Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ximena Vidal Lazaro
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTEGRACIÓN
- Enrique Accorsi Opazo
- Ivan Moreira Barros
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Edmundo Villouta Concha
- INTEGRACIÓN
- Maria Isabel Allende Bussi
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Cristian Antonio Leay Moran
- Juan Masferrer Pellizzari
- Waldo Mora Longa
- Lily Perez San Martin
- Edgardo Riveros Marin
- Laura Soto Gonzalez
- Jorge Tarud Daccarett
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jose Garcia Ruminot
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III ACTAS
- IV CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Eugenio Tuma Zedan
- Jaime Quintana Leal
- Fernando Meza Moncada
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- V. ACUERDOS DE COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LO RELATIVO A LAS NORMAS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- DEBATE
- MAYORES EXIGENCIAS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO. Modificación de la ley Nº 17.798, sobre control de armas. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LO RELATIVO A LAS NORMAS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL. Tercer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- AUMENTO DE RECURSOS AL PODER JUDICIAL Y A LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES PARA AGILIZAR CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
- DEBATE
- PAREO
- Jose Urrutia
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Ximena Vidal Lazaro
- Rosa Gonzalez Roman
- PAREO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Laura Soto Gonzalez
- Pedro Vargas
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Sergio Aguilo Melo
- Carlos Montes Cisternas
- Osvaldo Palma Flores
- Eduardo Salas Pereira
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- DEBATE
- DEBATE
- COMISIÓN INVESTIGADORA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LOS CASOS MOP-GATE, MOP-CIADE Y MOP-IDECON.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Lily Perez San Martin
- Alfonso Vargas Lyng
- Pablo Galilea Carrillo
- Victor Perez Varela
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Roberto Delmastro Naso
- Felipe Letelier Norambuena
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUMENTO DE RECURSOS AL PODER JUDICIAL Y A LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES PARA AGILIZAR CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
- VIII. INCIDENTES
- ALCANCES SOBRE VOTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.
- PREOCUPACIÓN POR EVENTUALES RESTRICCIONES DE USO DEL AGUA EN PREDIOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. Oficios.
- ADHESION
- Manuel Rojas Molina
- Juan Masferrer Pellizzari
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Javier Hernandez Hernandez
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Nicolas Monckeberg Diaz
- ADHESION
- PRECISIONES RESPECTO DEL PROYECTO “PUERTO NUEVO DE ANTOFAGASTA”. Oficio.
- ADHESION
- Juan Masferrer Pellizzari
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Javier Hernandez Hernandez
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Nicolas Monckeberg Diaz
- ADHESION
- ATENCIÓN DE DIABÉTICOS EN HOSPITAL DE SAN FERNANDO. Oficio.
- ADHESION
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Galilea Carrillo
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Javier Hernandez Hernandez
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON NUEVA ZELANDA. Oficio.
- ADHESION
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Ximena Vidal Lazaro
- Adriana Munoz D'albora
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rosauro Martinez Labbe
- Pablo Galilea Carrillo
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Eduardo Saffirio Suarez
- Edmundo Villouta Concha
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
-
FACILIDADES DE PAGO A DEUDORES HABITACIONALES DE OSORNO. Oficio.
- ADHESION
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Ximena Vidal Lazaro
- Adriana Munoz D'albora
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rosauro Martinez Labbe
- Pablo Galilea Carrillo
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Eduardo Saffirio Suarez
- Edmundo Villouta Concha
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE USO DE REGISTRO HISTÓRICO DE DEUDORES Y APLICACIÓN DE LA LEY QUE PROTEGE LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS. Oficios.
- ADHESION
- Adriana Munoz D'albora
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Villouta Concha
- Enrique Jaramillo Becker
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE Y CUENTA PÚBLICA DE ALCALDE DE ERCILLA SOBRE SITUACIÓN PREVISIONAL DE PERSONAL MUNICIPAL. Oficio.
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- RECURSOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE DEUDORES DE VIVIENDAS BÁSICAS. Oficio.
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Alejandro Navarro Brain
- Enrique Jaramillo Becker
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
-
RECONOCIMIENTO A LABOR DE ALCALDE DE MACUL. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- ESTADO DE AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO CORFO-INVERLINK. Oficio.
- ADHESION
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- MAYOR COORDINACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA. Oficio.
- ADHESION
- Pablo Galilea Carrillo
- Nicolas Monckeberg Diaz
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS AVIONES DE PASAJEROS QUE CUBREN LOS VUELOS NACIONALES. Oficios.
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- PROCEDIMIENTO APLICADO Y RELACIÓN DE ALUMNOS EXPULSADOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Carlos Recondo Lavanderos
- Jose Ramon Barros Montero
- Roberto Delmastro Naso
- Claudio Alvarado Andrade
- Pablo Galilea Carrillo
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Antonio Kast Rist
- Ramon Segundo Perez Opazo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Quintana Leal
- Enrique Accorsi Opazo
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Alberto Robles Pantoja
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Carlos Olivares Zepeda
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Toha Morales
- Adriana Munoz D'albora
- Juan Pablo Letelier Morel
- Sergio Aguilo Melo
- Alberto Robles Pantoja
- Eduardo Saffirio Suarez
- Rodolfo Seguel Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eliana Caraball Martinez
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Jorge Burgos Varela
- Eduardo Saffirio Suarez
- Waldo Mora Longa
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Rodolfo Seguel Molina
- Exequiel Silva Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 82ª, en martes 11 de mayo de 2004
(Ordinaria, de 11.08 a 14.31 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Hales Dib, don Patricio.
Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana, y del señor Ortiz Novoa, don José Miguel
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE COMITÉS.
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Envío de proyectos a Comisiones 11
- Permisos constitucionales 11
V. Acuerdos de Comités. 11
VI. Orden del Día.
- Perfeccionamiento de la ley orgánica constitucional de Municipalidades en lo relativo a las normas sobre el proceso electoral municipal. Tercer trámite constitucional 12
- Mayores exigencias para la inscripción y porte de armas de fuego. Modificación de la ley Nº 17.798, sobre control de armas. Primer trámite constitucional 19
VII. Proyectos de acuerdo.
- Aumento de recursos al Poder Judicial y a la Policía de Investigaciones para agilizar causas por violaciones a los derechos humanos 38
- Comisión investigadora de responsabilidades políticas en los casos Mop-Gate, Mop-Ciade y Mop-Idecon 40
VIII. Incidentes.
- Alcances sobre votación de proyectos de acuerdo 44
- Preocupación por eventuales restricciones de uso del agua en predios de la comuna de Quillón. Oficios 46
- Precisiones respecto del proyecto “Puerto nuevo de Antofagasta”. Oficio 46
- Atención de diabéticos en hospital de San Fernando. Oficio 47
- Información sobre eventual tratado de libre comercio con Nueva Zelanda. Oficio 48
- Facilidades de pago a deudores habitacionales de Osorno. Oficio 48
- Información sobre uso de registro histórico de deudores y aplicación de la ley que protege la vida privada de las personas. Oficios 49
- Información sobre construcción de embalse y cuenta pública de alcalde de Ercilla sobre situación provisional de personal municipal. Oficio 50
- Recursos para solucionar problema de deudores de viviendas básicas. Oficio 51
- Reconocimiento a labor de alcalde de Macul. Oficio 53
Pág.
- Estado de avance de la investigación del caso Corfo-Inverlink. Oficio 54
- Mayor coordinación en materia energética. Oficio 54
- Información sobre el estado de los aviones de pasajeros que cubren los vuelos nacionales. Oficios 55
- Procedimiento aplicado y relación de alumnos expulsados de establecimientos de enseñanza media. Oficio 57
IX. Documentos de la Cuenta.
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia, que califica de “discusión inmediata”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1. Establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (691-350). (boletín N° 3391-17) 59
2. Modifica la ley N° 19.123, Ley de Reparación, y establece otros beneficios a favor de las personas que indica. (Boletín N° 3393-17) 59
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, que califica de “simple”, para el despacho del proyecto sobre discriminación racial y étnica. (Boletín N° 2142-17) 60
- Oficios de S.E. el señor Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia, que califica de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
4. Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. (Boletín N° 3021-07) 60
5. Crea el Defensor del Ciudadano. (Boletín N° 3429-07) 60
6. Introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales. (Boletín N° 3278-05) 61
7. Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. (Boletín N° 3223-04) 61
8. Sobre bonos de descontaminación. (Boletín N° 3290-12) 62
9. Regula el “lobby”. (Boletín N° 3407-07) 62
10. Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones. (Boletín N° 2219-02) 63
11. Oficio de S.E. el señor Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, que califica de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral municipal. (Boletín N° 3417-06) 63
Pág.
12. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha dado su aprobación con modificaciones al proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral municipal. (Boletín N° 3417-06) 64
13. Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. (Boletín N° 3391-17) 65
14. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, sobre evaluación docente. (Boletín N° 3404-04) 75
15. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, sobre evaluación docente. (Boletín N° 3404-04) 85
16. Informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar las denuncias sobre los procesos de licitación de tratamiento de la basura. (P.Ac. N° 317) 90
17. Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica la ley N° 19.123, Ley de Reparación, y establece otros beneficios a favor de las personas que indica. (boletín N° 3393-17) 114
18. Segundo Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica la ley N° 19.123, Ley de Reparación, y establece otros beneficios a favor de las personas que indica. (boletín N° 3393-17) 124
- Proyectos de ley de origen en moción:
19. De la diputada señora Mella, doña María Eugenia y de los diputados señores Von Mühlenbrock; Recondo; Barros; Delmastro; Alvarado; Galilea, don Pablo; Hernández; Kast, y Pérez, don Ramón, que modifica el artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, con el fin de regular el inicio del año escolar (boletín N° 3523-04) 128
20. De los diputados señores Errázuriz y Vilches, que concede acción pública tratándose de infracciones a las normas relativas al trabajo de menores. (Boletín N° 3524-13) 129
21. De los diputados señores Quintana, Accorsi, Bayo, Cornejo, Robles, Jarpa y Olivares, que establece normas sobre control de la seguridad de los productos para lactantes que se expendan al público. (Boletín N° 3525-03) 132
22. De las diputadas señoras Tohá, doña Carolina, y Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Aguiló; Robles; Saffirio, y Seguel, que establece causales de discriminación en materia de acceso al trabajo o empleo. (boletín N° 3526-13) 134
Pág.
23. De las diputadas señoras Caraball, doña Eliana, y Mella, doña María Eugenia, y de los diputados señores Burgos, Saffirio, Mora, Ortiz, Seguel y Silva, que precisa que la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional regirá desde la notificación de la respectiva sentencia. (Boletín N° 3527-07) 136
24. Oficio del señor presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado 137
X. Otros Documentos de la Cuenta.
- Cuenta de la visita realizada por un grupo de Diputados en la Aduana de la ciudad de Los Andes, con el objeto de fiscalizar en terreno los procedimientos utilizados en la revisión de la mercadería que ingresa al país por el paso Los Libertadores.
1. Notas:
- De la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana por la cual requiere autorización de la Sala en orden a que se le remita para su estudio el proyecto que sanciona los rayados, pinturas y conductas similares que se realicen sin autorización en la propiedad pública y privada -boletín N° 3243-07-, que se encuentra radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en atención a que trata materias propias de su competencia.
- De la Comisión de Familia por la cual, junto con indicar que se impuso de la negativa a remitirle el proyecto que modifica el Código Civil, en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular -boletín N° 3043-07(S)- (en Trámite de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia), insiste en su petición dada la importancia y trascendencia que la materia tratada en esa iniciativa tiene en cuanto a la formación del grupo familiar y, en particular, a la situación de los niños nacidos fuera del matrimonio, asuntos todos que constituyen la razón de ser de la Comisión.
- De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por la cual comunica que eligió como su Presidenta a la Diputada señora Vidal, doña Ximena.
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por la cual solicita el acuerdo de la Sala en orden a que le sea remitido a ella el proyecto que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo -boletín N° 3367-13- (radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social), luego que sea despachado por ésta en primer informe y antes de que sean conocido en general por la Sala, ya que dicha iniciativa trata materias relativas a competencia, principios informadores del procedimiento, medios de prueba y modos de rendirla, procedimientos especiales para tutelar derechos fundamentales, todas las cuales dicen relación directa con la competencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
2. Comunicaciones:
- De los diputados señores Tuma, Quintana y Meza por las cuales solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 12 de mayo próximo, para dirigirse a República Dominicana, donde han sido invitados a participar oficialmente como observador en sus elecciones presidenciales.
3. Oficios:
- Del señor Presidente Subrogante del Consejo de Defensa del Estado por el cual precisa la actuación que le ha correspondido a ese órgano en relación con determinados asuntos que indica.
- Del Grupo Interparlamentario Chileno-Turco, por el cual comunica que ha procedido a elegir su directiva, la que quedó integrada de la manera siguiente:
- Presidente : honorable diputado Carlos Abel Jarpa Wevar;
- Vicepresidentes: honorables diputados:
- Accorsi Opazo, don Enrique; Moreira Barros, don Iván; Bayo Veloso, don Francisco, y Villouta Concha, don Edmundo.
- Integrarán el Grupo, además, los honorables diputados:
- Allende Bussi, doña Isabel; Ibáñez Santa María, don Gonzalo; Leay Moran, don Cristián; Masferrer Pellizzari, don Juan; Mora Longa, don Waldo; Pérez San Martín, doña Lily; Riveros Marín, don Edgardo; Soto González, doña Laura, y Tarud Daccarett, don Jorge.
- Secretario del Grupo , el abogado Secretario de Comisiones , señor Sergio Malagamba Stiglich.
Ministerio de Hacienda
- Balances de Gestión Integral 2003 de los Servicios Público.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa de la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Concurrieron, también, los senadores señores José García y Jorge Lavandero.
-Asistieron, además, los ministros del Interior , señor José Miguel Insulza; de Justicia, señor Luis Bates, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Francisco Huenchumilla.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.08 horas.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III ACTAS
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
El acta de la sesión 76ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 77ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV CUENTA
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En nombre de la Mesa, saludo al diputado señor Carlos Montes, ex Presidente de la Cámara de Diputados , quien hoy cumple sesenta años de edad.
-Aplausos.
ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIONES.
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en orden a que se remita para su estudio el proyecto de ley que sanciona los rayados, pinturas y conductas similares.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , sería importante que, después de ser despachado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
¿Habría acuerdo para proceder en esos términos?
Acordado.
¿Habría acuerdo para acceder a la petición de la Comisión de Familia, en orden a que le sea remitido el proyecto de ley que modifica el Código Civil en la materia que señala?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en orden a que le sea remitido, para su estudio, el proyecto de ley que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V, del Código del Trabajo, luego de ser despachado por la Comisión de Trabajo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Tuma , Quintana y Meza para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Leal, adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Destinar un tiempo de una hora, distribuido proporcionalmente, para el despacho de las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral municipal, y
2) Celebrar sesión especial en la tarde de hoy, de 16.00 a 18.30 horas, para tratar los siguientes proyectos:
a) El que establece incentivos para la entrega de información en delitos vinculados a los detenidos desaparecidos, y
b) El que modifica la ley Nº 19.123, sobre reparación, y establece otros beneficios.
El tiempo de debate para cada uno de estos proyectos será de una hora, distribuido proporcionalmente, sin perjuicio del tiempo que utilicen los señores diputados informantes.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , quiero saber qué ocurrirá con las comisiones citadas a las 15.30 horas, dado que la sesión especial para legislar está citada a las 16.00.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Las comisiones se pueden constituir y funcionar media hora, de 15.30 a 16.00. Las comisiones que comienzan a las 18.30 horas funcionarán normalmente.
VI. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LO RELATIVO A LAS NORMAS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL. Tercer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Corresponde debatir las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral municipal.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3417-06. Documentos de la Cuenta Nº 12, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , en opinión de los diputados de Renovación Nacional, las modificaciones del Senado son bastante razonables, con la salvedad de la que le hace al párrafo final del artículo 74.
Durante el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados agregó en el inciso final del citado precepto, después de la frase “Tampoco podrán ser candidatos a concejales las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito”, la expresión “que merezca pena aflictiva”. Con ello se pretendía otorgar a las personas que se han hecho acreedoras de condenas por delitos de menor cuantía, la posibilidad de postular al cargo de concejal.
Dicha modificación fue aprobada en el Senado; pero el párrafo final de la letra c) fue sustituido por el siguiente: “Tampoco podrán ser candidatos a alcalde o a concejal las personas que se hallaren procesadas según el Código de Procedimiento Penal, o fueren imputadas según las normas del Código Procesal Penal, por delito que merezca pena aflictiva o condenadas a pena aflictiva.”.
La nueva redacción es correcta, en el sentido de que utiliza la expresión verbal “hallaren” en lugar de “hallen”, lo que permite establecer que la condición de procesado o condenado de una persona que pretende postular al cargo de alcalde o concejal, debe darse al momento de presentar la candidatura, lo cual posibilita que la persona que haya cumplido condena a pena aflictiva y luego haya sido rehabilitada en su ciudadanía, de conformidad a las normas constitucionales, pueda ser candidato. Adicionalmente, es coherente con el texto de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política, que establecen las causales de suspensión del derecho a sufragio y de pérdida de la ciudadanía, en concordancia con el requisito que establece el artículo 73 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, para ser elegido alcalde o concejal, que establece que dicha persona debe ser ciudadano con derecho a sufragio.
Sin embargo, hemos advertido un error en los conceptos utilizados en la disposición en comento. En efecto, la norma señala que no podrán ser candidatos a alcalde o concejal las personas que fueren imputadas según las normas del Código Procesal Penal por delito que merezca pena aflictiva. Lo anterior, implica una adecuación a los nuevos conceptos que utiliza el procedimiento de la reforma procesal penal; pero cabe indicar que la expresión “imputado” no puede ser, en ningún caso, asimilable a la calidad de procesado que tendría una persona en el marco del antiguo procedimiento penal, aún vigente en la Región Metropolitana, por lo que se produce una diferencia en el alcance de los conceptos, lo cual es insoslayable.
