Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- EVENTUAL RESTRICCIÓN DE EXPORTACIONES DE GAS NATURAL DESDE ARGENTINA. Proyecto de acuerdo.
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Antonio Leal Labrin
- Pablo Lorenzini Basso
- Zarko Luksic Sandoval
- Carlos Montes Cisternas
- Waldo Mora Longa
- Edgardo Riveros Marin
- Edmundo Salas De La Fuente
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Isabel Allende Bussi
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EVENTUAL RESTRICCIÓN DE EXPORTACIONES DE GAS NATURAL DESDE ARGENTINA. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 66ª, en miércoles 31 de marzo de 2004
(Especial, de 16.01 a 18.41 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo; Leal Labrín, don Antonio, y Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
REPÚBLICA DE CHILE
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Objeto de la sesión.
- Eventual restricción de exportaciones de gas natural desde Argentina. Proyecto de acuerdo 7
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que crea la comuna de Alto Biobío, en la Región de Biobío. (boletín N° 3342-06) 40
VII. Otros Documentos de la Cuenta.
- Nota del señor Jefe de Bancada de los diputados de Renovación Nacional por la que comunica que el diputado señor Palma será reemplazado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, en forma permanente, por el diputado señor Álvarez-Salamanca.
1. Oficios:
Contraloría Regional del Maule
- Señor Urrutia, fiscalización practicada en el Indap-Área Parral y en la Municipalidad de Retiro.
Contraloría Regional de Los Lagos
- Señor Espinoza, situación de diversos funcionarios de la Municipalidad de Lanco.
Ministerio de Defensa Nacional
- Señor Rossi, cobro efectuado por compañía aseguradora.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Señor Navarro, antecedentes sobre la Empresa Inmobiliaria Improviv Ltda.
- Señor Kuschel, planes reguladores municipios de la Décima Región.
- Señor Correa, plan regulador comunal de Curicó.
Dirección del Trabajo
- Señor Rossi, cantidad de multas cursadas a la empresa Explonor.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa de la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Concurrió, también, el senador señor Andrés Chadwick.
-Asistieron, además, los ministros del Interior , señor José Miguel Insulza; de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Jorge Rodríguez Grossi, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Francisco Huenchumilla.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.01 horas.
El señor HALES (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor HALES (Vicepresidente).- El acta de la sesión 60ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 61ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor HALES (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
EVENTUAL RESTRICCIÓN DE EXPORTACIONES DE GAS NATURAL DESDE ARGENTINA. Proyecto de acuerdo.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
La presente sesión está destinada a considerar la incidencia que podría tener en el sector eléctrico y energético la posible restricción de las exportaciones de gas natural anunciada recientemente por autoridades de la República Argentina.
Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , me imagino que el ministro de Economía ha sido invitado a esta sesión especial. Es importante su participación; de lo contrario, esta reunión no tiene mayor sentido.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
¿Le parece a la Sala que suspendamos la sesión en espera de que llegue el señor ministro de Economía ?
El señor MONTES.-
No hay acuerdo.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Puesto que los señores diputados no solicitan el uso de la palabra, suspenderé la sesión durante algunos minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LORENZINI (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Damos la bienvenida al señor ministro de Economía y Energía a esta sesión especial.
Varios señores diputados han solicitado que, en primer lugar, el señor ministro realice una exposición sobre el tema en discusión. Por lo tanto, posteriormente ofreceré la palabra a los señores diputados y, a continuación, el señor ministro podrá responder las interrogantes que surjan.
El señor RODRÍGUEZ ( ministro de Economía y Energía ).-
Señor Presidente , comienzo mi intervención señalando que la decisión de Argentina de limitar las exportaciones de gas hacia Chile, Brasil y Uruguay es claramente decepcionante; es un nubarrón en la senda de la integración comercial que, desde hace años, estamos empeñados en concretar, construir y levantar con Argentina. Por eso, queda nada más que lamentar que ocurra esta situación.
También constituye un grave y doble daño para Argentina. Sus exportaciones hacia Brasil, Chile y Uruguay le representan una fuente de divisas y, principalmente, de utilidades que ayudan a las productoras argentinas a navegar por un mercado doméstico que paga un tercio del precio que pagamos nosotros. Sin exportaciones, la situación doméstica de Argentina puede ser peor por el menor interés productivo de las propias empresas productoras de gas.
Asimismo, constituye un perjuicio para Argentina porque la valoración chilena de sus exportaciones de gas se ha deteriorado significativamente. Una vez superada esta crisis, será difícil restituir la confianza en ese producto. Eso nos va a llevar a cambiar nuestra matriz energética y a no apreciar el valor del gas de origen argentino. Esto es un perjuicio -insisto- para ambos países.
No cabe duda de que las señales de precios, incluyendo los riesgos que presentan los diversos combustibles, afectarán el desarrollo eléctrico sobre la base de gas natural argentino, y, en consecuencia, se deberán buscar otros recursos, como el gas natural licuado, el carbón, el agua y la geotermia, entre otros, para implementar el abastecimiento eléctrico chileno futuro.
Los lineamientos establecidos en la ley corta eléctrica, recientemente aprobada por este Congreso Nacional, señalan varios aspectos de importancia, que reseñaré a continuación:
El primero es la promoción del uso de combustibles medioambientalmente amistosos, como el agua, la geotermia, el viento y la luz solar, entre otros. Esto se traduce a través del apoyo formal que esa ley eléctrica corta otorga a las centrales de 20 megawatts o menos para transitar por la red eléctrica troncal sin pagar peaje hasta un cierto límite.
El segundo es la obligación que dicha ley eléctrica corta impone al sistema eléctrico para remunerar la electricidad producida por estas pequeñas centrales en relación con los precios del mercado eléctrico, y no como sucedía con la antigua ley, que permitía a las grandes compañías pagar el precio que se les ocurría a los pequeños productores.
Por lo tanto, la ley eléctrica corta genera un subsidio, un sesgo a favor de las pequeñas centrales eléctricas que tengan acceso a utilizar recursos medioambientalmente amistosos, muy importantes para el desarrollo eléctrico futuro chileno.
El tercer aspecto dice relación con el cambio en el sistema de peajes o de precios del transporte eléctrico. Mientras la anterior ley obligaba a los inversionistas a pagar el ciento por ciento de los costos de transporte, la nueva ley eléctrica corta, aunque no fija porcentajes determinados para cada uno de los proyectos, permite que los inversionistas paguen, en promedio, sólo entre 60 y 70 por ciento de los costos de transporte. Con ello se promueve -es una gran oportunidad- la instalación de centrales que utilicen recursos como el agua, la geotermia, el viento u otros, que normalmente están alejados de los centros principales de consumo.
Un cuarto aspecto se refiere a la protección de los consumidores. La antigua ley establecía que tanto respecto de la potencia como de la energía, el precio de nudo, que representa aproximadamente la mitad de la cuenta eléctrica que reciben los chilenos bajo régimen regulado, podía fluctuar, más o menos, en un 10 por ciento del promedio de los precios de los grandes clientes consumidores de electricidad. La ley eléctrica corta redujo esa banda y estableció que el precio de nudo no podrá ser, en promedio, menor al 5 por ciento de los precios libres, ni, en promedio también, mayor al 5 por ciento de dichos precios. Esto significa -adelantándome a la parte final de mi intervención- que, en un escenario de fuerte aumento en los costos de producción de la energía eléctrica, no podrá traspasarse a los consumidores, en ninguna circunstancia, un costo superior al 5 por ciento de los precios pagados por los grandes clientes, los cuales son precios de largo plazo y no de coyuntura.
La promoción establecida a través de la nueva ley eléctrica induce a los privados a invertir en centrales eléctricas. No es el Gobierno, sino del sector privado el que invierte. Ni siquiera, como se ha señalado en muchas intervenciones que he escuchado y leído a través de la prensa, es el llamado “plan de obras” de la Comisión Nacional de Energía el que establece en qué invertirán los privados en centrales eléctricas. Es importante aclarar que ese “plan de obras” sólo tiene que ver con la adaptación de la oferta y la demanda a los valores más económicos para construir centrales, aspecto que debe establecer la Comisión Nacional de Energía cada vez que le corresponda determinar el precio de nudo. Ese plan incluye todas las centrales en construcción y aquellas que, según la Comisión Nacional de Energía, son viables y baratas.
Por lo tanto, la decisión de invertir es del sector privado y no del Gobierno.
Cuidado con volver a concentrar el portafolio de recursos energéticos eléctricos en un solo recurso.
En 1995, en el sistema interconectado central, el más grande de Chile, que se extiende desde Copiapó hasta Chiloé, entre el 70 y el 80 por ciento de la electricidad era producida sobre la base de recursos hídricos. Felizmente, en 1997, el país abre su comercio al gas argentino, el cual nos ha permitido bajar los costos de producción de electricidad en alrededor de 40 por ciento, limpiar el aire de la Región Metropolitana y alcanzar un desarrollo a nivel industrial, ventajas que lleva consigo el uso de un combustible limpio y barato. Además, nos permitió salvar, en 1998 y 1999, una situación eléctrica que podría haber tenido consecuencias económicas serias. Me refiero a la sequía que aconteció en aquellos años, que, cíclicamente, vuelve a nuestro territorio cada siete u ocho años. La incorporación de gas natural a nuestro parque energético nos permitió, entonces, diversificar nuestra matriz energética, salvándonos de una crisis eléctrica y económica que habría sido dolorosa y grave para nuestro país.
Sin duda alguna, es importante que Chile siga produciendo electricidad sobre la base del agua. Pero se debe tener cuidado con volver a intentar concentrar la producción de electricidad en un solo recurso, que, por historia y estadísticas, sufre cada cierto tiempo fuertes restricciones por motivos climáticos. Entonces, tenemos que adaptar los mecanismos de incentivos para incorporar, ahora, el riesgo del gas argentino, de manera que quien quiera invertir en una nueva central eléctrica sepa que si usa dicho gas, no se le podrá reconocer el ciento por ciento de la potencia que esté incorporando al sistema eléctrico y, por lo tanto, deberá buscar resguardos para garantizar que su central esté siempre operativa cuando sea necesario que produzca electricidad.
A través de los mecanismos de incentivos, Chile, hacia delante, deberá cambiar y adaptar su matriz energética.
Para terminar, me referiré a la situación que estamos viviendo en este instante. La Secretaría de Energía de Argentina le comunicó ayer al Gobierno que, a partir de mañana, se dejará de proveer 2 millones 300 mil metros cúbicos de gas natural a través de los ductos que entran al norte grande. Esto, en razón de diversas causas, pero, principalmente, porque el noroeste argentino es el más débil para producir gas en este momento.
Con esta medida se pone restricciones a una central eléctrica que pertenece al Sistema Interconectado Central ; en concreto, a una turbina de la central Taltal que está al norte de Copiapó. A la vez, se restringe el funcionamiento de una turbina perteneciente a la empresa TermoAndes, la cual está localizada en Salta, Argentina, pero conectada con Chile a través de una línea eléctrica. La misma suerte correrá una turbina de la empresa Nopel, ubicada en Antofagasta, que también funciona con gas natural argentino.
Esta situación lamentable y decepcionante significa que el norte grande es la región que comienza a sufrir la crisis de gas argentino, pues en términos de abastecimiento muestra mayor debilidad.
Por otra parte, la zona de Magallanes, que es otra región chilena abastecida con gas argentino, cuenta con el ciento por ciento de seguridad de no sufrir alteraciones en su abastecimiento. Sin embargo, la región del centro de Chile está limitando su abastecimiento de gas natural argentino, dependiendo de que los productores privados de la cuenca de Neuquén sean capaces de realizar lo que han ofrecido y prometido, esto es, llenar en un ciento por ciento los tres ductos de gas natural que arrancan desde esa provincia hacia Buenos Aires. Por lo tanto, en la medida en que estos productores sean capaces, efectivamente, de hacerlo, el abastecimiento del sistema eléctrico chileno no debiera sufrir mayores alteraciones.
Desde el punto de vista del abastecimiento de gas domiciliario e industrial, el Gobierno de Chile, al igual que en el caso eléctrico, tomó las medidas necesarias, a partir del 19 de febrero de 2002, ocasión en la que un grupo de sindicalistas argentinos, en la región de Neuquén, se tomó un centro de despacho de gas natural, lo que interrumpió, por algunas horas, el suministro de gas hacia Chile. Desde ese momento, nuestro Gobierno, junto con el sector privado, adoptó medidas para asegurar que el abastecimiento de gas doméstico e industrial desde Argentina tuviera opciones para no provocar molestias al consumidor nacional si se llegaba a producir alguna catástrofe natural o de otro tipo. Es así como la mayoría de las empresas distribuidoras de gas han invertido en plantas que son capaces de usar gas licuado volatilizado para sustituir el gas natural, o, como es el caso de algunas empresas santiaguinas, transformar nafta en gas equivalente al gas natural. De esta manera, ante un caso hipotético de gran desabastecimiento de gas natural -que no es lo que estamos prediciendo-, se están tomando todas las medidas para que el gas no falte en las casas ni en las industrias.
En lo que se refiere al sector eléctrico, las medidas adoptadas también han inducido a aquellas centrales eléctricas que usan gas natural a transformarse en centrales duales que utilicen petróleo diésel en lugar de gas natural. El petróleo diésel es mucho más caro que el gas natural, pero, desde el punto de vista práctico, permite el funcionamiento de la mayoría de las centrales a gas natural. De tal manera que, en la zona norte, de cinco centrales a gas natural, hay cuatro que pueden funcionar con petróleo diésel, y en el caso del Sistema Interconectado Central, hay tres centrales que pueden funcionar con diésel, y una cuarta que, a fines de abril, estará adaptada para tal propósito.
