Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIONES. Acuerdo de los Comités.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- DEBATE
- INFORME SOBRE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO A LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- AUMENTO DE LA OFERTA DE FLETES INTERNACIONALES AÉREOS Y MARÍTIMOS. (Votación).
- DEBATE
- PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS DE DISCIPLINA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Olivares Zepeda
- Jose Perez Arriagada
- Exequiel Silva Ortiz
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Fernando Meza Moncada
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Boris Tapia Martinez
- Pedro Araya Guerrero
- Fulvio Rossi Ciocca
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUMENTO DE LA OFERTA DE FLETES INTERNACIONALES AÉREOS Y MARÍTIMOS. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE COPIAPÓ. Oficios.
- ADHESION
- Antonio Leal Labrin
- ADHESION
- AVANCE DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN ISLAS DE LAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y CHILOÉ. Oficios.
- ALCANCES Y RÉPLICA EN RELACIÓN CON CONDUCTA DE EMBAJADOR DE CUBA EN CHILE. Oficio.
- ALCANCES Y RÉPLICA EN RELACIÓN CON CONDUCTA DE EMBAJADOR DE CUBA EN CHILE. Oficio.
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PAGO DE COSTOS EN EVALUACIÓN DOCENTE. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AERÓDROMO SAN GREGORIO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO DE METROTREN EN COMUNAS DE BUIN Y PAINE. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE EN CARRETERA 5 SUR. Oficios.
- BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN AL DAÑO PREVISIONAL. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- Guido Girardi Lavin
- ADHESION
- DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE PÍLDORA ANTICONCEPTIVA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICA. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- SALUDOS A LA COMUNA DE HUASCO, EN SU 154 ANIVERSARIO.
- RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE COPIAPÓ. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 75ª, en jueves 15 de abril de 2004
(Ordinaria, de 10.40 a 13.22 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 9
- Remisión de proyecto a Comisiones. Acuerdo de los Comités 10
V. Orden del Día.
- Modificación de la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. Primer trámite constitucional 10
- Informe sobre control y fiscalización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a las escuelas de conductores 20
VI. Proyectos de acuerdo.
- Aumento de la oferta de fletes internacionales aéreos y marítimos. (Votación) 31
- Pronunciamiento de la Comisión de Educación sobre reglamentos universitarios de discplina 31
VII. Incidentes.
- Recursos para la construcción de la segunda etapa del hospital de Copiapó. Oficios 35
- Avance de proyectos de electrificación en islas de las provincias de Llanquihue y Chiloé. Oficios 36
- Alcances y réplica en relación con conducta de embajador de Cuba en Chile. Oficio 36
- Pronunciamiento sobre el pago de costos en evaluación docente. Oficios 40
- Información sobre proyecto de construcción de aeródromo San Gregorio. Oficios 41
- Información sobre servicio de metrotrén en comunas de Buin y Paine. Oficio 41
- Antecedentes sobre investigación de accidente en carretera 5 Sur. Oficios 42
- Búsqueda de solución al daño previsional. Oficios 43
- Distribución gratuita de píldora anticonceptiva en establecimientos de salud pública. Oficios 45
- Saludos a la comuna de Huasco, en su 154° aniversario 46
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.606, que establece incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aisén y Magallanes, y de la provincia de Palena, en materia de crédito tributario y establece la ampliación de la zona franca de extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén, para bienes de capital. (Boletín N° 2832-03) 47
2. Informe Complementario de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto que crea la comuna de Alto Biobío, en la Octava Región (Boletín N° 3342-06) 47
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Nota:
- De la Comisión de Familia por la cual solicita autorización de la Sala en orden a que se autorice que se remita a ella la moción que modifica el Código Civil, en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular -boletín N° 3043-07(S)-, en trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
2. Comunicación:
- Del señor Jefe de Bancada del Partido Demócrata Cristiano por la cual indica que el diputado señor Burgos reemplazará en forma permanente al diputado señor Ortiz, en la Comisión Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades ocurridas en la Casa de Moneda de Chile.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (86)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa de la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEAL (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 69ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 70ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente , me he enterado de que en los próximos días parte de la Mesa de la Cámara de Diputados -o la Mesa, no lo tengo muy claro, porque he sabido del asunto a través de los medios de comunicación- viajará a Argentina a plantear posiciones respecto del grave conflicto, en relación con el gas que se importa desde ese país, por incumplimiento de contratos internacionales debidamente firmados.
En atención a la naturaleza de la visita y a la relevancia del tema, sería importante que pudiéramos tener algún conocimiento de los motivos, de los grados de coordinación, de lo que se va a plantear, con quién se va a reunir, en fin. Creo que vale la pena darle un minuto a aquello.
He dicho.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Diputado Burgos, no obstante que no se ha referido a un tema de la Cuenta, le informo que se está dando cumplimiento a un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno. La Mesa de la Cámara de Diputados de Chile, más los diputados Vilches y Encina se reunirán con la presidencia y la Mesa de la Cámara de Diputados de Argentina y con las comisiones respectivas, a fin de tratar el tema del gas, en el ámbito del proyecto de acuerdo que la Cámara adoptó en la sesión en la cual se trató el tema.
-o-
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Familia, en el sentido de autorizar que se remita a ella la moción que modifica el Código Civil en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular.
¿Habría acuerdo?
El señor BURGOS.-
No.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Solicito el acuerdo de los señores diputados para que la Comisión de Educación pueda sesionar simultáneamente con la Sala.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIONES. Acuerdo de los Comités.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Informo a los señores diputados que en reunión de Comités se acordó enviar el proyecto sobre control de armas a las comisiones unidas de Defensa y de Seguridad Ciudadana.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Eduardo Saffirio.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 3358-03, sesión 40ª, en 11 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 9.
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 74ª, en 14 de abril de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar sobre el proyecto de ley, originado en una moción de los diputados señores Jorge Burgos , Francisco Encina , Carlos Ignacio Kuschel , Darío Molina , Sergio Ojeda , Edmundo Villouta , Gonzalo Uriarte , Ignacio Urrutia , Eugenio Tuma y de quien habla, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982, que fija el texto refundido de la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
Se deja constancia previa de que el proyecto en informe no contiene normas de ley de quórum calificado ni de carácter orgánico constitucional.
Asimismo, que no se ha hecho presente urgencia para el estudio de esta iniciativa legal.
Antecedentes generales.
El texto del artículo 26 del decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982. que fija el texto refundido de la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques dispone:
“Si el librador avisare por escrito al librado que no efectúe el pago de un cheque, éste se abstendrá de hacerlo; pero si el aviso se diere después de estar pagado, el librado quedará exento de toda responsabilidad.
“La orden de no pagar el cheque puede ser dada por el librador solamente en los siguientes casos:
1. Cuando la firma del librador hubiere sido falsificada;
2. Cuando el cheque hubiere sido alterado con respecto a la suma o a la persona del beneficiario, con posterioridad a la emisión;
3. Cuando el cheque hubiere sido perdido, hurtado o robado. Se observará en tales casos lo dispuesto en el artículo 29.”
La norma transcrita dice relación con lo que la doctrina nacional e internacional ha denominado la revocación de la orden de pago del cheque. El cheque es una orden de pago, un mandato del girador al librado, que es el banco. De tal forma, de la misma manera como se da un mandato u orden, éste puede ser revocado. Chile opta por un sistema de libre revocación para el girador, quien puede dejar sin efecto la orden sin que medie, necesariamente, causal alguna.
Se ha interpretado que el artículo 26 contiene una obligación genérica, al señalar la redacción imperativa del precepto “éste se abstendrá de hacerlo” -el banco-, aun cuando la causal no sea de aquellas que señala el inciso segundo de la norma. El banco debe limitarse a cumplir la instrucción que ha recibido, siempre que haya sido dada antes del pago del instrumento. Será responsabilidad del girador si no ha señalado causal válida.
La orden al banco es dada por escrito, de acuerdo con la definición legal de cheque del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 707, que dispone: “El cheque es una orden escrita y girada contra un banco para que éste pague...”. Por tanto, la lógica del legislador ha sido que de la misma manera en que se imparte la orden, ella debe ser revocada, es decir, por escrito. Este medio de impartir una instrucción a la institución bancaria no sólo se encuentra presente en el artículo 26, recién transcrito, sino también en el artículo 29, a propósito de los requisitos exigidos para concretar la orden de no pago en el caso de pérdida, hurto o robo de un cheque.
Ideas fundamentales del proyecto.
La posibilidad de desarrollar intercambios comerciales ha permitido que las personas creen nuevas formas de solución para las obligaciones que estos intercambios generan. Sin embargo, no parece lógico mantener una norma según la cual el aviso de orden de no pago deba darse solamente por escrito. De esta forma, pareciera ser que la legislación debe adecuarse a los avances tecnológicos en forma tal que se franquee a los distintos operadores del mercado medios que les permitan actuar de manera rápida y eficaz frente a situaciones que pueden presentarse. Lo anterior, especialmente en el caso de aquellos que son cuentacorrentistas, quienes hoy, bajo el imperio de la actual ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, deben realizar una serie de trámites complejos y onerosos si quieren dejar constancia de la pérdida, hurto o robo de estos documentos bancarios, para lo cual, a lo menos, deben ratificar por escrito, dentro de un determinado plazo, una orden que haya sido entregada por otro medio.
Por eso, a través de esta iniciativa legal se pretende dar mayores facilidades a los referidos cuentacorrentistas mediante procedimientos tecnológicos que los bancos pongan a su disposición al momento en que aquellos den una orden de no pago de un cheque. En el fondo, se trata de abrir la posibilidad de dar la orden de no pago a través de medios telefónicos e informáticos.
La Comisión recibió, por escrito, las siguientes opiniones:
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se manifestó de acuerdo con la idea central del proyecto y propuso modificaciones al texto del artículo 29, con el objeto de adecuarlo al texto en estudio, del siguiente tenor:
“Artículo 29.- En caso de pérdida, hurto o robo de un cheque, el portador practicará las diligencias siguientes:
“l) Dará aviso en los mismos términos del artículo 26 del hecho al librado, quien suspenderá el pago del cheque por diez días;”. Al decir “en los mismos términos”, está obligando a hacerlo por escrito.
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. señaló que la modificación a la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques consistente en permitir que las órdenes de no pago se den no sólo por escrito, sino por otros medios, cambia de manera importante la forma de dar cumplimiento a los requisitos legales para autorizar a la institución bancaria el no pago de un cheque, con las serias consecuencias jurídicas que ello significa.
Al respecto, el nuevo inciso segundo que se propone introducir al artículo 26, obliga a los bancos a “proveer servicios de comunicación que permitan al librador su acceso gratuito durante las 24 horas del día y todo el año”, y a entregar números o códigos de recepción del aviso respectivo, con indicación de la fecha y hora de su recepción.
En general, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras le parece positivo el espíritu del proyecto, pues, de alguna manera, asimila lo que hoy existe en materia de tarjetas de crédito a los cheques, buscando hacer más rápidas y simples las órdenes de no pago.
Los comentarios específicos al proyecto que realiza la Asociación de Bancos son los siguientes:
Le parece que la expresión “cualquier otro medio fidedigno” resulta un poco amplia, y podría, en algunos casos, plantear dificultades respecto de si se dio o no la orden de no pago, el día y hora en que se dio. Un “medio fidedigno” puede ser cualquier cosa, y ello claramente podría atentar contra la necesaria seguridad jurídica en esta materia.
Por ello, estima que sería mejor que el proyecto sólo hiciera referencia a “medios electrónicos o informáticos que el banco deberá poner a disposición de sus clientes” y no a “cualquier medio fidedigno”.
Sus representantes señalaron que, de aprobarse el proyecto, importará que los bancos realicen las inversiones necesarias para implementar el sistema, por lo cual debería establecerse un plazo dentro del cual se debería dar cumplimiento a las nuevas exigencias.
El señor Mauricio Zelada Pérez , abogado de la división jurídica del Ministerio de Justicia, expresó que la idea matriz de la moción surgió durante la discusión del proyecto de ley de pérdida, hurto o robo de tarjetas de crédito, que fue aprobado por unanimidad por la Cámara y hoy se encuentra en el Senado, en su segundo trámite constitucional.
La opinión del señor Zelada es favorable a la idea de legislar sobre la materia. Le parece que éste es un tema no sólo necesario de abordar, sino que se veía inminente, habida cuenta del creciente perfeccionamiento que se ha dado en los sistemas de comunicación que la banca tiene a disposición de sus clientes. A su juicio, el carácter fidedigno de estas comunicaciones permite hacer una modificación como la que se propone.
Le parece que, sin perjuicio de que se pueda considerar algún enriquecimiento del proyecto, tal como ha sido planteado por los diputados patrocinantes, la moción recoge de manera correcta la idea de perfeccionar la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques en este punto. En ese sentido, le parece correcta la fórmula de dejar abierta la posibilidad de aviso del librador al librado por “cualquier medio fidedigno”, pues esto permite la adecuación de la ley a nuevas tecnologías de información. En la actualidad, esos otros modos son la vía telefónica e internet.
En la discusión en la Comisión, se analizó esta iniciativa legal teniendo presente que surgió con motivo del debate habido durante el estudio de la moción que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones efectuadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas.
Se sugirió modificar la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, con el objeto de modernizar y agilizar el procedimiento en el instante de dar aviso de una orden de no pago de un cheque, para lo cual se propone un criterio similar en ambos casos.
Se recordó que tanto el Ejecutivo como el sector privado vinculado a la materia apoyan el proyecto. Lo mismo hicieron los diputados miembros de la Comisión, quienes aprobaron por unanimidad la idea de legislar.
Concurrieron a la sesión la diputada señora Carolina Tohá y los diputados señores Sergio Correa , Francisco Encina , Carlos Hidalgo , José Miguel Ortiz , Eduardo Saffirio , Eugenio Tuma , Ignacio Urrutia y Edmundo Villouta -este último, en reemplazo del diputado señor Patricio Walker -.
En la discusión en particular se aprobó el siguiente artículo único:
“Artículo único: Modifícase la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques en el siguiente sentido:
“1. En el artículo 26, inciso primero, agréguese la siguiente expresión, entre las palabras “escrito” y “al librado”:
“o por cualquier otro medio fidedigno”.
“2. Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero:
“Para los efectos del aviso del librador a que se refiere el inciso anterior, los bancos deberán proveer servicios de comunicación que permitan al librador su acceso gratuito durante las 24 horas del día y todos los días del año. El banco deberá entregar, en el acto de su registro, un número o código de recepción del aviso antes referido, con indicación de la fecha y hora de su recepción.”.”.