El procesamiento, en el contexto del antiguo procedimiento penal, implica una resolución de carácter judicial, puesto que, de acuerdo con el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, es el juez quien, luego de haber interrogado al inculpado, puede someterlo a proceso en caso de que, de los antecedentes, resultare que está justificada la existencia del delito que se investiga o que hay presunciones fundadas para estimar que el inculpado tuvo participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Sin embargo, la calidad de imputado en el marco de la reforma procesal penal implica la calidad que ostenta una persona a la cual se le atribuye una eventual participación en la comisión de un delito desde la primera actuación del procedimiento, de conformidad con el artículo 7º del Código Procesal Penal, entendiéndose por tal cualquier diligencia o gestión, sea investigación de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuye a una persona responsabilidad en un hecho punible. De esta forma, la calidad de imputado es asimilable a la de inculpado en el antiguo procedimiento penal, pues no necesariamente significa una resolución judicial. Por lo tanto, de acuerdo con la redacción del texto del proyecto de ley aprobado por el Senado, bastaría que cualquier persona atribuyera a otra una eventual responsabilidad en un delito para que esta última no pudiere ser candidato a alcalde o concejal, situación que aparece injusta y arbitraria, pudiendo prestarse para abusos.
En consecuencia, la bancada de Renovación Nacional rechazará el numeral 2) del artículo único, con el único objeto de que dicha norma pase a comisión mixta para que se reemplace la expresión “imputado” por otra, que se corresponda con el espíritu del legislador, en el sentido de que no podrán ser candidatos a alcalde o concejal las personas que se hallaren procesadas por delitos que merezcan pena aflictiva, en el entendido de que, con el sometimiento a proceso determinado por un juez, se suspenda el derecho a sufragio de la persona, por lo que no estaría habilitada para ejercer dichos cargos, de conformidad con las normas constitucionales y la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
Ése es el único punto que votaremos en contra.
En lo que respecta a la modificación del artículo 75, si bien no es necesaria, la votaremos favorablemente, al igual que el resto de las proposiciones.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , en el mismo sentido de lo planteado por el diputado Becker , anuncio que la bancada de la UDI va a rechazar la modificación del Senado a la letra b) del numeral 2 del artículo único, puesto que en ambas circunstancias, ya sea tratándose del Código Procesal Penal o del de Procedimiento Penal , se deja la situación extremadamente abierta.
El diputado señor Becker explicó, a mi juicio de manera bastante concreta y específica, la situación en que, de acuerdo con la redacción del Senado, quedarían las personas que fueren imputadas según las normas del Código Procesal Penal.
Pero si se analiza, también, la norma propuesta respecto del Código de Procedimiento Penal, bastaría con que una persona hubiera sido procesada por cualquier tipo de delito, sin importar su gravedad o sanción, para que también se viera impedida para ser candidata a alcalde o concejal en las próximas elecciones.
Sobre el particular, nos parece mucho más completa la redacción de la Cámara y, por tanto, vamos a insistir en ella.
Por consiguiente, pedimos votación separada de ese numeral, porque la bancada de la UDI va a rechazarlo.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , las dos intervenciones sobre la letra b) del número 2 del artículo único realizadas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra apuntan a un tema de fondo de nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de que se estaría estableciendo un tipo de sanción adicional que, a lo menos en opinión de algunos, es absolutamente discutible.
En general, el hecho de ser acusado o imputado por algún delito en nuestro país causa la pérdida de los derechos ciudadanos. En mi opinión -y en la de varios colegas-, ese concepto contenido en nuestro ordenamiento jurídico es totalmente discutible. Es absolutamente cuestionable que uno deje de ser ciudadano porque se le impute alguna responsabilidad en algún hecho. Más grave aún es que, junto con privarlo de su derecho ciudadano, se le impida representar a otros ciudadanos. A mi juicio, la modificación del Senado avanza en una dirección contraria a lo propuesto por la Cámara, que proponía precisar qué tipo de delitos deben ser considerados para que a una persona puedan restringírsele ciertos derechos. Y se planteó que fueran aquellos que merecieran una condena a pena aflictiva. Propusimos acotar, restringir lo que ha sido una lógica en nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de establecer una doble pena, un doble castigo, que incluso es discutible.
Soy contrario a esta doble sanción. Creo que si una persona que ha sido condenada por cualquier tipo de delito, cumple su pena, paga su deuda con la sociedad, se le deben restablecer ipso facto todos sus derechos ciudadanos, y no que exista esta pena anexa de nuestro ordenamiento jurídico.
Entiendo que ésa no es la discusión de fondo en esta ocasión, sino respecto de las modificaciones que esta Cámara le introdujo al artículo 74 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, en cuanto a las causales de inhabilidad para ser candidato. Se estableció que no podrán ser candidatos a alcalde o concejal aquellas personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva. A mi juicio, la proposición del Senado, al ir más allá, puede llevar a una judicialización de la política, lo cual es muy grave, porque en nuestro ordenamiento jurídico es fácil imputar un delito a una persona. Es del todo razonable que un juez, frente a hechos que se le presenten, tenga que investigar, por lo que involuntariamente puede ser parte de una orquestación política en un sentido u otro, lo que, como dijo el diputado Víctor Pérez , no queremos que ocurra.
Comparto la idea de que es necesario que una comisión mixta dirima ese punto, específicamente la letra b), número 2, del artículo 74. Mi único afán es que, a futuro, si una persona fue condenada a pena aflictiva, por ejemplo, en los años cincuenta y ya la cumplió, tenga derecho a ser candidato a alcalde o concejal y a ejercer todos sus derechos ciudadanos. Es preciso avanzar en esa dirección.
Por ello, espero que en la comisión mixta se elimine la doble pena que existe en nuestro ordenamiento jurídico.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , es sorprendente la modificación del Senado, en cuanto a ampliar las causales que impiden ser candidato a alcalde o concejal. La ley orgánica constitucional de Municipalidades establece que no podrán ser candidatos a concejal las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito. En ella no hay una diferenciación entre concejal y alcalde, consecuencia de la modificación del sistema electoral, que separó las elecciones de una u otra autoridad. No obstante, se debería hablar de candidato a concejal o alcalde.
¿Cuál es la filosofía del inciso final del artículo 74 de dicha norma legal? Ella está presente en el artículo 17, número 2º, de la Carta Fundamental, el cual señala, entre otras causales, que la calidad de ciudadano se pierde -obviamente cuando uno deja de ser ciudadano no puede ser candidato a alcalde o concejal, ni votar- por condena a pena aflictiva. Por lo tanto, la ley orgánica constitucional de Municipalidades se entiende relacionada con la Constitución.
Sin embargo, ha surgido algún tipo de discusión respecto de la suspensión del derecho a sufragio. Según la Constitución, dicha suspensión se pierde por hallarse la persona procesada -no condenada- por delito que merezca pena aflictiva. También se refiere a la ley que califica la conducta terrorista.
Pero ni en la Constitución ni en ningún ordenamiento jurídico relativo a materias electorales y de ciudadanía se establece la prohibición de ser candidato cuando una persona es imputada. Los penalistas y procesalistas conocen mucho mejor esa calificación.
En materia penal, una persona puede tener tres calidades en un proceso: imputado, procesado y condenado. La persona condenada es aquella sobre la cual recae una sentencia ejecutoriada; el procesado, de acuerdo con el antiguo sistema procesal penal, es aquel que es encargado reo, sometido a proceso. Hoy, estas dos condiciones se asimilan a ser acusado. En cambio, ser imputado significa que sólo hay algún tipo de indicio o antecedente sobre la presunta responsabilidad de la persona en el hecho ilícito que está siendo juzgado. Por lo tanto, la modificación del Senado atenta contra principios básicos, como la presunción de inocencia y los establecidos en la Constitución Política en cuanto a la calidad de ciudadano y al derecho a sufragio. A mi juicio, en dicha modificación del Senado hay un exceso y un abuso. Por eso, anuncio mi voto en contra de estas modificaciones.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , me referiré a otro punto de las modificaciones propuestas por el Senado. Además, anuncio que votaré en contra de ellas, porque no deseo que se conviertan en ley de la República.
En el número 1 del texto aprobado por la Cámara de Diputados se amplían los requisitos para ser candidato a alcalde, por cuanto se deberá acreditar haber cursado la enseñanza media o su equivalente. Voté en contra de esta disposición en su primer trámite constitucional, pero fue aprobada. En el Senado no hubo cambios en esta materia. En esta oportunidad mantengo mi posición en contra de esa disposición, que, a mi juicio, atenta gravemente contra los principios democráticos de elegir y ser elegido. En suma, no deseo que este proyecto sea ley de la República.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , me llaman la atención las modificaciones propuestas por el Senado, mediante la letra b que se propone incorporar en el artículo 74 de la ley orgánica de Municipalidades, ya que atentan contra la Constitución Política y el espíritu de las normas penales y procesales actualmente vigentes.
De acuerdo con el número 2º del artículo 17 de la Constitución Política, la calidad de ciudadano se pierde por condena a pena aflictiva, es decir, por delitos que merezcan penas superiores a tres años y un día. Sin embargo, la modificación propuesta, que introduce una letra b) en el artículo 74, asimila esa situación a la persona que ha sido procesada o imputada en un delito.
En segundo lugar, el mismo artículo aplica igual sanción -esto es, que no pueden ser candidatos a alcalde o a concejal quienes hayan sido procesados, estén imputados o hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva- a tres situaciones distintas: procesado, imputado o condenado por delitos que merezcan pena aflictiva.
Llama la atención la aberración jurídica cometida. Lo que corresponde es rechazar este artículo para que vaya a comisión mixta, porque no se puede privar a una persona de ser candidato a alcalde o a concejal sólo por el hecho de estar en calidad de imputada en un proceso, es decir, cuando ni siquiera hay indicios de que se la pueda condenar por determinado delito.
En el caso de las personas procesadas, con encargatoria de reo, la decisión es revocable en el transcurso del proceso. La modificación del Senado asimila la calidad de procesado o de imputado a la de condenado a pena aflictiva.
En consecuencia, esta modificación debe ser rechazada, en primer lugar, porque atenta en contra de normas constitucionales, y, en segundo lugar, porque asimila la situación del procesado por delito que merezca pena aflictiva a la del condenado por la comisión de alguno de tales delitos.
En consecuencia, votaré en contra de esta modificación del Senado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , concuerdo con lo expresado por los diputados Zarko Luksic y Aníbal Pérez respecto de la letra b) del número 2 de las modificaciones. Sin embargo, en el caso de que se rechace, quienes integren la comisión mixta deberán tener presente que en un aspecto esta proposición es mejor que lo aprobado por esta Cámara, en cuanto a la menor restricción de la inhabilidad de candidaturas.
Al respecto, es necesario recordar que esta Cámara había aprobado una norma que incluía, como causal de inhabilidad, los simples delitos que merecen pena aflictiva. En esto hay que tener cuidado, porque, generalmente, los simples delitos no merecen pena aflictiva. Me parece que debemos mantener el cambio propuesto por el Senado.
Respecto del tema de fondo, el término “procesamiento” se excluyó de nuestra legislación. No existe en el Código Procesal Penal. Por ello, con su modificación, el Senado pretende igualar la condición de imputado a la de procesado, lo cual, a mi juicio, es un error
Debemos tomar una decisión. Si queremos que sólo los condenados tengan prohibido ser candidato, debemos decirlo así. Eso sería más simétrico con lo que establece la Constitución en cuanto a la presunción de inocencia, especialmente si lo que se pretende es evitar que quienes se encuentren en la condición de procesado no puedan ejercer cargos de elección popular. Hay un problema constitucional de por medio. Sin embargo, quienes se encuentran procesados por delitos que merecen pena aflictiva no pueden votar.
En consecuencia, tenemos una asimetría compleja que no se va a solucionar con la aprobación de este proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , me parece que los argumentos ya han sido entregados. No obstante, debemos tener presente que nuestra legislación debe encaminarse cada vez más a resolver esta situación, de manera de no privar de derechos a las personas más allá de lo que la propia ley establece.
Me parece injusto que quienes se encuentren en condición de procesados por delitos que merezcan pena aflictiva no puedan votar. Es una situación que debemos corregir. En el fondo, cuando se procesa a una persona, se le otorga el derecho de intervenir en el proceso; se le hace parte, precisamente, para que pueda conocer lo que está ocurriendo e intervenir activamente en su defensa. Entonces, es un profundo error que por ese hecho se le prive de derechos políticos, como ser candidato a concejal o alcalde.
Es cierto que el procesamiento de una persona implica indicios de participación en un hecho delictivo, pero hasta ese momento no hay nada claro en el proceso. Por eso se le hace parte. Pero no por ello le vamos a imponer una carga que no corresponde. Debemos corregir esta situación en los futuros proyectos que analicemos.
Por lo tanto, me parece que se debe rechazar esta modificación propuesta por el Senado, para que pase a comisión mixta, donde la podremos tratar con más profundidad.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , por los mismos argumentos entregados por los diputados Aníbal Pérez , Guillermo Ceroni y Zarko Luksic , voy a rechazar la letra b) del número 2 de las modificaciones del Senado.
Me parece extraño que el Senado haya incluido a los imputados, situación que desde un comienzo, sin ser abogado, me llamó profundamente la atención.
Hay otros detalles que agregar respecto de las modificaciones del Senado. Por ejemplo, se mantienen los requisitos aprobados por la Cámara para los candidatos a alcalde, específicamente el aumento de la escolaridad. Me llama la atención que no se exija lo mismo para ser candidato a Presidente de la República . Como señalaba el diputado Burgos , existe una asimetría en esta materia.
Como se trata de una situación delicada, considero que debe ir a comisión mixta a fin de que sea salvada.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar las modificaciones del honorable Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral municipal, con excepción de la letra b) del número 2 del artículo único, para la cual se pidió votación separada.
Las modificaciones requieren, para su aprobación, el voto afirmativo de 66 señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los diputados señores:
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar la letra b) del número 2 del artículo único.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 92 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Rechazada.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor Longton.
MAYORES EXIGENCIAS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO. Modificación de la ley Nº 17.798, sobre control de armas. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, con el objeto de establecer mayores exigencias para inscribir un arma, para el porte de la misma e introduce otras modificaciones.
Diputado informante de las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana es el señor Jorge Burgos.
Antecedentes:
-Segundo informe de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, sesión 79ª, en 4 de mayo de 2004. Boletín Nº 2219-02. Documentos de la Cuenta Nº 18.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción de los diputados señores Juan Pablo Letelier , Juan Bustos y Carlos Montes , que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, con el objeto de establecer mayores exigencias para inscribir y portar armas.
El informe contiene lo obrado por las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana en relación con las indicaciones formuladas al primer informe evacuado por la Comisión de Defensa.
Se hace presente que ambas comisiones emitieron los primeros informes en relación con esta iniciativa legal, en cumplimiento de sendos acuerdos adoptados por la Sala en las sesiones 30ª y 33ª, celebradas los días 1º de septiembre de 1998 y 5 de septiembre de 2000.
Asimismo, debo dejar constancia de que este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Sala, que tomó en consideración el texto propuesto por la Comisión de Defensa Nacional, con las indicaciones admitidas a tramitación y que constan en el informe que obra en poder de los colegas.
A modo de antecedente, cabe recordar que el propósito perseguido por los autores de la iniciativa legal es establecer normas tendientes a desincentivar la tenencia o adquisición de armas de fuego por parte de particulares, como una forma de impedir que aumente el armamento en poder de los delincuentes, como consecuencia de la periodicidad con que se comete el delito de robo de armas y del desconocimiento de su manejo por parte de quienes las han adquirido en forma legal para su defensa personal.
Estos objetivos están contenidos en un artículo único, compuesto de veintiséis numerales, que pasaron a ser veintitrés, y tres artículos transitorios, que introducen diversas modificaciones a la ley Nº 17.798, sobre control de armas.
Las modificaciones que se propone incorporar al mencionado cuerpo legal, en virtud del texto aprobado por la Comisión de Defensa Nacional, se relacionan con la dictación de normas tendientes a establecer mayores exigencias para la posesión o tenencia de armas de fuego, con el objeto de restringir su inscripción indiscriminada y de limitarla sólo a personas capacitadas para su manejo y que tengan una irreprochable conducta anterior, acorde con las ideas contenidas en los fundamentos de la moción.
En consonancia con lo anterior, se introducen procedimientos de control que permitan a la autoridad verificar, a través de exámenes periódicos, las aptitudes de los poseedores o tenedores de armas.
En este mismo orden de ideas, se incluyen expresamente, dentro de las armas y elementos cuya posesión o tenencia se encuentra prohibida, las bombas o artefactos incendiarios, las armas cuyos números de serie hayan sido borrados o adulterados, las armas de fabricación artesanal y las modificadas respecto de su condición original.
Asimismo, se aumentan las sanciones en los casos de las personas que sean poseedoras, tenedoras o portadoras ilegales de armas de fuego, principalmente de las armas prohibidas, aunque se incorpora una circunstancia eximente de responsabilidad criminal en favor del poseedor o tenedor ilegal de armas que las entregare voluntariamente a las autoridades competentes.
También se incorpora la posibilidad de que el poseedor o tenedor de un arma de fuego pueda depositarla, por razones de seguridad, ante la autoridad contralora correspondiente a su domicilio, como, asimismo, transportarla al lugar que se indique, hasta por dos veces en el año calendario, con la condición de mantenerla allí hasta por un plazo de sesenta días.
Finalmente, se establece un incentivo con el objeto de posibilitar la inscripción masiva de armas de fuego y su fiscalización, de acuerdo con la normativa vigente. En efecto, se otorga a las personas que, con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley en proyecto, posean o tengan un arma de fuego no inscrita o bien inscrita a nombre de un tercero, la posibilidad de regularizar su situación jurídica dentro del plazo que se indica, eximiéndolas de la obligación de pagar los correspondientes derechos.
Hasta aquí las novedades fundamentales que contiene el proyecto, que conocimos hace algún tiempo, cuando se rindió el informe de la Comisión de Defensa Nacional.
Lo obrado por las Comisiones Unidas.
Como pueden ver los colegas en el informe que tienen en su poder, las indicaciones presentadas dicen relación con los numerales 5), 7) y 8) del artículo único, que pasa a ser 1º, y con la incorporación de un artículo 2º, nuevo, al texto del proyecto aprobado por la Comisión de Defensa Nacional.
En consecuencia, me referiré sucintamente sólo a las indicaciones aprobadas en este trámite. Lo hecho en relación con el resto de los numerales se encuentra explicitado en el informe que los señores diputados tienen a su disposición.
El número 5) modifica el artículo 5º de la ley de control de armas, cuyo inciso primero se refiere a la obligación que tiene el poseedor o tenedor de un arma de fuego de inscribirla a su nombre ante las autoridades señaladas en el artículo 4º.
La diputada señora Lily Pérez y los diputados señores Rodrigo Álvarez y Eugenio Bauer presentaron una indicación para eliminar los incisos cuarto y quinto de dicho artículo.
Debo recordar que el inciso cuarto faculta a los funcionarios de Carabineros de Chile para verificar, sin previo aviso y en cumplimiento de una orden escrita expedida por el comisario correspondiente, la obligación del poseedor o tenedor del arma de mantenerla en el lugar autorizado.
