Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- REGULACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Proposiciones de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Mario Varela Herrera
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- DEBATE
- FACULTADES A UNIVERSIDADES ESTATALES EN MATERIAS FINANCIERAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Kast Rist
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- German Becker Alvear
- Sergio Correa De La Cerda
- Jose Antonio Kast Rist
- Manuel Rojas Molina
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alejandro Navarro Brain
- INDICACIÓN
- REGULACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Proposiciones de la Comisión Mixta.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 9ª, en martes 19 de octubre de 2004
(Especial, de 17.37 a 19.29 horas)Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo Ojeda Uribe, don Sergio
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V.Tabla.
Regulación de casinos de juego y salas de bingo. Proposiciones de la
Comisión Mixta7
Facultades a universidades estatales en materias financieras. Primer trámite constitucional13
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo. (boletín N° 236123)35
2.Moción del diputado señor Errázuriz que modifica el artículo 688 del
Código Civil (boletín N° 370707)61
3.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. (boletín N° 285304)62
Oficios de la Excma. Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
4.Sobre limitación de cláusulas abusivas en los contratos educacionales.
(boletín N° 366803)72
5.Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 30 de mayo de 2002, del
Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones
alimenticias, tendientes a cambiar el procedimiento relativo al cobro de pensiones alimenticias y establece su registro en el Boletín Comercial.
(boletín N° 365618)74
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Concurrió, también, el senador señor Juan Antonio Coloma.
Asistió, además, el ministro de Educación Pública, don Sergio Bitar.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 17.37 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente).-
El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 4ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.
La Mesa saluda y da la bienvenida a la delegación del país vasco encabezada por el señor Gonzalo Sáenz de Samaniego , consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, y al jefe de Gabinete, don Luis Javier Tellería .
V. TABLA
REGULACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Proposiciones de la Comisión Mixta.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde ocuparse de la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 2361-23. Documentos de la Cuenta Nº 1, de esta sesión.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, entre la Cámara y el Senado se suscitaron tres o cuatro discrepancias sustanciales. El Ejecutivo envió, para resolverlas, sendas proposiciones las cuales fueron aceptadas por la Comisión Mixta.
La primera discrepancia se refiere al artículo 16, en relación con el número de casinos y su distribución en el territorio. El Senado establecía un límite de veinticuatro casinos, dos por cada región; en cambio, la Cámara fijaba un máximo de veinticinco casinos, desde uno hasta tres por región.
En la Comisión Mixta se hizo una mixtura de ambos criterios. Se fijó un máximo de veinticuatro casinos distribuidos como lo proponía la Cámara, es decir, a lo menos uno por región con un tope de hasta tres, lo que permitirá flexibilizar su instalación de acuerdo con la realidad de cada una. Además, se estableció una distancia mínima de setenta kilómetros entre un casino y otro, con lo cual se protegen las importantes inversiones que representan su instalación y se da la posibilidad a las zonas de contar con ellos, si hay interesados en hacerlas.
La segunda discrepancia se relacionaba con el artículo 38, que se refiere al Consejo Resolutivo y a un tema que usted, señor Presidente, y otros diputados plantearon respecto de la incorporación de gente de regiones en su integración. Se estimó que al prohibirse por ley la existencia de casinos en la Región Metropolitana no tenía mucho sentido incorporar representantes de regiones. Además, como los casinos se instalarían en regiones, la existencia de miembros de regiones en el Consejo Resolutivo, podría provocar problemas de intereses entre algunos sectores interesados con instalarlos. Las autoridades que forman el Consejo Resolutivo son autoridades nacionales y no de la Región Metropolitana: subsecretarios de Hacienda y de Desarrollo Regional, superintendente de Valores y Seguros, director del Sernatur, y se incorpora, tal como figuraba, el intendente de la región respectiva donde se evalúa el proyecto, más dos representantes del Presidente de la República nombrados con el acuerdo de los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio, quórum que se cambió por la mayoría simple.
La tercera discrepancia dice relación con el artículo 60, que señala que los recursos que se recaudan por la aplicación del impuesto del 20 por ciento de los ingresos brutos que obtengan las sociedades operadoras de casinos de juego se repartirán: 50 por ciento para el municipio y 50 por ciento para el gobierno regional, porcentaje que será distribuido con los criterios que establece la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional.
Esta norma quedó exactamente igual, porque, al parecer, en las intervenciones de la Sala hubo un error de interpretación de asignación de impuestos, cuestión que no figura acá.
Posteriormente, el Ejecutivo propuso incorporar la siguiente letra a), nueva, en el artículo 63:
“a) Sólo podrán concederse hasta diez autorizaciones, para igual número de naves.”
Fue rechazada por unanimidad en la Comisión Mixta.
Finalmente, deseo destacar dos cosas: una, que se haya entendido que las disposiciones relacionadas con la limitación a la instalación de casinos no regirán en el caso de Arica, ciudad que cuenta con una norma de carácter especial que la faculta para que cualquier hotel con más de ochenta habitaciones pueda tener casino. Eso seguirá tal cual en Arica, sin que los casinos que funcionan en hoteles sean imputados al número global de 24 casinos que se establece en la iniciativa. Sin embargo, todos los casinos de Arica deberán regirse por las normas de fiscalización que la ley en proyecto establece.
La otra, que el segundo llamado no el primero, el cual, de conformidad con los plazos establecidos, debería ser en mayo o junio de 2005, en lugar de ser en 2006, sea en 2007, porque los plazos del primer llamado serán más largos por las necesidades de adecuación, debido a la instalación de la nueva institucionalidad.
Todas estas proposiciones fueron aprobadas por unanimidad.
En consecuencia, sugiero a la Sala aprobar por unanimidad y en su totalidad las proposiciones de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Varela .
El señor VARELA.-
Señor Presidente, deseo referirme a dos aspectos que resolvió la Comisión Mixta en la mañana de hoy.
El primero dice relación con el marco jurídico establecido para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de casinos. Se reconoce, a través de la flexibilización incorporada, que hay regiones que tienen mayor potencial de desarrollo turístico. Por lo tanto, se fija en 24 el número de casinos como una cuota global para el país, pero se permite, gracias a la aprobación unánime en la Comisión Mixta, que se puedan generar desde uno, como base, hasta tres casinos por región, materia que determinará el Consejo Resolutivo.
Creo que con el criterio de flexibilización que se aprobó hoy en la mañana en la Comisión Mixta respecto de la cantidad de casinos a la que podrán aspirar las regiones, permitirá que sean el mercado y el interés del inversionista los que determinen en qué lugar se instalarán aquéllos.
El artículo respectivo fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta.
El segundo aspecto al que quiero referirme dice relación con salvaguardar lo establecido en la ley Arica, norma de carácter especial que claramente persigue como objetivo que esa zona pueda desarrollarse turísticamente.
El proyecto establece expresamente una norma según la cual la ley Arica mantiene absoluta vigencia, en términos de los casinos que allí se podrán instalar, claro está, cumpliendo el requisito de la inversión asociada. En efecto, dicha ciudad no estará sujeta al régimen general, que establece que en cada región se podrá instalar de uno a tres casinos, pero sí deberá sujetarse a la normativa general para su instalación.
Creo que ésta es una potente señal exclusivamente para esa ciudad de la Primera Región, en términos de reconocer la validez que tiene la ley Arica, a través de la mantención de las garantías que ésta otorga.
Creo que esta norma, también aprobada por unanimidad en la Comisión Mixta, es importante.
Considero que los dos criterios aquí enunciados permiten terminar, después de ocho años de tramitación, con un muy buen proyecto, la mayoría de cuyos artículos fueron aprobados por la unanimidad de la Comisión Mixta.
Creo que estamos ante una muy buena iniciativa legal. De manera que si no hay más opiniones de parte de otros miembros de la Comisión, deberíamos votar sus proposiciones.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Becker .
El señor BECKER.-
Señor Presidente, deseo reafirmar que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente todos los puntos que aprobamos por unanimidad en la Comisión Mixta.
Finalmente, se aprobó el artículo 16, que era el más controvertido, tal como lo estableció la Cámara de Diputados. Sólo se bajó de 25 a 24 casinos a nivel nacional. En todo caso, será de manera flexible y cada región tendrá los casinos que los inversionistas decidan instalar.
El tema de la distancia entre casinos, que se agregó en la Comisión Mixta, también es muy importante, porque permitirá que los inversionistas tengan la garantía de que no se va a instalar otro casino en la misma ciudad, por lo que las inversiones podrán ser mayores.
El artículo 60, referido a la distribución de los recursos que se recauden por aplicación del impuesto, que establece que un 50 por ciento se destinará a la municipalidad correspondiente y el otro 50 por ciento al gobierno regional, se había rechazado en la Cámara de Diputados. Debo señalar que en esa oportunidad algunos diputados votaron en contra de él porque querían más recursos para los municipios y otros porque aspiraban a que se destinaran más para las regiones. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Mixta es bastante sabia y razonable.
En cuanto al Consejo Resolutivo, al final se aprobó por unanimidad que el texto quedara prácticamente como lo había presentado el Ejecutivo.
Después de todos los trámites, la ley en proyecto ha quedado bastante buena y permitirá que se instalen casinos de envergadura en lugares turísticos, constituyendo un verdadero impulso para el desarrollo de las regiones.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, en este trámite, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto del artículo 16 del proyecto, por los mismos fundamentos expresados durante la discusión en su primer trámite constitucional.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señor diputado, efectivamente, usted también hizo presente su reserva de constitucionalidad en el primer trámite, al igual que ahora.
Se toma nota de su punto de Reglamento.
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Ejecutivo y a quienes integraron la Comisión Mixta por haber discutido el proyecto en forma tan rápida, puesto que habíamos aprobado el proyecto durante la semana pasada. Ahora se ha llegado a un acuerdo que da tranquilidad a todos los sectores.
