Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Isabel Allende Bussi
- Eduardo Diaz Del Rio
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS RECAÍDA EN LA PRESENTACIÓN DEL DIPUTADO ALEJANDRO NAVARRO BRAIN.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ACCIONES PARA SOLUCIONAR EL LLAMADO DAÑO PREVISIONAL. Proyecto de acuerdo.
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eduardo Salas Pereira
- Fernando Meza Moncada
- Eugenio Tuma Zedan
- Carlos Montes Cisternas
- Rodolfo Seguel Molina
- Edgardo Riveros Marin
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Isabel Allende Bussi
- Eliana Caraball Martinez
- Julio Dittborn Cordua
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Exequiel Silva Ortiz
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Eduardo Saffirio Suarez
- Camilo Escalona Medina
- Exequiel Silva Ortiz
- Felipe Letelier Norambuena
- Alberto Robles Pantoja
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- DEBATE
- ACCIONES PARA SOLUCIONAR EL LLAMADO DAÑO PREVISIONAL. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 73ª, en miércoles 14 de abril de 2004
(Especial, de 15.37 a 17.16 horas)
Presidencia del señor Lorenzini Basso, don Pablo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
REPÚBLICA DE CHILE
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
- Autorización a Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala 7
- Resolución de la Comisión de Conductas Parlamentarias recaída en la presentación del diputado Alejandro Navarro Brain 7
V. Objeto de la sesión.
- Acciones para solucionar el llamado daño previsional. Proyecto de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que el jueves 21 de mayo próximo, a las 10:00 horas, se celebrará la sesión del Congreso Pleno, donde se inaugurará la Legislatura Ordinaria del Congreso Nacional y S.E. el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación; en atención a ello, y con el propósito de recibir al Primer Mandatario, requiere que esta Corporación designe a los señores diputados que deberán integrar las Comisiones de Reja y de Pórtico 30
2. Resolución de la Comisión de Conductas Parlamentarias recaída en la presentación efectuada por el Diputado señor Alejandro Navarro Brain (acuerdo N° 011-2004) 30
VII. Otros Documentos de la Cuenta.
1. Notas:
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y del Grupo Interparlamentario Chileno-Israelita, por las cuales comunican que han procedido a elegir como su Presidente a la diputada señora Allende, doña Isabel, y al diputado señor Díaz, respectivamente.
- Oficio de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por el cual solicita autorización de la Sala para sesionar en forma simultánea con ella el día de mañana, jueves 15 de abril, de 11:00 a 13:00 horas, con el objeto de continuar con la discusión del proyecto sobre evaluación docente (boletín N° 3404-04) y ocuparse, asimismo, de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales (boletín N° 2853-04).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa de la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Concurrieron, también, los senadores señores Jorge Lavandero y Adolfo Zaldívar.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 15.37 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente).-
El acta de la sesión 67ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 68ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación para sesionar en forma simultánea con la Sala el jueves 15 de abril, de 11 a 13 horas.
El señor ÁLVAREZ.-
Pido la palabra.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente , tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, no creo que tengamos problema en acceder a la solicitud. Sin embargo, le pido que tome el acuerdo durante el transcurso de la sesión para consultarlo con los diputados de la Comisión de Educación de mi bancada que aún no llegan a la Sala.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Entonces, lo resolveremos en un rato más, pero se aprecia una disposición positiva al respecto.
Informo a los señores diputados que los Comités autorizaron para sesionar simultáneamente con la Sala sólo a las comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente; de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos; de Minería y Energía, y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Espero que los diputados que participan en dichas comisiones puedan regresar a la Sala a participar en la discusión.
RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS RECAÍDA EN LA PRESENTACIÓN DEL DIPUTADO ALEJANDRO NAVARRO BRAIN.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
De conformidad con un acuerdo de los Comités, tiene la palabra el diputado José Antonio Galilea, quien va a dar cuenta de una resolución de la Comisión de Conductas Parlamentarias.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente , voy a dar lectura a la resolución de la Comisión de Conductas Parlamentarias recaída en la presentación efectuada por el diputado señor Alejandro Navarro Brain.
“Vistos:
“1. Que el diputado señor Alejandro Navarro Brain ha requerido un pronunciamiento de la Comisión de Conductas Parlamentarias respecto de si es éticamente aceptable lo actuado por él en cuanto a utilizar información de su trabajo parlamentario y compartirla con un tercero, quien, además, tiene vinculación laboral con una entidad susceptible de ser fiscalizada por los órganos internos de la Corporación, situación que habría sido denunciada por un medio de comunicación social.
“2. Que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 10 del Código de Conductas Parlamentarias, corresponde a esta entidad “responder a pronunciamientos solicitados por un diputado que digan relación a su inquietud o quehacer”.
“3. Que la Comisión, en el ejercicio de sus facultades y solicitada su intervención, ha recibido en audiencia al diputado señor Alejandro Navarro Brain, quien efectuó un detallado relato de los hechos que motivan su presentación y proporcionó antecedentes que se tuvieron a la vista en la adopción de este acuerdo.
“Considerando:
“1. Que uno de los principales cometidos que el Código de Conductas Parlamentarias encomienda a la Comisión es el de absolver las consultas de los diputados respecto de actos o intervenciones en que pudieran aparecer infringiendo una norma o parámetro ético al que están obligados a adecuar sus quehaceres.
“2. Que, como se ha señalado reiteradamente, la opinión de la Comisión dice relación, única y exclusivamente, con el plano moral y ético de las actuaciones parlamentarias y, por lo mismo, no puede entrar a hacer otro tipo de calificación de los hechos. Sin embargo, para dar una respuesta a la inquietud formulada en este caso, se hace imprescindible incursionar en diversos aspectos de lo meramente ético de la conducta planteada.
“3. Que, en lo medular, el diputado Navarro Brain ha sostenido que en distintas oportunidades ha consultado la opinión técnica de su amigo Alex Quevedo, quien se desempeña como abogado de Enasa , empresa ligada al tratamiento de desechos sólidos, asesorías que se han relacionado con temas de naturaleza jurídica o con materias medioambientales en los que se especializa dicho profesional.
“4. Que el diputado Navarro Brain ha reconocido que, previamente a la presentación de la acusación constitucional que en su oportunidad diez diputados formularon en contra del intendente de la Región Metropolitana, señor Marcelo Trivelli Oyarzún, envió al abogado Quevedo y a otros profesionales un texto en borrador de la misma, para conocer el parecer de éstos sobre dicho asunto.
“5. Que, por otra parte, el diputado Navarro Brain también ha mencionado en su relato que vendió un vehículo motorizado al mencionado señor Quevedo y del cual no ha hecho la transferencia que ordena la ley. Ha asegurado que tal acto no ha podido perfeccionarse por existir una prenda no alzada y porque el comprador no le ha pagado completamente el precio.
“6. Que los hechos descritos han sido publicitados por un canal de televisión, en el marco de una investigación periodística relativa al tema de los desechos sólidos y a los supuestos negocios vinculados al mismo. En tal reportaje se habría mencionado al diputado Navarro, quien alega que nada tendría que ver con la situación denunciada por el medio de comunicación, a la cual fue ligado en el reportaje de manera maliciosa.
“7. Que la Comisión carece de facultades para entrar a pronunciarse sobre la veracidad del reportaje aludido ni puede investigar la participación de algún integrante de la Corporación. Sus resoluciones, como es sabido, son adoptadas en base a los hechos y antecedentes aportados por los propios recurrentes y respecto de los cuales se forma un juicio u opinión que debe contrastar con las normas y principios consagrados en el Código de Conductas Parlamentarias para luego determinar si los hechos se ajustan o no a los cánones contenidos en ese cuerpo normativo.
“8. Que el obrar del diputado Navarro ha sido descuidado en cuanto a que, a lo menos, no ha cumplido las obligaciones de publicidad que señalan los cuerpos legales para la transferencia de ciertos bienes muebles, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder por la venta de un bien prendado, conforme a la legislación civil.
“9. Que, respecto de las opiniones que se puedan solicitar a expertos, si bien es un deber de los diputados recurrir a las fuentes más directas, confiables y fidedignas posibles, no es menos cierto que ello debe realizarse con la prudencia que aconseja el buen criterio, sobre todo si la fuente consultada tiene algún interés directo en el asunto, como ocurre en el caso en estudio.
“10. Que el Código de Conductas Parlamentarias previene a los diputados que deben guardar discreción en relación con los hechos e informaciones de los cuales tengan conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, sea que hayan sido o no calificados como confidenciales, cuestión que en la situación planteada por el requirente bien podría verse vulnerada.
“11. Que, en relación con la enajenación de los bienes, los diputados se encuentran sometidos a las mismas reglas que rigen al resto de los ciudadanos y, aun más, están obligados a actuar de forma tal que su conducta pueda admitir el examen público más minucioso. Para ello -agrega nuestro ordenamiento interno- no es suficiente la simple observancia de la ley; deben aplicarse también los principios de conducta y de ética públicas que, al parecer de la Comisión, no han sido observados con la rigurosidad requerida.
“12. Que, en atención a los acuerdos anteriores de la Comisión sobre publicidad de sus resoluciones y de los criterios manifestados en el acuerdo Nº 03-2002, se ha estimado que en este caso su resolución tendrá el carácter de pública y, luego de su notificación al recurrente, se dará a conocer al resto de la Cámara de Diputados mediante su inserción en la Cuenta de la sesión de Sala más próxima.
Por último, la Comisión valora que los señores diputados recurran a ella para conocer su opinión en estas importantes materias.
Se resuelve:
1. Llamar al diputado señor Alejandro Navarro Brain a ser prudente respecto de las fuentes de información y, en especial, de asesorías que utiliza para desempeñar su cargo parlamentario, evitando toda sombra de duda respecto a posibles conflictos de intereses.
2. Que la conducta del diputado Navarro Brain de vender un automóvil sin haber cumplido con las formalidades que establece la ley es una clara transgresión de los principios consagrados en los artículos 2º, 4º y 6º del Código de Conductas Parlamentarias. Frente a ello, la Comisión se ve compelida a requerirle el pronto cumplimiento de las obligaciones civiles que voluntariamente ha contraído, si a la fecha aquello no ha acontecido.