Por su parte, el inciso quinto obliga al poseedor o tenedor a exhibir el arma, presumiéndose, en caso de negarse, que ésta no se encuentra en el lugar autorizado, situación que deberá ser denunciada, a fin de que se investigue la eventual comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 11 ó 14 A.
Los autores de la indicación explicaron que ella se fundamenta en la dificultad de practicar la diligencia de verificación cuando el poseedor o tenedor del arma no es habido, circunstancia que probablemente será la regla general, a menos que los funcionarios de Carabineros efectúen la verificación en horarios que resulten cómodos para las personas.
Por su parte, el diputado que habla justificó la existencia de un procedimiento de verificación del lugar autorizado para mantener el arma, toda vez que actualmente el robo, el hurto y la pérdida de armas ha traído consigo un aumento de las mismas en poder de los delincuentes.
La indicación fue aprobada por siete votos a favor y seis en contra.
El número 7) propone reemplazar el artículo 6º, que regula lo relativo al porte de armas de fuego.
Los diputados señores Álvarez, Bauer y Ulloa presentaron una indicación para intercalar el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser quinto:
“Igual excepción regirá para las altas autoridades del Estado, las que serán especificadas por la Dirección General de Movilización Nacional.”
Debo recordar que el inciso tercero exime de dicha prohibición al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, de Gendarmería de Chile, de la Dirección General de Aeronáutica Civil y a los aspirantes a oficiales de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, en las condiciones que indica.
El inciso cuarto exceptúa a los deportistas y vigilantes privados que sean autorizados por la autoridad contralora y define quiénes tendrán la calidad de deportistas para estos efectos.
El diputado señor Ulloa sostuvo que la autorización a las autoridades para portar armas tiene su fundamento en que el Estado no tiene la capacidad de velar por la seguridad de las personas con plena eficacia y eficiencia, y la única forma que éstas tienen de suplir esta carencia es contando con elementos para su defensa. Agregó que el permiso para portar armas debería ser otorgado preferentemente a quienes están expuestos a sufrir algún tipo de atentado o agresión, como es el caso de las altas autoridades del Estado, a fin de facilitar su defensa personal.
Por el contrario, un grupo minoritario de diputados opinamos que dicha exención vulnera el principio de igualdad ante la ley y que es, por tanto, de dudosa constitucionalidad. Agregamos que la expresión “altas autoridades” es imprecisa y tan amplia que deja al intérprete en condiciones de aplicar criterios subjetivos inconvenientes, y que sólo sería procedente que las autoridades que, por razones de seguridad personal debidamente acreditadas, deseen obtener un permiso para portar armas, lo soliciten ante la Dirección General de Movilización Nacional.
Este criterio fue compartido por el subsecretario señor Correa .
La indicación fue aprobada por siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
El número 8) limita a dos las inscripciones de armas de fuego a nombre de una misma persona, sin perjuicio de las excepciones que establece el mismo precepto.
Las diputadas señoras María Angélica Cristi y Lily Pérez y los diputados señores Álvarez , Leay y Ulloa presentaron indicación para agregar, al final del inciso tercero, la frase “y las empresas que contraten vigilancia privada”.
El fundamento de dicha proposición reside en la necesidad de eximir a las empresas que contraten vigilantes privados de las restricciones que se establecen en los incisos primero y segundo.
La indicación fue aprobada por unanimidad.
El diputado que habla presentó indicación para agregar el siguiente artículo 2º, nuevo, pasando el artículo único a ser 1º:
“Artículo 2º.- Derógase el numeral 3 del artículo 494 del Código Penal.”
La propuesta tiene por objeto eliminar de la categoría de faltas contempladas en dicho artículo el porte de armas prohibidas por la ley o los reglamentos, sin licencia de la autoridad competente, por tratarse de una conducta tipificada como delito en el numeral 14 de este proyecto. Obviamente, sería una contradicción establecer como delito del porte ilegal de armas, y, luego, disponer en el Código Penal que puede ser una falta. Esto queda tácitamente derogado, pero sería bueno aprovechar esta oportunidad para hacerlo expresamente.
La indicación fue aprobada por unanimidad.
Con este informe, cumplimos el mandato hecho a las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana, y estaríamos en condiciones de despachar el proyecto para que continúe su trámite, atendidos sus características, importancia y el hecho de que hemos sostenido transversalmente que debe ser incluido en la agenda prioritaria de seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , este proyecto, que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, inicialmente contenía una gran cantidad de modificaciones y exigencias para la inscripción y porte de armas.
Básicamente, el objetivo del proyecto era restringir las posibilidades de que las personas pudieran tener armas, mediante el aumento de las exigencias para su inscripción y la prohibición de su tenencia en lugares no autorizados y de la inscripción de más de un arma. Asimismo, aumentaba las multas contempladas en caso de violación de la ley sobre la materia, como una manera de hacer un aporte o contribución al combate contra la delincuencia, del cual se desprende una gran falencia por parte de los gobiernos de la Concertación, pese a la preocupación que ella ocasiona en los distintos sectores, según las diferentes encuestas.
El proyecto fue estudiado, primero, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y, posteriormente, en la de Defensa, que tengo el honor de presidir, la cual, en la práctica, terminó por modificarlo casi de común acuerdo con el Ejecutivo , porque en pocas materias hubo disenso. El mayor de los desencuentros se produjo debido a las distintas posturas de los miembros de las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa, hace unas semanas, en relación con la facultad que se había concordado inicialmente para que Carabineros verificara sin previo aviso la inscripción del arma.
Aun cuando esta cuestión no es de carácter valórico, es legítimo que a algunos parlamentarios no les agrade la posibilidad de que Carabineros pueda llegar hasta el domicilio de alguien, sin aviso previo ni cumplir con cierto requisito -bastaba la orden del jefe de la comisaría respectiva-, y pedir que se exhiba el arma.
En lo personal, no me provoca dificultad la verificación de la tenencia del arma. Sin embargo, reconozco la legitimidad de aquellas personas que sí piensan que podría prestarse para situaciones de gran anormalidad. En esa perspectiva, pareció más razonable establecer que el tribunal competente ordene verificar el cumplimiento de esa disposición legal.
También se revisó en las comisiones unidas, como bien lo dijo el diputado informante, el porte de armas y sus excepciones.
La autorización para portar armas está dada, fundamentalmente, a aquellos que tienen el monopolio de su uso -las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad- y, excepcionalmente, a algunos ciudadanos a los cuales, por su labor, el Estado no les garantiza salir indemnes de alguna agresión. Por eso, si la excepción es para aquellas personas con más riesgo, ¿qué sentido tiene excluir a las altas autoridades del Estado, tales como ministros, subsecretarios, parlamentarios y, eventualmente, determinados integrantes del Poder Judicial , quienes, por sus funciones, también están expuestos a sufrir algún tipo de ataque?
Por esa razón, y con la intención de volver a una vieja tradición ciudadana y republicana, presentamos una indicación, que fue aprobada, para que a las altas autoridades del Estado, las que serán especificadas por la Dirección General de Movilización Nacional, se les exima de la obtención del permiso que se exige para portar armas de fuego mientras se mantengan en el ejercicio de sus cargos públicos.
Por otro lado, en las comisiones unidas se propuso una modificación para que los comerciantes autorizados para vender armas puedan inscribir un número superior a dos. Lo mismo ocurrió respecto de las empresas que contraten vigilancia privada, porque son las que normalmente compran armas. Ambas indicaciones fueron aprobadas por asentimiento unánime, luego de un intercambio de ideas.
El proyecto modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, principalmente en cuanto a la inscripción de armas de fuego por aquellas personas que desean poseer una en forma legal, pero no incidirá en las que poseen los delincuentes, cuyo número, según la estimación que tienen las autoridades, se iguala al de armas inscritas legalmente. Es decir, si hay aproximadamente 800 mil armas debidamente inscritas, existe al menos un número igual de armas ilegales, entre las que se encuentran las hechizas, robadas e internadas ilegalmente.
Es necesario subrayar que no son precisamente los delincuentes los interesados en inscribir sus armas. Por lo tanto, el proyecto no desincentivará su utilización en la comisión de delitos o crímenes, pero ayudará de algún modo a conseguir ese objetivo.
Aun cuando en parte es verdad que las armas en manos de ciudadanos honestos constituyen una especie de almacén para los delincuentes, lo importante es que se ha querido mantener la posibilidad de que la población pueda acceder a un arma. Por eso, las modificaciones a la ley que establece su control, cuyo aporte será valioso en lo que se denomina el “blanqueo de armas”, permitirá a la autoridad tener claridad sobre quiénes las poseen, cuántas son y dónde se encuentran.
En consecuencia, la Unión Demócrata Independiente aprobará el proyecto, con las indicaciones que presentamos en las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , no cabe duda de que el combate contra la delincuencia -en favor de la seguridad ciudadana- es uno de los objetivos principales de nuestra sociedad. Ésta ha sufrido tremendas transformaciones que implican el desarrollo de prácticas antisociales que atentan contra la integridad física de las personas y bienes y alteran nuestra convivencia. En este contexto, dar mayor seguridad a los ciudadanos es tarea de todos.
Quienes pretenden inclinar las responsabilidades en el combate contra la delincuencia, no entienden que la paz social es tarea de todos y fruto de una política de Estado indiscutida. Todos debemos empujar en una misma dirección. De ahí, entonces, el sentido de la moción de los diputados señores Montes , Bustos y de quien habla, porque, según la opinión de los técnicos y expertos, si se quiere promover la seguridad ciudadana, debe eliminarse, reducirse, restringirse y dificultarse la tenencia de armas de fuego en manos de los ciudadanos.
Todos los estudios sobre el particular señalan que una sociedad que se arma no es más segura, y en nuestro país las proyecciones indican que hay un exceso de armas de fuego en manos de los ciudadanos. Además, las estadísticas demuestran que los delincuentes “se hacen” de armas cuando las roban a quienes las compran legalmente, a quienes no saben usarlas o a quienes las venden en el mercado negro.
Es importante destacar que se dejan fuera las de uso en prácticas deportivas y las armas de fuego de las armerías, a las cuales cualquiera puede ingresar y, sin mayores antecedentes, comprar una y sus respectivas municiones, las que muchas veces terminan en poder de los delincuentes, a quienes todos queremos parar. El proyecto apunta en esa dirección.
Como bien lo indicó el diputado Ulloa , existen dos visiones sobre la materia. Una, que Carabineros y la Policía de Investigaciones deben tener el monopolio del uso del poder de fuego para controlar el orden y seguridad internos. La otra, que la policía no es capaz de hacer esta labor y que los ciudadanos deben cumplir esa función en ciertas esferas. Nosotros discrepamos de ese juicio.
Este proyecto pretende reducir las armas de fuego; apunta, esencialmente, a tres objetivos. El primero, establecer barreras, requisitos mínimos -lo subrayo: requisitos mínimos- para que una persona compre un arma de fuego.
La Comisión de Defensa, en particular, eliminó la gran mayoría de los requisitos establecidos en la moción original, como un curso especializado para que las personas sepan usar un arma de fuego. Asimismo, que éstas no tengan antecedentes de violencia intrafamiliar ni de otro tipo; que demuestren estabilidad laboral y familiar. En síntesis, que sean idóneas; que la sociedad se asegure de que un psicópata o delincuente no accedan a la compra de un arma.
Los últimos debates en la Comisión giraron en torno de este punto. Algunos diputados se oponen a las barreras para la adquisición de armas de fuego, como también -insisto- a cursos para que las personas aprendan a manejarlas.
Me llama la atención cómo en otros ámbitos de la vida se establecen múltiples requisitos, por ejemplo, para conducir un vehículo. Sin embargo, hay quienes piensan que no es necesario un curso o una licencia especial para adquirir un arma. En eso, sin duda, tenemos visiones distintas.
El proyecto -en forma tímida, a nuestro juicio, no como hubiésemos querido- establece algunas barreras de entrada al mercado de los tenedores de armas. Hubiéramos querido que este fuere mucho más restrictivo.
En segundo lugar, aquí se estableció el criterio de la cantidad de armas de fuego que una persona puede poseer si se quiere defender con ese tipo de armas. Si eso fuera posible, que no termine almacenándolas en su hogar o lugar de trabajo.
Todos los años lamentamos la muerte de niños o menores de edad debido a la mala manipulación de armas de fuego que sus padres compran, supuestamente, para defenderse.
Se quiere restringir el número de armas existentes. Asimismo, prohibir su porte. Si las personas creen que pueden defenderse mediante armas, no hay ninguna razón para disputarle a la policía el monopolio de su tenencia y su rol en la seguridad de la sociedad.
Al respecto, sin duda, discrepamos profundamente de la posición del diputado Ulloa, quien ha dicho que Carabineros de Chile es incapaz de cumplir adecuadamente sus funciones y que es necesario que los ciudadanos se armen.
En mi opinión, para organizar mejor nuestra seguridad ciudadana necesitamos, precisamente, eliminar los elementos que facilitan la comisión de delitos. Las estadísticas sobre la materia son claras: cada vez hay más delitos violentos con uso de armas de fuego. Por eso queremos prohibir su porte.
En tercer lugar, otra proposición de las comisiones -no sé si es la fórmula más adecuada, porque el proyecto original era distinto- dice relación con cómo sincerar, cómo objetivar la existencia de armas de fuego en nuestra sociedad, cómo establecer un mecanismo de registro periódico de las armas que hay en la comunidad y sancionar gravemente a quien no cumpla con la disposición.
Se dice que fijar este mecanismo es costoso; puede ser, pero quienes deseen tener armas de fuego deberán financiarlo; que paguen una patente para asegurar un sistema de control y registro de las mismas; porque los ciudadanos que no las portamos, que somos contrarios a su uso, que creemos que su tenencia no es buena, ya nos sentimos amenazados porque hay demasiadas armas en nuestra sociedad, las cuales se compran legalmente, pero terminan en manos de delincuentes que atentan contra la integridad física de las personas.
Los grandes promotores de la compra de armas de fuego, los dueños de armerías, hacen tremendos negocios, muchas veces en forma irresponsable, puesto que no informan de ello a las autoridades ni se preocupan del destino final de las armas. Estudios internacionales demuestran que el nivel de irresponsabilidad de las armerías es altísimo. En nuestro país no hemos llegado a niveles, por ejemplo, de comerciar hasta con armas semiautomáticas.
Por último, el proyecto apunta en la dirección que deseamos, cual es restringir el acceso a las armas de fuego, reducir la cantidad existente en la sociedad y poder sincerar, en un registro público y conocido, cuántas armas hay, de manera que los organismos correspondientes puedan impulsar políticas de seguridad ciudadana.
Sin embargo, lamento que no hayamos logrado tener un debate más a fondo y un viraje mayor sobre la materia, como en países más desarrollados, en el sentido de entender que una sociedad no se protege con más armas, sino con más convivencia, más diálogo y más recuperación de espacios públicos, dado que armándose sólo se logra vivir más en la indefensión.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , este proyecto, originalmente -ahí está lo más esencial y valioso de la indicación que se presentó hace un par de años-, buscaba hacerse cargo de una situación compleja que había en nuestra sociedad: el riesgo de proliferación de armas. Es cierto que si comparamos el número de armas que poseen los particulares chilenos con el de países con un PGB parecido, estamos en la cota baja, pero es un número creciente. Hoy, las cifras hablan de, más o menos, 800 mil armas inscritas para tenerlas en casa, porque para portarlas los permisos son bajísimos, del orden de setecientos mil. En consecuencia, el problema está radicado en el número de armas que la gente compra y mantiene en sus hogares, con los riesgos que ello implica en la perspectiva de su mal uso. Hay tantos casos que escuchamos en que un niño manipula un arma y termina descerrajándose un balazo. Desgraciadamente, es bastante común.
También presenciamos que, en los delitos de robo con violencia a casas -que no son los más comunes en el país; pero sí los hay-, lo que más les interesa a los delincuentes son, precisamente, armas, a las que les borran las series a fin de ocuparlas en el mundo del delito, con la agravante de que, muchas veces, el poseedor legal de dicha arma no hace la denuncia correspondiente. En consecuencia, se agrega un arma más al tráfico ilícito sin constancia de ello.
Todas estas situaciones se mejoran en la ley en trámite. Es cierto que la idea original, de ser más duros a la hora de establecer normas de posesión -del diputado Juan Pablo Letelier , entre otros-, no se concretó con todo el rigor que se pretendía. Sin embargo, de parte de quienes estaban en contra también hubo algunos sacrificios en cuanto a mejorar la iniciativa.
En consecuencia, el proyecto debe ser aprobado, porque es un justo medio entre una pretensión más bien punitiva desde el punto de vista del control de armas en manos de particulares, y una más liberal. Me habría gustado -repito- más dureza al respecto, pero sólo se llegó hasta donde hubo cierto consenso.
En lo que sí estamos todos de acuerdo es en aumentar las penas y mejorar los tipos penales, pues la ley data de 1972, es decir, tiene treinta y dos años. Además, se dictó en condiciones políticas, sociales y jurídicas totalmente distintas, y, en consecuencia, su objetivo principal fue perseguir grupos de combate; es decir, que Carabineros y las Fuerzas Armadas buscaran armas en posesión de grupos de carácter político y seudopolítico que, en ese entonces, pretendían subvertir el orden público.
Hoy, el es tema es qué instrumentos damos a Carabineros, a Investigaciones, al Gobierno y a los alcaldes para poder combatir el delito. Uno de los instrumentos esenciales es la creación de una estructura jurídica que permita combatir el tráfico ilícito de armas. En consecuencia, eso está bien tratado, desde el punto de vista de tipificar mejor, de aumentar penalidades y de crear nuevas hipótesis delictuales en consonancia con los tiempos.
Sí, como consecuencia de la discusión, sufrimos una derrota quienes creíamos que debía haber una manifestación de control preventivo de parte de la autoridad, a través de Carabineros, para determinar si un arma estaba en el lugar determinado. Eso se perdió en las comisiones unidas, porque no se presentó una indicación -asumo mi responsabilidad-, que no podemos reponer en la Sala. Creo que el Ejecutivo , que es el autor original de la indicación, debería intentar reponerla en el Senado, puesto que es muy importante que exista un instrumento de control. Muchas veces sucede que la gente compra armas, pero no las cuida, no las tiene en el lugar adecuado y quedan más a mano de la delincuencia.
Un punto que, a mi juicio, sí se puede resolver acá, sobre el que pido votación separada, se refiere al inciso cuarto propuesto por las Comisiones unidas en el numeral 7), que señala: “Igual excepción -de prohibición general de porte de armas, salvo para las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y vigilantes privados- regirá para las altas autoridades del Estado, las que serán especificadas por la Dirección General de Movilización Nacional”. Se aprobó por una mayoría sustancial de votos en las Comisiones unidas.