Me parece conveniente que se haya acogido el criterio de la Cámara de Diputados en cuanto al piso y al techo en el número de casinos, en el sentido de aprobar uno como mínimo y tres como máximo por región. Ahora, entre un total de 24 ó 25 casinos, hubiera preferido la segunda cifra. De acuerdo con nuestras declaraciones anteriores, nos parece que la situación es diferente en cada región; sin embargo, la posibilidad de contar con un piso y con un techo le dará al Consejo Resolutivo cierta flexibilidad para resolver la instalación de casinos, de acuerdo con los diferentes proyectos que se presenten.
También es muy importante que dicho consejo quede integrado tal como se había señalado. En su oportunidad había votado favorablemente el artículo correspondiente, porque creo que el hecho de que el respectivo intendente integre el Consejo Resolutivo ya garantizaba la representación de la región.
Además, nos parece de justicia que los fondos que se recauden por la vía impositiva se repartan en la forma que ha quedado definida: 50 por ciento para la municipalidad y 50 por ciento para el gobierno regional.
Después de más de cinco años, por fin el país va a contar con una ley marco sobre casinos de juego. Espero que esta ley y la creación de la Superintendencia de Casinos de Juego logren compatibilizar esta actividad con los temas turísticos, en el entendido de que es una de las herramientas que permitirá más crecimiento y desarrollo en nuestras regiones y generar mayor cantidad de empleos.
Es necesario dejar constancia de que la Superintendencia de Casinos de Juegos se preocupará de controlar todos los juegos de azar en nuestro país.
Reitero mis felicitaciones a quienes integraron la Comisión Mixta, al Ejecutivo y especialmente a la subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Adriana Delpiano , puesto que muy pronto podremos contar con una ley marco de casinos.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado señor Carlos Hidalgo .
El señor HIDALGO.-
Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional apoyará la proposición de la Comisión Mixta. Como dije la semana pasada, nos preocupaba el artículo 16, relativo al número de casinos por regiones y a la cláusula radial, que finalmente quedó en 70 kilómetros.
En el caso del distrito Nº 15, de San Antonio, que comprende las comunas de Casablanca, Cartagena , Santo Domingo, El Quisco, etcétera, específicamente desde Algarrobo hay unos 72 kilómetros respecto de Viña del Mar, así es que, desde el punto de vista de la inversión y una vez promulgada la ley, en un par de años tendrá lo que necesita una zona costera que se precia de ser uno de los lugares donde los habitantes de la Región Metropolitana van a descansar, especialmente en verano.
Estamos muy contentos con la iniciativa, de manera que nuestra bancada votará favorablemente la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, la bancada del Partido por la Democracia también está satisfecha con el informe de la Comisión Mixta. Ha sido tanto el interés manifestado por cada diputado que ha hecho uso de la palabra que pareciera que hubieran intervenido muy cercanamente en la elaboración del proyecto. Quien habla también expresa lo mismo y la satisfacción por su aprobación tan rápida en la Comisión Mixta.
Lamentaríamos que la reserva de constitucionalidad expresada por el diputado señor Edgardo Riveros fuera tema de cuestionamiento de la aprobación del proyecto. Espero que no, pues tengo entendido que se ha hecho en la forma más legal incluso desde el momento que llegó a la Comisión Mixta.
El Partido por la Democracia está satisfecho porque se ha dado una respuesta importante a la Décima Región de Los Lagos, quizás, una de las que tenía mayores interrogantes y problemas por las aprobaciones primarias tanto de las comisiones como de la Sala de la Cámara de Diputados y, posteriormente, del Senado. Tener un mínimo de un casino y llegar a tres era lo que siempre se trató de difundir en el ánimo de los diferentes parlamentarios para lograr que así fuera.
Actualmente, tenemos total claridad y estamos felices de poder decir que en la Décima Región de Los Lagos, con toda seguridad y muy pronto, tendremos casinos en Valdivia, en Osorno y la continuidad del casino de Puerto Varas.
Estamos satisfechos por la rapidez en la elaboración del informe pertinente de las distintas comisiones y porque la Comisión Mixta no tardó más de una semana para lograr el acuerdo.
En consecuencia, votaremos favorablemente la proposición.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, en la Comisión Mixta llegamos a un acuerdo sobre un proyecto que ha sido objeto de un largo debate. Las primeras iniciativas en esta materia correspondieron a integrantes de esta bancada. En su tiempo, el diputado señor Isidoro Tohá planteó la necesidad de abrir un debate sobre la creación de nuevos casinos y, posteriormente, el Ejecutivo hizo suya varias iniciativas. Ahora, estamos culminando ese proceso.
En esta iniciativa se propone establecer un piso mínimo para las regiones, pero, a la vez, reconocer que entre ellas existen diversas realidades. La Comisión Mixta acogió esa idea y señaló que algunas regiones pueden tener más casinos que otras, en el espíritu de que sean un instrumento de desarrollo turístico y territorial.
Quiero hacer una aclaración, para la historia de la ley, ante una reserva de constitucionalidad hecha por un señor diputado. Debemos recordar que en la reforma constitucional al numeral 20º del artículo 19 de la Carta Fundamental, se reemplazó el inciso final, por iniciativa de la senadora señora Carmen Frei y del senador señor Ricardo Núñez , que dice: “Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale éste es el caso, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.” Ello explica la forma en que se propone distribuir los recursos. Por lo tanto, quiero dejar claro que la redacción aprobada por la Comisión Mixta es absolutamente constitucional.
Lamento que en la distribución de los recursos, sobre la base de este mecanismo de desarrollo regional, no se haya dado preferencia como fue propuesto por varios colegas de esta bancada a los adultos mayores y a los discapacitados. Confiamos en que las autoridades regionales los tomarán en cuenta al momento de distribuir estos recursos adicionales.
Anuncio nuestro voto favorable a la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, no puedo dejar de expresar mi alegría por el artículo nuevo incorporado por la Comisión Mixta, en virtud del cual se mantiene la vigencia de la ley Arica tal como fue promulgada. Ello permitirá que en esa zona, tremendamente deprimida, se puedan construir todos los casinos que se estime conveniente, a lo cual se sumarán sus ventajas tributarias.
No me cabe la menor duda de que esa lejana ciudad fronteriza, que hemos tenido tan olvidada, con esta futura ley y con la llegada de inversionistas nuevos, en un tiempo muy breve surgirá esplendorosamente.
Por lo expuesto, sugiero a la Sala que vote a favor la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación la proposición de la Comisión Mixta. Recuerdo que se requieren 66 votos para su aprobación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobada.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Bertolino , Bustos , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , GarcíaHuidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgol , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Kuschel , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Meza , Montes, Moreira , Muñoz (don Pedro) , Muñoz ( doña Adriana) , Ojeda , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Quintana , Recondo , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Caraball ( doña Eliana) , Olivares y Seguel .
FACULTADES A UNIVERSIDADES ESTATALES EN MATERIAS FINANCIERAS. Primer trámite constitucional.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Iván Paredes .
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 3502-04, sesión 76ª, en 20 de abril de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informes de las Comisiones de Educación y de Hacienda, sesión 1ª, en 5 de octubre de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs 20 y 21, respectivamente.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación cumplo con informar, en primer trámite reglamentario y primero constitucional, sobre el proyecto que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.
Durante su discusión fueron escuchados el ministro de Educación, el contralor General de la República, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales, el secretario del Consejo de Rectores y los rectores de la Universidad de Chile, de la Universidad de Talca, de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad de Tarapacá, de la Universidad de Antofagasta, y la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, entre otros.
Antecedentes del mensaje.
Para el Gobierno, este proyecto se enmarca en la idea de que las instituciones de educación superior y, en especial las universidades públicas, enfrentan nuevos desafíos y requerimientos. Estos derivan de factores internos, como la creación de nuevas instituciones y carreras, la heterogeneidad de instituciones y su calidad, así como la diversidad de grupos que acceden a la enseñanza superior. Por otra parte, hay desafíos derivados de factores externos al sistema, como la rapidez del cambio tecnológico, la internacionalización, el aumento de la información disponible y la dinámica social.
Por ello, a juicio del Ejecutivo, las universidades públicas requieren de un proceso de renovación y modernización que debe ser asumido tanto desde las propias instituciones como desde el Gobierno en lo que se refiere a las políticas públicas de fomento de este nivel.
Objetivos, contenido e ideas matrices del proyecto.
La iniciativa legal en informe tiene por objeto conferir a las universidades estatales instrumentos jurídicos flexibles que las faculten para prestar un servicio educacional de excelencia de cara al mundo moderno. Lo anterior permite que las universidades estatales mejoren su eficiencia en el contexto de la competencia que existe en el sistema de educación superior, con instituciones de carácter privado, cuya gestión no está sometida a las restricciones que la ley impone a las casas de estudio de que aquí se trata.
Para alcanzar esos objetivos, es necesario, según lo estima el Ejecutivo, agilizar los procedimientos de toma de decisiones en las universidades estatales, sin prescindir del principio de responsabilidad de la gestión e implementando sistemas de control y fiscalización adecuados y de carácter independiente.
Para este efecto, el proyecto consulta los siguientes mecanismos:
El artículo 1º ratifica la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, pero establece como norma general el control a posteriori. Los actos y los contratos celebrados por las universidades estatales quedarán exentos del trámite de toma de razón, correspondiendo a la Contraloría determinar las modalidades de fiscalización expost, en conformidad con su ley orgánica.
Sin perjuicio de ello, se establece que sus actos y contratos quedarán afectos al trámite de registro.
El artículo 2º autoriza a las universidades estatales, por un plazo de dos años, para contratar empréstitos cuyo vencimiento exceda el término de duración del respectivo período presidencial, con el objeto de que dichas casas de estudio puedan reestructurar su pasivo financiero existente al 31 de diciembre de 2003, con la limitante que el plazo del servicio de la deuda no podrá exceder de veinte años y la obligación de llamar a propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán los empréstitos.
La normativa aplicable a las instituciones estatales de educación superior establece que ellas están obligadas a publicar su presupuesto anual y el balance de ejecución presupuestaria del año anterior. Se han definido normas generales para la elaboración de dichos documentos, pero no existen normas equivalentes para los registros contables que dan cuenta de las variaciones que afectan al capital de las instituciones.
El artículo 3º establece la obligación de publicar los balances generales y demás estados financieros debidamente auditados, en conformidad con las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas.
A juicio del Ejecutivo, los esquemas de control más flexibles que establece el proyecto imponen la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades universitarias por el manejo de los recursos estatales, exigencia que sólo es posible cumplir a través de la transparencia de la información.
Por último, el mensaje señala que favorecer la transparencia de la información facilitará la participación de las universidades en transacciones comerciales con otras entidades públicas y privadas, permitiéndoles competir e insertarse de manera más adecuada en las actividades económicas del país.
Discusión general y particular del proyecto.
La Comisión escuchó a diversas autoridades para recoger el máximo de opiniones relacionadas con las materias abordadas.
Especial atención provocó la intervención, en sesión secreta, del señor Gustavo Sciolla , contralor General de la República, así como el oficio que dicho funcionario remitió al Presidente de la Cámara para referirse a este proyecto.
El oficio contiene varias observaciones, entre ellas, que la Contraloría General de la República considera que el proyecto altera significativamente los términos de la fiscalización a que están afectas las universidades estatales, como lo dispone el artículo 1º. A juicio del contralor, estas disposiciones pretenden excluir del régimen de control preventivo de legalidad toma de razón todos los actos y contratos que celebren las universidades estatales, estableciendo solamente para algunos referidos a la contratación de empréstitos y a la aprobación y modificación de presupuestos o balances el mero trámite de registro.
Según el contralor, una de las consecuencias negativas del proyecto sería dejar a las universidades estatales al margen del control preventivo de legalidad que ejerce la Contraloría sobre contrataciones que generarán nuevos endeudamientos y que comprometerán el patrimonio estatal, impidiéndose la comprobación del cumplimiento de los fines perseguidos por el endeudamiento contraído.
Asimismo, recordó que el organismo que dirige tramita, anualmente, alrededor de 14 mil decretos y resoluciones de estas entidades estatales de educación superior, en los que se ha advertido la existencia de diversos errores y falencias recurrentes en materias de personal. Este control ha permitido corregir tales errores, como también precaver sus efectos o impedir que ellos se prolonguen en el tiempo.
Según el contralor, el endeudamiento actual del conjunto de estas entidades excede los 105 mil millones de pesos, producto de una situación que se ha ido agravando progresivamente, debido a sistemas de control interno que adolecen de serias debilidades. Advierte que habría irregularidades en el uso de los recursos consultados en el Fondo Solidario de Crédito Universitario y en la constitución y funcionamiento de sociedades creadas por las universidades bajo el régimen de derecho privado, así como con actos afectos a toma de razón que no han sido enviados a la Contraloría para cumplir con ese trámite o que lo han sido extemporáneamente, con posterioridad a su ejecución.
En lo referido al articulo 3º, que modifica el régimen de publicación de los balances generales y demás estados financieros de las universidades, el contralor manifestó que en la actualidad existen normas de general aplicación para los registros contables que dan cuenta de las variaciones que afectan el capital de las universidades estatales. En tal sentido, la Contraloría les hace exigible la entrega de información presupuestaria, financiera y patrimonial que debe ajustarse a las instrucciones especialmente preparadas para tales corporaciones.
En su intervención ante la Comisión, el señor Luis Riveros , rector de la Universidad de Chile, señaló que la esencia de la condición estatal de la entidad que dirige es un compromiso mayor del Estado con el financiamiento, pero también cree inherente al manejo de recursos públicos la cuenta de gestión sobre los mismos por parte de todas las instituciones que los reciben, dado que constituyen recursos provenientes de todos los chilenos. De esta forma señaló se ha estado procediendo al rendir cuenta anual del uso de los recursos que por ley especial se entregan a la Universidad de Chile, como, asimismo, a través de las Cuentas Anuales que entrega el rector sobre el cumplimiento de objetivos académicos y de gestión.
El rector criticó el actual esquema de política para la educación superior chilena, pues aseguró que se ha puesto principal énfasis en la competencia, y que la ausencia de una adecuada regulación y acreditación inducen el crecimiento en cantidad, no acorde con los requerimientos de calidad y diversificación disciplinaria, lo cual fomenta una nociva discriminación contra los más pobres y capaces.
Dijo que la Universidad de Chile no se opone a la existencia de competencia en el sistema de educación superior. Sin embargo, subrayó que, al menos, deben existir reglas del juego similares entre los diferentes actores participantes en el sistema.
También señaló que existe discriminación contra las universidades estatales, ya que el actual esquema de competencia se mantiene sin cambios de fondo en las regulaciones aplicables.
A juicio del rector, resulta particularmente injusto que a las universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores se les otorgue financiamiento por medio de aporte fiscal directo en proporciones similares a las universidades estatales, sin que aquellas tengan que seguir las mismas reglas en materia de financiamiento, controles administrativos y normativa de personal, como es el caso de las entidades estatales.
Por ello, manifestó su convicción de que las universidades estatales precisan cambios en su financiamiento y/o regulaciones aplicables. De hecho, son varias las entidades universitarias estatales que requieren una modernización de sus estatutos, para así permitirles innovar en sus esquemas de gestión, organización del gobierno interno y normativa aplicable a sus políticas financieras y de personal.
Señaló que el proyecto parece reflejar que se ha optado por la no entrega de mayores recursos a las corporaciones estatales, pero a cambio propone reducirles la carga de regulaciones que impiden su efectiva competitividad en el medio de la educación superior.
Sin embargo, la iniciativa no resuelve la situación desde el punto de vista de administración financiera para futuros proyectos.
En su intervención, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales, don Ubaldo Zúñiga , señaló que esa entidad mantiene una posición de crítica frente al actual sistema de financiamiento. A su juicio, la política existente toma como base el que la educación superior en general es un bien que genera retorno y, por tanto, debe pagarla el usuario. Sostuvo que este concepto iniciado bajo el régimen militar, no ha cambiado con los gobiernos de la Concertación ni cambiará en los próximos años.
Con la apertura del sistema al sector privado empresarios e inversionistas ingresaron al mundo del negocio universitario.
La posición del Consorcio no es ni podría ser contraria a la existencia de universidades privadas, por entender que es cuestión de libertad de elección y porque algunas se han desarrollado, cuentan con una buena infraestructura física, planes de estudio bien concebidos, académicos de nivel y, en definitiva, han logrado consolidarse. Son una realidad y ofrecen una alternativa válida. Sin embargo, no es aceptable que se intente presentar el modelo de universidad privada nacional como un paradigma de organización y gestión universitaria. El hecho de que aparezcan como exitosas, constituye un atributo propio de una organización que tiene como objetivo primordial la rentabilidad y el crecimiento progresivo de sus activos. Ello es válido dentro de la lógica empresarial y no es el caso de una universidad del Estado.
El Consorcio no postula que el Estado financie a las universidades estatales en un ciento por ciento, como antaño; tampoco una reducción de los aportes públicos a las universidades privadas tradicionales del Consejo de Rectores, que desde hace años son, en promedio, cerca de un 20 por ciento superior al que se entrega a una universidad estatal. Lo que buscamos es equidad para nuestras instituciones y para nuestros estudiantes.
Con relación al proyecto mismo, el Consorcio, a través de su Presidente, destaca lo siguiente:
1.La actitud del Gobierno de Chile y, en particular, del señor ministro de Educación por llevar adelante esta iniciativa, que denota una voluntad política de enfrentar un tema largamente deseado por las universidades estatales. Asimismo, la del Congreso Nacional, por la oportunidad de discutir temas relevantes para las universidades estatales en materias específicas.
2.Reconoce que los considerando del mensaje son altamente auspiciosos. Sin embargo, su articulado no satisface en forma integral dichos objetivos.
3.Desde hace años, el Consorcio de Universidades Estatales ha venido manifestando la necesidad de contar con una ley que le permita tomar endeudamientos más allá del período presidencial, fundamentalmente por dos razones:
a)Las universidades estatales reciben aportes públicos, pero no son financiadas por el Estado y necesitan hacer inversiones con créditos de largo plazo. Los créditos de corto plazo al que están obligadas, obviamente, son de un alto costo financiero.
b)Son permanentemente criticadas por mala gestión, pero se les mantiene atadas para operar con el sistema financiero en los términos en que pueden hacerlo las instituciones privadas.
El señor Zúñiga agregó que el proyecto no resuelve lo anterior, toda vez que permite únicamente reestructurar pasivos existentes a diciembre de 2003, los que en general no representan montos sustantivos y no todas las universidades del Consorcio los tienen.
El representante del Consorcio añadió que la Contraloría General de la República fiscaliza, función que le corresponde por mandato constitucional, produciendo por esta vía, la limitación al accionar de nuestras instituciones de educación superior, sin que se tome en cuenta que la mayor parte de los ingresos con los cuales operamos provienen del autofinanciamiento y no de aportes del Estado. Ello, por lo tanto, genera una discriminación arbitraria frente a las demás universidades que no son estatales y que no están sujetas a nuestro marco legal ni sometidas al control de la Contraloría General de la República.
Finalmente, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales señaló que esa entidad no tiene inconvenientes en lo referido a la publicación de los estados financieros de manera idéntica a lo exigido a las Sociedades Anónimas abiertas.
Aprobación del proyecto en general.
Se deja constancia de que el proyecto fue aprobado en general, por mayoría de votos: 7 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Discusión particular.
Artículo 1º.
Se produce un debate acerca del alcance de esta disposición, por cuyo motivo, hasta no tener un conocimiento más acabado, se propone votarlo en una próxima sesión. Sin embargo, no hay acuerdo para proceder así.
Puesto en votación, el artículo 1º fue aprobado por mayoría de votos: 7 a favor y 6 en contra.
Artículo 2º.
Se propone ampliar el plazo consignado en el artículo, de dos años a cuatro. Además, se sugiere exigir ciertos requisitos para la autorización consultada en este artículo.
Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el presidente de la Comisión, basado en el Nº 3º del artículo 62 de la Constitución Política de la República, por considerar que corresponden a materias de exclusiva iniciativa del Presidente de la República.
Puesto en votación, el artículo 2º fue aprobado por mayoría de votos: 9 a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Artículo 3º.
Fue aprobado sin debate y por mayoría de votos: 11 a favor y 2 en contra.
Artículo 4º.
Fue aprobado, sin debate, por unanimidad.
Otras constancias reglamentarias.
Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
El artículo 1º del proyecto, en cuanto modifica la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, en lo relativo a las funciones que dicha ley orgánica le encomienda, debe ser aprobado por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63, en relación con el inciso primero del artículo 87 e inciso final del artículo 88 de la Constitución Política de la República.
La Comisión acordó que la totalidad del articulado del proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, cuyo texto íntegro los señores diputados tienen en sus escritorios.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Gastón Von Mühlenbrock , diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales.
A la discusión del proyecto asistieron la señora Pilar Armanet , jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; los señores Rodrigo González , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, y José Espinoza , jefe del Departamento de Educación de la Dirección de Presupuestos, y la señora Loreto Mardones , asesora jurídica de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Además, concurrieron especialmente invitados los señores Gustavo Sciolla , Contralor General de la República; Ubaldo Zúñiga , presidente del Consorcio de Universidades Estatales; Luis Riveros , rector de la Universidad de Chile; Gastón Astorquiza , jefe de la División Jurídica; Hernán Llanos , jefe de la División de Auditoría, y Pedro Ortiz , jefe de la División de Contabilidad, todos de la Contraloría General de la República; la señora María de los Ángeles Santander y el señor Sebastián Soto , en representación del Instituto Libertad y Desarrollo, y la señora Marcela Letelier , directora ejecutiva del Consorcio de Universidades Estatales.
Los propósitos de la iniciativa consisten, básicamente, en flexibilizar la gestión de las universidades estatales, adecuar las herramientas de control de la gestión económicafinanciera y otorgarles facultades para contratar empréstitos de largo plazo a fin de reestructurar sus pasivos financieros.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 19 de abril de 2004, señala que el proyecto no representa un mayor gasto fiscal durante 2004 y los años siguientes.
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de la totalidad del articulado aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
El artículo 1º establece que las universidades estatales podrán realizar todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento de sus funciones, de conformidad con sus estatutos. Su fiscalización corresponderá a la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica.
Su inciso segundo señala que, sin perjuicio de lo anterior, los actos que dicten y los contratos que celebren tales instituciones estarán exentos del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en dicho organismo los que se refieran a contratación de empréstitos y aprobación del presupuesto y de sus modificaciones o de los balances, lo que no condicionará su ejecución inmediata.
El inciso tercero dispone que, para los efectos de un proyecto de ley, la mención a las universidades estatales incluye a la Universidad de Chile y a la Universidad de Santiago de Chile.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar el artículo 1º, por el siguiente:
“Artículo 1º.- Las universidades estatales serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica.
Con todo, sólo estarán afectas al trámite de toma de razón las materias que a continuación se señalan:
a)Aprobación del presupuesto y de sus modificaciones;
b)Enajenaciones de bienes raíces;
c)Reglamentos de carreras funcionarias y sus modificaciones;
d)Medidas que impliquen la supresión de empleo o la eliminación o destitución de algún miembro de la institución, y
e)Otras materias esenciales que señale el respectivo estatuto.
Las materias no comprendidas en el inciso anterior quedarán exentas del trámite de toma de razón, sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas de control posterior que disponga el contralor general de la República en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de asegurar la legalidad de los actos de las universidades estatales y hacer efectiva las responsabilidades que procedan.”
La señora Pilar Armanet expresó que la indicación precedente tiene por objeto reponer el texto original de la denominada “ley marco”, disponiendo que las universidades estatales serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica, y que sólo estarán afectas al trámite de toma de razón las materias que allí se indican, entre otras, la aprobación del presupuesto y de sus modificaciones, medidas que impliquen la supresión de empleo o la eliminación o destitución de algún miembro de la institución, y otras materias esenciales que señale el respectivo estatuto. Afirmó que, por lo tanto, las materias no comprendidas en la enumeración, quedarán exentas del trámite de toma de razón.
Planteó que, dada su experiencia en el área, ha podido apreciar que los actos de fiscalización de mayor eficacia son los realizados expost, puesto que los controles exante, generalmente, son más bien formales y no logran detectar irregularidades.
La indicación precedente fue aprobada por 4 votos a favor y 3 abstenciones.
El artículo 2º autoriza a las universidades estatales, por el plazo de dos años, a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, para contratar uno o más empréstitos u otras obligaciones financieras, con el objeto de reestructurar sus pasivos financieros existentes al 31 de diciembre de 2003.
En el inciso segundo se contempla que el servicio de la deuda derivada de los empréstitos que se autorizan contraer por el proyecto deberá hacerse con cargo al patrimonio de la universidad respectiva y no podrá exceder del plazo de 20 años.
En el inciso tercero se determina que esta autorización no comprometerá en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Fisco.
En el inciso cuarto se dispone que las universidades deberán llamar a propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los empréstitos.
Este artículo fue aprobado por 5 votos a favor y una abstención.
El artículo 3º establece que, a contar del 1º de enero de 2005, las universidades estatales deberán publicar sus balances generales y demás estados financieros debidamente auditados. La forma, contenido y oportunidad de publicación de los estados financieros serán idénticos a los que se exijan a las sociedades anónimas abiertas.
Este artículo fue aprobado por unanimidad.
El artículo 4º contempla que sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de recursos del fisco a las universidades estatales.
Este artículo fue aprobado por unanimidad.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Corresponde discutir en general el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señor Presidente, el proyecto en debate faculta a las universidades estatales para contratar empréstitos de largo plazo a fin de reestructurar sus pasivos financieros, pero sin garantía estatal directa ni indirecta. Asimismo, las obliga a publicar sus balances generales y demás estados financieros de la misma forma en que lo hacen las sociedades anónimas abiertas.
Creemos que se trata de un buen proyecto, pero que debe volver a la comisión técnica para que estudie las modificaciones que le introdujo la Comisión de Hacienda a causa de las observaciones que le hizo el contralor general de la República, señor Gustavo Sciolla .
A juicio del contralor, el proyecto pretende excluir del régimen de control preventivo de legalidad toma de razón a todos los actos y contratos que celebren las universidades estatales, estableciendo solamente para algunos, referidos a la contratación de empréstitos y a la aprobación y modificación de presupuestos o balances, el mero trámite de registro. Atendida su importancia, mencionó algunos de los actos que quedarían excluidos del control preventivo, como los que se refieren a la carrera funcionaria, a la aplicación de medidas disciplinarias, a nombramientos y al sistema remuneratorio
Fue especialmente crítico cuando se refirió a la facultad que permite a estas instituciones de educación prestar servicios remunerados, como asistencia técnica, investigación y otros, pues implican una contribución a su financiamiento o un incremento de su patrimonio.
Asimismo, se mostró absolutamente contrario al artículo 2º, ya que deja al margen del control preventivo de legalidad que ejerce el organismo contralor, y sin límite alguno, contrataciones que generarán nuevos endeudamientos y comprometerán de manera muy significativa, y a largo plazo, el patrimonio estatal.
Mencionó que el endeudamiento de las universidades estatales alcanza a 105 mil millones de pesos, equivalentes a unos 17 millones de dólares, situación que se ha venido agravando progresivamente.
Advirtió, además, que se han producido irregularidades en el uso de los recursos considerados en el Fondo Solidario de Crédito Universitario y en la constitución y funcionamiento de sociedades creadas por las universidades bajo el régimen de derecho privado, así como en actos afectos a toma de razón, ya que no han sido enviados a la Contraloría General de la República para cumplir con dicho trámite o han sido enviados extemporáneamente, con posterioridad a su ejecución.
Por las razones expuestas, el contralor general manifestó que, a su juicio, el artículo 1º del proyecto es manifiestamente inconveniente.
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, doctor Luis Riveros , expresó que resulta particularmente injusto que a las universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores se les otorgue financiamiento por medio del Aporte Fiscal Directo, en proporciones similares a las universidades estatales, sin tener aquellas que seguir las mismas reglas que deben seguir éstas en materia de financiamiento, control administrativo y normativa de personal. Por esta razón y para que puedan competir con las universidades privadas, el rector Riveros solicitó que se permita a las universidades estatales endeudarse más allá del periodo presidencial.
De estos fundamentos, contenidos en el proyecto, se pueden sacar algunas conclusiones importantes:
1ºSi es un problema de competencia, el Ejecutivo entiende que toda las universidades participan de un mercado, el de la educación superior.
2ºPor tanto, si participan en un mercado, se les deben aplicar las leyes de mercado.
3ºSi la restricción de plazo que tienen las universidades estatales para contraer empréstitos les genera un problema de competencia con las privadas, de la misma manera éstas se ven afectadas por los aportes exclusivos y excluyentes que el fisco hace a las universidades estatales, como el Aporte Fiscal Directo y los contemplados en el Mecesup, en el fondo solidario, etcétera. En consecuencia, si la discusión se basa en la competencia dentro del mercado de la educación superior, ésta debe ser completa. Lo importante sería discutir todos aquellos aspectos que digan relación con la competencia en esta área. Lo contrario significa que las universidades públicas aprovechan todas las ventajas del sistema y no asumen los costos.
El proyecto indica que las deudas deberán ser asumidas con patrimonio propio, sin comprometer las responsabilidades directas ni indirectas del Estado. Éste es un criterio positivo, en la medida en que no sea el Banco del Estado el que otorgue los créditos, porque se corre el peligro que, al ser un banco estatal, al igual que las universidades, se flexibilice en exceso la forma de pago o se condonen las deudas.
La pregunta es si una actitud como ésta caería o no dentro de una responsabilidad indirecta del Estado, aunque se trate de bancos privados.
Por ello, parece recomendable aprobar el proyecto en general, dado que su artículo 3º obliga a las universidades estatales a informar sobre los estados financieros, lo que es positivo. Además, habría que rechazar la facultad de endeudamiento a largo plazo, mientras no se discuta el problema de la competencia en toda su dimensión.
En tal sentido, hemos presentado una indicación para que el proyecto vuelva a la Comisión de Educación, a fin de analizar los cambios que experimentó en la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la verdad es que las expectativas que se pueden crear quienes escuchan este debate sobre el proyecto que establece facultades en materias financieras para las universidades públicas se van a ver frustradas.
Asistimos al debate de un proyecto que es una pirotecnia respecto del problema de fondo. Los diputados informantes han eludido el tema de fondo, mencionado por el diputado Correa , y que esgrimen los detractores de las universidades estatales, cual es que se les pide que funcionen igual que las privadas, pero se les ponen todas las trabas del mundo pero esperando que funcionen como las universidades privadas, que pueden endeudarse a veinte o treinta años, que están compuestas por los directores de grandes empresas, y cobran aranceles que ellas mismas fijan y no tienen ningún tipo de competencia en el mercado. O sea, como señaló el diputado Correa , tienen todas las ventajas, pero cuando se trata de que las universidades públicas tengan condiciones de mercado, se les colocan restricciones: que la Contraloría General de la República, que el proceso de endeudamiento. Es decir, aquí hay un debate de fondo que la Comisión Mixta no abordó.
Este proyecto sólo busca sanear el endeudamiento de las universidades estatales a partir de 2003 y permitirles renegociar a veinte años, pero no establece un marco flexible para que se puedan endeudar a futuro, posibilitando así que compitan en igualdad de condiciones respecto de las privadas.
El diputado Dittborn arruga la nariz cuando se habla del tema y gesticula, pero le quiero decir que las universidades estatales no son supermercados ni AFP, como quisieran algunos. Por ello, no pueden estar reguladas sólo por las reglas del mercado, porque alguien tiene que hacerse cargo de los jóvenes que no tienen recursos para estudiar o de los que quieren investigar para resolver los problemas globales del país, o de aquellos que piensan que la universidad es la cuna del pensamiento, sin ningún tipo de exclusión, porque no me digan que las universidades privadas son pluralistas. Basta ver la nómina de sus profesores para determinar cómo piensan. Muchos de los diputados aquí presentes han dicho que quien estudia en la Universidad San Sebastián, o en la Universidad del Desarrollo, debe aceptar las condiciones que ellas imponen y que posteriormente no puedan reclamar porque las aceptaron. Y así les exigen a los alumnos firmar un reglamento que no permite la constitución de una asociación de estudiantes, que impide hablar de política y que aceptan las clases de religión y la misa al inicio de las clases. En definitiva, se deben aceptar todas las condiciones que la universidad impone a sus alumnos, aun cuando el acceso a ella es voluntario.
Se requieren universidades laicas, que estén al servicio del país, que fomenten los estudios y el desarrollo del país, pero no para un determinado grupo económico ni social ni étnico ni religioso. Se requieren universidades para el país, universidades transparentes y dispuestas al servicio social.
Pero este proyecto no hace nada de eso. Por el contrario, cuando plantea la posibilidad cierta de renegociar su deuda, lo que hace es dejar a firme de que toda modificación se debe hacer por ley.
Estos no son los argumentos de la bancada socialista, sino que corresponden al presidente del Consorcio de Universidades Estatales, al rector de la Universidad de Chile y a la mayoría de los rectores de las universidades estatales que no piensan como la bancada socialista ni son militantes del Partido, sino que desde hace mucho tiempo han planteado que terminan en un ring de competencia con una mano atada. Más aún, se burlan. Porque basta conocer la opinión del Instituto Libertad y Desarrollo, manifestada por la señora María de los Ángeles Santander, quien ha dicho que este proyecto está postergando el problema de fondo, que no se le enfrenta directamente. Además, el instituto que representa estima conveniente limitar la proporción de deudas a las que puedan llegar las universidades, considerando las deudas totales y no sólo las financieras. Y hace un análisis financiero respecto de deuda total y patrimonio, y deuda financiera y patrimonio. Es un ánimo absolutamente restrictivo, porque pone aún más limitaciones a un proyecto que representa un escaso avance en lo que respecta al debate de fondo.
Como lo ha planteado el rector Riveros , en el caso de la Universidad de Chile, para aquellos que alegan que sigue siendo estatal, sólo un 15 por ciento del presupuesto proviene del aporte fiscal directo; el 58 por ciento corresponde a ingresos propios, de los cuales la venta de bienes y servicios de parte de la Universidad representa el 40 por ciento, y los aranceles representan el 21 por ciento. El aporte fiscal directo e indirecto constituye sólo el 18 por ciento del total. Y plantea el rector Riveros que si se proyecta el aporte fiscal al año 2020, la Universidad de Chile sólo estará recibiendo del fisco entre un 3 y un 4 por ciento del total de sus ingresos.
Por lo tanto, se engañan quienes piensan que estamos hablando de universidades públicas, porque en el caso de la Universidad de Chile, más del 85 por ciento de su presupuesto es de origen propio y no recibe aporte fiscal de ningún tipo.
En ese ámbito, quiero recalcar que este proyecto va a permitir renegociar pasivos adecuadamente, lo que va a derivar en una posibilidad de mayor competitividad con las universidades privadas, pero que, en definitiva, no soluciona el problema de fondo de quienes pensamos que si quieren competencia, ¡bueno, que el Estado compita!, ¡que las universidades estatales compitan, pero no les amarren una mano! ¡Déjenlas competir en igualdad de condiciones! No caigan en el engaño al señalar que son ineficientes, que se endeudan, que no egresan de ellos buenos profesionales, como son las críticas que de manera permanente hemos oído del Instituto Libertad y Desarrollo y de todos los líderes del libre mercado, quienes son libre mercadistas cuando hay trato entre privados, pero cuando se trata de instituciones públicas como las Universidades de Chile y de Santiago aceptan restricciones y más restricciones.
Voy a votar en contra, porque no me gusta el proyecto. Pienso que es una pirotecnia para tapar el tema de fondo. A mi juicio, sólo permite una solución transitoria que apunta a resolver el problema puntual, lo que dará pie para que en cinco años más se le diga a este Congreso que fue incapaz de solucionar el problema de fondo, que lo eludió y sólo dio una solución parche, que es la crítica que permanentemente nos hace la ciudadanía y que incluso ha provocado su distanciamiento, hablando de una supuesta ineficiencia de la Cámara de Diputados, diciendo que aquí sólo se resuelven los problemas con medidas parches y se evita el debate de fondo. Incluso, nos dirán que nos preocupamos más de salvar la deuda y que la “pateamos” para 20 años más, que de debatir el problema de fondo de las universidades estatales versus universidades privadas; que se eludió la responsabilidad que teníamos en un momento decisivo. Por cuanto, aquí se relaciona lo anterior con las negociaciones respecto del período presidencial, el ministro me ha señalado que para que haya un nuevo avance habrá que hacer una nueva ley y que si finalmente el período presidencial queda en 4 años, las universidades estatales no se van a poder endeudar más allá de dicho plazo; que si la futura ley se discute en el año segundo o tercero del próximo período se autorizaría el endeudamiento por uno o dos años. La reducción del período presidencial representa una faceta que no fue considerada por quienes participaron en el debate. Un período presidencial de menos años determina la posibilidad de un endeudamiento a menor plazo, por tanto, en peores condiciones económicas con la banca financiera. Como lo dice el rector Riveros , a su universidad prácticamente le está prohibido ganar concursos internacionales por millones de dólares, porque la universidad debe aportar el 10, 15 ó 20 por ciento del costo del proyecto lo que puede significar 30, 40 ó 60 millones de dólares, pero como hay restricciones y la universidad no se puede encalillar a 10 años, no puede concursar para obtener esos fondos internacionales. Es decir, restricciones y más restricciones.
Espero que los diputados informantes nos puedan asegurar que en el corto plazo no nos criticarán por votar a favor un proyecto que no nos gusta y que no nos llamarán inconsecuentes, porque tal como lo dice Ubaldo Zúñiga , presidente del Consorcio de Universidades Estatales, este proyecto no resuelve el problema.
Asimismo, me gustaría escuchar la opinión del ministro de Educación, a fin de orientar la votación, porque también se puede arar con los bueyes que hay. Quiero saber dónde están los problemas: si están en la Concertación, digámoslo; si están en la Derecha, también que se diga y que cada cual asuma su responsabilidad. Pero que no se afirme que debemos aprobar un proyecto que no nos gusta y que no resuelve el problema porque es una solución de parche.
Por último me gustaría conocer la posición de la Alianza por Chile respecto de este proyecto, cómo van a votar y si están dispuestos a avanzar mucho más en esta materia, como lo han manifestado el rector de la Universidad de Chile y el presidente del Consorcio de Universidades Estatales.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado José Antonio Kast .
El señor KAST.-
Señor Presidente, el diputado Navarro ha formulado una gran pregunta: ¿Quiénes son los responsables de los problemas de las universidades? La respuesta es muy clara: los problemas de las universidades son responsabilidad de la Concertación. Así, con nombre y apellido.
Curiosamente, el diputado mezcla las cosas y dice que en algunas universidades privadas es obligación asistir a misa al inicio de las clases, lo que no tiene sentido. Se nota que no tiene formación religiosa porque una misa dura media hora. ¿Cómo se va a hacer misa al inicio de las clases en una universidad? No hay tiempo para eso.
Llama la atención cuando expresa que el diputado Correa hace una defensa del libre mercado. Lo que defendemos es la transparencia y la eficiencia; queremos proteger a todos los chilenos del mal uso que han hecho algunos de ustedes de los instrumentos que entrega la ley para manejar las universidades.
El diputado Navarro cita a la Universidad de Santiago como un ejemplo del problema. ¿Dónde están los 1.500 millones de pesos que gastaron antes de la elección del actual rector? En esa época, era miembro del Consejo Superior de la universidad el actual ministro. ¿Qué pasó con los recursos? Los responsables del problema son ustedes, no la ley.
En cuanto a qué vamos a hacer respecto de este proyecto de ley, vamos a votar a favor de la idea de legislar, porque es necesario entregar algunos instrumentos a las universidades estatales para que repacten su deuda.
Quiero hacer otra aclaración al diputado Navarro : la representante de Libertad y Desarrollo se llama María de los Ángeles, no María Paz , y su informe es bastante más completo que el citado por el diputado.
Gracias a Dios, los rectores de las universidades no militan en el Partido Socialista, porque después de su intervención cabe preguntarse dónde estarían las universidades si fueran militantes de su partido. Sería un desastre para el país. Los problemas, como bien lo expresó, los tienen ustedes. También dijo que un diputado arriscaba la nariz, pero estaba en silencio. Por eso, le pido que guarde silencio mientras otro colega está hablando.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Religiosamente callado, me acota un colega, y sería una muy buena recomendación para el diputado.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor KAST.-
No voy a dar ninguna interrupción, señor Presidente.
El proyecto apunta en la línea correcta, porque permite a las universidades reestructurar su pasivo financiero y, además, obliga a las universidades estatales a entregar más información contable y financiera en los mismos términos que las sociedades anónimas abiertas. Eso es transparencia. En efecto, el endeudamiento a largo plazo es más barato que el endeudamiento a corto plazo. El problema radica, una vez más, en cómo se lleva a la práctica una buena idea con un mal proyecto. Ése es el drama que ha afectado a la educación durante largos años y que hemos hecho ver una y otra vez.
Nuestra educación está en crisis por la mala implementación de los proyectos de la Concertación. La mala educación en Chile tiene nombre: Concertación. Lo mismo ocurre en las universidades. No hay que ser muy brillante para darse cuenta de que hoy estamos ante serios problemas a nivel educacional que no han sido enfrentados en forma adecuada.
En lo que sí estamos en contra es de eliminar el control ex ante. Como muy bien lo señaló el contralor, no crea problemas de gestión el hecho de que exista un control anterior o posterior, porque la Contraloría tarda entre siete y nueve días en pronunciarse respecto de las solicitudes que les envían las universidades. Por lo tanto, presentamos indicación para que se elimine esa parte y quede el control ex ante.
Tampoco se especifica el origen de las deudas de las universidades. Hay serias dudas acerca de la legalidad de una ley que generalice la deuda en 105 mil millones, sin especificar la que corresponde a cada universidad. Es un problema que se debe resolver: si se puede aprobar una ley como ésta, si hay que dictar una ley para cada universidad, o si es necesario, dentro de la misma ley, acotar la deuda de cada una de ellas.
La iniciativa tampoco entrega incentivos a las autoridades que lo hacen bien. Esto es lamentable porque, en general, la gran diferencia que existe entre las universidades estatales y las privadas es que los dueños de las primeras son todos los chilenos, funcionan con el dinero de todos los chilenos ellos. Pero, ¿quién les responde cuando el rector de una universidad lo hace mal? ¿Quién paga? Lamentablemente, cuando un ente público lo hace mal, paga Moya, es decir, todos los chilenos y, lo más dramático de todo, es que pagan los más necesitados, porque no hay control. Eso es lo que hay que implementar, y no hay que tenerle miedo al control porque éste no impide la buena gestión; al contrario, hace más eficiente el uso de los recursos. A eso apelaba el contralor, quien nos decía que se dieran a conocer los sueldos que se pagan en las universidades, y que todo fuera transparente, para ver si su sueldo es competitivo con el de mercado.
Además, se les debería hacer algunas exigencias a las universidades. Por ejemplo, que tengan al día las cotizaciones previsionales de sus funcionarios y profesores; que hayan recuperado al menos el 50 por ciento de los créditos universitarios, etcétera. Lamentablemente, los créditos universitarios que se otorgan a los alumnos no son devueltos porque no se ha legislado sobre la materia. Ha sido necesario amenazar con la publicación de listas de moroso, incluidos algunos diputados, para que paguen sus deudas. Tampoco se señala el origen de las deudas de las universidades.
También hay dudas serán planteadas por el diputado Dittborn respecto de cómo se repactará el crédito, qué deberá un rector para renegociar la deuda de su universidad.
Por último, con un control ex ante se evitan casos como el que hasta hoy no puede ser fiscalizado por la Cámara de Diputados, porque la Concertación se opone; se evita que ocurran nuevos casos como el de MOPCiade, en el que estuvieron involucrados la Universidad de Chile, el Ministerio de Obras Públicas y el Ciade, donde se triangularon dineros porque no hubo un control eficiente. Pues bien, esto se evita cuando existe un buen control por parte de la Contraloría, y es necesario que éste sea ex ante y no ex post.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá .
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente, en efecto, éste es un proyecto de alcance limitado en cuanto a materias financieras de las universidades estatales. No es el proyecto que dará lugar a una discusión a fondo de esta temática, y comparto la idea de que es necesario hacerlo.
Lo planteado por el diputado Navarro apunta, en el fondo, a algo efectivo. Tenemos un sistema de financiamiento de nuestra educación superior pública que desde hace tiempo ha sido superado por las circunstancias.
Dicho sistema se basa en un aporte fiscal directo histórico, sin un mecanismo claro de rendición de cuentas ni definición de objetivos nacionales de las universidades públicas, lo que ha conducido, con el tiempo, a que este instrumento, en teoría, el principal en materia de financiamiento de nuestras universidades estatales, cada día represente un porcentaje menor del financiamiento total, porque para la sociedad no resulta claro.
Desde tiempos inmemoriales que no discutimos sobre el rol de las universidades públicas, a fin de determinar para qué las tenemos y qué esperamos de ellas. La última vez que hubo una reforma profunda al sistema de financiamiento fue durante la dictadura. Todos sabemos que en esa época no sólo no hubo debate, sino que los que intentamos hacerlo lo pagamos bastante caro; incluso muchos no pudieron seguir estudiando; otros fueron expulsados y relegados.
Hoy sería conveniente abrir ese debate, pero la razón por la cual no se ha hecho en esto no comparto lo expresado por el diputado Navarro es que cada vez que intentamos abordar esta temática se genera tal nivel de disenso que no existe posibilidad alguna de legislar. Es así como hemos terminado discutiendo proyectos pequeños, que resuelven cuestiones puntuales, porque respecto del tema de fondo en nuestra sociedad no sólo no existe acuerdo, sino que hay una actitud tan ideologizada por parte de la Oposición que toda posibilidad de avanzar queda cerrada. Así sucedió, por ejemplo, cuando hace algunos años se intentó modificar la ley orgánica constitucional de Enseñanza, Loce , y no llegamos a ninguna solución porque hubo una completa cerrazón para discutir las bases del sistema educacional chileno, las que están amarradas porque una iniciativa para modificarla requiere un quórum muy alto.
Creo que el proyecto hace un aporte en un tema puntual, pero deja fuera la materia de fondo, cual es actualizar nuestro contrato como sociedad con las universidades públicas, señalar que son esenciales y que el sistema universitario no está completo si no tienen un desarrollo y un liderazgo, como ocurre en todos los países del mundo donde existe un sistema universitario poderoso. Pero todo esto requiere de un aporte estatal mayor que el actual, porque pese a que se ha aumentado el aporte fiscal directo, en la práctica ha bajado en relación a la cantidad de alumnos, porque la cobertura de las matrículas ha crecido aún más.
Por eso, debemos tener ese debate, con el objeto de pasar a un sistema que nos permita contar con más recursos, pero mediante un aporte fiscal directo diferente, de manera que la sociedad tenga claro qué puede esperar de estas universidades. Asimismo, debe haber un mecanismo que garantice un uso más transparente de los recursos, puesto que en la actualidad no existe control de rendición de cuentas, y que su asignación se haga con criterios históricos.
Pero no obstante que este debate es necesario e impostergable, el proyecto ataca temas significativos e importantes para que nuestras universidades estatales se desarrollen y se liberen de algunos problemas graves que las afectan, particularmente tomando en cuenta que hoy la mayoría de ellas, al menos en las más grandes, más de la mitad de sus recursos son generados por vías distintas del aporte fiscal. Sin embargo, son sometidas a un sistema de control tan fuerte que, en verdad, resulta poco coherente con la estructura de su financiamiento. Por eso, debemos pasar a un mecanismo con otros sistemas de control, pero no para aligerarlos, sino para adecuarlos a instituciones dinámicas, que están celebrando contratos permanentemente, que están participando en licitaciones, que están disputándose clientes de distinto tipo y que no podrán competir adecuadamente con las restricciones que implica un control ex ante.
El diputado José Antonio Kast señaló que si suprimimos el control ex ante corremos el riesgo de que se repitan casos como el de MOPCiade. Parece que el diputado no ha entendido que ese caso se produjo con control ex ante, es decir, ese control no logró impedirlo. Lo que vamos a hacer es pasar a un sistema en que el control ex ante se limite a casos de contratos de cierta cuantía y significación, cuando haya que adoptar decisiones fundamentales. En el caso de las decisiones cotidianas, seguirá operando un sistema de control ex post que, por cierto, permitirá detectar irregularidades y sancionarlas o revertirlas, según corresponda, pero vamos a tener instituciones que funcionarán de manera más ágil. Gracias al debate habido y a las observaciones formulada por el contralor se pudo dejar fuera del levantamiento del control ex ante a cosas tan significativas como las modificaciones al presupuesto, las enajenaciones de bienes raíces, los reglamentos de las carreras funcionarias, las medidas que implican supresión de empleo, que van a seguir sometidas a un sistema de control previo, porque son decisiones muy significativas. Es bueno que se tomen todas las cautelas del caso.
