Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
FÁCIL DESPACHO
-
MONUMENTO EN MEMORIA DE CONTRAALMIRANTE DON CARLOS CONDELL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Julio Lagos Cosgrove
- MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA ENTRE CHILE Y MALASIA
-
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
- ANTECEDENTE
-
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y HONDURAS
- ANTECEDENTE
-
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y ARGENTINA
- ANTECEDENTE
-
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y BELICE
- ANTECEDENTE
-
MONUMENTO EN MEMORIA DE CONTRAALMIRANTE DON CARLOS CONDELL
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Cooper Valencia
- INTERVENCIÓN : Hamilton Depassier, Juan
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
- INTERVENCIÓN : Nicolas Diaz Sanchez
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Ronald Mc Intyre Mendoza
- INTERVENCIÓN : Alberto Cooper Valencia
- DEBATE
-
NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Hamilton Depassier, Juan
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Hamilton Depassier, Juan
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Hamilton Depassier, Juan
- PETICIÓN DE OFICIO : Bruno Guillermo Siebert Held
- TERMINAL AGROPECUARIO PARA ANTOFAGASTA. OFICIOS
- REUNIÓN PARLAMENTARIA CHILENO-BOLIVIANA Y SITUACIÓN DEL NORTE DE CHILE ANTE MERCOSUR. OFICIO
- IMPACTO AMBIENTAL DE EMISARIO PROVISORIO EN QUINTA REGIÓN. OFICIOS
- MEDIDAS PARA SECTORES AFECTADOS POR ASOCIACIÓN A MERCOSUR. OFICIOS
- SITUACIÓN DE MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN. OFICIOS
- INFRACCIÓN DE NORMAS DE ÉTICA PUBLICITARIA EN CAMPAÑA DE ASOCIACIÓN DE ISAPRES
- EL MOVIMIENTO NEOLIBERAL, LOS POBRES, LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA JUSTICIA SOCIAL
-
SITUACIÓN JUDICIAL EN ESTADOS UNIDOS DEL SEÑOR CARLOS CARDOEN. OFICIOS
- ADHESION
- Ignacio Perez Walker
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Vladimir Anselmo Sule Candia
- ADHESION
- SITUACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE DÉCIMA REGIÓN. OFICIO
- TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE CIDERE-BIOBÍO.
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 333ª, ORDINARIA
Sesión 36ª, en miércoles 4 de septiembre de 1996
Ordinaria
(De 16:20 a 19:58)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SERGIO DÍEZ, PRESIDENTE,
EUGENIO CANTUARIAS, VICEPRESIDENTE,
Y ROBERTO MUÑOZ BARRA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, PROSECRETARIO
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Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA..........................................................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN................................................................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS................................................................................................................
IV. CUENTA.................................................................................................................................................
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en primer trámite, que autoriza la construcción de un monumento en Iquique en memoria del Contraalmirante don Carlos Condell (se aprueba en general y particular)...............
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Memorándum de Entendimiento con Malasia sobre Cooperación en materia de Defensa (se aprueba en general y particular)................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social con los Países Bajos (se aprueba en general y particular).............................................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica con Honduras (se aprueba en general y particular)........................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con Argentina (se aprueba en general y particular)........................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con Belice (se aprueba en general y particular)...............................................................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley l8.290, de Tránsito, en lo relativo a obtención de licencias de conducir (se aprueba su informe)...........................................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre derechos de los consumidores (queda para segunda discusión)...............................................................................................................................
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)................................................................................................
Terminal agropecuario para Antofagasta. Oficios (observaciones del señor Alessandri)......................
Reunión Parlamentaria Chileno-Boliviana y situación del Norte de Chile ante MERCOSUR. Oficio (observaciones de los señores Bitar y Siebert)....................................................................................
Impacto ambiental de emisario provisiorio en Quinta Región. Oficios (observaciones del señor Horvath)..............................................................................................................................................
Medidas para sectores afectados por asociación a MERCOSUR. Oficios (observaciones del señor Horvath)..............................................................................................................................................
Situación de mercado central de Concepción. Oficios (observaciones del señor Cantuarias)................
Infracción de normas de ética publicitaria en campaña de Asociación de ISAPRES (observaciones del señor Ruiz-Esquide)......................................................................................................................
Movimiento neoliberal, los pobres, la distribución del ingreso y la justicia social (observaciones del señor Lavandero)................................................................................................................................
Situación judicial en Estados Unidos del señor Carlos Cardoen. Oficios (observaciones de los señores Pérez y Lavandero).............................................................................................................................
Situación de pescadores artesanales de Décima Región. Oficio (observaciones del señor Siebert)........
Trigésimo aniversario de CIDERE-Biobío (observaciones de los señores Cantuarias, Siebert, Díaz y Horvath)...............................................................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alessandri Besa, Arturo
--Bitar Chacra, Sergio
--Cantuarias Larrondo, Eugenio
--Carrera Villavicencio, María Elena
--Cooper Valencia, Alberto
--Díaz Sánchez, Nicolás
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Feliú Segovia, Olga
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Bolívar, Arturo
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Hormazábal Sánchez, Ricardo
--Horvath Kiss, Antonio
--Huerta Celis, Vicente Enrique
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Larre Asenjo, Enrique
--Lavandero Illanes, Jorge
--Letelier Bobadilla, Carlos
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Mc-Intyre Mendoza, Ronald
--Muñoz Barra, Roberto
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Otero Lathrop, Miguel
--Páez Verdugo, Sergio
--Pérez Walker, Ignacio
--Piñera Echenique, Sebastián
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara Mariano
--Siebert Held, Bruno
--Sinclair Oyaneder, Santiago
--Thayer Arteaga, William
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social, de Transportes y Telecomunicaciones, y el señor Subsecretario de Previsión Social.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario , el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 42 señores Senadores.
El señor DÍEZ (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 26ª, especial, en 6 de agosto del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 27ª, ordinaria, en 8 de agosto del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor DÍEZ (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, referente a las facultades del Servicio Nacional del Consumidor en relación a los cobros de los servicios telefónicos.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz De Giorgio, respecto al derecho de los trabajadores a formar sindicatos.
Del señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Quinta Región , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, relacionado con el traslado de industrias a las localidades de Quillota y Casablanca.
--Quedan a disposiciones de los señores Senadores.
Solicitud
De don Rolando Acevedo Ortiz, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía.
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor Ministro del Trabajo ha pedido autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Previsión Social, don Patricio Tombolini, a fin de que participe en el tratamiento de uno de los proyectos consignados en la tabla de Fácil Despacho.
--Se accede.
V. FÁCIL DESPACHO
MONUMENTO EN MEMORIA DE CONTRAALMIRANTE DON CARLOS CONDELL
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Lagos, que autoriza la construcción de un monumento en la ciudad de Iquique, en memoria del Contraalmirante don Carlos Condell, con informe de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Lagos).
En primer trámite, sesión 2ª, en 4 de octubre de 1995.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 25ª, en 6 de agosto de 1996.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, quiero agradecer al Senado la aprobación de este proyecto de ley, porque con ello se hace justicia al brillante Contralmirante que, en la Guerra del Pacífico, realizó una de las grandes hazañas en Punta Gruesa, donde, a mi juicio, es conveniente instalar dicho monumento: mirando, precisamente, al sitio donde hizo encallar a la nave peruana, venciéndola.
En nombre de los habitantes de la Primera Región , lugar en que se libró dicha Guerra, reitero mis agradecimientos al Senado. Creo que más adelante seguiremos brindando homenajes a muchos héroes a lo largo del territorio nacional, particularmente en el extremo norte del país.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología aprobó por unanimidad la moción del Senador señor Lagos.
--Se aprueba en general y particular el proyecto.
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA ENTRE CHILE Y MALASIA
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el "Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Defensa", suscrito en Kuala Lumpur, en 1993, entre los Gobiernos de Chile y de Malasia, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 39ª, en 19 de enero de 1995.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 26ª, en 7 de agosto de 1996.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Cabe destacar que existe mucha simpatía y cooperación entre ambos países, y a raíz de este tratado en el área de la Defensa ha habido contactos muy positivos. ASMAR de Chile ya ha colaborado en la construcción de dos buques en Malasia: un remolcador y un petrolero.
Por lo tanto, estimamos que este Memorándum de Entendimiento debe ser aprobado.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Este tratado fue acogido por la Comisión en forma unánime (5 votos contra 0).
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de los Países Bajos, suscrito en Santiago, en 1996, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 4 de junio de 1996.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 27ª, en 8 de agosto de 1996.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
La Comisión de Relación exteriores también aprobó por unanimidad este convenio (5 votos contra 0).
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
El señor URENDA.-
¿Me permite, señor Presidente ? El señor Ministro del Trabajo y el señor Subsecretario de Previsión Social han concurrido al Senado, precisamente, en función de este proyecto. De modo que, a lo mejor, sería conveniente que den alguna explicación sobre la materia.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Ya se aprobó el convenio, señor Senador.
El señor URENDA.-
Considero apropiado que expongan sus puntos de vista, porque el asunto reviste bastante importancia, y sería bueno oírlos. El señor Subsecretario solicitó la palabra, pero la Mesa no se la concedió.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
La iniciativa ya fue aprobada. No sé si el señor Subsecretario desea intervenir.
El señor TOMBOLINI ( Subsecretario de Previsión Social ).-
Señor Presidente , como el proyecto ya se aprobó, no resulta necesario dar una explicación.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Muchas gracias, señor Subsecretario.
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y HONDURAS
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Gobiernos de Chile y de Honduras, suscrito en Santiago, el 12 de marzo de 1993, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 21 de marzo de 1995.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 32ª, en 28 de agosto de 1996.
Hacienda, sesión 32ª, en 28 de agosto de 1996.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Este asunto también fue aprobado en forma unánime por las Comisiones.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y ARGENTINA
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Gobiernos de Chile y de Argentina, suscrito en Santiago, el 26 de agosto de 1994, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 6 de junio de 1995
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 32ª, en 28 de agosto de 1996.
Hacienda, sesión 32ª, en 28 de agosto de 1996.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Este convenio también fue aprobado unánimemente por ambas Comisiones.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y BELICE
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Gobiernos de Chile y de Belice, suscrito en Belmopan, el 11 de febrero de 1993, y su Acuerdo Rectificatorio, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 6 de junio de 1995.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 32ª, en 28 de agosto de 1996.
Hacienda, sesión 32ª, en 28 de agosto de 1996.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Ambas Comisiones aprobaron por unanimidad este convenio.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
El señor DIEZ ( Presidente ).-
Ha terminado Fácil Despacho.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Informe de la Comisión Mixta, formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, aprobado por la Cámara de Diputados y que recae en el proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias para conducir, con urgencia calificada de "suma".
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 31 de mayo de 1994.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 28ª, en 10 de enero de 1996.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 19ª, en 22 de noviembre de 1994.
Transportes (segundo), sesión 52ª, en 12 de abril de 1995.
Transportes (nuevo segundo), sesión 23ª, en 2 de agosto de 1995.
Mixta, sesión 36ª, en 4 de septiembre de 1996.
Discusión:
Sesiones 21ª, en 23 de noviembre de 1994 (se aprueba en general); 56ª, en 2 de mayo de 1995 (vuelve a Comisión de Transportes); 24ª, en 8 de agosto de 1995 (queda para segunda discusión); 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, y 36ª, en 16, 17, 22, 23 de agosto, y 5, 6, 7, 12 y 13 de septiembre de 1995, respectivamente (queda pendiente la discusión particular); 37ª, en 14 de septiembre de 1995 (se despacha en particular).
El señor DÍEZ (Presidente).-
En discusión el informe.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Cooper.
El señor COOPER.-
Señor Presidente , en mi calidad de Senador informante y de titular de la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias surgidas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo referente a la obtención de licencias de conducir, y también como Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, deseo recordar que esta iniciativa fue objeto de diversas enmiendas en la Cámara Alta durante su segundo trámite constitucional, algunas de las cuales fueron aprobadas y otras rechazadas por la Honorable Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional.
De ahí la formación de la Comisión Mixta, la que se constituyó en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras.
Para mí es muy grato señalar que los acuerdos adoptados respecto de cada una de las discrepancias habidas fueron acordados, en su gran mayoría, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. El informe en debate da cuenta detallada de dichos acuerdos.
Cabe destacar que fueron aprobadas la generalidad de las disposiciones modificadas o introducidas por el Senado, después que los señores Diputados escucharon las explicaciones sobre el porqué de dichas enmiendas y su alcance. También es dable destacar que muchas de las proposiciones formuladas por el Senado que fueron rechazadas en el seno del Comisión Mixta, quedaron, de común acuerdo, para ser analizadas, discutidas e incluidas en el nuevo proyecto de ley que introduce modificaciones generales a la Ley de Tránsito y que se encuentra pendiente para su estudio en la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta analizó cada uno de los puntos controvertidos y perfeccionó algunas normas del proyecto en estudio, a fin de superar las divergencias planteadas. Como se señaló anteriormente, aprobó casi todas sus proposiciones por la unanimidad de sus miembros presentes.
La iniciativa en debate tiene por finalidad crear las escuelas de conductores profesionales y actualizar las normas relativas a licencias de conducir. Esas fueron sus ideas matrices. El Senado perfeccionó estas ideas dándoles un carácter más amplio y, al mismo tiempo, reordenó la ley en proyecto cambiando de ubicación algunos preceptos. Asimismo, introdujo enmiendas con la finalidad de guardar la debida concordancia y armonía con las disposiciones ya aprobadas.
En cuanto a las discrepancias surgidas, la Comisión Mixta propone acoger sus proposiciones respecto de las materias que paso a indicar.
Exceptuar de la exigencia de no conducir un vehículo motorizado o a tracción animal sin poseer los documentos que habilitan para hacerlo a los alumnos en práctica de las escuelas de conductores y a las personas que hagan práctica de conducción en vías transitoriamente destinadas por Carabineros a este efecto.
Obligar a portar, además de los documentos que habilitan para conducir, el certificado vigente de la póliza de seguro obligatorio de accidentes, y facultar a Carabineros para retirar de circulación el vehículo conducido por quien no porta los documentos correspondientes.
Sin embargo, si dentro de 48 horas el conductor acredita poseer la documentación adecuada y vigente, se le devolverá el vehículo cursándose la infracción correspondiente. Respecto de los propietarios o encargados de vehículos, se les prohíbe celebrar actos o contratos que impliquen la conducción de los mismos por personas que no tengan una licencia vigente para conducir la clase de vehículo de que se trate.
Se aprobaron las modificaciones introducidas por el Senado respecto a la clasificación de las licencias de conducir. En lo que dice relación a la licencia no profesional Clase B, se acordó que esta licencia habilita para conducir vehículos motorizados con capacidad de hasta nueve asientos, ya que la Clase A-2 habilita para conducir vehículos con capacidad de diez a diecisiete asientos. Respecto de la licencia especial Clase E, la discrepancia fue meramente gramatical, por lo que se aprobó el texto propuesto por el Senado.
El proyecto establece dos clases de requisitos para obtener una licencia. Primero, en cuanto a los requisitos generales y especiales que deberán reunir los postulantes a licencia de conductor, se aprobó el otorgamiento excepcional de licencia para los mayores de 17 años de edad que, entre otros requisitos, hayan aprobado un curso en una escuela de conductores. Segundo, en cuanto a los requisitos especiales de la licencia especial Clase E, la que se exige para conducir vehículos a tracción animal, se requiere tener como mínimo 18 años de edad y saber leer y escribir, pero puede eximirse de este último requisito a quien apruebe un examen especial. En este caso, se consideró a los habitantes de sectores rurales, quienes presentan mayores dificultades para obtener una licencia, porque la municipalidad no está próxima al lugar donde se la requiere.
Respecto de la forma de dar cumplimiento a los requisitos para obtener licencia profesional, se propone que la idoneidad física y psíquica se acredite por medio de un certificado expedido por el médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal respectivo, y los conocimientos teóricos y prácticos, mediante un certificado expedido por una escuela de conductores profesionales reconocida oficialmente, sin perjuicio del deber del Director de Tránsito de adoptar las medidas que estime necesarias para comprobar la efectividad de dichos conocimientos y destrezas.
En relación con la licencia no profesional y la licencia especial, la idoneidad física y psíquica serán acreditadas por medio de un certificado expedido conjuntamente por el Jefe del Gabinete Técnico del Departamento del Tránsito y Transporte Público Municipal y por el médico del mismo, después de haber examinado al postulante para establecer los factores indicados y los exámenes teóricos y prácticos de conducción rendidos por él.
Asimismo, se acordó establecer un mecanismo de reclamo para el postulante cuya solicitud para obtener licencia fue rechazada. El afectado deberá reclamar ante el Juzgado de Policía Local tratándose de falta de idoneidad moral. Conocerá del reclamo relativo a falta de idoneidad física el Servicio Médico Legal. Los otros requisitos serán ponderados en forma exclusiva por la municipalidad correspondiente, que tiene la responsabilidad de dar el certificado y ver si la persona sabe o no conducir, materia que no puede ser resuelta por el Juez de Policía Local.
Para calificar la idoneidad moral de los interesados, se consideran las condenas que hayan sufrido, entre otras, por conducir con licencia adulterada o falsificada. Por ello, la Comisión Mixta sancionó como delito el conducir con una licencia falsa u obtenida en contravención a esta ley o perteneciente a otra persona. Cabe destacar que esta disposición se encuentra establecida en la legislación vigente, pero se le da mayor relevancia en este cuerpo legal.
En cuanto a la periodicidad con que los conductores que posean licencia profesional deberán acreditar que cumplen con los requisitos de idoneidad moral, física y psíquica, y de conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así como con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público, se acordó que deberán acreditar ese cumplimiento cada dos años, a fin de profesionalizar y calificar cada vez más a estos conductores.
Se establece la obligación, para los tribunales de justicia y los Juzgados de Policía Local, de comunicar al Registro Civil las sentencias ejecutoriadas por los delitos que señala, como las cancelaciones y suspensiones de licencia, estableciéndose en una sola disposición las normas contenidas en los artículos 25, 215 y 216 del proyecto.
Se entrega al Reglamento el determinar las menciones que debe contener la licencia.
Se dispone la obligación de portar siempre en el vehículo el certificado de revisión técnica, que debe encontrarse vigente, o el de homologación, en su caso.
Se permite virar a la derecha con luz roja, previa detención, siempre que no haya peatones cruzando la calzada.
Se señalan en un solo artículo las responsabilidades del conductor, del dueño del vehículo y de otras personas distintas de ellos, por los daños y perjuicios que causen.
Se consagran en un Título los diversos delitos, cuasidelitos y contravenciones que se cometen en el otorgamiento de las licencias de conducir y permisos respectivos, corrigiéndose y ordenándose la ley actual, que contiene normas dispersas.
Así, se distinguieron las defraudaciones, en dos artículos, entre los delitos que sólo pueden cometer los funcionarios públicos en sus funciones y los que pueden cometer particulares.
Se agregó un artículo 196 B, nuevo, que sanciona severamente con la pena que indica cuando, a consecuencia de un accidente de tránsito que tenga por causa algunas de las infracciones que señala, la víctima falleciere o quedare demente, inútil para el trabajo, impotente o estéril, impedida de algún miembro importante o notablemente deforme. Tratándose de otras lesiones menos graves o leves, este precepto asigna una pena menor. Además, se permite que los jueces decreten la inhabilidad temporal o perpetua para conducir vehículos motorizados, si las condiciones psíquicas y morales del autor lo aconsejan, aunque no medie condena, por concurrir alguna circunstancia eximente de responsabilidad penal.
La Comisión Mixta rechazó la norma que incorpora el delito de manejo en estado de ebriedad cuando es cometido por conductores de vehículos motorizados o a tracción animal, delito que se encuentra actualmente tipificado en forma amplia en el artículo 121 de la ley Nº 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres.