Luego de recoger los aportes de los representantes de las organizaciones que concurrieron a la Comisión, la diputada señora Carolina Tohá y los diputados señores Jorge Burgos , Sergio Correa , Darío Molina, José Miguel Ortiz , Eduardo Saffirio , Eugenio Tuma y Gonzalo Uriarte presentaron dos indicaciones, del siguiente tenor:
A. Para sustituir el numeral 1) del artículo 29 por el siguiente:
“1) Dará aviso en los mismos términos del artículo 26 del hecho al librado, quien suspenderá el pago del cheque por diez días;”.
B. “Artículo transitorio. Los bancos deberán proveer de los sistemas necesarios para el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 26, en el plazo de noventa días contados desde la publicación de esta ley.”
En el debate se expresó que existen opiniones contradictorias respecto del significado de la locución “o por cualquier otro medio fidedigno”. Un sector señaló que la frase es muy vaga y amplia, lo que podría provocar problemas desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Otro sector apoya la redacción de la frase basado en que la tecnología cambia en forma vertiginosa, y si se acota ésta a “medios informáticos o telefónicos” podría suceder en el tiempo que habría que modificar la ley para adaptarla a la nueva tecnología.
Se agregó que, del análisis de la moción y para que el medio fidedigno sea tal, se parte del supuesto de que los bancos deben proveer un sistema con códigos, por lo que no parece necesario limitar el medio fidedigno exclusivamente a medios informáticos y telefónicos. Asimismo, está claro -y en eso no hay discrepancias de fondo- que los medios fidedignos actuales son los medios informáticos, electrónicos y, eventualmente, el fax, aunque en el futuro pueden aparecer otros, que hoy no se conocen.
La Comisión aprobó por asentimiento unánime el numeral 1 de la moción.
Respecto del numeral 2, un señor diputado expresó que, en caso de incumplimiento de la obligación que deben tener los bancos, de acuerdo con lo establecido en el artículo transitorio, en orden a proveer servicios de comunicación que permitan al librador su acceso gratuito durante las 24 horas del día y todos los días del año, el proyecto de ley no contempla sanción alguna en caso del incumplimiento de esta obligación, por lo que habría que saber qué sucedería en ese caso.
Se consultó la opinión jurídica a personeros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quienes contestaron que el servicio cuenta con facultades legales suficientes para hacer cumplir, reglamentar y, eventualmente, aplicar las sanciones para el caso de incumplimiento del inciso segundo, nuevo, que contempla el proyecto, que modificaría el artículo 26 de la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. Todo ello, de conformidad con los artículos 12 y siguientes de la ley General de Bancos.
La Comisión aprobó, por asentimiento unánime, el numeral 2 del proyecto.
En relación con la indicación que sustituye el numeral 1) del artículo 29 de la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, se expresó que ella responde a una observación formulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en el sentido de adecuar el texto del artículo 29 a la modificación que propone la moción, ya que el aviso de una orden de no pago de un cheque no sólo se dará por escrito, sino también a través de otros medios fidedignos.
La Comisión aprobó por asentimiento unánime la indicación.
Por lo tanto, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo propone el siguiente proyecto de ley:
“Artículo único.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 707, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en el siguiente sentido:
“1. En el artículo 26:
“A. Agrégase, en su inciso primero, entre las expresiones “escrito” y “al librado”, la siguiente frase: “o por cualquier otro medio fidedigno”.
“B. Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero:
“Para los efectos del aviso del librador a que se refiere el inciso anterior, los bancos deberán proveer servicios de comunicación que permitan al librador su acceso gratuito durante las veinticuatro horas del día y todos los días del año. Los bancos habrán de entregar, en el acto de su registro, un número o código de recepción del aviso antes referido, con indicación de la fecha y hora de su recepción.”
“2. En el artículo 29:
Sustitúyese el numeral 1) del artículo 29 por el siguiente:
“1) En los mismos términos del artículo 26, dará aviso del hecho al librado, quien suspenderá el pago del cheque por diez días;”.
“3. Para consignar el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio: Los bancos deberán proveer los sistemas necesarios para el cumplimiento de lo prescrito en el inciso segundo del artículo 26 en el plazo de noventa días, contados desde la publicación de esta ley.”
Es cuanto puedo informar.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , como bien dijo el diputado informante , la legislación debe adecuarse a los avances tecnológicos en forma tal que se franquee a los distintos operadores del mercado medios que les permitan actuar de manera rápida y eficaz frente a situaciones que puedan presentarse. Lo anterior, especialmente en el caso de aquellos que son cuentacorrentistas, quienes hoy, bajo el imperio de la actual ley de Cuentas Corrientes, Bancarias y Cheques, deben realizar una serie de trámites complejos y onerosos si quieren dejar constancia de la pérdida, hurto o robo de sus documentos bancarios. Esto, en el fondo, facilita las cosas al girador de un cheque para dar la orden de no pagarlo, lo que podrá hacer por escrito, tal como lo establece la norma vigente, o a través de cualquier medio fidedigno. Además, obliga a las instituciones bancarias a proveer servicios de comunicación que permitan al librador su acceso gratuito durante las 24 horas del día y todos los días del año.
No cabe duda de que la iniciativa es conveniente, ya que cumple con el objetivo de facilitar la comunicación por el girador del cheque interesado en revocar la orden de su pago, sin obligar a incurrir en mayores costos a las instituciones financieras.
Solamente nos queda una duda: hoy los bancos cobran en forma inmediata por cualquier cosa que se haga en una cuenta corriente. La duda es si esto va a significar un nuevo costo para los usuarios. Es de esperar que no sea así. Es preciso que los bancos lo otorguen como un beneficio más a sus clientes, sin cobro adicional, porque eso sería lamentable. No es lo queremos ni tampoco la idea del proyecto. Sólo nos interesa facilitar que los giradores de cheques tengan mayor acceso a sus respectivos bancos.
Por lo tanto, anuncio el voto favorable de la bancada de la UDI.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , creo que el proyecto es muy bueno porque resguarda al mandante. Últimamente, se han realizado una serie de denuncias en el sentido de que el librado, es decir, los bancos, han pagado cheques, incluso, con faltas de ortografía o con firmas disconformes. Por eso, existe la sensación de que es el mandante quien está más desprotegido.
A pesar de que el dinero plástico ha ido sustituyendo cada vez más al cheque, considero absolutamente necesario que se resguarden los derechos del mandante. Lo que está ocurriendo es que los bancos no pagan sólo cuando la firma es ostensiblemente falsificada; pero, a veces, algunas son muy bien imitadas, y el librado los paga sin tomar los resguardos del caso o porque el mandante no dispone de tiempo para dar el aviso pertinente.
Repito que el proyecto apunta a resguardar los intereses del cliente, a pesar de que subsisten algunas dudas respecto de los medios fidedignos. No obstante que el aviso del librador está asociado a la entrega de un código secreto, habría que perfeccionar aún más esta materia, a fin de que no se preste para ninguna situación anómala o extraña.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , considero que el proyecto es necesario, toda vez que facilita y aprovecha los métodos modernos para dar cumplimiento al mandato que un cuentacorrentista da al banco, a fin de precaverse de alguna situación que, de no mediar una orden de no pago, podría provocarle un gran daño.
He querido intervenir sólo para precisar un hecho. Lo que hace la iniciativa es establecer un marco al referirse a “cualquier otro medio fidedigno”. Me parece que está bien redactada, porque si precisara un determinado medio, la ley podría quedar obsoleta, atendidos los nuevos avances tecnológicos que conocemos día a día. De manera que cuando digo que es una ley marco, debemos colegir necesariamente que la Superintendencia de Bancos tendrá que normar lo que en su momento se entenderá por medio fidedigno, a fin de darle precisión, y no dejar esta materia entregada al arbitrio de las entidades financieras encargadas, que en un momento determinado podrían ampliar o restringir el concepto.
Hago esta precisión para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley y para establecer el verdadero espíritu de los autores de la iniciativa.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , desde luego, la moción fue transversal al momento de presentarla y también lo será al momento de votarla.
La iniciativa, presentada por un grupo de parlamentarios, recoge una necesidad cotidiana en el tráfico comercial. Es cierto que el cheque ha perdido terreno frente al denominado dinero plástico, pero sigue siendo un elemento muy importante en el tráfico comercial, mucho más que en otros países, fundamentalmente porque en Chile es un documento de pago de mucho respaldo, por las razones que todos conocemos. Durante mucho tiempo, la gente seguirá usando el cheque como un elemento central de sus transacciones comerciales y, por ende, es obvio reconocer el avance de la tecnología a la hora de enfrentar los problemas que pueden producirse con los cheques en caso de extravío, hurto u otras situaciones que complican a los cuentacorrentistas de manera muy importante. Todos hemos vivido situaciones de esa índole, y estamos ante el típico proyecto que recoge una necesidad cotidiana de las personas.
Para la bancada democratacristiana es una moción importante, concreta y precisa. Por eso, le daremos nuestro apoyo unánime y esperamos que se despache con la misma celeridad en el Senado de la República.
He dicho.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , esta moción parlamentaria, más que perfeccionar los medios de comunicación que los bancos tienen a disposición de sus clientes, produce un cambio importante en la forma de dar cumplimiento a los requisitos exigidos para dar curso a una orden de no pago y, en consecuencia, en la situación jurídica que se produce a partir de esta modificación.
Lo que interesa es dar certeza jurídica respecto del día y hora en que se da la orden de no pago, porque si esto no queda claro, al final se produce una discrepancia entre el banco y su cliente. Entonces, establecer que se puede usar cualquier medio fidedigno puede ser ambiguo, porque no hay certeza jurídica respecto de la forma en que se va a establecer claramente hora, día y fecha en que se da la orden de no pago.
Desde ese punto de vista, la redacción debería acotarse más, a fin de que no se produzcan estas discrepancias entre el banco y un cliente. Lo que interesa -reitero- es dar certeza jurídica del día y hora, en forma clara y precisa, en que un cliente da orden de no pago por un cheque robado, adulterado, etcétera.
En segundo lugar, hoy día, los bancos cobran por todo; cualquier servicio extra que le entregan al cuentacorrentista significa un cobro que se le descuenta mensualmente de su cuenta corriente. Por eso, quiero preguntar a los autores de la moción si en el proyecto se resguarda ese punto; si efectivamente la implementación de este nuevo medio de comunicación va a ser gratuito para todos los clientes o si cada vez que la persona abra una cuenta corriente va a tener que pagar por el servicio que entregará el banco. Este tema debe quedar meridianamente claro en el proyecto.
Con estas salvedades, es importante modernizar nuestra legislación bancaria, básicamente en lo que respecta a los medios de comunicación o de información que hoy tenemos en el país.
He dicho.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , este tema preocupa a todo el país, sobre todo lo referente a la poca transparencia que existe en los cobros de los bancos.
Hace pocos días realizamos algunas denuncias en tal sentido, a las cuales se han sumado los diputados Saffirio y Tuma, de la Novena Región, con quienes hemos estado preocupados del tema.
Quiero aclarar algunos aspectos. No solamente se debe transparentar lo que estamos discutiendo ahora. Por ejemplo, cuando alguien se sobregira en 4 mil o 5 mil pesos, el banco le cobra una multa de 12 mil pesos, más IVA. No importa el monto en que se haya sobregirado; igual le aplican dicho cobro.
Primero, los bancos tientan a los clientes y les ofrecen muchos servicios: la cuenta corriente, cartolas, tarjetas de crédito; pero, a fin de mes, le cobran por todos esos servicios. Entonces, habría que preguntarse, si se trata de prestación de servicios, pero pagan el IVA, ¿no estarían evadiendo involuntariamente ese impuesto?
Me llama la atención que no legislemos sobre estos temas. Cuando uno ve los balances de los bancos y se da cuenta de los miles y miles de millones que ganan, comienza a preguntarse: ¿Cuál es el negocio? ¿Todos estos subterfugios o prestar plata? Esto es muy parecido a lo que ocurre con Telefónica CTC Chile: por concepto del número 103, gana entre 8 millones y 12 millones de pesos diarios; sólo porque la gente consulta. Cada vez que una persona pide su saldo, le cobran 500 ó 600 pesos; por una tarjeta, tanto. Entonces, no sólo es esto lo que hay que transparentar, sino muchas cosas.
Por ejemplo, a un comerciante le cobran el 4,5 por ciento más IVA por el uso de las tarjetas de crédito. Cuando utiliza la tarjeta Redcompra, que es una solución fantástica, le cobran el 3,5 por ciento más IVA. Les pregunto a los honorables parlamentarios que me están escuchando: ¿Acaso la tarjeta electrónica no es un cheque? Por lo tanto, debería tener el mismo valor de un cheque: 200 ó 300 pesos, pero no el 3,5 por ciento más IVA, y ¡ojo!, por 24 horas. Es decir, aparte de cobrarle al comerciante por 24 horas, tiene que pagar el 3,5 por ciento más IVA. Por eso, queremos que exista absoluta transparencia.
¿Cuál es el negocio hoy día? Que ya no haya más cheques y que se utilice cada vez más la tarjeta de crédito, porque le conviene al banco. En esta materia hay mucho género que cortar. Creo que es bueno que haya transparencia, que la gente tenga la seguridad de que los cobros son reales y que se cumpla lo que se les ofrece, pero no que la engatusen y después comiencen a cobrarle por todo.
El otro día, un estudiante me comentaba que había adquirido una tarjeta para sacar dinero. Durante 12 meses no depositó porque tenía poca plata, pero cuando el papá le hizo un depósito, el 90 por ciento de éste quedó adentro por el uso de la tarjeta. En verdad, estamos frente a un problema que interesa a miles y miles de chilenos. Nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con la transparencia de los bancos. Felicito a los autores de este proyecto por haberse preocupado de una materia tan sentida por todo el sistema y, sobre todo, por todas las personas que tienen cuentas corrientes.
Por eso, con mucho entusiasmo, voy a apoyar esta iniciativa y ojalá se transparenten todos los temas mencionados: los cobros por uso de tarjetas de crédito, a los comerciantes, la Redcompra, los servicios que se prestan y los usos de las tarjetas. Los bancos deberían cumplir con lo que prometen.
Un último ejemplo: las libretas doradas del Banco del Estado eran gratis y utilizadas por la inmensa mayoría de los chilenos de bajos recursos para no tener el dinero en sus casas. Pues bien, ahora el Banco del Estado ha dejado de prestar ese servicio a los más pobres del país y también esta cobrando por el uso de esa libreta. Nos parece una aberración que el propio Banco del Estado haya entrado al negocio sin ninguna piedad, igual que todos los bancos privados.
