Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Fernando Meza Moncada
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO SOBRE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS EN LA PRESENTE SESIÓN.
- V. ORDEN DEL DÍA
- CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA A DON JOSEPH RAFAEL RAMOS QUIÑONES. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- DEBATE
- CREACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LAVADO O BLANQUEO DE ACTIVOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eduardo Diaz Del Rio
- Marcelo Forni Lobos
- Jorge Burgos Varela
- Eduardo Saffirio Suarez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA A DON JOSEPH RAFAEL RAMOS QUIÑONES. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS EN FAVOR DE PROVEEDORES DE INSUMOS MÉDICOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Pablo Prieto Lorca
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Jose Perez Arriagada
- Samuel Venegas Rubio
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Ximena Vidal Lazaro
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTES SOBRE CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ENDESA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Dario Molina Sanhueza
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Victor Perez Varela
- Cristian Antonio Leay Moran
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Dario Paya Mira
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Arturo Longton Guerrero
- Mario Bertolino Rendic
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS EN FAVOR DE PROVEEDORES DE INSUMOS MÉDICOS.
- VII. INCIDENTES
- ALCANCES SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO.
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- MEDIDAS PARA PREVENIR ACCIDENTES DE TURISTAS EN ZONAS DE LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN LO RELATIVO A LA DETENCIÓN POR SOSPECHA. ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Segundo Perez Opazo
- INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIAS APARECIDAS EN “EL MERCURIO” RESPECTO DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS NATURALES COMO MEDICAMENTOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE CURSOS A DISTANCIA Y DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- ENMIENDAS AL SISTEMA DE JUBILACIÓN DE LOS PROFESORES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Miguel Ortiz Novoa
- FELICITACIONES A CÓNSUL Y A EMBAJADORA DE CHILE EN ISRAEL POR ACTUACIÓN EN FAVOR DE CIUDADANOS CHILENOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Alejandro Hales Dib
- APOYO A TRABAJADORES DESPEDIDOS DE INDUSTRIA FORESTAL NACIONAL S.A., INFONAC , DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Anibal Perez Lobos
- ADHESION
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Anibal Perez Lobos
- CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rene Manuel Garcia Garcia
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- POLÍTICA NACIONAL DE APOYO A LA MINERÍA DEL COBRE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- PROMOCIÓN DE LUGARES TURÍSTICOS EN LA TELEVISIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Roberto Delmastro Naso
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- PROPOSICIÓN PARA QUE PUCÓN Y VILLARRICA SEAN SEDES DE REUNIÓN DE LA APEC. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Roberto Delmastro Naso
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS OTORGADOS PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE ARICA Y AZAPA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Paredes Fierro
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- Patricio Alejandro Hales Dib
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Paredes Fierro
- INFORMACIÓN SOBRE COBROS DE AGUA POTABLE POR ESSBÍO EN POBLACIONES DE CORONEL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ANTECEDENTES SOBRE AFILIADOS A SINDICATOS DE PESCA Y CONCESIONES DE ACUICULTURA OTORGADAS EN LAS REGIONES OCTAVA, DÉCIMA Y UNDÉCIMA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ALCANCES SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ximena Vidal Lazaro
- Carmen Ibanez Soto
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Antonio Leal Labrin
- Fulvio Rossi Ciocca
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Eugenio Tuma Zedan
- Exequiel Silva Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 5ª, en miércoles 9 de octubre de 2002
(Ordinaria, de 10.40 a 14.37 horas)
Presidencia de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.-Asistencia7
II.-Apertura de la sesión11
III.-Actas11
IV.-Cuenta11
Discusión y votación del proyecto sobre lavado y blanqueo de activos en la presente sesión11
V.-Orden del Día.
-Concesión de nacionalidad chilena a don Joseph Rafael Ramos Quiñones. Segundo trámite constitucional12
-Creación de Unidad de Análisis Financiero y modificación del Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos. Primer trámite constitucional19
VI.-Proyectos de acuerdo.
-Medidas en favor de proveedores de insumos médicos47
-Antecedentes sobre convenio entre la Dirección de Obras Hidráulicas y
Endesa52
VII.-Incidentes.
-Alcances sobre el presupuesto de la nación para el próximo año54
-Medidas para prevenir accidentes de turistas en zonas de la Segunda Región. Oficios55
-Modificación del Código Penal en lo relativo a la detención por sospecha. Estadísticas de detenciones. Oficios56
-Información sobre denuncias aparecidas en “El Mercurio” respecto del
Instituto de Salud Pública. Oficios57
-Reconocimiento de los productos naturales como medicamentos. Oficio58
-Posición del Gobierno respecto de cursos a distancia y de regularización de títulos. Oficio58
-Enmiendas al sistema de jubilación de los profesores. Oficios58
-Felicitaciones a cónsul y a embajadora de Chile en Israel por actuación en favor de ciudadanos chilenos. Oficios59
-Apoyo a trabajadores despedidos de Industria Forestal Nacional S.A.,
Infonac, de la Sexta Región. Oficios61
-Conmemoración del Día mundial de la erradicación de la pobreza. Oficios61
-Política nacional de apoyo a la minería del cobre. Oficio62
-Promoción de lugares turísticos en la televisión. Oficios63
Pág.
-Proposición para que Pucón y Villarrica sean sedes de reunión de la Apec. Oficio64
-Información sobre recursos otorgados para educación de adultos en la
Novena Región. Oficios64
-Medidas de protección de productos agrícolas de Arica y Azapa. Oficios64
-Información sobre cobros de agua potable por Essbío en poblaciones de
Coronel. Oficio66
-Antecedentes sobre afiliados a sindicatos de pesca y concesiones de acuicultura otorgadas en las regiones Octava, Décima y Undécima. Oficio67
VIII.-Documentos de la Cuenta.
1.-Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la
urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financieras y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos (boletín Nº 2975-07)68
-Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales comunica que ha resuelto incluir en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones los siguientes proyectos iniciados en moción:
2.-Aumenta sanciones a hurtos y facilita su denuncia e investigación (boletín Nº 3078-07)68
3.-Modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional estableciendo facultades especiales a los jueces del crimen al momento de otorgar este beneficio para su cumplimiento (boletín Nº 3080-07)68
4.-Moción de las diputadas señoras Vidal, doña Ximena; Ibáñez, doña Carmen, y Saa, doña María Antonieta, y de los diputados señores Leal, Rossi y
Valenzuela, que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción, con el objeto de autorizar la adopción por parte de mujeres solteras extranjeras con residencia en el país (boletín Nº 3088-07)69
5.-Moción de los diputados señores Meza, Tuma y Silva que modifica la leyNº 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, con el objeto de perfeccionar las normas de formalización de tenencia de la tierra (boletín Nº 3090-01)71
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1.- Comunicación:
-Del diputado señor Meza, quien informa que se encuentra hospitalizado en la ciudad de Temuco, razón por la cual no podrá asistir a sesiones de la Corporación a contar del 8 de octubre en curso.
2.- Oficios:
-Oficio de la señora ministra de Educación por el cual invita a los señores diputados a reuniones de trabajo con la Comisión Docente para el estudio del tema de Programas Especiales de Regularización de títulos en la carrera de Pedagogía.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Pablo Galilea, materias comerciales relacionadas con la Empresa de Servicios Sanitarios de Aisén S.A.
-Del diputado señor Pedro Muñoz, inspecciones domiciliarias periódicas de instalaciones de gas en la Región de Magallanes.
-Del diputado señor Escobar, composición porcentual de la población de la comuna de Tocopilla.
-Del diputado señor Ascencio, actuación de la Sociedad Austral de Electricidad S.A., en la ciudad de Castro.
-Del diputado señor Osvaldo Palma, cobros excesivos e indebidos efectuados por la concesionaria Aguas Nuevo Sur, Maule S.A.
Ministerio de Hacienda
-De la Corporación, situación tributaria de donación a la municipalidad de Santiago por parte de la Empresa Aguas Andinas S.A.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Bauer, forma de determinar raciones asignadas a cada establecimiento educacional.
-Del diputado señor Kuschel, estado de avance proyecto reposición escuela Nº 4 Bellavista de Puerto Montt.
-Del diputado señor Correa, difusión de características de las pruebas que se rendirían el año 2003 para acceder a la Educación Superior.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Navarro, situación actual de la investigación sumaria administrativa por fallecimiento de soldado.
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor Kuschel, mejoramiento del camino La Campana-Los Pinis-Bahía, X Región.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Saffirio, cumplimiento de convenios con el Mercosur.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del diputado señor Aníbal Pérez, implementación de programa especial de saneamiento de título en la provincia Cardenal Caro, VI Región.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
-Del diputado señor Ascencio, Programa Pro Empleo en la comuna de Ancud, provincia de Chiloé, organizado por el Sence.
-Del diputado señor Seguel, flexibilidad laboral.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Hernández, situación de la Población El Romeral, ubicada en el sector Rahue Alto de la ciudad de Osorno.
-Del diputado señor Jarpa, pavimentación calle Angamos, comuna de Yungay.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor Delmastro, operación del servicio público telefónico móvil; existencia de proyectos de telefonía rural para la comunidad de Chaihuín, provincia de Valdivia.
-Del diputado señor Alvarado, reajuste del derecho de conducción que se cancela a la Empresa de Correos de Chile.
-Del diputado señor Ascencio, instalación de teléfonos públicos en las provincias de Chiloé y Palena.
-De la Corporación, resolución de mantener en secreto ciertos documentos y actos administrativos necesarios para la fijación tarifaria del sector telecomunicaciones.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Navarro, presencia de sustancias tóxicas en la contaminación que afecta a la Región Metropolitana.
-Del diputado señor Ortiz, inicio de obras en el sector de Lomas Coloradas de San Pedro de la Paz.
-De la Corporación, requisitos de postulantes a becas.
Consejo de Defensa del Estado
-De la diputada señora Saa, irregularidad ocurrida en la municipalidad de Conchalí, por adjudicación de proyectos a la empresa Sercomet Ltda.
Fiscalía Nacional Económica
-Del diputado señor Jaramillo, actitud adoptada por la empresa Iansa respecto de los productores de remolacha de la zona sur.
Intendencia de Antofagasta
-Del diputado señor Kuschel, actividades, gastos incurridos y origen de los fondos en las campañas de promoción del “plan Auge”.
Municipalidad de Puerto Montt
-Del diputado señor Kuschel, financiamiento de los compromisos que significa el Estatuto Docente.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
-Accorsi Opazo, Enrique
-Aguiló Melo, Sergio
-Alvarado Andrade, Claudio
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Allende Bussi, Isabel
-Araya Guerrero, Pedro
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Bayo Veloso, Francisco
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Burgos Varela, Jorge
-Bustos Ramírez, Juan
-Caraball Martínez, Eliana
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Dittborn Cordua, Julio
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Encina Moriamez, Francisco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escalona Medina, Camilo
-Escobar Urbina, Mario
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Forni Lobos, Marcelo
-Galilea Carrillo, Pablo
-Galilea Vidaurre, José Antonio
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Lavín, Guido
-González Román, Rosa
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Hidalgo González, Carlos
-Ibáñez Santa María, Gonzalo
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jeame Barrueto, Víctor
-Jiménez Villavicencio, Jaime
-Kast Rist, José Antonio
-Kuschel Silva, Carlos Ignacio
-Lagos Herrera, Eduardo
-Leal Labrín, Antonio
-Leay Morán, Cristián
-Letelier Morel, Juan Pablo
-Letelier Norambuena, Felipe
-Longton Guerrero, Arturo
-Longueira Montes, Pablo
-Lorenzini Basso, Pablo
-Luksic Sandoval, Zarko
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Mella Gajardo, María Eugenia
-Molina Sanhueza, Darío
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Montes Cisternas, Carlos
-Mora Longa, Waldo
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz Aburto, Pedro
-Navarro Brain, Alejandro
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Pareto Vergara, Cristián
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lobos, Aníbal
-Pérez Opazo, Ramón
-Pérez San Martín, Lily
-Pérez Varela, Víctor
-Prieto Lorca, Pablo
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Riveros Marín, Edgardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Saa Díaz, María Antonieta
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Salas De la Fuente, Edmundo
-Sánchez Grunert, Leopoldo
-Seguel Molina, Rodolfo
-Silva Ortiz, Exequiel
-Soto González, Laura
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tohá Morales, Carolina
-Tuma Zedan, Eugenio
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Varela Herrera, Mario
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Rubio, Samuel
-Vidal Lázaro, Ximena
-Vilches Guzmán, Carlos
-Villouta Concha, Edmundo
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio
-Asistieron, además, el senador señor Mario Ríos y el ministro del Interior (S), señor Francisco Vidal.'
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El acta de la sesión 42ª de la Legislatura 347ª, ordinaria, se declara aprobada.
El acta de la sesión 1ª de la Legislatura 348ª, extraordinaria, queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO SOBRE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS EN LA PRESENTE SESIÓN.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el número 2 de la Tabla figura el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos.
Se me ha solicitado que recabe el acuerdo de la Sala para discutirlo y votarlo en la presente sesión, puesto que ha sido objeto sólo de una indicación que corrige un problema formal.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, sólo para avalar lo señalado por su Señoría.
Cuando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia conoció este proyecto enviado por el Ejecutivo -desglosado de la ley de Drogas- hace algo más de un mes, el debate sobre sus aspectos generales y particulares fue muy minucioso. De manera que, al margen de algunos puntos que pueden ser votados de la forma que los diputados estimen conveniente, en nuestra Comisión ya discutimos a fondo la materia. Sería una buena señal para la opinión pública aprobarlo, puesto que es importante para la articulación de la lucha del Estado en contra del narcotráfico, particularmente contra el lavado de dinero.
Gracias, señor Presidente.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, nuestra bancada está de acuerdo en que se vote hoy el proyecto; pero vamos a presentar algunas indicaciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
También podríamos votarlas, previa lectura, al final del Orden del Día.
El señor DÍAZ.-
Perfecto, señor Presidente.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sólo para consultarle si este acuerdo no altera el orden de la Tabla.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Por supuesto que no, señor diputado.
¿Habría acuerdo para votar el proyecto y las indicaciones que se presenten al término del Orden del Día?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA A DON JOSEPH RAFAEL RAMOS QUIÑONES. Segundo trámite constitucional.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el Orden del Día, corresponde conocer el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Joseph Rafael Ramos Quiñones.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Gabriel Ascencio.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 3031-07 (S), sesión 1ª, en 1 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 23.
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 4ª, en 8 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 8.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, paso a informar sobre el proyecto del Senado que otorga la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Joseph Rafael Ramos Quiñones.
Los autores de esta iniciativa son los senadores Nelson Ávila, Edgardo Boeninger, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Enrique Silva Cimma y Andrés Zaldívar.
Para la aprobación del proyecto, la Comisión tuvo en consideración el fundamento jurídico, los antecedentes del beneficiario y el cumplimiento de las pautas o requisitos que justifican la concesión de la nacionalidad por gracia.
Debo recordar que es el Congreso Nacional el órgano facultado para otorgar, por ley, esta clase de nacionalidad honorífica y el que tiene la facultad de examinar la justicia y oportunidad del otorgamiento de esta distinción que constituye un honor significativo.
El señor Joseph Rafael Ramos Quiñones nació en Filadelfia, Estados Unidos de América, el 25 de diciembre de 1938. Está casado con chilena y es padre de dos hijas chilenas. Ha vivido en nuestro país durante 34 años, y en este largo tiempo ha prestado importantes servicios en actividades académicas públicas y privadas y, en forma paralela, en el campo social.
Doctorado en la Universidad de Columbia, Nueva York, se ha desempeñado desde 1968, primero, como profesor visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en cuya Facultad de Economía es profesor titular en la actualidad, después de haber cursado ininterrumpidamente una brillante carrera docente. El 23 de julio fue distinguido con el nombramiento de decano de dicha corporación, con el voto del 89 por ciento de sus miembros. Con esa alta distinción universitaria se le reconoció merecidamente una larga vida al servicio de la docencia y de la investigación científica, fundamentalmente en el campo de la economía, a la vez que diversas importantes actividades al servicio del país al más alto nivel.
Es así como, residiendo en Chile, se ha desempeñado por más de diez años en el programa regional de empleo para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, integrando, a la vez, comisiones de asesoría de relevancia en políticas de empleo para la región. De la misma manera, destacan sus cometidos profesionales como asesor principal del ministro del Trabajo durante los primeros años del gobierno de Patricio Aylwin.
En la actualidad, y paralelamente a su gestión en la Universidad de Chile, es miembro del Consejo Superior de la Universidad Alberto Hurtado, socio de la Corporación de Investigaciones para América Latina, Cieplan; integrante del Consejo Editorial de Cuadernos de Economía de la Universidad Católica de Chile, miembro del Consejo Editorial del Fondo de Cultura Económica de México, profesor de Ilades y del Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado.
Tan polifacética gestión académica superior presenta al profesor Ramos como un destacado docente y revelador maestro, que ha marcado ya dos generaciones de ingenieros comerciales, entre lo que se cuentan ministros de Estado y hombres públicos de alto nivel. No de menor relevancia ha sido su carrera de investigación. Es así como entre sus publicaciones exhibe libros, monografías y muchos artículos en revistas especializadas.
Debido a que revela una decidida proyección social hacia los sectores más desposeídos de nuestra sociedad, no podemos dejar de mencionar su trabajo como director de la fundación solidaria Trabajo para un Hermano, director de la Fundación Educacional Barnechea y director del Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado. Asimismo, compromete hasta hoy su trabajo en múltiples iniciativas de servicio a los sectores más pobres de nuestro país.
Consideramos que una vida tan fructífera y abnegada honra a nuestro país, y nos permite mantener una tradición pasada y actual, en virtud de la cual otorgamos la nacionalidad chilena, por especial gracia, a ciudadanos eminentes, honor que no se solicita, sino que se otorga.
Por lo tanto, después de analizar los antecedentes expuestos y de considerar que ellos coinciden con las pautas fijadas para el otorgamiento, por especial gracia, de la nacionalidad chilena, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía acordó por unanimidad acoger esta proposición legal y recomendar a la Cámara que, a su vez, apruebe en los mismos términos que el Senado el siguiente proyecto de ley:
“Artículo único. Otórgase la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Joseph Rafael Ramos Quiñones ”.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y en representación de la bancada democratacristiana anuncio que votaré favorablemente este proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Joseph Rafael Ramos Quiñones.
La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, en atención a que todos los antecedentes acompañados justifican plenamente el otorgamiento de tal distinción. Se trata de un reconocimiento del Estado chileno a quienes han entregado a la Patria grandes servicios.
Por ello, después de valorar las grandes cualidades y excelente currículo de don Joseph Rafael Ramos y de comprobar que se cumplían todos los requisitos y condiciones exigidos para este efecto, la Comisión de Derechos Humanos dio su aprobación unánime a la iniciativa.
Los chilenos somos muy agradecidos y reconocemos la labor de los ciudadanos extranjeros que se identifican con nuestros problemas, se contagian con nuestro fervor e interpretan fielmente las necesidades e inquietudes de nuestra comunidad.
De acuerdo con el Nº 5 de los artículos 10 y 60 de la Constitución Política, esta especial gracia que se otorga a don Jospeh Ramos tiene plena justificación, por cuanto ha demostrado gran liderazgo y participación en actividades sociales y solidarias en nuestro país. Asimismo, destaca como un gran académico, constituyéndose en un gran aporte para los estudiantes y para el medio universitario. Ha realizado asesorías a nivel internacional, incluso, en representación de nuestro país, que contribuyeron a la materialización de objetivos; miembro del Consejo Superior de la Universidad Alberto Hurtado; integrante del consejo editorial del Fondo de Cultura Económica de México; investigador y autor de libros, monografías y muchos artículos en revistas especializadas.
Don Joseph Ramos está a la altura de otros extranjeros a quienes también se les concedió la nacionalidad chilena, por especial gracia, tales como José J. de Mora , Andrés Bello , Claudio Gay , Ignacio Domeyko , Lorenzo Sazié , Gabriel Ocampo , Francisco Fernández y tantos otros.
El Estado chileno es agradecido cuando percibe estos grandes gestos y obras. Por eso, en virtud de esta figura jurídica consagrada en nuestra Constitución Política, se otorga la nacionalidad chilena, por especial gracia, a todas aquellas personas que gracias a su esfuerzo, sacrificio, desinterés y larga permanencia en el país, aparte de su gran obra, se hacen merecedoras de tal discusión.
La Cámara de Diputados debe sentirse orgullosa y muy satisfecha de otorgar un reconocimiento a los grandes aportes que don Joseph Ramos ha entregado a nuestro país.
En virtud de todas estas consideraciones, la unanimidad de los miembros de la Comisión aprobamos la concesión de la nacionalidad chilena, por especial gracia, a este gran hombre, catedrático, docente, escritor e investigador.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, ante todo, quiero pedir que saludemos con un aplauso a don Joseph Ramos , quien se encuentra presente en las tribunas.
(Aplausos).
No creo que haya sido porque sí que el Senado y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara han aprobado por unanimidad la concesión, por especial gracia, de la nacionalidad chilena a este hombre que ha vivido 34 años en nuestro país, que está casado con chilena y que tiene dos hijas chilenas.
Asimismo, con generosidad y mucha calidad humana, ha hecho un aporte fundamental a la actividad social; mantiene una trayectoria académica de gran calidad en la Universidad de Chile, destacándose en la docencia e investigación; ha contribuido a formar generaciones y muchos de sus escritos y clases han influido de distintas maneras en muchos de los que estamos sentados aquí. También se ha destacado en organismos internacionales como la OIT y la Cepal. En fin, es una persona de gran calidad en todo sentido.
Ahora, ha tenido esta inmensa trayectoria como chileno. Estoy convencido de que, incluso, piensa como chileno, sueña como chileno y tiene el humor y la simpatía del chileno. Además, lleva 34 años casado con una chilena. Es decir, es un chileno en lo profundo. La única diferencia es que habla como puertorriqueño y, además, es norteamericano.
Todos estos antecedentes ameritan que este hombre, que no es chileno sólo en lo formal, sea objeto de la concesión de la nacionalidad chilena, por especial gracia. Creo que se trata de un chileno que sólo va a formalizar su condición de tal a través de este acto.
