Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Carlos Fernando Flores Labra
- PERMISO
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
NUEVO PLAZO PARA IMPETRACIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES PARA EXONERADOS POLÍTICOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- DEBATE
-
BENEFICIOS TRIBUTARIOS A DONACIONES PARA CAMPAÑAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y EXTENSIÓN A FINES SOCIALES Y PÚBLICOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
-
CREACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE LAVADO DE DINERO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
-
TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 56ª, en martes 20 de mayo de 2003
Ordinaria
(De 16:20 a 19:56)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (2745-06) (se aprueba)...................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija nuevo plazo para acogerse a ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados políticos (3231-13) (se aprueba en general y particular).......................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo a buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos (3237-05) (se aprueba en general y particular)..........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos (2975-07) (queda pendiente su discusión general)............
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia , Secretario General de Gobierno , de Educación y del Trabajo y Previsión Social, y el señor Jefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 50ª, especial, y 51ª, ordinaria, ambas en 14 de mayo; de las sesiones 52ª y 53ª, extraordinarias, y 54ª, especial, en 15 de mayo, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la Carta Fundamental, comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 23 y 25 del mes en curso, con el propósito que en cada caso se indica:
-El día 23, para participar en la Reunión de Presidentes del Grupo de Río, que se llevará a cabo en la ciudad de Cuzco, República de Perú;
-El día 24, a las 12 horas de Perú, viaje a Buenos Aires para participar de las ceremonias de transmisión del mando presidencial en la República Federal de Argentina, y
-El día 25, en vuelo hacia el territorio nacional, para arribar a las 23, aproximadamente.
Asimismo, señala que durante el período que dure su ausencia lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República , el Ministro del Interior , don José Miguel Insulza Salinas.
--Se toma conocimiento.
Del señor Director de Presupuestos , por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2003, remite los balances de gestión integral de los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley Nº 18.575.
Del señor Gobernador de la provincia de Colchagua, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo al cobro de peajes laterales en Ruta 5 Sur, en las Regiones Sexta y Séptima.
Del señor Gerente General de Aguas Patagónicas S.A., con el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre materias propias del servicio que presta la empresa.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Permiso constitucional
El Honorable señor Flores, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º del Reglamento del Senado, solicita autorización para ausentarse del país a contar del día 22 del mes en curso.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
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El señor NOVOA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , en relación con el proyecto que figura en el segundo lugar de la tabla, sobre creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Comisión de Economía se reunió para estudiarlo, pero no alcanzó a despacharlo en su totalidad, porque contiene muchísimas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
No obstante entender el interés de aprobarlo antes del 21 de mayo, desgraciadamente, nos fue imposible despacharlo ahora. Y, de todas maneras, deberá ir a Comisión Mixta, por cuanto algunas de esas enmiendas ya fueron rechazadas por la Comisión de Economía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entonces, la iniciativa no se tratará en esta sesión, sino en una posterior.
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El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , en cuanto al proyecto incluido en el tercer lugar de la tabla, que fija un nuevo plazo para acogerse a la ley que establece beneficios previsionales para exonerados políticos, en la sesión de esta mañana solicité más tiempo para discutirlo porque en las Comisiones unidas, pese a que lo votamos favorablemente, no fue posible que nos dieran a conocer los valores involucrados en las dos leyes anteriores sobre la misma materia.
Por lo tanto, creo que la situación amerita la segunda discusión.
Sé que la urgencia está vencida. Y desconozco si, reglamentariamente, ya no la tiene. Ignoro cómo se opera en estos casos. Pero me parece de la mayor conveniencia disponer de más tiempo para conocer bien las cifras comprometidas en este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , el hecho de que la urgencia esté vencida no significa que ella desaparece, sino que estamos dejando de cumplir una norma constitucional.
El señor RUIZ (don José).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente , este proyecto de ley no pretende más que modificar la fecha para acogerse a los beneficios que indica. Es decir, regirán las mismas normas legales ya aprobadas.
En cuanto a las cifras, efectivamente, no fue posible establecer con exactitud las de las leyes vigentes. Pero las de este proyecto sí están muy claras. No veo, entonces, cuál es el inconveniente que impide despachar una iniciativa cuyo costo es perfectamente conocido.
Por supuesto, no hay ningún problema para que más adelante puedan ser entregadas las cifras exactas relacionadas con las leyes en vigor.
El proyecto en comento, señor Presidente , está con "suma" urgencia porque los exonerados se encuentran esperando desde hace más de dos años que se abra un nuevo plazo para inscribir a quienes quedaron fuera del beneficio.
En consecuencia, solicito que se cumpla con la urgencia y que la iniciativa sea tratada y despachada en la presente sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No podría haber segunda discusión, en razón de la urgencia. Lo que sí podemos hacer es esperar a que llegue el señor Ministro del Interior -me dicen que viene en camino- para que proporcione las cifras requeridas.
Entonces, sugiero que cuando corresponda analizar dicho proyecto, y con el Ministro presente, se prosiga la discusión planteada en este momento.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , entiendo que cuando llegue a la Sala el señor Ministro del Interior entraremos a la discusión de este proyecto, que es mi única oportunidad legislativa para exponer una situación que se presenta con relación a la materia de que se trata y procurar una salida.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En su momento podrá hacerlo, señor Senador.
V. ORDEN DEL DÍA
TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DE GASTO ELECTORAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2745-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 11ª, en 4 de julio de 2001.
En tercer trámite, sesión 55ª, en 20 de mayo de 2003.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 17ª, en 1 de agosto de 2001.
Gobierno y Hacienda, unidas (verbal), sesión 49ª, en 13 de mayo de 2003.
Discusión:
Sesiones 24ª, en 21 de agosto de 2001 (se aprueba en general); 50ª, en 14 de mayo de 2003 (se aprueba en particular).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo al proyecto despachado por el Senado una serie de modificaciones, la mayoría de mera referencia.
Sin embargo, agregó un artículo 13, nuevo, que regula la devolución de los aportes que excedan los gastos en que hubieren incurrido los candidatos.
Además, sustituyó el inciso segundo del artículo 25 (que pasó a ser 26) por otro que precisa que se prohíben "los aportes de campaña electoral proveniente de toda persona jurídica que reciba subvenciones o aportes del Estado, siempre que dichas subvenciones o aportes representen más del quince por ciento de sus ingresos en cualquiera de los dos últimos años calendarios".
Finalmente, la tercera enmienda, que es más de fondo, recae en el artículo 48 -que pasó a ser 49-, donde intercaló, a continuación de la expresión "la denuncia", las palabras "o querella".
La Secretaría elaboró un boletín comparado que consigna el proyecto despachado por el Senado y las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.
Por último, cabe señalar que la iniciativa, salvo el artículo 60 (que pasa a ser 61), requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores, por tratarse de normas de ley orgánica constitucional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión las modificaciones de la Cámara de Diputados.
Antes de otorgar la palabra al señor Ministro , sugiero dar por aprobadas todas las enmiendas destinadas a mantener la correlación del proyecto, para después pronunciarnos sobre las tres modificaciones de fondo que explicitó el señor Secretario .
¿Habría acuerdo para aprobar todas aquellas enmiendas, que son formales?
--Se aprueban (32 votos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , en la discusión realizada en la Cámara de Diputados -como se dijo aquí- se plantearon varias modificaciones, pero, en definitiva, sólo tres fueron aprobadas con acuerdo del Ejecutivo.
En primer lugar, se propone un nuevo artículo 13 que salva una omisión del proyecto, vinculada con la situación que se produce cuando, en la contabilidad electoral que presentan los candidatos al final del período, los aportes recibidos exceden los gastos en que han incurrido y, por lo tanto, queda un dinero remanente.
Ante esa omisión evidente -porque en el proyecto que aprobó el Senado no había ninguna norma que resolviera qué se hacía con los saldos-, la Cámara Baja planteó tres opciones. Primero, que los saldos producidos fueran devueltos a los aportantes, si éstos pudieran ser identificados (recordemos que en algunos casos esto no es factible). Segundo, que sean entregados por los administradores electorales a los administradores electorales generales y se consideren hechos a las colectividades políticas a que pertenecen los candidatos, si no hay aportantes a los cuales devolverlos. Por último, si los remanentes superan el límite máximo de gasto autorizado a los partidos, pasan a ser de beneficio fiscal.
En segundo término, se nos llamó la atención sobre un problema que es real. El artículo 25 aprobado por el Senado -que ahora pasó a ser 26- expresa que se prohíben los aportes de campaña electoral provenientes de toda persona jurídica que reciba subvenciones o aportes del Estado, como también los de quienes contraten con él o sus órganos la provisión de bienes, etcétera. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se hizo ver -y con bastante razón, a nuestro juicio- que esa norma incluye situaciones tan generales como la de empresas que reciben subvenciones del Estado para planes de empleo, o -peor aún- excluye completamente a las empresas de la Primera, Undécima y Duodécima Regiones, por cuanto todas ellas se benefician del decreto ley Nº 889, sobre contratación de mano de obra,...
El señor RUIZ (don José) .-
Y del DL 15.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
...y del DL 15. En consecuencia, la Cámara Baja optó por mantener el artículo, pero fijando un límite, de la siguiente forma: "Se prohíben, también, los aportes de campaña electoral proveniente de toda persona jurídica que reciba subvenciones o aportes del Estado, siempre que dichas subvenciones o aportes representen más del quince por ciento de sus ingresos en cualquiera de los dos últimos años calendarios, como también de aquellas que contraten con él o sus órganos la provisión de bienes, la prestación de servicios o la realización de obras, si los montos a que ascendieren los contratos respectivos representan un porcentajes superior al cuarenta por ciento de su facturación anual...".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Página 12 del boletín comparado.
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
Y 3 del oficio de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, se trata simplemente de dar un margen de tolerancia a fin de que las empresas que reciben aportes habituales del Estado -por ejemplo, con relación a los decretos leyes Nº 889 y Nº 15, a los programas de empleo, a las franquicias de capacitación en general, etcétera- puedan hacer donaciones a la política en los términos indicados.
Por último, los señores Diputados consideraron que, cuando el Servicio Electoral verifica la comisión de algún delito en la presentación de las cuentas electorales, no basta con que haga la denuncia a los tribunales de justicia, sino que debe querellarse. Y, en ese sentido, propusieron intercalar, luego de la expresión "la denuncia", los términos "o querella", dejando al Servicio Electoral la opción de utilizar una de las dos vías.
Ésas son las tres modificaciones sugeridas por la Cámara Baja, que perfeccionan aspectos puntuales del proyecto. Y, en ese sentido, el Ejecutivo solicita su aprobación, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Primero deseo aclarar, para los efectos del quórum requerido, que en la votación anterior se pronunciaron favorablemente 32 señores Senadores.
Propongo aprobar con la misma votación las tres modificaciones explicadas por el señor Ministro .
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Hay 34 señores Senadores presentes, señor Presidente.
--Se aprueban las restantes enmiendas de la Cámara de Diputados y se hace constar, para los efectos del quórum constitucional exigido, que emitieron voto favorable 34 señores Senadores.
--El proyecto queda despachado en este trámite.
NUEVO PLAZO PARA IMPETRACIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES PARA EXONERADOS POLÍTICOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que fija un nuevo plazo para acogerse a la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados políticos, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3231-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 43ª, en 30 de abril de 2003.
Informe de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 55ª, en 20 de mayo de 2003.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La iniciativa fue discutida en general y en particular en el primer informe, en virtud del acuerdo adoptado por el Senado en sesión de 6 del mes en curso.
Su objetivo fundamental es establecer un nuevo plazo para acogerse a los beneficios contemplados en la ley Nº 19.234 para los exonerados por motivos políticos.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Canessa, Fernández, Foxley, García, Lavandero, Ominami, Parra y Ruiz De Giorgio. Y también por consenso, fue acogido en particular, sólo con enmiendas de tipo formal.
El texto del proyecto que proponen aprobar las Comisiones unidas se transcribe en el informe.
Por último, cabe indicar que el artículo único de la iniciativa tiene rango de quórum calificado, por lo que para su aprobación se requiere el voto conforme de 24 señores Senadores.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señores Senadores, debo plantear una cuestión de procedimiento.
Dado que no habrá hora de Incidentes y que han llegado a la Mesa varias peticiones de oficios, solicito la autorización de la Sala para que sean despachados como si su envío hubiera sido solicitado en esa parte de la sesión.
--Así se acuerda.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , esta iniciativa fue discutida con muy poco tiempo en la Comisión de Hacienda (desgraciadamente, no concurrió a ella ningún funcionario del Ministerio del ramo; sólo asistieron representantes de la Cartera del Trabajo). Por ende, no pudimos analizar de manera adecuada el aspecto que nos correspondía: el costo. Y ello, sencillamente porque, cuando se nos informó acerca del proyecto y preguntamos sobre el particular, se nos dijo que el costo total era de 15 mil millones de pesos. Empero, nunca entendimos -porque nadie pudo explicarlo- si ese gasto se haría una sola vez o anualmente. Al final, como el texto venía aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Trabajo, lo acogimos de igual forma en la de Hacienda.
Sin embargo, en este momento deseo señalar a la Sala que todos los beneficios previsionales para los llamados "exonerados" tendrán para el Fisco un costo total anual de 178 millones de dólares. Eso es lo que está gastando el país todos los años por tal concepto: ¡178 millones de dólares! Es decir, más de lo que cuesta el Plan AUGE.
Por lo tanto, anuncio que yo, por lo menos, no voy a votar a favor de este proyecto ahora. Es una pena que...
El señor GAZMURI .-
¿Me permite una interrupción, señora Senadora ?
La señora MATTHEI.-
Sí, encantada, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Sólo quiero saber cómo Su Señoría llega a ese monto.
La señora MATTHEI .-
Está en la página 4 del informe. Éste dice que las dos leyes ya aprobadas tienen un costo de 110 mil millones de pesos, imagino que anuales.
El señor GAZMURI.-
Son totales.
La señora MATTHEI .-
Porque nunca nadie nos ha dicho si son totales, si son anuales...
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, Su Señoría?
La señora MATTHEI.-
Sí, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego evitar los diálogos.
Está con la palabra la Honorable señora Matthei.
El señor GAZMURI.-
Su Señoría me dio una interrupción.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor GAZMURI.-
En el Congreso despachamos dos leyes sobre la materia (en el proyecto que nos ocupa sólo estamos alterando el plazo para la impetración de los beneficios). Y en cada oportunidad se procedió a una estimación en la iniciativa pertinente, por no saberse con antelación cuántas personas iban a calificar como exonerados políticos. Por tanto, siempre se hizo una estimación del costo total de la ley, en donde también se promedia la extensión esperada de la vida de la persona hasta que termine el beneficio de la jubilación. No es un costo anual, porque, si no, la cifra efectivamente sería desmesurada.
Es cuanto quería aclarar.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , pregunté cinco veces en la Comisión si el costo total de la iniciativa era el mensual, el anual o el total total del gasto, y nadie me pudo responder.
Por otro lado, ninguna parte del informe asegura la corrección de lo manifestado por el Senador señor Gazmuri.
En consecuencia, la que discutimos es una iniciativa respecto de la cual no sabemos cuánto cuesta.
Señor Presidente , quiero conocer el desglose completo de los costos -o sea, cómo se componen-, porque realmente -como señalé- el informe de la Comisión de Hacienda fue lamentablemente malo. Nadie nos pudo contestar la pregunta. Reitero: en cinco oportunidades consultamos a quienes vinieron si, cuando se habla del costo total, se trata del mensual, del anual o del total total del gasto, y cómo se calcula. Pero nadie pudo contestar.
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
¿Me permite, señor Presidente?
La señora MATTHEI.-
Después de que se den las explicaciones sobre el particular, quiero hacer uso de la palabra nuevamente.
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, señor Ministro .
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , los costos están en el informe. Al efecto, voy a reiterar lo manifestado por la Subsecretaria de Previsión Social en la Comisión.
En la ley Nº 19.234, la primera legislación sobre exonerados, se beneficiaba a un total de 14 mil 508 personas, con un costo de 20 mil millones de pesos. Posteriormente -como recordará el señor Presidente y los señores Senadores en ejercicio de esa época-, se dictó la ley Nº 19.582, que era bastante más generosa que la anterior desde el punto de vista de los requisitos y de otros temas, y que permitió agregar, a los 14 mil 508 beneficiarios, 59 mil 444 más, con un gasto total de 90 mil millones de pesos. Por lo tanto, si se suman las cifras anteriores da un gasto total de 110 mil millones de pesos y 73 mil 952 beneficiados.
Al otorgarse el tercer plazo, se estima -en este caso los montos no pueden ser exactos- que los beneficiados serán alrededor de 24 mil 800, de los cuales 10 mil viven en el exterior y casi no conocieron la existencia de las dos leyes anteriores; 10 mil 300 corresponden a personas de asentamientos campesinos; 2 mil 500 son posibles postulantes; y, por último, 2 mil inscritos en los comandos de exonerados políticos y que, aun cuando aspiran a este beneficio, nadie asegura que todos puedan tener derecho a percibirlo.
Todo esto da un total, en régimen -tal como señala el informe-, de 15 mil 451 millones de pesos, a contar de 2005.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente,...
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
Ahora bien, ¿cuánto va a costar...?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señora Senadora , no puedo quitar el uso de la palabra al señor Ministro .
La señora MATTHEI.-
Está bien. Pero quiero hacerle una pregunta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No puede interrumpirlo.
La señora MATTHEI.-
No lo quiero interrumpir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Está bien.
La señora MATTHEI.-
Sólo deseo hacerle una consulta.
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
No tengo inconveniente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , justamente se trata de determinar si el costo implica un gasto por una vez o es anual. Pero como el mismo señor Ministro ha dicho, y así se señala en el informe, el costo en régimen de este proyecto de ley, cuyos beneficiarios serán aproximadamente 24 mil, alcanzaría los 15 mil millones anuales. ¡Anuales; es decir, todos los años!
El señor OMINAMI .-
Así es.
La señora MATTHEI.-
Entonces, debe entenderse que los 110 mil millones de pesos también son anuales.
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
No, señora Senadora, quiere decir que se trata de 110 mil millones acumulados en lo que va de vigencia de las dos leyes previas a este proyecto.
La señora MATTHEI.-
No puede ser, porque si esta iniciativa beneficia a 24 mil y tantas personas y cuesta alrededor de 15 mil millones de pesos, y el costo de las dos leyes que incluyeron a cerca de 73 mil personas alcanza a 110 mil millones, entonces este monto también está expresado en términos anuales.
Lo anterior quiere decir que es cierto que el costo total será de 178 millones de dólares al año.
Esto es lo que reclamo. Y nunca nadie en la Comisión nos pudo aclarar el punto.
Doy excusas, porque no era mi ánimo interrumpir. Sólo deseaba que se sostuvieran argumentos correctos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Revisando las cifras, puedo decir que efectivamente se trata de gastos anuales,...
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Sí, tiene razón la señora Senadora .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
...tanto respecto de las dos primeras leyes como de la iniciativa que nos ocupa; y, acumulativamente, el total resultaría de sumar 110 mil millones de pesos más 15 mil millones de pesos. Eso es lo que corresponde al costo total anual de las tres leyes.
Esas son las cifras que aparecen en el informe.
La señora MATTHEI .-
Exacto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Recupera la palabra el señor Ministro .
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , en realidad no dispongo de los cálculos aquí. Un asesor del Ministerio de Hacienda podría ser escuchado por la Sala.
Entiendo que esto tiene dos tipos de costos. Uno es el costo directo, correspondiente al beneficio otorgado en plata y que se refleja en la Ley de Presupuestos. Si a eso se agrega el costo eventual del beneficio de aumentar los años de pensión y cosas por el estilo, probablemente se llegue a montos mucho más altos. O sea, hay gente que antes no podía jubilar y ahora sí, por lo que el costo de todos los beneficios debe ser bastante mayor. Pero el gasto que significa este proyecto es el que señalé.