En primer lugar, gracias a Dios, en nuestro país no es necesario que las altas autoridades anden armadas. Eso lo pueden suplir las fuerzas de orden y seguridad.
En segundo lugar, el término “alta autoridad” es muy impreciso, y entregar tal calificación a una autoridad reglamentaria de nivel administrativo, como el director general de Movilización Nacional , me parece peligroso y complejo, puesto que va a ser difícil negarse a la petición de una persona que invista un poder mayor. Por lo demás, hoy, “altas autoridades” pueden ser no sólo
las del ámbito político. Así, por ejemplo, alguien podría decir que es autoridad de la Sofofa o de la CUT y podría alegar el derecho a usar armas sin permiso previo.
En consecuencia, pido votación separada para el inciso cuarto del numeral 7).
Salvo esa consideración, estamos en presencia de un buen proyecto. Para algunos, no es el ideal; pero sí hemos llegado a un justo medio entre el control duro, respecto de los poseedores legales, y en mejorar las normas punitivas para quienes ocupan un arma en la comisión de delitos.
Me permito recomendar la aprobación del proyecto para que pase a segundo trámite constitucional, teniendo presente que aporta a la agenda de seguridad ciudadana, donde existe un consenso transversal en cuanto a que necesitamos mejorar los instrumentos de combate contra el delito.
He dicho.
-o-
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
Señores diputados, en la tribuna de honor se encuentran honorables colegas parlamentarios del Mercosur, quienes se reúnen en nuestra Cámara bajo la presidencia del honorable diputado Alfredo Atanasof, presidente pro témpore de la Comisión y jefe de la delegación argentina. Le acompañan los honorables presidentes de las secciones nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur: honorable diputado Rosinha, de Brasil; honorable senador Alfonso González, de Paraguay; honorable diputado Ricardo Berois, de Uruguay, y honorable congresista Eduardo Salhuana, del Perú.
Además, los acompañan los honorables colegas que trabajan en el estudio de la iniciativa que tiene por objeto constituir el Parlamento del Mercosur, asistidos por su secretario ejecutivo, señor Óscar Casal.
Doy a todos una cordial bienvenida y los mejores augurios para el éxito de su trabajo.
-Aplausos.
-o-
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , solamente quiero anunciar nuestro voto favorable, en general y en particular, a un proyecto que, por su origen, tramitación y resultado, después de pasar por varias comisiones de la Cámara de Diputados, se ha constituido en una correcta y útil iniciativa que va a llenar un vacío importante en cuanto a mejorar y modernizar normas dictadas hace ya mucho tiempo respecto del control de las armas de fuego en nuestro país. En ese sentido, coincido en líneas generales con lo que planteaba el diputado señor Burgos .
Es importante destacar algo que no se ha expresado en esta Cámara de Diputados en momentos en que arrecia el problema de la delincuencia y se agudiza el ingenio de las autoridades del Estado para poner coto a este aumento de la delincuencia: nuestro ordenamiento jurídico consagra el derecho a la autodefensa. El defenderse de la delincuencia no es un ilícito ni una incorrección; muchas veces, es una necesidad. Este derecho tiene amparo jurídico-constitucional y penal en nuestra legislación como circunstancia eximente de la responsabilidad criminal. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que debe hacer el legislador? Equilibrar adecuada y debidamente este derecho a la autodefensa y estas garantías constitucionales con el debido control de las armas y, obviamente, con una política que, en forma continua, vaya tomando en consideración el número de armas que hay en poder de particulares, de tal manera que esos indicadores no se excedan. En este caso, se ha tenido como resultado un buen equilibrio entre el derecho a la autodefensa y el debido control que hay que ejercer sobre las armas de fuego en poder de particulares. En tal sentido, reivindico el trabajo, bueno y adecuado, que han hecho la Comisión de Defensa y, luego, las comisiones unidas. Así, me refiero concretamente a algunos comentarios del diputado señor Juan Pablo Letelier .
El principal problema de la tenencia de armas en poder de particulares no radica en aquel universo o volumen de armas que tienen algún tipo de control, sino en el inmenso número, que a veces es muy difícil cuantificar, que no tienen ningún control, armas completamente clandestinas e ilegales y que se transan en el mercado negro del armamentismo.
Se han hecho comentarios sobre las armerías y sobre los comerciantes establecidos en el rubro. También quiero reivindicar su trabajo. Hemos tenido un muy buen apoyo de ellos, buenas ideas. Por supuesto, puede haber excepciones, pero, en lo general, se trata de comerciantes muy prestigiados que necesitan y quieren hacer bien su trabajo, pues saben lo delicado que es y están dispuestos a ayudar para que el control se haga en forma debida. Ellos mismos son agentes de control. El problema no está -repito- en las armas controladas o susceptibles de algún control, sino en las armas hechizas, en las que se venden o se compran en el mercado negro, a las cuales se les borra la serie; en las que se comercian por delincuentes o son adquiridas por reducidores. Ahí está el gran universo cuyo control y supervisión hay que tratar de mejorar.
Votaremos a favor del proyecto porque la ley Nº 17.798 ha resultado buena y adecuada. Ahora se avanza notablemente, por ejemplo, en incorporar mayores exigencias para la posesión o tenencia de armas de fuego, con el objeto de restringir la inscripción indiscriminada de aquellas, y se limita -y en esto también le respondo al diputado señor Juan Pablo Letelier - efectivamente esta posibilidad de inscripción sólo a personas capacitadas para el manejo de armamento que tengan una irreprochable conducta anterior acorde, con las ideas contenidas en los fundamentos de esta moción.
No es verdad que aquí se ablande la norma. Es al revés. Precisamente, el artículo 5º A, nuevo, establece que el poseedor o tenedor de un arma podrá inscribirla sólo cuando cumpla con los siguientes requisitos:
“a) Ser mayor de edad;
“b) Tener domicilio conocido;
“c) Haber aprobado un examen que acredite que tiene los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir y que posee una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas.
“d) No hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito, lo que se acreditará con el respectivo certificado de antecedentes, y
“e) No haber sido sancionado en procesos relacionados con la ley Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.”
Estas disposiciones posibilitan un mejor control respecto de quienes inscriben armas de fuego.
Se introducen procedimientos de control que permiten a la autoridad verificar, a través de exámenes periódicos, las aptitudes de los poseedores o tenedores de armas. En el mismo orden -disposición que antes no estaba contemplada-, se limita la venta de municiones y cartuchos, de modo tal que puedan ser adquiridos sólo por los poseedores, tenedores o portadores de armas de fuego inscritas, cuando correspondan al calibre de éstas. Antes, cualquier persona podía adquirir cartuchos o municiones.
Se incluyen expresamente, dentro de las armas y elementos cuya posesión o tenencia se encuentra prohibida, las bombas o artefactos incendiarios. Durante el análisis de esta iniciativa, a la que concurrieron representantes del Ministerio del Interior y de Carabineros, se hizo presente que se da la situación de que las personas que provocan lesiones con bombas molotov al personal de Carabineros quedan en libertad porque dichas bombas no están tipificadas como arma.
Se aumentan las sanciones en los casos de las personas que sean poseedoras, tenedoras o portadoras ilegales de armas de fuego y que no hayan cumplido con los trámites de inscripción de las mismas.
Se facilita el porte de arma de fuego en los casos de los vigilantes privados -con ello se aborda una realidad nueva, no contemplada en la ley anterior- y de los deportistas que cuenten con permiso de caza al día. En este último caso, el objeto de la disposición es no obstaculizar la práctica deportiva de muchas personas inscritas en clubes de caza y de tiro.
Se incorpora la posibilidad de que el poseedor o tenedor de un arma de fuego pueda depositarla, por razones de seguridad, ante la autoridad contralora correspondiente a su domicilio, cuando deba trasladarse a otro lugar.
Se solucionan los problemas derivados del fallecimiento del poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita. Esta disposición no estaba considerada en la ley anterior.
Se establece -disposición importantísima- que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile estarán interconectados con la base de datos sobre inscripción y registro de armas que debe mantener la Dirección General de Movilización Nacional. Esto permitirá a ambas instituciones policiales llevar a cabo las pesquisas correspondientes en aquellos casos en que se haya utilizado un arma de fuego.
Finalmente, se establece un incentivo con el objeto de posibilitar, dentro de la normativa vigente, la inscripción masiva de armas de fuego y su fiscalización. Esta disposición otorga a las personas que, con anterioridad a la publicación de este proyecto como ley de la República, posean o tengan un arma de fuego, la posibilidad de regularizar su situación.
Cabe advertir a quienes utilizan armas de fuego en el área negra de la irregularidad, que se dictó una ley, en paralelo, aprobada ya en la Cámara de Diputados, que establece que cualquier delito que se cometa con ellas tendrá una sanción mayor debido a la circunstancia agravante que ello constituye.
Este proyecto es un avance notorio, pues -repito- equilibra el derecho de los ciudadanos de autodefenderse, con un mejoramiento notable en el control de las armas de fuego, y aborda la realidad de este universo oscuro de la tenencia irregular de armas. En ese sentido, las comisiones unidas mejoraron la normativa vigente.
Se incorporan algunas altas autoridades a la posibilidad de acceder al permiso de porte o tenencia de armas. En principio, los diputados de Renovación Nacional habíamos votado en contra de esta disposición. Sin embargo, consideramos que esta norma incorporada por las comisiones unidas es buena.
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor CARDEMIL .-
Termino, señor Presidente .
Consideramos que esta norma es buena porque establece que será la Dirección Nacional de Movilización Nacional la que otorgue el permiso.
En general, como las modificaciones que incorporaron las comisiones unidas, a través de indicaciones, mejoraron el proyecto, lo vamos a votar favorablemente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , estamos en presencia de un proyecto de tremenda importancia, que hace un verdadero aporte en el marco de la seguridad ciudadana, pues tiende a dar protección a la ciudadanía. Por lo tanto, es válido destacar el aporte de la moción de los diputados señores Juan Pablo Letelier , Juan Bustos y Carlos Montes .
La iniciativa reconoce los nuevos escenarios que vive el país, la realidad de la delincuencia y las políticas de seguridad ciudadana. En este contexto, debemos valorar lo pertinente que resulta modificar la ley Nº 17.798, sobre control de armas, en especial si atendemos al dato cierto de que muchos delincuentes se nutren de las armas no inscritas o que, aun cuando están inscritas, se encuentran en manos de quienes son incapaces de usarlas debidamente en los casos de defensa personal.
¿Qué duda cabe de que un registro nacional de armas es una necesidad muy sentida en la hora presente? Este proyecto, que muy bien se puede calificar de moderno y de pragmático, recoge las observaciones derivadas del riguroso diagnóstico de la vida social actual, asume adecuadamente la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones y también sociabiliza la tenencia de armas en manos de particulares, al comprometer responsablemente a quienes las tienen, pues fija normas y exigencias acerca de qué circunstancias permiten tener dichas armas.
El proyecto aprobado por la Comisión de Defensa en su primer trámite reglamentario, consta de un artículo único y de tres artículos transitorios que introducen diversas modificaciones a la citada ley Nº 17.798. Además, merece destacarse la iniciativa, recogida en el artículo 1º transitorio, de otorgar un incentivo en favor de las personas que, con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley en proyecto, posean o tengan un arma de fuego no inscrita, a fin de que puedan regularizar su situación, sin pagar los derechos correspondientes.
En el espíritu del legislador está la voluntad de establecer normas tendientes a desincentivar la tenencia o adquisición de armas de fuegos por parte de los particulares, como una forma de prevenir el incremento de armamento en poder de los delincuentes. Ello se justifica, pues existen políticas de desarrollo que posibilitan mayor capacidad de acción de las policías, con lo que podrán cumplir mejor su rol de prevención y represión del delito. Dejar que cada persona asegure por sí misma su defensa, significaría un riesgo, aunque hay que reconocer que, en algunos casos y circunstancias, algunas personas, por la naturaleza de sus funciones, puedan poseer armas.
En este proyecto se incorporan normas destinadas a establecer mayores exigencias para la posesión o tenencia de armas de fuego, con el objeto de restringir la inscripción indiscriminada de aquéllas y de acotarla sólo a personas capacitadas para el manejo del armamento que posean una irreprochable conducta anterior.
También se introducen en el proyecto procedimientos de control que permiten a la autoridad verificar, a través de exámenes periódicos, las aptitudes de los poseedores o tenedores de armas.
En este mismo orden, se limita la venta de municiones, de modo que sólo pueden ser adquiridas por los poseedores, tenedores o portadores autorizados de armas de fuego inscritas. Un factor que resulta tan novedoso como necesario en el proyecto es que se incluyen expresamente, dentro de las armas y elementos cuya posesión o tenencia se encuentra prohibida, las bombas y artefactos incendiarios, las armas cuyos números de serie hayan sido borrados o adulterados, las armas de fabricación artesanal y las modificadas respecto de su condición original.
El resto de las disposiciones solucionan varios otros problemas derivados o vinculados con la tenencia de armas, que sería largo enumerar. Me permito destacar la parte del proyecto que establece un incentivo para posibilitar la inscripción masiva de armas de fuego y su fiscalización dentro de la normativa vigente. También es de relevancia el punto que dice relación con la creación del Registro Nacional de Inscripciones de Armas , a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional.
Al respecto, la Comisión de Defensa recomienda la aprobación del proyecto de ley, que, en su artículo 1º, señala que la Dirección General de Movilización Nacional actuará como autoridad central de coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras que correspondan a las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros de Chile. Además, que ninguna persona podrá poseer armas de fabricación artesanal ni armas modificadas respecto de su condición original, sin autorización de la Dirección General de Movilización Nacional.
Finalmente, resulta muy interesante comentar que las autoridades sólo permitirán la inscripción de un arma cuando su poseedor cumpla con los requisitos señalados en el proyecto, lo cual busca resguardar debidamente el bien común.
Por lo tanto, en consideración a los antecedentes entregados en el proyecto, a la realidad de la comunidad nacional y local, a los principios y valores que sustentan a una sociedad democrática y al motivo transversal que sustenta al articulado del proyecto, en el sentido de resolver, de manera práctica y eficaz, este delicado asunto, votaremos favorablemente el proyecto de ley.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el ministro José Miguel Insulza.
El señor INSULZA ( ministro del Interior ).-
Señor Presidente , sólo quiero hacer referencia a dos indicaciones. La primera propone eliminar los incisos cuarto y quinto del artículo 5º, con lo que se suprime la facultad de la policía para concurrir al domicilio de una persona, sin aviso previo, a verificar que el poseedor o tenedor de determinada arma la mantenga en el lugar autorizado, y que obliga a éste a exhibirla.
Se argumentó que la indicación tiene por objeto proteger la privacidad de las personas. Incluso, se preguntó qué ocurriría si la verificación se hacía en horarios incómodos.
Señor Presidente , si la policía concurre al domicilio de una persona para verificar si tiene el arma que inscribió, no lo hace de manera aleatoria o porque se le da la gana, sino porque ello se considera necesario en el proceso de investigación de un delito. Por lo tanto, considero negativo restringir tanto las facultades de la policía, por lo que manifestamos nuestro deseo que se respete la redacción original del artículo 5º.
Sin embargo, si tuviera que jerarquizar, me preocupa más la segunda indicación, relativa a agregar un inciso cuarto, nuevo, al artículo 6º, que exceptúa a las autoridades del Estado de la prohibición de portar armas.
Somos claramente contrarios a que, por regla general, los ministros, los presidentes y vicepresidentes de las Mesas de ambas Cámaras, los ministros de las cortes, etcétera, porten armas. Sé que esto está permitido en algunos países. Hace poco conversé con un colega extranjero, quien hizo referencia al permiso para portar armas que le habían entregado al momento de asumir el cargo de ministro del Interior de su país. Él nunca había portado un arma, pero, junto con la acreditación de ministro de Estado , le llegó el referido permiso.
Consideramos profundamente negativo que se establezca en una ley que las autoridades del Estado puedan andar armadas sin pedir el correspondiente permiso. Por consiguiente, pido que esa indicación sea rechazada.
No se puede asimilar lo anterior con el caso a los aspirantes a oficiales de Carabineros y de Investigaciones que realizan su práctica policial. ¡Cómo podrán hacerla si no andan armados! Cuestión distinta es que un ministro de Estado , por el solo hecho de serlo, pueda portar armas sin permiso. Con esto se introduciría un factor completamente negativo, desde el punto de vista de la política restrictiva que se quiere aplicar.
Por lo tanto, quiero llamar la atención sobre las dos indicaciones mencionadas y manifestar mi satisfacción por la forma como se ha tramitado el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
-Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar el proyecto, originado en mensaje, que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, con el objeto de establecer mayores exigencias para inscribir armas y prohibir su porte, entre otras modificaciones.
Por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones, se declaran aprobados los números 1), 2) y los comprendidos entre el 9) y el 23), inclusive, con excepción del 19), todos del artículo 1º, y los artículos 2º y 3º transitorios.
Tampoco fueron objeto de indicaciones los números 4) y 19) del artículo 1º y el artículo 1º transitorio, pero por ser materias que requieren quórum especial, serán votados en particular.
En votación el número 3) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el número 4) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el número 5) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los siguientes señores diputados:
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el número 6) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el número 7) del artículo 1º, con excepción del inciso cuarto, respecto del cual se ha pedido votación separada.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , en este trámite ¿es posible pedir votación separada?
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Sí, señor diputado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el inciso cuarto del número 7) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el número 8) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el número 19) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el artículo 2º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor LEAL ( Presidente en ejercicio).-
En votación el artículo 1º transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
AUMENTO DE RECURSOS AL PODER JUDICIAL Y A LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES PARA AGILIZAR CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo destinado a proyectos de acuerdo, el señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Se encuentran vigentes los siguientes pareos: el señor Urrutia con el señor Ceroni y la señora Vidal, doña Ximena, con la señora González, doña Rosa.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 403, del diputado señor Accorsi, de la diputada señora Soto, doña Laura, y de los diputados señores Vargas, Von Mühlenbrock, Bustos, Galilea, don José Antonio; Aguiló, Montes, Palma y Salas.
“Considerando:
Que, en los últimos años, se han producidos avances sustantivos en la investigación de la violación de los derechos humanos.
Que estos avances son el resultado de iniciativas encomiables llevadas a cabo con responsabilidad y altura de miras tanto por el Poder Judicial -especialmente por la Excelentísima Corte Suprema- como por el Alto Mando de la Policía de Investigaciones de Chile, las cuales se han concretado en el nombramiento de jueces con dedicación exclusiva a la investigación de estos procesos y en la destinación de calificados policías y de medios tecnológicos al Departamento Quinto de Asuntos Especiales de la Policía Civil , encargado de colaborar con dicha investigación.