Se sanciona al que, sin tener la licencia de conductor requerida, maneje un vehículo para cuya conducción se requiere una licencia profesional determinada.
Se sanciona, además, al que, a cualquier título, explote un vehículo de transporte público de pasajeros, de taxi, de transporte remunerado de escolares o de carga, y contrate, autorice o permita en cualquier forma que dicho vehículo sea conducido por quien carezca de la licencia de conducir requerida o, teniéndola, ella esté suspendida o cancelada.
Se incorpora, en las normas que se refieren al manejo bajo influencia del alcohol, la mención a la conducción bajo influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.
Se agregaron como infracciones gravísimas el no respetar la señal "Ceda el paso", siempre que la infracción haya originado un accidente de tránsito, y el conducir un vehículo a mayor velocidad que la establecida en el artículo 150.
Se rechazaron las enmiendas propuestas por el Senado al artículo 198, que señalaba como infracciones graves las contravenciones a materias que dicen relación a los siguientes temas: transporte remunerado de escolares; velocidad; condiciones técnicas de los vehículos, de la carga, de las medidas de seguridad, carburación y contaminación, etcétera. Ello, por cuanto se estimó que tales modificaciones eran ajenas a la idea matriz del proyecto en análisis, que no fueron debatidas y estudiadas con la acuciosidad que corresponde por la Cámara de Diputados y que, por lo tanto, serían incorporadas en el proyecto que modifica la Ley de Tránsito, que se encuentra en estudio en esa Corporación.
Asimismo, se rechazaron las enmiendas introducidas en el artículo 199, referidas también a infracciones o contravenciones menos graves.
Respecto a las multas, la Comisión Mixta rechazó tres disposiciones aprobadas por el Honorable Senado. Una sancionaba al propietario, arrendatario, usuario o empresario que mantenga en circulación un vehículo destinado al servicio público de pasajeros, taxis, transporte escolar o carga, con neumáticos, frenos o dirección en mal estado o sin la revisión técnica aprobada.
En aras del tiempo, resumiré los aspectos más importantes, porque, en verdad, el informe es bastante extenso.
Se rechazó también el precepto propuesto por esta Corporación que sancionaba con multa al adquirente de un vehículo que no cumpliere la obligación de inscribirlo en el Registro Civil e Identificación dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su adquisición, como, asimismo, una disposición que indicaba que la definición de las infracciones sobre peso máximo de vehículos y su penalidad se regirán por las normas que señalaba.
Por otra parte, la Comisión Mixta rechazó la sustitución propuesta por el Senado respecto del artículo que establece las multas con que se sancionarán las infracciones o contravenciones gravísimas, graves, menos graves y leves, y el procedimiento que seguirá el juez para su aplicación.
Asimismo, rechazó el artículo aprobado por la Cámara Alta que establece la posibilidad de que el juez, a petición expresa del infractor, le conmute la multa por trabajos en beneficio de la comunidad.
Se aprobaron dos disposiciones que señalan los casos en que el juez podrá decretar la suspensión y la cancelación de la licencia de conducir, y los plazos correspondientes, sin perjuicio de las multas que sean procedentes; y otro precepto que sanciona al que sea sorprendido conduciendo un vehículo habiéndosele cancelado o suspendido su licencia de conductor.
Se aprobó una norma que elimina el registro de las denuncias, e indica que el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados deberá registrar las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona por delitos, cuasidelitos, infracciones gravísimas o graves, tipificadas en esta ley en proyecto, sea que tengan o no licencia para conducir.
En concordancia con lo anterior, se aprobó un precepto que incorporó, a la obligación de los tribunales de justicia de comunicar al Registro las sentencias ejecutoriadas, a los juzgados de policía local, y agregó aquellas por infracción a la ley Nº 19.366, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
Asimismo, se estableció la obligación de hacer igual comunicación a la municipalidad que hubiere otorgado la licencia respectiva, para que se agregue a la carpeta de antecedentes del afectado, y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en caso de que la sentencia ejecutoriada afecte a un operador de transporte remunerado de escolares.
Se sustituyó el artículo 63 de la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, por otro que señala que los tribunales de justicia o los juzgados de policía local podrán otorgar, a los conductores con su licencia de conducir retenida con motivo de procesos pendientes, permisos provisorios para conducir que no podrán exceder del plazo de ciento veinte días, según los antecedentes del conductor y la gravedad de la infracción.
Se rechazaron las enmiendas introducidas a la ley Nº 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, propuestas por el Senado.
Finalmente, la Comisión Mixta se pronunció sobre dos artículos transitorios que habían sido objeto de discrepancias. El primero dice relación a la exigencia para los titulares de las licencias clase A-1 y A-2 de aprobar un curso en alguna escuela de conductores -para obtener la licencia profesional-, destinado a actualizar sus conocimientos técnicos, resolviéndose que no les será exigible, en ningún caso, el requisito de escolaridad mínima (enseñanza básica).
El segundo tiene que ver con la entrada en vigencia de un sistema de cobro automático de la tarifa, prohibiéndose la conducción y desempeño simultáneo como cobrador o expendedor de boletos en vehículos de transporte público de pasajeros con capacidad para más de 24 personas, en ciudades de sobre 200 mil habitantes, aprobándose su entrada en vigor dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en proyecto.
Es todo cuanto puedo informar.
En consecuencia, solicito la aprobación del informe por unanimidad, pues con ello ratificaríamos el pronunciamiento anterior del Senado y el ya adoptado al respecto por la Cámara de Diputados.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton, y luego, el Senador señor Hormazábal.
El señor HAMILTON.-
El informe rendido por el Presidente de la Comisión ha sido muy completo, tratándose de un proyecto bastante complejo y cuyo estudio tomó mucho tiempo en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, ya que contiene más de 220 artículos -varios transitorios- y modifica diversas leyes referidas al tránsito.
Haré una observación de carácter general y otra particular. En cuanto a la primera, debo decir que gran parte del esfuerzo intenso hecho por la Comisión fue, de alguna manera, corregido por el Senado, y luego, enmendado nuevamente por la Cámara de Diputados. Ello se debió a que en nuestra Corporación el debate del proyecto se extendió más allá de los límites de las ideas fundamentales contenidas en éste, lo cual fue reparado en diversas oportunidades, hasta terminar en la Comisión Mixta, donde los Diputados hicieron presente -a mi juicio, con razón- que el papel del Senado se había extralimitado y que, en lugar de ser una Cámara revisora, éste cambió y amplió la iniciativa -reitero- más allá de su idea original.
La segunda observación recae en un aspecto que me parece de la mayor importancia y atañe a la congestión y contaminación que afectan a las grandes ciudades, particularmente a la Capital.
El Senado aprobó por unanimidad -la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta lo aceptaron- modificar la Ley de Tránsito en el sentido de autorizar que un vehículo motorizado vire a la derecha con luz roja, con la debida precaución, bajo la responsabilidad del conductor y siempre que no haya peatones cruzando la calzada.
La referida disposición reviste particular importancia, porque permite mayor fluidez del tránsito, y, por lo tanto, evita los atochamientos o tacos que se producen en las vías públicas, y contribuye a disminuir también las emanaciones tóxicas, por no tener que detener el vehículo o mantener el motor en marcha por un tiempo prolongado en forma innecesaria, lo cual reduce la contaminación.
Se trata de una norma que se aplica con mucho éxito en la mayor parte de los países más avanzados. La ha puesto en práctica el señor Alcalde de Las Condes y ha obtenido resultados muy positivos, con la diferencia de que debe hacerlo dentro del marco de la ley vigente, la cual le permite adoptar tal medida como excepción. Ahora invertimos la situación: se establece como norma general, salvo que la autoridad municipal correspondiente estime que sea peligroso en determinado cruce, caso en el cual se prohíbe expresamente virar a la derecha con luz roja.
Sin embargo, para sorpresa mía, me enteré de que sobre el precepto en cuestión, que nació en el Senado de una propuesta de los asesores del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, éste anunció, por razones que no comparto, que será vetado. Me parece realmente delicado el que ello pueda ser efectivo, toda vez que hubo un acuerdo unánime del Senado sobre dicha norma, la cual fue aprobada durante la tramitación de un proyecto que tomó mucho tiempo y que fue resuelto definitivamente, con mucha minuciosidad, en la Comisión Mixta.
Las experiencias internacionales y nacionales avalan la disposición que hemos aprobado.
En consecuencia, pido que, en mi nombre, y en el de los señores Senadores que deseen adherir, se oficie al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole -él está en su derecho de acogerlo o no- que no vete el artículo 110, que se refiere a la materia aludida.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
El señor Ministro está presente, señor Senador. Por lo tanto, entiendo que el oficio resulta "inoficioso".
El señor HAMILTON.-
Excúseme, señor Presidente. Por estar concentrado en lo que expuse, no me percaté de que el señor Ministro se encontraba en la Sala. Por tanto, queda hecha formalmente la petición.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente , en mi opinión, el debate debería ser muy breve, ya que el informe rendido por el Senador señor Cooper es bastante completo.
Considero que la idea de fondo a la que se refirió el Honorable señor Hamilton debería ser estudiada por el Senado. Durante el trámite del proyecto en análisis, una serie de elementos complicaron las relaciones con la Cámara de Diputados, precisamente porque ésta percibió que no estábamos cumpliendo en forma cabal nuestra función de Cámara revisora. Este tema debe examinarse para prever conflictos de esa naturaleza, porque, incluso, una primera etapa del trabajo fue innecesaria. Los Diputados, molestos por esta situación, se habían negado a estudiar algunos cambios positivos introducidos por el Senado. De tal modo que, a mi juicio, deberíamos hacer un esfuerzo como Corporación para coordinar adecuadamente el rol de Cámara revisora, ya que también la otra rama del Parlamento cumple esta función cuando los proyectos tienen su origen en el Senado.
Una segunda observación importante es que aquí se ha recogido una antigua aspiración del gremio de conductores. Ellos fueron los que propusieron profesionalizar la actividad, impulsando la idea de las escuelas de capacitación para conductores profesionales; sentida aspiración que ha encontrado respaldo en el Congreso Nacional.
Naturalmente, sé que en esta materia he tenido una discrepancia con los dirigentes del gremio, la que se ha resuelto, en mi opinión, favorablemente. Ellos pedían que se permitiera acceder a la licencia de conducir sólo a los egresados de enseñanza media, no exigiendo tal requisito a los actuales conductores profesionales, lo que entiendo y comparto, pues ellos ya disponen del carné profesional. No obstante, y considerando sobre todo las experiencias de las zonas rurales, donde a muchos jóvenes capaces, por razones económicas o de aislamiento, se les hace difícil terminar el cuarto medio, me parecía sin fundamento limitarles el acceso a una actividad digna y ejemplar como ésta.
En consecuencia, recogiendo la sustancia de lo planteado por las organizaciones gremiales de conductores, tanto la Cámara de Diputados como el Senado han coincidido en que exigir enseñanza media carece de base, por cuanto los nuevos conductores aspirantes a licencia profesional tendrán que aprobar un curso en alguna escuela de capacitación, requisito que -insisto- no están obligados a cumplir los actuales choferes profesionales. Asimismo, una exigencia, comprensible pero no compartida por el Congreso, es abrir esta posibilidad a quienes tengan octavo año básico cumplido.
Por otra parte, el Senado enriqueció la iniciativa con medidas que los gremios de conductores no habían planteado en su primera demanda. La actual legislación establece una serie de sanciones muy drásticas para los choferes, entre las cuales destaca la suspensión de licencias. Notemos que tal medida es adicional al hecho de pagar la multa correspondiente, por lo que un conductor profesional en esa situación queda impedido para trabajar. Al respecto, se introdujeron dos cambios importantes.
En primer lugar, la suspensión de la licencia de conducir no podrá constituir causal de despido -siempre que no sea por más de quince días-, como ocurre muchas veces en el ámbito del transporte.
En segundo término, se reduce a la mitad la duración de todas las suspensiones, con la única excepción de las aplicadas a quien conduce bajo la influencia del alcohol, o de sustancias sicotrópicas o estupefacientes. De esta manera se pretende dar una señal respecto de que el uso del alcohol y la droga por un conductor profesional sigue siendo muy drásticamente sancionado por la legislación.
Asimismo, resulta útil recordar que el hecho de que se entreguen facultades a Carabineros de Chile con el objeto de que ayuden en la fiscalización del cumplimiento de las normas sobre la jornada laboral por parte de los conductores de vehículos destinados al transporte público de pasajeros, es una contribución adicional para enfrentar la abismante y dramática situación de los accidentes del tránsito, donde intervienen sobre todo buses interprovinciales y camiones. Se ha demostrado que muchos de aquellos se producen debido a que el sistema de remuneraciones vigente obliga a los conductores a trabajar en exceso y a pedir más horas laborales, como una manera de incrementar su remuneración.
También se introducen otros cambios muy importantes, pero, para no cansar al Senado, pido aprobar por unanimidad el proyecto informado por el Presidente de la Comisión Mixta, Senador señor Cooper.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Adhiero a esa petición.
El señor ALESSANDRI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, reconozco que la Comisión ha llevado a cabo una labor muy importante y ha tratado de elaborar un código de la licencia de conducir. Pero, revisando rápidamente el informe -no he tenido tiempo para leerlo en su totalidad-, se descubre una disposición absolutamente inaceptable:
"Artículo 189.- Carabineros podrá someter a cualquier conductor a una prueba respiratoria o de otra naturaleza destinada a detectar la presencia de alcohol en el organismo o acreditar el hecho de conducir bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.".
O sea, Carabineros puede interceptar a cualquier conductor en Chile, para detectar si ha consumido alcohol. Lo encuentro inaceptable.
Esto es contrario al derecho de los ciudadanos de circular libremente por la República, siempre que no cometan una infracción. Recuerdo que propuse -fui derrotado- que Carabineros podía requerir los documentos a una persona solamente en caso de cometer una infracción, tal como sucedió en Estados Unidos, donde la Corte Suprema amparó los derechos de un ciudadano. Pero aquí prima la idea de que todos los conductores son delincuentes en potencia y que, por lo tanto, es necesario controlarlos a través de la revisión de los "papelitos" en innumerables calles y retenes ubicados a la salida y entrada de ciertas ciudades de Chile donde todavía hay barreras, como si se tratara de otro país.
Rechazo esa situación, porque estimo que mientras el ciudadano no cometa una infracción y respete los reglamentos, es libre de circular por la República. Nadie tiene el derecho de suponer que porque se está conduciendo un automóvil se ha bebido alcohol.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ALESSANDRI.-
Con mucho gusto, señor Senador, con la venia de la Mesa.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Para que Su Señoría complete su argumentación, deseo aclarar que no sólo se ha establecido la norma que ha mencionado, y hoy vigente, porque Carabineros está facultado para requerir los documentos al conductor y controlarlo, y precisamente por eso se ha publicado en la prensa el uso del "alcotest".
El señor ALESSANDRI.-
¡Voluntariamente!
El señor HORMAZÁBAL.-
Además, si el Honorable señor Alessandri lee el segundo inciso del artículo 189 propuesto, se dará cuenta de que introduce una innovación que va a contrapelo de lo que Su Señoría piensa -lo que respeto, pero no comparto-, porque, atendido el alto número de infracciones y de accidentes que se producen por consumir alcohol y drogas, la Comisión estimó pertinente establecer adicionalmente:
"Carabineros, asimismo, podrá practicar estos exámenes a toda persona que se apreste a conducir un vehículo en lugar público y que presente signos externos de no estar en plenitud de facultades para ello. Si la prueba resulta positiva e indica que la persona se encuentra bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, Carabineros podrá prohibirle la conducción por el tiempo que estime necesario para su recuperación, el cual no podrá exceder de 3 horas a partir de la hora del examen.".
Quise dar este antecedente a fin de que el Senador señor Alessandri complete su legítimo punto de vista, del cual discrepo.
La novedad consiste precisamente en que no podemos dejar de actuar sobre un tema tan relevante como el mencionado.
Agradezco la interrupción.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Puede continuar el Senador señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Yo había leído el inciso segundo. En él se especifica: "que presente signos de no estar en plenitud de facultades para ello.". Pero, conforme al inciso primero, basta que alguien se encuentre sentado tras el volante de un vehículo para que le digan: "Señor, venga para acá. Usted va manejando el auto. Le voy a hacer esta prueba". Eso no lo acepto, por considerarlo contrario a la dignidad de los ciudadanos. ¡Qué quieren que diga!
El señor MC-INTYRE.-
Ese punto ya se votó en el trámite anterior, señor Senador.
El señor ALESSANDRI.-
Yo tengo el uso de la palabra y, con mucho gusto, le concedo una interrupción, Honorable colega.
El señor MC-INTYRE.-
Repito que esa disposición la votamos en la sesión correspondiente. Ahora estamos analizando el informe de la Comisión Mixta.
El señor ALESSANDRI.-
Así será, señor Senador; pero tengo mi opinión y la quiero exponer en el Senado, porque en Chile hay una especie de opresión contra los conductores: exceso de controles, exceso de presunciones. Pareciera pensarse que quien conduce un automóvil es un presunto infractor -no delincuente-, ya sea por ir a demasiada velocidad, por no portar los documentos, por haber ingerido licor, etcétera.
Reclamo contra eso. He tenido la suerte de conducir un automóvil en diversos países del mundo y en ninguno de ellos se controla como aquí, no obstante lo cual se producen más accidentes, no por falta de controles, sino por falta de capacidad para manejar, o por otras razones.
Considero casi inconstitucional controlar en forma desmesurada a personas que conducen un vehículo motorizado, cualquiera que sea.
Señor Presidente , creo advertir que el Senador señor Díaz me solicita una interrupción. Se la concedo, con el mayor agrado, con la venia de la Mesa.
El señor DÍAZ.-
Su Señoría se adelanta, incluso, a mis intenciones, lo cual agradezco.
Lo manifestado por el señor Senador depende del enfoque que se le dé al asunto. ¿Qué pretende esta disposición? Corregir, de alguna manera, un récord que tenemos en el mundo: Chile es uno de los países donde se produce -en proporción al número de habitantes- mayor cantidad de accidentes de tránsito y, como consecuencia de ellos, más muertos. Creo que superamos los mil 700 por año. Si analizamos esos mil 700 casos fatales, veremos que en su mayoría corresponden a jóvenes. Y, si hurgamos un poco más, concluiremos que gran parte de ellos iban conduciendo bajo la influencia del alcohol o de la droga.
Repito: la finalidad de la norma es corregir esa situación. No me siento en absoluto disminuido ni manoseado por nadie si, en un momento dado, en la carretera, me detiene un carabinero y me pide mis documentos, porque sé cuál es su propósito. No es por molestarme, aunque naturalmente puedo considerarlo así, pero también decir: "¡Qué bueno que Carabineros se halle controlando el tránsito. Está resguardando mi vida y la de mi familia!". O sea, depende del enfoque.
Como he dicho, cuando nos enteramos del abismante número de muertos por accidentes de tráfico en Chile y averiguamos sus causas, nos encontramos con que la mayoría de los conductores eran personas jóvenes, que los viernes o sábados por la noche volvían a sus casas desde una discoteca. Todos tenemos alguna triste experiencia al respecto. Por lo tanto, mirado desde este punto de vista, el artículo en debate es absolutamente lógico y cabría aprobarlo.
Agradezco al Senador señor Alessandri la interrupción concedida y, pese a estar en desacuerdo con Su Señoría, el haber adivinado mi intención.
El señor ALESSANDRI.-
Recupero la palabra, señor Presidente. Espero que no se me descuente el tiempo de las interrupciones.
El señor DÍEZ (Presidente).-
El Reglamento establece lo contrario, señor Senador.
El señor ALESSANDRI.-
Lo siento mucho, pero entonces me podrían dar más tiempo.
Concuerdo con el inciso segundo del artículo 189. Sin embargo, solicito al señor Ministro de Transportes -presente en la Sala- estudiarlo en forma más exhaustiva. Creo que con tal norma se les pasó la mano, como se dice vulgarmente. Es una exageración.
Pese a los cientos y miles de controles que ejerce Carabineros en la actualidad, los accidentes se producen igual. No creo que la aprobación de esta norma cambie la situación.
Señor Presidente , la segunda norma que quiero objetar es el artículo 196 D, nuevo, que expresa: "El que sin tener la licencia de conducir requerida, maneje un vehículo para cuya conducción se requiera una licencia profesional determinada, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio.". Por ejemplo, si me subo a un camión y lo muevo tres cuadras para sacarlo de un lugar, me pueden meter preso por 541 días.
Ese precepto constituye una exageración. Comprendo que se castigue a quien provoque un accidente con un vehículo cuya conducción exija licencia profesional o que, simplemente, no tenga licencia o el permiso correspondiente. Pero no puede constituir un delito sancionado con privación de libertad el hecho de manejarlo por dos, tres o cuatro cuadras.
Pido al señor Ministro considerar estas dos disposiciones pues, a mi juicio, son bastante graves. Y ojalá sean objeto de veto, por ser absoluta y totalmente desproporcionadas.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, haré algunos alcances respecto del proyecto.
En primer lugar, me felicito de que se halle en la Sala el señor Ministro de Transportes. Resulta muy adecuada su presencia al finalizar el tratamiento de la iniciativa.
En segundo término, quiero abundar en lo expresado por el Senador señor Hormazábal , en orden a que en la tramitación de la normativa ha habido un problema que, de una vez por todas, debemos enfrentar. Cuando nos abocamos al análisis de una parte muy importante del texto -la relativa a las infracciones-, nos encontramos con que la Cámara de Diputados tuvo la postura de que el punto no se podía tocar, porque el Senado, como ente revisor, carecía de facultades para intervenir en la materia, y -lo que es más grave- que la otra rama legislativa no había tenido tiempo para estudiar lo agregado y aprobado por nosotros y que, por lo tanto, había decidido rechazar esas disposiciones.
A fin de aclarar el punto definitivamente, debo señalar que ambas Cámaras, tanto la de origen como la revisora, tienen las mismas atribuciones, siempre que las materias estén dentro de las ideas matrices del proyecto. Y, no habiéndose declarado la inconstitucionalidad de una norma por ser ajena a la idea de legislar, lo aprobado por una no puede ser calificado por la otra en términos de negarse a cumplir adecuadamente con su deber constitucional, cual es pronunciarse sobre todas las materias, y analizar en una Comisión Mixta aquellas en que hubo discrepancia.
Lo expuesto suscitó un largo debate en la Comisión Mixta. Partes del articulado demandaron bastante tiempo en su análisis, pues, no obstante haber sido aprobadas por unanimidad en el Senado, para posibilitar el despacho del proyecto, hubimos de transar con los señores Diputados -agradezco a los que concurrieron a la Comisión la buena voluntad demostrada, pero estaban mandatados y debían justificar su participación- con el objeto de despachar la normativa con algunas de las disposiciones más fundamentales. Sin embargo, fue necesario dejar fuera de ella otros aspectos incorporados unánimemente por esta Alta Corporación.
Los señores Diputados esgrimieron dos razones: primero, que no habían analizado lo hecho por el Senado; y, segundo, que estaban estudiando tales materias en una nueva enmienda a la Ley de Tránsito. Por eso, me alegro de contar esta tarde con la presencia del señor Ministro , dado que este problema se está examinando en distintas Comisiones.
No es posible que simultáneamente haya dos proyectos de ley sobre un mismo asunto, iniciados por el Ejecutivo , en Cámaras distintas. Si se deseaba modificar la Ley de Tránsito, lo lógico hubiera sido presentar un solo texto. Pero existe el que estamos debatiendo, y otro en estudio en la Cámara de Diputados. Cuando este último llegue al Senado, será menester reabrir el debate acerca de diversos asuntos ya analizados aquí y respecto de los cuales esa Corporación expresó: "No, porque los trataremos de nuevo, aunque estemos de acuerdo con las ideas del Senado".
En tercer lugar, hay en trámite una o dos iniciativas más que dicen relación al tránsito.
En consecuencia, señor Presidente , existe un problema que, desde el punto de vista constitucional, corresponde al Gobierno y al Parlamento analizar: en ocasiones hay tres o cuatro proyectos sobre una misma materia, que se estudian simultáneamente en el Senado o en la Cámara de Diputados. Este hecho conlleva la gravísima consecuencia de que durante el análisis de uno, no se tengan a la vista los antecedentes de los otros, por lo cual, en definitiva, si se transforman en ley, producirán serias contradicciones.
En cuanto a la preceptiva que nos ocupa, deseo destacar algunos puntos importantes.
El primero de ellos dice relación a que para obtener licencia de conducir se considerará en adelante como requisito de idoneidad moral el no haber infringido la ley sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres y la ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
En ese sentido, la normativa propuesta introduce un gran avance, porque antes se castigaba sólo el conducir en estado de ebriedad y se olvidaba la idoneidad moral. Quien tiene un clandestino de alcoholes o vende o consume drogas, carece de idoneidad moral, lo que es independiente de si una persona conduce dopada por una droga o bajo la influencia del alcohol.
El segundo punto al cual deseo referirme dice relación al problema planteado por el Senador señor Alessandri.
La Constitución Política de la República garantiza en el N°1° del artículo 19 "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.". Ello supone el deber del Estado de resguardar a los ciudadanos. A él corresponde la adopción de medidas preventivas para impedir la ocurrencia de hechos que puedan causar la muerte o daños irreparables a la integridad física y psíquica de las personas.
Chile no es un tigre sino un dragón, y no tiene medalla de bronce, sino de oro en materia de accidentes del tránsito y en el número de personas muertas o lesionadas gravemente (con daños irrecuperables), aparte las pérdidas materiales, que en nuestro país significan alrededor de 400 millones de dólares por año. Con ese dinero se podrían hacer muchas obras sociales, especialmente en beneficio de los más pobres.
Esas estadísticas demuestran que no sólo es deber del Estado, sino obligación imperativa suya el tomar todas las medidas preventivas para evitar que esas desgracias ocurran.
Por tal razón, se amplía la facultad que ya tenía Carabineros de Chile para que actúe también en caso de que alguien conduzca un vehículo bajo los efectos de la droga, lo cual es tan peligroso como hacerlo en estado de ebriedad. Y no se trata de un atentado a la dignidad de las personas, sino de una medida de prevención destinada a impedir que los inconscientes o irresponsables puedan producir las catástrofes que cada dos o tres días ocurren en las carreteras.
Si hubiese habido suficiente cantidad de Carabineros y de controles para impedir que el conductor que maneja en estado de ebriedad siga haciéndolo, continuarían con vida miles de chilenos y otros muchos miles no estarían incapacitados.
Éste es un problema de elección; y a él apunta un nuevo argumento relativo a otra disposición legal, al cual me referiré más adelante.
Sin embargo, creo que el Congreso, de una vez por todas, debe decidirse por el respeto de los derechos de las personas en el orden establecido por la Carta Fundamental, empezando por el que establece "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.". Y ésta es una manera de garantizarlo.
El Honorable señor Alessandri se refirió también a lo injusto que era considerar como delito el hecho de que una persona que maneja un vehículo para el cual se requiere licencia profesional de conducir, lo haga sin ella.
Señor Presidente , yo podría citar decenas de casos, que conocimos en la Comisión, de personas que, estando en posesión de una Licencia B, consiguen trabajo para conducir micros o camiones, provocando accidentes de una gravedad increíble. Es más, los empresarios del transporte se opusieron a la norma propuesta sobre la base de que ella les iba a aumentar los costos, pues cuando desean trasladar un camión o un bus utilizan a una persona que no es chofer profesional.
Y volvemos a la misma interrogante: ¿qué vale más, la vida y la integridad física y psíquica de las personas o el derecho a ocupar gente no apta para conducir vehículos que requieren conocimientos y técnicas especiales?
El artículo está en plena consonancia con el propósito de la ley en proyecto, la cual tiene como objetivo central las licencias de conducir. Lo propuesto tiene por finalidad que Chile se ponga a la altura de los países más civilizados y dar real importancia a la concesión de ese permiso y a la responsabilidad de obtenerlo. Por eso, la Comisión estimó inaceptable que una persona sin capacidad legal para conducir un vehículo, lo haga.
Y en esta misma Corporación, tuvimos una experiencia al respecto, cuando el Honorable señor Ríos sufrió un accidente, causado por una persona que no sabía ni siquiera cómo usar la caja de cambios ni los frenos de seguridad del camión que guiaba. ¡Y casi mata a un Senador de la República ! ¿Eso no significa nada, señor Presidente?
Ahora, por primera vez, se establece la responsabilidad para el otorgamiento de las licencias de conducir. En adelante quien las otorgue al margen de la ley incurrirá en delito, al igual que aquel que se consiga permisos adulterados o falsos. Toda la orientación de la iniciativa apunta al resguardo de la vida y de la integridad física y psíquica de las personas.
Señor Presidente , para finalizar, quiero decir que todas estas normas no tienen sino por norte que en el país exista responsabilidad al respecto. Estamos conscientes de que la ley no va a cambiar los hábitos de los chilenos. Pero creemos que debemos advertir a los irresponsables de que su conducta va a ser severamente sancionada cuando ponen en peligro la vida y la integridad física y síquica de cualquier chileno.
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, la tramitación del proyecto que nos ocupa debiera enseñarnos a impedir lo que jamás puede ocurrir en el despacho de una iniciativa, lo que trae como consecuencia la formación de la Comisión Mixta.
Aquí se hizo presente el planteamiento que en su oportunidad realizó la Cámara Baja. Y, en este sentido, considero que los señores Diputados tienen toda la razón en lo que señalaron.
El proyecto de ley propuesto por la Comisión Mixta, fue originado en un mensaje, y tenía por finalidad exclusiva lo relativo a las licencias para conducir y reglar las Escuelas de Conductores.
El artículo 66 de la Constitución Política establece: "Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.".
Todas las modificaciones a la ley Nº 18.290, de Tránsito, fueron sugeridas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la cual se dedicó a analizar el tema del tránsito en general.
Ahora se hace notar el inconveniente de que haya un proyecto en la Cámara y otro en el Senado sobre la misma materia. Pero tratan de cosas distintas.
Reitero que la finalidad de la iniciativa enviada en su oportunidad por el Ejecutivo era reglar las licencias de conducir y las Escuelas de Conductores; pero ha resultado un texto que modifica en gran parte las disposiciones de la ley Nº 18.290.
Señor Presidente , quiero llamar la atención acerca de la gravedad que importa tal régimen de tramitación de los proyectos de ley.
Dentro de las ideas matrices de las iniciativas legales, los Senadores o Diputados se hallan habilitados para presentar las indicaciones que estimen pertinentes. Pero si se agregan en el segundo informe -quiero hacer presente que el proyecto original era bastante breve, pues constaba de cinco páginas- muchos Parlamentarios quedan sin oportunidad de corregirlas ni mejorarlas. Porque se abocan al estudio de diversas normas que conocen por vez primera y que sólo pueden aprobar o rechazar, sin tener otra opción. Por ello, el proyecto en debate resulta inconstitucional si se consideran sus ideas matrices.
El concepto de ideas matrices establecido por la Constitución Política es de excelencia -diría- en lo referente a la tramitación, porque justamente permite mejorar los proyectos. El sistema empleado en la presente iniciativa es muy pernicioso y no permite perfeccionarla. Por eso, durante meses ella fue objeto de estudio en Comisión Mixta, dado que se discutía la modificación de toda la ley Nº 18.290.
Comparto íntegramente el planteamiento de los señores Diputados, quienes, por lo demás, en las sesiones de Comisión Mixta en que estuve presente expusieron el mismo argumento: el proyecto, tal como lo aprobó el Senado, se apartaba de las ideas matrices. Por otra parte, en la Cámara Baja se estudiaba una iniciativa tendiente a modificar la mencionada ley Nº 18.290, en lo que dice relación al tránsito.
En consecuencia, reclamo por la irregularidad del tratamiento dado a este texto, ante su inconveniencia desde el punto de vista del proceso legislativo y de lo que deben ser el tecnicismo y la bondad de las normas que se proponen.
A continuación, me referiré a algunas de las disposiciones del proyecto de la Comisión Mixta que a mi juicio debieran llamar la atención. Pido al señor Ministro que repare en ellas, porque son de gran trascendencia y gravedad. A una se refirió el Honorable señor Hamilton , siendo mi criterio absolutamente contrario al que Su Señoría ha planteado.
El señor Senador ha hecho presente, y con razón, que en muchos países se autoriza a los conductores para virar "con luz roja y precaución", como se anuncia en los letreros correspondientes. Sin embargo, existe una diferencia básica entre las calles de esos países y las de Santiago: en las de la Capital, que tienen una sola vía, permitir ese viraje es, francamente, exponer a que se mate quien va conduciendo.
Por mi parte, creo que es preciso legislar para librar a Chile de su condición de "dragón" en materia de accidentes, según la expresión empleada por el Senador señor Otero , cuyo punto de vista comparto.
La Municipalidad de Las Condes ha realizado -también lo hizo presente el Honorable señor Hamilton- un reconocimiento cualitativo de las calles de esa comuna, para determinar cuáles serían susceptibles, por contar con dos vías o registrar poco tránsito, de que se autorizara para virar con luz roja. En realidad, en Chile hay que proceder así, porque, de no mediar estudios previos, tal autorización resultaría peligrosísima.
Ahora, cabe observar que no existe facultad alguna otorgada por iniciativa del Ejecutivo para imponer una obligación a los municipios, en la medida en que sería preciso examinar todas las calles de cada comuna para establecer en cuáles no se podría virar con luz roja.
En realidad, el sistema legal vigente es el mejor para un régimen de vías tan precario como el existente a lo largo de todo nuestro país. Por eso, estimo que la norma a que me refiero no debe regir en Chile, por ser altamente peligrosa.
En segundo término, pienso que tampoco es idóneo para enfrentar a un dragón que registra los más altos índices de muertes y accidentes el precepto que cambia otro, tan importante, que rige hoy. El artículo 216 de la ley Nº 18.290 dispone que los partes por infracciones serán comunicados directamente por Carabineros al Registro de Conductores. Esta muy sabia disposición, que permite evitar en algún grado los accidentes, se está derogando, y en cambio se propone que sólo se comuniquen al mencionado Registro las sanciones aplicadas en un juicio afinado. La modificación es absolutamente inconveniente.
Los jueces de policía local, por su parte, han planteado igualmente esta inconveniencia y los riesgos que tendrá para la población el aceptar una norma como la propuesta en el informe de la Comisión Mixta.
Recuerdo que cuando en el Senado se trató el precepto en cuestión, un Honorable colega recordó las anotaciones en los registros, respecto de la comisión de delitos, haciendo notar, con razón, que los jueces comunican sólo cuando hay auto de procesamiento. En el caso que nos ocupa, se dan las mismas condiciones objetivas, a mi juicio. Hoy, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, para dictar un auto de procesamiento se requiere que aparezcan "presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.". Y, de acuerdo con los artículos 188 y siguientes de la ley Nº 18.290, el parte y los informes técnicos de Carabineros de Chile constituyen una presunción fundada de que se ha cometido la infracción.
En esa perspectiva, estimo del todo inconveniente, riesgoso y contrario a la debida legislación el suprimir la comunicación al Registro de Conductores de las infracciones que curse Carabineros. Creo que debe ser exactamente lo contrario. El sistema vigente me parece perfecto, y el cambio, muy inconveniente.
En seguida, comparto el planteamiento del Honorable señor Alessandri en cuanto a que el sistema de una prueba a cualquier conductor no es conveniente, en la medida en que las personas no cometan infracciones. En lo que sí se debe ser riguroso es en lo relativo a estas últimas.
Finalmente, reitero lo que ya hice presente en su oportunidad: se apunta en dirección contraria a la protección contra los accidentes del tránsito si se establece una amnistía. No puedo dar otro nombre a lo determinado por el artículo 4º transitorio del proyecto, que señala que "Los que, a la fecha de publicación de esta ley, hubiesen sufrido la cancelación de su licencia de conductor sólo en razón de haber incurrido en infracciones reiteradas de exceso de velocidad y siempre que ninguna de éstas hubiere sido causal de accidente de tránsito, podrán solicitar una nueva licencia dentro de los 180 días siguientes a dicha fecha. De igual manera, a contar de esa fecha, la cancelación de la licencia de conductor sólo procederá por las causales establecidas en la presente ley.".
Reitero que, a mi juicio, lo anterior constituye una amnistía, la que tampoco se encuentra entre las ideas matrices del proyecto, ni en el mensaje del Ejecutivo, ni en el nuevo texto contenido en el informe de la Comisión Mixta, que igualmente tiende a sancionar las infracciones.
Tales son las observaciones que me merece la iniciativa.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, en realidad, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones enfrentó una dificultad en el tratamiento del proyecto al existir, como se dijo, tres o cuatro iniciativas vinculadas: la relativa a licencias de conducir y escuela de conductores; la atinente a la Ley de Tránsito; la moción del Senador señor Piñera respecto de la contaminación proveniente de vehículos motorizados, y la concerniente al transporte escolar.
En cuanto a la actuación de la Comisión, cabe recordar que todas las modificaciones fueron introducidas en el primer informe, no en el segundo, de modo que los señores Senadores tuvieron una amplia oportunidad para efectuar entonces sus análisis. Y todas las observaciones de la Comisión Mixta, en general, corresponden al texto aprobado por el Senado. Es decir, estamos escuchando los mismos argumentos que la vez anterior, lo cual no es conveniente, como sistema de legislar. Perdemos el tiempo.
En segundo lugar, a la escuela de conductores se le dio bastante relevancia, pero también se dejó claramente establecido que el Director de Tránsito de una municipalidad no perdería la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para comprobar la efectividad de los conocimientos, destrezas y habilidades requeridas para conducir un vehículo. Me parece que esto es importante. No sólo la escuela de conductores tiene la responsabilidad de impartir conocimientos teóricos y prácticos, sino que el mencionado Director no pierde la que le corresponde.
El proyecto es, a mi juicio, bastante correcto.
El señor DÍEZ (Presidente).-
El informe de la Comisión Mixta debe ser votado en bloque.
Se tocarán los timbres para llamar a los señores Senadores.
Mientras tanto, quiero aclarar a la Honorable señora Feliú que la Presidencia , tras analizar cuidadosamente dicho texto, comprobó que sus proposiciones corresponden exactamente a las materias que suscitaron dificultades entre la Cámara de Diputados y el Senado. En este trámite no hay manera de declarar inadmisibles las proposiciones de una Comisión Mixta.
La señora FELIÚ.-
Gracias, señor Presidente.
El señor DÍEZ (Presidente).-
En votación el informe.
--(Durante la votación).
El señor BITAR.-
Señor Presidente , voy a votar a favor, pero espero que el Gobierno corrija la norma que permite virar a la derecha con luz roja. Creo que, con nuestra infraestructura y la saturación de vehículos, ello es un riesgo. Ojalá que este aspecto sea vetado.
Voto que sí.
El señor COOPER.-
Señor Presidente , quiero reiterar lo que expresé hace pocos momentos. Si los señores Senadores hubiesen revisado el texto comparado que tienen en sus pupitres, se habrían dado cuenta de que aquello que figura en negrita corresponde a los cambios introducidos por la Comisión, a los cuales me referí en el informe verbal que di denantes. De tal manera que, lamentablemente, hemos repetido un debate que ya tuvimos con ocasión del primer y segundo informes.