Son detalles y aprensiones que tenemos no sólo los parlamentarios, sino todos los chilenos que nos cuentan las penas que les están provocando los bancos.
Repito que felicito a los autores de la iniciativa y que voy a aprobarla con mucha fuerza y ánimo.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacerme cargo de algunas inquietudes, a pesar de que la diputada señora Laura Soto y el diputado señor Edgardo Riveros , a mi juicio, ya las han aclarado.
En la Comisión de Economía no quisimos acoger una indicación para cambiar la frase “medio fidedigno”, solicitada por la Asociación de Bancos. La razón de ello es obvia: el legislador entrega marcos generales y debe buscar, de acuerdo con una buena técnica legislativa, una redacción que, en este caso, frente a los cambios tecnológicos, no obligue a hacer adecuaciones legales. Hace 15 años una moción de este tipo probablemente habría tenido como alternativa al aviso escrito, sólo el llamado telefónico. Hoy existen medios informáticos que hace quince años no estaban disponibles, no se conocían o no podían ser masificados en términos gratuitos, como se señala en la iniciativa, a lo cual me referiré con posterioridad. Por eso, también el Ejecutivo , a través del Ministerio de Justicia, estimó conveniente no acotar el aviso sólo a medios telefónicos o informáticos, porque la tecnología cambia en forma muy acelerada, y modificar la norma en ese sentido podría significar que en dos o tres años más, por un cambio tecnológico, debamos legislar nuevamente sobre la materia. Ésa es la aclaración que quería hacer frente a la inquietud del diputado Aníbal Pérez .
La diputada Laura Soto y el diputado Edgardo Riveros fueron muy precisos en su argumentación sobre por qué no se acotó el medio fidedigno, sin perjuicio de que las claves de identificación que los bancos deben proveer aseguran que no habrá problemas mayores desde el punto de vista de la operatoria del sistema.
En segundo lugar, frente a la preocupación sobre eventuales costos para los usuarios, la moción dispone que, para los efectos del aviso del librador, “los bancos deberán proveer servicios de comunicación que permitan al librador su acceso gratuito durante las veinticuatro horas del día y todos los días del año.”. Con ello se despeja esa duda. De acuerdo con la moción, el acceso a los servicios de comunicación es gratuito para los usuarios.
En tercer lugar, en relación con el comentario del diputado René Manuel García , que apunta a un tema importante, que ha sido motivo de intervenciones en este hemiciclo por la diputada María Angélica Cristi y por el diputado que habla, informo a la Sala que anteayer la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, recogiendo las inquietudes de muchos señores diputados respecto de los cobros de comisiones de la banca, ha dictado una circular que la obliga a transparentar al usuario el cobro de comisiones, no sólo al cuentacorrentista, sino también a los deudores de créditos hipotecarios y a los usuarios de tarjetas de crédito -inquietud que manifestó recién el diputado René Manuel García - de manera clara e inequívoca, para que no se preste a confusiones. ¿Por qué la Superintendencia ha enviado esa circular? Porque en el país se produjo la siguiente situación: cuando las tasas de interés eran altas, los diferenciales entre los dineros que depositaban los ahorrantes y lo que se entregaba o se cobraba al consumidor o al empresario que recurría al crédito, permitían obtener ganancias muy grandes. Pero la tasa de interés ha bajado en los últimos tres o cuatro años, y gracias a la presión de los parlamentarios, como los senadores Foxley y Ominami , que denunciaron la tardanza de la banca en traspasar esa rebaja a los clientes, los bancos han tenido que adecuarse y traspasarla progresivamente.
Pero la banca ha hecho negocio con las comisiones, como señaló el diputado René Manuel García . El 3 de marzo denunciamos en esta Sala que en el último año ha habido un aumento del 23 por ciento en esos cobros. Sólo en enero, la banca ganó 53 mil millones de pesos. Por ello esta circular de la Superintendencia, que afortunadamente se produjo como una reacción rápida a las denuncias formuladas en esta Sala y en los medios de comunicación, obliga a la banca a transparentar el cobro de comisiones, lo cual es atingente con las normas que contiene este proyecto. Reitero: es la moción dispone que el acceso al servicio de comunicación para los efectos del aviso del librador debe ser gratuito. En consecuencia, como la banca está obligada a transparentar qué cobran, cuánto cobran y por qué lo cobran, no es posible que la provisión de los medios tecnológicos para efectos del aviso sea de costo del usuario.
La banca pidió un plazo para adecuar el sistema tecnológico, que muchos bancos ya tienen, pero que siempre obliga al cuentacorrentista a la ratificación por escrito, en un plazo de 24 horas.
Ésas son las razones por las cuales se emplean la expresión “medios fidedignos”, y no se acota a los medios tecnológicos disponibles actualmente. El servicio es gratuito. En todo caso, la circular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, del martes pasado, es un elemento más que complementa nuestra preocupación respecto de que esta situación no se preste para cobros abusivos de la banca.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , en el análisis de estos proyectos de ley, hay que aprovechar al máximo las oportunidades para aclarar sus beneficios. En el debate surgen situaciones que pueden originar futuras modificaciones, como ya se ha planteado, las cuales deben ser tomadas en cuenta por el legislador.
En este caso, se incorporan a la actividad bancaria las tecnologías de la informática y de la telemática. A partir de ello, a un grupo de colegas le pareció oportuno flexibilizar la norma sobre órdenes de no pago de los cheques, a fin de que puedan darse no sólo de manera escrita y en papel corriente, como lo establece la ley, sino a través de medios electrónicos. Con esto, obligamos a los bancos a disponer de medios electrónicos -algunos ya disponen de ellos- de recepción permanente de órdenes de no pago. El fondo del proyecto en cuestión es que las vías electrónicas sean usadas e incorporadas para dar órdenes de no pago de cheques, incluyendo los mensajes de correos para conciliarlos con los informados telefónicamente.
El mercado financiero es altamente dinámico no sólo en esta materia de legislación bancaria, sino también en los cobros elevados por el uso de las tarjetas que reemplazan al cheque, pero que no tiene el mismo costo, como bien lo dijo el diputado René Manuel García . Esto ha surgido en el debate de esta moción y nos lleva a analizar nuevas modificaciones a un mercado al cual le falta mucho por regular.
Ahora, hay que entender lo que significa una orden de no pago para aquel que provoca una estafa. Por vía electrónica, se va a entorpecer el camino judicial. El proceso correspondiente puede terminar siendo muy largo y conflictivo para quienes han tenido la buena fe de iniciar un negocio. Son situaciones propias de un proyecto que tiene sus pro -que son los mayores- y sus contra, entre los cuales está este tema que no hemos podido dilucidar a través de los años respecto de cómo agilizar la declaración de estafa. Es algo que provoca una molestia tremenda a quien es víctima de personas inescrupulosas. La medida propuesta en la moción es una formalidad nueva e interesante dentro del sistema bancario. Por lo tanto, con la seriedad acostumbrada, votaré a favor el proyecto.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , quiero hacer presente el respaldo de la bancada socialista a esta iniciativa. Es innecesario entregar más argumentos, dada la claridad de la exposición del diputado informante y la explicación aportada por el diputado Saffirio .
Resulta altamente beneficiosa, sobre todo para los pequeños y medianos productores y comerciantes, la modificación a la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, que consiste en agregar al artículo 26, entre las expresiones “escrito” y “al librado”, una modesta frase -como se ha señalado-: “o por cualquier otro medio fidedigno”. Con ella se puede colaborar efectivamente a dar mayor seguridad a miles de personas que, en su actividad diaria, podrían ser víctimas de robo o hurto del talonario de cheques y verse enfrentadas a graves problemas posteriores.
En consecuencia, apoyaremos la iniciativa en discusión.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
Corresponde votar en general el proyecto que modifica la ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos. No hubo votos por la afirmativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Aprobado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
INFORME SOBRE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO A LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde conocer el informe recaído en el estudio y formulación de propuestas relacionadas con la implementación de políticas de control interno y fiscalización de los procedimientos administrativos que aplica el Servicio Nacional de Capacitación, Sence, en lo relativo a las franquicias que se otorgan a las escuelas de conductores.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Eduardo Saffirio.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 5ºª, en 2 de marzo de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 47.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a dar cuenta de su cometido, respecto de la materia a que se refiere el epígrafe del informe en comento.
La Cámara de Diputados, en sesión 76ª, de fecha 13 de mayo de 2003, dio su aprobación al proyecto de acuerdo Nº 203, y acordó:
“1.- Constituir a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Corporación en Investigadora, al objeto de recabar, en el plazo de noventa días, toda la información respecto de las presuntas irregularidades cometidas por las Escuelas de Conductores y, en especial, por la “Escuela de Conductores Profesionales Siglo 21”, basadas en el informe que emitiera días atrás la Contraloría General de la República.
“2. Además de lo ya expresado, la Comisión Investigadora tendrá los siguientes objetivos:
a) La elaboración de un informe que contenga un diagnóstico detallado de las presuntas irregularidades, en conjunto con propuestas concretas tendientes a evitar que se repitan los hechos denunciados relativos a las Escuelas de Conductores.
b) La formulación de propuestas relacionadas con la implementación de políticas de control interno y fiscalización de los procedimientos administrativos que aplica el Sence en cuanto a las franquicias otorgadas a las Escuelas de Conductores.
c) La confección de un informe respecto de la situación específica de la “Escuela de Conductores Profesionales Siglo 21”, al objeto de profundizar la investigación llevada a cabo por la Contraloría General de la República y de determinar las eventuales responsabilidades involucradas en cuanto a la participación de los directivos y funcionarios de las Escuelas de Conductores como también de los funcionarios del Sence.
d) La investigación de todos los hechos anexos que contribuyan a esclarecer lo expresado en los puntos anteriores, en virtud de lo cual la Comisión estará facultada para invitar a todas aquellas personas y funcionarios que estime pertinente.”
Posteriormente, en sesión de fecha 10 de junio de 2003, la Corporación aprobó el proyecto de acuerdo Nº 218, que modificó el anterior y cuya parte resolutiva señala lo siguiente: “La Cámara de Diputados acuerda:
“Dejar sin efecto el proyecto de acuerdo Nº 203, en aquella parte que autoriza a la Comisión para investigar las presuntas irregularidades en las Escuelas de Conductores, en especial las cometidas en la “Escuela de Conductores Profesionales Siglo 21”, de modo de mantener sólo la parte referente a la formulación de propuestas relacionadas con la implementación de políticas de control interno y fiscalización de los procedimientos administrativos que aplica el Sence en lo relativo a las franquicias que se otorgan a las Escuelas de Conductores.”
Como fluye de ambos textos, en el segundo se acotó y precisó, en términos constitucionales, la competencia otorgada a la Comisión para efectuar el trabajo encomendado por la Corporación.
La Comisión recibió las observaciones de las siguientes personas, quienes concurrieron en representación de las instituciones que se indican: la señora Jossie Escárate , directora nacional del Sence ; el señor Rodrigo Lasen , jefe de gabinete de la directora nacional del Sence ; los señores Juan Toro Rivera y Bernardo Lara Berríos , director nacional y subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente; los señores Carlos Linares Oyarzún y Alejandro Bascuñán , presidente y secretario general de la Federación Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación, respectivamente, y los señores Hernán Moreno Larraín y Ricardo Rioseco , asesores del Instituto Nacional de Capacitación.
Antecedentes generales relativos al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a franquicia tributaria y sistema de capacitación.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , es un organismo del Estado, descentralizado, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Su misión institucional es “contribuir al incremento de la productividad nacional, impulsando la capacitación ocupacional, tanto en las empresas como también en las personas de menores ingresos del país”.
En resumen, se puede señalar que sus funciones son:
1. Supervigilar el funcionamiento del sistema y difundir la información pública relevante para que los agentes públicos y privados actúen correcta y eficientemente en el mismo.
2. Autorizar e inscribir en el registro pertinente a los organismos técnicos de capacitación, Otec.
3. Estimular las acciones y los programas de capacitación que desarrollen las empresas, a través de la aplicación del incentivo tributario.
4. Visar todas las comunicaciones y liquidaciones de acciones de capacitación que presenten las empresas, paso ineludible para que éstas puedan imputar a franquicia los costos de esas acciones.
5. Fomentar la calidad de los servicios que prestan las instituciones intermedias y ejecutoras de capacitación.
Franquicia Tributaria.
Concepto de franquicia: la ley Nº 19.518 fija la normativa del crédito por gastos de capacitación que favorece a los contribuyentes de la primera categoría de la ley de Impuesto a la Renta, y que consiste en el descuento, como crédito contra los impuestos anuales a la renta, de los gastos incurridos por las empresas en el financiamiento de acciones, actividades o programas de capacitación ocupacional en favor de sus trabajadores, desarrollados exclusivamente en el territorio nacional, debidamente autorizados por el Sence, conforme al estatuto de capacitación y empleo.
El crédito por gasto en capacitación, hasta los topes que se indican y dirigido a los trabajadores cuyas remuneraciones sean 25 unidades tributarias mensuales, en realidad es un ahorro que realiza la empresa, puesto que tiene un tratamiento tributario similar a los pagos provisionales mensuales. Esta franquicia permite descontar como crédito de los impuestos anuales a la renta, con límite máximo del 1 por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas en el año, incluso los impuestos personales del empresario individual, de los socios de las sociedades de personas y si aún existe remanente, el Servicio de Tesorerías lo devuelve debidamente reajustado en el mes de mayo de cada año, previas las validaciones pertinentes que efectúa el Servicio de Impuestos Internos en la operación renta anual.
Límite del crédito por gastos de capacitación.
La suma máxima por descontar por concepto de crédito por gastos de capacitación no podrá exceder el 1 por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el mismo lapso en el cual se desarrollaron las acciones de capacitación. En otras palabras, el monto por deducir como crédito del impuesto de primera categoría de las empresas no debe exceder el 1 por ciento de las remuneraciones imponibles anuales efectivamente pagadas a todos los trabajadores de la empresa en el transcurso del período comercial en el cual se llevaron a cabo las actividades de capacitación, todo ello conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del estatuto de capacitación.
Contribuyentes que tienen derecho al crédito por gastos de capacitación.
Empresas que declaren el impuesto de primera categoría son la base de cualquier modalidad: renta efectiva mediante contabilidad completa o simplificada; acogido a un régimen de renta presunta, tributación simplificada del artículo 14 bis de la ley de Renta.