En consecuencia, ante la restricción de gas natural argentino, puedo señalar que el sistema eléctrico, tanto del norte de Chile como del Sistema Interconectado Central, están en capacidad de continuar con el abastecimiento eléctrico en forma normal, de manera que los consumidores no sufran escasez de este vital producto.
En términos de precios del gas, el Gobierno no se lo fijará. Dependerá de las empresas distribuidoras de gas natural ser capaces o no de defender su negocio ante las alternativas, de manera de continuar abasteciendo de gas natural a los domicilios sin necesidad de aumentar los precios. Si estas empresas fallan en el abastecimiento o aumentan los precios, estoy convencido de que recibirán el merecido castigo de los consumidores.
En el caso eléctrico, si esta condición de desabastecimiento, particularmente en el norte grande, se hace profunda y permanente, al cabo de seis meses, a partir de ahora, cuando corresponda definir el nuevo precio de nudo, habrá que incorporar los nuevos costos, los que jamás podrán pasar por encima del 5 por ciento por sobre el promedio de los precios libres, gracias a la ley eléctrica corta. El resto de los costos deberá ser absorbido por las empresas eléctricas.
Para terminar, quiero señalar que ésta es una situación lamentable, completamente fuera del control del Gobierno. Éste no tiene cómo manejar lo que el gobierno de un país vecino realice. Pero, desde la perspectiva de lo que es nuestra responsabilidad, garantizamos que Chile, a pesar de sufrir restricciones en materia del gas natural proveniente de Argentina, seguirá teniendo gas y electricidad.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Iniciando el debate, tiene la palabra, por quince minutos, el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , hoy la Cámara de Diputados está convocada a debatir una materia de la mayor importancia para el país: el abastecimiento eléctrico.
Por la experiencia vivida durante el año pasado, con motivo de dictarse la legislación respectiva y la aprobación, en enero de este año, de la ley corta, estimo que el plan del Gobierno en materia de obras de desarrollo y crecimiento ha sido errático, improvisado y sin visión de futuro. Y avalo mis palabras en el hecho de que aquí no cabe duda alguna de que hay responsabilidad política de las actuales autoridades gubernamentales, ya que les compete el desarrollo armónico de la generación, la transmisión y la distribución de energía en el país; no hay otro esquema posible.
Concuerdo con el ministro en que son los privados quienes hacen las inversiones, pero -insisto- las señales económicas dadas con ocasión del estudio y posterior promulgación de la ley eléctrica corta fueron erráticas.
La política actual del gobierno del Presidente Ricardo Lagos apostó a crecer en generación térmica -lo han dicho todos los medios de comunicación nacionales en los últimos días-, privilegiando el combustible más barato que se conoce en la actualidad, como es el gas natural, y señalando que la única posibilidad que tenía Chile de abastecerse era desde Argentina. Se descartaron las posibilidades de incentivar la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas de todos los tamaños -las ofertas que conocimos son de distintas dimensiones-, con centrales pequeñas o “de pasada” que pueden complementar la generación de energía hidroeléctrica, sobre todo en la zona sur.
Incluso -y eso le consta, señor Presidente -, en la ley corta presentamos indicaciones, con nombre y apellido, para privilegiar las posibilidades de interconexión en el país por sobre las interconexiones internacionales con Argentina. Todo eso quedó en el tintero y sin ninguna planificación en el corto plazo para llevarlo a cabo.
Ante este escenario, la decisión política de depender del abastecimiento de gas desde Argentina ha sido de alto riesgo. Revisé el acta de la sesión de la Comisión de Minería en que consultamos al ministro de Economía sobre este respecto, y él señaló que “el abastecimiento de gas desde las cuencas argentinas estaba interconectado, que no había riesgo y que la información que se conocía era que había reserva para los próximos quince años sin ningún inconveniente”. ¡A sólo dos meses de haber aprobado la ley corta, esto se ha caído!
Pienso que en un país serio como el nuestro, donde queremos hacer las cosas bien, darse el lujo de equivocarse de esa manera significa que alguien debe pagar la cuenta. ¿Por qué? Porque transformar las plantas de gas natural a petróleo diesel industrial es posible, pues la ingeniería y la técnica lo permiten, pero su costo es tres o cuatro veces mayor. ¡Y decir con soltura de cuerpo que las plantas y las empresas van a absorber el mayor costo me parece una mala señal, porque eso va a significar la ausencia de inversiones y otro retraso en el sector eléctrico!
Lamento decir estas cosas, pero si uno no lo hace en esta tribuna, no se tomarán las medidas correctivas. El Gobierno debe responder al país y dejar de lado los intereses de los distintos grupos económicos para desarrollar una política de Estado en materia energética. Para nadie es desconocido que ellos presionaron enormemente al ministro para que se legislara en una dirección. Ahí está la respuesta. No sacamos nada con criticar, porque han quedado en evidencia los desacuerdos del Ministerio de Economía con la Comisión Nacional de Energía, al no tener la suficiente visión de futuro para tomar decisiones distintas de las que hoy conocemos.
El país no soporta improvisaciones. El Presidente Lagos debe revisar detenidamente las responsabilidades de sus colaboradores en materias tan relevantes. Sabíamos desde el año pasado que existía la posibilidad de que se produjeran cortes en el suministro de gas desde Argentina y que ese riesgo estaba a las puertas.
Sin embargo, la posibilidad de incentivar la interconexión de los sistemas de transmisión eléctrica del norte con los del sur, mediante los cuales es posible generar 3.600 megawatts con gas, con petróleo y con carbón, podría crear una matriz energética que nos permitiría decir a las autoridades trasandinas que tenemos otras alternativas para generar electricidad.
Era evidente que el mercado interno de Argentina gastaría más gas. Ese país llevaba diez años de recesión y tenía sus empresas con candados. Ahora, que abrió su economía, el requerimiento eléctrico está creciendo al 9 por ciento, es decir, tres puntos más de lo que ha aumentado Chile el año pasado, que ascendió a alrededor del 6 por ciento. Entonces, ¿Argentina va a privilegiar los contratos de exportación o sus requerimientos internos? Todos sabemos que ese país viene saliendo de un problema muy serio, cual es haber “pesificado” los precios, lo cual significa que el gas proveniente de Argentina aquí cuesta tres veces más caro que lo que pagan los argentinos en su país. En consecuencia, para las empresas petroleras argentinas es un buen negocio exportar gas; pero, como lo ha señalado el ministro , ese país ha decretado el racionamiento de las exportaciones de gas. De manera que Chile, que había privilegiado su desarrollo y su crecimiento económico con plantas térmicas de gas natural, debe revisar su matriz energética.
Ante un escenario tan poco satisfactorio, los diputados de Renovación Nacional exigimos la elaboración de un plan de contingencia. Nosotros no disponemos de asesores de la calidad de aquellos con los que cuenta la Comisión Nacional de Energía o el ministro de Economía y Energía , pero tenemos la posibilidad de representar a miles de chilenos que hoy van a reclamar por el alza de sus cuentas de luz. Ése es el resultado de esta improvisación y de esta contingencia.
Obviamente, alguien puede señalar que se trata de motivos de fuerza mayor, porque no se sabía. Eso es falso. Aquí se sabía exactamente que podría haber desabastecimiento. Son conocidas las cifras de la demanda eléctrica y de las capacidades de generación que Chile tiene actualmente. La capacidad de generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado Central se encuentra en el límite, porque el 60 por ciento de la generación eléctrica se hace a través de centrales hidroeléctricas y el 40 por ciento restante, con plantas termoeléctricas, dentro de las cuales se incluyen las de carbón y de petcoke.
Sin embargo, hay algo que a lo mejor ustedes no saben y que conviene señalarlo en esta oportunidad.
Tuve la oportunidad de conocer el proyecto de generación eléctrica de la zona comprendida entre la Undécima Región al sur. Allí existe la posibilidad de generar 10 mil megawatts. Todo Chile puede ser alimentado a través de la generación hidroeléctrica del sur. Quiero saber si hay un artículo, de los cientos de palabras que se han escrito en los últimos meses a consecuencia de este problema, sobre algún incentivo para interconectar 1.500 a 2 mil kilómetros de alta tensión, como ocurre en los países desarrollados, donde existen carreteras de transmisión de alta tensión en corriente alterna y continua. Chile no tiene planes como esos. Sí existen, por ejemplo, en Canadá, adonde tuve la suerte de viajar, y es posible implementarlo en nuestro país, porque es una energía limpia, no está expuesta al riesgo de una sequía y es un recurso renovable; es decir, reúne todas las condiciones. Chile debe contar con una política de Estado que promueva ese tipo de energía.
Dentro de este plan de contingencia, no puedo dejar de mencionar la necesidad de implementar aceleradamente la interconexión de alta tensión en el centro y en el sur del país.
El señor ministro señaló que en la ciudad de Salta existe una pequeña planta de alta tensión que entrega energía a Chile, la que se debe potenciar para tener mayores posibilidades dentro de esta matriz energética.
En consecuencia, exigimos conocer el plan de contingencia, porque no podemos seguir con la incertidumbre de si Argentina suministrará o no gas natural. Es necesario cumplir con la ley e instalar servicios complementarios y turbinas en lugares estratégicos del país -no tengo noticias de que se haya instalado alguna-, pues ya vivimos la experiencia de 1998 y 1999. En esa oportunidad se señaló que se iban a traer turbinas para ubicarlas en varios lugares del país y, así, complementar la generación de energía. Brasil, por ejemplo, resolvió el problema anclando barcos en los puertos que generan energía para las distintas ciudades mediante turbinas.
Se debe establecer un plan adecuado a la realidad chilena para evitar un blackout, un corte de energía, que ocasionaría grandes pérdidas y un freno al desarrollo.
En Chile no hay privilegiados, por lo que las personas tienen que responder cuando se equivocan. Tenemos que implementar una política adecuada. Desde esta tribuna manifiesto nuestra disposición a legislar aceleradamente; pero, reitero, el país necesita interconexiones nacionales e internacionales y un plan de contingencia que evite cortes de energía en el futuro.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco al señor ministro la información transparente que nos entregó, de que Argentina reducirá la exportación de gas. El domingo señaló lo contrario: que no habría racionamiento desde Argentina. Me parece importante la información entregada, porque el objeto de esta sesión es que el ministro comparezca y exprese si habrá racionamiento y si afectará a la generación de energía eléctrica del país.
Se han dicho afirmaciones que no han tenido en cuenta la realidad de la crisis argentina, que es antigua y no depende ni puede ser resuelta sólo con motivaciones políticas, pues se trata de una crisis de mercado, de un tema de precios, de incentivos y de tarifas.
Se hizo una apuesta débil, porque no se entregaron suficientes señales en la ley corta para profundizar la diversificación del parque de generación en Chile.
El señor ministro ha transparentado la situación que vivimos y la que vamos a vivir, cuando nos dijo que la planta de Taltal no afectará sólo al Norte Grande , sino al sistema interconectado central, que alimenta de energía eléctrica a gran parte de las regiones, entre ellas a la de Atacama, y a Copiapó, ciudad a la que represento.
Hay una preocupación legítima en el país y entre los parlamentarios ante la crisis energética que vive el vecino país, sobre todo considerando que en Chile, en el último tiempo hemos dado pasos adelante muy importantes en esta materia. La gestión de la Comisión Nacional de Energía y del propio Ministerio ha sido relevante para lograr un mayor equilibrio, que nos permite contar con el 60 por ciento de generación hídrica y con el 40 por ciento de generación de ciclo combinado. Es muy importante decir al país que al menos el 20 por ciento de la generación eléctrica desde Copiapó hasta Chiloé depende del gas argentino, no sólo la del norte grande. Por tanto, la dependencia de un insumo que se produce en el exterior, que, por razones políticas, no puede ser importado desde Bolivia , y, por razones económicas, hoy no podemos importar en cantidad suficiente desde Argentina, constituye un riesgo para la generación de energía eléctrica y para la economía de nuestro país. Los propios informes de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio -los tenemos en la Comisión de Minería y Energía- alertaban respecto de esta situación.
Aquí se ha hablado de las reservas de gas en Argentina. En ese país las hay para quince o veinte años más. En eso el ministro ha sido muy claro. El problema es la falta de inversión y de sincerar las tarifas, y que existan los estímulos para que se hagan las inversiones que ese país necesita.
Por lo anterior, me preocupa que la cartera de proyectos de la Comisión Nacional de Energía y del Gobierno apunten a la construcción de centrales térmicas, que requieren del gas para funcionar, y no a adelantar los proyectos de construcción de centrales que utilicen recursos hídricos, geotérmicos u otros, de los que sí disponemos, para generar energía eléctrica, lo que haría menos vulnerable el sistema de generación.
Por otra parte, debemos trabajar con fuerza por las interconexiones. Es un tema que discutimos ampliamente con el señor ministro , pero no quiero poner de relieve nuestras diferencias. Lo que me interesa es que a Chile le vaya bien y que resolvamos adecuadamente el problema energético. No obstante, durante la tramitación de la ley eléctrica corta en la Comisión de Minería y Energía, discutimos mucho sobre el estímulo a las interconexiones. Y sigo pensando lo mismo que en ese momento: es necesario que el Estado se preocupe de garantizar mayores grados de interconexión con el Norte Grande y con Argentina, por ejemplo, a través de estímulos en materia de transmisión, de peajes de transmisión, de manera de contar con un sistema más estable. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en el desarrollo de energías alternativas.
Ahora, ¿qué se debe hacer hoy?