Eso es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No habría inconveniente en solicitar autorización para que pueda ingresar a la Sala el personero que el señor Ministro determine.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Don Jaime Crispi , señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el Jefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos señor Jaime Crispi?
Acordado.
El señor Crispi puede ubicarse al lado del señor Ministro , con el objeto de que pueda informarlo, pues no tiene autorización para intervenir.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , sólo estamos ampliando -como se indicó- el plazo para que los exonerados que por distintas razones no pudieron acceder a estos beneficios lo hagan ahora durante un nuevo plazo de doce meses. Algunos que venían llegando del extranjero, donde estuvieron exiliados, se hallan en dificultades y quieren impetrar el beneficio ya otorgado por una ley de varios años atrás. Otros, son personas de comunas rurales, que por razones obvias tampoco aprovecharon lo dispuesto por esa legislación.
¿Qué estamos discutiendo aquí? No sé si va a cambiar la opinión de los señores Senadores cuando conozcan en detalle el costo de las leyes aprobadas. Se trata de beneficios que no podemos cambiar y que seguirán vigentes con independencia de los alegatos que se expresen en esta Sala.
En este caso, debemos pronunciarnos sobre si estamos o no de acuerdo con ampliar el plazo para que puedan acogerse a los beneficios los exonerados políticos -a los que legítimamente les asiste el derecho, pero que no pudieron demandarlo por no encontrarse en el país o por no haber contado con facilidades para ello- que hoy se encuentren en condiciones de hacerlo. La ley en proyecto ciertamente va a aumentar el costo de las leyes ya despachadas, pero su monto no será significativamente alto.
Según el el texto propuesto, se está discutiendo algo ya abordado hace muchos años. Con estos distintos proyectos se pretende hacer justicia a personas que fueron obligadas a abandonar sus funciones. No se trata de que se hayan retirado voluntariamente, sino que fueron echadas de sus puestos de trabajo sólo por razones políticas.
¿Qué estamos haciendo hoy? Ya no hay cómo reparar; es imposible hacerlo. Los exonerados han sufrido durante mucho tiempo y hoy solamente se está permitiendo mejorar sus expectativas previsionales, para que puedan jubilarse en algún momento o para que aquellos con años de previsión acumulados, a partir de esta ley, puedan acogerse a una legítima y reconocida necesidad de jubilación.
Eso es todo lo que debemos discutir: la ampliación del plazo.
Por lo tanto, si alguien pretende modificar las dos leyes ya dictadas porque están costando mucho, tendríamos que repetir todo el debate sobre el tema. Creo que no procede que reabramos una discusión que ya realizamos en oportunidades anteriores.
Pienso que sería bastante generoso de nuestra parte aprobar este proyecto y así permitir que las personas que puedan aspirar a este beneficio lo hagan, asumiendo como sociedad el costo de algo en lo que no tuvieron ninguna responsabilidad.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , quiero manifestar mi apoyo a la normativa que nos ocupa, porque creo que tiende a resolver un problema de injusticia que se concentró básicamente en el sector rural y en grupos campesinos, muchos de los cuales fueron castigados, expulsados de los predios donde estaban, e incluso aquellos que eran dirigentes en cooperativas, asentamientos o sindicatos, fueron privados de la posibilidad de continuar trabajando y de gozar de los beneficios que la ley les otorgaba.
Esas personas, por su forma de vida, por la localización de sus viviendas, no tuvieron información suficiente respecto de los derechos que la normativa les confiere. Por ello, básicamente, se extiende el período por otros 12 meses, a fin de que ese sector, enormemente golpeado, pueda acceder a los referidos beneficios.
Aprovecho de solicitar, señor Presidente , por su intermedio, que se oficie al señor Presidente de la República y a los señores Ministros del Interior y de Hacienda , con el objeto de que revisen la situación relacionada con las pensiones a que se refiere el decreto ley Nº 208, destinadas a compensar a los campesinos que, teniendo derecho para ser asignatarios de parcelas según las normas de la ley Nº 16.640, fueron excluidos del beneficio, como una medida de castigo por haber sido dirigentes de cooperativas, asentamientos o predios correspondientes a las tierras que se entregaron.
Hasta este momento, de las 5 mil 500 potenciales pensiones, se han otorgado 2 mil 999 y el resto no se ha cursado. Dejo constancia de que ésa es una injusticia que puede y debe ser reparada. Por eso, solicito que se dé a conocer esta situación al Ejecutivo . Y al señor Ministro del Interior , aprovechando que se encuentra presente, le pido que recoja el planteamiento que estoy formulando.
Se trata de una deuda pendiente. Existen 465 pensiones que, encontrándose listas para ser pagadas, están retenidas y no han podido ser cursadas debido a recursos interpuestos por el Ministerio de Hacienda.
Nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El oficio solicitado será enviado en la misma forma que el resto de los ya anunciados, es decir, como si se hubiera pedido en hora de Incidentes, para que se remita, no en nombre de la Sala, sino sólo en el de Su Señoría.
El señor MORENO.-
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , este proyecto es muy simple, en el sentido de que lo único que hace es prolongar un plazo que ya estaba vencido, para que ciudadanas y ciudadanos que tenían derecho a los beneficios de una ley y que por distintas razones no iniciaron el procedimiento pertinente, puedan impetrarlos.
Como indicó el señor Ministro , se trata de gente que, en muchos casos, se vio obligada a salir al exilio, o que, por problemas de comunicación, de información, o por no tener claros los procedimientos, no pudieron acceder a tales beneficios. La mayoría, como aquí se ha hecho ver, proviene de los sectores agrario o rural, básicamente de los asentamientos donde se llevó a cabo la reforma agraria; se trata de personas que fueron despedidas de sus trabajos con ocasión del golpe militar.
Por tanto, no estamos discutiendo ni nuevos beneficios ni el principio de la ley. Y el proyecto tiene un costo claro, especificado en el informe, ascendente a 15 mil millones de pesos al año, un poco más de 20 millones de dólares. Es sólo una estimación, porque todavía no se sabe cuántos de los potenciales beneficiarios -se habla de 20 mil- se van a inscribir. Y tampoco se sabe cuántos de los que se inscriban van a calificar como exonerados y cuáles serán sus beneficios. Porque hay todo un procedimiento, que comienza con la inscripción, sigue con la calificación del ciudadano como exonerado o no, que debe realizar el Ministerio del Interior de acuerdo con las normas de la ley, y que termina con el cálculo, por parte del INP, de los beneficios que corresponden a cada persona.
Al contrario de lo que se cree, la normativa no entrega pensiones, sino que, básicamente, llena lagunas previsionales. Otra cosa es que, cumplido ese propósito, mucha gente acceda a distintos tipos de pensiones. Y todo eso representa un trámite que dura aproximadamente un año.
Es necesario destacar, además, que el universo de ciudadanas y ciudadanos beneficiados por la ley corresponde, en general, a individuos que, a esta altura de sus vidas, ya tienen cierta edad, de manera que se trata de un universo decreciente y que, por tanto, hace que el gasto no sea permanente, sino estimado y declinante.
Sobre la justicia de la ley no me voy a pronunciar nuevamente, porque mis argumentos los di en los años 90, cuando discutimos en el Congreso la primera normativa sobre exonerados, que se aprobó por muy poco, porque costó mucho que en el país se aceptara que efectivamente había un grupo de chilenos severamente dañado en sus intereses, en sus vidas personales y en sus derechos previsionales, producto de persecuciones políticas. Era otro el clima político imperante en ese momento y la confrontación estaba mucho más vigente. Al final, la ley se aprobó por apenas un par de votos de Senadores institucionales -recuerdo en particular el del ex Senador señor Thayer - y, en general, con el rechazo de la Oposición, pues -reitero- aún se vivían momentos de confrontación muy severos.
La segunda ley -dictada durante la administración del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle -, que no sólo amplió los plazos, sino que también mejoró los beneficios, ya se dio en otro clima nacional y fue ampliamente aprobada en el Senado. O sea, no fue sancionada con una exigua mayoría, como sucedió con la primera. Y, desde el punto de vista de los exonerados, era también una mejor normativa.
Por consiguiente, creo que debe darse por hecho ese debate. Ahora, si a algún señor Senador le interesa, podríamos entrar de nuevo en una discusión general sobre el tema, donde, en mi concepto, lo central es que, cuando en los países se producen graves fracturas y hay ciudadanas y ciudadanos que sufren serios perjuicios por parte del Estado y la sociedad, corresponde, por razones de justicia y para reconstruir una sana convivencia, que haya reparaciones. Las ha habido en todos los procesos de transición. Incluso muchas veces he pensado que en Chile, por lo menos respecto de determinadas categorías de ciudadanos, ellas han sido muy insuficientes.
A mi juicio, existen cuestiones pendientes en esta materia. Hay gente que estuvo presa durante años sin ningún proceso, sin que se la inculpara de algún cargo. Hay todavía miles de chilenos que arrastran secuelas gravísimas, tanto físicas como sicológicas, a consecuencia de las torturas. Y eso se halla documentado por instituciones humanitarias, por médicos, etcétera, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Se trata de personas que sufrieron daños terribles. Seguramente los Senadores de Oposición conocen menos los costos personales que incluso ello implica. Nosotros los conocemos más.
El perjuicio psicológico derivado de la tortura acompaña por toda la vida a los afectados, a sus grupos familiares; en sus relaciones de pareja, en el recuerdo de los hijos. Y eso en Chile todavía no ha sido reparado.
Lo que plantea el proyecto es más simple, y por eso llamo a aprobarlo, con el mismo espíritu con que despachamos la ley anterior, pues, como dije, la discusión respecto de los exonerados políticos ya la hicimos.
En lo que a mí concierne, tengo una sola observación, que es la misma que hice presente la vez pasada. Yo no veo por qué, cuando se establece un beneficio por ley, se debe fijar un plazo para impetrarlo. Si se va a otorgar a todos aquellos que califiquen, la inscripción no debería tener término, porque puede haber ciudadanos que por distintas razones no usen el derecho, pero lo tienen. En fin, no hemos podido convencer al Gobierno para eliminar el plazo. El Ejecutivo propone un año, de modo que trataremos que los exonerados que tengan el derecho se inscriban dentro del período pertinente.
El costo estimativo anual del proyecto en régimen se encuentra debidamente documentado. ¿Cuánto han costado las otras leyes? Entiendo que se ha invitado a la Sala a un experto del Ministerio de Hacienda y espero que él nos proporcione esa información.
Por lo tanto, llamo al Senado a que, con el mismo espíritu con que aprobó la última normativa sobre la materia, acoja la iniciativa en discusión, que no constituye una nueva ley, sino sólo una ampliación del plazo para impetrar beneficios que ya están concedidos por parte del Estado en la ley anterior.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , llamo la atención de Sus Señorías en cuanto a que un proyecto aprobado por unanimidad en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo se esté discutiendo en la Sala.
A mi juicio, el problema se origina por la existencia de dos tipos de información.
El informe, en su página 3, señala que la primera ley benefició a 14 mil 508 personas, lo que "representó" -"representó", en pasado- un gasto de alrededor de 20 mil millones de pesos. Y luego dice: "La ley Nº 19.582 benefició a 59.444 personas con un gasto total" -pongo el acento en la expresión "total"- "de 90 mil millones, lo que hace un total, por concepto de ambas leyes, de 73.952 beneficiados y 110 mil millones de costo, aproximadamente.".
Consultado reiteradamente el Ejecutivo acerca de si se trata de un costo acumulado a la fecha -es decir, costo total, que no origina incrementos de carácter anual-, respondió que era total, que no generaba incrementos anuales. En ese entendido dimos nuestra aprobación.
Tal como señaló la Honorable señora Matthei , el proyecto fue visto en no más de veinte minutos. Luego de eso, la Comisión de Hacienda siguió sesionando sola para debatir otras iniciativas de ley. Aprovechando la presencia de representantes del Ministerio de Hacienda y que teníamos fresca la materia, la señora Senadora consultó si el costo de los proyectos que favorecían a los exonerados políticos representaba el gasto total o era anual. La respuesta fue que se trataba de costos anuales, con lo cual se llega a la cifra de 178 millones de dólares que indicó la Honorable colega. Por lo tanto, no se trata de valores totales que no tienen un incremento anual, como se nos señaló en el minuto cuando se discutió esta materia y aprobamos unánimemente el proyecto. Por eso se ha producido esta discusión en la Sala.
Señor Presidente , quiero reafirmar mis dichos con lo que se indica en la página 6 del informe, donde se relata que "La Honorable Senadora señora Matthei subrayó la necesidad de contar con información financiera más completa sobre la iniciativa en informe, con especificación sobre el gasto, tanto anual como total, que conlleva la aplicación de la ley Nº 19.234. El Honorable Senador señor Ominami mencionó la conveniencia de contar con esa información detallada al momento de la discusión del proyecto en la Sala.".
Por eso, señor Presidente , lo que estamos haciendo es precisamente solicitar información. Si está disponible, que nos sea entregada. Si no es así, lo menos que podemos pedir al Ejecutivo es que cambie la urgencia de la iniciativa para que sea posible discutirla en una nueva sesión de las Comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda y hacer claridad sobre la materia.
No estamos por entorpecer el despacho del proyecto, ni de debatir su mérito de fondo. Pero no consideramos conveniente que, existiendo graves problemas para los próximos años en la caja fiscal, sigamos autorizando gastos que en realidad no sabemos a cuánto van a ascender ni cómo se van a financiar.
El señor OMINAMI.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor García?
El señor GARCÍA.-
Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , deseo reafirmar lo expresado en la Comisión, en el sentido de que es una condición elemental saber exactamente cuál será el costo de los proyectos que estamos aprobando. Creo que el Gobierno, a través del señor Ministro , se halla en condiciones de hacerlo.
En todo caso, para ilustrar a la Sala, quiero decir, a fin de que no nos perdamos en los números, que la iniciativa tiene un costo estimado del orden de los 20 millones de dólares...
La señora MATTHEI .-
Anuales.
El señor OMINAMI.-
...anuales. Y se supone que debiera beneficiar a alrededor de 20 mil personas, constituidas básicamente por exonerados que viven en áreas rurales o fuera del país o que incluso, simplemente, por temor de presentarse a solicitar este beneficio no lo hicieron en los plazos establecidos.
Pues bien, es cuestión de hacer una simple división. Son 20 millones de dólares por 20 mil personas, lo que da un beneficio anual de mil dólares, es decir, de 700 mil pesos anuales. En mi opinión, es un beneficio que está muy por debajo de compensar el daño que se ocasionó a todas aquellas personas que fueron exoneradas por razones políticas. En cifras redondas, estamos hablando de mil dólares anuales.
Creo que es algo perfectamente razonable. Si uno suma los beneficios acumulados, producto de las dos leyes que hoy están vigentes más esta prórroga, resulta una cantidad importante de dinero; pero que tiene que ver más con el volumen del problema de los exonerados políticos que con beneficios desmedidos para cada uno de ellos. Porque -repito- en promedio no superan los mil dólares anuales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , debo recordar a la Sala que cuando se trató el tema de los exonerados políticos en el Gobierno del Presidente Aylwin, el presupuesto de que se disponía en esa oportunidad era de 75 mil millones de pesos. En una primera etapa se ocuparon 25 mil millones de pesos; el resto se reintegró a la hacienda pública.
Hubo diversas razones en cuanto a por qué no se presentó la cantidad de exonerados para el monto fijado. De ahí, entonces, que la ley sobre los exonerados sufra en este instante su tercera modificación. Es decir, dos leyes anteriores; en este minuto estamos tratando la prórroga del beneficio.
Quiero señalar, con el mayor respeto, que la palabra "gastos" no es un término apropiado para tratar esta materia. Yo diría que es sólo justicia humana. Incluso, una justicia tentativa para los 24 mil chilenos que se ha señalado. Y, por respeto a mis Honorables colegas, no voy a entrar a analizar las razones humanas de por qué esta gente perdió su trabajo, pues eso ya se ha discutido en el Senado.
Son 24 mil chilenos -como lo ha expresado una distinguida señora Senadora y otros Parlamentarios que han intervenido- los que no se inscribieron para postular a estos derechos, fundamentalmente por falta de información.
Puedo garantizar que, entre esos 24 mil compatriotas que no se inscribieron, la mayoría pertenece a sectores muy modestos y pobres -especialmente, del sector agrícola-, que no recibieron oportunamente las indicaciones para postular al beneficio.
Si algo positivo tiene la aprobación de esta iniciativa es que vamos a terminar con algo muy desagradable y que muchos de nosotros hemos constatado: la creación de la profesión de gestores que rondan en torno de estos hombres y mujeres, y que por determinada cantidad de dinero se ofrecen para hacerles los trámites para las postulaciones. Incluso, se ha llegado a casos realmente increíbles, que no voy a señalar, como ofrecer -dentro de este pandemónium de necesidades de esa gente- la posibilidad de obtener una pensión de exonerado a personas que ni siquiera habían nacido en esa época, y a las cuales hoy día se engaña.
Insisto: ésta es una señal positiva para terminar de una vez por todas con los plazos de inscripción. Que sepan los interesados que una vez terminados los plazos fijados por la ley no va a haber especulaciones sobre esta materia.
Quiero, sí, pedir una aclaración -porque me tiene sumamente preocupado- respecto del artículo transitorio del proyecto, que establece que "El mayor gasto fiscal que represente durante el año 2003 la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Instituto de Normalización Previsional".
Pregunto: ¿quién hará las calificaciones de los exonerados? ¿Las efectuará el Instituto de Normalización Previsional, o lo va a continuar haciendo la oficina que fundamentalmente se dedicaba este tipo de trámites? Me asiste la preocupación, porque si es el INP, dadas las funciones que cumple este organismo, la verdad es que constituirá una cruz más con que vamos a cargar a esta gente, porque la burocracia, el trámite y el papeleo harán que muchos de estos 24 mil exonerados mueran en la maraña de los papeles y antecedentes.
Por ejemplo, se ha señalado que, por la vía de lo que se llamó "la reparación", se verá la situación de algunos exonerados a quienes les faltaban algunos meses para completar la densidad de sus imposiciones para alcanzar una pensión no contributiva, pero sucede que hoy existe una especie de juego de ping pong entre el Ministerio del Trabajo y el INP, pues ninguno de los dos resuelve ni se pronuncia sobre la posibilidad de que esa gente llene el número de semanas que le faltan.
Por consiguiente, señor Presidente, no es menor que no se deje claramente establecido quién va a certificar la calidad de exonerado.
Termino, señor Presidente , pero no contento, porque la iniciativa no es generosa y se pudo haber hecho mucho más. Pero, como dice un viejo y muy sureño adagio popular: "Del lobo, un pelo".
Por eso, anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por tratarse de un proyecto que requiere quórum especial para su aprobación, ¿habría acuerdo en que los señores Senadores que deben asistir a las Comisiones puedan dejar su voto en la Mesa? De lo contrario, se les llamaría cuando corresponda tomar la votación.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , deseo saber si efectivamente habrá algún tipo de informe financiero de parte del Gobierno. De no ser así, solicitaría que el Ejecutivo retirara el proyecto hasta que sepamos realmente cuánto cuesta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite una breve interrupción, Honorable colega, para pedirle algo a la Mesa?
El señor LAVANDERO.-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , solicito que se autorice a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para sesionar simultáneamente con la Sala en la Comisión Mixta que verá el proyecto sobre la institucionalidad cultural.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, el problema es que todos los proyectos en tabla son de quórum especial. Entonces, debería llamarlos a la Sala cada vez que haya que votar.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Nuestra sesión será corta, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en la Sala?