Aprovecho de decir que me parece paradójico que una persona con tales antecedentes y trayectoria no pueda ser formalmente decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile mientras no tenga nuestra nacionalidad. Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile y cuya obra contribuyó a la cultura y al desarrollo universitario, no era chileno. Sin duda que esta situación paradójica debe ser motivo de análisis.
Termino señalando que quienes lo conocemos, somos sus amigos y lo respetamos, porque es una persona que ha aportado mucho y seguirá aportando a nuestro país. Por ello, anuncio que vamos a votar, con mucha fuerza y convicción, favorablemente el proyecto, a fin de que Joseph Ramos sea, lo más pronto posible, formalmente chileno.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, hace dos meses, en Chillán, nos encontramos con el profesor Joseph Ramos y con el subsecretario del Trabajo. Pero fue en la Comisión de Derechos Humanos que conocimos todos los antecedentes: el currículo o las actividades, etcétera, de nuestro profesor, y fue en atención a eso que dicha Comisión acordó por unanimidad otorgarle la nacionalidad chilena.
Pero, ¡qué grato resulta comprobar que un extranjero haya contribuido con nuestro país de la manera en que lo hizo el profesor Joseph Ramos durante 34 años, cuando vemos a muchos chilenos tener actitudes antipatrióticas que poco contribuyen a la imagen del país! Pero hay personas, como el profesor Ramos, que se sienten y son más chilenas que muchos chilenos.
Valoramos mucho su contribución a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, desde 1968 a la fecha y, en general, sus actividades de bien social. Es así como participó en instituciones solidarias y de apoyo a grupos de jóvenes.
Como dijo el colega Montes, este profesor es, prácticamente, chileno. A mi juicio, lo de puertorriqueño se le nota muy poco; creo que tiene mucho más de chileno. Espero que la Cámara le otorgue, por unanimidad, la nacionalidad chilena, ya que ha hecho grandes aportes y ha sido un factor importantísmo, sobre todo cuando a partir de 1968 fueron muy pocos los cientistas sociales que se comprometieron con las nobles causas del país. Pero el profesor Joseph Ramos hizo lo que muchos otros no pudieron hacer, por razones ajenas a su voluntad.
Por eso, el PPD va a respaldar esta loable iniciativa.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, quiero decir que éste es un día muy especial para Joseph Rafael Ramos Quiñones : destacado académico, doctorado en economía en la Universidad de Columbia, profesor titular y decano electo de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile.
El profesor Ramos es de esas personas que cuesta encontrar en la vida; académico a ultranza y prolífico en publicaciones. Sé que es muy modesto, pero quiero que se sepa que ha publicado más de ocho libros de economía, más de 21 publicaciones académicas y 40 publicaciones nacionales e internacionales. Es un distinguido maestro que, con pluralismo, ha formado a grandes economistas de nuestro país.
Su sencillez contrasta con sus pergaminos. Hoy lo vemos solo en las tribunas, escuchando nuestro debate. Cuesta encontrar profesores de su talla. Ha sido elogiado por el ex presidente del Banco Central, don Andrés Bianchi ; por el ex Ministro del Trabajo, don René Cortázar ; por el profesor de la Escuela de Economía de la Ucla de Estados Unidos, don Arnold Harberger ; por don Carlos Massad ; por don Luis Riveros, rector de la Universidad de Chile; por don Gonzalo Vial , historiador, ex ministro de Educación y presidente de la Fundación Educacional Barnechea. Y podría seguir nombrando a personas que avalan la obra del profesor Joseph Ramos Quiñones , pero ello dilataría la aprobación del proyecto.
Por eso, en mérito a su larga trayectoria como académico, la bancada de la Unión Demócrata Independiente concurrirá con sus votos favorables para concederle la nacionalidad chilena, por especial gracia, a fin de que pueda ser un chileno más, como se siente y lo ha demostrado durante estos 34 años en nuestro país.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, llevo muchos años en la Cámara de Diputados y, por primera vez, puedo ver el consenso que crea una persona en torno a ella.
No me referiré a los méritos académicos del profesor Ramos, porque todos sabemos que los tiene de sobra. He conversado con algunos de sus alumnos, quienes me han dicho que su mayor mérito es su calidad humana, la forma en que los trata, cómo se ha ido comprometiendo con ellos.
Quiero decirle con mucho respeto que es uno de los pocos, entre quienes se les ha concedido la nacionalidad chilena, que está bastante apitutado en la Cámara -se lo digo de buena leche-, porque varios diputados y ex diputados han sido alumnos suyos:
Andrés Palma, Estévez, Aguiló, Kuschel, Jeame Barrueto y Saffirio. Es decir, ha sido un semillero de diputados; parece que es peligroso. Le vamos a mandar diputados de nuestro lado para que los forme y también tengamos alumnos suyos.
Su calidad humana ha inspirado a la bancada de Renovación Nacional para votar favorablemente el proyecto en discusión. No quiero referirme a sus méritos académicos, que todos sabemos que le sobran. Eso sí, no es justa la causa que ha inspirado el proyecto. ¿Por qué no es justa? Lo voy a decir con todas sus letras: porque se dieron cuenta de que la ley chilena no permite a un extranjero ser decano de una facultad, a pesar de sus méritos. Ésa es la razón de fondo, y en la Comisión de Hacienda analizamos el proyecto y también lo aprobamos por unanimidad.
La verdad sea dicha: por sus condiciones académicas y por todo lo que ha trabajado por el país, el profesor Ramos merece este reconocimiento. Por desgracia, para nosotros, no fue chileno de nacimiento; pero lo acogeremos con los brazos abiertos, pues se merece todo nuestro respeto.
Por ello, Renovación Nacional dará su aprobación a esta iniciativa, a fin de contar con un chileno más entre nosotros.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, los diputados democratacristianos vamos a concurrir, con mucha satisfacción, con nuestro voto favorable a la aprobación de este proyecto de ley que otorga la nacionalidad chilena, por especial gracia, al profesor Joseph Ramos , con lo cual estamos respetando y cumpliendo con la letra y el espíritu del número 5 del artículo 10 de nuestra Constitución Política.
Los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra han sido claros y categóricos para refrendar esa situación: respetar el espíritu y la letra de una norma constitucional establecida para casos excepcionales. Por sus méritos académicos, su trayectoria y lo que aquí ha destacado con tanto énfasis el colega René Manuel García: su calidad humana, el profesor Ramos es un caso excepcional.
Sin duda, las generaciones de estudiantes que compartieron el testimonio, la orientación, los conocimientos y la relación humana establecidos por el profesor Ramos serán las más agradecidas con la aprobación de este proyecto de ley.
Reitero que es muy satisfactorio ser miembro de la Cámara de Diputados, ya que ello nos permitirá concurrir con nuestro voto favorable a la aprobación del proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al profesor Ramos.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, a pesar de que está todo dicho, deseo intervenir brevemente, a fin de manifestar algunas cosas fundamentalmente personales.
En primer lugar, siento mucha alegría de estar presente en la Cámara de Diputados y de votar a favor de este proyecto que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al profesor Ramos. Pocas veces tendré la oportunidad de participar en un debate con tanta alegría como lo hago hoy y de dar mi voto afirmativo para una causa tan buena.
Como lo recordó con mucha certeza el diputado Carlos Montes , estamos hablando de un profesor de la Universidad de Chile, hoy designado decano de la Facultad de Economía, que entronca con una tradición de la República. El colega se preguntaba cuánto le debemos a Andrés Bello y a otros científicos que, desde el siglo XIX al XX, ayudaron a engrandecer nuestro sistema universitario, formando cuadros profesionales que tantos servicios han entregado a la República. Joseph Ramos es uno de ellos y entronca con una tradición democrática de Chile, que desde el siglo XIX ha acogido a tanta gente inteligente y de buena voluntad que ha posibilitado el engrandecimiento de la patria.
En segundo lugar, vale la pena recordar tantos cursos y charlas de economía de Joseph Ramos en la década de los años ’70 y principios de los ‘80. Aprendimos mucho de él. Recuerdo sus orientaciones sobre el diálogo de la economía con otras ramas de las ciencias sociales, en las que citaba al gran maestro Alfred Hirschman, o los salarios participativos, que hasta hoy busca difundir y dar a conocer a través de artículos académicos y de prensa. A él se los escuchamos por primera vez.
Estamos en presencia de un hombre abierto, pluralista. Lo dicho por diputados de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Partido Socialista, Democracia Cristiana y Partido por la Democracia demuestra quién ha sido Joseph Ramos en nuestra sociedad, en los últimos 34 años.
Cabe citar artículos de Joseph Ramos, cristiano abierto, en que dialoga con el padre Gutiérrez sobre la Teología de la Liberación, o luego con Michael Novak , otro teólogo estadounidense, en que muestra cómo hay que dialogar, cómo hay que incorporar las verdades del otro, cómo hay que buscar la verdad, incluso, en disciplinas tan difíciles a veces para quienes tenemos formación en ciencias sociales, como la teología.
No es una coalición de partidos la que se ha expresado ayer en el Senado y hoy en la Cámara, sino el conjunto de la comunidad chilena a través de sus representantes, quienes damos la bienvenida a este querido chileno, profesor Joseph Ramos.
Me alegro por los discursos de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, porque demuestran que el conjunto de nuestra patria da formalmente la bienvenida al profesor Joseph Ramos.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, tal como recordó nuestro colega René Manuel García, junto a otros diputados tuve el enorme privilegio de ser alumno de Joseph Ramos, en mi caso en 1972, en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.
Con los ex compañeros y amigos hemos recordado aquella escuela, que en esa época quedaba en la Avenida República, al llegar a Blanco Encalada, en Santiago. Joseph Ramos, junto con Eduardo García , que en paz descanse, fueron los profesores que, por sus conocimientos, pero, sobre todo, por sus condiciones humanas, dejaron un legado muy profundo en sus alumnos.
El recuerdo, el cariño y el mensaje pluralista, amplio, diverso, que en la Cámara ha sido reconocido por todos los sectores, no es sino una demostración del afecto y de la semilla que fue capaz de sembrar Joseph Ramos.
¡Qué bueno que asuma el cargo de decano de la Facultad de Economía, el cual siempre ha tenido en Chile un rol protagónico! Ojalá vuelva a tenerlo en estos tiempos en que, por desgracia, la economía pareciera ser casi una ciencia exacta con cuya voz dogmática, oficial y predominante resulta tan difícil discrepar. Aire fresco como el que siempre ha aportado Joseph Ramos lo necesitamos más que nunca, a fin de que, desde distintos puntos de vista, puedan analizarse temas tan acuciosos como la igualdad, la distribución más generosa de los ingresos y de las riquezas que un país como el nuestro es capaz de producir.
Me sumo a las expresiones vertidas por mis colegas para dar oficialmente esta tan merecida bienvenida a la nacionalidad chilena a nuestro profesor Joseph Ramos.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado,Álvarez-Salamanca,Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Ceroni , Cornejo , Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escobar , Espinoza , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Hernández , Jarpa , Jeame Barrueto , Kuschel , Letelier (don Felipe) , Mella (doña María Eugenia) , Monckeberg , Montes, Moreira , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto,Quintana,Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Seguel , Silva , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Saludamos al señor Joseph Rafael Ramos Quiñones y le deseamos el mejor de los éxitos en nuestro país.
-Aplausos.
CREACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LAVADO O BLANQUEO DE ACTIVOS. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
A continuación, corresponde conocer el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos , y de la de Hacienda, el señor Carlos Hidalgo .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2975-05, sesión 9ª, en 19 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda, sesión 4ª, en 8 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, después de la situación tan emocionante que hemos vivido, haré un esfuerzo por hacer algo entretenido mi informe, aunque será algo difícil porque la materia de que trata es bastante fría.
Mediante el proyecto, iniciado en mensaje del Ejecutivo, se crea la Unidad de Análisis Financiero y se modifican tipos penales de lavado de dinero o blanqueo de activos.
Para emitir su informe, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia escuchó, entre otras personas, al fiscal nacional, don Guillermo Piedrabuena ; al subsecretario del Interior, don Jorge Correa ; a la asesora del fiscal nacional, María Eugenia Manaud ; a los asesores del Ministerio del Interior, Jorge Vives y Andrea Muñoz ; al asesor de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández ; al asesor jurídico del Ministerio de Hacienda, Ernesto Livacic ; al fiscal del Comité de Inversiones Extranjeras, Claudio Castillo ; al abogado jefe del Comité de Inversiones Extranjeras, Manuel Canessa ; al fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Montes ; al jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Francisco Maldonado , y a la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Teresa Muñoz .
Originalmente, la Unidad de Análisis Financiero constituyó un título importante del proyecto de ley de Drogas. Sin embargo, a comienzos de la legislatura ordinaria recién terminada, el Ejecutivo decidió sacar de él, ya aprobado a fines del año pasado por la honorable Corporación y hoy en la Comisión de Constitución del Senado, si no me equivoco, el título denominado en ese entonces Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, para presentarlo como una iniciativa distinta, que ya inició su trámite en la Cámara.
Una de las razones para optar por ese camino fue, esencialmente, la urgencia de contar con una instancia como ésa, puesto que no está establecida en nuestra legislación.
Si uno revisa la legislación comparada no sólo de los países sudamericanos, que forman parte del denominado Gafisur , Grupo de Acción Financiera Internacional de América del Sur, que reúne las instancias jurídicas de los países en la lucha contra el lavado de dinero, sino que también la de Europa y de América del Norte, se encontrará que todos los países con grados importantes de articulación jurídica tienen instancias de esa naturaleza, como un elemento de lucha contra una de las consecuencias más brutales del narcotráfico, así como de otros delitos de carácter organizado, como el lavado de dinero y el reciclaje de bienes o de activos.
En consecuencia, hay una urgencia real de que el Estado esté en una condición jurídica similar a sus pares del mundo desarrollado.
También hay compromisos internacionales, respecto de los cuales Chile ha sido compelido, a los efectos de tener esta instancia de carácter prejudicial que más adelante vamos a analizar.
Además, hay una necesidad obvia de perfeccionar los tipos penales que dan sustento a la creación de una instancia de esta naturaleza, los cuales hoy se encuentran presentes en la ley de Drogas vigente en el país, pero que tienen, como lo ha demostrado la práctica, algunos inconvenientes, en el sentido de que las hipótesis en que se ponen esos tipos penales no son suficientes para la debida investigación de delitos tan complejos como el lavado de dinero.
Se requiere modificar el tipo penal de la asociación ilícita para lavar dinero.
Tal vez vale la pena detenerse en el preámbulo del informe para intentar definir lo que es el lavado de dinero. Hay cientos de definiciones, pero para ilustrar mejor a los colegas encontré una que me parece muy simple desde el punto de vista de la comprensión ciudadana. Se define como un proceso delictual, en virtud del cual los bienes de origen ilícito se incorporan al sistema económico legal, bajo apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Eso es lo que busca el lavado de dinero. De hecho, el lavador de dinero sabe positivamente que los bienes que está incorporando al sistema legal provienen de un acto ilícito, sea narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, y su preocupación es incorporarlos al sistema financiero para que se confundan con los bienes lícitos.
En general, los chilenos tenemos la sensación de que nuestra economía abierta -¡gracias a Dios abierta!- está sujeta a la posibilidad o al riesgo de que entren este tipo de bienes. En todo caso, no se trata de evitar su entrada cerrando nuestra economía, pues sería un pésimo negocio. Se trata de tener instituciones que funcionen bien, para evitar, dentro del marco de apertura comercial, que entren al país ese tipo de bienes o que éstos se manejen desde el interior.
Los chilenos conocemos algunos casos que han sido llevados a la justicia y que nos han preocupado, porque reflejan una cosa que puede ser mayor y debido a que su investigación no ha sido fácil.
El caso más antiguo de lavado de dinero que conozco es el de Focus Chile Motores, que tuvo graves consecuencias para mucha gente.
También está el caso de una empresa naviera de la Quinta Región, que ocupaba sus barcos para traer droga y a partir de eso efectuar lavado de dinero, según consta en el proceso que hoy se investiga, en el que se han decretado autos de procesamiento vigentes.
Además, está el caso de una empresa boliviana, conocido -si no me equivoco- como Operación Océano, que trabajaba desde Chile para el envío de precursores químicos con el fin de producir droga en Bolivia, en una planta que estaba instalada en ese país con todas las de la ley, en la que, obviamente, se manejaban importaciones mucho más allá de las que se justificaban ante los organismos chilenos y bolivianos. Varios de los miembros de esa organización se encuentran actualmente procesados.
Tal vez, el caso más emblemático es el del Señor de los Cielos, que, en su momento, logró ingresar al país bienes vía Capítulo 600, operación que, afortunadamente, fue abortada con la ayuda de organismos internacionales.
Asimismo, el caso que sin duda a todos nos ha preocupado es el de la empresa aérea de origen peruano Aero Continente, que fue formada desde Miami , en Florida, por una persona que, indudablemente, estuvo vinculada en su tiempo a grandes carteles de narcotráfico en el Perú.
Dificultades de pruebas sí ha habido, pero la sensación es que no estamos libres de la posibilidad de que los narcotraficantes busquen nuestra apertura de mercado para ingresar capitales de origen ilícito, con el objeto de confundirlos con el tráfico normal de bienes.
El proyecto establece dos cuestiones fundamentales. Una es la creación de la instancia Unidad de Análisis Financiero, que originalmente fue llamada Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Sin embargo, luego de una indicación que presentamos con los diputados señores Forni , Díaz y Ascencio , la Comisión aprobó, por unanimidad, eliminar la palabra “Inteligencia”, porque la labor esencial de esa unidad es de análisis, no de inteligencia. Con eso despejamos la duda respecto de otros organismos de inteligencia y particularmente de la Agencia Nacional de Inteligencia, cuyo proyecto, que establece su creación, avanza en la Comisión de Defensa de la Cámara, que preside el diputado señor Jorge Ulloa . La Agencia Nacional de Inteligencia será el organismo que se dedicará esencialmente a la inteligencia, no como el que dispone esta iniciativa, que es de análisis, sin perjuicio de que en ocasiones pueda requerir labor de inteligencia de otro.
Además, el proyecto establece la creación de nuevos tipos penales o se modifican los tipos penales existentes, mejorándolos y poniéndolos más al día respecto de la cotidianidad de la comisión de los ilícitos mencionados.
Entre las cuestiones fundamentales de la iniciativa está la creación de dicha unidad. En su artículo 1º establece que se crea la Unidad de Análisis Financiero, UAF, con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 19.
En términos concretos, lo que se busca fundamentalmente es que la Unidad de Análisis Financiero realice una labor prejudicial, anterior al proceso, con el objeto de determinar, frente a información propia o venida del sistema financiero -como lo detallaré más adelante-, la existencia de elementos que hacen que una operación financiera, cuyas características puedan ser eventualmente lícitas, sea sin duda sospechosa por las condiciones de tal carácter que la propia ley señala, con el fin de investigar la operación financiera con más profundidad.
De hecho, si se llega a la conclusión de que la operación es más que sospechosa, al haber elementos claros que permiten presumir el lavado de dinero proveniente de un delito base, el organismo debe poner los antecedentes a disposición del fiscal respectivo o del Consejo de Defensa del Estado, donde no haya fiscalía. Sin embargo, a la larga eso será un elemento y una instancia prejudicial de ayuda al fiscal nacional económico o a los fiscales pertinentes, mediante la entrega de elementos financieros, contables y analíticos que permitan fundar mejor una acción por lavado de dinero o por asociación ilícita para el fin anterior.
La Unidad de Análisis Financiero será un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda.
El jefe superior del servicio tendrá el título de director, será nombrado por el Presidente de la República y tendrá la calidad de funcionario de la exclusiva confianza de éste.
Así definió el Ejecutivo la creación de este órgano. Sin embargo, hubo una discusión en la Comisión sobre el punto, por lo que algunos diputados presentaron una indicación para pedir que el nombramiento correspondiera al Senado, la cual fue rechazada por mayoría de votos.
Las atribuciones y funciones que tendrá la Unidad de Análisis Financiero serán recibir, solicitar, verificar y archivar la información a que se refiere el artículo 3º, analizar los actos, actividades y operaciones informados como sospechosos de configurar algunos de los delitos descritos en el artículo 19; disponer la inmediata remisión de los antecedentes al Ministerio Público, cuando aparezcan indicios de que se ha cometido alguno de los delitos a que se refiere el artículo 19, esencialmente lavado de dinero -en algunas de las formas que analizaremos- o asociación ilícita para lavar dinero, y solicitar informes, documentos, y cualquier otro antecedente a personas naturales y jurídicas, las cuales estarán obligadas a proporcionarlos en el término que se les fije. Este último elemento es muy importante. La Unidad de Análisis Financiero puede actuar activamente y pedir antecedentes cuando tenga connotación de sospechosa una operación respecto de los cuales fijará un plazo para su entrega.
Si los antecedentes o la información que requiera están amparados, por el secreto o reserva, por ejemplo, por el secreto bancario, tendrá que pedirse la autorización judicial respectiva para investigarlos y conocerlos. No es cuestión que la UAF pida una información bancaria así como así. Debe pedirla, y si está amparada por el secreto, corresponderá al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que el presidente de la misma designe, por sorteo, autorizar la solicitud.
Entonces, es un acto compuesto. No basta con que la autoridad administrativa solicite un documento o antecedente amparado por el secreto bancario, por ejemplo, u otro tipo de secreto. Es acto compuesto en la medida en que requiere, además, de la concurrencia de un poder independiente del Estado que autorice tal entrega de documento, elemento básico, a juicio de los que estábamos en la Comisión, para los efectos de respetar garantías de carácter constitucional.
No por luchar contra el lavado de dinero podemos abrogar o amenazar garantías de esa envergadura.
También puede disponer exámenes periciales, organizar y mantener archivos; recomendar medidas al sector público; dictar normas de general aplicación; intercambiar información con unidades del extranjero; analizar la información que indica el artículo 5º. Pero, bajo ningún respecto -y esto es muy importante-, la Unidad de Análisis Financiero podrá ejercer competencias propias del Ministerio Público y de los tribunales de justicia.
