Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Fulvio Rossi Ciocca
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Sergio Aguilo Melo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Laura Soto Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III ACTAS
- IV CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- FUNDAMENTOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO. Proyecto de acuerdo.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Eugenio Tuma Zedan
- Eduardo Diaz Del Rio
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Sergio Ojeda Uribe
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Alejandro Navarro Brain
- Alberto Robles Pantoja
- Eduardo Saffirio Suarez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FUNDAMENTOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO. Proyecto de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 62ª, en miércoles 17 de marzo de 2004
(Especial, de 16.01 a 18.10 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrin, don Antonio, y Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta. 9
V. Objeto de la sesión.
- Fundamentos, conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión de verdad histórica y nuevo trato. Proyecto de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficios del señor Subsecretario General de la Presidencia y de la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por los cuales remiten información sobre el Programa de Reforma y Modernización del Estado, y respecto del compromiso financiero del año presupuestario 2003 I.S.A.R-Programa de Mejoramiento de Barrios, Cuarto Semestre, 2003, respectivamente 36
VII. Otros Documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del señor Jefe de Bancada Diputados PS-PRSD por la que indica que el diputado señor Aguiló será reemplazado en forma permanente por el diputado señor Rossi, en la Comisión de Salud.
- Del señor Jefe de Bancada Diputados PS-PRSD por la que indica que el diputado señor Rossi será reemplazado en forma permanente por el diputado señor Aguiló, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
- Del señor Jefe de Bancada del Partido por la Democracia por la que indica que el diputado señor Accorsi será reemplazado en forma permanente por la diputada señora Soto, doña Laura, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
- Señor Forni, información de egresos hospitalarios.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Señor Von Mühlenbrock, licitación de plantas revisoras para la Décima Región.
- Señor Kuschel, calendario de licitación de concesiones para operar plantas revisoras técnicas de vehículos.
Ministerio de Obras Públicas
- Señor Kuschel, mejoramientos viales en la Décima Región.
- Señor Urrutia, consulta de expropiación.
Ministerio de Salud
- Señor Norambuena, atención de salud en sector denominado Colico Norte.
Asociación Chilena de Municipalidades
- Señor García, precisiones sobre el principio de probidad administrativa.
Superintendencia de Servicios Sanitarios
- Señor García, situación de la empresa Essar S.A.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (102)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa de la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Edmundo Salas y Edmundo Villouta.
-Asistieron, además, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla, y Director de la Oficina de Planificación Nacional , señor Andrés Palma.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.01 horas.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III ACTAS
El señor HALES (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 56ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 57ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV CUENTA
El señor HALES (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
FUNDAMENTOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO. Proyecto de acuerdo.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Corresponde revisar y analizar los fundamentos, conclusiones y recomendaciones contenidos en el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.
Tiene la palabra, por 15 minutos, el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , nos alegramos mucho de que hoy se trate esta materia, ya que la sesión se había postergado cinco veces. Hay un buen ambiente para discutir y evaluar el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Lamentablemente, no están presentes muchos dirigentes, loncos y machis de las organizaciones indígenas que fueron invitados, pero que antes vinieron infructuosamente en varias oportunidades. Por eso quiero pedirles disculpas, ya que cada vez que se tuvo que postergar la sesión obedeció a razones políticas que escapan al alcance de los parlamentarios. No hay ningún diputado que haya insinuado postergarla por evitar tratar el tema. Por lo tanto, si hoy no están presentes los dirigentes de algunas comunidades que estaban interesados en participar solamente se debió a la lógica interna de la Cámara de Diputados y, particularmente, a la manera de determinar el orden de la Tabla.
Después de casi tres años de existencia, el 28 de octubre pasado, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato dio a conocer el informe final en una ceremonia realizada en La Moneda.
La Comisión fue creada en 2001, mediante decreto presidencial, con el objeto de asesorar al Gobierno en la elaboración de una nueva política de Estado que permitiera abordar los problemas fundamentales de los pueblos indígenas. Luego de dar a conocer el informe, el Gobierno se comprometió, en un plazo de 20 días, a analizarlo y a elaborar, sobre la base de sus recomendaciones, un conjunto de medidas orientadas a revisar la política de Estado y hacer posible un nuevo trato con los pueblos indígenas.
Factores que determinaron la creación de esta Comisión.
La creciente conflictividad existente en el sur -en el territorio históricamente mapuche- y las dificultades que tuvo y tiene, en mi opinión, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, creada por ley Nº 19.253, de 1993, establecieron condiciones para reevaluar la relación Estado-indígenas.
Durante la administración del Presidente Frei Ruiz-Tagle se creó una comisión asesora para tratar el tema del desarrollo de las etnias, cuyo objetivo era elevar la calidad de vida de los indígenas.
Ninguna de estas iniciativas tuvo un impacto significativo ni alteró la situación de conflicto existente en el sur del país, la cual, lamentablemente, ha seguido agudizándose.
A pocos días de asumir el Presidente Lagos , se creó un grupo de trabajo con los pueblos indígenas, instancia que contó con la participación de representantes indígenas y no indígenas. Ese grupo analizó la política hasta entonces vigente en la materia y elaboró propuestas de acción. El informe fue preparado por el Mideplán. Se denominó Grupo de Trabajo 2000, pero siguió la misma suerte de las comisiones anteriores. Esto es, no tuvo un impacto significativo en términos de buscar soluciones o de elaborar propuestas frente a la situación de la relación Estado-indígenas.
La necesidad de tener un debate más profundo sobre los temas que subyacen a la compleja relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad chilena, y de no buscar siempre soluciones de corto plazo, hizo necesario que, en enero de 2001, se creara la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, con el mandato ya señalado.
Su constitución no estuvo exenta de problemas. De hecho, se llevó a cabo sin previa consulta a los indígenas, aun cuando claramente se hicieron esfuerzos al respecto, y su mandato fue establecido en términos muy generales. Ello motivó la crítica de representantes mapuches de gran nivel y alta representatividad que habían sido invitados a conformarla. Se restaron de participar en ella Adolfo Millabur - alcalde de Tirúa , importante comuna mapuche de la Octava Región-, Galvarino Raimán y Aucán Huilcamán , por cuanto subsistía, antes del informe y subsiste después de él, una profunda desconfianza en la acción del Estado.
Se invitó a integrar la Comisión a académicos, especialistas, profesionales y antropólogos. Fue presidida por el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin . Se evacuó un informe, de cuatro extensos volúmenes, en el que hace un examen de los pueblos indígenas y su relación con el Estado, y se establecen propuestas y recomendaciones. Lo importante de esta sesión es determinar si esas propuestas y recomendaciones pueden ser desarrolladas en las actuales condiciones de la relación Estado-indígenas.
El informe, en la parte histórica, reconoce que los indígenas son los primeros pueblos que se constituyeron en el territorio que hoy ocupa Chile, y sostiene que “la invasión europea en sus territorios se realizó por medio de acciones militares de gran violencia. Se introdujeron enfermedades frente a las cuales los indígenas carecían de defensa”. Asimismo, el informe afirma que en el orden colonial que compartieron con los españoles, los indígenas ocuparon siempre un lugar de subordinación.
La relación del pueblo mapuche con la corona de España estuvo marcada por los parlamentos, instancias donde se llegaba a acuerdos que permitían el establecimiento de relaciones más o menos prolongadas, a veces pacíficas, entre mapuches e hispanos, y que llevaron finalmente a la corona española a reconocer el territorio al sur del Biobío como territorio con autonomía.
El informe enfatiza e identifica políticas impulsadas por el Estado desde 1881 y, posteriormente, a partir de 1931, que llevaron a la ocupación militar de La Araucanía, a la apropiación del territorio mapuche, a la incorporación de Rapa Nui al territorio chileno y a la expansión ganadera a través de la política de concesiones hacia los territorios de los pueblos australes. En el informe se describe y se denomina a estas políticas como “liquidacionistas”, de “asimilación forzada” e “integración forzada”.
El informe no se pronuncia sobre el contexto actual sino marginalmente, cuestión que llama la atención, por cuanto fue precisamente la coyuntura de la situación de conflicto y de enfrentamiento que, lamentablemente, existe en el sur del país, la que da lugar a la creación de la comisión. Estas observaciones se basan en un informe de don José Aylwin , abogado, coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, con quien comparto gran parte de su opinión y análisis.
El informe sintetiza la visión de la comisión en un conjunto de procesos. El primero dice que la negativa a aceptar la identidad y existencia de los pueblos indígenas, tendiente, finalmente, a la formación de una identidad nacional única, fue un elemento concluyente en el aniquilamiento y desaparición de pueblos indígenas completos. Así, los aónikenk y los selk’nam fueron objeto de un verdadero genocidio, ya que junto con extinguir su cultura también se aniquiló a las personas que los integraban.
En el informe se propone consagrar en la Constitución Política de la República que es deber del Estado reconocer la diversidad étnico-cultural y garantizar los derechos colectivos en favor de los pueblos indígenas. También se hace un análisis de los derechos territoriales, recursos naturales y, en particular, de los derechos culturales. Se reconocen los derechos colectivos y a la educación intercultural; se establecen propuestas concretas para el pueblo rapa nui y el pueblo mapuche; se pide la creación de una Corporación de Reparación y, cuando haya problemas de tierra, se plantea que se utilicen mecanismos de expropiación.
Se propone modificar la Constitución en orden a reconocer la existencia de los pueblos originarios; a ratificar el convenio N° 169, y a desarrollar políticas indígenas con integración y reconocimiento, incluyendo la participación de los indígenas en el Senado y en la Cámara de Diputados. También se plantea la necesidad de reconocer la autonomía en su administración en dichos territorios.
A pesar de que el informe fue elaborado hace ya un tiempo, todas las anteriores propuestas han quedado como meras proposiciones. Por eso, queremos escuchar la opinión del Ejecutivo para ponernos de acuerdo. Hemos presentado un proyecto de acuerdo que propone constituir una comisión especial, con un plazo de 180 días, para que se aboque al análisis más profundo de este informe y de la situación de las diversas iniciativas relacionadas que hoy están siendo tratadas en el Congreso Nacional, a fin de que podamos tener conciencia de qué se está haciendo en materia indígena.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a los ministros de Mideplán , Andrés Palma , responsable de la política indígena, y de la Secretaría General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla , miembro de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en su primera etapa.
Nos proponemos apoyar el nuevo trato entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad chilena. Esa es la voluntad de la mayoría de los habitantes de este país, que tienen vocación de paz y que anhelan la justicia entendida en su sentido original: dar a cada uno lo suyo.
Ha llegado la hora de dar un trato justo a los pueblos originarios, y es nuestra voluntad que ahora sí podamos dar la respuesta adecuada, porque estamos preparados para ello. Este no es un proceso fácil, sino arduo y complejo, que demanda tiempo y, sobre todo, sabiduría.
La Comisión de Nuevo Trato, encabezada por el ex Presidente Aylwin , como sabemos, reconoce que el proceso de conformación del Estado-Nación supuso un intento sistemático y deliberado de asimilar a los pueblos indígenas. Ello se tradujo en la negación de la identidad y existencia de los pueblos originarios como entidades socio-históricas. Esto explica que “la actual identidad de los pueblos indígenas en Chile se ha constituido en relación y conflicto con el proyecto de construcción de la nación”, como dice el informe. Por consiguiente, es necesario dar cabida a una nueva oportunidad histórica para el entendimiento, propiciando un diálogo franco y abierto entre el Estado, la sociedad chilena y los pueblos indígenas.
El nuevo trato debe edificarse sobre la base del reconocimiento de la diversidad cultural, de la participación de los pueblos indígenas, de la consideración de que el Estado tiene una deuda histórica y de la necesidad de una definición de un estatuto jurídico especial que recoja los derechos colectivos.
Consecuente con lo anterior, han surgido en el trabajo de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato varias propuestas, que conocemos como normativas institucionales sobre pertinencia e impacto de las políticas públicas y sobre la valoración de la diversidad cultural y el respeto de los derechos indígenas, y propuestas particulares relativas al pueblo mapuche y a los indígenas urbanos.
Sobre las propuestas normativas, no cabe duda que, como legisladores, estamos llamados a otorgar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y ser consecuentes con la ratificación de tratados internacionales que lo propician.
Estimados colegas, he llegado a la convicción de que no tenemos excusa para no avanzar sobre el particular. Se trata de reconocer que los pueblos indígenas, a partir de la existencia de la nación chilena, han formado y forman parte de ella y que poseen cultura e identidad propias. Ello significa que debemos garantizar la preservación de la diversidad étnico-cultural de la nación y, por consiguiente, la preservación y el ejercicio de la cultura e identidad de los pueblos indígenas, con pleno respeto a la autonomía de sus miembros, lo que influirá en las políticas públicas y servirá como principio interpretativo de las leyes, especialmente las referidas a los pueblos indígenas.
Hace poco, el Presidente de la República , ante un medio de comunicación, coincidió en la necesidad de ratificar el Convenio 169 de la OIT. Esta bancada cree, al igual que la Comisión, en la participación activa del Estado de Chile en el Foro permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU. Por eso, la Comisión recomienda reconocer y establecer un estatuto jurídico que contemple sus derechos políticos, territoriales y culturales.
Me parecen altamente valorables todas las propuestas sobre participación de los pueblos indígenas en el ámbito nacional y regional consignadas en el estudio de la Comisión, a través de la elección de representantes de la correspondiente etnia, ya que sería una forma innovadora de acentuar la regionalización con criterios de diversidad.
Relevante es la propuesta de participación de los pueblos indígenas en la discusión, formulación, ejecución y evaluación de leyes, políticas y programas de desarrollo o de cualquier otra naturaleza, que tengan relación con sus culturas, instituciones, territorios y recursos. En tal propuesta hay un sentido de justicia y de respeto que debemos reconocer y valorar. También corresponde destacar la propuesta que reconoce la capacidad de los pueblos indígenas para gestionar, utilizar, gozar, disponer y contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y recursos naturales que éstos albergan.
Elemento central que reconoce la Comisión y que respaldamos plenamente, es la relación especial de los pueblos indígenas con las tierras y los territorios. Existe una cosmovisión que expresa el carácter inseparable entre los territorios y los recursos que allí se encuentran.
El derecho a la participación en beneficios sociales y económicos de las actividades productivas desarrolladas en tierras y territorios indígenas, supone el cumplimiento de las normas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Directiva Operativa 4.20, de 1991, del Banco Mundial.
Creo que el gran cambio que necesitamos experimentar es cultural, partiendo por el lenguaje. La palabra recrea la realidad y forma los paradigmas en los cuales realizamos la convivencia.
Los historiadores chilenos hablan del “desastre de Curalaba”; pero quizá deberán decir en el futuro, con más justicia y precisión, que se trató del “triunfo de Curalaba”.
Represento a la región de La Araucanía, que se siente orgullosa por la fuerte presencia del pueblo mapuche. Ese orgullo surge al comprobar la grandeza del alma mapuche, su sentido de trascendencia y el esfuerzo tesonero de las sucesivas generaciones por resistir el peso de la cultura mayor, claramente impositiva.
Ha llegado la hora de dar un paso audaz, histórico, sobre todo ético, para abrir las puertas al nuevo trato, de modo de crear las condiciones para legislar en esa dirección y luego asumir, como tarea nacional, la construcción de una sociedad diversa en lo étnico y cultural.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , es evidente que los gobiernos de la Concertación han incorporado a sus programas y acción política, normas y mecanismos para reconocer a los pueblos indígenas como integrantes reales de la sociedad chilena, para valorar y rescatar su cultura, y, con ello, fomentar y establecer políticas de desarrollo para darles más dignidad. Ello ha sido una preocupación constante, lo cual es innegable. En el hecho, ha sido algo nuevo, diferente de lo que ocurría en gobiernos anteriores a los de la Concertación. Eso ha traído como consecuencia la aprobación de la ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi. Su aprobación no fue fácil, ya que salió debilitada e incompleta respecto del proyecto original enviado por el gobierno de la época. Soy testigo de esta circunstancia, porque integré la Comisión Especial que en su oportunidad discutió y aprobó las leyes indígenas.
El envío de este proyecto, junto con otros, como el de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el de aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, constituye no sólo un gran esfuerzo de los gobiernos por reconocer y proteger los derechos de los indígenas, sino también un nuevo enfoque y tratamiento de esta materia por parte del Estado. Eso no ha prosperado y los proyectos duermen, pues se han topado con grandes dificultades. La realidad nos indica que los indígenas continúan siendo postergados y discriminados, y que sus territorios les son arrebatados.
De ahí que su Excelencia el Presidente de la República , don Ricardo Lagos , haya acertado en crear, mediante decreto supremo Nº 19, de 18 de enero de 2002, la Comisión sobre Verdad Histórica y Nuevo Trato, para que informe acerca de la historia de la relación que ha existido entre los pueblos indígenas y el Estado; sugiera propuestas y recomendaciones para una nueva política de Estado que permita avanzar hacia un nuevo trato entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad chilena; cree mecanismos institucionales, jurídicos y políticos, y logre una plena participación, reconocimiento y goce de los derechos de los pueblos indígenas en un sistema democrático, sobre la base de un convenio social y de reconstrucción de la confianza histórica. Queremos que ellos sean integrados plenamente.
Entonces, se trata de corregir los errores, a veces inevitables, que cometió el Estado de Chile -como lo señala el informe- al tratar con ellos, ya que el proceso de constitución del Estado chileno ahogó su identidad. Además, el informe reconoce que la nación chilena se constituye sobre la base de asimilar a esos pueblos mediante la fuerza. Es decir, hay un reconocimiento de un proceso de asimilación y no de integración de los pueblos indígenas a la sociedad chilena. Ha habido una sociedad dominante que ha influido sobre los indígenas. La integración que se ha buscado ha terminado justamente en asimilación. La integración ha sido un sometimiento por la fuerza, y los indígenas no han tenido más opción que el acatamiento de pautas y lineamientos dados por el Estado chileno. Ha habido daño histórico y pérdida de identidad, y, en suma, una lesión grave a su cultura.
Los principios y las bases generales del informe sobre nuevo trato señalan que los indígenas fueron los primeros habitantes y ocupantes de este territorio. Fueron los primeros en domesticar su geografía, en poner nombres a las cosas y a los lugares. ¿Que ha sucedido con ellos? ¿Qué es de sus derechos naturales, su hábitat y sus prerrogativas? Nada o muy poco.
El proceso de conformación del Estado o de la nación chilena supuso un intento sistemático y deliberado por asimilar a los pueblos indígenas, pero no reparó ni valoró su dignidad. Todo ello produjo reducción territorial, fragmentación social, pérdida patrimonial, pérdida de vigencia de sus sistemas normativos propios y de sus idiomas por políticas de castellanización forzosa, muerte y desaparición de pueblos indígenas enteros, y desconocimiento e indiferencia por los valores y la existencia de estos pueblos. El nuevo trato no puede ser sólo reconocimiento, y no puede haber reconocimiento sin que las voces silenciosas sean escuchadas. Debe haber real participación y no meramente simbólica, como ha ocurrido en muchas oportunidades y circunstancias. Que no sea sólo de opinión, sino de decisión, con la incorporación de instituciones integradas por indígenas.
Deseamos que se logren efectivamente las mejoras institucionales que sugiere el nuevo trato, que aprueba y acoge, de reparar los daños inferidos a los pueblos indígenas, en cuanto a perfeccionar el ordenamiento jurídico nacional, que debe ser la base de una nueva y efectiva relación entre los pueblos indígenas, el Estado y el resto de la comunidad nacional, y que estas mejoras contemplen mecanismos eficientes y eficaces para la plena realización de los dos ámbitos enunciados precedentemente.
Estamos muy de acuerdo en perfeccionar la Constitución Política. El problema, aparte de ser social, histórico o de otra índole, también es político. Queremos que se declare la existencia de los pueblos indígenas en nuestra Constitución, en el sentido de que forman parte de la nación chilena, pero se reconozca que poseen cultura e identidad propias; que los pueblos indígenas de Chile son descendientes de las sociedades precolombinas. Deseamos que se establezca el deber del Estado de garantizar la preservación de la diversidad cultural de la nación y que se reconozca y garantice el ejercicio de un conjunto de derechos colectivos contenidos en el documento en estudio.
Hay tareas pendientes; la política de Estado se hace insuficiente para responder con un trato digno a los indígenas. La reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas ha sido rechazada en dos oportunidades por falta de quórum, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
El Convenio 169 de la OIT, sentida aspiración de los pueblos indígenas, fue aprobado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional paralizó su tramitación normal. En la Comisión de Derechos Humanos está radicada una moción parlamentaria, firmada por varios diputados, entre ellos el ex diputado Francisco Huenchumilla , para establecer un porcentaje de participación obligatoria de los indígenas ante el Senado y la Cámara de Diputados, es decir, una especie de parlamento indígena.
El nuevo trato no puede ser tal si no hay un compromiso real de los integrantes de los organismos estatales y si no hay voluntad y conciencia de la sociedad por reconocer la esencia valiosa del pueblo indígena, su aporte a la cultura y su valor como cultura diferente que enriquece la nuestra.
Hace falta tener leyes que castiguen o impidan la discriminación hacia los indígenas. En el Congreso Nacional hay un proyecto de ley sobre discriminación racial, aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, que establece sanciones de tipo penal a quienes despreciaren a los indígenas, a las comunidades indígenas o a todo aquel que no pertenezca a una raza como la nuestra.
Las sugerencias y proposiciones de nuestra comisión son muchas, interesantes y variadas. Algunos ejemplos son: el Fondo general de los Indígenas, la Corporación de Reparación, el Consejo de Pueblos Indígenas, el Instituto de Investigación y Promoción de los Pueblos Indígenas. Hay una serie de sugerencias y, dentro de las facultades de que disponemos los parlamentarios, hemos presentado una serie de indicaciones que, sin duda, deben ser analizadas y estudiadas en profundidad.
Por eso, es muy acertada la idea de constituir una Comisión especial con el objeto de analizar en profundidad y concretar los aspectos sustanciales de esas proposiciones para llevarlas a la realidad. Pienso que si nos quedamos con el texto, al margen de haber críticas al respecto, no vamos a obtener ese nuevo trato que consideramos que debe existir, ese nuevo trato que siempre debieron recibir los indígenas. En San Juan de la Costa, comuna de la provincia que represento, el 75 por ciento de la población es indígena. Es gente buena, esforzada, visionaria e integrada que ha aportado al progreso de Osorno. Sin embargo, aún no hemos sido capaces de entregarle lo que le pertenece y lo que necesita para desarrollarse en bien de su dignidad y del restablecimiento de su cultura y de su concepto de pueblo.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Marri marri pu peñi, pu papai pu lamuen.
Señor Presidente , quiero iniciar ni intervención con un saludo a los amigos que nos honran con su presencia, después de viajar desde lejanos lugares pobres, por caminos de tierra y barro. Hoy están presentes en las tribunas Venancio Coñuepan , tataranieto del pacificador de la Araucanía, del mismo nombre, lonco y concejal de la comuna de Nueva Imperial; Braulio Ancán , werkén de Budi, en Puerto Saavedra; Pedro Colicoy , werkén de la comuna de Perquenco; Oscar Curín , lonco y presidente de la Federación de Pequeños Agricultores de Toltén , y muchos otros amigos.
Podemos comprender pero no justificar, que una gran parte de las izquierdas que quedaron huérfanas después de la caída del Muro de Berlín busquen en indigenismos utópicos un sustituto para reemplazar sus juguetes revolucionarios perdidos. Se quedaron sin la división y sin los millones de muertes que generaron con su lucha de clases. Hoy la reemplazan por la lucha artificial entre hombres versus mujeres, ecologistas versus desarrollo, religión versus ser humano, libertad versus vida, chilenos versus chilenos de origen indígena, entre otros. Todas estas son realidades que, naturalmente, no son contrapuestas entre sí.
Así, en Chile, este “neomarxismo” postula que no sólo es la economía social de mercado el enemigo por vencer, sino que la cultura occidental cristiana, en su conjunto, sería la responsable de los males que sufren los chilenos de origen araucano. A pesar de ello, cuando han sido gobierno, no sólo han ignorado su pobreza -ni una palabra en la Comisión de Nuevo Trato sobre ello-, sino que, además, han contribuido a aumentarla.
El gran problema del mundo indígena.
Asimismo, podemos decir que las propuestas y recomendaciones de un nuevo trato -o, más bien, de un nuevo maltrato- entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad chilena, que analizamos hoy, obedecen, en cuanto a su fondo y, en gran parte, a su forma, a la lógica recién explicitada: simplemente, se intenta imponer una nueva forma de Estado. Su implementación se inserta en el mismo sentido y su contenido es revolucionario, ya que el segundo párrafo del capítulo “Principios generales y Bases de un Nuevo Trato” se refiere al territorio sobre el que actualmente el Estado chileno ejerce soberanía como si se tratara de un área disgregada del resto del país.
Al indicar, luego, que “la actual identidad de los pueblos indígenas en Chile se ha constituido en relación y conflicto con el proyecto de construcción de la nación”, disocia del resto de los ciudadanos a los actuales descendientes de los antiguos habitantes del territorio.
La Comisión empieza asentando sus conclusiones en el más puro materialismo histórico y dialéctico neomarxista. Simplemente, se ignora el hecho de que nuestro país posee una población mayoritariamente mestiza, hija de una hermosa mezcla de culturas y razas. Dos ejemplos maravillosos son el actual ministro Francisco Huenchumilla Jaramillo y el futbolista Marcelo Salas Melinao . Esto se reafirma tanto en lo político como en lo cultural y lo religioso.
A diferencia de otros países del continente, la unidad nacional en Chile es evidente. Oportuno es recordar que este concepto es plenamente coincidente con el sentido que dimos a una propuesta de reforma constitucional sobre el tema de los pueblos indígenas, que debatimos en primer trámite constitucional en la sesión 7ª, de 17 de octubre de 1999. A pesar de que seguimos creyendo que la pobreza es el tema de fondo, en esa ocasión se propuso a la Sala la siguiente reforma constitucional: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que integran la nación chilena. La ley promoverá el respeto y el desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde -la frase que viene es la que no les gustó a algunos-, en iguales términos que a todos los demás chilenos, de cualquier origen que éstos sean”.
La mencionada propuesta fue suscrita, también, por los señores Francisco Huenchumilla Jaramillo , entonces diputado democratacristiano representante de la Novena Región , actual ministro de Estado ; Sergio Ojeda , diputado democratacristiano de la Décima Región , en esa época presidente y diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía; Miguel Hernández , entonces diputado democratacristiano de la Novena Región ; Mario Acuña , entonces diputado democratacristiano de la Novena Región ; Edmundo Salas , diputado democratacristiano; la señora Lily Pérez y los señores Bartolucci , René Manuel García, José Antonio Galilea , Alberto Cardemil y Maximiano Errázuriz , entre otros. Lamentablemente la propuesta fue rechazada. Los diputados mencionados, en su mayoría de la Novena y Décima regiones y de distintos colores políticos, representamos a más de tres mil comunidades indígenas, pero la propuesta se rechazó por las presiones de que fue objeto el Gobierno por un grupo de activistas que representan intereses internacionales y que no han tenido eco en más de treinta comunidades, es decir, el uno por ciento del total mencionado.
La redacción propuesta, incluyendo la indicación que presenté en el mismo sentido, pretendía reconocer una realidad. Las conclusiones de la “Comisión del nuevo maltrato” imponen también una ficción internacionalista, que pretende disociar a los chilenos de distintos orígenes de los chilenos de origen indígena, en lugar de reflejar la realidad mestiza de nuestra nación.
Desde conferencias internacionales se nos pretende imponer conceptos y políticas que buscan redefinir artificial y maquiavélicamente una nueva realidad en nuestro territorio. Esta recreación intencional de lo real nada tiene que ver con lo que los chilenos de origen indígena padecen, viven, sienten y demandan: soluciones para la pobreza, que también afecta a los demás campesinos.
Las políticas públicas deben formularse a partir de las problemáticas reales de los ciudadanos afectados, desde abajo hacia arriba, desde la gente que sufre hacia los foros internacionales, y no a la inversa, como se pretende. No queremos que ocurra lo mismo que en tiempos de la Reforma Agraria, cuando se desconoció la realidad de los campesinos chilenos y se nos impuso una ficción distinta desde Estados Unidos, con su Alianza para el Progreso. Obviamente, esto fracasó como política pública y dividió profundamente a los chilenos.
En relación con lo anterior, es importante recalcar que, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Libertad y Desarrollo en comunidades mapuches del sur, el 82 por ciento señaló sentirse chileno. Por lo tanto, importar de manera gratuita un nuevo conflicto, nacido de la ideologización neomarxista ajena a nuestra realidad, es aceptar una agresión que busca atomizar a la nación chilena. Esto es igual que lo que mencioné sobre la Reforma Agraria. De ser así, advierto que esto generará violencia y división entre los chilenos, sin importar sus distintos orígenes.
La primera conclusión a que se llega después de leer el informe de la “Comisión de este nuevo maltrato” es que sigue la lógica del neomarxismo internacional indigenista, que apunta, sin duda alguna, a establecer en el país una soberanía paralela de otra nación, que colisiona directamente con los intereses permanentes de Chile. Desde el momento de su conformación, ocasión en que el sesgo de sus integrantes creó razonables dudas en torno de lo que serían sus conclusiones, la comisión rondó en la controversia. Al respecto, opinamos al revés del Presidente de la República , quien aseguró equivocadamente que las propuestas emanadas de la Comisión Aylwin corresponden a un esfuerzo pluralista por tratar de comprender nuestra historia. A lo mejor para el Primer Mandatario son más fuertes las presiones de los organismos internacionales, que piden reformas constitucionales, convenios de la OIT, etcétera, que las dramáticas demandas de nuestros connacionales indígenas.
La instancia tuvo muy poco de participativa y menos de pluralista, si por lo anterior entendemos acoger equitativamente versiones contrapuestas sobre la materia. Importantes dirigentes mapuches como Braulio Ancán , werkén de Puerto Saavedra; Óscar Imihuala , de Toltén; Venancio Coñuepán , concejal mapuche de Nueva Imperial , electo democráticamente con alta mayoría, y los otros dirigentes indígenas que conocen la realidad del barro y del hambre, fueron ignorados al momento de convocar a la Comisión, situación que se extendió al Premio Nacional de Historia Sergio Villalobos .
Diputados como el que habla, siempre electo con las primeras mayorías en las mesas de votación mapuche, y otros que también representan a zonas de importante población indígena y que hoy están presentes en la Sala, tampoco fuimos invitados a la Comisión.
Para qué seguir hurgando en la militancia político- conceptual de la mayoría de los integrantes de la Comisión. ¡No nos veamos la suerte entre gitanos! Sabemos muy bien cómo se armó este naipe. Las conclusiones se sacaron antes, y luego se buscó a intelectuales ad hoc para que las reafirmaran. El solo hecho de que una instancia de visión abrumadoramente unilateral tuviera como misión llegar a conclusiones respecto de una supuesta verdad histórica, desde el comienzo amarró su gestión a la confección de una leyenda ideológica oficial.
Sobre ese mismo punto, la Comisión dice ingeniosamente que su informe no tiene, en caso alguno, la pretensión de erigirse en una verdad o historia oficial. Sin embargo, a pesar de ello -y aquí viene lo curioso-, dice que se propongan las modificaciones curriculares que correspondan para que las nuevas visiones acerca de la historia indígena de nuestro país y su relación con el Estado, consignada en el informe, se plasmen en los contenidos educativos de la enseñanza preescolar, básica, media y superior.
Singular contradicción: el informe dice que no apetece ser una verdad oficial, pero pretende que sea enseñado en las escuelas como si lo fuera. Es decir, nos propone reescribir la historia a su antojo y por decreto. Para montar y reforzar sus mitos en la Comisión, desconoció olímpicamente la realidad del singular intercambio producido entre las culturas de los primeros ocupantes -como bien lo dijo el diputado Ojeda - de este territorio americano y el conquistador europeo, primero, y el Estado chileno, más tarde. Cabría pensar que, en vez del verbo “desconocer”, debería aplicarse, en este caso, el verbo “tergiversar”.
Fracaso de la legislación indígena de 1993.
Desde ya, debemos recordar que las propuestas supuestamente protectoras de aquellos que denominan indígenas -en realidad, chilenos de origen indígena- aplicadas en los últimos años en Chile han resultado un completo fracaso, según todas las encuestas Casen de los últimos diez años.
Debemos tener presente lo sucedido con la llamada ley Indígena, de 1993, dictada precisamente a instancias del propio Presidente Aylwin . Quien fuera su ministro , Juan Agustín Figueroa , reconoció que fue una pésima ley y que su dictación constituyó un error. Cito al ex ministro del Presidente Aylwin : “Es un error que se inició con una ley indígena que no fue debidamente estudiada. Reconozco mi parte de responsabilidad, y después de su aplicación y práctica ha sido peor”.
La política que la Concertación denomina indigenista, como lo he hecho ver reiteradamente, está basada en cuatro pilares bien definidos: discriminación, que estiman positiva; interdicción de los indígenas, supuestamente para protegerlos -se les trata como menores de edad-; dualidad entre chilenidad y el ser indígena, y entrega de tierras como una forma de reparación histórica.
Las consecuencias de aplicar tales ideas y legislación durante diez años han sido dramáticas. Sólo considerando la población rural de chilenos de origen mapuche podemos constatar que no sólo se han empobrecido y que sus demandas de progreso, trabajo e integración no se han tomado en cuenta, sino que, además, su cultura ha sido abiertamente perjudicada por dicha ley.
En mi región, el mapuche con cullín, es decir, con dinero, cuida solo su cultura sin necesidad de que lo haga “papito” Estado. A modo de simple ejemplo, basta recordar que la mencionada ley, por mero decreto y de un plumazo, convirtió en “menores de edad” a los indígenas, sometiéndolos a la condición permanente de siervos de la tierra. La ley les impide vender sus tierras y, por ende, no pueden acceder a créditos para hacerla producir. Tampoco han encontrado respuesta a sus problemas en la Conadi, generada por la misma ley, organismo burocrático que ha hecho más historia por la corrupción y cuoteo político que por dar soluciones. Citando otra vez la encuesta del Instituto Libertad y Desarrollo, se puede decir que el 60 por ciento de los mapuches rurales califican el trabajo de la Conadi como malo, entre otras razones, por su lentitud, burocracia, corrupción, compadrazgo y politización.
El primer y mayor desacierto de la ley Indígena vigente es que, a partir de su artículo 1º, definió en forma incorrecta el problema por abordar: la falta de tierras. Con esto, se ha focalizado el grueso de los recursos en el Fondo de Tierras.
Se desconoce, así, la primera verdad, que jamás debemos dejar de lado al estudiar el tema: el 80 por ciento de la población mestiza chilena de origen araucano vive en las ciudades. Por lo tanto, al partir de una definición incorrecta del problema, caemos en soluciones equivocadas y hoy fracasadas.
La verdadera demanda.
Más de tres mil comunidades fueron convocadas por Mideplán a los llamados diálogos comunales de 1999, en las regiones Octava, Novena y Décima. Estas tres mil comunidades hicieron ver claramente que su principal preocupación no son las tierras, las protecciones legales, la discriminación que algunos consideran positiva, las representaciones especiales en los conflictos y menos las formas de Estado.
Entre las distintas comunidades con las que se dialogó, puedo mencionar, por ejemplo, en Pitrufquén con 12; en Saavedra, con 22; en Carahue, con 22; en Imperial, con 29, y en Toltén y Teodoro Schmidt , con 12. En el resto del país, en general, con más de tres mil.
Tal como en el grueso de los casos de sus compatriotas del sector rural, solicitaron preferentemente no reformas constitucionales, no OIT, no representación especial. Pidieron trabajo, caminos, educación y salud. Para ser más específico, a la encuesta que está guardada en un cajón en Mideplán, contestaron: infraestructura y servicios, 40 por ciento los -caminos están aislados, con barro, no pueden sacar sus papas y venderlas-; demandas económico-productivas, pobreza, 32 por ciento; demanda sociopolítica, que tanto le interesa a algunos de los presentes, 15 por ciento, (hablo de tres mil comunidades, no de siete miembros de una comisión de intelectuales que sesionó a puertas cerradas en Santiago). Demanda por tierras, sólo 12 por ciento; demanda cultural, 1 por ciento. Sin embargo, la verdadera voz de los interesados no es escuchada y se prefiere, en cambio, formar una reducida comisión de teóricos santiaguinos, de marcada inclinación de izquierda, historiadores, dirigentes elegidos, decanos, etcétera, absolutamente lejana en sus conclusiones de las verdaderas demandas de tres mil comunidades.
¿Cómo, entonces, basar el eje de una política referida al campesino de origen araucano en las tierras y los derechos políticos -también pienso en la gente urbana-, si los propios interesados dicen otra cosa? ¿Cómo pudo ocurrir eso?
¿Ignoró la Comisión la voz de los destinatarios de su propuesta? Por lo demás, ¿nunca supo que el 80 por ciento de los descendientes de Arauco vive en las ciudades?
Si no se escuchó la voz de los concernidos, otra vez cabe dudar del concepto presidencial “esfuerzo pluralista”.
La demanda de hoy es la misma que planteamos en los diálogos sostenidos con Mideplán. Tal como se hizo saber hace cinco años.
Obviamente, jamás se planteó en esa ocasión por comunidad alguna la invención de una nueva forma de Estado, como sugiere hoy esta comisión ad hoc, integrada por no más de diez o veinte personas.
Vuelvo a decir: tres mil comunidades frente a una comisión chiquitita.
Otra reforma agraria.
Siguiendo con el error de centrar parte medular del enfoque en el asunto de tierras, a contrapelo de los deseos de la gente, la Comisión propone constituir una Corporación de Reparación, como parte de una política pública de reestudio de la propiedad raíz en extensísimas áreas del país. Esa entidad debe estudiar la lista de predios por expropiar, en caso de que los actuales propietarios no accedieran a la devolución pactada. Ni una palabra referida al tema de la pobreza. Al revés, más pobreza. No son tierras de características agrícolas. La gente no las puede vender, y no puede pedir créditos, porque, además, no las puede gravar.
Esta conclusión de la comisión Aylwin constituirá no sólo un nuevo mazazo al derecho de propiedad, sino que será una especie de nueva reforma agraria, que aumentará, como ya expliqué, la pobreza de los sectores amagados por el reexamen de los títulos de dominio, en los que las tasas de inversión decaerán radicalmente, como sucede en casi toda la Región de La Araucanía, la más pobre de Chile, y en las comunas mapuches, las más pobres de La Araucanía.
Para este año, en la Novena Región apenas se han considerado dos inversiones privadas importantes en materia de generación de empleo para la población chilena de origen mapuche.
La sola demarcación de territorios indígenas apunta a consecuencias como las descritas precedentemente. Se trata de una pretensión de disgregar la soberanía nacional respecto de determinados territorios. De compadres. En La Araucanía, por un lado, y en el Palena de Tompkins, por el otro. Da lo mismo. Son iniciativas contrarias al interés permanente de la nación chilena, peligrosas e inaceptables.
Una reivindicación tal no sólo no tiene nada que ver con las necesidades e intereses de los afectados -como he probado en mi intervención con las cifras de Mideplán-, a quienes no se escucha, sino que es una bomba de tiempo que será fuente de conflictos permanentes, que en nada resolverá el plazo de tres años propuesto para analizar nuevamente y evacuar las conclusiones sobre estos casos.
Finalmente, un colofón para la pretensión de crear un aparato político paralelo al que rige a todos los chilenos. El Nuevo Trato, o Maltrato, según el cristal con que se mire, pretende no sólo dar vida a enclaves territoriales, que sabemos cómo empiezan y suponemos cómo terminan, sino montar una estructura de participación y poder político -como aquí han dicho- equidistante de la actual.
Vuelvo a la encuesta del Instituto Libertad y Desarrollo. El 85 por ciento de los chilenos de origen mapuche participa en las elecciones generales del país para elegir a sus representantes y sólo el 3 por ciento del padrón electoral concurrió a participar en las últimas elecciones de la Conadi. Ahí está la demanda.
Tampoco es aceptable la proposición de crear derechos políticos de dos clases diferentes, cuando en Chile existe sola una clase de ciudadanos: los chilenos.
Menos podemos tolerar que ciertos ciudadanos tengan derecho a formar parte de dos voluntades generales: la de los chilenos y la correspondiente a la entelequia territorial y política que sugiere la Comisión.
Los derechos territoriales propuestos apuntan a la gestión, utilización, goce, disposición y conservación de ciertos territorios, tierras y recursos, referidos a lo que la Comisión denomina espacios jurisdiccionales.
Tras este informe hay una novísima voluntad de poder. Tras ella, siempre habrá órganos extranjeros y nacionales, fácticos e institucionales, de esos que apoyan y promueven cuanta disgregación o secesión ha acosado a las actuales naciones. Su propuesta es el seguro camino hacia la desmembración por abajo. Crear dos Estados territoriales dentro de las mismas fronteras y con la homogeneidad de la ciudadanía es incompatible con la unidad nacional.
Inventar una nueva forma de Estado importa desconocer, en primer lugar, que sobre el 82 por ciento de los descendientes de Arauco se considera más chileno que nadie -los primeros chilenos-, cifra aun superior en las nuevas generaciones. Más del 85 por ciento participa en las elecciones generales y sólo el 3 por ciento en las de la Conadi.
En segundo lugar, debe reconocerse que ello implica una propuesta consecuente con la idea de importar las tesis del fundamentalismo étnico internacional de burócratas metidos en las organizaciones internacionales, como el Convenio Nº 169 de la OIT, que es el Caballo de Troya para todo lo demás.
En tercer lugar, hay que darse cuenta de que esta proposición apunta a atomizar la nación chilena, como lo propone la Comisión Aylwin, al ofrecer estructuras paralelas, probadamente fracasadas donde se han implementado. En Australia y Canadá vienen de vuelta, pues aplicaron lo mismo y fracasó.
Luego, los propulsores de la idea tendrán que reconocer que dotar de derechos políticos especiales a una parte de la población acrecentará las tensiones existentes, tal como ha ocurrido a partir de la vigencia de la ley Indígena; tensiones que antes no existían entre campesinos de origen indígena, alemán o español, pues vivían pacíficamente. Sin embargo, con esta ley, artificialmente, se les está haciendo pelear.
Territorios y autoridades segregados darán vida a guetos poblacionales y museos étnicos profundamente pobres. Es un error radical pretender que para mantener las culturas haya que segregarlas del resto de la comunidad y no integrarlas al desarrollo para derrotar la pobreza. El fundamentalismo indigenista propone esto.
El concepto propuesto se niega a ver la realidad de cuatro quintas partes de la población de origen araucano que vive en las ciudades. Tampoco observa que, por múltiples razones, se trataría de comunidades incapaces de sustentar su propio desarrollo. Nacería con ellas un enorme aparato dependiente de los burócratas que se benefician con el denominado “etnodesarrollo” -tipo Conadi, aunque no les guste-, con todas las consecuencias de corruptela, discrecionalidad y abuso que ello implica, y de las cuales no cabe duda que sus promotores están advertidos.
El concepto de gueto, con toda su secuela de separación, resentimiento, falta de oportunidades y división, sería, por lo tanto, plenamente aplicable.
Buena parte de la propuesta en análisis no es más que el deseo de dar vida constitucional y legal a mitos. ¡Mitos!
Mito 1: los mapuches no se sienten chilenos. Verdad: el 82 por ciento se siente chileno; en el mundo de los jóvenes, el 84 por ciento.
Mito 2: la cultura occidental versus la cultura indígena -la cosmovisión de la que se habla-. Verdad: el 85 por ciento del pueble mapuche es cristiano y participa en iglesias católicas o evangélicas. Por cierto, existe un profundo sincretismo religioso. Participan en los guillatunes y en todas las actividades culturales. Ellos cuidan su cultura sin necesidad de “papá Estado”. Se pierde, en cambio, cuando no tienen recursos y deben emigrar a las ciudades.
Mito 3: la demanda es por tierras. Verdad: cuando se les preguntó a los mapuches del sur, apenas el 12 por ciento priorizó esta necesidad por sobre las demás. (Y les preguntó Mideplán). El 80 por ciento de la población chilena de origen mapuche vive en las ciudades, preferentemente en Santiago.
La pobreza indígena.
La Concertación se niega a reconocer que el verdadero problema de las etnias en nuestro país -como lo hicieron ver en ese gran diálogo de 3 mil comunidades con Mideplán- es la pobreza, que ataca en forma más radical a estos chilenos. También se niega a reconocer que la pobreza no se combate con reformas constitucionales ni leyes, sino con la intensificación del crecimiento económico y el adecuado uso del gasto social. El economista Felipe Larraín -voto minoritario en la comisión- lo ha demostrado al indicar que en el informe de la Comisión Aylwin el problema de la pobreza no existe, pese a tener, por ejemplo, una incidencia de 60 por ciento superior entre los habitantes de origen araucano que en el resto de los chilenos.
Mi propuesta de 1998.
En 1998 di a conocer a la Cámara de Diputados, a la opinión pública y a las principales autoridades políticas, religiosas y sociales del país una coherente propuesta de soluciones concretas referidas al asunto de la pobreza de las comunidades indígenas.
Luego, esta Corporación aprobó dicha propuesta como proyecto de acuerdo y solicitó al Mideplán y al Gobierno que lo tomara en cuenta. Fue aprobado por la Cámara y terminó en un cajón, igual que el estudio del Mideplán de 3 mil comunidades. Tras analizar los diálogos comunales del Mideplán de 1999, los resultados eran similares a la propuesta de ese proyecto de acuerdo.
Asimismo, hay que resaltar que algunas propuestas contenidas en el informe de la Comisión Aylwin pueden considerarse positivas, aunque no necesariamente coinciden con mi análisis de hace cinco años. Por ejemplo, una de las que me parecen positivas es la propuesta sobre políticas alimentarias recomendadas por la Comisión en el acápite relativo al pueblo mapuche, así como la parte medular de aquella sobre materias de salud, con excepción de las indicadas en médicos generales de zona y aparente exclusividad de las pasantías y prácticas profesionales; en especial en lo referido al año nuevo mapuche, We Xipantu, que pueden implementarse de manera expedita.
En síntesis, un estudio acabado de las propuestas concretas contenidas en el informe de la Comisión revela que, mientras en materias de fondo...
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , terminó su tiempo.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , termino de inmediato. Redondearé la idea.
En definitiva, el poder constituido carece de facultades para distorsionar, como pretende la Comisión Aylwin, el mandato superior otorgado por el constituyente al establecer las bases fundamentales de la institucionalidad, entre las cuales se encuentra la unidad esencial del pueblo chileno y la naturaleza de su Estado integrador.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, el ministro de Planificación y Cooperación, señor Andrés Palma, pide autorización para que ingrese a la Sala el subsecretario del Mideplán , señor Mauricio Carvallo, coordinador de las políticas indígenas.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , lamento no disponer del tiempo suficiente para analizar en detalle la visión presentada por el diputado señor Díaz , que constituye una mirada redonda, compacta, pero profundamente artificial de la situación del pueblo mapuche...
(Aplausos en las tribunas).
...y del esfuerzo que hizo la Comisión Aylwin en relación con el establecimiento del nuevo trato.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , permítame interrumpirlo. La bancada del Partido Demócrata Cristiano le ofrece los siete minutos que le restan, de manera que puede hablar 11 minutos y medio.
El señor ESCALONA.-
Gracias, señor Presidente. Gracias también a la bancada de la Democracia Cristiana.
Los desafíos de nuestro país nos exigen pasar por encima de esta suerte de etiquetamiento propio de un período ya superado por la humanidad. Por ejemplo, con el término “neomarxismo”. Francamente, siento que es algo del pasado. Intentar descalificar al interlocutor por la vía de etiquetarlo, es una caricatura que ya pasó de moda. Stalin ya pasó de moda. Ahora, no sé si los diputados de la Derecha quieren resucitarlo.
Por otro lado, se dice que se está tratando de reescribir la historia, lo que no es así. Aquí, se está tratando de reconocerla, es decir, que podamos saber exactamente cuál es nuestro pasado, cuál es el origen de nuestras dificultades y cuál es la razón que explican los fenómenos y los desafíos de nuestra sociedad hoy. Efectivamente, en ese pasado -y es un mérito de la Comisión Aylwin- se establece en forma clara que la ocupación española contra el pueblo mapuche utilizó conductas genocidas, que durante 400 años el pueblo mapuche tuvo el mérito de resistir con un costo civilizacional gigantesco.
Esa enorme guerra, que duró cuatro siglos, retrasó por mucho tiempo lo que pudo haber sido el desarrollo normal de la sociedad mapuche. Le significó pérdidas humanas, económicas y materiales imposibles de calcular hoy. Luego, la instalación en el territorio mapuche del Estado de Chile -la formación de Chile como nación- también conllevó a sufrimientos y penurias de las que nos tenemos que hacer cargo, pues forman parte de la historia nuestra.
Si queremos levantar la bandera de la patria, los chilenos debemos asumirnos como somos y no como lo que no somos. Como Estado, nuestro país también cometió crímenes de lesa humanidad contra el pueblo mapuche y que es indispensable reconocer para no falsear la historia y para no engañar a nuestros hijos y a nuestros descendientes.
(Aplausos en las tribunas).
Eso no es hablar de neomarxismo ni de marxismo, porque, afortunadamente, el ser humano aprendió a escribir la historia mucho antes de Carlos Marx. Desde las primeras civilizaciones humanas afortunadamente, -desde los griegos y los romanos- el ser humano aprendió a escribir la historia. Por lo tanto, no vengamos a tratar de engañarnos nosotros mismos hablando de marxismo o neomarxismo.
Lo que tenemos que hacer es reconocer exactamente nuestra historia para enfrentar los desafíos del futuro. En este sentido, me resulta paradójico el enfoque de ultraizquierda y de ultraderecha que quiere desconocer los avances que como país hemos tenido en el curso de las últimas décadas y, en particular, desde 1990 en adelante.
Si comparamos la situación de Chile con cualquiera de los países de América Latina, vemos cómo el tratamiento de la problemática indígena ha llevado a esas sociedades, por su incapacidad de tratarlo, a desgarramientos terribles.
En Guatemala, la guerra civil, que duró casi más de 40 años, tiene un ingrediente básico en el tema indígena. Son conocidos los sufrimientos que padeció Nicaragua con Anastasio Somoza y también con los sandinistas. La incapacidad de los nicaragüenses de asimilar el caso misquito y de enfrentar el desafío de este pueblo indígena autónomo para establecer una política que les permitiera resolver pacíficamente esos desafíos, no pudo ser superada ni por la izquierda ni por la derecha en Nicaragua.
O sea, cuando hablamos del desafío indígena o de la necesidad de establecer una política de Estado al respecto es porque está en juego en nuestro presente, pero también en nuestro futuro.
¿Cuál es el futuro?
Desarrollar a Chile en condiciones de estabilidad, de paz y de progreso. Eso significa integrar y reconocer al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas de nuestro país. Para hacerlo, en primer lugar, debemos reconocer la diversidad que nos constituye como nación.
Ese discurso fundamentalista de la Derecha, que trata de insinuar la existencia de una raza única, que los chilenos somos todos iguales, vestidos con el mismo uniforme, calcados a la medida y cortados con la misma tijera, es profundamente falso y errado. Somos un país diverso formado en parte por pueblos originarios, en particular, el pueblo mapuche. Al enfrentar el desafío del futuro debemos tener en cuenta esa diversidad.
Por lo tanto, cuando uno habla de reconocer constitucionalmente y de establecer en la legislación interna el artículo número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que está haciendo no es traer teorías foráneas ni doctrinas ajenas al país. ¡No seamos ridículos! Lo que está haciendo es simplemente dar cuenta de un fenómeno internacional y de un hecho civilizacional.
Hoy, las sociedades modernas asumen la diversidad de sus naciones, porque es un dato básico para crecer y desarrollarse en paz. Fueron regímenes democráticos de derecha y no de izquierda los que, en primer lugar, asumieron esta realidad. Lo hicieron México , Estados Unidos y Canadá. No son ideas neomarxistas; están profundamente equivocados quienes piensan eso. No tiene nada que ver con lo que se está planteando.
Lo que aquí se propone es incorporar en nuestro ordenamiento constitucional y legal los avances de la humanidad en su conjunto, hacer nuestro el patrimonio de otras naciones y tomar los avances que otros tuvieron antes que nosotros a fin de garantizar el desarrollo armónico, estable y en paz de nuestra nación.
Ése es el mérito de las políticas de los gobiernos de la Concertación, con todas sus limitaciones. Es cierto, nadie podría decir que la redacción del texto de la Comisión Aylwin es perfecto. Es absurdo; nadie lo va a plantear. Es lógico que alguien exprese una opinión distinta respecto de determinada frase. Probablemente, si enumeráramos las distintas opiniones podríamos incorporar muchas propuestas al texto que redactó la Comisión Aylwin.
Seguramente todos vamos a coincidir en que la ley aprobada en 1993 tiene muchos defectos y debe ser corregida en varios aspectos. Pero entendamos que esto forma parte de un proceso que el Estado de Chile inició llevando a cabo lo que durante muchos años se negó a hacer: elaborar una política de Estado hacia los pueblos originarios. Eso se comenzó a hacer desde los años 90 en adelante. Es un mérito de Patricio Aylwin y de los gobiernos de la Concertación, aunque se quiera negar, tozudamente, porque no se puede tapar el sol con un dedo.
Lo que debemos hacer es seguir desarrollando los instrumentos que nos hemos dado. Si esa ley tiene defectos, mejorémosla. Si hay que hacer un debate constitucional, hagámoslo. Si las políticas del programa Orígenes tienen defectos, corrijámoslas. Pero no neguemos que el problema esencial en discusión tiene que ver con la tierra.
Los poderes públicos, particularmente el Congreso Nacional y el Ejecutivo deben ser capaces de respetar la diversidad cultural, pero, en particular, debe ser capaz de asumir el desafío que se plantea respecto de una tierra que durante mucho tiempo se arrebató a sus legítimos poseedores. No se trata de una segunda reforma agraria. Todos sabemos que la ley aprobada en 1993 está lejos de establecer mecanismos como los de la reforma agraria. A nadie se le va a expropiar su propiedad.
Muy por el contrario, muchos dueños de la tierra han transformado la adquisición de predios por parte de la Conadi en un jugoso negocio. ¡No distorsionemos groseramente los hechos! Pero sí asumamos que para enfrentar la pobreza, que es un problema de fondo, el pueblo mapuche debe tener una respuesta en cuanto a la tierra, así como la debe tener en el acceso al borde costero, porque, al igual que a la tierra, el acceso al agua forma parte de sus derechos fundamentales.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , celebro la diversidad que se observa en las tribunas y que se desprende de los discursos de los diputados señores Díaz y Escalona . Sin embargo, me parece insuficiente el tiempo que se ha asignado para hacer un análisis del informe de la Comisión Aylwin, debido a su extensión en lo que dice relación con el análisis histórico y por sus proposiciones de carácter constitucional, jurídico, económico y social.
Durante nueve minutos intercambié impresiones con algunos colegas y se comprenderá que es imposible abordar con profundidad un documento de cientos de páginas, con muchas ideas, en breve tiempo.
Por esa razón, recojo la idea de algunos colegas en orden a que, si se quiere hacer un trabajo serio por parte de la Cámara de Diputados, se constituya una comisión, por lo menos con los que tenemos interés, para hacer un análisis exhaustivo del informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato.
En segundo lugar, no puedo dejar de encontrar razón a algunos de los argumentos de los diputados Díaz y Escalona, sobre todo respecto de la historia de los pueblos originarios y, en particular, el trato que han recibido por parte del Estado de Chile.
Me di tiempo para leer una buena parte del análisis de la Comisión -por lo menos de sus aspectos históricos-, lectura de la que rescato una idea fundamental, cual es que desde la perspectiva de hoy es evidente que durante muchos tramos de nuestra historia los derechos fundamentales de nuestras etnias fueron muy fuertemente arrasados. Sin embargo, no me parece apropiado emitir un juicio sobre esos hechos históricos sin poner atención al contexto histórico e internacional en que ellos ocurrieron, porque si las culpas se cargan sólo al Estado chileno, significaría atribuir gratuitamente a los principales actores de nuestra historia muy malas intenciones con nuestros compatriotas mapuches y con todos los indígenas de Chile, lo que no me parece justo ni correcto.
La discusión principal -por eso valoro la posibilidad de crear una comisión- ha estado siempre en torno a tres conceptos, de los que se hace cargo el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Se genera una verdadera disyuntiva alrededor de los conceptos de segregación, asimilación e integración.
En su sano juicio, hoy nadie discute que la receta contemporánea, sin duda, debe tener cero sesgo de segregación y de intención de asimilación y mucha voluntad e interés por la integración. Esta última es la más ampliamente compartida, tanto por quienes pertenecen a los pueblos originarios como por parte de la comunidad en su conjunto.
Nadie puede desconocer el valor histórico que tienen nuestras etnias, el aporte cultural que hacen a nuestra sociedad; sus aspectos sociales, sus costumbres, que son una verdadera contribución al enriquecimiento de la diversidad de la sociedad chilena.
Es poco el tiempo para analizar el contenido de este extenso trabajo. Sin embargo, de sus propuestas se desprenden aspectos muy positivos que yo, al menos, valoro, pero también hay otros negativos que valdría la pena estudiar con mayor profundidad.
Decía que, a la luz del análisis histórico de este informe, es efectivo que muchos de nuestros pueblos originarios, si no su totalidad, han sido objeto de abusos por parte del Estado, pero una mirada positiva de esos hechos debiera llevarnos a no cometer los mismos errores del pasado, sino, más bien, a desarrollar políticas de integración distintas que generarán éxito, progreso y diversidad garantizada a nuestra sociedad. Buena parte del análisis histórico contenido en este informe, a mi juicio, resulta sesgado por esa razón, pero no por eso tiene menos valor, por cuanto constituye la visión de quienes conformaron la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a los pueblos originarios. No me parece correcto descontextualizar el análisis de los hechos históricos ocurridos en los últimos años.
También debo mencionar que el profesor Sergio Villalobos ha hecho una severa crítica a los hechos históricos referidos en el informe. Sus diversos argumentos deben ser valorados. Por eso, si la Cámara conforma una Comisión de estudio al respecto, deberíamos invitar al profesor Villalobos para escuchar sus razones, puesto que, mientras más opiniones recojamos, mejor será nuestra evaluación sobre el contenido del informe.
Probablemente, las propuestas del informe que provocan mayores reticencias o diferencias son aquellas que apuntan a generar territorios con un alto grado de autonomía. Muchos pensamos que eso acentuaría la visión segregacionista de los pueblos originarios y, eventualmente, transformarse en un respaldo a las demandas de grupos más radicales. Además, según lo que aquí se ha señalado, no coincide con los deseos y aspiraciones de las comunidades indígenas, ni siquiera, incluso, con las encuestas realizadas por el Mideplán al interior de dichas comunidades, particularmente de las de La Araucanía. No obstante, valoro las propuestas relativas a los ámbitos económico y social que, es de esperar, no deben concluir en un valioso esfuerzo intelectual.
Si el informe recoge verdaderamente el sentimiento de los pueblos indígenas, estoy seguro de que, al menos, el pueblo mapuche pediría, ante una priorización de las políticas, que partiéramos poniendo el acento en aquellas que apuntan a cumplir propósitos de carácter económico y social.
Existe un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud -que recomiendo a los diputados interesados en la materia-, titulado: “Índice de Desarrollo Humano de la Población Mapuche en la región de La Araucanía”, en el cual se señala, con meridiana claridad, que estamos ante una verdadera alarma respecto de la situación social que viven, particularmente, los mapuches de la Novena Región. Según dicho informe -el cual debiera llamarnos al análisis y a la medi-tación-, en Chile quien presenta el menor índice de desarrollo humano vive en el sector rural, es mapuche y es mujer. Esa circunstancia nos debe comprometer, desde una perspectiva moral, para realizar un esfuerzo, no importa con qué Gobierno, pero, en definitiva, un aporte con el fin de superar, en primer lugar, los altos índices de pobreza que afectan al pueblo mapuche y, en general, a las diversas etnias de nuestro país.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
El diputado Tuma está inscrito con un tiempo de ocho minutos, pero la bancada del Partido Radical destinó su tiempo al diputado Fernando Meza, quien, a su vez, cedió el suyo a su señoría. De manera que su señoría dispone de 12 minutos y medio, aparte de lo que le resta al Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , agradezco al diputado Fernando Meza por haberme cedido su tiempo. Agradezco, asimismo, la presencia del ministro de Planificación , señor Andrés Palma ; del ministro secretario general de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla , y de los dirigentes indígenas en las tribunas -seguramente han venido desde la región de La Araucanía- en este debate extraordinariamente importante para la sociedad chilena.
Todavía hay visiones conservadoras, como las contenidas en algunas intervenciones, que reducen el problema del análisis indígena, de los pueblos originarios, a un tema de pobreza y a que todos somos iguales. La historia está plagada de relatos, como los que dio a conocer la Comisión que presidió el ex Presidente Aylwin , de hechos monstruosos sobre atropellos a los derechos humanos que, muchas veces, no seríamos capaces de creer.
Pero, reflexionemos acerca de las condiciones en que el mundo indígena quedó después de sufrir enormes atropellos.
El pueblo indígena, antes de la formación del Estado de Chile, tenía 33 millones de hectáreas de tierra. En 1989, al término de la dictadura militar, sólo tenía 300 mil hectáreas. Gracias a las políticas de los tres gobiernos de la Concertación, por primera vez en la historia de Chile, se revirtió esa tendencia reduccionista de tierras indígenas y hoy podemos establecer, aproximadamente, un total de 760 mil hectáreas en manos de dichos pueblos.
Como diputado del distrito Nº 51, que tiene la mayor presencia mapuche del país, puedo decir, con mucho orgullo y responsabilidad, que allí he obtenido la primera mayoría en las votaciones. Por ello, me siento con mucha autoridad para levantar la voz y defender los intereses de miles de indígenas que quieren justicia, que se les atiendan sus demandas y se les repare el daño causado. La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato analiza en parte cómo reparamos ese daño que ha sufrido el mundo indígena por generaciones.
Pero, quiero hacer una digresión respecto de que el tema central y fundamental, cual es la diferencia que tengo con otro diputado de mi distrito, quien en su intervención igualó la condición de los indígenas a la del resto de las etnias, radica en una explicación histórica.
Debemos entender, en primer lugar, que el proceso de construcción de la nación chilena fue sobre la base de atropellar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Es necesario hacer ese reconocimiento.
Ahora, se dice que todas las etnias son iguales. No lo son. El Estado y la sociedad no tienen porqué considerarlas iguales, puesto que, por ejemplo, las etnias españolas, inglesas, francesas, judías o árabes llegamos a Chile -digo llegamos porque soy descendiente de palestinos- voluntariamente a participar en esta sociedad y Estado. Pero las minorías indígenas originarias fueron forzadas a participar en un Estado del cual nunca desearon ser parte. Incluso, la pacificación fue un hecho de fuerza. Los acuerdos y parlamentos indígenas fueron presionados por los ejércitos de la época ante la incapacidad absoluta de defensa de las poblaciones indígenas.
Si nos remontamos a los orígenes de las causas por las cuales esa Comisión, presidida por el ex Presidente Aylwin, formula recomendaciones, debo hacer notar que se fundan en el reconocimiento de una enorme injusticia y que gracias al cambio producido en nuestra sociedad hay grandes mayorías dispuestas a asumirlo.
Ese reconocimiento se hizo patente a partir de los años 90, cuando se aprobó por unanimidad una nueva ley indígena, que posee muchos méritos y que también contiene algunas mejoras que deben actualizarse, de acuerdo a como ha evolución que ha experimentado Chile y el mundo. El Chile de hoy no es el mismo que el de los años 90.
Concuerdo con el diputado José Antonio Galilea en que el tema es muy amplio y que no se puede abordar en nueve minutos. Es cierto. Por ello, voy a votar a favor de un proyecto de acuerdo que hemos presentado para constituir una comisión especial que se aboque a estudiar toda la temática indígena, las reparaciones que el Congreso debe proponer al Ejecutivo a fin de que éste, a su vez, proponga las iniciativas legislativas correspondientes.
Asimismo, para ver cómo resolvemos el tema de fondo, cual es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que, en el Senado, en abril de 2003, fue votado en contra por la derecha. Por esa razón, Chile es uno de los pocos países del mundo, con presencia indígena originaria, significativa, que en su Constitución no reconoce en forma expresa la existencia de estos pueblos. Es el único en el mundo.
De modo que, como chileno, como diputado y, más aún, como representante de un distrito indígena, no me quedo conforme ni contento. Me impacienta saber que somos el único país del mundo que no reconoce una realidad.
Y eso no significa que atentemos contra el estado unitario. ¡Ésa es una excusa! En ningún país que ha reconocido los derechos ancestrales de los pueblos indígenas se ha atentado contra el estado unitario.
Reconozco que una encuesta hace sentir a los indígenas mayoritariamente chilenos; pero eso no significa que no tengan derecho a ser tratados en igualdad de condiciones. ¿Y cómo la pueden alcanzar si no es con una discriminación positiva? ¿Se trata con igualdad de condiciones a aquel a quien le quitan la tierra? ¿A aquel lafquenche que debe pagar por una concesión acuícola que ha estado explotando ancestralmente? ¿Las comunidades lafquenches deben transformarse en sindicatos para realizar una actividad acuícola, pesquera o de explotación ribereña? ¿Los indígenas deben doblegarse respecto de renunciar a su cultura, tradiciones y costumbres, para decir que nos estamos integrando?
Me gusta la integración, pero en la medida en que respetemos su cultura, tradiciones y su propia lengua nativa.
Esta tarde podemos afirmar que este informe de la Comisión constituye un aporte muy valioso para hacer justicia al mundo indígena en Chile.
Invito a mis colegas a formar una comisión especial, a revisar si estamos contribuyendo a hacer justicia al mundo indígena que tanto ha sufrido en su historia.
Es cierto que muchos indígenas han emigrado a las ciudades. No sé cómo el diputado Díaz va a explicar al mundo rural su petición de que los recursos de la Conadi y del Fondo de Tierras sean destinados al mundo urbano. Al mundo urbano hay que ayudarlo, pero sin que eso signifique renunciar a seguir colaborando con las reivindaciones justas del mundo rural, con el propósito de mantener sus costumbres y tradiciones.
Reclamo el derecho a continuar con el Fondo de Tierras, porque aún es insuficiente para cumplir los compromisos de nuestra sociedad de reponer las tierras usurpadas, lo cual es reconocido por la propia ley indígena, en la cual establecimos un mecanismo para comprarlas, sin conflicto, a quienes las poseen y no son indígenas. ¡Sin embargo, un diputado del distrito 51 reclama que son muchos los recursos que se destinan al Fondo de Tierras! Insisto en que ellos son pocos como también lo son los del Fondo de Desarrollo destinados al desarrollo cultural y económico de los pueblos indígenas.
Del mismo modo, debemos atender de mejor manera las demandas del mundo urbano mapuche, indígena u originario; pero que eso no signifique minimizar la gran demanda del mundo indígena por tierra y por instrumentos de desarrollo y de cultura.
A mi juicio, el gran aporte de la Comisión Aylwin es el reconocimiento de la injusticia que se cometió con este pueblo y de lo mucho que los tres gobiernos de la Concertación han progresado en este campo, sin dejar de reconocer que nos queda mucho por avanzar.
Soy un insatisfecho y crítico de las políticas del Gobierno de la Concertación porque de ese modo represento de mejor manera al mundo indígena; pero también expreso mi reconocimiento a este Gobierno y a los otros gobiernos de la Concertación por lo hecho a favor del mundo indígena.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García , para lo cual dispone de 6 minutos y 45 segundos.
El señor GARCÍA (René Manuel).-
Señor Presidente , como representante del distrito 52, Novena Región, donde hay muchas comunidades indígenas, me da pena escuchar tan apasionados discursos y tan pocas soluciones.
Es importante hablar de verdad y reconciliación, pero la verdad pasa por el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo mapuche. En la práctica, el Fondo de Tierras ya no existe. Durante muchos años hubo recursos para treinta personas, pero eran 30 mil las inscritas, lo cual equivalía a mil años de espera, mucho más de lo que han esperado para que sea repuesto. En consecuencia, en un gesto de reconocimiento, el Gobierno debe decir al pueblo mapuche que no ha podido cumplir y les dé las razones de ello, porque es necesario que sus hijos tengan una mejor oportunidad.
Es verdad que se le dijo que ningún mapuche quedaría sin estudiar, pero para eso es preciso crear más becas y construirle casas donde alojar, estudiar, tener mejor comida y mejores condiciones de vida.
Otra verdad es la diversidad muy rica que existe en el pueblo mapuche. Hoy en día, unos se están dedicando a la agricultura; otros, a la artesanía, y unos terceros se están yendo por la vía profesional.
En el área del turismo hoy día se está viendo lo mismo. Es una actividad que debemos cuidar como hueso de santo, pero el pueblo mapuche debe decidir solo hacia adónde quiere encaminarse. La juventud tiene derecho a elegir; un par de leyes no le puede decir qué hacer.
También es verdad que el pueblo mapuche siempre ha sido autónomo y seguirá siéndolo. Mapuche significa “hombre de la tierra” y no hombre de la ciudad. Es un concepto que debemos tener claro; por lo tanto, es urgente ayudar a que los jóvenes vuelvan al campo y terminar con esa tremenda migración del campo hacia la ciudad.
Estamos fallando en muchas cosas. Por ejemplo, el Indap hizo unos cursos en todas las comunidades indígenas con el objeto de fomentar el turismo y fortalecer el etnoturismo. Ellos se prepararon, construyeron rucas para hacer tortillas con chicharrones y después empezar a venderlas y mostrar así su cultura; pero llegaron los “genios” del servicio de salud de la región y les dijeron: “No tienen azulejos en los baños ni elementos de cocina de acero inoxidable”. ¡Por favor! Los mismos que les imparten los cursos luego impiden que muestren sus tradiciones como a uno le gustaría que lo hicieran, como sólo el pueblo mapuche sabe hacerlo. Por ejemplo, basta ver quién es el representante del pueblo mapuche en el Ministerio de Planificación y Cooperación: Andrés Palma Irarrázaval -¡qué mapuche más bonito!-, una persona que no conoce ni ha andado nunca en una comunidad mapuche, excepto días atrás, cuando fue a disculpar la ausencia del Presidente de la República en Puerto Saavedra. La única vez que vimos al ex diputado Andrés Palma en la región fue cuando tuvo un altercado con nosotros en Gorbea y cuando sacó la mano para saludar a los carabineros. Sin embargo, no lo hemos visto en su función de llevar adelante al Mideplán y de entregar recursos para apoyar al pueblo mapuche.
El pueblo mapuche exige que las autoridades de Gobierno encargada del tema indígena sea gente que realmente conozca sus necesidades y no quien encabeza el ministerio peor evaluado, lo que se explica si consideramos que a su mando tiene gente sectaria, como el ex diputado Andrés Palma , cuya soberbia es infinita. Cuando el Presidente de la República lo mandó a dar la cara ante los lafquenches no concurrió a hacerlo, porque teme a los mapuches. ¿Ésa es la gente que hoy concurre a la Cámara a hablarnos del pueblo mapuche? ¡Por favor! ¿En qué país vivimos? Hay que dejar que el pueblo mapuche se exprese.
Tengo el honor de haber presidido la comisión respectiva el día que correspondió votar y aprobar el proyecto de ley Indígena, porque el ex diputado Huenchumilla se encontraba en Santiago en esos momentos. Estuve presente en las treinta y siete sesiones que celebró la Comisión para estudiar dicha iniciativa. A lo mejor el resultado fue una mala ley, pero hicimos todos los esfuerzos por ayudar al pueblo mapuche.
Hoy se habla de un nuevo trato, en circunstancias de que el Indap, que ha prestado plata a los mapuches, les saca a remate sus campos porque no han podido pagar los créditos otorgados. En Toltén hay varias comunidades mapuches amenazadas, a las que les han quitados sus maquinarias porque no han podido servir sus deudas.
El diputado Tuma se refirió a muchas cosas, pero no dijo que el saco de papas costaba dos mil pesos. Hemos hecho todos los esfuerzos para solucionar esa situación, pero hay oficios que señalan que previamente deben pagar las deudas que tienen.
En consecuencia, el nuevo trato pasa primero por respetar al pueblo mapuche y por darle condiciones de trabajo que le permitan salir de la pobreza. Se deben llevar a cabo reuniones con el pueblo mapuche para analizar su situación y cumplir con lo que se le promete. Ése es el verdadero nuevo trato y la verdadera reconciliación que debe haber con ellos, para que obtengan lo que les corresponde. El Gobierno es el encargado de crear las condiciones para que salgan adelante.
Ojalá se integre al pueblo mapuche con el profundo respeto que merece su cultura y con apego a sus tradiciones. No me refiero sólo al pueblo mapuche, sino también al pueblo aimara y a los indígenas que habitan en los canales de Chiloé y más al sur.
Presenté una indicación para que se respetara a los pueblos que vivían de la pesca, gracias a la cual se consideró la inclusión de la acuicultura en la ley respectiva. Eso es lo que hoy reclama el pueblo lafquenche, al cual seguramente no se le podrá dar toda la costa, pero sí zonas geográficas especiales, para que puedan seguir viviendo del mar, como lo han hecho por miles de años.
Considero que un nuevo trato justo es aquel en el que los mapuches puedan tener condiciones de trabajo, en el que sus hijos puedan estudiar, en que su tierra produzca y en el que sean dignos representantes del pueblo chileno en todo el territorio que habitan.
El pueblo mapuche siempre ha tenido autonomía para elegir a sus autoridades, a sus loncos y caciques, dentro del más profundo respeto, actitud que debemos tener hacia las autoridades que eligen, hacia sus tradiciones y hacia lo que han representado largamente.
Lamento que en seis minutos no podamos discutir en detalle el informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, porque contiene cientos de páginas. Sin embargo, espero que en la comisión investigadora que se creará los que tengamos interés podamos corregir los errores de la ley Indígena y presentar las indicaciones que permitan iniciar un trato más justo con el pueblo mapuche. Estamos dispuestos a prestar toda nuestra colaboración, porque creemos que son dignos representantes de nuestro pueblo y de nuestros antepasados.
Me declaro uno de los más profundos admiradores del pueblo mapuche. Por lo tanto, ¡Palma Irarrázaval , preocúpate del pueblo mapuche y no de andar mintiendo en la Novena Región!
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, no corresponde que un diputado se dirija en términos antirreglamentarios hacia un ministro de Estado.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Honorable señor García, los términos que se emplean para dirigirse a un ministro , a un colega o a un participante en el debate deben ser los adecuados.
Tiene la palabra, por siete minutos y 45 segundos, el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, curiosamente, estamos tratando de solucionar problemas, pero creo que los estamos creando.
Nadie quiere que a los pueblos indígenas les vaya mal; todos queremos que les vaya bien. Sin embargo, pareciera que aquí nos equivocamos.
Resulta increíble que quienes en abril de 2003 votaron en contra del proyecto de ley de reconocimiento de los pueblos originarios sean los mismos que hoy dicen que apoyan al pueblo mapuche.
¿Queremos, de verdad, un nuevo trato?
Este informe de la Comisión de Verdad Histórico y Nuevo Trato ha sido elaborado por un selecto grupo de profesionales, encabezados por una autoridad moral y política de nuestro país, como el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin .
La Comisión reunió a representantes del sector público y privado del más variado sello político, desde académicos que han dado parte importante de su vida al estudio de la problemática indígena en Chile e Iberoamérica, hasta empresarios que han sabido apreciar la importancia que tiene generar nuevas condiciones para el desarrollo económico de los territorios indígenas chilenos, pasando, por cierto, por representantes de los distintos pueblos indígenas de nuestro país, cuyas palabras y testimonios han sido escuchados y respetados, y sus reclamos validados en parte importante y sustantiva.
En el caso de mi región, el pueblo mapuche huilliche tiene aún una importante presencia. Además, en Panguipulli, en Futrono, en Lago Ranco y en la zona cordillerana de la provincia de Valdivia se aglutina, estadísticamente, una de las poblaciones indígenas urbanas más importantes del país.
Son sólo algunas las comunas que concentran a las comunidades huilliches. Hasta hoy, y con razón, mantienen en alto sus reivindicaciones históricas, ya no sólo por sus tierras, de las cuales fueron despojadas al margen de la ley, sino -lo que es peor-, por la forma en que se les trató de despojar de su identidad, fruto de los procesos forzados de asimilación cultural. No vengamos hoy a decir que no reconocen su identidad.
Este informe no se queda sólo en el diagnóstico histórico. Hay mucho de ello, pero va más allá. Propone medidas concretas en distintas materias, desde aspectos político-institucionales hasta mecanismos de fomento de la capacidad de emprendimiento individual y colectivo de las comunidades. Cada una de esas propuestas deberá ser analizada por el Gobierno, pues deben convertirse en políticas públicas y, a partir de ello, en planes y programas concretos que permitan, poco a poco, con mucho sacrificio y dejando de lado los prejuicios de unos y otros bandos -entiéndase indigenistas extremos y nacionalistas extremos-, generar las condiciones para asegurar, por una parte, la continuidad cultural de nuestros pueblos, conservando su patrimonio sociocultural e histórico y, por otra, integrándolos de una manera respetuosa y no avasalladora en un proceso siempre complejo de modernización que tiene que ver con satisfacer muchas de sus necesidades elementales insatisfechas, como la recuperación de sus tierras.
Señor Presidente , no puedo dejar de mencionar, una vez más, que tenemos derecho, por razones elementales, a la crítica. Eso nunca dejará de ser así.
Creo haber sido en esta Sala el primero que alzó su voz para protestar por la forma en que comenzaba a implementarse el programa Orígenes, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Chile, que pretende atender a una enorme cantidad de comunidades indígenas a lo largo de todo el territorio nacional, y que, en los hechos, ha demostrado una serie de deficiencias y errores de diseño que amenazan gravemente no sólo el cumplimiento de los objetivos perseguidos, sino que, incluso, la responsabilidad económica del Estado y el buen nombre de Chile ante ese importante organismo financiero internacional.
Quiero aprovechar la presencia de las autoridades del sector para solicitarles, una vez más, pero con mucho respeto, que en el marco de esta discusión, pues es absolutamente atingente, se nos reseñe de la manera más clara y precisa el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos, el estado de ejecución y la evaluación del programa Orígenes, luego de transcurridos dos años desde su implementación y de haberse transformado en el más oneroso programa de desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos indígenas en la historia de Chile.
No puedo dejar de hacer presente una petición de funcionarios del Indap, cuando señalan que no pueden atender a su sector, los pequeños agricultores, y, a su vez, a las comunidades indígenas, con el mismo número de profesionales y técnicos, actuales, porque son pocos. Un programa de tal magnitud no puede ser atendido en forma deficiente, porque la eficiencia se logra con capacidad y cantidad. Ocurre que los funcionarios del Indap son capaces, pero no dan abasto para atender las necesidades de ambos sectores.
Por eso, llamo la atención de las autoridades presentes sobre este tema que concita nuestra especial preocupación.
Finalmente, quiero renovar solemnemente, ante esta Cámara y los habitantes del distrito 54, que me honro en representar, mi compromiso permanente de defensa y apoyo decidido a sus demandas históricas de reconocimiento de su aporte a la conformación de la nación chilena y a su capacidad de transformarse en un núcleo dinámico de ciudadanos capaces de reencontrarse con su historia, inspirados en el recuerdo de sus héroes y mártires libertarios para enfrentar los desafíos del futuro, respetando su cultura y tradiciones, y mejorando sustantivamente su calidad de vida.
He dicho.
-Aplausos.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos y medio, el diputado Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , lamento no hacer una intervención más exhaustiva sobre el informe político que, tras casi tres años de trabajo, ha emitido la Comisión Histórica de Verdad y Nuevo Trato, porque, sin duda, el debate ha devenido en un tema político, con los exabruptos del diputado René Manuel García en contra del ministro Andrés Palma , que no comparto, basado en el mutuo y legítimo respeto que nos debemos mientras se lleva a cabo el debate.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
¡Cállate, comunista!
El señor NAVARRO.-
Tengo derecho a decirle que ha sido insolente, diputado García .
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Llamo al orden al diputado René Manuel García.
El señor NAVARRO.-
El sustento de la intervención y la propuesta del diputado Eduardo Díaz están basados en estudios del Instituto Libertad y Desarrollo, instituto ideológico de la derecha política de nuestro país, que dice que la pobreza de los mapuches radica básicamente en que éstos no pueden vender sus tierras. Es decir, pretende abolir el derecho a vivir en comunidad y que los mapuches transen sus tierras en el mercado, convirtiéndolos en pequeños hacendados, en pequeños minifundistas. En definitiva, quieren abolir su concepto básico de comunidad, de propiedad colectiva de la tierra.
Lo mismo hizo el decreto Nº 2.568, de 23 de marzo de 1979, firmado por Augusto Pinochet Ugarte . Desde ahí viene la subdivisión de los territorios y el repliegue, cada día más en ascenso, de todas las comunidades mapuches que, entusiasmadas por la posibilidad de vender sus tierras, empezaron a emigrar a la ciudad. Ése fue un atentado ideológico, pues se determinó, por una medida económica, que los mapuches podían vender sus tierras, dando inicio a la división de los terrenos, con las consiguientes pérdidas que todos conocemos.
Debemos ser coherentes cuando hablamos de respeto de los derechos y, en particular, de preocupación. Desafío a la Oposición a que aprobemos el Código de Aguas e incorporemos el legítimo derecho de los pueblos aimaras, de los atacameños, al acceso al recurso del agua subterránea, del agua geológica, porque, en definitiva, el Código de Aguas, que lleva diez años en el Senado, no se aprueba por la Oposición de la derecha, porque defienden los intereses de las mineras que necesitan ese elemento para desarrollar su actividad económica.
La Oposición nos replicará que el Gobierno no le pone urgencia al proyecto para tratarlo, pero quiero decir que no contamos con los votos para aprobarlo.
Ojalá que exista voluntad de apoyo para resolver los problemas de fondo, en particular de acceso a los recursos naturales, que son la base para luchar contra la pobreza no en la condición de explotados, sino de igualdad para acceder a lo que siempre les ha pertenecido.
Espero que trabajemos mancomunadamente y que se apruebe el proyecto de acuerdo. Queremos contar con una comisión permanente de pueblos originarios, etnia y patrimonio, como ocurre en Canadá, en Nueva Zelanda o en Noruega, donde los pueblos indígenas han adquirido autonomía y desarrollado libremente. Es decir, no copiar del modelo liberal sólo los aspectos económicos que benefician a quienes tienen los medios de producción.
En otra ocasión, el diputado Eduardo Díaz nos podrá explicar qué significa el neomarxismo en Chile.
Los invito a trabajar para sacar adelante el conjunto de proyectos de ley que aún están en trámite en el Congreso y que tienen relación directa con los temas indígenas, como los que modifican la ley de Pesca, la ley de Aguas y, en particular, el relacionado con el ordenamiento territorial.
Por eso, con la mejor de las voluntades, pedimos que se realizara esta sesión, para escuchar al Gobierno y trabajar mancomunadamente, más que enfrascarnos en una disputa por hechos anteriores, ni revivir un pasado de división, porque nos interesa poner en el centro del debate el bienestar de los pueblos originarios de nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor HALES (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Galilea, para plantear un punto de Reglamento.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, entiendo que se han presentado dos proyectos de acuerdo a la Mesa.
Por lo tanto, le sugiero que si lo tiene a bien, suspenda la sesión por algunos minutos y llame a reunión de Comités para concordar un solo texto, con una resolución común, que concite el apoyo mayoritario de la Corporación.
El señor HALES ( Vicepresidente ).- Me parece bien, señor diputado .
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Los firmantes de los proyectos de acuerdo Nºs. 379 y 380 los han retirado.
En la reunión de Comités hemos acordado un texto firmado por los patrocinantes de ambos proyectos, que reúne un consenso que exponemos a la Sala.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 381, suscrito por los diputados señores Galilea, don José Antonio; Tuma, Díaz, Von Mühlenbrock, Ojeda, García, don René Manuel; Navarro, Robles, Saffirio y Espinoza:
“Proyecto de acuerdo Nº 381 (Refundidos N°s 379 y 380).
La Cámara de Diputados acuerda:
Conformar una Comisión Especial que, en el plazo de ciento ochenta días, analice el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, las propuestas surgidas de los denominados diálogos comunales mapuches que el Ministerio de Planificación y Desarrollo (Mideplán) realizó en 1999, el informe sobre Desarrollo Humano del Pnud y evacue a la Sala las conclusiones correspondientes.”
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , falta mi nombre como patrocinante.
El señor TUMA.-
Y el del diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Los diputados que no lo han firmado, pueden hacerlo posteriormente. Se pueden consignar los nombres de quienes firmaron los proyectos de acuerdo anteriores.
En votación.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.10 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficios del Subsecretario General de la Presidencia y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo.
“Ord. (D.A.F.) Nº 114
Ant.: Ley de Presupuesto Nº 19.842
Mat.: Remite información Programa de Reforma y Modernización del Estado.
Santiago , 28 de enero de 2004.
De: Subsecretario General de la Presidencia
A: Señora Isabel Allende Bussi
Honorable diputada
Presidenta de la Cámara de Diputados
Presente
De acuerdo a lo estipulado en la ley de Presupuesto Nº 19.842, en la partida 22, capítulo 01, programa 01, glosa 04, cumplo con enviar copia de los informes y estudios realizados por el programa de Reformas y Modernización del Estado durante el segundo semestre del año 2003:
ESTUDIOS
1. Diseño de un sistema para el intercambio de documentos electrónicos al interior del Estado.
2. Diseño y gestión del sitio web www.modernización,cl
3. Elaboración de propuesta de desarrollo de la participación ciudadana a través de Tics
4. Asesoría para la institucionalidad de gobierno electrónico, definición de dimensiones y análisis comparativo mundial.
5. Asesoría de investigación del uso de código abierto en la administración pública.
6. Proyecto de mejoras del sitio web: “Validación y verificación de iniciativas y proyectos de gobierno electrónico 2003-2005”.
7. Diseño de un programa de formación de directivos públicos en tópicos de modernización del Estado.
8. Implementación y desarrollo de mejoras al portal.
9. Diseño de iniciativas técnicas para proyecto comunidad informática gubernamental de innovadores.
10. Desarrollo módulos específicos de interacción externa para sitio web de comunidad informática gubernamental.
11. Desarrollo de módulos generales sitio web para la comunidad informática gubernamental.
12. Identificación y modelación de procesos administrativos internos para uso de firma electrónica.
13. Identificación y normalización de los documentos y trámites del registro de trámites públicos.
14. Elaboración de cartillas de difusión.
15. Diseño complementario de aspectos informáticos del proyecto licencia médica electrónica.
16. Documentación de sistema de interacción.
17. Orientación metodológica para el desarrollo del PMG gobierno electrónico.
18. Uso de timbre digital en emisión de certificados por internet.
19. Apoyo comunicación al primer congreso informático gubernamental chileno.
20. Evaluación del impacto comunicacional del primer encuentro Chile-digital 2010.
21. Asesoría competente PMG en el área de modernización de la gestión pública del proyecto de reforma y modernización del Estado, 2002.
22. Análisis y seguimiento de la cartera de proyectos públicos sobre gobierno electrónico.
23. Análisis de los gastos en gobierno electrónico en el Estado.
PUBLICACIONES
1. Proceso de certificación de programas de formación de directivos públicos, resultados convocatorias 2001 y 2002.
2. Buenas prácticas de gestión pública en Chile.
3. Gobierno electrónico en Chile: Estado del arte.
4. Ley Nº 19.880; ley Nº 19.882; DFL Nº 1/19.653.
5. Manual sobre procedimiento administrativo.
En lo que respecta a la comisión asesora presidencial para la protección de los derechos de las personas, se adjunta.
-Noveno informe de la comisión correspondiente al cuarto trimestre 2003.
-Resumen -Ejecutivo de las actividades desarrolladas en el cuarto trimestre.
Saluda atentamente a Ud.,
(Fdo.): RODRIGO EGAÑA BARAONA , Subsecretario General de la Presidencia ”.
“Min. Int. (Ord.) Nº 186
Ant.: Ley de Presupuestos del sector público para el año 2003.
Mat.: Envía información respecto compromiso financiero año presupuestario 2003 I.S.A.R. programa mejoramiento de barrios, cuarto trimestre 2003.
Santiago , 21 de enero de 2004.
De: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
A: Señora Presidenta de la honorable Cámara de Diputados doña Isabel Allende Bussi.
En consideración a lo estipulado en la ley de presupuestos del sector público para el año 2003, partida 05 “Ministerio del Interior”, capítulo 05 “Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”, Programas de Desarrollo Local (01), Subtítulo 30 “Inversión Sectorial de asignación regional”, Item 74 “Transferencias”, Asignación 001 “Municipales (Programa mejoramiento de barrios)”, glosa 02, mediante la cual se plantea la obligatoriedad de informar trimestralmente a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados la distribución de los recursos a nivel comunal, los criterios utilizados para tal distribución y la especificación de los proyectos a financiar con cargo a éstos, tengo a bien enviar a usted cuadros con el detalle de lo requerido correspondientes al cuarto trimestre del año 2003.
Saluda atentamente a usted,
(Fdo.): ADRIANA DELPIANO PUELMA , Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo?.