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , no podemos dejar nuestros votos si no se responden nuestras inquietudes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No se sabe si tendrán que dejar el voto, pues todavía no se accede a lo pedido.
El señor LARRAÍN.-
En todo caso, si se accede, nos deberían avisar para venir a votar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por supuesto, si se acepta lo solicitado, llamaremos a Sus Señorías a emitir su voto.
¿Habría acuerdo?
--Se accede a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , el señor Ministro había pedido intervenir en el debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , tengo en mi poder los datos que me entregó el Ministro del Trabajo , don Enrique Solari . En realidad, las cifras son algo mayores que las del informe, pero menores que las señaladas por la Senadora señora Matthei .
El total de beneficiarios entre 1993 y 2002 es de 107 mil 530 personas. ¡Ciento siete mil quinientas treinta personas! Es importante recalcar la cifra, porque se trata de gente reconocidamente exonerada. Entonces, el alto costo que esto ha tenido -no son 170 millones de dólares, sino aproximadamente 140 millones de dólares- se debe a la gran cantidad de gente que fue expulsada de su trabajo años atrás.
De ese total de beneficios otorgados, 88 corresponden a pensiones por expiración obligada de pensiones -en realidad, un número menor-; 13 mil 327, a la aplicación de la ley Nº 19.234 -la primera-, y 94 mil 115 a la de la segunda.
Ahora bien, eso arroja un gasto promedio cercano a los 2,4 millones de pesos. El total de lo gastado, en cifras actualizadas -no nominal, que es bastante menor-, entre 1993 y 2002 fue de 266 mil millones de pesos. Esto incluye expiración obligada de funciones, pueden ser pensiones no contributivas, y lo que señalé antes, la reliquidación de pensiones agregando 80 por ciento del tiempo transcurrido entre la exoneración y la incorporación. En cambio, en el último año -2002- no estamos hablando de 100 mil millones de pesos, sino solamente de 82 mil millones.
¿Cuál es la proyección? Que, efectivamente, entre 2003 y 2004 habría -como se indicó aquí- un aumento en el costo por el ingreso de personas que empezarían a recibir pensión no contributiva, también por expiración obligada de funciones y por la reliquidación de sus pensiones, de alrededor de 15 mil millones de pesos, adicionales. En esto las cifras del informe están bien. Y, luego, tendería a estabilizarse ese monto, causando cierta diferencia.
Si el sistema de exonerados continúa tal como está hoy, el costo seguirá siendo entre 85 mil millones y 90 mil millones de pesos. Si se agrega el actual gasto, el total será el consignado en el informe de la Comisión. Es decir, el primer año, 7 mil u 8 mil y tantos millones de pesos, para luego estabilizarse en 15 mil millones de pesos anuales, aproximadamente.
Esta última cifra sí que figura en el informe, señora Senadora. Es decir, el costo anual del proyecto de ley sería de 7 mil 726 millones de pesos en 2004, y de 15 mil 451 millones a contar de 2005, permaneciendo así en régimen. Ello, con la salvedad, por cierto, de que es difícil calcularlo ahora, pues naturalmente estas pensiones van disminuyendo en el tiempo a medida que desaparecen los beneficiarios, pero no en el caso de las de sobrevivencia, que se continúan pagando al cónyuge.
Repito: el gasto en régimen del proyecto alcanza a 15 mil 451 millones, y el costo total, incluida esa cifra, asciende a 97 mil millones de pesos anuales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , hay que agradecer al señor Ministro por los antecedentes entregados, aunque pienso que, para los efectos del estudio del proyecto, son absolutamente irrelevantes. Cualquier señor Senador que desee conocer el costo de las leyes vigentes sobre la materia no tiene necesidad de preguntárselo al señor Secretario de Estado , sino que debe revisar los archivos de la Comisión respectiva, donde figura el gasto que irrogaron las leyes Nºs. 19.234 y 19.582, las que en estos momentos no estamos discutiendo. Los informes financieros se entregaron oportunamente en la discusión de los respectivos proyectos en la Comisión de Hacienda, que en esos tiempos me correspondió presidir. De manera que hoy no están en tela de juicio ni estamos juzgando las dos leyes vigentes. ¿Qué estamos haciendo, entonces? Tampoco se trata de aprobar una tercera, como se ha dicho. Solamente estamos prorrogando por un año el plazo para que se puedan acoger al beneficio personas que, por distintas razones, no pudieron hacerlo antes.
¿Cuánto cuesta esta prórroga? Tal como ocurrió con las dos leyes en vigor, se estima que, de 24 mil personas, se acogerán a ella sólo 16 mil 800. De modo que el proyecto tendría un costo límite -máximo, por cierto- de 7 mil 720 millones de pesos el primer año, y de 15 mil 451 millones el siguiente. Es decir, las mismas cifras que entregó el señor Ministro . Ése es el gasto correspondiente a la iniciativa en análisis. Y no debemos confundir éste con las cantidades relativas a las otras dos leyes que ya rigen en nuestro país.
En consecuencia, para el despacho del proyecto no era relevante conocer cuál es el gasto involucrado en tales leyes, o que el señor Ministro nos lo informara, porque cualquier señor Senador -reitero- puede revisar los informes de la Comisión de Hacienda de la época y sabrá cuánto dinero se desembolsó.
¿De qué se trata ahora? De que se puedan acoger al beneficio otorgado a los exonerados aquellos que por distintas razones no lo hicieron en su momento.
¿Y cuáles son estas personas? Los exonerados que viven en otros países, a fin de que puedan completar la previsión que poseen en el extranjero con los fondos que les correspondían en Chile antes de ser exiliados. Y esa gente, con la prórroga que se les concede, puede acogerse a jubilación.
¿Qué otros pueden beneficiarse con la prórroga del plazo? No solamente los campesinos que, por ignorancia, por lejanía de la ciudad o por no leer los Diarios Oficiales ni otros, quedaron al margen y no se pudieron acoger. Pero, paralelamente a esas personas, hay otro grupo importante que podrán ser incluidas.
Llamo la atención acerca de lo siguiente. Hubo muchas empresas particulares que fueron intervenidas en el Gobierno del Presidente Salvador Allende, las cuales siguieron trabajando con los interventores. Cuando intervino el Gobierno militar, fueron cerrados los archivos con los nombres de las personas que trabajaban en ellas y quemados. En mi región está el caso de una aceitera de maravilla. Hay varias otras, como en Talca y en distintas partes. Y sus trabajadores no han podido jubilar, porque no lograron encontrar los antecedentes necesarios que justifiquen impetrar los beneficios para los exonerados políticos, otorgados a través de dos leyes. En la iniciativa en debate, se amplía el plazo para que puedan acogerse.
¿Qué otras personas podrían hacerlo? Los señores Senadores deberían de saber que en tiempos del Gobierno militar hubo personas adscritas al sistema de inteligencia denominado DINA y CNI. Mediante la falsificación de los carnés de identidad y las respectivas firmas, las indemnizaciones que pertenecían a los exonerados que estaban en el extranjero fueron cobradas.
Pues bien, cuando esas personas fueron a la Contraloría General de la República para examinar los respectivos documentos, se les dijo que no estaban los archivos con el nombre de los exonerados y que aparecían cobrando desahucios e indemnizaciones. Me correspondió trabajar con un comité de alrededor de 300 personas que se encontraban en la situación descrita.
Quiero solicitar una vez más al Ejecutivo que reexamine lo sucedido, porque es lo más indigno que se puede imaginar. No sólo se les exoneró y exilió, sino que, aprovechándose de tal circunstancia, les falsificaron las firmas con el miserable interés de robarles sus derechos. Eso fue lo que se hizo. ¡Se robaron la plata de los exonerados! Estas personas siguieron trabajando en el exilio por algunos años. Por cierto no pudieron completar los años necesarios para jubilar. Entonces tienen que contabilizar el tiempo que se desempeñaron en Chile. Pero en el organismo contralor, les dijeron: "Pero, señor, a usted ya le pagamos la indemnización y el desahucio.". Y se les mostraba una firma ininteligible que no correspondía exactamente a la de ellas.
Creo, señor Presidente , que eso es una vergüenza, una vergüenza indigna. El Gobierno debiera preocuparse del problema y resolverlo, al igual que el de las empresas intervenidas cuyos registros fueron quemados, siendo muy difícil para quienes laboraron en ellas demostrar sus derechos.
Lo mismo ocurrió en la Corfo, señor Presidente . En efecto, en ella, curiosamente, se destruyeron los registros de las privatizaciones hechas en tiempos del Gobierno militar, de las empresas eléctricas y las telefónicas, respecto de las cuales se esgrimió el que con ello se resolverían los problemas de la educación y de la salud. No solamente éstos no fueron solucionados, sino que ahora hay que hacer nuevas privatizaciones, porque no se sabe en qué se ocupó la plata obtenida por ese concepto. ¡Nunca el país ha conocido en qué se usó el dinero de esas privatizaciones!
Éste es el momento de tener un poco de generosidad con aquellas personas lanzadas al exilio; con los exonerados, con los campesinos que, sencillamente por su ignorancia o falta de información, no pudieron impetrar sus derechos.
Por eso, señor Presidente , creo correcto que la Sala del Senado dé su aprobación unánime a este proyecto de ley que sólo prorroga un plazo y que tiene un financiamiento acotado, definido y establecido, en beneficio de las personas que en su tiempo fueron tan dañadas.
Votaré que sí, señor Presidente.
El señor ZALDIVARZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el espíritu de la iniciativa es muy claro; y, conforme a él, después de haber escuchado con mucha atención a los señores Senadores (desgraciadamente, menos al último), y sobre todo las palabras del señor Ministro del Interior acerca del tema, quiero referirme a un problema que afecta a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, y que no se ha querido tomar en cuenta por diversas razones.
En los meses de junio y julio de 1973, políticos de una tienda determinada iniciaron contacto con el personal de la Armada de Chile. Como consecuencia de ello, en un juicio incoado en la Justicia Militar, donde se desaforó a un señor Senador, hubo varios uniformados que, por estar involucrados, se hallaban presos en el momento en que se produjo el pronunciamiento militar del 11 de septiembre. Y a renglón seguido se fallaron las sentencias. Esta gente pasó a cumplir condenas, las cuales se cambiaron por extrañamiento. Se trata de ciento diez personas. Muchas de ellas, por quedar encantadas por los cantos de sirena de ciertas visiones políticas, y ser despedidas de la Marina, quedaron sin continuidad en su previsión, dejando un espacio vacío de varios años. De haber seguido su carrera normal y si no hubieran oído esos cantos, la mayoría, sin la menor duda, habrían tenido derecho a la jubilación, como corresponde.
Pero eso no ocurrió. Fueron al extranjero; y cuando se publicaron las leyes números 19.234 y 19.582, estas personas no pudieron acogerse a sus disposiciones. Como ex Comandante en Jefe de la Armada , y haber conocido los antecedentes, creo que es el momento para reparar el daño sufrido por esos 110 chilenos, a fin de que puedan restituir lo que les falta en la previsión y tener acceso a la pensión y a otras facilidades en CAPREDENA, sobre todo en materia de salud.
Se ofició al respecto a la señora Ministra de Defensa . El grupo organizado por esas personas conversó con el que habla y con otros Senadores, entre ellos, el Honorable señor Viera-Gallo , que no está presente. El asunto se ha conversado. Se solicitó la intervención de la Ministra para resolver este problema. Es justo hacerlo, porque la justicia debe ser para todos. Pero ello no se ha podido hacer.
He creído conveniente plantear con todo respeto el tema en la discusión del proyecto, para que quede constancia de la situación descrita, y para solicitar al señor Ministro del Trabajo -quien también tomó parte en el análisis de la materia- que se haga justicia respecto de esos 110 chilenos que no han podido acceder a ciertos beneficios legales. Lo que se pide para un sector debe ser igual para el otro. Ellos sufrieron las consecuencias de un problema esencialmente de activismo político, que era indebido, y que les significó ser eliminados de su carrera funcionaria.
Entonces, solicito incluir en la iniciativa a ese grupo de personas mediante un artículo especial. Eso es lo que pido concretamente.
Se planteó a la señora Ministra del ramo por parte de esos ex funcionarios de la Armada y con los buenos oficios de algunos señores Senadores la necesidad de hacer justicia también para ellos. Porque la causa de haber salido de la Institución no fue otra que el haber escuchado los cantos de sirena de algunos políticos que los entusiasmaron con cosas que no eran reglamentarias, legales ni constitucionales. Y ojalá el señor Ministro del Trabajo pueda intervenir en el caso.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ya hizo uso de ella, señor Senador. Podría pedir una interrupción.
Hay dos inscritos para intervenir. En primer lugar, la Honorable señora Matthei, a quien le quedan diez minutos.
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en mi opinión, ha habido un avance, pues, al menos, ya sabemos cuánto cuesta el proyecto. Y agradezco realmente que se haya dado el dato en la Sala. Ojalá, para otra vez, eso ocurra en la Comisión.
Decía un Honorable colega que se trata solamente de prorrogar el plazo; que ello cuesta 20 millones de dólares adicionales y que no implica sino un problema de justicia. Puede que así sea, pero quiero hacer presente que aquí siempre hay justicia para algunos y nunca para otros.
¿Dónde está la justicia para los funcionarios públicos que están en AFP y que no pueden jubilar, porque el Gobierno nunca les ha querido aumentar el bono de reconocimiento por lo que cotizaron en el antiguo sistema, al igual que los demás funcionarios públicos? Para ellos no hay justicia; para los exonerados, sí.
En el caso de que se trata, puede haber disponibles 115 millones de dólares anuales, pero para aquéllos, nada. Cuando se abordó el problema de los funcionarios públicos, sólo fueron incluidos quienes estaban en el antiguo sistema. Y a pesar de que señalé mil veces que debía arreglarse lo del bono de reconocimiento a la gente que estaba en el nuevo sistema, nunca se quiso hacer, por política.
¿Dónde está la justicia, señor Presidente , cuando se dan aguinaldos? Hemos dicho muchas veces que ellos se pagan con dinero fiscal, pero solamente a los del antiguo sistema y nunca a los del nuevo. ¿Por qué, si tienen las mismas pensiones mínimas y son tan chilenos como los otros? Siempre que se da un beneficio con dineros públicos, se favorece a algunos y se perjudica a otros.
¿Dónde está la justicia para las personas a que se refirió el Senador señor Martínez ? Para ellas no, pues se trata de ex militares. ¿Cuántas veces se ha hablado de ellos? Nunca se les ha querido dar.
¿Dónde está la justicia, señor Presidente , para los que durante la Unidad Popular perdieron todo lo que tenían, cuando les tomaron las fábricas o los fundos, les quemaron las casas o les comieron los toros reproductores que poseían? Sus Señorías saben que eso ocurrió. ¿Dónde?
¿Dónde está la justicia para aquellos a quienes los mapuches les están robando o incendiando sus hogares? ¿Dónde está la justicia ahí?
Señor Presidente , es muy fácil hacer justicia con plata del Fisco, pero siempre para algunos. Yo no aguanto más este tipo de argumentos. Que esto es solamente una cuestión de justicia, ¡perfecto! Hagamos justicia para todos; pero para eso no hay dinero, ¿no es cierto? No hay justicia para todos.
En once años no se ha podido solucionar el problema del bono de reconocimiento. Se sostiene que la gente del nuevo sistema previsional cotiza menos. Efectivamente, es así. Su sueldo líquido es más alto. ¡Si nadie está pidiendo que les arreglen lo del nuevo sistema! Lo que estamos pidiendo es que les reconozcan lo que en el antiguo les debió haber cotizado el Fisco. Se arregló a los adscritos al antiguo sistema, pero no a los que cotizan en el nuevo. Hay personas de 75 años que deben seguir trabajando. ¡En el Senado hay funcionarios de 80 años de edad que no pueden jubilar!
¡Creo que basta! Cuando el Gobierno realmente decida hacer justicia a algunos grupos de chilenos, que converse con nosotros y veamos a quiénes debe favorecerse primero.
Al igual que un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, pienso que esto se va a transformar en una verdadera fábrica de pensiones. Hay gente que se dedica a conseguirlas según la ley vigente y que cobra por ello. ¿Vamos a seguir en eso?
Yo preferiría mil veces que con estos 20 millones de dólares empezáramos por mejorarles el bono de reconocimiento a los funcionarios públicos mayores de 75 años que todavía no pueden jubilar, que hasta el día de hoy tratan de cumplir con su deber y que no pueden retirarse, porque no se les ha dado el bono de reconocimiento que les corresponde.
Si hay 20 millones de dólares disponibles, prefiero mil veces dárselos a los profesores, a los funcionarios públicos y no para beneficio de quienes este tipo de pensiones se ha convertido en una verdadera industria.
Así que me alegro de que por lo menos nos hayan dado un poco más de información, pero sigo pensando que esto es una vergüenza.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, evidentemente en esta materia no hemos hecho bien las cosas. Este es el tercer proyecto que si bien no es igual a los anteriores, también es cierto que trata de responder a inquietudes no resueltas.
Me he reunido varias veces con organizaciones de exonerados políticos, que plantearon de qué forma se les engaña por parte de las organizaciones creadas para obtener esas pensiones. Se les tramita innecesariamente y no se resuelven sus problemas. Creo que en ese sentido también se debe plantear algún tipo de soluciones.
Lo único que no podemos hacer, y que la cordura nos recomienda, es no seguir aprobando proyectos a la rápida, como hoy día se nos presiona para que lo hagamos. Porque ya en dos oportunidades anteriores no lo hemos hecho bien. Y cuando los miembros de la Comisión de Hacienda nos señalan que ni siquiera les entregaron la información acerca de los montos de los recursos involucrados, y que se viene a hacer aquí en la Sala, y se nos pide una tramitación rápida, urgente, lo que va a ocurrir es que seguramente vendrá un cuarto proyecto, porque las cosas no se van a resolver adecuadamente.
Además, algunos Parlamentarios han dicho que hubo un gran debate para determinar si se pagaban o no se pagaban estas indemnizaciones. Por supuesto que lo hubo, Honorable señor Gazmuri , y de mi sector surgieron opiniones distintas, porque resulta que Sus Señorías se negaron sistemáticamente a incluir a exonerados políticos de la Unidad Popular. Ese es el tema. Y muchas veces...
El señor GAZMURI.-
¡Había pleno Estado de Derecho durante la Unidad Popular!
El señor PROKURICA.-
En definitiva, aquí se ha hecho justicia para un sector, y me parece bien que así sea.
El señor GAZMURI .-
El sistema de justicia operó hasta el último día antes del golpe. Los tribunales en el país funcionaban.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido a los señores Senadores evitar los diálogos.
Puede continuar el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , quiero decir al Honorable señor Gazmuri que viví esa época. Así que no tiene que contarme cómo fue, cómo nos echaron de la casa, cómo secuestraron a personas y cómo se torturó en ese entonces. ¡Por favor! No volvamos al pasado, porque no es ésa la idea, pero sí plantear las cosas como corresponde.
Lo que hemos dicho es que en esa discusión hubo opiniones distintas, porque Sus Señorías solamente quisieron hacer justicia con los exonerados de un sistema y no con los del otro. Y eso no nos parece bien.
El Senador señor Lavandero planteó que se habría pagado a personas a quienes no les correspondían esas indemnizaciones. Hay un viejo adagio jurídico que dice: "El que paga mal, paga doble". Si esas personas no tenían derecho a tal pago, deben ser procesadas. Y quienes sí lo tienen, deben reclamarlo. Eso corresponde.
Además, quiero decir que en las organizaciones creadas al efecto ha habido mucha burocracia -quizás demasiada- y también irregularidades. Sus Señorías deben acordarse que también las hubo en las mismas instituciones creadas para pagar indemnizaciones y otros beneficios.