Asimismo, sólo podrá utilizar la información que reciba para los propósitos establecidos en la ley, no pudiendo, en caso alguno, darla a conocer o entregarla a organismos o servicios distintos al Ministerio Público. Y esto, si lo hace en contra de algún funcionario, tiene sanciones muy graves más adelante.
Tal como el Ministerio Público, y eventualmente la Unidad de Análisis, en la etapa prejudicial, tiene ventajas procesales en la investigación de ciertos delitos, también hay sanciones bastante duras para aquel funcionario que, conociendo alguna información porque fue declarada sospechosa, entregara estos antecedentes a las personas que no las podían saber, poniendo en una condición compleja a la persona sujeta a una sospechabilidad.
Ésta es una de las formas en que recibe o recaba información la Unidad de Análisis Financiero, pero hay otras. Tal vez la más importante, que es el nervio motor del proyecto, es el deber de informar, señalado en el artículo 3º, que dice: “Las personas naturales y las personas jurídicas que se señalan a continuación, estarán obligadas a informar sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades: los bancos y otras instituciones financieras; el Comité de Inversiones Extranjeras, las casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras y operadoras de tarjetas de créditos; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las bolsas de comercio; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de mercados de futuros y de opciones; los casinos, salas de juegos e hipódromos; los agentes generales de aduana; las casas de remate y de martillo; los notarios y los conservadores”.
¿Qué se entiende por acto, operación o transacción sospechosa? Aquel “hecho que reviste caracteres irregulares, inusuales o anómalos, en relación con la función o desempeño normal, frecuente y común del agente o identidad y sus clientes, sean éstos habituales u ocasionales, y que por su gestión, presentación, documentación utilizada, información proporcionada o, a falta de ésta, por la reiteración y cuantía de las mismas o la intervención inusual de terceros o desconocidos, sea indiciario -sinónimo de demostrativo- de un origen ilícito de los bienes objeto de la negociación dubitada”.
Daré un ejemplo, hipotético, por cierto, pero directo, para que se entienda: si el señor Jorge Burgos -para no molestar a nadie-, que tiene un promedio en su cuenta corriente de uno, dos o tres millones, de un día a otro deposita, en efectivo, quince millones de pesos, ésa es una operación sospechosa e inusual que debiera ser informada por el banco -si persiste en el tiempo, con mayor razón- y ser investigado el origen de esos bienes.
El deber de informar es esencial, básico.
Para los efectos de la obligación señalada en el inciso primero del artículo 3º, las personas allí indicadas deberán designar un funcionario responsable de relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero.
Las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales o de cualquier otra índole sobre secreto y reserva de determinadas operaciones o actividades, no impedirán el otorgamiento de los informes, documentos y antecedentes que se deben entregar o exhibir para el cumplimiento de la obligación establecida en el presente artículo.
En consecuencia, hay una apuesta a la necesidad de que nuestro sistema financiero informe de los sospechosos.
Escuchamos a los fiscales de la Asociación de Bancos -tal vez, teóricamente, los principales clientes de la futura Unidad de Análisis Financiero-, y se mostraron absolutamente de acuerdo en la necesidad de crear una institución de esta naturaleza. Es buena para ellos. Las auditorías internas de los bancos tienen un sistema para detectar la sospechabilidad.
Lo que no tienen muy claro es qué hacer con esos antecedentes, porque no siempre lo sospechoso es objeto inmediato de acción judicial. Hay un tramo, una necesidad de investigación. Para eso es la UAF, para disponer de los antecedentes en ese tramo intermedio entre lo sospechoso y el indicio de la presunción que hagan viable la acción judicial por lavado de dinero, de manera de evitar malos resultados que, desgraciadamente, ha habido con algunas operaciones.
Artículo 4º.- “El deber de informar previsto en el artículo precedente será también exigible a todo aquel que porte o transporte moneda en efectivo desde y hacia el país, por un monto que exceda las trescientos cincuenta unidades de fomento o su equivalente en otras monedas”.
Además, están las normas del personal. En general, son las propias de un servicio, con algunas más estrictas respecto de no entregar antecedentes a quien no corresponda.
Artículo 13.- “El personal de la Unidad deberá mantener en estricto secreto todas las informaciones y cualquier otro antecedente que conozca en el ejercicio de su cargo y que se relacione directa o indirectamente con sus funciones y actividades.
La infracción de esta prohibición se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
Esta prohibición se mantendrá indefinidamente después de haber cesado en su cargo o comisión”.
Multas altas y la posibilidad de presidio para el irresponsable que revele un secreto. Además, quienes trabajen en la Unidad, que serán pocos, para que no se asusten con nuevas burocracias, deberán mantener en secreto, indefinidamente -para siempre-, la información que reciban en función del cargo respecto de terceras personas, no del Ministerio público ni de los tribunales.
Inciso final: “Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Director de la Unidad deberá concurrir anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados -y no del Senado, como se usa tanto en nuestra legislación-, con el objeto de informar sobre aspectos generales de su gestión, en sesión secreta”.
Es muy importante que esta Corporación fiscalizadora tenga la posibilidad legal de conocer anualmente un informe de la marcha respecto de lo que pasa con las operaciones sospechosas en nuestro país. Para la Corporación será un avance en ese rol.
Artículo 14.- “La Unidad de Análisis Financiero podrá integrarse con funcionarios en comisión de servicio de las siguientes instituciones: Banco Central de Chile; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; Servicio de Impuestos Internos; Consejo de Defensa del Estado; Servicio Nacional de Aduanas; Superintendencia de Valores y Seguros; Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones, y Comité de Inversiones Extranjeras”. Es decir, todas instituciones que pueden conocer en algún momento operaciones de carácter sospechoso.
Las normas de tipo financiero las va a informar mi colega señor Hidalgo apenas termine este lato informe. Sólo me falta referirme a la creación, la modificación, la modernización de tipos penales en relación con el lavado de dinero. El artículo 19 dice que será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio -más las agravantes que vamos a ver- y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales, las siguientes hipótesis penales:
“a) El que convierta, transfiera o, con ánimo de lucro, adquiera, posea, tenga o use determinados bienes que provienen directa o indirectamente de la perpetración en Chile o en el extranjero de hechos constitutivos de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes o substancias psicotrópicas, terrorismo en cualquiera de sus formas, tráfico ilícito de armas, pornografía y prostitución infantil, trata de blancas y de los delitos relacionados con ellos;”.
Las figuras son varias: El que convierta, transfiera o adquiera determinados bienes que provengan directa o indirectamente -da lo mismo- de la perpetración en Chile o en el extranjero -muchos casos que hemos conocido sucedieron en el extranjero- de hechos constitutivos de los delitos -entre otros- de tráfico ilícito de estupefacientes -tal vez el más común- y terrorismo. Hoy, en el mundo, se entiende que una de las formas más importantes de combatir el terrorismo es cómo los países son capaces de horadar el origen de los bienes determinados para la realización de dichos actos; cómo somos capaces, en general, de evitar que a través de dineros se armen las operaciones terroristas. En consecuencia, es muy importante poner este delito como base; ésa es la novedad. Hasta ahora, el delito base del lavado de dinero era sólo y exclusivamente el narcotráfico. De aprobarse esta modificación, acá y en el Senado, los delitos bases serán -reitero- el narcotráfico, el terrorismo, en cualquiera de sus formas, el tráfico de armas, la pornografía, la prostitución infantil, la trata de blancas y los delitos relacionados con ellos. Esto es crimen organizado que preocupaba a la diputada señora María Antonieta Saa cuando discutimos el proyecto relativo a la pedofilia. Aquí hay un elemento más de lucha contra el crimen organizado, cualquiera sea su forma.
Es muy importante esta modificación.
Segunda hipótesis respecto del lavado de dinero.
“b) El que tenga, use o posea los referidos bienes -obtenidos de la manera indicada- o realice cualquier otro acto o incurra en omisiones para ocultar o disimular el origen ilícito, ubicación destino, movimiento, propiedad o derechos sobre los mismos”.
Aquí se enumera una cantidad de verbos rectores que importan algún grado de comisión respecto del delito de lavado de dinero.
“Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos de cualquier clase apreciable en dinero, corporales o incorporables -por lo tanto, acciones también-, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos -como posesión, algún título, etcétera- sobre los mismos”.
Existe, entonces, una amplia posibilidad respecto de qué se entiende por bienes provenientes del lavado de dinero.
“Si el autor no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable -no por dolo-, la pena señalada en el inciso primero será rebajada en un grado”.
Por ejemplo, un contador auditor, con capacidad, que probablemente no haya actuado en el origen del ilícito, pero que cuando conoció los antecedentes que le entregaron para abrir una operación comercial -una cuenta corriente, por ejemplo- no pudo sino, a partir de su experiencia -hay que probarlo en un juicio-, darse cuenta del origen ilícito de los bienes, también es castigado, en la medida en que se acredite su negligencia inexcusable.
En consecuencia, también el juez o el querellante, el fiscal, podrá acreditar, respecto de una persona, su negligencia inexcusable. Ésa también es una novedad en esta tipificación.
“La circunstancia de ser el origen de los bienes aludidos un hecho típico y antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso primero, podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito tipificado en este artículo”.
No hay para qué abrir dos procesos respecto del delito base y del otro. Por una cuestión de economía procesal, en el mismo proceso pueden acreditarse los mismos hechos.
“Si el que participó como autor, cómplice o encubridor del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, será también sancionado conforme a ésta”.
Es decir, si el narcotraficante, además, fue sancionado como lavador de dinero, puede ser sancionado a través de las dos figuras penales.
En general, el profesor Juan Bustos , uno de los penalistas más connotados de nuestra Comisión, frente a la duda que planteamos algunos diputados en el sentido de que en este artículo pudiera vulnerarse el principio denominado non bis in ídem, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho, manifestó que la doctrina unánime a este respecto sostiene que no hay conculcación de dicho principio, por cuanto son figuras absolutamente distintas y no puede presumirse siempre que la persona que originó el tráfico efectuó todos los actos posteriores para su concreción. En consecuencia, no se rompe el principio del derecho penal elemental del non bis in ídem.
Reconozco que esta cuestión puede ser discutida por los doctrinarios y debemos estar abiertos a esa eventualidad.
El artículo 20 mejora la figura típica existente. Su inciso primero señala: “Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo algunas de las conductas descritas en el artículo anterior, serán sancionados, por este solo hecho, según las normas que siguen:”.
Es decir, se castiga la asociación ilícita para lavar dinero proveniente de cualquier delito base -de los que hemos denominado- per se, autónomamente, más allá de lo que haya pasado después y de que se haya podido acreditar o no el lavado de dinero. El simple hecho de asociarse para lavar dinero es un delito, como corresponde.
En el artículo se hacen distinciones respecto de la figura de la asociación, de su responsabilidad, en cuanto a si se es jefe de la banda, si se ha obedecido una instrucción, si se formó parte de la banda en alguna etapa posterior a la asociación ilícita, cuestión que nos parece importante desde el punto de vista de la técnica legislativa.
Por el artículo 21 se agrega, al final del inciso segundo del artículo 66 de la ley orgánica constitucional del Banco Central, una frase en el sentido de que en determinados casos dicha entidad podrá entregar la información que le sea requerida por la Unidad y el Ministerio Público. Este es uno de los artículos que tienen carácter de ley orgánica constitucional. El informe, erróneamente, señala al artículo 20, el cual no se refiere a ley orgánica alguna porque, simplemente, trata de la creación de tipos penales que no requiere más que quórum simple.
Obviamente, hay un error, probablemente de responsabilidad del presidente de la Comisión que habla, y -repito- ese artículo que debe señalarse como 21, modifica la ley orgánica del Banco Central.
El otro artículo que reviste carácter de ley orgánica es el 2º, relativo a romper el secreto bancario con autorización judicial, cuando corresponda.
No quiero terminar mi informe sin dejar de señalar que hemos presentado una indicación al artículo 23, originada en otra omisión. Dicho artículo establece que la investigación de los delitos a que se refiere el artículo 19 -lavado de dinero- será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y fija reglas para los plazos. La verdad es que debiera hacer alusión a los artículos 19 y 20. No hay ninguna razón para que, en cuanto al lavado de dinero, exista una disposición especial en relación con determinado secreto para terceros y no la haya respecto del artículo 20 que tipifica dicho lavado de dinero. Es obvio que se trata de un error.
El artículo 24 contiene una norma de reenvío bien importante en el sentido de que, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley -artículos 19 y 20- todas las normas vigentes de la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas -mientras no sean modificadas por el Senado-, forman parte procesal de la investigación de este tipo de delitos, salvo aquellas que se han derogado en esta propia ley, como la vieja asociación ilícita y otras con ocasión de la ley de readecuación de la reforma procesal penal.
También es importante destacar que el artículo 1º transitorio señala que debe hacerse una diferencia, cual es que en aquellas regiones en que no rige todavía el proceso penal nuevo -fiscal nacional-, la Unidad de Análisis Financiero deberá emitir los antecedentes sospechosos, para que se inicie una acción, al Consejo de Defensa del Estado.
El artículo 2º transitorio se refiere a una cuestión tal vez innecesaria desde el punto de vista jurídico, pero que es mejor ponerla que no ponerla. Dice que las causas que actualmente se substancian por tráfico o por asociación ilícita -que no son muchas, pero las hay- se seguirán rigiendo por la ley vigente para evitar cualquier riesgo de romper principios de legalidad u otros propios del derecho penal y del derecho constitucional.
Estamos en presencia de un proyecto muy importante para el país. Hemos hecho un trabajo transversal en la Comisión, en la cual diputados de todos los partidos hicieron un esfuerzo para mejorar la iniciativa del Ejecutivo. Asimismo, contamos con el apoyo de éste y de los distintos ministerios. Este proyecto de ley, cuando lo aprobemos, formará parte de una trilogía esencial para el país. Constituye una pata de una mesa de tres patas; la otra será la nueva ley de Drogas que está en el Senado -a mi modesto entender- desde hace mucho tiempo. Debiera estar de vuelta en la Comisión Mixta para tener -ojalá-, coetáneamente con esta ley, una nueva ley de Drogas con mejores normas sobre agentes intrusivos, informantes -sabemos lo que pasa hoy al respecto-, sobre microtráfico, etcétera.
En mi opinión, falta una tercera ley, que es la creación de una instancia parecida al Conace, que asuma en el país el trabajo de prevención y rehabilitación del drogadicto. Mientras no demos esa pelea más de frentón, vamos a tener una pata coja de la gran lucha contra el narcotráfico y sus efectos perniciosos para la sociedad.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Carlos Hidalgo .
El señor HIDALGO.-
Señor Presidente, la esencia del proyecto la manifestó en forma excelente, amplia, clara y categórica el diputado Burgos ; por lo tanto, mi exposición será mucho más precisa.
En cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación, paso a informar sobre el proyecto de ley que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión los señores Ernesto Livacic , Manuel Brito y Jorge Vives , asesores de los Ministerios de Hacienda y del Interior, respectivamente.
El objeto de la iniciativa consiste en crear un servicio público denominado Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, cuya misión será la prevención y control del lavado de dinero o blanqueo de activos proveniente de la comisión de delitos relacionados con leyes que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas, la pornografía, prostitución infantil y trata de blancas, el control de armas y la que determina conductas terroristas y fija su penalidad.
Esta Unidad, según lo aprobado en la Comisión técnica, se llamaría Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En el análisis realizado por la Comisión, el señor Livacic hizo presente que la iniciativa en informe es muy similar al Título IV que incluía el proyecto de ley destinado a sustituir la ley Nº 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas, y que fuera desglosado de dicho texto para facilitar su tramitación legislativa. Destacó que el lavado de dinero, sin embargo, se vincula en este nuevo proyecto a los delitos por tráfico de armas y conductas terroristas, entre otros, como consecuencia de los hechos internacionales acaecidos el año recién pasado en los Estados Unidos.
Explicó, además, que la estructura y naturaleza de la Unidad es la de un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Jefe de Estado a través del Ministerio de Hacienda. Estará a cargo de un director, quien será funcionario de la exclusiva confianza presidencial, y contará con una planta de cinco funcionarios, la cual podrá ser modificada según las necesidades de la ley de Presupuestos.
Agregó que, a sugerencia parlamentaria, se incorporó en el proyecto la obligación de que la citada Unidad rinda una cuenta anual de su gestión ante la Comisión de Hacienda.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 13 de junio de 2002, señala que la aplicación del proyecto para este año tendrá un costo de 245 millones de pesos, aproximadamente, y se financiará con cargo a la partida Tesoro Público del presupuesto de la Nación, y que en los años posteriores el costo en régimen será de 296 millones de pesos aproximadamente, que se considerará en los respectivos presupuestos anuales, de acuerdo con el desglose o detalle en poder de los señores diputados.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 1º, 2º letras d), párrafo tercero, e) y f); 16, 17 y 18 permanentes y 2º, 3º y 4º transitorios. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento el artículo 5º transitorio del proyecto aprobado por la Comisión técnica, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe mencionar lo siguiente:
Por el artículo 1º del proyecto se crea la Unidad de Análisis Financiero con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica del país, para la comisión de algunos de los delitos descritos en el artículo 19 del proyecto.
En el inciso segundo se precisa que la Unidad de Análisis Financiero será un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.
En el inciso tercero se señala que el jefe superior del servicio tendrá título de director, será nombrado por el Presidente de la República y tendrá la calidad de funcionario de la exclusiva confianza de éste.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 2º se establece que la Unidad de Análisis Financiero tendrá las siguientes atribuciones y funciones que podrá desarrollar y ejercer en cualquier lugar del territorio nacional:
Por la letra d) se contempla solicitar informes, documentos y cualquier otro antecedente a personas naturales y jurídicas, las cuales estarán obligadas a proporcionarlos en el término que se les fije.
En el caso de que estos informes, documentos y antecedentes estén amparados por el secreto o reserva, corresponderá al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el presidente de dicha Corte designe por sorteo en el acto de hacerse el requerimiento, autorizar esta solicitud. El ministro resolverá dentro del plazo de veinticuatro horas, sin audiencia ni intervención de terceros. La resolución que rechace la solicitud será someramente fundada, pudiendo la Unidad de Análisis Financiero apelar de ella. La apelación será conocida en cuenta y sin más trámite, por la sala de cuenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, tan pronto se reciban los antecedentes. La solicitud se tramitará en forma secreta.
El otorgamiento de los informes, documentos y antecedentes será gratuito y libre de toda clase de derechos e impuestos.
Por la letra e) se autoriza disponer exámenes periciales, los que podrá encomendar a instituciones públicas o privadas.
Por la letra f) se permite organizar, mantener y administrar archivos, pudiendo integrarlos, con el debido resguardo y protección, a las redes nacionales e internacionales para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Los diputados señores Alvarado , Dittborn , Escalona , Hidalgo , Jaramillo , Lagos, Ortiz , Silva , señora Tohá y Villouta formularon una indicación para agregar en la letra f), a continuación del término “redes”, las palabras “de información” con el objeto de precisar el concepto.
Puestas en votación las letras d), párrafo tercero, e) y f) del artículo 2º, con la indicación precedente, fueron aprobadas en forma unánime.
En el artículo 16 se establece que el régimen de remuneraciones del personal de la Unidad será el correspondiente a las instituciones fiscalizadoras.
En el inciso segundo se señala que se aplicarán también al personal de planta y a contrata de la Unidad, la asignación establecida en el artículo 17 de la ley Nº 18.091, sustituido por el artículo 10 de la ley Nº 19.301, y la bonificación de estímulo por desempeño funcionario establecida en el artículo 5º de la ley Nº 19.528, las que se determinarán en la forma prevista en dichas disposiciones. Para estos efectos, el director deberá informar anualmente al Ministerio de Hacienda sobre la materia.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 17 se dispone que la Unidad contará con un total de cinco cargos directivos: un director, tres jefes de división y cuatro jefes de departamentos. Sin perjuicio de la planta fijada en este artículo, el director podrá contratar personal con sujeción a la dotación máxima y a los recursos que anualmente se consulten al efecto en su presupuesto.
La asimilación máxima aplicable a dichas contrataciones será el grado 4 para profesionales; el grado 14 para técnicos; el grado 16 para administrativos y el grado 19 para auxiliares, todos de la escala de sueldos de las instituciones fiscalizadoras.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 18 se estipula que el patrimonio de la Unidad de Análisis Financiero estará formado por los recursos que se le asignen anualmente en la ley de Presupuestos del sector Público y en otras leyes; por los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título y los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado en forma unánime.
En el artículo 2º transitorio se señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, los delitos contemplados en los artículos 12 y 22 de la ley Nº 19.366, que se hubieren cometido con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, se juzgarán por las normas vigentes en la época de su comisión.
La Comisión resolvió no pronunciarse sobre este artículo por no ser de su competencia.
En el artículo 3º transitorio se preceptúa que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto se financiará con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público respectiva.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 4º transitorio se dispone que el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, creará el capítulo respectivo de ingresos y gastos del presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 5º transitorio se fija en quince cargos la dotación máxima de personal de la Unidad de Análisis Financiero para el primer ejercicio presupuestario.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, hemos recibido dos exposiciones bastante completas de parte de los colegas informantes de las respectivas comisiones y celebro que la Cámara haya acordado discutir y votar el proyecto en esta sesión.
Pero, permítanme hacer un paréntesis.
Hace poco estuvo presente en la Sala el subsecretario Vidal , a quien le señalé que, días atrás, junto al diputado Bustos , presentamos una iniciativa -espero que sea acogida en la legislatura extraordinaria- a fin de impedir que la tramitación de proyectos de ley en el Congreso Nacional no se extienda más allá de un plazo máximo de tres años. Sería extraordinariamente positivo que el Gobierno la acoja puesto que evitará, en muchos casos -reitero-, que algunos trámites legislativos se prolonguen más allá de lo razonable y responsable. Hoy, celebro también que esta materia se haya apartado de la ley de Drogas y se trate en un proyecto específico, porque nos ha permitido adentrarnos bien en que, sin lugar a dudas, son de gran responsabilidad y necesidad.