En primer lugar, le pido al señor ministro que se realice una mayor fiscalización al Centro de Despacho Económico de Carga, Cdec, porque cuando el año pasado se produjo el problema de racionamiento de la importación de gas desde Argentina, no por el problema económico que hoy vive ese país, sino por conflictos laborales, las empresas no respondieron a la altura de las circunstancias.
En el Cdec no están todos los actores que deberían integrarlo; no están el Gobierno ni los usuarios. Queremos modificar su integración, para lo cual existe un consenso muy amplio. Se requiere una fuerte fiscalización del Gobierno, porque no es aceptable que ahora, que el gas deberá ser reemplazado por petróleo diésel, que produce problemas por el volumen y los costos de su traslado, y que, además, es mucho más caro, el ministro nos diga que los usuarios tendrán que pagar 5 por ciento más a partir de la próxima fijación del precio de nudo. Y no es aceptable porque las empresas que presionaron durante la tramitación de la ley corta, que decían que no habría problemas con el gas -porque esto lo dijo no sólo el Gobierno, sino también las empresas generadoras, en particular Gener y Colbún-, deben asumir sus responsabilidades. Tengo las declaraciones de todas las empresas que presionaron en aquella ocasión.
Por lo tanto, si hay cambio de gas a petróleo diésel, las empresas deberán pagar los costos, no los usuarios.
En este sentido, solicito al señor ministro de Economía y a la Comisión Nacional de Energía que garanticen los derechos de los usuarios. Creo que eso está en el espíritu del ministro .
Considero que, junto con lo anterior, debemos profundizar la tendencia positiva que se ha observado en la generación eléctrica, de utilizar fuentes alternativas. Me parece que el señor ministro recogió las sugerencias que formularon los ambientalistas y, también, los parlamentarios sobre esta materia, porque, efectivamente, la ley corta considera estímulos para la generación eléctrica mediante energías alternativas, como la geotérmica. Agradezco que ello haya ocurrido, porque es una base para que, ojalá, podamos adelantar el proyecto geotérmico, que, en principio, está considerado para el 2012.
En síntesis, estamos viviendo una situación compleja que hay que asumir. La generación eléctrica entre Copiapó y Chiloé no puede depender en 20 ó 25 por ciento de un insumo que llega desde el exterior y que sufre todas las dificultades económicas y políticas que conocemos, especialmente si consideramos que, además, nuestras centrales de ciclo combinado dependen en 30 por ciento del gas. Cualquier cambio que hagamos, sea al carbón, al petcoke, que provocaría daños ambientales gigantescos, o al petróleo diésel, alternativa más cara, rebotaría en el bolsillo de los usuarios.
Rescato el hecho de que el ministro haya concurrido a esta sesión a entregar información con la transparencia que corresponde y a hacer afirmaciones respecto de las cuales, junto con el presidente de la Comisión Nacional de Energía , se responsabilice plenamente, porque de esto depende también que podamos enfrentar el desarrollo económico de los próximos años, en que requeriremos niveles de inversión en energía mucho mayores que los actuales, en el supuesto de que la economía chilena se recupere y logre crecer a un 5 por ciento, como esperamos que ocurra el próximo año.
He anotado cada una de las afirmaciones hechas por el ministro . Espero que tenga razón en cuanto a que las dificultades para el ingreso de gas sólo se focalicen en el norte grande, y que no se vea afectado el resto de la exportación de gas desde Argentina. Si eso ocurre, la situación en el país será mucho más crítica, circunstancia que deberemos informar a los chilenos con la mayor claridad.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , a nadie le gusta ni nadie espera estar sujeto a racionamientos de ninguna naturaleza, menos aún el eléctrico, que a todos incomoda.
A mi juicio, el punto por resolver hoy es si la política adoptada por el Gobierno en materia energética durante los últimos años fue acertada o no, en particular las decisiones adoptadas en 1996 y 1997, momento en el cual se introduce el gas natural en Chile. En general, es necesario evaluar las decisiones tomadas durante los últimos diez años, sobre todo la adoptada en conjunto con el Ejecutivo hace algunos meses, durante la discusión de la ley corta. Brevemente, quiero despejar esas dudas o poner acento en ellas.
¿Pudieron las autoridades del sector prever la situación que hoy se vive? ¿Podrían hacerlo respecto de un eventual racionamiento en caso de enfrentarnos a un escenario más complejo? En estricto rigor, no cabe la menor duda de que es posible prever escenarios riesgosos, como el que estamos viviendo hoy u otros que se presenten en el futuro. Incluso, hipotéticamente, uno puede ponerse en casos aún más graves, como situaciones de larga sequía, de sabotaje, de caso fortuito o de fuerza mayor. Dar abastecimiento ciento por ciento seguro en esos escenarios, sin duda, cuesta plata. En estos casos, el costo de tener esa capacidad disponible para mantener abastecimiento y evitar el racionamiento, lo pagan los consumidores, es decir, todos los chilenos.
Entonces, la pregunta que cabe responder es si la decisión que se tomó en su oportunidad, durante los últimos años, fue equilibrada y racional. ¿Debimos contar con tres, cuatro o cinco centrales más? ¿Debimos tener un parque adicional de centrales por si fallaba el carbón, o más centrales a gas, por si fallaba uno u otro? Eso pasa sólo por sobredimensionar el parque, ya sea hidroeléctrico, a carbón o a gas, lo cual cuesta plata.
Llevamos unos cuantos años sin racionamiento, desde la crisis del año 1998 ó 1999, si mal no recuerdo. Creo que ahora estamos en una situación de riesgo y, a mi juicio, la política seguida por el Gobierno ha sido equilibrada y racional.
No puedo decir al ministro de Economía y Energía que sus apreciaciones, entregadas cuando se discutió la ley corta, fueron erradas en materia de interconexión. En ese sentido, se equivoca el diputado señor Carlos Vilches , porque si hubiésemos incentivado la interconexión del sistema central con el del norte grande, hoy estaríamos entrando al racionamiento en el Sistema Interconectado Central, pues la crisis parte -y ojalá también termine-, y nos está afectando -ojalá por corto tiempo-, por el Sistema Interconectado del Norte Grande. Por lo tanto, si hubiésemos estado interconectados -y en ese sentido también se equivoca mi amigo y colega señor Leal -, tendríamos racionamiento en el Sistema Interconectado Central.
Entonces, la decisión que tomó el Gobierno -y también el Congreso, en general, porque la apoyamos-, a mi juicio, fue acertada.
Cuando se presentan estas situaciones, resulta fácil, de alguna manera, agredir al Ejecutivo . Se señaló, incluso, que el ministro había recibido presiones indebidas. Hasta ahora he escuchado ese argumento una y otra vez, pero nadie ha sido capaz de señalar seriamente, como corresponde en este Congreso Nacional, cuáles fueron esas presiones.
Nada cuesta poner algo en duda. Quizás, todos los parlamentarios debemos tomar lecciones respecto de la honorabilidad de las personas y ser serios en nuestras afirmaciones. Hoy, nuevamente, se dice que el Gobierno o el ministro fueron objeto de presiones. Que se diga qué tipo de presiones; porque yo, como colegislador, entiendo que adoptamos las decisiones más racionales, pensando en el país y en el adecuado equilibrio costo-beneficio. Es bueno poner las cosas en su lugar.
No quiero dejar de señalar que en la ley corta establecimos -lo recordaron el ministro y otros parlamentarios-, por primera vez, los incentivos para el uso de energía limpia. Lo hago presente, porque ello permitirá subsidiar las fuentes energéticas renovables o limpias.
Creo que se han tomado las decisiones adecuadas. A nadie le gustan las crisis ni los racionamientos, de manera que deberíamos sincerar la discusión en el Congreso.
Por último, hay gente -esto no lo entiendo- que se opone a las centrales hidroeléctricas, al gas, a los ductos de gas, al carbón, al petcoke; en fin, a todos los combustibles posibles para generar energía eléctrica más barata. Ojalá que cuando hagan sus exposiciones, recuerden también la situación que estamos viviendo en la actualidad y busquen posturas equilibradas y racionales que permitan a todos los chilenos tener un adecuado desarrollo.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , no quiero analizar el origen del problema de desabastecimiento de gas en Argentina. Tenemos claro que fue producto de una devaluación y, básicamente, del congelamiento de los precios a partir del año 2001, porque se redujeron las inversiones en exploración y desarrollo, lo que finalmente provocó esta escasez, que no obedece a falta del recurso gas, sino al hecho de no haber realizado la inversión necesaria para explotar todas las reservas y riquezas de gas de los distintos pozos o yacimientos de Argentina.
Como bien se señalaba aquí, tenemos tres gasoductos importantes: en el norte, GasAtacama y NorAndino, que se abastecen de la cuenca noroeste con un consumo diario aproximado de 6 millones de metros cúbicos; Gas Andes y Gas del Pacífico, que alimentan al Sistema Interconectado Central , SIC, con un consumo diario de 10 millones de metros cúbicos, y, por último, Magallanes y Metanex , que se abastecen más o menos con 5 millones de metros cúbicos al día.
En general, podemos decir que el 70 por ciento del gas natural que ocupa nuestro país proviene de Argentina.
Hasta hace uno o dos años se señalaba que las exportaciones de gas a Chile no tendrían problemas, porque, de alguna manera, estaban garantizadas debido a que los gasoductos del norte y de la zona central, que van dirigidos hacia la capital, Buenos Aires, estaban copados en su capacidad de transporte, pero no existían problemas de producción.
Hoy la situación es al revés. El problema es de producción, no de transporte, que era lo que antes nos daba ciertas garantías.
Entonces, la decisión de un corte de suministro es exclusivamente política de parte del gobierno de Argentina y nada tiene que ver con los contratos, pues el 70 por ciento de los contratos de nuestras empresas generadoras es ininterrumpible -no se pueden cortar- y solamente el 30 por ciento es interrumpible, lo cual representa para el Sistema Interconectado Central aproximadamente el 5 por ciento de la capacidad instalada. Estoy hablando a nivel de generación.
En verdad, independientemente del corte de 5 millones de metros cúbicos al día -la cifra exacta la puede dar el ministro -, creo que la situación es superable, porque tanto en el Sistema Interconectado Central como en el Sistema Interconectado del Norte Grande tenemos capacidad de generar con otro combustible, como diésel o carbón. Obviamente, dicha generación será más cara, pero ese costo debe ser asumido por los generadores que tienen los contratos, tanto a nivel de clientes libres como de clientes regulados.
Por cierto, no es un tema menor que una empresa que hoy compra gas a cierto precio, al ocupar otro combustible el día de mañana, tenga que pagar cuatro veces más por el costo de producción. Este problema puede llevar a la quiebra a algunas empresas. Digámoslo así de claro. Por ejemplo, si un corte afecta a GasAtacacama, puede ir a la quiebra. Entonces, el tema de la generación de energía lo podemos mirar en un corto plazo; pero también nos estamos comprando un problema gravísimo en términos de la capacidad financiera de los distintos gasoductos. El ejemplo de GasAtacama puede ser factible para cualesquiera de los otros gasoductos que importan gas desde Argentina.
Ahora bien, nosotros firmamos un protocolo con el gobierno argentino, cuyo artículo 7° señala claramente que las partes procederán de acuerdo al principio de no discriminación, y, a su vez, cuando haya casos de fuerza mayor o casos fortuitos y se tenga que realizar un corte de energía, éste debe ser proporcional para ambos países. En este sentido, si se corta el servicio de 5 millones de metros cúbicos, debieran corresponder 2,5 millones para el consumo interno de Argentina y 2,5 millones para Chile. Pero lo que están pretendiendo los argentinos es pasar al incumplimiento del contrato.
Aquí quiero ir a un punto de fondo. Si Argentina tomara una medida de esa naturaleza, sería un atropello mayor; un incumplimiento a un contrato, a un protocolo firmado por ambos países.
Chile no puede actuar en esto como un fusible. Así lo establece claramente el Protocolo. Argentina, por un problema interno, no puede decidir, en forma unilateral, cortarle el gas a Chile.
Creo que el Gobierno ha tenido una actitud desganada, débil, por decirlo de alguna manera. Porque los protocolos de acuerdos son para cumplirlos y se puede exigir su cumplimiento en el caso de ser necesario. De acuerdo con ello, el Gobierno debe exhibir una actitud dura. No puede ser que a la primera vuelta, por un problema interno, Argentina resuelva cortarnos el gas, y que nosotros realicemos uno que otro pataleo, pero, al final, nos quedamos sin gas.
Se trata de un incumplimiento mayor; es un atropello a los convenios. Por lo tanto, Chile debe tener una actitud enérgica, clara, categórica, y actuar en los organismos internacionales competentes para hacer valer sus derechos en la materia. Y esa actitud, al menos yo, no la he visto. No digo que no se haya hecho nada, pues sería una injusticia. Pero se debe tener una actitud firme. No decir: “Mire, efectivamente, si nos cortan el gas, podemos suplir con otros combustibles”, pues, en ese caso, estaríamos como cediendo ante una situación irregular, de incumplimiento de parte del gobierno argentino.
Por ello, el Gobierno chileno debería tener una actitud más fuerte, que hasta la fecha no he visto, con la dureza que merece un incumplimiento de estas características, que, a mi juicio, es escandaloso.
En segundo lugar, se habla mucho de la diversificación. Chile ha actuado bien en la materia: ha diversificado sus fuentes energéticas. De hecho, años atrás, el 80 por ciento eran hidroeléctricas. Se hizo un esfuerzo, se invirtió más en tecnología, se diversificó la oferta, se trajo gas y, en definitiva, hoy en el Sistema Interconectado Central tenemos una relación de 70 por ciento de hidroeléctricas y de 30 por ciento de termoeléctricas.