El sistema está dirigido a los entes privados que sean contribuyentes del impuesto de primera categoría de la ley de Renta, especialmente a las empresas, entendido dicho concepto en su sentido natural y obvio, es decir, como una entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de la producción y dedicada a las actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. A modo de ejemplo, se puede citar: industrias, comercio, agricultura, forestales, transportes, constructoras, contratistas, empresas prestadoras de servicios, financieras, bancarias, periodísticas, radiodifusión, telecomunicaciones, mineras, clínicas, hospitales, laboratorios, colegios, academias, empresas de diversión y esparcimiento, de turismo, agencias de viajes, comisionistas con oficina establecida, martilleros, compañías de agentes de seguros, etcétera.
También procederá la referida franquicia cuando el contribuyente no se encuentre afecto al impuesto de primera categoría por alguna de las siguiente situaciones:
1. Por pérdida tributaria en el ejercicio comercial respectivo.
2. Que se encuentre exento del citado tributo por no exceder su base imponible del monto exento que alcanza al referido gravamen, es decir, no imponible.
3. Por exenciones que provengan de una norma legal expresa, como sucede, entre otros, con los contribuyentes que desarrollan actividades en zonas francas, Antártica Chilena y territorios adyacentes en las comunas de Porvenir y Primavera, de la Duodécima Región
Si el impuesto de primera categoría ha sido absorbido totalmente por otros créditos a que tiene derecho el contribuyente, conforme a alguna otra norma legal, el crédito por gastos de capacitación se puede deducir de cualquier otro impuesto a la renta anual que deba declararse. Si se mantiene un excedente, éste se devuelve al contribuyente.
Contribuyentes que no tienen derecho al crédito.
Los de la primera categoría cuyas rentas provengan únicamente de los siguientes capitales mobiliarios:
1. Dividendos y demás beneficios derivados del dominio, posesión o tenencia, a cualquier título, de acciones de sociedades anónimas; intereses de depósitos en dinero, ya sea a la vista o a plazo.
2. Los de primera categoría que se encuentren sujetos a un impuesto único sustitutivo de todos los impuestos de la ley de la Renta, como son los pequeños contribuyentes del artículo 22 de la ley de la Renta; pequeños mineros artesanales, pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública, suplementeros, propietarios de un taller artesanal u obrero y pescadores artesanales.
3. Los de segunda categoría referidos en el artículo 42, números 1 y 2, de la ley de la Renta, y
4. Los afectos a los impuestos global complementario o adicional, según corres-
ponda. Esto es muy importante, porque parte de los problemas se han debido a que se ha capacitado a contribuyentes que no tienen derecho al crédito.
Síntesis de las observaciones formuladas por las personas que concurrieron a la Comisión.
La señora Jossie Escárate , directora nacional del Sence, señaló que el sistema de capacitación ha evolucionado desde un sistema de oferta, con la provisión directa de servicios por parte del Estado, a un sistema orientado a la demanda, con la creación de una franquicia tributaria que le permite a las empresas clasificadas en primera categoría del impuesto a la renta, descontar los montos invertidos en la capacitación de sus trabajadores, del monto de este impuesto que les corresponda pagar, con los límites señalados en la ley.
Este nuevo énfasis recoge un importante cambio respecto del rol del Estado en materia de formación profesional, desde una participación directa como ejecutor de acciones, a un rol normativo y financiador de acciones ejecutadas por organismos contratados para el efecto, así como por las propias empresas, en otros términos, por el sector privado.
Sobre la base de esta nueva concepción se encuentran tres elementos que hacen parte de la concepción del sistema de capacitación. Éstos son: una oferta privada de servicios, la competencia entre ejecutores directos y la asignación de recursos a través de mecanismos de mercado.
Desde el punto de vista de las acciones que se ejecutan, este sistema pretende aumentar el capital humano de los trabajadores, en áreas que la empresa considere relevantes para el proceso productivo, sin que medie en esta decisión intervención alguna del Estado.
Rol del Sence.
Al Sence le corresponde administrar el registro nacional de organismos técnicos de capacitación, Otec, y de cursos autorizados a estas entidades, y fiscalizar la ejecución de las acciones de capacitación que se desarrollen en el marco del estatuto de capacitación.
En este contexto, el Sence autoriza a los organismos técnicos de capacitación y a organismos técnicos intermedios de capacitación, que cumplan con los requisitos señalados en las normas vigentes.
Dado lo anterior -señala la directora-, el Sence está impedido de excluir a empresas por su tamaño, giro, ubicación geográfica o cualquier otra variable, siendo sólo exigible que sean contribuyentes de primera categoría; en tanto, para los trabajadores basta con que éstos sean dependientes de las empresas ya señaladas, sin distinguir si el contrato de trabajo es a plazo fijo o indefinido, la duración del vínculo laboral o si la jornada pactada es de tiempo parcial o completa.
El señor Juan Toro Rivera, director nacional del Servicio de Impuestos Internos, expresó que las actuaciones que ha desarrollado el Servicio de Impuestos Internos al efecto se han ejecutado absolutamente dentro de los marcos establecidos por la ley, y que de las fiscalizaciones realizadas aparecen motivos fundados que justifican las impugnaciones al uso de la franquicia Sence.
En efecto, el artículo 43 de la ley Nº 19.518, que fija el texto refundido, actualizado y sistematizado del Estatuto de Capacitación y Empleo, reconoce que para cautelar la adecuada aplicación de la franquicia que se establece, las empresas deben mantener a disposición del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y del Servicio de Impuestos Internos los antecedentes que acrediten los desembolsos en que incurrieron con el fin mencionado.
Lo anterior es concordante con las disposiciones generales establecidas en la ley orgánica del Servicio y en el Código Tributario, que entregan solamente a esta repartición la competencia para aplicar y fiscalizar los impuestos fiscales, cuyo control no esté especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente.
En el uso de la franquicia Sence -señala el director del Servicio de Impuestos Internos- se ha detectado un brusco incremento desde 1999 a la fecha, con un crecimiento de casi el 700 por ciento en el número de contribuyentes que hace uso de ella, lo que ha implicado una mayor imputación del crédito Sence , equivalente a un monto de 50 mil 543 millones de pesos en el año tributario 2003, respecto del año base 1999.
En relación con la preocupación manifestada por esta honorable Corporación, respecto de la necesaria coordinación entre los organismos administrativos relacionados con el uso de esta franquicia tributaria, precisamente el explosivo aumento de su uso y las denuncias recibidas por la comisión presidencial de defensa del ciudadano, relativas a abusos y fraudes en perjuicio de personas a las que se les exigía el pago de préstamos bancarios que nunca habían suscrito, motivaron que el Servicio de Impuestos Internos, en coordinación con el Sence y el Servicio de Tesorerías, hayan debido incrementar los procesos de verificación de la correcta utilización de la misma por parte de los contribuyentes y de los organismos técnicos de la capacitación.
En esta fiscalización -según el Servicio- siempre se ha precavido cautelar el buen uso de la franquicia tributaria y no afectar a los beneficiarios legítimos de ella.
Fiscalización de la franquicia Sence por el Servicio de Impuestos Internos.
Según el señor Toro , ante el aumento del uso de esta franquicia, el Servicio de Impuestos Internos ha impulsado una mayor estrictez en su correcta imputación. Particular atención ha puesto el Servicio en fiscalizar a los nuevos contribuyentes que se incorporan a este mecanismo.
Una evaluación, a la fecha, arroja que los empleadores, contribuyentes de primera categoría que hacen uso de la franquicia, que representan la mayor parte de los trabajadores capacitados con el uso de la franquicia Sence, tienen hoy su situación resuelta ante el Servicio de Impuestos Internos.
Respecto del total de contribuyentes que hicieron uso de la franquicia en abril de 2003, esto es 98 mil 198 personas, a 67 mil 461 ya se les liberó del monto solicitado. De los 36 mil 377 casos restantes que solicitaron devolución, a 9 mil 940 se les autorizó una devolución parcial y a 12 mil 785 se les mantiene retenido el monto total de la solicitud por la franquicia Sence . A su vez, de estos 36 mil 377, hay 8 mil 516 contribuyentes que al mismo tiempo tienen otras situaciones de índole tributaria que deben ser aclaradas, sin relación con el uso de esta franquicia, y 7 mil 250 situaciones en que el contribuyente no tiene problemas con la franquicia de capacitación, sino exclusivamente con otras situaciones tributarias pendientes que deben ser aclaradas.
¿Cuáles son los casos de inconsistencias tributarias que no califican para hacer uso de la franquicia o no resueltas por los contribuyentes, según el señor Juan Toro?
1. Se incumplen requisitos. Hay 8 mil 45 contribuyentes que impetraron la franquicia en su declaración de renta, no siendo contribuyentes de primera categoría -requisito legal básico para hacer uso de la franquicia- o bien efectuaron el término de giro.
2. Se excede el límite de la franquicia. Existen 3 mil 803 contribuyentes que están solicitando créditos por gastos de capacitación superiores al límite establecido por la ley.
3. Se entrega información contradictoria. Hay 3 mil 352 casos en que los gastos de capacitación declarados son inconsistentes o no guardan relación con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
4. No se proporcionan las declaraciones que permitan una validación respecto de a quien se le proporcionó el mandato. En 8 mil 129 casos, el contribuyente no entregó al Servicio de Impuestos Internos la declaración jurada simple, establecida en la resolución Nº 15, de 2003, en la que se solicitaba identificar a quien se le había otorgado mandato.
Irregularidades detectadas en uso de franquicia Sence:
1. Falsos cursos, informados y aprobados por Sence que, en la práctica, nunca se llevaron a cabo;
2. Suplantación de identidad;
3. Reiteración del curso;
4. Precios injustificados. Diferencias injustificadas en el precio de determinado curso, con idéntica cantidad de horas y contenido, muy por sobre el precio del mercado. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos constató que un curso básico de manejo sin uso de franquicia tiene un precio de 150 mil pesos, en tanto que con uso de franquicia se encarece a 380 mil pesos.
5. Falsas contrataciones. El uso de la franquicia tributaria exige que la empresa tenga remuneraciones imponibles pagadas durante el año comercial en que se efectúa la acción de capacitación. Para cumplir este requisito, se detectó el pago de imposiciones legales correspondientes a un mes -y, en algunos casos, hasta por un día- en beneficio de un particular que no necesariamente es trabajador dependiente y tampoco tiene ningún tipo de relación laboral con ese contribuyente.
En función de éste y otros testimonios, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recibió una propuesta del diputado que habla, que fue complementada con observaciones del diputado señor Gonzalo Uriarte Herrera .
La Comisión aprobó, por la unanimidad de los señores diputados presentes, la proposición original con las observaciones del señor diputado Uriarte .
Participaron en la votación los diputados señores Saffirio , Ortiz , Urrutia y Walker .
En consecuencia, en mérito de lo expuesto, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo propone a la Sala aprobar las siguientes conclusiones:
1. Implementar un plan de desarrollo informático que permita cruzar variables automáticamente dentro del sistema, para obtener una identificación más precisa de las áreas de riesgo y validar información entregada por los propios contribuyentes, con bases de datos de otras entidades públicas, como la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y el Instituto de Normalización Previsional, y de agentes privados.
2. Modificar el Estatuto de Capacitación, orientado a aumentar barreras de entrada para oferentes de servicios de capacitación y regular algunos beneficios contemplados en el sistema. Los temas en estudio para esta eventual reforma son principalmente el análisis de requisitos para el acceso al Registro Nacional de Otec , incentivos para la correcta ejecución de acciones de capacitación, promoción de buenas prácticas de todos los actores, análisis y regulación de las prácticas comúnmente utilizadas por los organismos de capacitación para el reclutamiento de clientes y promoción de sus servicios.
Se pide que el Registro disponga de la información necesaria, relativa a los programas que ejecute cada Otec, el lugar de desarrollo de los citados programas, los datos relativos a los beneficiarios, de manera de permitir una fiscalización especial en el lugar referido.
Asimismo, el citado Registro debe ser implementado a nivel regional, lo que permitirá una mejor y ordenada fiscalización en las divisiones territoriales del país, además de manejar todos los antecedentes y acreditaciones que los organismos técnicos de capacitación deban presentar. Esto es, desagregar el Registro para su mejor control.
La creación de un Registro parece altamente provechoso en términos de la transparencia del sistema, tanto para el Estado, al momento de revisar el funcionamiento, como para los particulares que quisieren hacer uso de los servicios.
3. Se propone establecer un estándar mínimo de calidad a través del sistema de certificación de competencias laborales en que se definan criterios para capacitar al 57 por ciento de los trabajadores que, según las encuestas, no tienen las habilidades mínimas de lectoescritura.
4. Blindaje del sistema bajo dos fórmulas:
a) Ejerciendo un control mucho más estricto sobre los organismos técnicos de capacitación y elevando el nivel de exigencia, a través de un registro -incluso a nivel regional- que hoy no existe.
b) Determinando cómo el Sence asegura que los contribuyentes tengan una capacidad mínima y básica para que no se produzca un aumento ficticio de éstos.
Las siguientes irregularidades fueron detectadas como las más frecuentes: falsos cursos, suplantación de identidad, reiteración de cursos, precios injustificados y falsas contrataciones.
Por lo anterior, se proponen medidas de fiscalización y control específicas respecto de los Otec y Otic:
1º Que los organismos que se dediquen a la capacitación tengan un objetivo único, por lo que se sugiere modificar la ley respectiva en orden a que el Sence eleve sus condiciones o exigencias a los organismos que prestan servicios de capacitación, según ciertas premisas, que hoy no existen, entre otras, que el objetivo de la sociedad o empresa sea único, esto es, que se dedique sólo a la capacitación o a la educación.
2º Que se otorgue un plazo de dos años para que las empresas que prestan servicios de capacitación se certifiquen y puedan acceder a las franquicias.
3º Que el Sence eleve las condiciones técnicas a quienes deseen actuar como organismos de capacitación, ya que actualmente basta con una oficina pequeña para serlo. Se debe exigir infraestructura a las personas que quieran instalar centros de capacitación, y, además, que las actuales empresas o personas que participan en el sistema se reinscriban ante los nuevos requerimientos. Así, por ejemplo, si se van a ofrecer cursos de computación, que se tengan los softwares licenciados, los computadores necesarios; que exista un lugar físico donde impartir los cursos y que se exijan boletas de garantía, de manera que, anualmente, si alguien no cumple la ley o es sancionado, el Sence pueda cobrarlas.
4º Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, estas nuevas exigencias no pueden terminar haciendo inviable, como es lógico, un sistema de capacitación que, para un país como Chile, no sólo es útil, sino también indispensable.