3. Que no corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre el contenido, veracidad o intencionalidad del programa de televisión en que se denunciaron diversas irregularidades existentes en el tratamiento de los desechos sólidos, sus posibles conexiones e intereses económicos.
Resolución acordada con el voto unánime de los diputados integrantes, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso final del artículo 10 del Código de Conductas Parlamentarias”.
He dicho.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ACCIONES PARA SOLUCIONAR EL LLAMADO DAÑO PREVISIONAL. Proyecto de acuerdo.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo a los representantes de los gremios del sector público y a los trabajadores provenientes de distintas regiones y ciudades de nuestro Chile, quienes han concurrido a esta sesión especial solicitada por un conjunto de diputados de las bancadas de la Concertación.
Mis colegas, al igual que yo y el resto de nuestros compatriotas, sienten cómo cada día, a medida que se acerca el invierno, comienzan a hacerse más oscuras las mañanas y frías las tardes. Son días que invitan al descanso, a prolongar las horas de sueño y a refugiarse en la tibieza del hogar. Lamentablemente, en estos días y en los que vendrán, miles de mujeres y hombres de edad avanzada tendrán que repetir la rutina madrugadora: colocarse sus abrigos gastados y partir a una oficina pública, a un hospital o a un colegio a hacer aquello que vienen haciendo desde hace más de treinta o cuarenta años; trabajar con la espalda curvada por el dolor y el frío y las manos entumecidas. Tienen que ir a trabajar, porque a alguien se le ocurrió, en el Chile de la dictadura, que no debían tener derecho a jubilar.
Quizás soy emotivo en mis palabras, pero lo hago a propósito, porque no podemos entender este problema si no lo analizamos desde la perspectiva del dolor, del cansancio y de la frustración de mis compatriotas que no pueden jubilar, porque si lo hacen se condenan ellos mismos a la miseria y a la marginación.
Por esta razón, como patrocinante de esta sesión especial, llamo a la Cámara de Diputados a pronunciarse sobre este tema, tal como lo hiciera en noviembre de 1993, en el primer período legislativo después de la recuperación de la democracia, en un proyecto de acuerdo patrocinado, entre otros, por la diputada Adriana Muñoz . Esta bancada de parlamentarios siempre ha estado comprometida con este afán, con esta bandera y con terminar con esta injusticia.
Por eso, como bancada nos duele y nos molesta que no esté presente el ministro de Hacienda , Nicolás Eyzaguirre , porque su ausencia constituye un acto de indiferencia. No obstante, tengo la convicción de que ha sido el único ministro que ha tenido la voluntad de contribuir a que se llegue a una solución viable. Esperamos que eso ocurra más temprano que tarde.
El propio ministro nos pidió que cambiáramos la fecha de esta sesión para hoy, supuestamente a la espera de los resultados de un proceso de negociación que no ha concluido. A pesar de ello, nos ha parecido oportuno y conveniente a los convocantes reunirnos esta tarde para hacer ver al Gobierno, a los gremios y a Chile que, para la Cámara de Diputados, el daño previsional es un tema de primera prioridad dentro de la agenda política y legislativa.
(Aplausos).
El daño previsional surge a partir del forzado cambio del sistema de pensiones que llevó adelante el gobierno militar. Tiene su origen en la creación de un sistema de ahorro previsional individual.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado .
El señor TUMA.-
Termino, señor Presidente .
Durante el gobierno militar se creó un sistema previsional que terminó con la solidaridad e instauró una lógica del individualismo. El Estado cotizó, como empleador, en las AFP por menos del 50 por ciento del total de los ingresos reales de los trabajadores y remuneró con las rentas más bajas que se han pagado en Chile a los funcionarios del sector público.
Por lo expuesto, la Cámara de Diputados debe aprobar por unanimidad un proyecto de acuerdo para exigir al Gobierno que dé una solución a este problema, que no es un tema financiero, sino un problema de vida, de dignidad y de los derechos de estos chilenos.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención con las últimas palabras que acaba de pronunciar el diputado Tuma , al señalar que es fundamental y necesario aclarar una y otra vez que el daño previsional ha sido provocado por el Estado de Chile. Ése debe ser el punto de partida de este debate.
Aunque la Concertación de Partidos por la Democracia no era gobierno en 1981, cuando se inició el traspaso del antiguo al nuevo sistema previsional, debemos hacernos cargo del daño que este proceso ha provocado a miles y miles de compatriotas.
Durante estos años, hemos presentado múltiples iniciativas en esta Corporación. Pese a las diferencias políticas, nos hemos pronunciado por buscar una solución profunda a este problema, la cual radica en reconocer que, como país, debemos pagar esa deuda.
Gracias a las cifras proporcionadas por las agrupaciones, organizaciones y asociaciones gremiales conformadas por miles de funcionarios públicos a lo largo del país, hemos podido dilucidar su monto y los recursos que se necesitan. Por eso, creo que no hay que darle más vueltas al tema. Se requiere una decisión política. Debemos reconocer que en un estado de excepción -que duró 17 años-, se tomó la decisión drástica de cambiar el sistema previsional por el que hoy existe, el cual fue instaurado gracias al daño previsional que se hizo a miles de compatriotas.
Como señaló el diputado Tuma , a esas personas se les comenzó a cotizar sobre el sueldo imponible y no sobre el sueldo real, y hoy la pérdida es inmensa. Tenemos estudios de economistas, como Manuel Riesco , que señalan que hay personas adscritas al antiguo sistema que jubilarán con 436 mil pesos; en cambio, los que a la fuerza fueron traspasados al nuevo sistema, lo harán con 179 mil pesos. Esta es una incitación a la pobreza de nuestros funcionarios públicos. No es posible que permitamos esta situación. Por cierto, tenemos que iniciar un gran debate sobre el sistema de las AFP, una de cuyas deficiencias es el daño previsional que ha provocado. Es hora de que tomemos una decisión política. No podemos seguir contraponiendo números mezquinos al drama que viven más de 30 mil trabajadores en condiciones de jubilar. La solución cuesta dinero, pero el daño que han sufrido esas personas lo provocó el Estado de Chile.
Como dijo el diputado señor Tuma , lamentamos la ausencia del ministro Eyzaguirre y que, respecto de las ofertas realizadas en los debates del presupuesto y del reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos, de 35 mil millones de pesos, no comenzaremos todavía resultado concreto y su distribución real.
Tenemos muchas interrogantes, como, por ejemplo, ¿por qué el proyecto de acuerdo del Senado tampoco es tema de debate en el Gobierno? Este es un drama humano provocado por el Estado y del cual tenemos que hacernos cargo.
Desde el Poder Legislativo, donde en estos años hemos mostrado total disposición para abordar este tema, hago un llamado al Gobierno para que, de una vez por todas, dé una señal real y clara de que este problema tiene solución, cuyo costo durante los primeros años alcanzaría a 150 mil millones de pesos. ¿Es mucho dinero para reparar el daño provocado y evitar la pobreza de miles de funcionarios públicos?
Recuerdo que cuando se promocionaba el nuevo sistema, se hablaba del “quedadito”, que era el funcionario que no aprovechaba las gangas que se le ofrecían. Se hizo una campaña realmente engañosa, con el objeto de trasladar a esos trabajadores a las AFP y de liquidar el antiguo sistema de previsión social. Entonces, creo fundamental dar una respuesta a estas personas, de las cuales una pequeña parte está en las tribunas.
Muchos de los funcionarios públicos que iniciaron este movimiento han muerto en la miseria, con una jubilación de 100 mil o 120 mil pesos. Por eso, a través del proyecto de acuerdo anunciado por el diputado Tuma , esta rama de un poder del Estado, con la voluntad que hemos demostrado, debe interpelar al Gobierno y exigir una solución definitiva.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, más dos cedidos por la bancada del Partido Socialista, el diputado señor Meza.
El señor MEZA .-
Señor Presidente , en nombre de la bancada del Partido Radical -y, por tanto, de mis colegas José Pérez , Samuel Venegas , Carlos Abel Jarpa y Alberto Robles -, que tomó la iniciativa de solicitar esta sesión, e interpretando el clamor de 157 mil funcionarios traspasados a las AFP y de sus familias, afectados por el daño previsional, deseo presentar el drama monstruoso que viven hoy quienes, después de toda una vida dedicada al servicio público, no pueden jubilar porque, de hacerlo, irían directamente a aumentar los índices de pobreza de nuestro país.
Por cierto, lamento la ausencia del ministro de Hacienda, quien pidió postergar esta sesión hasta el día de hoy.
Como todos saben, esta situación de inequidad se origina con el nacimiento del nuevo sistema de pensiones durante el régimen militar. El sistema solidario de reparto fue reemplazado -como también sabemos- por el de capitalización individual, basado en el ahorro del 10 por ciento, lo que se traduce en la siguiente ecuación: tanto es el monto ahorrado por el afiliado en su cuenta individual, tanto es el monto de la pensión resultante.
Esto fue diseñado para los chilenos que se iniciaran a la vida laboral en el nuevo sistema, a partir de la vigencia del decreto ley N° 3.500, de 1980. Pero se hacía necesario traspasar, también, a los imponentes del sistema antiguo, por lo que se creó la figura ficticia del bono de reconocimiento. Dicho instrumento resolvió la situación de quienes provenían del sector privado, a quienes la ley obligaba que se les efectuaran las cotizaciones por casi el ciento por ciento de sus ingresos.
Pero ¿qué sucedió con los funcionarios y servidores del Estado en general? A ellos, si ganaban 100 mil pesos, se les efectuaban imposiciones previsionales como si sólo ganaran 30 mil, a diferencia de los trabajadores del sector privado, respecto de los cuales la ley exigía prácticamente imponibilidad total.