Recuerdo que en 1999 se discutió mucho acerca de cortes de suministro eléctrico por falta de agua, a raíz de una sequía que se produce cada cien años. En esa época, muchas personas se preguntaban por qué lo energético estaba tan concentrado en hidroeléctricas. Por lo tanto, creo que la política energética está bien orientada.
Ahora, voy a referirme a un plan de obras entregado por la Comisión Nacional de Energía. Aclaro que un plan de obras no significa una obligatoriedad para la empresa, en cuanto a decirle: “Haga esta central hidroeléctrica”. Simplemente, es un plan indicativo. Las empresas construyen las centrales que deseen hacer y del tipo que quieran hacer. Es una decisión autónoma de la empresa, en conformidad con las inversiones que desee hacer.
Insisto: eso no es algo obligatorio. Sin embargo, me parece un referente importante. Porque la pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿Por qué se está invirtiendo menos en hidroeléctricas si Chile cuenta con los recursos naturales? ¿Cuáles son las razones para invertir menos en centrales hidroeléctricas y en otras fuentes energéticas no renovables interesantes?
La respuesta en materia de hidroeléctricas está a la vista. Si aquí hemos tenido parlamentarios que han enarbolado carteles en los cuales plantean situaciones, y el Gobierno ha dejado hacer.
En el caso de Ralco, recuerdo a ministros de Mideplán que trataban de convencer año tras año. Y el Gobierno, en un plan importante, en una central básica para el abastecimiento y crecimiento del país, fue bastante pusilánime. Ahí no más. Dejó hacer. ¿Cuánto se atrasaron esos proyectos por estas situaciones?
No digo que no se cumplan las leyes ambientales; pero lo que me parece inaceptable es la actitud de esos diputados que realizaron todas esas acciones. Que hoy le expliquen al país la situación, porque aquí está en juego su desarrollo. Salir portando cartelitos y hablar de la descontaminación en la televisión, vende en un minuto; pero ésa es una actitud irresponsable de los diputados y, diría también, de parte del Gobierno, porque no se ha puesto los pantalones.
Así las cosas, si alguien quisiera invertir en hidroeléctricas y viera lo que pasó con Ralco, le quedarían pocas ganas de hacerlo, porque el Gobierno no se la jugó en el debido momento. No estoy criticando al actual ministro de Economía , aquí presente, porque en ese tiempo él no ejercía como tal. Pero sí quiero decir que, en esta materia, la administración Frei fue absolutamente débil, y esos costos los paga el país.
Cuando hablamos de una proyecto hidroeléctrico nos estamos refiriendo a una inversión de 600 millones o 700 millones de dólares; pero esos recursos hay que salir a buscarlos afuera, no llegan solos. No hay miles de inversionistas esperando para financiar este tipo de proyecto. No, porque primero querrán ver cuánto rendirá la inversión.
Por otra parte, si se analiza la oscilación de los precios de nudo en el últimos diez, siete o cinco años, se puede advertir que ha sido también bastante escandalosa. De hecho, no me cabe la menor duda de que en la misma administración Frei se manipularon dichos precios y los llevaron a la baja para no incidir en el IPC y en otras cosas. Cuando se entregan malas señales de precios y se debe ir a buscar financiamiento al extranjero, con los gráficos del comportamiento del precio del nudo, la verdad es que no consigue un peso, porque hay miles de proyectos en otras áreas mucho más rentables. Obviamente, cuando ocurre eso no hay inversión.
En Chile no hay inversión hidroeléctricas ni se estimula el uso de otras energías para generar electricidad; al contrario, se colocan trabas.
Cuando veo el plan de obras, me pregunto: ¿Cómo se abastecerán dichas centrales que, en su mayoría, no tienen contratos? De hecho, los cortes que se están provocando en Endesa, en el norte, se deben a que no tiene contratos, o bien, son interrumpidos. Tengo entendido que ocurre lo mismo en Colbún y, por lo tanto, se generan problemas.
Dentro de esta perspectiva y análisis, me pregunto: ¿En este plan de obras, qué contratos habrá? ¿Qué garantías habrá, dada la situación que ya conocemos de la República Argentina? Me parece que ésta es una voz de alerta.
No quiero decir que el plan de obras no se haya diversificado, pero sí que ha habido malas señales y que el Gobierno no ha tenido una actitud firme para imponer la política energética que el país necesita y que resulta básica para su desarrollo.
Sin crecimiento eléctrico no hay crecimiento económico. ¡Es imposible que lo haya! Entonces, se requiere una actitud más firme de parte del Gobierno para exigir el cumplimiento del protocolo por parte de Argentina. Nuestro Gobierno no puede tener una actitud débil, ni aceptar que nos pongan el pie encima o que hagamos las veces de fusible; una actitud que signifique, en definitiva, optar por el mal menor y pedir al país que no se preocupe, porque no habrá cortes de suministro eléctrico, ya que, en última instancia, se generará electricidad con otros combustibles. Lo que hay que hacer es exigir el cumplimiento del protocolo, una de cuyas cláusulas establece que las partes procederán de acuerdo con el principio de no discriminación, y que cuando por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos se realice un corte de energía o se produzca escasez de abastecimiento, el costo deberá dividirse en partes iguales entre el suministro interno argentino y el gas que se exporta a Chile.
Me gustaría ver a futuro, para las fuentes de energía diversificada, una actitud de mayor compromiso del Gobierno en el desarrollo de centrales hidroeléctricas y otras, y que cuando algún grupo quiera invertir en centrales hidroeléctricas y cumpla con la ley, se le otorguen las facilidades para que desarrolle, en el más corto plazo, proyectos de este tipo, sin la actitud pusilánime que hubo durante la construcción de la central hidroeléctrica Ralco , período en que muchos diputados y otros grupos pusieron todo tipo de obstáculos, y el Gobierno no tuvo pantalones suficientes para impedir esas actitudes frente a un proyecto necesario, importante y básico para el desarrollo del país.
Ésa debería ser la actitud del Gobierno y es la que espero que se adopte con el gobierno argentino y con los nuevos proyectos de generación que necesita nuestro país.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Waldo Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente , hay un refrán que dice: “palos porque bogas, palos porque no bogas”.
Digo esto porque algunos -entre los que me cuento- hemos sido partidarios del modelo económico liberal y de que el mercado sea el mejor asignador de recursos.
Pero hoy veo con mucha fuerza que se reclama contra el Gobierno, por parte de los mismos que quieren que sea el mercado, el sector privado, el que emprenda, cree, desarrolle o invierta. No tengo por qué aceptar que el Gobierno o alguien me imponga en qué tengo que invertir. Yo sabré si invierto en algo factible, que rente, que cree trabajo y desarrollo. No me parece serio, entonces, exigir al Gobierno que resuelva problemas que todos, cual más, cual menos, hemos pedido que asuma el sector privado.
En 1998, Chile vivió una crisis ocasionada por la sequía más grave experimentada en los últimos setenta u ochenta años. Afortunadamente, el gobierno de la época aprobó un convenio con Argentina para el suministro del gas. Y el país creció. Han pasado prácticamente seis o siete años en los cuales las tarifas eléctricas no han subido y la inflación ha sido controlada. El pueblo se ha beneficiado con gas barato. Éste es otro país, con otra infraestructura, con crecimiento industrial, baja cesantía y grandes inversiones.
Pero hoy nos enfrentamos a un problema que definió muy bien el diputado Leay. El Gobierno es serio; se ha ganado prestigio a nivel internacional, precisamente, por su seriedad, responsabilidad y cumplimiento de compromisos. Ése es Chile.
Claro que hay que andar con cuidado para no romper huevos: tenemos problemas con Perú, por hechos lamentables. Problemas con Bolivia, país que, a través de toda su historia, utilizando el recurso de la salida al mar, trata de justificar gobiernos minoritarios blancos para sostenerse frente a una mayoría de 93 por ciento de indígenas.
Después de que Chile, durante estos últimos diez años, ha resuelto todos los problemas con Argentina, con tres o cuatro gobiernos distintos, nos encontramos ahora con uno nuevo, encabezado por el señor Kirchner , quien ha provocado una crisis. La misma que tiene con el Fondo Monetario Internacional la ha provocado con el empresariado argentino, en orden a no dar garantías para que la inversión en ese país sea rentable. La única manera de que la situación argentina pueda ser superada es con mayor inversión para explotar nuevos pozos de gas. Pero el gobierno de ese país no quiere aplicar nuevas tarifas.
No me corresponde discutir ni inmiscuirme en las decisiones del gobierno argentino, pero reitero que esta crisis es provocada.
Chile ha enfrentado problemas con Bolivia y con Perú; hoy, con Argentina. ¿Qué quieren que haga Chile?
La seriedad y el respeto de un gobierno -como bien dijo el diputado Leay- requieren firmeza para exigir el cumplimiento de sus contratos.
No abordemos el problema atacando la ley corta y al ministro , quien ha sido respaldado gracias a que ha llevado a cabo una excelente gestión. No culpemos al ministro si es el Gobierno el que ha sostenido la política general.
Hay algo que dijo el diputado Leay que comparto plenamente -no veo en la Sala al diputado Girardi , a quien nunca he visto en la Comisión de Minería y Energía, pero salió anoche en la televisión con panfletos y carteles dando cátedras en materia energética. Incluso, un día lo encontré en Tocopilla, rodeado de cámaras de televisión de Santiago -no sé cómo logró llevar periodistas desde Santiago a Tocopilla-, hasta donde concurrió para impedir que las plantas de energía eléctrica usaran pet-coke-: ¿Dónde están los responsables de que Ralco no empezara a funcionar cuando correspondía? No estoy en contra del medio ambiente; pero tampoco debemos caer en el engaño. Muchos parlamentarios -incluso de la Concertación-, en busca de publicidad barata, han actuado en forma irresponsable, creando serios problemas a las políticas de Gobierno. Pensemos en los beneficios que ha logrado el país con la política del gas barato: se cambió la infraestructura, etcétera.
El problema del gas no lo ha originado el Gobierno, sino de otro país. Chile es un país serio, y piensa que los demás actúan de la misma manera. En eso, coincido con el diputado Leay. En los foros internacionales, debemos exigir el cumplimiento de los contratos celebrados, en lugar de buscar responsables donde no los hay. El país crece y lo seguirá haciendo. Su reactivación económica ha beneficiado a todos, después de vivir una crisis interna muy grave, hace cuatro, cinco o seis años. Hoy, estamos a las puertas del despegue, con el precio del cobre arriba, con una tasa de desempleo en declinación, con una mayor demanda del consumo interno, etcétera.
Habría que revisar la política energética y evaluar si los resultados alcanzados en el país durante su aplicación garantizan el desarrollo sostenido para los próximos años y decenios. Ahí está el problema de fondo. El sector privado es el que debe invertir, de acuerdo con las necesidades y el crecimiento, y el Gobierno, exigir, para beneficiar a los consumidores más que a las empresas, y garantizar una calidad de vida mejor. Este es el problema de fondo. Insisto, aquí no se trata de criticar o de buscar culpables en la ley corta o en el ministro . Incluso, algunos lo justifican para defender posiciones de otros personeros de Gobierno que estaban en oposición al ministro de Economía y Energía . Debemos ser serios y asumir las responsabilidades que corresponden, y ver cuál es el camino para salir del problema.
Chile debe exigir al gobierno argentino el cumplimiento de los contratos. Además, estoy convencido de que Bolivia venderá gas a los argentinos, porque necesita salir adelante. Tengo plena confianza en el futuro de Chile, en su desarrollo y en lo que vendrá. No podemos crear alarma ni hacer escándalo por una situación que no se ve venir. ¡Cuidado! ¡Palos porque bogas, palos porque no bogas! Debemos ser serios y responsables en las críticas.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Hidalgo.
El señor HIDALGO .-
Señor Presidente , quiero hacerme cargo de una crítica que se le hizo a mi colega Carlos Vilches. A lo mejor, sonaron fuertes sus palabras al señalar que la política energética del país había sido errática, improvisada y sin visión de futuro.
Si existe vulnerabilidad y dependencia -como ocurre con el gas-, no tenemos por qué sentirnos cuando alguien reconoce que hubo una política errática, improvisada y sin visión de futuro. Reconozco la hidalguía del ministro al reconocer algo que para nadie es secreto -es como sumar dos más dos-: que al haber racionamiento, especialmente en la industria, automáticamente se produce un reemplazo de energía, ya sea por carbón o por petróleo diésel. Por lo tanto, habrá aumento de costo, responsabilidad que el ministro está endosando al mercado, en el sentido de si habrá o no un aumento de precios. Obviamente, las empresas tienen su programación en términos de costos, razón por la cual se producirá un aumento en el precio de la energía eléctrica.
Aparentemente, las empresas privadas son más previsoras, o tienen más tiempo, pues dependen de su propia eficiencia. En la comuna de Casablanca, que forma parte de mi distrito, una empresa distribuidora de gas natural distribuyó, hace más o menos un mes, un folleto -lo tengo acá- que hace referencia a la interrupción del suministro de gas en nuestro país. Es decir, esa empresa sabía perfectamente que podía ocurrir desabastecimiento de gas natural.
Pero ¿quién responde por este costo? Habrá un aumento en el costo suministro de la energía eléctrica debido al reemplazo del gas natural por carbón o por petróleo diésel, y, también, directamente en la economía familiar, por cuanto habrá que reemplazar el gas natural por gas licuado, que aparentemente es más caro. Además, a las cocinas y estufas habrá que cambiarles los niples, lo que también tiene un costo. Por eso, mi pregunta: ¿Quién le paga ese costo a las familias, específicamente a las de Casablanca? ¿El Gobierno, las empresas? No, serán aquellas las que tendrán que incurrir en ese gasto.
Señor Presidente , creo que es necesario -lo señaló también el diputado Mora- y altamente conveniente revisar las relaciones con nuestros países vecinos, Argentina, Perú y Bolivia, desde todos los puntos de vista. Creo que el colega tiene razón cuando manifiesta su aprensión al señalar abiertamente que lo más probable es que Argentina se abastezca de gas natural boliviano, lo que sería lógico. Incluso, en la prensa aparecen consignadas algunas amenazas, en el sentido de que se le vendería gas al país transandino siempre y cuando Argentina no se lo venda a Chile. Parece que Perú también tiene una posición al respecto, debido a ciertos problemas que ha tenido con nuestro país.
Por lo tanto, repito, es necesario -y no me estoy apartando del tema; por el contrario- revisar nuestra relación con nuestros países vecinos.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , por supuesto, estamos frente a una situación que nos preocupa a todos, pues afecta neurálgicamente al sistema energético chileno. Sin embargo, nadie puede criticar la decisión de haber aprovechado el gas natural en Chile. Creo que es un tema neurálgico, central, que permitió un desarrollo en el sector energético, que no conocíamos y que incidió directamente en el tema de esta crisis, la que, además, se ha originado fuera de nuestro país.
Pero el tema de fondo que no se ha discutido -no pueden haber tabúes ideológicos o de principios-, ya sea porque tenemos distintas visiones con la Oposición, incluso dentro de los mismos partidos de la Concertación, es quién decide, cómo y dónde invertir en el tema energético. Se discute que es una decisión que toman los privados y el mercado, que creo es un buen asignador de recursos. Sin embargo, no conozco país en el mundo donde el Estado no complemente con una visión de política de Estado, que en Chile está, si no en cuestión, por lo menos en entredicho. Es un tema de fondo que algún día tendremos que abordar.
Vuelvo al hecho central. Ésta no es una crisis energética que hayamos generado nosotros. Sin duda, ella se origina en Argentina y, hacia el futuro, tendremos que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Evidentemente, también podríamos haber vivido otros problemas, porque la tendencia a la interconexión o a usar recursos de los países limítrofes la tenemos limitada solamente a Argentina. Por razones obvias, no podemos importar, por ejemplo, gas boliviano. Todo el mundo sabe esto, y no es una materia menor para la discusión futura.
La globalización y las decisiones externas que nos afectan, como es el caso energético, debemos discutirlas en el futuro.
Se avanzó mucho en el tema de la denominada ley corta eléctrica, ya que ayuda a que muchas soluciones que están, por ejemplo, en el plan de recomendaciones de obras de la Comisión Nacional de Energía estén señaladas en primer lugar, lo cual va a aliviar al sistema eléctrico chileno. Sin embargo, hay otros aspectos de la ley corta que no comparto; sin embargo, es una gran oportunidad para solucionar parte de los problemas que podamos tener.
¿Cuál es el problema de fondo? Al margen de los planes de contingencia, que creo que el Gobierno va a asumir, el problema es no haber escuchado las voces de distintos sectores académicos, de centros de estudios y de técnicos independientes acerca del peligro de que el desarrollo energético futuro dependa exclusivamente de una sola fuente, como es el gas natural, y, además, de un solo país. Es un tema sobre el cual debemos reflexionar mucho.
Si revisan el plan de obras recomendadas, observarán que, de las once obras centrales propuestas, siete son a gas natural, tres geotérmicas y sólo una es hidroeléctrica. El problema de fondo es que ésta es la realidad. Es una de las cuestiones que el Ministerio de Economía y, por supuesto, la Comisión Nacional de Energía deben modificar en su plan indicativo o en sus obras recomendadas, porque no es posible que dependamos de una sola fuente, más aún con los problemas que hoy existen en Argentina. Este punto es de tremenda importancia porque, evidentemente, el crecimiento futuro de la economía chilena depende de ello. Todo el mundo sabe que si la economía o el producto crece a un determinado porcentaje, por ejemplo, al 4 por ciento, la demanda de energía crecerá el doble y, por lo tanto, tenemos el problema de poder duplicar nuestro parque y fuentes energéticas en quince años. Todos debemos asumir este problema y es una de las razones que nos convoca. El error ha consistido en basar el desarrollo futuro exclusivamente en el gas natural, porque tiene las limitaciones que hemos señalado.
Además, se han dejado de lado otras alternativas. El país cuenta con fuentes hídricas inagotables en la zona sur. Hay problemas ambientales y de otro orden, pero también existen energías alternativas, renovables, que debemos usar en el futuro: la geotermia, la energía eólica y otras, que tienen que ser planteadas hoy en la discusión e, incluso, deben estar respaldadas por proyectos de ley y por fondos que permitan desarrollar este tipo de energía, porque es una mirada de futuro. Por eso uno se pregunta por qué tanta restricción para desarrollar, por ejemplo, la exploración que realiza la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, en el campo de la geotermia. Hacienda siempre tiene la costumbre de decir que no hay recursos. En definitiva, esto nos debe servir de lección para avanzar en estas políticas hacia adelante.
El país debe llevar a cabo una discusión sobre el desarrollo hidroeléctrico, porque tiene sentido de Estado. En esta materia, no tan sólo vale la opinión que pueda tener el Estado; es necesario escuchar también a la sociedad civil. También tenemos que ver cuánto significa como costo alternativo. Al margen de eso, debemos definir, de una vez por todas, qué cuencas hidrográficas se pueden utilizar para generar energía hidroeléctrica, para que no tengamos los problemas que tuvimos, por ejemplo, respecto de la central Ralco . Evidentemente, hoy nos alegramos de que ella pueda funcionar como lo está haciendo.
Tenemos que mirar esta situación con perspectiva de futuro; no podemos cometer nuevamente el error de basar todo o gran parte de nuestro desarrollo en el gas natural; debemos reconocer que existen otras posibilidades. El gas natural es la principal, pero hoy tenemos serias dificultades porque su suministro depende de un país extranjero. Además, tenemos problemas con el resto de nuestros vecinos. Muchas veces, he escuchado decir al ministro que lo podemos reemplazar por petróleo diesel, pero todos sabemos que eso afectaría drásticamente el precio de la energía.
Por lo tanto, creo que una visión de Estado debe considerar las posibilidades de desarrollar internamente otras alternativas, sin tabúes; debemos discutir qué cuencas existen, cómo se puede transmitir la energía, porque independientemente de lo que consideremos, la ley corta eléctrica castiga a las centrales que se puedan ubicar lejos de los centros de consumo. Entonces, habrá que establecer políticas adecuadas para las fuentes energéticas que se encuentren alejadas de los centros de consumo.
Creo que el país debe tener un plan de contingencia, de manera que no se produzcan cortes o racionamientos. Debemos defender los intereses de los consumidores. Ante este riesgo, puede que las empresas tiendan a subir los precios de la energía. Probablemente, no ocurra en este período, pero en octubre -a lo mejor el ministro podría darnos su opinión al respecto- podría producirse un alza en las tarifas eléctricas que, obviamente, afectaría a la población y, por cierto, al desarrollo del país.
Estamos a tiempo para asumir esta situación con perspectiva de futuro. Creo que se están tomando las medidas necesarias y esperamos que el Gobierno asuma su rol internacional, ya que éste es un tema complejo. Es cierto que aquí ha habido un incumplimiento grave por parte de Argentina, pero también es cierto que es nuestra única posibilidad de obtener un combustible que, por el momento, no podemos conseguir en ningún otro país vecino por las razones que todos conocemos. Pero es un problema que debemos abordar como país. No podemos esconder la cabeza ante una situación de este tipo y, por supuesto, debemos mirar hacia nuestras propias fuentes energéticas. El Colegio de Ingenieros y expertos han señalado que hay posibilidades reales de usar la energía hidroeléctrica, la geotermia y la energía eólica, alternativas que, probablemente, requieran una política y un impulso inicial por parte del Gobierno, que deberá destinar los recursos requeridos para que estos proyectos se hagan realidad.
Finalmente, quiero decir que nos preocupa lo relativo a los usuarios y a las relaciones internacionales.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , sólo para expresar dos o tres ideas.
En primer lugar, estas sesiones especiales son para dar argumentos y para recibir explicaciones e información, sobre todo, del Gobierno.
Al parecer, todos -así se desprende de varios discursos- tenemos la sensación de que aquí hubo una reacción tardía por parte de nuestro Gobierno, a pesar de que existían indicios de que el problema venía en camino. De hecho, recuerdo que en la Comisión de Zonas Extremas, hace siete meses, en presencia de los diputados Muñoz , Luksic , Alvarado y otros, los propios representantes de los sindicatos de la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, nos advirtieron que precisamente en los meses de abril o mayo se produciría un grave problema en el suministro de gas natural a Chile. Al mismo tiempo -el diputado Encina y otros colegas acaban de decirlo-, hubo advertencias de distintos expertos. Entonces, creemos necesaria una respuesta del Gobierno por su tardía reacción en esta materia.
Fui testigo de los urgentes viajes de ministros hacia Argentina -me parece correcto-, pero necesitamos una explicación de las medidas que tomó el Gobierno cuando las señales que nos dieron representantes de los sindicatos de la Enap y numerosos expertos hace varios meses indicaban que iba a producirse el grave problema que estamos viviendo.
El segundo concepto -que también han mencionado algunos diputados- es que quedó en evidencia que nuestra matriz energética no puede depender de las articulaciones políticas de un país vecino, por muy amistosas que sean nuestras relaciones y por mucha visión de futuro que tengamos en conjunto con él. Entendemos que, en el caso de Argentina, de nada sirve tener firmados contratos a largo plazo, que eventualmente podrían servir de defensa en este caso. Pensemos que, en los últimos dos años, Argentina ha roto prácticamente todos sus contratos internacionales. Ha llegado a adeudar 80 mil millones de dólares, lo que demuestra que no tiene ninguna dificultad para dejar de cumplir contratos internacionales válidamente celebrados.
En ese sentido apuntaba el comentario del diputado señor Leay: sobre la vigencia del protocolo y la necesidad de que nuestro Gobierno sea mucho más enérgico en exigir su cumplimiento.
Finalmente -es algo que nos interesa sobre todo a los diputados que representamos a Magallanes-, creo que este tipo de crisis deben servir para mirar hacia otras fuentes energéticas. En el caso de la Enap Magallanes hay una enorme posibilidad que se llama geotermia. En 1998, todos concurrimos con nuestros votos a modificar los objetivos de la Enap, precisamente para que investigara e invirtiera en geotermia. Se han invertido millones de dólares, incluso en proyectos en conjunto con la Corporación Nacional del Cobre, Codelco , para el desarrollo de esta energía. Es en esta materia que creemos que el Gobierno debe tener una visión de corto plazo y determinar qué harán dos de sus principales empresas: la Codelco y la Enap, que son empresas públicas, en la búsqueda, investigación y desarrollo de la geotermia.
Considero imprescindible que haya más claridad e información por parte del Gobierno, en cuanto a los pasos que se dieron y su reacción respecto de esta situación, porque nuestra sensación, no sólo de los diputados de la Oposición sino que también de muchos de Gobierno, es que hubo una reacción tardía, en los últimos meses, para enfrentar un problema que había sido anunciado casi con un año de anticipación.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , sin duda, nuestra matriz energética es vulnerable no sólo a nuestros vaivenes pluviométricos, que también provocaron una crisis en la energía hidroeléctrica, sino que también ante las decisiones de un país vecino.
Aquí se hizo una apuesta que me parece positiva: no depender exclusivamente de la energía hidroeléctrica y optar por el gas natural. Y creo que fue una decisión acertada, sobre todo, si vemos la situación de las grandes ciudades contaminadas y consideramos los costos.
Pero también hay que reconocer que desde hace algún tiempo -ya fue mencionado por el diputado Álvarez - veníamos recibiendo noticias, algunos “campanazos” de atención, que nos advertían de esta crisis, como el corte del gasoducto ocurrido el año pasado, como consecuencia de una huelga en Argentina. Por consiguiente, nadie puede decir que esto ocurrió debido a una situación aleatoria que nadie podía imaginar. Por eso, uno tiene la impresión de que no hubo previsión frente a algunos hechos ocurridos en nuestra hermana república de Argentina.
Pero la decisión de invertir en Chile, como bien dijo el ministro , corresponde al sector privado, que está conformado mayoritariamente por extranjeros, tanto en Chile como en Argentina. Sin embargo, también no es menos cierto que algunos combustibles como los hidrocarburos y el gas son producidos y desarrollados por una empresa pública: la Enap. En las comisiones de Zonas Extremas y de Hacienda le preguntamos al gerente general de la Enap -me alegro mucho de que esté presente- sobre el plan estratégico de la Enap frente a la vulnerabilidad de nuestra matriz energética y, concretamente, sobre la posibilidad de explorar y sondear la existencia de yacimientos gasíferos en la cuenca austral, en Magallanes.
La Enap, como empresa pública, muestra estadísticas espectaculares. El año pasado, el holding de esta empresa tuvo una utilidad de 260 millones de dólares, de los cuales el 60 por ciento fue aportado por la región de Magallanes, a través de su petróleo y de su gas. Tengo información que para la búsqueda de yacimientos gasíferos -la verdad es que en nuestro país es muy difícil encontrar petróleo- se creó el proyecto Lago Mercedes, en el cual se invertirán cinco millones de dólares, y que se llamará a licitación para la explotación de la Sísmica 3D, que corresponde a la nomenclatura técnica. También se me ha informado que se invertirán 45 millones de dólares; pero también he sabido, por informaciones de la Enap y de expertos, que esa suma es para mantener los gasoductos y oleoductos utilizados para entregar el gas de Metanex.