5º En cuanto a la prestación de servicios de capacitación, el sistema debe orientarse a verificar si, en la práctica, los cursos se imparten y si la franquicia se materializa; en definitiva, si el trabajador recibe el beneficio por el cual las empresas y los Otec y Otic descuentan impuestos o reciben pagos.
Conforme con lo anterior, se plantea elaborar un sistema aleatorio para que se puedan aplicar algunos instrumentos de medición a las personas que recibieron o reciben capacitación, no tanto con el fin de determinar el nivel de aprendizaje, sino más bien de saber si se ha hecho entrega efectiva de los contenidos. No se trata sólo de controlar la asistencia, sino también la existencia de las clases y de los cursos, y de que en ellos se estén impartiendo los contenidos ofrecidos en los programas por los que el Estado, a través del subsidio, está pagando.
6º Se deben proporcionar los recursos necesarios al Sence para que supervise y fiscalice la totalidad de estas actividades, puesto que, al haber un control exhaustivo de las instituciones, se disminuyen enormemente las irregularidades que se presentan en el sistema y, de esa forma, se asegura efectivamente la realización de cursos y el otorgamiento de beneficios.
Además, a juicio de la Comisión de Economía, es imprescindible el empleo más eficiente del personal del Sence ya existente y, sólo una vez efectuado éste, estudiar la ampliación de su planta funcionaria.
7º Respecto del segmento de las 13 UTM, el de mayor riesgo, se deben hacer aplicables exigencias técnicas para autorizar a las empresas que participan en ese sector, que son las más pequeñas y donde se han originado los mayores fraudes al fisco.
8º En relación con los conductores, se plantean cuatro proposiciones:
a) Permitir que los conductores rindan exámenes de competencia para homologar el curso. Esto disminuiría lo lucrativo del negocio y respondería a la realidad del sector.
b) Flexibilizar el uso de equipamiento ya que abarata el costo del proceso.
c) Generar un procedimiento de exámenes de los cursos frente a una comisión con representantes de la Subsecretaría de Transportes y/o la Dirección de Tránsito del municipio respectivo.
d) Dado que se cuenta con la información pertinente del inicio de los cursos, asegurar al menos una fiscalización por cada curso que se dicte.
9º Por último, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo propone que las conclusiones reseñadas sean remitidas a su excelencia el Presidente de la República , al contralor general de la República , al ministro del Trabajo y Previsión Social y a la directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , para su conocimiento y consideración.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero recordar que este informe tiene su origen en un proyecto de acuerdo presentado por parlamentarios de mi bancada, cuyo objetivo era investigar supuestas irregularidades en la Escuela de Conductores Profesionales Siglo XXI. Posteriormente, el proyecto de acuerdo fue cambiado en el sentido de investigar al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , respecto de su vinculación con las escuelas de conductores en general, ya que esta Cámara no puede intervenir en una escuela particular.
La Comisión de Economía, en una investigación bastante acuciosa referida específicamente al Sence, se encontró con una serie de irregularidades que, lamentablemente, han venido ocurriendo sobre esta materia. Digo que es lamentable porque la franquicia Sence ha sido un buen instrumento que ha ayudado y favorecido a mucha gente, por lo que debe continuar vigente.
En lo que se refiere a las escuelas de conductores, entre otras irregularidades, se estableció lo siguiente:
Falsos cursos. Eran informados y aprobados por el Sence, pero nunca se impartieron.
Suplantación de identidades.
Usurpación de nombres que figuraban en el Sence y en el Servicio de Impuestos Internos como contribuyentes activos, los cuales, cumpliendo con todos los requisitos legales para hacer uso de la franquicia, nunca habían realizado trámite alguno ante ambos servicios para propósitos de capacitación.
Reiteración de cursos, esto es, contribuyentes que año a año repetían el mismo curso de capacitación.
Diferencias injustificadas en el precio de determinados cursos.
Falsas contrataciones.
El uso de la franquicia tributaria exige que las empresas tengan remuneraciones imponibles pagadas durante el año comercial en que se efectúa la acción de capacitación.
Se ha detectado el pago de imposiciones legales correspondientes a un mes y, en algunos casos, hasta por un día, en beneficio de un particular que no necesariamente es trabajador dependiente y tampoco tiene ningún tipo de relación laboral con ese contribuyente.
Como en el pasado, esta serie de irregularidades -esperamos que no sigan ocurriendo y se tomen cartas en el asunto a través de este informe-, en la práctica, llevan a pensar que el Sence puede transformarse en un nuevo caso Indap, ya que está siendo afectado por similares irregularidades cometidas en el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Por tanto -insisto-, esperamos que este informe ayude a que se realicen acciones para detenerlas.
Como bien decía el diputado informante , tal vez una de las principales es la implementación de un plan que centralice toda la información, porque la verdad es que hoy no existe nada parecido. Esto funciona un poco “al lote”.
Otro aspecto de sumo interés, a nuestro modo de ver, es la fiscalización. Hoy no hay una fiscalización adecuada, entre otras cosas, porque el Sence no cuenta con recursos suficientes para ello. Es importante que se implemente.
También creemos que los organismos que se dedican a la capacitación deben tener un objetivo único, cual es que se dediquen exclusivamente a esa labor y no a otra, porque eso también produce irregularidades.
Se pide que se otorgue un plazo de dos años para que las empresas que prestan servicios de capacitación se certifiquen para acceder a las franquicias; que el Sence eleve las condiciones técnicas para actuar como organismos de capacitación, ya que actualmente basta con una oficina pequeña para serlo; que se exijan boletas de garantías, porque hoy no existen. El Servicio de Impuestos Internos nos informó que tenía varias querellas en tribunales en contra de escuelas de conductores y no se sabe en qué van a terminar. Si hubieran tenido la boleta de garantía el problema se habría acabado en forma inmediata, pero, lamentablemente, no las tienen.
La exposición del diputado Saffirio , informante de la Comisión de Economía, es bastante amplia. No quiero ahondar más sobre el tema. Sí reiterar que en la UDI consideramos que es esencial que la franquicia Sence siga funcionando porque ha ayudado a mucha gente. Es un programa muy importante en el país y no podemos echarle la culpa a todo el sistema por fallas que se producen en ciertas partes. Sin lugar a dudas, hay que regularizarlo y espero que el Sence acoja gran parte de lo que se consigna en este informe, de manera que se realicen las fiscalizaciones correspondientes y no sigan ocurriendo anomalías.
Anuncio que la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el informe de la Comisión de Economía.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, después de varias reuniones y, con mucha seriedad, escuchando a todos los actores involucrados en el tema, llegó a importantes conclusiones.
Como el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, debo reconocer que las franquicias que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) -como todos los cursos de capacitación- deben mantenerse en el tiempo, porque han sido beneficiosas en más del 90 por ciento de los casos.
El informe entregado por el diputado Saffirio, además, presidente de la Comisión de Economía, resume lo que escuchamos en las audiencias a gente muy importante que se relaciona con el tema del Sence.
Por otra parte, quiero hacer un reconocimiento a la inmensa mayoría de los organismos técnicos de capacitación, Otec, como también a los organismos técnicos intermedios de capacitación, Otic, por cumplir un rol fundamental en estos 14 años al hacer uso de todo este tipo de franquicias, incluyendo el curso de conductores -que fue el que comenzó la etapa de desarrollo-, por cuanto resulta importante valorar los avances que ha habido. Más aún, en la Comisión Mixta de Presupuestos -que funciona en forma permanente por ley de la República- nos ha correspondido escuchar, en los primeros días de abril la ejecución presupuestaria de todos los ministerios e instituciones. En la III Subcomisión Mixta de Presupuestos, de la cual soy miembro titular, nos correspondió escuchar, en la sesión del martes, toda la ejecución presupuestaria de enero a marzo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En forma especial escuchamos a la directora del Sence , repartición que es parte del ministerio. Ella dio a conocer todas las medidas que se han tomado, especialmente en lo que respecta a la fiscalización de los recursos, que son fiscales. También expuso que no cuenta con el número de funcionarios adecuados para hacer una máxima fiscalización.
Este informe es muy positivo y se hizo con mucha seriedad; además se cumplió el mandato que nos dio la Sala en función de dos proyectos de acuerdo que fueron aprobados por mayoría. Pero pido a los colegas comprender que esto no tendrá mayor resultado si, simultáneamente, no se tratan proyectos legislativos relacionados con el funcionamiento del Sence.
La exposición que escuché de parte de la directora del Sence , señora Jossie Escárate , en la III Subcomisión Mixta de Presupuestos, personalmente me dejó muy conforme, porque se han tomado todas las medidas necesarias para que no se generen situaciones anómalas o de otra naturaleza.
Por lo tanto, es un paso hacia adelante; es un paso positivo, porque no puede darse la situación que se presentó en la Octava Región en términos de que a muchas Otec y Otic les tenían congelados sus pagos por el hecho de que en dos o tres instituciones se habían producido situaciones que no corresponden.
Pero, finalmente, prevaleció el hecho de que si el 90 y tanto por ciento de estas organizaciones cumple, los pagos no pueden estar suspendidos. Ahí tuvo una muy buena participación el director de Impuestos Internos , don Juan Toro , a quien le dimos a conocer esta situación, la que se enmendó como corresponde tomándose todas las providencias del caso.
Considero que la directora nacional del Sence está haciendo cumplir los mandatos y objetivos de esa importante institución y está empeñada en que no se presenten situaciones de esa naturaleza.
Por tanto, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, anuncio que votaremos favorablemente este informe.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión por cinco minutos para que los diputados que se encuentran en reuniones de Comisión vengan a votar.
-Se suspendió la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el estudio y formulación de propuestas relacionadas con la implementación de políticas de control interno y fiscalización de los procedimientos administrativos que aplica el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en lo relativo a las franquicias que se otorgan a las escuelas de conductores.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
AUMENTO DE LA OFERTA DE FLETES INTERNACIONALES AÉREOS Y MARÍTIMOS. (Votación).
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 391.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Rechazado por falta de quórum.
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS DE DISCIPLINA.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 392, de los diputados señores Navarro, Olivares, Pérez, don José; Silva, Muñoz, don Pedro; Meza, Espinoza, Tapia, Araya y Rossi:
“Considerando:
Que uno de los puntos más cuestionados durante la existencia de los rectores designados en los planteles de Educación Superior del país fue la utilización e imposición, a estudiantes y académicos, de criterios autoritarios ajenos a la diversidad, la tolerancia y la amplitud social, cultural, económica, religiosa y política que, se supone, debería caracterizar el desarrollo de la actividad universitaria.
Que el retorno de la democracia al interior de las casas de estudios superiores se vio graficado por la participación de todos los estamentos de la comunidad universitaria en su gobierno, especialmente por la elección democrática de sus autoridades, en particular la del rector, que vino a completar el cuadro de representatividad que ya cumplían las organizaciones estudiantiles, académicas y de trabajadores.
Que, en ese contexto, muchos de los planteles modificaron sus normativas de participación, elección de autoridades y convivencia universitaria, con el objetivo de asegurar la consolidación democrática y resguardarse de cualquier retroceso en ese sentido.
Que, sin embargo, y sobre la base de las cifras conocidas en el marco de una investigación del propio Consejo de Rectores, realizada en busca de una normativa disciplinaria común, ha quedado absolutamente claro que el espacio de desarrollo democrático y de participación de los estudiantes se ha visto seriamente afectado por la mantención y aplicación de los mismos reglamentos heredados de la dictadura.
Que, de esta forma, se ha comprobado que muchos planteles de Educación Superior siguen castigando la actividad política, considerándola una falta grave, con el mismo criterio de las autoridades designadas por el gobierno autoritario, en una situación absolutamente contradictoria con la actual situación democrática del país y de los espacios de participación social y política que se espera que ocupen los jóvenes, los que han sido especialmente criticados por no inscribirse en los registros electorales y no sufragar en los comicios electorales.
Que, pese a no registrar sanciones expresas contra la realización de la actividad política, muchas universidades utilizan figuras reglamentarias que disfrazan estas sanciones, como ocurre con las aplicadas a las denominadas faltas graves, uso indebido de bienes o del recinto, actos que entorpezcan las evaluaciones y la alteración de la convivencia universitaria, las que reciben castigos que van desde la imposibilidad de acceder a beneficios, pasando por las amonestaciones verbales, hasta llegar a las expulsiones y las acciones judiciales contra los supuestos infractores.
Que son mayoritarias las universidades que penan la actividad política en sus planteles más que los hechos derivados de otras infracciones contempladas en los reglamentos de distintas casas de estudios superiores, tales como consumo y tráfico de drogas, ofensas a la moral y actos de violencia y, paradójicamente, son menos las que sancionan el incumplimiento de responsabilidades académicas.
Que, lejos de superarse esta situación de limitación de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión, parece consolidarse en las universidades chilenas, las que buscan la elaboración de un reglamento común que permita, entre otras muchas otras situaciones, impedir el acceso a una universidad a un alumno que hubiere sido sancionado por cualquier falta en otra casa de estudios superiores, lo que resulta claramente discriminatorio.
Que, además de este tipo de criterios, los reglamentos actuales y algunos otros en etapa de estudio o perfeccionamiento consideran exigir tener salud compatible con los estudios, pudiendo eliminar o suspender a aquellos que sufran enfermedades, o, peor aún, discriminar a priori a los estudiantes discapacitados, o, como en otros casos, establecer que la obligación principal para el alumno es el pago de la matrícula y los aranceles y el cumplimiento de la normativa interna.
Que, por último, existen planteles dispuestos a considerar y a establecer en sus reglamentos un rechazo expreso al concepto de comunidad universitaria -compuesta por académicos, funcionarios y estudiantes-, redefiniéndola como la simple relación de directivos, empleados y clientes.
Que, hace pocos días, se ha conocido el caso de un estudiante de la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Valparaíso que fue expulsado y sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier plantel de educación superior perteneciente al Consejo de Rectores en los próximos cinco años, por el hecho de haber sido sindicado -y haber reconocido- que había participado en una protesta estudiantil que exigía mayores recursos para la asignación del crédito universitario.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Corporación que conozca, se forje una opinión e informe, en el plazo de sesenta días, sobre los antecedentes relativos a la mantención y elaboración de reglamentos de disciplina, en el interior de los planteles universitarios, que consideren una falta grave el ejercicio de las libertades de expresión y de conciencia, expresadas a través del desarrollo de la actividad política, establezcan diversos tipos de sanciones para quienes la realicen, así como tiendan a la adopción de un reglamento común que sancione, entre otras, dicha conducta.”