Voto que sí.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, creo que la vida y la integridad de las personas bien valen unas pequeñas molestias, como aquellas a que se refirió un señor Senador, que nadie discute que pueden producirse. Pero el sentido del proyecto justifica para votar afirmativamente.
Apruebo.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , por las razones que indiqué, me abstengo.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, espero que el Primer Mandatario recoja las observaciones formuladas durante el debate realizado en el día de hoy, a fin de que, a través de su facultad constitucional para vetar, efectúe las correcciones del caso al texto del proyecto.
En ese entendido, voto favorablemente.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, reconozco el gran esfuerzo que se ha hecho para mejorar muchas disposiciones. Sin embargo, dos de ellas, que objeté, son atentatorias contra los conductores chilenos.
En razón de ello, rechazo el informe.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (32 votos por la afirmativa, uno por la negativa y una abstención), dejándose constancia de que concurre el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Cantuarias, Carrera, Cooper, Díaz, Díez, Fernández, Frei (doña Carmen), Hamilton, Hormazábal, Horvath, Larraín, Larre, Lavandero, Letelier, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Otero, Páez, Pérez, Piñera, Prat, Ríos, Romero, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Alessandri.
Se abstuvo de votar la señora Feliú.
NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor DÍEZ ( Presidente ).-
En el segundo lugar del Orden del Día figura el informe de la Comisión Mixta, formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, recaído en el proyecto de ley relativo a los derechos de los consumidores, con urgencia calificada de "suma". Este informe ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 14ª, en 3 de agosto de 1993.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 61ª, en 15 de mayo de 1996.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 45ª, en 15 de marzo de 1995.
Economía (segundo), sesión 28ª, en 10 de enero de 1996.
Hacienda (segundo), sesión 28ª, en 10 de enero de 1996.
Constitución, sesión 28ª, en 10 de enero de 1996.
Mixta, sesión 36ª, en 4 de septiembre de 1996.
Discusión:
Sesiones 48ª, en 4 de abril de 1995 (queda pendiente la discusión general); 49ª, en 5 de abril de 1995 (se aprueba en general); 36ª, 37ª, 38ª, 40ª, y 41ª, en 5, 6, 7, 13 y 19 de marzo de 1996 (queda pendiente la discusión particular); 43ª, en 20 de marzo de 1996 (se despacha en particular).
El señor DÍEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , la Comisión Mixta ha resuelto las discrepancias que se produjeron entre el Senado y la Cámara de Diputados a raíz de lo aprobado por una y otra rama legislativa en relación con el proyecto.
Éste ha tenido una dilatada tramitación en el Congreso -hecho publicitado en numerosas oportunidades por funcionarios de Gobierno- y es una de las iniciativas que contribuyen a dar una imagen de lentitud en el trabajo parlamentario.
Lo anterior se explica por la tendencia a enviar proyectos fundacionales al Congreso, que pretenden construir desde cero un sistema global y hacen pensar que no existiría legislación alguna sobre las materias que abordan. Este proyecto se inscribe en esa línea, como ha sido, asimismo, el caso de los relativos a los indígenas, la protección de los discapacitados, las ISAPRES, la protección del medio ambiente, el deporte y muchos otros que en este momento no recuerdo. Esas normativas han terminado por derogar toda las disposiciones sobre cada materia y se ha requerido un costo de muchas horas de trabajo y mucho papel escrito para poder reconstruir lo que en el último capítulo se destruye o remueve.
A su vez, el proyecto viene a reemplazar la ley N° 18.223 que ha protegido los derechos del consumidor por más de diez años; que consta de 13 artículos, y a cuyo respecto se ha ido construyendo una rica jurisprudencia en los juzgados de policía local. Esa normativa es sustituida por la que tenemos a la vista, la que, de 13 preceptos originales, ha aumentado a 48 artículos permanentes y 2 transitorios. Hay amplios capítulos declarativos que recogen una jurisprudencia acumulada basada en una legislación sencilla y eficaz, pero que, en definitiva, se está derogando.
Las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados, que dieron lugar a la Comisión Mixta, inciden en los siguientes artículos: 2º (fija el ámbito de aplicación de la ley); 11 (establece normas de seguridad al interior de los establecimientos comerciales); 30 (obliga a la identificación del anunciante a través de una medida prejudicial preparatoria de la demanda en los casos referidos a publicidad engañosa); 33 (regula el cumplimiento de lo ofrecido en promociones u ofertas); 36 (norma la aplicación de los intereses sobre el crédito concedido); 42 (señala los elementos que deben consignarse en las boletas o facturas emitidas por proveedores de servicios); 43 (consagra las infracciones del proveedor a las disposiciones sobre obligatoriedad y calidad del servicio, tanto en el sector sanitario, como en el de transportes, telefonía y distribución de energía eléctrica y de gas); 44, 45, 46, 47, 48 y 49 (relativos a la seguridad de los productos y servicios); 56 (acerca de los organismos reguladores); y, finalmente, el artículo 2 ºtransitorio.
La Comisión Mixta aprobó, por unanimidad de sus miembros, normas que han conciliado las discrepancias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados, salvo dos artículos principales. En uno de ellos. referido a la forma de cobro de los intereses del crédito concedido, primó la tesis del Senado en cuanto a mantener las disposiciones actuales que establecen la posibilidad de cobrarlos acumulativamente, como sucede con los créditos bancarios y de instituciones financieras; y en el otro -el 2º-, que alude al ámbito de aplicación de la ley, la Comisión Mixta, por mayoría de votos, resolvió acoger el criterio de la Cámara de Diputados en orden a disponer que el ámbito de aplicación de esta nueva legislación abarque materias contenidas en leyes referidas a servicios regulados por cuerpos legales especiales, en términos de excluir expresamente lo contenido en éstos y de incluir en las normas que estamos analizando aquello que no se halle explícitamente incorporado en aquéllos. Esta materia se votó divididamente.
Posteriormente, la Comisión Mixta, también por mayoría, acordó proponer a ambas Cámaras que su informe se resuelva en un solo pronunciamiento. En lo que a mí respecta, esta forma de decidir me obliga a abstenerme, principalmente porque discrepo de la disposición que en parte hace extensiva esta ley en proyecto a los servicios regulados por leyes especiales. En particular, mi discrepancia se basa en que esas leyes especiales justamente tocan materias de alta especialización, lo que ha llevado a entregar atribuciones a los jefes directivos de las Superintendencias que les dan el carácter de jueces respecto de materias contenidas en dichos cuerpos legales, los cuales, reitero, son de la más alta especialización. Permitir que la ley relativa a los derechos de los consumidores se introduzca en el ámbito de aplicación de esas leyes especiales significa obligar a los juzgados de policía local a conocer materias muy especializadas. Por ejemplo, podría darse el caso de que un juez de policía local deba resolver sobre procedimientos referidos a la liquidación de un seguro de incendio, en circunstancias de que, por tratarse de una materia de la mayor especialización, debe ser abordada por la Superintendencia respectiva, entidad particularmente habilitada y calificada y cuyo titular posee vasta experiencia, dispone de numerosos antecedentes y maneja una extensa jurisprudencia conformada a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con lo relativo a la seguridad social, o a las Administradoras de Fondos de Pensiones, o a las Instituciones de Salud Previsional, instituciones cuya actividad se rige por normas especializadas y que son fiscalizadas por Superintendentes con atribuciones de jueces y árbitros. Y habrá temas que, por no estar debidamente explicitados en dichas leyes especiales, serán objeto de litigios en juzgados de policía local, que carecen de la debida competencia, experiencia y habilitación para resolverlos.
Por eso, habiéndose zanjado este asunto de la forma indicada, el informe que se nos presenta no merece un voto de aprobación, sobre todo si se considera que, sin él, se dejaría sin aplicación algunos artículos que terminan siendo irrelevantes. En su gran mayoría fueron rechazados por el Senado; sin ellos la iniciativa tenía una conformación estructurada y autosuficiente. Por lo tanto, son prescindibles, y en caso de ser rechazado el informe de la Comisión, no existirían.
El señor DÍEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable a la propuesta de la Comisión Mixta, porque en general apunta a resolver en forma correcta los problemas reales de la gente.
Sin embargo, deseo referirme al artículo 38, que nació de una indicación hecha en el Senado y que fue aprobado por unanimidad, pero -diría- sin prever los alcances que podría tener. De acuerdo con su texto, las infracciones en que se incurra en los procedimientos de cobranza, tanto en los montos como en lo que respecta a las formas materiales, sean contrarias o ajenas a las que establecen las normas procesales civiles, serán conocidas conforme a las disposiciones de este artículo -el 38- y sancionadas con multa que, según la gravedad de los hechos o de los antecedentes acompañados, irán desde un 25 por ciento del capital adeudado hasta el ciento por ciento del mismo, sin perjuicio de la obligación de devolver lo cobrado en exceso al consumidor.
Creo que nadie podría discutir en esta Sala la necesidad de corregir y sancionar los excesos que comprobadamente ocurren en muchos sistemas de cobranza, sobre todo en el campo prejudicial. Hemos visto algunas publicaciones, incluso algunos reportajes en la televisión, donde hay gente que se hace pasar por receptor o envía cartas simulando demandas judiciales, etcétera. Sobre el particular, tanto la disposición que venía de la Cámara de Diputados como la que aprobó la Comisión de Economía del Senado sancionaba este tipo de actuaciones. Sin embargo, en el último minuto se cambió por una proposición -la que acabo de citar - que la Cámara de Diputados no reparó y aprobó y, en consecuencia, no fue materia de discusión en la Comisión Mixta.
Pues bien, esta disposición presenta defectos de forma y de contenido. Defectos de forma, porque, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, debió haberse consultado a la Corte Suprema, lo que se hizo en la Cámara de Diputados pero respecto de un artículo que no tenía nada que ver con el despachado por el Senado. Por lo tanto, no se ha cumplido íntegramente la obligación establecida en esa norma constitucional.
En segundo lugar, el precepto contraviene el inciso segundo del número 16º del artículo 19 de la Carta Fundamental, que garantiza la realización de cualquier trabajo que no sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres.
En este caso, señor Presidente , lo que se está prohibiendo es la cobranza extrajudicial. Pero la expresión "sólo se podrá recurrir a los procedimientos o disposiciones establecidas en la ley" significa que, si un abogado recibe un crédito que consta de una letra de cambio para su cobranza judicial y envía una carta al deudor pidiéndole que pase por su oficina a pagar esa obligación, estaría incurriendo en las penas del infierno que esta misma norma establece.
Entrando al contenido, ¿qué significa esto en la práctica? Significa un grave perjuicio a los deudores, porque serán obligados a recurrir a los tribunales, acrecentando el monto de lo que deben por las costas procesales y personales de cualquier gestión judicial. También va a implicar un serio perjuicio para las instituciones financieras o los acreedores, por cuanto tendrán una demora muchas veces innecesaria al entablar un proceso judicial para recuperar lo que se les adeuda. Pero tanto o más grave que lo anterior es que este mecanismo será perjudicial para la justicia, porque de golpe y porrazo se trasladarán a los tribunales ordinarios centenares de miles de causas que hoy se resuelven por la vía extrajudicial. En virtud de la obligación de proceder de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley, deberán tomar la forma de demanda judicial, según el caso de que se trate, y seguir la vía procesal que define la ley.
En mi opinión, no ha sido intención de nadie, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, prohibir o limitar las cobranzas extrajudiciales. Lo que se ha querido evitar es algo muy distinto: el engaño, el fraude o la manipulación a través de formas de cobranza extrajudicial, que deben ser sancionadas en los términos en que lo hace el proyecto.
Esta situación fue planteada en la Comisión Mixta y el Gobierno se ha comprometido a enviar un indicación sobre el particular. He recibido del Director del SERNAC, don Francisco Fernández , un veto del Ejecutivo que vendría a solucionar este problema, al cual daré lectura para conocimiento de la Sala. Dice así: "El empleo o arbitrios ilegítimos en la cobranza extrajudicial de deudas de consumo será conocido conforme a las disposiciones de este artículo y sancionado con multas que, según al gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados, irán desde un veinticinco a un cien por ciento del capital adeudado, sin perjuicio de la obligación de restituir lo que se hubiere cobrado en exceso al consumidor con respecto a lo informado de acuerdo a la letra e) del artículo 31 y de la pena aplicable al eventual delito que se configure.".
Esta disposición, que será propuesta por el Ejecutivo por la vía del veto, sanciona lo que es sancionable en una cobranza extrajudicial, pero no impide la cobranza extrajudicial que cualquier profesional o persona puede hacer y que es una actividad absolutamente legítima.
Anticipo mi voto favorable a la propuesta de la Comisión Mixta, y dejo constancia del compromiso contraído, entre otros por el Gobierno, en orden a incorporar, mediante un veto, una rectificación a esta norma, que no pudo ser modificada por la Comisión Mixta por no haber habido sido objeto de discrepancias entre ambas Cámaras.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor HAMILTON.-
Sí, con todo gusto.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
El tema precisamente es el veto.
Hay varias inquietudes respecto del contenido del informe de la Comisión Mixta, y quienes han participado en el debate han manifestado efectivamente la voluntad de arreglar esta situación a través del veto. Pero me parece que lo procedente sería que directamente el señor Ministro emitiera un compromiso formal y no a través de una carta, porque, aun cuando sea muy responsable, ello no corresponde.
Planteo este asunto para ver la posibilidad de adoptar un acuerdo y no tener que pedir segunda discusión. Pero creo que en una materia de esta naturaleza -sobre todo, cuando hay un veto de por medio-, y para garantizar el éxito del proyecto, debemos invitar al señor Ministro , a fin de que contraiga un compromiso en términos de lograr el acuerdo del Senado para aprobar el informe de la Comisión Mixta.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , quiero concluir mi intervención haciéndome cargo de las observaciones del Senador señor Larraín.
En realidad, el Gobierno ha tomado varios compromisos -no los conozco todos- para rectificar algunos problemas que surgieron durante la discusión del proyecto, que no fueron advertidos oportunamente en ambas ramas del Congreso, sino sólo cuando la iniciativa ya se encontraba en la Comisión Mixta.
En este caso concreto, no pongo en duda la palabra del Gobierno, entregada a través del señor Ministro y confirmada por el Director del SERNAC. Y aun cuando no he participado en la Comisión ni he seguido el proyecto, sé que hay comprometido un veto, por lo que haría confianza en lo expresado por las autoridades de Gobierno que han participado en la tramitación de la iniciativa. En todo caso, sería conveniente no solicitar segunda discusión, porque ello retrasaría innecesariamente el despacho de un proyecto que viene a llenar realmente un vacío y a servir las necesidades de un gran cantidad de compatriotas.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
¿Me permite un interrupción, Honorable señor Hamilton, con la venia de la Mesa?
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, sin perjuicio de hacer uso de la palabra más adelante, en este punto concreto es importante que la Sala conozca que hubo un compromiso del representante del Ejecutivo en la Comisión Mixta, señor Francisco Fernández , en el sentido señalado por el Senador señor Hamilton. Dicho personero se comprometió a enviar un veto, el que fue previamente conocido, discutido, analizado y aprobado por los distintos miembros de la Comisión Mixta. El Presidente de la Comisión , Honorable señor Prat -que lamento que no esté presente y que ha hecho una relación muy circunstanciada y veraz del proyecto-, podría dar testimonio de ello.
Por consiguiente, en mérito de lo anterior, adhiero a lo planteado por el Honorable señor Hamilton en orden a que el Senador señor Larraín no pida segunda discusión, a fin de aprobar definitivamente el proyecto. Debemos confiar en que existe disposición favorable del Ejecutivo -manifestada, por lo demás, en la propia Comisión Mixta- en cuanto a enviar un veto para superar el problema planteado en esta disposición.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , hemos llegado a este punto en la discusión del proyecto convenido por la Comisión Mixta, la que, después de largas sesiones donde se analizaron todos los aspectos mencionados por el Presidente de la Comisión , llegó a consensos en su casi totalidad, aunque hubo criterios distintos respecto de algunos de ellos. Y estamos frente a una propuesta para aprobar en bloque el informe de la Comisión Mixta, y así disponer de una ley que proteja los derechos de los consumidores. Cabe destacar que la iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, restando sólo este trámite.
Las principales materias debatidas y que finalmente fueron resueltas en la forma descrita en el informe, son las siguientes.
La primera dice relación con el artículo 2° -al respecto llegamos a un acuerdo de mayoría-, el que esencialmente insiste en que a las instituciones regidas por leyes especiales, como bancos, ISAPRES o AFP, en fin, las que hubiere, sólo se aplicarán las disposiciones de esta ley sobre derechos de los consumidores en aquellas materias que su propia normativa especial no prevea. De este modo, logramos un perfeccionamiento en asuntos como las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, que no figuran en las legislaciones especiales, pero sí en la legislación general. Por ejemplo, en publicidad engañosa. Todas éstas son materias de gran utilidad para los consumidores, para los usuarios de servicios, en una sociedad cada vez más informatizada, cada vez más consumidora de servicios.
Por lo tanto, de acuerdo con el inciso final del artículo 2°, que dice: "Las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo en las materias que estas últimas no prevean", en cualquier materia que la normativa especial prevea, rige la especial, y sólo se extiende a las no previstas, que es lo que estamos haciendo aquí.
¿Por qué es esto indispensable, como, por lo demás, lo consideró la mayoría de la Comisión Mixta? Porque es mejor no discriminar entre las diversas actividades. Y así todas quedan sujetas al mismo padrón, a similares criterios y normas.
Tal es el primer punto que deseaba destacar en esta exposición para justificar la necesidad de avanzar y aprobar hoy el informe de la Comisión Mixta.
Un segundo tema que a los señores Senadores seguramente interesará se refiere al artículo 36, respecto del cual se produjo el hecho curioso de que, tras el debate, todos los Diputados coincidieron en su votación, como lo hicieron también los Senadores, pero ambos apoyando distintos criterios, independientemente de sus partidos. Tal precepto se relaciona con los intereses sobre intereses, materia sobre cual la posición de la Cámara, y de todos los Diputados, de Oposición y Gobierno, fue la de que se prohibiera la capitalización de intereses sobre intereses. La nuestra fue la de que, en muchos casos, hay acumulación de deudas impagas, las que se van sumando para posibilitar el renegociar. Si no se estableciera esta norma, podría aumentar el interés original y mucha gente no tendría acceso al crédito.
El punto concreto es que se eliminó esa disposición, y diría que sólo sobre esas dos materias hubo votación, la que fue distinta en uno y otro caso.
Luego, procedimos a un perfeccionamiento de los artículos 42 y 43, en el sentido de que, tratándose de prestación de servicios, no sea obligatorio consignar en las boletas o facturas cuáles son los repuestos o elementos empleados o el precio y el detalle, sino únicamente "cuando el consumidor lo solicite" -texto que fue aprobado-; de modo que aunque subsiste la posibilidad, la fórmula que hemos acordado tiene la ventaja de hacer más simple la ley y más práctica su aplicación.
El otro punto que, a mi juicio, es de suma importancia y acerca del cual finalmente se arribó a un acuerdo, es el referente al Párrafo 5° del proyecto de ley, en el cual se incluyó finalmente un conjunto de artículos donde se establecen disposiciones relativas a normas especiales sobre seguridad, particularmente respecto de productos cuyo uso resulte potencialmente peligroso para la salud o integridad física de los consumidores o para la seguridad de sus bienes. Inicialmente había aquí una diferencia de opinión con la Cámara de Diputados, la que finalmente se salvó en virtud del acuerdo contemplado en el párrafo mencionado consistente en un grupo de disposiciones destinadas a proteger a los consumidores ante la peligrosidad de un producto o servicio o de su toxicidad, y en las que también se fijan las sanciones respectivas y se especifican las condiciones en que deben ser resguardados.
Por último, en lo referente a la materia abordada por el Honorable señor Hamilton , en el sentido de que, según la versión actual, podría no realizarse la cobranza prejudicial y quedar prescrita, el Ejecutivo informó en la Comisión -y yo también destaco este punto- que será vetada y, por lo tanto, corregida.
En consecuencia, creo que hemos llegado a elaborar un texto moderno, de gran calidad, en el que el Senado ha cumplido un papel muy claro y útil de corrección, reducción y precisión, y la Comisión Mixta logró consensos en los aspectos fundamentales de un proyecto que lleva muchos años de tramitación. Felizmente, hemos arribado a un punto de término. Tiene además la siguiente ventaja: que, considerando los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito, la existencia de una legislación moderna como ésta constituye un incentivo para el mejoramiento de la calidad de sus productos y nos acerca al nivel de las exigencias existentes en países más desarrollados y con los cuales estamos compitiendo y, por lo tanto, se nos exigen también estas normas para competir con ellos. Al establecerlas en nuestra legislación perfeccionamos nuestra capacidad de competir, mejoramos tanto nuestras exportaciones como también los productos que ofrecemos a nuestros conciudadanos.
Por tales consideraciones, me declaro partidario de aprobar hoy el informe de la Comisión Mixta -como dije, ya lo hizo la Cámara de Diputados- y sugerimos, como Comisión, aprobarlo en bloque.
He dicho.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente , no pretendo analizar en detalle la iniciativa, sino simplemente recordar que cuando el Senado la votó en particular me tocó conversar con el señor Ministro de Economía para llegar a acuerdos. Y como precisamente no era ya posible modificar las cosas, pues de otro modo habría habido que votar en contra, con el Ministro quedamos de acuerdo en que muchas de estas materias serían consideradas en un veto, el que nuestros sectores estudiarían expresamente. Y la redacción del veto constituyó un compromiso previo a la votación favorable del informe de la Comisión Mixta.
En consecuencia, para nosotros era muy importante la presencia del señor Ministro en el momento de tratar el informe de la Comisión Mixta, a fin de que en esta Sala, y antes de proceder a la votación, dijera "sí, efectivamente, este compromiso existe. Vamos a conversar los temas". Porque son varios, los tengo anotados, pero creo que no es conveniente hacer perder el tiempo al Senado detallándolos en este momento. Cuando el señor Ministro se encuentre presente podrá confirmar tal compromiso y entonces estaremos en condiciones de votar favorablemente.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor OTERO.-
Con mucho agrado, con la venia de la Mesa.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , no pretendo que aborde el detalle de las materias, pero, aparte de aquellas a las que me referí, ¿cuáles son los puntos acerca de los que el señor Ministro o el Gobierno han adquirido un compromiso de veto?
El señor OTERO.-
Señor Senador, están en la versión de los debates de las sesiones en las que se trató esta materia. Desgraciadamente, en este momento no tengo completa la lista. El señor Ministro las conoce perfectamente bien. Sabe de qué se trata. Por eso, sería conveniente tocar estas materias cuando él se encuentre presente.
Pensé que el Secretario de Estado iba a asistir a esta sesión para que pudiéramos aprobar el informe de la Comisión Mixta. Y yo lo votaría favorablemente, porque creo absolutamente en la palabra del Ministro señor García.
Sin embargo, no quisiera que alguien me dijera: "Mire, eso se iba a arreglar en la Comisión Mixta; y lo que trata la Comisión Mixta no pertenece al acuerdo.". Nosotros manifestamos al señor Ministro que los temas pendientes no podían ser tratados en la Comisión Mixta, por merecer observaciones muy serias. Y sostuvo que, una vez concluido el trámite de la Comisión Mixta, esas materias serían resueltas por la vía del veto para llegar a un acuerdo sobre ellas.
Como en la Sala no hay ninguno de los interlocutores del Gobierno, pido a mi Comité que solicite segunda discusión hasta que el señor Ministro concurra a la Sala y podamos dejar esto claramente establecido en el Senado.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , siguiendo las instrucciones del Honorable señor Otero , como Comité pido segunda discusión.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
En conformidad al Reglamento, el informe de la Comisión Mixta queda para segunda discusión.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, ello no impide continuar la primera discusión.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Sobre esta materia ha habido distintas teorías.
Ofreceré la palabra a los dos señores Senadores inscritos, quienes intervendrán si lo estiman necesario. De lo contrario, podrán hacerlo durante la segunda discusión.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , no me queda claro qué ocurre. Pero si habrá otra etapa de discusión sobre el informe de la Comisión Mixta y del proyecto, con la presencia del señor Ministro , preferiría intervenir en esa oportunidad.
En todo caso, no estoy de acuerdo con el fundamento planteado. El proyecto ha tenido una larguísima tramitación, y me causa profunda aprensión que con motivo de la aprobación del informe de la Comisión Mixta vayan a discutirse, en presencia del señor Secretario de Estado , temas que han sido rechazados, no tratados o no considerados. Estimo que ello es grave e inconveniente.
Si el veto se referirá a otras materias, por la razón que sea -porque no fueron acogidas en el primer informe; porque no se aprobaron las indicaciones pertinentes en el segundo, o no se logró acuerdo en la Comisión Mixta-, no sería oportuno que el Senado las considerara con motivo de la discusión del informe de la Comisión Mixta.
Reglamentariamente, lo que hoy está sometido al conocimiento de la Sala, en primera discusión o en la que sea, es el informe de la Comisión Mixta, y esto es lo que debemos debatir.
El Honorable señor Hamilton se ha referido a un tema que estuvo en el debate de dicha Comisión y, más aún, que causó preocupación, porque el artículo 35 del proyecto no fue aprobado por el Senado y hubo un error de tramitación. De manera que planteó un asunto que es perfectamente atendible.
Reitero: estimo que reglamentariamente no es procedente tratar en esta ocasión otros asuntos que se discutieron en algún momento de la tramitación del proyecto de ley relativo a los derechos de los consumidores, para que el señor Ministro los considere en un veto. Sí corresponde debatir el informe de la Comisión Mixta, pero no otros temas en función de vincular esta discusión con un veto del Ejecutivo
Por supuesto, cualquier Comité puede pedir segunda discusión, pero no podemos tratar materias distintas.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite una interrupción, señora Senadora ?
La señora FELIÚ.-
Con el mayor gusto, con la venia de la Mesa.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , cualquier Comité puede pedir segunda discusión, pero procede realizarla al término de la primera. Por lo tanto, no agota la primera discusión, ni la termina.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Ése fue el sentido y alcance de mis expresiones. De manera que para pasar al siguiente proyecto de la tabla la Mesa debía consultar a los señores Senadores inscritos sobre su deseo de intervenir.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , me parece más adecuado que continuemos con el siguiente punto de la tabla, para avanzar en ella, debido a que el informe de la Comisión Mixta lo discutiremos en otra oportunidad.
En esa perspectiva, intervendré en la segunda discusión, sin perjuicio de reiterar el alcance que deben tener los debates que se realicen en la Sala.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, comparto plenamente la primera parte de lo expresado por la Senadora señora Feliú.
Me parece que este asunto está terminado y que corresponde pronunciarnos sobre el informe de la Comisión Mixta. Y no entiendo para qué, ni por qué se quieren revivir asuntos que ya se discutieron, o bien, incorporar nuevos elementos al debate. Reitero que aquí cabe, lisa y llanamente, pronunciarse sobre el citado informe, respecto del cual el Presidente de la Comisión Mixta hizo una relación nítida y transparente. Aunque durante toda la tramitación del proyecto he discrepado del señor Presidente de la Comisión , estimo que su informe es absolutamente claro.
Los puntos de controversia estuvieron, fundamentalmente, en los artículos 2º y 32, donde hubo disparidad de opinión entre los señores Senadores y Diputados para resolverlos. Respecto de todas las otras materias existió unanimidad.
Ello habla bien de la forma como se analizó el proyecto en la Comisión Mixta, porque en ambos artículos los Senadores votaron en un sentido y los Diputados en otro. Incluso, en el caso del artículo 32 -sobre la manera de calcular los intereses- la votación fue absolutamente entrecruzada. En tal sentido, nadie puede dudar de la claridad con que en la Comisión Mixta se decidió en lo tocante a cada materia.
Ahora bien, en el artículo 2º, sobre la amplitud de la ley, figuran con mayor nitidez los criterios rectores o básicos que la inspiran y que a uno lo llevan a ser partidario de la aprobación del proyecto, en tanto que otros permanentemente se opusieron. El ámbito de aplicación que se desea dar a la normativa tiende a garantizar los derechos de los consumidores en un mundo cada día más complejo, de relaciones cada vez más veloces, donde todo indica que es necesario dictar una ley apropiada a los tiempos, y no regirnos por una absolutamente superada por los hechos.
En tal sentido, el alcance del artículo 2º es clarísimo. Por eso, su inciso final establece: "Las normas de esta ley no serán aplicables a la actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios, reguladas por leyes especiales, salvo en las materias que estas últimas no prevean.". Aquí se suscitó, quizás, la mayor discusión.
Soy abiertamente partidario de esta norma, porque no me cabe ninguna duda de que la realidad aconseja dar esta amplitud a la ley para poder hoy día cautelar procedimientos contenidos, por ejemplo, en los contratos de adhesión y en otros, que son extremadamente peligrosos si no se toman los debidos resguardos.
Por lo anterior, señor Presidente , me pronunciaré a favor del informe de la Comisión Mixta en los términos propuestos.
Quiero destacar que el trabajo realizado en ella fue muy serio. Por lo demás, el Ejecutivo se comprometió, en forma clara, a enviar un veto sobre las cobranzas extrajudiciales. De modo que la Sala no puede poner en duda la palabra del Gobierno, porque el texto del veto fue conversado y discutido con los señores Senadores integrantes de la Comisión Mixta, y hubo acuerdo en que su Presidente buscara la aprobación de lo que, en definitiva, será el veto.
Por todo esto, señor Presidente , anuncio mi voto a favor. Y no me parece buena la práctica de que mediante la segunda discusión dilatemos la aprobación de un proyecto de esta naturaleza, sobre todo, porque sentaremos un precedente delicado para el futuro y que, además, es antirreglamentario.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Ha concluido el Orden del Día.
En consecuencia, y como lo solicitara el Comité Renovación Nacional, el proyecto queda para segunda discusión.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HAMILTON:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, referente a PLANOS REGULADORES DE COMUNAS COSTERAS DE QUINTA REGIÓN.
Del señor SIEBERT:
Al señor Ministro de Economía , tocante a SITUACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE DÉCIMA REGIÓN.
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El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
No hará uso de él.
Ofrezco la palabra al Comité Institucionales.
El señor MC-INTYRE.-
Cedemos nuestro tiempo al Senador señor Alessandri.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
TERMINAL AGROPECUARIO PARA ANTOFAGASTA. OFICIOS
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , me referiré a la necesidad de establecer un terminal agropecuario para Antofagasta, respecto del cual se han hecho innumerables gestiones.
Antofagasta tiene una sola vega central, o terminal agropecuario, en un estado calamitoso y colapsado, que toda la población conoce. Además, se encuentra mal situado y en calles atochadas. La ciudad bordea los 30 kilómetros de largo, desde Coloso hasta La Chimba, y no cuenta con un solo recinto para esos fines. Se requieren dos o tres nuevos terminales agropecuarios, para abaratar costos, en beneficio de la ciudadanía. Además, debe incentivarse la libre competencia, insertar esa actividad dentro de la nueva economía de mercado y terminar con el actual monopolio.
Basados en los principios que he señalado, un grupo de dirigentes reunió, en los años 1992 y 1993, a más de 160 comerciantes y transportistas de otras regiones, a fin de dar nacimiento a un terminal agropecuario, originando un fondo con sus propios ahorros y cuotas.
Lamentablemente, por culpa de la burocracia, el proyecto se ha visto postergado; pero, como nortinos, muchos todavía no desfallecen y se esfuerzan para que cristalice este anhelo que beneficiará a la Segunda Región, en especial, a la ciudad de Antofagasta.
En 1993, la directiva vigente, de acuerdo con las autoridades, estudió la posibilidad de concretar la iniciativa en unos terrenos ubicados detrás del ex vivero municipal; pero Bienes Nacionales arguyó que eso no era posible, porque allí se desarrollaría un megaproyecto habitacional, lo que no ha ocurrido y que, aparentemente, jamás sucederá.
Luego, se ubicó un sitio fiscal en la avenida Mejillones, entre las calles Vallenar y Pisagua, apto para esos fines y desocupado por más de 70 años, el cual el ex SEREMI de Bienes Nacionales, don Jorge Valenzuela Araos , se comprometió a ceder o a vender. Incluso, públicamente se colocó la primera piedra, en una ceremonia que contó con la asistencia de camioneros y público en general. Intempestivamente, el mencionado personero cambió de opinión y negó la oportunidad de instalar ahí dicho terminal.
El Alcalde de Antofagasta , don Pedro Araya Ortiz , expresó que allí se levantaría un rodoviario. Luego, afirmó por la prensa que la municipalidad no disponía de fondos para ello. En la actualidad, el sitio continúa durmiendo el sueño de los justos.
En 1994, los entusiastas dirigentes ubicaron otro predio, en la calle Azapa , entre Paihuano y Montegrande, detrás del INACAP, lugar despoblado y sin destino ni fin determinado, al cual concurrieron los interesados, el ex SEREMI de Economía don Ricardo Andrade Hidalgo y autoridades municipales. El Fisco lo cedería para tales propósitos; pero, con posterioridad, se negó esa posibilidad, argumentándose que para el año 2000 se habilitaría una cancha de futbolito.
Últimamente, el arquitecto municipal don Oscar Morales ofreció un terreno de 7.800 metros cuadrados, desocupado por más de 60 años, en el sector norte, en Villa México. Los interesados viajaron dos veces a Santiago y comprobaron que el SERVIU, a título gratuito, lo cedió a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la que lo devolvió a dicha repartición, en vista del interés existente por este proyecto.
Así, el Director Regional del SERVIU, don Víctor Hugo Véliz , reinscribió los terrenos en el Conservador de Bienes Raíces. Todavía hay la esperanza de que sean traspasados a los interesados, por lo menos, en comodato.
Lo expuesto demuestra que existe burocracia y desinterés de las autoridades administrativas para solucionar el problema y construir un terminal agropecuario adicional que tanto anhela Antofagasta.
Pido oficiar, en mi nombre, a los señores Ministros de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, a fin de que se sirvan informar en qué estado se encuentra la solicitud de los comerciantes agropecuarios de Antofagasta.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios requeridos por Su Señoría.
Restan 12 minutos al Comité Institucionales.
El señor MC-INTYRE.-
Los cedemos al Senador señor Bitar.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
REUNIÓN PARLAMENTARIA CHILENO-BOLIVIANA Y SITUACIÓN DEL NORTE DE CHILE ANTE MERCOSUR. OFICIO
El señor BITAR.-
Señor Presidente , deseo brevemente dar cuenta al Senado de una reciente reunión llevada a cabo, en la ciudad de Arica, hace aproximadamente diez días, por el Grupo Interparlamentario Chile-Bolivia, en la cual participaron Senadores de los dos países.
Se trata del primer encuentro de congresales que se registra en la historia de ambas naciones. El Senado altiplánico acogió una invitación cursada por su congénere chileno, en 1995, la cual se materializó después de un viaje por tierra desde La Paz a Arica.
Cabe recordar que esta Alta Corporación constituyó, hace un tiempo, un grupo para las relaciones con Bolivia, resolviéndose que actuara como titular de él el Senador que habla. En tal carácter, impulsé dicha reunión -a ella asistieron, además, por parte del Senado chileno, los Senadores señora Carrera y señores Mc-Intyre , Urenda y Lagos-, al cabo de la cual se acordó, en primer lugar, emitir una declaración conjunta de Senadores chilenos y bolivianos; y, en segundo término, realizar un nuevo encuentro en el país altiplánico, en el curso de este año, con una invitación de parte de los Parlamentarios de esa nación con tal propósito.
La evaluación de dicha reunión es que ha sido una de las más francas y claras para contribuir, de manera decisiva, a un mejor conocimiento mutuo. Sólo a través de éste, es posible entender la posición del otro, comprender las aspiraciones de los demás y ver las posibilidades de llevar a cabo grandes proyectos de interés común.
Hubo clara coincidencia por parte nuestra en el potencial de la realización de un proyecto estratégico común entre ambos pueblos. Pero, junto con eso, según nuestra perspectiva, Chile debe cumplir un papel bastante más activo, porque, si bien la línea gruesa para que el norte de nuestro país se vaya configurando como una gran plataforma de articulación entre el centro de América del Sur y Asia, a través del Pacífico, falta una mayor coherencia institucional y una política de Estado más certera, con miras al siglo XXI, a fin de dar posibilidad de expansión nacional hacia el centro de América del Sur, sobre la base, naturalmente, de intereses comunes, porque para que tales propósitos puedan desplegarse se requiere de beneficios mutuos.
En tal sentido, revisten una importancia capital el Plan Arica; la Ley Arica -que este propio Congreso ya aprobó-; la realización de una ampliación de los puertos de Arica e Iquique, una vez aprobada la Ley de EMPORCHI, con capitales privados y extranjeros; la construcción de caminos, como el recién inaugurado, que une a La Paz con Arica en cinco horas, y el Colchane, entre Iquique y Oruro, en el cual se está avanzando; la habilitación de puertos secos; la facilitación del tránsito; la normalización del trámite de documentos, etcétera.
La visita que realiza en estos momentos del Excelentísimo señor Frei a Bolivia -la primera en cuarenta y un años, después de la última que efectuara el Presidente Carlos Ibáñez del Campo-, junto con constituir también un punto de avance fundamental en los últimos años, viene a culminar todo un trabajo de encuentro entre los Mandatarios de ambos países, así como el avance en un conjunto de proyectos estratégicos comunes.
Es indispensable proseguir tal tarea.
La vinculación de Chile con Brasil a través de un corredor bioceánico, que utilice toda la infraestructura del norte nuestro, y el acuerdo con Bolivia para la implementación de las obras comunes chileno- bolivianas-brasileñas son fundamentales en este terreno.
Quiero destacar que la reunión de Senadores chilenos y bolivianos es un paso importante para alentar la nueva visión estratégica para el siglo XXI, y para estimular el norte de Chile y la integración con los países vecinos.
Junto a lo anterior, deseo destacar que me preocupa la información difundida en el día de hoy, en cuanto a que el Presidente Fujimori habría resuelto -es el antecedente recogido en la ciudad de Iquique- que las importaciones para las zonas francas del sur del Perú sólo se realicen por puertos peruanos. Es necesario comprobar dicha decisión; pero mi primera reacción es que con ello se estarían violando normas internacionales, ya que no se puede discriminar sobre por cuáles puertos se puede acceder de un país a otro.
En mi opinión, esta línea de competencia estratégica entre el sur del Perú y el norte de Chile puede ser vista como una reacción a los planes y desarrollos que hemos venido cumpliendo desde el norte de nuestro país en relación con Bolivia y Brasil. En el caso de este último, los corredores bioceánicos planificados deben ser enmarcados en un contexto de cooperación entre ambos países. Y eso debe ser lo que prevalezca y se impulse.
Sin embargo, dada la situación con Perú, como Senador de la Primera Región , estimo indispensable que de parte nuestra haya una acción más expedita, enérgica y firme sobre el afianzamiento de la expansión de la infraestructura chilena y una mayor iniciativa en términos de ampliación portuaria, de facilidades, de disminución de costos y también de exploración de proyectos mixtos o comunes, con capitales bolivianos y brasileños en toda el área, incluso con Paraguay, a fin de agilizar el desarrollo industrial y la utilización de materias primas de la región, y también de gas y otros productos. Además, en mi concepto, el acceso de las inversiones privadas que Chile pueda tener por el lado de las hidrovías hacia el Atlántico, está al alcance de la mano y puede llevarse a cabo.
Hago estas observaciones con un espíritu de cooperación respecto de mi región, pero también con la visión estratégica clara y bien perfilada -que aún no vemos; no obstante la hemos estado impulsando- que el Estado chileno, por una parte, debe afirmar y, por la otra, el Gobierno perfilar en mejor forma. Así nos podremos encaminar mejor en esa dirección.
Por otro lado, deseo manifestar que el artículo 12 del tratado con el MERCOSUR -abordaré el punto durante su discusión en la Sala- excluye a las zonas francas de Iquique y de Punta Arenas, y las trata como terceros países para los fines de las preferencias. Tal situación complica bastante el desarrollo de esas zonas francas. Y en este sentido planteo la aplicación de las siguientes medidas y de las cuales dejo la correspondiente constancia.
1º) Es indispensable que la Comisión de Administración del Acuerdo prosiga en su idea de que cuando una industria o una mercancía nacional de una zona franca cumpla con los requisitos de origen y con el pago de impuestos, no se excluya la posibilidad de exportación a otro país. La limitación a ello puede originarse en el hecho de que otras naciones carecen de capacidad para las mediciones, y no pueden calcular el porcentaje de origen ni el pago o no pago de los impuestos sobre los insumos importados. Pero si Chile puede hacerlo, debemos dar el impulso para que lo realicen los demás países; sin embargo, no podemos aceptar que, por debilidades administrativas, se restrinjan nuestras posibilidades de exportación.
2º) Asimismo, es necesario que el Gobierno chileno contemple la eliminación del impuesto que grava las zonas francas, lo cual tenía sentido en el tiempo en que había un arancel más alto para las demás regiones del país. En tal aspecto, solicito el envío de un oficio a la autoridad correspondiente. Porque si en el pasado se aplicaba en Chile el 15 por ciento, con el gravamen de 9 por ciento se producía un diferencial de 6; pero, al bajarse el arancel externo chileno de 15 a 11 por ciento, se redujo el del norte y el de Punta Arenas, dejando una diferencia de cinco puntos arancelarios. Sin embargo, al firmarse el acuerdo con el MERCOSUR, puede darse la aberración de que un producto proveniente de Argentina o Brasil que ingrese por Santiago con cero arancel, tenga que pagar 6 por ciento en Iquique o en Punta Arenas.
Por lo tanto, resulta imprescindible eliminar ese 6 por ciento de impuesto, que en su momento fue un arancel para el norte, a fin de que para los productos originarios de países en el MERCOSUR no se aplique este arancel.
En tal sentido, entonces, quiero solicitar que se oficie al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que estudie la posibilidad descrita, para hacer posible un equilibrio y compensación, por lo menos, respecto del MERCOSUR en su efecto sobre las zonas francas.
Además, deseo reiterar que -por haberse declarado inadmisible por el Presidente del Senado la ampliación de los espacios para la Zona Franca de Iquique, durante la discusión de la Ley de Aduanas- es indispensable que frente a estos desafíos el Gobierno, como se ha comprometido, envíe un nuevo proyecto de ley o una nueva indicación, para autorizar al Presidente de la República a que declare la expansión de la Zona Franca de Iquique, lo que es una condición necesaria para potenciar el desarrollo productivo e industrial de esa región ante los desafíos del MERCOSUR y de la propia región.
Todas estas medidas van en la línea de lo que hemos venido planteando: que una zona del norte de Chile, en el siglo XXI, no sea una región extrema, sino una de integración; no una zona aislada, sino de articulación entre el centro de América del Sur y Asia, a través del Pacífico.
No puedo dejar de mencionar en el Senado la necesidad de observar de cerca las medidas que viene tomando el Gobierno peruano y que pueden ser consideradas como desleales, desde el punto de vista del comercio, en cuanto a limitar el uso de los puertos chilenos para el abastecimiento de las zonas francas de toda la región. En ese sentido, el Gobierno debe llevar a cabo las conversaciones y las consultas del caso, para saber hasta dónde se puede llegar con eso. Si hay materias que no pueden ser aceptadas conforme a la Organización Mundial del Comercio, debemos proceder con las normas respectivas; pero, al mismo tiempo, señalar que nuestra voluntad, desde el punto de vista nacional y del norte de Chile, es que haya cooperación con el sur del Perú para el desarrollo de toda la región, más que una competencia clásica que puede ir en desmedro del beneficio de ambos pueblos y de las respectivas regiones.
El Senador señor Siebert me ha pedido una interrupción, la cual se la concedo con el mayor gusto.
El señor SIEBERT.-
No quiero interrumpir ni afectar la interesante exposición del Honorable señor Bitar. Con respecto a una de sus expresiones, deseo complementar un aspecto.
Todo Chile recuerda la reunión que sostuvo el Presidente Augusto Pinochet con el Presidente Banzer en Charaña, denominada "El abrazo de Charaña". Ello dio origen a intenciones de acercamiento con nuestros vecinos bolivianos, lo que, lamentablemente, por razones ya conocidas, no tuvo buen éxito.
Sólo quería plantear esto respecto de lo señalado en el sentido de que los Mandatarios de ambos países no se reunían desde hacía 41 años.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , acojo la aclaración del Senador señor Siebert.
Quiero ser más preciso en mis expresiones y decir que es la primera vez, en 41 años, que un Presidente de la República de Chile visita Bolivia en una zona que no es la frontera. El General Carlos Ibáñez estuvo en La Paz, y el Presidente Frei , en esta ocasión, en Cochabamba. En 1974, como todos sabemos, aconteció "El abrazo de Charaña", entre los Presidentes Banzer y Pinochet.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Bitar, conforme al Reglamento.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde el turno al Comité Mixto, en cuyo tiempo también deseo intervenir, por lo cual solicito la anuencia de la Sala para que me reemplace en la Testera el Honorable señor Muñoz Barra.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental , el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
IMPACTO AMBIENTAL DE EMISARIO PROVISORIO EN QUINTA REGIÓN. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme a la construcción de emisarios provisorios en la Quinta Región y, en particular, a la del conocido como "Emisario Dos Norte", en Viña del Mar.
En la Avenida Jorge Montt , del sector de Las Salinas, se está construyendo un enorme emisario provisorio, cuyo valor, según tenemos entendido, asciende a 8 millones de dólares. Su finalidad será concentrar las aguas servidas -y abrigo una duda respecto de los residuos industriales líquidos-, que este emisario va a "adentrar", por así decirlo, desde la playa hacia el mar, en aproximadamente mil 500 metros. Indiscutiblemente, la concentración de residuos provocará un impacto significativo en el desenvolvimiento de la pesca artesanal en el área.
Por otro lado, sería altamente conveniente saber cómo se ha desarrollado la "identificación", por llamarla así, de los residuos industriales líquidos -ante la presencia de elementos tóxicos, de metales pesados- que, por la concentración del flujo, podrían afectar a la bahía.
En este sentido, me permito solicitar que se oficie, para pedir los antecedentes respectivos, a la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL), a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile y a la Subsecretaría de Pesca, en lo referente a los efectos en los recursos marinos. Deseo que se oficie, asimismo, a la Comisión Regional del Medio Ambiente, por lo que atañe a la evaluación de impacto ambiental de un proyecto de esta naturaleza.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento.
MEDIDAS PARA SECTORES AFECTADOS POR ASOCIACIÓN A MERCOSUR. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Quiero referirme, en segundo término, a compromisos que estaría adquiriendo el Gobierno, por intermedio de los Ministerios competentes -nos hemos ido enterando de ellos por oficios, exposiciones y declaraciones de prensa-, respecto de las áreas que resultarán afectadas por la asociación de Chile al MERCOSUR, asunto que se está analizando en el Senado. Lo que señalo dice relación, en particular, a los rubros agrícola y ganadero, especialmente en el caso de la zona austral y de Aisén.
Pienso que la manera de asumir en plenitud este desafío va por el lado de resolver los problemas estructurales -sobre todo, en el área rural y, dentro de ella, en los sectores más abandonados o marginados-, a través de una serie de medidas. Algunas de ellas han sido planteadas por las autoridades, en términos muy genéricos todavía, y otras no.
En primer lugar, es necesario resolver el endeudamiento crónico del sector. No estamos sosteniendo la idea de una condonación, pues esto sería tremendamente injusto para quienes realmente se han sacrificado pagando sus obligaciones. Deben llevarse las deudas al valor real y a los intereses efectivos, como uso alternativo del dinero, al igual que disponerse los períodos de gracia que se requieren para que se pueda pagar sanamente, sin salir con demasiados perjuicios.
Existen deudas crónicas. Algunas personas las han contraído con organismos de la CORFO, sobre la base de ciertos compromisos, incluso de capacitación, para mejorar o completar su masa ganadera. Se piden préstamos de 500 mil pesos, por ejemplo, y en la actualidad se deben 15 millones de pesos, lo que implica deshacerse de los campos y, prácticamente, de todos los bienes.
En segundo término, cabe señalar la bonificación para la fertilización de praderas. Las experiencias del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias son realmente excepcionales en esta materia. La capacidad para resistir unidades animales por hectárea fertilizada conlleva una recuperación con creces para el Fisco, atendida la reactivación que se produce en la actividad, como ocurrió, por su parte, con la bonificación otorgada por el decreto ley Nº 701.
En tercer lugar se encuentra la bonificación para el riego y el drenaje. Si bien ambas modalidades existen, se trata de ampliarlas, de regionalizarlas y de focalizarlas hacia los sectores afectados por la asociación.
En cuarto lugar se halla el tema de la capacitación, la educación y la reconversión en actividades afines y competitivas. Debe aprovecharse en estas últimas el estilo de vida y los conocimientos de la tierra y del clima de esas zonas. En ese sentido, nuevamente se plantea la secuencia de regionalización y focalización.
Un quinto elemento, estrechamente ligado con el sector, dice relación a todas las actividades forestales -en especial, la forestación y reforestación-, generadoras de trabajo y de rubros productivos, con todos los efectos sociales y ambientales que ello implica. Al respecto, debo destacar lo atinente a la bonificación por el manejo del bosque nativo. Los proyectos correspondientes se encuentran tremendamente deteriorados y retrasados, por iniciativas presentadas al Congreso Nacional. El focalizar estas actividades en los sectores afectados constituye, a mi juicio, una buena solución.
En sexto lugar -sin pretender un orden de prioridades, sino, simplemente, para exponer el espectro de alternativas- es necesario mencionar la construcción y mejoramiento de caminos rurales, aspecto en que es posible, asimismo, proceder en forma gradual, a través de balsas, pasarelas y sendas de penetración. Cincuenta por ciento del territorio se encuentra marginado, sin acceso, en condiciones de frontera interior, y, evidentemente, a través de la fórmula indicada se pone en movimiento una gran cantidad de recursos, de fuentes productivas y de servicios en los sectores afectados por la asociación con el MERCOSUR.
En séptimo lugar, deseo insistir en la conveniencia de un fondo de investigación e innovación agraria y pecuaria regionalizada. Se trata de configurarlo con la participación de las asociaciones de ganaderos y agricultores locales, no sólo por intermedio del sector público, y de que sea administrado con claros fines de beneficio social, a fin de activar el sector productivo. Esta medida puede permitir que se garantice, con una evaluación social, ambiental y económica, un buen concurso de proyectos.
Hago presente que debe mediar, sí, una acción sincronizada. En caso de que no exista, conjuntamente, un proceso de capacitación, es evidente que los recursos que se trata de comprometer y de especificar en su focalización quedarán en el camino, en actividades del sector estatal o, tal vez, de algunas organizaciones no gubernamentales. Ello se traducirá, en definitiva, en que los sectores realmente afectados no accederán en plenitud a los beneficios.
Sabemos que hay un compromiso anunciado, no formalmente, de llegar, de manera gradual, a la cifra de 150 millones de dólares anuales para los sectores afectados: 40 millones este año, 70 millones el próximo, 120 millones el tercero y, de ahí en adelante, 150 millones.
Creemos que lo anterior, cuando el Senado se encuentra próximo a votar la asociación al MERCOSUR, debería ser planteado formalmente a los distintos parlamentarios que representamos las áreas en que se registrarán repercusiones, a fin de que haya una posibilidad real de asumir el desafío. No aludimos a una compensación, sino a que los sectores afectados puedan asumir, libremente, el reto de la competencia.
En consecuencia, solicito que se oficie, con estos antecedentes, a los señores Ministros de Agricultura, de Hacienda, de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de Relaciones Exteriores.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Horvath, en conformidad al Reglamento.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
SITUACIÓN DE MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN. OFICIOS
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente , hace poco más de un año, desde estas bancas, se solicitó oficiar a la Municipalidad de Concepción y a la Contraloría General de la República, para que, si lo tenían a bien, informaran respecto de la situación, tan confusa, que rodeaba las negociaciones sobre el mercado central de dicha ciudad.
Algunas semanas después de despachados los oficios por el Senado, respondieron, amablemente, tanto la Municipalidad cuanto el organismo contralor. La primera formuló una presentación de carácter legal, haciendo presente al Senador que habla la inconveniencia de que en nuestro ordenamiento jurídico exista la sociedad en comandita -fórmula utilizada por los locatarios para organizarse cuando la municipalidad les transfirió el inmueble del mercado central-, por permitir modalidades de administración absolutamente inadecuadas.
Fue una larga y muy interesante explicación respecto de una materia que en el futuro, tal vez, podría ser objeto de un proyecto de ley, para corregir los vacíos mencionados por el señor Alcalde. Sin embargo, no se obtuvo mayor claridad sobre el otro tema, esto es, las negociaciones a que he hecho referencia -en las cuales el municipio participaba-, para saber la suerte que correría el mercado central de Concepción.
Por su parte, la Contraloría General de la República hizo llegar diversos antecedentes, que precisaban las objeciones manifestadas a una serie de negociaciones relativas a dicho inmueble, en las que habían intervenido el municipio, la organización de los locatarios y la sociedad gestora de éstos, habiendo mediado una retroventa a la entidad edilicia y ensayos de nuevas ventas.
Todo lo anterior me permite señalar que, en el fondo, se ha registrado una situación confusa, desde hace más de 15 años, respecto del mercado central de Concepción.
Hace algunas semanas, exactamente el domingo 7 de julio, el diario "El Sur" incluyó un suplemento con un reportaje especial, de 12 páginas -se trata de una investigación periodística-, denominado "La historia en blanco y negro". En el texto abundan testimonios y detalles acerca de la participación de distintas autoridades y de representantes de los locatarios, además de consignarse las nuevas fórmulas que ha adoptado la negociación en torno de la propiedad del inmueble.
No deseo agotar al Senado con el contenido de toda esa información, pero sí quiero señalar que esa investigación periodística, tan poco frecuente, por lo demás, en nuestros medios y concerniente a un tema de por sí delicado, constituye un hecho inédito en la historia del ya más que centenario diario "El Sur".
El documento y su publicación -repito: únicos en su género- marcan el nivel de preocupación ciudadana acerca del destino y propiedad del mercado central, así como respecto de las transacciones efectuadas. Además, traduce las inquietudes, las dudas -de las que me hago parte-, que rondan y abundan en los habitantes de Concepción.
Más aún: una semana más tarde, se dio a conocer el resultado de una encuesta de opinión realizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, demostrativo, en definitiva, de que la ciudadanía consideraba que había delicados asuntos pendientes sobre la materia.
En cuanto al interés por el destino del mercado central, 70,6 por ciento de los encuestados declaró que le "interesaba" e "interesaba mucho"; respecto de si había terminado o no el tema del mercado central, 80,7 por ciento manifestó que no se hallaba definitivamente cerrado; en lo relativo a la poca claridad en torno de las negociaciones, alrededor de 65 por ciento coincidió en ello. Finalmente, la lista de matices de aspectos poco transparentes incluía "ganancias excesivas para alguna de las partes", señalado por 35 por ciento de quienes respondieron; "no se consultó a la opinión pública", 29 por ciento; "negociaciones a escondidas", 29 por ciento; "manejos políticos", 27 por ciento; "lavado de dinero", 16 por ciento; "estafa", 11 por ciento; y "negocios turbios", 11 por ciento.
No abrigo intención alguna de extenderme acerca de las negociaciones -ya lo hice hace más de un año, cuando recabé los antecedentes y obtuve las respuestas que aquí brevemente comenté-, sino que, simplemente, deseo destacar un asunto que puede terminar siendo tema de preocupación para una capital regional y, diría, para una zona importante del país.
En estas negociaciones se ha registrado la presencia -ya lo denunció un Diputado , hace poco días, en la Cámara Baja- de autoridades del Ministerio del Interior, de un Ministro de la Corte Suprema , que acompañaron a algunos ejecutivos de organizaciones relacionadas con la situación actual de quienes figuran como propietarios del inmueble.
El único objetivo de mi intervención es solicitar que se remitan dos oficios. Uno de ellos, a la Municipalidad de Concepción, para conocer su posición, hoy, en lo atinente a las negociaciones sobre el mercado central.
No quiero extenderme mucho al respecto, pues el señor Alcalde , al recibir el documento, sabrá a lo que me refiero. No necesito aburrir al Senado con el detalle de todas las ventas y transacciones realizadas.
Deseo que el segundo oficio se remita a la Asociación Nacional de la Prensa y a la Dirección Ejecutiva del diario "El Sur", simplemente para felicitarlos, en mi nombre, por la realización del reportaje de periodismo de investigación. Se trata de un trabajo que no he visto en ningún otro medio escrito de nuestro país y que permite a la opinión pública, cualquiera que sea el parecer que se sustente, contar con un documento acerca de una materia sobre la cual, hasta antes de ser difundido, existían demasiados rumores y opiniones, como sucede con cierto tipo de asuntos, a veces, en nuestra sociedad.
Por esas razones, saludo al diario "El Sur" y lo felicito por ese reportaje, al igual que a la Asociación Nacional de la Prensa, ya que uno de sus asociados, el periódico aludido, desarrolló dicha iniciativa. Pienso que otros medios de comunicación harían muy bien en imitarla, en relación con temas que preocupan a la ciudadanía.
Como digo, también he pedido que se envíe oficio a la Municipalidad de Concepción para que, si lo tiene a bien, nos informe en qué situación se encuentran los múltiples juicios llevados adelante respecto de la propiedad del mercado central y las negociaciones en que ha participado para enajenarlo.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor MUÑOZ BARRA.-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , seré muy breve, porque el tiempo del Comité Demócrata Cristiano será ocupado, además, por el Senador señor Lavandero.
INFRACCIÓN DE NORMAS DE ÉTICA PUBLICITARIA EN CAMPAÑA DE ASOCIACIÓN DE ISAPRES
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , el 31 de julio intervine en el Senado para referirme a un reclamo que los Senadores señora Carrera, señor Díaz y quien habla interpusimos ante el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de los Medios de Comunicación, por la forma en que, a nuestro juicio, las ISAPRES, al dar a conocer los beneficios que otorgaban a sus afiliados, denigraban al sector público, por las razones que se aducían para comparar situaciones no comparables entre ambos sistemas, lo que dejaba al sector público en condición muy desdorosa y provocaba, en consecuencia, una falta de credibilidad muy grande en sus usuarios, todo lo cual, además de no reflejar toda la verdad, era contrario a la ética publicitaria.
En esa oportunidad, recordamos que solicitamos el envío de un oficio, en nuestro nombre, a las autoridades pertinentes haciéndoles presentes nuestra preocupación. Si hablo nuevamente ahora, es porque el Consejo de Autorregulación resolvió favorablemente el reclamo interpuesto. Destaco esto porque con frecuencia se suele decir que en el Senado y en la Cámara de Diputados se interviene con argumentos que no corresponden a la plena verdad, o sin conocimiento total de las cosas, o sin justificar adecuadamente nuestros actos.
El CONAR, institución que regula desde dentro -por así decirlo- la actividad de los medios de comunicación, expresó:
"Revisado el material publicitario acompañado y los demás antecedentes y documentos tenidos a la vista, este Consejo ha podido concluir lo siguiente:
"1.- Que la salud en Chile está actualmente estructurada sobre la base de un sistema mixto, público y privado, a diferencia del existente antes de 1981, en que sólo existía el sistema público de salud.
"2.- Que el actual sistema público de salud, es el continuador del antiguo sistema público, integrado por el Servicio Nacional de Salud, el Servicio Médico Nacional de Empleados (Sermena), y el Servicio de Seguro Social, etc.
"3.- Que al sistema público se adscriben todos los trabajadores, mientras expresamente no se desafilien de él y opten por una Isapre.
"4.- Que, por el contrario, al sistema privado de salud sólo se ingresa por afiliación expresa, la que significa necesariamente la desafiliación del sistema público y la pérdida de su condición de beneficiario del sistema estatal.
"5.- Que una parte importante de los posibles futuros afiliados del sistema privado de las Isapres proviene necesariamente de los trabajadores adscritos al sistema público de salud.
"6.- Que el actual sistema público de salud es, de hecho, la única competencia que tiene el sistema privado de salud.
"7.- Que de acuerdo con lo informado por la reclamada" -vale decir, la Asociación de Isapres-, "la motivación principal de la campaña de la Asociación de Isapres A.G. ha sido dar a conocer al público los logros y beneficios que estas instituciones (Isapres) han representado para el país en general en estos quince años, junto a algunos mensajes educativos.
"8.- Que, sin embargo, el elemento motivador de esta campaña, según la propia reclamada, "ha sido comparar la situación existente antes de 1981".
Luego, continúa:
"11.- Que sin perjuicio de las motivaciones, intenciones y objetivos de una campaña publicitaria, el análisis que de ella se hace no dice relación con lo que se quiso comunicar, sino con lo que realmente se comunicó y lo que el receptor o sujeto pasivo de la comunicación percibió o entendió.
"12.- Que la referencia que se hace en la campaña al antiguo sistema es entendida necesariamente como referencia al sistema público, por ser el único antiguo.
"13.- Que no es aceptable, por constituir una práctica de competencia desleal, sustentar una campaña publicitaria en la comparación de la situación actual del sistema privado de salud con la situación antigua de su competencia, más aún, cuando la información que se entiende y percibe como correspondiente al sistema antiguo de la competencia, corresponde a datos y cifras del propio sistema privado o de salud privada, en el pasado.
"14.- Que, sin perjuicio de lo anterior, la forma en que se hace referencia, en la campaña, al antiguo sistema," -vale decir al sistema público- "conlleva una denigración implícita y un desprecio por el competidor, lo cual es especialmente delicado en este caso por tratarse de una necesidad esencial del ser humano, como es la salud.".
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Consejo resolvió: "Acoger el reclamo interpuesto por los Honorables Senadores Sra. María Elena Carrera , Sr. Nicolás Díaz y Sr. Mariano Ruiz-Esquide , por cuanto la campaña publicitaria de la Asociación de ISAPRES A.G. transgrede lo establecido en el Considerando "D" y el artículo 12º del Código Chileno de Ética Publicitaria, debiendo la reclamada de abstenerse de difundir la mencionada campaña.".
El citado considerando d) dice claramente: "Cada aviso o actividad publicitaria debe ser un instrumento de la competencia leal entre los diversos productos y servicios, que, a través de una adecuada información, permite su libre elección.".
Y el artículo 12 preceptúa: "El avisador será respetuoso respecto de productos o servicios publicitados por un competidor. La denigración de un competidor constituye no sólo una falta al honor profesional del avisador, sino que conduce también a un debilitamiento de la confianza que el público dispensa a la publicidad. En tal sentido, los avisos no deberán denigrar directamente ni implícitamente ninguna firma, producto o servicio, ya sea poniéndolo en ridículo, menospreciándolo o de cualquier forma.".
Señor Presidente , la Asociación de ISAPRES, en uso de sus derechos, apeló "contra la Resolución del CONAR en el caso de la denuncia interpuesta por tres Honorables Senadores en contra de la campaña publicitaria que efectúa dicha Asociación", según señala este organismo en un documento fechado el 26 de agosto del presente. El CONAR resolvió -cito textualmente- "No dar lugar al recurso interpuesto por la Asociación de ISAPRES A.G., por ser improcedente como Recurso de Apelación y por no aportar nuevos antecedentes, como Recurso de Reposición.
"En lo que se refiere a la solicitud subsidiaria," -o sea, la atinente a considerar otros antecedentes- "la recurrente deberá estar a lo resuelto originalmente, absteniéndose de utilizar el material que transgreda lo establecido en el Considerando "D" o en el artículo 12º del Código Chileno de Ética publicitaria.".
Señor Presidente , he traído a colación este asunto por lo que señalé al comienzo. Cuando los Senadores pedimos la palabra para solicitar antecedentes o hacer reclamos o expresar públicamente nuestro pensamiento, muchas veces este proceder no es recogido en su real intencionalidad, y se cree que hay ánimo de agredir a quienes son objeto de nuestra preocupación, en circunstancias de que lo único que nos motiva es cumplir con el deber de representar a la ciudadanía. Por eso pueden manifestarse aquí estos resultados o estas respuestas o estas resoluciones que dan razón a los dichos de los Senadores
En segundo lugar, esta sanción moral del CONAR, que impide a la Asociación de ISAPRES continuar con su campaña publicitaria, da fe de algo que hemos expresado reiteradamente: se comprueba definitivamente que en materia de salud no rigen las reglas del mercado vulgar y corriente; que sujetan su acción exclusivamente al afán de incorporar más afiliados o de obtener mayores utilidades, si de por medio está la confiabilidad que la gente tiene, o debe tener, en los facultativos, en los servicios médicos o en los sistemas de salud. Cuando una persona observa una publicidad de esta naturaleza -aspecto sobre el cual no voy a intervenir más-, llega a la conclusión de que los servicios públicos son realmente inoperantes, y la falta de credibilidad que se produce, más allá de las fallas que por sí mismos puedan tener, le hace un grave daño al sistema, porque se agrede la verdad, se abusa de la capacidad de una publicidad que, en definitiva, se paga con los fondos de los propios afiliados, y finalmente se genera un problema de salud muy grave, cual es que en buena parte de las falencias en la curación de las personas tiene mucho que ver la desconfianza en la atención que se recibe en un momento determinado.
Por eso he querido intervenir sobre la materia.
Me alegro de que en esta oportunidad se nos haya dado la razón, porque creemos estar contribuyendo a una mayor transparencia en la atención de salud en Chile.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Lavandero.
EL MOVIMIENTO NEOLIBERAL, LOS POBRES, LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA JUSTICIA SOCIAL
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , creo que los chilenos, y por cierto aquellos que viven en la Novena Región -que represento en el Senado-, se enfrentan al grave y fundamental problema del modelo de sociedad hacia el cual nos encaminamos y, sobre todo, de la injusta distribución del ingreso. Estoy convencido de que estos temas no se han tratado con suficiente profundidad en el ámbito nacional. Además, como muchos de los medios de comunicación no los han recogido, o lo han hecho a medias, estoy escribiendo un libro sobre aspectos de carácter económico que, en mi concepto, son esenciales. Por tal razón, en mi calidad de Senador, quiero dar a conocer, al menos, la "Introducción" de ese ensayo, relativo al movimiento neoliberal, los pobres, la distribución del ingreso y la justicia social; es decir, lo que no se ha dicho del neoliberalismo, la injusta sociedad que crea, los pobres y la distribución regresiva de los ingresos.
A pesar de que voces aisladas han puesto de manifiesto estos temas a veces con reiteración, la comodidad, la falta de decisión, coraje o voluntad política, no ha permitido abordarlos para encontrarles una solución. Lo más grave es que el tiempo no sólo consolida la situación de una pobreza dura, sino que, anticristianamente, este paso generacional del tiempo la hace casi irreversible.
¡Cuántos años de mi vida los he destinado a promover una mejor distribución del ingreso, que conlleve una mayor justicia social, más solidaridad y participación; que tenga por objeto construir una sociedad democrática no sólo en las palabras, sino una real, donde la persona que quiere ser más, pueda tener lo suficiente para crecer y desarrollarse como un ser auténticamente humano, generoso y solidario!
Las páginas, pensamientos y proposiciones que se incluyen más adelante tratan temas tan candentes como lo son las doctrinas neoliberales, la desregulación de los mercados, los efectos de la globalización de los mismos con las economías de escala que se forman, el debilitamiento de la pequeña y mediana empresa, el aumento de la cesantía, la creación de elites de gran sofisticación, la exclusión, la marginación, la secuela de pobreza dura que deja y la pérdida de autonomía e independencia en los distintos países.
Estas líneas son un grito esperanzado a la conciencia social e individual para muchos que, como yo, a veces poco acompañado o solitariamente y en forma aislada, están luchando por años sin resultados prácticos. También he reunido, si no todo, por lo menos mucho de lo que se ha dicho sobre este tema. Algunas cosas las he reducido para no hacerlas repetitivas o demasiado extensas.
Este ensayo y recopilación sé que es insuficiente, pero cada uno puede complementarlo y, si lo estima conveniente, con el aporte de otros, podemos obtener algo más profundo.
Éste puede ser un desafío para cada uno de nosotros, al ayudarnos, y para incorporarlo y crecer interior y exteriormente en el proyecto de sociedad que este grupo pluralista se ha propuesto sostener y llevar adelante.
Sin embargo, si perfeccionásemos este estudio, aun así sería insuficiente si nuestros dirigentes políticos y de Gobierno carecen de voluntad política para llevarlo adelante, incluso a riesgo de que no fuese aceptado debido a los poderes fácticos regresivos que se oponen al cambio. En todo caso, el tema debe estar en el debate y ser conocido por nuestra sociedad. No es cierto que no se puedan realizar transformaciones que determinen una mayor justicia social. Las políticas económicas de los dos últimos Gobiernos democráticos en Chile han logrado reducir el número de indigentes y de pobres de manera espectacular, y podríamos señalarlas como muy exitosas, y más aún si las comparamos con las de los Gobiernos militares y de Derecha, porque se han creado varias formas de llegar eficientemente a los sectores de menos recursos y con un bajo costo administrativo de manera de focalizar el gasto social. Pero no obstante, si se hubiese exterminado la lacra de la indigencia, la ignorancia y la pobreza, subsistiría una sociedad chilena en que los de menores recursos están casi 19 veces más abajo que los sectores de más altos ingresos. Por tanto, la brecha entre pobres y ricos es sideral y, para vergüenza nuestra, de las más altas del mundo. En consecuencia, no podemos permanecer impasibles. No obstante el éxito de las políticas sociales, tenemos que abordar y corregir el modelo económico imperante, que permite aumentar sostenidamente la brecha entre los sectores de más bajos y altos ingresos.
El Banco Mundial auspició un estudio sobre la distribución de los ingresos en distintos países, entre ellos Chile, que es coincidente con los de algunos economistas chilenos. La réplica de los sectores cercanos al Gobierno frente a este estudio, no se hace esperar, y con gran énfasis se señala que no es buena la encuesta entregada sobre ingresos, que muestra una distribución donde el quintil más pobre obtiene un 3,3 por ciento y el quintil más rico el 62,03 por ciento de los ingresos totales; y se agrega que lo correcto es usar la encuesta CASEN por hogares, que determina que el 20 por ciento del sector más pobre obtiene un 4,8 por ciento y el 20 por ciento más rico un 57 por ciento, y con esa explicación se da todo por correcto y bien hecho.
A mi juicio, con esta explicación no sólo se mantiene la tremenda injusticia social existente con pequeñas décimas de diferencia, sino que, además, la explicación no parece correcta matemáticamente: los hogares más pobres tienen, de acuerdo al INE, un 60 por ciento más de individuos que el 20 por ciento más rico. En efecto, el quintil de hogares más pobres tiene sobre 3 millones 500 mil individuos, y el quintil más rico, 2 millones 164 mil personas.
En consecuencia, es más correcto tomar como verdadero índice los ingresos monetarios de las personas, y no los ingresos por hogares, como lo determina la encuesta CASEN.
En los países desarrollados, el 20 por ciento más rico no sobrepasa el 45 por ciento de los ingresos. En Chile, el 20 por ciento más rico se lleva -repito- 62,03 por ciento de los ingresos. En estas mismas naciones desarrolladas, y que nosotros queremos emular, el ingreso del 20 por ciento más pobre no es inferior a 5 ó 6 por ciento. En nuestro país, apenas alcanza a 3,3 por ciento. En materia de injusta distribución del ingreso, estamos al nivel de Guatemala o de algunas naciones tradicionalmente pobres de Sudáfrica.
Lo más grave es que, de acuerdo a diversos estudios internacionales, en países de desarrollo mediano como el nuestro, cuando el sector más pobre está por debajo del 5 por ciento de los ingresos totales, es imposible para sus componentes salir de la pobreza y ocupar los planes de educación y salud que el Gobierno les brinda. Cuando se trata de niveles de subsistencia tan mínimos, una familia pobre con hijos preferirá siempre, como está acreditado, trabajar para subsistir, y no educarse.
Ésta es la urgencia del problema y la razón final para los cristianos, los que tengan una visión progresista de la sociedad o los que estemos empeñados en hacer los cambios necesarios para entrar verdaderamente a una democracia real, tal como lo expresó el ex Presidente de Chile don Patricio Aylwin en el seminario de la ILD y ODCA, realizado en nuestro país, y que hemos analizado y citado en este documento denominado "Los desafíos del desarrollo humano en América Latina".
En este pequeño y modesto ensayo se incorporan documentos que medios de comunicación sesgados no quisieron admitir; asimismo, artículos de prensa que sí lo hicieron en parte. Están también artículos y estudios de economistas, desarrollados en el libro "Neoliberales y Pobres. El debate continental por la justicia", cuyos antecedentes se señalan en los pies de páginas, si se quiere una consulta en mayor profundidad, y de expertos en desarrollo humano, como Hugo Fazio , Jacobo Schatan, Hugo Latorre , además de los aportes de José Soto, de ILADES; de Sergio Micco y Eduardo Saffirio , todos ellos colaboradores en las ideas centrales que aquí se exponen.
Gracias a todos ellos y a los futuros aportes para tratar de informar bien a la opinión pública y de abrir un debate serio, generoso y positivo sobre un tema que es preocupación hoy en el mundo, y por supuesto en Chile, siendo ése el propósito central y nuestra ilusión con la publicación de estos cuadernos de análisis.
A continuación, quiero leer sólo los titulares de este ensayo, para que queden consignados en la Versión Taquigráfica.
Ellos son: Las políticas neoliberales; Más sobre el neoliberalismo; La relación política de subordinación y pérdida de autonomía a través del mercado con los países hegemónicos; Al final se produce una concentración del poder y la riqueza; Aumento del desempleo; El proteccionismo del sistema neoliberal; El sistema exige una mayor regulación institucional; La internacionalización produce desorden en el sistema financiero interno y pérdida de autonomía; La vida de los pobres en el sistema neoliberal capitalista; Una sociedad solidaria y con justicia social; Comunidad fraterna y solidaria; Una política de desarrollo humano y justo y el deber de los políticos; Un desarrollo con democracia; Una estrategia regional y armónica. Voy a leer, también, el próximo título, que es corto: El coraje necesario de los pobres: "Arrancaron nuestro frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces" (Popol Vuh). En seguida, Un desarrollo a escala humana y el mercado como medio; La microeconomía necesaria; Más allá del neoliberalismo; Un núcleo teórico básico en el campo económico; La prioridad del trabajo sobre el capital; Privatizaciones desde la moral.
Además, se agregan -repito- los siguientes estudios (algunos, del Senador que habla): Efectos en Chile del modelo neoliberal; Más sobre los efectos del modelo y de la injusta distribución del ingreso; ¿Qué pasa en Chile?; El drama de una pobreza dura; Creemos que dirigentes políticos y empresarios chilenos pueden y deben corregir la injusticia. Asimismo, algunos de estos artículos pertenecen a Sergio Micco y Eduardo Saffirio : Algunos nuevos desafíos para la política y la economía; La Concertación y la opción por la economía abierta del mercado; Breve balance económico de la red de democratización; Problemas y desafíos; Las tareas político-económicas para la Democracia Cristiana. De Jacobo Schatan : ¿Cuánto cuesta erradicar la pobreza en Chile?; ¿Quién debe pagar la cuenta? y ¿Cómo hacerlo?. Bases para el cálculo en la brecha de ingresos; Brecha de Salud; Brecha de Vivienda; Brecha de Educación; Magnitud de las brechas; Magnitud del esfuerzo redistributivo, y Posibles mecanismos para llevar a cabo la redistribución.
Éstos son los temas desarrollados en el ensayo, que en los próximos 20 ó 30 días trataré de publicar para dar respuesta a un vacío existente en la materia, ya que sólo han sido examinados en forma muy aislada. En alguna ocasión se ha referido al tema el señor Presidente accidental , Honorable señor Muñoz Barra , y otras personas, como el Senador señor Bitar.
Por esa razón, he querido sintetizar algunas de estas ideas para entregarlas al conocimiento de la opinión pública.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
Felicito al señor Senador por su contribución a través de este documento, que, por lo señalado, es de sumo interés
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El siguiente turno corresponde al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
SITUACIÓN JUDICIAL EN ESTADOS UNIDOS DEL SEÑOR CARLOS CARDOEN. OFICIOS
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , intervengo en nombre de los Senadores señores Lavandero y Sule y en el mío propio.
La razón de ser de estas palabras estriba en la necesidad de defender a los empresarios nacionales que intervienen en el comercio exterior cuando son injustamente atacados para eliminarlos de la competencia internacional. Es el caso del ciudadano chileno Carlos Cardoen , reconocido empresario que, además, se ha preocupado de proteger la cultura y la tradición nacional, y que ha debido enfrentar la persecución de personeros del Estado norteamericano, como es de conocimiento público, buscando sacarlo del mercado internacional, donde competía con empresas transnacionales.
Es completamente inexplicable que Estados Unidos haya enjuiciado en su propio territorio al señor Cardoen (y a alguna de sus empresas) y que, sin embargo, no haya formalizado su extradición ante los tribunales chilenos, de acuerdo con los tratados vigentes. Esta omisión ha permitido que el Departamento de Estado norteamericano solicitara a INTERPOL la captura del señor Cardoen en el lugar en que se encontrare (es lo que se llama "Alerta Roja"), sin que haya ningún control de la juridicidad internacional de tal medida.
Por suerte para el señor Cardoen , los tratados relativos a Policía Internacional no pueden cumplirse en Chile sin que previamente la Corte Suprema nacional dé su exequátur. A pesar de ello, el señor Cardoen no puede salir del territorio nacional, el cual se ha convertido en una verdadera cárcel -otros países sí que cumplen estas órdenes, aunque su origen sea meramente administrativo-; pues al bajar en cualquier aeropuerto extranjero podría ser detenido y enviado a Estados Unidos. Esto se parece mucho a una política extorsiva, tendiente a obligar a un ciudadano chileno a presentarse ante tribunales extranjeros sin pasar por el control de juridicidad de la Corte Suprema nacional, inserto en nuestro procedimiento de extradición. Además, tal política deja de lado la protección que brindan los Tratados entre ambos países, y aquellos que regulan los derechos de los ciudadanos extranjeros, incluidos en los instrumentos multilaterales suscritos por Estados Unidos y Chile.
