Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- ADECUACIÓN DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 19.123, SOBRE REPARACIÓN. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- DEBATE
- MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Boris Tapia Martinez
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alejandro Navarro Brain
- INDICACIÓN
- ADECUACIÓN DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 19.123, SOBRE REPARACIÓN. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INSTAURACIÓN DEL “DÍA DEL CIRCO CHILENO”.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Patricio Walker Prieto
- Rodolfo Seguel Molina
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Victor Barrueto
- Felipe Letelier Norambuena
- Jaime Quintana Leal
- Carlos Olivares Zepeda
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Fernando Meza Moncada
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INSTAURACIÓN DEL “DÍA DEL CIRCO CHILENO”.
- VII. INCIDENTES
- REGULACIÓN DE GASTOS MUNICIPALES EN SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Zarko Luksic Sandoval
- Patricio Walker Prieto
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Leopoldo Sanchez Grunert
- ADHESION
- SOLUCIÓN A PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNA DE PUDAHUEL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Sanchez Grunert
- ADHESION
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Sanchez Grunert
- ATENTADO EN CONTRA DE LA SEDE DE DIPUTADA. Oficio.
- VIOLENCIA EN CAMPAÑA MUNICIPAL. RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- ADHESION
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES EN COMUNAS DE LA QUINTA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Hidalgo Gonzalez
- ADHESION
- Samuel Venegas Rubio
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Hidalgo Gonzalez
- FISCALIZACIÓN DE NORMAS LABORALES DE TRABAJADORES TEMPOREROS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Samuel Venegas Rubio
- ADHESION
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Juan Masferrer Pellizzari
- Rosa Gonzalez Roman
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Samuel Venegas Rubio
- OBRAS DE MEJORAMIENTO EN HOSPITALES DE CHILLÁN Y SAN CARLOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Samuel Venegas Rubio
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- RECHAZO A ACTITUD DE DIPUTADO ESPINOZA . Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Recondo Lavanderos
- ADHESION
- Javier Hernandez Hernandez
- Rosa Gonzalez Roman
- Juan Masferrer Pellizzari
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Jaime Mulet Martinez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Recondo Lavanderos
- REACCIONES EN BOLIVIA CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD DE 1904. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN DEL INTENDENTE DE LA SEXTA REGIÓN EN INAUGURACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
- REGULACIÓN DE GASTOS MUNICIPALES EN SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 10ª, en miércoles 20 de octubre de 2004
(Ordinaria, de 10.39 a 14.01 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo; Leal Labrín don Antonio, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
V.Orden del Día.
Adecuación de los beneficios establecidos en la ley N° 19.123, sobre reparación. Tercer trámite constitucional11
Medidas de protección por uso de productos fitosanitarios. Primer trámite constitucional16
VI.Proyectos de acuerdo.
Instauración del “Día del circo chileno”37
VII.Incidentes.
Regulación de gastos municipales en seminarios y capacitación. Oficio41
Solución a problema medioambiental de la comuna de Pudahuel. Oficio42
Atentado en contra de la sede de diputada. Oficio42
Violencia en campaña municipal. Retiro de propaganda electoral. Oficio43
Mantención de caminos rurales en comunas de la Quinta Región. Oficio44
Fiscalización de normas laborales de trabajadores temporeros. Oficio45
Obras de mejoramiento en hospitales de Chillán y San Carlos. Oficios46
Rechazo a actitud de diputadoEspinoza. Oficio47
Reacciones en Bolivia con motivo del centenario del tratado de Paz y
Amistad de 1904. Oficio48
Intervención del intendente de la Sexta Región en inauguración de obras
públicas. Oficios49
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S. E. el Presidente de la República que modifica el CódigoOrgánico de Tribunales y la ley N° 18.776, incorporando las comunas de
Alto Hospicio, Hualpén, Alto Bíobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y
Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica. (boletín N° 370807)52
2.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto iniciado en moción, que hace que el auto de procesamiento no sea obstáculo para ser presidente, director, gerente, administrador o representante legal de personas jurídicas titulares de servicios de radiodifusión televisiva (boletín N° 345107)54
Pág.
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
Ministerio del Interior
Señor Prieto, irregularidades en administración de fondos públicos en la
Región del Maule.
Señor Luksic, razones de aumento del valor de avalúo fiscal para la exención de derechos de aseo municipales.
Señor Bertolino, traslado del Aeropuerto La Florida.
Señor Ulloa, medidas restrictivas sobre el uso del agua en predios de la comuna de Quillón.
Señor Kuschel, mejoramiento de camino entre Puerto Montt y Pargua.
Señor Tarud, asesorías prestadas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional entre el 2000 y el 2004.
Señor Pablo Galilea, retraso administrativo en los programas de mejoramiento de barrios en la XI Región.
Señor Ramón Pérez, formulación de una estrategia para el norte grande en sus relaciones con Perú y Bolivia.
Señora Cristi, información sobre costo de operativo cívico del Gobierno en Peñalolén.
Señor Egaña, información sobre gasto en publicación de labor del intendente de Santiago.
Respuesta a proyecto de acuerdo 447C, apoyo al Convenio "Marco" de la OMS para el control del tabaco y la adopción de acciones contra su consumo.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Señor Felipe Letelier, factibilidad de paso fronterizo en San Fabián de Alico.
Ministerio de Hacienda
Señor Hidalgo, información sobre deudores del Serviu en San Antonio.
Señor Saffirio, abusos detectados en el resultado de las utilidades de los bancos en Chile.
Señor José Antonio Galilea, proyecto para estimular inversión privada en Novena Región.
Ministerio de Educación
Señor Mulet, denuncia de la señora Carla Pastén Tacchini, III Región.
Señor Delmastro, fondos extraordinarios para la municipalidad de Máfil.
Señor Muñoz, medidas para prevenir obesidad infantil en la región de Magallanes y Antártica Chilena.
Señor Delmastro, atraso en distribución de textos en escuelas de Valdivia. (1523 al 7074)
Señor Vilches, revisión de la jornada escolar completa. (1529 al 7343)
Señor Bauer, porcentaje de alumnos de jornada escolar completa que rindieron la prueba Simce. (1536 al 7614)
Señor Escalona, proceso para declarar a Lota como patrimonio de la humanidad. (1537 al 8295)
Señor Muñoz, recursos para rehabilitación de la escuela pública de Río
Seco, comuna de Punta Arenas. (1541 al 8422)
Ministerio de Justicia
Señor Delmastro, destino de decomiso de prendas de vestir incautadas por orden del primer juzgado de Valdivia (4098 al 7584)
Ministerio de Defensa
Señor Monckeberg, aumento de hechos delictuales en el sector de Monte Águila.
Señor Bauer, diligencias y pesquisas policiales en la Sexta Región.
Ministerio de Obras Públicas
Señor Navarro, inversiones y proyectos a favor de Isla santa María.
Señor García-Huidobro, fiscalización a obras ejecutadas en camino a Chacón.
Señor Hidalgo, avance proyecto “Puentecito”, de San Antonio.
Señor Von Mühlenbrock, información de contratos de la X Región.
Señor Mulet, proyectos viales en comunas del distrito Nº 6, de la Tercera Región.
Señor Hernández, los montos de inversión pública hecha por el Gobierno en los años 2000, 2001 y 2002 en la X Región.
Señor Alvarado, proyecto de drenaje para la comunidad del sector CaulíLa Cumbre, comuna de Ancud.
Señor Ramón Pérez, recursos hídricos para riego en el sector de Colchane.
Señor Ramón Pérez, caminos que unen localidades de Pica y Cancosa.
Señor Errázuriz, expropiaciones en San Vicente de Tagua Tagua para construcción de camino El Cardal – Millaje.
Señor Jaramillo, construcción asfáltica de aeródromo de Panguipulli.
Señor Luksic, antecedentes sobre disposición de lodos de relleno sanitario KDM. S.A.
Señor Valenzuela, presupuesto 2004 para la V Región.
Señor Navarro, fusión de empresas sanitarias Essbio, Essen y Essam.
Señor Ramón Pérez, agua potable adquirida a la Empresa de Obras sanitarias por la Intendencia Regional de Tarapacá.
Señor Kuschel, proyectos de agua potable rural en la X Región.
Señor Kuschel, mejoramiento de camino entre Puerto Montt y Pargua.
Señor Navarro, fiscalización de relleno Santa Alicia, en comuna de Coronel.
Señor García, información sobre proyecto de caminos en comunidades indígena.
Señor Kuschel, información sobre obras en comunas de la Décima Región.
Ministerio de Salud
Señor Navarro, volúmenes de antibióticos importados en los últimos diez años.
Ministerio de Agricultura
Señor Ceroni, medidas de solución de endeudamiento de campesinos.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Señora Allende, emanaciones de gas que afectan a la población San Guillermo II, de Puente Alto.
Señor Navarro, mediciones de concentración de mercurio realizadas en el sector Caleta Lenga, de la comunica de Talcahuano. (1468 al 7737)
Señor Navarro, régimen de vientos en los estudios de impacto ambiental. (1467 al 8452)
Municipalidad de Cartagena
Señor Navarro, clases de religión evangélica en colegios del país) (247 al 6909)
Municipalidad de Penco
Señor Navarro, situación de infraestructura Escuelas Italia, Ríos de Chile, Lirquén y Penco (728 al 8612)
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Concurrió, también, el senador señor Jorge Pizarro.
Asistió, además, el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Ricardo Solari.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente).-
El acta de la sesión 4ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 5ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, quiero plantear un asunto de Reglamento.
Hace unos días, luego de una reunión sostenida entre el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro de Justicia, la prensa informó que la investigación sobre una posible filtración de antecedentes secretos desde la Cámara de Diputados concluyó en que no había ningún grado de culpabilidad eventual de la Corporación en ello, lo que me deja satisfecho y tranquilo. Pero me gustaría saber si vamos a tener acceso al resultado de dicha investigación, y si va a ser público o secreto.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señor diputado, el informe está terminado y se hará llegar a todos los señores diputados y al ministro de Justicia.
Por otra parte, no hay ninguna razón que justifique el carácter secreto del informe, pues dicho secretario de Estado ya ha realizado comentarios públicos sobre el tema.
V.ORDEN DEL DÍA
ADECUACIÓN DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 19.123, SOBRE REPARACIÓN. Tercer trámite constitucional.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la ley Nº 19.123, ley de reparación, y establece otros beneficios a favor de las personas que indica.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 3393-17, sesión 8ª, en 19 de octubre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, solicito a las señoras diputadas y a los señores diputados que aprueben las modificaciones del Senado, pues en su mayoría, con excepción de dos o tres, sólo tienen carácter adecuatorio. Tal es el caso de la letra b), nueva, que se incorpora en el número 2), pues responde a algunas disposiciones aprobadas por la Cámara y que originalmente estaban consagradas en las letras b) y c), pero que ahora han pasado a ser c) y d), respectivamente.
El Senado también ha incorporado un artículo cuarto, nuevo, que dice: “En ningún caso los actuales beneficiarios de la pensión de reparación establecida en el artículo 17 de la ley número 19.123, señalados en los literales a), b) y d) del artículo 20 de la misma ley, verán reducida la suma que actualmente perciben por ese concepto a consecuencia del incremento del porcentaje establecido en el numeral 2), literal d) del artículo primero de la presente ley.”. Se refiere al incremento de 15 a 40 por ciento aprobado por esta Cámara, consagrado en la letra c), que ha pasado a ser d), del número 2). Esto es importante, porque establece expresamente algo que hasta ahora sólo subyacía en el proyecto. Me refiero a que en ningún caso los beneficiarios verán reducidas sus pensiones como consecuencia de las modificaciones.
El Senado introduce otra modificación en relación con los beneficiarios del Prais. Se encuentra en el inciso segundo de la letra c) del artículo sexto. El texto aprobado por la Cámara de Diputados establecía: “Las personas mencionadas en el inciso precedente, tendrán derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas a que se refiere la leyNº 18.469, en la modalidad de atención institucional, a través de los establecimientos que constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud, o que estén adscritos al mismo, incluyendo los establecimientos de atención primaria municipal, así como los establecimientos experimentales de salud.”
El Senado ha complementado esta disposición, ya que a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, incorporó la siguiente oración: “No obstante lo anterior, en relación a las garantías señaladas en el artículo 2º de la ley Nº 19.966 y a la cobertura indicada en el Párrafo 2º del Título I de la misma ley, a dichas personas se les aplicarán las normas generales señaladas en esa ley para sus beneficiarios.” En términos simples, esto significa que se les incorpora al plan Auge.
Finalmente, el Senado incorporó dos artículos nuevos: el octavo y el noveno.
El artículo octavo dice: “En el presupuesto del Ministerio del Interior se consultarán los recursos que éste deberá destinar al financiamiento de convenios que celebre con organismos, entidades y personas jurídicas, todas sin fines de lucro, para la creación y mantención de memoriales y sitios históricos recordatorios de las víctimas a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 19.123.”
Me parece una norma interesante, por lo que, obviamente, estoy por aprobarla.
Por su parte, el artículo noveno establece: “Las modificaciones que esta ley introduce a la ley Nº 19.123 incluyen a las víctimas a que se refiere el artículo 5º de la ley 19.965.” Me parece que la norma tiene un error, pues, en mi concepto, en vez de “víctimas” debiera decir “familiares de las víctimas”. Tengo una duda al respecto. En todo caso, entiendo que se refiere a los indultados de la cárcel de alta seguridad. De esta forma, las víctimas o, como dije, los familiares de las víctimas de los delitos cometidos por ellos también accederían a los beneficios que contempla el proyecto.
En resumen, las modificaciones introducidas por el Senado en su mayoría tienen carácter adecuatorio, pero también hay algunas que son de fondo, y las encuentro muy interesantes, por lo que los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana las vamos a aprobar y solicitamos al resto de las señoras y señores diputados que hagan lo mismo, a fin de que no sea necesario constituir comisión mixta.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, en general, las enmiendas han sido adecuatorias y los dos artículos nuevos mencionados mejoran el texto del proyecto.
El artículo cuarto señala que, en ningún caso, los actuales beneficiarios verán reducida la suma que actualmente perciben por ese concepto como consecuencia del incremento del porcentaje establecido en el numeral 2), literal d), del artículo primero de la presente ley.
Esto va en la línea de lo que realmente queremos, es decir, apoyar y pagar la deuda social que la sociedad chilena tiene con las víctimas y los familiares de las víctimas.
Quiero hacer una mención especial al artículo octavo, que fue una cuestión planteada por el diputado Enrique Accorsi y que apoyamos con mucha fuerza. Dice: “En el presupuesto del Ministerio del Interior se consultarán los recursos que éste deberá destinar al financiamiento de convenios que celebre con organismos, entidades y personas jurídicas, todas sin fines de lucro, para la creación y mantención de memoriales y sitios históricos recordatorios de las víctimas a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 19.123.”
Quiero recordar que la Comisión de Derechos Humanos, en forma unánime y de modo transversal, respaldó esta norma, por lo que debemos celebrar que, ¡por fin!, ha habido un acuerdo en materia de derechos humanos muy importante para el país.
Lo que cabe es aprobar las enmiendas del Senado porque, como ya se ha señalado, son simplemente adecuatorias del texto vigente, en especial de la norma referida a los hijos, tema largamente debatido. Quizás la única cuestión más de fondo es el copago relacionado con el Prais, lo que nos parece absolutamente razonable, porque las personas que tienen bienes suficientes para pagar las nivelamos con el plan Auge.