Al aparecer los primeros pensionados, y reconociendo su falta y la catástrofe que se venía encima, apresuradamente se dictó la ley N° 18.675, vigente desde enero de 1988, con la que a los funcionarios de servicios públicos tradicionales les comenzaron a efectuar imposiciones por casi la totalidad de sus remuneraciones. Pero los funcionarios de servicios traspasados a los municipios, como salud y educación, continuaron con la subcotización hasta diciembre de 1990. Otro sector, compuesto por personal, funcionarios y académicos de las universidades estatales, recibió la corrección recién en marzo de 1993.
Dichas correcciones resultaron absolutamente insuficientes, provocando en estos funcionarios inmensas lagunas previsionales por la falta de imposiciones del 70 por ciento de sus remuneraciones. Tampoco se recalculó bien el bono de reconocimiento.
Respecto de los ciudadanos que nos ocupan, el Estado ha incurrido en, a lo menos, tres factores de daño:
1. Bono de reconocimiento sobre la base de sólo el 30 por ciento de las remuneraciones.
2. Generación de laguna previsional por falta de cotizaciones previsionales por el 70 por ciento de las remuneraciones durante muchos años.
3. Interés de sólo 4 por ciento anual del bono de reconocimiento, frente al 10,64 por ciento de la rentabilidad anual promedio obtenida por las AFP.
Según datos oficiales, hay 150 personas con 80 años o más, detectadas con nombre y apellido por la Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República, que, por lo ya expresado, continúan trabajando. El número de personas que no jubilan va en aumento año tras año. Así, los 35 mil chilenos que en diciembre de 2003 se encontraban en esta terrible situación, aumentarán a 41 mil en diciembre de 2004, mientras que en 2010 habrá más de 80 mil. Esto, claro, a menos que, a través de un “decretazo”, se les obligue a jubilar, cuestión que estaría reñida con la democracia y, además, no tendría un mínimo sentido de solidaridad y justicia social.
La situación descrita también afecta a la carrera funcionaria, porque congela los ascensos e impide el acceso de muchos jóvenes y desempleados a miles de puestos de trabajo que podrían quedar disponibles.
El clamor es cada vez más fuerte, desde Arica a Punta Arenas, de la cordillera al mar; en cada rincón de Chile donde exista algún funcionario público traspasado a una AFP, con el consiguiente daño previsional. No es posible ni ha de resultar conveniente para el país ocultar este drama. Hay funcionarios que han muerto trabajando. Otros, a pesar de su avanzada edad y deteriorada salud, continúan en sus puestos de trabajo. Hay profesores que se quedan dormidos en las salas de clases y funcionarios de la Salud que, por el cansancio natural de los años cumplidos con creces, comienzan a cometer errores, por ejemplo, en la administración de medicamentos, como también funcionarios de servicios públicos tradicionales con frecuentes licencias médicas.
-Aplausos.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señor diputado, ha terminado el tiempo destinado a su Comité. Si lo desea, tiene la posibilidad de insertar el resto de su discurso.
El señor MEZA .-
Señor Presidente , el señor Luis Seguel , un prestigioso abogado de Temuco y estudioso de esta problemática, ha diseñado un sistema denominado Fondo Solidario Transitorio de Reparación al Daño Previsional, Fostrar .
Deseo enfatizar que este problema no es de financiamiento, sino de falta de sensibilidad, de voluntad, de justicia y de equidad social, y que no todas las cosas se solucionan con recursos financieros. Si así fuera, deberíamos ser capaces de encontrar soluciones en forma definitiva. Ojalá, el ministro de Hacienda y su equipo sean capaces de encontrarlas para que miles de compatriotas puedan gozar del descanso con pensiones dignas, a las que tienen derecho merecidamente.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el tiempo de la UDI, por siete minutos, tiene la palabra el diputado Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, quiero dejar constancia de que reconocemos el problema humano que padecen muchas personas por el llamado daño previsional.
Es evidente que quienes, con mayor o menor conocimiento, se cambiaron al nuevo sistema previsional, como consecuencia de que todos los gobiernos subimpusieron, es decir, no impusieron a los empleados públicos por el ciento por ciento de sus remuneraciones reales, hoy miran con temor el momento de su jubilación, porque van a sufrir un cambio muy importante en sus ingresos mensuales. Es un problema humano que reconocemos y, desde ya, estamos disponibles para buscarle una solución, sin peleas políticas y sin el combate ideológico por el antiguo y el nuevo sistema previsional al que nos quieren llevar algunos.
Creemos que el origen de ese daño no está tanto en el hecho de que las personas se hayan cambiado del antiguo al nuevo sistema. La mejor prueba de ello es que el ciento por ciento de los presentes en las tribunas son empleados públicos. Insisto: la razón principal, a mi juicio, no está en el hecho del cambio en sí, sino en que todos los gobiernos, durante décadas, incrementaron las remuneraciones de los funcionarios públicos a través de bonos o de aumentos de sueldos no imponibles. Por eso, al final, su ahorro fue ínfimo y hoy miran con temor el momento de jubilar, porque en un sistema de ahorro de capitalización, no es suficiente para mantener sus ingresos. Así entendemos el problema.
Sin embargo, no podemos aceptar que algunos diputados culpen de este hecho a la dictadura, porque la Concertación ha gobernado durante catorce años, período en el que ha contado con mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Solicito a las personas que están en las tribunas guardar silencio.
Puede continuar, señor diputado .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, espero que la gente escuche mi intervención, aunque discrepe de lo que planteo.
A nadie ayuda que este tema se transforme en una pelea política o en un debate sobre las diferencias entre uno u otro sistema previsionales. En realidad, no debería hablarse de daño previsional, sino de deuda previsional. Ella tiene su origen en el hecho de que todos los gobiernos han subdeclarado los ingresos reales de los funcionarios públicos. Por eso, este problema está radicado, fundamentalmente, en los funcionarios públicos.
Reitero: a nadie le ayuda hacer de esta situación una pelea política, ni, como señaló un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, echarle la culpa a quienes gobernaron Chile en el pasado. La Concertación gobierna al país hace catorce años y cuenta con la mayoría en ambas cámaras.
Para solucionar este problema no se requiere de una ley de quórum calificado. Habrían bastado los votos de los representantes de la Concertación en la Cámara de Diputados y en el Senado para solucionar el problema de deuda o daño previsional si hubiera existido la voluntad política para solucionarlo; pero no la ha habido, o, como me señala un diputado del Partido Radical , no ha habido dinero para ello. Ha habido otras prioridades, como sobresueldos, mucho gasto superfluo, dolo y delitos que están siendo investigados por los tribunales de justicia. Ha habido “jarrones” que se han perdido y que han costado millones de dólares al país, pero no ha existido voluntad política de solucionar la deuda previsional. Ése es un problema que el país tiene que resolver y respecto del cual no sirve pelear ni descalificar a nadie.
Es bueno que las personas que están en las tribunas sepan que los parlamentarios carecemos de atribuciones para presentar una iniciativa legal que solucione este problema, porque significa aumentar el gasto público. El único que puede enviar un proyecto de ley en este sentido es el Presidente de la República . Si lo envía, comprometo los votos favorables de todos los diputados de la UDI para aprobarlo.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , algunos diputados de la Democracia Cristiana han planteado con anterioridad este tema. Recuerdo que el diputado José Miguel Ortiz lo planteó en relación con los trabajadores de la educación; el diputado Eduardo Saffirio lo hizo en su momento, haciéndose cargo de situaciones que afectan a la Novena Región, como también otros colegas que integran la bancada de la Democracia Cristiana lo han hecho.
Ciertamente, lograr consenso para solucionar este problema es muy importante. En este sentido, recojo las palabras del diputado Julio Dittborn para alcanzar la mayoría necesaria y que no se nos produzcan empates en el Senado, como el que acaba de ocurrir con ocasión de la discusión sobre la conducción de Televisión Nacional. Los hechos y los ejemplos tienen que ser inmediatos. Se nos ha hablado aquí de que la Concertación tiene mayoría; pero ocurre que para nombrar al directorio de Televisión Nacional se empata y se enerva la iniciativa del Presidente de la República . Tener mayoría significa, en un momento determinado, poder concitar un consenso. Ojalá que en torno de este hecho lo consigamos.
Pero tenemos que partir por conocer las cosas en su origen. Lo que motiva esta situación es que hubo trabajadores del sector público que fueron traspasados al nuevo sistema de pensiones. Efectivamente, hubo un problema en el cálculo del bono de reconocimiento; pero si las cosas se hubieran hecho bien en el país, dentro de un marco de libertad, cuando surgió el nuevo sistema previsional, establecido por el decreto ley N° 3.500, los trabajadores que tenían dificultades con el cálculo de su bono de reconocimiento hubiesen continuado en el sistema antiguo, en el INP.
¿En qué circunstancias se produce el problema? Cuando los trabajadores que se pensionan por el sistema de AFP obtienen pensiones sensiblemente inferiores a aquellos que lo hacen a través del INP. Es decir, no existe problema con aquellos que no se cambiaron de sistema. El problema se produce con los trabajadores que se traspasaron de sistema bajo un régimen dictatorial. En ese sentido, hemos escuchado aquí un reconocimiento del diputado Dittborn , puesto que habló de dictadura. Si hubiere habido libertad y adecuada información, estos trabajadores jamás se habrían cambiado de sistema.
(Aplausos en las tribunas).
Por eso es perfectamente válido hablar de daño previsional, y, como hemos debido hacernos cargo de estos daños, aquí también debemos intervenir.
Me hubiese gustado contar con la presencia del ministro de Hacienda , pero le vamos a hacer llegar el proyecto de acuerdo que surja de esta sesión. Ojalá que tenga el más amplio consenso para facilitar y lograr, en definitiva, que se corrija esta situación.
Sí, tenemos que hacernos cargo del concepto de daño, porque, por las razones que hemos expuesto, aquí lo ha habido. Esos trabajadores jamás debieron cambiarse de sistema; pero la avalancha de propaganda, la acción discriminatoria, la obligación a la cual se vieron sujetos -no olvidemos que eran del ámbito público-, los llevó a ello. Esa es la razón por la cual hoy nos encontramos debatiendo esta materia.