Chile está cada vez más, crecientemente, vinculado con el exterior. Hemos desarrollado mercados de capitales y es fundamental, entonces, contar con un instrumento de esta naturaleza. Además, estábamos en falta, puesto que, si analizamos la legislación comparada -como se nos presenta en el informe-, podemos ver que países como Colombia, Argentina, Bolivia y Perú cuentan con una unidad de análisis financiero y Chile era el único que todavía no se había puesto al día.
No sólo digo esto por nuestros compromisos y obligaciones internacionales, sino porque es un instrumento que permite dotarnos de análisis que impidan el uso de recursos obtenidos ilícitamente, sucios, en actividades lícitas, que es lo que ocurre con el lavado de dinero. Nosotros, al no tener una legislación específica, estamos brindando la oportunidad para que eso ocurra.
Espero que este proyecto se apruebe, porque es extraordinariamente importante, en la medida en que va a permitir un seguimiento de cualquier operación sospechosa, irregular, anómala, como se ha señalado.
En la Comisión llamó la atención la intervención del señor Guillermo Piedrabuena , fiscal nacional del Ministerio Público, quien señaló que el tipo penal se amplía a delitos como el terrorismo, el tráfico de armas, la pedofilia, la trata de blancas, la prostitución y otros conexos, lo que hace trascendente el proyecto.
Además, informó que en los Estados Unidos no se concibe la vinculación exclusiva del lavado de dinero con un delito determinado, sino con todos los delitos graves relacionados con actividades ilícitas.
En el caso de Inglaterra, todo el dinero sucio proveniente de actividades ilícitas, independientemente de que se pueda acreditar la causa delictual, es castigado como lavado de dinero.
En esas legislaciones no se exige el vínculo, la ligación entre los recursos y el hecho ilícito anterior. Por ejemplo, en esos países no habría podido darse el amparo que concedió nuestra Corte Suprema a la empresa Aero Continente por no haberse podido acreditar que los recursos provinieran del narcotráfico.
Los ejemplos que nos dio el señor fiscal son realmente importantes. Además, todos estamos claros en que debemos contar con un instrumento de esta naturaleza, no sólo para impedir que prospere el lavado de dinero, sino también para congelarlo. Como esa práctica penetra en el sector financiero, en nuestra actividad económica, debemos impedir su desarrollo y prosperidad.
Sin embargo, tengo una duda. El señor Mauricio Fernández , director de la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional manifestó una inquietud válida -pido que se recoja- en el sentido de que “la ampliación del tipo penal al tráfico de armas y al terrorismo es positiva, pero tímida, por cuanto había varias otras figuras que debieran incluirse, tales como son el fraude al fisco, la negociación incompatible y la corrupción”. Me pregunto por qué razón las autoridades de Gobierno no han ampliado la figura penal en ese tipo de delitos y me gustaría que me respondieran tanto el representante del Gobierno como el diputado informante.
Más allá de esa inquietud específica que he manifestado, lo importante es tener un instrumento con estas características. Además, celebro que las autoridades relacionadas con la banca y la Superintendencia estén completamente de acuerdo y lo apoyen, porque para que esto tenga efectividad es fundamental el cruce de información. No basta solamente la declaración de intenciones, sino que debe haber un cruce de información. Por lo tanto, es vital la colaboración que entreguen todas aquellas instituciones que, desde luego, están obligadas a ello, pero, que, además, den todas las facilidades al respecto. También es relevante, como lo señala el informe, el hecho de que este instrumento no implique acciones correspondientes al Ministerio Público o propias de los tribunales. Aquí sólo estamos hablando del análisis que se hace para detectar toda irregularidad en esta actividad.
Por último, cabe también relevar su importancia respecto de las prevenciones relativas al profesional que va a formar parte de la planta directiva, en términos no sólo de su idoneidad profesional, sino también de lo que se entiende, por ejemplo, en su declaración de intereses, de incompatibilidades con otros cargos públicos. Todas son medidas y prevenciones indispensables, puesto que aquí no se debiera incurrir en ningún tipo de politización respecto de un instrumento de esta naturaleza, por cuanto se trata de que nuestro país no se convierta en uno en que, por falta de un instrumento de esta índole -lo tienen otros países-, fácilmente se pueda incurrir en el lavado de dinero, con todo lo que ello conlleva.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, hasta hace algunos años Chile se consideraba un país ajeno al problema del narcotráfico. Lo observaba como un conflicto que correspondía a otras sociedades más vinculadas a la producción de coca y de estupefacientes, a la elaboración de la cocaína y al consumo de drogas. No se advertía que se trataba de algo que pudiera afectar seriamente a nuestra población ni menos tener alguna incidencia en nuestra institucionalidad.
Entre las múltiples incidencias negativas que puede tener la acción del narcotráfico, así como la perpetración de otras actividades criminales, destaca el lavado de activos. Éste constituye no sólo el punto de llegada de este tipo de negocios ilícitos, con el que el crimen organizado busca blanquear sus utilidades incorporándolas al sistema financiero, sino que, además, puede llegar a configurar un condicionamiento al comportamiento de la economía formal. De allí el nombre de economía subterránea que se le da a la expresión de esta dimensión.
Puede observarse, además, que este comportamiento delictivo suele estar asociado con fenómenos de corrupción a través de los cuales pretende neutralizar las pesquisas policiales, los procedimientos judiciales y hasta permear las instancias ejecutivas y legislativas para obtener de ellas comportamientos de permisividad hacia la actividad criminal. Ciertamente esto último aún no es el caso de Chile, pero el riesgo potencial que representa no puede ser dejado de lado, tanto más si se conocen otras experiencias en donde sí ha ocurrido.
La corrupción obstaculiza el desarrollo, pues deteriora la confianza en las instituciones públicas; distorsiona las decisiones de política macroeconómica, monetaria y financiera, lo cual afecta negativamente los ingresos públicos; reduce la inversión privada; orienta erróneamente el gasto público, y perjudica la credibilidad de los gobiernos al deteriorar la confianza tanto de los contribuyentes como de los inversionistas privados.
El lavado de dinero representa en todo negocio ilícito el tramo final y más importante de la cadena, en cuanto constituye el objetivo último para el delincuente: la conversión de las utilidades logradas ilícitamente en utilidades legales ante el sistema financiero.
Este procedimiento delictivo es una amenaza para la estabilidad del sistema financiero, lesiona la libre competencia y, por cierto, al fomentar la corrupción y el fraude, también atenta seriamente contra la seguridad jurídica en las transacciones.
La legislación vigente en nuestro país, si bien fue innovadora en su tiempo, con el rápido transcurso de éste y con los perfeccionamientos y modernización de los mecanismos de lavado, ha ido presentando falencias que motivan las modificaciones que hoy se le introducen.
La creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera es una respuesta adecuada a las exigencias de la modernización de estos delitos. Es tan importante como ampliar los alcances del actual concepto jurídico de lavado de dinero, que hoy sólo está vinculado al narcotráfico, hacia otras áreas en las cuales esta actividad también se manifiesta, tales como el tráfico de armas, el crimen organizado -que perpetra secuestros por los que pide rescate-, los grupos terroristas, los delitos tributarios, los fraudes al fisco. En esto quisiera destacar lo que señaló Mauricio Fernández Montalbán , de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, por cuanto sostiene que si bien ha sido positivo ampliar el tipo penal, esto se ha hecho en forma tímida. En verdad, tal como lo advirtió la diputada señora Isabel Allende , se han dejado afuera otros delitos subyacentes, como el fraude al fisco, la negociación incompatible, la corrupción, ilícitos que, en países como Inglaterra y Estados Unidos, avanzados en el tema, ya se han considerado, punto al cual me voy a referir más adelante.
Ahora quiero señalar que los aspectos positivos de la creación de esta unidad de análisis responden a tipos de delitos que están en constante evolución, pues buscan nuevas formas de operar, con sofisticadas innovaciones que, junto con dificultar su control y prevención, incrementan su impacto sobre la sociedad.
El lavado delictivo altera las condiciones del libre mercado, en cuanto genera una competencia desleal con los inversionistas lícitos que se ajustan al marco legal. Es difícil competir con bandas de narcotraficantes que están dispuestas a perder el 30 o el 40 por ciento de su capital para lograr el blanqueo. Inyectar recursos al sector bancario puede resultar atractivo para éste, pues las inversiones provenientes del lavado de dinero pueden redituar utilidades adicionales a los Bancos que aceptaren cuentas de clientes que efectúen tales actividades.
La economía subterránea es un factor distorsionador de la economía formal, dado que estas inversiones pueden hacer subir artificialmente el valor comercial de los bienes que a los lavadores interesa controlar, especialmente en los bienes raíces. Además, dependiendo del tamaño del mercado, un alto ingreso de dólares al país para realizar operaciones de lavado puede incidir en la determinación del precio de la divisa, afectando con ello la política económica del Estado.
En definitiva, hay que tener en cuenta que vivimos en una economía global, una economía alimentada por la innovación y la tecnología, la expansión de los mercados y el advenimiento de los mercados emergentes. Estos cambios encierran un potencial y una oportunidad incalculables para nuestras economías, pero también implican nuevos e importantes retos y vulnerabilidades.
La creación de unidades de inteligencia financiera importa responder adecuada y eficientemente a los requerimientos que hoy plantea el crimen organizado en el eslabón de la cadena que corresponde al blanqueo de utilidades.
El lavado de dinero es el método por el cual un criminal o una organización criminal procesan las ganancias financieras que son el resultado de sus actividades ilegales. Como en cualquier negocio legítimo, una empresa criminal necesita tener rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes o servicios. Sin embargo, a diferencia de un negocio legítimo, la empresa criminal no puede operar abiertamente. Debe esconder la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de sus beneficios obtenidos por su negocio –entre co-millas-, para evitar ser detectado por las autoridades competentes. A través del lavado de dinero, el criminal -sea persona, organización o un especialista en la comisión de este ilícito- transforma las ganancias monetarias derivadas de una actividad ilícita en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal.
Hay que tener en cuenta que toda la actividad del lavado de dinero cae en una de dos categorías: conversión o movimiento. La conversión tiene lugar cuando los productos financieros cambian de una forma a otra, como cuando se compra un automóvil con ganancias ilícitas. En cambio, se genera un movimiento cuando los mismos productos financieros cambian de escenario, como cuando los fondos son transferidos electrónicamente a otro lugar, enviados, por ejemplo, a través de una transferencia electrónica vía internet.
Al respecto, puede decirse que los lavadores de dinero, sin duda, aprovecharán el desarrollo tecnológico en su favor. El dinero electrónico -uno de estos avances- tiene la característica de facilitar el ocultamiento del origen de los fondos y de posibilitar su anónima movilización. Debe tenerse presente que una de las características distintivas de la economía digital es la desintermediación, es decir, la eliminación de todo aquel que se interpone entre las partes. La presencia de esta característica se observa claramente en el desarrollo de los sistemas de dinero electrónico. Históricamente, los controles han descansado en la intermediación de los bancos y de otras instituciones financieras que actúan como aduanas en donde los fondos generalmente deben atravesar y donde se deben mantener registros de las operaciones. De hecho, la mayor parte de la regulación contra el lavado de dinero está destinada específicamente a operar en las entidades financieras para que implementen medidas que aseguren la existencia de informes por escrito que permitan el seguimiento de las operaciones. Esto quedaría rápidamente obsoleto con el avance del dinero electrónico.
El dinero electrónico permite que en lugar de envíos repartidos en valijas con doble fondo, grandes cantidades puedan ser transferidas instantáneamente y en forma segura por los lavadores con unas pocas instrucciones. El dinero podría ser transportado a cualquier lugar del mundo sin necesidad de pasar por el control de las instituciones intermediarias tradicionales. La velocidad de las transacciones dificulta su control, y la del movimiento del dinero electrónico, fundamentalmente a través de internet, dificultará la tarea de los encargados de ejecutar las leyes para identificar o rastrear la transferencia de fondos. Estos sistemas de pago, combinados con la desintermediación a que hemos hecho referencia, dificultarán, de alguna manera, la determinación de programas para prevenir el lavado de dinero.
He querido resaltar todas estas características actuales y potenciales para remarcar lo oportuno que es el proyecto de ley, cuya aprobación respaldamos.
A pesar de esto, he considerado necesario hacer las siguientes prevenciones.
En primer lugar y en relación con lo señalado por la diputada señora Allende , la posición del director de la Unidad de Lavado y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández , referente a la letra a) del actual artículo 20 -páginas 17, 43 y 65 del proyecto que obra en poder de los señores diputados-, se basa en que existen otros tipos penales a los cuales la sanción se debería ampliar, además del tráfico de armas y del terrorismo, como el fraude al fisco, la negociación incompatible y la corrupción.
Tal como no debería haber sido necesario esperar el atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 y la aparición de Al Qaeda para que el mundo reaccionara y exigiera, a través de los tratados internacionales, la inclusión del terrorismo, tampoco considero prudente dejar fuera estas figuras, toda vez que estos criminales del dinero mal habido avanzan muy rápido en descubrir formas distintas de atentar contra el sistema jurídico. Se trata de una prevención que quiero subrayar en esta oportunidad.
La segunda prevención -que para nosotros es muy importante y que se planteó en la discusión de la ley de Drogas, estudiada en la comisión que funcionó en su oportunidad- se vincula con la autonomía del organismo, materia establecida en el artículo 1° de la iniciativa. Creemos necesaria la existencia de un organismo que otorgue la imparcialidad necesaria para, incluso, examinar operaciones sospechosas de sujetos protegidos por el gobierno de turno.
No estamos conformes con la actual designación del director de la Unidad por el Presidente de la República de turno.
Creemos, como lo consignamos en una indicación presentada en la Comisión al artículo 1°, en una entidad autónoma, con patrimonio propio. Eso requiere del patrocinio del Ejecutivo. Sin embargo, al parecer, no existe voluntad política para ello. Con todo, los diputados de la Comisión especial de Drogas, que han seguido este tema durante mucho tiempo -entre ellos el diputado señor García-Huidobro -, han considerado oportuno restituir dicha indicación, a fin de que quede constancia de nuestra posición en la historia de la ley. Su Señoría defenderá esa postura en su momento.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al diputado señor García-Huidobro .
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, el proyecto en debate se elaboró en el período parlamentario pasado y en la actualidad se encuentra en el Senado. Hoy, específicamente, se examina en esta Sala la situación de la Unidad de Inteligencia Financiera, en circunstancias de que el tema fue tratado latamente en su oportunidad.
Queremos reponer una indicación que presentamos con motivo de la creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, la que persigue que esa entidad sea absolutamente autónoma, equivalente a lo que es el Banco Central. ¿Por qué decimos esto? Porque todos los días surgen ejemplos, como el de Gendarmería, en el norte, o el de la Policía de Investigaciones, que así lo aconsejan. Cada día que pasa nos entrega la certeza de que esta unidad debiera tener autonomía.
Por esa razón, nosotros presentamos la indicación, aunque la Mesa la declare inadmisible. Esperamos, sí, que en el Senado se corrija esta situación. De lo contrario, el trabajo que realizará el Estado en contra del narcotráfico no obtendrá los frutos que todo el país espera.
Agradezco al diputado señor Díaz el hecho de que me haya cedido parte de su tiempo, pues me ha permitido informar que hemos presentado una indicación sustitutiva a consideración de la Mesa.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, hacía presente prevenciones al proyecto de ley en debate, que, en general, aprobamos. Por lo demás, creemos necesario legislar en torno de este tema.
En primer lugar y coincidiendo con la diputada señora Allende , señalé la necesidad de no restringir los tipos penales al terrorismo y al tráfico de armas, sino, por el contrario, incorporar otros, tal como lo indicara el director de la Unidad de Lavado y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público.
En segundo lugar, me referí al tema de la autonomía. Tal como señaló el diputado señor García-Huidobro , en la Comisión de Constitución también quisimos reponer la indicación, pero fue declarada inadmisble debido a la falta de voluntad política para generar un organismo autónomo con patrimonio propio. En subsidio de ello, presentamos otra indicación -queremos que se vote en forma separada- que apunta al inciso final del artículo 1°. Persigue que el director de esa unidad sea nombrado con la aprobación de dos tercios del Senado a proposición del Presidente de la República. Por parecernos lo mejor para el país en un tema tan delicado y más allá de quien sea el actual o los próximos Presidentes de Chile, vamos a reponer dicha indicación con la esperanza de que sea aprobada en la Sala.
Sin perjuicio de lo anterior, deseo destacar el acuerdo alcanzado con el diputado señor Burgos , cuando era presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y el diputado señor Forni , para presentar una indicación que genere una institución novedosa en nuestro ordenamiento, no obstante que existe en vías de tramitación una materia relativa a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI: que el director de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera deba, dentro de su autonomía operacional, responder al Congreso Nacional, mediante una rendición de cuentas anual y secreta de su cometido. Ello fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución. Considero que, además de ser novedosa, se trata de una institución muy importante.
Como tercera prevención, quiero expresar que se ha planteado una discusión de fondo sobre la capacidad de investigar de los servicios públicos, como la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. El debate se centra en si al crear esta Unidad se están restando atribuciones que, constitucionalmente, corresponden al Ministerio Público. Se señala -existen argumentos a favor y en contra de esta postura- que dicha Unidad sólo realiza una función prejudicial. Sin embargo, hay quienes creen que este tema debe ser discutido con mayor profundidad en el Senado, considerando fundamental una sentencia del Tribunal Constitucional, sobre el particular, de 4 de enero de 1995, signada con el rol N° 198. Sobre un tema parecido, él, en esa sentencia, se pronuncia sobre la capacidad de investigar de los servicios públicos -en ese caso el Consejo de Defensa del Estado-, precisando que se estaba dotando a un servicio público de facultades absolutamente discrecionales y, por lo tanto, que esto no correspondía. Por eso, creo que este tercer punto debiera discutirse más latamente en el Senado.
Haciendo hincapié en esas prevenciones, consideramos que con la aprobación de este proyecto nuestro país asume una decidida posición de vanguardia en el combate de la expansión del crimen organizado y del narcotráfico. Ése es el mérito profundo de este proyecto de ley, y por eso, en términos generales, salvo las aprensiones señaladas, lo vamos a votar favorablemente.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El diputado señor Jorge Burgos ha pedido la palabra para responder algunas inquietudes que se han manifestado.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, he pedido la palabra para responder una pregunta de la diputada señora Isabel Allende -en ese momento yo no estaba en la Sala-, y una aseveración del diputado señor García-Huidobro , que no estaba presente cuando informamos el proyecto. Ahora tampoco lo está, pero de todas maneras voy a responder.
Como informamos al comienzo, efectivamente esta materia se discutió como un capítulo de la ley de Drogas; pero ese capítulo desapareció de dicha ley porque el Ejecutivo lo retiró. En consecuencia, cuando se dice que está en el Senado, eso no es correcto. La Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera se acabó como parte de un proyecto de ley. La desglosaron y la volvieron a presentar. Por eso estamos discutiendo el tema; no se está analizando en forma paralela en el Senado. En la ley de Drogas ya no existe este capítulo. En consecuencia, en este instante estamos legislando respecto de una materia sobre la cual no se ha legislado. Más allá de las opiniones de fondo que se tengan, me parece bueno clarificar ese hecho, que no es menor.
Respecto de las indicaciones que se presenten, la Mesa deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de una que establece una condicionante a la creación de un servicio público, cuestión que parece ser clara. La proposición quedará para la historia fidedigna de la ley, pero también, eventualmente, la inadmisibilidad de la misma.
Respecto de lo que señalaba la diputada señora Isabel Allende -haber ampliado el delito base-, la verdad es que hay dos fórmulas. Algunas legislaciones del mundo no indican delito base y tipifican lavado de dinero cualquier ilícito. Eso ocurre en Alemania, si no me equivoco. El profesor Bustos me puede sacar del error, pero entiendo que en Alemania es así.
En un país que viene saliendo de una legislación que sólo lo vinculaba al narcotráfico, con complejidades como el nuestro, pasar a una amplitud mayor respecto de la interpretación de los tribunales, me parece algo complicado, particularmente en delitos y figuras delictuales como la corrupción, que tiene un marco muy amplio, y habría que prefijar ilícitos específicos, porque no podría hablarse de corrupción como tal.
Es un tema opinable, pero me parece que, como hay tiempo, podríamos avanzar en lo que es propio del crimen organizado, y tal vez más adelante, si los hechos lo justifican, ampliar figuras que, sin duda -como las que indicaba la diputada señora Allende -, son importantes desde el punto de vista de que pueden ser generadoras de lavado de dinero.
He dicho.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, es muy correcto lo que ha señalado el diputado señor Burgos , y ojalá a futuro se pueda ampliar; pero hay otra pregunta que formulé y no ha sido respondida.
Me pareció bastante interesante la exposición del fiscal del Ministerio Público en cuanto a que en el caso de Inglaterra específicamente, la acción derivada de todo dinero sucio que proviene de una actividad ilícita, se condena, independientemente de que se pueda o no acreditar su comisión; la causa delictual de que proviene es castigada. Es tanta la importancia de esto, que él precisó en la Comisión que no es necesario acreditar el vínculo o la ligazón entre el recurso y el hecho ilícito anterior, es decir, la causal específica; por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido esa legislación no habría podido otorgarse por la Corte Suprema, el recurso de amparo a la empresa Aero Continente , justamente porque no se pudo acreditar que esos recursos provenían del narcotráfico.
No sé si se consideró esa situación en la Comisión, pero me parece sumamente importante y por eso formulo la pregunta al diputado informante.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, efectivamente discutimos sobre eso, con el aporte de muchos miembros de la Comisión, y la verdad es que estamos todos conscientes de que se ha avanzado en la línea de hacer más posible la prueba del lavado de dinero, la cual tiene dificultades en ese sentido. Hemos suprimido algunos requisitos; a propósito de una indicación del diputado señor Bustos , se modificó la propuesta del Ejecutivo que ponía el ánimo de lucro como elemento esencial de la tipificación del ilícito, con todas las dificultades que ello conllevaba, y obligaba a la distinción -otra dificultad- entre el dolo eventual y el dolo directo. O sea, hemos avanzado mucho.
Ahora bien, el agrado del fiscal del Ministerio Público por la legislación inglesa es legítimo. En mi opinión, sobre la base de crear mejores condiciones de punición de este tipo de ilícitos -creo que se está haciendo-, me parece peligroso llegar al extremo de establecer la no concurrencia de probanza.
Estamos combatiendo organizaciones muy complejas, como son las bandas dedicadas al lavado de dinero, pero de ahí a pasar a establecer presunciones en materia de derecho penal, prefiero equivocarme en el sentido de tener poco a equivocarme castigando a personas con presunciones.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, estimo que es de la mayor importancia la iniciativa, que estamos analizando, sobre la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera que modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos.
Este mal, que afecta a las sociedades modernas, es particularmente preocupante porque mediante el lavado de dinero se puede destruir, paulatinamente, la economía de los países; por ejemplo, hemos podido presenciar que, en muchos países latinoamericanos, el uso de estos recursos mal habidos, ha provocado un daño enorme a sus economías.
El informe señala, en sus ideas matrices, que la finalidad del proyecto es crear un nuevo servicio público, llamado Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, al que corresponderá, como institución especializada, la prevención y control del lavado de dinero o blanqueo de activos.
En todos estos años que llevamos legislando sobre la materia en el país, desgraciadamente, ha crecido el tráfico de drogas en forma espectacular. En 1990, cuando empezó a funcionar la Comisión de Drogas -la primera creada en esta Cámara de Diputados para investigar el tráfico de estupefacientes-, se pudo comprobar que en algunas ciudades el tráfico y el consumo de drogas habían alcanzado un alto nivel.
Hoy todo el país es víctima del tráfico y del consumo de drogas, y lo peor de todo son las cifras alarmantes sobre el nivel que ha alcanzado el consumo de drogas, según encuestas hechas, en jóvenes estudiantes.
Por eso, en el esfuerzo que se hace en esta ocasión para legislar sobre esta materia, queda claramente establecido que se trata de una Unidad que analizará financieramente el manejo de los capitales y recursos en el país.
Al respecto, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero está involucrado en el tráfico de drogas en el país? No conocemos su monto, pero sabemos a cuánto asciende a nivel mundial. Esa cifra es realmente espeluznante, ya que llega a 500 mil millones de dólares, de acuerdo con lo señalado por los organismos especializados de Estados Unidos.
Por eso considero que el esfuerzo que representa este proyecto constituye un avance.
Entiendo la indicación presentada por la Unión Demócrata Independiente, que apoyaré, en el sentido de dar autonomía a la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. ¿Por qué es tan importante? Porque en la discusión general del proyecto podemos entrar en un terreno muy peliagudo al hablar de las personas involucradas o que tienen que ver con el tema, tanto analistas como incluso policías.
¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es un ambiente que puede afectar a quienes ganan poco y tienen la obligación de combatir el tráfico de drogas, tal como lo vemos en las noticias aparecidas en estos días, en que aparecen funcionarios involucrados en el tráfico de drogas, incluso como consumidores.
Entonces, ¿cómo no va a ser necesario legislar sobre estas materias, en circunstancias de que sabemos que grandes cantidades de dinero se introducen en la economía nacional y es vox pópuli que se han realizado grandes proyectos con dineros provenientes de esta actividad, sin que la justicia ni nadie pueda descubrir su origen.
Por eso, esta Unidad tendrá acceso a información parcelada, que está en Impuestos Internos, en la Tesorería y en las oficinas de inversiones, porque hay mucho dinero que viene del extranjero, respecto del cual a veces se declara una parte y otra entra sin que nos demos cuenta. Por eso la sociedad chilena y el país necesitan de este trabajo.
Ha quedado claramente establecido que esta Unidad no es operativa ni una policía que investigará. Es una oficina de inteligencia, que analizará los distintos aspectos que tienen relación con esta materia. Por eso, vamos a aprobar la idea de legislar.
El país necesita el mayor esfuerzo para realizar este tipo de trabajo. Se requiere el concurso de muchas voluntades, porque incluso se corre el riesgo de acusar a personas o a instituciones honestas. Por eso es delicado manejar la información de tal manera que, junto con guardar la privacidad necesaria, tenga la consistencia suficiente que permita obtener resultados.
El lavado de dinero está afectando al país desde hace muchos años y va corroyendo paulatinamente la economía nacional. Por eso votar a favor del proyecto significa avanzar en la dirección correcta. Ya tendremos la oportunidad de discutir sus artículos en particular.
Considero buena la indicación que establece la independencia de esta Unidad del gobierno de turno, por lo que estimo que el Ejecutivo debiera apoyarla para que no sea declarada inadmisible.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, el proyecto significa un avance bastante importante respecto de lo que existía en nuestra legislación en relación con lavado de dinero y con unidad financiera. Lo que dispone la ley sobre drogas y sustancias psicotrópicas al respecto es algo sumamente elemental, confuso y no tiene ninguna utilidad práctica.
Por eso se separó en el proyecto de la ley de Drogas todo lo referente a la Unidad de Análisis Financiera, que ahora se crea, estableciendo todas las disposiciones correspondientes.
En ese sentido, se avanzó enormemente en la discusión del proyecto habida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, especialmente en relación con el artículo 19, que es fundamental porque señala sobre cuáles delitos compete investigar a la Unidad de Análisis.
Allí se abordaba solamente el tema de las drogas, pero después de la discusión que se efectuó en la Comisión de Constitución se planteó que, desde el punto de vista de política criminal, el punto central o fundamental era la criminalidad organizada que se revela tanto en el caso de las sustancias psicotrópicas, como en el terrorismo, en la pornografía, en la prostitución y en el tráfico ilícito de armas. De acuerdo con la experiencia internacional y con el derecho comparado, éstos son los puntos centrales en los cuales radica la criminalidad organizada. Corresponde a una política criminal totalmente diferente y amplia, que no va dirigida a los aspectos centrales que queremos enfocar. Esta política criminal se aplica, por ejemplo, en Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, países donde se investiga el lavado de dinero en relación con cualquier delito, amplitud que, evidentemente, va en perjuicio -ya ha ocurrido en Estados Unidos- de la eficiencia respecto de lo que nos interesa, que es la criminalidad organizada.
Por eso, estimo correcto que el artículo 19 se centre en estos hechos, que son graves desde el punto de vista de la criminalidad organizada y que tienen la mayor trascendencia desde el punto de vista del lavado de dinero. Más aún, este artículo 19 se modificó para que fuera más efectivo en su aplicación. Se amplió su alcance, a fin de que quedara claro que incluía cualquier tipo de delito doloso, tanto dolo directo como dolo eventual, con lo que, además, se armonizó con el inciso tercero de su letra b), que incluye la negligencia inexcusable.
Entonces, es enorme la amplitud que se logra con el artículo 19 respecto del lavado de dinero, porque no solamente se incluyen los hechos de carácter doloso, sino que también los de negligencia inexcusable. Sucede que en este tipo de delitos, que son graves y complejos, es muy fácil decir que no se sabía y que se trata simplemente de un problema de negligencia. A veces es muy difícil probar el dolo, pero sí es fácil probar la negligencia inexcusable, ya que se considera evidente que la persona debía conocer el origen de determinados bienes. Por lo tanto, queda sujeto a sanción.
En esta materia se ha procedido conforme con la doctrina del derecho internacional y comparado y de acuerdo con la posición de las asociaciones internacionales de derecho penal, que permanentemente han sostenido que debe incluirse el tema de la negligencia inexcusable en estos delitos, que son sumamente complejos, porque hay una criminalidad organizada detrás. Estimo que el artículo 19 ha acotado muy bien cuáles son las materias relativas al problema.
Es muy importante destacar que la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, como lo dice su nombre, es solamente un organismo de análisis, por lo que debemos deslindar claramente que no se trata de una unidad de investigación, papel que le corresponde al Ministerio Público, que debe investigar y llevar a cabo la acción penal, y es cotitular de la acción penal en caso de que exista querellante. Eso debía quedar claramente definido porque había confusiones. Algunos querían darle a la Unidad de Análisis Financiero un rol que entraría en discusión con el Ministerio Público, en circunstancias de que este ente es independiente. Cuando se discutió la creación del Ministerio Público, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara produjo el gran debate la independencia y autonomía que debía tener este organismo, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Finalmente se aprobó la total independencia del Ministerio Público para fiscalizar y controlar todo lo relacionado con la investigación del delito.
El artículo 2º lo establece muy claramente al señalar en su inciso final: “La Unidad de Análisis Financiero deberá enviar los antecedentes que estén en su poder y que el Ministerio Público requiera para las investigaciones de lavado de dinero que estén a su cargo”. O sea, no podemos crear dentro de nuestro sistema procesal dos instituciones que puedan enfrentarse. Por ejemplo, que la Unidad de Análisis Financiero tenga una forma de actuar que pueda afectar al Ministerio Público. Eso sería lo peor que podríamos hacer, porque de esa manera impediríamos que se llevaran a cabo investigaciones, ya que, a veces, pueden presentarse intereses completamente diferentes. Aquí hay un solo interés, cual es que el Ministerio Público proceda a investigar y lleve adelante la acción pública correspondiente. Eso debemos propugnar.
El artículo 1º establece que esa Unidad será solamente de análisis financiero y que se relacionará con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda. Me parece que ésa es la fórmula más afortunada y adecuada del proyecto. En Estados Unidos y en Suiza existe separación entre el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero, y el Ministerio tiene la obligación y el deber de controlar, fiscalizar y requerir los datos. La misión de la Unidad es recabar los datos y señalar cuando exista una situación irregular, pero es el Ministerio Público el que debe llevar a cabo la investigación.
En ese sentido, estimo que el artículo 1º es adecuado en cuanto a precisar cuál es la forma de actuar en un sistema en el cual queda claro cuáles son los roles de cada institución, a fin de que éstas no entren en conflicto, porque eso perjudicaría un sistema de carácter judicial y procesal penal dentro de nuestra regulación institucional.
Desde esa perspectiva, este proyecto, después de la larga discusión que tuvimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quedó enormemente perfeccionado al incluirse los delitos contenidos en el artículo 19. Además, eso tiene relación con la pregunta de la diputada señora Allende , porque también se recalcó que bastaba que los hechos fueran constitutivos de delitos. Es decir, no es necesario una condena, pero sí que estos debates estén acreditados. Basta ese solo hecho para que sea posible la aplicación del artículo 19. Así quedó establecido en la Comisión de Constitución, con el propósito de no especificar simplemente una presunción de derecho amplia que va en contra de nuestra Constitución y, por otra parte, impedir la impunidad por la necesidad de establecer una condena. Basta que en el proceso esté acreditado el delito -los elementos de la disposición legal correspondiente; no es necesaria la condena- para que se pueda actuar de acuerdo con el artículo 19, lo que, por ende, permite intervenir al Ministerio Público. En ese sentido, queda suficientemente salvaguardada la investigación, como también que no exista impunidad respecto del lavado de dinero.
Por esas razones, el proyecto significa un enorme progreso dentro de nuestra institucionalidad y legislación, por lo cual vamos a aprobarlo en su conjunto.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Hago presente que a las 13 horas vamos a proceder a la votación.
Falta un Comité y para tal efecto está inscrito el diputado señor Enrique Jaramillo .
La diputada señora Laura Soto me está pidiendo la palabra. Lo dejo a su criterio, señor diputado.
El señor JARAMILLO.-
Le cedo mi tiempo, señor Presidente.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señora Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, en realidad esta Unidad de Análisis Financiero fue largamente debatida durante la tramitación de la ley de Drogas. Allí pudimos comprobar, con mucho estupor, cómo la mayoría de las causas por lavado de dinero quedaban sin ningún resultado positivo, por no estar acreditado el principio.
El Consejo de Defensa del Estado tenía facultades para iniciar una investigación preliminar. Quizás la palabra investigación sea exagerada, pero era una medida en que ellos podían claramente decir que en determinado lugar había una actitud sospechosa, la cual se ponía en conocimiento de los tribunales de justicia.
Pero, ¿qué ocurrió en los hechos? Hay que recordar un caso famoso, como el del “cabro Carrera”, a quien se le condenó -finalmente murió en prisión-, pero no pudo acreditarse el lavado de dinero porque en ese momento no existía una ley como la que mediante el proyecto en comento buscamos aprobar.
Entonces, si tuviéramos que definir del modo más sucinto posible qué es la Unidad de Análisis Financiero, tendríamos que decir que es aquella que enciende la luz roja, la que nos anuncia que existe una actitud sospechosa. Y como hay que acotar las cosas, el artículo 3º dice: “Se entiende por acto, operación o transacción sospechosa, aquel hecho que reviste caracteres irregulares, inusuales o anómalos, en relación con la función o desempeño normal, frecuente y común del agente o entidad y sus clientes, sean éstos habituales u ocasionales, y que por su gestación, presentación, documentación utilizada, información proporcionada o, a falta de ésta, por la reiteración y cuantía de las mismas o la intervención inusual de terceros o desconocidos, sea indiciario de un origen ilícito de los bienes objeto de la negociación dubitada”. O sea, encendemos la luz roja, pero quien investiga es el fiscal. Tanto es así, que el fiscal nacional Guillermo Piedrabuena puso énfasis al señalar que no solamente debían entregarse los antecedentes a las fiscalías, sino que si ellos tenían conocimiento de una actitud sospechosa también podían iniciar una investigación sin necesidad de la Unidad de Análisis. Eso quedó absolutamente claro, como lo ha señalado muy bien el diputado señor Bustos . Si bien hicimos un avance muy fuerte, ¿qué pasó? En el intertanto, cuando estaba en tramitación la ley de Drogas, nos percatamos de que el círculo de los delitos en los cuales incidía era demasiado cerrado: solamente comprendía la ley de Drogas. Pero hoy esto tiene un avance extraordinario al señalar que también son constitutivos de delito el tráfico ilícito de estupefacientes, el terrorismo en cualquiera de sus formas, el tráfico ilícito de armas, la pornografía y la prostitución infantil, la trata de blancas y todos los delitos relacionados con ella.
Por tanto, con el artículo 19 estamos ampliando este tipo penal. Aquí hay una cuestión que dijo el diputado Burgos con mucha razón, cual es que, aunque sepamos que se trata de un delito muy perjudicial para el país, por cuanto la iniciación de la investigación puede alterar notablemente la actividad financiera de Chile sobre muchas personas, lo que se debe hacer, de todas maneras, es resguardar el debido proceso.
Por eso señalamos con mucha claridad y hacemos una distinción entre aquellos que encienden la lucecita roja -la Unidad de Análisis Financiero- y los que sólo investigan, el Ministerio Público. Ello constituye un avance muy importante, porque de aquí en adelante podemos señalar que el lavado de dinero será pesquisado con éxito en el país.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Los diputados que no alcanzaron a hacer uso de la palabra, señores Claudio Alvarado , Alejandro García-Huidobro , Carlos Hidalgo , Enrique Jaramillo , Francisco Encina y señora Ximena Vidal pueden entregar sus discursos en la Secretaría, a fin de insertarlos en la versión.
-Los textos de los discursos que se acordó insertar son los siguientes:
El señor HIDALGO.-
Señor Presidente, la Unidad de Análisis Financiero, UAF, es buena para el país, ya que le permitirá contar con un nuevo instrumento para defenderse del flagelo del tráfico de droga, tráfico de armas y los actos terroristas, que son delitos que implican el blanqueo o lavado de dineros (tanto monetarios como activos fijos).
Estas iniciativas fortalecen y ratifican la seriedad de nuestro país en ese “ámbito”, como en muchos otros que ha demostrado a través del tiempo.
La aprobación, de este proyecto de ley, por parte de esta honorable Cámara, demuestra la firmeza, convicción y reconocimiento de lo perjudicial que resultan para la sociedad chilena estos actos ilícitos.
Es por todos conocida la triste experiencia de algunos países que han sufrido las consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas y judiciales al no contar con una legislación adecuada en esta materia.
Renovación Nacional apoya ampliamente este proyecto de ley.
He dicho.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, el proyecto de ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos -que ha sido contundentemente informado a la Sala por el diputado Burgos -, contiene a nuestro parecer un sentido profundo en cuanto propone un instrumento o herramienta fundamental que moderniza la gestión dirigida a penalizar los delitos que atacan al corazón mismo de la economía con consecuencias sociales que todos conocemos.
Desde nuestra mirada, podemos percibir el avance que significará esta propuesta legal, porque responde claramente al clamor de la ciudadanía, que sabiamente nos comunica, día a día, la injusticia, por ejemplo en este campo, al no contar con los requerimientos básicos para perseguir estos delitos que son “hijos no ilustres” de esta economía de libre mercado que impera en nuestro país.
Apoyamos, por tanto, este proyecto de ley con fuerza y energía. Así seguimos avanzando en el camino correcto, al entregar herramientas adecuadas que responden a las necesidades de penalizar los ilícitos de lavado de dinero, blanqueo de activos, a los que infringen la ley con respecto al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, control de armas, y buscar conductas terroristas y fijar sus correspondientes penalidades.
He dicho.
El señor FORNI.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero que la Mesa me aclare si el artículo 1º requiere quórum especial, y en segundo lugar, si es posible pedir votación separada respecto del artículo 1º.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Sólo dos artículos requieren quórum constitucional, es decir, 69 votos; el resto, quórum simple.
En votación general el proyecto que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado de dinero o blanqueo de activos, con excepción del párrafo segundo de la letra d) del artículo 2º, y del artículo 21 que, por referirse a materias propias de ley orgánica constitucional, requieren de pronunciamiento especial y ser aprobados en votación separada, conforme lo establece el artículo 30 de la ley orgánica del Congreso Nacional, esto es, con el voto afirmativo de 69 diputados y diputadas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bauer , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Escobar , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Kast , Kuschel , Lagos, Letelier (don Juan Pablo) , Longton , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Mora , Moreira , Muñoz (don Pedro) , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma, Paredes, Pareto , Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobarían los artículos que requieren quórum constitucional, dejándose constancia de que existe el quórum necesario.
¿Habría acuerdo?
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-
No, señor Presidente. Pido que se vote.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Entonces, procede votar el párrafo segundo de la letra d) del artículo 2º.
El señor FORNI.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Después, señor diputado. Estamos votando en general el proyecto. Por eso había pedido que con la votación anterior diéramos por aprobados los dos artículos que necesitan quórum constitucional de 69 votos.
¿Hay acuerdo para proceder en esa forma?
Acordado.
Se deja constancia de que se reunió el quórum constitucional.
En votación el párrafo segundo de la letra d) del artículo 2º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bauer , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Escobar , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Hales , Hidalgo , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Kuschel, Lagos , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Molina , Montes, Mora , Moreira , Muñoz (don Pedro) , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pareto , Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En votación el artículo 21.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bauer , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Escobar , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Kast , Kuschel , Lagos, Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Muñoz (don Pedro) , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado en general el proyecto.
Señores diputados, en conformidad con las disposiciones de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, debo señalar que, estudiada la indicación que sustituye el artículo 1º, presentada por los diputados señores Alejandro García-Huidobro , Felipe Salaberry y Eduardo Díaz , he resuelto declararla inadmisible, en virtud de lo dispuesto en el número 2 del artículo 62 de la Constitución Política de la República, en atención a que la facultad de crear empleos rentados, suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones sólo compete al Presidente de la República.
En igual situación se encuentra la indicación presentada por el diputado señor Eduardo Díaz y suscrita por los diputados señores Nicolás Monckeberg , Marcelo Forni y Alejandro García-Huidobro , que incide en la misma disposición y con similar propósito.
Por lo tanto, estas dos indicaciones son declaradas inadmisibles por la Mesa.
El señor FORNI.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor FORNI.-
Respecto de la segunda indicación, cuando se votó en la Comisión no se hizo mayor cuestión de la inadmisibilidad. Lo único que pretende es agregar a ese artículo el acuerdo del Senado. Por lo tanto, no veo cuál es el criterio de la Mesa para declararla inadmisible.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
La Mesa dio lectura a las disposiciones de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional que se tuvieron en vista para declararla inadmisible.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, queremos pedir, sobre ese punto, en virtud del artículo 14 del Reglamento, que la Sala se pronuncie sobre la inadmisibilidad de las dos indicaciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Esa disposición reglamentaria se refiere a los proyectos de ley y no a las indicaciones presentadas por los señores diputados, las cuales son inadmisibles.
Corresponde votar en particular la letra f) del artículo 2º y el inciso primero del artículo 23.
El señor Secretario accidental va a dar lectura a las indicaciones presentadas a los dos artículos.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
La primera indicación incide en el artículo 2º del proyecto y corresponde a una observación que hizo la Comisión de Hacienda con el objeto de agregar, en la letra f), a continuación de las palabras “las redes”, la expresión “de información”, con lo cual la disposición quedaría como sigue:
“Organizar, mantener y administrar archivos, pudiendo integrarlos, con el debido resguardo y protección, a las redes de información nacionales e internacionales para el adecuado cumplimiento de sus funciones”.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En votación la letra b) del artículo 2º, con la indicación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo con la indicación, dejando constancia de que se ha reunido el quórum constitucional.
Aprobado.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor FORNI.-
Quiero saber si el artículo 1º lo votaremos por separado.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Ya se votó, señor diputado.
El señor FORNI.-
Nosotros solicitamos votación separada para el artículo 1º.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se dio por aprobado, porque fue declarada inadmisible la indicación sustitutiva.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, pedimos votación separada del artículo, independientemente de las indicaciones presentadas.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, pedí votación separada para ese artículo, y luego el diputado señor Forni solicitó lo mismo.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Ya se votó por separado, señor diputado.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, sólo se votó en general.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En votación particular el artículo 1º. Hago presente que para su aprobación se requiere quórum simple.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Girardi , González (don Rodrigo) , Hales , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez, Lagos , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pareto , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Robles, Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Escobar , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Kuschel , Masferrer , Melero , Molina , Monckeberg , Moreira , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Ulloa , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez-Salamanca , Galilea (don Pablo) y Martínez .
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación presentada al artículo 23.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Indicación de los señores Díaz , Forni , Burgos y Saffirio , para sustituir el inciso primero del artículo 23 por el siguiente: “La investigación de los delitos a que se refieren los artículos 19 y 20 de esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento. Respecto del imputado y los demás intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, con autorización del juez de garantía, por un plazo máximo de seis meses, renovables por igual término, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 182”.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En votación el artículo 23 con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Escobar , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Kast , Kuschel , Lagos, Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Longton , Luksic , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Muñoz (don Pedro) , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pareto , Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Seguel , Silva , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
-Se abstuvo el diputado señor Sánchez .
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Por no haber sido objeto de más indicaciones, queda despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS EN FAVOR DE PROVEEDORES DE INSUMOS MÉDICOS.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Corresponde conocer el proyecto de acuerdo Nº 119. Sin embargo, el diputado señor Espinoza ha solicitado a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para tratar, en primer lugar, el proyecto de acuerdo Nº 122.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor Secretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 119, de la señora González, doña Rosa ; de los señores Barros , Bauer , Prieto , Urrutia , Pérez, don José ; Venegas , Vilches , García , y de la señora Vidal , doña Ximena .
“Considerando:
Que la actual situación que enfrentan los proveedores de insumos médicos es realmente dramática, como consecuencia de la gigantesca deuda que mantienen con ellos los diversos hospitales públicos del país, perjudicando notoriamente la atención de salud para los más pobres del país.
Que los anuncios públicos de la autoridad sólo dan cuenta de una cancelación parcial de esta morosidad, manteniendo por un plazo no definido aún, el resto de la deuda impaga, con el consiguiente perjuicio económico para estos proveedores, los cuales hoy han tenido que enfrentar el resto de sus compromisos financieros con créditos bancarios, cuyos intereses no son cubiertos con los pagos que realizan fuera de plazo los hospitales públicos morosos.
Que es necesario buscar prontas soluciones a esta situación, ya que sin perjuicio de los anuncios del ministro de Salud en orden a que se estaría cancelando parte de esta deuda antes de fin de año, los montos se acrecientan cada día, como consecuencia de los nuevos requerimientos que realizan los hospitales públicos, aumentando notoriamente los recursos adeudados.
Hay que señalar que las empresas proveedoras de los hospitales públicos deben cumplir sus obligaciones contractuales y tributarias al pie de la letra, a contrario sensu de los hospitales que retardan el pago indefinidamente. Por ejemplo, aquellos deben continuar pagando el IVA por las ventas y los derechos aduaneros por las importaciones que efectúan, que le han reportado al fisco alrededor de $ 38 mil millones en el período que la deuda se ha agudizado.
Esta situación genera un perjuicio económico para las empresas que contratan con los hospitales públicos. En la práctica, éstas han debido suplir la necesidad de capital de giro mediante endeudamiento bancario, créditos que se encuentran sujetos a tasas de interés por sobre la corrección monetaria, situación que no acontece con los créditos que se tiene en contra de los hospitales públicos. La deuda actual que se mantiene con los proveedores, que asciende a $ 85 mil millones, por corrección monetaria, a fines de 2002 ascendería a $ 106 mil millones. Si a este valor se le imputan los intereses que actualmente se aplican en el mercado, la deuda se elevaría a $ 146 mil millones. En consecuencia, los acreedores sufrirán una pérdida económica de $ 63 mil millones.
Dado que los proveedores anticipan esta deuda en los pagos y el mayor costo consiguiente, aumentan el valor inicial de venta, intentando paliar esta pérdida, creando así un importante perjuicio para las arcas fiscales.
Por tanto, vengo en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República lo siguiente:
1. Que la deuda del Ministerio de Salud con los proveedores alcanza al día 5 del mes en curso, a $ 55 mil millones de pesos y que los valores cancelados por concepto de IVA y derechos de aduana, por los productos facturados ascienden a un total de $ 12.118 millones de pesos, sea convertida en un crédito fiscal que les permita utilizarlos en pagos de aranceles aduaneros, y en sus transacciones comerciales con el sistema financiero, etcétera.
2. Que a futuro en las compras del Ministerio de Salud con los proveedores de insumos de salud se utilice el sistema polinómico del Ministerio de Obras Públicas en sus contratos, por ejemplo, que el 30 por ciento sea cancelado a la fecha de su presentación, en el equivalente a US$ de Estados Unidos de América y el 70 por ciento en unidades de fomento (UF), de modo tal que el reajuste lo regulen estas unidades económicas, y que en otros el pago sea regulado en base al aumento en el índice de precios al por mayor de acuerdo a los valores de las cifras oficiales elaboradas por el INE en base al Ipme.
3. Que a futuro, previendo que la crisis en el sector salud no puede ser solucionada a corto plazo, los proveedores emitan facturas pro forma al Ministerio de Salud, sin incluir IVA, el que será incorporado y facturado en la fecha que los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, efectúen los pagos de tales facturas”.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que hemos presentado a consideración de la honorable Cámara y que cuenta con el respaldo y apoyo de integrantes de todas las bancadas, tiene por objeto principal entregar una solución concreta y real, absolutamente viable, a los graves problemas que afectan hoy a los proveedores de insumos médicos de los hospitales públicos.
En efecto, la situación que enfrentan hoy los proveedores hace pensar y asumir que, de no encontrar una pronta solución a la conocida deuda hospitalaria, éstos caerán en una crisis económica que los llevará, como ya ha llevado a muchas empresas, inevitablemente a la quiebra de sus unidades productivas, generando, con ello, un lamentable aumento en los índices de cesantía y que, lógicamente, creará aún más problemas en el sector salud.
Quiero informar que mi preocupación por la parte económica del sector salud, me ha llevado a sostener extensas reuniones con los máximos dirigentes que representan a los proveedores de insumos médicos, con directores de hospitales y, también, en forma muy especial, con los trabajadores de la salud. Como los señores diputados pudieron haber apreciado ayer en los medios de comunicación, lo que más pidieron éstos, en sus marchas de protesta, fue el aumento del aporte fiscal para paliar la deuda hospitalaria.
El drama de la deuda no sólo afecta a las empresas involucradas, sino que también repercute directamente en la atención que deben brindar los hospitales públicos a las personas más desposeídas y necesitadas del país. Son ellos, y no otros, quienes demandan una pronta solución a este grave problema.
Sin perjuicio de lo descrito, quiero llamar la atención de la Cámara sobre en un hecho que para algunos pudiera pasar inadvertido, pero que considero una enorme injusticia: las proveedoras de insumo de los hospitales no son todas grandes empresas, como la gente cree, sino pequeñas y, por supuesto, ya están en una falencia económica tremenda. Pero ellas deben cumplir con todas sus obligaciones contractuales y tributarias al pie de la letra, al contrario de lo que ocurre con los hospitales públicos, los que, por falta de recursos, retardan sus compromisos financieros indefinidamente, perjudicando a miles de familias que subsisten de estos empleos.
Por ejemplo, las empresas deben pagar, como todos sabemos, sagradamente el IVA por esas ventas, y los impuestos aduaneros por las importaciones que efectúan. En fin, deben cumplir todas sus obligaciones con el Estado, pese a que, en este momento, éste, como todos sabemos, no cumple con ellas al no pagar las facturas. Esto es una clara injusticia que debe ser subsanada.
La deuda, considerando sólo los últimos datos recogidos, alcanza la no despreciable suma de 85 mil millones de pesos, la cual, sin duda, se acrecentará por los intereses, por la depreciación y por otro sinnúmero de variables que afectan a los créditos que han tenido que tomar los proveedores de insumos para tratar de continuar con su actividad, ya que en ella está implícita la salud de todos los chilenos.
Es insólito que existan deudas de más de seis años de antigüedad. Galénica , por ejemplo, tiene facturas impagas desde 1997, y, lógicamente, le van a pagar exactamente el valor neto de ellas. Si llevamos el tema al sector financiero, la deuda se ha multiplicado, y el valor del insumo real es diez veces el de 1997.
Pueden existir muchas razones por el no pago de los insumos médicos, pero la autoridad debe asumir, a la brevedad, una solución integral, que permita pagar los montos adeudados, por un lado, y por otro, generar los sistemas necesarios que impidan que estas deudas se vuelvan a generar.
Por ello, el proyecto de acuerdo que impulsan varios colegas, le permitirá a la autoridad implementar soluciones rápidas, efectivas, reales y, por sobre todo, de muy fácil ejecución.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Señora diputada, terminó su tiempo. Le pido que redondee su idea.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Por lo tanto, pedimos que la deuda del Ministerio de Salud con los proveedores sea convertida en un crédito fiscal que les permita utilizar los recursos adeudados y pagar los aranceles aduaneros.
Concluyo diciendo que el proyecto es completamente viable.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi .
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, me voy a abstener de votar por una razón que es bueno que el país conozca.
La Oposición, pese a votar favorablemente y por unanimidad en las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda el proyecto que modifica el decreto ley Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana, ayer -después de una reunión realizada en Cauquenes, la Unión Demócrata Independiente dio la orden de partido tendiente a boicotear toda acción del Gobierno- decidió abstenerse en la Sala.
Entonces, no entiendo la inconsecuencia. Por un lado, critican al Gobierno porque hay que mejorar la gestión y porque hay muchos recursos mal administrados; pero cuando hay un proyecto que mejora la autoridad sanitaria, que permite redes asistenciales que pueden autofinanciarse y vender servicios y tener más recursos, se abstienen.
Quiero ser bien enfático. No puedo entender la falta de seriedad legislativa de la Derecha...
(Hablan varios señores diputados a la vez).
...al abstenerse de votar favorablemente un proyecto tan importante para la ciudadanía, pese a que lo habían aprobado por unanimidad en las Comisiones unidas.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Llamo al orden al diputado señor Egaña .
El señor ROSSI.-
Me abstengo por esta incoherencia, por esta inconsecuencia.
Por lo tanto, hago un llamado a la Derecha a actuar con responsabilidad y pensando en el bienestar de todos los chilenos.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
La gente quiere la reforma. Si quieren mejorar la salud, legislen y voten favorablemente los proyectos de ley que buscan ese objetivo y no este proyecto de acuerdo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ROJAS.-
¡Demagogo!
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Llamo al orden al diputado señor Manuel Rojas .
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, llamo no a abstenerse, sino a votar en contra de este proyecto.
Los argumentos que contiene el proyecto de acuerdo me parecen razonables. Trata un problema grave y delicado; pero no debemos buscar paliativos que no resuelven el problema de fondo.
Me parece que si existe déficit para pagar la deuda hospitalaria que afecta a muchas empresas -no todas grandes y sí muchas pequeñas-, tenemos que abordar el problema en la complejidad que corresponde a las causas que originan la deuda y resolverlo. Pero el proyecto de acuerdo traslada el problema de los hospitales dejando de pagar ciertos ingresos fiscales, como los aranceles aduaneros.
Entonces, si las arcas fiscales no disponen de recursos suficientes para pagar la deuda, por esa vía ni por la otra, el proyecto no resuelve el problema de fondo.
En segundo lugar, tampoco estoy de acuerdo con el punto dos que se propone. Por eso, hay que votar en contra. Se hace una proposición desde el Congreso para modificar la forma de pago de los hospitales. No es conveniente en un proyecto de acuerdo cambiar la forma de pago de una sola plumada. Este asunto hay que estudiarlo más a fondo.
Por lo tanto, llamo a votar en contra del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala para tratar el proyecto de acuerdo Nº 122.
No hay acuerdo.
ANTECEDENTES SOBRE CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ENDESA.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 121, de los diputados señores Molina , Vilches , Pérez, don Víctor ; Leay , Egaña , Paya , Álvarez , Pérez, don Ramón , Longton y Bertolino .
“Considerando:
Que se ha tenido conocimiento del decreto N° 2064, firmado por el Presidente de la República, que no se publicó en el Diario Oficial, en el que se da cuenta de un convenio firmado el 21 de diciembre de 2001, que considera la flexibilización del convenio del año 1958 respecto de la operación del lago Laja.
Que, en este convenio, la Dirección de Obras Hidráulicas se compromete a otorgar derechos por 40,7 m3/s más, para la generación de energía eléctrica. Es decir, en él se establece que no se considerarán las extracciones de agua realizadas por la empresa antes del 31 de mayo de 2002.
Que el uso del agua embalsada durante los meses de marzo, abril y mayo cobra mayor valor y reporta las mayores utilidades para Endesa, debido al costo marginal, influido por la escasez de recursos durante estos meses.
Que Endesa aumentó sus ingresos en 195,2% durante el primer semestre de este año, comparado con igual periodo de 2001, pasando de US$17,7 millones a US$52,4 millones, presumiblemente debido a los derechos cedidos por la Dirección de Obras Hidráulicas a la empresa.
Que no es primera vez que se produce la situación descrita. A mayor abundamiento, en el año 1998, a raíz de la crisis energética, el Gobierno de la época cobró tres millones de dólares (US$3.000.000) por derechos de agua que costaban veinte millones de dólares (US$20.000.000), compensación que en esa oportunidad ni siquiera se consideró.
Que, en este caso, no existe riesgo alguno de racionamiento eléctrico, por lo que no existe razón de Estado para beneficiar a esta empresa.
Que la única beneficiaria es Endesa, ya que la Dirección de Obras Hidráulicas ni siquiera ha pedido compensación por la entrega del agua, como ha ocurrido anteriormente.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Solicitar al Ministerio de Obras Públicas que dé a conocer los fundamentos en virtud de los cuales la Dirección de Obras Hidráulicas firmó un convenio con beneficios desproporcionados en favor de Endesa, consistente en la extracción de agua para generación eléctrica valorada en, aproximadamente, treinta millones de dólares (US$ 30.000.000), sin ningún beneficio para el Fisco ni tampoco para los consumidores de energía eléctrica.
2.Solicitar a la Contraloría General de la República que se pronuncie respecto de la legalidad del mencionado convenio e informe, asimismo, respecto de las eventuales responsabilidades involucradas en esta operación.
3.Mandatar a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para que estudie los antecedentes que dieron lugar al convenio, con el propósito de ponderar, a través de la redacción de un informe, su conveniencia y la evaluación de los perjuicios y responsabilidades involucrados en esta operación.
4.Solicitar a la Comisión Nacional de Energía que informe sobre la eventual incidencia de esta operación en la fijación del precio del nudo, las tarifas y la oferta de energía, como también acerca de la situación actual de déficit de energía eléctrica.”
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, el 28 de diciembre de 2001 el Presidente de la República firmó un decreto, el que contó con su correspondiente anotación, toma de razón y comunicación, pero del que no se ordenó su publicación.
Dicho decreto aprueba un acuerdo que se llevó a cabo entre la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas y la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa .
El acuerdo altera de manera sustancial las normas por las cuales se rige el tratamiento de las aguas del lago Laja, el que se administra a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Endesa en 1958, y que permite a Endesa sacar 57 metros cúbicos por segundo, no estando en situación de déficit hidroeléctrico.
Al no haber déficit de aguas, aparece absolutamente incomprensible que en el número dos del documento mencionado se acuerde, entre el Ministerio de Obras Públicas y Endesa, suspender temporalmente la normativa existente para el tratamiento de las aguas del lago Laja y permitir a Endesa, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de mayo del mismo año, sacar toda el agua del lago Laja sin ningún tipo de medición, y que sólo se empiece a medir la extracción de aguas a partir del 1 de junio del presente año y hasta el 31 de diciembre de 2002, lo que permite a Endesa, en ese período de tiempo, sacar 97,7 metros cúbicos del vital elemento por segundo.
No hay duda de que este convenio sólo favorece a Endesa, la que durante los primeros meses del año -1 de enero hasta 31 de mayo- no debió sujetarse a ninguna norma, a ninguna medida, a ningún límite.
Tal como constató la Cámara de Diputados en su oportunidad, en estos primeros seis meses se generan las utilidades de la empresa eléctrica. Posteriormente, es irrelevante que se saque más o menos agua. Así se desprende de los antecedentes de 1997, 1998 y 1999.
Como se trata de un convenio que nadie conocía -puedo dar fe de que al actual ministro de Obras Públicas, cuando le consulté sobre la materia, no tenía la información, como tampoco la tenían los regantes de la provincia del Biobío ni las autoridades de Gobierno de la misma provincia-, nos parece claramente inconducente.
Todos los técnicos establecen que las utilidades de Endesa, por este solo hecho, alcanzan a alrededor de treinta millones de dólares. Es más, la empresa Endesa , en los datos conocidos a través de sus balances y de su propia información, demuestra que durante el primer semestre de este año aumentó sus ingresos en un 195,2 por ciento respecto de igual período del año 2001, pasando de 17,7 millones de dólares de ingresos el año 2001 a 52,4 millones de dólares de ingresos durante el primer semestre de 2002.
Sin duda, es necesario que se nos dé una explicación. Es absolutamente necesario que el Ministerio de Obras Públicas informe a la Cámara de Diputados de las razones de un acuerdo que no beneficia a nadie, ni al país ni a los usuarios, sino sólo a la empresa Endesa.
Es imprescindible que la Contraloría General de la República establezca un análisis sobre la legalidad de dicho acuerdo, y asimismo es indispensable que se mandate a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para que estudie los antecedentes mencionados.
Creemos que una materia tan sensible como el manejo de los recursos hídricos, hace indispensable que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para ofrecer la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
¿Hay acuerdo?
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII.INCIDENTES
ALCANCES SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde a la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, ayer escuchamos al señor Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda, exponer sobre el presupuesto para el próximo año.
Cuando escuché al ministro, tuve la sensación de que él no vivía la realidad; se parecía a “Alicia en el país de las maravillas”.
El ministro Eyzaguirre se refirió, anoche, en cadena nacional, al detalle de la ley de Presupuestos, en el que justifica el aumento del gasto público para que el próximo ejercicio sea mejor; ello, “porque se ahorró y fuimos responsables en los años favorables. Por eso, hoy, en tiempos difíciles, podemos gastar más sin afectar nuestros cimientos”.
Asimismo, el ministro de Hacienda, entre otras cosas, sostuvo que había que justificar la mayor presencia estatal en la economía. Expresó que se habían hecho las cosas bien, con políticas adecuadas, con disciplina fiscal y que el Gobierno tiene claro el rumbo y sus prioridades. No sé en qué país estamos, pues, aunque haya distintas prioridades, los resultados demuestran lo contrario: el gobierno de Ricardo Lagos ha sido el peor de la década y el peor de la Concertación.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Espero que, en el ejercicio de la democracia, los colegas de la Concertación dejen terminar tranquilamente mi exposición. No se desesperen.
Digo esto, porque el país espera realmente solución a los problemas económicos que lo afectan. Hoy, el Gobierno habla de muchas prioridades, pero no las cumple. Este año el país va a crecer al 1 ó 2 por ciento. ¿Dónde está el 4,5 por ciento que nos prometieron?
El Gobierno debe enmendar rumbo, hacer bien las cosas. Nosotros deseamos que nuestro país tenga tranquilidad en los próximos cuatro años. Por ello le hemos pedido al Ejecutivo, aunque vamos a ejercer nuestra oposición y a endurecerla cuando corresponda, que enmiende, porque no ha hecho bien las cosas, y que cumpla sus promesas. El país hoy demanda solución a sus problemas sociales, especialmente en relación con la creación de fuentes de trabajo. La regla número uno de un gobierno es cumplir con la gente. Los distritos que representamos, los distritos populares, los distritos de hambre y de cesantía, hoy demandan, en este lugar, que expresemos su voz, sus deseos y sus necesidades. Todos los chilenos requerimos un gobierno que haga bien las cosas.
Por otra parte, la propia Concertación tambalea, es decir, el Gobierno ni siquiera goza del apoyo de los partidos que la integran. La UDI le ha dicho al Presidente Lagos: “Vamos a cumplir con Chile, estamos dispuestos a colaborar. Pero eso no significa debilidad para expresar nuestra crítica”.
Finalmente, se va a dar la paradoja de que la UDI va a terminar salvando a este Gobierno, que cada día cae precipitadamente, porque no tiene la capacidad de gobernar bien. Ésa es una simple reflexión de la gente.
Pero lo más importante es que el ministro de Hacienda viva nuestra realidad, no la realidad de “Alicia en el país de las maravillas”. Que no siga ofreciendo lo que no puede cumplir. Soluciones ahora, no mañana, ni con mentiras. Ahora, no mañana, hay que solucionar los problemas. No queremos un país divido, sin desarrollo, con hambre -como sucede hoy-, con cesantía, con delincuencia, con drogas.
He dicho.
MEDIDAS PARA PREVENIR ACCIDENTES DE TURISTAS EN ZONAS DE LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, el país ha sido testigo de un lamentable hecho que, sin duda, preocupa a quienes, de una u otra forma, impulsamos un valor agregado al desarrollo de las regiones, específicamente en la Segunda Región, conocida por todos como la capital minera. Ciertamente, apuntamos al turismo. En ese sentido, es preocupante el accidente ocurrido al turista español don Pablo Fernández Reigosa Castaño , quien sufrió una caída en los géiser del Tatío.
Todos conocemos la importancia que tiene en la zona norte, específicamente en el altiplano, la actividad turística, que involucra el desarrollo de Calama, de San Pedro de Atacama y de Ollagüe, esta última comuna fronteriza. Por cierto, estas situaciones lamentables hacen que nos preocupemos mucho más del tema en materia de protección, específicamente cuando el turismo es una variable por conjugar positivamente para los ingresos de nuestro país.
No es primera vez que ocurre un accidente como éste en nuestra zona, especialmente por desconocimiento, desprotección e irresponsabilidad de la gente que visita estos géiser. Pero, sin duda, también compete al Estado asumir un rol protagónico en la materia.
Por lo tanto, pido que se oficie al director nacional de Turismo, como asimismo al gobernador de la provincia de El Loa y al alcalde de Calama, a fin de que informen sobre qué medidas se pueden tomar, a la brevedad, para prevenir accidentes en las zonas turísticas de mayor afluencia que tenemos en la Segunda Región: San Pedro de Atacama y los géiser del Tatío.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios por usted solicitados.
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN LO RELATIVO A LA DETENCIÓN POR SOSPECHA. ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez .
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Señor Presidente, por todos es conocido el aumento de los delitos en las distintas comunas del país, y, por cierto, la ciudad de Iquique no ha estado ajena a ello.
Debo reconocer que fue un error legislativo la supresión legal de la facultad para detener a un individuo frente a la sospecha de que podría cometer o de que cometió un delito.