Que el éxito de estas medidas se explica por la dedicación de tiempo completo a las investigaciones y por el grado de conocimiento y especialización que estos equipos profesionales del Poder Judicial y de la Policía Civil han ido adquiriendo, lo que se ha traducido en una capacidad investigativa nunca antes vista en estas delicadas materias.
Que, junto con reconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno con el concurso de importantes instituciones del país para mejorar la búsqueda de más verdad y justicia en estas causas, lo que, entre otras cosas, se expresa en la presentación de sendos proyectos de ley en actual tramitación legislativa tendentes a crear mecanismos idóneos a efectos de facilitar la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, es necesario profundizar el esfuerzo -que ya se ha mostrado eficaz- del Poder Judicial y de la Policía Civil, para lo cual no sólo es indispensable contar con su cooperación, sino que también hay que dotarlos de los medios financieros para proseguir y vitalizar su función en las labores investigativas y de sustanciación de las causas acumuladas, en varias de las cuales se investigan delitos con muchos copartícipes, en lugares a veces apartados y remotos del territorio nacional.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que estudie, conjuntamente con los ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda , la entrega de nuevos y mayores recursos financieros al Poder Judicial al objeto de facilitar la designación de nuevos jueces con dedicación exclusiva al conocimiento y fallo de los procesos judiciales por violación de los derechos humanos, así como también a fin de apoyar con medios logísticos adecuados las delicadas labores que actualmente ejecutan los magistrados ya designados por los Tribunales Superiores de Justicia.
Asimismo, pedirle dotar de mayores recursos económicos a la Policía de Investigaciones de Chile con el fin de que cuente con mayor cantidad de personal especializado y con más medios materiales de apoyo para que su Departamento Quinto de Asuntos Especiales se aboque con celeridad y efectividad al cumplimiento de las diligencias investigativas decretadas por los jueces con dedicación exclusiva.”
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo pretende respaldar el trabajo realizado durante el último tiempo por la Comisión de Derechos Humanos de nuestra Corporación, que busca avanzar en una propuesta consensuada con el Presidente de la República para destrabar, en los tribunales de justicia, las causas por violaciones a los derechos humanos. Sería una forma complementaria de apoyar la legislación que emanó de la propuesta “No hay mañana sin ayer”, con la entrega de mayores recursos, que hoy son insuficientes, al Poder Judicial y a la Policía de Investigaciones, con el fin de agilizar el apoyo de la justicia para llegar a la verdad, conseguir una justa reparación y avanzar en los casos que hoy están detenidos por falta de celeridad en el aporte de recursos.
En esa línea, respaldamos la entrega de mayores recursos para que los juicios avancen con mayor celeridad, de modo de dar pronta solución a este tema tan importante y doloroso. Los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos así nos lo demandan.
Por lo anterior, anuncio que la Unión Demócrata Independiente votará a favor el proyecto.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , de las palabras del diputado señor Von Mühlenbrock ha quedado claro que es absolutamente esencial dar solución a este problema. Cuando los casos mencionados han quedado en manos de jueces con dedicación exclusiva y se ha contado con el aporte del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones se han notado avances reales.
Sin embargo, sabemos que los tribunales son franciscanos y necesitan un aporte especial para llevar adelante su trabajo, sin el cual puede ser letra muerta la proposición de jueces especiales.
Por ello, anuncio el voto favorable del Partido por la Democracia, posición que ojalá comparta el resto de las bancadas.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
COMISIÓN INVESTIGADORA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LOS CASOS MOP-GATE, MOP-CIADE Y MOP-IDECON.
El señor HALES (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 404, de la señora Pérez, doña Lily, y de los señores Vargas, Galilea, don Pablo; Pérez, don Víctor; Ulloa, Delmastro y Norambuena.
“Considerando:
Que el ejercicio de la facultad fiscalizadora de los actos del Gobierno está radicado de manera exclusiva en la Cámara de Diputados, por disposición expresa del artículo 48 de la Constitución Política de la República.
Que, en los últimos meses, se han conocido importantes avances en la investigación que desarrolla el Décimo Séptimo Juzgado del Crimen, referida al pago de sobresueldos en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Ella se encuentra centrada en los posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, estafa y negociación incompatible en los casos denominados MOP-Gate, MOP-Ciade y MOP-Idecon.
Que, inicialmente, el Gobierno negó los hechos, para, posteriormente y frente a la evidencia, sostener, prejuiciosamente que eran sólo errores o infracciones administrativas y que no constituían delitos.
Que la investigación judicial ha desmentido las explicaciones oficiales y ha demostrado que los inculpados, entre los que se encuentran ex altos funcionarios públicos, han obstaculizado la indagación con declaraciones que han resultado falsas, no dudando en recurrir a la mentira en su pretensión de ocultar hechos esenciales que configuran su responsabilidad política, penal y administrativa en este caso.
Que nuevos antecedentes establecen que los funcionarios públicos inculpados solicitaban a privados que efectuaran aportes irregulares, utilizando al Ministerio de Obras Públicas como instrumento para consumar los eventuales delitos. Los promovía, impulsaba y participaba de ellos el propio ministro . La resolución dictada recientemente por la magistrada a cargo del caso ha logrado precisar los montos, las personas y los mecanismos empleados, quedando por definir sólo el destino de esos recursos públicos, hecho este último de plena incumbencia de la Cámara de Diputados.
Que no corresponde a la Cámara de Diputados determinar las responsabilidades en la comisión de los delitos ni calificar los hechos como estafa, fraude al fisco, uso malicioso de instrumento público ni como cualquier otro; pero sí le corresponde investigar y fiscalizar el destino de los fondos públicos cuando éstos son aplicados en actividades ajenas al quehacer del Estado o, más aún, en este caso, cuando no se puede todavía establecer para qué y para quién fueron dedicados.
Que de estos hechos se desprenden responsabilidades que deben ser determinadas por los tribunales de justicia y definidas judicialmente; pero también resulta evidente que se aprecian hechos como el uso de recursos del Estado en actividades aún indeterminadas, por lo cual es ineludible cumplir el rol constitucional de la Corporación, al objeto de investigar y determinar la participación de cada uno de los funcionarios y autoridades públicas en los hechos descritos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Constituir una comisión investigadora, en conformidad con lo establecido en los artículos 297 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados, que tenga por competencia investigar las eventuales responsabilidades políticas de las autoridades y funcionarios públicos en los hechos descritos en los considerandos de este acuerdo y el destino final de los recursos públicos utilizados.”
El señor HALES (Vicepresidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , diputados de la Alianza por Chile hemos presentado nuevamente un proyecto de acuerdo, en uso de nuestras atribuciones de fiscalización de los actos del Gobierno, para no quedarnos indiferentes y ajenos respecto de una situación que ha conmocionado al país en los últimos años. Me refiero a los casos denominados MOP-Gate, MOP-Ciade y MOP-Idecon.
Nuevos antecedentes han establecido que funcionarios públicos solicitaban a privados que hicieran aportes irregulares, utilizando al Ministerio de Obras Públicas como instrumento para realizar los eventuales delitos.
Sabemos que algunos diputados han planteado, a través de los medios de comunicación, que están llanos y abiertos a que la situación se investigue, pero esgrimen que, que como los casos están en los tribunales de justicia, la Cámara de Diputados no debe abocarse a su investigación.
A ellos quiero decirles que no corresponde a la Cámara de Diputados determinar las responsabilidades en la comisión de los delitos ni calificar los hechos como estafa, fraude al fisco, uso malicioso de instrumento público o de cualquiera otra forma, pero sí investigar y fiscalizar el destino de los fondos públicos cuando éstos son utilizados en actividades ajenas al quehacer del Estado. Sobre todo, como se ha podido ver en esos casos, si todavía no se puede determinar a qué fin fueron destinados.
Por tanto, pido a los diputados presentes en la Sala aprobar el proyecto de acuerdo para demostrar al país que no sólo los tribunales de justicia tienen la posibilidad de investigar cuando hay delito, sino que también esta Cámara de Diputados está facultada -así lo señala la Constitución- para fiscalizar los actos del gobierno cuando existen fondos públicos comprometidos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , estamos frente a casos que han conmocionado a la opinión pública.
A través de resoluciones de la Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia ha quedado claro y nítido que funcionarios, con responsabilidades importantes en el Ministerio de Obras Públicas, realizaron actos que transgredieron normas legales precisas. Con ello se permitió que empresas que tenían vinculaciones contractuales con esa Secretaría de Estado triangularan recursos, otorgando al Estado la posibilidad de pagar contratos que jamás se efectuaron y sobresueldos a personas que jamás realizaron determinadas tareas.
Sin duda, todas estas irregularidades, y eventuales delitos, las hicieron algunos funcionarios públicos con el respaldo y anuencia de la autoridad política. De ahí la importancia que esta Cámara de Diputados se constituya como investigadora y realice su función de fiscalización. No es posible que quienes ostentan la calidad de funcionarios públicos sean sancionados sólo por al Contraloría y que quienes, en un determinado momento, ocuparon algunos cargos de dirección en el Ministerio de Obras Públicas sean sancionados por los tribunales de justicia, porque ambos actuaron al amparo de la autoridad política.
¡Ningún funcionario público realiza y paga un contrato que jamás se efectuó si no está siendo respaldado por la autoridad política! Ningún funcionario hace una triangulación de recursos si no está respaldado por la autoridad política. Eso obliga a la Cámara y a sus diputados realizar nuestra función fiscalizadora. Su impedimento significa que estamos protegiendo a una autoridad política y evitando que asuma su responsabilidad.
Hoy, la Cámara de Diputados tiene la gran responsabilidad de fiscalizar a través de nuestras propias comisiones, de investigar, de dar a conocer los antecedentes, de defender o atacar a quien se considere responsable. Pero, por sobre todas las cosas, nuestra función fiscalizadora debe ser nítida y clara.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo ya había sido rechazado, pero sobre la base de un vacío reglamentario y, por lo tanto, de un subterfugio, de nuevo se ha presentado.
Como lo señalaron los diputados que ya intervinieron, aquí no se trata de aclarar un problema desde el punto de vista de la justicia, sino de hacer politiquería, porque se empieza condenando, planteándose como juez al decir que aquí hay delito, completamente esclarecido y condenado.
A la Alianza por Chile siempre le ha gustado hacer procesos por fuera de la justicia. Siempre lo ha hecho de esa manera y ésta es una forma más, porque estos hechos están siendo investigados por los tribunales de justicia. A ellos les corresponde investigar y señalar si aquí hay delito. Por lo tanto, el deber de la Cámara de Diputados es respetar a los tribunales de justicia, respetar la administración de justicia y las investigaciones que se están realizando.
Sin embargo, con el proyecto de acuerdo se quiere alterar y afectar un proceso en marcha, un proceso evidentemente muy importante, que obliga al Estado a ser transparente, a través de una investigación que sólo la pueden realizar los tribunales de justicia. No lo puede hacer una comisión investigadora, fiscalizadora.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ruego a los señores diputados guardar silencio.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente , no me sorprende la actitud de la Alianza por Chile, porque siempre ha sido descortés y grosera cuando hay otro diputado hablando. Por lo tanto, que lo sigan haciendo, porque así demuestran su espíritu “democrático” cuando se discute un punto importante.
La Concertación ha creado tribunales independientes, que no impliquen jamás la impunidad, como ocurrió durante la dictadura, lapso en el que los miles de recursos de amparo presentados fueron rechazados.
Los Gobiernos de la Concertación han establecido tribunales independientes e imparciales. Por eso debemos respetar lo que está haciendo la ministra Chevesich en el proceso MOP-Gate. La interferencia de la Cámara de Diputados sería grave en la línea de la independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia.
He dicho.
El señor HALES.-
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor ÁLVAREZ.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ÁLVAREZ .-
Apareció votando el diputado Ceroni no obstante figurar en uno de los pareos leídos por la Mesa.
El señor HALES (Vicepresidente).-
El diputado señor Ceroni acaba de dirigirse a la Mesa para pedir la anulación de su voto.
El señor ÁLVAREZ.-
Pido que se repita la votación.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Señor diputado, el voto del diputado Ceroni no afecta el resultado de la votación.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Llamo al orden al diputado señor René Manuel García.
VIII. INCIDENTES
ALCANCES SOBRE VOTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer tiempo corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Llamo al orden por segunda vez al diputado señor René Manuel García .
El señor MASFERRER.-
Está bien que hable el diputado Bustos, pero no se...
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Llamo al orden al diputado señor Masferrer .
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en primer lugar, lamento la votación del proyecto de acuerdo N° 404, pues su rechazo equivale a colocar un manto de impunidad no sobre delitos sino sobre actitudes políticas.
La facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados no tiene carácter judicial sino político. Supone un juicio político que busca establecer responsabilidades de ese tipo. En este caso también habría tenido por finalidad que la gente tuviera claro cuánto y qué se está robando en el país.
Lamento profundamente la actitud de muchos señores diputados, porque, a pesar de estar conscientes del robo que se ha cometido, fueron concientizados y obligados a votar en contra de un proyecto de acuerdo cuyo único objetivo era dar a conocer a la opinión pública el juicio político sobre los graves hechos ocurridos.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra dio a conocer los fundamentos para impugnarlo, pero su fundamentación jurídica resultó débil.
En este caso, se ha señalado que es necesario respetar la independencia de los tribunales. Sin embargo, todo el mundo se llenó de estupor y de asombro cuando el ministro de Justicia calificó a la magistrada a cargo de la investigación como “señora MOP”. Pareciera que el ministro Bates desconocía lo que había ocurrido.
Me parece insólito que se intente tapar el sol con un dedo. Sin embargo, me queda la tranquilidad de que esta sesión se está transmitiendo a través del canal de la Cámara, lo que ha permitido a la opinión pública observar la asombrosa votación y saber en qué se está gastando la plata de todos los chilenos, en circunstancias de que miles de personas lo único que necesitan y desean es una oportunidad para mejorar su condición y calidad de vida.
PREOCUPACIÓN POR EVENTUALES RESTRICCIONES DE USO DEL AGUA EN PREDIOS DE LA COMUNA DE QUILLÓN. Oficios.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , desde hace algún tiempo existe incertidumbre y preocupación en los propietarios de la pequeña comunidad ubicada en el sector rural de la comuna de Quillón, en la Octava Región, en relación con las aguas que usan para el riego de sus predios y para el uso doméstico. La incertidumbre se inició debido a un catastro de aguas subterráneas en la comuna de Quillón solicitado por el gobierno regional y por la Dirección General de Aguas de Concepción a una empresa consultora.
El trabajo en terreno y su objetivo no fueron informados al municipio, de manera que nadie en la comunidad se enteró de lo ocurrido. La consultora debía constatar en terreno la existencia de fuentes de aguas subterráneas, como pozos profundos, punteras y otros. Además, recabar antecedentes sobre la extracción, profundidad, caudal, tipo de uso, coordenadas, etcétera.
La información entregada a los propietarios y a los trabajadores de los predios fue completamente difusa e incluía ofrecimientos de distinta índole para lograr el acceso rápido al predio y obtener los antecedentes requeridos.
A raíz de las consultas y reclamos que se hicieron llegar a la municipalidad por esa situación, el alcalde organizó una reunión con los representantes de las juntas de vecinos y con el inspector fiscal de la consultora dependiente de la Dirección General de Aguas de Concepción. En este encuentro dicho funcionario reconoció que no se había informado a nadie sobre el trabajo efectuado, por lo que ofreció las disculpas correspondientes. Posteriormente, informó sobre el estudio en ejecución y su realización en distintas comunas de la provincia.
Sin embargo, en forma simultánea, se estaba realizando otro estudio relacionado con la hoya hidrográfica del río Itata. En éste se determinó un perfil del río, con sus afluentes y extracciones, que incluyó también al canal Quillón , donde se estudió el caudal existente en el río Itata, inscripciones de derechos de aprovechamiento sobre el río y se actualizaron en terreno los antecedentes que permitirían tener una clara visión técnica y legal de la cuenca. Es importante señalar que, según antecedentes extraoficiales, el estudio lo realizó la misma empresa que elaboró los estudios anteriores, pero a petición y financiada por la empresa Celulosa Arauco (Itata).
Los vecinos de la comuna distinguen en este caso tres problemas.
En primer lugar, la planta de celulosa que se está instalando tiene derechos de aprovechamiento de aguas sobre seis metros cúbicos por segundo en el río Itata. En período de estiaje, el río no tiene el caudal disponible de seis metros cúbicos por segundo. De ahí la preocupación de esta empresa por estudiar la situación hidrológica de la zona y, especialmente de los recursos hídricos existentes en la cuenca hidrográfica del río Itata.
Segundo, las instalaciones de la empresa que se está creando se encuentran ubicadas en un área denominada “secano costero”, donde es muy probable que no puedan obtener volúmenes de agua subterránea importante y con la calidad deseada.
Tercero, el hecho de que la planta de celulosa tenga seis metros cúbicos por segundo en sectores que la dejan como una de las últimas usuarias del río Ranquil y Trehuaco, impide que otros potenciales usuarios de aguas, que se encuentren ubicados aguas arriba del punto de constitución de los derechos en favor de la celulosa, inscriban nuevos derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas sobre el río Itata, sus afluentes o subafluentes.
De manera, entonces, que la Dirección General de Aguas no puede constituir nuevos derechos de aguas superficiales.
De lo anterior surgió la natural preocupación de los vecinos por conocer la situación de sus aguas y la forma de protegerlas frente a cualquier medida futura que pudiera significar prohibir, limitar y controlar su uso, pagar algún tipo de impuesto o patente, entre otros. La gran mayoría de los vecinos de la comuna de Quillón tienen predios que riegan con aguas provenientes de distintas fuentes, ya sea superficiales, como son los esteros, vertientes, quebradas, y subterráneas, como pozos profundos, punteras, pozos, etcétera.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que, a través de la Dirección General de Aguas, entregue una completa información sobre cuán verdadera es la inquietud de los vecinos de Quillón respecto de que se les estaría privando de las aguas que libremente pueden sacar de sus predios.
Pido, también, que se oficie al intendente regional a fin de que informe sobre esta inquietud de los habitantes de los predios de Quillón.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Manuel Rojas , Juan Masferrer , Andrés Egaña , Alejandro García Huidobro , Javier Hernández , Pablo Galilea , Rosauro Martínez , Francisco Bayo y Nicolás Monckeberg .
PRECISIONES RESPECTO DEL PROYECTO “PUERTO NUEVO DE ANTOFAGASTA”. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , hay preocupación por saber si el proyecto “Puerto Nuevo de Antofagasta” potenciará la actividad portuaria y aumentará el desarrollo turístico ya que se ha dicho que se privilegiará una instancia comercial que dice relación con los malls. De ser cierto lo anterior, la situación sería verdaderamente preocupante, ya que nuestra ciudad necesita potenciar la actividad portuaria; pero, contraviniendo lo establecido en la ley Nº 19.542, la Empresa Portuaria de Antofagasta estaría dando mayor relevancia al desarrollo comercial.
En consecuencia, pido que se oficie al contralor general de la República para que nos señale cuáles fueron los considerandos que tuvo a la vista para modificar el dictamen Nº 440, de 8 de enero de 2004, de la Contraloría de Antofagasta, que fuera modificado por el dictamen Nº 8322, de 20 de febrero del mismo año, producto de una solicitud de la Empresa Portuaria de Antofagasta.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Masferrer , Andrés Egaña , Javier Hernández , Alejandro García-Huidobro , Francisco Bayo y Nicolás Monckeberg .
ATENCIÓN DE DIABÉTICOS EN HOSPITAL DE SAN FERNANDO. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , ayer me reuní con miembros de la Asociación de Diabéticos de la comuna de San Fernando, entidad con personalidad jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia y que cuenta con 410 afiliados, de los cuales 210 son insulino-dependientes, es decir, deben inyectarse insulina una o más veces al día para sobrellevar su enfermedad.
De acuerdo con instrucciones del Ministerio de Salud, los diabéticos deben ser atendidos por la atención primaria de salud, que administran las municipalidades.
Para nadie es un misterio la situación caótica que vive San Fernando , administrada por su alcalde comunista, don José Figueroa , quien adeuda sumas cuantiosas en imposiciones y medicamentos. Tan es así, que la central de abastecimientos de la localidad ya no hace entrega de medicamentos por falta de pago.
Esta situación, tremendamente triste y dolorosa, se debe a la mala administración de la máxima autoridad alcaldicia. Debo hacer notar que las corporaciones de educación, de salud y de menores deben ser fiscalizadas por el Ministerio de Justicia. Como enfrentamos problemas en ésta área, habría que sancionar al departamento de educación de la corporación, y la sanción más drástica sería la cancelación de su personalidad jurídica, dado que no cumple con el requisito esencial de estar integrada por un directorio y no existe razón alguna para que el alcalde haga y deshaga.
Quiero centrarme en estos 410 enfermos de diabetes, personas modestas y jubilados que necesitan ser atendidos imperiosamente. Sin embargo, la municipalidad no está cumpliendo con su labor de atenderlos debidamente.
Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Salud a fin de que el hospital de San Fernando continúe con la atención de estos pacientes diabéticos.
Para que la situación cambie, por lo menos deberemos esperar hasta octubre, porque tenemos fe y esperanza en que habrá un cambio radical en la administración de la comuna y las futuras autoridades alcaldicias podrán atender a estos enfermos como corresponde.
A veces a uno le toca ver en comunas cosas muy dolorosas, pero esta situación me ha afectado tremendamente, porque no se trata de una o dos personas, sino de 410 ciudadanos que han formado su propia asociación, que han obtenido personalidad jurídica y que, hasta ahora, habían sido atendidos en forma apropiada y recibían los medicamentos sin los cuales no pueden vivir. Sin embargo hoy, debido a la torpeza del alcalde de malgastar los recursos que entrega el Estado en otras cosas que no son prioritarias, se ven privados de la atención de salud que merecen.
Reitero mi petición al ministro de Salud , en orden a que el hospital de San Fernando continúe atendiendo a los diabéticos insulino-dependientes, de manera que puedan seguir viviendo.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Angélica Cristi , y de los diputados señores Vilches , Galilea , Egaña y Hernández .
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON NUEVA ZELANDA. Oficio.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , quiero pedir que se oficie al ministro de Agricultura a fin de que nos aclare lo que expresó a los medios de comunicación.
En la reciente gira que el Presidente de la República realizó a Nueva Zelanda, el ministro se comprometió a destrabar las conversaciones entre Chile y ese país en el plano económico. Para los agricultores del sur eso significa un tratado de libre comercio. Si embargo, él habla de la posibilidad de negociar un acuerdo estratégico de cooperación económica. Los sureños sabemos que cada vez que tratan de explicarnos una cosa con otra, al final, los perjudicados siempre son los pequeños y medianos agricultores. Por eso, es preciso que el ministro , de una vez por todas, aclare la situación para saber cuál es el sentido exacto que tendrá un eventual tratado de libre comercio con Nueva Zelanda.
Como parlamentarios, estamos muy preocupados por lo que un tratado de esta naturaleza podría significar para nuestra agricultura, razón por la cual es muy factible que solicitemos la exclusión del eventual tratado de todo lo que diga relación con la comercialización de productos lácteos con Nueva Zelanda.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señora María Angélica Cristi , Ximena Vidal y Adriana Muñoz , y de los diputados señores Egaña , Vilches , Martínez , Pablo Galilea , Monckeberg , Saffirio , Villouta y Jaramillo .
FACILIDADES DE PAGO A DEUDORES HABITACIONALES DE OSORNO. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ .-
En segundo lugar, el sábado recién pasado el ministro de Vivienda y Urbanismo realizó una visita a la comuna de Osorno para inaugurar un conjunto habitacional.
En esa ocasión, se le planteó el problema que afecta a alrededor de 350 deudores habitacionales, que están siendo objeto de juicio para embargarles sus viviendas. Nuestro deseo es que el Ministerio de Vivienda estudie este problema desde el punto de vista social, porque me imagino que no se trata de que no quieran pagar, sino que deben tener problemas económicos importantes, como el de la cesantía.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo a fin de que estudie la posibilidad de que una asistente social se encargue de revisar caso a caso y dé mayores facilidades de pago a las personas que tienen problemas de cesantía, de salud o de otro tipo, y de que se les permita a los deudores efectuar abonos parciales, porque muchos han tratado de hacerlo pero no se les acepta esa forma de pago.
He dicho.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras María Angélica Cristi , Ximena Vidal y Adriana Muñoz , y de los diputados señores Egaña , Vilches , Martínez , Pablo Galilea , Monckeberg , Saffirio , Villouta y Jaramillo .
INFORMACIÓN SOBRE USO DE REGISTRO HISTÓRICO DE DEUDORES Y APLICACIÓN DE LA LEY QUE PROTEGE LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS. Oficios.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
En el tiempo correspondiente al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio .
El señor SAFFIRIO .-
Señora Presidenta , una vez más, quiero referirme a una situación relacionada con el sistema financiero.
Me refiero al incumplimiento generalizado por parte de la banca de la legislación vigente sobre el uso de información histórica que, teóricamente, está prohibida por la ley Nº 19.628, que protege la vida privada de las personas.
El inciso cuarto del artículo 6º establece claramente: “El responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular”. Por su parte, el inciso primero dispone: “Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado.”.
Estas disposiciones del artículo 6º no están siendo cumplidas por los bancos e instituciones financieras, incluido el Banco del Estado. Así lo prueban múltiples casos de personas que, a pesar de tener el certificado del boletín comercial sin antecedentes, no pueden acceder a créditos. Se les niega el carácter de sujetos de crédito porque registran información histórica. Esta situación afecta a pequeños y medianos empresarios, agricultores, profesionales jóvenes y pequeños comerciantes que, por distintas circunstancias, han pasado por momentos económicos difíciles durante estos últimos cinco o seis años.
Aquí se nos dan clases de economía y se nos dice que el ciclo económico es inherente a la economía capitalista, que hay momentos de alzas y de bajas e, incluso, que muchas veces esto ni siquiera depende de factores internos, sino externos: crisis en Asia, devaluación en Brasil, problemas en Argentina, el endeudamiento de Estados Unidos, etcétera, todo lo cual conduce a que la economía caiga y afecte a millones de personas hasta de las localidades más pequeñas.
Es más, todo esto que es señalado como un hecho duro de nuestro modelo económico va acompañado de una cultura del castigo, según los términos del senador Foxley. Se habla de la necesidad de innovar, de emprender, de crear nuevos negocios, de aprovechar los tratados de libre comercio; pero, en los hechos, el sistema financiero, incluido el Banco del Estado, niega a las personas la posibilidad de emprender nuevas iniciativas comerciales que pueden ser exitosas, porque hace cinco, seis, siete u ocho años, por factores que ni siquiera dependían de nuestra macro o microeconomía, no pudieron pagar o tuvieron problemas para ponerse al día.
Cuando estas personas han recurrido a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, tampoco han obtenido una respuesta satisfactoria. En los dos años que llevo como parlamentario, con los diputados Jaramillo , Ortiz , Tuma y Galilea -estos dos últimos de la Región de la Araucanía-, en numerosas oportunidades hemos pedido a la Superintendencia que nos aclare cuáles son sus atribuciones sobre la materia a fin de concordar con el Ejecutivo modificaciones legales que entreguen a dicha Superintendencia las facultades que requiere.
Esta situación afecta, incluso, a profesionales jóvenes que alguna vez tuvieron acceso al crédito fiscal y que tienen pagarés protestados con anterioridad al 2000. Hoy no pueden optar a un crédito, no obstante sus conocimientos y sus posibilidades de aportar tecnología, creatividad e innovación -se supone que los profesionales y técnicos jóvenes las tienen-, a pesar de lo que establece el artículo 18 de la ley Nº 19.628, en cuanto a que no se pueden comunicar datos, transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo exigible. Más aún, además de estar prescritos, la ley que permitió la renegociación de los créditos lo ha reiterado.
Si el deudor que se encuentra en esta situación se acerca al Boletín Comercial y pide un certificado de deudas canceladas, llamado certificado Nº 7, no puede obtenerlo porque los datos han prescrito. No tiene la posibilidad de conseguir ese certificado, a pesar de que, de hecho, los datos están circulando en el sistema financiero, lo que le impide ser sujeto de crédito. Legalmente, los datos no deberían existir y, por lo tanto, no se podrían borrar; pero como están allí y son utilizados por los bancos, las personas no pueden ser sujetos de crédito. Y esto -lo reitero- también lo está haciendo el Banco del Estado.
Esta situación provoca un enorme perjuicio a los pequeños y medianos empresarios, agricultores, comerciantes, profesionales, técnicos y simples ciudadanos. Muchas veces, significa dejar sin efecto alguno otras medidas que promueve el Ejecutivo en su beneficio.
Por lo anterior, solicito que se oficie al presidente del Banco del Estado para que informe a esta Corporación si esa institución también está utilizando el registro histórico y considerando los datos que contiene como un antecedente para no otorgar créditos a los chilenos que los solicitan; al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras a fin de que nos señale si tiene atribuciones para intervenir en estas materias, y a los ministros de Hacienda y de Economía para que nos den a conocer las medidas que se han tomado o que se van a tomar para la correcta aplicación de la ley Nº 19.628, de manera que la cultura y la innovación y el apoyo a los pequeños y medianos empresarios dejen de ser discursos retóricos y se conviertan en una práctica que les permita sumarse a una agenda procrecimiento y de reactivación económica, aunque no sean defendidos por el señor Juan Claro ni por las grandes organizaciones empresariales.
He dicho.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de las diputadas señoras Adriana Muñoz y Ximena Vidal y de los diputados señores Ortiz , Villouta , Jaramillo y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE Y CUENTA PÚBLICA DE ALCALDE DE ERCILLA SOBRE SITUACIÓN PREVISIONAL DE PERSONAL MUNICIPAL. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señora Presidenta , en enero pedí que se enviara un oficio al ministro de Agricultura relacionado con el desarrollo de las comunas de Purén, Los
Sauces y Lumaco, específicamente con la información que se entregó hace unos cuatro o cinco años sobre la construcción de un embalse que beneficiaría a las comunidades mapuches y a los pequeños agricultores de esas comunas.
En fecha reciente recibimos un oficio del ministro, en el cual nos señala que, lamentablemente, debido a que el indicador de rentabilidad era muy bajo, las posibilidades de incluir la construcción de dicho embalse en los presupuestos correspondientes eran remotas.
Por eso, después de haber conversado con el ministro de Agricultura y con personeros del Mideplán, quiero pedir que se oficie al Presidente de la República a fin de hacerle presente el compromiso del gobierno de la época relacionado con la construcción del embalse mencionado. En esa oportunidad -reitero los argumentos que di en enero- se consideró necesario para mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores mapuches y de los campesinos rurales construir el embalse, a pesar de que sabíamos que los indicadores de rentabilidad eran bajos. Asimismo, que la obra se considere como un programa social, que fue precisamente lo que señalé en mi intervención anterior. De otra forma, considero que se estaría burlando a la gente que recibió la información y que se ilusionó con la posibilidad de solucionar sus problemas de producción y de salir de la situación de extrema pobreza en que vive.
Además, quiero referirme a la situación que se está viviendo en la Municipalidad de Ercilla, donde al personal municipal de educación y salud no se le están haciendo los descuentos por planilla para pagar las deudas que mantienen con distintos acreedores. Incluso, tengo información de que a dicho personal se le estarían debiendo imposiciones previsionales. De manera que deben enfrentar dos problemas: figurar en Dicom por no pagar sus deudas y sufrir las consecuencias de su situación previsional.
De manera que pido que se oficie al ministro del Interior para hacerle presente esta situación, así como también me remita copia de la cuenta pública que entregó el alcalde a fin de revisar si esta situación se señala en ella. A veces, los alcaldes presentan cuentas que son un lecho de pétalos de rosa, pero olvidan deliberadamente incluir casos de este tipo.
He dicho.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal y de los diputados señores Enrique Jaramillo y José Miguel Ortiz .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
RECURSOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE DEUDORES DE VIVIENDAS BÁSICAS. Oficio.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señora Presidenta , quiero referirme a la situación que están viviendo alrededor de 140 mil deudores del programa de vivienda social básica, de los cuales cerca del 50 por ciento se encuentra en estado de morosidad y con riesgo de perder su vivienda.
Esta realidad se repite en los diferentes distritos, al punto que, a finales de abril, con el diputado Eugenio Tuma hicimos una proposición al ministro Jaime Ravinet en la perspectiva de buscarle una solución.
Asimismo, a mediados de este mes, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, un proyecto de acuerdo orientado en ese sentido, lo que demuestra su interés por contribuir a buscar una solución a la dramática situación que viven estos compatriotas.
El Ministerio de Vivienda dispone de una serie de instrumentos legales que permite a los deudores hacer una repactación. Sin embargo, tanto el decreto supremo Nº 152 como el Nº 59 están disociados de la realidad que vive la gran mayoría de las familias deudoras, cual es la de no tener capacidad de pago.
En esto quiero detenerme. Las propuestas que hemos hecho con el diputado Tuma y las que se plantearon en el proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados son coincidentes. La idea es solicitar al ministro que haga extensivas las medidas contempladas en el decreto supremo Nº 176 -instrumento legal muy importante del Ministerio de Vivienda y que ha resuelto en parte la deuda de las familias que se acogieron a los programas de viviendas permanentes- a los deudores de los programas de viviendas básicas.
Hace algunos días, conversamos sobre este planteamiento con el señor Ravinet , quien se mostró absolutamente dispuesto a trabajar en conjunto con los diputados para buscar una solución a este problema. Pero el beneficio -tema que hemos compartido con el ministro - debe ser acotado a aquellas familias que no tienen capacidad de pago. Esa situación está demostrada en las fichas sociales básicas de que disponen los Serviu regionales y las municipalidades. Creemos que esto constituye un punto de acuerdo muy importante.
Ahora, si bien es cierto que existe la voluntad del Ministerio de Vivienda de buscar una solución, es muy importante la opinión del Ministerio de Hacienda, dados los recursos que esto implica.
Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Hacienda a fin de darle a cono-cer este planteamiento y transmitirle el convencimiento que tenemos el diputado Tuma y quien habla de que es urgente estudiar en profundidad esta situación y buscar una solución a familias pobres que se han endeudado, ahorrado plata y pagado dividendos.
Por la inestabilidad laboral, los maridos han perdido su empleo y las mujeres han quedado solas. Las familias no han tenido capacidad de pago, lo que está absolutamente ratificado por las fichas sociales. Entonces, queremos que el ministro de Hacienda conozca esta situación y destine recursos.
Está muy bien la predisposición del ministro Ravinet y de los parlamentarios para resolver la situación, pero sin recursos no podemos lograr que se extienda el beneficio del decreto supremo Nº 176 a los deudores de viviendas básicas.
El diputado Tuma y yo tenemos el convencimiento de que esta situación, en la cual el número de deudores críticos va en aumento, tiene su origen en un error histórico en el diseño de las políticas de acceso a la vivienda. Esto queda demostrado con el hecho de que en la cartera de deudores de Serviu figuran personas que nunca debieron ser sujetos de créditos, lo cual hoy queda demostrado por su poca capacidad de pago de la duda.
Por eso, solicito que se oficie en nombre del diputado Tuma y mío, con el propósito de que el ministro de Hacienda conozca este problema y destine recursos para resolverlo definitivamente.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, al que se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de las diputadas señoras Ximena Vidal y María Angélica Cristi y de los diputados señores Alejandro Navarro , Enrique Jaramillo , Nicolás Monckeberg , Pablo Galilea , Carlos Vilches y de quien habla.
RECONOCIMIENTO A LABOR DE ALCALDE DE MACUL. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , después de avanzar en el proyecto que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, quiero compartir algunas ideas relativas a la seguridad ciudadana y otros temas. En primer lugar, recalcar y reafirmar que la responsabilidad de mantener la seguridad en nuestro país es de todos, ya que, como la violencia y la delincuencia obedecen a muchas causas, nuestro accionar debe ser multi disciplinario; que la seguridad ciudadana está garantizada, en primer lugar, por las fuerzas de orden y seguridad, coordinadamente con las políticas de Estado, creadas por el Gobierno y por nosotros en el Congreso Nacional, en unidad con todas las organizaciones que trabajan en el tema y, sobre todo, junto a la ciudadanía. Cada uno haciendo su tarea como corresponde, hoy hemos cooperado con una legislación para una mejor defensa de las personas ante la violencia a la que nos vemos enfrentados.
Quiero hacer referencia a un hecho muy doloroso que vivimos la semana pasada en la comuna de Macul, que se suma a tantos hechos delictivos en que mueren personas, como el matrimonio Salinas Fierro, al que acompañe en su misa fúnebre de despedida. No se pudo evitar ese hecho de sangre, pero la acción posterior de Carabineros fue eficiente y eficaz, y se está juzgando al inculpado.