Ciertamente, hay otros temas relacionados con el sistema de administración de fondos de pensiones sobre los cuales también podemos hablar; pero aquí hay un hecho concreto y su origen está claro. En su momento, se buscaron correcciones. Por ejemplo, los trabajadores que se encuentran en el INP fueron beneficiados en el sentido de que cotizaran por el total de sus haberes, no sólo por una parte. Sin embargo, quedó este otro segmento de trabajadores al margen de dicha corrección.
Por eso, es un deber de justicia enfrentar este hecho. Ha habido diversas iniciativas. Que la mesa de diálogo con el sector público continúe su labor y arribe a un resultado compensatorio. Animemos eso. Obliguemos a eso. Es importante que se asuma, también, el concepto de obligación. Debe haber una forma de reparar esta situación, porque tuvo su origen en la desinformación y en haber manipulado la condición de los trabajadores.
La idea es lograr que una materia tan esencial como la seguridad social, uno de los derechos fundamentales, pueda hacerse efectiva para este conjunto de trabajadoras y trabajadores que han cumplido con la edad suficiente para pensionarse, que merecen un descanso, pero que aún continúan en la administración pública, en los servicios municipalizados o en las universidades, porque si se pensionaran, sus ingresos disminuirían en forma dramática. Están obligados a seguir trabajando, lo que es malo para ellos y para la administración pública, porque ésta se “envejece”, y no es lógico que ello ocurra.
Por eso, los votos de la Democracia Cristiana estarán disponibles para aprobar un proyecto de acuerdo que busque compensar y solucionar en forma definitiva la situación de estos trabajadores. Ojalá que logremos consensuar argumentos para ello, de modo de no llegar a situaciones de empate, como la ocurrida recientemente en el Senado de la República.
He dicho
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra la diputada Isabel Allende por seis minutos.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , ya se ha señalado que el daño previsional es uno de los más graves que hoy puede afectar a los funcionarios del Estado. Sin duda, es un obstáculo para que los trabajadores públicos puedan jubilar con una pensión suficiente, y, de esa manera, enfrentar con dignidad su vejez.
Claramente, la causa fundamental de este hecho es el cambio de un sistema de capitalización solidaria, como fundamento de las pensiones de jubilación, a otro de capitalización individual, a cargo de empresas privadas. Este último sistema, impuesto en plena dictadura, se consolidó como alternativa bajo presión ilícita ejercida contra funcionarios públicos, sin suficiente información, con publicidad engañosa, con ocultamiento de las desventajas que le eran inherentes y sin libertad, el más importante de los requisitos para optar por el sistema solidario o el de capitalización individual, de entidades privadas. Ésas eran las condiciones imperantes en ese momento.
En un seminario organizado por la Agrupación de Empleados Públicos por la Reparación del Daño Previsional -a quienes felicito por su forma de organizarse a lo largo del país y el trabajo ardoroso que han llevado adelante-,...
(Aplausos).
... Manuel Riesco , director de la Escuela de Economía de la Universidad Arcis, expresó que la pensión promedio que perciben los afiliados al INP alcanza a 395 mil pesos mensuales, y que, en cambio, la pensión promedio de los afiliados a las AFP es de 231 mil pesos mensuales, lo que origina una diferencia de 163 mil pesos. El estudio se basa en promedios, por lo que no esconde la realidad de los más afectados, los de la tercera edad, quienes, en el caso de los afiliados al INP, reciben una pensión superior a 400 mil pesos, y los afiliados a las AFP, apenas 171 mil pesos. Éstas son las enormes diferencias que existen entre un sistema y otro.
Hay quienes señalan que algunos funcionarios, por el sólo hecho de haberse incorporado a las AFP, perciben una mayor remuneración que los que continuaron en el INP. Este argumento es absolutamente irrelevante e insostenible, por cuanto esa mayor remuneración no supera el 3 ó 4 por ciento. En otras palabras, si se compara una pensión promedio percibida por un afiliado al INP con otra de un afiliado a una AFP, la diferencia supera los 140 mil pesos mensuales en favor del primero.
Esta desigualad entre los sistemas de pensiones estatal y privado no es la única causa de lo que conocemos como daño previsional. En el ámbito estatal, se adoptó el criterio de que los funcionarios impusieran sólo por el 40 por ciento de su remuneración, lo que motivó que quienes jubilaron antes de 1992 recibieran una pensión inferior al 40 por ciento de su último sueldo, situación que ha afectado su calidad de vida.
Por otra parte, ¿quién puede desconocer las utilidades de los propietarios del actual sistema de AFP y los altísimos gastos de administración de estas entidades, que, claramente, reducen los beneficios a quienes depositan sus fondos previsionales?
En rigor y en justicia, corresponde reparar el daño previsional que afecta a estos trabajadores públicos, a quienes -reitero- se les hizo imposiciones inferiores, con desinformación o información intencionalmente equivocada o errónea. No hacerlo implicaría, entre otras consecuencias -insisto-, mantener en la administración del Estado a funcionarios que, por su edad, debieran haber jubilado, y que envejecen e impiden que ingresen personas más jóvenes.
Aquí se ha hablado de falta de voluntad política; pero quisiera señalar, también, particularmente al diputado Dittborn , de la UDI -por intermedio del señor Presidente -, quien desconoce que estamos hablando de una cifra superior a 2 mil 500 millones de dólares, que aquí claramente hay una responsabilidad, y, por lo tanto, vamos a tener que abordar el tema.
Hay algunas propuestas. Una, del senador Zaldívar , proviene de la propia Anef y consiste en crear un mecanismo por el cual las personas que se jubilen obtendrían la misma pensión que si hubieran pertenecido al INP. La diferencia es que se haría en forma solidaria y no necesariamente con el aporte del Estado y del jubilado. El financiamiento se obtendría de un fondo conformado por las cotizaciones individuales acumuladas en las AFP, que se retirarían cada vez que un afiliado resolviera jubilarse. Es decir, es un mecanismo mucho más solidario, y que, además, se incrementaría con los instrumentos de reajustabilidad fijos garantizados por el Estado. Dicho mecanismo haría posible el pago de pensiones, con aportes solidarios, a quienes jubilen gradualmente. En ese caso, operaría lo que se entiende como “la racionalidad de los grandes números”.
Debemos terminar con este drama humano; no es posible que persista. Por lo tanto, no queremos eludir nuestra responsabilidad y que se nos diga el día de mañana que nos faltó voluntad política. Es razonable comprometernos. Esta propuesta es viable y permite encontrar la solución, porque no es tan simple, como dice el diputado Dittborn , disponer de dos mil 500 millones de dólares.
También tenemos los dramas de los trabajadores informales, de la subcotización y de la falta de transparencia en la información. Debemos regular y comprometernos públicamente, como poder del Estado, de cara a nuestros trabajadores, a encontrar las soluciones, porque queremos que ello sea posible.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra, por cuatro minutos y medio, el diputado Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente , la primera pregunta que uno debe hacerse es para qué se convocó a esta sesión. Hay dos posibilidades: o se hace para compartir las quejas, sobre las cuales no tengo dudas de que son unánimes en esta Sala, o, sencillamente, para buscar una solución.
Pese a que hemos escuchado muchas quejas, espero que esta sesión sea para orientarnos en la búsqueda de soluciones. Por eso, lamento profunda y seriamente que no haya nadie del Gobierno presente escuchando los planteamientos que se formulan en esta Sala.
(Aplausos).
Coincidimos en mi bancada con dos puntos fundamentales de la convocatoria:
En primer lugar, en que aquí no estamos hablando de un posible premio de yapa a los trabajadores, sino, literalmente, de una deuda.
En segundo lugar, en que esta deuda fue provocada por el Estado. Pero si seguimos sólo con discursos, con propuestas impracticables, no avanzaremos en su solución.
Se sostiene hoy, por ejemplo, que la solución es volver al sistema antiguo, en circunstancias de que todos sabemos que eso es impracticable. Incluso, me atrevo a decir que sería una mala decisión, porque recuerdo que con el sistema antiguo se producían tremendas distorsiones. Sin ir más lejos, una autoridad o un parlamentario jubilaba con 15 años, mientras que un trabajador debía imponer 35 años para jubilar.
Así como es impensable buscar como solución la vuelta al sistema antiguo, debemos ser francos al señalar que aquí tampoco están en juego las bondades que ha traído la correcta aplicación del nuevo sistema de jubilación, y la rentabilidad nadie la impugna. Sin embargo, reconocemos que se produce un proceso de transición que ha ocasionado tremendas injusticias a quienes se les cotizó por valores inferiores a lo que ganaban. Con el antiguo sistema de reparto, al jubilar no había directa relación entre los aportes individuales y la pensión, lo que creaba un incentivo permanente que también fue tomado por el Estado para que se les impusiera a los trabajadores por menos de lo que ganaban.
Señor Presidente , esta causa que hoy tiene a muchos trabajadores angustiados y a profesores que no pueden jubilar, lamentablemente se sigue manteniendo. Vemos cómo año tras año, el Gobierno también aprueba innumerables asignaciones que las declara no imponibles. O sea, en 15 años más vamos a tener a otros trabajadores en tribunas reclamando por pensiones justas, porque estamos incurriendo en los mismos errores que se cometieron hace 15 ó 20 años. A los trabajadores se les debe cotizar por lo que efectivamente ganan y no existir asignaciones no imponibles.
(Aplausos).
Finalmente, sobre una premisa que nadie discute, recordemos que se trata de una deuda, y a todos nos enseñaron que las deudas deben pagarse. Nadie puede pensar en comprar un activo olvidándose que en el balance también hay deudas. Aquí había deudas que pagar. Y se han planteado soluciones; pero lo concreto es que todas ellas -como los proyectos de ley que han sido declarados inadmisibles o la posibilidad de que se entregue un nuevo bono de reconocimiento por la diferencia- deben ir enfocadas a compensar a aquellos trabajadores que, contra su voluntad, impusieron por menos.