Por consiguiente, quiero hacer la siguiente pregunta al ministro y al gerente general: ¿Por qué la Enap no se ha atrevido a invertir más en Magallanes? Y no solamente en geotermia, como ha dicho el diputado Álvarez , sino que también en energía eólica. Tengo la impresión -lo digo de manera muy responsable- que la Enap es una empresa muy eficaz, pero sus negocios los hace en Egipto y Ecuador y no en Chile.
Obviamente, en el sindicato de Magallanes existe preocupación, pues el año 2008 bajará la producción de gas y llegará el momento en que, así como está pasando con el petróleo, no habrá más gas en esa zona. Entonces, ¿por qué no se destina un buen porcentaje de esos 260 millones de dólares de utilidades, de los cuales el 60 por ciento es aportado por Magallanes, para la exploración y, ojalá, explotación de gas natural en Magallanes? Se dice que anteriormente ya se hizo, pero hoy existe instrumental técnico moderno con el cual se podría llegar a más metros de profundidad y encontrar gas. Así, obviamente, no tendríamos este gran temor, que es una verdadera espada de Damocles que prende sobre nosotros.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , las crisis y las dificultades nos obligan a actuar con sentido patriótico, con serenidad y creatividad; a tener capacidad de crítica y autocrítica; pero no a mentir ni a expresar las brutales incongruencias que hemos escuchado esta tarde.
He descubierto que la Alianza por Chile ha hecho un viraje hacia la izquierda en tres conceptos fundamentales esgrimidos esta tarde. Lo importante es que se sostengan.
En primer lugar, el diputado Vilches nos dijo que debemos incentivar la interconexión. Es decir, la economía de mercado puede fallar y la seguridad tiene un costo que alguien tiene que pagar. La conexión entre el Sistema Interconectado Central y la Undécima Región cuesta 700 millones de pesos, si queremos invertir en fomentar la energía hidroeléctrica que produce esa región para tener otra fuente de abastecimiento. Lo mismo ocurre con el sistema del Norte Grande. He debatido amigablemente con el ministro Jorge Rodríguez Grossi respecto a que algunos queríamos una señal de mayor localización: 50 y 50; la ley corta eléctrica lo mejoró: quedó en 70 y 30, y hoy Endesa paga menos costo de transmisión que hace algunas semanas.
¡Por favor, no podemos cuadrar el círculo! El diputado Vilches defendió ciertas tesis con los diputados del PPD y del PS, a pesar de la posición de sus aliados de la derecha, que ni siquiera querían la ley corta eléctrica, porque había que dejar que el mercado funcionara solo, ya que la actual legislación eléctrica era perfecta, lo mismo que el sistema de inversión.
Pero ahora nos piden que hagamos inversiones millonarias en interconexión. Que nos diga cómo las financiamos, para que mañana no culpen a la Concertación porque aumenta los costos de la energía eléctrica?
En segundo lugar, el diputado Leay dijo que el Estado debe obligar a las empresas a hacer sus planes de inversión, que tiene que exigir garantías. Y cuando se piden herramientas y poder para exigir que el sector privado realice ciertas inversiones, dicen que el Estado es intrusivo, que es expropiatorio, que se puede meter en otras áreas de la actividad económica productiva. Quiero que explique a qué se refiere. Si el sector privado falla en su plan de inversiones ¿está diciendo que el Estado tiene que crear una nueva Endesa y volver a invertir en centrales?
En tercer lugar, se dice que es importante invertir en geotermia. También se le pide a la Enap que sea rentable, muy rentable. La geotermia no es sólo exploración, también requiere altos niveles de inversión de riesgo, para lo cual se necesita un acuerdo político de inversión relevante en esa área. Por lo tanto, colijo que hay voluntad política para que el Estado desarrolle con mayor fortaleza esa área en la Enap o genere una empresa estatal de energía geotérmica.
En todo caso, la reflexión va por otro lado. Comparto que exijamos seriedad a nuestros vecinos -no hay seriedad en la contraparte, porque falta al contrato, a la palabra empeñada, y con ello daña la credibilidad para futuros negocios- porque deben cumplir los acuerdos, y también que el país debe unirse y dar una señal de desarrollo regional de largo plazo, de buena vecindad, de inversión, de hacer atractiva -en la era global- esta zona, lo que requiere seriedad.
En cuarto lugar, es necesario tomar en serio cuestiones que siempre consideramos menores, como si fueran adornos de los discursos, como cuando se dice que no hay políticas públicas de ahorro energético, que no hay políticas públicas para explorar con mayor dinamismo -como han señalado agrupaciones ambientalistas serias- fuentes de energía alternativas. Ningún gobierno regional tiene políticas en este sentido. No se puede criticar al gobierno porque “no se puso los pantalones” o “no tuvo mano dura” respecto del caso Ralco.
¿Qué queremos? ¿Romper el Estado de derecho? ¿Acaso no hay ley Indígena? ¿No intervinieron los tribunales de justicia? ¿No se exigió el cumplimiento de leyes que se dictaron a comienzos de la década del 90? ¿Qué significa el discurso de que el gobierno tiene que apurar y apurar? ¿Acaso se quiere que actúe con decretos o actos autoritarios? Las inversiones tienen complejidades producto de su propia naturaleza. Es más, cuando el Estado intenta “ponerse los pantalones” o buscar los acuerdos para apurar las inversiones y ayudar proactivamente al sector privado por un sentido estratégico -como es el 9 por ciento de energía que Ralco aporta al Sistema Interconectado Central-, entre otras razones, en su necesaria lógica de mediación y de negociación- debe concluir que, para compensar, es importante crear una comuna en el sur del país, pero los mismos que piden que el Estado sea proactivo con el sector privado para facilitar la inversión hidroeléctrica, restan su voto para poder cumplir los compromisos que faciliten que esas inversiones también operen. En definitiva, debe haber consistencia en los discursos.
Ésta es una crisis compleja, la señal del Norte Grande es difícil; subirán los costos de la minería; si esto se prolonga por seis meses, habrá problemas en la fijación de los precios de nudo de los sistemas eléctricos, afectará menos a los consumidores residenciales, pero tendrá un costo para la industria. Debemos tener una visión más bien unitaria.
En síntesis: unidad para dar una señal a nuestros vecinos; pragmatismo y unidad para ser serenos en eso y abrirse a negociaciones no sólo con Argentina, sino que también con Bolivia; voluntad y autocrítica para tener una política energética más plural, más compleja; voluntad y autocrítica para, quizás, corregir la ley corta eléctrica recientemente promulgada y, tal vez, mejorar las señales de localización para revalorizar -como decía el diputado Encina - la energía hidroeléctrica. Pero no seamos injustos con un gobierno serio, en los momentos difíciles que vive el país.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, en estos escasos minutos intentaré centrar el debate en lo que importa.
Hace muy pocos minutos el ministro de Economía nos dijo que por disposición del gobierno de Argentina se va a reducir el envío de gas a Chile en cerca de 2 millones 300 mil metros cúbicos, lo que, en el fondo, equivale a una central y media termoeléctrica. Ello significa, en términos concretos, que el sistema eléctrico chileno comenzará a colapsar y que quedaremos en el límite de su caída total.
En consecuencia, al margen de cualquier discurso ampuloso, aquí está en duda la continuidad del servicio eléctrico no sólo argentino, sino que ahora el chileno, eso es lo trascendente. Al margen de que se le reste relevancia al tema o de que el Presidente diga que quienes critican esta situación son ignorantes o no tienen todos los elementos de juicio, lo que importa es que estamos mucho peor que antes.
Cabe preguntarse, por qué ocurre esto y si esta situación era previsible. Porque no faltará quien diga que éste es un problema del gobierno, de la realidad o de la idiosincrasia argentina. ¡No! Éstas eran todas circunstancias previsibles que, por lo demás, se debieron prever no sólo en el plan de obras de la Comisión Nacional de Energía, sino que también en la forma cómo se defienden los intereses chilenos, especialmente cuando se suscriben acuerdos internacionales, pero también cuando se legisla.
Por ejemplo, con motivo de la sequía que vivió el país entre 1998 y 1999 -yo no era aún diputado -, se legisló. Veía en la televisión cómo muchos parlamentarios y personeros de gobierno parecían casi ministros en campaña: se paseaban por el país hablando de las bondades del famoso artículo 99 bis de la ley Eléctrica, hoy, un claro causante de la falta de inversión en el sector.
Entonces, cuando entramos en materia nos damos cuenta de que en realidad hay muchas causas que han ido influyendo en la situación en que estamos actualmente. Una de ellas es haber dado una mala señal al mercado: el citado artículo 99 bis hay que resolverlo de alguna forma. Tal vez sea ésta la oportunidad para centrar el debate en lo que se hizo entre 1998 y 1999.
Por las experiencias conocidas, a nuestro juicio, el Gobierno no debería volcarse por completo en un sentido cuando hay un alegato o una movilización de algún movimiento ambientalista. Cuando se han hecho concesiones a algunas comunidades, a través de la entrega de compensaciones, basta verlas para darse cuenta de que hay una clara inequidad con otras que no levantaron el dedo y no la pidieron. Podríamos enumerar muchos otros casos.
Por ejemplo, en este momento en el Senado se tramita un proyecto que establece una patente por el no uso del derecho real de aprovechamiento del agua, lo cual constituye una real expropiación del derecho de propiedad. Esto hace que el sistema se vaya resintiendo no sólo por agresiones o por faltas de cumplimiento de la palabra empeñada, sino también por falta de previsión. En este caso, ha ocurrido un conjunto de actos y omisiones que nos han llevado a la situación en que estamos.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ .-
Señor Presidente , Magallanes depende en un alto porcentaje del gas que le provee Argentina. A pesar de las inversiones que ha hecho la Empresa Nacional del Petróleo, según la información oficial que ha entregado el señor Daniel Fernández , votamos con claridad que ese alto grado de dependencia no disminuye.
Al respecto, quiero formularle dos preguntas al ministro de Economía . Si se produce un encarecimiento del gas, ¿el Estado se encuentra en condiciones de aumentar los subsidios al gas domiciliario a los sectores más pobres? ¿El Estado ha estudiado la posibilidad de crear un fondo con recursos propios para crear fuentes alternativas de energía?
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero refutar al diputado Valenzuela . Él aseveró que nosotros no queríamos aprobar la ley corta eléctrica. Fue al revés. El partido que más trabajó -testigo de ello es el ministro de Economía - para mejorar esa iniciativa fue justamente la Unión Demócrata Independiente. En la Comisión sesionamos hasta altas horas de la madrugada para despachar ese proyecto, y aseguramos los votos en la Cámara y el Senado para que fuera ley de la República. Estamos orgullosos de ello. Lo fundamental era incentivar la inversión en la transmisión de la energía eléctrica. Si ese verdadero cuello de botella no desaparecía, no tenía sentido hacer futuras inversiones en generación. De manera que es muy injusto lo manifestado por el diputado señor Valenzuela .
Espero que el ministro de Economía lo diga en forma pública en esta Sala, porque así nos lo hizo saber en la Comisión a cada uno de los parlamentarios de la UDI.
Aprovecho esta oportunidad para consultar al Gobierno respecto de las aprensiones que tienen no sólo los empresarios, sino también los pobladores del país.
Fundamentalmente todos los proyectos energéticos y de generación eléctrica están basados en ciclo combinado. Por eso, señor Presidente , por su intermedio, quiero formular algunas preguntas al señor ministro
Considerando que en materia de energía hidroeléctrica este año entrará en funciones la central Ralco y en 2008 la central Neltume , ¿qué ocurrirá con las inversiones proyectadas si todos los demás proyectos son de ciclo combinado? ¿Podrá el país seguir creciendo al ritmo proyectado si no se realizan las inversiones que se supone que están aseguradas?
Asimismo, el ministro , al informar que a partir de mañana el país no dispondrá de 2 millones 300 mil metros cúbicos de gas, nos ha dado la razón en cuanto a nuestra decisión de no apoyar en su momento la interconexión del SIC con el Sing. Eso significa que estábamos en la línea correcta, porque no podíamos permitir que todos los chilenos financiaran a las empresas del norte que querían llevar al sur una energía que hoy no vamos a tener. En la ley corta eléctrica se da una señal clara al mercado. Quiero solicitar al ministro que profundice en este tema.
Por otra parte, pueden surgir problemas en las empresas eléctricas chilenas si consideramos que hoy se registra una baja en la Bolsa. ¿Qué pasará en el futuro con esas empresas en la Bolsa? ¿Suspenderán las transacciones de acciones? ¿Qué pasa si alguna de ellas quiebra? ¿Qué planes de contingencia tiene el Gobierno?
El Gobierno debe tomar una decisión frente a la actitud de Argentina. Cuando no se respetan los acuerdos con un país vecino, se crean conflictos que van más allá del sector energético. ¿Qué pasará si Chile tiene una actitud distinta respecto del interés económico de Argentina?
La actitud de Argentina requiere de una posición firme por parte del Gobierno. No podemos aceptar lo que hoy le ocurre al país. Por eso, consulto al señor ministro si el suministro de energía eléctrica, tanto domiciliario como industrial, está absolutamente asegurado para este año. Hoy no hay claridad respecto al tema energético, especialmente en el sector industrial. Hace dos meses había inquietud por esta situación, que no quedó definitivamente aclarada en la Comisión. Hoy enfrentamos un hecho que no estaba previsto por ninguno de nosotros, considerando la información oficial del Gobierno.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , al escuchar algunas intervenciones pareciera que estuviéramos viviendo en el caos, pero nuestro país está lejos de esa situación. Hay que dar claridad y seguridad a los consumidores.
Cuando se aprobó la denominada ley corta eléctrica no sólo se aseguró la transmisión, sino algo que es muy importante para los consumidores: se resolvió un problema de costos. Hoy, a pesar de que la estructura de costos de producción de las empresas generadoras subirá, dicho incremento no será traspasado a los consumidores. Eso debe quedarle absolutamente claro a la Sala y a todas las personas que nos ven por la televisión. Los clientes no sufrirán el aumento de costos, ya que éstos serán absorbidos por las empresas. Si alguna de ellas tiene problemas, deberá buscar la forma de resolverlos. En todo caso, es una materia que habrá que estudiar.
Además, como señaló el señor ministro , gracias a la diversificación tecnológica de las centrales generadoras, tampoco habrá dificultades para el abastecimiento de gas en nuestro hogares.
El diputado señor Vilches hizo mención a un plan de contingencia. Al respecto, quiero expresar que hay ciertos elementos que me permiten constatar la existencia de un plan de esa naturaleza.
En primer lugar, como nuestras centrales de generación eléctrica tienen el 30 por ciento de su capacidad productiva ociosa, podemos resistir un desabastecimiento en torno a ese porcentaje.
En segundo lugar, de las centrales generadores instaladas en el norte, cuatro o cinco son duales, por lo que pueden funcionar perfectamente a gas o petróleo.
En tercer lugar, pero no menos importante, el Sistema Interconectado del Norte Grande funciona con 1.500 megawatts, pero tiene centrales a carbón, que no son utilizadas, capaces de producir otros 900 megawatts.
Es decir, además de lo señalado en relación con el abastecimiento doméstico, hay tres elementos que nos permiten aseverar que existe un plan de contingencia, pensado para enfrentar eventuales problemas de desabastecimiento.
Sin embargo, me preocupa la seguridad jurídica a nivel internacional. Debemos dar una señal clara a los vecinos en relación con el incumplimiento de los contratos. Somos un país serio que cumple sus compromisos internacionales. Por lo tanto, esperamos lo mismo de ellos.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , hace bastante tiempo, en 1997, cuando se discutió si el gas natural debía ingresar a nuestro país por la cuenca de Neuquén, frente a la Octava Región, o por la cuenca del noreste, frente a Santiago, tuvimos un debate geopolítico y geoestratégico en relación con la garantía de que el suministro de gas no se interrumpiera ni aun en situaciones de crisis militar o económica.
En esa ocasión, se determinó que llegara a Santiago, por la cuenca del noreste, y no a la Octava Región, por la cuenca de Neuquén, como algunos planteábamos.
Hoy, esa decisión pesa, porque la cuenca de Neuquén ha demostrado ser mucho más segura, pero se optó porque el gas llegara antes a Santiago.
Considero que el debate no se puede centrar en las sucesivas crisis hídricas o de gas, por los problemas que surgen irremediablemente cada cierto tiempo, ya que cuando se producen sequías, se inicia un fuerte debate acerca de la inconveniencia de construir centrales hidroeléctricas y se privilegia la inversión en centrales de ciclo combinado; pero, cuando surgen problemas con el suministro del gas, se opta por construir centrales de ciclo combinado en lugar de plantas hidroeléctricas.
Respecto de estas últimas, que son las principales, cabe preguntarse quién posee el 60 por ciento o más de los derechos de agua. No obstante, el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas lleva once años detenido en el Senado por falta de apoyo de la Oposición, de la Alianza por Chile, lo que nos ha impedido contar con una normativa que regule adecuadamente el mercado del agua e incentive la inversión en generación hidroeléctrica. Por eso no hay actores que quieran invertir en el sistema eléctrico, porque no cuentan con lo esencial: el agua. Pero hay quienes la tienen de sobra y no la usan ni especulan, como ocurre con Endesa-España.
Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es la voluntad política para contar con un Código de Aguas que permita una regulada, creciente y mediatizada creación de centrales hidroeléctricas, con respeto al medio ambiente y a las comunidades indígenas que viven en las cuencas donde se genera esa energía.
En este sentido, no puedo sino rechazar las opiniones del diputado Leay, quien cree que los argumentos de quienes defendemos Ralco son contrarios a los anteriores del país y de los sector energético, como si los derechos de las personas y los derechos ambientales no contaran. El necesario equilibrio para el desarrollo del país pasa por respetar a las personas y el medio ambiente. Ratifico las objeciones que hice presente en el caso Ralco. Las reiteraré cada vez que se lleve adelante una inversión hidroeléctrica que violente los derechos de las personas y dañe el medio ambiente. Ningún país avanza si no considera el desarrollo sustentable como una herramienta para ello. Hablamos mucho de desarrollo sustentable, sin embargo, a la hora de invertir, nos olvidamos de ello.
Como se ha reconocido desde los tiempos de la dictadura, Chile no posee una política permanente de desarrollo energético y con proyección en el tiempo. Esto ha sido reconocido desde las administraciones de María Isabel González hasta la de Vivian Blanlot , quienes se preguntaban cuál debía ser la política de desarrollo energético del país. La respuesta es que ésta se basa en una cuestión casi inmediata a la coyuntura. Como somos un país altamente dependiente del petróleo y del gas y los derechos de agua para el desarrollo hidroeléctrico no dependen del Estado, sino de una empresa privada con nombre y apellido -Endesa-España-, cuyas inversiones se realizan con su activo monopólicamente atrapado, evidentemente estamos en problemas.
Comparto con el diputado Leay en cuanto a que es necesaria una acción más decidida del Estado. La Comisión Nacional de Energía no puede permanecer impávida e inmóvil, sino que debe actuar. Para que ello ocurra, debemos entregarle las facultades necesarias para que regule e impulse las medidas adecuadas en el ámbito que tratamos. El debate sobre la ley larga eléctrica será un escenario adecuado para dilucidar si es posible garantizar una matriz energética diversificada que asegure abastecimiento energético.
Quiero ver cómo votarán los diputados de Oposición cuando discutamos, en la ley larga eléctrica, el desarrollo de las políticas energéticas renovables, como la energía eólica, minihidráulica y solar. Aceptarlas va a requerir cierto grado de sacrificio e inversión.
Chile necesita una política de diversificación de las fuentes de energía renovables. Tengo en mi poder la ley alemana sobre primacía de las energías renovables, aprobada el 25 de febrero de 2000. En Johannesburgo, el primer ministro alemán señaló que de aquí a 2050, Alemania se ha puesto como objetivo abastecerse en un cincuenta por ciento de energía renovable, y ha ofrecido un fondo de más de mil millones de euros para la promoción de ésta en el mundo.
Es cierto que es más cara. Hoy, el kilowatts de energía convencional cuesta entre O,2 y 0,4 centavos de dólar; en cambio, cada kilowatt de energía renovable tiene un valor de entre 0,7 centavos de dólar y 2 dólares. Alemania, Brasil, Honduras y Nicaragua -este último, incluso, ha dictado leyes sobre el particular- ya tienen políticas y programas para el desarrollo de la energía renovable. Chile, en cambio, se ha quedado atrás en por lo menos una década en cuanto al desarrollo de este tipo de energía, cuya puesta en práctica traería aparejado un enorme beneficio ambiental.
Señor ministro , falta una política de fomento de las fuentes de energía renovable y la creación de un fondo de respaldo que garantice una alternativa frente a los grandes problemas cíclicos que debemos enfrentar tanto en el ámbito hidroeléctrico como del gas. En ese sentido, quiero recordar que la única central eólica en Chile se ubica en Alto Baguales , Coihaique, de 2,3 megawatts, pudo entrar en operaciones a pesar que cada kilowatts cuesta 80 pesos, en comparación con los 30 ó 40 pesos que cuesta vía sistema interconectado central. Es clave el diseño de una política de subsidio para desarrollar la energía renovable, pues será más económica en el futuro.
En este ámbito, es necesario realizar propuestas. Como no queremos enfrentar la crisis en la coyuntura, es necesario tener la voluntad y el consenso político para que en 2004 podamos discutir una ley de promoción de energía renovable, no convencional, que incluya la eólica, la geotérmica, la solar, la minihidráulica, la biomasa, mareomotriz. Es decir, entremos en el debate de fondo para que podamos tener energía que manejemos. Chile no dispone del petróleo ni del gas. Tenemos energía geotérmica y no contamos con una ley para su desarrollo. Tampoco una ley que incentive las inversiones.
Hemos conversado con diversos actores del mundo privado, de la sociedad civil, que se han preocupado sobre este tema y han hecho propuestas. Por ejemplo, que el plan inmediato de obras, entre 2004 y 2015, en cuanto a generación sobre la base de energía geotérmica, dé cuenta de las inversiones que la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, debe desarrollar en la exploración, por ejemplo, de la zona de Calabozo, Séptima Región, de manera de contar con unidades de generación a partir de 2006. Hay que desarrollar esa política y me gustaría saber cuál es el avance.
Asimismo, ese plan de obras debiera incluir, entre esos años, a lo menos tres centrales geotérmicas adicionales -existen Copahue, en la Octava Región, y Apacheta y La Torta, en la Segunda Región- para tener alternativas ciertas y no quedarnos atrás. De otro modo, la dependencia energética nos va a tener dando respuestas puntuales y medianas.
Por último, no es cierto que el artículo 99 bis debilitó las inversiones. Establece la compensación en racionamiento, porque las empresas tienen que respaldarse. Son monopólicas, les gusta ganar dinero, en buena hora, pero, porque brindan un servicio público de extraordinaria utilidad, deben respaldarse para garantizar continuidad de ese servicio. Por lo tanto, decir que el artículo 99 bis detuvo las inversiones, es un exceso, un cuento político más que técnico.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , nos han llamado la atención las declaraciones del señor ministro en el sentido de la importancia de la generación de energía sobre la base de un sistema hidroeléctrico para nuestro país. Nos habría gustado oírlo decir eso, justamente, en la década del 90, durante 1996 y 1997, cuando se tomó la decisión de optar sólo por la adquisición de gas en Argentina. Estamos frente a un error estratégico monumental al minimizar los problemas políticos y económicos de Argentina, que no daban garantías de estabilidad cuando se tomó esa decisión. Vale decir, en 1997 ya se sabía que Argentina iba a devaluar su moneda, porque era imposible que mantuviera el dólar a la par. Eso era vox populi y fue lo que, en definitiva, gatilló el problema de gas que hoy está enfrentando esa nación.
Este exceso de confianza se mantuvo en el tiempo a pesar de que en Argentina, en 2002, a consecuencia de una huelga sindical, se produjo un pequeño corte de suministro de gas.
La empresa Ralco entrará en funcionamiento este año, pero sólo va a generar energía suficiente hasta el año 2005. Después habrá déficit.
El ministro también nos señaló alternativas como la de implementar plantas hidroeléctricas en sectores alejados de los centros de consumo. Por ejemplo, la posibilidad de que la Undécima Región generara energía hidroeléctrica se vería complicada, de alguna forma -analizamos esa situación el otro día-, por las dificultades que se presentarían para trasladar esa energía a través de Pumalín, propiedad de Tompkins que fue declarada parque nacional.
En resumen, estamos ante un problema de soberanía. Lo digo así porque es muy grave hipotecar el crecimiento económico del país, supeditándolo a la situación que pueda soportar un país vecino. Es decir, si realmente hemos sido capaces de avanzar poco a poco hacia nuestro pleno desarrollo y creemos que podemos lograrlo antes del Bicentenario -200 años después de nuestra independencia-, por qué de pronto nos vemos detenidos por un error de esta magnitud, cual es haber optado por el abastecimiento de energía de un país vecino con problemas, con el cual vamos a estar ligados hasta que éste resuelva su situación y nos permita continuar con dicho desarrollo.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Ha terminado el debate.
Tiene la palabra el señor ministro para que pueda responder a las dudas e inquietudes manifestadas por los señores diputados.
El señor RODRÍGUEZ ( ministro de Economía y Energía ).-
Señor Presidente , agradezco el debate que ha tenido lugar hoy en la Cámara de Diputados y quisiera hacer algunas precisiones y también entregar información que puede ser de interés para los señores diputados.
En primer lugar, quiero rebatir algunas afirmaciones del diputado Vilches.
En Argentina hay enormes depósitos de gas absolutamente refrendados; fueron descubiertos, pero no están habilitados. Por lo tanto, hoy, el problema de Argentina es de mercado, de inversiones. No se ha pactado comprarle gas a un país al cual se le está acabando. No es así. Argentina tiene gas para muchas décadas y para Chile sería una torpeza no continuar comprándoselo, porque está disponible y a buen precio; pero hoy, después de la decisión de su gobierno, ha pasado a ser un producto de peor calidad de la que creíamos; un producto que, como el agua, presenta un factor de riesgo en su abastecimiento, que debe ser debidamente considerado, sobre todo, por nuestros inversionistas.
También el diputado Vilches señaló la posibilidad de una eventual interconexión del Sistema Interconectado del Norte Grande , Sing, con Aisén.
Aisén tiene riquezas espectaculares desde el punto de vista hidroeléctrico y alguna vez tendrán que estar accesibles para el resto de Chile. Pero, tanto en el caso del Sistema Interconectado Central, SIC, como en el del Sing, quiero repetir una información que llevó finalmente a que la Cámara y el Senado, en su oportunidad, desecharan incorporar en la “ley corta” algunos artículos que directamente fomentaran aquel tipo de inversión. Hoy, el SIC presenta un gasto de, aproximadamente, 100 millones de dólares en transmisión eléctrica y una interconexión SIC-Sing tendría un costo adicional, anual, aproximadamente, de 70 millones de dólares, cargo que tendría que pagar los consumidores.
Una interconexión de Aisén con Santiago, que podría costar fácilmente 2 mil millones de dólares, con 10 por ciento de rentabilidad, significaría incorporar 200 millones de dólares a la cuenta anual que pagan los consumidores por concepto de transporte. Es decir, dicha cuenta, del orden de 90 millones de dólares, la transformaríamos en otra de alrededor de 400 millones de dólares, por interconexiones. Menos mal que ni el Gobierno ni el Congreso tomaron la decisión de obligar al sistema eléctrico a asumir una inversión cuya justificación económica es de muy dudosa lógica.
Por otro lado, una interconexión del SIC con el Sing hoy, a la luz del enorme desabastecimiento de gas natural en el noroeste argentino y en el norte grande, habría sido una inversión absolutamente inútil. Menos mal que este Congreso acogió la posición de no generar elementos especiales que incentivaran inversiones específicas, sino que un método que, de acuerdo con los valores de mercado, estimula inversiones en el sector eléctrico para que la gente pueda tener electricidad segura y barata. Ése es el criterio que subyace en ley.
El diputado Leal expresó que yo habría asegurado el domingo que no iba a haber racionamiento y que ahora afirmo lo contrario. Al respecto puedo aclarar que, desde que comencé a recibir información del gobierno argentino, a partir del jueves de la semana pasada, he señalado que hay un riesgo muy grande de racionamiento de gas natural desde Argentina hacia Chile; pero, insisto, no hay riesgo de racionamiento eléctrico ni de gas dentro de Chile.
Los encargados de los sistemas eléctrico y de abastecimiento de gas domiciliario e industrial, respectivamente, tendrán que ver la forma de producir la electricidad y el gas, en el caso de que el gas no llegue desde Argentina.
El diputado Leay preguntó acerca del tamaño de los contratos interrumpibles. Las informaciones que manejamos indican que, en general, alrededor de 20 por ciento de los contratos son interrumpibles y normalmente están asociados a unidades de ciclocombinados abiertas; es decir, más caras, que no se usan en la base del sistema eléctrico, sino en casos de emergencia, cuando hay cortes o está a punto de acabarse el suministro eléctrico. Por lo tanto, se trata de una cifra perfectamente manejable por los sistemas eléctricos.
El diputado Leay también expresó la necesidad de facilitar las inversiones hidroeléctricas, evitando obstáculos de tipo ambiental innecesarios.
Este tema, de repente, se constituye en obstáculo para muchas otras inversiones, no sólo para las eléctricas. En consecuencia, a la luz de las dificultades que estamos viviendo y de que Chile cuenta con los elementos necesarios para generar electricidad limpia, corresponde que todo el país adopte una actitud, sin exageración, tendiente a proteger el medioambiente y, al mismo tiempo, a facilitar las inversiones.
El cambio a diésel, claramente afectará los costos. Señalé que el cambio de gas natural a diésel no puede ser permanente y, por lo tanto, no debiera afectar los precios.
El diputado Muñoz preguntó si, como Gobierno, hemos reflexionado sobre un eventual subsidio para el gas. No hemos pensado acerca de esa alternativa, lo que no quiere decir que no suceda en el futuro. No consideramos que exista en este momento riesgo de desabastecimiento de gas en los domicilios ni en las industrias; de manera que el tema no está en carpeta. Sin embargo, de ser necesario, se analizará.
Asimismo, consultó si el Gobierno ha pensado fomentar, con recursos propios, alternativas medioambientales interesantes. Esa materia fue puesta en la discusión de la ley corta eléctrica, pero no hubo ninguna decisión sobre ella porque requería bastante más estudio y, sobre todo, la participación del Ministerio de Hacienda para constituir un fondo. No obstante, está en la agenda y deberá discutirse.
El diputado García-Huidobro expresó su preocupación por el plan de obras y acerca de cómo seguirá creciendo el parque eléctrico en el futuro. Al respecto, reitero que el plan de obras cumple un propósito fundamental que exige la ley, cual es que en la fijación de precios de nudo se considere que la oferta y la demanda de electricidad estén equilibradas en el futuro. Ésa es la manera de fijar el precio del nudo.
Dentro de esas posibilidades se van escogiendo las obras en construcción, o declaradas en proceso de construcción, y aquellas plantas eléctricas que, de acuerdo con los criterios económicos y de seguridad de abastecimiento, la Comisión Nacional de Energía estima que pueden ser elegidas por el sector privado. Pero este plan no necesariamente refleja lo que ocurrirá en el futuro, porque, finalmente, los privados realizan las obras sobre la base de criterios reales y no de los criterios que un grupo de técnicos en la Comisión de Energía, de la mejor manera, ha estimado que estarán presentes en el futuro para decidir inversiones.
En todo caso, el diputado señor García Huidobro y otros han planteado una pregunta que sí es relevante, en términos de preguntarse cómo seguirá creciendo el parque eléctrico.
En verdad, las posibilidades de crecimiento del parque eléctrico no se agotan por la crisis que estamos soportando como consecuencia de la crisis que afecta al mercado de gas argentino. Lo que sí tenemos que hacer a nivel de país, es incorporar, como señalé en mi intervención anterior, el riesgo de desabastecimiento de gas argentino en las señales económicas que recogen los actores que están disponibles para invertir en el sector eléctrico.
La incorporación de la variable riesgo dentro de los incentivos económicos para los inversionistas conducirá a la búsqueda de mejores inversiones que incluirán, probablemente, algunas plantas a gas natural debidamente provisionada desde Argentina, o la provisión de gas natural licuado, que es idéntico al gas natural, pero que debe ser transportado y es más caro para efectos de producción eléctrica. Así he contestado la inquietud sobre interconexión del SIC con el Sing.
Me pregunta también el diputado señor García Huidobro si habrá o no cortes eléctricos. En esto quiero ser muy preciso. Los cortes eléctricos son normales dentro del sistema eléctrico; de lo que se ha estado hablando es de racionamiento eléctrico. Al respecto, quiero declarar enfáticamente que el Gobierno no prevé racionamiento eléctrico ni en el Sing ni en el SIC. Estamos hablando, entonces, de racionamiento permanente y no de cortes que pueden generarse por distintas causas, normales por lo demás, que están incorporadas en el funcionamiento del sistema eléctrico.
Me parece tremendamente importante lo que ha planteado el diputado señor Navarro: acelerar la aprobación del Código de Aguas. Hace años que está en el Congreso Nacional un proyecto de ley que establece una patente por el no uso de los derechos de agua. En la
medida en que queramos incentivar que el agua se use útilmente en proyectos hidroeléctricos, pongámosle impuestos a las empresas propietarias de derechos de agua para uso eléctrico que los tienen inactivos. De lo contrario, podrán estar reposando por diez o veinte años más y nadie más los puede usar porque el derecho de propiedad está en manos de personas que, por razones económicas, no los ponen en práctica.
Termino señalando que el Gobierno tiene absoluta claridad respecto de su responsabilidad para con el país, en cuanto a que el abastecimiento de gas domiciliario y en las industrias debe seguir disponible, cualquiera que sea la situación que se nos presente respecto de la importación de gas desde Argentina. Lo mismo cabe afirmar respecto del sistema eléctrico que está preparado y tiene capacidad ociosa disponible para la producción eléctrica y, por lo tanto, también sostener que, frente a la escasez que hoy enfrentamos, el sistema eléctrico será capaz de responder con la eficiencia que siempre ha tenido.
Muchas gracias.
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
La Mesa ha recibido un proyecto de acuerdo, al cual el señor Secretario le dará lectura.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , antes nos gustaría que el gerente general de la Empresa Nacional de Petróleo, Enap, contestara algunas de las inquietudes que, respecto de las inversiones, hicimos presentes los diputados Álvarez , Muñoz y quien habla.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para que conteste el señor Fernández.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ (Gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo).-
Señor Presidente , debo señalar, en respuesta a las consultas de los diputados Luksic y Álvarez, que no es efectivo que el 60 por ciento de las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, provengan de Magallanes. Como no hay contabilidad separada de la Enap de Magallanes, no sé realmente de dónde obtuvo ese dato, pero en una estimación gruesa, puedo decir que llegan a menos del 30 por ciento de las utilidades de la empresa y que las principales provienen de las refinerías.
Por otra parte, respecto de la actividad exploratoria, la administración de la Enap decidió, desde hace bastante tiempo, no hacer más pozos secos en Magallanes, es decir, no invertirá en pozos que no tienen petróleo ni gas, porque constituyen una muy mala asignación de recursos.
Invertiremos en exploración, pero la actividad exploratoria se realizará donde los geólogos, los geocientistas, los que saben nos recomienden hacer las inversiones correspondientes. En este caso, el solo bloque que mencionó el diputado Muñoz -el lago Mercedes-, representa una inversión de cuatro millones de dólares sólo en la fase exploratoria y, como es obvio, si da buenos resultados, habrá inversiones para desarrollo.
En materia de geotermia, se ha dicho que la Enap podría hacer más cosas. Sin embargo, de acuerdo con la ley, la Enap sólo puede incursionar en esa materia con un 49,9 por ciento de participación de capital. En consecuencia, se requiere 50,1 por ciento de participación privada y hasta ahora no se ha presentado ese interés, debido a que las señales de precio no revelan un recurso renovable y seguro.
Lo que acabo de señalar es concordante con lo que expresó el ministro , en el sentido de que en la medida en que los precios de las diferentes fuentes de energía revelen escasez relativa y vulnerabilidad, la geotermia se hace más conveniente. Está abierto el campo de la actividad geotérmica para el sector privado; sin embargo, no se ha solicitado ninguna concesión con ese propósito. Eso obedece a un factor de mercado, cual es que los inversionistas no consideran interesantes los precios para hacer esa inversión en el largo plazo. Por lo tanto, en la medida en que los precios reflejen los costos de vulnerabilidad, las inversiones serán más viables.
Muchas gracias.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 384, de los diputados señores Encina, Leal, Lorenzini, Luksic, Montes, Mora, Riveros, Salas, Valenzuela, Vilches, y al cual adhieren la diputada señora Allende, doña Isabel, y el diputado señor Palma.
“Considerando:
La necesidad de ampliar la diversificación de la matriz energética del país, privilegiando las nuevas fuentes y la tendencia al uso de energías renovables y sustentables en el tiempo, en especial aquellas de carácter nacional. No es posible que el desarrollo futuro del sector dependa preferentemente de una sola fuente, como es el gas natural, y además proveniente de un solo país, que es Argentina.
Que Chile, como nación, posee cuantiosos recursos hídricos en la zona sur del país; por tanto, no puede abandonar el desarrollo energético basado en esta fuente. El nuevo plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) debe considerar la construcción de centrales hidroeléctricas.
Que el Gobierno debe reforzar aquellas medidas necesarias en un plan de contingencia, a fin de que no se produzcan cortes ni racionamientos del suministro de energía, y asumir la defensa de los usuarios y consumidores para que esta posible crisis no se traduzca en alzas que, sin duda, afectan siempre en primer lugar a los más pobres.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar que se establezca como una urgencia el adelanto del plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para la construcción de centrales de generación en base a energía geotérmica, cuya exploración ha realizado la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en varias regiones del país, en especial en la zona de Calabozo, en la Séptima Región, del Maule. En este sentido, debe dotarse de accesos a esta empresa para efectuar sus exploraciones.
2. Requerir que se activen las inversiones necesarias del holding de la Enap, además del lago Mercedes, para revisar y explorar en búsqueda de nuevos yacimientos gasíferos en la cuenca austral de la Duodécima Región, de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en los sectores concesionados por ella.
3. Pedir al Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley que promocione las ‘energías renovables no convencionables’, como la eólica, la geotérmica, la minihidráulica, la mareomotriz, la biomasa y otras, que incluya incentivos tributarios y un ‘Fondo de Promoción’ para la generación y uso de estas energías.
4. Solicitar al Gobierno que se den señales de superación de los criterios de localización en transmisión eléctrica e impulsar la inversión en energía hidroeléctrica y en interconexiones, así como modificar el Código de Aguas, castigando económicamente la no utilización de este recurso.
5. Recomendar que se aproveche la actual situación para mejorar la eficiencia y la eficacia en el uso de la energía e impulsar el ahorro energético. Para esto, se requiere un rediseño de la ‘política de eficiencia en el uso de la energía’ en los sectores industrial, comercial y domiciliario.
6. Reiterar que sólo sobre la base del respeto y del reconocimiento de los acuerdos alcanzados y de los contratos libremente pactados en el plano nacional e internacional pueden darse las señales adecuadas de confianza y estabilidad necesarias para que los mercados de la energía funcionen de manera sana y predecible.
7. Requerir de la autoridad pertinente que se adopten las medidas necesarias en un ‘plan de contingencia’ a fin de que no se produzcan cortes ni racionamientos del suministro de energía, así como asumir la defensa de los usuarios y consumidores para que, en el caso de que haya una ‘eventual crisis’, no se traduzca en alzas de tarifas que afecten a la población y al desarrollo del país.”
El señor LORENZINI (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , la redacción del punto número 4 que se ha leído no es la del documento que se nos entregó; es distinta.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Se introdujo una pequeña modificación que fue respaldada por todos los autores originarios del proyecto, lo que, de acuerdo con el Reglamento, es procedente.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LORENZINI (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor LORENZINI ( Presidente ).-
Agradecemos la presencia del señor ministro , del señor Fernández y del señor Sánchez Castellón.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.41 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que crea la comuna de Alto Biobío, en la Región de Biobío. (Boletín Nº 3342-06).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.