Por último, lo aconsejable es abordar el asunto con tranquilidad y no legislar a la rápida, como lo estamos haciendo. Porque siempre van a quedar casos no resueltos y será necesario un nuevo proyecto y dejar sin beneficios a personas que realmente los merecen.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , lamento mucho que volvamos a recordar situaciones que pensábamos haber superado en el Senado. Lo cierto es que la única experiencia que esto me deja es que apenas discutimos temas del pasado se produce entre nosotros una profunda división y surgen visiones muy distintas. Obviamente, no comparto los "cantos de sirenas". Y el Senador que utilizó esa expresión conoce perfectamente mi opinión al respecto, porque le señalé en forma exacta el contexto histórico en que se dio la situación de los marinos. Pero no deseo revivir un debate que ya tuvimos.
Lo que me extraña profundamente es que aquí, con gran entusiasmo, estemos enrostrándonos las grandes injusticias que cometimos en el país. ¡Muy bien! Hagamos todo lo posible para resolverlas. Por ejemplo, no hemos resuelto la injusticia que significó que miles y miles de chilenos fueran torturados y detenidos injustamente -yo, entre ellos-; y que después de tantos años todavía nadie nos haya explicado por qué estuvimos detenidos. Nunca se nos procesó ni se nos indicó una condena y, sin embargo, perdimos familia, casa, recursos, etcétera, y nunca se nos ha indemnizado.
Fueron miles y miles de chilenos, más de 200 mil, los que pasaron por los estadios, centros de detención y campos de concentración. ¿Qué hemos hecho por ellos? Porque con posterioridad no tuvieron posibilidad alguna de reclamar ante ningún tribunal. A lo mejor, quienes sufrieron en el Gobierno de la Unidad Popular si la tuvieron. Poseían medios, había tribunales en ejercicio, contaban con diarios, periódicos y funcionaba el Parlamento. Se conocían exactamente.
Después, el Régimen militar fue muy distinto al Gobierno democrático anterior al 11 de septiembre. Es cierto que se producían algunos problemas. Lo reconozco. Pero funcionaba el Congreso y los Parlamentarios tenían la posibilidad de utilizar esta tribuna para denunciar los excesos que pudieran haberse cometido, lo cual no fue posible luego del 11 de septiembre.
En consecuencia, se trata de dos situaciones muy diferentes. Y si debemos resolver los problemas anteriores a la Unidad Popular, hagámoslo. A quienes no se les devolvieron las tierras, conforme a las leyes que posteriormente se discutieron y aprobaron, ¡entreguémoselas! ¡Pero prácticamente todas fueron devueltas! ¡Y también todas las fábricas!
La señora MATTHEI .-
¡Peladas!
El señor NÚÑEZ.-
¡Prácticamente todas las casas, fábricas y tierras fueron devueltas!
La señora MATTHEI .-
¡Peladas y quemadas!
El señor NÚÑEZ.-
Y posteriormente tuvieron todas las posibilidades de reconstruirlas. Pero miles y miles de chilenos no pudieron reconstruir absolutamente nada, ni recuperar las casas que les fueron quitadas después del 11 de septiembre ni obtener ningún trabajo y pasaron muchos años de cesantía.
Aquí estamos tratando de resolver un problema muy concreto. Gran número de chilenos, por la edad, están retornando al país y, en consecuencia, desconocían todos los beneficios que les otorgaba la ley que se modifica. También -como se señaló- hay muchos campesinos que lo ignoraban.
Por consiguiente, estamos reparando algo muy concreto. Hagamos lo posible para resarcir en parte a esos 24 mil 800 beneficiarios que, probablemente, serán muchos más.
Estoy de acuerdo con la iniciativa, pero lamentablemente no figuran en ella algunos elementos que deberían estar presentes. Por ejemplo, llenar el ciento por ciento de las lagunas previsionales es una demanda absolutamente legítima y justa de los exonerados políticos. Hay muchos de ellos que fueron despedidos de las fábricas o predios intervenidos por el Estado que no han sido considerados plenamente, y no solamente por la razón que señaló el Senador Lavandero, sino que por otros motivos. Por lo tanto, numerosos chilenos han sufrido esa injusticia.
Por lo anterior, me parece absolutamente necesario no sólo aprobar el proyecto, sino también hacer un esfuerzo para enfrentar las injusticias todavía existentes en el país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación general y particular, a la vez.
--(Durante la votación).
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , llegué al Hemiciclo con el mismo espíritu y actitud con que lo hago habitualmente; y me he encontrado con un campo de batalla impresionante. Es decir -como señalaron los Senadores que me antecedieron-, hay una gran facilidad para "encender la mecha" y explotar este tema fantástico. ¡Volvemos al Gobierno militar, con los dramas y tragedias! Y lo hacen con calor, utilizando expresiones que casi me botan del asiento -porque venían de muy cerca; incluso con algo de saliva-, plenas de entusiasmo y una euforia realmente impresionantes. Y lo mismo ocurría en las bancadas contrarias. Y pienso que éste debe ser, probablemente, el mundo real, el imperante acá.
Venía con un espíritu determinado a votar hoy día, porque me parecía que dentro del sistema, habiéndose aprobado dos leyes con las cuales pude no haber estado de acuerdo, pero ya no había nada que hacer al respecto, a lo mejor correspondía aprobar el proyecto para incorporar a un tercer grupo, y después hacer lo mismo con otro, porque seguramente debe faltar gente a la que incluir, lo cual es parte del proceso.
Pero -como dije- me encontré ante una batalla campal, donde agredieron al Gobierno militar, del cual no fui parte, pero sí de las Fuerzas Armadas que salvaron a este país. Si me permiten decirlo de esa manera, y no lo quiero hacer con mucha violencia.
Pero la visión que ese grupo de personas tiene de esa parte de la historia es distinta de la de otros que la expresaron con vehemencia esta tarde. Aceptemos que hay dos visiones diferentes: los "salvadores de Chile" y los "atroces, degenerados y mugrientos que se comieron a los buenos hasta los huesos".
Y tendremos que vivir con eso. Tratemos de hacer justicia -como manifestó el Senador señor Núñez -, porque hay injusticia en ambos lados. Al gastar estos recursos, debemos pensar que pertenecen a todos los chilenos. Cuando los pensionados me expresan su queja de que el monto del montepío que perciben las viudas es equivalente al cincuenta por ciento del ingreso que tenía el marido -y todos sabemos que los gastos no se reducen al cincuenta por ciento-, los Parlamentarios deberíamos proponer que se les mantenga el valor original o se les calcule con un guarismo distinto. Pero se aduce que no es posible, porque no hay dinero. Sin embargo, como lo manifestó la Senadora señora Matthei , la hay para ciertas cosas, y no para otras. ¡Pero todos son igualmente chilenos!
Ése es el espíritu con que trato de legislar. Sin embargo, me encuentro con los "buenos" y los "malos". Los "mártires" y los "martirizadores". ¿De dónde salieron si los veo bien alimentados, gorditos y con posgrados? Si -con todo respeto- estoy viendo delante de mí a quienes sufrieron el exilio.
No se lo deseo a nadie ni me burlo de ello, pero no nos martiricemos con ese tema y no nos apartemos de una tarea que era de una lógica absoluta: haber aprobado el proyecto casi sin discusión.
Me han agredido, me han ofendido, me han insultado. Aparezco formando parte de una maquinaria de "sinvergüenzas, degenerados, ladrones". ¡Salvaje! No había "ni un militar bueno" y cómo no los hay, no reconocen lo manifestado por el Senador señor Martínez , porque ellos están excluidos.
¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta tontera?
Realmente, esto denigra al Senado. Aquí se discuten los grandes temas. Se ha dicho que debemos hacer justicia. ¿Qué justicia, señores Senadores? La están haciendo para un lado, como dijo la Honorable señora Matthei .
Voto en contra.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , iba a votar sin hacer comentario alguno, tratando de superar lo más rápidamente posible una discusión odiosa, que comienza a hacer aflorar los peores recuerdos que uno pudiera enfrentar en determinado momento.
Pero más vale no recoger las expresiones que he oído esta tarde. Sería alimentar más un debate estéril, que no conduce a ninguna parte. Ya está bueno que, de una vez por todas, se asuma que nunca será posible tener una visión común de una parte de nuestra historia. Que cada cual se quede con las apreciaciones que recogió y ojalá tenga el respeto suficiente como para no ventilarlas siempre que surge la oportunidad, creando un clima que no ayuda en absoluto.
Voto a favor.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , tengo el firme convencimiento de que aquí no sólo estamos ampliando el plazo para postular a un beneficio de carácter previsional, sino que buscando también, por la vía reglamentaria, extender las interpretaciones de tal forma que gente que no calificó en las dos leyes anteriores ahora pueda hacerlo, por habérsele prometido así durante la última campaña parlamentaria.
Por eso, tengo la impresión de que, más que beneficiar a quienes estrictamente fueron exonerados políticos, aquí se trata de favorecer a personas que participaron en tomas de fundos; que echaron de sus campos a sus legítimos propietarios, haciéndolos vivir momentos de enorme angustia y dolor. Obviamente, no estoy de acuerdo con que así se haga.
Además, como muy bien decía la Senadora señora Matthei , aquí hay plata para algunas cosas y no para otras. Por ejemplo, en los últimos días me he entrevistado con beneficiarios de la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA) -constituidos por personal civil y uniformado de esa Institución y de Gendarmería, tanto en actividad como en retiro, y sus familias-, donde hay un hoyo financiero del orden de 9 mil millones de pesos, lo que significa que no se les está brindando la atención médica para la cual cotizan.
El problema se encuentra radicado principalmente en Regiones, porque los afiliados de Santiago recurren a los hospitales institucionales; pero en el resto del país todos los convenios con distintas clínicas y hospitales se hallan vencidos. Esa gente corre serio peligro de morir, porque no hay quien le dé atención médica.
Yo preferiría que, con los escasos recursos de que dispone el Estado, pudiéramos solucionar finalmente el grave problema de financiamiento que afecta a DIPRECA y, por lo tanto, su impedimento para otorgar las prestaciones médicas.
Por eso, señor Presidente, voto en contra. Considero que hay otras situaciones que el país debe atender con mayor urgencia y prioridad.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , siempre ha sido mi ánimo favorecer este tipo de iniciativas. En 1998 me tocó participar en la discusión del proyecto sobre prórroga de la ley y para justificarla se esgrimieron entonces los mismos argumentos que hemos oído ahora. Y lo aprobamos.
Sin embargo, el debate ha generado -porque, como dicen por ahí, "palabras sacan palabras"- odiosidades que hacen difícil pronunciarse sobre la materia. Si uno vota a favor pareciera, que toma una posición determinada; y si lo hace en contra, otra distinta.
Yo entendí que no era eso lo que estaba en juego. Pero como así se ha producido, me abstengo.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , la verdad es que cuesta tranquilizar el espíritu, sobre todo cuando las personas hacen cargos y generalizan con tanta fuerza.
Al escuchar a algunos señores Senadores recordaba que en mi carrera profesional fui ofendido directamente por ellos, en circunstancias de que entonces les era desconocido. Por otra parte, los comentarios que se han hecho sobre la conducción del Régimen militar, evidentemente muy injustos -dejando de lado las luces, los claroscuros y los oscuros de los hechos acaecidos en todo Gobierno-, me llevan a pensar que yo, por haber sido el último miembro de la Junta Militar que hubo en Chile, debería reaccionar violenta e indignadamente.
Mi espíritu no está tranquilo. Estoy violento. Pero también me encuentro con que he reunido en mi sala a 110 chilenos que, por diferentes razones, fueron comprometidos judicialmente y, a renglón seguido, pasados a retiro y condenados a cumplir penas de extrañamiento.
¿Hasta dónde se podrá entender, dado mi espíritu y mi carácter -conocido por muchas personas como de posiciones quizá muy tajantes- lo que voy a hacer? Pero lo haré, señor Presidente y señores Senadores, para dar pasos concretos.
Comprendo la angustia de muchas personas que honradamente creyeron en sus ideas y actuaron, y como consecuencia de eso enfrentaron diferentes situaciones sociales, personales y privadas, salieron de Chile y han regresado. Pero también entiendo a esos 110 hombres. Muchos, honradamente creyeron que era bueno lo que les decían, sin darse cuenta de que cometían delito.
Mi espíritu está violento, pero la lógica me dice que ahora es el momento. Comprendo los dramas humanos. Sin embargo, quiero pedir a dos señores Senadores que conocen el tema -por respeto, no los nombraré-, que demos el paso y caminemos un poco más para cerrar esa brecha y lograr que, por lo menos a los 110 chilenos a que me referí, se les dé el mismo trato igualitario que, con justa razón, señaló la Senadora señora Matthei .
Mi voto es favorable. Y lo es, en el espíritu de avanzar un paso más.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , al igual que algunos de los señores Senadores que me precedieron en la fundamentación de voto, lamento sinceramente el tono en el cual se ha llevado la discusión. Porque no puedo dejar de pensar que quienes sufrirían en la eventualidad de que el Senado no aprobase el proyecto son personas muy humildes, muy modestas, que nada tienen que ver con el debate desarrollado en la Sala.
Ellos y ellas están mirando por su supervivencia. Es gente extremadamente pobre, gran parte de avanzada edad, que lo único que espera es, en el fondo, un acto de apoyo en la etapa final de su vida. Creo que el debate que aquí legítimamente puede efectuarse ignora la realidad humana en que esas personas están colocadas.
Por eso, votaré a favor. Y llamo a quienes aún no se han pronunciado a pensar en esa clase de personas más que en los argumentos que aquí políticamente pudieran entregarse y que la historia recoge ya como hechos de nuestro pasado.
Voto que sí.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , también estoy sorprendido por el curso del debate, pues parecía que éste era más bien un proyecto que hasta pudo haber sido incorporado a la tabla de Fácil Despacho.
Quizá -como lo planteó el Senador señor Gazmuri - debió quedar abierta la fecha en la segunda ley, porque la persona que fue exonerada debería poder impetrar el beneficio en cualquier momento. No es muy razonable dejar cerrada una legislación de esta índole con plazos perentorios. Si se hubiese procedido de esa manera, no estaríamos discutiendo una eventual tercera ley.
En concreto, tan simple parecía el asunto que, no obstante cierta falta de información en la Comisión de Hacienda, hasta donde yo sé, el proyecto fue aprobado unánimemente por sus integrantes.
Por consiguiente, me sorprende el cambio producido en la votación.
Entiendo perfectamente que existe un debate histórico, un debate áspero, que abre heridas. Pero no me parece comprensible que se dañe a 20 mil personas, todas trabajadores modestos, quienes en muchos casos vivieron el exilio y no tuvieron la posibilidad de acogerse a los beneficios de la legislación en comento.
Conozco a personas -con seguridad, no son la mayoría- que no se beneficiaron de las dos primeras leyes simplemente por temor a hacer una solicitud para reconocer su condición de exonerados políticos. Por esa razón, sencillamente no presentaron sus papeles.
Considero terriblemente injusto que hagamos daño a esa gente. Una cosa es nuestro debate y otra sus consecuencias prácticas sobre un grupo de 15 mil a 20 mil chilenos que están muy esperanzados con la posibilidad de obtener un beneficio, por lo demás bastante modesto.
Ahora bien, valoro mucho lo que expuso el Honorable señor Martínez . Estimo perfectamente legítimo su reclamo respecto de 110 miembros de las Fuerzas Armadas. Y, como Sala del Senado, debiéramos hacernos eco del planteamiento de Su Señoría para buscar una solución al problema.
Lo que me preocupa es que está iniciativa está en su primer trámite constitucional y, si no reunimos el quórum correspondiente, se va a requerir un año para volver a plantearla.
No sé, señor Presidente , si hay alguna manera práctica de resolver la cuestión.
En todo caso, deseo responder a la Honorable señora Matthei .
Es cierto lo que la señora Senadora plantea respecto del daño previsional provocado a funcionarios públicos. Pero digamos las cosas como son: en este país existen muchas injusticias, y nuestro trabajo consiste en priorizar cuáles pueden solucionarse, por ser más apremiantes que otras. Y convengamos en que es más grave el problema de las personas que no solamente perdieron la previsión, sino también su trabajo y su dignidad al ser exoneradas por su modo de pensar.
Eso no significa desconocer la situación que enfrentan muchos funcionarios públicos que, efectivamente, no pueden jubilar por lo que aquí se ha descrito. Pero no es lo mismo una persona que tiene una laguna previsional que otra que vio destruida su vida porque, a causa de razones políticas, fue exonerada y nunca más pudo reinsertarse en la sociedad.
De eso estamos hablando. Aquí no se trata de favorecer a los partidarios de un sector con respecto a los de otro, sino de determinar correctamente quiénes tienen más necesidades.
Voto a favor, señor Presidente . Y, francamente, quiero ver si tenemos capacidad para generar algún mecanismo que evite que, por falta del quórum exigido, este proyecto sea rechazado y su tramitación se suspenda al menos por un año, situación que me parecería terriblemente injusta y que hablaría muy mal de las consecuencias prácticas de nuestros debates.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , este proyecto pretende, en rigor, abrir un nuevo plazo, pues el establecido en la ley Nº 19.582 venció hace ya bastante tiempo. Aquí se fija un nuevo término para que quienes no pudieron acogerse a las leyes Nºs 19.234 y 19.582 lo hagan ahora. Y existen sobrados fundamentos para que así ocurra.
Sin embargo, me parece necesario destacar dos cosas.
Primero, esas leyes fueron creadas en un evidente espíritu de justicia. No han sido leyes sesgadas, destinadas a beneficiar exclusivamente a un sector. Y Sus Señorías conocen bien los casos de muy destacados dirigentes políticos que encabezaron la oposición al Presidente Salvador Allende y que finalmente pudieron pensionarse gracias a las normas de esas legislaciones. Son pruebas más que suficientes de que ellas no tenían sesgos de ninguna naturaleza.
Todavía más: respecto de lo que planteó aquí un señor Senador, cabe puntualizar que uno de los objetivos centrales de la ley Nº 19.582 fue abrir sus disposiciones a los exonerados de las Fuerzas Armadas que habían quedado marginados del primer cuerpo legal.
Segundo, comparto el criterio expuesto en la Sala en el sentido de que se debe hacer el mayor esfuerzo para que la ley en proyecto resuelva el problema de una vez por todas. No se trata sólo de abrir un nuevo plazo y dejar subsistente la situación para que mucha gente que objetivamente tuvo la calidad de exonerado político y, por la estrechez de la norma vigente, no pudo acogerse al reconocimiento de esa calidad lo haga definitivamente.
Por eso, me parece fundamental que en el segundo trámite constitucional el Gobierno, por la vía de las indicaciones y a la luz de la casuística ya conocida, corrija las limitaciones e imperfecciones de la ley anterior, para que este capítulo quede bien cerrado.
Y, desde luego, celebro sin reservas el planteamiento de la Senadora señora Matthei en lo que dice relación al daño previsional, que hemos traído una y otra vez al debate en esta Sala. Empero, resolver problemas sociales de esa índole requiere, naturalmente, un esfuerzo social significativo, al que debemos estar dispuestos de verdad. Ese esfuerzo social tiene un componente solidario y sus costos no pueden ser soslayados, lo que precisa una actitud más flexible tanto en el tema del financiamiento estatal como en el tributario.
Dispongámonos, pues, como sociedad a dar los pasos necesarios para ir creando condiciones de real justicia e integración al interior de la sociedad chilena y para que estos problemas de arrastre sean definitivamente superados.
Voto a favor.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , he planteado una posición dura ante esta iniciativa, sobre la base de que, cuando se arma esta discusión, se hace en primer lugar para rechazar la forma como se está legislando en un tema que no es menor.
En segundo lugar, mis objeciones a este proyecto han tenido como fundamento que un grupo importante de gente ha quedado fuera de los beneficios de que se trata, no sólo por el hecho de no haber sido considerada en las leyes anteriores, según lo planteó el Senador señor Martínez , o por otros motivos, como lo expuso el Honorable señor García , sino también por la burocracia del organismo creado para tramitarlos.
La cuestión, señor Presidente , estriba en no perjudicar a quienes en algún momento sufrieron un daño. Y me parece que ello resulta factible.
Se me ha dicho que mi voto es dirimente. Y yo no quiero provocar un detrimento. Pero se debería contar, entonces, con el compromiso del Ejecutivo de estudiar la posibilidad del envío de un proyecto para incluir a afectados que no solamente comprenden a personas que pertenecieron a la Armada: otras formaron parte de Carabineros, del Ejército o de la Fuerza Aérea.
Y lo anterior se debería extender, por supuesto, a quienes igualmente experimentaron daños en el período de la Unidad Popular.
Ése es un debate que no hemos sostenido. Intentemos hacer justicia.
Se me ha pedido un cambio, y me encuentro disponible para que la presente discusión no cause efectos lesivos. Nunca me dejo llevar por las odiosidades del momento. Entonces, para no provocar perjuicios, voto a favor.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , tal como lo dije al comienzo, se discute un proyecto simple, que tiene que ver con la ampliación de un plazo. Y deseo clarificar un poco ciertos elementos mencionados en el debate. No me referiré a aquellos que ocasionaron mucho resquemor en algunos de los presentes, sino a aspectos relacionados con la iniciativa.
Aquí se ha criticado la actuación del Gobierno, por ejemplo, en cuanto a la burocracia y a las restricciones que ha impuesto para entregar el beneficio. Eso es cierto. Y deseo consignarlo, porque la autoridad ha sido tremendamente cuidadosa justamente para evitar las dificultades que se podrían originar por la aplicación permisiva de un texto como el que se analiza, en la medida en que sería factible que personas de no muy buena fe generaran una suerte de maquinaria para que algunos se acogieran a un beneficio sin tener derecho a él. En ese sentido, pienso que los funcionarios del Ministerio del Interior han sido bastante rigurosos. Y, de hecho, la rigurosidad genera una queja permanente de los exonerados.
En alguna medida, es bueno que así sea. Si no, las críticas serían de otro tenor. Se diría, por ejemplo, que se ha abierto un forado y que se beneficia gente que no corresponde.
Por lo tanto, juzgo que de alguna manera el sistema debe tranquilizar los ánimos de quienes puedan creer que a partir de la ley en proyecto existirá un boquete por el que se vaciarán las arcas fiscales.
Es cierto, asimismo, que sería bueno que por la vía reglamentaria se estableciera con mayor nitidez cuál es el alcance efectivo de los beneficios, para que actuaran con más premura los encargados por el Gobierno de calificar a los exonerados o de realizar los trámites posteriores. Porque, sin duda, no se puede estar recurriendo permanentemente a las oficinas fiscales.
También quisiera hacer constar que en la discusión en las Comisiones unidas, de las cuales formé parte, se entregaron los antecedentes económicos relativos a este proyecto. No se proporcionaron aquellos que tienen que ver con el funcionamiento de las leyes vigentes sobre el tema, pero sí el estudio económico o el costo anual de la normativa en debate. Por lo tanto, existe un costo conocido, estimado -ello, porque, como se ha dicho, no se sabe exactamente cuántas personas serán calificadas-, pero que permite legislar.
Sería distinto, en cambio, que en un momento dado decidiéramos debatir sobre cuál ha sido la consecuencia de la legislación en vigor y hasta dónde alcanzará. Pero no se hallan en discusión enmiendas al respecto.
Por consiguiente, el texto en estudio perfectamente pudo haber sido incluido en la tabla de Fácil Despacho. Y no cabe compararlo con proyectos que sí debieran haber contado con más tiempo y que la Sala ha tratado en los últimos días, como el de la nueva política de personal para funcionarios públicos, el de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera o el que modifica la Ley de Pesca. Este último fue despachado prácticamente en una sesión, sin que ni siquiera se entendiese su contenido. Pero en este instante es muy claro lo que se dispondrá: la ampliación de un plazo, con un costo que se acompañó a la iniciativa.
Entonces, señor Presidente , se suscita un debate que se va saliendo del cauce. Pero también se debe ver por qué se registran polémicas que van llevando a la gente a una confrontación. A mi juicio, si manifestáramos un poco más de generosidad y apertura, estos proyectos serían hoy tramitados mucho más fácilmente y no nos enfrentaríamos a discusiones que no aportan nada.
Voto a favor.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , debo partir por lamentar el clima que esta tarde ha imperado en la Sala y que ha violentado el espíritu de varios señores Senadores. Y lo lamento porque el articulado en análisis llegó hace pocos días al Congreso y fue objeto de un trámite expedito tanto en la Comisión de Trabajo como en la de Hacienda al concitar la unanimidad sobre un hecho que ya se había considerado anteriormente, cuando se presentaron las dos primeras iniciativas concernientes a los exonerados políticos.
Sin embargo, palabras han ido sacando palabras, y aunque varios colegas venían con un espíritu claro de apoyo, como para una aprobación por consenso en Fácil Despacho, nos encontramos conque hasta hace poco rato estábamos en la duda de si el proyecto se iba a acoger o no.
¿Qué habría dicho la ciudadanía en el caso de un rechazo? "¡No se entiende a estos políticos! ¡Se pusieron de acuerdo para sacar en pocos días leyes fundamentales, que durante doce años no lograron concretar, y no pudieron hacerlo ante una simple prórroga de doce meses para que se solicite el beneficio de la ley de exonerados, que favorece a muchas personas que, encontrándose en el extranjero o en el interior del país, no se informaron de que tenían derecho a reclamarlo! ¡Y hasta última hora se corrió el peligro de que la iniciativa se perdiera!".
La legislación se ha ido perfeccionando, y muchos de los militares a que se hizo referencia quedaron comprendidos en el segundo de los cuerpos legales dictados sobre la materia.
Considero muy inteligente la actitud del Senador señor Martínez : aunque mantenía sus diferencias -incluso, puede haber sido ofendido o tocado por las palabras expresadas en la Sala-, hizo presente que 110 ex integrantes de la Armada han quedado al margen. Pero lo lógico es que, para resolver esa situación, se apruebe ahora la idea de legislar. Y, sin duda, el Ejecutivo podría acoger la petición de Su Señoría en un próximo proyecto.
Deseo subrayar que 24 mil chilenos, de condición muy modesta, llevan años a la espera de la normativa en discusión. ¡No los desilusionemos! El Senado, con su ponderación e inteligencia, dará nuevamente su aprobación.
Y llamo a mis Honorables colegas a olvidar. ¡Son 30 años! No podemos estar recordando permanentemente los hechos. Volvamos al espíritu generoso y de paz. Cambien el voto negativo y pronunciémonos a favor para conformar una alta mayoría que otorgue a miles de exonerados el derecho a recibir una pensión modesta pero que les dará tranquilidad en su vida.
Voto que sí.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , la verdad de las cosas es que este tema resulta bastante recurrente. Y yo, considerándolo siempre desde mi asiento, veo cómo se van politizando inevitablemente algunos principios.
Es difícil pensar que la gente de que se trata haya sido exonerada por razones políticas, por no haber sido reconocido su pensamiento político. Ello no fue lo que sucedió en 1973. Definitivamente, no. Y ésas son las cosas que llaman la atención y hacen analizar con mayor detalle proyectos de esta naturaleza, que son legítimos para algunos. Porque algunos de los exonerados fueron justamente los que quebraron el Estado de Derecho -con las consecuencias y los dramas que conocen Sus Señorías- y obligaron al despliegue de esfuerzos para recuperarlo y estructurarlo hasta el presente. Y ello precisamente permite que en el Senado, en democracia, estemos discutiendo ahora temas tan trascendentes como el que nos ocupa.
Ésa es la verdad. Todos los aquí presentes conocen muy bien los problemas políticos irreconciliables generados con el quiebre del Estado de Derecho. Sin embargo, hoy definitivamente vivimos otro presente. Y lamento mucho que aparezcan estas sensibilidades cuando se analizan temas de esta naturaleza.
Recojo lo manifestado por el Senador señor Martínez , porque algunos exonerados de la Fuerza Aérea me han venido a consultar, en repetidas ocasiones, sobre la misma materia. Están preocupados. Y sé que autoridades políticas de Gobierno les han dicho que también tendrían derecho a las mismas franquicias que otorga la ley a los exonerados políticos, cuya situación estamos analizando. Creo que ha llegado el momento de tomar en cuenta a esta gente. Y podría haber buena disposición para ello. Veremos si hay la misma voluntad respecto de los exonerados de las Fuerzas Armadas. Lo dudo, pero mantengo la esperanza.
Pensando que este beneficio está dirigido a un grupo de personas bastantes indigente, que siguieron a algunos líderes políticos de la época, en los cuales creyeron pero que cuando llegó el momento de los "quiubos", no estuvieron -es cierto, se quedaron acá, fueron exoneradas y están pagando por depositar su confianza en algo que nunca debió suceder-; pensando en la equidad de una sociedad realmente democrática y justa; y pensando que a su edad es difícil que alguien les dé la mano en forma gratuita, me parece que el Estado debe acudir a apoyarlos en un momento difícil de su vida.
Además, como esta iniciativa es la continuación de dos leyes perfectamente debatidas, y haciendo presente el problema del pensamiento político de los exonerados, que no obedeció a la realidad de esa época, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si la Sala lo permite, fundamentaré mi posición desde la testera.
Cuando se inició el estudio del proyecto, creí que se trataba de un problema de cifras, que sería aclarado en el transcurso de la discusión. Sin embargo, unos y otros han sostenido tesis y pensamientos que, por lo demás, son conocidos.
Respecto a los hechos posteriores y anteriores a 1973, cada uno tiene sus propias convicciones. Pero lo grave -y no está presente el señor Senador que lo dijo al fundamentar el voto- fue la referencia al exilio en forma despectiva. Me dolió. Quiero decir a ese Honorable colega, sobre la base de mi experiencia, que en el exilio ni se engorda ni se está alegre ni se obtiene satisfacciones. Al contrario, marca, duele y afecta a toda la familia. Ojalá, nunca nadie sea puesto en esa situación.
Me dolió escuchar lo que se dijo, porque daña el debate.
A mi juicio, este proyecto reconoce un hecho objetivo: por diversas razones, un grupo de ciudadanos chilenos no se pudo acoger a un beneficio que el Parlamento aprobó en dos ocasiones sucesivas. Y el hecho de que existan otras necesidades o injusticias que satisfacer, no me parece motivo para pronunciarse en contra. El argumento de que algunos no han sido considerados como beneficiarios es, por supuesto, un elemento que debe tenerse presente.
Sinceramente, pienso que el debate de hoy excedió toda racionalidad, ya que únicamente teníamos que pronunciarnos, de acuerdo con los recursos disponibles, sobre la procedencia o no de fijar un nuevo plazo para que 20 mil o 24 mil chilenos y chilenas puedan acogerse a un beneficio que anteriormente se reconoció a otros tantos miles de compatriotas.
Quiero dejar esa constancia, porque me dolió la afirmación que se hizo. Ojalá, se pueda obviar en los próximos debates.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos contra 6 y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido, y también en particular, por no haberse formulado indicaciones.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Bombal, Cordero, Espina, Flores, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Canessa, Fernández, García, Matthei y Stange.
Se abstuvieron los señores Cariola, Coloma, Chadwick, Larraín y Novoa.
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El señor OMINAMI-
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo plantear una moción de orden.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OMINAMI-
Señor Presidente , solicito que recabe el asentimiento de la Sala para incorporar en el Orden del Día el proyecto que norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos.
La iniciativa forma parte de la llamada "agenda corta" y fue analizada hoy día por la Comisión de Hacienda. Tengo la impresión de que existe amplio acuerdo en torno a sus disposiciones como para hacer el esfuerzo de discutirla en general y particular en la presente sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si hubiera acuerdo unánime en la Sala, se podría incorporar a la tabla, forzando un poco el Reglamento. Pero eso lo dejamos radicado en mi responsabilidad.
¿Habría objeción para acceder a esa petición?
Acordado.
BENEFICIOS TRIBUTARIOS A DONACIONES PARA CAMPAÑAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y EXTENSIÓN A FINES SOCIALES Y PÚBLICOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Conforme a lo resuelto, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo al buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3237-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 55ª, en 20 de mayo de 2003.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo principal de la iniciativa es extender los beneficios existentes en materia de donaciones a nuevas actividades meritorias de los ámbitos social y público, armonizando y perfeccionando el sistema de beneficios tributarios existentes en el país.
El proyecto fue analizado por la Comisión de Hacienda, la que lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Boeninger, García, Novoa, Ominami y Sabag.
Asimismo, lo acogió en particular, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Boeninger, Coloma, Ominami y Sabag.
Cabe señalar que el artículo 4º de la iniciativa tiene el carácter de orgánico constitucional y requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general.
¿Habría acuerdo...
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, señor Senador .
El señor MARTÍNEZ .-
A mi juicio, corresponde que se dé, por lo menos, una breve información sobre esta normativa.
El señor OMINAMI-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI-
Señor Presidente , haré una pequeña relación sobre los aspectos principales involucrados en la materia.
El proyecto en estudio entrega ciertos beneficios tributarios a donaciones para campañas y partidos políticos -desde este punto de vista, es complementario con el que acabamos de aprobar- y los extiende para instituciones que apoyan a personas de escasos recursos o discapacitadas.
Concretamente, se equipara el tratamiento tributario de las donaciones en dinero de las empresas contribuyentes sujetas al impuesto de primera categoría a los partidos y campañas políticas con el tratamiento que reciben las donaciones que éstos realizan actualmente a las instituciones del Estado. Vale decir, se les permite rebajar estas donaciones, dentro del límite establecido en la ley, de la renta líquida imponible durante el mismo ejercicio en que se entregan las donaciones.
Lo anterior implica un beneficio tributario correspondiente al impuesto de primera categoría y al impuesto global complementario del socio. Se puede estimar que la suma de estos factores involucra un beneficio tributario promedio de 25 por ciento.
Las donaciones que accedan al beneficio anterior quedarán sujetas a un límite global anual por empresa de 1 por ciento de la renta líquida imponible. Dentro de este límite se podrán también efectuar donaciones a institutos de formación política, las que estarán sujetas al mismo tratamiento tributario y procedimientos que las donaciones a los partidos. Cada partido podrá identificar un instituto asociado afecto a este régimen especial.
Este límite busca que, en condiciones normales, el aporte fiscal indirecto al financiamiento de la política a través de este mecanismo no exceda, en su conjunto, el monto del aporte fiscal directo para campañas, que se legisla paralelamente en el proyecto ya aprobado sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Asimismo, esta iniciativa establece que se extenderán los beneficios tributarios existentes para diversas donaciones sectoriales -que son las correspondientes a la cultura, al deporte, a la educación y a las universidades- a las donaciones que realicen las empresas a instituciones sin fines de lucro que proveen servicios de apoyo a personas de escasos recursos y discapacitadas.
Lo anterior involucra un beneficio tributario para el donante que va entre 58,5 por ciento y 70 por ciento.
Estas donaciones podrán estar dirigidas al financiamiento de proyectos o programas plurianuales de las instituciones calificadas, ampliando así las alternativas existentes respecto de las donaciones normadas por la ley Nº 19.712.
Este beneficio quedará sujeto a que, al menos, 33 por ciento de los recursos de la donación se destinen al Fondo Mixto de Apoyo Social, desde donde estos recursos se redistribuirán hacia proyectos y programas de las instituciones calificadas. A este fondo podrán agregarse, sin derecho a beneficios tributarios, recursos adicionales de otras fuentes.
Es importante también destacar que existirá un Consejo de carácter mixto, con mayoría privada, compuesto por autoridades públicas asociadas al apoyo a personas de escasos recursos y discapacitadas, representantes de las instituciones calificadas para recibir estas donaciones elegidas por estas mismas entidades, y un representante de los potenciales donantes. Este Consejo calificará a las instituciones que podrán ser sujetos de donación.
Finalmente, hay un conjunto de disposiciones generales que, en lo fundamental, busca armonizar los diversos regímenes, y para ello se establece un límite global por empresa (adicional al límite para las donaciones a la actividad política) a las donaciones que puedan acceder a beneficios tributarios, de 4,5 por ciento de la renta líquida imponible, para el conjunto de todas las donaciones.
Este límite global permite un marco potencial de 450 millones de dólares en donaciones, cifra más de seis veces superior a las donaciones efectivas que se realizaron en 2001 con derecho a beneficios tributarios. Por lo tanto, es un límite bastante amplio. De esta manera se armonizan los diversos regímenes dentro de un ámbito común por contribuyente, dejando un amplio margen para que las empresas donen a organizaciones que apoyan a personas de escasos recursos o discapacitadas, permitiendo que las donaciones realizadas mediante cualquiera de los regímenes vigentes también se expandan.
Para asegurar lo anterior, se suprimen adicionalmente todos los límites específicos establecidos en las leyes para donaciones sectoriales (cultura, deporte, educación, universidades, etcétera), ya sea que éstos se encuentren expresados en porcentajes de la renta líquida imponible, en unidades tributarias mensuales o en relación con el capital propio. Esto resguarda que el margen adicional fijado por el límite global pueda ser utilizado plenamente bajo cualquiera de los mecanismos vigentes y el nuevo régimen que se legisla.
Adicionalmente, se tipifican y establecen prohibiciones y sanciones para conductas que pudieran distorsionar la naturaleza u objeto de las donaciones, tales como la existencia de contraprestaciones asociadas a la misma o el desvío de los recursos donados hacia instituciones o fines distintos de los que determina la ley.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).
- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Deseo hacer una consulta al señor Presidente de la Comisión . ¿Qué pasa con las donaciones de entidades extranjeras a dichas instituciones? Concretamente, ¿qué ocurre con el aporte de fondos que pueden realizar las ONG? ¿En qué condiciones queda esa donación proveniente del exterior? No he escuchado nada al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Hay dos observaciones. Primero, ninguna empresa extranjera puede hacer contribuciones al financiamiento de la actividad política. Y, segundo, éste es un proyecto referido a los contribuyentes de primera categoría, lo cual excluye a empresas foráneas.
El señor NOVOA.-
No necesariamente. Las hay que son contribuyentes de primera categoría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido a Sus Señorías evitar los diálogos.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Efectivamente, esta iniciativa beneficia a los contribuyentes de primera categoría. Si una empresa extranjera está realizando negocios en Chile es contribuyente de primera categoría y puede hacer donaciones para todos los fines, menos para los de carácter político, porque está prohibido en la ley que autoriza precisamente las donaciones para fines políticos.
El señor MARTÍNEZ .-
Mi consulta es la siguiente. Hay ONG radicadas en Chile que reciben fondos del extranjero que podrían efectuar donaciones a instituciones. No aludo a las de naturaleza política, sino al hecho de que los aportes sean de origen foráneo. Porque esas organizaciones reciben dineros, los transforman y los pasan. Ésa es la pregunta.
El señor OMINAMI.-
El proyecto en debate no tiene que ver con eso. Aquí estamos hablando de beneficios tributarios. Por lo tanto, la donación de una ONG extranjera o nacional queda fuera de ese ámbito. Ese aporte no está comprendido dentro de las franquicias tributarias. Y, en ese caso, no es un contribuyente de primera categoría, efectivamente.
El señor MARTÍNEZ .-
Correcto. Se trata sólo de contribuyentes de primera categoría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , deseo formular un par de consultas a quien pueda responderlas. Deseo saber si esta iniciativa forma parte de los acuerdos entre el Ejecutivo y la Oposición.
El señor NOVOA .-
Sí.
El señor ÁVILA.-
Francamente, me parece una impudicia el deducir de impuestos las donaciones a los partidos políticos. Al final, con las triquiñuelas que siempre se emplean en estos casos y que han sido ampliamente utilizadas respecto de las universidades privadas, será el Estado el que terminará financiando a las colectividades políticas y a los candidatos en general y, por supuesto, con muchísima mayor proporción a quienes se identifican política e ideológicamente con los dueños de esas empresas.
Por lo tanto, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, con la agravante de que ahora los dineros del Estado -esto es, de todos los chilenos- serán canalizados preferentemente a organizaciones políticas de Derecha, pero con la imagen de que quien donó la "sangre" es el empresario tal o cual, en circunstancias de que, en verdad, tales fondos provendrán de recursos públicos.
Sinceramente, me parece que de ese modo estamos legislando muy mal.
Anticipo mi voto negativo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presiente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , sólo deseo aclarar dos aspectos planteados por el Senador señor Ávila , a fin de que la discusión pueda tener un curso basado en el conocimiento del proyecto.
El tratamiento tributario que se otorga a las empresas y a los contribuyentes de primera categoría que realicen donaciones no tiene nada que ver con el sistema que rige para las leyes relacionadas con el deporte, la educación y la cultura, que por lo general confieren no sólo exención, sino también franquicias. En este caso, la iniciativa únicamente permite deducir de la renta líquida imponible una determinada cantidad, que además no puede exceder el uno por ciento de esa renta líquida.
Por lo tanto, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra, no se exagere el impacto diciendo que se está haciendo exactamente lo mismo en el caso de la cultura, de la educación o del deporte, porque no es así.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor ÁVILA.-
¿Me permite hacer una aclaración, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene que pedir una interrupción al Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Se la concedo, con su venia, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
En verdad, contrariamente a lo que señala el señor Ministro , insisto en que tales recursos pasan a ser dineros públicos, por cuanto la deducción del uno por ciento se resta como contribución al Estado; es decir, en virtud de esta disposición no alcanza a llegar a él, sino que se canaliza a una organización política determinada. Por lo tanto, es un dinero público, independientemente de la forma como se gesta.
He dicho.
El señor COLOMA.-
Recupero la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para aprobar en general y particular el proyecto? Habría 27 votos a favor y uno en contra.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , sólo quiero fundamentar mi voto.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, estaba usando de la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Le parece al Senado?
El señor COLOMA.-
Sin perjuicio de lo cual voy a intervenir después.
--Se aprueba en general y particular el proyecto: 28 votos a favor y uno en contra, y queda despachado en este trámite.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, estaba con el uso de la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría. El proyecto ya fue aprobado.
El señor COLOMA.-
Aun así, igualmente deseo intervenir.
Señor Presidente, quiero dejar dos constancias, porque me parece importante lo planteado por algunos señores Parlamentarios.
En primer lugar, creo que ésta es una señal potente, que se da dentro de un conjunto de acuerdos que hemos ido logrando en el Congreso por amplia mayoría. Básicamente, es una señal de que la empresa privada tiene abierto el camino para colaborar o fomentar tareas que al Estado le interesan -ésta es la filosofía, el principio-, y eso se hace por dos vías.
Primero, para regular legislación que hoy día se encuentra dispersa. Este principio es el mismo que rige en materia de la educación, la cultura, las universidades y los deportes. El principio de facilitar que parte del dinero de la empresa pueda destinarse a estos objetivos constituye el elemento central de esta nueva legislación. Y era una aspiración para uniformar los criterios con que funciona este tipo de operaciones.
Lo segundo es que se abre un nuevo espacio para que las empresas colaboren en tareas que al Estado también le interesan, como es el desarrollo de la formación política y la lucha contra la pobreza y la discapacidad. Ésa es la idea original existente en el proyecto.
A ello se suma un segundo concepto, que es el de la democracia tributaria, que, en el fondo, significa empezar a buscar que sean los contribuyentes los que puedan ir afinando criterios más precisos respecto de cómo se utilizan o cómo se ayuda a canalizar los recursos del Estado. Esto se hace -a propósito de la consulta del Senador señor Ávila - por dos vías distintas: a través de la franquicia, que es la que da un importante beneficio tributario, aquel que se orienta sólo a los dineros que se refieren a la educación, la cultura, la universidad, el deporte, la lucha contra la pobreza y la discapacidad. Eso sí, efectivamente, constituye una franquicia. Lo otro es un gasto para producir la renta, que tiene un beneficio tributario pero de orden muy distinto del que se maneja en materia de la franquicia.
Asimismo, quiero dejar claro que esta legislación contiene precisamente una serie de disposiciones que evita o impide algunos abusos que se hacían con la misma franquicia. Por ejemplo, en materia universitaria -lo que planteó el Senador señor Ávila -, es un adelanto muy potente para evitar la utilización maliciosa que pueda hacerse de esa franquicia con contraprestaciones que no estén acordes con los principios.
Por último, ojalá que este paso -que estimo significativo- el día de mañana se proyecte a las personas. Es una aspiración importante el hecho de que en el futuro las personas puedan destinar parte de sus rentas a la cultura, a la universidad, a la educación, al deporte, lo cual no se halla incluido en esta iniciativa, básicamente por restricciones presupuestarias. Pero me parece que, en términos de generar mayor democracia tributaria, la aspiración al menos es que más adelante también se aplique a las personas, porque considero que este concepto -en que cada cual pueda, con parte de sus ingresos, orientar, a su vez, el uso que el Estado dé a los recursos- constituye un principio sano en una sociedad democrática.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , solamente deseo dejar constancia de que he votado favorablemente este proyecto, pero que básicamente estoy en desacuerdo con él. Y, por tanto, obviamente, creo que eso merece una explicación.
Me parece que no es correcto, sobre todo en un país como éste, que las empresas descuenten de la base tributable -porque no es una franquicia tributaria, sino un descuento de la base tributable- los aportes a las campañas políticas.
Tengo la impresión de que aquí lo que debería ocurrir es la regulación de los aportes que los privados voluntariamente realicen a las campañas o a los partidos. Pero me parece que, en el caso de la política, efectivamente esto es financiar, por la vía de recursos que se restan -digamos- de alguna manera a la tributación, a determinados partidos y candidatos, en un país donde, además, por razones históricas -que pueden ser comprensibles-, todos los grandes grupos económicos, en general, son de Derecha. Eso es fácticamente así. Y parte importante del empresariado también lo es.
Eso no ocurre en todas partes del mundo. En los Estados Unidos hay grandes conglomerados que simpatizan más bien con los republicanos; otros apoyan a los demócratas. Pero en Chile, en general, los grupos económicamente poderosos tienen determinada orientación política. Es completamente legítimo que la tengan, no lo critico, para eso hay democracia. Pero, a mi juicio, con esta forma de financiar se está dando una facilidad excesiva que, dada la concreta sociología y cultura chilena, va a favorecer a una parte y no al conjunto. Además, se trata de un sector que por lo regular ya está bastante beneficiado porque cuenta con aportes muy considerables.
¿Por qué he votado a favor? Porque esta iniciativa forma parte de un acuerdo político global, donde creo que hay avances muy sustantivos en materia de transparencia, de regulación y de financiamiento público de una parte de los gastos electorales. A mi entender, éste es un gran avance democrático. Desgraciadamente, cuando existen acuerdos globales, uno tiene que votar asuntos puntuales que personalmente pueden no gustarle, en función del acuerdo general.
Digo esto porque estimo bueno que se llegue a un acuerdo. No se trata de un consenso, pues no lo tengo sobre esta ley en proyecto. Es cierto, está el acuerdo político, pero mantengo mi discrepancia. Y me parece útil señalarla, porque no me siento comprometido a futuro si discutiéramos de nuevo una normativa sobre financiamiento político. Seguramente lo vamos a hacer en el Congreso, como en todos los parlamentos del mundo, puesto que esta materia es muy compleja, y normalmente se introducen transformaciones después de experimentar cómo funciona la ley.
Normalmente así ha ocurrido en todos los países donde se han dictado leyes de regulación para el financiamiento de las campañas y los partidos. En general, son legislaciones muy sujetas a enmiendas, porque no se pueden prever todas las situaciones, etcétera.
Por lo tanto, espero que en futuras iniciativas eliminemos esta disposición que, a mi modo de ver, no es conducente y desequilibra una competencia sana en la vida democrática.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continuamos con el Orden del Día. Estaba pendiente la discusión del proyecto signado con el número 4.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , ¿qué pasó con esta iniciativa? ¿Acaso se suspendió la discusión?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, señor Senador , el proyecto ya fue despachado. Concedí la palabra porque dos señores Senadores pidieron hacer algunas aclaraciones.
El señor MARTÍNEZ .-
Perdón que me ría, señor Presidente , pero con esta velocidad para tramitar, me pregunto para qué nos sentamos en nuestros escritorios, entonces.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El proyecto se aprobó con 28 votos favorables.
El señor MARTÍNEZ .-
Incluido el mío, supongo.
El señor VEGA .-
¡Y el mío también!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El de todos los señores Senadores presentes en el Hemiciclo.
No sé si Su Señoría se encontraba acá. El Honorable señor Vega , no.
El señor MARTÍNEZ .-
¡Estábamos en la Sala!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No es así, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , ¿me permite felicitarlo por su extraordinaria rapidez?
Que quede en actas, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Gracias, señor Senador. Reitero que Sus Señorías no estaban en la Sala.
El señor VEGA .-
Yo estaba aquí.
El señor MARTÍNEZ.-
Estoy de acuerdo con la iniciativa, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Agradezco su apoyo, señor Senador ; pero, reitero, no se encontraban en la Sala en ese momento. Incluso, ordené tocar los timbres.
CREACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE LAVADO DE DINERO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2975-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 15 de octubre de 2002.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
Discusión:
Sesiones 51ª y 55ª, en 14 y 20 de mayo de 2003 (queda pendiente su discusión general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La discusión general se encuentra pendiente.
Antes de ofrecer la palabra, quiero hacer presente que la iniciativa contiene normas cuya aprobación requiere quórum de ley orgánica constitucional.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, ¿este proyecto se va a votar ahora?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No lo creo, salvo que se toquen los timbres y se reúna el quórum necesario para su aprobación.
Continúa la discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , este proyecto de ley da origen a la Unidad de Análisis Financiero. Tiene como principal objetivo contar con una entidad del Estado que recabe información de distintas organizaciones e instituciones, que aparecen indicadas fundamentalmente en el artículo 3º, sobre actos, operaciones o transacciones que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten inusuales o carentes de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realicen en forma aislada o reiterada.
El proyecto busca, básicamente, enfrentar el tema de las operaciones de lavado de dinero vinculadas a tráfico de drogas y a acciones terroristas, para lo cual se crea un organismo cuyas funciones le permitirán contar con un cúmulo de información bastante grande.
Conforme al artículo 1º de la iniciativa, la Unidad de Análisis Financiero será un servicio público descentralizado, con patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda.
La finalidad fundamental de este servicio -similar al que existe en muchas partes del mundo- será solicitar, verificar y examinar la información que le sea proporcionada por las personas naturales y jurídicas que mencionaré a continuación, las cuales estarán obligadas a informar sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. Tales son los bancos y otras instituciones financieras; empresas de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; el Comité de Inversiones Extranjeras; las casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de tarjetas de crédito; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las bolsas de comercio; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de mercados de futuro y de opciones; los representantes legales de zonas francas; los casinos, salas de juegos e hipódromos; los agentes generales de aduana; las casas de remate y martillo; los corredores de propiedades; los notarios y los conservadores.
Todas estas entidades tendrán la obligación de informar a la Unidad de Análisis Financiero acerca de las operaciones que estimen o la ley califique como sospechosas. Para tal efecto, se indica qué debe entenderse por operaciones sospechosas. Como ya dije, son aquellas que no resulten usuales o no tengan justificación económica aparente.
La UAF recibirá la información y, si estima que ella hace necesaria una investigación por los delitos a que se refiere el artículo 20, vinculados al lavado de dinero, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público, en las zonas donde exista el nuevo proceso penal, o, en su defecto, al Consejo de Defensa del Estado, para dar origen a las acciones judiciales pertinentes.
La iniciativa contiene un conjunto de normas que, a mi juicio, limitan o están al borde de limitar el normal ejercicio de las actividades económicas del país.
Pese a que sin duda permitirá que el Estado cuente con un buen instrumento para enfrentar los casos de lavado de dinero, debo prevenir a Sus Señorías que en la discusión particular será necesario examinarla en detalle, pues, por la amplitud de las atribuciones que se entregan a la Unidad de Análisis Financiero, siempre existe la aprensión de que éstas sean empleadas de manera indebida, no obstante que se establecen sanciones drásticas para quien haga mal uso de ellas.
El proyecto tipifica un nuevo delito de lavado de dinero, sancionando al que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, sabiendo que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos relacionados con el narcotráfico contemplados en la ley Nº 19.366, en la ley que determina las conductas terroristas y en los artículos 366 quáter, 367 y 367 bis del Código Penal, o bien, oculte o disimule estos bienes.
Pero no sólo sanciona específicamente a quienes actúen dolosamente, es decir, a aquellos que posean determinados bienes sabiendo que provienen de operaciones de la naturaleza indicada, sino también al autor de alguna de las conductas antes descritas que no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, caso en el cual la pena se rebaja en dos grados.
Voy a votar a favor de la iniciativa, señor Presidente , tal como lo hice en la Comisión, porque tengo la convicción absoluta de que uno de los gravísimos problemas que enfrentan las sociedades modernas dice relación al lavado de dinero, esto es, la introducción de recursos provenientes de hechos ilícitos -vinculados, fundamentalmente, al terrorismo y al narcotráfico- en países con economías abiertas, con el objeto de darles una utilidad real.
Por lo tanto, me parece muy bien que la sociedad chilena tome resguardos en contra de ese tipo de acciones, extraordinariamente complejas y muy difíciles de probar, por la forma como se realizan tales operaciones delictuales en todo el mundo.
Sin embargo, señor Presidente , me reservo el derecho de efectuar en la discusión particular las precisiones que correspondan. No debemos olvidar que se dan facultades muy amplias a la Unidad de Análisis Financiero, en virtud de las cuales las entidades mencionadas deberán informarle en forma obligatoria, lo cual podría significar, en la práctica, una intervención en las actividades económicas respecto de toda operación comercial que resulte inusual. Tal vez sería necesario definir mejor estos conceptos, a fin de que dicho organismo cumpla su verdadera finalidad y no se exceda en sus atribuciones.
Tal como señalé la semana pasada a propósito del debate sobre el nuevo sistema de inteligencia que se está creando, hay que lograr un adecuado equilibrio entre el legítimo derecho de las personas a que se guarde reserva de sus operaciones comerciales y sus actividades en general, el derecho a la privacidad que ellas involucran, y la debida protección que el Estado debe brindar frente a hechos delictuales.
Por ello, voy a aprobar la idea de legislar, sin perjuicio de que se efectúe una revisión acuciosa de las disposiciones del proyecto, con el fin de alcanzar ese justo equilibrio, y no de tener una institución que exceda el poder que el Parlamento desea otorgarle para cumplir la importantísima función de luchar contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y los delitos terroristas.
La verdad es que en la Comisión, más allá de la tipificación de las conductas y de la regulación de la información secreta o reservada que deberá solicitarse a través de un Ministro de Corte de Apelaciones especialmente designado, el punto más controvertido fue el relativo al nombramiento del jefe superior del servicio. Por la mayoría de sus integrantes, se resolvió que el Director de la Unidad fuera designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, requiriéndose para ello el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Sin embargo, las autoridades de Gobierno estimaban que el nombramiento de dicho funcionario debía recaer única y exclusivamente en el Primer Mandatario.
Al respecto, debemos recordar que en la iniciativa sobre alta gerencia o dirección superior de la Administración Pública, que vimos la semana recién pasada, se aplicó el mismo criterio, conforme al cual quienes cumplan la labor de hacer un seguimiento y de proponer al Jefe del Estado las ternas para llenar los cargos más importantes del sector público serán designados con acuerdo del Senado por la mayoría de los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio.
A mi juicio, lo resuelto por la Comisión de Constitución, por tres votos contra dos, es lo correcto, porque permite que quien sea designado Director de la Unidad -cargo de gran importancia, por el nivel de información que manejará y por el enorme poder que tendrá, no obstante que no lo facultará para iniciar acciones judiciales, pero sí para remitir todos los antecedentes, o al Ministerio Público, o en su defecto al Consejo de Defensa del Estado- sea una persona que dé plena, total y absoluta garantía de independencia en el ejercicio de su cargo.
En la medida en que el nombramiento del Presidente de la Republica sea ratificado por el Senado, se irá avanzando en la línea correcta, en el sentido de que esas funciones sean autónomas, independientes y no dependan del Gobierno de turno. Porque precisamente eso va a dar seguridad de que una persona de esta importancia podrá actuar con la debida autonomía cuando se trate de casos de lavado de dinero, que pueden involucrar a grupos relevantes o a personas con gran poder económico. Por lo tanto, es muy trascendente que se trate de alguien que posea independencia.
Por lo mismo, el procedimiento de remoción opera en igual forma. El Presidente de la República puede imponerla a ese funcionario, pero para ello requerirá el acuerdo de la Cámara Alta.
Sobre la materia, hubo un debate muy prolongado en la Comisión, y por tres votos contra dos se impuso el criterio que, en mi opinión, es el correcto.
Es necesario efectuar una rigurosa revisión de las normas que contienen los cuerpos legales que estamos dictando sobre la materia. De repente, tengo la sensación de que se trata de organismos tan poderosos que pueden invadir todas las actividades de un país. Y ello puede inhibir o perturbar el normal desarrollo de la marcha económica, y no sólo de ella. Pensemos que, de acuerdo con el proyecto en estudio, están obligados a informar no sólo quienes cumplen acciones económicas directas, sino personas que realizan corretaje de propiedades y otras labores similares, así como también notarios, conservadores, etcétera. De manera que debemos ser muy cuidadosos al legislar. De pronto siento que se tiende a otorgar demasiados poderes y no se cuenta con los mecanismos de fiscalización adecuados para el caso de que ellos se usen en forma indebida.
Esta reflexión no tiene nada que ver con mi convicción de que no hay duda de que el Estado de Chile debe prepararse para enfrentar la fuerte lucha que habrá que dar contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero, acción esta última que es la expresión más poderosa de aquélla. Quizás gran parte del tiempo se concentra en lo que es el microtráfico en el país, en circunstancias de que precisamente es en el lavado de dinero donde están los grupos poderosos, muchos de los cuales ni siquiera actúan en Chile. Pero ven en nuestro país la gran posibilidad de blanquear dineros y de operar en él. Y ésa es la verdadera utilidad que proviene de un negocio ilícito, como las acciones terroristas y el lavado de dinero.
Votaré a favor de la idea de legislar, porque creo que se trata de una buena iniciativa. Pero espero que en el período que media para presentar indicaciones podamos efectuar una minuciosa revisión de las facultades que se otorgan; de los derechos de las personas para protegerse frente a eventuales abusos que pudieran cometerse en el ejercicio de estas facultades; del resguardo que se debe tener con la información para no causar un daño a veces irreparable a alguien que por error pueda aparecer vinculado a operaciones de esa naturaleza y que en la realidad no lo esté. Simultáneamente también debe tenerse el coraje para dotar a tal organismo de las facultades necesarias para desarticular la acción de grupos terroristas.
Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto con las proposiciones de perfeccionamiento que he señalado precedentemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , la iniciativa en estudio, como bien se ha dicho, fue debatida largamente en la Comisión de Constitución del Senado.
El proyecto en el fondo recoge lo que hoy la modernidad ha implementado como forma de hacer negocios, de movilizar capitales, de generar y de mover patrimonios de una manera que probablemente hace diez o quince años no estábamos habituados. Dentro de lo que significa la vida en una sociedad como la nuestra, han aparecido elementos que ya no sólo usan la electrónica para obtener algunas ventajas, sino que en algunos casos utilizan las técnicas modernas que se han convertido en un mecanismo para la realización de operaciones ilícitas o delictuales.
A nadie escapa hoy día lo ocurrido con los atentados más recientes, donde organizaciones de la categoría de Al Qaeda mueven capitales a través de correos electrónicos y cuentas innominadas, con representantes de sociedades fantasmas, que funcionan en lejanas tierras, pero que pueden financiar a personas en distintas circunstancias. Así también se ha venido evidenciando en el narcotráfico, donde aparecen cantidades enormes de dinero, cuyo financiamiento se ignora.
En estos días, hemos escuchado que en algunas entidades que se dedican al físicoculturismo en Santiago, aparentemente, hay sospechas de que una de ellas -muy importante- estaría financiada con recursos poco claros, por decirlo en forma indirecta.
Por lo tanto, estamos ante hechos que requieren de un esfuerzo de la sociedad para que un país pequeño como el nuestro -que todavía se mantiene inmune al respecto- pueda enfrentarlos.
Por ello, se ha presentado un proyecto que contempla la creación de un servicio que originalmente se llamaba Unidad de Inteligencia Financiera. Con el objeto de evitar duplicidad con otras organismos que realizan labores de inteligencia, en la Comisión se concordó con el Ejecutivo para cambiar la denominación y dejarla como Unidad de Análisis Financiero.
Pero el primer hecho que surge acá es de quién va a depender esa unidad, qué funciones va a desempeñar y cuál va a ser el ámbito de aplicación del Código Penal respecto de lo que pueda ejercer, sea a través del Defensor Público o de los tribunales de justicia.
Debo hacer presente que la planta directiva de la unidad que se crea está conformada sólo por cinco personas. Y, de acuerdo con los informes que recibimos en la Comisión, su dotación llegaría a un máximo de 14 funcionarios.
Reconozco que ha habido un debate para determinar de quién va a depender tal organismo. La propuesta es que sea una entidad autónoma relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, como existe en muchos servicios públicos en el país que tienen un carácter más independiente, pero con una vinculación jerárquica o de supervisión a través de un Ministro .
Lo concreto es que la Unidad de Análisis Financiera estará radicada en el Ministerio de Hacienda, cualquiera que sea el grado de autonomía que se le desee dar. Eso es lo específico. Pero ahí surge un primer problema, porque ha habido opiniones -a las cuales me sumo- en cuanto a que tal servicio probablemente no debió haber estado relacionado con el Ministerio de Hacienda, sino con la Defensoría Pública o con otra repartición, de tal manera que haya un brazo directo respecto de lo que se investigue y del actuar jurídico para la reparación necesaria.
El segundo tema de fondo que ha estado dando vueltas, y que se ha mencionado, dice relación al ámbito de investigación que puede tener el grupo de funcionarios que trabajará en el nuevo organismo. Sobre el particular la Comisión se topó con un elemento que despertó un debate bastante profundo: el secreto profesional y el secreto bancario. Estos temas, aunque distintos, formaron parte del debate y fueron objeto de conversación en la Comisión.
Se pidió un informe al Colegio de Abogados, el cual defendió en forma muy elocuente la prerrogativa de un abogado en su relación con el cliente en cuanto a la confidencialidad. Pero, obviamente, el secreto profesional sigue rondando, porque bajo el argumento de respetar o de amparar tal secreto, se puede indirectamente proteger sociedades delictivas que contratan a prestigiosos abogados, ingenieros o profesionales y, bajo el amparo de la confidencialidad, sencillamente se convierten en instrumentos o herramientas del objetivo que se persigue en forma ilícita.
Por lo tanto, aquí queda planteado un tema que no es menor: dilucidar hasta dónde ese elemento va a estar presente.
También se habló en la Comisión del secreto de confesión de la religión católica -lo menciono como algo anecdótico, pues fue resuelto de otra manera-, en cuanto a cuáles podrían ser las implicancias si un confesor de la Iglesia recibiese información relevante sobre determinado asunto. Quedó claro en todos los miembros de la Comisión de que ello forma parte de otro capítulo y que, obviamente, la persona que recibía esa información no estaba sometida al Código Penal en lo relativo a confesar a su vez la información que había recogido por su parte.
Eso nos fue acercando al tema que, en el fondo, aquí también se ha señalado: el secreto bancario.
A mi juicio, con el argumento del secreto bancario y de la legítima independencia que debe resguardarse en las cuentas corrientes personales, obviamente, existe una protección excesiva que impide la investigación de algunos depósitos. Y la unidad estará habilitada para pedir a los bancos que le envíen cartolas de sus clientes, información que tendrá que manejar en forma confidencial y no podrá utilizar, salvo que lo autorice un juez, habilitando un procedimiento que la haga pública o que permita una investigación más acuciosa.
¿Por qué es importante esto? Porque, obviamente, todas estas entidades ya no operan con una maleta con dinero, como en el pasado. Eso es casi burdo en el mundo moderno. Ninguna organización terrorista ni de narcotraficantes anda actualmente con maleta. Utilizan un computador, y desde él transfieren fondos a distintas cuentas.
Actualmente, quienes tenemos alguna posibilidad de manejar el sistema computacional operamos nuestras propias cuentas bancarias a través de Internet, sin tener que acudir a un banco. Esto se efectúa lícitamente a través de un mecanismo de códigos, pero se sabe que otra persona puede emplearlo para propósitos distintos.
Ese punto debiera quedar establecido, dado que en nuestra legislación estamos ante una situación muy precaria aun respecto de lo que significa el manejo de estos mecanismos electrónicos y la capacidad de controlar o supervisar lo que se puede efectuar allí.
La precariedad es más que obvia y evidente. Y, en eso, el país no ha avanzado lo suficiente.
Por otra parte, me referiré a un punto que suscitó largo debate. El proyecto se demoró en llegar a la Sala, porque no se lograba un acuerdo entre los integrantes de la Comisión y los representantes del Ejecutivo respecto de la forma de designar y remover al funcionario encargado. Se produjo una división de opiniones.
Hubo unanimidad -según consta en el informe- en cuanto a que para precaver la utilización de influencias indebidas o de inducción de temores al funcionario responsable o a las personas que trabajaban con él, había que -excúsenme la expresión- "blindar su trabajo", protegiéndolo de la remoción o de la destitución. Porque allí se produce la presión.
Supongamos que soy Ministro de Hacienda o Jefe del Estado y me siento molesto o amargado por el desempeño del funcionario a cargo de la unidad. Si tuviese la capacidad de removerlo y no existiera ninguna otra instancia, no obstante la publicidad que pudiera rodear al hecho, obviamente, la persona se inhibe sabiendo que la puedo destituir.
Por lo tanto, la unanimidad de la Comisión concordó en que la remoción de esa persona debería ser con acuerdo del Senado.
Donde se ha producido la discrepancia -y mantengo el punto de vista que junto con el Senador señor Silva tuvimos en la Comisión- es en lo referente a que la designación del funcionario no requiere el nombramiento del Senado porque eso significa entrar en un servicio de pequeña categoría y en el caso de alguien que no tiene la condición ni de Contralor General de la República ni de Ministro de la Corte Suprema . Con ello se elevaría de rango a un funcionario que perfectamente puede ser nombrado por el Primer Mandatario en uso de su facultad, con las obligaciones del cargo.
La votación viene dividida.
Insisto, señor Presidente , en que el problema está en la remoción y no en la designación. Alguien puede hacer una buena o mala designación. La dificultad radica en lo que significa la inseguridad de ese funcionario, que podría ser amenazado, amedrentado o presionado con el objeto de que no investigue a determinada persona. Es allí donde hay que protegerlo.
Por lo tanto, mantengo el mismo criterio que tuve en la Comisión. Considero que lo correcto es que el Presidente de la República sea quien designe al jefe del servicio que se crea. No es un ente aparte, ni se trata de la Contraloría General de la República. Además, no estamos dictando una ley orgánica o un mecanismo constitucional distinto para darle un funcionamiento separado del resto de la Administración Pública. Es absolutamente anómalo que elevemos a la categoría de designación presidencial a una persona que tiene restricciones, incluso en la forma de proceder por vía de la ley.
Por lo tanto, señor Presidente, votaré a favor.
En su momento, si es necesario, reiteraré algunos de los criterios presentando indicaciones, sobre todo en las materias donde ha habido discrepancias.
Me parece que el trabajo hecho por la Comisión se extiende más allá de lo que ha sido un debate en general, dado que trabajamos el articulado en forma muy específica. Por ende, el Senado puede ganar mucho tiempo en el despacho del proyecto si aprueba la idea de legislar y da un plazo muy limitado para presentar indicaciones, porque el debate y el trabajo están prácticamente hechos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , Chile no cuenta con una legislación para enfrentar el crimen organizado. Existen diversas normas que se refieren al tema y no todas tienen criterios homogéneos. Están las leyes que reprimen el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el terrorismo, la prostitución infantil y la trata de blancas, pero no sustentan criterios comunes.
Este proyecto surge de los compromisos que nuestro Gobierno ha asumido en distintas esferas internacionales, consignados por el informe -por ejemplo, GAFISUD ( Grupo de Acción Financiera de Sudamérica ); CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas); Grupo Egmont y GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales)- en cuanto a contar con una instancia que permita conocer a tiempo el lavado de dinero y combatir tal práctica. Pero ella está básicamente referida al tráfico de drogas. Ésa es la idea, porque todos los organismos (la CICAD, el GAFISUD y los demás) se refieren a eso: a tráfico de drogas y lavado de dinero, el que es consecuencia de aquél.
Como no tenemos esa legislación común, ahora creamos la Unidad en referencia.
Además de señalar que esto es indispensable, tanto que en Chile esta tarea ya la cumple el Consejo de Defensa del Estado, debo puntualizar que es imprescindible perfeccionar el sistema. Pero hay muchas dudas sobre cómo hacerlo en forma adecuada.
La primera duda que surge se refiere a dónde debiera estar radicado el organismo.
Que sea en el Ministerio de Hacienda, a mi juicio, no es lo más adecuado, porque por muy descentralizado que sea el organismo, al relacionarse con el Gobierno a través del titular de esa Cartera, la influencia de éste para averiguar las cuentas bancarias de distintas empresas o para tener información de diferentes sectores es muy grande y casi irresistible.
Se ha planteado que para salvaguardar el punto sería conveniente que el jefe de la unidad fuera nombrado con el acuerdo del Senado. Pero allí se corre otro riesgo: tener una especie de sátrapa, es decir, una persona que está en el aparato del Gobierno, pero protegida por el nombramiento del Senado, que hace y deshace a su antojo en esta materia y a la que resulta muy difícil remover.
En el Consejo de Defensa del Estado las cosas han funcionado relativamente bien -por lo menos, más bien que mal-, porque es colectivo y en él hay distintas opiniones y varias personas. Por tanto, es imposible que alguien se arrogue la cantidad enorme de atribuciones que se le entregan y se apropie de ellas.
De allí que varios Senadores, entre ellos el que habla, pensamos que este organismo podría depender del Banco Central, organismo autónomo, independiente, que en su cúspide tiene un Consejo, de conformación plural. No una persona, no sólo un presidente, sino un Consejo. De esta manera se morigera la tendencia natural de cualquiera persona que dirija el organismo a inmiscuirse en la vida económica privada de todos los ciudadanos o de una empresa.
La entidad persigue un noble propósito: combatir el lavado de dinero, que obviamente se disfraza de legalidad. Por eso, quien quiera descubrirlo tiene que ir un poco a tientas en la selva del mundo económico para separar lo ilegal -que adopta una fachada de total normalidad- de lo legal.
En consecuencia, el primer punto es el de su ubicación en el aparato del Estado.
Otra posibilidad sería la de que optáramos directamente, como lo han hecho otros países, por el Ministerio Público, organismo encargado por mandato constitucional de investigar los delitos. ¿Por qué no radicar esta investigación -que es de carácter preliminar y que sólo se justifica si se hace con miras a descubrir la existencia de un delito- en dicho Ministerio, el que además ha creado una oficina especializada en el tráfico de drogas?
A mi juicio, ésta es una discusión abierta, a la que la Comisión debiera abocarse al estudiar el proyecto en particular.
Ha existido también cierto empecinamiento del Gobierno en que este organismo dependa del Ministerio de Hacienda -no me explico la razón-, a lo que la Oposición ha puesto como contrapeso la aprobación del Senado, que, a mi entender, contribuiría a hacer aún más dificultosa la situación.
El segundo problema es el relativo al ámbito. Personalmente, habría preferido mantenerlo en el ámbito estricto que dio origen al proyecto; es decir, en el lavado de dinero derivado del tráfico de drogas. Pero este organismo investiga el lavado de dinero que puede provenir también del tráfico de armas, del terrorismo, de la prostitución infantil y de la trata de blancas, como lo señalan los artículos 20 y 21. Su alcance es más amplio, y algunos funcionarios del Ministerio Público propusieron facultarlo para investigar el lavado de dinero proveniente de cualquier delito. Por ejemplo, el de fraude al Fisco.
Imaginemos que, en las circunstancias que hoy vive el país, hubiera un organismo con atribuciones para, sin avisar a nadie, investigar las cuentas bancarias y averiguar si fraudes al Fisco encubren o pudieran encubrir lavado de dinero. Creo que ello añadiría una complicación ulterior a todo lo que ya existe.
En ese sentido, señor Presidente, me parece que ya está definido que cubre esos cuatro delitos.
Ahora, ¿cuál es el problema? Este organismo, según el proyecto, sólo va a denunciar ante el Ministerio Público los lavados de dinero que provengan de esos cuatro delitos. Pero, como no es un tribunal, no sabe si el lavado de dinero tiene ese origen. Sospecha, intuye, deduce, pero no le consta, no tiene la certeza, porque no es un tribunal. Por lo tanto, va a quedar un margen de discrecionalidad en el organismo, ya que puede denunciar el lavado de dinero como si fuera del narcotráfico, cuando en realidad es de otra cosa. O sea, ahí queda una zona gris en el ámbito de sus atribuciones.
La frontera entre esta Unidad, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia -que discutíamos el otro día- es muy sutil, porque la ANI tenía como función -si Sus Señorías recuerdan-, perseguir el crimen organizado, especialmente el terrorismo, el tráfico de armas y los atentados contra la seguridad. Y ésta, también. ¿Cómo se van a engarzar las tres instituciones? Un gran misterio.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Senador ?
El señor VIERA-GALLO.-
Sí, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDIVARZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , es muy importante tener clara la función de la ANI. Ésta asesora al Presidente . No hay que olvidar lo que dice la norma. No "perseguirá", por lo tanto, sino que asesorará al Presidente para disponer las medidas que estime necesarias.
Creo que el punto que Su Señoría está tocando hace aparecer a dicha Unidad de Análisis Financiero más como un elemento del área de inteligencia para prevenir que como un ente financiero. Porque de ahí se deducirían los delitos, según tengo entendido.
La frontera no está clara, y creo que podría constituirse en un grave problema.
Gracias por concederme la interrupción, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO .-
Son puntos que deberemos ir discutiendo.
Con facilidad decimos que las instituciones funcionan. Pero el problema radica en que tienen que engarzar. Y a veces hay confusiones en cuanto a qué organismos atribuir determinadas competencias.
A mi juicio, ése es otro problema importante. Lo consigna bien el informe en las páginas 16 y 17. La Comisión sostiene al respecto que si el organismo, a raíz de su investigación, descubre otros delitos, no los debe denunciar a la justicia. Eso también es muy discutible. Porque, ¿qué pasaría si en su investigación descubriera una red para estafar a cierta repartición pública? No lo puede denunciar al Ministerio Público, porque las atribuciones son tan omnímodas que sólo están restringidas a un ámbito, lo que parece extremadamente discutible.
Señor Presidente , el otro punto que considero importante, más allá del nombramiento, de la colocación institucional del organismo, de las relaciones con los otros entes del Estado y de las atribuciones que tiene para su investigación, es que la forma de sancionar -sobre todo, lo estipulado en el artículo 21- a los que se asocian para lavar dinero ya está comprendida en el Código Penal. Allí se encuentra configurado el delito de asociación para delinquir. Aquí hay un caso específico, quizá más perfeccionado, pero que habría que chequear bien para que no rompa la armonía del sistema penal, porque en este caso se sanciona en forma especial a los que se asocian para lavar dinero.
Más allá de todo el mar de dudas y de interrogantes, éste es un paso indispensable. Y no estamos creando algo nuevo; ya existe en el Consejo de Defensa del Estado. Quienes hayan ido a ese organismo se darán cuenta de que en el piso superior trabajan algunos funcionarios -no sabemos cuántos- que se dedican exhaustivamente a esas tareas y han descubierto cosas importantes y controvertidas. Porque, obviamente, los narcotraficantes o quienes lavan dinero se defienden y son poderosos. Pero, a mi juicio, han tenido éxitos innegables.
La existencia de tal organismo se justifica plenamente. Y lo que tenemos que discutir es una reglamentación adecuada, cómo evitar abusos, cómo delimitar atribuciones, etcétera.
Por ello, señor Presidente, votaré a favor, esperando que el proyecto se perfeccione en el segundo informe.
He dicho.
El señor ZALDIVARZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , no deja de ser una curiosa coincidencia que en poco tiempo el Senado esté abocado a analizar asuntos que dicen relación a la creación de organismos dedicados a asuntos de inteligencia. Y ello hace surgir una de las primeras inquietudes, cuando uno ve que tales materias son abordadas con criterios algo distintos y con soluciones también diferentes, en circunstancias de que lo que hacen uno y otro ente propuesto puede, al final, terminar traslapando, duplicando o repitiendo lo que ya está atendido por organismos de inteligencia o, incluso, por otras instituciones ya existentes, en el ámbito de la policía, por ejemplo.
El hecho de que, de tales organizaciones, una haya sido propuesta y estudiada por la Comisión de Defensa y otra por la Comisión de Constitución, revela que el Senado no está procediendo con criterio uniforme en la elaboración de sus análisis.
Por eso, lo primero que quiero proponer es que, en el caso de que el proyecto sea aprobado en general -como pareciera que ocurrirá-, la materia se analice por ambas Comisiones en conjunto y que los dos proyectos sean tratados simultáneamente. Habrá que hacerlo presente alguna vez, cuando alguien escuche. Pero al menos considero importante dejar constancia de que este tema no puede ser visto por separado. Evidentemente, es posible que, del análisis que lleve a cabo un organismo de inteligencia -de los que coordina la ANI, o ella misma- al investigar un delito de terrorismo, por ejemplo, llegue a descubrir el financiamiento por narcotráfico, o algo semejante. Y eso estará relacionado con la labor que realice el que investiga el lavado de dinero, proveniente también del narcotráfico.
En consecuencia, por un camino u otro se puede llegar al mismo hecho. Y, sobre esa base, habrá organismos que se traslapen, dupliquen, colisionen o compitan entre sí, como ya hemos presenciado muchas veces en la actuación de Carabineros e Investigaciones.
Por lo tanto, se trata de un asunto que, para analizarlo bien, el Senado debería abordar en Comisiones unidas, que trabajen, desarrollen -ignoro si en un solo proyecto- y armonicen las dos instituciones que se quiere crear.