Con la misma claridad que aquí se ha dicho, quiero señalar con firmeza que, por tratarse de materias en que el Gobierno tiene iniciativa exclusiva, la bancada de Renovación Nacional compromete todos los votos necesarios para buscar una solución lo más pronto posible a esta deuda que se tiene con los trabajadores.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo por cinco minutos.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , Chile entero hoy reclama por seguridad: seguridad en el trabajo, que aún no la tenemos; seguridad cuando tenemos los años que yo he cumplido. Recuerdo que en un momento histórico tuvimos, en el gobierno del Presidente Allende, un sistema de protección social a la altura de un país desarrollado y éramos ejemplo para muchas naciones del continente americano. Hoy, cuando somos considerados la estrella que brilla en el concierto continental, tenemos un modelo previsional privatizado, mínimo en cuanto a sus beneficios, y, lo que es peor, absolutamente impotente para entender las legítimas demandas ciudadanas de apoyo en los momentos en que la capacidad de trabajo y autosustento ya se encuentran mermadas.
El daño previsional es obra de un grupo de chilenos. Es un daño infligido por un grupo de chilenos que hicieron ingeniería social en Chile a contar de la asunción del régimen militar. Acá hubo ministros de Estado , subsecretarios que se dedicaron a desmontar el sistema de protección social y, en particular, el sistema de pensiones de nuestro país, poniendo los dineros de los trabajadores en manos de los nacientes grupos económicos. Eso lo viví y lo sé.
(Aplausos).
Hoy hay muchos que quieren obviar esta situación. Es políticamente incorrecto recordar el pasado. Hay que dedicarse -dicen ellos- a buscar soluciones. Pero, por favor, ¡qué soluciones! Rechazan aplicar un royalty a las empresas mineras. ¡Quieren pagar la deuda externa, quieren subir la caja fiscal!
¿Qué quieren realmente?
No quiero enredarme en el pasado, pero sí apostar al futuro, como lo ha hecho la Anef, que encabeza un proceso de diálogo con el Gobierno para buscar una plataforma que permita superar el actual estado de cosas; dar una solución viable, económicamente sustentable en el tiempo, a esas 160 mil personas que están próximas a jubilar, y reparar el daño previsional causado a otras 21 mil.
Hoy, Chile ha superado una crisis económica muy difícil y compleja. Las tasas de crecimiento sostenido, los aumentos en la recaudación fiscal, el desarrollo del sector exportador y, sobre todo, el precio que ha alcanzado nuestra riqueza nacional, el cobre, nos hace estar optimistas sobre el futuro inmediato, y seguros económicamente en el mediano plazo.
Mi demanda de esta tarde es cómo hacemos para que esos mayores ingresos provenientes de la venta del cobre, puedan definitivamente constituirse en un fondo solidario que vaya en ayuda de quienes han dado una vida entera de trabajo para el país, y que hoy no pueden aspirar a un descanso las condiciones mínimas de seguridad, dignidad y tranquilidad.
Termino mis palabras formulando un llamado al Gobierno a flexibilizar su posición, y a los trabajadores, agrupados en la Anef y en otras asociaciones, a continuar la lucha reivindicativa.
Sé que no les podemos exigir paciencia; nosotros tampoco la hemos tenido en su momento. Pero no podemos permanecer indiferentes, porque cuando se es víctima de una injusticia inflingida adrede desde el Estado, no estamos legitimados para ello.
Sepan que estamos con ustedes, trabajadores de Chile. Sepan que con sus luchas se logrará una más rápida solución a este problema, que, como muchos otros, es consecuencia del abuso del poder, de la falsa democracia que hemos vivido y de la depredación que otros cometieron en el pasado.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Muñoz.
El señor MUÑOZ .-
Señor Presidente , antes que todo, creo necesario recalcar el origen del problema, pues ello es fundamental a la hora de definir las soluciones que aquí se han señalado.
Se trata, no cabe la menor duda, de una situación generada en la década de los años ‘80 por quienes detentaban el poder, los que, en esa oportunidad, minimizaron las cotizaciones de los trabajadores. Además, durante esa década, se cometió una serie de irregularidades en el proceso de traspaso desde el antiguo al nuevo sistema previsional; prevalecían las presiones y la desorientación, en las que el mismo Estado tiene, cuando menos, responsabilidad de omisión al no haber contribuido a entregar una información suficiente respecto de sus efectos.
El resultado de lo anterior es un enorme déficit en los haberes previsionales de muchos servidores públicos y, con ello, al correr de los años, la reducción de sus posibilidades de obtener una pensión digna. Consecuentemente, se les ha impuesto una etapa de trabajo casi forzada, frente a la cruel disyuntiva de decidir entre mantener su sueldo como trabajador activo o acogerse a retiro, y, con ello, obtener una pensión miserable después de largos años de servicios.
¿Cómo no va a resultar doloroso que más de tres mil chilenos sigan trabajando en servicios públicos, no obstante tener más de 70 años, según lo revela un informe elaborado por funcionarios de la Contraloría General de la República? Estoy cierto de que muchos de ellos habrían ejercido, hace largo rato, su derecho a pensionarse si las condiciones, para ellos, fueran dignas.
¿Cómo no va a resultar doloroso que trabajadores del Estado, quienes han dedicado largos años a servir a sus compatriotas, reciban como jubilación sumas que corresponden a un mínimo porcentaje de sus últimas remuneraciones? No podemos permitirnos un doble discurso.
Lo mismo diré cuando abordemos el proyecto de ley sobre procedimiento de cobro de cotizaciones previsionales, que deberá tratarse en los próximos días.
Si exigimos a los empleadores privados cumplir con sus trabajadores y pagar mensualmente y en forma íntegra sus imposiciones, lo mismo debe regir cuando el empleador es el propio Estado. Más aun, a la obligación legal de pagarlas, en el caso del fisco, se une la obligación ética y social de dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas y en el respeto de las condiciones de trabajo de sus funcionarios.
De ello se desprende que es imprescindible reparar, buscando fórmulas y recursos para ello, el gigantesco daño que se ha infligido a estos funcionarios. Reconozco que no se trata de un problema fácil, por la magnitud de los recursos involucrados, pero es justo señalar que los funcionarios han demostrado disposición a encontrar algún mecanismo de arreglo. Más aun, han hecho un gran trabajo, anónimo y gratuito, por cuantificar el problema, por lo que no cabe sino felicitar y reconocer sus propuestas, que han sido entregadas en forma permanente a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara.
Por lo tanto, es imprescindible estar a la altura del problema ocasionado, y apelar a los principios de justicia involucrados y a la disposición y empeño de los funcionarios públicos. Debemos hacer un esfuerzo en serio para avanzar en la materia. Los plazos no deben ser excesivos; la espera ya ha sido larga y, lamentablemente, el tiempo se agota para muchos funcionarios públicos.
Como lo señaló el diputado señor Jaramillo , el país ha obtenido algunos recursos adicionales por la venta del cobre, generado un superávit estructural del uno por ciento en los últimos años y prepagado créditos obtenidos a mayores tasas de interés, lo que ha permitido ahorrar divisas. Probablemente se producirán otras holguras en los años venideros como consecuencia de la mayor tributación que debiera ocasionar el repunte económico y el aumento de las exportaciones. Esperamos que a todo ello se sume la aplicación de un royalty a la gran minería del cobre, el cual, sin afectar su inversión y competitividad, repare la situación del injusto privilegio impositivo en que se halla dicho sector. Espero que cuando debatamos el royalty minero, tengamos una respuesta positiva y el respaldo de los diputados de la Oposición. Lo anterior abre un horizonte de esperanza para pensar en una solución al problema, que la bancada socialista no puede sino apoyar.
Hago un ferviente llamado al Ejecutivo , a los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, para estudiar la cuantía de los recursos que se necesitan y las herramientas financieras para conseguirlos. Las respectivas comisiones de nuestra Cámara podrían colaborar con esa tarea, así como la recientemente creada Comisión de Seguimiento Presupuestario.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana por siete minutos.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , el Diccionario de la Lengua Española define “previsión” como “Acción y efecto de prever”. También señala que es “Acción de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles”. De la expresión deriva el término “previsional”.
Lo indicado en dichas definiciones es precisamente lo que no ha acontecido con el llamado “daño previsional”, que debemos atender por una cuestión de justicia y de coherencia para con nuestros valores de solidaridad y de defensa de la equidad.
Quisiera no lamentar la ausencia del ministro de Hacienda; pero la gente que nos acompaña en las tribunas necesita llevarse toda la información que requiera a sus lugares de origen.
Por lo tanto, éste es un tema que trasciende los aplausos, los cuales se han dado tanto a quienes han defendido por muchos años el daño previsional como a quienes han defendido durante mucho tiempo el sistema que ocasionó tal daño.
De manera que es importante que las personas que están en tribunas y que quienes siguen el debate conozcan la carta del ministro de Hacienda dirigida a la Cámara de Diputados, que dice: “En referencia a su invitación a participar de la sesión de la honorable Cámara de Diputados del miércoles 14, en que se analizará el grado de avance en las gestiones desarrolladas para buscar una solución al llamado “daño previsional”, me permito excusar mi asistencia en esta oportunidad, por razones de fuerza mayor. Sin embargo, al tenor de lo solicitado y en el ánimo de informarle, quisiera señalar que el Gobierno ha estado dialogando con los gremios del sector público, coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, sobre las condiciones de retiro de los funcionarios públicos desde el inicio de esta administración.
“En noviembre de 2001 se acordó constituir una comisión bipartita que estudiaría esta materia, la que funcionó radicada en la Subsecretaría de Previsión Social. Esta Comisión evacuó un informe en el primer trimestre de 2003, donde se señaló la disponibilidad del Ejecutivo de avanzar en mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios públicos en el ámbito de sus políticas laborales y focalizando su acción en las personas más vulnerables. Asimismo, se señaló la inviabilidad política y financiera para el Ejecutivo de respaldar fórmulas en el marco de esta demanda que implicaran modificar el actual régimen previsional.
“En noviembre de 2003, se acordó un nuevo protocolo con los dirigentes de la CUT y los gremios del sector público -copia que se adjunta-, en que se acordó estudiar y negociar una fórmula laboral como mecanismo que mejore las condiciones de término de la vida laboral de los funcionarios públicos y constituir una comisión conjunta con representantes debidamente mandatados para que se busquen caminos consensuales para construir un beneficio laboral para estos funcionarios.