Además, el proyecto contiene un sistema de balances públicos que representa un paso importante para levantar los mitos y las acusaciones que se hacen como si en las universidades públicas hubiera una tropa de bandidos. Muchas veces, se dicen cosas bastante injustas. Además, nadie se hace cargo de ellas, en circunstancias de que hasta hoy esas instituciones lideran la investigación y son las que más premios nacionales aportan a la educación superior.
Entonces, creo que la transparencia ayudará para que, si hay acusaciones, éstas sean claras y puntuales, y no sean al voleo.
En el debate se dijo también por parte de algunos rectores que los problemas de gestión no eran únicamente los derivados de la lentitud de los controles ex ante, sino también los de otro tipo. Por ejemplo, que no tienen la posibilidad de ofrecer planes de retiro voluntario a sus funcionarios si no es sobre la base de fondos que les entrega el Estado, aunque generan una gran cantidad de fondos más de la mitad de su presupuesto, en la mayoría de los casos.
Por eso, se presentó una indicación por parte del Ejecutivo para permitir que las universidades con recursos propios también puedan proponer planes de retiro a sus funcionarios, de manera de promover la carrera funcionaria. Si queremos universidades dinámicas que sean líderes, es fundamental que tengan esa posibilidad.
Hoy, el promedio de edad de los funcionarios de planta de las universidades estatales oscila entre los cincuenta y dos y cincuenta y cinco años. Entonces, no hay un tiraje de la chimenea adecuado porque no existen modalidades de retiro propias y los que correspondan deben hacerse exclusivamente por ley y con recursos fiscales. Eso se modificará con la indicación del Ejecutivo.
Este proyecto va a ayudar a reestructurar los pasivos. Las universidades estatales no tienen pasivos excesivos en relación con sus patrimonios, los que son gigantescos. Pero, como tienen la restricción de que sólo pueden contraer deudas por lo que dura un período presidencial, al final, pese a que no tienen un pasivo excesivo, viven bastante apretadas. La posibilidad de repactar deudas va a significar un alivio de sus mochilas.
El proyecto ayudará a resolver algunos temas puntuales. Sin embargo, no puede ser una excusa para eludir el debate de fondo: un sistema de financiamiento de las universidades públicas que les permita desarrollarse con más fuerza y lograr un sistema educacional de calidad, porque la verdad es que aquí, y en todas partes del mundo, los roles que cumple la educación superior no son de mercado. El mercado no las financia, porque no son rentables desde el punto de vista privado. Como son bienes públicos, si no las financia adecuadamente el Estado, no producen investigación de largo plazo ni poseen funciones de extensión.
Por lo tanto, ese debate es fundamental y queda pendiente.
Pido aprobar el proyecto de ley, a fin de llevar un alivio a las universidades estatales que tanto lo requieren.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Pido que los señores diputados acorten sus intervenciones, puesto que resta menos de media hora para votar.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, como dijo la diputada señora Tohá , el alcance de este proyecto es muy limitado, aunque el diputado Navarro se haya extendido sobre el tema.
Es cierto, no todos los proyectos pueden cambiar los sistemas generales en este caso, la educación pública superior.
Por eso, se dice que ese debate está pendiente.
Sin duda, el diputado Navarro no contribuyó a aclarar la materia. Al contrario, la confundió, porque su intervención fue una ensalada de conceptos distintos. Abordó las reformas constitucionales, el financiamiento educacional, la investigación, la docencia, en fin. Sin duda, no contribuyó a aclarar algo de por sí muy confuso. Pero como nadie lo escuchó mucho, tampoco nos confundió y seguimos igual que antes.
El señor MONTES.-
Ésa es una falta de respeto, señor diputado.
El señor DITTBORN.-
Absolutamente no, diputado Montes. Yo puedo decidir a quién escucho y a quién no. A este señor no lo escucho porque no aporta. Además, no puedo escuchar a una persona que fue morosa del crédito fiscal universitario durante años. Entiendo que hace poco se puso al día, pero una persona que durante años no pagó el crédito fiscal universitario, a mi juicio, no tiene autoridad moral para hablar de educación superior, porque no permitió que otros estudiantes pobres pudieran estudiar.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene el uso de la palabra el diputado Dittborn .
Diputado señor Dittborn , diríjase a la Mesa, para evitar enfrentamientos verbales.
El señor DITTBORN.-
Muy bien.
Señor Presidente, como dije al inicio de mi intervención, el alcance del proyecto es muy limitado. Sin embargo, considero positivo dar más transparencia a la información de las universidades tradicionales.
También me parece positivo que las universidades estatales renegocien su pasivo, porque hoy las tasas de interés están muy bajas y, según nos enteramos, las universidades están endeudadas a tasas probablemente mucho más altas que las que rigen el mercado, de manera que es positivo permitir la renegociación.
Me preocupa, no obstante que como consecuencia de la renegociación cambie el perfil de la deuda, porque aunque no lo conozco no supieron decírnoslo en la Comisión de Hacienda, pudiera ocurrir que las universidades posterguen su pago de capital más allá del actual período presidencial, dejándole al próximo gobierno una deuda mayor que la actual. Para evitar eso, vamos a presentar una indicación.
Como nosotros tenemos una posibilidad de ser gobierno si así el pueblo lo decide, nos preocupa que a raíz de este proyecto nos puedan heredar o inflar una deuda universitaria. Se liberaría al actual gobierno de su pago y se traspasaría la deuda al próximo.
Los señores diputados deben aceptar que nuestra duda es razonable. Como no somos tontos, queremos precaver que no ocurra aquello y que la deuda de las universidades siga el ritmo actual de pago y no se postergue artificialmente.
Señor Presidente, veo que el diputado Seguel grita en el fondo de la Sala. Si su señoría quiere, le concedo una interrupción, para que deje de gritar y hable como la gente decente.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Diputado señor Seguel , el diputado Dittborn le ha concedido una interrupción.
El señor SEGUEL.-
Está un poco violento el diputado Dittborn , señor Presidente.
Quería preguntarle si va a ser rector de alguna universidad.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, termino señalando que, aun cuando nos asiste la duda de carácter financiero que ya planteé, votaremos a favor del proyecto en general, para que vuelva a la Comisión y en la discusión particular podamos tomar las precauciones del caso, de manera que no nos endosen un capital inflado que debamos pagar en el futuro, cosa que para nosotros es preocupante.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, a pesar de que ha transcurrido bastante tiempo desde el gobierno militar, no hemos sido capaces de introducir cambios reales que permitan que el Estado tenga el rol que le compete en la educación superior, de modo que no sea sólo un negocio en el cual se vendan o compran por así decirlo títulos profesionales en las universidades privadas.
En verdad, cada uno de nosotros quiere un sistema de educación superior como el que existía cuando la gran mayoría de los presentes estudiamos. Entonces, lo hicimos gratuitamente porque el rol del Estado era distinto.
El hecho de que el estudiante pague por adquirir conocimientos y obtener, finalmente, su título, parece tener lógica. Pero, ¿qué ocurre con las otras áreas de la educación superior, como la investigación o la extensión? ¿Quién debe pagarlas? ¿El alumno también debe velar por la investigación o la extensión que la universidad realice? ¿O las universidades deben dejar de hacer investigación y extensión?
Por eso, advierto que no hemos avanzado prácticamente nada en los aspectos que planteó el diputado Navarro . ¿Cuál es el rol del Estado en la educación superior? ¿Cuál es el rol del mercado en la educación superior? ¿Dónde se debe colocar el límite y cuál será el de las instituciones estatales y privadas?
El Estado, con recursos de todos los chilenos, subsidia a universidades privadas, cuyo fin es el lucro. No aplica una vara similar a las universidades estatales, a las que se les exige no sólo que formen buenos profesionales, sino que, además, que hagan investigación y extensión, en beneficio del desarrollo del país.
Evidentemente, esta iniciativa como lo han planteado algunos parlamentarios va a ayudar, en alguna forma, a las universidades estatales para que solucionen problemas, al parecer, bastante menores en su gran mayoría. Pero debemos solucionar otros tremendamente trascendentes.
La universidad de mi región, que se formó pensando en el desarrollo de las potencialidades de la minería, hoy, para hacer investigación y extensión que beneficie la formación de ingenieros en esa área, ha debido abrir carreras de otro tipo para conseguir recursos. Además, ha debido endeudarse en el sistema financiero a tasas mayores y, además, se le presenta una cantidad enorme de dificultades para poder desarrollar su gestión.
Lo cierto es que el debate planteado no se ha realizado, por una razón evidente: porque para poder cambiar este sistema se necesitan en el Congreso Nacional los votos necesarios, los cuales no están. Por eso, se deben hacer proyectos de este tipo, que significan incorporar parches para aplicar algunos conceptos en educación y solucionar algunos problemas de las universidades. Hoy discutimos un tema lógico; sin embargo, la Derecha no da ni dará la posibilidad de que el país debata este tipo de problemas con la seriedad que corresponde, porque, evidentemente, defiende sus intereses que no están en las universidades estatales.
Como el proyecto volverá a la Comisión, me parece muy importante que allí se entreguen las herramientas verdaderamente necesarias para que las universidades estatales puedan avanzar con su propia definición y entremos en el debate de fondo en relación con el rol que el Estado debe asumir en materia de educación superior.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que establece facultades en materia financiera para las universidades estatales es de la mayor importancia para esas casas de educación superior y requiere un debate serio, fundamentado y con conocimientos.
En esta oportunidad, hemos escuchado algunas intervenciones que, realmente, no están a la altura de la Cámara de Diputados. Hay personas que, interesadas en el tema, han entregado sus opiniones, las cuales han sido recogidas en el informe de la Comisión de Educación.
El proyecto enviado por el Ejecutivo, no obstante apuntar a resolver un problema real, éste no se ha mencionado con claridad acá.
El señor ministro está bien inspirado en el proyecto, pero hay algo que debo señalarle por su intermedio, señor Presidente, cual es que la mala administración de las universidades estatales, durante los últimos catorce años, ha traído como consecuencia un endeudamiento tal que escapa a sus posibilidades reales de poder servirlo. Lo digo con el conocimiento que tengo de la universidad de Atacama, centenaria en el país, que fue mal administrada. Incluso, de su honorable junta directiva formaba parte el senador señor Ricardo Núñez . Dicho establecimiento de educación superior se endeudó en cifras que superan, lejos, en cinco o seis veces su patrimonio.
Por eso, la diputada señora Carolina Tohá se equivoca profundamente al decir que existe un pasivo no excesivo, por cuanto la deuda de las universidades estatales es muy grande y cada año ha ido incrementándose de manera paulatina. En numerosos proyectos realizados en las administraciones pasadas, les ofrecieron parte de su financiamiento la otra debieron ponerla ellas, lo que motivó que fueran endeudándose y se encuentren en su actual situación.
Por eso, es necesario tener conocimientos para poder opinar sobre esta materia.
En ese sentido, tengo una especial preocupación, porque el proyecto otorga la facultad de poder endeudarse en el mediano y largo plazo, y de renegociar las deudas. Ello podría significar que algunos de los actuales rectores no estuviesen en el momento en que deban servirse las deudas que se contraen hoy, lo cual provocaría un efecto de irresponsabilidad muy grande que debe ser fiscalizado y controlado absolutamente.
Los diputados de Renovación Nacional vamos a aprobar la idea de legislar, porque es preciso buscar una solución al endeudamiento de las universidades del Estado y darles la oportunidad de seguir sirviendo al país en condiciones que puedan competir. Hoy están amarradas de manos y esta iniciativa soluciona en parte sus actuales problemas, pero es necesario continuar el debate. Espero que, cuando vuelva de la Comisión, las indicaciones que se presenten mejoren su articulado.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con que se haya enviado este proyecto para reestructurar los pasivos financieros. Me refiero a la reprogramación de deudas y al aprovechamiento de las bajas tasas de intereses en la banca local e internacional. Esto es propio de autoridades responsables y, además, es oportuno que se haga.
Sin embargo, autorizar a dichas universidades, a través del artículo 2º, por el plazo de dos años a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, para contratar uno o más empréstitos, u otras obligaciones financieras, con el objeto de reestructurar los pasivos financieros existentes al 31 de diciembre de 2003, altera los términos de la fiscalización de la Contraloría General de la República a que están afectas estas universidades.
Por eso, en la Comisión de Hacienda hice notar mi preocupación y advertí con mucha claridad que estas disposiciones pretenden excluir del régimen de control preventivo de legalidad que ejerce la Contraloría General de la República, cual es la toma de razón, a todos los actos y contratos que celebren las universidades estatales. No obstante, se señala que deberán registrarse en dicho organismo los referidos a la contratación de empréstitos, aprobación del presupuesto y sus modificaciones o de los balances. Esto no me parece conveniente. En el momento de su votación, me abstuve, pero entiendo que se presentarán indicaciones que, con toda seguridad, pondrán, una vez más, al trámite de toma de razón como propio de la Contraloría General de la República. No podría estar de acuerdo con alguna iniciativa que apuntara en sentido contrario. Espero que las indicaciones sean pertinentes para tomar después la decisión más adecuada al respecto.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Informo a la Sala que ha llegado a la Mesa una indicación para incorporar al proyecto un artículo 5º, nuevo.
Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Sergio Bitar .
El señor BITAR (ministro de Educación).-
Señor Presidente, quiero expresar mi reconocimiento por el trabajo de las comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara de Diputados, y por las exposiciones de los diputados informantes, señores Paredes y Von Mühlenbrock , que expresan, además, los consensos a que arribaron cada una de esas comisiones.
Este proyecto ayudará a mejorar la gestión de las universidades del Estado para lograr una mejor eficiencia tanto en Chile como en sus relaciones internacionales.
Si bien el artículo relativo a la Contraloría General de la República suscita criterios dispares entre los señores diputados y las señoras diputadas, equilibra mejor la actual normativa en cuanto a la forma de agilizar la gestión de las universidades y el adecuado control que es necesario mantener.
En relación con el artículo sobre el fondo del financiamiento, que fue cuestionado por algunos señores diputados, quiero recordar que la posibilidad de ir más allá del mandato presidencial está en la Constitución, la cual establece que los endeudamientos deben hacerse dentro del período presidencial. Por lo tanto, esta norma permite un respiro adicional en el sentido de extender el período de las deudas existentes a diciembre de 2003 y, de esa forma, lograr dos objetivos: menos agobio de tener que renegociar año a año o cada dos años y menor tasa de interés.
Con respecto al artículo sobre información, todos estarán de acuerdo en que el hecho de agregar las normas aplicables a sociedades anónimas abiertas a las relativas a publicación de antecedentes que establece la Contraloría es un gran paso en materia de transparencia.
Además, vamos a presentar una indicación se ha conversado también con los miembros de las comisiones y de las distintas bancadas para acceder al planteamiento de las universidades del Estado, que nos parece muy conveniente, en cuanto a establecer una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios de carrera o a contrata que presten servicios en las universidades y que tengan más de sesenta y cinco años, si son hombres, o más de sesenta años, si son mujeres, de manera de poder contratar a doctorados o profesores jóvenes que faciliten la gestión.
Por último, estoy seguro de que el país va a reconocer la decisión de los diputados en el sentido de que va a fortalecerse la gestión de las universidades regionales, las que, por cierto, cumplen un papel fundamental para reforzar las estrategias de desarrollo, la educación y la proyección de cada una de sus regiones.
Por todas estas razones, agradecemos el apoyo de las comisiones respectivas y esperamos el voto favorable de esta honorable Cámara para la idea general de legislar sobre este proyecto.
Muchas gracias.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto, después de su votación en general, salvo el artículo 1º, que requiere de 66 votos para su aprobación, y el artículo 2º, de 58 votos, volverá a las comisiones de Educación y de Hacienda, dado que el diputado señor Kast , el diputado señor Navarro , la Comisión de Hacienda y el Gobierno presentaron indicaciones.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado el proyecto en general.
Si le parece a la Sala, se aprobarían, con la misma votación, los artículos 1º y 2º.
Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Correa , Delmastro , Egaña , Escalona , Espinoza , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hidalgo , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Melero , Meza , Molina , Montes, Moreira , Muñoz ( doña Adriana) , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Quintana , Recondo , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló , Bauer , Ibáñez (don Gonzalo) , Navarro y Robles.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1º
1.De la Comisión de Hacienda (del Ejecutivo) para reemplazarlo, por el siguiente:
“Artículo 1º.- Las universidades estatales serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica.
Con todo, sólo estarán afectas al trámite de toma de razón las materias que a continuación se señalan:
a)Aprobación del presupuesto y de sus modificaciones;
b)Enajenaciones de bienes raíces;
c)Reglamentos de carreras funcionarias y sus modificaciones;
d)Medidas que impliquen la supresión de empleo o la eliminación o destitución de algún miembro de la institución, y
e)Otras materias esenciales que señale el respectivo Estatuto.
Las materias no comprendidas en el inciso anterior quedarán exentas del trámite de toma de razón, sin perjuicio del cumplimiento de otras medidas de control posterior que disponga el Contralor General de la República en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de asegurar la legalidad de los actos de las Universidades Estatales y hacer efectiva las responsabilidades que procedan.”.
2.De los señores Becker , Correa , Kast y Rojas, para eliminar el inciso segundo.
3. Al artículo 4. Del señor Navarro , para eliminarlo.
Artículo nuevo
4.Del Ejecutivo, para incorporar el siguiente artículo 5º, nuevo:
“Artículo 5º.- Las universidades estatales podrán establecer una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios de carrera o a contrata que prestan servicios en ellas, que a la fecha de la publicación de la presente ley tengan 65 o más años de edad, si son hombres, y 60 o más años, si son mujeres, y comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas de sus contratos.
Los beneficiarios de dicha bonificación tendrán derecho a percibir el equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año y fracción superior a seis meses de servicios prestados a la universidad, con un máximo de once meses. La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación será la que resulte del promedio de las remuneraciones mensuales imponibles que le hayan correspondido al funcionario durante los doce meses inmediatamente anteriores a la publicación de la presente ley, actualizados según el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
La bonificación será de cargo de la universidad empleadora y no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal. Además, la bonificación será incompatible con toda indemnización que, por concepto de término de la relación laboral, pudiere corresponder al funcionario, en especial la establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834.
Los funcionarios que cesen en sus empleos por aplicación de lo dispuesto en este artículo no podrán ser nombrados ni contratados bajo ninguna calidad en la universidad en que prestaban servicios, sea ésta de contrata o sobre la base de honorarios, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de la bonificación percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables.”.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 19.29 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción del diputado señor Errázuriz.
Modifica artículo 688 del Código Civil. (boletín N° 3707-07)
“Considerando:
1. Que la ley N° 19.903 modificó el artículo 688 del Código Civil, que se refiere a la posesión efectiva de la herencia;
2. Que, por un error manifiesto, en el inciso primero se señala que “en el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no proceda: ... y se señalan las tres inscripciones;
3. Que resulta del todo evidente que la palabra “efectiva”, después del término “posesión” está demás, como lo señala el profesor de Derecho Civil de la Universidad Austral de Chile, don Juan Andrés Varas: más adelante se refiere a que esta “posesión legal...”
Vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Elimínase la palabra “efectiva” después del término “posesión” en el inciso primero del artículo 688 del Código Civil.