En general, el proyecto recoge todas nuestras pretensiones de apoyar, con todo afecto y con todo lo que podía la sociedad chilena, a estas víctimas y a sus familiares, por lo cual recomendamos a la Sala aprobar íntegramente las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, quiero sumar mi voz y la de mi bancada a la aprobación de las modificaciones del Senado. Me parece que van en la línea correcta del proyecto, que modifica la ley Nº 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación en 1992.
Mediante estas modificaciones estamos dando señales más generosas, legítimas y necesarias en beneficio de una serie de personas que lo requieren, porque hay que reconocer que los beneficios otorgados hasta ahora habían sido mínimos. Incrementar las pensiones mensuales, extender el beneficio al padre de la víctima, establecer un bono de reparación por una única vez y todos los temas que ya vimos, son absolutamente pertinentes, necesarios e indispensables.
Por eso, manifiesto mi adhesión a las modificaciones del Senado.
Es interesante señalar que cuando se aprobó la ley Nº 19.123, en 1992, no existía la ley de filiación, que terminó con la distinción entre hijos legítimos, ilegítimos, naturales y adoptivos. Afortunadamente, este problema ya no existe, por lo que me parece indispensable esa adecuación del Senado.
También es importante la modificación que incorpora un artículo cuarto nuevo, que reconoce los derechos adquiridos de los actuales beneficiarios al señalar que en ningún caso éstos verán reducida la pensión de reparación que reciben por la aplicación de los nuevos porcentajes que se asignan a otros beneficiarios.
Es interesante lo establecido en el artículo quinto, que ha pasado a ser sexto en el Senado, que faculta al Presidente de la República para otorgar un máximo de 200 pensiones de gracia destinadas a situaciones particulares de familiares causantes de pensión que no han tenido beneficiarios, convivientes que no han tenido hijos pero sí una larga convivencia y dependencia económica de la víctima u otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad que dependían económicamente de la víctima.
Quiero expresar mi satisfacción porque se reconoce legalmente el programa Prais, que les otorga atención médica, tanto física como mental, y se dispone que en el presupuesto del Ministerio de Salud deben consultarse los recursos especiales para que este programa pueda funcionar.
Al respecto, digo una vez más que resultaba indignante la creación de un programa como el Prais al que los beneficiarios no podían acceder porque el Ministerio de Salud no entrega los recursos para financiarlo. Entonces, no basta sólo este reconocimiento legal, sino que debe asegurarse el presupuesto para brindar la atención física y mental indispensable para el universo de los familiares y víctimas de las gravísimas violaciones que ocurrieron durante el período de la dictadura militar.
Por último, me parecen novedosos los artículos octavo y noveno del Senado. Espero que lo dispuesto allí no sólo sea un saludo a la bandera, sino que realmente el presupuesto del Ministerio del Interior consulte los recursos destinados a financiar convenios que puedan celebrarse “con organismos, entidades y personas jurídicas, todas sin fines de lucro, para la creación y mantención de memoriales y sitios históricos recordatorios de las víctimas a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 19.123.”
Este es un tema muy sentido. Tengo la convicción de que los pueblos deben tener memoria, porque no se puede vivir ni enfrentar el presente y el futuro si no reconocemos nuestro pasado, nuestra historia. Habla bien de los pueblos el hecho de que sean capaces de tener memoria. Si hay algo que debemos reconocer es importante decirlo una vez más es precisamente la lucha perseverante que, a través de todos estos años, han dado las agrupaciones de derechos humanos y las de los familiares detenidos-desaparecidos por la justicia y la reparación, en primerísimo lugar, y por mantener vigente la memoria de las víctimas. La sociedad, especialmente los jóvenes, tiene derecho de reclamar esa memoria, lo cual se consigue, entre otras cosas, con la construcción de memoriales o a través de la recuperación de recintos que fueron centros de tortura, para que sean lugares de encuentro donde se desarrollen actividades que permitan no sólo mantener esa memoria sino también realzar los derechos humanos y el compromiso con el estado de derecho.
Me han visitado y escrito mucha gente de distintas regiones creo que a muchos diputados les ha pasado lo mismo para manifestar su interés en recuperar esas casas y recintos. La intención que las mueve al manifestar esa voluntad no es pequeña ni mezquina. Al contrario el ser humano se dignifica cuando se reconoce y tiene capacidad de proyectarse a través de su memoria. Por eso, lamento lo digo con el mayor respeto, con prudencia, pero, al mismo tiempo, con toda la fuerza que corresponde haber escuchado a algunos colegas parlamentarios decir que a las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos no las motivan la justicia, el dolor ni la obtención de la reparación, sino los cargos políticos que ocupan. Son lamentables, reitero, tales expresiones, la pequeñez y la incapacidad de respetar el dolor de las agrupaciones de derechos humanos.
Me parece importante que el Senado haya introducido este artículo nuevo, porque está dando una señal. Espero que se cumpla lo que se dispone, porque es indispensable contar con esa memoria.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, como ya se dijo, en la práctica las modificaciones del Senado son adecuatorias. Voy a decir un par de cosas sobre el artículo octavo, que tiene su origen en una petición formulada en esta Sala por el diputado Enrique Accorsi , quien lamentablemente, no se encuentra presente por encontrarse cumpliendo su rol de Presidente de la Asociación Médica Mundial.
Él ha sido uno de los promotores de la creación y conservación del Parque de La Paz, asentado en la ex Villa Grimaldi. Por eso, como representante del Partido por la Democracia no puedo dejar de hacer un reconocimiento a nuestro colega por el importante logro que encierra el artículo octavo, el cual nos da una satisfacción a quienes reconocemos como históricos algunos lugares, de tristes recuerdos para los chilenos. Son históricos y nos recuerdan hechos pasados que no deberían repetirse en nuestra vida republicana. Ahí está Neltume, localidad cordillerana muy bella, que cuenta con un memorial a su entrada, en la calle principal, donde están inscritos los nombres de 71 personas, jóvenes en su gran mayoría, que perdieron la vida. No hay que decir más al respecto, porque la sensibilidad de los que queremos reencontrarnos puede ser a veces mal interpretada, pero es de justicia.
El tema presupuestario a que se refería la colega Isabel Allende en verdad es complicado, porque no deja de ser de consideración el costo de la mantención de los memoriales, materia que se establece en el artículo octavo. Lo sé por los memoriales de Valdivia y de Neltume que son mantenidos por grupos de familiares de víctimas de la represión que se han unido para ese fin. Espero que el Ministerio del Interior haya tomado nota de este punto para que no haya problemas al solicitar la mantención y mejora de muchos de estos sitios que recuerdan hechos que no debieran repetirse.
Me siento bien con lo que hizo el colega Accorsi en su momento. Es un agrado estimularlo, aunque sea en su ausencia, porque su esfuerzo lleva a que todos estemos de acuerdo en la necesidad de contar con un memorial de esa naturaleza.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Finalmente, tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, la mayoría de las modificaciones del Senado son de forma. De ellas cabe destacar la incorporación que se hace al inciso segundo del artículo 6º, para los efectos de dejar en claro que a los familiares de las víctimas se les aplicarán en su integridad las disposiciones relativas al Plan Auge. Es importante recalcar esta circunstancia, porque en la redacción que se dio en la Cámara de Diputados al mencionado inciso segundo no quedaba claro este aspecto de la reparación; es decir, que las modificaciones introducidas por el Congreso Nacional a los programas de salud beneficiaban también a dichos familiares.
El artículo 8º, nuevo, dispone que en el presupuesto del Ministerio del Interior se consultarán recursos destinados a financiar la construcción de estos memoriales. Esperamos que esta disposición no tenga un carácter simplemente simbólico, sino que el Ministerio del Interior haga realmente las gestiones tendientes a aumentar el presupuesto que se destine a estos fines.
Debo recordar, por ejemplo, que sólo ayer se inauguró en Calama el memorial a las víctimas de la caravana de la muerte. Es muy importante ese tipo de memoriales, porque constituyen un recordatorio del “Nunca más” a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país durante la dictadura.
Pero para las agrupaciones de familiares y las nuevas generaciones de la sociedad chilena no sólo debe haber un memorial en Calama por las víctimas de la caravana de la muerte, sino a lo largo de todo el país. En la Quinta Región, por ejemplo, tendrá que haber memoriales en Limache, en Quillota, en San Felipe, en El Belloto, en Quilpué, en Valparaíso, en recuerdo de la gran cantidad de víctimas que hubo en esa región.
Para nosotros resulta sumamente importante este artículo 8º, que trata de los recursos que debe disponer el Ministerio del Interior para estos efectos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto se votará aproximadamente a las 12,45 horas.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la ley Nº 19.123, de reparación, y establece otros beneficios a favor de las personas que indica.
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente, me inhabilito para votar este proyecto.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, también me inhabilito para votarlo.
El señor LORENZINI (Presidente).-
La Mesa ha registrado ambas instancias.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alvarado, Araya , Ascencio, Barros, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jarpa, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Maferrer, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel , Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Se abstuvo el diputado señor Kuschel.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. Primer trámite constitucional.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales que establece normas destinadas a la protección de los trabajadores y la comunidad por la utilización de productos fitosanitarios.
Diputada informante de la Comisión d Trabajo y Seguridad Social es la señora Adriana Muñoz.
Antecedentes:
Moción, boletín Nº 2596-13, sesión 4ª, en 10 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 7.
Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 8ª, en 19 de octubre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 16.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Ceroni , Leal, Letelier, don Juan Pablo , Sánchez y de la diputada que informa que modifica diversos cuerpos legales que establecen normas destinadas a la protección de los trabajadores y la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios.
A las sesiones que la Comisión destinó al estudio de la iniciativa asistieron el ministro de Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari Saavedra , y el asesor de esa cartera de Estado, señor Francisco Del Río Correa.
Como señala la exposición de motivos, la agricultura ha experimentado cambios importantes en las últimas décadas, como la incorporación de nuevas variedades de productos y tecnologías y el mejoramiento sustantivo de estándares fitosanitarios, lo que ha permitido mejorar su rentabilidad y el acceso competitivo a los mercados internacionales, con el consiguiente impacto en la economía nacional.
El avance de este sector representa generación de empleo y riqueza para varias regiones, constituyéndose en uno de los pilares de nuestra economía. Sin embargo, esto no significa soslayar la existencia de reparos respecto de situaciones o aspectos que merecen ser corregidos, en particular en lo que dice relación con la protección de las trabajadoras y los trabajadores de este sector.
Entre estos cuestionamientos, cabe destacar los que dicen relación con los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, como el acceso a la negociación colectiva, el pago de la previsión, cobertura de salud y, fundamentalmente, en lo que se refiere a la presente iniciativa legal, deficiencias en materia de seguridad e higiene de los centros de trabajo, derivados de la utilización de productos fitosanitarios, como plaguicidas o pesticidas, algunos de los cuales producen un grave impacto en la salud de los trabajadores, situación que hemos observado durante los últimos años, como hace una semana, con ocasión de la muerte de una trabajadora temporera en la Novena Región.
Al respecto, nuestro país cuenta con una normativa legal y administrativa confusa, dispersa, insuficiente y retrasada, en la cual la protección de la vida y la salud de los trabajadores no aparece con claridad como el objeto más importante del proceso productivo, porque en muchos casos, quedan desprotegidos frente a situaciones de grave riesgo, que han sido superados en muchas naciones. Entre las principales falencias pueden señalarse la falta de una complementación adecuada entre los diversos organismos fiscales involucrados; la creciente dispersión de normas, representada en una multitud de resoluciones, reglamentos, leyes y códigos de difícil inteligencia y coordinación, particularmente para los agricultores de escasos recursos; la existencia de una deficiente regulación respecto del uso de productos fitosanitarios, su acceso al público y modalidades de aplicación, cuyo real impacto y riesgo no logra aún ser debidamente ponderado, y las falencias en la pesquisa, control y análisis estadístico de los casos de afecciones derivadas del uso de estos productos.
Entre las principales falencias existentes en nuestra legislación se puede señalar:
Falta de complementación de los entes involucrados.
Pese a los esfuerzos y coordinación realizados en los últimos años con el objeto de avanzar en esta materia, nuestra normativa es aún confusa a la hora de determinar con precisión los órganos del Estado competentes en cada etapa del proceso productivo.
Dispersión de normas.
La revisión casuística de los productos fitosanitarios ha producido la consecuente dispersión de normas, siendo la más clara expresión de esto la ausencia de un catastro simple y de uso masivo que permita establecer con precisión las disposiciones aplicadas en cada caso.
Deficiente regulación en el uso de los productos fitosanitarios.
Nuestra legislación no ha recogido los avances registrados en esta materia en los últimos años, pues si bien se han dictado normas que prohíben el uso de sustancias más peligrosas, aún resta bastante en lo que se refiere a la asesoría técnica en el uso de otros productos no tan nocivos, pero cuya deficiente utilización los vuelve peligrosos, a su comercialización y, fundamentalmente, a su uso a través de fumigaciones o modalidades de bombeo en que el producto permanece mucho tiempo junto al cuerpo del trabajador.
Falencia en la información, pesquisa y análisis estadístico de los casos de intoxicación.
Todavía existe insuficiente información dirigida a los trabajadores y trabajadoras respecto de los riesgos que corren en la utilización de estos productos y las consecuencias para los usuarios.
Necesidad de facilitar la comprensión de las normas por los usuarios.
Es necesario facilitar la comprensión de las normas a los trabajadores o consumidores comunes y corrientes, como dueñas de casa o estudiantes, acerca de la compra de estos productos.
Tal objetivo es del máximo interés, por cuanto resulta fundamental para la correcta aplicación de los productos sanitarios. Por ello, se propone modificar el decreto ley Nº 3.557, sobre protección agrícola, a fin de realizar una clasificación de los productos fitosanitarios y la elaboración de un catastro de fácil acceso y consulta.
En la elaboración de la moción y en el debate parlamentario hemos tenido presentes, en este punto específico, dos importantes experiencias extranjeras para proponer las modificaciones que hoy presentamos:
La de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en cuanto a la distinción entre pesticidas de uso general y restringido, categorías a las que cabría agregar aquellas cuya utilización se encuentra prohibida, pues si bien aparece implícita en nuestras normas, no ha sido recogida claramente, lo que dificulta su conocimiento.
También se recoge la experiencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, en cuanto a la elaboración de una base de datos de productos fitosanitarios, de rápido y masivo acceso, tendiente a informar acerca de las condiciones de uso de tales productos, sus efectos y características, la que se encuentra a disposición de los usuarios, incluso, a través de la red internet.
Esta iniciativa precisa una de las facultades con que cuenta el Servicio Agrícola y Ganadero para efectuar estudios, elaborar estadísticas y recopilar y clasificar información, según lo dispone la letra g) del artículo 3º de la ley Nº 18.755.
Regulación de las fumigaciones y otras conductas peligrosas para la salud.
Diversos análisis y experiencias nacionales e internacionales coinciden en los riesgos de las fumigaciones y rociado aéreo de productos fitosanitarios, por constituir una fuente de exposición directa de la población a ellos, la que muchas veces no alcanza a informarse de su ocurrencia y, menos aún, de los riesgos a que se expone.
No obstante, lo anterior no resulta una medida fácil de adoptar, pues tales procedimientos encuentran su justificación en su efectividad.
Por ello, los autores de la moción han creído conveniente adoptar una posición intermedia que, sin prohibir las fumigaciones, las restrinja a los casos en que, habiéndose comprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero la existencia de una plaga, se sigan indicaciones establecidas en un reglamento cuya dictación se sugiere.
Tal cuerpo administrativo deberá, por tanto, regular pormenorizadamente la forma en que dichas aplicaciones podrán tener lugar, en particular en cuanto a las medidas de seguridad y de información a trabajadores y vecinos.
