no era una respuesta a su consulta, puesto que preguntaron con qué ítem presupuestario pagaron ese servicio. Nos dieron una respuesta de tipo política. Esa respuesta se la acepto al Ministerio de Hacienda o al del Interior, pero no a la Contraloría General de la República, pues ellos tienen que contestar en derecho y jurídicamente sobre las normas estatutarias vigentes y establecidas.
Pues bien, les vuelve a contestar, pero ahora, a su entender, con argumentos rebuscados, pues el presupuesto de la Casa de Moneda de Chile no considera el subtítulo 22, que se refiere específicamente a publicidad y difusión, por lo que tuvieron que justificar el gasto a través del subtítulo 23.
¿Dónde lo dice claramente y explícitamente? El presupuesto de Casa de Moneda no considera el subtítulo 22, por lo que no puede incurrir en esos gastos.
Además, la Contraloría General de la República desde hace un tiempo a esta parte viene dando un trato bastante especial, condescendiente a nuestro servicio. El jefe de auditoria administrativa y económica de la Contraloría es don Néstor Palominos.
Ante cada presentación que han hecho, la Contraloría General les ha contestado con argumentos rebuscados.
Casa de Moneda de Chile no tiene ítem para incurrir en esos gastos. Esto queda absolutamente claro si analizan la ley de Presupuestos de la Nación, aprobada por el Congreso Nacional.
Acerca de la situación laboral, sólo precisó que es cierto y efectivo que Casa de Moneda de Chile tiene cinco o seis plantas, una de ellas, a la que pertenece, es la operativa, en la cual, para desvincular funcionarios de la institución, de un tiempo a esta parte se ha estado aplicando el artículo 161 del Código del Trabajo: “por necesidad de la empresa”. Es una inconsecuencia, dado que Casa de Moneda de Chile no es una empresa, sino un servicio público centralizado.
Otra inconsecuencia: Si ellos, como funcionarios adscritos a esa planta se rigen por el Código del Trabajo, ¿por qué no pueden constituir un sindicato ni tienen derecho a negociar colectivamente o a huelga?
Los funcionarios de la planta ingresan a Casa de Moneda de Chile bajo los mismos requisitos que un funcionario adscrito íntegramente al estatuto administrativo, es decir, es nombrado por la Contraloría General de la República. Pertenece a la planta operativa, no tiene contrato de trabajo y es el presidente de una asociación de funcionarios de la administración central del Estado, lo que es una incongruencia. La inconsistencia no resiste análisis. En virtud de este articulado se ha estado desvinculando a funcionarios en forma injusta y, a nuestro juicio, en forma improcedente y reñida con la ley.
Cuando recurrieron a la Contraloría General de la República sucedió lo mismo que con la primera presentación, referida a la publicación de la demanda: Contraloría no les contestan. Ellos preguntaron bajo qué ítem pagaron las indemnizaciones, pero -reitera- no les contestan. Les piden que se remitan a la ley orgánica de la Casa de Moneda, pero ella nada dice con respecto a ello. Allí, sólo se habla de su misión institucional, esto es de acuñar monedas, imprimir billetes y de algunas otras actividades industriales.
Pues bien, en la segunda presentación refutaron y objetaron la respuesta de Contraloría, que ahora sí les contestó, señala bajo qué ítem pagar y alude al ítem 2430. Sin embargo, ese ítem no apunta al pago de indemnizaciones a funcionarios pertenecientes a la planta operativa o adscritos, sino que sólo es aplicable a adscritos enteramente al estatuto administrativo. Quienes optaron por quedarse en la planta adscrita ya no pueden acceder a indemnización.
Un tema que preocupa a toda la gente que representa son las prácticas antisindicales de los jefes de servicio, en particular de don Ricardo Aguirre Santiago, jefe de recursos humanos.
h) Señor Pablo De la Maza , ex funcionario de Casa Moneda de Chile .
Informó que ocupó el cargo de jefe del departamento de acuñación monetaria, DAM, desde mayo de 2000 hasta febrero de 2003.
El departamento de acuñación monetaria es en realidad una industria metalúrgica. Casa de Moneda tiene dos industrias: una gráfica, que fabrica billetes, y una metalúrgica, que fabrica monedas, medallas y patentes.
La fabricación de monedas y medallas parte desde el lingote de oro o de cobre, hasta llegar a la etapa final de la moneda.
En la elaboración de placas patentes se utilizan insumos básicos. Ellas se manufacturan en una pequeña industria metalmecánica, que consta de unas prensas de balancín muy antiguas.
La placa patente se produce a partir de una lámina de aluminio, a la que se une un tape reflectante mediante un proceso de aplicación de temperatura. Luego, en prensas antiguas, se estampan letras y números prefijados. Finalmente, se efectúa la etapa de pintado de la superficie sobresaliente, secado, embalaje y despacho.
La sección de confección de placas patentes es la más simple del DAM. A diferencia de ella, la elaboración de medallas y monedas es muy compleja, pues incluye, entre otras etapas, la fundición y estampa de forja en frío de las piezas.
Hay distintos tipos de placas patente en el mundo, unas más complejas que otras, pero, en general, el sistema de fabricación es muy similar en todas partes.
Respecto de los tapes, pinturas y solventes comprados a la empresa Alte S. A. en la época en que De la Maza estaba en Casa de Moneda y del comportamiento de esos insumos, concretamente al memorando N° 23, que envió al señor Guillermo Fierro , jefe del departamento de adquisiciones, en el que manifiesta: “Informo a usted que el tape que se adquirió para las placas patentes, al ser prensado para la formación de los relieves de las letras, se desgarra, lo cual produce detenciones en la producción y mayores costos”. Indicó que no es el único memorando respecto de cosas irregulares. Cuando hay alguna falla en algún insumo, Guillermo Fierro, antes estuvo un joven de apellido Ceballos , al cual le mandaba el correspondiente reclamo. Conviene que se compre un elemento de calidad para que no se produzcan retrasos.
Ahora bien, en las partidas, o en los lotes que se compran, pueden aparecer diferencias, tanto en geometría como en resistencia, porque el tape es un elemento semi elástico. Tiene un nivel de elasticidad.
Con diversas marcas, con diversos tape, se produjeron irregularidades propias de las manufacturas. Recuerdo que con uno -no recuerdo la fecha- había una tendencia al desgarro, por lo que hubo que disminuir la tensión, y otros que tenían geometría variable. Es decir, en la medida que avanzaba la huincha -que pasa por agua caliente- y se iba adhiriendo la lámina de aluminio con el tape reflectante, quedaba un sobrante que había que rasparlo a mano. Pero no recuerdo qué marcas eran, porque ese fue un fenómeno que no fue puntual, sino que sucedió más de alguna vez. Debe haber más algún memorando de reclamo.
De tal manera que le pueden preguntar al proveedor que está pasando. Porque no pasa con todos los rollos. Si uno compra cien o ciento veinte rollos, de repente puede haber uno que falle y hay que dejarlo a un lado para que la persona que vendió lo reponga.
Tuvieron problemas con diversos tape en geometría: distinto ancho, de un milímetro o milímetro y medio, que no es una tragedia. Sencillamente, se toma la lámina, se corta por el lado y otros, en que el problema es la tendencia al desgarro.
Eso en lo que se refiere a los tape. No recuerda las fechas, pero más de algún memorando de él existe. Trabajó ahí dos años y fracción y más de algún reclamo hizo, no solamente por tape, sino también por tinta. Si la persona recibió alguno que está malo, que lo reponga, porque uno tiene una cuota de producción y no se puede estar comprando demás. Alguien tiene que hacerse responsable por eso.
No sabe, ni recuerda, si alguno o varios rollos de los que tuvieron problemas y que se devolvieron, fueron repuestos o no.
Precisó que mientras fue jefe, se preocupó de cumplir los compromisos y de que la puntualidad en la entrega fuera buena, excelente, en lo que se pudiera. De repente surgían cosas como éstas y tenían compromisos de entrega con la Dirección del Registro Civil e Identificación.
Entonces, indudablemente, debe haber mandado un memorando al señor Bernales, que era subdirector de Producción para que agilizara la causa.
Pero, sinceramente, se acuerda que era un desgarro, pero no en qué porcentaje. No lo midió. Pero no recuerda haber tenido atrasos de entrega de placas patente.
En todo caso, respecto de las placas patente entregadas debería haber cartas de reclamo del Registro Civil.
Trataba de hacerse escuchar, dentro de lo que uno se pueda hacer escuchar, y si manda una carta al jefe de adquisición y al subdirector de producción tendría algún eco mayor.
Pero no recuerda que haya habido consecuencia de reclamos. Tampoco recuerda haber tenido fallas en la puntualidad de entrega en el Registro Civil . Durante el poco tiempo que estuvo allí, fue bastante puntual en la entrega de monedas y placas patente al Banco Central. Puede que se haya dado unos pequeños “porrazos” por motivos de fuerza mayor, que nunca faltan.
Ante la pregunta de si sabe qué monto en dinero significó para Casa de Moneda reponer esta pintura por otra porque de acuerdo a nuestros antecedentes, esta pintura o tape habría tenido que reemplazarse por otra marca: 3M, y desecharse la pintura anterior, contestó que no sabe, porque ellos son operativos. El jefe del TAM o del DIR , el caso gráfico, es una gerencia de producción: “Esto no me sirvió. Fuera. Mándese a bodega, que se las arreglen.” No llevan estadísticas de eso. Pero parece que 3M repuso algo ahí. No recuerda los montos.
Tampoco se acuerda de las cantidades ni siquiera para decir que fue, por ejemplo, 10 por ciento. Sí se acuerda de los desgarres. Pero cuando había desgarres, para no usar otra opción le pegaban un retoque a mano, que tiene un costo y un retraso. Ésa es la razón de su molestia como jefe, de que en una sección tan pequeña, comparativamente con el resto, hubiera ocurrido este problema que no debió haber sucedido. Pero, insistió, no se acuerda de las cantidades. En bodega de esa época deben tener un registro de la devolución, y pueden fácilmente decir: “Tantos rollos fueron devueltos; tantos no, etcétera.”
i) Señor Gaspar Bernales , ex funcionario de Casa Moneda de Chile .
En relación al proyecto de Acuerdo, indicó que el primer punto se refiere a la publicidad efectuada en un diario alemán para ofrecer servicios de la Casa de Moneda, por un monto equivalente a 21 mil euros. Esta publicidad fue efectuada en un país con el cual no se tiene ninguna relación. Los antecedentes que se argumentaron señalan que fue para prestar servicios a la relación de Chile con el mundo, argumentando que se estaba en proceso de certificación a las normas ISO 9001 2000. Poco tiene que decir en esto, porque es parte de las atribuciones que el propio director tiene. Sin embargo, en esa oportunidad, se le hizo presente que de publicitar en algún medio exterior, tendría que haber sido en España, porque estaban certificando con la empresa Aenor , y toda nuestra relación comercial, industrial o de asesoría técnica es a través de España y no de Alemania.
Mientras se encontraba subrogando al Director, en su período normal de vacaciones y en su calidad de director subrogante, fue visitado por un fiscalizador de la Contraloría General de la República quien estaba a cargo de investigar un fraude aduanero por el no pago de los derechos de importación. Para él fue una sorpresa, porque este señor se refería a un servicio de impresión que Casa de Moneda había realizado entre noviembre de 2001 y mayo de 2002, haciendo bonos para la provincia de Córdoba, Argentina.
Los antecedentes se referían a la importación de papel para pasaportes argentinos, lo que es absolutamente falso, porque Casa de Moneda jamás recibió cotizaciones o alguna oferta de trabajo de Argentina. A través de un documento se enteró que se había enviado al Servicio Nacional de Aduanas justificando el no pago de los derechos de importación, porque los pasaportes no se habrían confeccionado, producto de la inestabilidad política que se vivía en Argentina y que ese material había sido usado en productos normales de impresión chilenos como, por ejemplo, libreta de familia, licencias de conducir, carné escolar y otros.
Se comprueba que eso es falso, pues un pasaporte tiene un papel muy parecido al del billete. Tiene una marca de agua especial y el único pasaporte que históricamente ha confeccionado Casa de Moneda ha sido el chileno.
Por lo tanto, no tuvo más antecedentes que entregar, salvo cuando regresó el director, a quien le manifestó que se estaba llevando a cabo una investigación de la Contraloría y él le contestó que el Servicio Nacional de Aduanas ya tenía la justificación por parte de Casa de Moneda y que los derechos se habían pagado en septiembre de 2003.
Por el momento no tiene más que agregar. Sólo reiterar que jamás Casa de Moneda ha hecho pasaportes para ningún país y nunca ha recibido la posibilidad de celebrar negocios con Argentina y que el papel que se importó fue para hacer bonos para la provincia de Córdoba, los que se hicieron con una totalidad de 124 millones de bonos, los cuales se imprimieron entre noviembre de 2001 y mayo de 2002.
En cuanto a la deuda derivada de la compra de pintura a la empresa Alte S.A., ésta no alcanzó los índices de calidad necesarios para la confección de placas patentes, lo cual originó una deuda de 120 mil dólares. Se repite la operación de compra de pintura, es una situación bastante sensible, porque le correspondió solicitar perentoriamente a la fiscal de la Casa de Moneda el término del contrato, memorando Nº 26, de 5 de abril, y el cobro de la boleta de garantía de Casa de Moneda para resguardar los intereses del Estado y preocuparse de llamar a una nueva licitación para los efectos de cubrir el programa del Registro Civil. El contrato fue resciliado el 23 de junio. Ahora, no opino que se haya originado una deuda de 120 mil dólares, pero para responder al programa normal del Registro Civil, porque este material no sirvió para lo que se había comprado, se tuvo que hacer una compra urgente en tres oportunidades. En julio de 2002 a la empresa alemana “USH”, el 1 de julio, por cien rollos de tape y tinta, el 2 de julio con 40 rollos de tape y tinta correspondiente y el 4 de julio 105 rollos de tape y tinta. Es decir, 255 rollos adicionales que hubo que adquirir a esta empresa alemana a un sobreprecio, porque se realizó vía aérea para poder responder al programa.
El Director de Casa de Moneda , ante la Comisión, ha acreditado que con este material se confeccionaron productos alternativos de menor exigencia: placas patentes para taxis, para colectivos, para Carabineros y placas “peligro de muerte”. Como soy ingeniero y estuve a cargo del Departamento de Control de Calidad y Producción, quiere decir que el Director desconoce muchas cosas de la producción de Casa de Moneda.
Las placas de los taxis son de color naranja con letras negras; las de los colectivos, amarillas con letras negras; las de Carabineros no usan tape reflectante, sino que son pintadas a mano con pintura reflectante, y las placas “peligro de muerte” ni siquiera dimensionalmente pueden ocupar la cinta reflectante, porque miden 50 centímetros de largo por 45 centímetros de alto y son pintadas a mano.
Este tape no pudo ser ocupado; no sirvió; su tinta era altamente tóxica. Hubo reclamos de las secciones en que se producía el material. El propio jefe del Departamento de Acuñación Monetaria , don Pablo De la Maza , quien, además, era el presidente del Comité Paritario de Casa de Moneda , que estuvo aquí hace un par de semanas, hizo los reclamos pertinentes respecto del tema de la contaminación.
Respecto de la compra de las máquinas calcográficas para la confección de billetes por un valor de 7 mil millones de pesos, señala que éste es un tema de larga data en Casa de Moneda-. Le correspondió trabajar con todos los Directores de Casa de Moneda desde 1990 hasta la fecha, y conoció personalmente a Juan Hernández Jara , que murió en 1992; a don Patricio Morales Salinas , director entre 1993 y 1994; a don Fernando Silva , entre 1994 y 2000; a don Adrián Torres Canal, entre el 2000 y el 2001; a don Manuel Brito , director suplente por un mes, y a don Antonio Lara .
En relación a lo que significa una prensa calcográfica y en qué tipo de línea productiva está inserta, expresó que para imprimir billetes se necesita una prensa que haga los fondos -es una máquina Simultan y el proceso es offset-; dos prensas calcográficas que hagan el anverso y el reverso, y una máquina para numerar, que se denomina “numerota”. Casa de Moneda tenía este equipamiento, salvo la prensa numeradora. Hasta 1991, Casa de Moneda imprimía el número con prensas tipográficas comunes y corrientes, marca Heidelberg. Se adquirieron prensas calcográficas con el objetivo de aumentar la producción de billetes de Casa de Moneda.
A 1990 -o sea, desde la década del 80-, Casa de Moneda, con su infraestructura y tecnología, imprimía alrededor de 450 millones de billetes al año. Desde 1990 hasta el 2003, bajó desde 250 millones de billetes hasta 48 millones, el 2002 y el 2003. Bajo esa perspectiva, evidentemente, no se justifica para nada invertir en nuevas tecnologías.
Pero aquí se está ante una situación más complicada, porque los proyectos de inversión de una institución del Estado, un servicio público centralizado perteneciente al Ministerio de Hacienda, no pueden implicar la compra de ningún equipo de esta envergadura sin un proyecto presentado al Mideplán, sin la aprobación del ministerio respectivo -en este caso, la evaluación de la Dirección de Presupuestos y del propio ministerio- y sin la aprobación de la Contraloría General de la República. Cada uno de estos pasos se cumplió y las prensas se adquirieron después de esa tramitación.
Ahora, si la consulta se refiere a si estos equipos se justificaban o no, los ingenieros que hicieron la justificación técnica tuvieron un pésimo ojo previsor, porque la producción de billetes no sólo no aumentó, sino que disminuyó hasta prácticamente desaparecer. O sea, con la infraestructura tecnológica con que contaba Casa de Moneda, podría perfectamente haber seguido fabricando la demanda de billetes del Banco Central de toda la década del 90 y del 2000.
La pérdida de matrices para la confección de billetes es un tema que, incluso, está en los tribunales de justicia. Tengo entendido que hay una demanda activada ahí.
Está demostrado que se perdió matricería para fabricar billetes de diez mil pesos, la que fue sacada de manera subrepticia de la institución. Hay declaraciones que, incluso, se vincularon en la prensa de la época por un ex contralor de la Casa de Moneda; sin embargo, es un tema de los años 1995-1996.
El inexplicable desaparecimiento de planchas de billetes de diez mil pesos más el extravío de cerca de 10 millones de pesos en billetes de diez mil pesos no fue denunciado ante autoridad alguna. En este caso hay dos temas. La pérdida de la plancha de billetes se refiere a la exposición Barcelona 91-92, donde el Director de la época viajó a dicha exposición con una plancha original de billetes. Esta plancha no regresó. Se perdió, razón por la cual hubo un sumario administrativo en Casa de Moneda que implicó a varios funcionarios que todavía están en la institución. Sin embargo, este sumario dejó sin responsabilidad alguna al funcionario de menor jerarquía, porque el director de la época falleció. Entonces, no estando el director, el funcionario que lo acompañó no tuvo más que decir.
Respecto de la pérdida de 10 millones de billetes de diez mil pesos, le correspondió solicitar al director la instrucción de un sumario administrativo por el tema de esta pérdida. El sumario todavía no ha terminado desde octubre de 2003 a la fecha. La denuncia fue hecha a los tribunales de justicia que está investigando el tema. Hay una cantidad de funcionarios de rango menor con cargos. No hay ningún funcionario de rango medio ni mayor cuestionado, sólo operativos y personal de servicio.
La inestabilidad laboral se debe a la incorrecta aplicación de normativas que permiten la desvinculación de los trabajadores. Todos saben que la Casa de Moneda tiene alrededor de cinco plantas distintas. Ello permite algunas situaciones especiales, aplicando el Código del Trabajo a los funcionarios regidos por él.
Acerca de su desvinculación de la Casa de Moneda informó que el 27 de abril de 2004 se le solicitó la renuncia a la Casa de Moneda, argumentando el artículo 7º del Estatuto Administrativo, facultad que tiene el Servicio, la cual presenté en forma inmediata, porque la alternativa que tenía era esperar 48 horas y se declaraba vacante el cargo.
Señaló que el año 2000 ya pasó por esta situación, bajo la administración del director Adrián Torres Canales, en que ocurrió lo mismo. Se le pidió la renuncia y la presentó.
Paradójicamente, el año 2000 la Casa de Moneda estaba siendo objeto de una investigación triministerial, y se le pidió, por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que retirara la renuncia porque era poco decoroso que se fuera mientras la Casa de Moneda estaba siendo investigada.
Manifestó esto mismo a don Antonio Lara , que la Casa de Moneda estaba siendo investigada desde el 27 de abril. Tiene entendido que a la semana siguiente compareció por primera vez don Héctor Laraga . Sin embargo, como era una petición por escrito tenía las dos alternativas: la presentaba o se declaraba vacante su cargo. Presentó su renuncia no voluntaria en esas condiciones. El acta y la resolución respectiva fue a toma de razón de la Contraloría el día 4 de mayo; la Contraloría evacuó su informe, está con “toma de razón” de su renuncia y, por lo tanto, no soy funcionario de la Casa de Moneda desde el 30 de junio de 2004.
Acerca de si hubo algún sumario mientras estaba trabajando en la Casa de Moneda, respondió que no, y para ese efecto, expresa que en la resolución tramitada por la Contraloría con fecha 4 de mayo donde se determina “renuncia no voluntaria”. Y en el punto 2) del Resuelvo dice: “Déjese constancia que el señor Bernales Cabrera no está sometido ni a sumario administrativo ni acogido a reposo preventivo”. Tómese razón entre el 31 de mayo y el 3 de junio, documento que fue enviado a la Casa de Moneda. Quisiera que se adjuntara a los antecedentes, señor Presidente .
Respecto de la internación por parte de la Casa de Moneda de un papel de seguridad inicialmente con el objetivo de fabricar pasaportes para la república de Argentina y que se convirtió después en una condición de bonos para la provincia de Córdoba, entre fines del 2001 e inicios del 2002 y un posterior pago de derechos hecho recién el 5 de septiembre de 2003 y de las consultas de cómo se sacan esos papeles de seguridad del almacén particular, se venden a la provincia de Córdoba y se pagan los derechos de esa internación, a partir del momento que se sacan a una región particular, y se transforman en bonos para la provincia de Córdoba, un año después, saber cuál fue el monto involucrado en la operación de los 124 millones de bonos; cómo se realizó la transacción; cuál fue el proceso de la forma de pago de esos bonos por parte de la provincia de Córdoba y si quedó algún remanente de esos bonos que no fue vendido en esa oportunidad a Córdoba y qué se hizo con ellos, contestó que el almacén particular está constituido en la propia Casa de Moneda. Por lo tanto, respecto de cómo se saca del almacén particular, se retiró de la bóveda de almacenamiento de la Casa de Moneda.
Él era subdirector de producción y estaba encargado de producir los bonos. El departamento comercial con su unidad de comercio exterior es el ente que está obligado a esta situación de carácter administrativo.
La Casa de Moneda, en todo momento, lo que solicitó e importó fue papel para hacer bonos para la provincia de Córdoba, Argentina. Jamás se estudió propuesta alguna para fabricar pasaportes. El papel que se importó fue para hacer bonos para la provincia de Córdoba. Jamás se ha importado papel para producir pasaportes.
No es efectivo que, dada la situación política inestable de Argentina, el papel para hacer pasaportes se hubiese ocupado en productos nacionales, porque eso es imposible. Eso habla de un desconocimiento absoluto de las medidas y características técnicas de los papeles que se utilizan en la Casa de Moneda.
Insistió en que un papel para pasaporte es similar al papel billete. Tiene una marca de agua exclusiva y no puede ocuparse en otro tipo de producto. Se pregunta si alguien se puede imaginar el papel para pasaporte chileno con la imagen de don Domingo Santa María circulando en sus licencias de conducir o en el carné escolar, en las libretas de familia o en las licencias médicas y respondió que ello es imposible. Por lo tanto, jamás la Casa de Moneda importó papel para hacer pasaportes argentinos.
El almacén particular estaba en la propia Casa de Moneda. De las bodegas de la Casa de Moneda se retiró papel para hacer alrededor de 124 millones de bonos para la provincia de Córdoba, los que se fueron exportando en la medida de los requerimientos de la provincia, en cantidades de un millón y medio a 37 millones por partida.
Le gustaría retrotraerse al momento que estaba viviendo Argentina. Casa de Moneda cobraron por anticipado los valores correspondientes a cada importación y se depositó en una de las cuentas de la Casa de Moneda habilitada para tal efecto. No recuerdo bien si en el banco Bice o en el Citibank, donde había una cuenta habilitada para la Casa de Moneda.
Esta situación, del todo irregular, fue regularizada posteriormente a través de un oficio al ministro de Hacienda , porque la Casa de Moneda, como servicio público, no puede exportar directamente. La autorización del ministro de Hacienda llegó entre diciembre de 2001 y enero o marzo de 2002.
Acerca de la cantidad que significaba para la Casa de Moneda esa exportación, fueron alrededor de 5.700 millones de pesos que llegaron entre noviembre de 2001 y agosto y septiembre de 2002. De esa manera, se fue rebajando el valor cobrado de los bonos argentinos; que en junio de 2002 se envió una última exportación de un millón y medio de bonos, que los argentinos nunca pagaron, de modo que prácticamente se les regaló; que fueron devueltos a la Casa de Moneda como consecuencia de una investigación con características de escándalo en Argentina, y que el director ordenó el año pasado, al actual contralor interno de la Casa de Moneda que los triturara. Por lo tanto, a la fecha no existe ese remanente de bonos para la provincia de Córdova. Fueron triturados por orden del director.
Por último, estos 5.700 millones de pesos no están reflejados en ningún aspecto contable en la institución, ni en la discusión presupuestaria, ni en los informes de ejecución presupuestaria de la institución y tampoco fueron parte de la discusión del presupuesto correspondiente al año siguiente en el Congreso Nacional.
Luego explicó que alrededor de 1995, la empresa Cade Consultores Ltda. elaboró un informe en el cual planteó la pregunta de si al Estado de Chile le interesaba tener una Casa de Moneda. En caso de que esa respuesta fuera positiva, la siguiente consulta era si le interesaba tenerla dentro o fuera del aparato estatal. Al termino de su consultoría, Cade concluyó que al Estado le convenía mantener una Casa de Moneda, pero no dentro del aparato estatal.
En ese sentido, cree que existe una política sostenida para transformar a Casa de Moneda en una especie de museo.
En 1994 asumió el señor Fernando Silva Muñoz , quien tenía cuarto año medio y cuya única vinculación al trabajo que efectúa Casa de Moneda era ser propietario de una imprenta, en la que se hacían trabajos de publicidad para el Partido Demócrata Cristiano.
Se exportaron monedas a quince países distintos, haciendo el doble de acuñación de la exigida por el Banco Central de Chile -800 millones de moneda en 1993, bajo la administración de Patricio Morales-; 700 millones de monedas al extranjero en 1994; cero moneda al extranjero el 2002; cero moneda al extranjero el 2003, y cero el 2004. Hicieron 400 millones de billetes en el 90 y el 93. Hasta el 2003, hicieron 48 millones de billetes. Hicieron la Prueba de Aptitud Académica cuando se vendían los facsímiles de la imprenta de la Universidad de Chile, que hoy día no se hacen. Hicieron más de 2 millones de libretas para el Banco del Estado y que hoy no se hacen.
No estaría en condiciones de responder de si hubo la mala intención de cometer ilícitos en la Casa de Moneda, pero cuando las situaciones se suceden una tras otra y se involucran montos elevados, no saber hacer las cosas o no hacer las cosas bien, no se condice con las normas internacionales de calidad de Casa de Moneda, o de asumir las buenas prácticas.
Lo que ocurre es que, si estudian el proyecto de transformación a empresa de la Casa de Moneda, esa entidad tiene una ley orgánica que entrega al director facultades omnímodas.
El Director no debe informar de ningún tipo de decisiones. La ley orgánica data de 1960 -absolutamente desfasada-, que no tiene instancias de control de gestión. El único control que tiene es la Contraloría General de la República. Durante la administración del director Silva se hicieron 43 acusaciones a la Contraloría, la que sólo sancionó una: el uso del vehículo fiscal.
En las administraciones del 90, 91, 92, 93 y 94, de Juan Hernández Jara y Patricio Morales , no hubo ninguna acusación en la Contraloría General. Se abrió la fábrica de placas patentes, se abrió la fábrica de cospeles, se exportaron monedas a muchos países, se ampliaron los procesos productivos y se modernizó la institución.
Hoy existe una manifestación abierta, derecha y profunda de terminar con ese servicio público. Cree que tienen la facultad para concretarlo con el proyecto de ley que está todavía sin aprobarse.
Pero respecto de cometer ilícitos e irregularidades en forma expresa, no lo cree.
Relató que se transforma una Fiscalía, un mes después de que llega el director Lara. El director Lara llegó en octubre. Primera licitación: noviembre, plásticos para licencias de conducir, y se hace la exigencia, a las mismas empresas, de presentar la escritura de constitución de la sociedad. Cinco días para presentar la escritura de constitución de la sociedad. De dónde iba a sacar el representante de 3M en Chile, en cinco días, la escritura de constitución de 3M, la multinacional. Entonces, se compró a una empresa Forbeg un millón 300 mil plásticos para licencias de conducir. Y a fines de 2001, se llama a licitación para insumos de placas patente, y se exige escritura de constitución de sociedad a 3M, a la USH, a la Argio, las empresas proveedoras habituales. No tienen cómo (conseguir las escrituras de constitución de sociedad), pero da la casualidad que hay una empresa nacional que sí tiene escritura de constitución de la sociedad, la empresa Alte S. A., que llega con muestras a esa licitación. Sólo postulan dos empresas: Avery Dennison y Alte S. A.. Las muestras de Alte S. A. nada tienen que ver con la partida que llega posteriormente para fabricar el producto. Las muestras que presentó Alte S. A. tenían características de rango internacional, pero las cajas en que llegó la partida para producir tenían el rótulo “Made in China”, y se vieron enfrentados a dificultades.
No estimó que hubiera una intención manifiesta, premeditada, de cometer ilícitos o irregularidades, sino más bien un desconocimiento absoluto del manejo de una empresa productiva tan compleja como Casa de Moneda, que tiene una fábrica, Metalmecánica, por un lado, y otra de seguridad, que tiene una fábrica de placas patente, y que cuenta con las bóvedas de seguridad más grandes del país para prestar servicio de custodia de valores.
Respecto de la aclaración con lo sucedido con los 5.700 millones de pesos que quedaron en el aire, indicó que el ingeniero de costos de Casa de Moneda, que hoy está a cargo de la sección productiva -que lo sacaron rápidamente de ingeniería de productos y de costos-, manifestó en la última sesión que no se reflejaron contablemente esos 5.700 millones de pesos ni en el presupuesto ni en la defensa del presupuesto. No se registraron como ingresos, que fue lo que generó el negocio de los bonos argentinos. Ahora, ¿qué se hizo con ese dinero? Cuando llegó, ingresó al mercado financiero. Incluso, Casa de Moneda depositó en INVERLINK alrededor de mil millones de pesos.
Luego precisó que una doctora va dos veces a la semana a la Casa de Moneda, una vez en la mañana y otra en la tarde. Casa de Moneda funciona de lunes a domingo. También señaló que don Pablo De la Maza , en su calidad de presidente del Comité Paritario y jefe del Departamento de Acuñación Monetaria , donde se hacen las placas-patente, hizo las denuncias correspondientes.
Revisadas las actas del Comité, sólo hay dos, en circunstancias de que el Comité se reúne cada quince días. Debe haber cincuenta actas del Comité Paritario en las que se trataron esos temas.
La Casa de Moneda debe responder a un programa que manda su cliente: el Registro Civil . El producto de la empresa Alte S. A., decididamente no sirvió. Hubo que comprar en forma urgente a la empresa “USH”, alemana, que era la que disponía en ese instante, tres pedidos por 255 rollos de reflectante. Esto se tuvo que transportar por vía aérea, con un costo de 40 mil euros, y su compra fue por un total de 165 mil euros la compra de los tres pedidos. El rollo a “USH” costaba alrededor de 500 dólares versus 270 el de la empresa Alte S.A. O sea, si no hubo pérdida patrimonial no sé lo que hubo entonces. Pero tenían que cumplir con el programa del Registro Civil . Se compró directamente sin licitación y sin pedir la escritura de constitución de la sociedad, situación que se había exigido meses antes a las empresas para que participaran.
j) Señor Fernando Silva Muñoz , ex funcionario de Casa Moneda de Chile .
Informó de la compra de una máquina calcográfica. Se mencionan dos máquinas; sin embargo, en el período en que ejerció el cargo de director de Casa de Moneda , nombrado por el ex presidente Frei , desde el 15 de marzo de 1994 hasta el 10 de marzo de 2000, Casa de Moneda adquirió una máquina calcográfica, de un valor cercano a los 3.200 millones, pagaderos en cinco años.
Añadió que cuando inició su gestión, en 1994, solicitó a las jefaturas de departamento y a las subdirecciones un diagnóstico de la situación de cada área, en varios aspectos, porque le interesaba saber cómo estaba la institución.
Los jefes hicieron un diagnóstico. Evaluaron los grandes problemas, los desafíos y las perspectivas de cada una de sus áreas en relación con los requerimientos de la institución para el período que se avecinaba.
Luego de recabada la información -entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 1994-, solicitaron al Ministerio de Hacienda, a través del subsecretario Manuel Marfán , que incorporara a Casa de Moneda al plan piloto de modernización de los servicios públicos. La incorporación a este proceso de modernización de la Administración Pública constituía una exigencia adicional y nos parecía interesante sumarnos al desafío asumido por el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Instituto de Normalización Previsional, esto es, incorporarnos al esfuerzo de modernizar la institución.
Eso significó que el Ministerio de Hacienda les otorgara recursos adicionales para contratar una consultora, proceso que se realizó a través de una licitación privada hecha por el Ministerio entre cinco o seis consultoras que presentaron propuestas. Se eligió una consultora, porque nuestro diagnóstico era elaborado por las jefaturas y, en esas circunstancias, nos pareció importante una opinión externa de qué era necesario hacer en la institución.
En ese contexto, se escogió a CADE Consultores, empresa que había realizado un diagnóstico de Casa de Moneda en 1969; por lo tanto, tenía antecedentes previos del giro, las perspectivas y desafíos de Casa de Moneda ya en ese entonces.
Con el diagnóstico de 1969, la conclusión fue clara. El diagnóstico fue simple, pero categórico: de no mediar una modernización, transformación tecnológica, diversificación de sus productos y de sus clientes, y un cambio jurídico, de servicio público a empresa, Casa de Moneda no tenía mucho destino.
Con ese diagnóstico, en 1995 se elaboró un plan estratégico en el que definieron los grandes objetivos estratégicos, las metas y las acciones concordantes con el cumplimiento de dicho plan. Uno de esos aspectos fue la modernización tecnológica. Tiene en su poder una numeración de todas las inversiones que Casa de Moneda hizo en el período 1994-2000, de todas las maquinarias que se compraron en las áreas fundamentales. La definición del giro del negocio, la Casa Moneda es billetes y monedas, y en esas dos áreas ellos potenciaron billetes y monedas. Las inversiones en infraestructura en la línea de billetes y de monedas hablan del esfuerzo tecnológico.
Por qué se debía hacer esto. En 1994, cuando asumió, tuvo el primer golpe duro en que el Banco Central había determinado abrir un proceso de licitación de sus billetes. Se les comunica que ya estaba aprobada la licitación de billetes de diez mil pesos. El 85 por ciento de los ingresos eran del Banco Central; su principal cliente.
En 1989, se produjo el cambio de la ley del Banco Central, se le dio autonomía, pero nadie previó que paralelamente había que modificar la ley orgánica de la Casa de Moneda, por cuanto ella quedó amarrada. El Banco Central podría licitar internacionalmente la confección de billetes y la Casa de Moneda quedó obligada, en el sentido de que si el Banco Central mandaba a hacer sus productos, debían abandonar todo lo que se estaba haciendo y focalizarse en el Banco Central.
Ante la consulta de si la licitación del Banco Central fue pública o privada, respondió que las licitaciones del Banco Central son privadas. Todas las casas de moneda del mundo no se pueden abrir a una licitación pública, ya que la Interpol ha determinado claramente los requisitos que deben contemplar los países en la impresión de billetes, de pasaportes o cédulas de identidad, la delincuencia -se refiere al narcotráfico y al terrorismo internacional- está avanzando muy rápido, y por eso la necesidad de incorporar, junto con ese avance, medidas de seguridad.
Añadió que el Banco Central licita internacionalmente la producción de una parte de diez mil pesos a una empresa inglesa. Se está hablando del año 1994. Obviamente, la Casa de Moneda debía hacerse una pregunta sustancial, ¿era necesario que Chile tuviera una Casa de Moneda? Esa pregunta no la podían responder ellos, porque si preguntaba a los funcionarios, ellos iban a decir: “Sí, por supuesto”. Y si preguntaba a las jefaturas, la respuesta iba a ser: “sí, por supuesto”.
El diagnóstico lo llevó a realizar acciones, como la modernización tecnológica, la diversificación de productos, la ampliación de cartera de clientes. En la definición estratégica, expresaron que el Banco Central seguía siendo el principal cliente, con atención preferencial. Eso se logró en el período 1994-2000, pero paralelamente se debía consolidar económicamente a Casa de Moneda y prepararla para los cambios del entorno. El entorno nos estaba diciendo que, en 1992, en Maastricht se tomó el acuerdo de la creación de la nueva moneda de Europa, el euro, y en 1998, los países europeos debían empezar a imprimir euro, y tuvieron la fortuna de conocer en Italia y en Alemania, y el 1º de enero de 2002 empezó a circular el euro.
Con ese escenario de entorno, pensaban que iban a tener competencia y debían ser capaces de prepararse. En respuesta a ello, realizaron una alianza estratégica con la fábrica de Monedas y Timbres de España, además de prepararse para lo que el Presidente Frei venía sosteniendo en términos de relaciones internacionales y de apertura: se encaminaban acuerdos con la Unión Europea. Por lo tanto, era vital tener un nexo con una institución como la fábrica de Monedas y Timbres de España, que les permitiera posesionarse. Pero también tener la posibilidad de un socio para invertir en el Mercosur, porque la postura que nuestra propuesta anunciada públicamente, entre febrero y los primeros días de marzo, por el ex ministro de Hacienda , Manuel Marfán , fue un trabajo de años de elaboración. Un proyecto de cambio jurídico al que postularon como empresa autónoma del Estado, que fue la fórmula legal que el Ministerio de Hacienda aprobó y presentó antes de que el ministro y el gobierno concluyeran su gestión.
Este cambio jurídico, más esta modernización tecnológica, más la concreción del entorno y la capacidad de aumentar cliente y producto les llevó a muchas cosas. Por ejemplo, a tener la Tesorería General de la República, que no la tenían, porque le cobraban 800 por ciento más caro. Con un esfuerzo de optimización de recursos y optimización productiva lograron ganar la operación renta, que hasta hoy realiza Casa de Moneda. La Prueba de Aptitud Académica, que recuerda claramente, porque el entonces subsecretario Marfán , con cierto escepticismo se lo dijo, cuando se produjo en 1988 la situación especial de la prueba, que enviaría una carta al rector y a la dirección de Evaluación, Medición y Registros, Demre , para proponer que la Prueba de Aptitud se realizara en la Casa de Moneda, que es la institución que debe hacer todas las especies valoradas del país, además, de todos los documentos de fe pública, porque da garantía al país, porque es del Estado y no de administración particular. Desde ese punto de vista, hicieron la presentación y ganaron la Prueba de Aptitud.
Ahora bien, en la compra de la máquina calcográfica se encontraron con la necesidad de la modernización tecnológica. Se permite hacer una referencia, en el Estado, para comprar un bien se deben realizar muchos procedimientos, pero para comprar un bien raíz o un bien de capital los procedimientos son muy rígidos. Se debe presentar un proyecto en Mideplán, se analiza y revisa técnicamente. En este caso, el proyecto de compra de esta máquina se inicia en 1988 ó 1989 y contemplaba que las máquinas de impresión calcográficas o de billetes se compraran en pares para el anverso y reverso del billete. Y acá, valga el reconocimiento al director Juan Hernández Jara , que en paz descanse, quien tuvo la visión de incorporar la primera máquina a mediados de 1991. Se incorporó la primera calcográfica, pero en su postulación presupuestaria iban las dos, pero, obviamente, aprobaron una. Se encontraron con el proyecto hecho, estaba con el código “BIP” de Mideplán y comenzaron la tramitación del proyecto que concluyó con una fuerte aprobación, debido a su rentabilidad económica, viabilidad, su tasa interna de retorno y por todo lo que Mideplán había analizado.