El tema es delicado. Lo mismo decíamos con respecto al proyecto sobre creación de la ANI. Estamos ante una colisión de derechos: problemas relacionados con la honra, la privacidad y la intimidad de las personas, e incluso con el debido proceso, lo que contrasta con un afán de búsqueda de seguridad ciudadana, de la sociedad en su conjunto, en el combate eficaz contra delitos extremadamente delicados, tales como el lavado de dinero o blanqueo de activos provenientes de la comisión de delitos relacionados con la infracción a las normas de las leyes que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el control de armas y las que determinan conductas terroristas, todos extremadamente graves y delicados. Por lo tanto, la búsqueda de seguridad en ellos pareciera razonable. Pero esta colisión de derechos no puede prestarse para cualquier cosa. Y en eso hay que ser sumamente cuidadoso.
De una primera lectura y estudio del proyecto, no quedo satisfecho ni conforme con lo que en él se plantea. Me surge la duda, que ya mencioné, de si acaso es necesaria la creación de otro organismo, o que éste fuera, por así decirlo, un departamento especializado de la ANI o de Investigaciones. No lo sé. Al parecer, no están agotadas todas las alternativas relacionadas con su dependencia o con la creación de otro organismo sólo porque aquí se esté proponiendo una iniciativa de ley separada.
En seguida, hay otros problemas específicos no menores. El primero de ellos -ya lo mencionó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- es el de la dependencia de ese organismo.
A mi modo de ver, si se va a crear una unidad, es bueno que tenga la más alta jerarquía y participación. Por eso, el que su responsable sea nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado, me parece bien. Sin embargo, el que dependa del Ministerio de Hacienda, como se propone en el proyecto, no es necesariamente la mejor solución. Hay muchas otras alternativas. Yo había pensado -al igual que otro colega- que podría considerarse la idea de que en el Banco Central se estudiaran estos casos. Tal vez, el Ministerio Público, o un organismo de Gobierno; a lo mejor, más que el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Hay mucho que analizar en lo referente a la dependencia.
En cuanto a las funciones y atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero, el artículo 2º establece algunas extremadamente amplias, considerando que lo investigado no es delito. Si lo fuera o si tuviera caracteres de tal, serían competentes los tribunales, el Ministerio Público y los organismos especializados. Por cierto, ahí no caben restricciones, o sólo las propias del debido proceso. En tal caso se puede actuar con mayor fuerza, pero no aquí.
Si relacionamos lo anterior con el artículo 3º, que se refiere a las operaciones sospechosas y a las entidades que tienen el deber de informar, estamos ante un problema complejo. ¿Hasta dónde se puede llegar? Estamos hablando de las fuentes públicas, de lo que se podrá solicitar para disponer de antecedentes suficientes, como se consigna en la letra b) del artículo 2º al decir que podrá "Solicitar los antecedentes que estime necesarios, sean informes, documentos o de otra naturaleza", etcétera. ¿Se refiere a fuentes públicas? ¿Qué antecedentes se pueden pedir? ¿Qué pasa si alguien se niega? ¿Cuál es la sanción al incumplimiento?
Creo que aquí hay todo un aspecto que, al igual como ocurre con la ANI, debe ser analizado más detenidamente.
Luego está el deber de informar. Ya mencioné que el artículo 3º incluye una cantidad muy importante de instituciones, prácticamente todas las que tienen algo que ver con flujos de dinero, de cualquier naturaleza. En él se dice que su deber de informar estará relacionado con lo que el inciso segundo denomina "operaciones sospechosas", concepto extremadamente amplio, pues habla de "todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada.".
Para muchas personas, es inusual comprar casa. Generalmente, la gente adquiere una a lo largo de su vida. ¿Cómo se va a considerar esa operación? Entiendo que Impuestos Internos investigue si alguien tiene o no los ingresos suficientes, debidamente justificados, para los efectos de determinar su capacidad financiera. Pero, aquí, una operación como ésa podría ser estimada sospechosa y justificaría informar e investigar al respecto De ahí surgen todas las atribuciones otorgadas a ese organismo, cuyos límites no podríamos determinar.
En mi concepto, estamos frente a un tema que, de nuevo, plantea complejidades y preguntas más que respuestas claras -al menos por ahora- a las inquietudes que nos surgen del estudio del proyecto.
En seguida, del artículo 5º también se deriva cierta complicación al reputar como sospechosa toda operación en efectivo superior a 450 unidades de fomento; vale decir, del orden de 7 millones de pesos. Mucha gente, empresas pequeñas y medianas, pagan sus sueldos en efectivo periódicamente y, por lo tanto, deben manejar recursos de esa cuantía. ¿Vamos a considerarlas sospechosas y a dar paso a la obligación de informar al respecto? ¿Dónde estará el límite? ¿Cuál será la situación que afectará a estas entidades? ¿No será muy bajo dicho monto?
Quienes persiguen propósitos turbios probablemente utilizan dinero efectivo para no dejar huellas. Pero también lo usan diversas actividades, que ahora quedarían expuestas a ser catalogadas de sospechosas y a caer bajo la mirada de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En fin, surgen muchas inquietudes. Sólo mencionaré dos más, para terminar.
El artículo 15 dispone que dicha Unidad podrá integrarse con funcionarios en comisión de servicio de diversas instituciones. Me parece curioso el hecho de que un organismo encargado de labores tan delicadas tenga personal en tránsito. Uno tiende a pensar que debería contar con gente muy capaz y especializada, permanentemente abocada a estas tareas, generando procedimientos e impartiendo los conocimientos y técnicas necesarios para combatir los delitos de que se trata. Asimismo, sería indispensable conocer experiencias extranjeras para detectar lavado de dinero. Por eso, el que su personal provenga de distintas partes podría no ser la mejor forma de constituir un nicho especializado en la investigación de delitos de tal naturaleza. Y pienso al respecto que éstos deben estar plenamente tipificados. Por ejemplo, el artículo 20, en su letra a), consigna lo siguiente: "el que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes", etcétera. ¿De qué bienes estamos hablando? ¿Qué se entiende por "determinados bienes"? Se trata de delitos complejos.
Aunque comprendo y comparto el fin perseguido, como lo hacen todas las sociedades, pienso que hay cierta imprecisión. Además, Chile contrajo un compromiso internacional que, de alguna forma, se está intentando cumplir. Es comprensible el contar con tal organismo, pero debemos hacer un trabajo muchísimo más delicado y preciso que el realizado hasta ahora o que el emanado del documento que se somete a nuestra consideración.
Por eso mismo, me resulta difícil aprobar en general el proyecto no porque esté en contra de dicho organismo, sino porque veo que, antes de que se resuelva su fisonomía, su ubicación, pueden surgir muchas alternativas que podríamos impedir con nuestra aprobación en general.
Ahora, no dar esa aprobación también sería una mala señal, porque debemos avanzar en la lucha contra tales actividades, que revisten extraordinaria gravedad y son quizá las más delicadas y complejas de nuestro tiempo: el terrorismo, el narcotráfico, etcétera.
Sin embargo, no es fácil proceder así, simplemente aprobando y dando rienda suelta para que las Comisiones, en último término, hagan lo que estimen conveniente.
Como no estamos obligados a votar hoy, ojalá podamos debatir esta materia en forma más extensa, a fin de recoger opiniones antes de pronunciarnos. Porque obviamente, si uno se ve conminado a votar, es difícil hacerlo en forma favorable. Pero las inquietudes expuestas y las que presenten otros Senadores pueden conducir a una discusión ulterior del propio Ejecutivo , para que revise la iniciativa y le busque un cauce más adecuado, precisamente por lo delicado de la materia y por los alcances negativos que puede tener no legislar bien.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en esta materia, las sociedades y las naciones modernas no tienen opción: deben defenderse de las distintas amenazas, que son cada día más sofisticadas y específicas. Por lo tanto, quienes no generan las condiciones para hacerlo son objetivo de ataques no menores.
Se señaló en esta Sala que existe una especie de falta de coordinación entre la Unidad de que hoy día tratamos y la Agencia Nacional de Inteligencia. Eso es real. La verdad es que, cuando se generó el proyecto, que originalmente no tenía por finalidad crear una agencia sino más bien un sistema nacional de informaciones, el objetivo de ese minuto era justamente racionalizar, juntar y desplegar un esfuerzo común en el Estado para hacer inteligencia. No obstante, la forma y los tiempos en que se fueron creando estas iniciativas les dan la razón a algunos, como el Presidente de la Comisión de Defensa , quien planteó que hay algo de añejo en ellas, desde el punto de vista de que no se ha creado una unidad para no superponer esfuerzos por un lado y otro.
A mi juicio, la tarea que nos queda en la Comisión de Defensa con el proyecto sobre Sistema Nacional de Inteligencia y Agencia Nacional y con el que ahora nos ocupa es crear una especie de organismo del que forme parte la Unidad que se establece, o al menos, si no lo hace desde el ángulo del organigrama, que coopere con aquel Sistema, de tal forma que el Estado pueda defenderse de las referidas amenazas.
A diferencia de los señores Senadores que, con justa razón, han planteado dudas sobre la entrega de ese tipo de facultades a tales instituciones, yo no tengo complejos en este sentido. Las sociedades más modernas y democráticas del mundo han conferido facultades muy potentes a los entes respectivos. Sí, los han hecho responsables de su labor y generado mecanismos para poder fiscalizarlos, a fin de evitar que se produzcan tantos hechos que han causado daño y que de algún modo generan anticuerpos contra los organismos de inteligencia.
Considero que la Unidad de Análisis Financiero debiera al menos cooperar con el Sistema Nacional de Inteligencia a través de la Agencia Nacional, porque no me cabe ninguna duda de que debe ser una de las partes más importantes y una de las áreas donde hay que realizar más inteligencia.
Lo peor que podríamos hacer sería tramitar estos proyectos a tontas y a locas y generar instituciones del Estado con competencias distintas; que no cooperen entre ellas, contrariamente al propósito tenido en vista cuando se diseña un sistema nacional de inteligencia, y, quizás, que no tengan las facultades necesarias para cumplir sus objetivos. Porque la respuesta de siempre, cuando ocurren accidentes o se materializan las amenazas referidas -y lo hemos visto en los últimos días-, es decir que el organismo respectivo se creó sin facultades y, por lo tanto, no pudo servir al objetivo final.
Por lo tanto, voy a votar a favor, pero en la idea -ya planteada aquí- de generar un mecanismo que coopere con el Sistema Nacional de Inteligencia, integrado a la Agencia Nacional y que pueda servir de mejor forma, no sólo al Presidente de la República , sino también al Estado, para permitir la defensa ante las amenazas modernas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , esta sesión -quiero aprovechar sus minutos finales- ha sido muy enriquecedora, porque en los últimos proyectos hemos estado trabajando en materias vinculadas con la modernización del Estado, una modernización práctica, real y directa.
La cuestión radica en que la modernización de nuestro Estado no ha sido natural a lo largo de la historia; no hemos ido dando los pasos que cada momento nos ha demandado. Nuestro problema ha consistido en que el actual modelo económico chileno se puso en marcha en muy corto tiempo y este país no estaba preparado todavía, con una adecuación previa, para implementarlo en toda su amplitud, lo cual hizo necesarias muchas normativas para una regulación eficiente.
Igual sucede con la modernización que pretendemos mediante la Unidad de Análisis Financiero. Son presiones que se están ejerciendo desde afuera. La modernidad nos está presionando y debemos ponernos de acuerdo con ella rápidamente. Y por eso nos parece tal vez un poco duro, rígido, el tener que implementar este tipo de organizaciones internamente. Pero son del todo necesarias. Tal vez muchos de los problemas que hoy nos aquejan se habrían evitado si hubiésemos tenido a tiempo, por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia, que todavía está en veremos -no sé cuánto tiempo va a demorar-; la Unidad de Análisis Financiero, y muchas otras estructuras internas de un Estado moderno que son absolutamente necesarias en el proceso de globalización.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que, como siempre, con nuestros proyectos -que son muy prácticos, muy necesarios para la modernización- vamos detrás de la ola. Estamos en un mundo completamente globalizado, que se integró sobre la base de una sociedad de información, con intercambios electrónicos entre empresas, con comercio electrónico, con operaciones remotas de cuentas bancarias. Todas estas herramientas son utilizadas por el crimen organizado en sus distintas formas.
Se nombró aquí el caso de las dos torres estadounidenses (del año 93, me parece). Fue dramático. Todo se produjo en forma subterránea y, sencillamente, hubo una catástrofe, a pesar de que los norteamericanos tienen un control acucioso de todos estos asuntos y de las cuentas secretas mundiales, a través de su sistema satelital. No hay código que no puedan descifrar; es difícil el ocultamiento, porque ellos tienen "las llaves del satélite", así que van traduciendo al minuto. Y, sin embargo, les pasó.
Estamos, señor Presidente , ante una economía subterránea, ante un factor distorsionador de nuestra economía formal. Bien sabemos que en el lavado de dinero se dan dos caminos preferentes: la conversión y el movimiento contable.
La conversión se origina -aquí se ha señalado- cuando se compra un bien con ganancias ilícitas; y el movimiento contable, cuando los mismos productos financieros cambian de escenario electrónicamente a otro lugar, enviados, por ejemplo, a través de una transferencia vía Internet u otro sistema.
Históricamente, los controles han descansado en la intermediación de los bancos y de otras instituciones financieras que pretendemos que actúen como aduanas, donde los fondos por lo general tienen que circular y en que deben registrarse las operaciones. De hecho, la mayor parte de las regulaciones contra el lavado de dinero está destinada a operar en las entidades financieras -como se mencionó acá-, para que éstas implementen medidas a fin de asegurar la existencia de informes escritos u otros que permitan el seguimiento y control de las operaciones.
Sin embargo, eso va quedando o ya quedó obsoleto con el manejo electrónico del dinero. La velocidad de las transacciones dificulta el control. Y el movimiento del dinero electrónico inevitablemente entorpecerá la tarea de elaborar mecanismos para rastrear la transferencia de fondos ilícitos. Los sistemas de pago electrónico, combinados con la falta de intermediaciones formales a que hemos hecho referencia, obstaculizarán de alguna manera la determinación de programas para prevenir dicha transferencia.
No obstante, a pesar de esos positivos avances y de que estoy plenamente de acuerdo con el proyecto, estimo que hay aspectos puntuales que es preciso recalcar.
Considerando la complejidad de estas materias y los escenarios donde se desenvolverá, es necesario que la Unidad de Análisis Financiero cuente con la máxima autonomía. Por eso, me parece sumamente conveniente que su Director, que será el jefe superior, sea nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado. Esto le otorgará autonomía y enmarcará su línea de acción, evitándole tener que estar pendiente, para mantenerse en el puesto, de si algo gustó o no a determinada persona.
Los puestos de esa índole -como manifestó el Senador señor Viera-Gallo - son propicios para sátrapas. Gorbachov, por ejemplo, se dio cuenta mediante la KGB del real lío en que estaba metida Rusia, y a través de ese servicio supo cómo pegarle la patada por debajo al tarro para cambiar el destino de la Unión Soviética, para tratar de convertirla en un Estado dinámico y moderno.
El señor LARRAÍN.-
Y el caso de Bush.
El señor VEGA .-
Bush fue también otro gran conductor.
O sea, a este tipo de organizaciones no van funcionarios cualesquiera, nombrados por el Presidente de la República, sino estadistas que tienen proyección dentro de la estructura de la nación; no va cualquier profesional.
Ahora bien, concuerdo en que en el artículo 2º, referente a las atribuciones y funciones de la Unidad, se configura una vulneración del secreto profesional de abogados y periodistas. Lo digo con mucho respeto. En el caso del abogado, nadie tiene derecho a alterar su confidencialidad. Él debe defender a su cliente, independiente de que sea culpable o no; "se la tiene que jugar". Y debe usar la información clasificada en beneficio de su cliente, quienquiera que sea. O sea, la Unidad de Análisis Financiero habrá de informarse por los miles de canales que tendrá a su disposición, sin alterar el elemento en cuestión, que es extraordinariamente decisivo.
En cuanto a las bases de datos de Carabineros, Investigaciones y las mismas Fuerzas Armadas, obviamente, todas ellas van a contener información marginal relacionada en forma muy directa con los problemas de drogas, tráfico ilícito de armas, secuestros, en fin. Dichas instituciones tienen su propia especialidad, su tecnología particular. Por tanto, no me parece que la Unidad que se crea pueda interferir en su información clasificada, que es muy decisiva para sus operaciones específicas.
Pienso, pues, que falta la coordinación directa entre la Agencia Nacional de Inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero. No está en el proyecto. Y debe estar, porque se trata de un sistema global, donde hay dependencia directa del Primer Mandatario. El sistema nacional de información e inteligencia sirve al Estado y a su autoridad máxima, que es el Presidente de la República .
Por consiguiente, en aspectos puntuales del proyecto hay muchas debilidades que se deben fortalecer a los efectos de conseguir organizar una estructura que es imprescindible para las relaciones y el desarrollo de un Estado moderno como el que pretendemos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Habiendo intervenido el último orador inscrito, queda cerrado el debate.
En la próxima sesión se procederá a la votación general del proyecto.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Conforme al acuerdo adoptado precedentemente, se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole el envío de ESTUDIO SOBRE MAYOR COSTO DE VIDA EN PRIMERA Y SEGUNDA REGIONES Y REALIZACIÓN DE OTRO CON CANASTA FAMILIAR MÁS AMPLIA.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS "A" EN SEGUNDA REGIÓN.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Salud, para que dé cuenta de ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE POSTA RURAL RAPA BOROA, EN NUEVA IMPERIAL (NOVENA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole información sobre estado de PROYECTO DE LIMPIEZA Y ENSANCHAMIENTO DE ESTEROS PELALES, PELECO Y OTROS, EN FREIRE; de EJECUCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN RUTA NUEVA IMPERIAL-CHOLCHOL Y FINANCIAMIENTO DE TRAMO FALTANTE; de PROYECTO DE ASFALTADO DE CAMINO CARAHUE-PUERTO DOMÍNGUEZ, y de SEGUNDA ETAPA DE REPARACIÓN DE CAMINO LA CULEBRA-PUQUEREO Y REPOSICIÓN DE PUENTE SOBRE ESTERO PUQUEREO, EN FREIRE (todos de la Novena Región).
Al señor Superintendente de Valores y Seguros, solicitándole informar en cuanto a PARTICIPACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS EN MERCADO DE CRÉDITOS, NÚMERO DE OPERACIONES CONCRETADAS Y VALORES INVOLUCRADOS.
Al señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, pidiéndole remitir ANTECEDENTES SOBRE FONDOS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL LIQUIDADOS POR HERENCIA.
A los señores Intendente de la Región de la Araucanía y Alcaldes de Teodoro Schmidt, de Carahue y de Nueva Imperial, solicitándoles informar, respectivamente, sobre ESTADO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SECTORES BOLIL; LOBERÍA COICOI, Y RENACO PASTAL MALLUQUÉN.
Del señor HORVATH:
Al señor Comandante en Jefe de la Armada; al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, y a los señores Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y Director de Obras Portuarias, pidiéndoles realizar ESTUDIOS DE BATIMETRÍA Y LOCALIZACIÓN DE PUERTOS Y RAMPAS EN UNDÉCIMA Y DUODÉCIMA REGIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DEL CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Director de Obras Hidráulicas de la Séptima Región, a fin de que proporcione información sobre OBRAS PARA EVITAR DESVÍO DE CAUCE DEL RÍO MAULE POR LIBERACIÓN DE AGUAS DE CENTRAL COLBÚN MACHICURA.
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole el DESBLOQUEO DE RUTA DEL ÁCIDO EN SECTOR KILÓMETRO 5 (SEXTA REGIÓN).
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:56.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción