Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS.
- NORMAS SOBRE ENDEUDAMIENTO EXCESIVO EN FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y OTRAS MATERIAS TRIBUTARIAS
- V.
FÁCIL DESPACHO
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON REPÚBLICA CHECA
- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA CON REPÚBLICA DOMINICANA
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA Y CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- DEBATE
- DEBATE
-
ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA Y CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO
- Jose Ruiz De Giorgio
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- RECHAZO A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR VIERA-GALLO SOBRE ABUSOS DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
-
REFLEXIONES ACERCA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD CHILENA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Munoz Barra
- ADHESION
- Roberto Munoz Barra
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Munoz Barra
-
ANIVERSARIO DE ASESINATO DE ALDO MORO
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- EXCLUSIÓN DE ORGANIZACIÓN VECINAL RUTA 5 (PUDETO BAJO) DE PLANO REGULADOR E INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO EN MARCO DE PROGRAMA CHILE BARRIO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- INCONVENIENCIA DE SUSPENSIÓN DE FRENTE DE TRABAJO DE CAMINO PUERTO NATALES-FIORDO STAINES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- ADHESION
- Antonio Horvath Kiss
- Jose Ruiz De Giorgio
- Rodolfo Stange Oelckers
- Ramon Vega Hidalgo
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
MÁXIMA PRIORIDAD DE FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 49ª, en martes 13 de mayo de 2003
Ordinaria
(De 16:18 a 19:37)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y CARLOS BOMBAL, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO ____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite, que regula normas sobre endeudamiento excesivo en financiamiento de proyectos y otras materias tributarias (3120-10) (se aprueba en particular por no haber sido objeto de indicaciones)................................
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el "Convenio de Seguridad Social entre Chile y la República Checa" (3120-10) (se aprueba en general y particular)..............
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el "Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Chile y la República Dominicana (3133-10) (se aprueba en general y particular)..............................................................................................................
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre Sistema de Inteligencia del Estado y creación de Agencia Nacional de Inteligencia (2811-02) (se aprueba en general).......................................................................................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿....................
Rechazo a expresiones de Senador señor Viera-Gallo sobre abusos de servicios de inteligencia (observaciones del señor Martínez).........................................................
Reflexiones acerca de funcionamiento de institucionalidad chilena. Oficio (observaciones del señor Muñoz Barra).....................................................................
Aniversario de asesinato de Aldo Moro (intervención del señor Moreno)......................
Exclusión de Organización Vecinal Ruta 5 (Pudeto Bajo) de Plano Regulador e incumplimiento de compromiso en marco de Programa Chile Barrio. Oficios (observaciones del señor Stange)................................................................................
Inconveniencia de suspensión de frente de trabajo de camino Puerto Natales-fiordo Staines (observaciones del señor Horvath).................................................................
Máxima prioridad de Fondo de Administración Pesquero. Oficios (observaciones del señor Horvath).............................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social, y los señores Subsecretario del Ministerio del Interior, y Director de Seguridad Pública e Informaciones.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 46ª, ordinaria, en 6 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 47ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 48ª, extraordinaria, en 7 y 8 de mayo del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (Boletín Nº 2.429-05).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de acuerdo sobre aprobación del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, relativo al establecimiento de un nuevo Centro de Observación, Proyecto Alma", suscrito en Santiago el 21 de octubre de 2002 (Boletín Nº 3.219-10)
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos legales, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.853-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación, con las excepciones que indica, al proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.286-04).
Asimismo, adjunta la nómina de los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en cumplimiento de lo establecido en el artículo 68 de la Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Con el cuarto comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción (Boletín Nº 3.011-14).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el quinto comunica que aprobó el proyecto de ley que establece una nueva política de personal para los funcionarios públicos que indica, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.075-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del señor Ministro del Interior , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la cantidad de becas " Presidente de la República " que se asignará en el proceso 2003.
Dos del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, relacionado con la restauración de las compuertas del tranque Sloman, de la Segunda Región, y
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a los planteamientos efectuados por la Asociación de Pequeños Agricultores Sin Tierra "Esperanza Campesina".
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, mediante el cual remite la Cuenta Pública del período abril de 2002-abril de 2003 y estadísticas de la Reforma Procesal Penal.
Del señor Subsecretario de Pesca, a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de solicitudes de concesiones de acuicultura que se encuentran pendientes.
Del señor Director Nacional de Gendarmería, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a la solicitud de traslado efectuada por un funcionario de ese Servicio.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo a la inversión extranjera en la Compañía Minera Disputada de las Condes S.A.
Del señor Secretario Ministerial de Bienes Nacionales de la Novena Región , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, vinculado a la entrega de terreno fiscal que indica a la Municipalidad de Curacautín.
De la señora Directora Regional del Servicio Nacional de Turismo de la Novena Región , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable Senador señor Espina, atinente a la proyección turística de la comuna de Lonquimay.
Del señor Alcalde de la comuna de Curepto, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo al cobro de peajes laterales en la ruta 5 Sur.
Del señor Alcalde de la comuna de Lautaro, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la vialidad urbana de la localidad de Pillanlelbún.
Del señor Subgerente de Recursos y Extensión de la Red del Banco del Estado, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referido a la instalación de un cajero automático en la comuna de Chépica, Sexta Región.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
De la señora Secretaria del Grupo Interparlamentario Chileno ante la Unión Interparlamentaria Mundial, por medio de la cual informa que esa agrupación eligió como su Presidente al Senador señor Ricardo Núñez Muñoz.
--Se toma conocimiento.
Informes
Segundos informes de las Comisiones de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 2.429-05).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.981-11).
Segundo informe de la Comisión Especial encargada de estudiar un Código de Conducta Parlamentaria, recaído en el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Senadores señores Cantero, Fernández, Naranjo, Silva y Valdés, que modifica el Reglamento de la Corporación con el objeto de crear una Comisión de Ética en el Senado (Boletín Nº S 660-09).
Asimismo, se ha recibido un certificado del señor Secretario de las Comisiones de Gobierno , Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, emitido en cumplimiento de un acuerdo adoptado por éstas, referido a la aprobación en particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.745-06).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
Debo hacer presente que la Comisión de Hacienda está autorizada para discutir, en el primer informe, en general y particular el proyecto relacionado con la nueva política de personal para los funcionarios públicos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra sobre la Cuenta el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , la Cámara de Diputados ha comunicado que aprobó el proyecto de ley que establece una nueva política de personal para los funcionarios públicos. También se recibió una comunicación del Presidente de la República que lo califica con urgencia de "discusión inmediata". La verdad es que la Comisión de Hacienda está citada para mañana, a partir de las 9, para comenzar a verlo. Sin embargo, debo hacer presente que cuenta con más de 100 artículos y que la Cámara de Diputados lo analizó -por lo menos en lo que respecta a "nuevo trato"- desde el mes de octubre del año pasado, es decir, durante varios meses.
Entonces, solicito que el Ejecutivo flexibilice la urgencia. En mi opinión, poner "discusión inmediata" a una normativa tan importante y sensible es francamente una exageración.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quiero aclarar que la urgencia de la iniciativa está calificada de "suma". La idea es que la Comisión de Hacienda la trate mañana y el jueves, con el objeto de la Sala la despache ese último día en la tarde o el martes próximo en la mañana.
El proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata" es el de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, señor Senador .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , concuerdo con el planteamiento del Honorable señor García. Me parece que, dada la complejidad del tema y los múltiples artículos que lo regulan, es necesario estudiarlos y -sobre todo- concordarlos más con las disposiciones existentes. Como es lógico, es una materia que levanta muchas susceptibilidades.
Pero resulta que ahora el Senado se ha convertido en un buzón que debe dar cumplimiento al apuro -voy a ser muy franco, sin ofender a nadie- que el Ejecutivo tiene por contar con leyes de este tipo en los próximos períodos. Me parece que ello no se aviene con la seriedad y el profesionalismo que corresponde al Senado.
Ése es el planteamiento.
Estoy de acuerdo con lo expresado por el Honorable señor García: éste es un problema que se nos viene encima permanentemente. Es decir, en lo que se refiere a urgencias, estamos aquí bailando al compás de la música que toca el Ejecutivo , no obstante que el objetivo es elaborar leyes que tengan sentido y técnicamente bien hechas. Creo que nos encontramos en presencia de un problema grave, y es bueno decirlo.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Nosotros debemos cumplir con los plazos fijados por las urgencias, conforme a normas constitucionales.
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , he leído a la rápida el proyecto, porque recién llegó, y debo reconocer que es bastante complejo.
En mi opinión, hay algunos aspectos constitucionales muy serios. Entonces, es conveniente que los analice la Comisión de Constitución,...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se acordó enviarlo a la de Hacienda.
El señor VEGA.-
...para permitir una discusión más fundamentada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hubo acuerdo unánime de Comités para remitirlo a la Comisión de Hacienda.
El señor VEGA.-
Sí. Pero podría pasar a¿
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No puede pasar a otra Comisión, porque hay un acuerdo de por medio. Si se presenta alguna objeción constitucional, también puede verla la Comisión de Hacienda. Cualquier Comisión está autorizada para analizar reparos de orden constitucional.
Tiene la palabra el señor Secretario.
ACUERDOS DE COMITÉS.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en sesión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Respecto del proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, tratarlo y despacharlo en la sesión especial de mañana miércoles, entre las 12 y las 14, e iniciar su votación a las 13:30.
2.- Citar a sesión extraordinaria de la Corporación para el próximo jueves 15 del actual, de 11 a 14.
3.- Citar a sesiones especiales del Senado para el próximo martes 20 del actual, de 12 a 14 y de 16 a 20.
4.- Enviar el proyecto sobre nuevo trato para los funcionarios públicos que indica a la Comisión de Hacienda.
NORMAS SOBRE ENDEUDAMIENTO EXCESIVO EN FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y OTRAS MATERIAS TRIBUTARIAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El proyecto de ley de la Cámara de Diputados que regula la aplicación de normas sobre endeudamiento excesivo en financiamiento de proyectos y otras materias tributarias, informado por la Comisión de Hacienda y con urgencia calificada de "suma", no fue objeto de indicaciones y el plazo para presentarlas ya venció.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3181-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 40ª, en 15 de abril de 2003.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 47ª, en 7 de mayo de 2003.
Discusión:
Sesión 48ª, en 8 de mayo de 2003 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En consecuencia, queda también aprobado en particular y despachado en este trámite.
V. FÁCIL DESPACHO
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON REPÚBLICA CHECA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del "Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Checa", con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3120-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 33ª, en 18 de marzo de 2003.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 48ª, en 8 de mayo de 2003.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El Convenio tiene por objetivo principal permitir a los nacionales de los Estados Contratantes beneficiarse de las cotizaciones efectuadas por ellos en ambos Estados, manteniendo así la continuidad de su historia previsional.
El proyecto se encuentra informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que lo aprobó en general y particular por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Ávila, Cariola, Martínez, Núñez y Pizarro, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Corresponde señalar que el artículo único del proyecto de acuerdo debe ser aprobado con quórum calificado, requiriendo en consecuencia el voto conforme de 25 señores Senadores.
Finalmente, cabe hacer presente que la Comisión de Relaciones Exteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, propone al señor Presidente discutir el proyecto de acuerdo en general y particular a la vez.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia de que concurrieron 32 votos favorables.
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA CON REPÚBLICA DOMINICANA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio Básico de Cooperación Ténica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana", suscrito en Santo Domingo de Guzmán el 4 de marzo de 1998, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3133-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 25 de marzo de 2003.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 48ª, en 8 de mayo de 2003.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El Convenio tiene por objetivo promover y fomentar el progreso técnico y científico entre ambas Partes Contratantes mediante programas y planes específicos de colaboración mutua.
La iniciativa fue informada por la Comisión de Relaciones Exteriores, que lo aprobó en general y particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Ávila, Martínez, Núñez y Valdés, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe señalar que la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de nuestro Reglamento, propone al señor Presidente discutir el proyecto de acuerdo en general y particular a la vez.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
VI. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA Y CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2811-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 5 de marzo de 2003.
Informe de Comisión:
Defensa, sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
Discusión:
Sesión 48ª, en 8 de mayo de 2003 (queda pendiente la discusión general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la discusión general.
Hay siete señores Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , el tema de inteligencia, como todo el mundo sabe, es de gran sensibilidad; pero, lamentablemente, existe una imagen distorsionada sobre esta necesidad de Estado.
La inteligencia no es más -y permítanme definirla- que la obtención y acumulación de información para elaborar un producto que tiene que ver con las amenazas que afectan al Estado, en cualquiera de sus formas: económicas, sociales, internacionales o de otra índole. Por lo tanto, es una necesidad básica.
Insisto en que el tema de la inteligencia, aunque tenga mal ropaje -porque al parecer esta palabra no nos trae buen recuerdo -, es indispensable para cualquier Estado, básicamente, porque hoy día existen agencias que hacen inteligencia: las del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Carabineros, de Investigaciones. Éstas deben ser adecuadamente coordinadas para que su trabajo sea efectivo. O sea, es indispensable contar con una estructura superior que organice la labor.
En el proyecto que se nos propone, tal estructura superior está representada por una Agencia Nacional de Inteligencia que, según los acuerdos adoptados por la Comisión, no tendría capacidad operativa.
En ese punto quiero ser muy enfático. Es preciso que la Agencia Nacional no tenga capacidad operativa; es indispensable que actúe a través de los organismos existentes y que sea la estructura superior. De lo contrario entrará en competencia con los que están en funciones, como ha pasado tradicionalmente en este ámbito.
Eso fue acordado en la Comisión, y me gustaría verlo muy bien reflejado en la ley. Seguramente, vía indicaciones vamos a reforzar ese punto. Para ello, voy a hacer una sugerencia, a fin de que Sus Señorías la mediten (quienes deseen hacerlo).
Considero que esta Agencia Nacional de Inteligencia no debiera contar con fondos reservados de operación. Podrá disponer de todos los recursos que necesite, pero, como su trabajo será limpio y no estará destinado a recabar información, tendría que operar con un criterio de cuentas transparentes. Porque si no ¿se lo doy firmado-, caerá en la tentación de iniciar operaciones de obtención de información, produciéndose así sobreposiciones, antagonismos y todo aquello a que estamos acostumbrados a ver en servicios de inteligencia de cualquier tipo y de distintos Gobiernos, ya sea en la Oficina, la DINA o la CNI. Ello es producto de una deformación causada por un entusiasmo que, generalmente, va más allá de la norma.
La actividad de inteligencia (ésta será una responsabilidad nuestra, con seguridad), una vez definida la estructura y aprobada la iniciativa, debiera tener una alta valoración social. Hay que tratar de recuperar el valor que reviste la inteligencia en la función del Estado.
Insisto en ese punto, porque en este momento "inteligencia" es considerada casi una palabra sucia. Y en tal sentido, para lograr esa alta valoración social, es fundamental que exista una estructura valórica de su función; que haya una mística del servicio de inteligencia, en cualquiera de sus formas, y todo ello en paralelo con las normas legales que logremos establecer en el proyecto.
Reitero algunos asuntos que considero de la máxima importancia.
Primero, la necesidad fundamental de que exista la Agencia.
Segundo, que ella no tenga espacios en el ámbito operativo.
Tercero, que las disposiciones por las cuales se rija y la forma como opere se sustenten sobre la base de los acuerdos del comité definido en la iniciativa, es decir, de una estructura interna que la controla. Cabe recordar que ese comité esta formado por los jefes de los servicios que en este momento administran el proceso.
Cuarto, que la Agencia no posea fondos reservados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , esta institución requiere del mayor análisis, porque obviamente la historia nos pone en alerta sobre lo que son, en general, las actividades de inteligencia, no sólo a nivel nacional, sino también internacional.
Desde el comienzo, a uno, como simple civil, le choca que estas actividades se llamen "de inteligencia". Por eso, deberíamos trabajar el tema de otra manera, innovar en algo que parece absolutamente sorprendente y extraño. La universidad también podría reclamar ciertos derechos sobre esa denominación.
El señor MARTÍNEZ .-
¿Me permite una pequeña interrupción, señor Senador ?
El señor LARRAÍN.-
Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , la materia de inteligencia, en algunos países, se enseña en las universidades. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Universidad de Defensa Nacional, institución que está abierta a todo el mundo sin distinción, la imparte; lo mismo ocurre en Inglaterra. Se trata fundamentalmente de inteligencia estratégica; de hecho, en los negocios también se aplica.
Gracias, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , sostenía lo anterior porque algunas personas definen la Universidad como el lugar social de la inteligencia. En consecuencia, si alguna institución se llama Agencia Nacional de la Inteligencia, ello se presta para un conflicto de objetivos y de denominación. En realidad, la palabra "inteligencia" es demasiado genérica y se presta para equívocos en estas materias.
En fin, se trata sólo de un comentario al pasar, así que recojo su nombre, pues sé que es antiguo y de uso internacional.
El señor NOVOA .-
Acuñado.
El señor LARRAÍN.-
Exactamente, ya está acuñado.
Ahora bien, en lo específico, la primera inquietud que surge es cuál es la conveniencia de regular estas actividades. Por cierto, el hacerlo reviste un riesgo grande, como lo podemos apreciar en el proyecto, que tiene enormes vacíos y numerosas interrogantes. Sin embargo, parece necesario e indispensable regularlas para delimitar su ámbito de acción, para darles transparencia hasta donde estas actividades puedan o deban tenerla, y en particular, para asegurar el respeto a los derechos y a las garantías individuales de las personas, sus libertades, su privacidad, su intimidad.
En consecuencia, me inscribo en la idea de emprender el desafío de regular este tipo de actividades, con todos los riesgos que ello conlleva. Por la misma razón, estimo clave no sólo la forma como funcione o se regulen sus atribuciones, sino también los mecanismos de control que aquí se establezcan.
En concreto, brevemente formularé diversos comentarios sobre algunos aspectos que, a mi juicio, merecen atención especial.
Por una parte, concuerdo con lo que recién acaba de señalar el Senador señor Arancibia en el sentido de que el objetivo específico de una organización de esta índole debe estar orientado a la recopilación y análisis de informaciones. Sería extraordinariamente grave que esta institución tuviera atribuciones o facultades para llevar a cabo actuaciones operativas. Son otros los servicios encargados de esa función (los de inteligencia de los organismos castrenses); pero una institución que depende de un Gobierno, del Ministerio del Interior, no puede ser sino un centro de proceso y de análisis de la información, y jamás desarrollar actuaciones o tener posibilidades de realizar actos operativos.
En ese sentido, hay dos elementos claves. Uno, las personas que trabajen en dicha Agencia, como lo señaló en sesión anterior el Honorable señor Fernández. Y otro, los recursos de que ella disponga.