De hecho, tal actitud del Gobierno norteamericano significa hacer que primen sus decisiones judiciales internas, extendiendo sus ámbitos de aplicación a nuestro país y a sus habitantes. Dicha política es inadmisible entre países que deben guardar el respeto mínimo a los derechos de su contraparte y de sus ciudadanos. Es ni más ni menos que la violación de los pactos internacionales, extendiendo al extranjero la fuerza de leyes y procedimientos internos, sin recurrir al debido proceso constituido por el procedimiento de extradición.
Ni los tribunales de Estados Unidos ni el Gobierno de ese país han escuchado al señor Cardoen. Se ha afectado a un ciudadano chileno sin respetar sus derechos. Según hemos sabido, el señor Cardoen no pretende que se deje sin efecto la orden de detención dictada en su contra, ni tampoco ha intentado viajar a Estados Unidos. Naturalmente, reconoce el derecho de ese Gobierno y de sus tribunales a hacer cumplir sus leyes y regulaciones dentro de su territorio. Lo que resulta inaceptable es la pretensión de aplicarlas fuera de sus fronteras.
Los Gobiernos democráticos en los que impera un Estado de Derecho y que respetan el orden jurídico internacional están en la obligación de defender a sus ciudadanos. Cuando éstos son agredidos, deben prestarles la mínima protección, lo que significa representar al ofensor sus excesos, manifestando, además, que ellos pueden conducir a graves términos de deterioros en las relaciones bilaterales.
La protección puede concretarse, a lo menos, representando al Gobierno estadounidense el malestar de nuestro país y de sus dirigentes y autoridades ante el injusto y desmedido tratamiento dado al señor Cardoen ; y expresando que se espera que tal tratamiento cese y que sea derogada la orden de captura internacional dictada en su contra, para utilizar el procedimiento normal de la extradición ante los tribunales chilenos. Aquel Gobierno no puede forzar al señor Cardoen a presentarse ante sus tribunales para ser encarcelado y privado de su derecho a obtener libertad provisional. Previamente, dentro del procedimiento normal en estos casos, un tribunal chileno debería pronunciarse al respecto, permitiendo así resguardar sus derechos procesales y garantizando que no sufrirá vejámenes que nadie merece.
Lo que en esencia solicitamos es que Estados Unidos requiera la extradición del señor Carlos Cardoen Cornejo.
En nombre de los Senadores señores Lavandero y Sule, y en el mío propio, expreso al señor Presidente de la República nuestra petición de que, en uso de las atribuciones que le son privativas, y que desde luego reconocemos, represente al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la necesidad de remover el obstáculo consistente en una simple medida administrativa interna (la orden a INTERPOL, con sede en París, para detener al señor Cardoen y trasladarlo a los Estados Unidos con el objeto de ser juzgado), dispuesta con infracción a las normas y tratados vigentes que regulan la extradición. Ojalá incluya este asunto en la agenda presidencial o de cancilleres, con motivo de la visita de Estado que Su Excelencia realizará a aquel país en noviembre próximo.
Hace algunos meses, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se pronunció favorablemente sobre la tesis que hemos planteado.
Siento el mayor respeto, cariño y aprecio por los Estados Unidos, por sus valores, sus instituciones y su pueblo. Estudié y me eduqué en un colegio de ese país. Porque conozco sus raíces humanistas y su respeto por los derechos humanos, es que creo que la situación de injusticia que vive el señor Cardoen puede y debe ser reparada por las máximas autoridades de ese país, procediendo a requerir su extradición.
Ruego oficiar, en nombre de los Senadores señores Sule y Lavandero , y en el mío propio, al señor Presidente de la República , al señor Canciller , a la señora Ministra de Justicia , al señor Embajador de Estados Unidos y al nuestro en ese país, transcribiéndoles lo aquí expresado y nuestra solicitud.
He dicho.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , conozco la situación descrita por el Honorable señor Pérez , y estoy consciente del problema, no sólo en lo que se refiere a la amenaza, intervención y manejo de la libertad del señor Cardoen , sino que también en cuanto al tratamiento económico injusto e insólito al que él ha sido sometido. Por tal razón, con mucho agrado he adherido a estas solicitudes de oficios formuladas por el Honorable colega.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de los señores Pérez, Lavandero y Sule, en conformidad al Reglamento.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo que resta a Renovación Nacional, ofrezco la palabra el Honorable señor Siebert.
SITUACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE DÉCIMA REGIÓN. OFICIO
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , anteayer, lunes 2 de septiembre, los pescadores artesanales de la Décima Región realizaron algunas acciones que trastocaron la normalidad de la zona: se "tomaron" la carretera, e intentaron hacer lo mismo con la Gobernación de Llanquihue y algunas instalaciones municipales en comunas de la provincia de Chiloé.
Efectivamente, ese sector artesanal afronta graves problemas y no ha sido convenientemente escuchado por las autoridades llamadas a buscar una solución adecuada. Por tratarse de trabajadores que realmente registran bajos ingresos, son tremendamente esforzados y de un sector muy populoso (suman unos 10 mil pescadores), quiero exponer brevemente la situación de la que ellos mismos me informaron en reunión sostenida el viernes 30 en Puerto Montt, en la sede del gremio. En esa oportunidad les ofrecí recurrir a las autoridades nacionales y representarles sus problemas, a los que me referiré en seguida.
En primer lugar, se les ha asignado una insuficiente cuota de pesca del recurso merluza del sur. Esa cuota es de 4 mil toneladas al año, y ellos están pidiendo 8 mil. Efectivamente, la cuota total de captura se encuentra ya agotada; el presente mes de septiembre es de veda, y para los tres meses restantes del año la Subsecretaría de Pesca les concedió una cuota adicional de 3 mil toneladas, dividida en mil 500 para la Undécima Región, y otro tanto para la Décima. Estiman que sería más consecuente para con la cantidad de pescadores artesanales de cada una de esas regiones, que a los de la Décima se les asignara una cuota adicional de 2 mil 500 toneladas, para que en total alcanzaran a 4 mil.
Ojalá que el señor Subsecretario de Pesca pueda escuchar la petición, a través del oficio que pediré enviar al señor Ministro de Economía.
El segundo problema consiste en que se les está aplicando una veda no respaldada por criterio biológico, según esos pescadores manifiestan. En efecto, piensan que la veda biológica debe ser de por lo menos dos meses, a fin de evitar perjuicios en la multiplicación de las especies, fundamentalmente en los meses de agosto y septiembre.
Su inquietud no ha sido escuchada, y, aunque deberían ser los organismos técnicos los que la resolvieran, tengo la impresión de que los pescadores artesanales, que viven y han vivido siempre por generaciones en el mar, cuentan con la experiencia y tienen algo que decir al respecto.
En tercer lugar, esos trabajadores se sienten perjudicados porque se permite la entrada de barcos pesqueros industriales a la boca del Guafo y Guamblin, que constituye una reserva de desove de las especies que ellos pescan en aguas interiores y también en las no reservadas para la pesca artesanal; y es ahí donde se produce la gran cantidad de peces, por temperatura y por condiciones especiales de las aguas. Y eso es lo que hay que respetar.
Lamentablemente, ellos ven que en una zona en donde no pueden pescar, por las condiciones del mar, sí entran los barcos de pesca industriales, hecho que consideran muy perjudicial para sus intereses.
En cuarto lugar, figura un tema que ya expuso la semana pasada y hoy, en forma más breve, el Honorable señor Horvath , y que tengo la impresión de que será necesario seguir haciéndolo presente: los pescadores artesanales de la región se oponen a la presencia de un barco pesquero noruego, de la compañía RGI, filial de American Seefood, que está destinado, justamente, a trabajar en toda la zona austral del país, lo cual, lógicamente, perjudica las pretensiones o posibilidades de pesca de aquéllos.
Cabe destacar que este barco es el de mayor capacidad de pesca del mundo: puede capturar y procesar, en un solo día, mil toneladas. Repito que los pescadores artesanales, que son unos 10 mil, están pidiendo, para todo el año, una cuota de captura de 8 mil toneladas.
Hasta el momento, se sabe que la Subsecretaría de Pesca ha denegado el permiso; y espero que esa decisión se mantenga.
Como quinto punto, ellos hacen ver que existe una tramitación excesiva para la entrega de concesiones de acuicultura. En efecto, las otorgadas sólo lo han sido en forma provisional. Concesiones definitivas no se han entregado desde hace diez años.
Hay problemas en la definición de coordenadas, y necesidad de agilizar los permisos correspondientes.
Además, a pesar de no haberse entregado concesiones definitivas, se está cobrando, incluso hasta con efecto retroactivo, por concepto de permisos provisionales, situación que ellos piden que se revise.
En sexto lugar, señalan la necesidad de tener acceso a las áreas de manejo. El Consejo Zonal de Pesca se los ha denegado; y, en opinión de ellos, eso ha ocurrido porque la representación que tienen ante ese organismo es minoritaria. En verdad, cuentan con un solo representante, contra los cinco o seis del Gobierno y los que representan sectores pesqueros de mayor capacidad.
Finalmente, un tema que hacen presente de manera recurrente es el del acceso a la pesca de salmones en el mar. Ellos insisten en que, al negárseles tal acceso, se está restringiendo su libertad de capturar especies libres. El problema se suscita, porque los salmoneros manifiestan que se trata de peces que se han escapado de las jaulas que, con mucha inversión, han instalado en distintos lugares, por lo que no se debería permitir a los artesanales extraer esta especie que, en el fondo, no es bravía. El asunto está radicado en la justicia, y debería ser resuelto a través de instancias técnicas, con un estudio que determinara si efectivamente son peces escapados de jaula o si ya se ha generado una nueva especie que tuvo su origen, lógicamente, en los salmones escapados. Según los salmoneros, una resolución en este sentido podría llevar, incluso, al rompimiento de jaulas a fin de dejar escapar los salmones para poder capturarlos.
Ésos son los temas que expusieron los pescadores artesanales y que se han visto obligados a hacer presente trastocando la normalidad de la vida regional con tomas de caminos y de instalaciones.
Por tanto, señor Presidente , solicito que se oficie al señor Ministro de Economía y, por su intermedio, al señor Subsecretario de Pesca , a fin de que estudien estas materias a la brevedad y de que se pueda dar una adecuada respuesta a estos pescadores.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE CIDERE-BIOBÍO.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente , es mi propósito esta tarde dar cuenta de la realización en Concepción de una reunión muy grata de aniversario en la que participé hace algunas semanas.
Se celebraban los 30 años de trabajo fecundo, creativo y esforzado de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Biobío (CIDERE-Biobío).
La Corporación tuvo su reunión constitutiva el 25 de noviembre de 1965; su declaración de principios -que tiene la fecha que toman como aniversario- se efectuó el 22 de julio de 1966, y recibió la autorización de estatutos, como correspondía en la legislación de la época, el 19 de abril de 1967, a través del decreto supremo N° 638, del Ministerio de Justicia, que le confirió la categoría de corporación de Derecho Privado sin fines de lucro.
En la reunión, con presencia de numerosos representantes de los asociados de la Corporación, tuvimos la oportunidad de compartir gratamente y, además -citando expresamente las palabras del Presidente , don Claudio Lapostól- hacer una referencia a la historia y a la trayectoria de la misma. Cito textualmente:
"Los fundadores de CIDERE compartieron la idea de que no se puede ser realmente feliz mientras exista pobreza y que para combatirla, llenos de esperanza, pero sin desconocer las dificultades que enfrentarían para concretar sus iniciativas solidarias, de real amor por el prójimo, bregaron con todas sus fuerzas para alcanzar la meta propuesta: dar origen a oportunidades para el desarrollo de los más necesitados.".
Señaló, además, que en la celebración de los 20 años ocurrida una década atrás, el Primer Presidente y Director Honorario de la Corporación , don Ninoslav Bralic Luksic , había recordado que "a los fundadores se los miró como inspirados en una utopía extrema, al buscar asociados que pagaran cuotas para cumplir los objetivos propios de la solidaridad y del amor al prójimo, sin que ellos recibieran nada a cambio.
"Los potenciales asociados preguntaban ¿qué voy a sacar yo de esto? Nuestros fundadores respondían: es muy sencillo, a usted le estamos dando la oportunidad de ayudar con dinero, con esfuerzo, con sacrificio ¿le parece poco?
"En su búsqueda de socios" -prosiguió don Pedro Lapostól- "la Corporación debía romper el principio egoísta que viene desde la época del Imperio Romano, "doy para que des, hago para que hagas y haces para que yo haga". La idea fue entendida, la semilla cayó en tierra fértil, y el aforismo romano no tuvo cabida en CIDERE, donde sufrió una rotunda excepción, muy positiva, por cierto. Después de todo, si hay quienes han dado su vida por nuestra Patria, ¿por qué no esperar que existan personas, empresas e instituciones que entreguen tiempo valioso y parte de su patrimonio en beneficio de chilenos que necesitan de nuestra ayuda para la búsqueda de su prosperidad y realización personal?".
¿Qué ha hecho CIDERE? Quiero hacer una breve referencia contenida en su Reseña Histórica de los 30 años: desde sus comienzos, CIDERE difundió masivamente el empleo de cultivos cubiertos para la producción de flores, frutas y hortalizas. Esta tecnología es hoy extensamente empleada por agricultores de la región.
Durante los años 1969-1970, la Corporación gestionó ante el Gobierno belga los fondos para construir un centro educacional que respondiera a las necesidades de técnicos para la región y el sur del país. Administró los fondos otorgados por su Majestad el Rey Balduino de Bélgica, logró el equipamiento moderno de talleres y laboratorios, obtuvo becas para el perfeccionamiento en Bélgica de los profesores, y dio por terminada su labor con la puesta en marcha de la sede Talcahuano, del Centro Educacional Rey Balduino de Bélgica, al hacer entrega de éste a la Universidad Técnica Federico Santa María. Tal sede de esa universidad inició sus funciones con cinco carreras y 225 alumnos. Hoy se imparten, con gran éxito catorce de ellas y cuenta con 1 mil 800 alumnos, habiéndose titulado más de 3 mil profesionales.
La deshidratación de la mosqueta y extracción de aceite de pepa, constituyen tecnologías, desarrolladas por CIDERE, exitosas y ampliamente difundidas. De ellas surgieron actividades económicas que en la actualidad implican exportaciones anuales superiores a los 24 millones de dólares y en la cual participan hoy más de 64 mil personas en las faenas de recolección del apetecido fruto silvestre.
La Corporación desarrolló antehogares quemadores que funcionan en base a aserrín, dándole un destino provechoso, no contaminante, a este subproducto, para ser utilizado en calefacción, equipos de secado y generadores de vapor. En la región, el precio del aserrín supera los 8 pesos por kilo con 40 por ciento de humedad, base seca. Estos antehogares quemadores se han difundido a lo largo del país, existiendo en operación un número superior a 220, con capacidades entre 100 mil hasta 3 millones de Kilocalorías/hora.
La primera planta de extracción de tanino curtiente fue proyectada por la Corporación para una producción de 50 toneladas anuales de extracto curtiente anhidro. Las necesidades nacionales de curtientes vegetales oscilaban en 5 mil toneladas anuales. Hoy, en el camino de Concepción a Coronel está instalada una empresa de este rubro de producción.
La recolección del hongo Suillus Luteus (callampas del bosque de pino) es también una actividad desarrollada por esta Corporación. CIDERE abrió el mercado exportador para lo cual diseñó secadores para hongos y difundió el proceso de salmuerado para su conservación. En la actualidad las exportaciones de este producto superan los 2 millones de dólares anuales.
Más recientemente, uno de los aspectos que influye considerablemente en la calidad de vida de localidades aisladas, es la falta de suministro eléctrico. CIDERE, preocupada de este aspecto, instaló ocho centrales hidroeléctricas, con más de 60 Kilowatts de potencia y con inversiones actualizadas superiores a 180 mil dólares.
Diversas tareas de capacitación, desarrolladas fundamentalmente en el último tiempo relacionadas con la reconversión de la actividad del carbón, han sido objeto de preocupación de CIDERE-Biobío.
Por otra parte, existen aserraderos y barracas que no están en condiciones de ofrecer maderas secas, pues se requiere de altas inversiones para las instalaciones de secado. El organismo a que me vengo refiriendo diseñó, proyectó e instaló reductores de humedad que se encuentran en funcionamiento en la Octava y Novena Regiones -esta última es la que representa en el Senado quien preside accidentalmente- y puso a disposición de empresarios nacionales esa tecnología, la que también fue requerida por países como Uruguay y Colombia.
Señor Presidente , entregaré algunas últimas cifras:
Las exportaciones de setas de pino, desde el 91 al 95, superan largamente los 14 millones de dólares, provenientes de tecnologías creadas y difundidas por CIDERE-Biobío.
En el año 1995, las exportaciones de mosqueta llegaron a los 24 millones de dólares.
El año pasado se desarrollaron capacitaciones gratuitas hacia un número ascendente de beneficiarios. Las últimas -como decía- relacionadas con las actividades cada vez más decrecientes de la industria del carbón de la zona.
Los bienes producidos durante el año 95, con tecnologías incorporadas o ideadas por CIDERE, superan los 100 millones de dólares. Todo eso y mucho más ha sido la tarea de esta importante Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Biobío, la cual a la fecha cuenta con 51 empresas asociadas, que financian su funcionamiento sin obtener lucro.
En un tiempo en que todo Chile, nosotros y las autoridades gobernantes reclamamos ser más solidarios, tal virtud ha venido siendo practicada durante más de treinta años por CIDERE. Sus iniciativas -las cuales he reseñado brevemente- han concedido una solución económica y una oportunidad de prosperar a muchos vecinos de nuestra región.
En mi opinión, el Senado debía conocer y saber de estas actividades.
Solicito que se oficie en mi nombre a CIDERE para comunicarle la satisfacción y el agrado que muchos habitantes de la Región del Biobío sienten por su trabajo y, en particular, el orgullo que experimenta el Senador que habla -representante de esa zona- cuando su gente ha hecho posible acciones concretas para solucionar los problemas relacionados con las necesidades de los más pobres. Si existieran muchos CIDERES en nuestro país, estoy seguro de que la preocupación de todos por la pobreza sería menor, no en cuanto a su dimensión, pero sí en lo que atañe a su significado, pues habría más manos, más corazones y más voluntades dispuestas a enfrentar una tarea de esa envergadura.
Para mí constituye una satisfacción enorme dar cuenta de estos treinta años de CIDERE, y señalar también que su obra es una manera de contribuir a aliviar la angustiosa situación de los más pobres, a través de ingeniosas tecnologías que, además, representan oportunidades de trabajo y de prosperidad para muchos compatriotas.
Finalmente, agradezco a los Senadores de Renovación Nacional el haberme cedido su tiempo.
El señor SIEBERT.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , deseo sumarme a esa satisfacción, pues conozco la obra desarrollada por CIDERE, y felicitar también, a través del Senador señor Cantuarias, al Presidente de la institución don Claudio Lapostól , quien además ha sido un campeón de la regionalización en Chile.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, quiero felicitar al Senador señor Cantuarias por exponer un tema relacionado con el desarrollo de las regiones y por la independencia con que actúa CIDERE. En realidad, siento "santa envidia" por no tener una institución similar en mi región.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Adhiero también a las felicitaciones, porque conozco tanto las acciones de CIDERE-Biobío -las cuales se han expandido más allá de la Octava Región- como también la figura de don Claudio Lapostól y de otras personas que trabajan con mucha creatividad e ingenio -por así decirlo- para resolver los problemas sociales, económicos y ambientales de las regiones del país.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
Si el Senador señor Cantuarias lo permite, también me sumo a esas felicitaciones.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:58.
Osvaldo Palominos Tolosa
Jefe de la Redacción
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