“Este trabajo conjunto se inició en enero pasado y ha continuado regular e intensamente con reuniones quincenales, que no han concluido, en la tarea de consensuar una fórmula del ámbito laboral que mejore las condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo.”
Como puede observarse, el Gobierno ha estado trabajando -lo dice el ministro Eyzaguirre - en pro de mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios públicos, y reitera su disponibilidad de informar sobre esta materia cuando concluya el diálogo con los gremios.
No soy el vocero del ministro de Hacienda , pero es importante que los representantes de las organizaciones, cuando se ve humo, no sé si blanco, sepan que se avanza en esa dirección, y tengan todos los antecedentes, de manera que el proyecto de ley que aprobemos dé las garantías que los involucrados necesitan.
En este momento hay miles de chilenos y de chilenas que no desean jubilarse, y no lo harán porque, por un error del sistema que cambió la modalidad de fondos solidarios por ahorro individual, se les afectó seriamente, y eso no se ha resuelto.
En mi Región de La Araucanía, al igual que en el resto del país, muchas personas de los sectores de educación y de salud han tenido que vivir este drama durante mucho tiempo.
En nuestra cultura, la jubilación ha sido entendida y asumida estoicamente como un período de descanso, pero con enormes restricciones, con soledad y con cambio de estilo de vida. A las enfermedades, que sobrevienen con mayor frecuencia en la tercera edad, se agrega el magro aporte de la jubilación, porque el Estado no cumplió lo que sí exigió a los empleadores particulares. De modo que estamos frente a un problema real de la gente, que debemos solucionar a través de las modificaciones legales que correspondan, toda vez que obviarlo, no atenderlo o simplemente ignorarlo sería seguir postergando este drama social que todos hemos comentado, dejando pasar una oportunidad histórica de hacer justicia.
Como sabemos, el problema se ve seriamente agravado por el aumento de las expectativas de vida, lo que, obviamente, impide al fondo previsional cubrir tal situación en el tiempo. Aunque, desde el punto de vista valórico, preferimos un sistema de previsión solidario, hay que admitir que es relevante priorizar aquel que garantice la mayor eficacia y que efectivamente logre este tiraje de la chimenea, tan anhelado desde hace tiempo por muchos de los presentes, de manera de garantizar la existencia de fondos para todos aquellos que, en un número creciente, van incrementando lo que llamamos el sector pasivo, y que, de modo genérico, denominamos como tercera edad.
La carta que acabo de leer, del ministro Eyzaguirre , demuestra los esfuerzos que se han hecho por mejorar y regular el marco del sistema de las AFP que hoy tenemos; pero la verdad es que ha sido imposible. Por eso, se requiere un cambio más radical y la voluntad política para efectuarlo. Este es el resultado de hacer mal las cosas. Lo que no se previó al momento de establecer el sistema de las AFP y propiciar el cambio de sistema en Chile para todos los trabajadores, fue el enorme daño que se estaba haciendo y que no se ha reparado hasta ahora. Miles de funcionarios del sector público ven disminuidas sus opciones de obtener una jubilación digna, porque el Estado no cubrió todas las imposiciones y el gobierno de turno consideró que los aumentos de sueldo no eran imponibles ni tributables.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Recuerdo a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, todos los votos del PPD respaldarán esta iniciativa.
(Aplausos).
No es un tema de aplausos. Está bien que vengamos saliendo de Semana Santa, pero aquí no vamos a aceptar Pilatos que se vengan a lavar las manos, como hemos escuchado, aquí, porque son los mismos que apoyaron el régimen que ocasionó esto y que no han dicho nada durante más de veinte años.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , después de haber escuchado a los distintos colegas, no cabe duda de que existe una enorme discriminación entre la jubilación que perciben los funcionarios públicos afiliados al INP y la que perciben aquellos que se pensionan a través de las AFP.
Así como este Congreso Nacional aprobó sin demora una ley de nuevo trato, corresponde ahora aprobar estas medidas para reparar el daño provisional.
(Aplausos).
Se han planteado alternativas concretas. Hemos recibido una propuesta del Senado, que a través del Fondo Solidario Transitorio de Reparación al Daño Previsional, Fostrar , representa una alternativa de solución. También hay otras fórmulas. Incluso, el presidente de la Asociación de AFP , Guillermo Arthur Errázuriz , ha reconocido que existe un daño previsional. ¿Cómo no lo vamos a reconocer en el Congreso y cómo no lo va a reconocer el Gobierno? Debemos reparar el daño.
El país conoce la causa por la que se produjo esta situación al cambiar de un sistema de pensiones a otro. Por eso, corresponde, como muchos lo han planteado en esta sesión, no seguir haciendo diagnósticos, no seguir quejándonos, sino tomar un acuerdo en la Cámara de Diputados, ojalá unánime, por medio del cual se solicite al Presidente de la República adoptar las medidas necesarias para reparar este daño previsional, sin invocar el pretexto de que se trata de una reforma legal. Si así fuere, que se presente el proyecto de ley por parte del Presidente de la República . Si corresponden medidas administrativas, que se adopten.
No podemos seguir dilatando este problema, porque se trata de una situación de justicia.
Por eso, el Partido por la Democracia y la Concertación en su conjunto apoyaremos un proyecto de acuerdo que solicita al Ejecutivo una solución a este problema que afecta a todo el país.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , como miembro titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, quiero representar la voz de los parlamentarios que, en reiteradas oportunidades, hemos planteado esta situación en la Comisión y propuesto a las autoridades de Gobierno estudiar la forma de resolver este problema que aqueja a tantos funcionarios públicos. En verdad, la respuesta hasta el momento ha sido nula. Hay que decirlo con toda claridad.
Emplazo a los parlamentarios de la Concertación presentes en la Sala, pues ellos se reúnen todas las semanas con el Ejecutivo y almuerzan con los ministros -nosotros no tenemos esa posibilidad-, a que lleven el mensaje de los diputados de Oposición. Hay que buscar una solución a este daño previsional, pues durante años se ha perjudicado a muchos empleados públicos, a quienes se les impuso por una cantidad muy inferior respecto de otros trabajadores.
Aportaremos todos nuestros votos para aprobar un proyecto que recoja esta inquietud, de manera de ayudar a estas personas que pasan por un momento tan difícil. No puede haber profesores con más de 70 años de edad que todavía hagan clases en las escuelas debido a que no pueden jubilar, porque recibirán una pensión de 100 mil o 115 mil pesos. Eso es intolerable.
(Aplausos).
Definitivamente, estos 150 mil funcionarios requieren de apoyo y es necesario alcanzar hoy un acuerdo. Esperamos que las máximas autoridades de Gobierno nos escuchen en esta oportunidad y envíen, en el más breve plazo, un proyecto sobre la materia.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, estoy sorprendido por los discursos de algunos parlamentarios.
Llevo catorce años en la Cámara de Diputados; he escuchado muchos discursos y hemos despachado diversos proyectos de ley, pero a veces nos hacen aparecer como los culpables de lo ocurrido en el país. Por ejemplo, elaboramos una ley de reparación para los familiares de los detenidos desaparecidos, porque alguien los mató; hicimos una ley especial para los retornados, porque alguien los exilió; estudiamos una ley especial para los trabajadores despedidos de sus trabajos, porque alguien los echó, y ahora debemos despachar una ley especial para los trabajadores del sector público, porque alguien los obligó a cambiarse de sistema previsional.
(Aplausos).
Elaboramos esas leyes y seguiremos aprobando otras, porque es nuestra obligación y estamos convencidos de que se debe hacer.
Me preocupa que, con el tiempo, terminemos apareciendo como que nosotros hubiésemos sido los culpables de esta gran catástrofe que se provocó a los trabajadores.
Ahora nos dicen “juntémonos todos y elaboremos una ley”; “hablen con los ministros”; “estamos con nuestros votos disponibles para solucionar los problemas”. Quiero recordar a los diputados de Oposición que todo lo que hemos debido corregir es lo que ustedes hicieron al revés. Sin embargo, hoy quieren estar de igual a igual. Yo no puedo estar de igual a igual con ustedes, porque yo estuve con los mismos viejos que se encuentran en las tribunas luchando en las calles para que terminara la dictadura. No me comparo con ustedes. En esta materia, no hay ninguna comparación.
(Aplausos en las tribunas).
Si bien es cierto que este es un problema real, no es menos cierto que llevamos varios años planteándolo en la Comisión de Trabajo, como bien se ha dicho. En los almuerzos de los lunes le hemos expuesto el tema tanto al ministro del Trabajo como al de Hacienda y a los secretarios de Estado de otras carteras. Por lo tanto, le pediría al diputado señor Vilches que mientras conversamos con el ministro del Trabajo , él, en el almuerzo con los empresarios, les diga que, de común acuerdo -lo señalo porque todos han dicho que están dispuestos a ello-, elaboremos una ley especial para todas las mineras, a fin de que con el dinero que se obtenga por la aplicación de un royalty, materia que usted mismo ha planteado, se pueda solucionar el problema de los trabajadores del sector público. Si no le gusta el royalty -la gente de Renovación Nacional está de acuerdo, pero la de la UDI, en contra-, le propongo otra solución: como el 10 por ciento de todas las ventas del cobre va directamente a las Fuerzas Armadas, le propongo a la gente de la UDI y de Renovación Nacional que elaboremos, en conjunto, un proyecto con el objeto de que, de ese porcentaje, el cinco por ciento se destine a solucionar el problema de los trabajadores chilenos del sector público y el otro cinco por ciento se destine a las Fuerzas Armadas.
(Aplausos en las tribunas).
No bastan las palabras ni los lindos discursos: hay que tomar acciones que comprometan las palabras que uno va diciendo. Aquí hay proposiciones. Si no les gustan, planteen otras, pero solucionemos el problema de los trabajadores. Que la gente sepa quiénes han trabajado para resolver sus problemas. Si no les gusta ninguna de las dos propuestas, pidamos al Gobierno que asuma como propia la del senador Andrés Zaldívar . Si estamos todos de acuerdo, solucionaremos un gran problema.
La gente que se encuentra en las tribunas no sólo viene de Santiago o de Valparaíso, sino de diferentes lugares del país de Concepción, Valdivia , Temuco, y es bueno que conozca nuestra opinión sobre el tema.
Así como en el pasado aprobamos leyes especiales para la gente de Ferrocarriles, del carbón, para los presidentes y miembros de la Corte Suprema, para los familiares de detenidos desaparecidos, para los exonerados, para los retornados, también pido, en nombre de mi partido, la Democracia Cristiana, que, en conjunto, elaboremos un proyecto que favorezca a los trabajadores del sector público, a fin de que no se sigan muriendo, uno tras otro, porque ya ni siquiera son capaces de soportar la cantidad de años que llevan en sus oficinas.
Señor Presidente , no es posible que los políticos no seamos capaces de solucionar los problemas de los trabajadores del sector público, que han servido a Chile y que han estado al frente de los movimientos sociales reivindicativos, tanto propios como políticos.
(Aplausos en las tribunas).
Ayer pedimos sus votos; hoy somos parlamentarios, diputados, senadores, alcaldes, presidente -y otros que lo quieren ser-. Pero como pedimos sus votos, cumplamos las promesas que les hemos hecho.
Los votos de la Democracia Cristiana y de la Concertación, con nuestras manos limpias, están disponibles para servir a los trabajadores.
He dicho.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , creo que la sesión de esta tarde ha sido de mucha claridad para los funcionarios públicos que escuchan el debate. Primero, no está presente el ministro de Hacienda , quien tiene la responsabilidad de solucionar la deuda que existe con los trabajadores públicos.
Hemos escuchado muchas proposiciones y promesas. Se ha dicho: “Vamos a mandar”, “vamos a proponer”. ¿Por qué en catorce años no han mandado o no han propuesto una solución? ¡Basta de seguir engañando a esta gente! ¡Basta de seguir haciéndoles promesas! ¡Basta de seguir politizando el sufrimiento de personas que tienen más de setenta años y que no pueden jubilar!
(Aplausos en las tribunas).
Eso es demagogia, y por eso denunciamos lo que se ha pretendido hacer con ella. Emplazamos al Gobierno a que envíe las iniciativas que dice que enviará, para que las discutamos en presencia de las mismas personas que han concurrido a las tribunas. Una cosa es la demagogia, y otra, la realidad. Aquí hay personas a las que durante años se les han hecho muchas promesas.
Soy un diputado nuevo, pero trabajé durante treinta y cinco años en otra actividad. Existe una deuda con los funcionarios públicos que debe ser pagada por el fisco. Por eso, el Estado debe asumir la responsabilidad de enviar un proyecto que dé una solución definitiva a este problema que afecta a mucha gente.
Reitero nuestra preocupación por la ausencia del ministro de Hacienda en esta sesión. Ha enviado una larga carta cuya lectura, lamentablemente, por las pifias de las tribunas, fue imposible escuchar. Creo que su actitud constituye una falta de respeto hacia todas las personas que han concurrido a presenciar esta sesión, quienes, a su vez, representan a miles de funcionarios públicos a los cuales les han hecho muchas promesas que no se han cumplido.
He dicho.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
El proyecto de acuerdo ha sido presentado por los diputados señores Salas, Meza, Tuma, Montes, Seguel, Riveros; por las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana, Allende, doña Isabel, y Caraball, doña Eliana; y por los diputados señores Dittborn, Egaña, Von Mühlenbrock, Ascencio, Ortiz, Bayo, Saffirio, Escalona, Silva, Letelier, don Felipe, y Robles.
“Considerando:
Que existen muchos chilenos especialmente funcionarios públicos- que ven con temor el momento de su jubilación, por cuanto ésta sería de un monto muy inferior a su sueldo o salario en actividad.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República el pronto envío de un proyecto de ley que permita corregir la situación que afecta a un considerable número de trabajadores de la Administración Pública, servicios municipalizados y académicos y funcionarios de universidades públicas, cuyo bono de reconocimiento no fue calculado sobre la base de su remuneración real, de forma que se les permita optar por pensionarse en el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones o a través del Instituto de Normalización Previsional”.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Corresponde analizar “el proceso y el grado de avance de las conversaciones, reuniones y gestiones que se han desarrollado para buscar una solución al llamado daño previsional”.
El tiempo previo de 15 minutos corresponde al Partido por la Democracia. Según nos han comunicado, harán uso de cinco minutos cada uno, el diputado señor Tuma, la diputada señora Adriana Muñoz y el diputado señor Meza.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Tuma.
-Aplausos.
-Aplausos en las tribunas.
-Aplausos.
-Aplausos.
-Aplausos.
(Aplausos)
-Aplausos.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García hasta por cuatro minutos y medio.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , si uno analiza las intervenciones de esta sesión, concluye que todos estamos de acuerdo. Han hablado diputados del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente. En consecuencia, no sacamos nada con seguir hablando para recriminarnos acerca de quién tuvo la culpa o de quién no la tuvo, en circunstancias de que lo único que desea la gente es saber sobre la solución al problema.
(Aplausos).
Nada más. Quieren saber cuál va a ser la solución a un problema que afecta a miles y miles de personas.
Veo a varios dirigentes que desde hace 14 ó 20 años están discutiendo el tema y siguen en los mismos paños. O sea, las discusiones, las pifias y los aplausos no han traído consigo ninguna solución para los jubilados ni para la gente que está en las tribunas.
¡Los únicos que están en desacuerdo son los ministros! Tan cierto es que no hay ninguno presente. Por ello, vamos a esperar pacientemente que nos manden el proyecto de ley para reparar el daño causado a las personas que hoy quieren jubilar.
Hoy da lo mismo que nos aplaudamos o que no nos aplaudamos; que nos pifiemos o que no nos pifiemos. A mi juicio, todos tenemos culpa, porque recordemos que el gobierno de Pinochet se fue hace 14 años. El que está gobernando es el encargado de regir los destinos del país. ¡Y estamos poniendo a disposición del Gobierno los votos necesarios para reparar el daño causado durante estos años a esta gente, que espera una solución!
¡Ese es el fondo del problema! No tenemos otro problema. Podremos echarnos la culpa todo el rato, y la gente lo comprenderá.
Les aconsejo guardar sus fuerzas; aplaudan con ganas cuando llegue el proyecto, se vote en la Sala y todos estemos de acuerdo en que ustedes deben tener una solución.
Con esa sensación debiera salir la gente de aquí, porque ya tiene una cosa a su favor: todos los colores políticos, todos los partidos políticos estamos sensibilizados porque creemos de justicia que obtengan una jubilación justa.
Termino mis palabras diciendo que hoy el problema no es llegar a los 65 años. Cualquier chileno llega a esa edad, gracias a Dios. El problema es cómo vivir entre los 65 y los 90 años, que es la expectativa de vida actual. Ahí es donde se deben hacer esfuerzos para que esa gente tenga un mejor pasar, ya que a esa edad, precisamente, se incurre en mayores gastos médicos, medicamentos, exámenes.
Hay muchas otras cosas por corregir. Por ejemplo, ¿por qué cuando mueren los hombres, las viudas reciben la mitad de la pensión? Deben conservarla íntegra, porque es una herencia que les deja el marido. Repito, tenemos, con voluntad, muchas cosas que arreglar. Nada sacamos con culparnos unos a otros. En verdad, lo digo con una mano en el corazón: pensemos en el futuro de nuestra patria y de nuestros hijos.
No me cabe en la cabeza que haya gente de setenta años que trabaje todavía, y ello, porque si se quedan en sus casas, pasan a ser parias. ¡Eso no puede ser! Nadie les ha preguntado cuánto les descuentan, pero lo cierto es que les han descontado siempre. Que esa plata se traduzca en un mejor pasar, un mejor futuro y una mejor jubilación, es la tarea que debemos enfrentar Gobierno y Oposición. Quien piensa que el problema de los jubilados es de un solo sector, está profundamente equivocado, porque si la Concertación o la Oposición se oponen, no habrá solución.
Repito, con una mano en el corazón, que creemos, de verdad, que esta gente merece una solución justa. Esperamos que, a la brevedad, el Gobierno envíe un proyecto de ley sobre la materia, a fin de que sea aprobado en el Congreso Nacional y, así, dar tranquilidad a los miles y miles de chilenos que están esperando ese minuto.
He dicho.
-Aplausos.
-Aplausos.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , tal como es sabido por todos mis colegas, en los últimos meses ha resurgido una antigua aspiración de parte de un grupo importante de funcionarios públicos que, a inicios de los años ochenta, optaron por ingresar al entonces nuevo sistema de AFP. El argumento central de esta demanda se basa en que habrían sido perjudicados, ya que al momento de jubilar recibirían una pensión, en muchos casos, muy por debajo de las últimas remuneraciones que percibieron y, además, muy inferior a las pensiones a que tienen derecho los funcionarios que en la época optaron por seguir cotizando en el sistema antiguo.
A nuestro parecer, es imperioso remontarse al origen del problema, ya que, a partir del análisis de las causas de la actual situación, en mi opinión, es más sencillo y práctico trabajar en una solución de carácter definitivo.
En el antiguo sistema no existía una relación entre los aportes individuales y la pensión por recibir, pues se cotizaba por una cifra inferior al total de remuneraciones que se obtenían, lo que permitía disminuir costos para los empleadores y aumentar los ingresos finales de los trabajadores. Dicha modalidad produjo consecuencias en el cálculo del bono de reconocimiento de los funcionarios públicos, ya que, como resultado de la subcotización del Estado, a los trabajadores se les reconoció una contribución reducida en sus cuentas individuales al momento de traspasarse al nuevo sistema. Luego de la reforma al sistema provisional, el Estado siguió utilizando ese mecanismo y, por lo tanto, subcotizando, afectando, de ese modo, las cuentas de capitalización individual de esos trabajadores.
La situación actual que afecta a los trabajadores en cuestión no ha tenido una adecuada solución por parte de la autoridad, ya que el bono de reconocimiento sigue siendo muy bajo, lo que trae como consecuencia que el cálculo de la pensión mensual que recibirán sea significativamente inferior.
En resumen, hay que concluir que mientras el bono y los fondos ahorrados en la cuenta individual sean bajos, la pensión por recibir también lo será. Nos parece que esta situación ha afectado por demasiado tiempo a estos trabajadores, por lo que llegó la hora de darles una solución real y definitiva.
En este ámbito, es necesario esclarecer dudas con respecto a un supuesto engaño que habría afectado a estos trabajadores años atrás. La verdad es que si bien la situación que los afecta es grave, no es justo desconocer que la raíz se encuentra en un bono de reconocimiento muy bajo y en los reducidos aportes a las cuentas individuales.
Me parece que la solución que señalé no pasa esencialmente por permitir mecanismos para retornar al antiguo sistema, ya que sería un camino que podría dar pie para que otros grupos solicitaran beneficios similares, pero con premisas totalmente distintas.
Creemos que corresponde al Estado asumir el costo de las cotizaciones que no se efectuaron en su momento, y que se debe trabajar en la creación de un complemento al bono de reconocimiento, con el objeto de que los trabajadores afectados puedan obtener una pensión adecuada y digna, que merecen ampliamente. Como dije, llevan demasiado tiempo esperando una solución.
He dicho.
-Aplausos.
-Aplausos en las tribunas.
-Aplausos en las tribunas.
-Aplausos.
El señor MASFERRER .-
Que manden el proyecto, señor Presidente . Llevamos catorce años esperándolo. Lo aprobaremos de inmediato.
-Aplausos.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LORENZINI (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LORENZINI (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17.16 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 14 de abril de 2004.
Pongo en conocimiento de vuestra Excelencia, que el jueves 21 de mayo, a las 10.00 horas, se celebrará la sesión del Congreso Pleno en que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de la República, corresponde inaugurar la legislatura ordinaria del Congreso Nacional. Además, en esta sesión, su Excelencia el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación, en conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 24 de la Carta Fundamental.
De acuerdo a la tradición, para recibir a su Excelencia el Presidente de la República con la debida ceremonia, se acostumbra constituir una Comisión de Reja destinada por cada rama del Congreso para darle la bienvenida a su arribo al edificio y una Comisión de Pórtico para saludarlo en la puerta del Salón de Honor.
En consecuencia, ruego a vuestra Excelencia tenga a bien recabar el asentimiento de la honorable Cámara de Diputados para la designación de los diputados que deberán integrar las Comisiones referidas y comunicar al Senado tales nombramientos para proceder a su integración con los senadores que, a su vez, conformarán tales comisiones.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
2. Resolución de la Comisión de Conductas Parlamentarias recaída en la presentación efectuada por el diputado señor Alejandro Navarro Brain . (Acuerdo Nº 011-2004).
“Valparaíso, 31 de marzo de 2004.
Vistos:
Que el diputado señor Alejandro Navarro Brain ha requerido un pronunciamiento de la Comisión de Conductas Parlamentarias respecto a si es éticamente aceptable lo actuado por él en cuanto a utilizar información de su trabajo parlamentario y compartirla con un tercero, quien, además, tiene vinculación laboral con una entidad susceptible de ser fiscalizada por los órganos internos de la Corporación, situación que habría sido denunciada por un medio de comunicación social.
Que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 10 del Código de Conductas Parlamentarias, corresponde a esta entidad “responder a pronunciamientos solicitados por un diputado que digan relación a su inquietud o quehacer”.
Que la Comisión, en el ejercicio de sus facultades y solicitada su intervención, ha recibido en audiencia al Diputado señor Alejandro Navarro Brain , quien efectuó un detallado relato de los hechos que motivan su presentación y proporcionó antecedentes que se tuvieron a la vista en la adopción de este acuerdo.
Considerandos:
Que uno de los principales cometidos que el Código de Conductas Parlamentarias encomienda a la Comisión es el de absolver las consultas de los Diputados respecto de actos o intervenciones en que pudieran aparecer infringiendo una norma o parámetro ético al que están obligados a adecuar sus quehaceres.
Que, como se ha señalado reiteradamente, la opinión de la Comisión dice relación, única y exclusivamente, con el plano moral y ético de las actuaciones parlamentarias y, por lo mismo, no puede entrar a hacer otro tipo de calificación de los hechos. Sin embargo, para dar una respuesta a la inquietud formulada en este caso, se hace imprescindible incursionar en diversos aspectos de lo meramente ético de la consulta planteada.
Que en lo medular, el Diputado Navarro Brain ha sostenido que en distintas oportunidades ha consultado la opinión técnica de su amigo Alex Quevedo , quien se desempeña como abogado de Enasa , empresa ligada al tratamiento de desechos sólidos, asesorías que se han relacionado con temas de naturaleza jurídica o con materias medioambientales en los que se especializa dicho profesional.
Que el diputado Navarro Brain ha reconocido que, previamente a la presentación de la acusación constitucional que en su oportunidad diez Diputados formularon en contra del Intendente de la Región Metropolitana , señor Marcelo Trivelli Oyarzún , envió al abogado Quevedo y a otros profesionales un texto en borrador de la misma, para conocer el parecer de éstos sobre dicho asunto.
Que, por otra parte, el diputado Navarro Brain también ha mencionado en su relato que vendió un vehículo motorizado al mencionado señor Quevedo y del cual no ha hecho la transferencia que ordena la ley. Ha asegurado que tal acto no ha podido perfeccionarse por existir una prenda no alzada y porque el comprador no le ha pagado completamente el precio.
Que los hechos descritos han sido publicitados por un canal de televisión, en el marco de una investigación periodística relativa al tema de los desechos sólidos y a los supuestos negocios vinculados al mismo. En tal reportaje se habría mencionado al Diputado Navarro , quien alega que nada tendría que ver con la situación denunciada por el medio de comunicación, a la cual fue ligado en el reportaje de manera maliciosa.
Que la Comisión carece de facultades para entrar a pronunciarse sobre la veracidad del reportaje aludido ni puede investigar la participación de algún integrante de la Corporación. Sus resoluciones, como es sabido, son adoptadas en base a los hechos y antecedentes aportados por los propios recurrentes y respecto de los cuales se forma un juicio u opinión que debe contrastar con las normas y principios consagrados en el Código de Conductas Parlamentarias para luego determinar si los hechos se ajustan o no a los cánones contenidos en ese cuerpo normativo.
Que el obrar del diputado Navarro ha sido descuidado en cuanto a que, a lo menos, no ha cumplido las obligaciones de publicidad que señalan los cuerpos legales para la transferencia de ciertos bienes muebles, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder por la venta de un bien prendado, conforme a la legislación civil.
Que, respecto a la opiniones que se puedan solicitar a expertos, si bien es un deber de los diputados recurrir a las fuentes más directas, confiables y fidedignas posibles, no es menos cierto que ello debe realizarse con la prudencia que aconseja el buen criterio, sobre todo si la fuente consultada tiene algún interés directo en el asunto, como ocurre en el caso en estudio.
Que el Código de Conductas Parlamentarias previene a los diputados que deben guardar discreción en relación con los hechos e informaciones de los cuales tengan conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, sea que hayan sido o no calificados como confidenciales, cuestión que en la situación planteada por el requirente bien podría verse vulnerada.
Que, en relación con la enajenación de los bienes, los diputados se encuentran sometidos a las mismas reglas que rigen al resto de los ciudadanos y, aun más, están obligados a actuar de forma tal que su conducta pueda admitir el examen público más minucioso. Para ello –agrega nuestro ordenamiento interno- no es suficiente la simple observancia de la ley; deben aplicarse también los principios de conducta y de ética públicas que, al parecer de la Comisión, no han sido observados con la rigurosidad requerida.
Que, en atención a los acuerdos anteriores de la Comisión sobre publicidad de sus resoluciones y de los criterios manifestados en el Acuerdo Nº 03-2002, se ha estimado que en este caso su resolución tendrá el carácter de pública y, luego de su notificación al recurrente, se dará a conocer al resto de la Cámara de Diputados mediante su inserción en la Cuenta de la sesión de Sala más próxima.
-o-
Por último, la Comisión valora que los señores Diputados recurran a ella para conocer su opinión en estas importantes materias.
Se resuelve:
Llamar al diputado señor Alejandro Navarro Brain a ser prudente respecto de las fuentes de información y, en especial, de asesoría que utiliza para desempeñar su cargo parlamentario, evitando toda sombra de duda respecto a posibles conflictos de intereses.
Que la conducta del Diputado Navarro Brain de vender un automóvil sin haber cumplido con las formalidades que establece la ley es una clara transgresión de los principios consagrados en los artículos 2º, 4º y 6º del Código de Conductas Parlamentarias. Frente a ello, la Comisión se ve compelida a requerirle el pronto cumplimiento de las obligaciones civiles que voluntariamente ha contraído, si a la fecha aquello no ha acontecido.
Que no corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre el contenido, veracidad o intencionalidad del programa de televisión en que se denunciaron diversas irregularidades existentes en el tratamiento de los desechos sólidos, sus posibles conexiones e intereses económicos.
Resolución acordada con el voto unánime de los Diputados integrantes, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso final del artículo 10 del Código de Conductas Parlamentarias.
Resolución adoptada en sesión de fecha de 31 de marzo de 2004, con la asistencia de los diputados señores Galilea Vidaurre, José Antonio ( Presidente ), Enrique Accorsi Opazo , Rodrigo Álvarez Zenteno , Pedro Muñoz Aburto , Carlos Olivares Zepeda , José Pérez Arriagada , Carlos Recondo Lavanderos , Carlos Vilches Guzmán y Edmundo Villouta Concha .
Notifíquese al requirente por el señor Secretario de la Comisión y archívese.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GALILEA VIDAURRE , Presidente de la Comisión ; MIGUEL LANDEROS PERKIC , Secretario de la Comisión ”.