Para asegurarse de que efectivamente hace lo que dice, una institución de esta naturaleza no puede estar provista de fondos reservados. Toda su actuación debe ser, por lo menos en lo formal, con recursos conocidos públicamente. Ésa será la única manera de asegurar sus acciones dentro del marco legal que se le delimite.
Por otro lado, en cuanto a aspectos más específicos, deseo plantear dudas en tres ámbitos.
En primer término, en lo tocante al control que se establece a través de la creación de una comisión permanente en la Cámara de Diputados. La verdad es que a ésta le corresponde desarrollar una función fiscalizadora de carácter político respecto de las acciones del Gobierno y de las instituciones públicas. Pero entregarle el control del sistema de inteligencia del Estado me parece una cuestión que requiere mayor justificación, y que, en realidad, en principio me llama la atención.
Los controles, por regla general, corresponden a la Contraloría General de la República, y si deseamos potenciar alguna institución en esta materia, debiéramos hacerlo dentro del ámbito de las atribuciones propias de dicho organismo. Me suena poco feliz y poco convincente que el control de un asunto tan delicado y complejo como éste lo entreguemos a la Comisión Permanente de Control del Sistema de Inteligencia del Estado que se crearía en la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, me preocupa la forma como el artículo 26 del proyecto regula las atribuciones de los servicios de inteligencia militar para recopilar información, porque ellas, en general, son extraordinariamente amplias. Dice la norma que los directores o jefes de organismos de inteligencia solicitarán, personalmente o por medio de un funcionario, la autorización judicial para emplear los procedimientos que permitan recopilar la información, señalados en el artículo anterior: intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales; intervención de redes y sistemas informáticos; escucha y grabación electrónica, e, incluso, obtención de antecedentes sujetos a reserva o al secreto bancario.
A este respecto, se está efectuando una solicitud de información sin que necesariamente haya delito y, por tanto, se está abriendo un espacio de acceso a la vida privada de las personas, a mi juicio, sin tener claridad en el ámbito en el cual éste puede ejercerse. De manera que no me parece suficiente que la competencia se entregue a un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, porque todavía eso es demasiado discrecional. Acá hay un tema en extremo delicado, precisamente porque los procedimientos que podrá ordenar, sin que haya un juicio de por medio o un delito que se esté investigando, serán simplemente por la decisión discrecional de un servicio de inteligencia. Creo que esta materia deberemos revisarla con mucho cuidado cuando analicemos el proyecto en particular.
Por último, si lo anterior es delicado, lo concerniente al artículo 32 de la iniciativa resulta todavía muchísimo más.
¿Por qué? Este precepto establece: "Las personas naturales o jurídicas que sean requeridas para permitir el cumplimiento de alguna de las medidas indicadas en el artículo 25" -a las que me referí- "deberán acceder a tal petición de manera inmediata.". Es decir, hay una sujeción de las personas a las determinaciones que se tomen para recopilar la información que los organismos de inteligencia requieren. Estimo que esto genera demasiadas preguntas e inquietudes, y ellas llevan a pensar finalmente que aquí sí pueden vulnerarse con mucha facilidad los derechos y libertades fundamentales establecidos por la Constitución Política.
La norma señala: "Las personas naturales o jurídicas que sean requeridas...". No se dice, en primer lugar, quién determinará la persona natural o jurídica que podrá ejecutar tales medidas. Aquí estamos abriendo un espacio sin determinación. Tampoco se dispone lo que sucede en caso de que la persona se niegue al requerimiento. Se le dice que debe acceder de manera inmediata a éste. ¿Qué consecuencias tiene el que no lo haga? Las medidas pueden significar costos, incluso para la persona. Tampoco se señala quién se hace cargo de los costos que puede implicar la ejecución de estos procedimientos por parte de los particulares.
Si analizamos garantías constitucionales, hay muchas respecto de las que podría alegarse que se verían vulneradas, aparte las relativas a las libertades más obvias en el ámbito de las garantías procesales. Hay, eventualmente, una suerte de expropiación de servicios de las personas en virtud de la decisión arbitraria de un funcionario autorizado judicialmente para el empleo de procedimientos especiales. Hay requerimientos a personas jurídicas que pueden significar la ejecución de trabajos, es decir, imponer trabajos, cambios en las condiciones del respectivo contrato a una persona y, por tanto, un atentado en contra de la libertad de trabajo.
En seguida, se establece una obligación sobre las personas, lo cual puede interpretarse como una imposición de tributos o carga que impide, entre otras cosas, el libre ejercicio de la respectiva actividad económica, lo que infringe varias disposiciones de nuestras garantías constitucionales. Asimismo, se puede entender que hay infracciones al principio de igualdad ante la ley y al derecho a no ser discriminado arbitrariamente en el trato que deben dar el Estado o sus organismos en materia económica, en la medida en que se establecen gravámenes a personas o empresas no determinados por ley.
Señor Presidente , éstas son algunas de las inquietudes que nos surgen al analizar la presente iniciativa. Entendemos que la Cámara de Diputados y, por cierto, las autoridades de Gobierno han realizado un gran y largo esfuerzo por resolver esta materia, y estamos claros en la conveniencia de regularla, por las razones que indiqué. Pero, ciertamente, aquí hay aspectos que no son menores en cuanto a las inquietudes planteadas, tanto en lo que dice relación al control, respecto de las atribuciones que tienen los organismos de inteligencia, como en la vulneración de los derechos individuales de las personas en una de sus disposiciones, que obliga a un trabajo más detenido en el análisis particular del proyecto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento del Senado para que ingresen a la Sala el señor Subsecretario del Interior , don Jorge Correa , y el Director de Seguridad Pública e Informaciones, don Gustavo Villalobos .
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en primer lugar, respecto de esta iniciativa legal, deseo recordar que tiempo atrás un grupo de Diputados de distintas tendencias políticas -entre ellos, el actual Senador señor Prokurica - durante varios años solicitó al Gobierno dictar una legislación que avanzara en la dirección de contar con un sistema de inteligencia del Estado.
Creo que el proyecto es valioso, importante. Todos los Estados modernos tienen en la actualidad sistemas de inteligencia que les permiten recabar información que resulte relevante, procesarla adecuadamente y, con posterioridad, a través de ella, en lo fundamental adoptar medidas de prevención ante actos que puedan afectar el normal desenvolvimiento de las actividades de una nación. No sólo estoy pensando en las materias de seguridad externa, sino también, a veces, en delitos comunes, como los casos de lavado de dinero y narcotráfico, que hoy día son objeto de grandes preocupaciones en los países avanzados.
Por lo tanto, me parece que, en su génesis, la iniciativa tiene una orientación correcta.
Lo que ocurre es que leyes de esta naturaleza, si son bien hechas, son útiles para los países; pero si se hacen mal, pueden resultar un desastre. Lo digo porque aquí se halla en juego algo que en las sociedades modernas está cada día más en un plano de tensión: el derecho que tienen los Estados a realizar labores de inteligencia para, a través de éstas, fijar políticas que les permitan resguardar la tranquilidad de los ciudadanos y la paz interna y externa de un país, y, simultáneamente, el respeto de las libertades individuales que consagra la Constitución, entre las cuales se encuentra el derecho a la vida privada de las personas.
Esto es algo que hoy, en países como Estados Unidos, está bajo una enorme tensión.
Luego del ataque a las Torres Gemelas, en esa nación se aprobó una legislación denominada Ley Patriot, que durante muchos años fue resistida por el Congreso norteamericano, pues se estimaba que muchas de estas normas infringían, entre otros, el derecho a la vida privada. Y fue precisamente a raíz del atentado a las Twin Towers que se despacharon con carácter de urgente estas leyes, que hoy día muchos sectores de Estados Unidos reclaman como invasivas de la vida privada de las personas.
Al parecer, en los tiempos modernos el concepto de la vida privada no tiene la relevancia que afortunadamente le dio nuestro Constituyente. El derecho a la vida privada es una de las garantías constitucionales de mayor valor. Los seres humanos en sociedad no nacimos para ser permanentemente fiscalizados e investigados. Las sociedades descansan en el respeto a las libertades individuales, y entre éstas se encuentra el derecho de una persona a que su vida privada no sea permanentemente objeto de seguimientos, investigaciones y grabaciones que la perturben o que el día de mañana puedan ser utilizados como un elemento de chantaje en contra de su propia vida o de la de sus familiares.
Sobre esta materia, tengo la impresión de que hay mucho que avanzar en el proyecto en estudio, porque contiene ciertas normas que, a mi entender, aunque obviamente en su momento fueron estudiadas, pueden abrir un espacio extraordinariamente delicado en relación a la invasión de la vida privada de las personas.
Por ejemplo, quiero señalar específicamente lo relativo al artículo 24, inciso segundo, referente a los procedimientos especiales para obtener información, precepto extraordinariamente amplio y ambiguo. Porque es cierto que no le corresponde a la entidad que se forma -la Agencia Nacional de Inteligencia- el hacer por sí misma, o por medio de sus funcionarios, labores de seguimiento; pero también lo es que tal acción está consagrada en la ley para que las efectúen los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Por lo tanto, en el hecho, lo que se regula es cómo esos agentes van a requerir o lograr esa información.
Además, la referida norma permite a los directores de los servicios de inteligencia recurrir a los tribunales de justicia, a fin de pedirle a un juez que, para poder realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia, los autorice, entre otras cosas, para intervenir las comunicaciones telefónicas; los sistemas y redes informáticas por medio de "hackers"; la correspondencia; la escucha y grabación electrónica, y de demandar antecedentes bancarios o personales. Bastará para ello señalar que tales actividades tienen por objeto una acción que directa o indirectamente se realice en resguardo de la seguridad exterior e interior del Estado.
Lo anterior representa un gran cambio respecto de la legislación vigente en el país, en la cual los jueces no están autorizados a adoptar tales medidas, aunque sean necesarias para la investigación de hechos que puedan afectar directa o indirectamente la seguridad exterior. Ellas están limitadas a delitos gravísimos, como los de narcotráfico y terrorismo, pero a partir de la premisa de que existe un antecedente concreto, específico, que reviste caracteres de delito. Así, el agente de policía acude a un tribunal y le dice al juez que hay antecedentes concretos y que se está ante algo que reviste caracteres de delito, o que se está en presencia de un acto terrorista o de tráfico de drogas. Y ante tales hechos, pide que, para identificar al responsable, se permita hacer una labor de seguimiento por un plazo determinado.
Cosa muy distinta es que el director de un organismo de inteligencia vaya donde un juez y le señale que está investigando materias que dicen relación a la seguridad externa e interna del país y que tiene antecedentes que indirectamente podrían afectarlo. Ante tal cuadro, el juez le va a replicar que, si son indirectos, le va a dar la autorización para realizar la intercepción. Porque el juez no va a entrar a calificar lo que es directo o indirecto. ¿Cómo lo podría hacer?
Entonces, es necesario tener cuidado con estas normas, que pueden ser extraordinariamente invasivas. Siempre hemos estado muy llanos a que se adopten todas las medidas del caso para prevenir la ocurrencia de delitos y sancionar a los responsables de un ilícito grave; pero debemos ser muy cautelosos y evitar que esas disposiciones terminen haciéndonos vivir en una especie de sociedad donde cualquier paso, movimiento o acción de una persona pueda ser objeto el día de mañana de graves invasiones o interferencias en su vida privada y en el legítimo derecho de tenerla y mantenerla en tal carácter.
Desde ese punto de vista, pienso que estos preceptos deben ser objeto de acuciosa revisión antes de otorgar las facultades que se entregan, a fin de evitar que en el futuro, por haberlas concedido con demasiada facilidad, se puedan prestar a un mal uso e infligir grave daño a las labores de inteligencia que se requiera realizar.
Tampoco hay norma alguna que regule la información residual, materia muy importante en los trabajos de inteligencia. La información residual es aquella que no sirvió al objetivo perseguido. Pero, ¿quién la administra? ¿Quién se quedará con ella? ¿Qué uso se le dará después? Esta cuestión debe ser regulada debidamente, para evitar que se haga mal uso de ella por las autoridades competentes.
Respecto de los mecanismos de fiscalización, no comparto para nada que sean entregados a la Cámara de Diputados. Creo que ése no es el camino correcto, como tampoco que estas materias, de suyo delicadas, queden sujetas a veces a un control que objetivamente pueda prestarse para desvirtuar la función que corresponde a un organismo de tal naturaleza.
Por lo tanto, daré mi apoyo a las ideas matrices de esta iniciativa legal; pero en cuanto al desarrollo de su articulado, a mi juicio, merece una reflexión y un análisis detallado, porque cada paso que se dé en esta materia puede representar la invasión de garantías constitucionales básicas en un país democrático, como la libertad de las personas y, sobre todo, su vida particular. Para muchos, su honor, dignidad y vida privada son quizás el mayor capital del que los miembros de una sociedad libre pueden disponer.
Reitero que votaré a favor de la iniciativa. La valoro realmente, pues como Diputado pude comprobar el esfuerzo desplegado por muchos colegas para contar con una legislación de esta naturaleza, lo que, obviamente, nada tiene que ver con el hecho de que el Senado la estudie acuciosamente, la revise, regule y no deje aspectos en blanco ni vacíos que el día de mañana se puedan prestar para abusos en cada una de sus normas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en un Estado moderno la actividad de inteligencia es absolutamente necesaria. Y por eso me alegro mucho de que en el debate, de alguna forma, se hayan despejado los fantasmas que permiten a algunos negarse permanentemente a esta actividad que no sólo es legítima, sino absolutamente indispensable en un Estado moderno. Ella no debe asociarse, por lo tanto, a propósitos ilícitos o persecutorios de ninguna índole.
La actividad de inteligencia por parte del Estado consignada en el proyecto descansa en los principios de respeto al régimen democrático, al ordenamiento jurídico y a las garantías constitucionales de la ciudadanía.
La iniciativa en examen se compone de 53 artículos permanentes y 2 transitorios. En ellos se encuentran claramente establecidas las definiciones necesarias para delimitar la actividad de inteligencia como sistema y de los organismos que la realizarán. Asimismo, se definen adecuadamente las funciones que corresponderán a la inteligencia militar y policial. También se fijan procedimientos especiales para obtener información -las denominadas "técnicas intrusivas"-, que deben ser autorizadas judicialmente por un Ministro de Corte , en la forma descrita en el proyecto, procedimientos que sólo podrán ser ejecutados por las Fuerzas de Orden y Seguridad que se indiquen en la resolución respectiva, con pleno respeto a la ley.
De este modo, quedan totalmente resguardadas las garantías individuales de las personas a quienes puedan afectar estos procedimientos.
Existe también un control interno, que pertenece a cada uno de los organismos, y uno externo, que en lo económico estará a cargo de la Contraloría General de la República; en materia de técnicas intrusivas, por la autorización del Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, y la fiscalización de una Comisión permanente de la Cámara de Diputados. De esto último no estoy tan seguro, por las dudas planteadas.
Pertenecí doce años a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, y jamás -¡jamás!- hubo una filtración ni temor respecto de la acción de los Parlamentarios que la integrábamos. Por lo tanto, no veo la razón para que exista ahora.
Señor Presidente , Chile es un país eminentemente "parchador" e improvisador. La mejor prueba de ello es el hecho de que estemos discutiendo este proyecto después de más de una década desde que lo impulsamos varios Parlamentarios, entre ellos el actual Ministro señor Huenchumilla . La iniciativa no surgió por efecto de un planeamiento del Estado, sino que fue el producto de un escándalo que ocurrió hace diez años, del cual se preocuparon el Ejecutivo y la Cámara de Diputados. En esa rama legislativa se elaboró un pre proyecto que posteriormente ingresó a trámite, y que es el que ahora discute el Senado.
En verdad, es absolutamente indispensable disponer de un Sistema Nacional de Inteligencia y un organismo central que involucre a las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como a otros órganos del Estado.
Contar con inteligencia tiene un valor inmenso, porque permite reducir los grados de incertidumbre en un mundo globalizado y cada vez más interconectado, donde las dudas son siempre mayores.
La inteligencia no se refiere sólo al ámbito de la seguridad ciudadana, como se ha mencionado aquí, sino, especialmente, al económico. Más del 30 por ciento del Producto Geográfico Bruto corresponde a exportaciones. En efecto, se han invertido más de 5 mil millones de dólares en el exterior en los últimos años, especialmente en Perú, Argentina, Bolivia , Brasil y Uruguay .
En Chile tenemos grandes falencias, lo que nos hace actuar en forma reactiva frente a escenarios o hechos que se podrían prevenir. Lo básico es que la producción de inteligencia sea proactiva, con el objeto de dar herramientas a las más altas autoridades del Estado para que tomen sus decisiones en prevención de posibles conflictos o eventualidades.
Un órgano de inteligencia no significa para nada -como algunos han querido insinuar- la creación de un monstruo, más aún si él carece de facultades operativas. Éste es un punto fundamental, como lo ha planteado el Senador señor Arancibia , y que creo necesario dejar muy en claro.
Se trata de una entidad que para operar debe utilizar los organismos previstos en la ley para esos efectos. De hecho, ésta es una discusión bastante poco real. Como he señalado en algún minuto, la discusión generada cuando se plantean dudas respecto de las actuaciones de un organismo de esta naturaleza es como a la que ha dado lugar la ley de divorcio en Chile. Porque, aun cuando hay opiniones contrarias a ella, existe la nulidad y cualquiera, teniendo la voluntad de la otra parte, puede terminar con el matrimonio. Lo mismo ocurre en este caso. Hoy en día los órganos de inteligencia efectúan todas estas operaciones de las que estamos hablando, sin una legislación que las reglamente, sin sanciones, sin los sistemas que pretendemos generar y a los cuales van a tener que acogerse en lo futuro. O sea, previa autorización de un Ministro de Corte de Apelaciones , con tuición en la parte económica por parte de la Contraloría y con fiscalización de la Cámara de Diputados. Entonces, no parece justa una discusión de este tipo, porque la ausencia de legislación en esta materia nos pondría en el peor de los mundos. Hoy no hay control legal ni una normativa que establezca sanciones para aquellos que, debiendo guardar reserva, no la tienen.
Sin perjuicio de estar de acuerdo en general con el proyecto, vamos a presentar indicaciones en varios artículos, especialmente en lo que dice relación a la dependencia y al nombramiento del Director.
Porque, para que realmente funcione el sistema de inteligencia, se les debe dar confianza a los distintos organismos y porque ella debe ser una labor especialmente de Estado y no de Gobierno. No queremos generar aquí una policía política, sino un órgano que pueda racionalizar los distintos esfuerzos que hoy día se hacen en la materia, a fin de producir una cantidad de inteligencia que sirva a las más altas autoridades del Estado para sus decisiones. Por lo tanto, creemos indispensable que el Director sea nombrado por el Presidente de la República , pero con acuerdo del Senado, de tal forma que esté debidamente representado el Estado.