Asimismo, el reglamento deberá abordar lo referido a la utilización de mecanismos de aplicación en que los depósitos de los productos fitosanitarios se encuentren adosados al cuerpo particularmente a la espalda, y regular los productos susceptibles de ser suministrados de esa forma, siguiendo para ello la clasificación señalada en el acápite precedente.
Por último, con el objeto de evitar el uso de las fumigaciones aéreas como medio de control de plagas, se incorporan entre las acciones que requieren de un impacto ambiental, según la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, aquellos casos que tuvieren lugar en zonas pobladas o de curso de aguas.
Mejoramiento de la pesquisa y control estadístico de las afecciones derivadas del uso de productos fitosanitarios.
Para esto, recogemos la realidad actual.
Una de las mayores dificultades provenientes del uso de productos fitosanitarios deriva de las deficiencias en las actividades sanitarias de información de riesgos, control y detección de enfermedades en la población. Para superarlas, se pretende mejorar la legislación vigente, a través de la modificación de diversas normas:
En primer lugar, de la ley Nº 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud, con la finalidad de incorporar entre las enfermedades cuya pesquisa reviste especial importancia en el examen de medicina preventiva a aquellas afecciones derivadas del uso de productos fitosanitarios, químicos o nocivos, de modo de detectarlos oportunamente, sea para su adecuado tratamiento o para adoptar las medidas tendientes a evitar que se reiteren en otros trabajadores.
En segundo lugar, del Código Sanitario, con el objeto de hacer obligatoria para los establecimientos sanitarios la comunicación a la autoridad de los casos de afecciones que, aun presumiblemente, se originen en la aplicación de productos fitosanitarios.
En tercer lugar, de la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de incluir entre las atribuciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad la investigación de las causas de las afecciones reiteradas o masivas que pudieran provenir de la utilización de productos fitosanitarios.
Asimismo, se incorpora entre las menciones incluidas en la rotulación de los productos la sintomatología básica derivada de su mal uso, con el objeto de facilitar su tratamiento. Los autores de la moción creen que, de este modo, debería mejorar la pesquisa de las intoxicaciones producidas con tales productos.
Perfeccionamiento de la legislación laboral en materia de prevención de riesgos y derechos de los trabajadores en caso de peligro inminente para su salud.
En primer lugar, se propone precisar claramente como una de las obligaciones principales del empleador la de informar al trabajador de los riesgos a que se expone en la ejecución de sus labores.
En segundo lugar, se reafirma la obligación del empleador de proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para su protección y mantener lugares destinados a su higiene personal, en el caso de la utilización de productos fitosanitarios, como también de suministrarle los productos especiales que fueren necesarios para su remoción del organismo. Ello, porque se ha comprobado que la exposición de la piel a estos agentes por períodos largos es causa directa de los daños o de su agravamiento.
Por último, se ha recogido, en forma atenuada, un derecho de los trabajadores existente en la legislación comparada: el abandono de las faenas. La moción propone aplicar un sistema basado en la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que en el inciso final del artículo 68 faculta al Servicio Nacional de Salud y, por ende, a sus continuadores legales, para clausurar cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud de los trabajadores o de la comunidad, y en el artículo 190 del Código del Trabajo, que dispone las visitas inspectivas de los servicios de salud, con el objeto de fiscalizar la existencia de medidas mínimas de higiene y seguridad para los trabajadores.
Teniendo presente tales normas y para establecer un procedimiento expedito y eficaz, se propone un mecanismo de denuncia al servicio de salud, que derive en una rápida visita inspectiva y la eventual suspensión de las faenas, cuando ello fuera necesario, quedando en resguardo del empleador el ejercicio de las acciones constitucionales y legales pertinentes.
Mejoramiento de las normas referidas a la comercialización de productos fitosanitarios, a la inutilización de sus envases y destrucción de residuos.
El final de la cadena de aplicación de los productos fitosanitarios no escapa a la insuficiencia de las normas que la rigen, como tampoco a las destinadas a normar su comercialización y venta al público. Por ello, se propone modificar el decreto ley Nº 3.557, que establece disposiciones sobre protección agrícola.
En cuanto a la comercialización de los productos, se incorpora una prohibición de su expendio en lugares que pudieren contaminar productos vegetales u otros de consumo humano. Asimismo, se sugiere dictar un reglamento que disponga las condiciones que deberán exigirse a los establecimientos destinados a su expendio; sin perjuicio de lo cual se adelanta como criterio general que ello no podrá realizarse en los mismos recintos en que funcionen supermercados, almacenes u otros comercios semejantes no vinculados a la materia.
No se quiere con ello dificultar innecesariamente su venta, sobre todo en lugares aislados y carentes de establecimientos especializados, por lo que no se impide que ello tenga lugar en una sección del mismo establecimiento, pero que funcione en forma aislada de éste.
En cuanto a la inutilización de sus envases, se adoptan los siguientes resguardos: por una parte, se señala a través de dos enmiendas al artículo 32 del decreto ley
Nº 3.557 citado, que éstos deben ser apropiados al producto, y se precisa que en la rotulación se haga mención a la forma de inutilizarlos. Por otra parte, se incorpora en el artículo 34 del mismo texto, entre las obligaciones de sus usuarios, la de seguir las instrucciones establecidas para la destrucción o inutilización de los envases y, en el Código del Trabajo, entre las obligaciones del empleador, la de informar al trabajador acerca de la forma de proceder con este objeto.
Esas son las modificaciones contenidas en los seis artículos de la moción en debate.
Minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto.
En conformidad con el Nº 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como asimismo de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es incorporar a nuestro sistema legal normas de protección a los trabajadores frente al manejo, aplicación y almacenamiento de productos fitosanitarios.
Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto en seis artículos permanentes.
Artículos calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado:
A juicio de la Comisión, las disposiciones del proyecto en informe no son de quórum calificado ni de rango orgánico constitucional.
Tampoco hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En discusión en general el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Boris Tapia.
El señor TAPIA.-
Señor Presidente, el proyecto contiene materias de esencial importancia para el mejoramiento de las condiciones de empleo de los trabajadores del agro y el desarrollo de la actividad agroexportadora. En efecto, estamos frente a una iniciativa que da cuenta de las medidas necesarias para prevenir los daños en la salud de trabajadores que laboran en condiciones de exposición a elementos químicos necesarios para un manejo productivo en amplios sectores de la agricultura. Debo dejar en claro que dichas normas no se superponen a las dictadas por las autoridades de los servicios de salud; por el contrario, se complementan a través del ejercicio de las facultades de la Dirección del Trabajo en materia de salud ocupacional. Sin embargo, es preciso recalcar que, en pleno siglo XXI, existen empleadores que aplican ilegalmente productos prohibidos en perjuicio directo de los trabajadores que laboran en su predio, con nefastas consecuencias para la comunidad adyacente. ¿Cómo es posible que en un país con altos índices de competitividad, según el informe del Foro Económico Mundial, se sigan comercializando y utilizando productos fitosanitarios cuya aplicación se encuentra prohibida en casi todos los países?
Este proyecto avanza en forma importante hacia el perfeccionamiento de un derecho esencial del trabajador: el de saber. Esta institución consiste en que un trabajador tiene derecho a que su empleador lo ponga al tanto de todas las posibles consecuencias de la aplicación de sustancias peligrosas y, en general, de las condiciones riesgosas de una labor determinada. Este derecho no requiere estar expresamente consignado en el contrato de trabajo, ya que deriva de las obligaciones del empleador en cuanto a proteger la salud física y psíquica del trabajador. De esta forma, se modifican diversos textos legales, algunos de los cuales se refieren a la obligación de informar en la carátula y envases de los productos, y a la claridad de las instrucciones para su utilización.
Asimismo, a través de esta iniciativa se legisla para proteger el derecho del trabajador agrícola para acceder a todos los elementos físicos de resguardo en la aplicación de esos productos.
Quien les habla así como otros colegas diputados provenimos de regiones eminentemente agrícolas, y cada temporada constatamos los indignados reclamos de grupos de trabajadores afectados por diversas enfermedades y afecciones como consecuencia de la falta de protección en el manejo de productos químicos. Ello no se condice con el éxito e importancia de un sector, como el de la agricultura, que ha sido denominado el motor exportador de Chile, en el que los empleadores deberían cuidar al extremo el respeto por las normas laborales y de seguridad industrial.
En mérito de lo expuesto, llamo fervientemente a aprobar el proyecto y, así, colaborar con el desarrollo integral de un sector de trabajadores que se desempeñan en una de las actividades económicas más importantes del país.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, el proyecto en estudio persigue incorporar en nuestra legislación normas de protección para los trabajadores en el manejo, aplicación y almacenamiento de productos fitosanitarios.
Esta iniciativa corrige aspectos de la normativa vigente aplicable a los trabajadores agrícolas, específicamente los que dicen relación con la eficiencia en materia de seguridad e higiene de los centros de trabajo, debido a la utilización de productos fitosanitarios, como plaguicidas o pesticidas, algunos de los cuales producen un grave impacto en la salud de los trabajadores.
La necesidad de proteger a los trabajadores que, en el desempeño de sus labores, utilizan ciertos materiales o productos que pueden poner en riesgo su salud y la de los demás no admite ninguna discusión. En ese sentido, me parece que el proyecto va en la dirección correcta.
Tratándose de trabajadores agrícolas, la necesidad de tomar los resguardos apropiados para garantizar su seguridad y su salud es aún más importante si se considera que a diario muchas de las personas que se dedican a esta actividad deben manipular productos fitosanitarios que revisten peligro en distintos grados.
La iniciativa en análisis pretende hacer aun más estrictas las normas sobre la materia. Establece exigencias adicionales para los rotulados de plaguicidas y productos fitosanitarios a los establecimientos que los expenden y también respecto de la información y medios de protección que los empleadores deben entregar a los trabajadores cuando operen con estos elementos, entre otras medidas.
Aun cuando participo del fondo del proyecto, llama la atención que durante su discusión en la Comisión no hayan sido invitados los sectores gremiales del rubro agrícola, que, obviamente, son los responsables últimos de la adquisición, manejo, administración y aplicación de plaguicidas. El carácter técnico de las disposiciones contempladas en esta iniciativa exige considerar las posiciones de aquellos que serán regulados por estas normas, para asegurar que ellas cumplan la función protectora que persiguen y, al mismo tiempo, se ajusten a la realidad del sector.
Por lo anterior, parece conveniente generar un debate más amplio sobre las implicancias de lo dispuesto en este proyecto y recoger las opiniones de los distintos agentes del área. Para generar una iniciativa que garantice la salud, pero también las fuentes laborales, me parece fundamental la concurrencia de todos los actores involucrados. Por la prensa nos hemos informado de muchos casos en los que, por la manipulación de plaguicidas, se han provocado problemas para la salud de los trabajadores.
Respecto de los lugares de venta de productos fitosanitarios, parece razonable que las exigencias que se impongan a los establecimientos que los almacenen y vendan sean respaldadas por estudios técnicos que justifiquen tales medidas, para evitar cualquier tipo de arbitrariedad que perjudique el desarrollo de esta actividad.
En cuanto a la fumigación por vía aérea, debemos ser lo suficientemente restrictivos en su aplicación, pero también debemos considerar que, muchas veces, grandes extensiones son fumigadas en esta forma debido a las características geográficas de esos lugares. Cientos de miles de hectáreas, por ejemplo de bosques, no se pueden fumigar de otra forma que no sea la aérea. Lo mismo sucede con hectáreas de paltos en cerros muy escarpados, producto de la nuevas tecnologías de riego. ¿Cómo proteger el empleo y la exportación del producto de una viña de mil quinientas hectáreas y cincuenta milímetros de agua caída?
Por lo tanto, debemos tener presente la protección de los trabajadores, las normativas y restricciones, pero sin impedir como escuché en la discusión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el desarrollo agrícola.
Por otro lado, este proyecto debe pasar, necesariamente, a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, porque se relaciona directamente con una actividad que es motor de exportaciones y generadora de empleo, y en él no percibo una visión técnica agronómica. No obstante, y para evitar las críticas, debo señalar que comparto el fondo del mismo: la protección de la salud de los trabajadores.
Si efectivamente se quiere proteger a los trabajadores que se encuentran en contacto con esta clase de productos, no parece haber razones para crear diferencias en su aplicación a través de aviones u otros medios como, por ejemplo, máquinas pulverizadoras. Si la posibilidad de utilizar la fumigación por vía aérea va a quedar sujeta a la nómina de plagas que emite periódicamente el Servicio Agrícola y Ganadero, se corre el riesgo de que alguna plaga quede ajena a esta nómina y, en consecuencia, no se podrá fumigar cuando se requiera. Además, en muchos casos se hacen aplicaciones preventivas que no dicen relación con una plaga existente, como el azufre a los cientos de miles de hectáreas de viñas en Chile para evitar el oídio.
Sobre la notificación de intoxicaciones con productos fitosanitarios y la obligación que el proyecto impone a los médicos de denunciarlas, deberían efectuarse exclusivamente acompañadas de antecedentes que respalden tales presentaciones, ya que las denuncias sobre la base de simples presunciones podría prestarse para acusaciones irresponsables que sólo causarían alarma en la población.
En cuanto a la posibilidad de que los servicios de salud puedan suspender ciertas faenas en caso de que se denuncien situaciones de peligro para la salud de la población, esta facultad también debería ejercerse sobre la base de antecedentes que fundamenten tales imputaciones.
Por último, creo que en este proyecto, cuyo fondo comparto, debemos oír a los actores que afectará. Me parece fundamental entiendo que hay algunas indicaciones presentadas al respecto la visión agronómica, a fin de tener una buena legislación, que sea respetada por todos, que proteja la salud de los trabajadores, la producción y nuestro sistema agrícola.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el establecimiento de un control más efectivo de los productos fitosanitarios para evitar el daño a la salud de las trabajadoras y trabajadores ha preocupado desde hace varios años a la diputada señora Adriana Muñoz.
El proyecto que hoy discute la Cámara está bien orientado, pretende establecer la obligación a los empleadores de informar de los riesgos a los trabajadores cuando desarrollan sus labores e impone la obligación de que éstos se informen.
En segundo lugar, se enfatizan las normas para proporcionar medios de protección, es decir, que los trabajadores tengan implementos para no ver afectada su salud.
En tercer lugar, se agrega algo tan importante como es el abandono de faenas. Si es claro y preciso que hay riesgo o peligro, los trabajadores pueden abandonar la faena sin ser despedidos como sucede hoy cuando se niegan a laborar en una obra que pueda afectar su salud.
Esta iniciativa está muy bien orientada, pero tendrá buenos resultados si hay responsabilidad de los empleadores y una adecuada conciencia de que, en definitiva, con estos productos, cuyos daños no son visibles y no se aprecian de inmediato ni al día siguiente, ni siquiera al año que no son fáciles de demostrar, pueden afectar y comprometer la condición genética de los trabajadores, que no sólo se manifiestan externamente en su cuerpo, sino que también en su descendencia, por ejemplo, entre otros, esterilidad e impotencia en los hombres.
En el país existe clara conciencia de estos daños y cada día hay más denuncias de trabajadoras y trabajadores afectados por estos productos, que en un largo, duro y penoso juicio tratan de demostrar que el problema de salud que les afecta se originó en el empleo, obra o faena que ejecutaron.
Esperamos que los empleadores se sumen al debate de este proyecto, pues sin su compromiso y su responsabilidad respecto de esta materia será difícil que la ley se cumpla.
La iniciativa otorga mayor capacidad de fiscalización a los servicios de salud, de manera que puedan cautelar la confidencialidad de la presentación. Si alguien denuncia una situación de riesgo para la salud de los trabajadores ante el servicio de salud, éste, luego de constituirse en el lugar y comprobar la efectividad del peligro, no informará al empleador quién hizo la denuncia, porque ello podría provocar el despido de ese trabajador. Muchos empleados tienen temor de hacer ese tipo de denuncias porque podrían perder su trabajo. Por ello, resulta extremadamente oportuno y necesario que la confidencialidad de la presentación esté resguardada. Muchas veces los trabajadores hacen denuncias, pero no faltan los “soplones” catalogados así entre sus pares que los delatan. Al final, la consecuencia para esos trabajadores es la misma: el despido inmediato.
La normativa que establece sanciones para el incumplimiento de esta futura ley debiera ser abordada en un debate más profundo. No basta con señalar que las normas generales contribuirán a su cumplimiento, porque las normas generales que establecen multas no impiden que se viole la ley. El inciso que se intercala en el artículo 184 del Código del Trabajo consagra el derecho del trabajador de conocer los posibles riesgos de los productos que está manipulando. No obstante, ¿qué sucederá si el empleador no cumple con su deber de informar sobre dichos riesgos? ¿Cómo será sancionado? ¿Será multado? ¿Se iniciará un proceso en su contra en el juzgado laboral?
En reiteradas oportunidades hemos planteado al ministro de Trabajo y Previsión Social que la normativa sobre fiscalización va de la mano con la capacidad de fiscalización de la Dirección del Trabajo. El ejemplo más claro de que esa fiscalización es precaria es la huelga que por más de diecinueve días llevan a cabo los funcionarios de la Dirección del Trabajo en todo Chile. Ésta es la paradoja más grande. Quienes están encargados de fiscalizar y de proteger los derechos de los trabajadores, hace cuatro semanas que están en huelga, reclamando el respeto de sus derechos por el Ministerio de Trabajo. La precariedad de la fiscalización es un aspecto que no puede ser dejado de lado. Por una parte, estamos otorgando facultades a la Dirección del Trabajo para que fiscalice el cumplimiento de la normativa que protege a las mujeres que laboran con productos fitosanitarios, pero, por otra, quienes deben llevar a cabo dicha fiscalización están en huelga, manifestando que ganan muy poco, que no tienen estabilidad laboral, etcétera.
Por lo tanto, para que esta futura ley se pueda cumplir, es necesario dotar de los recursos necesarios al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a fin de que esta normativa no sea letra muerta.
El proyecto permitirá a los trabajadores formular denuncias respecto del incumplimiento de los empleadores. Pero existe otro proyecto, en el que hemos trabajado duramente, que establece la creación de más tribunales del trabajo. Además, hemos planteado al Ministerio de Justicia aún no nos ha dado su respuesta que es importante que los trabajadores que no tienen recursos y que son más vulnerables a la injusticia, puedan acceder a los tribunales de manera adecuada. Para ello, las corporaciones de asistencia judicial deben especializarse en materia laboral, a fin de prestar una correcta asesoría jurídica en ese ámbito, situación que hoy no existe. Muchos trabajadores han debido enfrentar procesos judiciales por conflictos laborales, que duran, en promedio, treinta y seis meses, debiendo abandonarlos por no contar con los recursos necesarios.
Por lo tanto, hay situaciones anexas al proyecto de ley que son parte de la preocupación de este diputado y de los diputados de la bancada socialista y de todos los miembros de la Comisión de Trabajo. Tanto el Gobierno como la Oposición han manifestado la necesidad de avanzar en la materia, puesto que sin apoyo el proyecto será letra muerta.
La iniciativa, por tratar materias específicas de trabajo, no aborda el impacto que produce el uso de estos productos fitosanitarios. Un ejemplo de ello es la fumigación de los bosques. Son innumerables las denuncias de las comunidades indígenas de las regiones Octava y Novena en contra de las empresas forestales, porque resultan muy afectados con la fumigación como consecuencia de los vientos y de otros factores.
En el nuevo inciso tercero que se agrega al artículo 35 del decreto ley 3.557, de 1981, a través del numeral 4, del artículo primero, se señala que no podrán aplicarse plaguicidas o productos fitosanitarios a través de fumigaciones o cualquier otra forma de rociado aéreo de éstos. Un reglamento establecerá la forma en que éstas tendrán lugar, las condiciones de seguridad que deban requerir.
El reglamento debe considerar no sólo a los que trabajan en el perímetro de la fumigación sino que también a la población circundante. Esperamos que este reglamento esté listo a la brevedad y que una vez aprobada la ley, se realice un debate sobre los efectos que los productos utilizados en la fumigación causan en la salud de las personas y en el medio ambiente.
Pero ¿qué pasa cuando la lluvia arrastra esos productos hacia los cauces, esteros y ríos? ¿Qué sucede cuando sustancias prohibidas, nocivas, dañinas para la salud ingresan al medio ambiente?
La ley de Bases del Medio Ambiente tiene que fortalecerse a fin de permitir a los servicios de Salud hacer evaluaciones, inspecciones y fiscalizaciones periódicas y sumatoria, y aplicar las multas respectivas. Las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo y del Servicio de Salud no deben ser excluyentes unas de otras y deben sumarse, a fin de otorgar una mayor protección a la población y no sólo a los trabajadores de esa área.
En el número 4 del artículo tercero se incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 190 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1994 que establece: “Dicha visita podrá motivarse, también, en una denuncia realizada por cualquier persona que informe de la existencia de un hecho o circunstancia que ponga en grave riesgo la salud de los trabajadores, pudiendo, en este caso, de comprobarse la efectividad del peligro, decretarse, además de las medidas señaladas en el inciso anterior, la suspensión inmediata de las faenas, hasta que sea superada la situación de emergencia. Deberá cautelarse la confidencialidad de la presentación.”
Este artículo es de gran importancia, porque quienes trabajan en el sector saben cuáles son los productos prohibidos, sus efectos y quiénes los utilizan. Pero ¿por qué los trabajadores no denuncian ante el servicio de Salud respectivo que sus empresas utilizan productos prohibidos? No lo hacen por miedo a ser despedidos y quedar en la “lista negra”, lo que les significa no ser contratados por ninguna otra empresa del rubro de la región y del país, porque la denuncia es considerada una “práctica anti empresa”.
Por lo tanto, la confidencialidad de la presentación de la denuncia ante los servicios de Salud debe estar garantizada. Si un funcionario público entrega el dato al empleador algunos llaman a la empresa y se sabe de inmediato quien hizo la denuncia, tiene que ser sancionado duramente. Una ley sin sanciones adecuadas no funciona.
Es importante fortalecer la denuncia. Por eso, voy a presentar una indicación destinada a garantizar la confidencialidad de la denuncia clave en la fiscalización de modo que los derechos de los trabajadores estén resguardados.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito a la diputada señora Adriana Muñoz , pues ha sido la principal impulsora de esta iniciativa que presentamos junto a los diputados señores Guillermo Ceroni , Juan Pablo Letelier y Leopoldo Sánchez.
En segundo lugar, por su intermedio, quiero explicarle al diputado Alejandro Navarro que el proyecto tiene una especificidad concreta. No hemos pretendido tratar todos los temas que dificultan la situación laboral y la salud de las temporeras y de los temporeros. En efecto, nos hemos abocado a un tema específico, cual es la creación de un sistema normativo que proteja a esos trabajadores y al resto de la comunidad del manejo, aplicación y almacenamiento de productos fitosanitarios.
Los contenidos de la iniciativa fueron ampliamente discutidos con las organizaciones gremiales que agrupan a las temporeras y los temporeros del país, quienes le dieron un significativo apoyo. Asimismo, las observaciones que se le hicieron en la Comisión de Trabajo agradezco a sus integrantes el profundo estudio realizado han sido bienvenidas; lo mismo sucederá con las que puedan surgir de este debate.
Sé que se han formulado indicaciones y que algunos señores diputados han planteado la necesidad de que se envíe a la Comisión de Agricultura. En todo caso, considero más adecuado su envío a las Comisiones Unidas de Trabajo y Agricultura, de manera de no demorar más su tramitación ya lleva un par de años, pues las temporeras y los temporeros necesitan que se apruebe con urgencia. Tanto es así, que hace pocos días, en la Novena Región, murió una temporera de 20 años envenenada por productos fitosanitarios. Saludo el hecho de que el Gobierno se haya hecho parte del proceso destinado a determinar las responsabilidades penales originadas de esa situación.
La iniciativa asume las deficiencias que existen en materia de seguridad e higiene en centros de trabajo, derivadas de la utilización de productos fitosanitarios, tales como plaguicidas y pesticidas, algunos de los cuales producen grave impacto en la salud de los trabajadores. Por eso, pretende modificar la ley Nº 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud, en el sentido de incorporar entre las enfermedades cuya pesquisa reviste especial importancia en el examen de medicina preventiva aquellas afecciones derivadas del uso de productos fitosanitarios, químicos o nocivos, de manera que sean detectadas oportunamente y reciban un tratamiento adecuado y se adopten las medidas tendientes a evitar que afecten a los trabajadores.
Nuestro país se encuentra en una situación contradictoria, porque, por una parte, los acuerdos de libre comercio recientemente suscritos nos permiten exportar más frutas a nuevos mercados, con lo cual se ha aumentado la producción sólo en la región de Atacama la de uva de mesa aumentó 14 por ciento como consecuencia del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero, por otra, esos buenos resultados no han ido acompañados de una actitud del mundo empresarial, orientada a resguardar la salud de sus trabajadores.
Con la diputada Adriana Muñoz denunciamos, en su momento, que treinta productos fitosanitarios que en el concierto internacional son considerados venenosos y que no se venden en el mercado norteamericano siguen siendo exportados a Chile con otros nombres porque, tal como ocurre con el petcoke respecto del carbón, tienen un costo infinitamente menor. Esos productos, prohibidos en Estados Unidos, en Europa y en otros grandes mercados, son exportados a los países latinoamericanos con otros nombres y utilizados sin el suficiente control.
En primer lugar, estamos frente al uso de pesticidas prohibidos por las normas sanitarias chilenas y por la Organización Mundial de la Salud, que se están utilizando en el país con otros nombres y con distinta rotulación. Denuncio este hecho, porque el producto que mató a una temporera en la Novena Región no circula en el mercado mundial porque no está permitido por el organismo internacional.
En segundo lugar, existen serios problemas con las medidas de seguridad que se adoptan en los predios para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. En efecto, generalmente no pueden bañarse después de la extensa jornada laboral, y muchos de ellos llevan a sus casas sus ropas impregnadas de los productos fitosanitarios. El menor de los males son las alergias que se producen en los miembros de sus familias. En las mujeres, se incorpora rápidamente a su organismo, y es así como en la Sexta región hemos tenido nacimientos con malformaciones congénitas que, claramente, son consecuencia de la utilización de productos fitosanitarios de manera irregular y sin ninguna protección.
Por eso, lo que tenemos que exigir es parte del proyecto es que en los centros de trabajo se adopten medidas de seguridad mínimas y que se creen condiciones sanitarias para que los trabajadores estén protegidos ante el uso de estos productos químicos, porque incluso los que están autorizados producen daño a la salud.
Por otra parte, a través de este proyecto como lo señalé, ha trabajado intensamente en él la diputada Adriana Muñoz se pretende que las enfermedades producidas por la utilización de productos fitosanitarios sean tratadas en el sistema público y que el Estado se haga responsable de la asistencia a los trabajadores.
En tercer lugar, cuando vemos que la exportación de productos agrícolas ha aumentado a nivel mundial, tenemos que adoptar más medidas de seguridad y de protección a los trabajadores, porque los países en los cuales los comercializamos tienen una legislación laboral mucho más estricta y garante que la nuestra. Además, debemos preocuparnos mucho más por los productos químicos que utilizamos, puesto que, naturalmente, van en los vegetales y frutas que exportamos; de lo contrario, dañaremos el negocio país. Por eso, hago un llamado en este sentido a los empresarios de la fruta, particularmente a los exportadores.
En los últimos meses, en la región de Atacama hemos dado un paso positivo: se creó una mesa de trabajo en la cual participan grandes empresarios exportadores de fruta, organizaciones de temporeras y temporeros, autoridades del SAG y otros organismos de Gobierno. Allí se pueden plantear problemas y adoptar medidas en forma conjunta para enfrentar este problema, porque aparte de poner en peligro la salud de los trabajadores, se corre el riesgo de arruinar un gran negocio para el país, para los exportadores y para nuestras regiones, con la apertura de nuevos mercados para nuestros productos agrícolas. De manera que debemos cuidar, como país, este gran negocio que crea empleo y mejores condiciones de vida.
En Atacama esto es evidente, puesto que en una región eminentemente minera, la agricultura de exportación ha permitido diversificar la economía y generar muchas fuentes laborales. Ya nos ocuparemos del tema laboral. Está pendiente un proyecto de ley que trabajamos con los diputados Montes y Letelier , con la diputada Adriana Muñoz y otros parlamentarios relacionado con el problema previsional que afecta a las temporeras y a los temporeros. He sabido que la diputada Lily Pérez también ha participado en esta iniciativa.
De manera que hay muchos problemas relacionados con las temporeras y los temporeros que debemos resolver. Pero hay un problema muy directo que se refiere a la mujer embarazada que está en contacto con productos fitosanitarios. Si no tomamos medidas y no aprobamos cuanto antes el proyecto, esa mujer corre un riesgo muy grande en su embarazo, porque el niño que viene está expuesto a sufrir malformaciones congénitas que ya están comprobadas por la ciencia y, muy particularmente, por las experiencias conocidas en la Sexta Región.
De manera que propongo que el proyecto sea tratado por las Comisiones Unidas de Trabajo y de Agricultura para que ojalá en la primera quincena de noviembre vuelva a la Sala con todas las indicaciones relacionadas con fiscalización y que mi amigo Alejandro Navarro quiere promover porque son muy importantes. De este modo, lo podríamos aprobar rápidamente porque estamos entrando al período de la fruta, que es cuando más debemos proteger a nuestras trabajadoras y trabajadores del agro.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En su momento veremos si el proyecto será tratado por las Comisiones Unidas de Trabajo y de Agricultura.
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención quiero recordar que hoy, 20 de octubre, se celebra el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia.
Este proyecto, que lleva más de dos años de tramitación, fue presentado por la diputada Adriana Muñoz , quien ha trabajado intensamente en la Comisión de Trabajo.
Se trata de una iniciativa compleja, cuya discusión en esa Comisión fue muy intensa debido a su contenido. Resultó difícil entender por qué debía ser tratado por la Comisión de Trabajo y no por las de Salud y de Agricultura. Fue uno de los puntos más discutidos.
En efecto, lo que estamos haciendo es modificar algunos cuerpos legales como el Código del Trabajo y la ley Nº 16.744, sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.
Ahora, después de dos años, con legítima y justa razón, algunos diputados han solicitado que el proyecto sea conocido por las Comisiones de Agricultura y, seguramente, de Salud.
Lo que me preocupa es que el proyecto también tenga que ser conocido por la Comisión de Agricultura.
Conversando con la diputada Adriana Muñoz le manifesté que, en atención a que estuvo dos años en la Comisión de Trabajo, era partidario de que no se enviara a Comisiones Unidas. Por la importancia y complejidad de sus normas, era mejor que fuera al Senado; que lo aprobáramos por unanimidad y que en caso de haber indicaciones, éstas se estudiaran con más tranquilidad en el segundo trámite constitucional en el Senado.