Por lo tanto, el proyecto quedó recomendado sin observaciones y pasó al Ministerio de Hacienda; pero acá estimaron que como se trataba de una inversión superior a 3.200 millones de pesos, obviamente, comprometía la gestión presupuestaria más allá de su ejercicio.
En ese contexto, la Dirección de Presupuestos hizo un análisis acucioso de lo que significaba para el Estado comprometer esta compra. Al final se aprobó y un comité técnico de la Casa de Moneda, integrado por doce o quince jefaturas, lo aprobó. Hace una precisión, porque es importante cuando se refleja un estilo de gestión de los gobiernos que nos tocó participar. Las jefaturas que participaron en este comité técnico tenían más de 30 ó 40 años de servicio en la institución. El coronel Juan Hernández Montaner dirigió la Casa de Moneda durante 17 años. Fue un período muy duro y no podría haberse presumido en que se cambiara la jefatura.
Cuando ingresó en 1994 se encontró con estas jefaturas de 30 ó 40 años de servicio y con una experticia técnica en las áreas claves, de billetes y monedas, que no tuvo ninguna duda en mantenerlas, y fueron las personas que le acompañaron en toda la gestión. Eran de una lealtad al servicio y de una entrega técnica digna de destacar. En la cosa pública nunca se deben mezclar parámetros que no sean los de la eficiencia.
Estas jefaturas son las que participan en el comité técnico que debe analizar, entre otras cosas, la compra de las máquinas calcográficas. Una vez terminado el proceso de Mideplán y de la dirección de Presupuestos, se aprueba por unanimidad, no es una decisión del director de Casa de Moneda ; es una decisión colegiada y técnica, en que, una vez aprobada la adquisición por ese comité técnico, se inicia el proceso con la Contraloría General de la República a la que va toda la documentación, para la toma de razón, que significa la aprobación legal, la verificación del financiamiento y de la viabilidad de la compra. Recién en ese momento se procede a realizar la compra.
Se trata de maquinaria con una oferta especial, por un proyecto ingresado en 1989 que tenían que concluir, pues ya tenían la “hermana” de esta máquina. La fábrica había descontinuado esta línea y a Casa de Moneda le era imposible incorporarse a la otra línea, porque significaba cambiar absolutamente todos los paños de cobre y la preparación de las planchas. Era una oportunidad única, como la calificó el comité técnico, y se aprobó. Esa aprobación significó, por lo menos tecnológicamente, que dejaran a Casa de Moneda en condiciones de poder competir y de estar a la par, a lo menos, con el desafío que nos hacía el mercado.
Ése es el proceso de compra de la máquina calcográfica que Casa de Moneda adquirió en 1997, que comprometió recursos del Estado por tres, cuatro o cinco años -cree que fueron cinco-, y que contó con todas las aprobaciones.
En los últimos dos años de su gestión vivió momentos muy difíciles desde el punto de vista personal, anímico. No fueron gratos esos momentos, producto de denuncias públicas realizadas en los medios de comunicación que fueron encabezadas por un diputado . Se hicieron más de treinta o cuarenta presentaciones a la Contraloría General de la República, algunas vinculadas a esa máquina, y la Contraloría pasó por esta revisión tres o cuatro veces. El último informe le llegó en febrero de 2000, que es la tercera o cuarta vez que, después de hecho el análisis, la Contraloría no encuentra nada, desde el punto de vista procedimental.
Si hay dudas sobre la gestión y sobre el procedimiento, que se argumente sobre ellos, y después se sacarán sus propias conclusiones de acuerdo a los antecedentes, pero no la prensa, porque las denuncias por la prensa terminan en lo que ha pasado últimamente y la denuncia por la prensa es conclusiva.
Se vio enfrentado a que en los diarios se denunciaran irregularidades en Casa de Moneda o se decía que el director de Casa de Moneda privatiza la institución, tal como apareció en un diario, según afirmaciones de aquel diputado. Ellos habían acordado que fuera empresa autónoma del Estado, y eso era privatizar la institución. No quiso continuar la discusión por la prensa, sino que siempre desee tener la oportunidad de aclararlo.
Ante la pregunta de qué profesión tenía cuando asumió la Dirección de Casa de Moneda de Chile, respondió que, entre otras cosas, es técnico gráfico. Su vida, antes de este cargo, giró en torno a la actividad gráfica. Tiene empresas relacionadas con el rubro. Fue gerente de la editorial Aconcagua y, además, por dos períodos consecutivos director de la Cámara Chilena del Libro.
El Banco Central tiene autonomía. Por lo tanto, si el Banco Central ordenó la producción de billetes, lo hizo como cualquier cliente que decide imprimir donde considera que le sale más barato. En sus licitaciones el Banco Central comprobaba que esto era así. Existen documentos que demuestran cómo en 1999 se logró ganar plenamente la licitación del Banco Central, en competencia con empresas internacionales. El esfuerzo de mejora tecnológica, de producción y de costos les permitió ganar la licitación.
Pero con el nivel de inflación, de crecimiento y de estabilidad que tiene nuestro país, cabe preguntarse cuánta es la masa monetaria que va a imprimir el Banco Central constantemente en los años que vienen. Si uno hace una proyección, comprobará que es cada vez menos. En consecuencia, no tiene sentido para Casa de Moneda hacer sólo billetes y monedas de Chile. El gran desafío era abrir la producción a otros mercados, por ejemplo al Mercosur. En consecuencia, no es correcto tomar sólo la producción de billetes del Banco Central para hacer el análisis de la viabilidad de una máquina, no es correcto. Si fuese sólo ésa nuestra producción, se habría tenido que cerrar la institución, porque a medida que transcurría el tiempo -y se está viendo- la emisión para el Banco Central iba a ser cada vez menor.
Respecto a la afirmación de qué había que diversificar la producción para hacer más eficiente y competitiva a Casa de Moneda y si ya se había tomado la decisión de compra en 1994 y había llegado la calcográfica, materialmente, en 1997 y de las preguntas de si es necesaria una máquina de cinco o seis millones de dólares para confeccionar otro tipo de elementos que no sean billetes y de si no se pueden confeccionar con una máquina distinta y de mucho menor valor que una calcográfica de 3.200 millones de pesos, contestó que para elaborar cualquier documento de impresión, cualquier máquina sirve. Chile tiene a Casa de Moneda desde 1749. Entonces, se está hablando de una empresa especializada. Casa de Moneda no está para hacer libros ni revistas, pues no es su función. Se trata de un negocio muy especializado. El negocio central de Casa de Moneda es hacer billetes, monedas, pasaportes y documentos, como cheques u otros, en donde se incorpora esta especialización de impresión que se llama calcografía, que es en relieve. Ahora, si la pregunta es: ¿valía la pena hacer ese esfuerzo de 3.200 millones para potenciar la institución?, y respondió categóricamente que sí. O sea, para hacer el negocio de Casa de Moneda no había otra alternativa. Insiste, el análisis vinculado sólo a los billetes del Banco Central, les llevaría concluir que en 1995 se debería haber cerrado Casa de Moneda. La estabilidad del país y la proyección de la inflación hicieron -y seguirá así- que el Banco Central fuera declinando la producción de billetes, por lo tanto, la Casa de Moneda la dejaron preparada en el 2000.
Ahora, después del 2000, no tiene idea qué se ha hecho ni se involucra en la gestión. Se imagina que las cosas se han seguido haciendo bien. Desde el punto de vista de la producción, la idea era proyectar la institución hacia el siglo XXI, y la alianza con la fábrica de monedas y timbres española tenía que ver con la producción del euro, que iba a aparecer el 2002, pero de 1998 al 2002 las fábricas de Europa iban a tener que retirarse de las licitaciones del mundo y Casa de Moneda, en esta alianza con la fábrica de monedas y timbres, tenía que entrar a competir. En 1999, se logra llegar al punto de ganar en Chile las licitaciones internacionales.
¿Qué continuaba en el 2000? Introducirse en el mercado del Mercosur, que no tiene casas de moneda; era meterse en otros mercados de Asia, en impresión calcográfica, pues para eso tenían la máquina. Por ende, la máquina valía.
Ahora, si por la discontinuidad tecnológica, Casa de Moneda para, no puede decir, por ejemplo, al Banco Central: “Mire, estamos en pana y no podemos hacer billetes”. Los clientes no se retienen de esa forma en una especialidad como es la de los billetes. En otros productos uno puede buscar alternativas e imprime en otro lado. Insisto, en esto está involucrada la gestión y la apuesta que se hace. Pueden haber opiniones distintas y respetables.
Por eso, desde 1994 y al 2000, su convencimiento -y siguen convencidos en eso- es que el camino para que Casa de Moneda se proyectara era transformarla jurídicamente y actualizarla tecnológicamente.
k) Señor Adrián Torres Canales, ex funcionario de la Casa de Moneda de Chile.
Se refirió a un hecho acaecido con anterioridad a su gestión; entiende que de 1997. Al respecto, tiene una opinión técnica de la compra de las máquinas calcográficas, que, por lo demás, es pública.
No sabe si se justificaba la compra de máquinas calcográficas por ese monto, pues se realizó en un período en que había disminución de la demanda. Durante su período, que duró cerca de un año y cuatro meses, hizo un plan estratégico y, obviamente, un análisis de la industria y del mercado. Todo indicaba que desde 1995 la confección de billetes por Casa de Moneda venía a la baja, por cuanto se comenzó a licitar internacionalmente y a utilizar el dinero plástico y las transacciones electrónicas. Estos elementos sustitutivos hicieron compleja la evaluación del proyecto.
Añadió que desde 1995 ó 1997 venía proyectándose una disminución de la demanda de billetes.
Expresó que la segunda máquina calcográfica llegó en 1997. Es decir, dos años después de haber proyectado la disminución de la demanda de billetes por el uso de otros instrumentos en el sistema financiero y no, precisamente, del papel moneda como elemento de transacción. Se hizo un análisis del comportamiento de la industria y el mercado. Además, de una relación de la producción de billetes que venía con un decrecimiento sostenido desde 1995, y que tuvo un pequeño quiebre en 1998.
Ante la consulta de qué capacidad de producción de millones de billetes tenían al año las tres máquinas calcográficas, respondió que no recuerda exactamente la capacidad de producción, pero está claro que con dos máquinas calcográficas antiguas, bien mantenidas, más una nueva, Casa de Moneda tenía una capacidad de producción que daba cuenta de la proyección de demanda que uno podría haber hecho en esa época.
Ante la pregunta de cuántos millones de billetes se produjeron anualmente durante su gestión, contestó que durante su gestión se producían aproximadamente 200 millones de unidades al año.
Agregó que con dos máquinas calcográficas estaba funcionando en ese minuto Casa de Moneda.
Ante la pregunta de si ésa debe haber sido una de las mejores épocas de Casa de Moneda en cuanto a producción de billetes, respondió que no. Hubo períodos en que la producción fue mejor. Durante su administración se produjo la mayor producción en el área de las monedas, que, en su opinión, era el mercado que venía en alza y que debían reforzar.
Señaló que efectivamente durante su período se llegó a una producción de 200 millones de unidades y antes fue mayor con sólo dos máquinas calcográficas. En 1995, se produjeron aproximadamente 220 millones. De ahí hubo un decrecimiento sostenido durante 1996, 1997 y 1998. Se rompe la tendencia a la baja por un tema coyuntural y, en 1999, se llega a cerca de 190 millones de unidades. De ese período en adelante el promedio fue en torno a los 200 millones.
Ahora, los problemas con el Banco Central eran claros. Reclamaban que las licitaciones internacionales no daban garantías de competir en igualdad de condiciones a la Casa de Moneda, a pesar de creer que entregaban servicios adicionales, como custodia, distribución, etcétera.
Ante la observación de que en el entendido que el Banco Central optó por quitarles la asignación de producción de papel moneda y la pregunta de si se intentó rebajar costos en la producción para hacerla competitiva en esas licitaciones internacionales, respondió que sólo puede dar cuenta de lo que pasó en su período, que fue realmente corto. Lo que hicieron fue elaborar un plan estratégico que implicó hacer un análisis de comportamiento de la industria, del mercado, de cuáles eran los elementos sustitutos y las barreras de entrada y de salida de la industria. Al respecto, todo indicaba que había que fortalecer los tres ejes planteados en nuestro plan, entre otros, seguridad y calidad.
Ellos dejaron instalado el 70 por ciento de la certificación de la norma ISO. Además, recibieron información del Banco Central respecto de que todas las licitaciones internacionales estarían reguladas por esta norma, por lo cual instalaron sistemas de calidad. Pero, lo que debían hacer era reducir fuertemente la estructura de costos. Sin embargo, durante ese corto período, igual realizaron un esfuerzo significativo, porque el primer año -2000- lograron un crecimiento de 306 por ciento de las utilidades.
Ante la consulta en qué informe técnico se amparó la compra de la tercera y cuarta máquina calcográfica, que demandó una inversión cercana a los 3.500 millones de pesos, si todas las proyecciones indicaban que la demanda de papel moneda iba a ser decreciente, respondió que no tiene registro de documentos que se parezcan a una evaluación de proyecto o un estado de resultado proyectado en un flujo de 10 a 15 años, que es, más o menos, lo que se acostumbra a hacer con este tipo de proyectos, o que haya tenido un VAN y un TIR.
Ante la pregunta de si tuvo conocimiento del comportamiento comparado de las calcográficas utilizadas hasta 1990 y las posteriores, en términos de rendimiento y de costos de operación, respondió que no maneja el detalle de la comparación de costos de operación. Sí recuerda que las nuevas máquinas calcográficas implicaron instalaciones especiales de filtrado de tintas que, a la postre, no significaron un costo de producción menor, sino, incluso, un poco más alto.
Nunca tuvieron estudios técnicos consensuados ni parámetros de verificación externos respecto de este tipo de estudios. Por eso, no se atreve a dar una opinión concluyente al respecto.
Relató que a principios de los 90 se empezaron a licitar y a adjudicar internacionalmente los billetes del Banco Central. El año exacto debe haber sido 1994. El Banco Central pudo hacerlo desde fines de los 80, cuando obtuvo la autonomía. Ello, para mejorar los costos internos y conseguir mejores precios. Ahora, obviamente, eso presionó a Casa de Moneda a ser más eficiente. No sabe si hubo un tiempo adecuado para conseguirlo y si se hizo un estudio concienzudo para ver a cuál de sus líneas de producción se le daba mayor énfasis.
Agregó que durante el 2000 trabajó en Casa de Moneda de Chile.
Ante la pregunta de cuántas de las cuatro máquinas calcográficas funcionaban para esa producción, contestó que no alcanzaban a ser dos y no alcanzaban a ocuparse dos máquinas calcográficas para 200 millones de unidades anuales. O sea, dos calcográficas de las cuatro que tenía Casa de Moneda.
V. VOTACIÓN DE CONCLUSIONES.
a) Proposición de conclusiones formulada por el Diputado señor Felipe Letelier Norambuena .
CONSIDERANDO:
1. Esta corporación se pronuncia:
Que, el primer hecho que ha sido materia de investigación al que aluden los considerandos 2, 3 y 4 del Acuerdo de la Cámara de Diputados, se refiere a que “La Casa de Moneda y los servicios públicos tienen expresa prohibición para publicitar sus servicios en el extranjero. Sin perjuicio de esto, el actual Director señor Antonio Lara , hace algunos meses atrás en un periódico alemán realizó una publicación ofreciendo los servicios de Casa de Moneda en el extranjero, promoción que tuvo un importe presupuestario de 21.000 euros.
Que, esta publicación fue objetada y rechazada por la Contraloría General de la República, lo que generó una deuda de este servicio público chileno por un valor de 15 millones de pesos. Evidentemente este hecho objetado por el órgano contralor debe ser subsanado, reparado y sancionado como corresponde.”
Finalmente, refiere el considerando 4° del Acuerdo que “está expresamente prohibido en la ley de probidad y en los estatutos administrativos del Estado chileno, el generar publicidad en el extranjero para ofrecer servicios, tanto es así que el 1° de abril de 2003 el Ministerio de Hacienda ofició de manera formal y expresa a todos los ministros de Estado respecto de esta prohibición”. Sobre el particular y para resolver el aspecto planteado, cabe señalar lo siguiente:
a) En primer término, que Casa de Moneda ha argumentado que la aludida publicación se enmarcó en el contexto de la suscripción del Acuerdo de Asociación entre Chile y los países miembros de la Unión Europea, con la finalidad de reforzar la imagen país de Chile, así como la seriedad y solidez de instituciones, lo que es coherente con el principio de coordinación entre los órganos del Estado, consagrado en la ley Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado.
b) Que, en cuanto a la objeción de legalidad que habría emanado de la Contraloría General de la República, el propio tenor literal del pronunciamiento Nº 03363, de 26 de enero 2004, “la publicidad efectuada por la Casa de Moneda en un medio de comunicación extranjero, acerca de sus capacidades para la fabricación de monedas, billetes u otros bienes valorados, se inscribe en el marco de las facultades que corresponden a dicha institución de conformidad con la ya mencionada letra i) del artículo primero de esa ley orgánica, puesto que tal difusión constituye un mecanismo idóneo para el cumplimiento de las funciones que el aludido literal le asigna en orden a ejecutar toda clase de trabajos de su especialidad que le soliciten organismos públicos o privados, tanto nacionales como extranjeros, y que, por lo tanto, la respectiva actuación se ajusta a los requisitos establecidos por la normativa vigente sobre la materia.”
c) Se basa la Contraloría General en el DFL N° 228 de 1960, que fijó la ley Orgánica de la Casa de Moneda de Chile, que dispone en su artículo 1°, que dicha entidad es un servicio fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, al cual corresponde en general, la fabricación de cuños, monedas y billetes nacionales, así como otras especies valoradas que emitan los diversos organismos de la Administración del Estado; agregando en su letra i) que entre sus funciones se encuentra “ejecutar toda clase de trabajos de su especialidad que le soliciten organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros”.
d) Que, al momento de efectuarse la publicación, los gastos en publicidad y difusión de los organismos de la Administración del Estado, se encontraban regidos por la normativa que sobre dicho particular establecía la ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2002, N° 19.774, la que señalaba en su artículo 16° que “los Ministerios, Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan”
e) Que, las leyes Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los Órganos del Estado y Nº 18.834, Estatuto Administrativo no contienen prohibición ni regulación alguna respecto a la ejecución de actos destinados a la publicidad de organismos públicos, a los que alude el considerando 4° del Acuerdo N° 353.
f) Finalmente, que el Oficio Circular Nº 20, de 1º de abril de 2003 del Ministerio de Hacienda, no establece prohibición de efectuar publicidad en el extranjero; circunscribiéndose a impartir una instrucción a los servicios públicos, en orden a informar los gastos de publicidad y difusión que hubieren efectuado durante el año 2002, lo que de acuerdo al Oficio N° 194, de 30 de abril de 2003, de Casa de Moneda, fue acatado en tiempo y forma por dicho servicio.
Así es como, considerando el mérito de la documentación señalada anteriormente, se ha podido establecer que Casa de Moneda se encontraba, a la fecha de ejecutado el acto cuestionado, legalmente habilitada para la contratación de servicios de publicidad con la empresa Intermedia Ediciones Limitada, con el objeto de publicar un aviso sobre dicho organismo en la edición especial “Report Chile 2002” del periódico alemán “ Der Tagesspiegel ”.
En razón de lo precedentemente expuesto, se rechaza la acusación de irregularidad referida en este punto, no correspondiendo respecto del acto analizado sea subsanado, reparado o sancionado.
Es más, atendiendo el claro tenor de las normas jurídicas relacionadas y en especial los términos del dictamen del organismo contralor, pronunciado con mucha anterioridad al acuerdo de la Comisión, resulta a todas luces improcedente que se haya imputado ésta como causal de irregularidades.
2. El Acuerdo N° 353 señala en su considerando 5° que, “además Casa de Moneda, hace dos años, importó papel para producir billetes en la República Argentina. En enero del año 2002, Casa de Moneda importó papel para bonos, para la República Argentina por un valor de 200 mil dólares. En agosto de este año el Servicio de Aduanas solicitó el pago urgente de los derechos aduaneros que en conformidad a la ley correspondía realizar. Hasta el día de hoy Casa de Moneda no ha pagado estos derechos produciendo un perjuicio claro y serio al Fisco chileno.”
Al respecto, corresponde a la Comisión Especial Investigadora indicar lo siguiente:
a) Que, en relación a la deuda que mantendría Casa de Moneda respecto del Servicio Nacional de Aduanas, por concepto del ingreso de 40 toneladas métricas de papel de seguridad bajo la Modalidad Especial de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo prevista en el decreto Nº 473 del Ministerio de Hacienda y, que a la fecha de acaecidos los ingresos se encontraban regulada bajo la denominación “Almacén Particular para Exportación”; debe tenerse presente que se han tenido a la vista las Declaraciones de Ingresos, Nºs 5020081420-4, 5020081422-0, 5020081423-9 y 5020081421-2, que dan cuenta de los pagos efectuados por Casa de Moneda en el mes de septiembre de 2003, acogiéndose a lo previsto en el inciso primero del artículo 9° del decreto N° 473, que señala que una vez transcurrido el plazo de depósito autorizado, o las prórrogas pertinentes las mercancías no reexportadas podrán ser importadas, previo pago de los derechos y recargos que afectan su importación.
Por otra parte y en lo que respecta al pago de recargos, según consta en la documentación acompañada, Casa de Moneda no efectuó desembolso alguno por este concepto; por cuanto los directores regionales competentes, en uso de las atribuciones que les otorga el artículo 154 de la Ordenanza General de Aduanas y ponderando los hechos, resolvieron la exención de pago de recargos.
b) Que, en lo que respecta a la naturaleza del papel de seguridad finalmente importado por Casa de Moneda y que en los cuatro ingresos de materia prima se habrían incluido no uno sino varios tipos de papel de seguridad; lo informado por el Director de Aduanas en su Oficio Ordinario N° 005040 desvirtúa cualquier duda planteada en torno a dicho punto, al señalar que en los cuatro ingresos se trata de una misma y única mercancía, identificada bajo los descriptores arancelarios “papel de seguridad” y “pliegos o bobinas”.
En razón de lo anteriormente señalado y considerando el sentido natural y obvio de los conceptos pliegos y bobina, que aluden a la forma de presentación del papel, la clasificación en una u otra categoría del mismo, no desnaturaliza o modifica la identidad de las mercancías, siendo para todos los efectos una misma y única, a saber papel de seguridad.
c) Que, asimismo respecto al señalamiento de un tipo de producto específico a cuya producción se aplicará la materia prima ingresada bajo la modalidad de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o del país al que se exportarán aquellos; cabe señalar que dicha información constituye un elemento meramente accidental, información adicional, tal como sería también la definición del color o marca de las mercancías.
Por ende, no constituyendo dicha información un requisito exigido para ejercer los derechos previstos en el estatuto aduanero en análisis, la referencia a “papeles de seguridad en bobinas para confección de pasaportes para la vecina República de Argentina”, carece de toda relevancia fáctica y jurídica.
d) Que, en cuanto al plazo transcurrido entre el ingreso de las mercaderías bajo Modalidad Especial de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y su importación, autorizada por el Servicio Nacional de Aduanas en el mes de septiembre de 2003; ha de tenerse presente que las prórrogas de plazo concedidas a Casa de Moneda se enmarcan en la normativa aplicable al efecto.
El régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo se encuentra orientado a que las mercaderías ingresadas bajo su amparo sean destinadas a crear actividad industrial y trabajo en Chile utilizando productos extranjeros, bien sea a través de la reexportación de productos fabricados con éstos o de la importación de la materia prima, destinándola a la elaboración de productos para el consumo nacional, como ocurrió en la especie.
Este criterio interpretativo se colige del análisis comparativo del estatuto jurídico anteriormente vigente, bajo la denominación Almacén Particular de Exportación y el actualmente consagrado en el Decreto N° 473 que lo modificó, desregulando este mecanismo suspensivo de derechos aduaneros, en aras del fomento y activación de la economía nacional.
e) Que, no obstante este tema no es parte del Acuerdo en estudio, igualmente ha sido materia de análisis los servicios de impresión y suministro de bonos billetes prestados por Casa de Moneda a la provincia argentina de Córdoba, entre octubre de 2001 y abril de 2002. De acuerdo a la documentación tenida a la vista, la autorización para la ejecución de estos trabajos fue solicitada de acuerdo con lo dispuesto en la ley Orgánica de Casa de Moneda, y otorgada por el Ministerio de Hacienda, a través de la dictación de los oficios autorizatorios pertinentes.
Asimismo, los pagos percibidos por Casa de Moneda de conformidad con las facturas emitidas al efecto, se concretaron a través de transferencias bancarias efectuadas a favor de Casa de Moneda por la Gobernación Provincial de Córdoba, a través del banco Citibank. Estas operaciones fueron registradas contablemente, en forma mensual, según consta en el Libro de Ventas existente al efecto; realizándose además a su respecto las aplicaciones presupuestarias pertinentes.
Todas las operaciones financiero-contables referidas se encuentran debidamente documentadas en los estados financieros de Casa de Moneda, siendo además informadas periódica y regularmente, tanto a la Contraloría General de la República como a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. A mayor abundamiento, cabe hacer presente que estas contrataciones fueron auditadas durante los años 2002 y 2003, por un funcionario de la Contraloría General de la República comisionado en Casa de Moneda, sin que a su respecto se hayan efectuado observaciones por parte del órgano contralor.
En razón de los antecedentes considerados, ha quedado debidamente establecido que estas operaciones no han adolecido de ningún tipo de irregularidad, contable, financiera o legal.
f) En consideración a los razonamientos precedentes y teniendo especialmente presente la documentación tenida a la vista, que se individualiza en la letra a), es decir que se encuentra debidamente acreditada la extinción de cualquier deuda de Casa de Moneda de Chile respecto del Servicio Nacional de Aduanas y estimándose que Casa de Moneda ha procedido conforme a la normativa vigente, no corresponde dar lugar a la impugnación a que se refiere el considerando 5°.
3. El considerando 6° del Acuerdo que fundamenta la presente investigación señala que “en enero del año pasado, Casa de Moneda adquiere pintura para la confección de placas patentes por un valor de 112 millones de pesos a la empresa Alte S.A. Esta pintura no logró superar los controles de calidad internos de Casa de Moneda, por ser altamente tóxica y Casa de Moneda tuvo que comprar en 3M la misma pintura desembolsando una suma de 120 mil dólares para suplir la falla”. Agrega el punto 4º de la parte resolutiva del Acuerdo que la situación ya referida “origina una deuda de 120.000 dólares americanos, al tener que repetirse la operación de compra de pintura.”
Para un estudio más sistemático de los puntos que la configuran, se han definido como hechos sustanciales los contenidos en los capítulos que más adelante se exponen:
1. En cuanto al objeto de la compra cuestionada:
Si bien la compra cuestionada en el Acuerdo N° 353 alude a la adquisición de pinturas por la suma de 112 millones de pesos, los antecedentes acopiados en este proceso de investigación establecen que el objeto del acto ejecutado por Casa de Moneda fue la adquisición de tres distintos tipos de materias primas para la elaboración de placas patentes, a saber 36 de galones de tinta (pintura), equivalentes a la suma de $ 2.450.934, de 733 rollos de cinta reflectante, por un valor total de $ 110.364.072 y de 10 galones de solvente, por un valor total de $ 39.278; ascendiendo el total del contrato a la suma de $ 112.854.284.
2. Adjudicación a la empresa Alte S.A. de la adquisición de insumos para placas patentes:
a) La compra en el mes de diciembre de 2001, de los insumos para placas patentes ya definidos a la empresa Alte S.A., obedeció a un proceso de licitación pública, convocada por Casa de Moneda para adquirir las materias primas requeridas para la ejecución del programa regular de placas patentes del año 2002 del Registro Civil; dándose cumplimiento a las normas que a esa fecha regulaban las contrataciones de entidades públicas, esto es aquéllas contenidas en el DFL 1/ 19653 que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la ley Orgánica Constitucional sobre Bases de Administración del Estado.
En efecto, se efectuaron publicaciones en un diario de circulación nacional, las bases administrativas y sus especificaciones técnicas fueron sancionadas dictándose al efecto la resolución pertinente, y se suscribió por ambas partes el correspondiente contrato por lo que, en lo que corresponde a este punto, no se ha acreditado la existencia de irregularidades.
b) En cuanto al cuestionamiento de la adjudicación de la licitación a este proveedor en concreto y no al que históricamente surtía de estos productos a Casa de Moneda, la empresa 3M S. A. ha quedado establecido, a través de medios documentales, que ello respondió al hecho objetivo de haber quedado 3M S. A. descalificada en el acto de apertura de las propuestas por omitir entre sus antecedentes administrativos el certificado de vigencia de la sociedad, que constituía un requisito exigido en las propias bases.
En este contexto, siendo los productos ofrecidos por la empresa Alte S. A. los que cumplían de mejor manera con las especificaciones técnicas y de acuerdo a lo que informó el propio Departamento de Control de Calidad del Servicio , según consta en el Memorandum N° 192 que se ha tenido a la vista, se optó por adjudicar la compra a dicho proveedor.
En consecuencia, es posible colegir de los antecedentes documentales estudiados en relación con este punto, que la adjudicación cuestionada ocurrió en un contexto de regularidad jurídica y de procedimientos.
Sin perjuicio de lo anterior resulta procedente, a juicio de la Comisión, señalar que las normas internas aludidas por la fiscalía de la Casa de Moneda, en relación con los requisitos formales que deben cumplir las personas jurídicas que postulen a las licitaciones, deben ser interpretadas con criterio y consistencia, puesto que en el caso de una persona jurídica extranjera, es posible que baste para acreditar su personería la constitución de la agencia en Chile, criterio que en la especie pareció faltar.
3. Control de calidad de los productos adquiridos por Casa de Moneda.
Señala el texto del Acuerdo que la pintura adquirida a la empresa Alte S.A. no logró superar los controles de calidad internos de Casa de Moneda.
Ello no se condice con lo informado por Casa de Moneda, al mostrar el Memorando 192 señalado en el punto anterior, dado que existió un control de calidad que sirvió de fundamento técnico para la adjudicación de la oferta presentada por la empresa Alte S.A.
No obstante la existencia del control de calidad aludido, se estableció que los controles de calidad sólo se efectuaron respecto de la cinta reflectante y no de la pintura que se adquirió a Alte S.A., siendo esta la modalidad usualmente acostumbrada en Casa de Moneda y que se sustenta en la circunstancia que, al ser tinta y cinta reflectante adquiridas a un mismo proveedor, ambas serán compatibles entre sí al momento de su aplicación al correspondiente proceso productivo.
En relación con esa omisión, de someter a control de calidad las pinturas adquiridas a Alte S.A., cabe señalar que el núcleo del problema suscitado que redundó en la resciliación del contrato fue el mayor tiempo requerido para procesar la cinta reflectante y no las características técnicas de pinturas y solventes.
4. Toxicidad de las pinturas adquiridas a la empresa Alte S.A.
Ha sido materia de esta investigación, el carácter tóxico de las pinturas suministradas por Alte S.A., el que no permitiendo su utilización para la producción, habría obligado a comprar estos insumos a otro proveedor. Al respecto:
a) En primer término, cabe señalar que la información técnica tenida a la vista indica que la resciliación del contrato no se produjo debido a problemas de toxicidad.
b) Por otro lado, respecto de la toxicidad, ha quedado establecido que la definición del carácter tóxico de un elemento debe efectuarse por profesionales o expertos dotados de conocimientos en estas áreas del saber. No obstante lo anterior, no se han tenido a la vista informes o dictámenes periciales, avalados técnicamente y científicamente, que establezcan la calidad de tóxicas de las pinturas.
En cuanto a la documentación relacionada a este punto, sólo se puso en conocimiento de los miembros de la Comisión, el Memorandum N° 26 del Subdirector de Producción de Casa de Moneda, profesional ingeniero civil industrial, en el se define el solvente suministrado por Alte S.A. como “altamente contaminante, lo que producía problemas de salud en los funcionarios que lo utilizaban”. Asimismo, existe un acta del Comité Paritario y una comunicación de la Unidad de Prevención de Riesgos del Servicio que aluden a malos olores. Como los términos de estos documentos son meramente descriptivos y no aluden a antecedentes médicos empíricos que permitan darle el mérito propio de opinión técnica sobre este tema, ha sido necesario recabar otra información en orden a determinar el carácter tóxico de los elementos en análisis.
c) Al respecto, la documentación técnica existente sobre la materia desvirtúa la imputación de toxicidad.
En efecto, el Informe Médico Nº 52, de la Asociación Chilena de Seguridad señala que “se realizó la revisión de la base de datos de nuestra mutualidad para determinar la presencia del diagnóstico Intoxicaciones, en todos los pacientes que ingresaron a la Asociación Chilena de Seguridad entre los años 2002 y 2003, pertenecientes a la empresa Casa de Moneda de Chile, Asociado N° 5164. Para ello se imprimieron todos los ingresos del período solicitado, revisando los diagnósticos relacionados a cualquier tipo de intoxicación, con especial énfasis en aquellas relacionadas a plomo y solventes orgánicos.
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Se puede concluir que de todos los pacientes ingresados a la Asociación Chilena de Seguridad pertenecientes a la empresa Casa de Moneda de Chile durante los años 2002 y 2003, no existe diagnóstico de intoxicaciones” revisados todos los ingresos de pacientes de Casa de Moneda, correspondientes a los años 2002 y 2003, no existió ningún diagnóstico por intoxicación”.
Asimismo, de la revisión de los archivos de atenciones médicas de la clínica de Casa de Moneda, la Doctora Paula Kusnir Avendaño , Medico Cirujano certifica lo siguiente: “En virtud de las revisiones realizadas en cada uno de los registros, de los funcionarios que laboran en la Sección de Placas Patentes, Casa de Moneda puede certificar, que durante el año 2002, no se ha registrado en esta área personal alguno que se encuentre afectado de alguna enfermedad pulmonar intersticial difusa crónica, producto de algún ambiente laboral tóxico”.
Finalmente, no constan en el proceso de investigación, partes o informes médicos, denuncias o infracciones cursadas por autoridades medioambientales o de salud. A mayor abundamiento, ni las actas del Comité Paritario o de la Unidad de Prevención de Riesgos, de Casa de Moneda, ni los informes evacuados por la Asociación Chilena de Seguridad respecto de dicho servicio, aluden a circunstancias susceptibles de ser subsumidas bajo el concepto de toxicidad.
Por lo tanto, en relación a la existencia de efectos adversos en la salud del personal que manipuló estos insumos, derivado de una probable toxicidad, no existen constancias en ninguna de las instancias competentes que permitan concluir de manera fehaciente la veracidad de las afirmaciones efectuadas.
5. Terminación del contrato de suministro con la empresa Alte, su fundamentación y el mecanismo legal utilizado para ella.
a) Señala el Acuerdo materia de estudio que la toxicidad de los insumos adquiridos a la empresa Alte S.A. impidió su utilización en el proceso de producción de placas patentes, lo que redundó en la compra de productos a otro proveedor.
En orden a esclarecer este punto, se ha considerado la argumentación expuesta por Casa de Moneda en el contexto de las sesiones convocadas por esta Comisión y que refiere que no existió una relación de causalidad entre el término del contrato suscrito con el proveedor Alte S.A. y la toxicidad de los productos. El servicio complementa esta afirmación señalando que, la suspensión de la recepción del material adquirido a Alte S.A., con posterioridad a la primera entrega de productos efectuada en el mes de febrero de 2002, se debió a que, una vez aplicados éstos al proceso productivo propiamente tal, se advirtió que poseían condiciones que hacían más lento dicho proceso en la línea específica del programa regular de placas patentes para el Registro Civil . Agrega que, en razón de esta circunstancia y para evitar poner en riesgo la puntualidad de las fechas de entrega comprometidas con su cliente Registro Civil se optó por terminar el contrato.
b) Que, en relación a determinar si la razón que habría tenido en vista Casa de Moneda para terminar el contrato con Alte S.A., obedeció a la toxicidad de los productos, cabe recordar la conclusión consignada en el punto 4 precedente, en el sentido que no está acreditada la calidad de tóxicos de los productos ni la generación de un ambiente contaminante provocado por su uso, por lo que no existiendo, mal podría haber sido la toxicidad la causa, directa o indirecta, que motivó la terminación del contrato.
Refuerza esta conclusión, la documentación señalada en el punto 7 siguiente, que da cuenta de la efectiva utilización de los insumos correspondientes a la primera entrega pactada con la proveedora, para la fabricación de placas para procesos distintos al programa regular de placas patentes vehiculares del Registro Civil; sin que se produjeran efectos de ninguna especie en la salud de las personas que los manipularon o que se desempeñaron en las zonas en que éstos eran utilizados.
c) Que, asimismo ha sido materia de cuestionamiento en la Comisión el mecanismo legal utilizado por Casa de Moneda para poner término a su relación contractual con Alte S.A., concretada a través de la resciliación del contrato, vale decir del término de aquélla por el mutuo acuerdo de las partes contratantes.
En virtud de las condiciones de término pactadas entre las partes, Casa de Moneda se hizo propietaria de 122 rollos de cinta reflectante, 24 galones de pintura y de 10 galones de solvente; pagando por estas especies el valor total de $19.452.698 (17%), según se evidencia en la documentación revisada que da cuenta de la facturación y cancelación de la misma, por la suma señalada.
Al respecto y en cuanto al cuestionamiento de la pertinencia de la utilización del mecanismo jurídico de resciliación del contrato suscrito con Alte S.A., efectuado durante la substanciación de esta investigación, cabe hacer presente que la aplicación de esta fórmula o instituto jurídico en el ámbito de la administración pública, ha sido reconocida como alternativa de terminación contractual, existiendo además documentación, emanada de la Contraloría General de la República que así lo avala y que data de hace más de tres décadas.
En efecto, la resciliación no es sino una expresión del principio jurídico de autonomía de voluntad de las partes contratantes; principio que en cuanto se encuentra legalmente consagrado y constituye derecho común, es aplicable tanto a sujetos de derecho privado como público.
Así se explica que, recientemente, la ley de Bases sobre Contratos Administrativos, consagró expresamente en su artículo 13 que los contratos administrativos podrán modificarse o terminarse anticipadamente por “la resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes”.
Por lo tanto, se ha estimado que esta opción legal adoptada por Casa de Moneda, se enmarca dentro de los ámbitos de legalidad y competencia que son aplicables a dicha entidad en cuanto servicio público.
En todo caso, atendida las características del producto comprado, es dable considerar en lo sucesivo que la casa de Moneda evalúe recurrir a acciones de indemnización de perjuicio en contra de la empresa que incumple un contrato, en lugar del puro expediente resciliatorio.
6. En cuanto a la utilización efectiva de los insumos adquiridos a la empresa Alte S.A.
Habiéndose hecho presente en declaraciones efectuadas por personal, que se desempeñaba a la época de adquiridos los insumos Alte S.A. en las unidades y secciones de Casa de Moneda relacionadas con la producción de placas patentes y que fueran invitados a participar en las sesiones de la Comisión, que estas materias primas no resultaban técnicamente viables para la producción de placas patentes; es posible desvirtuar estas afirmaciones, a la luz de lo informado por Casa de Moneda; que mediante documento escrito expone que: Habiéndose adquirido un total de 122 rollos de cinta reflectante, los 40 rollos que indica la Jefa de la Sección de Placas Patentes, señora Mercedes Farías , en su declaración prestada ante la Comisión, están en la bodega de la sección a su cargo, corresponden a la diferencia entre el total adquirido y la cantidad que ha sido utilizada hasta la fecha. De esta manera, se ha demostrado la viabilidad técnica del uso de los insumos Alte, al haberse aplicado, al primer semestre del año 2004, efectivamente el 67% de éstos en línea de producción de placas.
En este mismo sentido, la información relativa a la existencia de 40 litros de tinta de este proveedor, que fue referida ante la Comisión por la señora Farías; resultó no ser efectiva, por cuanto a la fecha en que prestó declaración y según informó Casa de Moneda, existían 27 litros de pinturas sin utilizar; lo que demuestra que, habiéndose adquirido la cantidad total de 24 galones de tintas, de cuatro litros cada uno, ha sido utilizado aproximadamente el 71% del total adquirido.
7. Deuda de 120.000 dólares norteamericanos de Casa de Moneda por repetirse la operación de compra efectuada con Alte S.A.
A este respecto se debe señalar por la Comisión que la existencia de una deuda de $ 120.000 dólares norteamericanos que sostendría Casa de Moneda no ha sido probada durante el proceso de investigación, respecto de ninguno de los proveedores a que se refiere este capítulo, a saber Alte S.A. y 3M S.A. Del mismo modo, tampoco se ha acreditado la duplicación o repetición de la compra de insumos para placas patentes.
Por el contrario, y como se señalara en el punto 5, la existencia de obligaciones pendientes o deudas de Casa de Moneda pendientes con Alte S.A., de los antecedentes relativos a aquéllas, se ha podido comprobar que estas obligaciones se extinguieron, a través del pago efectivo de la suma de $ 19.452.698, en el caso de los 122 rollos de cinta reflectante, 24 galones de pintura y de 10 galones de solvente, adquiridos y recibidos por Casa de Moneda.
Asimismo, respecto de la diferencia, entre la suma pagada por Casa de Moneda a Alte S.A. y el precio total del contrato celebrado entre ambas partes, de $ 112.854.284, operó como modo de extinguir, la resciliciación, ya referida.
8. En cuanto a la repetición de compra de insumos para placas patentes.
Respecto a la repetición de operaciones de compra de insumos para placas patentes, cabe tener presente que el sentido de esta afirmación ha sido representar que el servicio investigado pagó en dos oportunidades sucesivas, tanto a Alte como a 3M, por la compra de insumos de la misma naturaleza.
En primer lugar, se ha documentado que no existe doble pago pues si bien Casa de Moneda efectuó, en diciembre de 2001 y en julio de 2002, adquisiciones de cinta reflectante, pintura y solvente para placas patente, a los dos proveedores ya señalados; la resciliación del contrato con Alte impidió tal como ya se concluyó en el Nº 7 precedente, la duplicación de las sumas de dinero pagadas por Casa de Moneda por ese concepto.
En efecto, una vez efectivamente resciliado el contrato suscrito con la empresa Alte S.A., se convocó a un proceso de licitación, en la que fue adjudicada la oferta presentada por la empresa 3M S.A., quién en dicha oportunidad, sin acusar inconveniente alguno, presentó la documentación legal de rigor que omitiera en el proceso concursal convocado en el mes de diciembre de 2001, adjudicado a Alte S.A.
Por otra parte, en relación con compras de insumos para la elaboración de placas patentes, realizadas por Casa de Moneda entre el 14 de marzo y el 7 de junio del año 2002 a la empresa alemana Utsch A.G. y, no obstante no formar parte dicha materia de los puntos objeto del Acuerdo, cabe señalar, en primer término, que estas compras fueron efectuadas en el período intermedio entre la suspensión de la recepción de mercadería a Alte S.A. y la resciliación del contrato y obedecieron a la necesidad natural de proveerse de los insumos necesarios para la continuidad en el cumplimiento de sus compromisos comerciales. Cabe señalar que en la época en que se efectuaron estas compras, no se encontraba vigente la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios que introdujo, a contar del día 30 de agosto de 2003, el concepto de adquisición de bienes por urgencia.
En relación con la compra en referencia y, dando cumplimiento a lo solicitado mediante oficio por la Comisión, Casa de Moneda informó sobre las fechas y órdenes de compra que le fueron consultadas indicando al respecto que:
La Orden de Compra Nº 13705, de 26 de julio de 2002, correspondió a la Factura Proforma Nº 155, mediante la cual se ejecutó la compra realizada con fecha de 14 de marzo de 2002.
La Orden de Compra Nº 13682, de 24 de julio de 2002, correspondió a la Factura Proforma Nº 201, mediante la cual se ejecutó la compra efectuada con fecha 8 de abril de 2002.
La Orden de Compra Nº 13942, de 1º de septiembre de 2002, correspondió a la Factura Proforma Nº 286, mediante la cual se ejecutó la compra realizada con fecha 7 de junio de 2002. Agregó Casa de Moneda que en la especie, tratándose de adquisiciones realizadas a un proveedor extranjero, la empresa alemana Utsch A.G. , las órdenes de compra constituyen sólo un instrumento de regularización de la contabilidad interna, cumpliéndose la función propia de la orden de compra, en cuanto declaración formal de voluntad remitida al proveedor en confirmación de una adquisición, a través de la factura pro forma, remitidas en estos tres casos en marzo, abril y junio del 2002; vale decir, en forma previa a la adquisición de insumos realizada a la empresa 3M S.A.; no habiéndose en consecuencia replicado las operaciones de compra efectuadas a 3M y Utsch A.G. , en tanto las primeras correspondieron al mes de julio de 2002, mientras que las segundas a marzo, abril y junio; meses que además coinciden con el período en que Casa de Moneda dejó de recibir las entregas pactadas con Alte, requiriendo por ende un suministro alternativo de insumos para placas patentes.
Por otra parte, hizo presente Casa de Moneda que las operaciones referidas, obedecieron a la adquisición de insumos de placas patentes efectuadas a través de un trato directo realizado, mecanismo previsto en las normas vigentes a esa época, por el Departamento de Adquisiciones del servicio en coordinación con la Subdirección de Producción de la época; omitiéndose la remisión de los antecedentes a la fiscalía del servicio para la redacción de la resolución y del contrato pertinente.
Agregó el Director de Casa de Moneda que, una vez advertida la omisión señalada en el mes de septiembre de 2002, se adoptaron una serie de medidas correctivas, destinadas a evitar que en lo sucesivo se verificarán adquisiciones omitiendo las regulaciones administrativas y legales correspondientes; pero orientadas por sobre todo a internalizar en la institución el cumplimiento sistemático de la normativa vigente. En particular, una vez detectada la contratación directa con Utsch A.G. habiéndose omitido la formalización legal de la misma, se reiteraron a todos los departamentos de Casa de Moneda las normas y procedimientos aplicables para la materialización de la adquisición o contratación de un producto o servicio. De lo anterior da cuenta el Memorando de Fiscalía de Casa de Moneda, Nº 69, de 12 de septiembre de 2002; el que ha sido tenido a la vista.
Asimismo, y producto del proceso de certificación de Casa de Moneda según la norma ISO 9001/2000, las normas legales sobre compras se tradujeron en un procedimiento administrativo, establecido de acuerdo a dicho sistema de gestión de calidad y que ha sido materia de las auditorias periódicas que establece dicho sistema, sin que se haya advertido no conformidades respecto de su cumplimiento. Finalmente, y como consecuencia de la entrada en vigencia de la ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y de la implementación del sistema integrado de gestión de recursos ERP/SAP, se efectuó la actualización de este procedimiento, haciéndolo concordante con ambas herramientas. Se remitió la información a través del Memorando Nº 78/2003, enviado desde Fiscalía a Unidad de Gestión de Calidad.
De acuerdo a los razonamientos expuestos y a la documentación tenida a la vista; se ha podido establecer que ninguno de los hechos expuestos en el Considerando 6º , en el punto 3º de la parte resolutiva del Acuerdo Nº 353 de la Cámara de Diputados; se han acreditado, por lo que se debe rechazar las proposiciones contenidas en dichos puntos.
9. El considerando 7° del Acuerdo N° 353 de la Cámara de Diputados, alude en su parte final al “extravío de cerca de 10 millones de pesos en billetes de $10.000 no denunciado a autoridad alguna”.
Al respecto, esta Comisión señala lo siguiente:
a) Que, según consta en acta de la sesión de 19 de mayo de 2003 de esta Comisión Investigadora, y de acuerdo a los dichos del Director de Casa de Moneda , con fecha 21 de octubre de 2003 tomó conocimiento del presunto extravío de 2 fajos de billetes defectuosos, de 500 especies cada uno, de la denominación $10.000. Estos billetes, por adolecer de defectos en su impresión, se encontraban en proceso de inutilización y trituración.
b) Que, mediante el Oficio DR N° 22 de Casa de Moneda, se remitió a esta Comisión, documentación que da cuenta de una serie de medidas arbitradas por el Director de Casa de Moneda, en el orden judicial y administrativo, tendiente al esclarecimiento del hecho y del establecimiento de responsables involucrados en éste.
c) Que, en relación con las obligaciones que impone la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, a los jefes de servicio, en la ocurrencia de hechos de la naturaleza de los analizados ha quedado debidamente acreditado que el servicio, ha actuado con sujeción a éstas, sin que se haya advertido faltas o infracciones sobre el particular. Para ello se han tenido a la vista las resoluciones exenta N° 881, de 21 de octubre de 2003 y N° 921, de 31 de octubre de 2003.
La citada resolución exenta N° 881, ordenó la instrucción de una investigación sumaria tendiente a esclarecer la falta de dos fajos, de 500 billetes cada uno, de la denominación $ 10.000 y a determinar la existencia de presuntas responsabilidades involucradas en el hecho.
Posteriormente, la investigación en referencia fue elevada, atendida la naturaleza de los hechos y la necesidad de efectuar diligencias, a sumario administrativo, dictándose al efecto la resolución exenta Nº 921, de 31 de octubre de 2003.
d) Que, en lo que respecta al cumplimiento de la norma contenida en el artículo 84 N° 3 del Código de Procedimiento Penal, que establece la obligación de los empleados públicos de denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio sus funciones, se ha observado pleno cumplimiento de lo dispuesto por la Casa de Moneda.
En efecto, se ha tenido a la vista copia de la denuncia efectuada por el Director del servicio, en su calidad de funcionario, del hecho en cuestión, con fecha 31 de octubre de 2003 ante el décimo cuarto juzgado del crimen de Santiago, a la que se adjunta la documentación recabada a esa fecha.
Asimismo, se ha tenido a la vista el Oficio Reservado N° 036/2003, de 31 de octubre de 2003, del Director de Casa de Moneda , en el que se solicita al Consejo de Defensa del Estado, hacerse parte en la causa criminal seguida ante el décimo cuarto juzgado del crimen; por corresponder, de acuerdo lo establece el DFL Nº 1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, el ejercicio a las acciones penales que afecten el interés del Fisco a dicha entidad.
De este modo, de acuerdo con la documentación tenida a la vista y a lo informado por Casa de Moneda, en el sentido que del proceso sumario instruido respecto a estos hechos, han sido aplicadas las sanciones administrativas correspondientes, encontrándose actualmente en su etapa de impugnación; se encuentra acreditado el cumplimiento, de las normas que sobre el particular establece la normativa vigente.
Por esta razón y no advirtiéndose infracción, ni a las normas administrativas, contenidas en la ley Nº 18.834, ni a aquéllas establecidas en el Código de Procedimiento Penal respecto de los funcionarios públicos, la imputación contenida en el considerando N° 7, parte final, del Acuerdo N° 353 de la Cámara de Diputados debe ser desestimada.
10. El punto final del Acuerdo N° 353 de la Cámara de Diputados señala la “existencia de inestabilidad laboral producto de la incorrecta aplicación de normativas que permiten la desvinculación de los trabajadores que ejercen funciones en un servicio público.”
Sobre el particular se ha considerado:
a) Que, dada la generalidad del punto planteado y consultadas las instancias de competencia en materia laboral se ha establecido la existencia de tres denuncias efectuadas ante la Contraloría General de la República por trabajadores pertenecientes a la Planta Operativa de Casa de Moneda, regidos para todos los efectos legales, por el Código del Trabajo.
En este contexto, de acuerdo a la documentación acompañada las desvinculaciones denunciadas obedecieron a la aplicación de la causal de necesidades de la empresa, prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.
En los tres casos planteados el organismo contralor, conocidos los informes evacuados por Casa de Moneda, señaló según consta en los pronunciamientos Nº 046061, de 15 de octubre de 2003, Nº 055133, de 3 de diciembre de 2003 y Nº 019760, de 3 de marzo de 2004, que: “en la especie no se verificó ilegalidad ni irregularidad alguna en el procedimiento observado por el Director de Casa de Moneda de Chile al disponer el término de contrato”, agregando que, “compete exclusivamente a esa autoridad ponderar las razones para prescindir de los servicios de un trabajador”.
b) Que, considerando los antecedentes proporcionados a esta Comisión Investigadora por las diversas autoridades con competencia en materia laboral, los actos de desvinculación de trabajadores de Casa de Moneda, se circunscriben a hechos puntuales de terminación de relaciones laborales, con sujeción a las normas que al respecto consagra la legislación vigente y, no constituyen ni aún una presunción en orden a establecer la existencia en Casa de Moneda de una situación de vulneración de los derechos de sus trabajadores susceptibles de ser calificada de inestabilidad laboral, que amerite ser investigada en ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras que el constituyente ha entregado a la Cámara de Diputados.
Por lo antes expuesto, se desestima la acusación de inestabilidad laboral contenida en el Acuerdo N° 353 que ha motivado la constitución de esta Comisión Investigadora.
Finalmente, en lo que respecta a la corrección en la aplicación de las normas que rigen la desvinculación de trabajadores, atendida la naturaleza de la materia analizada y existiendo instancias administrativas y judiciales a las que la ley ha entregado el conocimiento de estas materias, no corresponde emitir un pronunciamiento a este respecto.
11. El considerando 7° del Acuerdo N° 353, expone que “se han detectado diversas situaciones que reflejan un sistema interno de controles y aprobaciones poco adecuado y transparente: la compra de dos máquinas calcográficas innecesarias y sin las exigencias que establece la ley, la inexplicable pérdida de planchas de impresión del billete de $ 10.000”.
i.- En cuanto a la adquisición de dos máquinas calcográficas:
a) Se ha tenido a la vista en relación a este punto, el informe N° 41 evacuado por la División de Auditoria Administrativa de Contraloría General de la República, de 16 de marzo de 1999, en el que señala que las máquinas calcográficas adquiridas por Casa de Moneda, entre los años 1991 y 1998, fueron adquiridas dando cumplimiento a todos los requerimientos legales y técnicos propios de este tipo de operaciones.
Agrega que los procedimientos utilizados en estas adquisiciones, no merecieron observaciones a la Contraloría General de la República al tomar razón de las resoluciones dictadas al efecto.
b) Que, en sesión de la Comisión Investigadora de 9 de julio de 2004, concurre el ingeniero asesor de la Subdirección de Producción de Casa de Moneda, quien expuso los argumentos técnicos en los que fundamentó la adquisición de la maquinaría y que, se habría circunscrito a:
La antigüedad y deficiencias técnicas, a la fecha de concretarse ambas adquisiciones, de los equipos calcográficos del Departamento de Impresión de Valores del Servicio, cuya finalidad es la impresión de billetes para el Banco Central de Chile y que se traducía en la pérdida progresiva de competitividad de Casa de Moneda.
La necesidad de contar con equipos técnicamente capacitados para modificar el proceso productivo de impresión de billetes, de 28 especies por pliego a 40 especies por pliego.
c) Que, la existencia de estas máquinas ha contribuido a mejorar la productividad y competitividad en la línea de impresión de billetes de Casa de Moneda; contribuyendo a su reposicionamiento en el mercado nacional, concretamente frente al Banco Central de Chile, que ha adjudicado en los procesos de licitación convocados al efecto, la mayoría de su programa de impresión de billetes del año 2004, a Casa de Moneda, quedando solo excluido aquello que requiere una tecnología que Casa de Moneda no posee (billete de 2000 pesos).
d) Que, atendida la funcionalidad de la maquinaria en cuestión y el rol que cumple en la ejecución de la principal competencia que el legislador ha asignado a Casa de Moneda de Chile, cual es la fabricación del circulante requerido por el Banco Central de Chile, en este caso billetes; la necesidad y utilidad de estos equipos resulta indiscutibles.
En virtud de lo antes expuesto, no corresponde sino rechazar la proposición consignada en el considerando 7º del Acuerdo que dio origen a esta Comisión.
ii. En cuanto a la pérdida de planchas de impresión del billete de $10.000:
Al respecto el informe N° 41 de la Contraloría General de la República, citado respecto de la adquisición de máquinas calcográficas, señala en su parte pertinente, respecto a la pérdida de matrices y planchas para la confección de billetes, “que en recuento realizado por el Organismo Contralor, se verificó que en la institución no falta matricería para la impresión de billetes de diez mil pesos ni que éstas hubieran salido en forma transitoria del lugar en que se custodian”.
Que, consultado el director de Casa de Moneda de Chile y, según consta en acta de la sesión de 9 de junio de 2003 de la comisión investigadora, efectuados los arqueos de matricería para la impresión de billete, no se advirtió la falta de ninguna pieza de este tipo. asimismo, y de acuerdo a lo expuesto en la sesión en referencia, el servicio cuenta con procedimientos de autorización y registro de las entradas y salidas de especies desde, a través de la dictación de resoluciones y el levantamiento de actas por parte de ministros de fe de su contraloría interna.
Que, el dictamen de la Contraloría General de la República frente a un hecho objetivo, como lo es la pérdida de bienes muebles fiscales, se encuentra revestido de una presunción de verdad. Ello, por cuanto la afirmación contenida en el Informe N° 41, que señala que “en recuento efectuado por el Organismo Contralor, se verificó que en la institución no falta matricería para la impresión de billetes de diez mil pesos ni que éstas hubieran salido en forma transitoria del lugar en que se custodian”, ha debido ser establecida por el Organismo Contralor en base a las inspecciones oculares y al arqueo de las existencias físicas confrontadas con los respectivos inventarios, ejecutados por funcionarios de su dependencia en su calidad de ministros de fe; por cuanto la conclusión consignada ha de presumirse formalmente cierta. En consecuencia, la Comisión Investigadora ha estimado, que no ha podido establecerse antecedentes suficientes en orden a desvirtuar la constatación efectuada por la Contraloría General de la República en su Informe N° 41 de 1999, relativa a la existencia de la totalidad de la matricería consignada en inventarios de Casa de Moneda.
La Comisión Especial Investigadora concluye con las siguientes Recomendaciones:
Respecto a la importación de materias primas para la elaboración de productos de alta seguridad, se recomienda controlar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras que regulan el funcionamiento de la Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, de manera de dar cumplimiento irrestricto a cada una de las normas que rigen tal sistema.
En cuanto al mecanismo de bodegaje que se utiliza en el almacenaje de las materias primas importadas, se recomienda adoptar un sistema que permita dilucidar qué partida almacenada y/o utilizada, pertenece a determinada partida importada.
En lo relativo a la gestión de recursos humanos, propone informar a cada funcionario de los derechos y deberes que tiene según el sistema de vinculación laboral que posee.
Acerca de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, se sugiere controlar el cumplimiento de los procedimientos correspondientes, de manera que exista la debida coordinación entre las áreas operativas y legal del Servicio. En este aspecto, es necesario recordar la importancia del seguimiento de la ley de Compras Públicas, N° 19.866 y de los procedimientos que de ella se deriven. Así, Casa de Moneda debe seguir en la línea de establecer la adopción de medidas correctivas concretas, destinadas a salvaguardar la regularidad administrativa y legal de las mismas.
Solicitar a S. E. el Presidente de la República que haga presente la urgencia al proyecto de ley que modifica la ley Orgánica de Casa de Moneda lo que permitirá mejorar el control de gestión de la Institución y respecto del personal de Casa de Moneda de Chile, cualquiera sea la calidad jurídica y el régimen laboral a que esté afecto, le permitirá continuar desempeñándose, sin solución de continuidad, y se regirá por las normas de la legislación laboral y previsional aplicables a los trabajadores del sector privado.
Lo anterior parece de suma necesidad, pues la gestión de este ente público adolece de rigideces que le dificultan grandemente participar en un mercado cada vez más competitivo, donde su principal cliente, Banco Central de Chile, con razón busca mejores alternativas de mercado.
De no ocurrir lo anterior, se acerca rápidamente el momento en que, razonablemente, se ponga en duda la necesidad de la existencia de la Casa de Moneda.
b) Proposición de conclusiones formuladas por los Diputados señores Mario Varela Herrera y Sergio Correa de la Cerda.
1. La deuda que mantiene la Casa de Moneda de Chile con el Servicio Nacional de Aduanas por el pago de derechos de importación.
Respecto de la deuda que supuestamente mantenía la Casa de Moneda con el Servicio Nacional de Aduanas por el no pago de derechos de importación, se señaló por parte del señor Bernales , quien en esa época se desempeñaba como Director Subrogante del servicio, que fue visitado por un fiscalizador de la Contraloría General de la República, quien estaba a cargo de investigar un fraude aduanero por el no pago de los derechos de importación.
Según lo planteado por dicho funcionario, la labor fiscalizadora del funcionario de Contraloría decía relación con la importación de papel para pasaportes argentinos, y quedó claramente establecido, y no fue desmentido en ninguna sesión anterior o posterior, que ello era falso de falsedad absoluta, ya que Casa de Moneda de Chile jamás había recibido cotizaciones o alguna oferta de trabajo de Argentina.
Por tanto, claramente nos encontramos ante una inconsistencia manifiesta entre los planteamientos vertidos en la Comisión Investigadora.
¿Cómo es posible que se tenga una supuesta deuda con el Servicio de Aduanas por la importación de un producto para un trabajo jamás solicitado, cotizado o licitado?
Sin embargo, las interrogantes en nuestros concepto subsisten ya que el Director de Casa de Moneda justificaba el no pago de los derechos de importación al Servicio Nacional de Aduanas, bajo el argumento que el motivo para el cual se importó el material, en este caso pasaportes, no se habría concretado producto de la inestabilidad política que se vivía en Argentina y que, pese a ello, ese material habría sido utilizado en la confección de documentos nacionales tales como libretas de familia, licencias de conducir, carné escolar y otros.
Lo anterior ha quedado plenamente desmentido, toda vez que el material utilizado para la confección de pasaportes es de una característica similar a la efectuada para la confección de billetes, por tanto técnicamente dicho papel era imposible que se hubiese usado en la confección de documentos nacionales ya que habría sido evidente su inutilidad. Por otra parte, y tal como se señaló en el seno de la Comisión, el único pasaporte que históricamente ha confeccionado este servicio público ha sido el chileno.
Hay que destacar que la Casa de Moneda no ha hecho pasaportes para ningún país y nunca ha recibido la posibilidad de celebrar negocios con Argentina y que el papel que se importó fue para hacer bonos para la provincia de Córdoba, los que se hicieron con una totalidad de 124 millones de bonos, los cuales se imprimieron entre noviembre de 2001 y mayo de 2002. Sobre el particular, y para efectos de consagrar en este informe lo investigado y analizado por esta Comisión, hay que señalar que el actual Director de Casa de Moneda manifestó, tal y como consta en las actas, que la operación con Argentina relativa al os bonos de la provincia de Córdoba nunca se había concretado, lo que ha sido refutado tajantemente por las opiniones esgrimidas por parte de funcionarios de Casa de Moneda y por las versiones de prensa y de personeros argentinos, que han expresado inequívocamente la veracidad de esta operación. Lo anterior resulta doblemente grave, puesto que los millonarios ingresos que por este concepto ingresaron a Casa de Moneda nunca fueron expresados ni informados a las autoridades del Ministerio de Hacienda ni al Congreso Nacional para el debate presupuestario de los años calendarios siguientes a la operación, lo que permite concluir que existen presuntas actuaciones de carácter delictual involucradas.
En conexión a lo anterior, creemos prudente y necesario destacar, que la Casa de Moneda solicitó e importó papel para hacer bonos para la provincia de Córdoba, Argentina. Nunca estuvo dentro de sus obligaciones contractuales, propuesta alguna para fabricar pasaportes para Argentina o para cualquier otro país. Y el papel que se importó fue para hacer bonos para la provincia de Córdoba. En este respecto, hay que recalcar que la importación se realizó vulnerando varios preceptos legales, toda vez que no se pagaron ni cancelaron los impuestos propios de toda importación.
Por otra parte, nos parece irrisorio el argumento esgrimido por el actual Director de Casa de Moneda en relación a que, dada la situación política inestable de Argentina, el papel para hacer pasaportes se ocupó en productos nacionales, toda vez que eso es imposible. Ello habla de un desconocimiento absoluto de las medidas y características técnicas de los papeles que se utilizan en la Casa de Moneda.
¿Se pueden imaginar el papel para pasaporte chileno con la imagen de don Domingo Santa María circulando en sus licencias de conducir o en el carné escolar, en las libretas de familia o en las licencias médicas? Eso es imposible. Por lo tanto, jamás la Casa de Moneda importó papel para hacer pasaportes argentinos.
Además, hay que señalar, para un mejor esclarecimiento de los hechos, que el almacén particular estaba en la propia Casa de Moneda, es decir ahí se almacenaba el papel para la confección de bonos de los cuales se retiró papel para hacer alrededor de 124 millones de bonos, destinados a la provincia de Córdoba.
Por su parte, Casa de Moneda fue exportando estos bonos en la medida de los requerimientos de la provincia de Córdoba, en cantidades fluctuantes de un millón y medio a 37 millones por partida.
Se señaló que las primeras partidas se llevaron en aviones de la Fuerza Aérea Argentina y la persona encargada de transportar a ese país los bonos fue la esposa del gobernador De la Sota de la provincia de Córdoba. En la primera remesa la señora esposa del Gobernador llegó con dos maletas con casi dos millones de dólares a la oficina del director y las dejó en su escritorio, como contraprestación equivalente al trabajo efectuado por Casa de Moneda.
Sin embargo, y ante lo insólito de la situación, se indicó a esta mujer que este no era el procedimiento regular para cancelar esta operación, por lo que regresó con sus dos millones de dólares a Argentina, por la misma vía, y verificó con posterioridad un depósito en un Banco de la plaza, en el cual Casa de Moneda tenía una cuenta corriente para tales efectos.
Hay que destacar que los servicios prestados por Casa de Moneda se cobran por anticipado y especialmente los valores correspondientes a cada importación. Los patrocinantes de este voto de minoría estamos contestes respecto de que este procedimiento se debía acentuar más aún tomando en consideración la crisis institucional que vivía en ese momento la República de Argentina.
Sin embargo, esta situación, del todo irregular, fue saneada posteriormente a través de un oficio al ministro de Hacienda , bajo el entendido que la Casa de Moneda, como servicio público, no puede exportar directamente. La autorización del ministro de Hacienda llegó entre diciembre de 2001 y marzo de 2002.
Respecto de la cantidad que significaba para la Casa de Moneda esa exportación, esta alcanza a alrededor de 5.700 millones de pesos, que llegaron entre noviembre de 2001 y septiembre de 2002. Hay que señalar que con el paso de los meses cada vez se cobró menos al comprador de los bonos argentinos, sin mayor explicación y en perjuicio directo y expreso de los intereses patrimoniales de Casa de Moneda.
Finalmente, en junio de 2002 se envió una última exportación de un millón y medio de bonos, que la mencionada provincia Argentina nunca pagó, lo que naturalmente no fue suficientemente explicado por la actual dirección de Casa de Moneda invitada a participar de esta Comisión.
2. La deuda originada en la compra de pintura a la empresa Alte S.A. que no logra los índices de calidad necesarios para la confección de placas patentes y que originan una deuda de 120.000 dólares americanos, al tener que repetirse la operación de compra de pintura.
En referencia al punto del proyecto de acuerdo referido a la adquisición de pintura a la empresa Alte S. A., estimamos que esta operación no alcanzó los índices de calidad necesarios para la confección de placas patentes, lo cual originó definitivamente una pérdida de miles de dólares para la Casa de Moneda de Chile.
Es necesario señalar que, tal y como consta en las actas de esta Comisión, funcionarios de Casa de Moneda precisaron que solicitaron perentoriamente a la fiscal de Casa de Moneda el término del contrato, vía memorando Nº 26, de 5 de abril, junto con el cobro de la boleta de garantía de Casa de Moneda, pero el resultado de esta solicitud fue nula y no se tradujo en una actitud diligente y de buena administración por parte de los ejecutivos de Casa de Moneda.
El material adquirido a la empresa en cuestión no cumplió con estándares de calidad mínimos y no sirvió para las operaciones que realiza Casa de Moneda. Estimamos, asimismo, que no hubo apego a la normativa legal y se produjeron por tanto irregularidades en referencia a los procedimientos administrativos seguidos en la selección y adjudicación del respectivo contrato a la ya mencionada empresa Alte S. A.
Otro de los puntos centrales que al efecto se logró acreditar en el seno de la comisión investigadora, dice relación con el daño patrimonial indirecto que se produjo en virtud de la suscripción del mencionado contrato, desde la perspectiva de que, para cumplir con los compromisos asumidos contractualmente por Casa de Moneda, hubo que recurrir a otros proveedores a fin de realizar los trabajos con un material adecuado y de calidad, no obstante existir un contrato con la empresa Alte, que en la práctica no servía los propósitos de funcionamiento y de operación de Casa de Moneda.
Es necesario además añadir que en sesión de esta Comisión investigadora, el Director de Casa de Moneda precisó que con el material de la empresa Alte S. A. se confeccionaron productos alternativos de menor exigencia: placas para taxis, para colectivos, para Carabineros y placas “peligro de muerte”, lo que en sesiones posteriores fue refutado inequívocamente por el funcionario a cargo de la utilización de esta clase material en Casa de Moneda, al señalar que el material en la práctica no servía para nada, refiriéndose asimismo y en este punto a la toxicidad del material ya aludido.
Finalmente, y dentro del mismo punto, hay que recordar que la Jefa de Placas patentes de Casa de Moneda señaló, en sesión de esta Comisión, que los rollos comprados a Alte S. A. seguían al interior de bodegas en la institución y que el producto ofrecido y comprado había sido distinto al que llegó finalmente a Casa de Moneda (incluso el original provenía de Japón y el que llegó venía etiquetado como de China).
3. La pérdida de matrices para la confección de billetes en la casa de moneda y la inexplicable pérdida de planchas de 10 mil pesos, más el extravío de cerca de 10 millones de pesos en billetes de 10.000 no denunciados ante autoridad alguna hasta la fecha del presente acuerdo.
Respecto a la pérdida de matrices para la confección de billetes, se señaló por parte del ex subdirector de Producción de la Casa de Moneda de Chile, don Gaspar Bernales , que es un tema que se encuentra radicado en los tribunales de justicia.
Según lo planteado por el ex subdirector, está demostrado que se perdió matricería para fabricar billetes de diez mil pesos, la que fue sacada de manera subrepticia de la institución. Incluso hay declaraciones que vincularon a un ex contralor de la Casa de Moneda; sin embargo, señaló que es un tema que data de los años 1995-1996.
Según el parecer del mencionado funcionario, la pérdida de la plancha de billetes se refiere a la exposición Barcelona 91-92, a la que el Director de la época viajó con una plancha original de billetes. Esta plancha no regresó, razón por la cual hubo un sumario administrativo en Casa de Moneda que implicó a varios funcionarios que todavía están en la institución. Sin embargo, este sumario dejó sin responsabilidad alguna al funcionario de menor jerarquía, porque el Director de la época falleció.
El ex subdirector de Producción de la Casa de Moneda de Chile, señor Bernales , también se refirió a la pérdida de 10 millones de billetes de diez mil pesos. Consignó que la correspondiente denuncia fue hecha a los tribunales de justicia, por quienes están investigando el tema. Señaló además que hay una cantidad de funcionarios de rango menor con cargos y no hay ningún funcionario de rango medio ni mayor cuestionado, sólo operativos y personal de servicio.
También están los antecedentes aportados por el abogado de contraloría interna, señor René Baeza , que establecen la salida de la matricería; él mismo entregó el set fotográfico. Posterior a esa investigación, comenzó la iniciada por el Partido Socialista, que interpuso una querella criminal por la misma causa.
Señaló el Presidente del sindicato de trabajadores invitado a la Comisión, que era necesario tener en cuenta que hace poco los tribunales de justicia, a raíz de la misma querella interpuesta por el Partido Socialista, le solicitaron antecedentes a la Casa de Moneda para realizar una verificación de la salida de la matricería, porque el Banco Central de Chile determinó que de esa institución nunca había salido nada y la Contraloría General de la República así lo ratificó. El informe elaborado por la Contraloría interna Subrogante, señora Valet Palma , considera todos los antecedentes, y le fue entregado al actual Director de la Casa de Moneda . En él se da a conocer que el set fotográfico fue entregado y salió efectivamente de Casa de Moneda.
4. El proceso de adquisición y la justificación de la compra de máquinas calcográficas para la confección de billetes, por un total de 7.000 mil millones de pesos.
En cuanto a la compra de máquinas calcográficas para la confección de billetes, por un valor de 7 mil millones de pesos, y sin perjuicio de tener presente que su adquisición fue anterior a la administración del señor Lara , los diputados firmantes creemos fundamental realizar las siguientes precisiones.
Según lo expresado por expertos técnicos en este tipo de máquinas y que asistieron a las sesiones de este organismo, señalaron que para imprimir billetes se necesita una prensa que haga los fondos -es una máquina Simultan y el proceso es offset-; dos prensas calcográficas que hagan el anverso y el reverso, y una máquina para numerar, que se denomina “numerota”.
Hay que tener presente y precisar que este material se encontraba en la Casa de Moneda, salvo la prensa numeradora.
En cuanto a la producción a través del tiempo por parte de Casa de Moneda, se nos señaló que desde la década de 1980-, Casa de Moneda, con su infraestructura y tecnología, imprimía alrededor de 450 millones de billetes al año. Desde 1990 hasta el 2003, bajó desde 250 millones de billetes hasta 48 millones, el 2002 y el 2003. Por tanto, bajo una perspectiva netamente de producción, a juicio de los diputados que reafirman su voto de minoría, no se justificaba invertir en nuevas tecnologías.
La pregunta central en este punto, se refiere a lo siguiente: ¿se justificaba una adquisición de esta naturaleza con los costos que significaban esta inversión? Es evidente que todos los antecedentes en materia de producción de billetes no sólo no aumentó, sino que disminuyó hasta prácticamente desaparecer. Es decir, con la infraestructura tecnológica con que contaba Casa de Moneda, podría perfectamente haber seguido fabricando la demanda de billetes del Banco Central de Chile de toda la década de 1990 y del 2000.
Es por ello que es del todo relevante, destacar el hecho que sencillamente esta compra no era necesaria, bajo ningún punto de vista y que, sin embargo, se gastaron 7 mil millones de pesos en una adquisición que con el tiempo mostró y demostró ser totalmente inútil.
5. Consideraciones generales.
Estimamos, en definitiva, que se han acreditado suficientemente diversas anomalías e irregularidades al interior de Casa de Moneda y en referencia directa a los puntos aludidos en el proyecto de acuerdo que ha dado origen a esta Comisión Investigadora.
Nuestra ley fundamental consagra que los órganos de la administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Señala que deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Agrega que todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.
En función de lo expresado y constatado en los puntos anteriores, en los que se logró acreditar un daño patrimonial de proporciones producto de una administración deficiente, se hace aconsejable la revisión de la permanencia en sus cargos de los máximos dirigentes actuales en Casa de Moneda.
Además de aquello, se hace necesario revisar las políticas públicas y la naturaleza jurídica de una institución que, de no hacerse los cambios que requieren, no podrá seguir compitiendo y sobreviviendo en un mercado que cada vez le es más esquivo y complicado.
Finalmente, y en razón de la gravedad de los hechos investigados y acreditados, es necesario recordar los lineamientos generales que derivan del principio de probidad administrativa, es decir, que los funcionarios públicos deben observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
-Puesta en votación la proposición de conclusiones presentada por el Diputado señor Felipe Letelier Norambuena , se aprueban por siete votos a favor y seis en contra.
En consecuencia, la Comisión Especial Investigadora propone que se aprueban las siguientes conclusiones:
Respecto a la importación de materias primas para la elaboración de productos de alta seguridad, se recomienda controlar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras que regulan el funcionamiento de la Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, de manera de dar cumplimiento irrestricto a cada una de las normas que rigen tal sistema.
En cuanto al mecanismo de bodegaje que se utiliza en el almacenaje de las materias primas importadas, se recomienda adoptar un sistema que permita dilucidar qué partida almacenada y/o utilizada, pertenece a determinada partida importada.
En lo relativo a la gestión de recursos humanos, propone informar a cada funcionario de los derechos y deberes que tiene según el sistema de vinculación laboral que posee.
Acerca de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, se sugiere controlar el cumplimiento de los procedimientos correspondientes, de manera que exista la debida coordinación entre las áreas operativas y legal del Servicio. En este aspecto, es necesario recordar la importancia del seguimiento de la ley de Compras Públicas, N° 19.866 y de los procedimientos que de ella se deriven. Así, Casa de Moneda debe seguir en la línea de establecer la adopción de medidas correctivas concretas, destinadas a salvaguardar la regularidad administrativa y legal de las mismas.
Solicitar a S. E. el Presidente de la República que haga presente la urgencia al proyecto de ley que modifica la ley Orgánica de Casa de Moneda lo que permitirá mejorar el control de gestión de la Institución y respecto del personal de Casa de Moneda de Chile, cualquiera sea la calidad jurídica y el régimen laboral a que esté afecto, le permitirá continuar desempeñándose, sin solución de continuidad, y se regirá por las normas de la legislación laboral y previsional aplicables a los trabajadores del sector privado.
Lo anterior parece de suma necesidad, pues la gestión de este ente público adolece de rigideces que le dificultan grandemente participar en un mercado cada vez más competitivo, donde su principal cliente, Banco Central de Chile, con razón busca mejores alternativas de mercado.
De no ocurrir lo anterior, se acerca rápidamente el momento en que, razonablemente, se ponga en duda la necesidad de la existencia de la Casa de Moneda.
Sala de la Comisión, 6 de octubre de 2004.
Se designó diputado informante al señor Felipe Letelier Norambuena .
Acordado en sesiones de fecha 14, 21 de abril; 5, 12, 19, de mayo; 9, 16, y 23 de junio; 7 y 14 de julio; 11 de agosto; 8 y 15 de septiembre y 6 de octubre de 2004, con asistencia de los Diputados señores: Felipe Letelier Norambuena ( Presidente ); Enrique Accorsi Opazo (reemplazando al Diputado señor Felipe Letelier Norambuena) , Gabriel Ascencio Mansilla , Mario Bertolino Rendic (reemplazando al Diputado señor Alberto Cardemil Herrera) , Jorge Burgos Varela, Alberto Cardemil Herrera , Sergio Correa de la Cerda, Andrés Egaña Respaldiza (reemplazando al Diputado señor Iván Norambuena Farías) ; Enrique Jaramillo Becker , Carlos Abel Jarpa Wevar (reemplazando al Diputado señor Fernando Meza Moncada) ; Carlos Montes Cisternas , Fernando Meza Moncada , Pedro Muñoz Aburto (reemplazando al Diputado señor Fernando Meza Moncada) ; José Miguel Ortiz Novoa (reemplazado en forma permanente por el Diputado señor Jorge Burgos Varela) ; José Pérez Arriagada (reemplazando al Diputado señor Fernando Meza Moncada) ; Víctor Pérez Varela (reemplazado en forma permanente por el Diputado señor Iván Norambuena Farías) , Exequiel Silva Ortiz , Felipe Salaberry Soto , Mario Varela Herrera y Carlos Vilches Guzmán .
(Fdo.): LUIS PINTO LEIGHTON, Secretario de la Comisión ”.
Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 111ª Asamblea de la Unión Interparla-Mentaria, celebrada en Ginebra, Suiza, entre el 25 de septiembre y el 1º de octubre de 2004.
Honorable Senado,
Honorable Cámara,
Vuestra delegación de parlamentarios que concurrió a la 111ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada en Ginebra entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2004, pasa a informar sobre su cometido.
La delegación chilena estuvo compuesta por los senadores señores Ricardo Núñez Muñoz ( Presidente del Grupo ); Juan Antonio Coloma Correa ; Sergio Romero Pizarro , y por los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes , Carlos Olivares Zepeda , e Iván Norambuena Farías .
I. AGENDA DE LA 111ª ASAMBLEA DE LA UIP.
a) Apertura.
El día martes 28 de septiembre el senador señor Sergio Páez Verdugo , Presidente de la Unión Interparlamentaria inauguró oficialmente la Asamblea, ocasión donde destacó el alto nivel alcanzado en el tema de la multilateralidad y de la diplomacia parlamentaria, todo ello con miras a alcanzar la tan ansiada seguridad internacional.
Asimismo, hizo una relación de los principales temas a debatir por las tres comisiones permanentes, y destacó la importancia del panel destinado a analizar los cambios que deberían introducirse en el derecho humanitario internacional, donde concurrieron connotados expositores, como los señores Kellenberg y Biruta, entre otros, Presidente de la Cruz Roja Internacional y Presidente del Senado de Ruanda , respectivamente.
b) Puntos de urgencia.
Se recibieron tres solicitudes de puntos de urgencia.
-La primera, denominada “El rol de los Parlamentos frente a los desafíos de seguridad que afronta el continente africano, especialmente en relación con la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en Darfour, Sudan ”, presentado por África del Sur.
-La segunda, referida al “Rol de los Parlamentos en favor de la paz y de la solución de los conflictos en África, en lo que concierne a Darfour”, presentado por Sudán.
-Finalmente, en lo que respecta al tercer punto presentado, por Irán y el grupo de Asia Pacífico, esto es “La alarmante situación en Irak y la necesidad de una acción parlamentaria para restaurar la paz y la seguridad en ese país” fue ampliamente apoyado, mientras que los dos anteriores fueron retirados por sus autores.
Puesto en conocimiento de la Asamblea, este fue aprobado por consenso con la reserva de Israel. El texto se adjunta como Anexo Nº 1, al final de este informe.
c) Trabajo desarrollado por las Comisiones Permanentes.
-La Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional analizó el tema relativo a “El rol de los Parlamentos en el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales para la no proliferación de las armas y el desarme, a la luz de los nuevos desafíos que se presentan en materia de seguridad”.
Actuaron como correlator el señor J. Wilkinson (Reino Unido) y la señora Masri (Jordania).
En representación de Chile participaron los senadores señores Núñez y Romero .
El proyecto de resolución analizado, básicamente parte reconociendo los riesgos que representa la acumulación incontrolada y la proliferación de armamentos, principalmente de las armas de destrucción masiva para la estabilidad y seguridad internacional. También se formulan comentarios en torno al sufrimiento y destrucción que han provocado las violaciones a los derechos humanos y a la dignidad humana.
Asimismo, destaca la importancia de la normativa internacional adoptada sobre el particular, las resoluciones adoptadas por la UIP en esta materia y, específicamente, las resoluciones emanadas de Naciones Unidas.
En razón de numerosos antecedentes, se manifiesta partidaria de preferir un enfoque multilateral en cuanto al desarme por sobre las iniciativas unilaterales en esta materia, puesto que genera una confianza más durable lo que contribuye a una mayor estabilidad internacional.
En base a estos y otras consideraciones, se concluye que:
-Es menester que los Parlamentos otorguen un apoyo firme y efectivo a todas las resoluciones dictadas o que se dicten sobre materias como la paz, el desarme y la seguridad.
-Asimismo, los instan a presionar a sus respectivos gobiernos para que intensifiquen los procesos de adhesión y ratificación de dichos instrumentos internacionales, de manera de atacar las causas profundas que motivan este tipo de conductas.
-Velar por la incorporación en todas las disciplinas de valores fundamentales como la paz, la justicia, la seguridad y la cooperación, de manera de promover el desarme.
-Instar a los Parlamentos para centrarse en las regiones que presentan un mayor grado de tensión, como son el Cercano y Mediano Oriente, el sudeste asiático, el Cáucaso, Los Balcanes y la Región Andina, así como también, para la identificación de las amenazas que representan mayor peligrosidad al orden y estabilidad internacional, como son los conflictos de Cachemira, de Israel/Palestina, el estrecho de Taiwán, Chechenia, u otros de igual importancia.
-Alentar tanto a la UIP como a la ONU para mejorar el intercambio de información, cooperación y planificación en estas áreas, como también, a monitorear iniciativas de control de armamento e informar sobre los avances detectados.
-Proponer el desarrollo de zonas libres de armas nucleares y de la implementación total de la resolución Nº 687 del Consejo de Seguridad de ONU, mediante la cual Medio Oriente debe ser declarado zona libre de armas de destrucción masiva.
-Abogar por la intensificación en los esfuerzos para impedir la diseminación de armas de destrucción masiva y frenar su proliferación, como también, para impedir la transferencia a los terroristas de equipos, materiales y tecnología que puedan ser empleados en estos fines.
-Destacar, del mismo modo, la importancia que revisten Tratados como el de cielos abiertos, Antártico y otros en la lucha contra las armas nucleares.
-Continuar con las negociaciones internacionales tendientes a concluir en una Convención para la no militarización del espacio exterior y aumentar los lazos de cooperación destinados a implementar un programa para erradicar y combatir el comercio ilícito de armas de pequeño calibre y de armamento ligero en todos sus aspectos.
-Otorgar especial importancia al rol de las mujeres y de sus organizaciones en la solución pacífica de los conflictos en cuanto al establecimiento de sociedades pacíficas, armoniosas y no agresivas basadas en los valores de la familia.
-En ese mismo sentido, valorar la resolución Nº 1.325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre las mujeres, la paz y la seguridad, como también, las recomendaciones suscritas dentro del Programa de Acción de Beijing del año 1995.
-Por último, instar a los Parlamentos a equiparar, en lo procedente, sus legislaciones, al status que sustenta la Corte Penal Internacional, específicamente en lo que dice relación con la normativa contra crímenes perpetrados en contra de mujeres.
El Presidente de la delegación, senador señor Núñez , se refirió en síntesis a dos elementos que tienen una alta gravitación en la proliferación de las armas. Estos son la creciente pobreza en ciertos lugares del mundo y los efectos del denominado unilateralismo extremo, los cuales desencadenan a su vez, hechos de violencia que conllevan la utilización de la fuerza y el empleo de poderosos armamentos.
La ausencia de una política global por parte de los Estados y también de los Parlamentos, destinada a contener, limitar o derrotar al terrorismo y al narcotráfico, conlleva necesariamente a la proliferación del armamentismo, al tráfico de armas, que cada día experimenta un desarrollo tecnológico que lo hace de mucha sofisticación y por cierto cada día más peligroso y destructivo.
A su vez, el unilateralismo se refleja en la existencia de Estados que basan sus políticas internacionales en la fuerza, en la imposición de armamento cada vez más sofisticado, lo cual hace que la situación se vuelva cada vez más compleja.
Lo anterior lleva a la conclusión de que para revertir este tipo de situaciones es menester generar una organización que pueda dar origen a un organismo dotado del respaldo suficiente como para dar vida a un nuevo Tratado sobre no proliferación de armas nucleares y que básicamente apunte a la destrucción de este tipo de armamento, dentro de un horizonte temporal, que no se extienda más allá del 2020, dotado, además, de una capacidad para actuar como una Comisión Mundial Permanente que entre sus finalidades tenga las de efectuar verificaciones, combatir la elaboración y fabricación de armas de destrucción masiva, especialmente las nucleares, y detener el tráfico ilícito de armas en el mundo.
El proyecto de resolución fue objeto de un largo y exhaustivo debate por parte del Comité de Redacción, donde se analizaron más de ciento setenta enmiendas y subenmiendas, lo que requirió de un estudio pormenorizado dado el alto grado de especialización requerido, donde el senador señor Romero , en representación del Grulac, tuvo una importante y valiosa participación.
La resolución adoptada por la Asamblea recomienda diversas maneras para obtener el desarme, establece algunas medidas de política de seguridad, todo ello con miras a obtener un fortalecimiento en el desarme y en el control de las armas mediante el reforzamiento de las relaciones multilaterales.
El texto final de la resolución se adjunta como Anexo Nº 2 de este informe.
La Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sustentable, Finanzas y Comercio debatió sobre “La función de los Parlamentos en la preservación de la biodiversidad”.
Actuaron como correlatores el señor P. Günter (Suiza) y la señora S. Mugerwa ( Uganda ).
La delegación chilena fue representada por los diputados señores Ceroni y Norambuena .
La resolución tras hacer una larga enumeración de los instrumentos internacionales sobre la materia generados desde el año 1951, como el relativo a la Protección de los Vegetales, la Convención Ramsar, sobre humedales y la Convención sobre Diversidad Biológica del año 1992, entre otros, formula una serie de consideraciones, entre las cuales reconoce el trabajo llevado a cabo por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la importancia que representa el valor intrínseco de la biodiversidad, tanto desde el punto de vista de los organismos vivos como de los sistemas en que habitan dentro de la supervivencia del planeta, su contribución al desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza, la seguridad alimenticia, al suministro de agua potable y la conservación de los suelos y de la salud humana.
Recalcan, asimismo la incidencia que significa la pérdida de la biodiversidad originada en la acción del hombre, las deficiencias que presenta la Convención Internacional en cuanto a la falta de precisión de conceptos y en general, hace hincapié en que los principales efectos son la desaparición de ciertos hábitat, los cambios climáticos, las especies extranjeras invasoras, la sobreexplotación y la contaminación.
Asimismo, lamentan los efectos de la actividad humana en cuanto a los daños provocados en aguas interiores y zonas oceánicas, situadas más allá de la jurisdicción de los Estados.
En torno a estas consideraciones, se solicita:
-Implementar efectivamente la Convención sobre Diversidad Biológica así como también los demás acuerdos internacionales relacionados con el tema.
-Concentrar esfuerzos destinados a implementar los programas de trabajo sobre áreas protegidas, con miras a que al año 2010 las áreas terrestres y el 2012 las áreas marinas, cuenten con sistemas operativos tanto en el campo nacional como internacional que representen adecuadamente a las zonas protegidas.
-Instar a los gobiernos a luchar contra los mecanismos de pérdida de la biodiversidad, en materias como la reducción de especies invasoras, cambio climático etc., mediante la aplicación de los Convenios Internacionales pertinentes.
-Aunar esfuerzos para dotar de financiamiento al PNUD a fin de que se aboque al resguardo de los recursos que se sitúan fuera de las fronteras nacionales, de manera que pueda actuar como punto focal para las actividades relacionadas con la biodiversidad.
-Reforzar la aplicación de la normativa que contempla el Convenio sobre Diversidad Biológica, de manera de incorporar sus objetivos en la agricultura, administración de los bosques, del agua y de los transportes.
-Asimismo, comprometer el establecimiento de un régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios que se obtengan.
-También, se promueve la cooperación en la conservación de la biodiversidad instando a los países desarrollados a tomar medidas concretas para ayudar a los países en desarrollo a través de transferencia de tecnología y del refuerzo de capacidades.
-Insistir en la necesidad de que los gobiernos ratifiquen e implementen el Protocolo de Cartagena, sobre prevención de riesgos biológicos y también de incorporar sus políticas en la actividad comercial que desarrollen.
-Por último, alienta a los gobiernos a desarrollar incentivos económicos y sociales destinados a favorecer todo lo concerniente a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y para eliminar o reducir las políticas y prácticas que producen incentivos que conducen a la pérdida o deterioro de la biodiversidad.
El diputado señor Ceroni intervino en la discusión ante la Comisión formulando interesantes puntos de vista sobre la materia, instando a adoptar medidas urgentes en beneficio de la biodiversidad. Asimismo, destacó la situación de injusticia que se produce en cuanto a que muchas medidas que se adoptan en este sentido repercuten gravemente provocando un grado de injusticia hacia los sectores más desposeídos. Asimismo, a vía ejemplar, citó el caso de la explotación del bosque nativo y del reemplazo de especies nativas por otras foráneas y los efectos que ello ha provocado en nuestro país.
El texto de resolución fue objeto de ciento quince enmiendas, de las cuales fueron aprobadas cincuenta y siete, lo que implicó una ardua discusión y un importante intercambio de opiniones.
El texto con la resolución adoptada forma parte del Anexo Nº 3.
-La Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos efectuó un seguimiento del trabajo realizado denominado “Beijing+10: Una evaluación desde una perspectiva parlamentaria”.
Fueron correlatores el señor J.P. Winkler ( Alemania ) y la señora M. Mensah-Williams (Namibia).
Participaron en ella el senador señor Coloma y el diputado señor Olivares.
La resolución toma como punto de partida los planes de acción nacionales desarrollados por los 119 Estados Miembros y los avances experimentados en relación con los acuerdos adoptados en la Conferencia de Beijing, y los objetivos establecidos en la Declaración del Milenio en torno a la igualdad entre los sexos y respecto de la Declaración Universal de la UIP del año 1997, que señala que el éxito de la democracia presupone una asociación de géneros en la conducción de los asuntos que competen a la sociedad.
Establece, que sin perjuicio de los acuerdos anteriores, se constata que habiendo transcurrido 10 años desde la Conferencia de Beijing, aún se aprecia que las mujeres se encuentran insuficientemente representadas en cargos que implican toma de decisiones en las esferas de poder, de gobierno, judiciales y económicas y que en definitiva la igualdad está muy lejos de ser realidad en muchos países.
Dentro de este contexto, se establecen medidas para fortalecer la acción parlamentaria, entre las cuales se sugiere efectuar monitoreos sobre el avance y cumplimiento de los compromisos adquiridos en Beijing.
También se insta por tener una presencia activa en la 49ª Comisión sobre la Condición de las Mujeres, a desarrollarse en Nueva York, en Naciones Unidas, el próximo año, para lo cual se encomienda efectuar una evaluación con antelación a esta reunión, sobre los avances experimentados sobre esas materias.
Dentro del contexto anterior, se formulan recomendaciones como por ejemplo, la creación de comisiones parlamentarias destinadas a asuntos de género, crear mecanismos para potenciar la participación de las mujeres en la política, ya sea a través de leyes de cuota y de potenciar su participación en las comisiones parlamentarias encargadas de las relaciones internacionales, de presupuesto, justicia y seguridad de manera de incorporar puntos de vista distintos que permitan enriquecer la discusión legislativa desde una perspectiva de género, y la implementación de Convenciones, como la relativa a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida por su sigla en inglés “Cedaw”.
Específicamente en la esfera política, acrecentar las medidas tendientes a aumentar la participación de las mujeres, a través de medidas encaminadas a dar facilidades para el desarrollo de tareas laborales y familiares en forma equilibrada y armónica.
En cuanto a la esfera económica, también, se reitera la necesidad de considerar a las mujeres en la toma de decisiones, específicamente en cuanto a la formulación de estrategias para la lucha y reducción de la pobreza. De este modo, se insta el otorgamiento de micro créditos destinados a las pequeñas empresarias, la creación de empresas para las mujeres, ampliación de sistemas de capacitación, velar por la igualdad de remuneraciones, etc.
En lo relativo a la seguridad humana, se solicita intensificar programas destinados a asegurar la protección de las mujeres y niños contra las amenazas de vida, dignidad y medios de sustento, particularmente en cuanto a la pobreza y el hambre, enfermedades como el VIH/Sida o la ausencia de educación.
De esta manera pone énfasis en la implementación de reformas que permitan el acceso total de las mujeres y niñas a la educación y en general a los procesos de alfabetización, a los servicios de sanidad, a combatir la violencia y en general a reducir la pobreza.
También se insta a los gobiernos y Parlamentos a adoptar todas las medidas necesarias para combatir el tráfico de mujeres y niños, destinando, asimismo, recursos para rehabilitar a quienes han sido víctimas de este tipo de tráfico.
La resolución incorpora, además, ciertos aspectos concernientes a la solución de conflictos relativos a la reconciliación y reconstrucción post conflicto, donde se insiste en la importancia de dar cumplimiento a la resolución Nº 1.325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, relativa a las mujeres, la paz y la seguridad. En ese sentido, recomienda la plena participación de las mujeres en el desarrollo de las instituciones democráticas post conflicto y especialmente en los procesos de reconstrucción.
Finalmente, la resolución, consigna algunos considerandos destinados a las niñas, en el sentido de perfeccionar la legislación, por ejemplo, en cuanto a protección apropiada para niñas que delinquen, en lo relativo a su integridad personal y su desarrollo, etc.
El senador señor Coloma abordó el tema de la participación de hombres y mujeres en política desde la óptica de las oportunidades más que de las imposiciones basadas en una política de cuotas de representación.
En tal sentido, expresó su conocimiento en torno a que la participación de las mujeres se valida mucho más profundamente a partir de sus capacidades, sensibilidades, espíritu de trabajo y talento más que en la obligación de detentar por ley un número de cargos.
De esta manera, puso especial énfasis en el amplio campo del desarrollo de las oportunidades pendientes en el mundo de la representación, enfatizando y proponiendo cambios educacionales, profesionales, modernización de instituciones políticas y parlamentarias que hagan posible una integración adecuada tanto de hombres como de mujeres en la vida pública.
En relación con el debate sobre el Cedaw y sus protocolos facultativos, recalcó que toda decisión en esta materia debería siempre armonizarse con la Constitución de cada país y la defensa irrestricta del derecho a la vida del que está por nacer.
Desde otra perspectiva, llamó también la atención sobre el enorme campo que abarcan las recomendaciones económicas del informe, destacando el nuevo énfasis internacional que se colocaba respecto de la focalización de recursos para la lucha contra la pobreza a partir de la experiencia y necesidades de la mujer en la familia, lo que constituiría, a su juicio, un acuerdo muy importante de profundizar y extender al ámbito legislativo.
El texto finalmente aprobado tras una exhaustiva revisión se adjunta como Anexo Nº 4.
d) Enmiendas a los Estatutos.
En relación con las enmiendas a los estatutos y reglamentos, estas decían relación con una propuesta presentada por Bélgica destinada a enmendar los artículos 15.2 y 15.3 del Reglamento de las Comisiones Permanentes, relativo a la participación de los relatores en los Comités de Redacción, en el entendido de que los relatores que han preparado tanto el informe como la resolución deberán participar en el Comité de Redacción en carácter de miembros o asesores.
Otra modificación se refiere a los artículos 12.2 del Reglamento de las Comisiones Permanentes en cuanto a la presentación de enmiendas a los proyectos de resolución de los relatores por parte de la Reunión de las Mujeres Parlamentarias, y también respecto del artículo 37.2, sobre las actas de las mismas.
En relación con este punto, durante la última Asamblea, se tomó conocimiento de que la Comisión de las Mujeres Parlamentarias no contaba con un plazo prudente para presentar enmiendas a los proyectos de resolución de las Comisiones Permanentes, y asimismo se detectó un problema referido a las actas, todo como consecuencia de las últimas modificaciones introducidas.
Sobre el particular, cabe tener presente que la Comisión de las Mujeres sólo se reúne durante la primera Asamblea del año y en consideración a ello no podrían presentar enmiendas en los plazos fijados; esto es, una semana antes de la apertura de la segunda reunión anual. Se propuso extender tal plazo hasta el momento en que se clausura la primera sesión de las respectiva Comisión, de manera tal, de que puedan hacer valer sus enmiendas y de esta manera hacer un aporte desde la perspectiva de género en las Comisiones Permanentes y específicamente durante la segunda reunión del año, ocasión donde se reúne el Comité Coordinador de las Mujeres Parlamentarias.
-Una modificación relativa a las actas de las Comisiones, se generó como consecuencia de que las tres Comisiones Permanentes sesionan dos veces al año y ello ha provocado que el sistema de redactores y taquígrafos se haga insuficiente puesto que con anterioridad sólo cubrían dos Comisiones de Estudio.
Con el nuevo sistema imperante de las tres Comisiones, se ha estimado del caso que, dado el alto costo que implica la contratación de personal, las actas de cada Comisión Permanente sean tomadas por un solo redactor, quien tendrá a su cargo la preparación del documento final, lo que retardará su entrega. En base a lo anterior, la propuesta de modificación elimina el plazo de 60 días de que se disponía para el envío del resumen de la Asamblea.
-También se contempla una modificación relativa a las prácticas de contabilidad acumulada y de suministros.
Estas enmiendas fueron aprobadas por la Asamblea.
e) Temas a debatir en las próximas Asambleas.
La Asamblea acordó fijar los temas que serán tratados durante las dos próximas reuniones.
Para la 112ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria se acordó el siguiente temario:
Tema debate general: “La incidencia de las políticas nacionales e internacionales en la situación de las mujeres”.
-Primera Comisión Permanente de la Paz y de la Seguridad Internacional: “El rol de los Parlamentos en el establecimiento y funcionamiento de mecanismos para asegurar el juicio, la condena de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la humanidad, el genocidio y el terrorismo, con el fin de evitar su impunidad”, presentado por Argentina. Este tema fue aprobado por la Asamblea por consenso. Se designó correlator al señor Jorge Argüello (Argentina).
-Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio: “El rol de los Parlamentos en la puesta en marcha de los mecanismos de financiamiento y de comercio internacionales innovadores preparados para permitir la regulación del problema de la deuda y la realización de los Objetivos del Milenio para el desarrollo”. Se designaron correlatores a los señores M. Osvaldo Martínez (Cuba) y M. Robert del Picchia ( Francia ).
-Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos: “¿Cómo los Parlamentos pueden promover y hacer respetar los derechos del hombre en las estrategias de prevención y de gestión en el tratamiento de la pandemia del VIH/SIDA? Se designó correlator al señor Elioda Tunnesigye ( Uganda ) y quedó pendiente el nombre del representante de Filipinas.
Para la 113ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria se acordó el siguiente temario:
-Primera Comisión Permanente de la Paz y de la Seguridad Internacional: “Acción concertada y cooperación de los Parlamentos y de los medios de comunicación para informar a la opinión pública sobre los conflictos armados y la lucha contra el terrorismo mundial” presentado por Hungría.
-Segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiación y Comercio: “Las migraciones internacionales y el desarrollo”, presentado por Suiza.
-Tercera Comisión Permanente de la Democracia y de los Derechos Humanos: “La importancia de la sociedad civil y su interacción con los Parlamentos y las demás asambleas electas democráticamente para la madurez y el desarrollo de la democracia”, presentado por Suecia.
En relación con los correlatores, se facultó al Secretario General para efectuar las consultas pertinentes.
II. OTRAS COMISIONES Y REUNIONES CONEXAS.
Dentro del contexto de la Asamblea, celebraron sesiones otros órganos de la UIP, como se indicará a continuación.
A) Grulac.
Este grupo geopolítico se reunió 3 veces durante la 111ª Asamblea. Actuó como Presidenta la senadora señora Mónica Xavier ( Uruguay ) en reemplazo del diputado señor Juan Máspoli ( Uruguay ). En primer término, se sometió a consideración el orden del día, el que fue aprobado por unanimidad.
A continuación, el Presidente de la Unión Interparlamentaria , senador Sergio Páez , efectuó un resumen de las actividades desarrolladas desde la última conferencia en México como se consignará más adelante.
En otro orden de materias, el señor Presidente se refirió al tema presupuestario de la UIP, el cual asciende a la cantidad de 10 millones de francos suizos. Asimismo, señaló que se han realizado programas de cooperación con otros organismos por la suma de 15 millones de francos suizos.
-Respecto de la reunión que se llevó a cabo en forma conjunta con la Organización Mundial del Comercio, efectuada el año pasado en Cancún, hizo presente que si bien es cierto los gobiernos no habían logrado un total acuerdo, el aporte efectuado por la UIP había contado con un importante respaldo.
-En relación con la celebración de la 59ª Asamblea de Naciones Unidas y el encuentro que se lleva a cabo en forma conjunta por la UIP, destacó la importancia que revestía e instó a tener una participación activa por parte de los distintos Parlamentos. Los temas a tratar son “Fortalecimiento de los regímenes internacionales para el control de las armas y el desarme” y “Mantención de la paz en el siglo XXI: necesidades y objetivos”.
Desde otro punto de vista, hizo hincapié en los logros obtenidos en cuanto a la eventual incorporación a la UIP de algunas islas del Caribe, y de la revisión de la situación que afecta a Nicaragua y a República Dominicana.
-En lo que se refiere al Informe Cardoso, donde básicamente se insta a crear una secretaria en Naciones Unidas encargada de los Parlamentos, precisó que la UIP emitiría un nuevo informe sobre el particular, que sería presentado ante la Asamblea, motivo por el cual instó a los Parlamentos a brindarle su apoyo, a la vez que señaló que el proyecto de resolución sería presentado por el Embajador Permanente de Chile ante la ONU, señor Heraldo Muñoz Valenzuela .
-A su vez, el senador señor Jorge Pizarro , en representación del Parlamento Latinoamericano, informó sobre los trabajos desarrollados durante el último tiempo. Hizo presente que, próximamente, se cumplirían 40 años desde su creación, motivo por el cual se acuñó una insignia conmemorativa.
-Los representantes ante las Comisiones Permanentes informaron sobre las materias a debatir por cada una de las Comisiones.
-El Grulac procedió a elegir una reemplazante para la diputada señora Zury Rios Montt , (Guatemala) cuya representación en el Comité Ejecutivo expiraba en esta oportunidad. Por tal motivo, fue elegida la senadora señora Kenia Serrano (Cuba).
-En cuanto a los cargos vacantes en el Grulac, resultaron elegidas para la Presidencia y Vicepresidencia, las señoras diputada Zury Ríos Montt (Guatemala) y senadora Mónica Xavier (Uruguay), respectivamente, y se procedió a confirmar en el cargo al secretario señor Oscar Piquinela .
También se informó sobre las solicitudes para incluir puntos de emergencia, en los términos ya expuestos.
Asimismo, el Grulac acordó integrar los Comités de Redacción de la siguiente manera:
-Primera Comisión: senador señor Sergio Romero (Chile).
-Segunda Comisión: diputado señor Gabriel País ( Uruguay ).
-Tercera Comisión: senadora señora Dulce Maria Sauri (México) .
b) Grupo de Asociación entre hombres y mujeres.
Este grupo celebró reuniones los días 25 y 26 de septiembre. La señora Mensah-Williams (Namibia) hizo un resumen de los acuerdos adoptados, los cuales dicen relación con:
-Efectuar una supervisión y evaluación del trabajo desarrollado.
-Enfoque presupuestario de la UIP tomando en cuenta la paridad de género.
Asimismo, dio cuenta de la concurrencia de 114 países con una participación de 1.146 delegados y 468 parlamentarios. De los 468 parlamentarios, 126 fueron mujeres, lo que representa un porcentaje de 26,9%, mientras que los 342 parlamentarios hombres representan el 73,1%.
En relación con este aspecto, se plantearon formulas para mejorar la participación femenina, entre las cuales se señaló la necesidad de intensificar la prohibición para que concurran delegaciones conformadas por un mismo sexo.
En ese sentido, se recalcó que cinco países habían incurrido por tercera vez en esta omisión ( Hungría , Kuwait, Emiratos Árabes , Turquía , y Arabia Saudita) .
Se informó, además, sobre medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones aprobadas durante la 10ª Reunión de las Mujeres Parlamentarias, entre las cuales cabe destacar la relativa al rol que deben cumplir las mujeres en la reconciliación o solución de conflictos, lo que se tradujo en la realización de una conferencia organizada por el grupo árabe regional, para efectuar una evaluación sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en Beijing, efectuado en el mes de julio en Beirut.
-También se difundió la guía “Parlamento, Presupuesto y Género”.
Del mismo modo, se informó sobre el seminario denominado “El Parlamento en el proceso presupuestario desde una perspectiva de equidad entre hombres y mujeres”, efectuado en Beirut.
El mismo seminario se desarrollará próximamente en Latinoamérica, Asia y África.
Por último, es necesario tener presente que los Parlamentos de África del Sur y México llevaron a cabo debates sobre la aplicación del Cedaw.
Se adjunta cuadro de participación femenina como Anexo Nº 5.
Se dejó constancia de la ausencia de parlamentarias que no habían podido concurrir, pese a desempeñar cargos en la UIP, en razón de lo cual se acordó presentar un reclamo formal ante el Presidente de la UIP.
c) Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias.
Se reunió el día lunes 27 de septiembre, bajo la presidencia de la señora J. Fraser (Canadá).
En primer término, se adoptó la agenda y luego se informó sobre el trabajo y recomendaciones del Grupo de Asociación de Género.
Los principales temas debatidos dijeron relación con la necesidad de contar con leyes de cuota, con efectuar un seguimiento efectivo sobre los resultados obtenidos mediante esta formula, sobre el papel fundamental que le cabe a la mujer en los procesos de reconciliación, el rol que juegan otras organizaciones, como son las Organizaciones no Gubernamentales, la importancia del manual sobre el Cedaw, el aporte que significa la visión de género en el tema presupuestario, materia sobre la cual se espera celebrar un seminario en Latinoamérica, cuyo resultado estaría en condiciones de ser presentado en la 112ª Asamblea, que se llevará a cabo en Filipinas.
Asimismo, se informó sobre el aporte efectuado al tema de la Tercera Comisión sobre la evaluación de Beijing, donde se detectó incumplimiento en los compromisos por parte de algunos Parlamentos.
En general, las inquietudes planteadas se refirieron a cómo aumentar la participación de las mujeres en los centros de decisión, en política y en cargos de alta responsabilidad, sobre la igualdad de salarios, actos de violencia y agresiones, como son las violaciones, violencia intrafamiliar, prostitución, etc.
Durante la Reunión de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias concurrieron representantes de Naciones Unidas, quienes recalcaron la necesidad de hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados hace 10 años en Beijing por parte de los Parlamentos, por cuanto han detectado que la plataforma de acción ha sufrido algunas limitaciones que han dificultado su aplicación integra.
Con respecto al panel que se desarrollará en Manila, sobre las mujeres en situación de conflicto, se precisaron algunos aspectos que deberían ser abordados, tales como la explotación sexual de niños y su vinculación con procesos bélicos, ante lo cual se adujo que era necesario instaurar programas especiales destinados a cambiar las costumbres y actitudes de los hombres, a través de programas destinados a esos efectos.
Especial importancia, se atribuyó al hecho de que el próximo año se conmemoran 20 años de la creación del Comité de las Mujeres Parlamentarias, para lo cual se contempla efectuar alguna publicación por parte de la UIP, que refleje los hechos más relevantes de su historia y también sobre algún acto conmemorativo, como pudiera ser ampliar la recepción que ofrecen las mujeres a todo los participantes.
En base a lo anterior, se solicitó la colaboración a los distintos Parlamentos en cuanto a enviar datos sobre la participación de las mujeres en la política a fin de que la publicación contenga la mayor cantidad de datos posibles.
Contribución a la sesión 49ª de la Comisión sobre la Condición de la Mujer de Naciones Unidas, sobre estatus de las mujeres dentro del contexto de la reunión que efectuará la UIP, en el mes de mayo del próximo año, dentro del proceso de cooperación entre ambas organizaciones, relativa al programa de acción que concierne a las mujeres en la toma de decisiones especialmente en política y sobre mecanismos destinados a reforzar los objetivos de Beijing.
Uno de los principales temas debatidos dijo relación con la preparación del panel a desarrollarse durante la 112ª Asamblea, denominado “La violencia contra mujeres y niños en situación de conflicto”.
También, se abordaron aspectos relacionados con estrategias para asegurar la participación de las mujeres en las reuniones de la UIP y sobre difusión de los trabajos desarrollados tanto por el Comité de Coordinación como por el de Mujeres Parlamentarias.
d) Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios, y Comité de Coordinación de la Conferencia Interparlamentaria sobre la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo (Cscm).
Con ocasión de esta Asamblea, también celebraron reuniones la Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios, y el Comité de Coordinación de la Conferencia Interparlamentaria sobre la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo (CSCM), información que se adjunta en los Anexos Nos 6 y 7 de este informe.
e) Desarrollo del panel ?La necesidad de introducir modificaciones al Derecho Internacional Humanitario .
Durante el curso de la 111ª Asamblea se llevó a cabo un importante panel denominado “La necesidad de introducir modificaciones al Derecho Internacional Humanitario”, el cual contó con expertos de alto nivel.
III. 175ª SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Chile estuvo representado por el senador señor Núñez y por el diputado señor Ceroni .
Cabe tener presente, que la delegación chilena no contempló la participación de ninguna representante femenina, motivo por el cual Chile fue sancionado con un voto menos en el Consejo Directivo, en la forma que lo establece el Reglamento, asunto que deberá tenerse en cuenta al designar la nueva delegación que concurrirá a Filipinas en el mes de abril del próximo año.
Como en otras oportunidades, el Comité adoptó su agenda de trabajo y aprobó las actas de la última reunión del Consejo Directivo Nº 174.
Asimismo y de acuerdo con el orden del día, correspondía abocarse a las siguientes materias:
a) Informe de las actividades desarrolladas por el Comité Ejecutivo.
El Presidente informó de manera detallada de todas las actividades desarrolladas desde la última Asamblea, donde destacó las siguientes:
-El Comité Ejecutivo prestó su aprobación a la creación de comisiones especializadas dentro del seno de la Unión Interparlamentaria, la primera relativa al VIH/Sida y la otra para la protección de la infancia.
-Reunión efectuada con los Presidentes de los Parlamentos vecinos a Irak, con participación de Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria Árabe, y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, relativo al proceso constitucional de Irak, ocasión donde se emitió la declaración de Amman, respecto de la cooperación brindada a Irak para lograr la soberanía del pueblo iraquí y la creación de las instituciones democráticas para obtener la estabilidad en ese país.
La declaración contiene 19 puntos, donde se da cuenta de las acciones desarrolladas, del seguimiento de los compromisos adquiridos, especialmente con Naciones Unidas y la adoptada por la UIP en Chile el año 2003.
-Asimismo el señor Presidente dio cuenta de las actividades desarrolladas en la reunión parlamentaria sostenida con ocasión de la XI Reunión de la Unctad, celebrada en Río de Janeiro, el 11 y 12 de junio de este año, producto de lo cual se emitió un informe que básicamente recalca la importancia que reviste la acción concertada de los Parlamentos para efectuar un seguimiento, ocasión en que participó el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel .
De acuerdo con la agenda, la discusión se centró en tres puntos:
-Estrategias de desarrollo en una economía mundial en proceso de globalización.
-Fomento de la capacidad productiva y de la competitividad internacional.
-Obtención de beneficios en materia de desarrollo a partir del sistema comercial internacional y las negociaciones comerciales.
En forma conjunta, se celebró un panel denominado “El sur en la búsqueda de soluciones nuevas, con miras a contribuir al debate general sobre el tema de la próxima reunión de la Unctad”.
En relación con la segunda reunión preparatoria del Encuentro de Presidentes de Parlamentos que se llevará a cabo el próximo año, informó que se prepararía un informe denominado “Indicadores de la democracia”, basado en parte en un cuestionario que fuera remitido a todos los Parlamentos.
En cuanto a los avances en lo que se refiere a la Cooperación con Naciones Unidas, cabe tener presente que a partir de la Declaración del Milenio se estableció la necesidad de profundizar el fortalecimiento de la cooperación entre los Parlamentos y Naciones Unidas a través de la UIP.
En este sentido, se presentaron informes sobre la participación de la UIP en la última Asamblea General de Naciones Unidas, de recientes reuniones de cooperación con los distintos órganos de Naciones Unidas, y sobre las próximas actividades a desarrollar durante la 59ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, ocasión en que la UIP celebrará sesiones los días 19 y 20 de octubre, para tratar el tema denominado “Desde el desarme hasta una paz duradera. Definición del rol parlamentario”.
Asimismo, se abordaran otros tópicos relativos a la materia, como son el desarme y control de armas, reconstrucción post conflicto y el resguardo de la paz.
También se informó sobre medidas tendientes a la dirección de la cooperación entre ambos organismos.
Con anterioridad, se había formado un panel de expertos encabezado por Fernando Cardoso, quienes emitieron un informe relativo a las relaciones de Naciones Unidas y los Parlamentarios.
Puesto en conocimiento durante la Asamblea que se llevó a cabo en México en abril de este año, fue objeto de diversas observaciones.
Básicamente, las recomendaciones del informe dicen relación con la creación de mecanismos destinados a fortalecer la interacción entre los Parlamentos y Naciones Unidas, a fin de obtener una aproximación con la ciudadanía que permita estrechar la democracia. El informe confirma esta idea al sugerir que Naciones Unidas cree estructuras interparlamentarias para interactuar con esta.
El Presidente de la UIP se mostró partidario de estrechar vínculos con Naciones Unidas, y de consultar a los distintos Parlamentos antes de que se implementen dichas recomendaciones por parte de los Estados Miembros de Naciones Unidas.
El Secretario General , asimismo, dio cuenta de las reuniones sostenidas a partir del último Consejo, efectuado en México en el mes de abril. Se dieron a conocer, asimismo, antecedentes sobre la situación financiera de la entidad y también, sobre temas presupuestarios para el próximo año.
b) Otras Conferencias y Reuniones especializadas.
Se informó asimismo, sobre la realización de la Reunión de Presidentes de Parlamentos de los países fronterizos con Irak y sobre el proceso constitucional en Irak; sobre la reunión Parlamentaria con ocasión de la XI Unctad; respecto del seminario para la región Árabe sobre “Parlamento y el proceso presupuestario, incluyendo una perspectiva de género”.
Asimismo, se dio cuenta de:
Seminario sobre “Los Parlamentos, la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible” que se llevará a cabo en forma conjunta con Naciones Unidas durante el primer semestre del año próximo.
Seminario Regional sobre el tema “Parlamentos y Reconciliación Nacional”, en conjunto con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Seminario Regional para los Parlamentos Latinoamericanos sobre “El Control Parlamentario en el Sector de la Seguridad”, en conjunto con el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas.
c) 112ª Asamblea en Manila, Filipinas.
Se ratificó la próxima celebración de 112ª Asamblea en Manila, Filipinas, del 3 al 8 de abril de 2005 y se informó sobre próximas reuniones especializadas.
-Reunión dentro del proceso de cooperación con Naciones Unidas, como ya se señaló.
-Con ocasión de la Conferencia de la Organización del Comercio Mundial, a efectuarse en Bruselas, del 24 al 26 de noviembre.
d) Enmiendas a los estatutos y reglamentos.
Como se consignó en la página 10, las enmiendas aprobadas dicen relación con los artículos 12.2, 15.2, 17.1 y 37.2.
También se aprobaron otras modificaciones relativas a los procedimientos financieros (artículo 10.1 (a)), a políticas de abastecimiento, adquisiciones, aprovisionamiento y sobre prácticas de contabilidad (artículos 6 (2) (c) y 6 (3) (c)).
e) Elecciones para llenar vacantes en los distintos órganos y Comités.
En este sentido correspondía reemplazar las vacantes producidas en el Comité Ejecutivo. Resultaron elegidos la señora Kenia Serrano Puig de Cuba , el señor Abdelwahad Radi de Marruecos , el señor Suranand Vejjajiva de Tailandia, y la señora Ágnes Vadai de Hungría .
En el Comité sobre Cuestiones relativas al Medio Oriente resultó elegido el señor Félix Kwasi Owusu-Adjapong de Gana.
f) Órganos subsidiarios del Consejo Directivo.
En el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios correspondía elegir un miembro suplente para llenar el cargo del señor S. Sirati de Indonesia . Para tales efectos, resultó elegido el señor Manouchehr Mottaki de la República Islámica de Irán.
IV. DIPLOMACIA PARLAMENTARIA.
En esta ocasión se tomó contacto con las delegaciones de Pakistán y de India a fin de estrechar lazos de amistad y profundizar relaciones económicas.
V. RELATORES ANTE EL CONGRESO NACIONAL.
El senador Ricardo Núñez y el diputado señor Guillermo Ceroni informarán al Senado y Cámara de Diputados, respectivamente, sobre la participación de los parlamentarios chilenos que concurrieron a la 111ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.
Sala de la Comisión, a 6 de octubre de 2004.
(Fdo.): RICARDO NÚÑEZ MUÑOZ , Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno ante la UIP; JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Secretaria del Grupo ”.