Soy partidario de que dependa del Presidente de la República . Quizás los más gruesos errores que se cometen en esta materia se deben a que no hay dependencia de la más alta autoridad administrativa, pues se puede caer en la tentación de ordenar a los organismos de inteligencia la comisión de irregularidades, y decir luego: "Bueno, a usted lo descubrieron, lo pillaron", sin que exista una responsabilidad directa de aquélla. Además, los propios agentes, cuando reciben la orden de realizar alguna de tales actividades saben que quien se encuentra detrás de ella es el Presidente de la República y que, por lo tanto, trabajan para el Estado.
Finalmente, quiero recordar una frase que me parece ad hoc para este momento: "La diferencia que hay entre las naciones, Estados u organizaciones que no hacen inteligencia con las que sí lo hacen es que a las primeras las manejan las circunstancias" -nosotros somos un país que está habitualmente apagando incendios- "y las últimas son capaces de prever lo que va a ocurrir y de prepararse para enfrentar de la mejor forma posible cualquiera de estas situaciones".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , he leído con mucho interés los antecedentes del proyecto que crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero en esta tarde y durante la última sesión de la semana pasada se han vertido algunos criterios, lo que me ahorra comentarios más amplios sobre el tema.
No cabe duda de que hace falta en Chile una coordinación de servicios de inteligencia.
A mi juicio, la inteligencia -esto es, la información- constituye un instrumento fundamental para el Estado, a fin de defenderse no tanto de fenómenos internos, sino de los que trae consigo la globalización, que de por sí es un proceso de desparramo de actividades, unas lícitas, unas muy beneficiosas y otras de naturaleza terrorista o contrarias a la salud, como el caso de las drogas, y peligrosas en cualquier otro sentido.
Me parece válido el principio de buscar una coordinación y que la coordinación de los servicios de inteligencia quede sometida a una autoridad y que ésta sea el Presidente de la República .
Felicito a quienes han trabajado en el proyecto durante tanto tiempo.
Es el Primer Mandatario quien debe tener la información. Así sucede en Estados Unidos y en Francia, donde yo me impuse del sistema que allí funciona, por razones varias. Creo que todo país tiene necesidad de organizar su defensa. Me parece que las Fuerzas Armadas históricamente han tenido servicios eficientes en cuanto a la inteligencia y la contrainteligencia en lo que se refiere a la seguridad nacional, a la defensa del país desde el punto de vista de las fronteras y de los riesgos que ha tenido, tiene y va a seguir teniendo. Lo que me preocupa es la actividad vinculada no con la defensa externa, que es la tradicional, sino con la interna.
Que es necesario hacer algún esfuerzo, no cabe duda, pero quisiera, por lo pronto, tener alguna clarificación sobre la relación que pudiera existir entre el sistema que se crea y el Consejo Nacional de Seguridad. Existió antiguamente un Consejo...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El CONSUSENA.
El señor VALDÉS .-
Así es, el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Lo convocaba el Presidente de la República , y se invitaba a Ministros y funcionarios para conocer de determinados hechos. Funcionó muy bien.
Durante los seis años que desempeñé el cargo de Ministro de Estado recibí invitaciones para conocer problemas de mucho interés que fundamentalmente eran informados por personal de las Fuerzas Armadas, las cuales cuentan con un servicio de inteligencia interno y externo muy eficiente, expedito y claro.
En mi opinión, el sistema operó muy bien. Se actuaba frente al surgimiento de un problema. Evidentemente, no se hacía de manera permanente. Pero existía un aparato en el que participaban personas públicas ¿Ministros y miembros de las Fuerzas Armadas- y privadas. En su actuar no advierto ninguna vinculación con lo que existe hoy día en el Consejo de Seguridad, organismo que ha conocido problemas no solamente políticos, sino también casos muy concretos, como, por ejemplo, el fallo de Laguna del Desierto, donde se supo de detalles íntimos que, si se hubieran tratado oportunamente, tal vez habría sido otro el resultado.
Quisiera saber si existe alguna vinculación con ese Consejo, organismo que creo que va a ser modificado en las reformas constitucionales. Todavía no estoy al tanto de eso.
Me preocupa, sí, lo que se ha expresado en la Sala, particularmente por el Senador señor Espina , en cuanto a que este servicio podrá operar con la mera autorización de un ministro de Corte de Apelaciones . Siempre he tenido mucho respeto por estos jueces, pero se trata de permitir acciones tendientes a conocer todos los antecedentes personales de cualquier ciudadano o de cualquier extranjero, en circunstancias de que el mayor derecho es a la privacidad.
En el mundo se ha llegado a la consideración de que, por encima del Estado o de cualquier autoridad, la libertad personal es el mayor bien que un ser humano puede tener, al igual que su privacidad. Lo que se halla en juego es la seguridad respecto de esta última, de los derechos fundamentales; no solamente del individuo en cuanto al aspecto físico, psíquico, religioso, sino también en cuanto a sus actividades, las que cada día se desarrollan más en términos de libertad. Todo lo que comprometa esta libertad, todas sus restricciones -que van en aumento-, deben ser miradas con mucha preocupación.
En Chile, el Servicio de Impuestos Internos tiene un buen sistema y está informado hasta de las menores actividades económicas de los ciudadanos. Está bien que sea así. Pero, cuando llegan las cartolas del Servicio, uno se ve en un espejo y difícilmente puede ocultar algo. Lo anterior es bueno, porque es la contribución de toda persona al bien común.
Sin embargo, cuando se trata de actividades vinculadas con el terrorismo, palabra con un significado muy vasto, cabe recordar que algunas de ellas, no económicas sino políticas, internacionales, pueden ser inventadas. Esto se vio ahora último en la guerra de Iraq, donde se culpó a algunas personas que después resultaron ser inocentes. Si eso tiene una extensión universal, me preocupa mucho, porque este sistema en Chile no va a funcionar en el vacío, sino necesariamente vinculado con organismos extranjeros que proveerán información. Entonces, vamos a estar entregados a acciones o suposiciones de entidades o de gobiernos que podrían estrechar enormemente la capacidad individual de nuestro país.
Por tanto, me inquieta mucho la definición de algunos elementos que permiten una acción determinada a través de un ministro de Corte de Apelaciones o las investigaciones que efectúen no tanto las Fuerzas Armadas, sino Carabineros de Chile, los servicios policiales o la Agencia misma.
El proyecto está redactado -como se dijo aquí- en términos de alarma frente a ciertos hechos que pueden ocurrir. Pero no creo que debamos vivir en función de eventualidades. No se puede vivir pendiente de los terremotos, por ejemplo: hay que precaverse de ellos.
En nuestro país se debiera fomentar una vida de responsabilidad, de ejercicio de la libertad, y no contribuir al temor ante actividades que pueden resultar discutibles.
En cuanto al Ministro de Corte de Apelaciones que autorizará a un funcionario para intervenir todas las actividades de una persona (teléfono, telégrafo, familia, negocios, bancos, etcétera), no contará necesariamente con todos los antecedentes, porque el caso se encontrará en investigación. El juez va a decir: "Conforme". ¿Pero después va a saber lo que pasó? ¿Sabrá qué uso se dio al permiso otorgado? ¿Dónde va a quedar el expediente con los datos? ¿Habrá una especie de biblioteca o archivo con todos esos antecedentes? ¿Quién los va a utilizar? ¿Qué secretos se guardarán? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué delitos se propone tipificar para quien use maliciosa o políticamente esta información?
Estamos en un terreno extremadamente delicado. A mi modo de ver, es el más delicado de todos. Esta mañana la Comisión de Hacienda analizó la situación del país y allí se señaló que la inflación puede llegar a 3 ó 4 por ciento -5 por ciento es peligroso-, y que el crecimiento se calculaba en 4 por ciento, estimándose como malo un 2 por ciento. Ello era parte de una discusión general. Pero debatir problemas relacionados con la libertad de las personas es extraordinariamente delicado.
¡Yo no creo que hoy exista un tema más importante en Chile y en el resto del mundo que salvaguardar la autonomía y la libertad de las personas, frente a un terrorismo como el que se manifiesta, a una actividad delictual creciente, a un tráfico de drogas muy peligroso! ¡Lo que hay que preservar es la libertad y no poner énfasis en los medios para controlarla!
Ésa es mi preocupación. En todo caso, ello no hará que vote en contra de la idea de legislar, pero sí que mantenga una actitud extremadamente rigurosa al momento de analizar las disposiciones en particular.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se ha pedido la clausura del debate por haber transcurrido más de dos horas en la discusión del tema, pero todavía hay siete inscritos.
Propongo acoger la solicitud e iniciar la votación en general, dándose la palabra por cinco minutos a cada uno de esos señores Senadores, según el orden.
¿Habría acuerdo?
El señor MARTÍNEZ.-
No, señor Presidente . ¿Por qué se va a clausurar el debate?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como no hay acuerdo, debo someter el punto a votación. Se requiere simple mayoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Su Señoría preguntó si había consenso, y no lo hay, pues no estoy de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por lo tanto, en votación económica la clausura del debate, sin discusión, conforme al Reglamento.
Por favor, levanten la mano los señores Senadores que estén a favor.
Por favor, levanten la mano los señores Senadores que se opongan.
--En votación económica, se aprueba la clausura del debate (14 votos contra 13).
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, señor Senador .
El señor MARTÍNEZ.-
Deseo plantear una cuestión de procedimiento. Cuando Su Señoría somete un asunto a votación económica y se tocan los timbres, ¿en qué momento se debe proceder?
Porque ya habían votado quienes estaban a favor de clausurar el debate cuando sonaron los timbres, y fue entonces cuando se efectuó la votación de las personas que estaban en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Mesa se ciñe al resultado que certifica la Secretaría, señor Senador : 14 votos a favor y 13 en contra.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , estoy planteando una cuestión real.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Conforme. Pero no controlo los timbres, que se tocan a través de la Secretaría.
No puedo hacer otra cosa.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , expongo un problema serio. Usted pidió votación económica y eso significa que votan los señores Senadores que están en la Sala y no quienes están en otro lugar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
De acuerdo.
El señor MARTÍNEZ.-
Resulta, entonces, que se usó un procedimiento determinado en una parte de la votación y otro distinto...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, en esto debo ser muy estricto. Los resultados de la votación son los que declara la Secretaría. No puedo modificarlos, a menos que la Sala pida que se tome una nueva votación. Mientras ello no se solicite, tengo que mantener lo obrado.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , quiero que se reformule la votación, porque este proceso hay que normarlo bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay acuerdo en la Sala.
El señor MARTÍNEZ.-
Bueno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor STANGE.-
Señor Presidente , el proyecto en discusión viene a ampliar las disposiciones establecidas en la ley Nº 19.212, que se refiere a las conductas terroristas y a aquellas que pueden constituir delitos que afecten el orden público o la seguridad pública interior.
La normativa establece también que el Ministro del Interior coordinará las actividades de los organismos de seguridad pública interior, para lograr tales objetivos.
A raíz de los atentados terroristas en el mundo y especialmente como consecuencia del ataque contra las torres gemelas en Nueva York, el texto en estudio propone la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia, con la finalidad de "proteger la soberanía y el territorio nacional y preservar el orden constitucional y la estabilidad democrática". Es decir, aumenta considerablemente el campo de acción de la actual Dirección de Inteligencia, incorporándose los servicios de las Fuerzas Armadas en su especialización.
Es necesario dejar claramente establecido que la Agencia ha de circunscribir su accionar sólo a la función receptiva, clasificadora y analítica de informaciones. En ningún caso puede ser ejecutiva en la búsqueda de información en terreno. Por ello, no debe disponer de fondos reservados, cualquiera que sea el monto de su presupuesto abierto.
Como en la iniciativa se incorporan los servicios especializados de las Fuerzas Armadas en inteligencia y contrainteligencia, estimo que la dependencia no debe decir relación al Ministerio del Interior, como en la actualidad, sino directamente al Presidente de la República.
En la letra c) del artículo 8º se menciona a Gendarmería de Chile como organismo que puede aportar inteligencia o contrainteligencia. Por consiguiente, es preciso considerarla en el artículo 5º, para que integre, junto con los servicios respectivos de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad Pública, las entidades que cooperarán con la Agencia en creación.
Respecto del artículo 9º, cabe hacer presente que, por tratarse de un futuro servicio de extraordinaria importancia nacional y que concentrará a todos los organismos que desarrollan inteligencia y contrainteligencia, es esencial que la designación del Director de la Agencia por el Presidente de la República cuente con la aprobación del Senado.
La aplicación práctica de las disposiciones del proyecto afectará, sin lugar a dudas, a parte de las garantías constitucionales. Ello reviste suma importancia, pues hay que considerar que se facultará, previa autorización judicial, a los organismos respectivos para interferir, por ejemplo, teléfonos o cuentas bancarias. En mi opinión, para que el juez pertinente autorice ese accionar debe disponer previamente de suficientes antecedentes escritos.
Asimismo, es menester definir la dotación de la Agencia, por cuanto se aumenta en 27 cargos, solamente por el primer año de vigencia de la ley en proyecto, la actual planta de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones. La pregunta es, entonces, cuál será la dotación fija. ¿Se aumentará después? ¿Existe un organigrama que lo justifique?
A mi juicio, se debe dejar claramente establecido que ninguno de los organismos que se mencionan en el articulado podrá agregar funcionarios de su dependencia, en comisión o de cualquier otra forma, para acrecentar momentáneamente el número de trabajadores de la Agencia.
Apruebo en general el proyecto.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el contar con un Sistema de Inteligencia me parece absolutamente necesario en un Estado moderno, sobre todo hoy día, por la dinámica con que ocurren y se presentan las amenazas. ¿Las amenazas a qué? Ésta es la esencia de mi planteamiento.
Se precisa un sistema de inteligencia para ordenar la recopilación de información que puede originarse en otros sistemas en diferente plano. Los niveles de utilización de esa inteligencia serán los que finalmente determinarán los propósitos y actividades de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Para diseñar los objetivos que se persiguen y canalizar y extender la función que se cumple, es menester plantearse primero para qué quiere el Presidente de la República ese conocimiento útil en la toma de decisiones. Por supuesto, no lo requiere para conseguir la aprehensión de mayor número de sinvergüenzas, ni cosas por el estilo, sino para determinar si el objetivo nacional que su Gobierno se fijó como propósito de Estado se está logrando o no. Establecidas cuáles son las amenazas a ese objetivo, se llegará a un conocimiento útil para la toma de decisiones. Es una cuestión de niveles.
Por lo tanto, la Agencia Nacional de Inteligencia debe asumir funciones en el nivel político-estratégico que corresponde a la conducción del Estado. Para ello, concurren en la llamada "inteligencia residual" los éxitos o logros del resto de los servicios de inteligencia, que son los organismos del nivel estratégico correspondiente: económico, político interno, etcétera.
Lo anterior significa que hay que tener muy claro cuáles son los niveles y el propósito de la recolección de informaciones para que tome una decisión el Presidente de la República . Sin embargo, en la iniciativa se mezclan diversos conceptos, lo que origina variadas situaciones. Por ejemplo, no cabe duda de que se debe proteger ciento por ciento la vida privada y la libertad de las personas. Pero con ello se toca un problema fundamental: a mayor libertad, menor seguridad; a mayor seguridad, menor libertad. Éste es el dilema que en la actualidad enfrentan todas las naciones desarrolladas.
Por lo tanto, hay que entender que procedimientos tan abiertos como el de recurrir al juez -la práctica lo impondrá- se emplearán cuando exista ya el dato concreto que indique que se cometió un delito. Pero el objetar que se utilicen métodos encubiertos para prevenir implica no entender lo que significa prevención. Porque, si del nivel político-estratégico que responde al Primer Mandatario se trata, el nivel de prevención es justamente lo que impulsará a éste a tomar medidas para evitar retrocesos o problemas en la obtención del objetivo nacional a que debe apuntar como gobernante.
El articulado presenta una serie de situaciones encontradas entre esa idea central y la ejecución, porque entra a lo que se llama "inteligencia operativa", es decir, a cómo actuar para obtener inteligencia. En consecuencia, sería conveniente que en las indicaciones que se formulen a la idea general de legislar se contemple la separación de la materia por niveles, en aras de la funcionalidad. De lo contrario, esto será una mera declaración y -lo que es más delicado-, habiéndosele asignado funciones operativas, la Agencia chocará, sin la menor duda, con el resto de los servicios, guste o no guste. Porque éste es un terreno donde siempre se producen rivalidades, competencias, como la de "yo sé más que tú" o la de "tú sabes menos que yo", etcétera.
Ésa es la realidad. Si uno lee la historia de la inteligencia en el mundo, se encuentra con que eso es lo que ha ocurrido. No quiero que pase lo mismo en Chile. Creo que es indispensable contar con un Sistema de Inteligencia de Estado y que la Agencia Nacional de Inteligencia debe tener muy claros sus niveles de acción, con un nivel político-estratégico para el Presidente de la República , de modo de no andar metiéndose en la "chuchoca" diaria.
Voto favorablemente el proyecto en general, pero he querido señalar algunas de las indicaciones que formularé en su momento.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , un elemento de la mayor significación en la conducción política del Estado en el presente siglo es el manejo de información, a fin de determinar los escenarios futuros donde existen posibles amenazas, riesgos y oportunidades. Ello se relaciona directamente con los sistemas de inteligencia.
Chile no posee un sistema de inteligencia que le permita coordinar todos los subsistemas existentes: el de las Fuerzas Armadas, el del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el de las Policías y el de la Dirección de Seguridad Pública. Esa actividad de inteligencia se encuentra dispersa e inorgánica y el marco legal que la rige es insuficiente para garantizar su eficacia, proteger los derechos de las personas y, además, fiscalizar su acción.
El proyecto plantea un nuevo sistema, concebido para aportar datos de inteligencia al más alto nivel: la instancia del Presidente de la República , a fin de contribuir a la certeza en la toma de decisiones. Se trata de posibilitar una informada planificación político-estratégica del Estado.
El proyecto define la inteligencia como un conocimiento útil para informar y prevenir sobre eventuales amenazas a la seguridad, a la defensa y al cumplimiento de objetivos nacionales.
La cuestión fundamental reside en la identificación previa de los objetivos e intereses del Estado y del Gobierno. En este último caso se trata de propuestas programáticas.