¿Por qué digo esto? Porque si lo remitimos a las Comisiones Unidas de Trabajo y de Agricultura, proposición hecha por algunos de los diputados, se va a demorar dos años más. Y lo digo con toda seguridad, porque todas las comisiones están con mucho trabajo. De manera que quedará a la cola, o bien no vamos a tener tiempo para estudiarlo porque estaremos analizando otros proyectos. Por eso, prefiero que vaya al Senado.
El diputado Leal se refirió a los costos que ha significado este problema para los trabajadores. Algunos parlamentarios, con justo y legítimo derecho, hablaron sólo de los empleadores, de los dueños de los predios; en ningún momento aludieron a los trabajadores, en circunstancias de que el contenido esencial del proyecto tiene que ver con la defensa de sus derechos.
Su señoría se refirió al caso de una mujer embarazada de la cual no dio su nombre, al parecer de la Cuarta Región, que falleció a causa de un pesticida. Pero son cientos de mujeres las que han perdido a sus hijos durante el embarazo. Lamentablemente, no tuvimos a la vista ese problema que afecta a las campesinas que trabajan en la fruta. ¿Cuántos trabajadores del campo han sufrido enfermedades profesionales, a la piel, a la vista, a los pulmones debido a los pesticidas? Tampoco tuvimos esa información, pero la conocemos.
Por eso, habría sido muy interesante que algún colega dueño de algún predio o fundo y que debe utilizar pesticidas nos hubiera entregado su opinión sobre el particular, a fin de mejorar la norma. No estoy criticando que tenga tierras; todo lo contrario, sólo digo que sería bueno que nos explicaran cómo se hacen las fumigaciones, qué advertencias hacen los empleadores a sus trabajadores cuando las efectúan.
No sé si algún colega de la Cuarta, Sexta o Séptima región nos podrá decir si efectivamente se hace lo que solicitaba la diputada Adriana Muñoz en su informe, es decir, advertir al trabajador que no vaya al predio a desarrollar sus actividades laborales porque tal día y a tal hora se va a fumigar y ello puede provocar graves efectos en la piel y en las mujeres embarazadas. Por lo tanto, no podrán acercarse al predio por tres o cuatro días. Pero no manejamos esa información, lo que nos deja muy preocupados.
Por eso, hacemos este enérgico llamado, porque la información de la Cuarta Región, entregada por la diputada Adriana Muñoz resultó dramática para los miembros de la Comisión de Trabajo. Según nos informó, los rótulos de los pesticidas que se usan no informan acerca de su composición y, por lo tanto, el trabajador que los utiliza no sabe el daño que le pueden causar.
Como se planteó con anterioridad, alguien podrá decir que tenemos excelentes relaciones comerciales internacionales gracias a los convenios suscritos. Pero también hay exigencias claras y precisas para las normas del trabajo. Hay exigencias en materia de salud y de agricultura. Nada se saca con suscribir grandes acuerdos comerciales internacionales si al cabo de dos, tres o cuatro años los países contratantes advierten que en Chile no se cumplen las normas mínimas para asegurar la vida o la salud de los trabajadores.
Como ninguno de nosotros quiere eso, respaldamos con cariño y afecto el proyecto patrocinado por la diputada Adriana Muñoz junto a otros parlamentarios. Es dramática la información que recibimos. Por ello solicito que, aparte de los antecedentes que entregaron tanto la colega Adriana Muñoz como los invitados a la Comisión de Trabajo, si algún diputado empleador tiene conocimiento más directo sobre el uso de los productos fitosanitarios, los dé a conocer, con el objeto de que en su tramitación en el Senado las Comisiones de Agricultura y de Salud decidan sobre el particular. De lo contrario, si el proyecto vuelve a la Comisión de Trabajo significará alargar su estada en la Cámara por lo menos, uno o dos años más, en circunstancias de que queremos que sea despachado lo antes posible.
Por lo señalado, la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, además de recoger con enorme satisfacción el apoyo que ha encontrado la iniciativa en la Sala, quiero plantear mi preocupación respecto de la intervención del diputado Ramón Barros , de la bancada de la UDI, por lo menos en la parte que plantea que podría tener consecuencias en el empleo.
En mi opinión, no es bueno ni positivo abrir debate sobre una materia como ésta, de tanta importancia para los seres humanos que día a día entregan su fuerza, energía y capacidad para que el país crezca, sobre todo en una de las áreas más activas y dinámicas de nuestra economía: la agricultura de exportación.
Los diputados que representamos distritos agrícolas sabemos que entre los trabajadores temporeros, que suman alrededor de 700 mil personas, de las cuales casi el 60 por ciento son mujeres, se registra un aumento dramático de nacimientos con malformaciones.
Este problema afecta la credibilidad y responsabilidad social de nuestro país en el mundo, sobre todo hoy, cuando estamos insertados en los grandes mercados a través de distintos tratados y el respeto a las normas laborales, de higiene, de salud y de protección debe ser riguroso. De lo contrario, por muy competitivos que sean nuestros productos, la imagen de Chile va a quedar en un nivel muy bajo.
Si bien el diputado Barros comparte la idea fundamental del proyecto, lamentablemente, plantea resguardos que sólo detienen la tramitación del proyecto.
En la Comisión adoptamos una posición intermedia a propósito de la fumigación aérea. No se trata de eliminarla, porque entendemos que es un recurso importante para los productores agrícolas. Únicamente se busca regularla de la mejor manera posible, informando a los trabajadores en qué momento se va a efectuar, los elementos químicos que se usarán y, sobre todo, estableciendo la obligatoriedad de que las trabajadoras y los trabajadores abandonen el predio antes de llevarla a cabo.
El proyecto busca impedir lo que sucede hoy, es decir, que la mayoría de los empleadores efectúe la fumigación aérea con las trabajadoras y los trabajadores dentro de sus predios; que ésta se efectúe indiscriminadamente, en predios colindantes con colegios y poblaciones. Se pretende regular las normas de construcción de viviendas y de establecimientos educacionales, con el objeto de que no se construyan al lado de predios, porque eso podría impedir a sus dueños realizar las fumigaciones que correspondan, las cuales son necesarias para la producción agrícola, hecho que nadie niega. Por eso se llegó a una posición intermedia, a fin de regular ese tipo de fumigación.
Por otro lado, quiero señalar que el proyecto lleva cuatro años de tramitación, no dos como aquí se dijo, ya que la moción fue presentada el 2000.
Durante su estudio hemos trabajado junto a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri , en su mayoría compuesta por mujeres temporeras, la que nos ha dado a conocer el impacto que tiene el uso de plaguicidas durante el embarazo, en los recién nacidos y en la salud de las personas.
En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social hay un registro estadístico nacional sobre la gran cantidad de intoxicaciones agudas producidas a causa de las fumigaciones, pero se desconocen las cifras de la intoxicación crónica, que es letal. De pronto aparecen en la población determinados cánceres, alergias o enfermedades hepáticas que tienen su origen en una intoxicación que no fue aguda y que no causó espectacularidad pública, porque no murió nadie o sólo afectó, por ejemplo, a poco más de cien trabajadores. En temporadas anteriores a la que está por iniciarse han llegado a los hospitales de regiones gran cantidad de trabajadores temporeros con intoxicación aguda, como ocurrió hace poco en Melipilla. En cambio, las intoxicaciones crónicas son letales y asintomáticas.
Como lo señaló el diputado señor Antonio Leal , existe poca pulcritud en las instituciones públicas, en la legislación y en los empresarios agrícolas respecto de los productos que se utilizan para fumigar. El propósito del proyecto no es eliminar el uso de plaguicidas, porque son necesarios, sino resguardar la vida humana, valor que es fundamental para nosotros. Las exportaciones son convenientes, pero no a costa de la muerte de los trabajadores temporeros. Ése es el llamado de atención que hace la iniciativa.
Durante los cuatro años de tramitación del proyecto la Comisión ha escuchado la opinión de expertos en el tema: médicos, investigadores, representantes del SAG y de los servicios de salud respectivos han entregado su visión de la situación. Además, mediante estudios comparados e investigación vía internet hemos constatado que de la denominada “docena maldita” de plaguicidas establecida por organismos internacionales que estudian la materia, es decir, del listado de productos tóxicos aún más restringidos que los treinta mencionados por el diputado señor Antonio Leal , en nuestro país se utilizan seis que son mortales para la vida humana.
Entiendo el derecho que tienen los colegas de presentar indicaciones y su deseo de continuar el debate del proyecto, pero, como se trata de un tema país, no deben colocar una especie de barricada entre trabajadores y empleadores al sostener que podría constituir una amenaza para el empleo. ¡Quién más que nosotros desea fomentar el empleo! Sin embargo, no queremos hacerlo a cualquier precio. No es posible que la necesidad de empleo se transforme en un sistema de esclavitud y que se acceda a un trabajo sin importar la condición, el costo y la pérdida de vidas humanas. Quiero pedir que en este tema país se deje de lado el color político y con una mano en el corazón se legisle con el propósito de proteger a los trabajadores temporeros, los que hoy son el capital humano fundamental para la actividad productiva de ese sector de la agricultura.
Por lo tanto, pido que se saque del debate la barrera que se ha planteado, en el sentido de que la iniciativa provocará desempleo. No es posible que cada vez que se busca mejorar las condiciones de los trabajadores, sean éstas salariales, previsionales o de salud, se hable de una amenaza para el empleo y se olvide que hay trabajadores que desarrollan sus labores en malas condiciones.
Si se presentan indicaciones ojalá que no, pediría recoger la propuesta del diputado Seguel , en el sentido de que el proyecto pase al Senado para que se tramite con prontitud. De lo contrario, no sé cuantos años habría que esperar para dar protección a los temporeros y temporeras.
La modalidad de comisiones unidas, como la que se ha propuesto, permitiría una tramitación más rápida y expedida de la iniciativa.
Por otra parte, el Reglamento de la Corporación otorga facultades tanto a la Sala como a la Mesa para establecer un límite para que la Comisión entregue su informe a mediados de noviembre y luego el proyecto se despache al Senado.
No podemos lamentar la muerte de hombres y mujeres todos los años. Debemos usar nuestras facultades para modificar la legislación a fin de introducir derechos que resguarden a los trabajadores de temporada, que hoy son un capital humano fundamental de nuestra economía.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, el proyecto debe pasar a la Comisión de Agricultura, porque se refiere al ámbito agrícola. Ella tiene la obligación de revisarlo.
Como hasta ahora no se ha escuchado a las asociaciones gremiales del sector agrícola, lo menos que se podría esperar es oír a los involucrados, a fin de elaborar un proyecto de ley que resulte adecuado.
Contrariamente a lo que señaló la diputada señora Muñoz , se propone la eliminación de las fumigaciones aéreas. El texto lo señala en forma tan clara como el agua: salvo los casos de plagas, no podrán aplicarse plaguicidas o productos fitosanitarios a través de fumigaciones o cualquier otra forma de rociado aéreo de éstos.
Además, debe comprenderse que si una plaga invade un cultivo, no queda nada. Por eso, las fumigaciones normalmente se realizan como una medida de prevención, es decir, para que las plagas no lleguen. Esa es la manera de hacerlo.
En nuestro territorio, entre el mar y la cordillera, en una franja muy angosta hay muchas plantaciones en cerro o lomajes que no admiten otra manera de fumigar que no sea a través del sistema aéreo. Es muy difícil fumigar de otra manera, pero eso no significa que no estemos de acuerdo con proteger al trabajador. Me parece loable que se haga.
Como agricultor, reconozco que el campesino está sumamente desprotegido, no sólo ante las fumigaciones aéreas, sino también manuales. Pero ése es otro tema. Sin embargo, no me parece lógico que se prohíba la fumigación aérea porque haya que proteger al trabajador. Está bien protegerlo, pero con medidas de otro tipo, como trajes especiales. Tratemos de hacer las cosas en forma equitativa.
Por ello, presenté una indicación para eliminar el inciso pertinente, porque va a provocar daño en vez de proteger a los trabajadores, que es lo que se pretende. Además, pido que el proyecto pase a la Comisión de Agricultura, a fin de escuchar la opinión de los gremios involucrados, porque sólo se ha tomado conocimiento del interés de un lado y no del otro.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Informo a la Sala que el Orden del Día se extiende hasta las 12.45 horas y están inscritos para intervenir los diputados señores Patricio Cornejo, René Manuel García , Guido Girardi , Pedro Muñoz , Guillermo Ceroni, Juan Pablo Letelier y Jaime Quintana.
Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y felicito a los autores de esta iniciativa. No sólo debemos proteger a los trabajadores temporeros, sino que a todos los trabajadores del agro que están afectados por el mismo problema. Uno siempre lo asocia a la fruta, pero no es así.
También quiero hacer la siguiente aclaración: ninguna cosa justifica el trabajo si atenta contra la vida humana. Primero debemos proteger la vida humana; después las otras cosas. Ese tema para mí no está en discusión. No podemos decir que vamos a disminuir dos mil trabajos, sigamos fumigando y que mueran siete mil personas. Me parece una aberración.
Hay otros temas del proyecto que deberemos profundizar. A lo mejor, cuando se apruebe ya no tendrá el efecto que se buscaba, porque al permanecer cuatro años en tramitación en el Congreso Nacional, muchas de las medidas y requerimientos propuestos ya se están aplicando. Por ejemplo, hoy se avisa con anterioridad cuando se efectuarán fumigaciones aéreas. Se ponen banderillas al lado de las poblaciones, se saca a la gente, etcétera. Ha servido para que los empresarios tomen conciencia de lo que deben hacer.
Además, los productos tóxicos que se aplicaban hace cinco, diez o quince años, hoy están absolutamente descartados, porque una de las condiciones de los tratados internacionales que hemos suscrito es que no se pueden aplicar aquí productos prohibidos en países a los cuales se destinarán nuestros productos. Me explico. Si en Estados Unidos está prohibido el DDT y aquí se continúa aplicando en los campos, la carne, la fruta o las verduras expuestas a él no pueden ingresar a Estados Unidos. Los empresarios han debido adaptar sus fumigaciones a las normas internacionales, lo que me parece bien.
Entonces, el proyecto debe ser visto por la Comisión de Agricultura para que se estudie desde un punto de vista distinto del de la Comisión de Trabajo. No se trata de echarlo abajo, sino de buscar lo mejor para los trabajadores, los empleadores y las fuentes laborales.
Aquí ha habido un gran malentendido. Conversé al respecto con el diputado Barros. El proyecto podría repercutir en el trabajo si se aplicara como está. Pero el diputado Barros me confirmó que jamás había querido decir que la vida humana vale menos que el trabajo. Hago esta aclaración para que eso no se utilice políticamente. De verdad, la vida humana es mucho más importante que una fumigación.
Felicito a la diputada Adriana Muñoz por este proyecto, pero gran parte de las medidas que proponen sus disposiciones se están aplicando a través de la vía reglamentaria y por su toma de conciencia por parte de los propios empleadores.
Votaré favorablemente la idea de legislar, pero me gustaría que el proyecto se tratara en Comisión unida para que sea consensuado y favorezca realmente a las personas.
Además, no podemos hablar de que sólo se afecta a los temporeros, porque todos los trabajadores del agro están expuestos en todas partes a fumigaciones. Los agricultores, a veces, fumigamos contra la cuncunilla negra, la murra y hay una diversidad de productos que se aplican en nuestros campos. Por eso, insisto, la vida humana es muy importante, porque, a veces, en nuestros campos fumigan una o dos personas, por ejemplo, para eliminar las zarzamoras, para fumigar una pequeña quinta y en esos casos, deben estar protegidas; sobre todo las mujeres embarazadas, porque lo más importante es proteger la vida del que está por nacer.
Ésta es una buena iniciativa y la votaré favorablemente, pero necesita algunas modificaciones.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, este proyecto de ley, de iniciativa de distinguidos colegas, apunta en forma muy sustantiva a favor de los trabajadores afectados por los agroquímicos, respecto de los cuales están extraordinariamente desprotegidos. Esto es de la mayor importancia.
Sin embargo, me habría gustado que este proyecto se hubiera asociado también a una iniciativa tendiente a mejorar el volumen y el financiamiento de la investigación de los daños que provocan los agroquímicos en las personas expuestas a ellos. Hay escasa investigación. Desde este punto de vista, las materias por investigar son bastante complejas y difíciles. Existen aislados trabajos nacionales, algunos realizados en Aconcagua otros en la Sexta Región que demuestran que estos productos ocasionan daño en la constitución de los organismos, malformaciones congénitas.
También es muy importante avanzar en la modificación de la ley Nº 16.744, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, porque este tema, justamente, se enmarca en el ámbito de la salud ocupacional del país.
Hice una denuncia sobre el importante número de trabajadores afectados con silicosis en la División Andina de CodelcoChile la hago extensiva a toda la minería del cobre, especialmente a la mediana y pequeña. Allí se aprecian muy pocos cuidados respecto de esas personas y, por lo tanto, este proyecto avanza en forma importante y significativa en el sentido de proteger a los trabajadores del agro.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, este proyecto es muy importante y estamos viviendo evidencias de la gravedad del problema. En Chile, no existe una regulación adecuada de sustancias peligrosas, ni en su elaboración, transporte y uso. Una vez que se utilizan quedan los envases, llamados residuos tóxicos, que han generado consecuencias muy gravísimas para el medio ambiente. En cualquier lugar del territorio donde se muestreen suelos o cursos de agua, aparecen residuos de sustancias cancerígenas que provocan malformación congénita. Incluso, en Chile, a pesar de que el DDT, uno de los más potentes cancerígenos y teratogénicos que produce malformaciones congénitas, está prohibido desde 1985, todavía se puede encontrar restos de él. Tenemos una dramática historia. Chile debe ser uno de los países que en el mundo tiene la mayor tasa de malformaciones congénitas.
Hace algunos años, la Sexta Región tenía la tasa más alta del mundo en relación con el defecto del tubo neural, cual es una malformación del sistema nervioso asociada al uso de plaguicidas. En ese tiempo, junto con el doctor Ricardo Uauy , director del INTA, logramos que se agregara a la harina ácido fólico que prevenía esa malformación y, gracias a ello, ha disminuido. Pero, actualmente, en la Sexta Región se presenta la mayor tasa del síndrome de Down, mal llamado síndrome de niños mongólicos, como también en una tasa mucho más alta, un conjunto de patologías respiratorias y cánceres, todo ello asociado a los plaguicidas. Las regiones que utilizan plaguicidas tienen mayor tasa de cánceres y de malformaciones congénitas.
La salud de las personas no puede seguir subsidiando prácticas insuficientemente reguladas. No puedo pensar que los empresarios agrícolas quieran dañar la salud de sus trabajadores, pero, entonces, se necesita una señal clara, tanto para educar como para impedir, en el sentido que haya normas y regulaciones adecuadas. El hecho de usar plaguicidas por la vía aérea constituye un riesgo para la salud de las personas, porque éstos pueden desplazarse a kilómetros de distancia del lugar en que se aplican.
Habrá que desarrollar nuevos procesos tecnológicos, pero no podemos aceptar que la actividad económica agrícola sea subsidiada con la salud de las personas.
No es cierto que en Chile haya una buena práctica en materia de plaguicidas. El Instituto de Salud Pública, hace tres años, hizo un muestreo de productos no exportables, que no habían pasado por la cuarentena que se aplica a éstos, y encontró que un solo tomate contenía cuatro plaguicidas. Existe una falta de concepción tecnológica en cuanto a que mientras más plaguicidas se empleen, mayor será la productividad. Eso está absolutamente reñido con la ley, pero igual se usa, afectando la salud de las personas que consumen alimentos, especialmente vegetales y frutas que contienen restos de plaguicidas.
No hay duda de que la mayor incidencia de cáncer y malformaciones que presenta Chile está asociada a la indiscriminada aplicación de plaguicidas. Éstos, antes de destruirse, pueden durar sesenta o setenta años en el medio ambiente. Todos, sin importar si se aplican correctamente sobre una planta, caen al suelo, el agua los traslada a los ríos y, finalmente, llegan al mar y contaminan todo nuestro ecosistema. Por eso, hay que hacer un esfuerzo adicional para eliminar la “docena sucia” de plaguicidas que están prohibidos en casi todos los países, pero que se siguen usando en Chile. Muchos están prohibidos en las legislaciones modernas, pero insisto se siguen utilizando.
El proyecto es un avance. Pero, uno podría pedir que, al menos, una de sus normas, con importancia central para proteger la vida de las personas no sólo de los trabajadores, sino también de quienes habitan cerca de los lugares donde se aplican plaguicidas, diga relación con la prohibición de la fumigación aérea.
Hoy, Chile, como otros países, debe encontrar métodos más específicos que no dañen la salud de las personas con el empleo de estas sustancias que son destructores biológicos. Si matan insectos y larvas, también matan personas. Está demostrado que una parte muy importante de los abortos espontáneos, es decir, de los embarazos que se pierden, se asocia también a la utilización de plaguicidas que reitero puede afectar a todos.
Apoyaremos este proyecto. Consideramos que es un primer paso, porque en esta materia el Ejecutivo debiera establecer una política no existe para regular sustancias peligrosas que están generando tremendos daños en el país. Además, debiera prohibirse el uso de determinados productos, como se ha hecho en casi todos los países del mundo, pero que en Chile, por razones comerciales, las empresas que no pueden venderlos en Europa y Estados Unidos, los venden aquí, porque éste es el paraíso para traer sustancias peligrosas.
He dicho.
El señor LORENZINI.-
Con esta intervención, ha terminado el Orden del Día.
Los diputados señores Felipe Letelier , Leopoldo Sánchez , Pedro Muñoz y Jaime Quintana pueden insertar sus discursos en la versión del boletín de sesiones.
Con posterioridad la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto que modifica diversos cuerpos legales y establece normas destinadas a la protección de los trabajadores y de la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Ditborn, Egaña, Encina, Escalona, Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Hales, Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana) , Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Uriarte, Varela, Vargas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
Se abstuvo el diputado señor Urrutia.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Trabajo, pero algunos diputados han propuesto que pase, además, a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, quiero proponer una alternativa.
Aunque durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Trabajo, que duró cuatro años, asistieron diputados de las Comisiones de Agricultura y de Salud, decisión que tomamos colectivamente en aquella oportunidad, sería importante que la Comisión de Trabajo continuara con el estudio del proyecto como la Comisión “madre” e invitáramos a los colegas de las otras dos Comisiones al debate de las indicaciones presentadas. Ésa es mi propuesta para zanjar el tema.
Además, solicito que su señoría haga uso de sus facultades reglamentarias para que el proyecto vuelva a la Sala a mediados de noviembre, a fin de no retrasar su tramitación.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Recojo la solicitud formulada, que también se desprende de las intervenciones realizadas por algunos señores diputados que reclamaron por el tiempo de tramitación, más allá de lo que decidamos respecto de la Comisión a la cual se destinará el proyecto. Ojalá podamos discutirlo en la Sala durante noviembre, independientemente de si lo ve una o ambas comisiones.
En votación la propuesta de que el proyecto vaya, además, a la Comisión de Agricultura.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez , Barros, Bauer, Becker , Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibañez (doña Carmen), Jaramillo, Kast, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Masferrer, Molina , Moreira, Norambuena, Ojeda, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Recondo, Robles, Rossi, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Girardi, Hales, Jarpa, Leal, Mella (doña María Eugenia), Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Olivares, Ortiz, Paredes, Riveros, Saffirio, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Villouta y Walker.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Por lo tanto, el proyecto pasará también a la Comisión de Agricultura.
Espero que en noviembre podamos discutirlo nuevamente en la Sala.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Reglamento, señor Presidente.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento de la Corporación, la Mesa tiene facultades para disponer que una Comisión evacue el informe en determinada fecha. Por lo tanto, creo que debería mandatar a la Comisión de Agricultura para que lo haga llegar el 15 de noviembre a la Sala. De lo contrario, se estaría dilatando la tramitación. Ahora, si eso no ocurre, la Comisión tendrá que responder ante las autoridades de la Corporación.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señora diputada, le hemos pedido a la Comisión de Agricultura, en forma muy diplomática, que acelere la entrega del informe. Si pasado un tiempo prudente no lo hace, la Mesa, de acuerdo con sus facultades, podrá intervenir.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1°, N° 4
1. De los señores Álvarez-Salamanca y Urrutia , para suprimir el inciso tercero, nuevo.
Al Artículo 3°, N° 4
2. Del señor Navarro “Será responsabilidad del funcionario receptor y del jefe de servicio respectivo, el mantener la absoluta confidencialidad de la presentación. Su conocimiento público determinará las sanciones que la Dirección del Trabajo o del Servicio de Salud receptor establezcan para la violación de la información confidencial”.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
INSTAURACIÓN DEL “DÍA DEL CIRCO CHILENO”.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 481.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 481, de los diputados señores Navarro , Accorsi , Muñoz, don Pedro ; Sánchez , Walker , Seguel , Valenzuela , Errázuriz , Barrueto , Letelier, don Felipe ; Quintana, Olivares ; de la diputada señora Saa, doña Maria Antonieta ; y de los diputados señores Meza , Ceroni y Jaramillo :
“Considerando:
Que los historiadores han demostrado que en la China de la dinastían Han (206 aC 200dC) se practicaba la acrobacia con un alto grado de sofisticación y que en los palacios de Knossos (entre los siglos XIX y el XIV aC) en Creta, existen en las cerámicas de sus muros bellas recreaciones de saltos y exhibiciones sobre toros.
Que en Grecia los atletas demostraban sus habilidades en los juegos olímpicos y en Delfos y Corintios con ocasión de la celebración de ciertas solemnidades religiosas.
Que en Roma los “ludi” o juegos públicos continuaron con esta tradición religiosa a través de carreras de carros, luchas en el anfiteatro y espectáculos dramáticos y cómicos.
Que en las plazas de las ciudades medievales europeas se representaban farsas y pantomimas, mientras que en los patios de los castillos se corrían torneos entre caballeros. Los trovadores eran poetas ambulantes y los juglares cantaban, hacían malabares y tocaban instrumentos como el laúd o el arpa, siendo los más claros antecedentes del artista del circo que conocemos.
Que durante el Renacimiento, nace la Comedia del Arte o Comedia Popular que se representa en calles y plazas. Se trata de una improvisación de actores, mitad graciosos, mitad acróbatas. Los personajes son siempre los mismos, igual que el vestuario, creándose varios arquetipos como el Polichinela, Arlequino , Colombina , Pantalone , que junto con el blanco Pierrot que surge en Francia durante el siglo XVII son el símbolo de lo patético y lo romántico. En esta misma época comienza a usarse la palabra inglesa “clown”, que se traduce como bufón, galán, patán, grosero, torpe o villano.
Que en Estados Unidos el circo hace su aparición en 1775. Una multitud de circos ambulantes comienzan a recorrer ese país, hasta que a comienzos del siglo XX comienza a perfilarse el circo norteamericano, que se caracteriza por su gigantismo y el gusto por lo colosal y la desmesura. Tiene tres pisttas donde se hacen números simultáneamente, hay multitud de artistas y cientos de animales, mezclando el circo con el “music hall”.
Que en España el circo surge por la llegada de artistas ingleses y franceses a finales del siglo XVIII. Las representaciones de habilidad a caballo se realizaban en la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá, en Madrid. De hecho la costumbre de presentar espectáculos circenses en estos recintos se mantienen en España y Portugal hasta hoy.
Que en la actualidad los circos están incluyendo otras artes en su espectáculo tradicional, dotando al conjunto de un hilo argumental claro. Se incluye teatro, danza, y un paroxismo gimnástico que no pretende resaltar la proeza física por sobre el mensaje y la belleza del número. El perfeccionismo y la delicadeza de las formas de ejecución son también rasgos que buscan numerosos circos actuales. Se trata de que lo más difícil no es hacer lo más complicado o lo más arriesgado, sino que como en el Circo Chino se mezclen un a sutileza de formas y una búsqueda de la belleza que se consigue introduciendo en el circo nuevas tecnologías y cánones estéticos, que lo han hecho variar desde un espectáculo infantil a un arte también dirigido a los adultos.
Que en muchos lugares del mundo hoy existen centros educativos específicos de circo. De hecho la profesionalización de las artes circenses empieza a echar raíces. Francia y Bélgica hacen acrobacias, malabares y suertes peligrosas está reconocido con títulos universitarios. En España esta enseñanza también existe aunque todavía sin reconocimiento académico, aunque por otra parte se ha avanzado a través de un convenio firmado hace casi dos décadas entre el Ministerio de Educación y los circos que establece la escuela ambulante para los niños del circo.
Que tal como lo señala la moción de los diputados Montes, Riveros , Seguel , Vilches , los ex diputados Krauss , Pareto , Velasco , Ávila y Núñez y de la ex diputada María Rozas que establece normas en beneficio del circo chileno, aprobado por esta honorable Cámara en agosto de 2002: “El circo fue conocido en Chile en forma prácticamente coetánea con su difusión en Europa. Las crónicas del último período colonial recogen estas presentaciones y dan cuenta de la incorporación creciente de artistas nacionales. Desde entonces, nuestro país ha sido una verdadera vertiente de integrantes del circo, siendo los chilenos muy bien evaluados entre sus semejantes internacionales, al punto que varios de ellos han integrado los elencos de circos del más alto nivel. En la actualidad más de 120 circos recorren anualmente el país, dando trabajo a más de 5.000 personas, las que realizan sus actividades estrechamente ligados con sus familias”.
Que actualmente en nuestro país existen experiencias como la desarrollada por la ONG “El Circo del Mundo” creada en 1995, con fines educativos y de rescate social, y el Conace, que ha permitido rescatar de las drogas y de la vida en la calle a más de 145 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 19 años a través del trabajo en talleres de técnicas circenses donde, aprovechando las características del circo, les ofrece a los jóvenes el desafío del riesgo controlado en sustitución del riesgo azaroso y sin destino de la calle. Este espacio libre y lúdico, donde el rigor, la disciplina y la perseverancia culminan con logros concretos que estimulan la autovaloración y favorecen las redes sociales y de pertenencia.
Que en otros países como Argentina o Brasil, la actividad circense recibe el reconocimiento a su aporte a la cultura y a la sociedad mediante la celebración oficial del Día del Circo, que en el caso argentino es el 6 de octubre y en el brasileño el 27 de marzo, en homenaje a la fecha de nacimiento del payaso “Piolín” (18971973) considerado un ejemplo de artista genuino y popular.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ministerio de Educación que establezca en el calendario nacional de efemérides el día 2 de septiembre, día en que comienza la temporada de circos, como el Día del Circo Chileno, en función de lo que la tradición de la actividad circense representa en Chile por el impacto generacional y social que éste ha producido a lo largo de los años, por su aporte a la cultura nacional y como reconocimiento a sus méritos, como instrumento de entretención, recreación y formación cultural básica”.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el entonces diputado señor Enrique Krauss , hoy embajador en España, junto con otros diputados de esta Corporación estuvieron y han estado trabajando firmemente en favor del circo chileno.
Esta Cámara trató un proyecto que busca elevar la categoría del circo nacional para lograr su subsistencia como parte de la expresión cultural, dado que tiene un arraigo popular de más de 100 años y que se expresa en múltiples compañías que recorren los lugares más recónditos de nuestro país, a fin de llevar ese mensaje de alegría con el que muchos de los que están aquí crecieron y se sintieron interpretados.
Hemos hecho un recuento de las normas que permiten que expresiones artísticas como la circense, que se practica en Chile y que tiene alcances internacionales, tengan el debido reconocimiento.
Artistas chilenos, nacidos y formados en circos como Las Águilas Humanas y otros, recorren el mundo prestigiando a nuestro país. Por la indudable capacidad del circo chileno de transmitir cultura, que ha redundado en la firma de convenios con diversos ministerios para perfeccionarse profesional y artísticamente, es que hemos creído necesario que el reconocimiento a la tradición de la actividad circense se exprese como una efeméride el 2 de septiembre.
Hemos elegido esta fecha ya que en este día, durante los dos últimos años, en la plaza de la Constitución, se ha dado inicio formal a la temporada de circos, realzada con la presencia del intendente de Santiago, señor Marcelo Trivelli , y del ministro del Interior, señor Miguel Insulza.
Así como hemos aprobado tantos otros reconocimientos, considero que éste, aunque tardío, tiene pleno mérito.
Por lo expuesto, recomiendo a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo, a fin de solicitar al Ministerio de Educación que establezca en el calendario nacional de efemérides el 2 de septiembre como el “Día del Circo Chileno”.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, esta vez no estoy de acuerdo con mi colega y compañero de bancada, diputado Alejandro Navarro , porque creo que los circos tienen una deuda pendiente, y la seguirán teniendo mientras no den un trato adecuado y digno a los animales que explotan. En consecuencia, no me parece positivo que una actividad con este tipo de externalidad negativa tenga un día al año para ser celebrada.
No existe ni un solo circo nacional ni extranjero en el que se respeten los derechos de los animales. Instalaciones inadecuadas, ausencia de cuidados médicos veterinarios y evidente desnutrición hacen del cautiverio, desde el punto de vista de la protección de los animales, un acto inaceptable.
¿Ésa es la imagen que queremos dar a nuestros niños? ¿Ésa es la sociedad que se quiere construir? Esto no sólo lo digo yo, sino también múltiples organizaciones, nacionales e internacionales, de defensa de los derechos de los animales. De hecho, Animal Defenders International va a dar inicio a una campaña internacional, que comenzará en Chile, para que los circos no utilicen animales.
Estoy muy de acuerdo con que la actividad circense se desarrolle con payasos, con acróbatas o con gimnastas; pero generar alegría a partir del sufrimiento y del cautiverio de los animales, de seres vivos, me parece inaceptable.
Creo que nuestra sociedad ha avanzando lo suficiente como para entender que la dignidad de los animales debe ser objeto de preocupación moral y ética. Dicho sea de paso, como clase política también tenemos una deuda pendiente, en el sentido de que no hemos sido capaces de elaborar una ley de protección animal, pese a que casi todos los países del mundo la tienen.
Votaré en contra del proyecto de acuerdo, por cuanto no existe en el país una disposición que prohíba la utilización de animales en la industria circense.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, me sumo a lo señalado por el diputado Fulvio Rossi , con quien hemos trabajado desde hace mucho tiempo en el tema de la protección de los animales. Creo que ésta es una buena instancia para reafirmar la necesidad de legislar prontamente sobre esta materia, a fin de que los circos se sometan a una legislación con características similares a las que, respecto del tema, existen en todo el mundo.
Por lo expuesto, anuncio mi voto en contra del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Por no haberse reunido el quórum, queda pendiente la votación del proyecto para la próxima sesión.
VII.INCIDENTES
REGULACIÓN DE GASTOS MUNICIPALES EN SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, es excesivo el número de seminarios que realizan las municipalidades principalmente en La Serena, Arica y otras ciudades turísticas.
A raíz de una petición que hizo un colega, me informé que un funcionario ha asistido a seis seminarios en 2003. Además, hubo un tercer taller de capacitación sobre calidad de servicio, en La Serena; casi dos meses después, se hizo un quinto encuentro sobre esta materia, y el 25 de noviembre del año pasado se realizó el décimo taller sobre el tema. O sea, según mi información, que no es completa, hubo diez talleres de capacitación sobre ese asunto.
Por otra parte, acabo de recibir otra información detallada no he tenido tiempo para analizarla en profundidad sobre los seminarios desarrollados por la Subdere en el área municipal, en la que aparece una gran cantidad de fondos destinados a esos seminarios.
Por eso, es conveniente regular esa situación, porque en la primera información que recibí no se especifica el monto de los talleres realizados, pero en la que analizaré posteriormente aparecen seminarios y capacitaciones relacionados con la organización y el mejoramiento de la función en educación y salud por montos que van desde 2 millones hasta 80 millones de pesos. Estos encuentros de perfeccionamiento pueden ser muy beneficiosos, pero constituyen un gasto excesivo. En mi opinión, algunos municipios están canalizando recursos en capacitación, en circunstancias de que se necesitan para financiar las áreas social y educacional. Incluso, esto se presta para que se piense que los funcionarios no tienen la capacidad ni el conocimiento suficientes para desarrollar sus funciones normalmente, lo que me parece una aberración.
Asimismo, en el distrito que represento me ha tocado conocer algunas denuncias sobre la adulteración de boletas por parte de concejales que asisten a esos seminarios. De manera que esa práctica constituye, por decirlo de alguna manera, un foco de corrupción o de mala distribución de los ingresos municipales.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior, para que estudie la posibilidad de que el Gobierno envíe un proyecto de ley que regule los gastos que cada municipio puede hacer en esa materia. Incluso, he conocido algunos gastos de municipios no sólo por las visitas que hago a mi distrito, sino también por los documentos que llegan por correspondencia, que alcanzan a cifras verdaderamente astronómicas, lo que hace pensar que los recursos de las municipalidades están siendo muy mal invertidos, con lo cual se perjudica a la gente de esas comunas, que muchas veces desconoce la cuantía de estos gastos y quiénes son los ediles y concejales que se dedican a rectificar las boletas para recibir la devolución de gastos que no corresponde.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Zarko Luksic , Patricio Walker , José Miguel Ortiz y Leopoldo Sánchez.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
SOLUCIÓN A PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNA DE PUDAHUEL. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, en la comuna de Pudahuel existe un grave problema medioambiental desde hace mucho tiempo. Quienes viajamos a Santiago desde Valparaíso, sobre todo de noche, debemos soportar olores pestilentes durante largos kilómetros.
En pocos días más se realizará en nuestra capital la reunión del Foro Internacional de la Apec, que contará con la presencia de mandatarios de los países más importantes del mundo y que será cubierto por una gran cantidad de medios informativos. No obstante, nuestra carta de presentación para todos ellos será el olor pestilente que afecta a la comuna de Pudahuel.
La Intendencia de la Región Metropolitana, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios han sido sobrepasados en esta materia.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior, a fin de que se preocupe de esta grave situación que constituye una vergüenza nacional.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Antonieta Saa y del diputado señor Eugenio Tuma.
ATENTADO EN CONTRA DE LA SEDE DE DIPUTADA. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en los últimos días hemos conocido hechos de violencia política propios del lumpen. No se trata sólo de atentados en contra de las instalaciones de los partidos políticos, sino en contra de la vida de las personas.
La oficina parlamentaria de la diputada María Antonieta Saa , ubicada en Huechuraba, fue víctima de un atentado incendiario con consecuencias gravísimas, porque no sólo destruyó la sede y todos los archivos y registros de nuestra colega, sino que también creó pánico. A nuestro juicio, se trató de un acto terrorista que la bancada del Partido por la Democracia condena con toda sus fuerzas.
Expresamos nuestra solidaridad a nuestra colega y a los vecinos de la sede que se vieron sumamente afectados. Asimismo, expresamos nuestro deseo de que los tribunales de justicia persigan con éxito a los responsables de este acto, que enloda a la política y torna peligrosa la participación en actividades proselitistas.
El servicio público debe estar en un nivel que ennoblezca la actividad política. Cuando en esta actividad pública participan personas que cometen actos de violencia y de terrorismo, nos vemos afectados todos los que participamos en el servicio público.
En consecuencia, para terminar, quiero expresar mi solidaridad a la diputada María Antonieta Saa y mi condena a los hechos ocurridos.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará oficio a la señora diputada con las expresiones de solidaridad de su señoría. Cuenta con la adhesión de los diputados Cristián Leay , Víctor Barrueto , Carlos Montes, José Miguel Ortiz y los demás que así lo indican a la Mesa.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
VIOLENCIA EN CAMPAÑA MUNICIPAL. RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta, en primer lugar, me referiré a la intervención que acaba de hacer el diputado Eugenio Tuma , a quien le encuentro toda la razón cuando dice que ha habido un proceso creciente de violencia en las campañas municipales. Somos los primeros en lamentarlo.
Espero que los tribunales de justicia, que son los encargados de investigar los hechos y determinar las responsabilidades, aclaren lo sucedido en este caso y sancionen a los culpables. Sin embargo, hago un llamado a no sacar conclusiones apresuradas, con intereses políticos inmediatos, hasta que la justicia cumpla su cometido, pues los diputados hemos vivido amargas experiencias cuando se han hecho presunciones y adelantado comentarios antes de que la justicia resuelva un caso sometido a su conocimiento.
Por otra parte, lamento la constante tensión que las autoridades del país, empezando por el Presidente de la República, han introducido en esta elección. No se saca nada con llamar a la prudencia, como hizo ayer el ministro Secretario General de la Presidencia, si la propia autoridad no la aplica. En todo caso, estamos dispuesto a colaborar para que impere la prudencia, pero llamamos al Ejecutivo a no actuar como el padre Gatica , que predica, pero no practica.
En segundo lugar, hace una semana me referí a la situación que se está viviendo en la Región Metropolitana, donde el intendente se autoasignó según él por instrucción del Presidente de la República la facultad de fiscalizar las campañas electorales. Esta tarea siempre la había efectuado Carabineros, y lo había hecho bien, pues no había habido mayores inconvenientes y cuando se había vulnerado la ley, se habían cursado las denuncias correspondientes a los juzgados de policía local, que las habían conocido y resuelto oportunamente.
Lamentablemente, el señor intendente se autoasignó el rol de “fiscalizador supremo de las campañas en Santiago” y ha provocado un verdadero proceso de acoso y devastación de numerosas campañas, pues ha ordenado el retiro de sus elementos de propaganda.
La ley establece que cualquier persona puede fiscalizar el cumplimiento de las normas que rigen las campañas electorales. El intendente se ha valido de ese precepto para sostener que él fiscaliza en su condición de persona; sin embargo, acto seguido, en su condición de autoridad pública, ha enviado a la fuerza pública a retirar la propaganda.
Es así como personas que no conocemos, movilizados en numerosos camiones, con hojas de ruta que no sabemos quién ha establecido y con el auxilio de carabineros, se han dedicado a fiscalizar por su cuenta las campañas electorales de la Región Metropolitana.
Hablé con algunas autoridades de Carabineros que me señalaron que el intendente, en primera instancia, quería que dicha institución, con recursos propios, hiciera el descolgado y se llevara los letreros, las palomas; en definitiva, que cumpliera el rol de fiscalizador. Como Carabineros se negó, el intendente contrató, según se me informó, camiones particulares para que ejecutaran esa tarea, y al personal policial se le ordenó la custodia de dichos vehículos.
Toda esta situación, tan confusa, merece una explicación, y nosotros vamos a insistir en esa línea.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente de Santiago, a través del Ministerio del Interior, para que informe cuántos camiones contrató para el trabajo de fiscalizador del cumplimiento de la ley electoral que se autoasignó a partir del 1º de octubre; con qué recursos se contrataron los camiones; cuánto dinero se gastó; quién define los letreros que hay que retirar y los que quedan; quién establece la hoja de ruta del camión; frente a una situación especial que se produzca en terreno, quién decide si el letrero queda o no; en definitiva, quién está tomando las decisiones en Santiago sobre la propaganda electoral en una situación tal delicada y sensible que puede alterar el voto ciudadano en uno u otro sentido.
Para decirlo todo, quiero señalar que no sólo hay quejas de los comandos de la Alianza por Chile, sino también de otros, pertenecientes a la Concertación, que se han visto afectados lo han hablado conmigo por las atribuciones que el intendente de Santiago, a nuestro juicio en forma absolutamente ilegal, se autoasignó.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con el texto de su intervención, con la adhesión del diputado Carlos Hidalgo.
MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES EN COMUNAS DE LA QUINTA REGIÓN. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Hidalgo.
El señor HIDALGO.-
Señora Presidenta, en el distrito 15, que represento, que comprende las comunas de Casablanca, Algarrobo , El Quisco, El Tabo, Cartagena , San Antonio y Santo Domingo, hay una serie de caminos rurales secundarios en muy malas condiciones. La Dirección de Vialidad no puede hacer la mantención normal que realiza en los caminos rurales principales porque no están enrolados.
Por tanto, pido expresamente que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, enrole estos caminos. Especialmente, me preocupan los densamente poblados y transitados por la gente que tiene que salir hacia las ciudades principales o al pueblo, que se ven enfrentados a bastantes dificultades. He visto en terreno esta situación.
Me refiero, específicamente, en Santo Domingo, a los caminos San Enrique , Santa Blanca, Villa Convento de Rinconada y los de otras comunas como San José, el Yeco, Cajón de la Magdalena, de Cartagena, Lo Zárate y El Turco.
Es importante mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los caminos, si bien es cierto pueden no llevar pavimento por ser caminos secundarios y económicamente no es rentable hacerlo, desde el punto de vista social su reparación y mantención sí lo es.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, con copia a la Dirección de Vialidad, para que sean enrolados todos los caminos del distrito, especialmente los de zonas rurales como Santo Domingo, Algarrobo y una buena parte de El Tabo y de Cartagena, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La Dirección de Vialidad debe mantener esos caminos en forma constante y permanente.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión del diputado Samuel Venegas.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
FISCALIZACIÓN DE NORMAS LABORALES DE TRABAJADORES TEMPOREROS. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista y Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señora Presidenta, quiero plantear un tema bastante doloroso y muy preocupante por el contenido humano que encierra, el cual está circunscrito al trato vejatorio y a la humillación de que es víctima un importante número de mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar que trabajan como temporeras en la comuna de Casablanca. Allí se comete todo tipo de atropellos en su contra. No hay respeto a la jornada laboral ni a las condiciones sanitarias que deben existir para todo tipo de trabajadores; con mayor razón si se trata de mujeres que están asumiendo un rol distinto al histórico con el fin de generar los recursos que sus familias necesitan para la subsistencia.
En esa zona, muchas empresas de gran capacidad económica, tanto nacionales como con capitales extranjeros, han creado en dicha comuna un importante desarrollo vitivinícola, pero todo desarrollo tiene rentabilidad en la medida en que invierten menos en quienes más deben invertir: los trabajadores; en este caso, mujeres temporeras. No tienen un trabajo estable, ni siquiera están contratadas por el mes. Muchas veces lo hacen a trato, con exigencias extremadamente fuertes en la labor que deben ejecutar y en condiciones sanitarias deplorables. Cuando han aplicado fumigaciones para combatir determinadas plagas, ellas deben quedarse trabajando en ese ambiente tóxico. Además, no hay colaciones; deben interrumpir su labor para consumir una colación que ellas mismas deben proveerse. Tampoco se cumple con los descuentos previsionales que deben ser enterados en las respectivas AFP o al INP.
En fin, hay muchas violaciones e incumplimiento con las normas laborales; por lo tanto, es necesario que los inspectores del trabajo que aun se encuentran en huelga, seguramente por falta de reconocimiento a su labor, en cuanto se resuelvan sus problemas, se constituyan por unos 15 días en la comuna de Casablanca para que hagan respetar los derechos de los trabajadores, ya que hay una vejación a la dignidad humana, sobre todo a la mujer, que es lo más doloroso.
Por tanto, pido que se oficie a la directora nacional del Trabajo para que instruya a la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, con el fin de que denuncie las infracciones a las normas del trabajo, específicamente en el caso de las temporeras. Además, para que informe acerca de sus remuneraciones y del estado en que se encuentran las cotizaciones previsionales y muy especialmente en qué forma se considera el trabajo cuando sus trabajadoras no son directamente contratadas por la empresa, sino a través de arrendadores de trabajadoras. Es muy doloroso que exista este tipo de explotación y que después no sea habido el responsable de tales actos. Muchas veces esas personas no son de la zona, sino de otros lugares, pero vienen a arrendar gente a consorcios de gran capacidad económica. Por lo tanto, ellos deben cumplir en forma directa con estas trabajadoras que les permiten importantísimos resultados económicos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Abel Jarpa , Rodrigo González , Juan Masferrer , y de la diputada señora Rosa González.
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN HOSPITALES DE CHILLÁN Y SAN CARLOS. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, deseo expresar mi satisfacción porque hace un par de horas se inauguró la tercera etapa del proyecto de normalización del hospital Herminda Martín, de Chillán, que incluye la unidad de neuropsiquiatría y el mejoramiento del servicio de urgencia.
En pocos días más, en San Carlos se inaugurará la segunda etapa de normalización del hospital de San Carlos, que es del tipo 2.
La inversión en la tercera etapa del hospital Herminda Martín , de Chillán, alcanza a 1.219 millones de pesos. Hoy se entregó la unidad de neuropsiquiatría, cuya infraestructura y equipamiento costó 782 millones de pesos, y la unidad de emergencia, con un costo de 437 millones de pesos.
La segunda etapa del hospital de San Carlos tiene un costo de 2.232 millones de pesos, y su equipamiento 510 millones de pesos, lo que hace un total de 2.742 millones de pesos. En otras palabras, estas dos obras incluyen fondos por casi 4 mil millones de pesos.
El 18 de junio de 1998, en una intervención en esta Sala, señalé la necesidad de que la ciudad de Chillán y la provincia de Ñuble, con más de 400 mil habitantes, contaran con una unidad de neuropsiquiatría, ya que muchos casos eran atendidos en los servicios de medicina. En esa oportunidad, expresé que al no contar con esa unidad se entorpecía la atención de los servicios de urgencia, medicina, y se afectaba la atención en general. Pero lo más grave, era que esa situación infundía temor en las familias, lo que se transformaba en un problema de seguridad ciudadana. Terminé solicitando un oficio al ministro de salud de la época, a fin de que se entregaran los aportes para ese proyecto.
La respuesta al oficio la recibí en octubre de 1998, en la cual se manifestaba que los fondos se cargarían al presupuesto de 1999 y que se buscaría la fórmula para suscribir un convenio de programación.
En una nueva intervención, de 3 de octubre de 2000, señalé que ya se habían destinado 9 mil millones de pesos para la ejecución de estas obras y que se esperaba contar con un convenio de programación. En esa ocasión, pedí que se oficiara nuevamente al intendente de la Región del Biobío y al ministro de Salud, con el objeto de lograr la concreción del convenio de programación en salud.
Felizmente, en enero de 2001, como resultado de las gestiones del ministro y del intendente mencionado, y con la presencia del diputado José Miguel Ortiz , se concretó este importante convenio por más de 45 mil millones de pesos y, además, se dejaron expresamente señaladas las obras que se ejecutarían en el área de salud en la Región del Biobío, entre ellas, la tercera etapa del hospital Herminda Martín , de Chillán, y la segunda etapa del hospital San Carlos , además de otras importantes obras en nuestra provincia y en la Región del Biobío.
Una vez más, mis funciones parlamentarias me impidieron estar presente en la entrega de estas importantes obras a las comunidades de Chillán y la provincia de Ñuble, las cuales les significarán tranquilidad y una mejor atención en salud.
Solicito que se oficie al ministro de Salud y al intendente de la Región del Biobío, con el objeto de que hagan llegar a los consejeros regionales nuestras felicitaciones y satisfacción por la importante gestión realizada en virtud de estos convenios de programación, los cuales se concretarán en obras tan importantes y necesarias como la unidad de neuropsiquiatría y el mejoramiento del servicio de urgencia del hospital Herminda Martín y la segunda etapa del hospital de San Carlos. De esta forma se está cumpliendo con la red asistencial, que no tiene otro objeto que dar satisfacción a los anhelos de nuestra comunidad y al objetivo del Gobierno, en el sentido de que todos los chilenos puedan acceder a un buen sistema de salud.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados José Miguel Ortiz , Samuel Venegas y Rodrigo González.
RECHAZO A ACTITUD DE DIPUTADO ESPINOZA . Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, reconozco la actitud del diputado señor Jarpa en su reciente intervención, quien además de señalar claramente la importancia de las obras inauguradas en el distrito que representa en la Cámara de Diputados, lamentó no haber podido participar en esos actos por estar cumpliendo con sus labores legislativas en el Congreso Nacional.
Me parece digno destacar que la responsabilidad primera de los diputados es cumplir con sus obligaciones en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, mi intervención tiene el propósito de destacar la actitud de otro diputado, completamente contraria a la del diputado señor Jarpa.
Ayer, el diputado señor Fidel Espinoza , quien al igual que yo representa el distrito Nº 56, me solicitó presidir, en su reemplazo, la Comisión investigadora sobre la tala ilegal del alerce que sesionaría hoy en la mañana, debido a que tenía compromisos importantes en Santiago que le impedían asistir a la Cámara. Cumplí con dicha petición, pero esta mañana fui informado de que el diputado señor Espinoza no estaba en Santiago, sino que había regresado al distrito para asistir a una ceremonia de entrega de cincuenta y seis subsidios rurales y de títulos de dominio para pobladores de la comuna de Los Muermos, la cual fue organizada entre gallos y medianoche y que, además, contó con la participación de la gobernadora provincial, de los concejales y del candidato a alcalde de la Concertación por esa comuna. Junto con resaltar los beneficios que se estaban entregando a esos pobladores, en los discursos se hizo un llamado abierto para votar por el candidato de la Concertación que se encontraba presente.
Me parece que esto representa no sólo un acto de intervención electoral de parte de la autoridad de gobierno, a los cuales nos hemos acostumbrado en estos últimos días de campaña, sino una deslealtad de un colega parlamentario, pues sobre la base de mentiras trató de desviar la atención respecto de dónde se encontraría hoy, para que no se supiera que participaría en la ceremonia organizada por las autoridades locales de la Concertación. Junto con ser un acto de intervención electoral inaceptable, estas actitudes no ayudan a la Concertación a ganar las próximas elecciones. La gente tiene claro que estos actos de intervensionismo electoral están desgastados y agotados, pero creo que como parlamentarios debemos descartar ese tipo de actitudes.
Las autoridades que no pertenecemos a la Concertación no sólo no fuimos invitadas a dicho acto, sino que, además, no fuimos informadas de que se llevaría a cabo. No olvidemos que se están entregando beneficios financiados con recursos públicos recaudados de los impuestos que pagan todos los chilenos, de manera que tanto la gobernadora provincial como las autoridades del Serviu local no debieron prestarse para una intervención de esta naturaleza.
Por lo anterior, pido que se envíe copia de mi intervención al Presidente de la República, al ministro del Interior y a la ministra de Vivienda y Bienes Nacionales.
Asimismo, solicito que se oficie al ministro del Interior, con el objeto de que nos informe de qué manera fue organizada esta ceremonia, con qué recursos la gobernadora concurrió hasta la comuna de Los Muermos para participar en este acto, y al director del Serviu de la Décima Región, con el propósito de que nos informe cuándo se organizó dicha ceremonia y por qué no fueron avisadas ni invitadas las autoridades públicas del distrito que no pertenecen a la Concertación.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Javier Hernández ; de la diputada señora Rosa González , y de los diputados señores Juan Masferrer , Alejandro García-Huidobro y Jaime Mulet.
REACCIONES EN BOLIVIA CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD DE 1904. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, hoy todos los medios de comunicación bolivianos se refieren a los problemas con nuestro país. No me cabe duda de que esta situación pasará en dos o tres días, pero no podemos dejar de abordar el tema en el Congreso Nacional.
La fecha es muy significativa para Bolivia, porque se cumplen cien años de la entrada en vigencia del Tratado de 1904, que fijó los límites entre ambos países.
Al presidente Carlos Mesa le reporta muchos dividendos mantener una posición beligerante hacia Chile. Respecto de su anuncio de alzar los impuestos aduaneros, la información surgió de medios periodísticos, luego de sostener una reunión con transportistas y empresarios bolivianos. Pero, debo aclarar que no existe ningún proyecto para tal efecto.
Si Bolivia alzara las tarifas aduaneras para los productos en tránsito, desde y hacia puertos chilenos, tal medida, primero, sería contraria al espíritu del acuerdo general de tarifas y complementación económica suscrito entre ambos países y, segundo, también sería contraria a lo acordado en el marco de la Aladi.
Respaldo lo señalado por el canciller, señor Ignacio Walker , en cuanto a que Chile ejercerá todas las acciones legales que correspondan si Bolivia concreta tal medida, pues se generaría un conflicto no sólo con Chile, sino también con terceros países, como Brasil y Paraguay, que transportan productos por Bolivia hacia y desde el puerto chileno.
Bolivia considera que el puerto de Arica fue privatizado. Pero no es así, pues sigue siendo de propiedad estatal. Lo que existe es una concesión. Por otra parte, ese puerto requiere de una inversión de 20 millones de dólares para su modernización. En todo caso, el contrato de concesión respeta todas las cláusulas del Tratado de 1904.
En reiteradas oportunidades he sostenido en esta Sala que el Gobierno y los parlamentarios deben preocuparse por mantener las mejores relaciones con nuestros vecinos. Los ariqueños sabemos lo que significa convivir con nuestros hermanos bolivianos y peruanos. Tanto en La Paz como en Lima deberíamos tener consulados con una adecuada dotación de personal, y no sólo con un cónsul y un secretario. Debemos mantener relaciones que no sean tan impersonales como los contratos.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de que el consulado de Bolivia disponga de todo el personal necesario, a fin de mantener las mejores relaciones con ese país.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, quiero saludar a los integrantes del taller laboral “Renacer”, de Los Quillayes, de la comuna de Rancagua, que se encuentran en las tribunas en visita al Congreso Nacional.
Aplausos.
INTERVENCIÓN DEL INTENDENTE DE LA SEXTA REGIÓN EN INAUGURACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, ayer, la comunidad de Las Cabras, que me honro en representar en el Congreso Nacional, recibió la visita del intendente, que en estas comunas es siempre bien valorada, más aun cuando es acompañado por el gobierno regional, los secretarios regionales ministeriales y los directores de servicios, sobre todo porque constituye una ocasión para escuchar las inquietudes y las grandes necesidades de sus habitantes.
Quiero dejar constancia de que lamentablemente el intendente abusó de su cargo al inaugurar dos obras muy valiosas y necesarias para la comunidad: la escuela municipal República de Grecia, en la localidad de Llallauquén, y la Octava Posta de Urgencia, creada por el municipio en Cocalán. El intendente no respetó la autonomía municipal y ordenó al alcalde subrogante abrir estas dependencias para su inauguración. El alcalde estaba molesto porque no se consultó su parecer al respecto, sino que se le impuso.
Estuve presente en la ceremonia, pero debo señalar que, a mi juicio, no revistió la dignidad que amerita la inauguración de obras que se hacen con plata de todos los chilenos. Todos debemos respetar la autonomía municipal, más allá de quién ejerza el cargo de alcalde. Imponer algo por la fuerza, me parece mal, no es un buen camino. A mi juicio, el intendente se sacó mala nota.
La comunidad de Cocalán agradeció la posta, porque acerca más la salud a la gente y solicitó mayor recursos para la compra de medicamentos.
Soy miembro de la Comisión de Salud de la Cámara y desde hace mucho tiempo vengo diciendo que con los 1.048 pesos que entrega el Gobierno es difícil dar salud a un habitante de la comuna. Lo ínfimo del per cápita debería avergonzarnos, sobre todo tratándose de comunas rurales con población muy dispersa como las que también representa su señoría, donde no hay hospital. Trasladar un enfermo al centro asistencial más cercano cuesta 30 ó 40 mil pesos y tiene que hacerlo la municipalidad, con 1.048 pesos. ¡Vergonzoso! El país así no avanza; no somos justos, no somos solidarios con la gente que sufre, que tiene dolor.
El ministro ha anunciado un aumento del per cápita para la salud municipalizada. Espero que se concrete. Estaremos muy atentos cuando el próximo mes se discuta el proyecto de ley de Presupuestos.
En la misma visita, el señor intendente, con una comitiva superior a cuarenta personas, se regaló mucha plata e hizo varios anuncios. Por ejemplo, la pavimentación de caminos, lo que es bueno para la gente que trabaja la tierra y necesita trasladar lo que ha producido. Mil setecientos millones para pavimentar el camino que une la cuesta de Quilicura que he venido solicitando hace mucho tiempo, con la carretera de la Fruta, pasando por esa misma localidad, por La Cebada y Los Aromos. Me parece importante y valioso este anuncio, y espero que se materialice porque como estamos cerca de elecciones, se ofrece mucho.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al intendente, a fin de que queden por escrito estos anuncios que se harán realidad, según lo expresado, el 2005 y 2006, por cuanto se harán en dos etapas.
En la misma reunión, firmó una carta compromiso ante los pobladores para la construcción de una planta de tratamiento en el sector de Santa Inés para el comité de vivienda Inés de Suárez. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Era lo que venía pidiendo este Comité, que tiene subsidio, pero para la construcción de las casas faltaba esta planta de tratamiento. La gente quedó muy feliz. Todos quedamos contentos, pero, ¿se cumplirá lo anunciado?
Por lo tanto, también pido que se oficie al intendente y al ministro, a fin de que en la Cámara quede constancia de que se va a hacer, que se va a respetar la palabra entregada voluntariamente a los pobladores. No vaya a ser que cuando pierdan la elección nada de esto se haga.
Al mismo tiempo era una danza de millones, se entregaron instrumentos para la banda escolar municipal que se exhibieron en el salón: cornetas, trompetas e instrumentos de percusión. En su intervención, dijo: “Esto me lo ha pedido la candidata de la Concertación a alcaldesa. Por lo tanto, como yo manejo plata del ítem 77, regalo, entrego para que los niños tengan en qué ocupar su tiempo libre.” Me parece maravilloso, pero mal que en visitas previas a las elecciones se haga este tipo de alusión. Los intendentes tienen la facultad, manejan mucha plata, más de 800 millones de pesos de libre disposición, por lo menos en la Sexta Región; pero usan y abusan estos recursos que son de todos los chilenos para expresar, en esta oportunidad, que determinados candidatos a concejal y a alcalde son los únicos que piden estos beneficios.
Por eso, pido que se oficie al señor intendente, a fin de que ponga por escrito lo que ha manifestado y que hago presente en la Sala, con el objeto de que tengamos la certeza de que cualesquiera que sean las circunstancias deberían ejecutarse tanto la pavimentación indicada como la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para los queridos habitantes del comité Inés de Suárez, del sector de Santa Inés, comuna de Las Cabras.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión del diputado señor García-Huidobro.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.01 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.