Para nadie es un misterio que la ciudadanía, día a día, ve con verdadera preocupación y temor cómo avanza la delincuencia y, lo peor, cómo ha ido cambiando la forma de armarse del delincuente: pasó del cuchillo al sable, y de ahí al arma de fuego. Lo más grave es que si a lo anterior le sumamos la drogadicción, nos encontramos con una persona dispuesta a matar. La prensa nos entrega, día a día, las estadísticas de personas agredidas. En este escenario, me pregunto: ¿Qué les queda por hacer a las personas honestas? ¿Transformar sus casas en verdaderas fortalezas con reja y alarma, portar un arma de fuego para defenderse u observar impotente cómo pandillas roban sus bienes para evitar la agresión?
A mi juicio, todos tenemos claro que, en un estado de derecho, las instituciones deben funcionar, y que existen las policías y un sistema judicial; pero ¿qué ocurre si todos compramos armas y transformamos al país en un verdadero far west? Es esta situación la que debemos analizar con frialdad y tomar medidas drásticas y precisas para evitar que esta realidad avance más. Aún es tiempo de impedir que nos ocurra lo que pasó con la droga, que invade actualmente al país.
Para nadie es un misterio que las modificaciones de las sanciones aplicables por la comisión de un delito, más que amedrentar a los antisociales han transformado los derechos de los delincuentes en una herramienta legal a su favor. Esta situación se ha visto agravada por la actuación de algunos magistrados que, basados supuestamente en la normativa vigente, dejan en libertad a quienes delinquen, con una facilidad que evidencia la injusticia para el que es agredido y la justicia para el agresor.
Más de alguien podrá señalar que tiene sus aprensiones acerca de la reposición de la norma, pero, en este sentido, debo ser enfático en señalar que actualmente existen disposiciones legales para sancionar eventuales abusos de la autoridad, lo que, con toda seguridad, es indesmentible.
Hoy más que nunca el Gobierno debe propender, con medidas concretas y eficaces, a terminar con la percepción que existe en la ciudadanía, en cuanto a que la policía ha sido sobrepasada por los delincuentes. Se deben dejar de lado las contemplaciones, ya que éstos no las tienen con sus víctimas.
En razón de lo expuesto, solicito oficiar al Presidente de la República, a fin de que incluya en la actual convocatoria legislativa el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la detención por sospecha, el cual está radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia desde abril de 2001. Asimismo, que se otorguen las herramientas legales adecuadas para que las policías actúen en forma más rápida y sin las restricciones que hoy les impone el sistema.
Por otra parte, solicito oficiar al general director de Carabineros de Chile y al director de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de que hagan llegar a esta Corporación, en carácter de público, la estadística oficial pormenorizada, regional y comunal, referida a las detenciones efectuadas por la policía uniformada y por la policía civil, desde enero de 2002 hasta la fecha, comparativamente con los años 2000 y 2001.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIAS APARECIDAS EN “EL MERCURIO” RESPECTO DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, el Instituto de Salud Pública es un importante organismo, y es también la autoridad sanitaria en materias relacionadas con medicamentos, cosméticos y vacunas; además, es el referente nacional en cuanto a laboratorios clínicos, bromatológicos y de salud ocupacional. Es la Contraloría General de la República de la salud chilena en estos temas.
Sin embargo, desde hace bastante tiempo, dicho Instituto se ha visto afectado por bastantes problemas.
“El Mercurio” de hoy publica una denuncia bastante significativa sobre este servicio. Señala una serie de cosas que me preocupan y que es necesario esclarecer, precisamente, porque el ISP es la fe pública en materia de salud.
En dicha publicación se señala que la conflictiva historia del ISP no sólo atañe a su actual directora, sino también a sus antecesores, entre ellos, el actual subsecretario de Salud, doctor Gonzalo Navarrete , quien ocupó dicho cargo desde 1997 hasta 2001. Un asesor suyo fue acusado de adquirir hasta una motocicleta por la vía de triangulación de facturas.
También se expresa que en el ambiente farmacéutico se comenta que durante la administración del doctor Navarrete se habrían producido numerosas irregularidades con los registros de medicamentos. “Habrían sido aprobados algunos productos en perjuicio de otros que fueron eliminados del mercado, particularmente en materia de adelgazantes”.
Se agrega que Jorge Sánchez , quien fue director en el período 1994-1997, “salió en medio de un escándalo el 16 de julio de 1997, luego de que el 82 por ciento de los funcionarios del IPS realizaron un plebiscito solicitando su renuncia”. Actualmente, en dicho Instituto hay un fuerte movimiento para pedir la salida de su actual directora.
Frente a la denuncia aparecida en “El Mercurio”, titulada “Millonaria clonación de cheques afecta al ISP”, solicito oficiar, en primer lugar, al ministro de Salud, para que a través de su fiscalía o asesoría jurídica, haga llegar a la Cámara todos los antecedentes relacionados con el Instituto de Salud Pública.
En segundo lugar, a la Contraloría General de la República, a fin de instruir un sumario amplio en el Instituto de Salud Pública, cuyos resultados se den a conocer a esta Corporación, a fin de clarificar las denuncias hechas al respecto, no sólo en cuanto a esta administración, sino también de las tres anteriores.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS NATURALES COMO MEDICAMENTOS. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Salud, a fin de que el Instituto de Salud Pública dicte una resolución que autorice el uso, como medicamentos, de las medicinas naturales, que cada día ganan más terreno -yo las utilizo habitualmente, y los “tecitos” medicinales me han ayudado a tener una salud que muchas veces llama la atención de la gente-, y, con ello, que cualquier médico las pueda recetar y el paciente reducir su costo a través del reembolso correspondiente.
Gran parte de los remedios naturales para diversas enfermedades, tales como reumatismo, próstata, etcétera, que son de común ocurrencia en las personas de la tercera edad, tienen un costo bastante más bajo que los fármacos, de uso más global.
Sin embargo, aun cuando hay una importante cantidad de personas que actualmente usa medicinas naturales, al no ser reconocidas como medicamentos, no entran en los convenios que los usuarios mantienen con las isapres o con otras instituciones de salud, y, por lo tanto, sus costos no son devueltos.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE CURSOS A DISTANCIA Y DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, los cursos a distancia y los de regularización de títulos, especialmente de profesores, han proliferado de manera incalculable, lo cual he manifestado anteriormente en esta Sala y a los sucesivos ministros de Educación, con quienes he debido trabajar en la Comisión de Educación.
Dichos cursos son de muchas menos horas que los realizados por un profesor universitario, por lo que simplemente es imposible pensar que la formación sea la misma, con el consiguiente problema de que llegará el momento en que esas personas no van a tener ninguna posibilidad de trabajo.
Por tanto, solicito oficiar a la ministra de Educación, a fin de conocer la posición del Gobierno respecto de los cursos a distancia y de regularización de títulos, especialmente de profesores, respecto de los cuales me parece que habrá que tomar medidas. Además, pido que se envíen los datos curriculares y las horas de cada uno de esos cursos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ENMIENDAS AL SISTEMA DE JUBILACIÓN DE LOS PROFESORES. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, por quinta vez me referiré a la situación de profesoras y de profesores afiliados a una administradora de fondos de pensiones, que cumplen todos los requisitos para impetrar el beneficio de la jubilación y no lo hacen porque, según los cálculos, su ingreso mensual bajará en aproximadamente 48 por ciento.
La semana recién pasada me reuní con no menos de treinta y cinco colegas profesores a conversar sobre el tema.
En los últimos doce años y medio, junto con varios diputados hemos tenido el alto honor, pero también la inmensa responsabilidad, de ser representantes populares, y nos ha correspondido, con todos los parlamentarios, sacar adelante, por ejemplo, la ley Nº 19.070, Estatuto Docente, y después la ley Nº 19.200, de diciembre de 1993, que hizo posible cambiar todo el sistema de jubilación de los profesores que están en el sistema antiguo.
Con la ley Nº 19.200 se modificó un artículo a fin de que, en vez del promedio de las sesenta últimas rentas para impetrar el beneficio de la jubilación, fuera de las treinta y seis últimas. Esto significó que el colega afiliado al sistema antiguo que jubila, bajara al 82 por ciento de su renta. Más aún, después modificamos dos veces el Estatuto Docente, y mediante un artículo transitorio se logró que durante seis meses se pudiera jubilar con la última renta. Para ello se buscó una fórmula matemática: los primeros doce meses no se tomaban en cuenta; sí del trece al veinticuatro y del veinticinco al treinta y seis, que se multiplicaron por dos, lo cual daba como resultado el ciento por ciento de la última renta. Así y en justicia, no menos de siete mil quinientos maestros jubilaron con la última renta. Pero ¿qué sucede actualmente? Los profesores afiliados al sistema antiguo jubilan y su ingreso mensual disminuye al 82 por ciento. Hablo de un colega profesor que tiene a lo menos 65 años de edad o de una colega con 60 años, los dos con un mínimo de 30 años de servicio, cuyo ingreso promedio de jubilación fluctúa entre los 550 mil y 650 mil pesos promedio. Lo digo con mucha objetividad, pues hicimos un estudio sobre este tema. Sin embargo, los que están en el sistema de las administradoras de fondos de pensiones jubilan con una renta no superior a 250 mil o 280 mil pesos mensuales.
Debido a esta situación, reitero la petición de oficiar a los ministros del Trabajo y de Hacienda, pero en especial a la ministra de Educación, por cuanto se está en negociaciones con el Colegio de Profesores respecto de una serie de puntos para que sea parte vital del acuerdo con el magisterio, a fin de solucionar el caso de cientos o miles de profesores que tienen los requisitos para jubilar, pero que, por estar en el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, no lo pueden hacer.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas Demócrata Cristiana, Socialista, del Partido por la Democracia y de Renovación Nacional.
FELICITACIONES A CÓNSUL Y A EMBAJADORA DE CHILE EN ISRAEL POR ACTUACIÓN EN FAVOR DE CIUDADANOS CHILENOS. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, quiero poner en conocimiento de la Cámara de Diputados los diarios problemas que se viven en Palestina y también en Israel, y me molesta saber que, antes de que comience a hablar, ya existen prejuicios de un auditorio internacional interesado. Hay que entregar un certificado de buena conducta cada vez que uno hace críticas a las actuaciones del gobierno israelí, por cuanto las descalifica, como si nuestras palabras fuesen de proterrorismo, de antisemitismo o, incluso, como se nos ha dicho, estimularan un estado de ánimo proclive a repetir el holocausto. Nada más lejos de lo expresado. Lamentablemente, estas mismas palabras son como un certificado de buena conducta de mi intervención: no me inspira el racismo ni ninguna estigmatización hacia los judíos ni hacia el Estado de Israel.
Hani Gazi Osman , descendiente de árabe, chileno, con pasaporte chileno, y Tareq Osman Othman , chileno, con pasaporte chileno, fueron detenidos en agosto por el ejército israelí en el puente Allenby , en la frontera de Jordania e Israel. Viajaban a un matrimonio en la ciudad de Beit Safafa, en Israel. Estos jóvenes se trasladaban a menudo hacia dicha ciudad junto a su padre, Gazi Osman Osman , también chileno, quien no tiene ningún tipo de problemas ni de antecedentes que hagan presumir mala conducta en sus hijos. Sin embargo, fueron detenidos, uno de ellos incomunicado, nada menos que el menor, y durante muchos días tuvimos que estar escribiendo y pidiendo información para saber del estado de su salud, de su vida e incluso respecto del juicio. Felizmente en Israel, y lo digo con toda sinceridad y sin ninguna ironía, el terrorismo de Estado que imponen sus gobernantes, a veces, es neutralizado por formas de democracia que suelen ser mucho más fuertes que en muchos Estados árabes. Pero, repito, gracias a esa forma de democracia y, a veces, hasta de aplicación de justicia, se permitió finalmente liberar a estos jóvenes, al primero a los pocos días, y al segundo, casi al mes.
El cónsul de Chile sólo pudo lograr conversar con el mayor de los jóvenes; nunca le permitieron ver al menor. (Por lo menos, ésa es la información que tengo). La embajada esperaba que después de ocho días hubiera alguna resolución. Cabe señalar que en pocos países del mundo existen incomunicaciones tan prolongadas. Hablé directamente con la embajadora, y quiero expresar en esta misma Sala, donde expresé críticas a la embajada pues no se preocupaba de la situación que afecta a ciudadanos palestinos, y a chilenos que están sufriendo en nuestro país al ver cómo matan a sus parientes en Palestina, con la misma fuerza de mi crítica, mi valoración.
Pido que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores para felicitar la conducta y preocupación del cónsul y de la embajadora de Chile en Israel, la señora Sally Bendersky .
Por último, informo a la Sala que con el diputado señor Eugenio Tuma enviamos un oficio a la señora Soledad Alvear , a quien agradezco su preocupación, no sólo por responder inmediatamente, sino que, además, por haber designado a funcionarios que se encargaran de esta situación. El subsecretario se dedicó personalmente de este caso.
Asimismo, quiero poner en conocimiento de la Cámara que el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó al embajador de Israel para representarle este abuso contra las personas nombradas, emparentadas con muchos chilenos que están en nuestro país aportando a la Patria y trabajando todos los días en el comercio, en la industria, en la medicina, especialmente en la salud y también en la política. Es decir, integrados completamente a Chile, pero que han sufrido por el terrorismo de Estado del gobierno de Israel, que, además, en estos días ha vuelto a matar a veinte palestinos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la bancadas del Partido Socialista y del Partido Demócrata Cristiano que así lo indican.
APOYO A TRABAJADORES DESPEDIDOS DE INDUSTRIA FORESTAL NACIONAL S.A., INFONAC , DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, quiero referirme a la grave situación que afecta a dos pequeñas comunas agrícolas del distrito que represento: Peralillo y Marchihue .
La empresa Infonac , de propiedad del ex senador Francisco Javier Errázuriz , ha despedido, en forma injustificada, a más de 300 trabajadores. Su Señoría podrá entender lo que significa para esas comunas del secano costero de la Sexta Región, que no cuentan con más de cinco mil habitantes, un despido masivo de esta naturaleza y su impacto negativo en los ámbitos social, económico y productivo.
Lo más grave es que el despido se basa en la causal “necesidades de la empresa”. Con esto, el ex senador Errázuriz pretende eludir el pago de obligaciones que le corresponden en su calidad de empleador. No quiere pagar el desahucio, el mes de aviso, las gratificaciones, las vacaciones proporcionales, o sea, ningún beneficio que legalmente les corresponde a los trabajadores despedidos. Como se comprenderá, esta medida impulsada por la empresa Infonac , cuyo dueño -repito- es el ex senador Francisco Javier Errázuriz , ha producido una situación complicada al interior de la familias afectadas.
Hoy en la mañana, el ministro del Trabajo, señor Ricardo Solari , nos recibió en su despacho y comprometió todo el apoyo de los organismos del Estado para ayudar a que se respeten los derechos laborales de los trabajadores. Con esto, el gobierno del Presidente Lagos da una señal clara en cuanto a impedir que puedan llevarse a cabo abusos como los que se están cometiendo. No es posible que se despida a más de 300 trabajadores agrícolas sin que el empleador responda por las obligaciones contractuales que legalmente le competen.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie a los ministros del Trabajo y de Justicia, a fin de que apoyen con todos sus instrumentos -medidas de fiscalización y abogados de la corporación- y asistan judicialmente a estos trabajadores que no tienen recursos para contratar abogados. Cabe señalar que han sido amenazados con que la parte empleadora pondrá un staff de abogados, a fin de demorar los juicios cinco o seis años, medida que ha llevado a muchos trabajadores a pensar en aceptar lo que el empleador quiere pagarles, esto es, un 25 por ciento de lo que les corresponde.
He puesto los antecedentes en conocimiento de la opinión pública, con el objeto de que los organismos del Estado, en particular los Ministerios del Trabajo y de Justicia, puedan otorgar todos los instrumentos de apoyo a los trabajadores afectados por la medida impuesta por la empresa Infonac .
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de quien preside. Sin duda, se trata de una situación muy grave que afecta a Peralillo y Marchihue , dos comunas del secano costero, donde se están perdiendo trescientas fuentes de trabajo directo, lo cual tiene un impacto sobre miles de personas.
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, hace diez años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución de 22 de diciembre de 1992, declaró el 17 de octubre de cada año como el Día mundial de la erradicación de la pobreza. La conmemoración de este día tiene como finalidad dar a conocer al público la necesidad y el deseo que tienen todos los países de erradicar la pobreza y la indigencia, las cuales son consideradas como uno de los problemas pendientes más urgentes y prioritarios que tiene la humanidad.
La existencia de miles de millones de personas que aún se encuentran en estado de pobreza constituye un hecho que debe ser preocupación permanente y constante de todos los gobiernos y personas que están fuera de ese estado social indeseable e injusto. En Chile, aún existen más de 3,3 millones de compatriotas en estado de pobreza, de los cuales 850 mil se encuentran en estado de indigencia. Ellos deben ser el tema principal de preocupación de todas las autoridades, pero también motivo de atención del resto de los chilenos que gozan de una situación económica más holgada y cómoda.
Es costumbre en el mundo instituir fechas para celebrar diversos hechos. En Chile, la conmemoración del Día mundial de la erradicación de la pobreza aún no es una costumbre, como ocurre con tantas fechas especiales que conmemoramos o celebramos, muchas de las cuales obedecen a costumbres importadas de otros países, sin relación alguna con nuestra nacionalidad e idiosincrasia. Sin embargo, aún no destinamos un día del año a recordar que tenemos millones de chilenos y chilenas en estado de pobreza. Deberíamos dar pasos en ese sentido, porque se trata de algo muy nuestro, que se encuentra permanentemente en todos los rincones del país los 365 días del año.
Pensamos que es tiempo de iniciar una campaña de difusión, para que a partir del próximo 17 de octubre iniciemos todos los años la conmemoración del Día mundial de la erradicación de la pobreza o, simplemente, el Día de la pobreza. Esta campaña que deseo impulsar requiere la voluntad y la participación de todos los chilenos, en especial de los medios de comunicación. Se trata de una medida necesaria y urgente, porque el flagelo de la pobreza es algo que ha mostrado rebeldía y persistencia en nuestro país, y es obligación de todos erradicarla.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro del Interior y a la ministra de Planificación y Cooperación, a fin de que, si lo tienen a bien, hagan suya esta idea para que, a partir del próximo 17 de octubre, se conmemore el Día mundial de la erradicación de la pobreza.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Carlos Vilches y René Manuel García .
POLÍTICA NACIONAL DE APOYO A LA MINERÍA DEL COBRE. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, políticos y economistas han expresado que la sobreexplotación de cobre en el mundo perjudicará principalmente a Chile, materia que, a mi juicio, no ha sensibilizado a las máximas autoridades del país. Cabe recordar que Chile produce el 40 por ciento del cobre original de mina en el mundo, lo que lo hace estar a la cabeza de los productores de ese mineral.
Siempre he sido muy crítico respecto del Gobierno en esta materia. Por ello, hoy insto a la autoridad para que apoye todas las medidas concretas para contrarrestar el constante vaivén del precio del metal rojo en el mercado mundial. Decisiones sobre una verdadera política para el cobre, actualizada, realista y que, por sobre todo, logre revertir la actual fluctuación de precios de este principal producto de exportación de nuestro país, han estado ausentes de la agenda del Gobierno. Lo preocupante es que la producción de cobre se incrementará en cerca de 15 por ciento en 2003, según anuncio hecho por las empresas del sector, lo que provocará una nueva sobreexplotación del metal en el mundo, llevándolo a niveles de precios históricos más bajos de los actuales. Esto es muy grave para el país. A mi juicio, un antecedente no menor es que en los últimos cinco años la oferta de cobre ha superado largamente la demanda. Por ello, es necesario sintonizar ambos parámetros; en caso contrario, los perjuicios serán aún mayores.
Tanto el consejo minero como la Sociedad Nacional de Minería, la Empresa Nacional de Minería y Codelco Chile, deben promover un gran acuerdo y fijar una producción de cobre total, de manera que cada uno tenga un porcentaje de participación, para evitar un caos mayor en materia de precios.
No estoy solicitando un cartel, como muchas veces se cataloga a este tipo de solicitudes, sino un acuerdo en el cual puedan participar, sin necesidad de crear un cartel, como ocurre con el petróleo.
Hago un llamado el ministro de Minería para que promueva una política nacional relacionada con estas materias, porque es necesario buscar una solución a este gravísimo problema. De lo contrario, el principal producto de exportación y de ingresos del país se verá gravemente perjudicado.
Solicito que se oficie al ministro de Minería para que esta intervención sea conocida por él y tengamos una respuesta en esta honorable Cámara.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de Renovación Nacional y del Partido Socialista que así lo indican, y de quien preside, que tiene el honor de representar el distrito en el cual se encuentra uno de los yacimientos subterráneos de cobre más grande del planeta: El Teniente.
PROMOCIÓN DE LUGARES TURÍSTICOS EN LA TELEVISIÓN. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, hace pocos días se celebró el día mundial del ecoturismo. Durante algún tiempo, la televisión fue uno de los más importantes promotores del turismo nacional, con una cosa muy simple: cuando se mostraba en la pantalla un lugar hermoso, se indicaba el nombre de la región a la cual pertenecía. Era una medida muy práctica que ayudaba a conocer nuestro país.
Por lo tanto, pido oficiar al Consejo Nacional de Televisión y a todos los canales, para que cooperen con el turismo, de manera que cuando aparezca un lugar de nuestro país se indique a qué zona pertenece. Por ejemplo, volcán Villarrica , Novena Región; desierto florido de Atacama, Tercera Región; río Cruces, Décima Región ; Torres del Paine, Duodécima Región. Sería una buena forma de cooperación de todos los canales de televisión, sobre todo cuando sale la señal por cable al exterior. Esto ya lo habían hecho e ignoro por qué se terminó con esa buena costumbre.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Vilches , Delmastro y de quien preside.
PROPOSICIÓN PARA QUE PUCÓN Y VILLARRICA SEAN SEDES DE REUNIÓN DE LA APEC. Oficio.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, en el año 2004 se reunirán en Santiago todos los presidentes y miembros de la Apec, y nos alegramos mucho de que así sea. Pero la ciudad no tiene capacidad para acoger a todas las delegaciones que asistan.
Sé que esta semana se tomará la decisión sobre la materia y que su Excelencia el Presidente de la República dará el visto bueno final. Por lo tanto, solicito que se le oficie a fin de que considere como sede de ese congreso las comunas de Pucón y de Villarrica, que cuentan con gran infraestructura, hoteles y salones para realizar los actos.
Dicha reunión no sólo traerá beneficios para el año 2004, ya que hay varias delegaciones preparatorias que en 2003 ocuparían la capacidad ociosa que tienen esos lugares de turismo que tanto han ayudado a la región y a nuestra zona.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Vilches , Delmastro y de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS OTORGADOS PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, por último, pido oficiar a la ministra de Educación y a la seremi de Educación de la Novena Región, con el objeto de que indiquen qué empresas, a qué personas y dónde se han impartido los cursos de educación para el adulto y el adulto mayor, y los montos entregados a cada una de las empresas.
Formulo la petición, porque hay rumores en la región en el sentido de que se han descubierto algunas cosas en el Sence, y no me gustaría que sean malgastados los recursos otorgados para la educación de los adultos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Vilches y Delmastro .
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE ARICA Y AZAPA. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .
El señor PAREDES.-
Señor Presidente, en enero de este año el ministro de Agricultura se comprometió con los agricultores de Arica a que, mientras existiera la mosca de la fruta en el Perú, no se autorizaría el ingreso de tomates desde los valles peruanos.
Sin embargo, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, firmó con su homólogo peruano un protocolo a través del cual se autoriza el ingreso de tomate peruano producido con el sistema de malla antiácidos, que impediría el ingreso de esa especie de mosca al sector de los cultivos.
Producto de esta autorización, una empresa chilena, comercial Roque S.A., está ingresando al país más de 300 mil kilos de tomate peruano. Creo que es el inicio de un proceso que puede hacer colapsar o afectar gravemente el desarrollo de la economía de Arica, que descansa en gran medida en la producción agrícola y frutícola del valle de Azapa.
Los agricultores de Arica sostienen que, a pesar de contar con el mencionado sistema la producción de tomate peruano, no se puede asegurar que la mosca de la fruta no los contamine, lo que podría provocar un tremendo daño a los productos de la zona central que se exportan a otras partes del mundo.
Se asegura, también, que las exigencias de las políticas ambientales en relación con la contaminación de productos hortícolas y frutícolas en Chile son muy superiores a las que exige el Estado peruano, razón por la cual la posibilidad de que aparezca en ésta y otras importaciones la mosca de la fruta en el centro del país, con el peligro que ello significa, es inobjetable.
Los agricultores de Arica invierten todos los años ocho millones de dólares en el proceso de producción de tomate, y Azapa destina más de 500 hectáreas a su cultivo. Políticas como éstas han afectado también en la zona a los productores de aceitunas, orégano y poroto verde.
Cabe destacar que la cesantía en Arica hoy está sobre el 15 por ciento. Los agricultores de Azapa pagan sueldos y salarios por más de 1.500 millones de pesos mensuales, dan empleo a más de diez mil trabajadores, y se necesitan más de dos mil viajes por camión para trasladar la producción ariqueña hacia el sur del país; es decir, una enorme cantidad de personas, en forma directa o indirecta, tiene empleo con la producción del valle de Azapa.
Entendemos la realidad del libre mercado, la libre competencia, pero al igual que Estados Unidos y muchos países de Europa, tenemos la obligación de proteger la producción y el desarrollo económico local, sobre todo en el caso de Arica, que es una ciudad fronteriza. Las fronteras hoy día se protegen con desarrollo.
Quiero resaltar algunas políticas económicas implementadas por el gobierno peruano cuando lo ha considerado necesario. No está de más recordar la prohibición, por decreto, que hace algunos años impidió el ingreso de autos usados desde la zona franca de Iquique a Tacna. Dicho decreto sólo decía que esos vehículos podían ingresar por Ilo y Matarani .
Quiero preguntar al ministro de Agricultura y al Gobierno cuál es la coherencia que existe entre el Plan Arica, por el cual se pretende recuperar 1.500 hectáreas de desierto para cultivar productos agrícolas o frutícolas, y las políticas aplicadas. ¿A quién le vamos a vender los productos de esas 1.500 hectáreas? Además, la mosca de la fruta puede provocar un serio daño al país entero, no sólo a la economía de Arica.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Agricultura y al director nacional del SAG, con el objeto de que nos entreguen información pertinente a lo que estamos manifestando, al compromiso que el propio ministro hizo con los agricultores de Azapa, en Arica, y a fin de conocer cuáles son las orientaciones y las políticas de Estado que se han generado para proteger las economías de las zonas fronterizas.
Quiero recordar que muchos chilenos que hacen patria en el altiplano, en la Primera Región, son productores de orégano, y han sido tremendamente afectados por estas políticas que nadie entiende y que son tan contradictorias.
Quiero reiterar que éste es el primer paso, ya que próximamente seguirán ingresando productos peruanos, como el poroto verde, la aceituna y el orégano. Eso provoca un serio daño a la economía de Arica y se contradice con las políticas de Estado que debieran proteger nuestras zonas fronterizas.
Quiero levantar la voz y reclamar por todos los ariqueños afectados, y por la producción agrícola del valle de Azapa, que sustenta en gran medida la economía de esa zona norte, donde se hace patria y soberanía todos los días.
Comprendo que a un gobierno y a un país tan centralista les cueste entender las realidades locales. Por eso hacemos un llamado al sentido patriótico. Allí se hace soberanía nacional en situaciones muy desventajosas. Estamos hablando de una zona desértica, del tremendo esfuerzo de empresarios chilenos para hacer soberanía y mantener la población.
Estamos vendiendo la producción de tomates de Azapa a un costo muy inferior al que se transa hoy en Santiago, por ejemplo, pues se está trayendo a un precio más barato desde el Perú, porque la mano de obra de ese país es tres veces inferior a la de Chile. A eso se agregan todas las medidas fitosanitarias que se implementaron y se exigen acá, las que son muy poco controladas en Perú.
Por lo tanto, solicito se oficie a los ministros de Agricultura y del Interior, con el objeto de que nos señalen cuál es la coherencia que existe al hablar de un plan de 1.500 hectáreas para cultivar productos agrícolas y frutícolas, y aumentar el trabajo y empleo, si no vamos a tener mercados para venderlos, dado que en este país se permite el ingreso de productos peruanos, lo que afecta la economía de Arica.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Navarro y Hales .
INFORMACIÓN SOBRE COBROS DE AGUA POTABLE POR ESSBÍO EN POBLACIONES DE CORONEL. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la privatización de las empresas del sector sanitario ha traído consecuencias impensadas. La Cámara despachó el proyecto de regulación de dichas empresas, las cuales, a poco andar, han ido adoptando comportamientos que deben ser revisados. Hemos advertido en forma reiterada a Aguas Andinas, que adquirió los derechos de agua al municipio de Santiago a vil precio, que estas conductas producirían no una represalia, sino la revisión de las condiciones en que está operando.
La situación de la Octava Región, donde Thames Water compró la mayoría de las acciones de la empresa Essbío, también refleja un conjunto de situaciones que siempre van en contra de los usuarios, de los consumidores.
El cobro por tratamiento de aguas servidas que figura en las boletas, que equivale al total del consumo de agua potable, a pesar de que no existen las plantas de tratamiento, es un tema complejo y, aunque es legal, debe ser revisado, cuestión en la que estamos trabajando.
A lo anterior se suman otras dos situaciones que, en mi opinión, deben ser evaluadas.
En primer lugar, ¿quién calibra los medidores que determinan los metros cúbicos que consume la gente? Se hace una especie de evaluación de gasto aproximado, se compensa un mes con otro, pero la gente no sabe jamás con precisión cuánta agua ha consumido en el mes.
La Superintendencia debe informarnos quién controla los medidores de agua, cuándo un medidor está funcionando bien o cuando lo hace mal y marca más en favor de la empresa.
En segundo lugar, en el caso de la población Mártires del Carbón se da una cosa muy particular. Hay hidropacks para dos edificios. (El hidropack es una máquina que impulsa el agua hasta los pisos superiores). Cuando la suma de los medidores individuales arrojaba una diferencia en favor de los usuarios, esa diferencia era devuelta por Essbío. Hoy, sólo llega en la boleta cuando hay una cifra en favor de la empresa, cuando la suma de los medidores individuales es mayor a la que marca el hidropack; es decir, se ha invertido la balanza.
Por lo tanto, solicito oficiar al superintendente de Servicios Sanitarios de la Octava Región, a fin de que investigue la calibración de todos los medidores de las poblaciones Mártires del Carbón 1 y 2, de la comuna de Coronel, para determinar si esos vecinos están pagando el agua que consumen y no un sobreprecio por el metraje cúbico.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de quien habla.
ANTECEDENTES SOBRE AFILIADOS A SINDICATOS DE PESCA Y CONCESIONES DE ACUICULTURA OTORGADAS EN LAS REGIONES OCTAVA, DÉCIMA Y UNDÉCIMA. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito oficiar al subsecretario de Pesca, con el objeto de que nos entregue toda la información sobre los asociados a sindicatos y organizaciones de pesca de la Octava, Décima y Undécima regiones, identificando claramente las federaciones a las que están afiliados, los sindicatos, el número de socios y toda la información respecto de la organización sindical. Además, que nos entregue el listado de las autorizaciones otorgadas en los últimos diez años sobre las áreas de manejo y concesiones de acuicultura, en particular la lista de espera que existe en estas tres regiones y el costo que les significan las áreas de manejo y las concesiones de acuicultura a cada uno de los concesionarios. En especial, requiero la información de todas las concesiones y áreas de manejo entregadas durante los dos últimos años en la Octava Región, acompañando el certificado que acredite que el solicitante tiene la calidad de asociado al sindicato de pescadores artesanales.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.37 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones .
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de las diputadas señoras Ximena Vidal , Carmen Ibáñez , María Antonieta Saa , y de los diputados señores Leal , Rossi y Valenzuela . Modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción con finalidad de autorizar la adopción por parte de mujeres solteras extranjeras con residencia en el país. (boletín Nº 3088-07)
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; y lo contemplado en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
1º Que nuestro país cuenta con una moderna legislación sobre adopción de menores que en los hechos ha permitido abordar de manera integral, la problemática del abandono infantil, permitiendo, el acceso de niñas y niños a una familia, capaz de asegurar su desarrollo físico, emocional y afectivo.
2º Que el legislador de la ley Nº 19.620, de Adopción, ha comprendido la necesidad de establecer procedimientos claros, transparentes y no engorrosos, para facilitar el desarrollo de la adopción, entregando al Servicio Nacional de Menores, como entidad pública encargada de velar por el aseguramiento y la promoción de los derechos de los niños y niñas del país la posibilidad de intervenir en el proceso de adopción, mediante programas públicos altamente profesionalizados, que permiten calificar la idoneidad de los padres que optan por esta institución, sea para suplir su imposibilidad de engendrar hijos propios, o para sumar a los hijos biológicos, otros hijos, que con plenos derechos, quienes se integran a una comunidad familiar de afectos y cuidados.
3º Que asimismo, se ha velado, en la actual ley por reconocer la posibilidad de que personas solteras o viudas, puedan acceder a la paternidad o la maternidad por la vía de la adopción, asumiendo que hoy en día la familia monoparental tradicional, no excluye a otras formas familiares, en las que, igualmente, se pueden asegurar los bienes y valores, necesarios para el cuidado y desarrollo integral de los menores.
Así la actual ley permite en su artículo 21, y en el caso en que no existan cónyuges interesados en adoptar a un menor una persona soltera o viuda, chilena, con residencia permanente en el país, respecto de quien se haya realizado la misma evaluación y que cumpla con los mismos rangos de edad y de diferencia de edad con el menor que se pretende adoptar. Esta norma, permite que mujeres y hombres solteros chilenos puedan acceder a la adopción, excluyendo, sin embargo, a los extranjeros solteros radicados en Chile, lo cual a nuestro juicio se convierte en una discriminación injustificada, que lesiona el estatuto de derechos del extranjero avecindado en Chile reconocido por nuestra Construcción Política de la República, por la ley de Extranjería y pro nuestra legislación civil y las convenciones internacionales suscritas por Chile.
4º Que a título de ejemplo, baste considerar lo dispuesto en el artículo 19 de la Carta Constitucional, que contiene el catálogo de garantías constitucionales, el cual, indubitablemente, se aplica a “todos los habitantes de la República” sin distinción de si se trata de nacionales o extranjeros”, a lo cual se suma la garantía específica que asegura el derecho a la no discriminación contemplada en el inciso segundo del numeral dos del artículo citado, que prescribe claramente que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” en el tratamiento que se les asigna a las personas; lo cual no se resguarda en este punto de la ley de adopción que analizamos.
5º Que asimismo, el Código Civil, desde su versión primigenia, tuvo la virtud (adjudicable a un ilustre extranjero avecindado en la Patria, como fue Andrés Bello), prevé tanto la obligatoriedad de la ley chilena para todos los habitantes de la República (artículo 14), como también normas especiales de Derecho Internacional Privado, en relación a las relaciones de familia sujetas al derecho nacional chileno, cuando hay extranjeros involucrados.
6º Que, en consecuencia, no sólo es razonable sino que necesario propender a la modificación de la actual ley de Adopción, con la finalidad de autorizar la adopción de niños y niñas chilenas por parte de mujeres extranjeras residentes en Chile, toda vez que ellas no pueden ser discriminadas en los derechos civiles que la propia legislación reconoce para otras mujeres en la misma condición de soltería. Más aún, en relación, al resguardo preventivo de los derechos de los niños, éste se produce por la seriedad del programa nacional de adopción del Servicio Nacional de Menores y de las entidades privadas acreditadas por éste para el efecto, los cuales, sin duda, velarán estrictamente por asegurar que la mujer extranjera residente en el país que desee adoptar sea la mejor alternativa para él o los menores chilenos.
7º Que tampoco creemos que sea obstáculo, para aprobar esta iniciativa, el argumento de que se trata de personas que pueden salir intempestivamente del país, toda vez, que se está exigiendo en nuestra propuesta una residencia mínima de dos años, lo cual, supone la existencia de fuertes vínculos con Chile y un tiempo suficiente de historia personal, para indagar en nuestro país sobre las características morales de las personas.
Confiando en que la honorable Cámara, entienda las razones, jurídicas, políticas y éticas para avanzar en esta materia, los diputados que suscriben venimos en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Intercálase el siguiente inciso segundo al artículo 21 de la ley Nº 19.620 sobre adopción, pasando los actuales inciso segundo a ser tercero y tercero a ser cuarto y final.
“También estarán habilitados para optar a la calidad de adoptante las mujeres extranjeras solteras o viudas extranjeras que tengan residencia en Chile, cumpliendo con las demás exigencias de idoneidad moral, psicológica y capacidad material que exige esta ley. Las residentes, que podrán optar a adoptar niños, deberán tener la calidad de residentes oficiales, sujetas a contrato de trabajo, o residentes, residentes por asilo político o refugiadas, de conformidad a las normas del decreto ley Nº 1.094 “Que establece normas sobre extranjeros”, y que dicha residencia sea de al menos dos años en el territorio de la República”.
Moción de los diputados señores Meza , Tuma y Silva . Modifica la ley Nº 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, con la finalidad de perfeccionar las normas sobre formalización de la tenencia de la tierra. (boletín Nº 3090-01)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1º Que la ley Nº 19.253, que “Establece normas sobre protección fomento y desarrollo de los indígenas”, contempla una serie de normas con la finalidad de proteger la tenencia y propiedad de las tierras, las cuales, son un elemento esencial para la constitución y mantención de las culturas originarias de nuestro país y en general de todos los países del mundo, en donde perviven comunidades nativas.
Dentro de esas normas se encuentra el propio Artículo 1º de la ley que “Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio y propender a su ampliación”.
Este tópico es desarrollado con detalle en el Título II de la ley denominado “Del reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas”, el cual, define que se entiende por ellas, y las somete a un estatuto especial restringido, que la exime del Derecho Civil, común y general, especialmente en lo que dice relación con la libertad para enajenarla, dividirla y subdividirla, etc. Todo lo anterior fundado en un espíritu de protección de la integridad territorial de las comunidades originarias chilenas, para las cuales las tierras es algo más que un simple medio de producción, sino que una parte consustancial de sus culturas, tradiciones y la base de su economía agraria de subsistencia.
2º Que es un dato fácilmente comprobable el hecho de que estas medidas restrictivas de la libertad de disposición que emana del derecho real de dominio, si bien fundado en nobles y altruistas postulados éticos e incluso filosóficos, en la práctica significa una limitación al normal desarrollo de la iniciativa individual de los miembros de las etnias originarias, quienes ven, que la protección que les profesa el Estado, los mantiene en una situación de excepción que califican de discriminadora y paternalista por parte del Estado, lo que lesiona su derecho a emprender en una sociedad cada vez más competitiva. A lo anterior se suma, además, los problemas sociales que se derivan de la imposibilidad de dividir sus tierras, por ejemplo entre los hijos mayores, que requieren de títulos legítimos de posesión y ojalá de propiedad de la tierra para ser beneficiarios incluso de programas sociales impulsados desde el propio Estado.
3º Que a mayor abundamiento, podemos señalar como en el caso de las tierras no indígenas, las medidas restrictivas impuestas normas sobre subdivisión de predios rústicos contenida en el decreto ley Nº 3516 del año 1980, que es lejos mucho más liberal que la ley indígena, han sido objeto de recientes modificaciones, que buscan justamente flexibilizar su contenido restrictivo en materia de divisiones y subdivisiones, manteniendo en todo caso, el principio del resguardo del interés de mantener la integridad de los suelos con destino agrícola.
Así, la ley Nº 19.807 de junio del presente año liberaliza aún más la ley vigente sobre subdivisión de predios rústicos, autorizando que ello sea posible cuando se trate de predios con una cabida entre 500 y un mil metros cuadrados, esto es con mucho inferior a la cabida mínima general autorizada por la ley que es de media hectárea, cuando se trate de transferencias a cualquier título y por una sola vez a familiar directo para la construcción de una vivienda para sí mismo. El parentesco autorizado por la ley es de ascendientes y descendientes por consanguinidad y afinidad hasta el primer grado.
4º Que los motivos de la ley Nº 19.807, de reciente data, se encuentran justamente en la realidad del campo chileno, en la cual, fruto de las normas de protección de la integridad del suelo agrícola se impide la subdivisión fundada en razones de habilitación de espacios para la mantención de la familia en los terrenos de sus familias.
Cuando el Estado desarrolla una serie de políticas de vivienda social en los sectores rurales, para financiar la construcción de viviendas dignas, no se puede paralelamente mantener obstáculos estructurales que impidan el acceso regular a la tenencia y propiedad de la tierra.
5º Que para el país, hoy es esencial, mantener su actual población rural. La permanencia de la población fuera de las urbes es un valor geográfico y demográfico esencial, que tiene consecuencias incluso en materia de disponibilidad futura de alimentos del agro, sin contar el valor de la permanencia en las comunidades rurales, que permite mantener la cultura familiar campesina en nuestro país. Esos son valores, unos más tangibles que otros, los cuales deben ser asegurados por la ley y en consecuencia deben ser un tema de preocupación para este Congreso Nacional, hacen imperativo para el legislador crear las condiciones para que ello ocurra, entregando los marcos regulatorios que permitan el asentimiento regular en la tierra, con las formalidades de un título de dominio permanente sobre la tierra, lo cual, buscamos a través de esta moción.
6º Que las mismas razones, antes señaladas, se dan en el caso de la propiedad indígena, de las comunidades indígenas, que como sabemos son esencialmente rurales. En ellas también existe interés y la necesidad de que se flexibilice las normas actuales de la ley indígena, permitiéndose en idénticas hipótesis a las abiertas para las tierras rurales no indígenas.
Los autores, creemos, que incluso, pese a entender la legitimidad y la necesidad de mantener normas de protección de la integridad de las tierras indígenas, ello, no puede ser óbice para flexibilizaciones, socialmente justificadas. No hacerlo, no admitir estas flexibilizaciones, sería una discriminación arbitraria con las comunidades indígenas, pues ellas, y sus tierras no pueden cambiar su estatuto legal, en atención a intereses también superiores, como es la conservación del suelo con destino agrícola. Donde hay una misma razón debe haber una misma disposición, reza un centenario aforismo legal, que apela a la racionalidad y sistematicidad del ordenamiento jurídico.
7º Que por lo anterior, es que presentamos a trámite esta moción parlamentaria, que pretende modificar la ley indígena, agregando un nuevo inciso cuarto y final al Artículo 16, con la finalidad de disminuir el mínimo de hectáreas para la subdivisión rebajando desde las tres actualmente exigibles a media hectárea y permitiendo, al igual que en la norma contenida en la modificación que se hizo a la ley sobre Subdivisión de Predios Rústicos, (ley Nº 19.807), la subdivisión con la finalidad de transferir los predios para la construcción de viviendas de familiares directos, hasta por 500 metros cuadrados con lo cual no se alteran de forma sustantiva las normas generales de la división de tierras indígenas, tanto en cuanto se mantendrá lo central de su regulación especial, que es el acceso limitado a la tenencia de la tierra por parte de miembros de la misma etnia y la participación en su caso de la Conadi, que actúa como autoridad autorizante.
Por tanto, los diputados que suscriben, vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Artículo 17 de la ley Nº 19.253 sobre pueblos indígenas:
1. En inciso tercero reemplácese la frase “tres hectáreas” por “media hectárea”.
2. Agréguese el siguiente inciso 8º y final:
“Con todo, siempre procederá la subdivisión, de conformidad a los procedimientos establecidos de esta ley, en predios que no podrán tener una cabida inferior a media hectárea. Sin embargo, cuando se trate de transferencias de dominio a cualquier título, que se realicen por una sola vez, a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, para la construcción de una vivienda para sí mismo, se podrá subdividir el predio en hijuelas de no menos de quinientos metros cuadrados, los que quedarán afectos a los fines previstos en el acto de transferencia”.