Los intereses y objetivos del país tienen diversos componentes, de origen interno o externo. El analista Guillermo Holzmann expresa que no se puede dejar de lado el simple hecho de que cualquier acción que Chile desee desarrollar queda supeditada a los intereses de Estados Unidos, en distintas formas, lo cual hace que dicha realidad sea inevitable. Además, es necesario considerar los intereses de los organismos internacionales, las empresas multinacionales, otros países, actores no estatales y el concepto de guerra contra el terrorismo.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos produjeron un cambio sustancial en el concepto de inteligencia y de seguridad, modificando la ecuación libertad-seguridad, donde el valor dominante es el de la libertad, la cual se ve amenazada bajo una nueva fórmula.
El proyecto en discusión debería ser revisado, sobre todo en lo referente a los aspectos tecnológicos, para que permitan hacer más eficaz el trabajo. Seguramente, esto va a generar mayores costos. Sin embargo, con el fin de que el sistema se encuentre al día, los mayores gastos no pueden ser un impedimento para su implementación.
El Sistema Nacional de Inteligencia debe estar necesariamente sometido a fiscalizaciones y controles indispensables en democracia. Los controles deben fluir, por una parte, de los ámbitos judiciales, y por otra, de una reglamentación de las transgresiones, que puede manifestarse en una ley sobre secreto profesional.
Debemos asumir inteligencia y democracia como principios compatibles, combinando eficacia con legitimidad y respetando, por sobre todo, el derecho de las personas a fin de que no puedan ser agredidas por las actividades de inteligencia. La acción de la Agencia en comento respetará, en todo caso, la normativa vigente y los acuerdos de cooperación internacional.
Voto favorablemente la idea de legislar, sin perjuicio de que formularé indicaciones en el momento oportuno.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , aprobaré en general el proyecto.
Se expresó acá que la iniciativa ha tenido un largo trámite. Y, en ese sentido, seguramente será indispensable hacer una revisión bastante detallada de su articulado.
Recuerdo que el Senado se enfrentó por primera vez a este asunto hace ya bastantes años -casi trece-, cuando el Presidente Aylwin formuló a esta Corporación una consulta sobre temas de seguridad. Después trabajó la Cámara de Diputados, en fin. Y la verdad es que esto ha ido demorando mucho.
Es menester dar organicidad, orientación y doctrina a la inteligencia, estableciendo controles. Porque en Chile se hace inteligencia, y en forma abundante, por varios organismos, referidos tanto a la seguridad interna como a la Defensa. Y ello se encuentra muy insuficientemente normado, insuficientemente coordinado e insuficientemente controlado. Por tanto, no estamos inventando nada, sino que intentamos poner orden y otorgar sentido a una actividad que, siendo indispensable para el Estado, se realiza.
Sólo quiero agregar lo siguiente a las consideraciones que se han hecho.
Sin duda, un punto central del debate en el mundo es hasta dónde es posible compatibilizar la prevención de delitos o la prevención de amenazas a la seguridad y a la defensa de un país con los derechos fundamentales de las personas.
Después de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York advierto, incluso en algunas de las mayores democracias -como la de Estados Unidos- y a nivel mundial, un retroceso muy serio en esa ecuación. Asistimos hoy día, por ejemplo, a la situación de prisioneros políticos que no tienen estatus jurídico, como los que están en la Base de Guantánamo; ahí no existe jurisdicción y, por consiguiente, no hay ninguna norma de Derecho Internacional ni humanitaria que se les aplique. Esto, para señalar un solo aspecto de lo que ha cambiado después de los referidos sucesos. O sea, se presenta una situación completamente nueva a nivel mundial.
En nuestro país, las llamadas "nuevas amenazas" -el narcotráfico y otras- tienen existencia real. Y podría decirse que la eficacia para combatirlas, por lo menos, no es plena.
Ahí hay un aspecto que habrá que analizar muy en detalle: cómo se compatibilizan esos dos principios, lo que -entiendo- no es fácil.
Vinculado a lo anterior, está lo relativo al control. Y, al respecto, sólo quiero decir lo siguiente.
Creo que, como en la mayoría de la legislación comparada, el establecimiento del control parlamentario sobre el sistema de inteligencia es indispensable, porque tiene que ver con un control de naturaleza política. No es la fiscalización normal de los órganos de la Administración del Estado ni la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados lo que se necesita establecer como figura para el control político de los órganos de la inteligencia.
La fiscalización de la Cámara Baja apunta básicamente a su facultad para llevar a cabo la acusación constitucional y determinar la responsabilidad política.
Sin embargo, aquí se trata de otra figura. Se trata de que el control del sistema no sólo sea de la autoridad política, del Poder Ejecutivo . Y ello, precisamente porque existe esta área compleja y gris de los derechos finalmente vulnerados, sea con autorización del juez o sin ella. Pero, igualmente, se vulneran derechos. Y la sociedad puede disponer que la vulneración de algunos de ellos es indispensable para combatir determinados crímenes. Además, la organización criminal evoluciona y se tecnifica; es el caso del narcotráfico. Por tanto, si se quiere combatir con eficacia ciertas conductas, hemos de tener presente que a veces los procedimientos habituales simplemente no son eficaces. Y los procedimientos no habituales vulneran derechos.
Ésa es la disyuntiva
Por consiguiente, un control que no sea sólo de la autoridad del Ejecutivo , sino también del Congreso Nacional, donde está expresada la diversidad del país, constituye siempre, en toda democracia madura, un elemento de vigilancia contra el uso abusivo por parte de la autoridad de turno de la dirección de tales servicios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
El señor GAZMURI.-
Y si estamos de acuerdo con dicho concepto, obviamente, en un Parlamento bicameral, como el nuestro, ésa debe ser una función del Congreso Nacional y no sólo de la Cámara de Diputados, por la naturaleza específica de la figura. Así ocurre en la mayoría de las democracias maduras del mundo.
Por lo tanto, me parece que ése es un punto que, como otros, deberemos profundizar bastante en la discusión particular del proyecto.
Voto a favor.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , no quiero repetir varias intervenciones precedentes que me interpretan del todo, en el sentido de que es necesario crear un organismo de inteligencia en un Estado moderno, pero siempre teniendo presente -el Senador señor Valdés lo planteó muy bien y en forma enfática- que lo que debe resguardarse de manera preferente dentro de un orden social son precisamente la libertad personal y el derecho a la intimidad. El derecho a la seguridad debe considerar en cada instante ese elemento. Porque no se puede, so pretexto de garantizar seguridad, terminar con libertades y derechos fundamentales como los recién mencionados.
Por consiguiente, si bien soy partidario de un proyecto de esta naturaleza, opino que en la discusión particular deberemos generar ese equilibrio, teniendo claro cuáles son los derechos más sustantivos o de mayor importancia.
No obstante, deseo poner énfasis en otro aspecto, desde una visión constitucional.
Yo pensaba que el establecimiento de una agencia de inteligencia estaba referido a la creación de un organismo cuya función fundamental fuera la de coordinar, sistematizar, analizar distintos elementos que pudieran contribuir a generar inteligencia para la seguridad del Estado básicamente desde la perspectiva de las fuentes abiertas. Sin embargo, me encuentro con un proyecto que en un Título completo, el V -aparte la enumeración de las facultades-, no sólo otorga a la Agencia Nacional de Inteligencia la posibilidad de obtener información también de fuentes cerradas, sino que además le asigna directamente funciones de carácter policial, operativas, como la intervención telefónica, la escucha y grabación electrónica, la obtención de antecedentes sujetos a reserva o secreto bancario, a los que se añade la obligación de las personas de concurrir de inmediato a prestar la colaboración exigida por la Agencia o por los organismos con los cuales ésta coordina su acción.
A mi modo de ver, ese Título puede adolecer de problemas de constitucionalidad muy de fondo, porque la fundamentación que se entrega para asignar a la Agencia Nacional de Inteligencia tales actividades de carácter operativo es la seguridad interior del país.
La Carta Fundamental encomienda la función de resguardar la seguridad interior del país a órganos de carácter constitucional, que son dos: Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y lo hace de conformidad con el artículo 73, que otorga a los tribunales de justicia la atribución exclusiva de conocer e investigar los hechos delictuales o presuntamente delictuales. Sin embargo, aquí se está creando por ley un ente, la Agencia Nacional de Inteligencia, que, so pretexto de preservar la seguridad interior del Estado, podrá llevar a cabo operaciones que no le corresponden y que -según expresé- la Constitución entrega, en el marco de las facultades propias de los tribunales de justicia, a las instituciones policiales mencionadas.
Por lo tanto, estamos en presencia de un capítulo que, a mi modo de ver, adolece casi íntegramente de un problema de constitucionalidad al no respetar los órganos fundamentales mencionados, ni las funciones que les encomienda la Carta, ni las facultades de los tribunales de justicia en una materia especialmente delicada, porque asigna a la referida Agencia funciones policiales, operativas.
¿Quién podría saber, por ejemplo, que la Agencia de Inteligencia está interviniendo su teléfono? ¿En razón de qué causa criminal iniciada? ¿Cuál es su presunto delito para que, por la sola autorización de un juez, sin mediar ninguna denuncia, sin haber incoado proceso alguno y sin conocer ningún antecedente al respecto, se proceda a una intervención de tal índole?
Tales procedimientos no se ajustan al orden constitucional chileno.
En consecuencia, aunque votaré favorablemente la idea de legislar por estimar necesaria la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia, pienso que debemos actuar con especial cuidado en la revisión particular del proyecto, pues, más que un organismo de Inteligencia, podríamos estar creando una nueva institución policial en el país, con amplias facultades operativas en el ámbito de que se trata, para cuyo ejercicio sólo precisará la autorización de un juez, sin que exista -repito- ninguna denuncia ni acción penal iniciada en contra de un ciudadano, lo que considero inconstitucional.
Voto que sí.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , al igual que varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, creo que el proyecto que estamos votando constituye un avance en relación con lo que históricamente hemos tenido en esta materia. Y es bueno que el Senado de la República se haya abocado a este debate -debería haber sido un poco más amplio; espero que en el segundo informe podamos tenerlo-, porque se trata de un tema particularmente sensible, sobre todo en un ámbito que estuvo muy estigmatizado en Chile y en el resto de América Latina, por las experiencias dolorosas que sufrimos. Debemos recordar que en todos los países de esta parte de América se llegó a excesos que constituyeron evidentes atentados a la libertad individual, a la intimidad de las personas, en fin, a los derechos humanos.
Por consiguiente, es una materia muy sensible, y debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar los errores históricos en que incurrieron Chile y, especialmente, otros países de América Latina que sólo recientemente han regularizado esta situación.
El señor LARRAÍN .-
Y Europa Oriental.
El señor NÚÑEZ.-
Y Europa Oriental, que ya no existe. Así que no se preocupe tanto, señor Senador. Eso es ya parte del pasado. Y no estoy tratando de volver a él, sino pensando en el futuro.
En Brasil, la normativa sobre Inteligencia data sólo del 2001, y en Argentina, del 2002. Es decir, todos los países de América Latina -entiendo que también Perú- se han abocado a la tarea de crear una nueva legislación para regular la materia.
Me preocupan varias cosas de este proyecto, señor Presidente . Creo que avanza de manera sensible en cuanto a que por primera vez en Chile establecemos normas que definen con exactitud lo que entendemos por técnicas intrusivas y métodos encubiertos, que forman parte esencial de los sistemas de inteligencia y que en ciertas oportunidades van más allá de la ley; por eso, el hecho de regularlas ya es un avance importante.
Sin embargo, el Sistema Nacional de Inteligencia, que es un objetivo muy loable y que, naturalmente, apoyamos, no regula en forma adecuada la acción entre las distintas dependencias que operan en el ámbito de la Inteligencia en nuestro país. Porque, como muy bien lo dijo el Senador señor Gazmuri , en Chile funcionan a lo menos seis o siete servicios de Inteligencia, casi todos vinculados a las Fuerzas Armadas, uno a Carabineros, otro a Investigaciones, además de la DISPI, que depende del Ministerio del Interior. Considero que, al no regularse apropiadamente la acción entre esas instituciones, el establecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia podrían ser de papel. Porque si las instituciones no tienen cierta obligatoriedad de proporcionar los antecedentes necesarios para la seguridad, el orden, el resguardo de la soberanía de nuestro país y la prevención de delitos tan terribles como el terrorismo, podemos llegar a situaciones como la de Estados Unidos, país que disponía de mucha información pero de escasa acción entre sus organismos de Inteligencia. Y así se explica fundamentalmente lo ocurrido a las Torres Gemelas.
Estimo que el criterio adoptado respecto del control es acertado. Debemos discutir la posibilidad de que el Senado o una Comisión especial de él realice esa función, no con ánimo fiscalizador, pues ello no corresponde a esta Corporación en el ámbito constitucional. Estamos juramentados, contamos con las atribuciones pertinentes. Insisto: no se trata de fiscalizar, pero sí de controlar cada cierto tiempo a los servicios de inteligencia, tal como lo hace el Bundestag en Alemania, donde hay una comisión especial que fiscaliza, en el sentido más lato e importante del término.
En seguida, no advierto una separación institucional clara entre los servicios de inteligencia internos y externos, que son de naturaleza distinta. Ambos servicios -así lo entiendo-, aun cuando naturalmente se hallan relacionados, deben estar separados desde el punto de vista institucional. En la experiencia europea y en la de América Latina se han separado esos dos ámbitos.
Considero importante estudiar dicho punto, que -lo averigüé al buscar los antecedentes- no fue discutido en la Comisión respectiva.
Asimismo, el proyecto no tiene en cuenta algo que me parece relevante: la formación del personal especializado.
En los Servicios de Inteligencia, 80 por ciento del personal es especializado y 20 por ciento operativo. Ese 80 por ciento está conformado por historiadores, sociólogos, cientistas políticos, encargados de relaciones internacionales, etcétera. No hay una escuela. Argentina cuenta con la ENI (Escuela Nacional de Inteligencia), que tiene convenios con las universidades.
En consecuencia, sería muy bueno que, a propósito de este proyecto, nos preocupáramos de la formación del tipo de personal que requiere un servicio de inteligencia moderno, pensando en diez, quince, cincuenta años más. Porque actualmente no existe personal especializado, sino gente de un nivel de preparación media a inferior.
Por último, habría deseado que el proyecto nos indicara con mayor claridad el rango institucional del servicio en comento. En Argentina tiene nivel ministerial. Sería conveniente que en nuestro país consideráramos la factibilidad de otorgarle la mayor jerarquía posible en el ámbito institucional. Tal vez, como Subsecretaría a lo menos, formando parte de un aparato institucional suficientemente conocido por la población, de modo que esté dotado de la mayor transparencia posible.
Por las razones que expuse y con las aprensiones que indiqué, aparte las mencionadas por otros señores Senadores, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
A partir de este instante se tomará la votación en el orden correspondiente.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, deseo evitar confusiones respecto de los dos niveles de Información e Inteligencia de que estamos hablando.
En cuanto a la Agencia Nacional de Inteligencia, la verdad es que carecemos de experiencia en Chile. Es primera vez que enfocamos un tema de carácter estratégico. Las instituciones de la Defensa Nacional tienen sus organizaciones, que son muy antiguas. Las ramas de la Defensa siempre deben disponer de la información de carácter táctico en forma oportuna. Y aquí estamos hablando del problema estratégico, de la economía, de la educación, de la salud, de la seguridad nacional.
La seguridad nacional no sólo involucra a las organizaciones de la Defensa y a Carabineros de Chile; ésa es una seguridad puntual, coyuntural. Estamos hablando de la imagen que hoy día expresa una nación al mundo. Eso es seguridad: sus relaciones exteriores, su economía, sus organizaciones de desarrollo, su estabilidad política interna. Para mirar hacia delante en las tinieblas del futuro, necesitamos un bastón y, como no lo tenemos, requerimos de organizaciones de información, de inteligencia, como se llama la agencia cuya creación se propone. Y esta actividad no se superpone con la de las entidades coyunturales tácticas de las instituciones de la Defensa. Son distintas. Obviamente, se traslapan en algunos casos, porque a veces la inteligencia se topa con mucha información que le sirve al escalón superior de Gobierno.
Entonces, yo no quisiera confundir estos dos niveles de información, uno de los cuales es muy estratégico y muy teórico, de apoyo a las grandes decisiones, y no solamente relativas a narcotráfico, a terrorismo. Hay mucha información que necesita el Presidente de la República para tomar resoluciones, como las relativas a Iraq en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; o a determinaciones de países limítrofes y paralimítrofes; o a la destrucción de las Torres Gemelas, respecto de lo cual tuvo que disponerse una serie de medidas internas, no solamente de seguridad, sino también de carácter social y económico en el sistema aeronáutico nacional.
Por lo tanto, hay que separar las dos cosas al hablar de inteligencia nacional.
Hay aspectos puntuales en el proyecto, que mencioné anteriormente, que deberán revisarse a la luz de estos principios, sobre los cuales debe fundamentarse la agencia que se crea.
Voto a favor.
El señor ZURITA.-
Sin perjuicio de anunciar que votaré favorablemente, no puedo dejar de considerar lo que en su oportunidad informó la Excelentísima Corte Suprema. Complejo es el asunto, ya que si bien en votación dividida la mayoría de ella estuvo por declarar improcedente la ley, la minoría la estimó procedente, con la salvedad de defender los derechos de la ciudadanía.
En esas condiciones, voto a favor, no obstante lo que se pueda decidir en la discusión particular.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , parto por reiterar la petición que formulé en la sesión pasada que, aparentemente por un tema reglamentario, no fue posible sancionar. Solicité dar a conocer al Senado los nombres de los cerca de 104 funcionarios -con que, tengo entendido, cuenta la actual Dirección de Seguridad Pública- que pasarán a ser parte de la nómina del nuevo servicio. Ésa es la petición que formulé en la sesión pasada y me gustaría que hubiese pronunciamiento a su respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por estar en votación, no cabe resolver sobre ese planteamiento, pero puede reiterarse una vez que aquélla termine.
El señor ÁVILA.-
Está bien.
Señor Presidente , yo confieso prejuicios en esta materia. Desde luego, rechazo el concepto mismo. Pienso que ha sido usurpado de los claustros universitarios, de las comunidades científicas y de los círculos intelectuales. Además, nos llega emporcado por una historia reciente que nos plantea un conjunto de cuestionamientos muy serios desde el punto de vista ético. Yo no sé por qué tiene necesariamente que llamarse "Agencia Nacional de Inteligencia". Podría ser de "Astucia", por ejemplo, y tal vez estaría más acorde con las labores y prácticas que lleva a cabo.
Sin embargo, apartando la denominación, que por supuesto suscita reacciones encontradas, creo indispensable para cualquier país contar con una instancia que, a lo menos, coordine las actividades de esta índole que se encuentran dispersas, y muchas veces atomizadas, sin conexión alguna, en diferentes instancias del Estado.
El solo hecho de que haya una autoridad responsable que dé cuenta de lo que se está haciendo en este campo en las diversas instituciones facultadas para ello ya es un avance. Sin embargo, el análisis particular de las normas que contiene el proyecto plantea una serie de dudas que, confío, se irán disipando en la discusión específica que a este respecto se haga.
Mientras eso no ocurra ni se disponga de la información que he solicitado -que estimo fundamental por las razones que en su momento no tengo ninguna dificultad ni inconveniente de explicar al Honorable Senado-, me abstengo.
He dicho.
El señor CANESSA.-
En su oportunidad, usé de la palabra con el objeto de fundamentar mi aprobación a la idea de legislar. Sin embargo, la seriedad que requiere la elaboración de disposiciones legales relativas al funcionamiento de un servicio de inteligencia y las intervenciones que he escuchado me obligan a recalcar brevemente algunas cosas.
Hace poco alguien expresó que este servicio es de gran utilidad. Y yo estoy de acuerdo, siempre que se haga bien, que se organice acorde con el objetivo perseguido; pero será muy perjudicial si se hace mal. En este caso, no serviría para nada; lo único que podría generar sería mayor gasto fiscal.
Hasta este momento, son muy pocos los señores Senadores que han expresado para qué cosa podría ser adecuado este servicio. Han insistido mucho, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, en el cuidado que debe ponerse en que salvaguarde los derechos de las personas. Eso es muy importante. Sin embargo, pocos han insistido en cuanto a la labor sustantiva que debe cumplir. Tal como están las cosas, nos exponemos a crear un organismo sobre la base de normas cuya aplicación puede derivar en muchos perjuicios graves, como la restricción de la libertad de las personas, porque se trata más bien de un servicio que va a coartar los derechos de ellas y no va a servir para el objetivo que se pretende: la seguridad de la nación. Y ello se logra entregando al Jefe del Estado , a tiempo, los antecedentes que necesita.
Poco se ha insistido en que la organización de dicho servicio debe apuntar a obtener información de largo, mediano y corto plazo. Así podríamos estar atentos a los problemas que se presenten, a fin de prevenir los "incendios" y no, como hasta ahora, limitarse a apagarlos. Tal como se ha señalado aquí, sería sencillamente analizar las consecuencias de lo que sucede, sin que el Gobierno cuente oportunamente con la información requerida para tomar las medidas del caso.
Tampoco se ha insistido -reitero: no se ha insistido- en la necesidad de que el organismo que se crea comprenda todos los ámbitos referentes a la inteligencia nacional: la seguridad interior, la seguridad exterior, los asuntos económicos y los relativos a Defensa. Los aspectos de Defensa y de las Fuerzas Armadas, ubicados en segundo nivel, más abajo, proporcionan una parte muy pequeña dentro de todo el cúmulo de antecedentes que debe manejar el referido servicio.
Por lo tanto, estimo que si no se aclaran esos problemas, sólo se centralizará la información de inteligencia que obtienen los organismos concretos subordinados. Pero cosa diferente son las grandes conclusiones acerca de lo que interesa a la nación.
Es oportuno también recalcar en este momento la falta de un objetivo nacional. Porque la primera norma que ha de considerarse en materia de inteligencia es que ésta debe servir a un propósito, a una idea. De lo contrario, no se sabría para qué existe o qué se busca con ella, lo que es fundamental.
Aun cuando votaré favorablemente la idea de legislar, estimo relevante estudiar a fondo los problemas a que he aludido, y sin premura. Y no porque hayamos pasado mucho tiempo sin dicho servicio se trate ahora de crear apresuradamente una organización que carezca de toda utilidad.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , sin duda, aquí se configuran elementos de interés público, como la seguridad interna y externa, versus la libertad de las personas. Obviamente, ello implica un juego de intereses que no es simple y que debe ser bien resuelto.
Una agencia de inteligencia con espíritu de Estado, cuyo director sea nombrado de manera semejante a como se hace en el caso del Banco Central -esto es, con la anuencia del Senado- ya da una clara garantía. Asimismo -como se ha señalado-, el hecho de que coordina y sistematiza la información y no se crea como un organismo nuevo, también presenta bastantes ventajas. Es evidente que quien posee y maneja la información también tiene el poder. Y esto no es un tema menor.
Hay algunos aspectos puntuales que revisar; por ejemplo, lo que ocurre con la información marginal. A mi juicio, muchas de las materias mencionadas merecen ser explicitadas a través de indicaciones.
No deseo dejar pasar lo expresado por el Senador señor Valdés -presente en la Sala-, quien manifestó que si hubiese existido una agencia de inteligencia como la que se propone crear, no se habría producido lo ocurrido respecto de Laguna del Desierto. La verdad es que si se contrapone en una balanza la sagacidad del ex Presidente Menem y del Gobernador Kirchner -aspirante a ser Presidente del país vecino- con la ingenuidad del Presidente Aylwin y la ignorancia de los chilenos, no se requiere una agencia de inteligencia para resolver un problema de esa naturaleza.
Me parece que la presentación de algunas indicaciones permitirá mejorar el proyecto.
Voto que sí.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , me pronunciaré afirmativamente en general, porque creo inevitable la existencia de este tipo de actividades en cualquier país. Y es preferible que ellas estén reguladas a que no lo estén.
Sin embargo, para mi gusto, es un mal proyecto. Establece normas extremadamente riesgosas para las libertades individuales, para la privacidad y para la intimidad de las personas; otorga exceso de atribuciones; no se disponen controles adecuados ni eficaces. Por lo tanto, abre numerosas interrogantes y dudas. Sin embargo, prefiero abocarme a la regulación de las instituciones que se crean, generando mecanismos de control jurídico que permitan restablecer situaciones personales que puedan verse afectadas por ellas, a que no existan por no estar regladas.
En ese contexto, voto que sí.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , creo que la mayor parte de los países debe contar con un sistema de inteligencia para su desarrollo, y especialmente Chile, cuya economía es muy abierta. En efecto, sus aduanas, sus contactos sociales y políticos, su afán de buscar mayor integración, nos indican la necesidad de buenos organismos de inteligencia, a fin de prevenir situaciones que puedan afectar esos intereses.
Sin embargo, tengo dudas en ciertos aspectos particulares.
Voy a votarlo favorablemente; pero espero formular algunas indicaciones, para que la gente no se sienta atemorizada con las acciones que pueda realizar un organismo de inteligencia y que, por el contrario, éste brinde tranquilidad, respaldo y, por cierto, confianza.
Por eso, hay que buscar un equilibrio, desechando la posibilidad de que, por cualquier razón, se atente contra la tranquilidad y seguridad de las personas. A mi juicio, es necesario que el país -sea cual fuere el Gobierno que dirija su destino- cuente con un servicio como el que se plantea en esta ocasión. Sin embargo -repito-, es preciso mejorar algunos aspectos para que sirva con eficacia y no produzca temor, sino confianza.
Durante la discusión particular, espero formular algunas indicaciones que traduzcan estas ideas.
Voto que sí.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , voto a favor, pero me sumo a las aprensiones planteadas por el Presidente de la Comisión de Defensa el Senador señor Fernando Flores .
Creo que los más interesados y de mayor competencia en el tema tendrán mucho que hacer por la vía de las indicaciones.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , voy a votar en contra porque estimo que las observaciones y los reparos que se han planteado son tan contundentes, que no me gustaría que el proyecto fuera aprobado en forma unánime.
Considero importante que exista un sistema de inteligencia destinado a producir un conocimiento útil para asesorar en sus decisiones al Presidente de la República , tal como se señala en la definición de inteligencia para los efectos de esta iniciativa. Y también juzgo importante que se establezcan mecanismos de control a las distintas entidades que realizan inteligencia o poseen atribuciones relacionadas con la seguridad del país, sea interna o externa. Pero me parece que el proyecto va mucho más allá de estos dos temas al crear un ente que, en mi opinión, excede con largueza el propósito de coordinar un conjunto de acciones, así como el de entregar información útil al Presidente de la República .
Desde luego, pienso que la Agencia Nacional de Inteligencia que se crea va a contribuir a generar diversos problemas dentro del ámbito de sus atribuciones, que son muy amplias. A mi juicio, las facultades que se le otorgan realmente abren la posibilidad a una serie de atentados a la libertad y a los derechos de las personas. Entre sus funciones se menciona la de requerir de los demás organismos de inteligencia "la información que sea del ámbito de responsabilidad de estas instituciones y toda información residual de que tuvieren conocimiento", de manera que la entidad va a manejar una información que en realidad no debería tener. Cuando en los procesos de inteligencia se capta la información llamada "residual", la gran mayoría de las veces esa información dice relación a la vida privada de las personas y a hechos que nada tienen que ver con inteligencia. Se trata de datos que en cualquier sistema se descartan o se impide que se usen. Sin embargo, nosotros estamos creando una agencia cuyo objeto será recopilar "toda información residual".
Otra de las funciones de la entidad será la de requerir de los servicios de la Administración del Estado todos los antecedentes e informes que estime necesarios. Y más adelante, en el título V, "De los procedimientos especiales de obtención de información", se le dan, tal como indicó el Senador señor Chadwick , atribuciones operativas.
O sea, aquí se está creando una especie de supraorganismo de inteligencia con funciones operativas, lo cual rebasa con mucho los propósitos que la gran mayoría de los Senadores estiman necesarios de regular por la vía de una ley, como son los de consagrar un sistema, efectuar una coordinación y establecer controles.
Por lo tanto, dada la forma particular como este proyecto responde a las necesidades planteadas -vale decir, contar con un sistema y un control sobre las actividades-, creando un organismo que en la práctica se va a superponer a otros con funciones claramente establecidas, y que, contrariamente a lo expresado, tendrá facultades operativas, voto en contra de la idea de legislar.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, me parece que la naturaleza del tema hace indispensable que uno haya alcanzado un estado de plena conciencia y seguridad al momento de adoptar una decisión.
En la sesión anterior formulé algunas preguntas a los señores miembros de la Comisión que no han encontrado respuesta. Y, del mismo modo, planteé reservas en el terreno de la constitucionalidad que no sólo no he visto satisfechas en el curso del debate, sino que, por el contrario, se han acentuado con las intervenciones de diversos señores Senadores.
Hubiese preferido que en la preparación de este proyecto hubiéramos utilizado todo el tiempo necesario para lograr realmente fórmulas satisfactorias al momento de votarlo en general.
Por eso, admitiendo la conveniencia de continuar el esfuerzo que se viene realizando en el terreno legislativo -al que, por cierto, vamos a contribuir a través de indicaciones-, no puedo concurrir con mi voto favorable a la idea de legislar.
Me abstengo.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , me habría gustado que el debate sobre este proyecto -que seguí con bastante atención- hubiese sido mucho más amplio.
Creo que varias interrogantes han quedado sin respuesta en las dos sesiones en que la iniciativa ha sido tratada. Y me preocupa que ésta se apruebe en general, pues la mayoría de las materias que ayudarían a mejorarla a través de indicaciones son de competencia exclusiva del Presidente de la República . Por lo tanto, era necesario un espacio más extenso para buscar acuerdos y consensos en un asunto que, ciertamente, es de real importancia.
Me inquietan algunas normas que, aun con muchos resguardos, afectan los derechos individuales de las personas.
Es cierto que se prevé la participación de un Ministro de Corte de Apelaciones , quien deberá prestar su autorización para que puedan llevarse a cabo procedimientos especiales. Sin embargo, me preocupa que estos procedimientos no se vayan a ceñir estrictamente a dicha autorización.
A mi juicio, los mecanismos de control que se plantean resultan absolutamente insuficientes. Una comisión de la Cámara de Diputados, la propia Contraloría General de la República, ¿qué capacidad tienen para conocer la forma como está operando un servicio de inteligencia, para saber si está interviniendo con autorización o sin ella?
Un señor Senador bastante interiorizado en el tema -porque forma parte de la Comisión de Defensa y viene de la Cámara de Diputados- indicó que tales organismos existen actualmente en Chile, que funcionan y que hacen todas estas cosas. Entonces, si hoy se siguen haciendo, a pesar de una ley que las impide -aun cuando no tenemos cómo comprobarlo-, la pregunta es qué pasará mañana cuando los servicios de inteligencia -que, como digo, existen, pero a los cuales se les está dando una forma legal distinta- puedan desarrollar acciones de ese tipo autorizados por una ley.
A mí, señor Presidente , más que el terrorismo internacional me preocupan los derechos de las personas. Es verdad que el terrorismo internacional es una realidad, pero las respuestas que se han dado a través de medidas punitivas, como las utilizadas por Estados Unidos, no producen ningún efecto, tal como la prensa de hoy se ha encargado de destacarlo.
El terrorismo existe y posee capacidad económica y tecnológica para desarrollar acciones muy difíciles de prever y para atacar en lugares imposibles de determinar previamente por los propios mecanismos de inteligencia.
Por lo tanto, la preocupación debiera centrarse en la coordinación. Si existen en el país distintos organismos de inteligencia -de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones-, no parece razonable que el Gobierno no posea por lo menos capacidad para coordinarlos. Por consiguiente, ésa es una tarea que debe encomendarse al Ministerio de Defensa Nacional, y no creo que sea preciso una ley para ello. En mi opinión, esa Secretaría de Estado cuenta con atribuciones como para llevar adelante tal labor.
Por lo tanto, la otra inteligencia de la cual estamos hablando, de cómo habilitar al Presidente de la República para la toma de grandes decisiones, cómo dotarlo de la información adecuada, pienso que también puede efectuarse sin necesidad de crear la Agencia Nacional de Inteligencia con la estructura que se le pretende dar en el proyecto.
Pero lo que más me preocupa, señor Presidente , es que tengamos que discutir el proyecto con urgencia, sin siquiera haber realizado un debate a fondo, y debamos tomar una decisión existiendo tantas interrogantes.
Me voy a abstener, aun cuando un señor Senador me está soplando que hay que confiar. Muchas veces he hecho fe en la información que proporcionan al Parlamento algunos señores que dicen saber mucho; sin embargo, después los hechos nos han demostrado que no sabían tanto.
En mi opinión, cuando el Senado debe tomar una decisión en una materia tan relevante, debe hacerlo sin urgencia para resolver bien. Normalmente, en los asuntos que hemos atendido con mucha premura la decisión adoptada no ha sido buena.
Por lo tanto, señor Presidente, me abstendré de entregar mi respaldo a la iniciativa en debate.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , después de escuchar las observaciones formuladas por el Senador señor Espina , me voy a abstener. Y lo haré estando consciente de que es absolutamente necesario contar con un cuerpo legal que permita controlar las actividades terroristas y proteger la seguridad del Estado.
También estoy consciente de que cuando uno vota en general un proyecto queda la posibilidad de introducirle modificaciones en la discusión particular. Pero en algunas oportunidades lo particular es de tal fuerza, de tal naturaleza y de tal impronta en lo que es el alma máter de la iniciativa, que si uno no tiene la seguridad de que esa materia pueda ser cambiada, acaba siendo atrapado en la propia lógica del Reglamento del Senado -donde uno se apoya en general, sin caer en lo particular- y, en definitiva, termina aprobando lo que no desea.
Entonces, en el fondo, sobre todo respecto de algunos artículos (sólo tenemos unos cuantos minutos para pronunciarnos), la gran duda que hay -y este debate se ha efectuado desde hace muchos años en el Senado y también entra en él la filosofía de la política- se refiere a qué está primero: si la autoridad, el derecho y la obligación de los estamentos del Estado de manejar las cosas de forma que sirvan al bien común, aun a riesgo de lo que es la seguridad de la libertad, o la libertad, que debe ser garantizada de tal manera que nunca la autoridad pueda ser ilegitimada si acaso no se aprueba de manera razonable la garantía de esa libertad.
Los artículos 24 y 25, aun con las modificaciones y prevenciones que figuran en los artículos 33 al 36, no me parecen suficientes para votar favorablemente el proyecto.
No quiero una institucionalidad en que la sola voluntad de un juez permita hacer todas las cosas que se autorizan en los artículos 24 y 25, desde la letra a) a la d) del último. No sólo la teoría, sino que la experiencia histórica del país, demuestra que ningún Gobierno -incluso aquellos en los cuales yo pueda haber participado- queda libre en un momento determinado de la falta de criterio de alguna persona de menor cuantía, o puede quedar fuera y libre de esa vieja tentación de la concupiscencia del poder, que lo lleva a mirar el poder de manera diferente cuando se está en él o cuando se está fuera de él.
El Senado ha tenido, no a propósito de situaciones como ésta, sino muy diferentes pero de similar naturaleza, debates precisamente sobre la disyuntiva de que la autoridad pueda sobrepasarse y atropellar el derecho de las personas, versus la necesidad de dictar normas constrictivas. Y en la historia política que he conocido en el país siempre me he quedado con la necesidad de resguardar primero esa libertad.
Algunos señores Senadores podrán pensar que éste es un tema ajeno a lo que estamos discutiendo y que tal vez deberíamos referirnos, según se señala, sólo al texto del proyecto. Pero, con franqueza, veo con alegría que en el último tiempo se está aceptando en la Corporación que algunos debates vayan más al fondo de la cuestión, y no se queden sólo en la letra de ella.
Porque no tengo la certeza de que podamos cambiar estos artículos, no estoy dispuesto -no sólo en teoría, sino en la práctica- a entregar a ningún Gobierno que venga después, cualquiera que sea su signo, este tipo de autorizaciones que violentan la libertad personal, con muy pocos resguardos para quien debe dar la autorización. Por esa razón me voy a abstener.
Se podrá decir que en la discusión particular podremos cambiar el texto. He hecho algunas consultas. También es válido el argumento dado por el Honorable señor Ruiz en el sentido de que aquí las iniciativas provienen del Ejecutivo. Pero no he visto la posibilidad de discutir más a fondo si eso se puede hacer o no.
Entonces, como una manera de demostrar que existen resguardos en el Senado para este tipo de votaciones, me abstendré de pronunciarme, sin perjuicio de todo lo que podamos contribuir sobre esta línea en el debate en particular.
Me abstengo.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, confieso que el proyecto, en principio, nunca me ha gustado.
Por lo demás, no es primera vez que se plantea en Chile una cuestión de esta índole. Recuerdo que durante el Gobierno del señor González Videla una comisión reorganizadora, de la que tuve el honor de formar parte, suprimió un servicio so pretexto, entre otras cosas, de que se estaba pretendiendo dedicar a esta materia. Y fue precisamente suprimido.