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , recientemente, el Consejo de Rectores llevó a cabo una revisión de los reglamentos internos de las veinticinco universidades que lo integran, con el objeto de contar con un cuerpo normativo disciplinario homogéneo que garantice derechos y deberes.
A los planteles universitarios les asiste el legítimo derecho de fijar su reglamento de disciplina interno, pero en el informe sobre la materia se señala que han incurrido en exigencias que, desde todo punto de vista, resultan claramente contrarias a la libertad de pensamiento y de expresión de los estudiantes en las actividades que les son propias.
Uno de los puntos más cuestionados es el establecimiento de sanciones para los estudiantes que realicen actividades a las que los planteles de educación superior les otorguen un carácter político. Ello se ha manifestado, de manera explícita o encubierta, en la prohibición del uso de los bienes y recintos universitarios para la realización de actos que puedan alterar la convivencia universitaria. Además, se han establecido diversas sanciones, entre ellas la expulsión, para los alumnos que han participado de este tipo de acciones.
Hace poco tiempo, un estudiante de la carrera de Biotecnología de la Universidad de Valparaíso fue expulsado y sancionado con la prohibición de ingresar en los próximos cinco años a cualquier plantel de educación superior perteneciente al Consejo de Rectores por haber participado en una protesta estudiantil que exigía mayores recursos para el crédito universitario.
En algunas universidades se ha prohibido la formación de centros de alumnos y de federaciones de estudiantes, así como la participación en actividades político-partidistas. Eso es contradictorio no sólo con la vida de las universidades, sino que contraviene y violenta el derecho de todo ciudadano de expresar su pensamiento político públicamente, establecido en la Constitución Política.
Las casas de estudios superiores están tratando de homogeneizar ese tipo de sanciones, por lo cual es importante que la acción que está realizando el Consejo de Rectores sea ampliamente debatida al interior de la Cámara de Diputados y en la sociedad, de manera de eliminar cualquier indicio de discriminación que viole el derecho de los estudiantes de los planteles universitarios al fijar su normativa, porque se ha argumentado que cuando una persona ingresa a la universidad le piden aceptar el código de comportamiento, es decir, que no va a desarrollar ninguna actividad político partidista; que no podrá decir que es socialista, de la UDI o demócrata cristiano; que no propagará ninguna ideología al interior del plantel y que no participará en alguna organización política. Sin duda, el estudiante goza de libertad para acceder o rechazar estas exigencias, pero en este caso estamos hablando de principios que deberán regir a las universidades.
Por lo tanto, con el propósito de salvaguardar la libertad de conciencia y de expresión de los estudiantes, pedimos establecer que todos ellos, primero, deban conocer el reglamento y, segundo, se garantice que éste no violará los principios consagrados en la Constitución Política de la República.
En consecuencia, solicitamos que la Comisión de Educación se forme una opinión al respecto y nos la dé a conocer, teniendo presente los antecedentes relacionados con la elaboración de esos reglamentos de disciplina, porque muchos jóvenes que no han sido sancionados y que representan a todas las tendencias políticas, creen que se cometió un grave abuso y que algunas universidades violan el derecho de libre expresión; más aún, que impiden la libre participación estudiantil.
Estos hechos los conocimos durante el gobierno militar, tal como lo demuestran las causas que se llevaron adelante en esa época. Queremos que eso nunca más vuelva a ocurrir, especialmente en las universidades, tanto públicas como privadas, porque no debemos temer al debate político.
Si esos reglamentos van a establecer que los estudiantes universitarios, es decir, los futuros profesionales, conductores y directivos de nuestro país, estarán imposibilitados de adquirir experiencia de organización y, más aún, de la experiencia para sostener un pensamiento político crítico, nos parece un grave atentado a la libertad, y a la democracia.
Por lo tanto, pedimos que los diputados voten a favor del proyecto de acuerdo, porque va en beneficio de todos los pensamientos políticos, no de uno en particular.
He dicho.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado para impugnar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
No hubo quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
No hay quórum, nuevamente.
Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Por falta de quórum, la votación del proyecto queda pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE COPIAPÓ. Oficios.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , como la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama, Emssat, fue recientemente privatizada, deseo a sus nuevos dueños el mayor de los éxitos en la entrega de un servicio básico para la región. Es una clara señal del progreso y desarrollo del país y de la región el acceso de la gente de los rincones más apartados a este vital elemento.
Como consecuencia de esa licitación, Emssat generó una cantidad importante de recursos, razón por la que distintas organizaciones de la región de Atacama se organizaron para solicitar que los dineros obtenidos por la venta de esa empresa del Estado fueran destinados directamente en beneficio de la comunidad local.
Con el diputado Antonio Leal recogimos esa solicitud y realizamos las gestiones ante las máximas autoridades de Hacienda para obtener que se inviertan 6 mil millones de pesos en nuestra región.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Hacienda , acompañando copia de esta intervención, a fin de reiterarle que esos recursos se inviertan en la región de Atacama, principalmente en la construcción de la segunda etapa del hospital de Copiapó, cuya ejecución aún se encuentra pendiente.
Reitero: como estos recursos no están considerados en el Presupuesto de la nación, no se han incluido en los presupuestos de la región de Atacama ni en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, queremos que sean destinados para terminar esta importante obra.
Como todos sabemos, al hospital de Copiapó se derivan los pacientes de las nueve comunas de la región de Atacama. En consecuencia, es fundamental, tomando en consideración el crecimiento de la población y el desarrollo de la región, terminar lo antes posible su construcción, ya que ciertas secciones básicas requieren de una inversión urgente para no tener que enviar permanentemente a los pacientes a las ciudades de Antofagasta, Coquimbo o Santiago .
Reitero que estos recursos, producto de la venta de una empresa del Estado en Atacama, deben ser invertidos en la región.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , le sugiero que, además, envié el oficio al ministro de Salud .
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , acojo su oportuna sugerencia.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Antonio Leal .
AVANCE DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN ISLAS DE LAS PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y CHILOÉ. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Economía y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía para que nos informen sobre el avance de los proyectos de electrificación en las islas de las provincias de Llanquihue y Chiloé, en particular de Calbuco, donde se efectuó una encuesta durante el verano para iniciar en abril inversiones, pero aún no tenemos antecedentes respecto de esas actividades.
Específicamente pido que nos informen sobre la situación en la islas de Queullín, Tabón , Chidhuapi y Quenu .
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ALCANCES Y RÉPLICA EN RELACIÓN CON CONDUCTA DE EMBAJADOR DE CUBA EN CHILE. Oficio.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
El Comité de Renovación Nacional ha destinado los restantes cinco minutos de su tiempo al diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, agradezco a los colegas de Renovación Nacional los minutos que me han cedido.
Desde hace bastante tiempo he venido observando, con preocupación, el actuar de un personaje público internacional, el embajador de Cuba en Chile, señor Alfonso Fraga , quien, desde hace varios meses, ha tenido un vocabulario poco habitual en los diplomáticos.
Hemos visto que le ha llamado la atención, públicamente, a diputados de la Democracia Cristiana, señores Patricio Walker y Exequiel Silva ; ha pretendido dictar la línea política que debería tener en materia internacional el Gobierno del Presidente Lagos y ha procurado dar conductas de política internacional al Presidente Lagos y a la ministra de Relaciones Exteriores . Lo hemos visto pasearse por los pasillos del Congreso Nacional y respirar la libertad y la democracia; hablar y actuar con tranquilidad en Chile, viviendo y haciendo uso y abuso de la democracia en un sistema democrático, al opinar en contra del Poder Legislativo y pretender guiar al Poder Ejecutivo .
Eso ha ocurrido durante meses, debido a que la conducta de muchos parlamentarios chilenos ha sido siempre la misma: sólida, firme, invariable. ¡Qué lastima que le moleste a este caballero, pero vamos a seguir igual! ¡Qué lastima que le moleste que se diga que en su país no se respetan los derechos humanos! ¡Qué lastima que le moleste que se diga que en su país la gente es encarcelada por tener bibliotecas! ¡Qué lastima que le moleste que se diga que en su país la gente es encarcelada por años y años por tener una opinión política distinta!
Para culminar toda esta conducta errática, el señor Fraga quiere enmendar la decisión final, justa y legítima que ha tomado el Presidente de la República de condenar, una vez más, la situación de los derechos humanos en Cuba. A través de todos los medios de comunicación, prácticamente ha interpelado al Presidente de la República .
Desde esta humilde trinchera, que me han otorgado los electores de mi país -no he sido impuesto, sino elegido para estar aquí-, le quiero decir al señor Fraga que los aires de democracia y de libertad le hacen mal a su cerebro y a su cuerpo.
En consecuencia, señor Presidente , quiero solicitar a su excelencia el Presidente de la República , elegido democráticamente por el pueblo de Chile, que declare persona non grata a Alfonso Fraga , o bien, si es posible, que este señor tome la decisión voluntaria de irse del país, porque, en realidad, con su conducta empaña mucho más el comportamiento del régimen de Cuba, tanto a nivel nacional como internacional.
El señor Alfonso Fraga sigue la línea de Cuba en lo que respecta a los derechos humanos y mantiene la misma conducta en su comportamiento diplomático, en un país que lo ha tratado como corresponde: en forma decente, con libertades, con democracia, con micrófonos que en su país no puede usar ni él ni el resto de su gente y viene aquí a darnos clases de democracia. Entonces, le diría que se fuera tranquilo a su país y que nos deje con nuestra democracia, la que, según él, es imperfecta, pero para nosotros es perfecta. Ahora, si puede llevarse algún parlamentario de paseo, bueno, que se lo lleve.
He dicho.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ALCANCES Y RÉPLICA EN RELACIÓN CON CONDUCTA DE EMBAJADOR DE CUBA EN CHILE. Oficio.
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , la obsesión del imperio de Estado Unidos con Cuba se ha trasladado en la versión “chilensis” a la Democracia Cristiana y, en particular, a algunos de sus diputados. Gente lúcida, como el senador Lavandero , ha dado una voz de alerta frente a este giro político: la DC y la Derecha unidas jamás serán vencidas.
Cada vez más se comete el error de aliarse en materia de política internacional con aquellos que se niegan a ratificar la Corte Penal Internacional, como la UDI y Renovación Nacional, la Derecha de mi país; que se niegan a ratificar instrumentos legales internacionales que permitan combatir las dictaduras en el mundo.
Lo mismo sucede con el señor Bush , que recurre a la mafia cubana en Miami para asegurar su elección en Florida, donde su hermano le asegura el fraude electoral. Al Gore obtuvo 600 mil votos más que el señor Bush , pero se demoraron más de un mes y medio en tener los resultados de la elección. ¡Ésa es la democracia norteamericana! En Bolivia, los resultados de una elección están listos en 15 días; en cambio, en Estados Unidos, en un mes y medio. Es el gran fraude universal reconocido también por las propias Naciones Unidas con respecto a una multitud de resoluciones que no se cumplen.
Quiero decir al diputado señor Seguel que no logro comprender este doble estándar; no logro comprender la obsesión de atacar a Cuba y, sobre todo, a su embajador.
Conozco personalmente a Alfonso Fraga y sus méritos de lucha por la recuperación de la libertad en Cuba después de la dictadura de Batista y, en particular, los méritos para sobrevivir a la agresión permanente de Estados Unidos, una gran potencia frente a una pequeña isla. Entonces, le pregunto al diputado señor Seguel ¿qué amenaza representa Cuba para Estados Unidos, un imperio que cuenta con el 20 por ciento de la población del mundo y considerado la principal potencia militar? ¿Cuál es la gran amenaza que significa Cuba y sus 14 millones de habitantes?
El embajador Alfonso Fraga no ha violado ningún principio de la Convención de Viena, que regula la permanencia de los diplomáticos en tierra extranjera en cumplimiento de sus funciones. Tampoco se ha entrometido en los asuntos internos de nuestro país. ¡Jamás! Cuba no ha intervenido en los asuntos internos de los gobiernos de la Concertación, ni menos el embajador Fraga .
El embajador de Estados Unidos , William Brownfield , ha presionado directamente al gobierno del Presidente Lagos para que Chile respalde la ilegal, arbitraria, inmoral invasión de Estados Unidos a Irak. A través del diario “La Tercera” y de los canales de televisión ha llamado y presionado para que Chile respalde esa guerra inmoral. Quien se ha entrometido en los asuntos de política exterior de Chile ha sido el embajador norteamericano, diputado Seguel , no el embajador cubano Alfonso Fraga . Sobre eso hay un silencio inaceptable, tanto de su partido como de la Derecha.
Hemos dicho y reiteramos que estamos dispuestos a debatir sobre Cuba, pero sobre la verdad completa de ese país, es decir, sobre el bloqueo criminal, sobre la situación de Guantánamo y sobre la situación de los derechos humanos. Pero no debatiremos la verdad a medias, porque daña la credibilidad.
Éste es un hecho que ustedes han puesto para dañar la relación interna de la Concertación. Por su parte, la Derecha toma palco para mirar como nos enfrentamos en este debate interno sobre un tema externo. Creo que ése no es el mejor camino.
Rechazo en absoluto las palabras ofensivas del diputado Seguel en contra del embajador cubano. Quienes conocen al pueblo cubano y a sus diplomáticos pueden dar fe del comportamiento de respeto irrestricto de ese país a las leyes chilenas y a los gobiernos chilenos. Cuba no intervendrá en ningún proceso democrático de América Latina; ha condenado el terrorismo, ha señalado claramente una división entre su actuación anterior y la actual sobre los procesos democráticos y ha intentado contribuir a este país con ayuda humanitaria durante la dictadura y durante la democracia.
Por su intermedio, señor Presidente , informo al diputado Seguel que más de quinientos jóvenes chilenos están estudiando medicina en Cuba. Más de cien jóvenes indígenas chilenos se preparan en ese país. Cuba tiene en el mundo más de diez mil médicos que atienden las necesidades de salud en África y en América Latina. La solidaridad cubana se extiende de manera permanente en el mundo y ratifica el hecho de que los derechos humanos, que algunos dicen defender, no implican sólo el pluripartidismo o la pluralidad de los medios de comunicación, que en mi país están en manos de la Derecha. El 95 por ciento de los medios de comunicación está en manos de la Derecha. Muchos piensan, pero no lo dicen, que la libertad de prensa pasa por la propiedad de los medios de comunicación.
En Cuba existe el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. En ese país ningún niño muere de hambre o porque no pueda ser operado del corazón. La salud está garantizada, al igual que la educación y el deporte.
¿Hay limitaciones a los derechos esenciales? Sí. ¿Hay libertad de expresión? No la hay. ¿Hay limitación a los derechos de movilidad? No la hay, pero el clima bélico que se vive producto del bloqueo por más de cuarenta años ha significado sobre 72 mil millones de dólares en costos. Cuando el 11 de septiembre celebramos en La Habana el 30º aniversario de la muerte de Salvador Allende, las empanadas que comieron los jóvenes chilenos en esa ciudad tuvieron que ser enviadas primero a Ciudad de México, para luego, en un avión diferente llegar a La Habana, porque el bloqueo le prohíbe a Lan Chile llevar carga comercial hacia Cuba.
Hoy, cualquier ciudadano chileno puede viajar a Cuba y conversar con todos sus habitantes, incluso con los disidentes, como lo han hecho los diputados Waldo Mora y Zarko Luksic . Cualquiera puede ir no sólo a Varadero, a disfrutar de las playas -tengo conocimiento de que muchos de los diputados aquí presentes han ido varias veces-, sino también a conversar con los cubanos de manera libre y en cualquier momento.
Desafío a los ciudadanos chilenos a que pidan visa para viajar a Estados Unidos, así verán las objeciones con que se encontrarán.
Desafío a que hagamos un debate de mayor altura. He lamentado y me he decepcionado de la resolución de mi país respecto del voto político de condena a Cuba. No comparto la opinión de la canciller. Creo que falta un debate con mayor profundidad sobre la materia, pues hay una gran omisión y un error político al respecto. Ésa es la opinión del Partido Socialista. Así lo han manifestado su presidente , Gonzalo Martner , y su vicepresidente, Jaime Gazmuri .
Ha sido un grave error seguirle los pasos al imperio. Nadie desafía a China, en circunstancias de que en ese país se violan los derechos humanos y se llevan a cabo 1.560 ejecuciones sumarias y fusilamientos anuales. Sin embargo, nadie dice nada.
Estados Unidos no cumple ninguna resolución internacional, ni siquiera las que impedían que fuera a Irak, ni las del bloqueo. Estados Unidos y Somalia son los únicos países en el mundo que no han ratificado los tratados sobre trabajo infantil y de Kyoto, sobre la prohibición de usar elementos que puedan dañar la capa de ozono. Tampoco ratifica la Corte Internacional Penal ni ningún tratado que pueda limitar su actuación internacional.
Pero sí crea leyes extraterritoriales, como la ley Helms-Burton, que establece que si un ciudadano chileno invierte en Cuba será sancionado. Además intenta impedir las inversiones en Cuba de muchos países, como España, Canadá , Austria , Australia, aplicando sanciones a las empresas y a las familias de los ejecutivos que trabajan en ese país. Esa acción no resiste la menor lógica. Claramente, el debate está dado, y yo pido y exijo a nuestros aliados de la Concertación la mayor seriedad.
Diputado Seguel , no se puede pedir la salida de un embajador por defender los intereses de su país. El embajador Fraga ha sido respetuoso de la institucionalidad chilena y de nuestro Gobierno, y la Concertación ha sido irrespetuosa con Cuba, pues ha faltado al compromiso básico de no intervenir en procesos internos de otros países y, de la mano de Estados Unidos, ha apoyado una denuncia que no tiene ninguna finalidad.
Lejos de compartir la opinión del diputado Seguel , debemos investigar la acción de la CIA en Chile. Desafío a la Derecha, a la UDI y Renovación Nacional, y también a algunos diputados de la Democracia Cristiana a que investiguemos la acción de la CIA en el país entre 1963 y 1973. Las propias comisiones del Senado de Estados Unidos han ratificado en los informes Church y Hinchey que la CIA estuvo en Chile, que actuó para derrocar el gobierno de la época y que actualmente interviene no sólo el teléfono de Heraldo Muñoz en Nueva York, sino que actúa permanentemente en la política interna de muchos países.
Rechazo y lamento profundamente la opinión del diputado Seguel y espero que recapacite su actitud.
He dicho.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, pido la palabra para responder al diputado señor Navarro.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Reglamentariamente, no le corresponde hacer uso de la palabra.
A continuación le corresponde el turno a la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra, por un asunto de Reglamento, el diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, estamos dispuestos a ceder tres minutos al diputado Seguel.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Entonces, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra por tres minutos, el diputado señor Seguel .
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decir al diputado señor Navarro , primero, que si hay más de quinientos alumnos chilenos en Cuba, entonces, ¿por qué no mandamos a Cuba a los estudiantes, que según el proyecto de acuerdo que presentó no tienen en Chile libertad de expresión, y así completamos la tarea en los dos países?
Segundo, si se va el embajador Fraga -espero que así ocurra- no tendremos ningún problema, pues usted es el representante de Cuba en Chile, inserto en la Cámara de Diputados.
Tercero, presenté una moción con respecto al embajador y no a las atrocidades que se viven en Cuba por causa de Fidel Castro, quien no deja a los trabajadores vivir tranquilos, pues los encarcela.
¡Estamos exigiendo para Cuba lo que ayer exigimos para Chile! La muerte en Chile es igual que la muerte en Cuba. Cuando la persona deja de respirar, muere y aquí hay presente un doctor que lo puede ratificar. ¡Los que murieron encarcelados en Cuba, al igual que los que murieron encarcelados en Chile, están muertos! ¡Los derechos humanos no se respetan en Cuba! ¡Los periodistas están presos por decir la verdad y están en las cárceles! ¿Sabe usted lo que es una cárcel? Defendamos a los ciudadanos cubanos para que no estén en las cárceles. A mi no me dejan entrar a Cuba; no dejan entrar a mis colegas, a Patricio Walker , por ejemplo. ¡A la gente no la dejan entrar a Cuba, señor Navarro , entienda! ¡Sáquese la venda! ¡En Cuba no se respetan los derechos humanos; hay una dictadura! Además, en Chile tienen un representante que sólo nos ha creado problemas.
¡Dios nos libre!
He dicho.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PAGO DE COSTOS EN EVALUACIÓN DOCENTE. Oficios.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , en la Comisión de Educación se discute el proyecto de ley sobre evaluación docente.
En su articulado hay un inciso que nos preocupa. El Ejecutivo ha señalado que existen acuerdos protocolares entre la Asociación Chilena de Municipalidades, el Gobierno y el Colegio de Profesores, para llevar adelante la evaluación.
Concordamos con que tal proceso es positivo, por cuanto se busca la calidad educativa, más aún si se considera que existen estadísticas que dejan en evidencia que hay profesores que no están cumpliendo a cabalidad con los niveles de exigencia que de ellos se espera.
Pero nos preocupa que en esta discusión no se tenga claridad respecto de los profesores que sean evaluados de manera insatisfactoria y, en definitiva, deban ser reemplazados, en sus horas de clases, por otro profesor.
El problema radica en que en esa normativa se establece que serán los empleadores -es decir, los municipios- los responsables de pagar a los profesores y, en su caso, a los tutores. Además, se señala que las correspondientes indemnizaciones también serán de responsabilidad del empleador.
Por lo tanto, en mi nombre y en nombre del diputado Kast , solicito que se oficie a los alcaldes de todos los municipios de Chile para que nos informen si están de acuerdo con el protocolo indicado, en cuanto a hacerlos responsables del proceso evaluativo, de los pagos y de la eventual eliminación del sistema de los profesores mal evaluados y, además, si están en condiciones económicas para absorber esos costos.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AERÓDROMO SAN GREGORIO. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Kast.
El señor KAST .-
Señor Presidente , hace un año, desde este hemiciclo, denunciamos lo que podría ser un atentado económico agrícola en la zona de Maipo, debido a las intenciones del empresario Max Marambio de instalar el famoso Aeródromo San Gregorio .
Lo curioso es que el proyecto fue rechazado casi por la unanimidad de los miembros de la Corema Metropolitana. Pero, luego, en una segunda instancia, en que participaron ministros y asesores del Presidente en materia de medioambiente, el proyecto ha sido considerado nuevamente.
Se ha hecho la tercera solicitud de rectificación de informes a los empresarios que plantearon el proyecto, ya que el impacto ambiental de la iniciativa sería negativo tanto para las viñas como para las personas que viven en el entorno.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al Servicio Agrícola y Ganadero para que remita a esta Cámara copia del oficio que envió a la Conama Metropolitana, en la segunda quincena de marzo, en la cual se afirmaría que existen riesgos económicos y medioambientales asociados al proyecto.
Asimismo, solicito que se oficie a la seremi de Agricultura para que remita a esta Corporación copia del oficio que envió a la Conama Metropolitana, también en la segunda quincena de marzo, en la cual señala que el citado proyecto infringe gravemente la ley de Medio Ambiente.
Es importante que se dé a conocer este tipo de oficios a la opinión pública, ya que connotados abogados han hecho un intenso lobby a favor del proyecto, que incluso les ha permitido revertir resoluciones de la Corema.
Por último, solicito que se oficie a la Conama Metropolitana a fin de que nos envíe copia del oficio que remitió a los inversionistas de este proyecto, en concreto a los Silos de Nazareno, cuyo representante legal es don Max Marambio , en la cual se solicita la tercera rectificación al primer proyecto del Aeródromo San Gregorio presentado por ellos.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO DE METROTREN EN COMUNAS DE BUIN Y PAINE. Oficio.
El señor KAST .-
En segundo lugar, quiero referirme a una situación que afecta a las comunas de Buin y Paine , en relación con el servicio de Metrotrén, que actualmente cumple una gran función de transporte hacia Santiago en dicha comunas, con estaciones en las localidades de Guindo, Buin, Linderos , Paine y Hospital.
El problema es que no hay claridad en los horarios de los servicios ni de cómo los modifica la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Más aún, se anunció que varios de estos servicios serían suspendidos en los próximos días, lo cual atenta contra la movilidad de las personas, porque en breve plazo entrará en vigencia el nuevo sistema de peajes en las carreteras concesionadas y toda la red vial está siendo modificada, lo que dificulta aún más el transporte entre las referidas localidades y Santiago .
Por lo tanto, solicito que se oficie la Empresa de Ferrocarriles del Estado para que nos informe respecto de los horarios y las frecuencias oficiales del servicio Metrotrén hacia las citadas comunas; con qué criterios se modifican los horarios; qué procedimiento tienen para avisar con anticipación dichas modificaciones a los usuarios de los servicios. Y en caso de que la Empresa insista en la suspensión del servicio, que rectifique ese criterio.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE EN CARRETERA 5 SUR. Oficios.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , mañana se conmemoran siete años del fallecimiento de seis escolares de la comuna de Chimbarongo, quienes murieron trágicamente en un accidente cuando viajaban a Santiago para visitar un museo de Santiago, hecho ocurrido en el kilómetro 50 de la Carretera 5 Sur.
Hasta la fecha no hemos recibido una información oficial respecto de quién habría otorgado la autorización para efectuar la visita y en qué circunstancias ocurrió esa lamentable desgracia en mi región. Incluso, no ha operado el seguro escolar, situación que enfrentan hoy sus familias.
Hoy rememoro esta dramática situación y mañana, a las 11.00 horas, lo harán sus parientes y amigos en el lugar del accidente.
Después de tantos años, no hemos recibido información respecto del sumario realizado tanto en la Seremi de Educación de la Sexta Región, como en la Municipalidad de Chimbarongo.
Por lo tanto, en nombre de la Unión Demócrata Independiente y del diputado Juan Masferrer , solicito que se oficie al seremi de Educación de la Sexta Región y al alcalde de Chimbarongo para que nos informen acerca de las investigaciones realizadas en el Ministerio de Educación y en el Departamento de Administración de Educación Municipal de esa comuna y nos envíen copia íntegra de la investigación hecha respecto de esa lamentable situación ocurrida y que afectó a varias familias.
Hasta hoy, los padres no pueden entender el motivo del rechazo de la indemnización que solicitaron en virtud del seguro escolar por la muerte de sus hijos y las secuelas que quedaron en muchos niños producto del accidente. Desgraciadamente, hace pocos días, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó injustamente la querella presentada por los padres.
Asimismo, pido que se informe a esta Sala acerca de cuáles son los sumarios realizados en Carabineros de Chile, porque se trataba justamente de una brigada escolar de Chimbarongo que viajaba en bus hacia Santiago .
Queremos que nunca más ocurran ese tipo de situaciones y que opere el seguro escolar. Desgraciadamente, ello no sucedió en este caso, por lo cual queremos saber la causa y hacer una investigación de por qué no operó dicho seguro para esas familias y para las personas que quedaron con secuelas a consecuencia de ese accidente.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN AL DAÑO PREVISIONAL. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , ayer la Cámara de Diputados realizó una sesión extraordinaria para analizar el proceso y grado de avance de las conversaciones y gestiones que se han desarrollado para buscar una solución al llamado daño previsional.
En la citación se señalaba que los Comités acordaron hacer uso de la palabra por un tiempo determinado, con un tiempo previo de quince minutos para el Comité de la Democracia Cristiana. Por respeto al trabajo de las diferentes comisiones, ese tiempo fue ocupado por los miembros titulares de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados señores Edgardo Riveros y Rodolfo Seguel .
En las tribunas había delegaciones de todas las regiones, porque se trata de un tema preocupante que debemos solucionar. Ayer no pude reiterar algunos planteamientos que he venido sosteniendo, exactamente, desde diciembre de 1993.
Hay una gran diferencia entre una persona que termina sus años de entrega a la Administración Pública y que impone en el sistema antiguo y otra que está en el sistema de administradoras de fondos de pensiones.
Me hice parte del tema en diciembre de 1993, luego de salir publicada la ley Nº 19.200, firmada por el entonces Presidente de la República , don Patricio Aylwin ; y los ministros de la época, don Ricardo Lagos Escobar , de Educación y don Alejandro Foxley Rioseco , de Hacienda. En esa oportunidad conseguimos, junto a otros parlamentarios, cambiar el sistema de jubilación del profesorado. Se logró el patrocinio de las autoridades de la época para sustituir el promedio de las 60 últimas rentas por las 36 últimas rentas. Eso constituyó un gran logro.
Esa medida complementó lo dispuesto por la ley Nº 19.070, Estatuto Docente. Así, en virtud del cambio del sistema, los profesores pudieron mejorar su jubilación. Sin embargo, pudieron impetrar ese beneficio sólo quienes permanecieron en el sistema antiguo y automáticamente obtuvieron el 82 por ciento de su última renta. En cambio, los profesores cuyos fondos estaban en las administradoras de fondos de pensiones se encontraron con la sorpresa de que su jubilación no superaba el 42 por ciento de su última renta.
Desde ese momento, se trabajó para acabar con esta discriminación, en primer lugar, dentro del gremio de los profesores.
Luego, se aprobaron nuevas leyes, complementarias al Estatuto Docente -una de ellas tuvo una vigencia de seis meses y se prorrogó por igual período-, por las cuales se cambió el cálculo, lo que permitió a los profesores obtener una jubilación equivalente al ciento por ciento de su última renta.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados realizó un seminario sobre la materia, a raíz del cual, sus entonces integrantes propusimos una fórmula de cálculo de la jubilación que dejó sin efecto desde el primero al duodécimo mes, mantuvo del trece al veinticuatro, y multiplico por dos del veinticinco al treinta y seis. Con esa fórmula se mantenía la última renta. Además, se fijó una indemnización de 15 ó 16 meses, según los años de servicio para los profesores de edad avanzada.
Sabemos que, entre otras cosas, los adultos mayores tienen gastos más elevados por enfermedades.
No menos de 6 mil profesores hicieron uso de los beneficios de esas leyes. Así, quienes entregaron toda su vida a la formación de las nuevas generaciones, jubilaron con su última renta y obtuvieron la indemnización mencionada. Pero quienes estaban en las administradores de fondos de pensiones no pudieron impetrar ese beneficio, porque su renta alcanzaba a menos de la mitad.
Muchos parlamentarios hemos hecho ver la necesidad de hacer justicia en materia previsional. Por lo menos nosotros, desde siempre en esta Cámara, hemos señalado la necesidad de que todos los funcionarios de la Administración Pública pueden resolver su problema previsional-. Se han hecho los estudios y se ha verificado que los costos son elevadísimos.
Las autoridades de la época se convencieron de que, en el caso del magisterio, era necesario presentar un proyecto calificado de discusión inmediata, para que en un plazo de seis meses quienes estuvieran en las administradoras de fondos de pensiones pudieran volver al Instituto de Normalización Previsional, INP. Ello no fue posible porque la situación se expandió enormemente. Las comisiones de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de Diputados realizaron estudios que analizaron todos los escenarios posibles y se tuvieron a la vista informes acerca del costo real y efectivo que tendría para el erario nacional, resultando ser abrumador. Estoy tratando de ser lo más transparente posible.
Ante esa situación, el senador Andrés Zaldívar le solicitó al Ejecutivo que patrocinara un proyecto de ley relativo al daño previsional. Como sabemos, en un régimen presidencial, como el nuestro, establecido por la Carta Fundamental de 1980, sin el patrocinio del Ejecutivo es imposible que se pueda presentar un proyecto de ley con esa finalidad.
Se han hecho varias gestiones y trabajos y se han celebrado muchas reuniones en busca de una solución al problema. Desde hace más de ochos años soy miembro de la Comisión de Hacienda y en varias oportunidades hemos tocado el tema. Lo hemos hecho en forma seria, no en función de la publicidad, porque algunos parlamentarios tenemos un estilo distinto de hacer política. Para nosotros lo importante es cumplir las metas, los objetivos.
En noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados acordó solicitar al Ejecutivo la celebración de un protocolo de acuerdo entre el Gobierno, la CUT, la Anef, el Colegio de Profesores, el gremio de la salud y todos los gremios de la Administración Pública, a objeto de analizar la posibilidad concreta, real y efectiva de solucionar este problema que a todos nos preocupa.
Insisto, se han realizado muchas reuniones, entre ellas, una que tuvo lugar el lunes recién pasado con los representantes del Ministerio de Hacienda que están a cargo del tema, pero no se ha llegado a acuerdo.
Hay que ser justos. No podemos ser demagogos y populistas y plantear una reforma completa al sistema previsional, porque eso tiene un costo prohibitivo para el país.
Soy partidario de que se busquen las instancias que permitan que a los 30 ó 35 mil trabajadores del magisterio, la salud y la Administración Pública, que ya cumplieron los requisitos para impetrar el beneficio de la jubilación, se les dé una solución ahora. Por eso fui uno de los autores del proyecto de acuerdo aprobado ayer en esta Corporación.
Ésa es la única forma de solucionar el problema, lo demás es engañar, porque cualquier otra medida significa un costo de más de 2 mil 500 millones de dólares que el país no tiene.
Insto al Gobierno y a los gremios del sector público a hacer todos los esfuerzos necesarios para que la negociación, que se ha prolongado largo tiempo, se traduzca en medidas que resuelvan y mejoren las actuales condiciones de jubilación de esos casi 35 mil funcionarios.
Por otra parte, varios parlamentarios le hemos estado dando vueltas a la idea de que, como un beneficio excepcional para esos 35 mil trabajadores, se les fije una pensión mínima equivalente al 70 por ciento de su actual renta cuando se acojan a jubilación. Hoy, esos funcionarios públicos no recibirían más del 42 por ciento de su renta. ¿Cómo no va a ser posible que, en forma excepcional, se les fije un piso de 70 por ciento?
Esas son soluciones lógicas, lo demás es plantear cosas que el país no está en condiciones de asumir.
Creo mi deber y obligación plantear esto, porque es la única forma de transitar por el camino de la seriedad y de que se haga justicia a estos funcionarios.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Hacienda a fin de que se les remita copia de mi intervención.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles y Guido Girardi .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE PÍLDORA ANTICONCEPTIVA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICA. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Por instrucciones del jefe de bancada, su tiempo ha sido cedido al diputado señor Alberto Robles , del Partido Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , hace poco nos enteramos por la prensa de que el Ministerio de Salud está entregando la denominada “píldora del día después” a las mujeres que han sido objeto de violación. Me alegro de que esa cartera tomara tal medida, pero la importancia de la misma no tiene que ver tanto con estos casos -indudablemente son muy serios-, sino con el hecho de que muchas otras mujeres también la necesitan.
En general, las mujeres requieren de métodos de control de la natalidad, pues uno de los problemas serios que deben enfrentar es el nacimiento de un niño no deseado. Los embarazos no deseados generan más de 200 mil abortos al año, pero si esta realidad se pudiera cuantificar en forma objetiva, la cifra sería mucho mayor. Por otra parte, son muchos los niños no deseados que nacen al interior de distintas familias, como los hijos de madres solteras o en hogares no bien constituidos.
Por eso, me parece muy importante que el ministerio de Salud distribuya la “píldora del día después” en todos los consultorios, hospitales y servicios de urgencia del país. Una mujer acomodada que mantiene relaciones sexuales y que no se cuida, tiene la opción de concurrir a una farmacia a comprar el medicamento; pero una mujer de escasos recursos, en la misma situación, no tiene posibilidades de acceder al medicamento.
Por eso, es necesario que el Ministerio de Salud entregue la píldora en consultorios, hospitales y servicios de urgencia a cualquier mujer que la solicite y, de este modo, evitar la posibilidad de un embarazo no deseado. Si la píldora estuviera a disposición de cualquier mujer, sin preguntas de ningún tipo, evidentemente, las jóvenes tendrían la posibilidad real de acercarse al consultorio, pedir la píldora, tomarla y, así, evitar un embarazo.
Porque si bien la medida anunciada por el ministerio es interesante, va a costar mucho que una joven se acerque a un consultorio o a un hospital para manifestar que ha sido violada y que, por tal razón, necesita la píldora. Por otro lado, la violación es un acto delictivo que implica una serie de pasos que necesariamente deben ser investigados por distintas instancias. Con todo, lo más importante es que se proteja la salud de la mujer y, por qué no decirlo, de la familia, en el entendido de que cuando un hijo no es deseado, las probabilidades de que sea abortado o de que nazca en un hogar con dificultades serán mayores.
Reitero que es muy importante que el Ministerio de Salud distribuya esta píldora en todos los consultorios del país para que las personas que la requieran la obtengan en forma gratuita.
Pido que esta intervención se haga llegar al ministro de Salud para que considere la posibilidad de que la pastilla esté disponible gratuitamente para todas las mujeres que la soliciten, sin mayor explicación, en consultorios, hospitales y servicios de urgencia.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz .
SALUDOS A LA COMUNA DE HUASCO, EN SU 154 ANIVERSARIO.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , el 16 de abril de 1850 de creó la comuna de Huasco, de manera que está cumpliendo 154 años.
Su alcalde, Juan Sabando , en estos últimos años, le ha cambiado el rostro a la ciudad: una nueva municipalidad, construcciones habitacionales para las personas de me-nores recursos, viviendas sociales, pavimentos participativos, apoyo al sector salud con medicamentos y horas profesionales, apoyo a la educación con nuevas formas curriculares de trabajo, etcétera. En verdad, la comuna ha experimentado un cambio notable debido, en gran parte, al trabajo hecho por su alcalde en los últimos años. Actualmente, está en construcción una nueva costanera que cambiará el rostro turístico de la ciudad.
Huasco significa “río de oro”. La ciudad está en la ribera del río Huasco, que ha traído riqueza a la zona.
En este aniversario deseo que Huasco siga creciendo a orillas de ese río, al lado del mar, con el desarrollo que hoy tiene y entregando progreso a sus habitantes.
Para terminar, envío un caluroso saludo a todos los habitantes de Huasco en este nuevo aniversario.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.22 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 14 de abril de 2004.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, en sesión de esta fecha, el Senado ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto, de esa honorable Cámara, que modifica la ley Nº 19.606, que establece incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aisén y Magallanes , y de la provincia de Palena, en materia de crédito tributario y establece la ampliación de la Zona Franca de Extensión de Punta Arenas a la región de Aisén para bienes de capital, correspondiente al boletín Nº 2832-03.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4893, de 14 de abril de 2004.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
2. Informe Complementario de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que crea la comuna de Alto Biobío, en la VIII región. (boletín Nº 3342-06-2)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a emitir un informe complementario del proyecto de ley referido en el epígrafe, dando cumplimiento al mandato de la Sala contenido en el oficio Nº 4863, de fecha 7 del corriente.
Cabe señalar que, según acuerdo de la Comisión, este informe se limita a consignar las opiniones de las autoridades de la VIII Región y de dirigentes indígenas del Alto Biobío que participaron en la audiencia pública que se celebró el día 13 de abril, toda vez que la votación del articulado respectivo está consignada en el informe evacuado con fecha 17 de marzo.
En lo que atañe al presente cometido, cabe consignar la participación de los siguientes dirigentes de comunidades pehuenches y organizaciones sociales del Alto Biobío: José Ancanao , Myriam Cárcamo , María Curriao , Agustín Correa , Hernán Echaurren , Daniela Martínez , Ramón Naupa , Carmen Paine , Manuel Rivera , María Isabel Salazar , José Suárez , Gabriel Vergara y Félix Vita .
EXTRACTOS DE LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES QUE TUVIERON
LUGAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA
1) En contra de la creación de la comuna de Alto Biobío.
Quienes se oponen al proyecto del Ejecutivo argumentaron que la única y efectiva representatividad de las comunidades mapuche-pehuenches la detentan ellos y no la Asociación de Loncos que es una organización creada artificialmente y, por ende, de escasa convocatoria entre los indígenas.
Por otro lado, señalaron que el tema se ha politizado, prueba de lo cual es el hecho de que las organizaciones que respaldan el establecimiento de la comuna han recibido ayuda de entidades estatales, lo que justifica su asistencia masiva a esta audiencia.
También expresaron que ha habido una absoluta falta de información por parte de las autoridades sobre los alcances que tendría el establecimiento de la comuna, lo que se ve agravado por las hondas diferencias culturales que los separan de la mayoría de los habitantes del país. Vinculado a ello, destacaron que la población pehuenche se rige por estatutos ancestrales que no están dispuestos a transar por inciertas expectativas económicas o de otra índole.
Adicionalmente, y reforzando su argumento de que la nueva comuna no tiene mayor eco en las comunidades, instaron a efectuar un cabildo abierto en que se les consulte sobre esta iniciativa.
Por otro lado, pusieron de relieve la necesidad de que la autoridad informe en terreno, y previamente la celebración del cabildo, acerca de todas las implicancias de la instalación de un municipio en Ralco.
2) A favor de la creación de la comuna de Alto Biobío.
Los partidarios de la iniciativa en informe indicaron, en primer lugar, que representan a más del 90% de las organizaciones existentes en el Alto Biobío.
Agregaron que el tema de la comuna en discusión se remonta a la década de 1980, lo que refleja un antiguo anhelo de los habitantes del lugar.
En otro plano, sostuvieron que su aspiración se fundamenta, en último término, en la incapacidad de las autoridades de Santa Bárbara –independientemente de su signo político- de resolver las graves carencias en educación, salud e infraestructura existentes en el Alto Biobío, lo que obedece no sólo a escasez de recursos, sino a la dificultad de acceso a ese territorio por su lejanía y las condiciones climáticas que imperan ahí durante varios meses del año. En tal sentido, estiman que el hecho de contar con un municipio propio, además de satisfacer el deseo de elegir a las autoridades locales, permitirá focalizar de mejor manera los recursos y supervisar la marcha de servicios básicos para la comunidad, sin perjuicio de fortalecer la identidad cultural.
Enfatizaron, asimismo, que el establecimiento de esta comuna no obedece a la imposición de la OEA, como lo han señalado los detractores del proyecto.
Admitieron que, si bien hasta hace unos 10 años carecían de personas idóneas para regir el destino de la comuna, ahora sí cuentan con recursos humanos suficientemente preparados para esa tarea.
Por otra parte, refutaron el argumento según el cual las comunidades pehuenches no han sido informadas acerca del tema de la nueva comuna. En efecto, diversas autoridades del gobierno han recorrido la zona explicando a la población el sentido de esta iniciativa legal.
Junto con reconocer que la mayoría de los habitantes del Alto Biobío pertenecen a la etnia aborigen, descartaron de plano que ello signifique que se establezca una “comuna pehuenche”. La amplia representatividad de las organizaciones que apoyan la instalación del nuevo municipio, y que comprenden tanto a pehuenches como a personas que no son de esa etnia, garantiza una convivencia armónica entre quienes viven en dicha comuna.
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Atendida la circunstancia que este informe sólo viene a complementar al que se evacuó en marzo, según queda dicho, debe entenderse que el diputado informante de aquél, es decir, el señor Pérez, don José , lo es también del presente.
El informe corresponde a lo tratado en la sesión del 13 de abril de 2004, con la asistencia de los señores Navarro, don Alejandro ( Presidente ); Becker, don Germán ; señora Caraball , doña Eliana ; Egaña, don Andrés ; Longton, don Arturo ; Pérez, don José ; Pérez, don Víctor ; Quintana, don Jaime ; Silva, don Exequiel , y Valenzuela, don Esteban .
Sala de la Comisión, a 14 de abril de 2004.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.