Debemos ser capaces de actuar frente a la delincuencia de manera responsable y coordinadamente, sin desanimarnos, y con fuerza renovar nuestro compromiso.
Por eso, hoy quiero hacer un reconocimiento a don Sergio Puyol , alcalde de Macul , por su constante compromiso con la seguridad ciudadana en la comunidad que representa. Además, desagraviarlo frente a un oficio fiscalizador que pidió el diputado Salaberry , con fecha 31 de octubre de 2003, en el cual solicitó al órgano contralor que se hiciera cargo de informar acerca de la legalidad del traspaso a título gratuito y de la posterior venta de un terreno municipal mediante un proceso de licitación pública. Según dicho parlamentario, esa venta afectó los intereses municipales porque la licitación pública se anunció en diarios de poca circulación, sin publicidad de esos terrenos para obtener más recursos.
Esas acusaciones y sospechas carecen del más absoluto fundamento y asidero por los argumentos de hecho y legales, que resumiré, que forman parte sustantiva del informe con que la Contraloría General de la República ha respondido a la Cámara de Diputados.
El ente contralor entrega datos que, en conjunto, nos permiten advertir las debilidades, imprecisiones y falta de información en las que se ha incurrido en la iniciativa fiscalizadora del diputado.
La Contraloría General de la República concluye que no existieron irregularidades en el proceder del municipio respecto de la transferencia gratuita del inmueble fiscal, como tampoco en el proceso de licitación pública para su venta y adjudicación, y en el monto obtenido producto de esa enajenación.
Aparte de fiscalizar, también es importante desempeñar nuestra labor de representación. Por eso, reconozco la respuesta de la Contraloría.
Lo reseñado sembró incertidumbre, pero fue hecho en conformidad con los criterios y normas vigentes, de lo cual nada se puede reprochar, ni al municipio ni al alcalde , haciéndose necesaria la aclaración para los fines que guíen nuestro actuar como representantes, los que siempre deberán sustentarse en la veracidad, rigurosidad, buena fe y espíritu de búsqueda del bien común, no sólo de la población y de los electores, sino que también de las autoridades de los distintos órganos, los que merecen todo nuestro respeto y cuya dignidad no puede ser pasada a llevar por suspicacias o sospechas de dudoso orden.
Las personas que viven en Macul pueden estar tranquilas y tener la certeza de que las autoridades que representan a la mayoría están haciendo bien la tarea.
Por lo tanto, pido oficiar, con copia de mi intervención, al ministro del Interior, para que conozca la labor desarrollada, con total compromiso, por la comuna, y transmita mis palabras al alcalde señor Sergio Puyol.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Navarro y Ortiz .
ESTADO DE AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO CORFO-INVERLINK. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , en nombre de la bancada de Renovación Nacional, pido oficiar al Contralor General de la República para que nos informe del estado de avance de la investigación que lleva a cabo respecto del escándalo Corfo-Inverlink, por cuanto ya han pasado catorce meses de ocurridos los hechos y aún no se da a conocer el informe ni las eventuales responsabilidades administrativas resultantes de la denuncia que, en forma unánime, hizo esta Corporación a través de la respectiva Comisión investigadora.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Monckeberg y Vilches .
MAYOR COORDINACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , a propósito de la falta de coordinación para enfrentar las restricciones en la entrega de gas natural por parte de Argentina, una vez más, pido oficiar al ministro de Economía y Energía , señor Jorge Rodríguez Grossi , sin perjuicio de agregar mi intervención, para que conozca nuestra opinión del problema que estamos viviendo.
En primer lugar, la improvisación que se está haciendo sobre esta política de Estado perjudicará a todos los chilenos, porque pagaremos más por la energía eléctrica y por el abastecimiento de gas.
Ésa es la primera gran conclusión que, felizmente, el ministro ya está reconociendo, porque en los primeros días de marzo señaló, y trató de convencer a su excelencia el Presidente de la República , que no habría problemas en el suministro de gas natural desde Argentina y que no tendríamos dificultades en el abastecimiento energético y de electricidad.
Hoy han cambiado las condiciones y ya se está reconociendo que es necesario coordinar. Incluso expertos han señalado públicamente que es indispensable iniciar una campaña de ahorro de energía en el país para pasar el invierno.
Pedimos que las señales económicas que se entreguen sean correctas. No podemos seguir con una limitación como la que tenemos hoy, en que dependemos exclusivamente del gas natural de Argentina. En ese sentido, el Presidente de la República anunció la posibilidad de traer gas licuado desde países de otros continentes, como Indonesia, y gasificarlo en el país.
Sin embargo, tenemos limitaciones. Nuestro país es pequeño, su mercado es pequeño y será muy difícil una inversión de este tipo. Si se pretende dar las señales adecuadas, debe decirse con claridad y transparencia qué vamos a hacer a corto, mediano y largo plazo.
Los proyectos de energía hidroeléctrica en el sur del país fueron realizados por firmas de Canadá, por personas serias, responsables, que han estudiado detenidamente las posibilidades, ya que desde la Undécima Región al Sur, Chile tiene potenciales que pueden ir desde 10 mil hasta 20 mil megawatts para los próximos diez, quince o veinte años.
Por eso, con el diputado Pablo Galilea vamos a promover la creación de una Comisión de Energía que visite los ríos Baker y Pascua, al sur de la Undécima Región, donde están las principales concesiones de agua de la empresa Endesa , para que el país realmente pueda dar una señal e iniciar un proceso de construcción de estas centrales hidroeléctricas.
¿Qué obtendremos con ello? Primero, poder contar con energía de propiedad del país. Segundo, la posibilidad de depender de energía limpia y renovable, que es lo más importante. Todo el mundo pretende eso, porque quemar combustibles fósiles, como lo hacemos hasta el momento, es contaminar, dañar el medioambiente.
Con la creación de esa comisión podremos dar fuerza a esa idea. Durante las próximas semanas la propondremos y esperamos poder comentar los resultados y el avance que puedan tener esos proyectos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y, para su mejor comprensión, se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Pablo Galilea y Nicolás Monckeberg
Le restan cuatro minutos cincuenta y un segundos al Comité del Partido Renovación Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS AVIONES DE PASAJEROS QUE CUBREN LOS VUELOS NACIONALES. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra, por seis minutos, el honorable diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , ayer me tocó vivir momentos muy difíciles cuando viajaba en el vuelo Nº 202, desde Concepción con destino a Santiago. Dicho vuelo, programado para las 9.10 horas, se retrasó por espacio de 30 a 40 minutos por encontrarse cerrado algún aeropuerto de Santiago o de Concepción a causa de la neblina. Después de haber volado el avión alrededor de quince o veinte minutos, a una altura de nueve mil o diez mil metros, me percato que da vuelta en 180 grados y regresa nuevamente a Concepción. A partir de ese instante, las auxiliares de vuelo retiraron rápidamente el refrigerio que ya habían distribuido a varios pasajeros y dicen que debemos prepararnos para un aterrizaje de emergencia. Nos señalan que, en este caso, debemos adoptar la posición fetal, es decir, agachar la cabeza, tomarnos los tobillos fuertemente y ajustarnos los cinturones de seguridad. Agregan que en el momento que se dé esa orden, debemos proceder de inmediato en la forma indicada y que, tan pronto aterrice el avión, debemos salir por las puertas de emergencia ubicadas en sus partes delantera, central y posterior.
Al ver desde esa altura los cerros por un lado y el mar por el otro, me quedó claro que no había ninguna posibilidad de aterrizaje normal o de sortear con éxito la dificultad. La situación vivida fue de mucha tensión y nerviosismo. Muchos de nosotros pensamos que ya estábamos en la hora final de nuestra existencia, porque en ese minuto se pasan muchas cosas por la mente. Quiero que nunca más se vuelva a repetir una situación como ésta. Quizás, me felicito de haber venido en ese avión, porque hoy puedo reclamar, levantar mi voz, para decir que hay que tener un poco más de respeto por las personas que viajan en esos aviones.
Por lo tanto, quiero que se nos informe sobre el año de fabricación de los aviones que están operando en el tramo Santiago-Concepción-Temuco-Valdivia y en el resto del país. Además, ¿a qué líneas aéreas se compraron esas naves? ¿Cuántas horas de vuelo tenían en el momento de su compra? ¿Cuántas horas de vuelo llevan en Chile? ¿Qué hace la Dirección General de Aeronáutica Civil para realizar un chequeo permanente y evitar algo como lo acontecido ayer, en que una de las dos turbinas del avión dejó de funcionar en el aire a la altura de Talca. El aparato venía con un tercio de la carga de pasajeros; de lo contrario, a lo mejor no regresa a Concepción y cae antes.
Entonces, no podemos correr el riesgo de seguir volando en esos aparatos, aparentemente, de muchos años de uso, los cuales dan de baja las líneas aéreas de los países desarrollados y son comprados por empresarios de países como el nuestro, que los siguen explotando hasta que se produce un accidente de consecuencias mayores. Felizmente, no cayó el avión, pero mañana o pasado mañana puede caer alguno de ellos, cuyas consolas y asientos se notan desvencijadas, y tendremos una tragedia de grandes proporciones, puesto que cien o ciento cincuenta personas perderán sus vidas.
Quiero que se consulte a la Dirección General de Aeronáutica Civil si se hizo el procedimiento adecuado para tratar a los pasajeros, porque sólo se nos dijo que iba a haber un aterrizaje de emergencia. El capitán de la nave nunca hizo uso de la palabra durante el vuelo para decir que una luz se había encendido, que había un motor con problemas y que íbamos a regresar a Concepción sólo con un motor, lo que es posible hacer sin mayor problema. Eso no se hizo y se dejó a cuarenta y siete pasajeros en un grado de tensión brutal que, en los próximos días o meses, con seguridad, les acarreará enfermedades, porque esa tensión no la resiste cualquier ser humano.
Quiero saber si el procedimiento utilizado fue adecuado, porque sólo cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción el capitán de la nave señaló que una luz roja encendida en el tablero le indicó que se había paralizado una de las turbinas y por eso se decidió regresar.
En la pista había algunos carros bomba del aeropuerto, para el caso de que requiera lanzar agua, pero, en situaciones como la que describo -tengo entendido- debe haber una vinculación directa con el Samu de Talcahuano, porque se suponía que ese avión, al aterrizar, podía estallar en llamas. Ese operativo no funcionó. A pesar de los ejercicios de pruebas que se realizan regularmente para enfrentar hechos como éste, ante una situación real las cosas no funcionan.
Por lo tanto, solicito que se oficie, a través del Ministerio de Defensa Nacional, al director general de Aeronáutica Civil ; al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , quien preside la Junta de Aeronáutica Civil, y al presidente del directorio de LanChile , para consultar sobre si el procedimiento empleado en este caso fue adecuado, la data de los aviones y las horas de vuelo que mencioné anteriormente.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , nos alegramos de que, Dios mediante, no haya ocurrido una desgracia
que lamentar entre los pasajeros, en los cuales también se encontraba el senador señor Augusto Parra Muñoz.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, y se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Alejandro Navarro y de quien preside esta sesión.
PROCEDIMIENTO APLICADO Y RELACIÓN DE ALUMNOS EXPULSADOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra, por dos minutos y ocho segundos, el diputado señor Alejandro Navarro
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , la jornada escolar completa, propiciada por el Gobierno a través del Ministerio de Educación, aparte de provocar una verdadera revolución en la educación chilena, como que persigue obtener mejores alumnos y dar un paso adelante en materia de preparación y formación de nuestra juventud, incorporará un sistema de participación al interior de los establecimientos educacionales, particularmente de enseñanza media, y establecerá procedimientos claros y precisos para los problemas que enfrenten alumnos, padres y apoderados. En definitiva, las reglas del juego serán claras.
Quiero que se oficie al ministro de Educación y, por su intermedio, a los departamentos de Educación de los cincuenta y dos municipios de la Octava Región, y a la Seremi de dicha región, a fin de que nos entreguen un detalle acabado respecto del número de alumnos expulsados -por motivos disciplinarios o de cualquier otra naturaleza-, y de los establecimientos educacionales de que se trata y la individualización de aquellos en que han sido reubicados, y de los procedimientos llevados a cabo para adoptar la correspondiente determinación. Recuerdo que en mi época de estudiante de enseñanza media -1974-1975- no había procedimientos claros, precisos y democráticos mediante los cuales los alumnos y los padres pudieran hacer escuchar su voz, ni claridad sobre las medidas disciplinarias o de otro tipo aplicables en cada caso. Me han llegado diversos antecedentes -he reiterado el hecho- de que en los liceos de la Región Metropolitana y de la Octava Región no existe procedimientos claros que indiquen, por ejemplo, cuándo y por qué un director de establecimiento puede expulsar a un alumno.
Las referencias respecto del caso del alumno Pavel Luciano Guiñez Nahuelñir , del 4º B del liceo Enrique Molina Garmendia , señalan claramente que se requiere informar adecuadamente a los alumnos y a los padres y apoderados acerca de cuáles son los procedimientos que se deben seguir para que un establecimiento pueda expulsar a un alumno.
Esa claridad debe estar en el reglamento.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministerio de Educación para que entregue claridad sobre esta materia, particularmente en los reglamentos internos que establecen cómo proceder en estos casos, y para que nos envíe un detalle preciso de las expulsiones de alumnos ocurridas no sólo en la Octava Región, sino que en el país en general, para establecer si se ha aplicado el debido proceso a que tienen derecho tanto los alumnos como sus padres, los profesores y la dirección del establecimiento.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El oficio solicitado por su señoría, además de enviarse a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, también se enviará a los 52 alcaldes de nuestra Octava Región, adjuntando el texto de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.31 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Von Mühlenbrock , Recondo , Barros , Delmastro , Alvarado , Pablo Galilea , Hernández , Kast y Ramón Pérez . Modifica el artículo 41 del D.F.L. N° 1, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, con fin de regular el inicio del año escolar. (boletín N° 3523-04)
1. Que, las normas sobre inicio, término y vacaciones del año escolar no sólo tienen relación directa con el desarrollo adecuado de los proyectos educativos de los establecimientos educacionales del país, sino que también influyen de manera relevante en la planificación que hacen los chilenos para los efectos de organizar sus vacaciones o períodos de descanso.
2. Que, la normativa legal y reglamentaria vigente en esta materia le entrega la facultad a los Secretarios Regionales Ministeriales de cada región, la posibilidad de fijar en conformidad a la realidad local la fecha de inicio y término del año escolar, respetando en todo caso el número de 40 semanas lectivas que debe cumplir cada establecimiento pero flexibilizando el calendario escolar, es decir, la autoridad está facultada para permitir que un colegio pueda dar inicio a sus clases antes del 1 de marzo de cada año.
3. Que, no obstante, y sin perjuicio de que consideramos que la intención del Ministerio de Educación fue la de otorgar mayor libertad a los establecimientos educacionales, sin tratar de inmiscuirse en sus proyectos educativos, sería del todo beneficioso volver al criterio antiguo, esto es, el que todo los establecimientos educacionales del país comience su año escolar a partir del 1 de marzo de cada año, básicamente para permitir que todos los actores involucrados tengan un criterio común, reglas claras, para poder planificar de manera adecuada su período de descanso y fortaleciendo de manera concreta y directa a las regiones que fundamentan sus ingreso durante el periodo estival, toda vez que ha sido un hecho notorio y evidente, que con esta anticipación del inicio de clases que muchos establecimientos educacionales realizan, se han visto perjudicados las regiones que fundamentas sus ingresos través del turismo, ya que las familias deben volver con anticipación a sus hogares para planificar la entrada al colegio.
4. Que, reforzando esta idea, es claro en Chile existen innumerables áreas de gran belleza natural, arquitectónica y cultural y para su explotación turística se debe contar con el apoyo de todos los sectores nacionales, así como también del Ministerio de Educación, de manera de aprovechar el gran impulso turístico que está viviendo nuestro país gracias a las condiciones favorables generadas, por la celebración de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Comunidad Europea, así como también para acoger el gran flujo de turista nacionales.
5. Que, resulta fundamental entender la relevancia del turismo y el potencial que la consolidación de esta actividad tiene para el desarrollo económico de Chile y con el objeto de desarrollar esta actividad se deben adoptar todas las medidas a fin de explotar de la mejor manera este producto, que anualmente deja importantes recursos al país.
6. Que, no acortar la temporada de verano resulta una materia de urgencia para la actividad turística nacional, dado que es una costumbre de los chilenos salir de vacaciones durante el mes de febrero, por tanto alargar el período d vacaciones beneficia enormemente a este sector nacional. No adelantar el comienzo del año escolar se ha convertido en un anhelo del sector turístico nacional, privado y público, pues el ingreso a clases durante el mes de febrero interrumpe las actividades turísticas del país, las cuales se concentran en el mes de febrero y en la mayoría de las regiones del país.
7. Que, el, trabajo conjunto de todos los sectores del quehacer nacional debe tener como objetivo colocar a Chile dentro de turismo internacional y así transformar al país en uno turístico. Para lograrlo, se requiere una sociedad con cultura y conciencia turística, por lo que el ministerio de Educación debe sumarse a este proyecto y lograr que no se acorte la temporada de verano gracias a que el calendario escolar establezca el inicio de las clases en el mes de marzo.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Para agregar un nuevo inciso segundo al articulo 41 del decreto con fuerza de ley, de Educación, por el cual se fija el Estatuto de los Profesionales de la Educación:
“Sin perjuicio de los señalado en el inciso anterior, el inicio del año escolar no podrá ser anterior al 1 de Marzo de cada año.”.
Moción de los diputados señores Errázuriz y Vilches
Concede acción pública tratándose de infracciones a las normas relativas al trabajo de menores. (boletín N° 3524-13)
ANTECEDENTES
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), vinculada a las Naciones Unidas, acaba de publicar un informe sobre los horrores del trabajo infantil, enumerando las medidas que se deben tomar para reprimirlo, realidad que no es ajena a nuestro país. Es por tal razón que en el Día internacional del trabajo querernos llamar la atención de la opinión publica al respecto.
Las cifras de la OIT, indican que 1 de cada 6 niños entre los 6 y 17 años trabaja. En cifras más globales demuestra que hoy en día existen unos 250 millones de niños que trabajan en el mundo. El trabajo infantil parece ser un buen barómetro de la pobreza y Chile no está ajeno a esto. Ya en el año 1996 cerca de 125 mil niños entre 6 y 17 años trabajaba en condiciones irregulares (Encuesta Casen 1996).
Según la encuesta Casen del año 2.000, el 58% de los niños en Chile, de entre 12 y 17 años que trabajaban, no asistía regularmente a la escuela, porcentaje notoriamente superior al promedio global de abandono de la educación básica y media (1 % y 10 % respectivamente). Por otra parte, según cifras del INE (2001), el 77% de los niños, niñas y adolescentes (entre 6 y 18 años) que percibían ingresos, no estudiaba.
De acuerdo a cifra de la Encuesta Casen 2002, en el país hay cerca de 64 mil adolescentes entre 1 y 17 años que buscan empleos o que están realizando uno. En tanto, los adolescentes entre 15 y 17 años que declaran percibir ingresos, son 20 veces más que los niños y niñas entre 6 y 14 años que declaran lo mismo.
Hoy en día la realidad sigue siendo critica, dado que los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes en Chile, que realizó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la colaboración del Servicio Nacional de Menores ( Sename ) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entregada en abril de este año, indicó que existirían alrededor de 107.676 niños y adolescentes chilenos que lo hacen en condiciones calificadas como “inaceptables”, lo que arrojaría una cifra aproximada a los 196.104 niños que trabajan en forma independiente de su inserción escolar. De esta cifra, 93 mil tienen entre 5 y 14 años y 102 mil entre 15 a 17 años.
En cuanto a la jornada laboral, el estudio indica que el grupo de cinco a 14 años trabaja en promedio 18,5 horas semanales y los adolescentes lo hacen 39,5 horas. Además, tres mil niños y 15 mil adolescentes trabajan con horarios por sobre el límite máximo permitido por la ley incluso para los adultos.
En relación con los lugares donde se desempeñan, un 26,6% lo hace en locales, fábricas, almacenes oficinas; el 24,6% en el campo, mar, ríos y bosques; el 12,6% en la calle; un 11,7°/ en la vivienda que habita; otro 11,4% en quioscos, carros fijos y ferias libres; un 2% cumple labores en otras viviendas; un 3,2% en botes, camiones o tractores, y un 2,7% en la construcción, como albañiles, ayudantes de obreros o cargadores,
Cabe recordar el último Estudio de Prevalencia sobre la Explotación Sexual Comercial Infantil Adolescente en Chile entregado por el SENAME, el cual concluye que en Chile existen más de 3 mil 719 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, comercial infantil. Las regiones que demuestran mayor número de niños y niñas involucrados en este tipo de trabajo son la Metropolitana, con un 30,7%,; la Quinta Región , con un 16%; la Segunda Región , con un 11 %. Le sigue la Primera Región , con 8,4% y la Octava Región con 7,34% .
Este estudio de agosto del año 2003, también constató que un 80% de los niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente son mujeres, mientras que el 20% son hombres. Esta diferencia se incrementa en las regiones extremas, mientras que se reduce en el caso de las regiones Metropolitana, Sexta , Séptima, Octava y Novena . El documento revela que el 38% de los niños víctimas no ha completado la educación básica; el 68% vive con su familia; la edad promedio de inicio de la actividad de explotación sexual comercial infantil está entre los 12 y 13 años y hay fuerte presencia de consumo de drogas y alcohol en los encuestados.
LAS PEORES FORMA DE TRABAJO
En este ámbito, los casos registrados entre junio y diciembre de 2003, de los cuales un 70°/ corresponde a hombres, cuya edad fluctúa entre los 15 y 18 años. La mitad no asiste al colegio.
Explotación sexual comercial (16%, mayoritariamente mujeres)
El uso de niños en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas (9%)
Los trabajos peligrosos por naturaleza (39%)
Como son los que se desarrollan en minas, en alta mar, cámaras de congelación los trabajos peligrosos por condiciones (14%)
Entre los que se consideran las jornadas extensas, horario nocturno, ausencia de medidas de higiene y seguridad laboral y los que impiden asistir a la escuela.
Pero la noche es aún más riesgosa, y un 16% (10.924) de los pequeños de cinco a 14 a años trabaja en este horario, así como un 29,6% (11.719) de los adolescentes. Desarrollan actividades como atención de mesas en bares y restaurantes, vendedores, cargadores de camiones y mercadería, lo que se hace generalmente de madrugada.
NUESTRA LEGISLACIÓN
Según el Código el Trabajo, ningún menor de 15 años puede acceder a un contrato de trabajo.
Entre esta edad y los 18 operan una serie de medidas de resguardo como autorización de los padres o tutores, exigencia de certificados que acrediten que el menor está estudiando, horario y condiciones laborales que no vulneren sus derechos.
La legislación laboral también contempla una norma que permite el trabajo de menores de 15 años en actividades relacionadas con teatro, cine, radio, TV, circo u otras actividades similares, siempre y cuando los menores de edad no actúen como proveedores e sus hogares o sostenedores.
El trabajo de menor de 15 años tiene que estar debidamente calificado y sólo puede producirse en el supuesto que exista autorización del representante legal o del juez de menores.
En síntesis, en materia laboral, la legislación establece que ningún menor de 15 años debe ejercer algún tipo de trabajo remunerado. Aquellos jóvenes entre 15 y 18 años, sólo podrán trabajar con autorización de sus padres, en labores que no pongan en peligro su seguridad, educación y oportunidades de desarrollo, y siempre con su respectivo contrato de trabajo y en jornadas diurnas no superiores a 8 horas.
En base a las consideraciones precedentes someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE LEY
“ARTÍCULO ÚNICO.- Agrégase en el Código del Trabajo, a continuación del articulo 18, el siguiente artículo 18 bis:
“Artículo 18 bis. cualquier persona podrá denunciar ante este organismo las infracciones relativa al trabajo infantil de que tuviere conocimiento.”.
Moción de los diputados señores Quintana , Accorsi , Bayo, Cornejo , Robles , Jarpa y Olivares .
Establece normas sobre control de la seguridad de los productos para lactantes que se expendan al público. (boletín N° 3525-03)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo previsto por la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo prevenido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
CONSIDERANDO:
1° Que Chile se ha organizado a lo largo de las últimas décadas como una sociedad fundada en una economía social de mercado, en donde la libertad de comercio, la libre circulación de los bienes y la libertad para contratar, son plenamente asegurados por nuestro ordenamiento jurídico interno.
El aumento de la capacidad de consumo de nuestra población es una señal inequívoca del desarrollo del país, que permite a las personas y sus familias, acceder a más y mejores bienes y servicios para atender sus necesidades.
2° Que, sin embargo, la libertad absoluta para producir y comerciar bienes y servicios, puede terminar no solamente socavando las bases mismas del modelo de desarrollo, sino que traer consecuencias negativas sobre la calidad de vida de las personas. En atención a lo anterior es que en nuestro país, al igual como sucede en todas las naciones, con niveles superiores de desarrollo, existen una serie de normativas, que establecen derechos mínimos de los usuarios y consumidores, los promueven y contienen los dispositivos legales para hacerlos efectivos en caso de contravención o vulneración.
Dentro de estas normas, sin duda que la más relevante es la Ley 19.496 Sobre Derechos de los Consumidores, que establece dentro de su catálogo de derechos esenciales de los usuarios y consumidores, el derecho al consumo seguro. En efecto la referida norma prescribe que es un derecho de todo consumidor “La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles” (Artículo 3 Letra d).
Es deber del Estado, en consecuencia, y por ende de los poderes colegisladores contribuir con el ejercicio de sus competencias a que estos derechos se pueda desarrollar en el tiempo, superando las deficiencias y vacíos que puedan existir.
3° Que en relación a la comercialización de bienes y su seguridad para la vida e integridad de las personas , hemos recibido la justificada preocupación de padres de familia y pediatras chilenos, quienes han puesto de manifiesto los riesgos inherentes a la comercialización sin ninguna clase de control de calidad de los denominados andadores, que son empleados para facilitar el desplazamiento de los lactantes que aún no saben andar por si mismos.
Estos implementos, cuyo origen se remonta al menos al Siglo XVII, se han convertido desde hace mucho en motivo de preocupación por expertos y autoridades en distintas partes del mundo. Sólo en Estados Unidos han sido los causante de la muerte de más de 34 niños desde 1974. Sólo en 1999, más de 8.800 niños tuvieron que recibir tratamiento por lesiones relacionadas con los andadores.
En Estados Unidos, se ha podido establecer que la mayoría de las lesiones relacionadas con lo andadores se deben a caídas por escaleras (el 76 por ciento) o a vuelcos (el 12 por ciento). “Además de aumentar el riesgo de caídas por las escaleras, los andadores hacen que los niños pequeños puedan alcanzar sustancias caliente, o bien tóxicas, que se encuentran sobre la mesa o la cocina.
Los datos anteriormente señalados, han motivado que la Academia Estadounidense de Pediatría ( American Academy of Pediatrics, AAP) y la Asociación NacionaI para Hospitales de Niños e Instituciones Afines ( National Association for Children's Hospitals and Related Institutions , Nachri) hayan exigido la prohibición de los andadores.
4° Que en Chile, ha existido también preocupación por el tema. En un estudio empírico realizado por la Unidad de Pediatría Ambulatoria del Centro de Diagnóstico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los investigadores X. Triviño, P. Bedregal , M. Azócar , en base a muestra de 250 lactantes que consultaban en ese centro el año 1997, llegaron a la conclusión que 45.6% de los usuarios de estos elementos sufría accidentes de distinta consideración.
La mayor parte de los accidentes declarados en Chile fueron vuelcos (117 casos), seguidos de caídas por escaleras (32.5%) y choques (12.8%). Los 117 accidentes produjeron un total de 129 lesiones constatables por la madre, siendo las más frecuentemente declaradas las contusiones (89%;116/129), laceraciones (5.4%), traumatismo encéfalocraneano y fracturas (4.7%).
5° Que a nuestro juicio y analizando la legislación vigente y la realidad institucional de nuestro país, vemos que existe un serio vacío en la materia para regular la venta de este tipio de adminículos. Por una parte no podemos sin más establecer su prohibición, puesto, que existen razones de orden constitucional que harían esta medida inviable y al mismo tiempo, porque hay factores culturales de por medio, que impiden por la vía exclusivamente prohibitiva terminar con el uso de estos implementos que las familias usan con la finalidad de facilitar la crianza de los niños y equivocadamente y apoyar su proceso de aprendizaje de la marcha autónoma.
Por lo anterior es que proponemos este proyecto de ley, con la finalidad primero que se elabore una Norma Chilena de Calidad y Seguridad para la construcción y comercialización de estos elementos en nuestro país. Así, se ha procedido en Estados Unidos en donde se creó una norma de estándar de seguridad, la ASTM F977, que obliga entre otras cosas a que este tipo de rodados tenga un determinado ancho (más 91 centímetros). En Chile podemos y debemos tener una norma propia, armónica con los parámetros internacionales más exigentes, y para ello postulamos que el Instituto de Normalización Chileno, encargado de elaborar esta clase de estándares en nuestro país y que depende del Ministerio de Economía inicie el proceso de normalización en esta materia a través de sus dispositivos institucionales correspondientes.
Asimismo, y ante la falta de un órgano que se encargue de velar por el cumplimiento de esta clase de normativas, postulamos que sea el Ministerio de Salud el que fiscalice la distribución y venta de éste y de otra clase de bienes que son empleados por lactantes, como son por ejemplo, los coches de paseo, las sillas usadas para ubicar al interior de los automóviles a los bebés y otros dispositivos cuya fabricación en Chile o importación desde el extranjero ha aumentado en los últimos años y que como en el caso de los andadores, nada sabemos sobre la seguridad de su empleo.
6° Que, el Estado chileno, ha asumido ante la Comunidad Internacional, al momento de suscribir la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la obligación de crear las condiciones para su pleno y normal desarrollo, protegiéndolos de toda clase de riesgos para que puedan desarrollarse de la forma más amplia y plena en su vida futura. Esta obligación se extiende a todos los órganos estatales, incluyendo a este Parlamento, razón por la cual, confiamos en que ustedes colegas, tendrán la sabiduría suficiente para entender la urgencia de innovar en esta materia y al mismo tiempo, generar una discusión más amplia sobre la seguridad del consumo en Chile y la forma en que somos capaces de generar estatutos legales más garantistas, que sin lesionar los derechos al emprendimiento ni trabas al libre comercio de los bienes, sí sean idóneos para asegurar de manera efectiva la seguridad e integridad de todos los habitantes de la República, especialmente de los más vulnerables, como son los niños.
Por tanto, el diputado que suscribe, viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“ARTÍCULO ÚNICO.- El Instituto Nacional de Normalización, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el lapso de 6 meses desde la entrada en vigencia de esta ley, elaborará una Norma Chilena de Seguridad para los andadores de niños.
Corresponderá a la autoridad sanitaria, supervigilar el cumplimiento de esta normativa, como de cualquier otra referida a la seguridad y calidad de los productos destinados al consumo o empleo por niños lactantes.”.
Moción de las diputadas señoras Carolina Tohá y Adriana Muñoz y de los diputados señores Juan Pablo Letelier , Aguiló, Robles , Saffirio y Seguel .
Establece causales de discriminación en materia de acceso al trabajo o empleo. (boletín N° 3526-13)
Vistos, lo dispuesto en los artículos 1 °, 19 números 2, 3 y 16 de la Constitución Política de la República;
Considerando:
1° Que la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo 19 número 16, consagra la garantía de la libertad de trabajo y su debida protección;
2° Que la misma garantía establece el principio de no discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad de las personas;
3° Que el Código del Trabajo, en el artículo 2, señala que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación que se funden en distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos, entre otros, de edad, estado civil, ascendencia nacional: religión, raza, sindicación, opinión política y origen social;
4° Que los hechos demuestran que, a pesar de los intentos legislativos por corregir el problema, siguen produciéndose muchas situaciones de discriminación en acceso al trabajo, en especial respecto de las personas más jóvenes y las mayores de 45 años de edad;
5° Que este fenómeno atenta contra el principio de igualdad ante la ley, de no discriminación arbitraria, además de afectar el desarrollo individual de las personas, su mantención y la de su grupo familiar;
6° Que este hecho ha sido recogido por diversas legislaciones en el mundo: Francia, España , Estados Unidos, Canadá entre otras; además ha sido motivo de preocupación en la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales que velan por el respeto y protección de los derechos laborales de las personas;
7° Que estamos en una época incluida por un paradigma social que promueve la belleza y la juventud como la clave del éxito social, por lo que todo modelo que no se base en esos ideales, genera un rechazo y prejuicios, sin importar los méritos de aptitud, capacidad o idoneidad de las personas;
8° Que en Chile la población está envejeciendo. Este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, sino que releja lo que ocurre en sociedades más desarrolladas, pone en serio peligro cualquier sistema de Seguridad Social si los mayores quedan excluidos del empleo, toda vez que los seguros de desempleo se harán más costosos para los trabajadores de edad madura, podrían aumentar las peticiones de jubilación anticipada y habrá menos imponentes en el sistema previsional, etc;
9° Que los efectos sociales y sicológicos que sufren las personas al ver suspendida, arbitrariamente, su capacidad de trabajo, genera costos personales y familiares de proporciones;
10° Que el respeto del principio de igualdad de oportunidades y la dignidad de la persona son fundamentos de todo sistema democrático. No es posible convivir en un Estado de Derecho sí la dignidad de las personas se encuentra limitada, pues el fundamento y límite básico de toda democracia se encuentra determinado por el respeto y cuidado de este principio. Y, claramente, la discriminación de los trabajadores por su edad o por cualquier razón arbitraria es un atentado flagrante al límite fundamental del respeto a la dignidad de las personas que integran una sociedad democrática.
11° Que la práctica jurisprudencial en materia de recurso de protección tiende a ser restrictiva en cuanto a la aceptación de estas acciones constitucionales cuando se fundan en discriminación de los de trabajadores por razones de edad y de otros factores de discriminación,
12° Que las actuales atribuciones de la Dirección del Trabajo tampoco son suficientes como para prevenir actos arbitrarios cometidos en perjuicio de postulantes a un trabajo, y
13° Que en el mundo de hoy, la problemática laboral más preocupante el acceso al trabajo, la desocupación y la creciente exclusión de grandes cantidades de ciudadanos de la oportunidad de tener un empelo digno.
Por lo anterior, los diputados que suscriben viene en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1 de 1994 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente forma:
Agréganse los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo al artículo 2°:
“Se presumirá que el oferente o eventual empleador incurre en causal de discriminación si solicita al postulante a un empleo antecedentes o información sobre su raza, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social.”.
“Sin perjuicio de lo anterior, siempre se podrá consultar acerca del cumplimiento de requisitos de edad mínima establecidos en este Código”.
“La violación de lo dispuesto en los dos incisos anteriores generará la responsabilidad civil correspondiente, pudiendo la persona perjudicada solicitar a los tribunales del trabajo la reparación del daño usado.”.
Moción de las diputadas señoras Eliana Caraball y María Eugenia Mella y de los diputados señores Burgos , Saffirio , Mora , Ortiz , Seguel y Silva .
Precisa que la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional regirá desde la notificación de la respectiva sentencia. (boletín N° 3527-07)
EXPRESION DE MOTIVOS
La Ley Nº 19.327 que sanciona la violencia en recintos deportivos en espectáculos de fútbol profesional ha permitido la dictación de fallos recientes, que dado su alcance han causado impacto en la opinión pública. Lo anterior muestra que su aplicación en los hechos es perfectamente posible cuando se trata de investigaciones rigurosas y decididas.
Uno de los instrumentos punitivos y ejemplificadores de mayor envergadura que contiene la actual ley, es aquel que permite al investigador, al momento de fijar la pena, agregar en la sentencia la medida contemplada en el inciso 4°, letra b) del artículo 6°, que establece la pena accesoria consistente en la prohibición de asistir, durante el tiempo de la condena, a los futuros espectáculos de fútbol profesional, con la obligación de presentarse en los días y horas en que ellos se realicen en el lugar fijado por el juez.
El mencionado instrumento constituye muchas veces, en la práctica, la verdadera sanción, pues por las características del condenado muchas veces la pena corporal es remitida.
Resultaría de mucho mayor efecto sancionatorio para el condenado y ejemplificador para inhibir conductas similares, el hecho que esta pena accesoria se ejecutara de manera inmediata y sin suspensión por la interposición de recursos, pues estos tardan años en fallarse.
Cabe hacer presente además que incluso el procesado o imputado, puede tener la prohibición, de acuerdo a la letra e) del artículo 155 del Código Procesal Penal, de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares.
En virtud de lo expuesto, proponemos lo siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Agrégase en inciso 4° letra b) del artículo 6° de la ley Nº 19.327, a continuación del punto seguido, la siguiente oración:
“En todo caso, la indicada prohibición será aplicable desde la notificación de la sentencia, y su cumplimiento no se suspenderá por el hecho de interponerse recursos en su contra.”.