Durante la Administración del señor Frei Montalva tuve, a la vez, la honra de presidir una comisión de racionalización de la Administración del Estado, de la cual algunos señores Senadores presentes también formaron parte en aquella época. Y recordarán, sin duda, que algunos de los jóvenes miembros de esa comisión quisieron tener la iniciativa de crear una entidad de esta naturaleza, y se les imputó que estaban tal vez tratando de trasplantar a Chile concepciones del neofascismo alemán. En consecuencia, el entonces Presidente Frei Montalva rechazó categóricamente la idea.
En seguida, hemos asistido a uno de los debates que me atrevería a calificar tal vez como el más paradójico e insólito que he escuchado en el seno de esta Corporación. Lo único que he oído son calificaciones que van desde la inconstitucionalidad, que formula nada menos que el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, cuyas dudas podría decir que comparto, hasta las de quienes sostienen que todo lo que aquí se plantea es profundamente malo. Y, no obstante todo lo mala que encuentran la iniciativa, como se ha señalado, votarán a favor de la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Me pregunto, señor Presidente , ¿acaso no es esto paradójico? ¿Para qué votar a favor algo que es tan malo? ¿Acaso los señores Senadores creen tener la pretensión de enmendarlo cuando vuelva en segundo trámite a Comisión?
Por otra parte, -cuál sería el daño que se provocaría si se rechazara la idea de legislar, en circunstancias de que todos han reconocido que existe un sinnúmero de entidades de esta índole que están funcionando, y que, por lo tanto -pienso en forma muy humilde-, no se perjudicarán en absoluto si esto se rechaza precisamente para que se estudie con mayor detenimiento, serenidad y sensatez? ¿Podrán hacerlo las Comisiones del Senado si hoy en día se hallan atiborradas de proyectos con urgencias calificadas de "suma", como consecuencia del imperio justificado de los requerimientos de modernización? Me parece, sinceramente, que vamos a perder el tiempo y que no se enmendará nada.
Por otro lado, no quiero dejar pasar una imputación que, a mi juicio, descomedidamente se ha hecho en contra de mi distinguido amigo el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin . La existencia de un servicio de esta índole en nada habría contribuido a mejorar lo que aquí se critica, más bien por razones de tipo fundamentalista que por conocimiento de la realidad. Si se tuviera presente que precisamente aquel fallo invocó, entre otras cosas, un mapa elaborado por el Instituto Geográfico Militar de Chile y las opiniones de un destacado historiador de nuestro país, se podría considerar que, en realidad, ese arbitraje adverso de tres votos contra dos, que significó perder Laguna del Desierto, no estuvo lejos de la fundamentación razonable. Y pienso que ese resultado no lo habría revertido un servicio como el que se pretende crear ahora.
En suma, todo se está dando en tales condiciones que, desde mi punto de vista, si queremos actuar razonablemente -es lo que haré- debe rechazarse la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor VIERA-GALLO.-
¿Puedo fundamentar el mío, señor Presidente?
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
No, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, le pido que recabe el asentimiento de la Sala para hacerlo.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado?
El señor LARRAÍN.-
Por supuesto, señor Presidente.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Su Señoría puede hacerlo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , en la sesión anterior, me correspondió intervenir sobre esta materia cuando en la Sala quedaban muy pocos señores Senadores. No repetiré lo mismo que señalé en esa oportunidad, porque supongo que Sus Señorías han leído la versión correspondiente.
Me sorprende cierto grado de prejuicio que noto en mis Honorables colegas más afines respecto del proyecto. Porque aquí no se trata de crear nada. Esto ya existe. Don Gustavo Villalobos es el Director de Seguridad Pública e Inteligencia desde que se votó por la creación de tal organismo.
Repito, no se trata de crear algo nuevo. Partamos por eso. Obviamente, tampoco se pretende formar un servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Carabineros ni de Investigaciones , pues ya los tienen.
La vez anterior enuncié la cantidad de abusos que esos servicios -no el que dirige don Gustavo Villalobos , sino los de Investigaciones, Carabineros y las Fuerzas Armadas, especialmente el DINE-, han cometido en democracia, por no haber legislación. Eso fue reconocido por la Cámara de Diputados, unánimemente.
En consecuencia, aquí no se trata de crear algo inexistente, sino de establecer una regulación adecuada a una función que ya se realiza. No es que se puedan crear nuevos abusos. Éstos se cometen, porque no hay legislación ni control suficientes.
Actualmente, no tenemos una reglamentación adecuada que permita distinguir entre inteligencia policial e inteligencia política. Por eso, Carabineros e Investigaciones realiza esta última. Tampoco se sabe con claridad qué se hace con la inteligencia residual que las Fuerzas Armadas obtienen en sus funciones de contrainteligencia. Todos sabemos lo que puede suceder con ella. No se trata de espantarse por algo que pudiera surgir de la nada. Hay que abrir los ojos y entender qué es lo que existe en la materia.
No cabe duda de que el proyecto adolece de muchos defectos -como dice el Honorable señor Silva - pero peor sería que no hubiera iniciativa. A diferencia de tal señor Senador, confío en que la Sala sea capaz de rectificar esos errores, porque quienes han apuntado a sus deficiencias -que son coincidentes- provienen de todas las bancadas.
El Honorable señor Larraín señaló que el artículo 32 debe ser eliminado, lo que yo también sostuve en la sesión anterior, pues estimo que no corresponde a una legislación democrática. Se ha dicho que el control de la Cámara de Diputados no es adecuado, también lo manifesté. Entonces, hay más consenso del que parece.
Por eso, si regulamos adecuadamente las cosas, con esta iniciativa damos un paso en favor de la libertad y del resguardo de los derechos de las personas. Y me parece que podemos perfeccionarlo y alcanzar los acuerdos necesarios.
Por lo tanto, voto que sí.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Coloma, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Novoa y Silva.
Se abstuvieron los Senadores Ávila, Matthei, Parra, Ruiz (don José) y Ruiz-Esquide.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para otorgar la palabra al señor Subsecretario ?
Acordado.
El señor CORREA (Subsecretario del Interior).-
Gracias, señor Presidente.
Sólo deseo agradecer y expresar la satisfacción del Gobierno por la aprobación en general del proyecto.
Respecto de la aprensiones más sustantivas sobre la iniciativa, quiero destacar que el fin último por el cual el Ejecutivo la presentó no es la seguridad, porque jamás ésta podría ser el último fin de algo. Si la seguridad representa un valor, es porque constituye la mejor garantía en el ejercicio de la libertad y los derechos. Entonces, cabe preguntar hasta qué punto necesitamos un sistema de inteligencia para precavernos de atentados que, precisamente, tienden a producir y producen las limitaciones en el ejercicio de las libertades, entre ellas, la de la propia seguridad individual y de la intimidad.
Delitos como el terrorismo y el crimen organizado son precisamente atentatorios, en la práctica, del ejercicio de libertades y derechos, y eso hace indispensable la restricción de la libertad. Si ésta última fuese el único valor, ninguna norma que la regulara o la restringiera podría ser legítima.
Señor Presidente, en esa filosofía fue presentado el proyecto. Naturalmente, el Ejecutivo está abierto a todos los perfeccionamientos que se le puedan hacer, para que el resguardo de la seguridad permita garantizar de mejor forma la libertad, con la eficacia del caso.
Deseo referirme a algunas cuestiones que, a mi juicio, han sido mal analizadas en la discusión y que podrían llevar a la presentación de indicaciones innecesarias.
Respecto del artículo 32 -mencionado como erróneo, por otorgar a la Agencia Nacional de Inteligencia la facultad de exigir la entrega de información-, debo destacar que dicho precepto cumple con dos resguardos. Primero, esa información no es pedida por la Agencia, sino por un Ministro de la Corte de Apelaciones a solicitud del órgano de inteligencia, siempre que resulte indispensable para los fines que se señalan en el artículo 24. Por supuesto que el citado Ministro evaluará si el requerimiento se justifica plenamente.
Segundo, la investigación correspondiente queda sujeta al control y a la información permanente del Ministro de Corte . A diferencia de lo que señaló el Honorable señor Valdés , hay un control permanente por parte de ese magistrado, según lo dispone el artículo 30.
Asimismo, se establece una obligación de compartir la información, que es una cuestión observada por el Senador señor Núñez . Eso está en la letra c) del artículo 8º.
Respecto de la información residual a que se aludió en varias oportunidades, sin perjuicio de los perfeccionamientos que se puedan hacer, debo decir que tanto la información principal como la residual son secretas y su develación implica graves sanciones, particularmente cuando se hace por objetivos políticos o de lucro.
Por último, señor Presidente , no puedo sino referirme al tema de la constitucionalidad del proyecto.
La normativa no entrega facultades policiales de ninguna especie a esta Agencia y, por tanto, no vulnera en ese sentido la Constitución Política. Lo que hace es recopilar inteligencia. Y cuando estima estrictamente indispensable lo realiza solo respecto de dos materias: el crimen internacional organizado y el delito de narcotráfico. Debe pedir autorización a un Ministro de Corte . Además, no es su función recopilar esos antecedentes ni hacer actividad intrusiva. Ésta tiene que ser llevada a cabo exclusivamente por las policías, como señala de manera taxativa el artículo 28.
Me parece importante hacer estas aclaraciones, más allá del agradecimiento inicial, para que en la discusión particular se considere que ya varias de las aprensiones aquí manifestadas están contenidas en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará el 30 de junio como plazo para presentar indicaciones.
--Así se acuerda.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
VII. INCIDENTES
El señor ÁVILA.-
Una vez más quedó pendiente...
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , que no se repita lo de la sesión pasada, en donde también en situación similar, se...
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio que Su Señoría ha solicitado.
El señor ÁVILA.-
¡Muchas gracias!
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Se les dará curso, en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Salud , sobre MEDIDAS PARA BAJAR ÍNDICES DE SUICIDIOS EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL Y CONTROL DE CASOS DE SIDA EN CALAMA y tocante a DÉFICIT DE MÉDICOS EN CONSULTORIOS DE ANTOFAGASTA.
A la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado , acerca de PROCESOS JUDICIALES A EX ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE CALAMA.
Al señor Director Regional de Aguas de Antofagasta , con relación a RECONOCIMIENTO DE DOÑA AURORA BAUTISTA COMO MIEMBRO DE COMUNIDAD DE AGUAS DE CHIU CHIU.
A la señora alcaldesa de Sierra Gorda , relativo a PAGO A PERSONA QUE INDICA POR TRABAJOS REALIZADOS EN MUNICIPIO.
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Justicia , acerca de EVENTUAL CIERRE DE CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN COLLIPULLI.
Al señor Ministro de Obras Públicas , atinente a POSTERGACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE VADO BUENOS AIRES, COMUNA DE ANGOL.
Al señor Ministro de Agricultura , tocante a DISMINUCIÓN DE REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS DE CONAF POR ATRASO DE INFORME FINAL DE GESTIÓN.
Al señor Director Nacional de la Policía de Investigaciones de Chile , concerniente a ASIGNACIÓN POLICIAL PARA FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIONES.
Al señor Director Regional de Vialidad de la Novena Región , relativo a RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SECTOR BAJO LLEUQUE, COMUNA DE VILCÚN.
Del señor GARCÍA:
Al señor Director Nacional de Vialidad , acerca de REINSTALACIÓN DE PASARELA SOBRE RUTA 5 SUR EN SECTOR DE CAJÓN (Novena Región).
De los señores HORVATH y RUIZ (don José):
A los señores Ministros de Defensa Nacional y de Obras Públicas, al señor Comandante en Jefe del Ejército , a los señores Comandantes del Comando de Ingenieros del Ejército y del Cuerpo Militar del Trabajo, y a los señores Intendentes de las Regiones Undécima y Duodécima, respecto a POSIBLE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS EN CAMINO PUERTO NATALES-FIORDO STAINES.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro del Interior, sobre BECAS "PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA" EN 2002 Y 2003.
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas , tocante a ALCANTARILLADO EN SECTOR LA PALMA, COMUNA DE SAN FERNANDO.
Al mismo señor Ministro y al señor Intendente de la Sexta Región , acerca de CONSTRUCCIÓN DE CAMINO I-45 A I-309 EN SECTOR AGUA BUENA, COMUNA DE SAN FERNANDO.
Al señor Intendente de la Sexta Región , al señor Gobernador de la provincia de Cachapoal y al señor alcalde de Malloa , concerniente a TRANSPORTE DE NIÑOS DESDE SECTOR SANTA INÉS CERRO A ESCUELA DE MALLOA.
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Justicia , sobre NECESIDAD DE ANEXO CÁRCEL EN LOS MUERMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA PROCESAL PENAL.
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El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Institucionales 2 e Independiente, ofrezco la palabra.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , solicité al Comité Institucionales 2 la cesión de dos minutos de su tiempo, a lo cual accedió.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
RECHAZO A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR VIERA-GALLO SOBRE ABUSOS DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el Senador señor Viera-Gallo hizo una grave acusación en contra de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Sobre el particular, manifestó claramente en la sesión de hoy que tales organismos habían incurrido en notables y notorios abusos durante todo este periodo.
Deseo que el señor Senador fundamente sus dichos, ya que para eso está la justicia. Si alguien en Chile se ve afectado por una situación de este tipo, debe recurrir a los tribunales. Sin embargo, tal tipo de planteamientos "al voleo", no me parece serio ni conducente.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Institucionales 2 e Independiente nadie hará uso de la palabra.
El turno siguiente pertenece al Comité Mixto, Partido Por la Democracia.
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El señor CORREA ( Subsecretario del Interior ).-
Señor Presidente , si se va a solicitar el envío del listado de los agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia, quiero pedir que ese asunto sea tratado como información secreta.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Anticipo al señor Subsecretario que el oficio se enviará solamente en nombre del Honorable señor Ávila . La autoridad que lo reciba verá qué respuesta le da.
Además, no se enviará en nombre del Senado. Se trata de una petición que formuló el Senador señor Ávila en la hora de Incidentes.
El señor ÁVILA.-
¿Ya habíamos pasado a la hora de Incidentes?
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Exactamente, señor Senador.
El Orden del Día terminó a las 18:30; se prorrogó sólo para efectos de concluir la votación.
El señor ÁVILA.-
¡Fue una sutileza increíble!
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El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
En Incidentes, tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor PARRA.-
¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Con el mayor agrado.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Parra.
El señor PARRA.-
Señor Presidente , solicito autorización para que la Comisión de Trabajo y Previsión social pueda sesionar paralelamente con la Sala a partir de las 19.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para lo planteado por Su Señoría?
--Se accede.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Mixto Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
REFLEXIONES ACERCA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD CHILENA. OFICIO
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , intervendré en esta oportunidad para referirme a los acontecimientos que el país ha venido conociendo en forma periódica y sistemática. Se trata del análisis de un conjunto de meditaciones sobre una materia que, evidentemente, tiene mucho que ver con el desarrollo del país.
Los hechos que en la actualidad preocupan permanentemente a la nación en alguna medida constituyen una reedición de algo que ya ha pasado muchas veces en la historia de Chile por algunos defectos de nuestra idiosincrasia, que no entraré a analizar.
Con la economía del siglo XIX, durante las primeras lecciones de profesores europeos, tuvimos que aceptar en el país el liberalismo manchesteriano. Es decir, Chile -país sumergido en el sueño colonial- se abrió al mundo para competir con el capitalismo avanzado de entonces, llevado por el entusiasmo que siempre tenemos por las ideas que llegan de fuera.
En esta misma línea de entusiasmo -lo que a veces nos cuesta muy caro-, quiero recordar, por ejemplo, que en el siglo XIX el país se farreó el excedente de la riqueza salitrera, demostración que me ahorra entrar en mayores profundidades.
En el siglo XX no lo hicimos mejor. Las corrientes de moda europeas, como el fascismo, el comunismo, tuvieron entre nosotros grandes adeptos. También nos dio por imitar la dictadura de la seguridad nacional implementada entonces por Estados Unidos en Latinoamérica, para que luego la gran potencia del norte la desechara por sus evidentes fracasos en Argentina, Nicaragua, África, Asia, etcétera.
Como herencia de nuestra versión, nos quedaron los neoliberales, o más bien dicho, neoconservadores, en materia económica.
Se advirtió reiteradamente que el modelo basado en la exportación de materias primas pronto llegaría a un estancamiento. Tal como en 1982, culparon a la recesión internacional, primero la asiática, y luego, la de hoy en día.
Nadie duda que estos hechos, en una economía tan abierta como la chilena, son sumamente importantes, pero no impedirían que políticas económicas más flexibles y menos dogmáticas permitiesen atenuar los efectos internacionales. Pero eso es rechazado violentamente por el "establishment" predominante, que incluso acoquina e impide reaccionar en estos mismos instantes.
Se culpó mucho al Ministro de Hacienda de la época y al Banco Central por el hoy indiscutido error cometido al enfrentar la crisis asiática; pero se olvida decir que habría sido imposible aplicar una política mejor, porque habría recibido el embate furibundo de los medios de información y de los únicos economistas que opinan en Chile y que, curiosamente, son todos neoliberales. Los pocos que no lo son tienen que ser muy moderados, porque si no, reciben el fuerte aluvión de ataques conjuntos de las cúpulas empresariales, de los partidos y de los medios de información, todos de tendencia muy cercana.
¡Ay del que se atreva a desafiar a estos poderes que un político de centroderecha llamó acertadamente "fácticos! Pero, por si fuera poco, con el empantanamiento económico-social, entregado exclusivamente a un mejoramiento internacional en lo interno, se cumplió inexorablemente lo pronosticado tan tempranamente: la asunción al mando de la nación por el Presidente Lagos en marzo de 2000. Digan lo que digan, la lucha por el Poder se restableció en Chile a raíz del estrecho resultado de la elección presidencial.
Por primera vez la Derecha contempló la tierra prometida. Pero, al igual que al pueblo judío, le fue negada la entrada a ella. Porque ya no sólo después del triunfo del Presidente Lagos se abría la posibilidad de la victoria para la Derecha, sino que su candidato por primera vez aparecía favorito para la próxima contienda.
Todos han dicho que no están en función de los próximos comicios presidenciales, porque se encuentran muy lejanos. Pero ello, obviamente, no es así. Se sabe que no se puede ir al enfrentamiento directo, porque el país todavía no se ha curado del espanto de las décadas del 70 y del 80.
Y, entonces, no está claro si por casualidad o por haber sido planeado por ciertos sectores del país, se produce este estallido de mezcla de prensa y de judialización de la política, en que aparece una combinación muy curiosa de elementos donde finalmente la corrupción misma es muy menor, pero las irregularidades administrativas, bastante "gordas".
En esto quiero ser muy claro: lo que hasta aquí se investiga no pasa más allá de lo señalado. Pero, además de la implicancia del nuevo poder prensa-opinión pública-judialización de la política, es obvio que hay una tendencia hacia la corrupción que obliga a actuar con tremenda dureza antes que se expanda y amenace de verdad al país.
Ello ha provocado una reacción muy fuerte en la opinión pública, azuzada por los medios de información, y que, en general, es buena, pero siempre que se dirija hacia donde realmente están los verdaderos focos de corrupción y no se intente sacar un provecho, ya sea político, ya sea sensacionalista, ya sea incluso atentatorio -hay ciertos asomos de eso-, en contra de la institucionalidad.
Por ejemplo, no cabe la menor duda -y es una experiencia diaria de todos los que tenemos contacto con ese mundo- de que en las municipalidades hay un fermento grave al que debe prestarse rápida atención, porque los organismos fiscalizadores están absolutamente superados y sólo en las comunas grandes y ricas se produce información periodística. Pero también en la Administración Pública y en la propia empresa privada hay un problema serio que abordar ahora, mientras sea tiempo, y que asimismo causa un impacto en la esfera política.
Para demostrar lo señalado, veamos las tres situaciones más notorias que se están ventilando en los tribunales.
En primer término, cabe mencionar el llamado "caso coimas", que ha llevado al desafuero de cinco Parlamentarios de la Concertación. Resulta indiscutible que en el Ministerio de Transportes, y especialmente en torno de las plantas de revisión técnica, existe un problema de corrupción pública y privada. Un empresario particular acusado de delitos en esta materia hace una denuncia en un semanario de Oposición, se pide el mencionado desafuero y los medios de información inician una fuerte campaña, con gran respaldo de la opinión pública.
Al respecto, algunos comentarios. Primero, se ha demostrado el fracaso del sistema inventado por la Constitución de 1925, y seguido por la de 1980, para el desafuero de Parlamentarios.
Recordemos que hasta 1925 los desafueros los resolvían las propias Cámaras, lo cual cayó en el más profundo desprestigio. Se pasó a las Cortes de Apelaciones, sin que hasta aquí hubiera habido ningún grave problema. Entonces, las instituciones funcionaron, como dice una frase común. Pero la verdad es que ello sólo se prueba en los juicios y no en la normalidad.
Con todo respeto al Poder Judicial , sin embargo, queda la impresión de que no se pudo resistir un conjunto de factores, mas, principalmente, la novedad de la alianza de poder de los medios de información con la opinión pública, ambos influenciados recíprocamente, y que ya sacudió al mundo, pero que, como de costumbre, llegó tardíamente a Chile.
El defecto que asomó en la institución del desafuero, en este caso, es evidente. Ni en dictadura ni en democracia ese procedimiento defiende a los Parlamentarios. Porque en ninguna dictadura puede existir un Poder Judicial independiente. Si para algo se hacen las dictaduras es, justamente, para que no haya Poderes independientes del Ejecutivo. Y en democracia resulta absurdo que un Parlamentario quede suspendido para que se le investigue, lo que no le ocurre a ningún ciudadano. Lo lógico es que se le investigue y que sólo se le suspenda si el cargo de que se lo acusa, de ser condenado, le hace perder su investidura.
En el Senado vimos que uno de sus miembros estuvo largos años suspendido de sus funciones, para finalmente ser condenado a una pena que no le hacía perder su investidura parlamentaria.
Lo mismo puede ocurrir con todos los que hoy día están desaforados. Pero nadie se atreve a tomar el único camino posible: modificar una institución que frente a la crisis se demostró ineficiente.
Segundo, en el llamado "caso coimas" apareció la conexión espantosa que en nuestro país existe entre la empresa privada y las campañas políticas. Por aquello que se acusa a algunos Parlamentarios puede terminar suspendiéndose, realmente, a casi todo el Congreso.
Si ello es así, hay una demostración clara de que, al revés de lo que dijo el Gobierno, las instituciones no funcionan. Para ser honesto, se debe reconocer que la Derecha política ha admitido lo que los medios de información, principalmente los de Oposición, se niegan a aceptar: que, si hay delitos, han sido provocados por una mala institucionalidad y no por un afán de cometerlos para el enriquecimiento propio.
Pero si en el "caso coimas" se investiga el problema del cohecho, del soborno, etcétera, y finalmente serán los tribunales, tras largos procesos, los que decidirán y dirán la última palabra, hay también dos circunstancias más que destacar. Una de ellas es que, como ha dicho muy bien el Senador señor Gazmuri , si en la Sexta Región hubiera estado en vigencia la reforma procesal penal, lo ocurrido habría sido muy diferente.
Lo que está sucediendo es incluso abiertamente contrario a importantes garantías constitucionales, especialmente la de igualdad ante la ley, por lo que en ningún caso debe retardarse la aplicación del sistema.
Y, por otra parte, el nuevo poder que ha llegado a nuestras costas, como todo poder, debe ser administrado con mucha responsabilidad y prudencia, lo que no ha ocurrido en los inicios de su aparición. Esperamos que lo anterior se corrija en el futuro, pues hemos asistido a los que se han llamado "linchamientos morales", inaceptables desde todo punto de vista.
No vamos a reemplazar una dictadura por otra de los medios de información.
En segundo lugar, se debe consignar que en la investigación del "caso coimas" también apareció el asunto denominado "MOP-GATE-CIADE", comprometiendo a dos órganos del Estado muy diferentes, como el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad de Chile.
Creo que es muy prematuro emitir juicios en cuanto a si en algunas personas hay sólo responsabilidad administrativa o también una de otra naturaleza, pero sí conviene desde ya señalar un hecho. En efecto, además del tema de las garantías que habrían tenido los inculpados bajo la nueva reforma procesal penal y de las que hoy no gozan, tampoco cabe la menor duda de que no se puede hablar de un caso de corrupción, porque ésta supone necesariamente el ánimo de lucro del corrupto y no el de servicio público, que hasta aquí parece haber sido la motivación principal, sin perjuicio de que haya otros que no sean tan inocentes.
Hasta ahora no se ha efectuado tal separación. Y me permito discrepar de lo señalado por algunos en el sentido de que a los tribunales les corresponde resolver el punto.
Al igual que en el "caso coimas", que reveló las deficiencias de nuestras campañas políticas y la precaria condición de los políticos para enfrentarlas, aquí se ha puesto al desnudo algo tan serio como la incapacidad total del aparato administrativo, incluidos sus órganos de fiscalización, para enfrentar una obra de envergadura. Si alguna gracia tuvo la CORFO -hoy, desgraciadamente, envuelta en el tercer caso: Inverlink-, fue su flexibilidad administrativa pero con suficiente control para que antes de las décadas de los setenta y ochenta, o sea, en la época en que transformó totalmente al país y a la que se debe casi en ciento por ciento la modernización alcanzada por éste, no hubiera prácticamente ningún escándalo importante.
En el caso del Ministerio de Obras Públicas (MOP), pretender que su orgánica hubiera permitido la profunda transformación que bajo las gestiones de los Ministros Carlos Hurtado, Ricardo Lagos y Jaime Tohá realizó en la infraestructura del país sólo puede provenir de la mala intención de algunos de tratar, a cualquier precio, de desvalorizar una de las obras en que lo hecho exitosamente por la Concertación deja en un soberano ridículo, diría, a cierto período que recordamos de la historia, en el que en esta materia, al menos, se registró casi inoperancia, salvo en lo relativo a la Carretera Austral -que sólo se debió al empeño del Ejército y de su Comandante en Jefe- y a un par de cosas menores.
Con el personal mal pagado y frustrado de la Administración Pública hubiera sido imposible afrontar la política de concesiones. La acción profundamente destructiva que se está efectuando contra el MOP llega cuando la mayor parte de la tarea importante ya está hecha, afortunadamente, pero liquida una fuente de progreso para el país. Y por eso hablamos del concierto producido en la ciudadanía para destruirlo.
Cualquier persona que sepa algo de la Administración Pública y no se deje llevar por la pasión política tendrá que estar de acuerdo con lo afirmado, porque no sólo lo estamos viendo hoy día, sino que también todos los que han ocupado cargos en ella saben de qué estamos hablando.
Volveremos sobre el tema al plantear una posible solución, porque ahora queremos completar el cuadro con el tercer caso de "corrupciones", llamado "CORFO-Inverlink".
Es evidente que nada pudo ser más desafortunado que lo sucedido y el momento en que ello ocurrió en esa institución del Estado. Ahí se hicieron efectivas las responsabilidades políticas, siempre injustas, porque no se definen por la culpa o el dolo, como en las otras, especialmente en la penal. En este aspecto, se trata de la corrupción de un funcionario de mando medio, cosa tan habitual en el mundo y en Chile desde que existe la civilización. Y, por cierto, el corruptor fue un privado que envolvió a personas del sector público. A unas las corrompió y a otras las engañó. Obviamente, nada novedoso, pero ha aumentado el festín de los destructores del país.
En el "caso CORFO-Inverlink", los efectos serán los normales. Se intensificarán por un tiempo los medios de control y quizás se hará más estricta la institucionalidad, hasta que algún delincuente abuse de su ingenio y penetre también los nuevos sistemas. Algo que quienes no han estudiado Derecho ignoran, pero que no les impide, por cierto, opinar, es que el delito nació con la civilización, forma parte de ésta, y en el tiempo que se divisa hacia el futuro no se vislumbra posibilidad alguna de que desaparezca. Ello no significa que no haya que enfrentarlo y combatirlo, y la tendencia natural es creer que la severidad de las penas es la vía para erradicarlo.
Los medios de información tienen un papel clave que desempeñar en este punto, porque les corresponde una de las facetas de la fiscalización: la que se efectúa en el nivel de la opinión pública. Las dictaduras son todas corruptas, justamente porque no hay fiscalización ni de los órganos llamados a ejercerla, ni mucho menos de los medios de información, severamente controlados de manera directa o indirecta.
Precisamente, si en nuestro país estos últimos se hallan hoy cargados hacia una sola tendencia, es una consecuencia de lo ocurrido durante un Gobierno determinado,...
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Se ha agotado su tiempo, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
El Partido Socialista me cedió el propio, señor Presidente .
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
No hay inconveniente.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Lo que expreso resulta agravado por una conjunción de los dueños de los medios de información y de las agencias de publicidad, ambos teñidos ideológicamente.
La verdad es que la información en Chile no únicamente corresponde a una sola tendencia, sino que además parece pautada por una mano única, porque es igual en todos los medios importantes y solamente en ciertas radios existe real pluralismo. Posiblemente, la competencia por el "rating" y no sólo el ideologismo es la principal causante de lo señalado, sin que ningún poder del Estado se pueda sustraer a ello.
La restante fiscalización no es mejor, porque la política, en general, no busca realmente terminar con la corrupción, ni mucho menos que se haga justicia. Dado que la política es cada vez más virtual y menos real -digámoslo francamente-, en la mayoría de los casos se trata de un modo extremo de no desaparecer del escenario público, recogiéndose cualquier denuncia, sin considerar que normalmente quien la formula se halla motivado por razones personales y no jurídicas o éticas.
Así, vemos cómo en el Chile de hoy todo el que cae preso por delitos que no sean los del delincuente común, e incluso éste, involucra a otros. De ese modo han nacido todos los casos que están en el escenario y que someramente hemos analizado.
Hay que separar la fiscalización a cargo de la Contraloría y las Superintendencias, porque algunas de estas últimas han sido modernizadas, pero no el principal órgano que la ejerce, el cual aplica métodos tan obsoletos y superados por el tiempo que la consigna predominante en la Administración Pública de hoy es "el que nada hace, nada teme.".
La ley que modernizará a la Contraloría se ha eternizado, pero tampoco sacaremos nada con ella si no hay un cambio drástico. Así como no se puede pretender que el MOP y otras reparticiones funcionen con el sistema administrativo actual, tampoco la Contraloría y otros organismos de fiscalización podrán hacerlo sin remuneraciones adecuadas que permitan contratar gente realmente capacitada para la tremenda tarea de controlar todo el aparato público.
Y aquí es donde juega uno de los peores defectos patrios, sin duda uno de los grandes responsables de nuestro subdesarrollo: el problema de la envidia, del rechazo al éxito, del culto a la mediocridad, que tanto molestaba a Encina . Éste lo atribuía a la llamada "aristocracia castellano-vasca", pero, en realidad, es un rasgo muy latino y, por lo mismo, muy español.
Mientras en los países sajones se rinde un culto quizás exagerado al éxito, especialmente económico, en toda Latinoamérica, en cambio -y, por cierto, en Chile-, se busca por todos los medios frenar al exitoso. Nadie ha hecho algo en el país sin sufrir los peores embates y críticas. Esto, además, lleva a que todos concuerden en que a la Administración Pública o al poder público se ingresa por honor y en que se debe ser tremendamente austero y arruinarse en el servicio del Estado.
La famosa anécdota con que Chile se llena de orgullo, en cuanto a que los amigos del Presidente Aníbal Pinto , al terminar su mandato ¿en el que la nación se hizo de las riquezas del salitre-, le regalaron una casa para que tuviera donde irse a vivir, ya que entonces los Primeros Mandatarios habitaban en La Moneda, deja muy en alto la honradez de ese gobernante pero muy en claro la estupidez patria, porque pocas personas están dispuestas hoy en día a sacrificarse, ellas y sus familias, por el país mientras en la empresa privada se ganan fortunas por menores servicios.
El "palo ensebado" no sólo es nuestro juego favorito, sino también absolutamente característico de nuestra idiosincrasia. Una persona que vive fuera y que hace años no visitaba Chile, al conocer las actuales carreteras y con una noción muy vaga del proceso del MOP, preguntó inmediatamente: "¿Y cómo les ha ido a los que hicieron estas obras?". Se le contestó: "Están todos presos". Siendo chileno -aunque vive en un país que admira el éxito-, la respuesta no le resultó sorpresiva.
En efecto, a los Mandatarios que en nuestra historia fueron grandes constructores de obras públicas se les atacó -desde luego, no sólo por esa razón- con saña inigualada. Es el caso de Manuel Montt , con dos guerras civiles y la primera gran crisis política del Partido Conservador -con posterioridad fue acusado constitucionalmente como Presidente de la Corte Suprema -, y de su gran Ministro Antonio Varas , a quien, por cierto, ni siquiera se le permitió ser candidato a la Presidencia de la República .
Para qué hablar de Balmaceda, combatido no por lo que pretenden algunos historiadores ideologizados, sino porque sus obras públicas, justamente, elevaron los salarios y lo hicieron entrar en conflicto con las empresas -fundamentalmente, inglesas- que explotaban el salitre, a las que ¡vaya cosa extraña! no les gustaba pagar impuestos, al igual que a otras hoy día.
Pedro Montt , según algunos historiadores, murió en el ejercicio del poder debido al desgaste que le ocasionó su esfuerzo, en medio de la mal llamada "República Parlamentaria", por terminar el ferrocarril longitudinal.
Por su parte, Carlos Ibáñez impulsó poderosamente las obras públicas entre 1925 y 1931, pero fue "tumbado" -como dicen los venezolanos- por su dictadura, razón por la cual en su segundo Gobierno ni por broma se preocupó del tema.
Finalmente, el Presidente Lagos ha impulsado las obras públicas primero como Ministro y después como Primer Mandatario, y algunos, inconscientemente o por complot, pretenden involucrarlo en el caso llamado "MOP-GATE".
Entre paréntesis, parece inconcebible que un país que sufrió un desgarro tan tremendo como el de las crisis de las décadas de los setenta y ochenta, y que, en consecuencia, tiene fresco lo que pasa cuando se atenta contra la institucionalidad -y que, además, observó en escena y en vivo y directamente lo acontecido en Argentina-, se ponga a jugar irresponsablemente con ella. En otras naciones a las que miramos tan en menos no se juzga a los Jefes de Estado mientras son tales, e incluso se espera que terminen su período.
En el régimen parlamentario, en cambio, normalmente no ocurre nada serio con la caída de un Primer Ministro , porque el Parlamento nombra a otro rápidamente. Pero aun en ese sistema el juzgar al Jefe del Gobierno o al Jefe del Estado puede crear graves dificultades políticas. Y, si no, miremos a Italia, aunque ese país presenta el milagro de funcionar perfectamente hasta en medio de la crisis.
Por último, pintado a grandes rasgos el problema que nos aflige, analicemos cuál puede ser la solución.
Aquí no ha habido, ni por parte del Gobierno, ni de la Concertación, ni tampoco de la Oposición, una línea clara para enfrentar lo ocurrido. Todos hemos sido sorprendidos por la aparición de este nuevo elemento en la política chilena, donde por un lado existe un gran desprestigio del mundo político y, por el otro, irrumpe en el escenario el nuevo poderoso actor que llamamos "prensa-opinión pública- judicialización de la política.".
Tampoco creemos que quienes componen el nuevo poder tengan clara conciencia de lo que está sucediendo. Es un proceso en pleno desenvolvimiento, en el que cada cual ha reaccionado a su manera, y debemos decir, con toda honestidad, que la Oposición tiene el mérito de que, en general y salvo situaciones aisladas, no ha querido llevar al extremo la crisis con un ataque despiadado contra el Gobierno, sino que más bien se ha dedicado a disfrutar ante los errores del adversario. Por cierto, no desea que el asunto termine, pero tampoco ha negado totalmente su colaboración para enfrentar una parte del problema.
En todo caso, lo ocurrido puede provocar un no calculado efecto beneficioso para el país. Desde luego, ya se sinceraron algunos de los sueldos, como el de los Ministros de Estado y otros altos funcionarios. Igualmente, se debe "romper" la escala única en los grados superiores, en el ámbito público, y reconocer que para contar con personal calificado necesariamente hay que pagarlo bien.
¿Que ello provoca un distanciamiento con los sueldos menores? Pues lo uno no puede impedir lo otro, porque si Chile llega a ser un país desarrollado, a pesar de las fallas ya señaladas, podrá otorgar buenas remuneraciones a todos sus habitantes. Pero para que ello suceda es indispensable, especialmente en esta etapa de desarrollo, que la gente más capacitada se encuentre al frente del proceso, lo cual sólo se consigue con ingresos adecuados.
En cuanto a los casos mismos, es preciso modificar drásticamente las instituciones, porque no funcionaron como correspondía. Además de todo el proceso de modernización del aparato del Estado, necesariamente deben corregirse las disposiciones del Código Penal respecto de los delitos que nos ocupan, para sancionar la verdadera corrupción y no a las personas que actúan con la mejor buena fe y tratando de dar un buen servicio público. Si ellas cometen faltas administrativas, que se les castigue administrativamente, pero no con cárcel.
Igualmente, se debe corregir el desafuero y regular claramente el tema de la contribución pública y la privada a las campañas políticas.
En cuanto a los medios de información, la única manera de evitar sus excesos es el efectivo pluralismo entre ellos. El tremendo error de la Concertación -¡y la acuso en ese sentido!- fue permitir que murieran los pocos que poseía, lo cual está terminando por resultarle fatal, no obstante su éxito como Gobierno, uno de los mayores en la historia patria.
Señor Presidente , le agradecería hacer llegar mi intervención al señor Ministro del Interior .
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Muñoz Barra, conforme al Reglamento.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
ANIVERSARIO DE ASESINATO DE ALDO MORO
El señor MORENO.-
Señor Presidente , hace veinticinco años, se encontró en un automóvil, en Roma, el cadáver del Presidente del Partido Demócrata Cristiano de Italia , Aldo Moro , luego de un largo cautiverio de 55 días en manos del grupo terrorista denominado "Brigadas Rojas".
De acuerdo con lo informado por la prensa de la época, el secuestro de Moro, el mismo día en que asumía como Presidente de su partido, tenía como propósito declarado obtener la liberación de trece integrantes de las Brigadas Rojas. Y, aunque hasta el Papa Paulo VI intervino ante los secuestradores para que liberaran al dirigente político, la decisión de las autoridades de no ceder a ese chantaje culminó con su asesinato el 9 de mayo de 1978 y con su cuerpo abandonado en el maletero de una Renault roja estacionada simbólicamente en la Vía Caetani, pequeña calle a medio camino entre la Vía delle Botteghe Oscure y la Plaza del Gesú, sedes históricas del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana italiana, respectivamente.
Con el correr de los años, el caso ha seguido siendo objeto de controversias y de numerosas publicaciones con las que se ha involucrado a instituciones y a naciones en ese alevoso crimen. Lo que resulta claro es que, a 25 años de su muerte, Aldo Moro resalta como una personalidad demasiado vigorosa para los parámetros de su tiempo y que su existencia misma resultaba peligrosa para quienes sumergieron luego a Italia en la corrupción.
Aldo Moro fue uno de los políticos italianos más importantes del siglo pasado. Sólo la circunstancia de que se haya desempeñado como Primer Ministro de su país en cinco oportunidades distintas (a partir de 1963, la primera, y hasta 1976, la última) justifica que se le recuerde como una de las personas que más hicieron por el desarrollo de su pueblo.
Nació el 23 de septiembre de 1916 en Maglie; murió a los 65 años de edad, dejando pendiente la posibilidad de seguir contribuyendo a su país. Siempre fue un hombre profundamente ligado a la Iglesia y a su Doctrina Social, y se caracterizó por su austeridad y su privilegiada visión de Estado.
Estudió Derecho; fue profesor de la Universidad de Bari, y publicó varios libros sobre temas legales. También fue Presidente de la Federación Universitaria Católica Italiana entre 1939 y 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras este conflicto, desempeñó diversos cargos de importancia en la Administración Pública, hasta llegar a ser Secretario de la Democracia Cristiana italiana en 1959.
Luego de su último mandato como Primer Ministro , en 1976, siguió siendo un político de primera línea desde la presidencia de su partido. Y, según investigaciones posteriores, su aparente decisión de denunciar la corrupción en el Gobierno y su lucha por ampliar la base de apoyo de la Democracia Cristina hacia la Centroizquierda y establecer un diálogo democrático con el Partido Comunista de Italia, profundamente independiente de la Unión Soviética, fueron -quién sabe- las razones de que el terrorismo resolviera eliminarlo.
El 25 de enero de 1983, veinticinco miembros de las Brigadas Rojas italianas fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato, y el caso se cerró oficialmente.
El asesinato de Aldo Moro, que bien marca el punto más alto de la atención pública sobre las Brigadas Rojas en el mundo, es paradójicamente el inicio del derrumbe del grupo terrorista.
Desde entonces, distintas versiones se han tejido sobre la eventual participación de otras organizaciones y acerca de la responsabilidad política de quienes ostentaban el Gobierno de Italia en esa época. Pero no son ésas las elucubraciones que nos importan. El hecho que hace importante recordar el asesinato de Aldo Moro es que marca el inicio de la acción terrorista en las naciones desarrolladas en el mundo moderno, flagelo que mantiene una preocupante vigencia aun en nuestros días.
Desde el punto de vista de nuestro país, además del aprecio de todos los democratacristianos y de distintas personas ajenas a la Democracia Cristina que pasaron por Italia a causa del régimen militar implantado en Chile, es inevitable comparar la visión política de Aldo Moro con lo que fue en nuestro caso la conformación de la Concertación de Partidos por la Democracia, concebida como una alianza de colectividades que, sin coincidir en sus doctrinas, comparten una percepción sobre el valor de la democracia y el compromiso de los actores políticos por construir una sociedad justa y solidaria.
Con la muerte de Aldo Moro quedó en evidencia en Europa una forma ilegal e inmoral de proceder, donde los más inimaginables acuerdos entre los grupos de poder buscaron eliminar cualquier oposición para hacer valer sus intereses particulares por medio del terrorismo y la delincuencia. Ello causó un profundo impacto en el Viejo Continente y obligó a sectores que se sentían protegidos por el desarrollo económico y la estabilidad institucional a asumir la defensa del bien público y de la seguridad de las personas.
En tal sentido, el primer obstáculo que se debió enfrentar fueron las presiones para ejercer apremios ilegítimos sobre los integrantes de las Brigadas Rojas detenidos, prevaleciendo la postura de quienes consideraron que el delito no puede ser combatido con medios igualmente ilegítimos.
Chile ha debido sortear la misma tentación. Y, a pesar de la dolorosa experiencia dejada por métodos que se usaron en el pasado, aún existen sectores que piensan que la democracia no cuenta por sí sola con los medios suficientes para protegerse de quienes no creen en la fuerza de las ideas y privilegian la violencia por sobre toda posibilidad de entendimiento.
El mundo entero ha experimentado el mismo dilema. Prueba de ello son las recientes intervenciones en Afganistán e Iraq, en las que, con razones aparentemente valederas, se han justificado la acción armada y la violación de derechos fundamentales de personas que nada tienen que ver con los conflictos.
Se suele decir que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno. Y esa afirmación es cierta, porque las instituciones están siempre sujetas al daño que puedan causar individuos o grupos que no creen en el sistema y en las reglas que se dan las sociedades para resolver sus discrepancias. Pero lo que no siempre se dice con la fuerza necesaria es que cualquier tentación, ya sea por parte del Estado o de sectores de la sociedad, de imponer por la fuerza sus convicciones termina inevitablemente generando la reacción contraria.
La violencia produce violencia, y quienes, como Aldo Moro y tantos otros mártires de la democracia, intentan oponer la racionalidad a la fuerza, quienes defienden la preeminencia de la razón frente a las pasiones, corren el riesgo de caer en su empeño.
Por esa razón, nuestro recuerdo de Aldo Moro no puede limitarse sólo a su figura y a sus innegables aportes a la causa de Italia y de los valores de quienes sustentamos el ideario humanista cristiano y participamos de él, sino que debe necesariamente ir acompañado de una profunda reflexión acerca del valor de la democracia y de la inutilidad de la fuerza que somete los derechos de los individuos a presiones que, bajo la justificación de la eficiencia, violan su integridad.
Quienes asesinaron a Moro pudieron lograr su objetivo. Empero, a 25 años de esos hechos, sabemos que nunca concitaron el apoyo ciudadano y que sus acciones sólo han cosechado el repudio y el desprecio de las personas civilizadas que creemos en la capacidad de los seres humanos de construir un mundo mejor sobre la base del diálogo, la tolerancia y el respeto de los derechos de todos.
Los democratacristianos chilenos recordamos a Aldo Moro reivindicando hoy día los mismos valores por los cuales fue sacrificado
He dicho.
Solicito que el texto de mi intervención sea enviado a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de Italia; al Nuncio Apostólico acreditado en Chile; al Embajador de Italia acreditado en nuestro país; al Embajador de Chile ante Italia , y al Presidente y al Secretario General de la Democracia Cristiana italiana.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Stange.
EXCLUSIÓN DE ORGANIZACIÓN VECINAL RUTA 5 (PUDETO BAJO) DE PLANO REGULADOR E INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO EN MARCO DE PROGRAMA CHILE BARRIO. OFICIOS
El señor STANGE.-
Señor Presidente , los integrantes de la Organización Vecinal Ruta 5, del sector Pudeto Bajo (ciudad de Ancud, provincia de Chiloé, Décima Región de Los Lagos ), me expusieron su molestia por haber quedado fuera del Plano Regulador de la comuna debido a que colindan con una laguna -de no más de 70 centímetros de profundidad- y viven cerca de la carretera, mientras otros pobladores que se encuentran en verdadera situación de riesgo, con construcciones a orillas del río Pudeto, colindantes con la misma laguna y ubicadas a menos de 12 metros del eje de la carretera, sí habrían sido considerados en él.
El sector Pudeto Bajo está situado en el ingreso a la ciudad de Ancud y es uno de los barrios más antiguos. El terreno se hundió con ocasión del terremoto de 1960 y no se ha recuperado. La mayoría de sus habitantes vive de la explotación y recolección de recursos del mar y todos conforman familias de escasos recursos.
En 1997 se les informó sobre la intención de incorporarlos en el Programa Chile Barrio, firmándose un Acta de Compromiso entre personeros de dicho Programa, la Municipalidad de Ancud y los dirigentes de esa organización vecinal el 29 de agosto de 2001. En esa oportunidad, las autoridades se obligaron a solucionar problemas como el de alcantarillado; erradicación de familias; saneamiento de títulos de dominio; mejoramiento integral de viviendas; implementación de espacios comunitarios; capacitación para emprendimiento individual e incorporación al mundo laboral como mano de obra calificada; pavimentación de calles, y hermoseamiento del barrio, entre otros.
Si bien algunas de las obras comenzaron a implementarse, ninguna llegó a término ni ha solucionado las necesidades del mencionado sector. Por el contrario, día tras día aparecen nuevos inconvenientes y, a diferencia de gente que habita en otros lugares de riesgo, no ha obtenido ayuda de las autoridades.
Los vecinos han realizado una serie de adelantos en el barrio y en las viviendas, como instalación de energía eléctrica, agua potable, teléfonos, y han rellenado parte de la laguna con recursos propios y mejorado la construcción de aquéllas. Sin embargo, hoy se sienten amenazados al no recibir sus títulos de dominio ni ser incluidos dentro del Plano Regulador. Se consideran burlados al ver que en poblaciones o conjuntos habitacionales cercanos se efectúan arreglos y construcciones no obstante tener menor antigüedad que la de ellos en la zona.
Consecuente con lo anterior, solicito que se envíen, en mi nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, don Jaime Ravinet , a fin de que nos informe sobre la situación en que se encuentran los vecinos de Pudeto Bajo, de Ancud, con respecto a las normas de esa Secretaría de Estado y las posibilidades de optar a los títulos de dominio.
Al señor Director Ejecutivo del Programa Chile Barrio, don Pablo Landskron Troncoso, para que nos dé a conocer posibles proyectos en los cuales esos pobladores hayan resultado beneficiados o donde estén contemplados, y especialmente, los avances producidos al respecto desde la firma del Acta de Acuerdo, en agosto de 2001.
Al señor Alcalde de Ancud , don Pablo Ossio , para que informe acerca de las condiciones de esas familias del sector Pudeto Bajo; de los proyectos en que se hallen incluidas para mejorar su situación, y de los impedimentos que existen para la obtención de sus títulos de dominio.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
INCONVENIENCIA DE SUSPENSIÓN DE FRENTE DE TRABAJO DE CAMINO PUERTO NATALES-FIORDO STAINES. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en reciente visita a la Región de Magallanes, con sorpresa nos enteramos de que se está viendo la posibilidad de suspender el frente de trabajo del camino Puerto Natales-fiordo Staines y de trasladar el Cuerpo Militar del Trabajo, que realiza la obra, a un camino alternativo, que quedó inconcluso, hacia Torres del Paine, el cual, por lo demás, ya tiene acceso. Se nos señaló que incluso se pensaría en cambiar por el fiordo Última Esperanza el trazado hacia el seno por el fiordo Staines .
La verdad es que eso no deja de llamar la atención, porque, por un lado, Torres del Paine ya tiene acceso, por un camino alternativo que un grupo de empresas dejó sin terminar, y por otro, el trazado por el fiordo Última Esperanza, aparte alargar la ruta, significaría prácticamente otra vía e ir contra las claras ventajas del camino vía de penetración Puerto Natales-fiordo Staines.
Esas ventajas son evidentes, en primer lugar, porque a mediano plazo evita el paso del Kirke, sector muy difícil, angosto, con corrientes que impiden la navegación de determinadas embarcaciones (de hecho, en gran medida, los cruceros no pueden entrar a Natales), y además, porque significa mayor distancia y tiempo.
En segundo término, porque abre un área por desarrollar en la península Antonio Varas y de ahí hacia el sector sur del Campo de Hielo Patagónico da acceso a centros de salmonicultura que se van instalando en la medida en que avanza el camino; a actividades de buen manejo del bosque nativo; a mejoras en predios ganaderos, y a bellezas turísticas de nivel internacional, como el seno de las montañas o los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur.
En tercer lugar, porque acerca gradualmente las Regiones de Aisén y de Magallanes, en una prolongación natural del camino longitudinal austral por el sector occidental del Campo de Hielo.
En caso de que la autoridad estime que existen tramos difíciles en ese sector -los hay en toda la zona sur- o que dicha ruta implica un alto costo, sería conveniente reducir el estándar con que se construye y lograr mayor avance, pues lo que en primera instancia interesa es conectar y después mejorar, lo cual involucra claros beneficios desde los puntos de vista económico, ya que da rentabilidad; ambiental, porque significa un menor impacto social, e incluso técnico, ya que los proyectos se van ajustando de acuerdo a la realidad.
Estoy consciente de que la capacidad del Cuerpo Militar del Trabajo y del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, permite por último desarrollar las dos obras mencionadas. Pero por ningún motivo se debe frenar la iniciativa en comento, que es de largo aliento y tiene una perspectiva de desarrollo clave para la zona austral y para asentar en mejor forma su población y la soberanía nacional.
Por las razones expuestas, solicito oficiar al señor Ministro de Obras Públicas ; a la señora Ministra de Defensa Nacional ; a los señores Comandante en Jefe del Ejército , Comandante del Comando de Ingenieros del Ejército y Comandante del Cuerpo Militar del Trabajo, y a los señores Intendentes Regionales de Aisén y de Magallanes , haciéndoles llegar estos antecedentes y, a la vez, pidiéndoles los que obren en su poder-
Quiero señalar que en esta materia cuento con el respaldo del Senador señor Ruiz De Giorgio y también -como señalan acá- con el de los Honorables señores Stange y Vega, por la importancia que reviste un camino chileno que permita integrar toda la zona austral.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento, con las adhesiones de los Senadores señores Ruiz (don José) , Stange y Vega.
MÁXIMA PRIORIDAD DE FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , el Fondo de Administración Pesquero creado por la ley Nº 19.849 -la denominada "ley corta", que no salió tan corta, pues prácticamente abarcó todos los problemas medulares que tenía pendientes la Ley General de Pesca- presenta un serio problema.
Dicho Fondo está destinado, entre otros objetos, a brindar apoyo a los pescadores artesanales, a los trabajadores industriales, a todo lo relativo al control, a la fiscalización y a la investigación. Y, por iniciativa de los propios trabajadores que quedarían cesantes cuando se transformara en ley el proyecto que fijaba el límite máximo de captura por armador al reducirse y racionalizarse las flotas pesqueras, se incluyeron, a indicación del Presidente de la República , el apoyo social, la reconversión laboral y la capacitación de quienes perdieran sus empleos a la dictación de la ley Nº 19.713, incluso antes de ser sancionada, porque se estimaba que la iniciativa iba a prosperar.
En tal sentido, considero que se debe dar máxima prioridad justamente a los sectores que más lo requieren: el de los trabajadores cesantes y el de pescadores artesanales que, por reducción de cuotas de extracción u otras situaciones puntuales, no pueden desarrollar su labor a lo largo del año. De modo que solicito que se adopte este criterio por parte de los administradores del Fondo.
No deja de llamar la atención, sí, un documento de la propia Subsecretaría de Pesca donde se consideran como apoyo social sólo las becas estudiantiles anuales -similares a la beca Presidente de la República , dependiente del Ministerio del Interior- para los hijos de los trabajadores que cursen regularmente estudios de educación superior, media y técnico-profesional, beneficio consistente en 0,62 UTM, que se paga de marzo a diciembre mediante un depósito en la cuenta de ahorro, lo cual significa un costo anual del orden de 183 mil pesos por beneficiario.
La verdad es que ello no guarda ninguna relación con la negociación efectuada entre los Parlamentarios, el Ejecutivo y representantes de los trabajadores cesantes. El apoyo social se entendía en otra línea. Es decir, en entregar una compensación económica por el período en que ellos quedaron cesantes; en generar un puente para jubilar respecto de determinados casos, y en implementar una serie de medidas reales en favor de un sector donde algunos han llegado al extremo, incluso, de quitarse la vida. No es un problema menor el daño social que afectó a esas personas.
También se considera la reconversión laboral, mediante el programa de apoyo al empleo independiente; el fondo concursable para financiar proyectos productivos; una bonificación a la contratación laboral; capacitación para la reinserción laboral, y algunos empleos directos vinculados a programas de fiscalización y vigilancia, los cuales tienen otro origen financiero: el de la fiscalización y control que se establece en el Fondo de Administración Pesquero. Entre estos últimos empleos, cabe mencionar los relativos a programas de observadores científicos, de certificadores de pesca tanto artesanal como industrial, de vigilancia de áreas de manejo, y otros relacionados con nuevas empresas del sector pesquero industrial.
Eso sí, los trabajadores manifiestan un grado de aprensión -más que justo- en orden a que no ocurra lo mismo que aconteció con la reconversión laboral de los trabajadores del carbón en Lota, donde -por decirlo en forma didáctica y no irónica, porque se trata de un caso concreto- se preparó a gran cantidad de mineros para trabajar como peluqueros. Y, obviamente, no es muy compatible la fineza entre una y otra actividad.
Ciertamente, fue un verdadero escándalo cómo se utilizaron tales recursos.
Dada esa aprensión, nacida en el Senado -ente negociador con el Ejecutivo en esta materia-, solicito oficiar al señor Ministro de Economía y a los señores Subsecretario de Pesca y Director del Servicio Nacional de Pesca , haciéndoles llegar nuestra preocupación, con el objeto de que se dé prioridad, para acceder al Fondo, al sector que más lo requiere en este momento.
Señor Presidente, agradezco el tiempo y la paciencia que se me han brindado.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Los Comités Socialista e Institucionales 1 no harán uso de sus respectivos tiempos.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:37.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción