Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I .ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Martinez Busch
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN.
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Sergio Aguilo Melo
- Alberto Robles Pantoja
- Patricio Alejandro Hales Dib
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- TRAMITACIÓN DEL PROYECTO SOBRE SALARIO MÍNIMO. Acuerdo de los Comités.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE IMPOSICIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Boris Tapia Martinez
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE IMPOSICIONES. Primer trámite constitucional.
- VI .PROYECTOS DE ACUERDO
- DEROGACIÓN DE RESERVA O SECRETO DE DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTOS O ACCIONES DE INTERÉS PÚBLICO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Fernando Meza Moncada
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Enrique Accorsi Opazo
- Ivan Paredes Fierro
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Sergio Aguilo Melo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- ANTECEDENTE
- RATIFICACIÓN DE TRATADOS QUE PREVIENEN Y SANCIONAN EL TRÁFICO DE BIENES CULTURALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Alejandro Navarro Brain
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Sergio Aguilo Melo
- Fulvio Rossi Ciocca
- Boris Tapia Martinez
- Fernando Meza Moncada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- ANTECEDENTE
- DEROGACIÓN DE RESERVA O SECRETO DE DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTOS O ACCIONES DE INTERÉS PÚBLICO.
- VII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE INVERSIONES HIDROELÉCTRICAS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- Jaime Mulet Martinez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Patricio Walker Prieto
- Jose Perez Arriagada
- Jaime Quintana Leal
- Javier Hernandez Hernandez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- INFORMACIÓN SOBRE JARDINES INFANTILES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- ADHESION
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Javier Hernandez Hernandez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- ANTECEDENTES SOBRE ESTADO DE SALUD DE PACIENTE DEL HOSPITAL DE TEMUCO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- ADHESION
- Javier Hernandez Hernandez
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- FRACASO DE PROYECTOS IMPULSADOS POR INDAP EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- ADHESION
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Javier Hernandez Hernandez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA RELACIONADO CON ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL DESDE ARGENTINA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- Javier Hernandez Hernandez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO PARA RALÚN, PUERTO VARAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- RECURSOS DE EMERGENCIA PARA PLANES DE EMPLEO EN LA COMUNA DE FRESIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- COMPLEMENTACIÓN A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO GARCÍA E INEXISTENCIA EN CHILE DE LA DENOMINADA ENFERMEDAD “DE LAS VACAS LOCAS”.
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INSTRUCTIVO SOBRE ESTRATEGIAS ELECTORALES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- MEDIDAS PARA SOLUCIONAR CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PRECISIONES SOBRE EXISTENCIA DE PRESOS POLÍTICOS EN CHILE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Burgos Varela
- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA EXTERNA POR INSTITUCIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Burgos Varela
- ANTECEDENTES SOBRE PROYECTO VIAL EL SALTO AVENIDA KENNEDY. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Burgos Varela
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANTECEDENTES SOBRE INVERSIONES HIDROELÉCTRICAS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Toha Morales
- Juan Pablo Letelier Morel
- Exequiel Silva Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eliana Caraball Martinez
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Anibal Perez Lobos
- Boris Tapia Martinez
- Alberto Robles Pantoja
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Eugenio Bauer Jouanne
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Victor Perez Varela
- Mario Varela Herrera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 7ª, en martes 22 de junio de 2004
(Ordinaria, de 11.10 a 14.38 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrin, don Antonio, y Hales Dib, don Patricio.
Presidencia accidental del señor García García, don René Manuel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia8
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Remisión de proyecto a Comisión11
Autorización a Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala11
Permisos constitucionales11
Tramitación del proyecto sobre salario mínimo. Acuerdo de los Comités12
V.Orden del Día.
Perfeccionamiento de normativa para la cobranza judicial de imposiciones. Primer trámite constitucional12
VI.Proyectos de acuerdo.
Derogación de reserva o secreto de documentación, procedimientos o acciones de interés público37
Ratificación de tratados que previenen y sancionan el tráfico de bienes culturales39
VII.Incidentes.
Antecedentes sobre inversiones hidroeléctricas en la Décima Región. Oficios43
Reconocimiento al Presidente de la República por ejecución de obras viales en provincia de Ñuble. Oficios44
Información sobre jardines infantiles. Oficios45
Antecedentes sobre estado de salud de paciente del hospital de Temuco. Oficio46
Fracaso de proyectos impulsados por Indap en Octava Región. Oficios47
Información sobre plan de contingencia relacionado con abastecimiento de gas natural desde Argentina. Oficios48
Declaración de zona de interés turístico para Ralún, Puerto Varas. Oficio48
Recursos de emergencia para planes de empleo en la comuna de Fresia. Oficio49
Complementación a intervención del diputado García e inexistencia en Chile de la denominada enfermedad “de las vacas locas”50
Instructivo sobre estrategias electorales en Décima Región. Oficio51
Medidas para solucionar cortes de energía eléctrica en la provincia de Osorno. Oficio52
Precisiones sobre existencia de presos políticos. Oficios53
Información sobre contratación de asistencia jurídica externa por instituciones y empresas públicas. Oficios54
Antecedentes sobre proyecto vial El SaltoAvenida Kennedy. Oficio54
Pág.
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la
tramitación de un proyecto sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. (Boletín N°356206)56
Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos de acuerdo:
2.Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú, sobre Protección y Restitución de Bienes Culturales y su Anexo, suscrito el 23 de agosto de 2002. (Boletín N° 356710)79
3.Aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Guatemala y su Anexo, suscritos en ciudad de Guatemala, el 28 de abril de 2003. (Boletín N° 356810)86
4.Aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe, adoptado en Viena, el 25 de septiembre de 1998. (Boletín N° 356910)98
5.Aprueba el Convenio de Servicios Aéreos y su Anexo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Italiana, suscrito el 27 de febrero de 2002. (Boletín N° 357010)106
6.Aprueba la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares, adoptada por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, el 26 de septiembre de 1986 (78351). (Boletín N° 357110)120
7.Aprueba las Enmiendas a los Artículos 7 y 74 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptadas en 1965 y 1978, respectivamente. (Boletín N° 357210)127
8.Aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los
Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y sus Anexos, Apéndices, Protocolos y Notas; y, los Acuerdos Complementarios sobre Comercio de Mercancías Agrícolas entre la República de Chile y la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la República de Islandia, y sus Anexos y Apéndices, respectivamente, todos suscritos en Kristiansand,
Noruega, el 26 de junio de 2003. (Boletín N° 357310)131
9.Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (93351). (Boletín N° 357813)147
10.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, que califica de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley N° 3.500, de 1980, sobre cobranza judicial de imposiciones morosas. (Boletín N° 336913)150
11.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. (Boletín N° 302107)150
Pág.
12.Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sobre el proyecto que concede, por especial gracia, la Nacionalidad Chilena a doña Griseldis Burose Goersch. (Boletín N°342607) (S)270
13.Proyecto de reforma constitucional, de origen en una moción de la diputada señora Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo, y Silva, que otorga iniciativa popular, en la forma que indica, para la presentación de los proyectos de ley. (Boletín N° 357507)273
Proyectos de ley, de origen en moción:
14.De las diputadas señoras Caraball, doña Eliana, y Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Bustos, Hales, Pérez, don Aníbal, Tapia; Robles, García, Galilea, don José Antonio, y Espinoza, que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva. (Boletín N° 357414)275
15.De la diputada señora Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Bauer, Egaña, Pérez, don Víctor; y Varela, que precisa la manera en que se hará la consulta a la junta de vecinos respectiva, tratándose del otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de patentes de alcoholes. (Boletín N° 357611)276
16.Oficio del Excmo. Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en relación con el proyecto sobre protección de los derechos de los consumidores. (boletín N° 278703)277
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
Del diputado señor Aguiló, por la cual solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 18 de junio pasado, para dirigirse a México.
Del diputado señor Robles, por la cual solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 19 de junio pasado, para dirigirse a Australia.
Del diputado señor Hales, por la cual solicita autorización de la Sala para ausentarse del país, por un plazo superior a 30 días, a contar del 27 de junio próximo, para dirigirse a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el objeto de representar a la Corporación en la Primera Reunión Conjunta del Parlamento Andino y la Comisión Parlamentaria del Mercosur.
De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, por el cual solicita autorización de la Sala en orden a que se le remita, para su tramitación, la moción que cambia el sistema de afectación y desafectación de las áreas silvestres protegidas por el Estado, modificando la ley N° 18.362 y el decreto N° 1.939 (Boletín N° 345701), radicada en la Comisión de Agricultura.
De la Comisión Investigadora relativa a la tala ilegal del alerce, por el cual solicita autorización de la Sala para celebrar una sesión especial, en forma simultánea con ella, el próximo miércoles 23 de junio en curso, a partir de las 12.00 horas.
Del Grupo Interparlamentario ChilenoParaguayo, por el cual comunica que ha procedido a elegir su directiva, la que quedó integrada de la manera siguiente:
Presidente: diputado señor Andrés Egaña Respaldiza; Vicepresidentes: diputados señores : Quintana Leal; don Jaime; Meza Moncada, don Fernando; Ortíz Novoa; don José Miguel. Integrarán el Grupo, además, los diputados señores: Leay Morán, don Cristián;Pérez Opazo; don Ramón. Secretario del Grupo, el abogado Secretario de Comisiones señor Federico Vallejos De La Barra.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por el cual comunica que ha tomado conocimiento de la constitución, en el Parlamento del Reino de Tailandia, del Grupo de Amistad Tailandia Chile, integrado por Parlamentarios representantes de los diferentes Partidos Políticos Tailandeses; por lo cual, y por razones de reciprocidad internacional, ha acordado crear el Grupo Interparlamentario Chileno Tailandés, invitando a los señores diputados, que se interesen por participar en sus trabajos, a que procedan a inscribirse en la Secretaría de la Comisión.
2.Oficios:
Contraloría General de la República
Señor Espinoza, presuntas irregularidades ocurridas en la municipalidad de Fresia.
Ministerio del Interior
Respuesta a proyecto de acuerdo 375, creación de la comuna de Rahue.
Señor Meza, gestores que se benefician con cobros a personas de buena fe.
Señor Muñoz, uso de recursos regionales provenientes del Fndr y Fondema.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Señor Rojas, depósito franco en Antofagasta.
Señor González, incremento en el precio del transporte marítimo a pequeñas y medianas empresas.
Ministerio de Justicia
Señor Sánchez, situación de presos con tratamiento especiales.
Señor Rojas, fiscalización efectuada a la Corporación Cultural de Antofagasta.
Ministerio de Defensa Nacional
Señor Navarro, fiscalización de la ley N° 18.290.
Señor Ortiz, seguridad ciudadana en barrio Norte, Concepción.
Ministerio de Obras Públicas
Señor Ulloa, proyectos de pavimentación y agua potable en Caleta Tumbes.
Señor Díaz, obras públicas en las comunas de CholChol e Imperial.
Señor Masferrer, pavimentación de cuesta Quilicura, comuna de Las Cabras.
Señor Felipe Letelier, construcción de embalse Punilla.
Señor Ceroni, pavimentación de caminos en Parral.
Señor Villouta, pavimentación de tramo de camino de acceso sur a Victoria.
Señor Navarro, situación de los puentes en la ruta 150.
Señor Bayo, fiscalización a Empresa de Servicios Sanitarios de La Araucanía, Essar.
Señor Kuschel, estadísticas de accidentes de tránsito en la ruta Puerto MonttPargua.
Señor Monckeberg, características y costos de las obras realizadas en el año 2000 para reparar el canal de regadío Quillón.
Señor Ramón Pérez, reparación del camino de acceso a Piragua.
Señor Uriarte, información sobre La Planta de Áridos Maipú.
Ministerio de Planificación y Cooperación
Señor Becker, familias beneficiarias por el sistema de protección social Chile Solidario.
Señor Meza, inversión Fosis para capacitación en la Novena Región.
Señor Jaramillo, informe sobre proyectos para las comunidades indígenas de la provincia de Valdivia.
Señor Paredes, eventuales irregularidades en proyectos de la Subdirección Nacional Norte de la Conadi.
Señor Muñoz, modificaciones a las normas legales que regulan el uso de los recursos del Fndr y Fondema.
Ministerio de Salud
Señor Navarro, postas de Copiulemu y Granerillo y reposición del Hospital de Florida.
Ministerio de Agricultura
Señor García, exportación de avena a Argentina.
Consejo de Defensa del Estado
Señor Navarro, avance del proceso seguido contra la empresa Metalpar. S.A.
Municipalidad de Antofagasta
Señor Navarro, fiscalización de los extintores.
Municipalidad de Santiago
Señor Navarro, modificación a la ley de alcoholes.
Comisión Nacional de Energía
Respuesta a proyectos de acuerdo 384 y 384A, diversas medidas para evitar cortes o racionamiento en suministro de energía ante crisis del gas natural en Argentina.
Subsecretaría de Deportes
Respuesta a proyecto de acuerdo 406, prioridad al mecanismo de subsidio del deporte
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Paredes Fierro, Iván
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Sergio Aguiló, Osvaldo Palma, Aníbal Pérez y Alberto Robles.
Concurrieron, también, los senadores señores Jorge Martínez y Jorge Pizarro.
Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 1ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 2ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).- Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente en orden a que se le remita la moción que cambia el sistema de afectación y desafectación de las áreas silvestres protegidas por el Estado, modificando la ley Nº 18.362 y el decreto Nº 1.939, radicada en la Comisión de Agricultura.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a los señores diputados, se accederá a la petición formulada por la Comisión investigadora de la tala ilegal de alerce para celebrar una sesión especial, en forma simultánea con la Sala, mañana miércoles 23 de junio, a partir de las 12.00 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, la Comisión de Defensa Nacional está citada para sesionar hoy en la tarde, con el objeto de despachar proyectos que tienen urgencia.
Si la sesión de Sala de la tarde es legislativa, ¿podemos sesionar en forma simultánea con ella?
Planteo el problema, porque es el propio Ejecutivo el que determina las urgencias.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Se trata de una sesión legislativa y, en consecuencia, quedan suspendidas las reuniones de comisiones, salvo que hubiera una petición especial para sesionar, a lo cual tendría que acceder la Sala.
¿Solicita autorización para que la Comisión de Defensa sesione en forma simultánea con la Sala?
El señor ULLOA.-
Así es, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado señor Ulloa .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Sergio Aguiló , Alberto Robles y Patricio Hales para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar de los días 18, 19 y 27 de junio, respectivamente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
TRAMITACIÓN DEL PROYECTO SOBRE SALARIO MÍNIMO. Acuerdo de los Comités.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Como se ha informado en la Cuenta, el Ejecutivo ingresó, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, el proyecto sobre salario mínimo.
Hemos pedido a sus presidentes citar a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social con las cuatro horas de anticipación que establece el Reglamento. Además, los Comités parlamentarios han decidido la celebración de una sesión especial de Sala para el día de hoy, de 19.00 a 21.00 horas, para despacharlo.
V.ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE IMPOSICIONES. Primer trámite constitucional.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Corresponde conocer el proyecto, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Edgardo Riveros .
Antecedentes:
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletín Nº 3369-13, sesión 6ª, en 17 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Solicito autorización de los señores diputados para que puedan ingresar a la Sala la subsecretaria de Previsión Social, señora Macarena Carvallo , y el jefe del área legislativa del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río .
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario e iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley Nº 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley Nº 3.500, de 1980.
Con el objeto de enmarcar mi informe, quiero recordar a los colegas que la iniciativa tiene como punto de referencia la discusión habida con motivo de diversas reformas efectuadas a las leyes laborales en la última década, destinadas a establecer una importante gama de derechos sustantivos en el marco de la relación laboral. En esa discusión quedó de manifiesto que, al respecto, no sólo se necesita legislar en materia sustantiva, sino que también debe existir la necesaria correspondencia en materia de mejoramiento de los procedimientos tanto administrativos como judiciales. Por ello, se convocó al llamado “Foro para la Modernización de la Justicia Laboral y Previsional”, instancia que ha venido desarrollando su trabajo a partir de 2001, la cual reunió a una serie de entidades, lo que se puso en conocimiento de los señores diputados cuando rendimos el informe del primer trámite reglamentario.
Fruto del trabajo de dicho Foro, se estableció que una reforma acorde con las necesidades del mundo del trabajo debiera contar, al menos, con tres iniciativas: a) la creación de un mayor número de tribunales del trabajo y de tribunales especializados en cobranza previsional y laboral; b) la modificación del procedimiento en los juicios laborales, contemplado en el Libro V del Código del Trabajo, a fin de reemplazar, en lo esencial, el actual procedimiento escrito por uno de carácter oral y con alta inmediación del magistrado, y c) la modificación y modernización del procedimiento de cobranza judicial de imposiciones morosas, contemplado en la ley Nº 17.322 y en el decreto Nº 3.500, de 1980.
Sobre esta última iniciativa versa el proyecto de ley en estudio. Como estamos en su segundo trámite reglamentario, me referiré exclusivamente a las indicaciones formuladas.
A las sesiones que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social destinó al estudio de esta iniciativa, concurrieron el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Ricardo Solari Saavedra ; la subsecretaria de Seguridad Social, doña Macarena Carvallo Silva ; el subsecretario del Trabajo, don Yerko Ljubetic Godoy , y el asesor de esa cartera de Estado, don Francisco del Río Correa .
Su excelencia el Presidente de la República hizo presente la urgencia en el despacho del proyecto, en todos sus trámites constitucionales, con calificación de “suma”.
Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En esta situación se encuentran los numerales 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26 y 27 del artículo 1º; el numeral 1 del artículo 2º, y el artículo 3º, permanentes, así como los artículos 1º, 2º, 3º y 4º transitorios.
Artículos calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
A juicio de la Comisión, el numeral 12 del artículo 1º permanente reviste el carácter de norma orgánica constitucional, en atención a lo dispuesto en el artículo 74 de la Carta Fundamental.
Artículos suprimidos.
El numeral 15 bis) del artículo 1º fue suprimido por 5 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.
Artículos modificados.
Con ocasión de la discusión en particular, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos respecto de su articulado:
1.Aprobar por unanimidad los numerales que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Se trata de los numerales que ya señalé.
2.Aprobar, en la forma que se indica, los siguientes numerales, aprobados en el primer informe de la Comisión, que fueron objeto de indicaciones en este segundo trámite reglamentario, y que se reproducen in extenso en el informe para una mejor comprensión:
En primer lugar, el numeral 2), que sustituye el artículo 1º, fue objeto de una indicación de los diputados señores Monckeberg , Tapia , Muñoz , Aguiló , Salaberry y Riveros , y de las diputadas señoras Muñoz , doña Adriana , y Vidal , doña Ximena , para cambiar la expresión “entable la acción”, por “inicie el cobro judicial”. La indicación afecta al inciso segundo del artículo 1º, cuya redacción queda de la siguiente forma: “Del mismo modo, se aplicarán estas normas a los casos en que inicie el cobro judicial el trabajador”.
El numeral 5), que reemplaza el artículo 4º, fue objeto de las siguientes indicaciones de su excelencia el Presidente de la República:
Para reemplazar el inciso primero y el epígrafe del inciso segundo del artículo 4º, por los siguientes:
“Artículo 4º.- El trabajador podrá reclamar el ejercicio de las acciones de cobro de las cotizaciones de previsión o seguridad social por parte de las instituciones respectivas, sin perjuicio de las demás acciones judiciales o legales que correspondan.
“El trabajador que comparezca a deducir el reclamo señalado en el inciso anterior, no requerirá patrocinio de abogado, debiendo acreditar ante el Tribunal, alguno de los siguientes títulos:”. (La redacción del artículo continúa de la misma forma como fue conocida en el primer informe).
Para reemplazar los incisos tercero y cuarto del artículo 4º, por los siguientes:
“Una vez deducido reclamo en conformidad a lo preceptuado por el inciso anterior, el juez ordenará notificar a la institución de previsión o seguridad social señalada por el trabajador, la que deberá, dentro del plazo de treinta días hábiles, constituirse como demandante y continuar las acciones ejecutivas establecidas en la presente ley, bajo el apercibimiento de ser sancionada conforme al artículo 4º bis.
“Presentada la demanda por la institución de previsión o de seguridad social, el Tribunal ordenará dentro del plazo de 15 días notificar el requerimiento de pago y mandamiento de ejecución y embargo al empleador.”
Puestas en votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
El artículo 4º bis, nuevo, fue objeto de indicación de su excelencia el Presidente de la República, para intercalar en su inciso tercero, a continuación de la palabra “califique”, la expresión “en forma incidental”.
Por lo tanto, su redacción queda de la siguiente forma: “Sin embargo cuando el juez constate y califique en forma incidental, en el mismo proceso y mediante resolución fundada, que la institución de previsión o seguridad social actuó negligentemente en el cobro judicial de las cotizaciones previsionales o de seguridad social y esta situación ha originado un perjuicio previsional directo al trabajador, ordenará que entere en el fondo respectivo, el monto total de la deuda que se dejó de cobrar, con los reajustes e intereses asociados a ella, sin perjuicio de la facultad de la institución de previsión o seguridad social de repetir en contra del empleador deudor.”
El artículo 8º fue objeto de dos indicaciones en la Comisión:
La primera, presentada por los diputados señores Riveros y Burgos, para incorporar el vocablo “sólo” antes de la palabra “procederá”.
La segunda, presentada por el diputado señor Monckeberg , para agregar, después de la palabra “instancia”, que figura en el inciso primero del artículo 8º, la frase “de la resolución que declare negligencia en el cobro señalado en el artículo 4º bis.”.
De este modo, la primera parte del inciso primero del artículo 8º queda de la siguiente manera: “En el procedimiento a que se refiere esta ley, el recurso de apelación sólo procederá en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, de la resolución que declare negligencia en el cobro señalado en el artículo 4º bis, y de la resolución que se pronuncie sobre la medida precautoria del artículo 25 bis.”.
Puestas en votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
El artículo 18 fue objeto de indicación del diputado señor Monckeberg , para agregar, después de la expresión “empresas públicas”, la frase “organismos centralizados o descentralizados del Estado, instituciones semifiscales u otras personas jurídicas de derecho público”.
Puesta en votación, fue aprobada por siete votos a favor, uno en contra y una abstención.
El artículo 22 a) fue objeto de indicación de su excelencia el Presidente de la República para eliminar la letra c) del numeral 20 del artículo 1º permanente.
Puesta en votación, fue aprobada por nueve votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
El artículo 22 c) fue objeto de indicación del diputado señor Monckeberg , para sustituir, en su letra b), la frase “en partes iguales” por la frase “a prorrata de sus respectivos créditos”.
Puesta en votación, fue aprobada por siete votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.
El artículo 25 bis, nuevo, fue objeto de dos indicaciones.
La primera de ellas, de su excelencia el Presidente de la República, es para reemplazar el inciso primero del artículo 25 bis, nuevo, por el siguiente:
“Artículo 25 bis.- Interpuesta la demanda de cobranza judicial de cotizaciones de seguridad social, y a petición del trabajador, o de la institución de previsión o seguridad social que corresponda, el Tribunal ordenará a la Tesorería General de la República que retenga de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente a empleadores que adeudasen cotizaciones de seguridad social, por los montos que se encontraren impagos de acuerdo a lo que señale el título ejecutivo que sirva de fundamento a la demanda. Esta medida tendrá el carácter de precautoria.”.
Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
La segunda, del diputado señor Monckeberg , tiene por objeto sustituir, en el inciso segundo de este precepto, la frase “al Instituto de Normalización Previsional o al Fondo Nacional de Salud”, por la frase “a una institución previsional o de seguridad social”.
Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala.
El artículo 2º, que introduce modificaciones al artículo 19 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, fue objeto de indicación de su excelencia el Presidente de la República para reemplazar su numeral 2) por el siguiente:
“2) Intercálase en el inciso decimoséptimo, antes del guarismo “3º”, el guarismo “1º,”, después del guarismo “4”, el guarismo “4 bis”, después del guarismo “5º”, el guarismo “5º bis,”, entre los guarismos “9º,” y “11º”, el guarismo “10 bis”, y después del guarismo “18”, la expresión “19, 20, y 25 bis”.”.
Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
Respecto de los artículos nuevos introducidos, el diputado señor Monckeberg formuló indicación para agregar un nuevo numeral 15 bis), que modifica el artículo 14 de la ley Nº 17.322, a fin de agregar después de la palabra “privada”, la frase “o público”, y para agregar, después de la palabra “jurídica”, el término “sea”.
Puesta en votación, fue aprobada por siete votos a favor, uno en contra y una abstención.
Asimismo, su excelencia el Presidente de la República presentó una indicación para incorporar el siguiente numeral 19 bis) al artículo 1º permanente:
“19 bis Modifíquense las siguientes disposiciones legales:
“El artículo 22 de la ley Nº 17.322, reemplazando en sus incisos cuarto y quinto la expresión “veinte por ciento” por “cincuenta por ciento”;
“El artículo 22 a) de la ley Nº 17.322, reemplazando en la primera oración de su inciso primero la expresión “media Unidad de Fomento” por “0,75 unidad de fomento”, y
“Reemplácese en el artículo 19 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, en su inciso quinto, la expresión “media Unidad de Fomento” por “0,75 unidad de fomento”; y en sus incisos noveno y décimo, reemplázase la expresión “veinte por ciento” por “cincuenta por ciento”.”
Puesta en votación, fue aprobada por nueve votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Esta disposición tiene especial importancia, porque busca, por esta vía y no por la que plantearon algunos señores diputados, enfrentar la situación de declaración y no pago de las cotizaciones previsionales.
Las cifras propuestas implican un aumento del costo para aquel empleador que declare y no pague. En la actualidad, éste se enfrenta a la idea de la obtención de un crédito de fácil resolución, cuyo costo incluso podría resultarle atractivo.
A juicio de la Comisión, el proyecto no contempla normas que deban ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda.
Indicaciones rechazadas por la Comisión.
No me referiré pormenorizadamente a ellas, ya que están contenidas en el informe que se encuentra a disposición de sus señorías.
Disposiciones legales que el proyecto modifica o deroga.
El texto del proyecto aprobado por la Comisión sustituye el epígrafe de la ley Nº 17.322 y modifica sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 22 a), 22 b), 22 c), 29, 31 y 35; el artículo 19 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, y el artículo 440 del Código del Trabajo.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Boris Tapia .
El señor TAPIA.-
Señor Presidente, el proyecto en discusión responde a una necesidad urgente de los trabajadores de Chile, en cuanto al respeto de sus derechos patrimoniales en materia previsional.
En efecto, todos sabemos que en muchos sectores de la producción existen pequeños y medianos empresarios que optan por usar como capital de trabajo los fondos de las cotizaciones previsionales que deben retener a sus trabajadores, postergando a veces su pago o, lo que es más grave, no pagando dichas obligaciones.
¿Qué diría cada uno de nosotros si de nuestras remuneraciones o de las de nuestros familiares se descontara una suma de dinero para enterarla en una AFP o en una institución de salud y no llegara a su destino? Se trata, sin duda, de una infracción grave.
Este proyecto apunta, precisamente, a establecer un mecanismo efectivo de cobro y alza de multas, de forma tal que no existan incentivos para que el empleador utilice esos fondos, que, seamos claros, son de propiedad del trabajador.
Por otra parte, es necesario recordar que los juicios sobre cobro de imposiciones morosas que hoy se ventilan recargan excesivamente la labor de los juzgados laborales y les restan tiempo y recursos para dedicarse al conocimiento de causas de fondo, es decir, de las infracciones que, en materia de su relación laboral, denuncian los trabajadores.
En la Comisión de Trabajo hemos conocido que los juicios ejecutivos de cobro de cotizaciones previsionales constituyen el 87 por ciento de las causas en los tribunales laborales, lo que no dice relación con las necesidades actuales del mundo productivo de la empresa. Por lo tanto, uno de los mayores valores agregados de esta iniciativa es permitir un desahogo sustancial de la labor de los jueces del trabajo, lo que mejorará los niveles de protección de los derechos de los trabajadores.
Un aspecto de álgida discusión en la Comisión de Trabajo fue la facultad del empleador para declarar las imposiciones y postergar su pago para el mes siguiente o subsiguiente. En este punto debemos tener claridad: no se trata de justificar gratuitamente esta conducta. Así lo ha entendido el Ejecutivo, de lo que da cuenta una indicación que eleva severamente las multas que se deberán aplicar en estos casos. Sin embargo, la Comisión ha comprendido que sería un grave error suprimir este mecanismo, pues, con la declaración de las imposiciones, el trabajador o su AFP adquiere un título ejecutivo que permite obtener aceleradamente su recuperación. En otros términos, si suprimimos el sistema de declaración y no pago, consagrado en el decreto ley 3.500, de 1980, arrebataremos al trabajador un mecanismo expedito de cobro de sus derechos patrimoniales.
Por último, es preciso decir que el procedimiento propuesto innova en cuanto a las facultades del juez, las hace más imperativas en favor de los derechos del trabajador, por lo que esperamos que su aprobación signifique un mejoramiento sustantivo de la acumulación de fondos previsionales del trabajador.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, participo en este debate para manifestar mi opinión favorable al proyecto y a las modificaciones consignadas en este segundo informe. Es realmente importante su objetivo: lograr que las imposiciones adeudadas se enteren en las respectivas instituciones previsionales. Lamentablemente, el no pago de las cotizaciones sucede más veces que las aceptables. Por eso, existe una honda preocupación del legislador por dar una salida expedita al problema y terminar con la mala costumbre de eludir este pago, al amparo de que no están implementadas las medidas adecuadas para su cobro rápido. Por ello es menester reducir o, si es posible, eliminar esta mala práctica.
El proyecto apunta en dos direcciones que me parecen razonables: en primer lugar, a reforzar la obligación de la institución previsional en la cual se depositan las cotizaciones adeudadas, como organismo al que le corresponde iniciar las acciones judiciales para obtener el pago de lo adeudado, hasta el punto de que si no lo hace o lo hace en forma negligente, es decir, no utilizando todos los recursos que le franquea la ley, de alguna manera quedará convertida en deudora solidaria del pago de esas imposiciones, y deberá enterarlas a su propia costa. Esta medida es importante, porque las instituciones previsionales deben tomar conciencia de que administrar los fondos previsionales también implica su oportuna cobranza. No pueden ser negligentes en esta materia, pues la confianza que los trabajadores depositan en ellas debe cubrir la exigencia de que sean efectivas en el cobro de las sumas adeudadas.
En segundo lugar, se producirá el aligeramiento de la carga de los juzgados laborales ordinarios al asumir los tribunales de cobranza laboral y previsional la competencia para conocer de las causas por cobro de cotizaciones de previsión o seguridad social. Insisto: el proyecto apunta en la dirección correcta. Tal vez sería conveniente estudiar medidas que desincentivaran a los empleadores a no enterar en el momento oportuno las cotizaciones previsionales, pero ese será, probablemente, tema de otra iniciativa.
Estas dos medidas producen un adelanto importante y, por eso, votaré favorablemente este proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, si bien es cierto el proyecto no fue analizado en la Comisión de Hacienda, deseo expresar mi extrañeza por el rechazo de algunas indicaciones.
Los problemas de cobranza siempre giran en torno del incumplimiento de empleadores que, pese a efectuar el descuento previsional, no lo enteran en el organismo correspondiente. En el fondo, no cumplen con el Estado, con las instituciones previsionales de seguridad social particulares y con los trabajadores. Se quedan con dineros ajenos.
Un caso parecido es el del comerciante que, por muy modesto que sea, se queda con un impuesto de retención que ha pasado por sus manos, como el IVA. En ese caso, de acuerdo con nuestro derecho tributario, dicho comerciante sufre la persecución inmediata del Servicio de Impuestos Internos.
Por eso, debemos convenir en que el Estado de Chile es muy exigente para perseguir lo que a él se le adeuda, pero no se han creado los mecanismos idóneos para cobrar lo que se les adeuda a sus ciudadanos, dado que no se cuenta con las leyes adecuadas.
Después de leer y de estudiar el proyecto, he llegado a la conclusión de que, tal vez, no es lo que los trabajadores o el ciudadano común quieren. Espero que, llegado el momento, los tribunales de cobranza laboral y previsional cumplan su objetivo y respondan al reclamo justo de aquellos trabajadores que se ven perjudicados en sus ahorros previsionales.
Por lo anterior, me llama poderosamente la atención la actitud asumida por el Ejecutivo y por una mayoría relativa de los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo respecto de dos disposiciones, que se referían a la forma de prevenir los actos de apropiación indebida de los recursos de los trabajadores, que fueron rechazadas. La primera establecía la presunción de apropiación indebida cuando se declaran las cotizaciones previsionales, pero no se pagan. Me queda una duda, de acuerdo con mi forma de entender y de expresar las cosas.
La segunda corresponde a una indicación de la colega Adriana Muñoz , que me parece de todo sentido. Lamento que en este momento ella no se encuentre en la Sala, porque me podría ayudar a entender por qué no fue aprobada.
Considero absolutamente necesario que un representante del Ejecutivo o el diputado informante, señor Edgardo Riveros , nos aclare por qué se rechazaron esas indicaciones; porque no sacamos nada con crear un gran sistema de cobro de cotizaciones impagas si precisamente no resolvemos el tema central: que algunos empleadores se quedan con una parte del sueldo de sus trabajadores, que se les descuenta, pero no se enteran en las instituciones respectivas.
Antes de proceder a la votación, este punto debería quedar absolutamente claro, ya que el problema que tratamos de resolver afecta a los trabajadores al momento de tratar de jubilarse, pues no pueden ejercer ese derecho tan esencial y justo y, así, disfrutar de los recursos que han ahorrado con su esfuerzo y sacrificio, porque las cotizaciones previsionales que le fueron descontadas no fueron enteradas.
Todos los parlamentarios saben de lo que estoy hablando, porque, tal como en mi caso, deben recibir a diario los reclamos de aquellos trabajadores que se ven afectados en ese derecho tan importante y esencial.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Pedro Muñoz .
El señor MUÑOZ.-
Señor Presidente, no me voy a referir a las bondades del proyecto, pues sus finalidades se señalaron en la sesión en que se aprobó en general. No obstante, sí me voy a detener en dos indicaciones que fueron rechazadas por la Comisión de Trabajo, materia a la que, en términos generales, ya se refirió el diputado Enrique Jaramillo .
Efectivamente, junto con la diputada Adriana Muñoz y otros señores diputados, presentamos la siguiente indicación:
“Conforme a la presunción establecida en el inciso segundo del artículo 3º de esta ley, se entenderá que ha existido la apropiación o distracción de dinero a que se refiere el inciso anterior, cuando el empleador, durante tres meses distintos o dos continuos, no declarare o declarando no pagare oportunamente las cotizaciones retenidas a su trabajador”.
Dicha indicación es fundamental para precisar el carácter obligatorio de las cotizaciones previsionales. Por regla general, ninguna obligación puede carecer de una correspondiente sanción, que reafirme, en caso de incumplimiento, su carácter imperativo. En la actualidad, ello ocurre con la declaración y no pago de cotizaciones previsionales, a pesar de haberse practicado el correspondiente descuento al trabajador. No cabe duda de que si se ha practicado dicho descuento sin enterarlo en la institución previsional respectiva, ha ocurrido una apropiación o distracción de recursos.
Nadie puede suponer que un empleador o un empresario acostumbrado a pagar todos los meses esta obligación, sufre una amnesia temporal que le impide pagar las cotizaciones. En ese caso, necesariamente hay una distracción de recursos, quizás como piensan algunos colegas con fines muy nobles, pero apropiación al fin. Si todos entendemos que ha habido apropiación o distracción de recursos, ¿por qué no establecerlo derechamente y aplicar las sanciones penales que correspondan, como ocurriría con cualquier ciudadano que se apropiara de lo que no le corresponde?
De esto trata la indicación realizada en el segundo informe, que, a mi juicio, es urgente y necesario reponer.
Otra indicación que se suprimió fue la presentada por las diputadas Adriana Muñoz y Ximena Vidal , y los diputados Sergio Aguiló y quien habla, para modificar el artículo 19 del decreto ley Nº 3.500, a fin de eliminar sus incisos tercero y octavo, y para incorporar un nuevo inciso octavo, del siguiente tenor: “Las cotizaciones de los trabajadores deberán ser declaradas y pagadas en un mismo acto, quedando prohibido a todo empleador descontar y declarar las cotizaciones y no pagarlas simultáneamente”.
El punto que abordamos es el nudo central de las dificultades por las que atraviesa el sistema previsional chileno y que afecta a miles de trabajadores. Se trata de una conducta claramente dolosa e, incluso, delictiva. Hay una apropiación indebida de fondos, de los cuales el empleador es sólo un tenedor. Esta conducta causa un grave perjuicio y, lamentablemente, no existen herramientas legales para ser combatida eficaz y drásticamente. El resultado de esto es desastroso: unos 450 mil millones de pesos en deudas previsionales y miles de chilenos que ven disminuidos sus haberes y reducida su pensión, o que, simplemente, se ven privados del derecho a obtenerla.
Lamentablemente, no se ha tomado conciencia de la magnitud de la acción que se comete. Hay una clara apropiación de fondos ajenos, con la finalidad deliberada de parte del empleador de utilizarlos en provecho propio. No caben opiniones exculpatorias del tipo “así se salva la empresa” o “es el último recurso”. ¿Por qué se debe echar mano de los recursos de los más débiles? ¿Por qué la ley lo permite y lo tolera?
Llamo a los colegas, en especial a quienes se han opuesto a la indicación, a reparar la injusta situación existente. Cuando un trabajador incurre en falta de probidad, las leyes laborales son estrictas en sancionarlo con el despido inmediato y sin el pago de una indemnización. Por lo tanto, no cabe explicación alguna para hacer la “vista gorda” de esta gigantesca falta de probidad que ocurre a diario frente a nuestros ojos. Debemos poner atajo a esta situación de una buena vez. Por ello es necesario reponer esta indicación para evitar seguir con este fraude institucionalizado que, lamentablemente, perjudica a quienes menos tienden oportunamente a defenderse. Incluso, los trabajadores podrían colocar fin a su contrato de trabajo invocando la causal de falta de probidad e incumplimientos graves a la obligación del contrato cuando el empleador se quedare con dineros que corresponden a las cotizaciones previsionales de aquéllos. Sin embargo, no lo hacen porque desean mantener su fuente laboral. Pero sería una buena idea recomendar a los trabajadores poner fin al contrato de trabajo por apropiación de sus recursos previsionales, lo que les permitiría obtener el pago de sus cotizaciones previsionales y una indemnización por los años de servicio, aumentada en el porcentaje que establece el Código del Trabajo cuando una de las partes incurre en algo tan grave como la falta de probidad.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el proyecto pretende corregir un vicio que está distorsionando la voluntad del legislador en cuanto a la obligación de los empleadores de recaudar parte de las remuneraciones de los trabajadores y enterarla en las instituciones respectivas para costear las prestaciones previsionales y de salud. Son miles los trabajadores con lagunas previsionales o con sus cuentas individuales incompletas debido a que hay empresarios que, por distintas razones, no enteran las cotizaciones, sea por vivos, por frescos o por otras razones. El hecho es que, en definitiva, no cuentan con los recursos necesarios para responder con los fondos suficientes para pensionarse o para recibir las atenciones de salud.
Los mecanismos de recuperación han funcionado medianamente. Buena parte de esos recursos se ha recuperado, gracias a las altas multas y a los apercibimientos a los empresarios. Sin embargo, actualmente hay 450 millones de dólares que no están en las cuentas individuales de los trabajadores, cantidad prácticamente incobrable. Parte importante corresponde a la mediana empresa, que no quiebra, sino que desaparece. En tanto, si la gran empresa quiebra, se privilegian las remuneraciones y las imposiciones de los trabajadores en la liquidación de los bienes del fallido, lo que permite recuperar los valores adeudados en las cuentas individuales. ¿Y quién responde por esta situación? No existe una ley que obligue al Estado a reponer esas imposiciones; sólo interviene cuando las pensiones están por debajo del mínimo para enterar el excedente. En definitiva, Moya paga la cuenta.
Por lo expuesto, me inclino a estudiar la fórmula de un seguro, aunque lo pague todo el sistema, para que nunca más un trabajador deje de percibir los beneficios previsionales y de salud por el mal funcionamiento del sistema, ya sea porque alguien no pagó, porque la industria quebró o porque el empresario desapareció, falleció o se fue.
Por ello, es preciso legislar apuntando al apercibimiento, para estrechar aún más porque eso es lo que persigue el proyecto las posibilidades de incumplimiento por parte del empleador. Pero este proyecto no resuelve enteramente el problema ni da garantías al trabajador.
Por tanto, invito al ministro del Trabajo a buscar una fórmula que garantice en su totalidad los derechos de los trabajadores.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz .
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, una vez más quiero dejar establecida mi enorme preocupación por la forma en que estamos legislando y por la propuesta hecha por el Ministerio del Trabajo para modificar esta legislación.
Si bien es cierto, a través de algunos artículos se modifica en parte el proceso de cobranza de las cotizaciones previsionales, se insiste en la actual matriz. Me refiero a la ley Nº 17.322 y al decreto ley Nº 3.500, que permiten la existencia de un sistema de crédito previsional denominado “de la declaración y el no pago”, que permite al empleador quedarse con las cotizaciones y no enterarlas en las respectivas instituciones previsionales hasta por seis meses. Sólo si sobrepasan ese plazo que franquea la ley, se inician juicios para recuperar el dinero retenido por el empleador.
Si bien se ha hecho un enorme esfuerzo en favor de la probidad y la ética pública por los medios de comunicación, y de las denuncias sobre mal uso de los recursos fiscales y de penalizar su infracción, ello pierde consistencia ante la vigencia del sistema de la declaración y el no pago, porque antes que devenir en una apropiación indebida del patrimonio de los trabajadores, se usa como “crédito previsional”. Esto es, se emplean recursos de los trabajadores en finalidades distintas de las de carácter previsional, por muy explicables que sean.
La ley Nº 17.322 y del decreto ley Nº 3.500 establecen que cuando la declaración y el no pago es reiterado constituye una apropiación del patrimonio de los trabajadores. Sin embargo, tales disposiciones terminan siendo líricas, porque no operan en los tribunales, es decir, no les sirven a los trabajadores. En ese sentido, lamento que no haya prosperado la indicación que presentamos en la Comisión de Trabajo y que fue aprobada por mayoría, que establecía que si en tres meses distintos o dos continuos el empleador no entera las cotizaciones previsionales de los trabajadores, a petición del trabajador en los tribunales del trabajo o en los tribunales previsionales que se van a crear en una nueva ley, el caso podría ser traspasado a los tribunales del crimen.
Como la proposición planteada se consideró “una aberración”, el ministro del Trabajo pidió retirar la indicación. Así lo hizo el diputado Monckeberg , y hoy tenemos una legislación que, no obstante incorporar importantes modificaciones al artículo 4º de la ley Nº 17.322, mantiene las bases del crédito previsional, de la declaración y no pago de las imposiciones, que, al pasar a ser morosas, implican apropiación indebida del patrimonio de los trabajadores.
Por eso, una vez más, quiero preguntarle al ministro del Trabajo por qué el Gobierno insiste en mantener el decreto ley Nº 3.500, dictado durante la dictadura militar, período en que no hubo debate. Llevamos catorce años en democracia y podríamos haber discutido estas situaciones, porque son perniciosas no sólo para los trabajadores, sino también para las AFP, porque deben disponer de cuantiosos recursos para enfrentar los juicios. Además, son dañinas para el Estado, que deberá gastar gran cantidad de recursos en los nuevos tribunales bienvenidos sean de cobranza judicial.
Pero veo que se insiste en mantener un sistema que me parece injusto y desequilibrado en relación con el esfuerzo que estamos haciendo, como país, como Gobierno y como parlamentarios, para construir una ética pública que impida que los recursos fiscales sean destinados a campañas políticas y que evite apropiaciones indebidas por parte de funcionarios públicos. Sin embargo, cuando se trata de salvaguardar el patrimonio de los trabajadores en materia de cotizaciones previsionales, nos hacemos los lesos. Aquí estamos frente a una apropiación indebida y a una desviación de fondos de los trabajadores tan grave, como cuando se trata de los fondos públicos de una intendencia, de una gobernación, de una municipalidad o de un ministerio. Eso es lo que no comprendo.
Por eso, insisto en preguntarle al ministro por qué no abrimos un debate sobre este sistema. No es posible que en ocho o diez años más el 50 por ciento de los trabajadores no tenga cobertura previsional; porque la declaración y no pago, y las consecuentes lagunas previsionales que se crean en virtud de este sistema amparado por la ley, significará que muchos hombres y mujeres carecerán de cobertura previsional en el nuevo sistema, que exige veinte años de cotizaciones. ¿Qué vamos a hacer el 2010 con el 50 por ciento de la población sin cobertura previsional? Nuevamente, va a pagar Moya, es decir, el Estado, a través de las garantías estatales.
Entonces, esto son los temas que debemos debatir en el siglo XXI. Me niego a aprobar una iniciativa respecto de la cual hicimos las advertencias del caso durante su discusión en particular, señalando los problemas que generará al país y al Estado. Aquí no se trata de instalar trincheras entre Oposición y Gobierno y entre trabajadores y empleadores, sino un criterio ético en la legislación, tan ético como el que exigimos que exista en la administración de las finanzas públicas.
A mi juicio, con esto tenderemos un manto de dudas sobre la manera en que se manejan las cotizaciones previsionales de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores. Seguir perpetuando este sistema, por mucho que lo mejoremos, no es un acto que pasará a la historia. Nos han dicho que es estupendo que se declare, porque, si no se hiciera, ni siquiera se pagarían las cotizaciones previsionales. También nos han expresado que es estupendo que exista este sistema, porque es bueno para los medianos y pequeños empresarios. ¡Por favor! Los microempresarios y los pequeños empresarios necesitan que el Estado enfrente el problema del crédito para esos sectores y que no los invite a endeudarse más a través de este sistema, que es perverso porque atenta contra el patrimonio de los trabajadores.
Es el momento de legislar con tranquilidad y sin apremios. En la historia fidedigna de la ley debe quedar claramente establecido que el Congreso Nacional por lo menos, mi bancada no puede participar en un proceso en virtud del cual somos pulcros y debemos serlo cada vez más para pedir transparencia en el manejo de las finanzas públicas, pero no para exigir el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores.
Todos seremos responsables de que en 2010 nos explote en la cara el drama de más del 50 por ciento de hombres y mujeres que no podrán jubilar. Cuatrocientos cincuenta millones de dólares de deuda previsional es una vergüenza. Como se dijo hace algunos días durante el homenaje al padre Hurtado: “Estamos en pecado capital”. Si somos responsables, no podemos aprobar este tipo de legislaciones.
Por último, quiero recordar lo expresado por el alcalde de Santiago, señor Lavín , hace algunos días, con respecto a su combate contra la delincuencia, No pretendo colocar a los empresarios en el mismo nivel de los delincuentes, porque hay algunos que construyen y arriesgan capital y energía, que pagan las cotizaciones previsionales y que son justos con sus trabajadores. Pero hay muchos que no lo hacen, con lo cual no sólo perjudican a los trabajadores, sino también a otros empresarios. No hay solidaridad ni lealtad empresarial cuando un empresario rebaja sus costos mediante el expediente de no pagar las cotizaciones previsionales.
Entonces, si luchamos contra la delincuencia y contra la malversación de fondos públicos, también tenemos que hacerlo en esta materia. Hay apropiación indebida aquí y en la quebrada del ají, tanto cuando se trata de fondos públicos como de recursos destinados a combatir la delincuencia y de fondos previsionales de los trabajadores.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, si revisamos el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, referido al procedimiento ejecutivo en los juicios de cobranza, podemos decir con certeza que el trámite para cobrar ejecutivamente una cotización previsional dura cuarenta días. Es decir, el juicio estaría terminando en menos de dos meses.
Sin embargo, ninguno de los diputados presentes en la Sala se atrevería a ofrecer eso a los trabajadores, porque todos sabemos que, por distintos motivos, ese plazo no se cumple: por atochamiento de los tribunales, porque muchos trabajadores tienen un abogado que se preocupe de los plazos correspondientes, etcétera.
Ahora, si nos remitimos al proyecto que hoy se somete a nuestro conocimiento, podemos concluir que el plazo se reduce a un número cercano a los treinta días. Entonces, formulo la pregunta: ¿Es ésta una buena razón para decirle al país que estamos solucionando la demora producida en el cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas? ¿Podríamos atrevernos a afirmar que se van a cumplir los plazos? Si somos consecuentes, no deberíamos ofrecer a la opinión pública lo que no podremos cumplir; debiéramos ser más cautos y decirles a los trabajadores que no serán treinta días, sino más.
Antes de explicar por qué digo esto, quiero hacer una primera salvedad. No estoy en contra de este nuevo procedimiento; nadie en esta Sala podría oponerse a que existiera un procedimiento más rápido. Pero no me parece apropiado que, con ocasión de este proyecto, la opinión pública quede con la sensación de que estamos solucionando un problema que nada tiene que ver con los plazos que establezcamos en un proyecto de ley.
Esta iniciativa está lejos de constituir la solución de fondo que requieren los miles de trabajadores que deben demandar el pago de sus cotizaciones previsionales; no ataca el problema central. Si bien reduce los plazos en aproximadamente diez días, no señala que el verdadero atochamiento de estos procedimientos no se produce en los tribunales, sino en las cortes de apelaciones, donde los fallos de los recursos de apelación pueden demorar un año y medio. Nada se hace para agilizar el procedimiento; no se crean nuevos tribunales especializados en la materia. Por lo tanto, no obstante reducirse el plazo, se mantendrá el atochamiento en las cortes de apelaciones.
Se ha señalado que el proyecto permitirá descongestionar los juzgados de letras del trabajo, a fin de que los jueces se aboquen de lleno a conocer causas declarativas. Sin embargo, los magistrados nos han dicho enfáticamente que no están para fallar causas de cobranza, puesto que esa labor la llevan a cabo los secretarios.
Por último, se dice que se crean tribunales. Por supuesto, eso es positivo, porque existe urgente necesidad de contar con más tribunales. Para ser precisos, estamos creando seis juzgados nuevos, con nueve jueces. ¿Es ésta la solución real del problema? Definitivamente, creo que no.
Hace un instante, un diputado me preguntó si votaríamos a favor o en contra del proyecto. Obviamente, vamos a votar a favor; pero queremos ser muy claros al decir que lo haremos porque, cuando la justicia presenta deficiencias muy grandes, cualquier aporte es positivo. La creación de nueve tribunales y la reducción de los plazos son medidas positivas, aunque están muy lejos de ser la solución definitiva si no nos abocamos a solucionar el problema real: el entrampamiento de las causas en las cortes de apelaciones.
Debemos reflexionar y preguntarnos hasta cuándo seguiremos legislando con esta complacencia, buscando soluciones, pero sin comprometernos realmente con resolver los problemas de los únicos que no pueden esperar: los más pobres.
Durante el debate del proyecto, en la Comisión se planteó en forma reiterada la existencia de dos posiciones radicalizadas: por una parte la de los diputados que defendían a los empresarios, a los capitalistas y a los explotadores, quienes, de alguna forma, no teníamos independencia frente a los poderosos; por otra, la de quienes defendían a los trabajadores. Quiero ser muy claro en esta materia: el diputado que habla sobre esto puedo rendir cuenta, junto con el diputado Salaberry , fuimos quien presentamos más indicaciones al proyecto, las cuales, sin excepción, tenían por objeto proteger de manera eficiente y concreta a los trabajadores en el pago de sus cotizaciones previsionales, porque consideramos que ese derecho no estaba suficientemente salvaguardado.
En primer lugar, el proyecto original disponía que el que demandaría y se haría responsable del cobro de la cotización previsional sería el trabajador. Ahora, las que deberán interponer la demanda y hacerse responsables del procedimiento serán las respectivas instituciones previsionales. La pregunta surgió de inmediato: ¿Existe en la actualidad el apoyo judicial necesario para que los trabajadores, especialmente los más pobres, puedan llevar adelante sus demandas? ¿Contarán con la asesoría y el patrocinio de abogados? ¿Aumentará el presupuesto de las corporaciones de asistencia judicial para apoyar a los trabajadores con el objeto de que presenten sus demandas como corresponde y no abandonen el procedimiento judicial? La respuesta fue negativa.
Entonces, ¿protegemos o desprotegemos al trabajador al establecer que sea él quien demanda? Lo desprotegemos. Finalmente, logramos conseguir que tenga la facultad de iniciar el proceso; pero las responsables de llevar adelante la tramitación y de establecer una buena defensa serán las instituciones previsionales.
En segundo lugar, preguntamos: ¿Hasta cuándo deberemos aceptar que instituciones privadas y públicas el INP, las AFP, las isapres y el Fonasa, que por ley deben velar por el pago de las cotizaciones previsionales, dejen los juicios botados y no pase nada? De hecho, hay procedimientos declarativos civiles que duran dos o tres años. Por eso, presentamos una indicación para abordar la negligencia de las instituciones que los abandonen; es decir, que debiendo demandar por el no pago de las cotizaciones, no interpongan los recursos a tiempo.
Hay un tercer punto, respecto del cual ojalá se reflexione. Se proclama que el juez no deberá terminar el juicio en razón del abandono del procedimiento por alguna de las partes, pero esto no protege al trabajador, porque se sabe que hay montones de causas en los tribunales con orden y resolución de “archívese”.
¿Qué proponíamos en subsidio? Que procediera el abandono del procedimiento, pero que se hiciera responsable a la institución AFP, isapre, Fonasa o INP por ese abandono de la causa. Lamentablemente, esta indicación no fue aprobada.
Se dice que no va a haber alegatos de segunda instancia si no son de común acuerdo. O sea, si la institución que vela por el derecho del trabajador quiere alegar, no podrá hacerlo si la empresa se opone. Así, la parte más débil representada por la institución no podrá alegar su causa en la corte porque va a haber un derecho a veto por parte de la empresa requerida. No me parece lógico. Fuimos partidarios de que existiera la posibilidad de alegato.
Dos cosas más. Se propone eliminar la declaración y no pago de las imposiciones. Ojalá todas las cotizaciones se pagaran en forma inmediata, pero debemos ser sinceros. Pese a que no me gusta que se declaren y no se paguen, en la práctica la deuda previsional no se produce por esta modalidad. Es más, con esa práctica se paga sobre el 88 por ciento de las cotizaciones que sólo se declaran.
Por eso, consideramos que con la eliminación de la declaración y no pago, los empresarios inescrupulosos que no pagan las cotizaciones, tampoco las declararán y, por tanto, no habrá como pillarlos. Francamente, con esta solución populista se abandona a los trabajadores.
Una última “estrella” del proyecto: se dice que son tan importantes las cotizaciones previsionales, que se va a subir...
El señor HALES (Vicepresidente).-
Señor diputado, ha concluido el tiempo de sus dos discursos.
El señor MONCKEBERG.-
Termino en 30 segundos, señor Presidente.
Se dice que se va a subir la apelación de crédito de las cotizaciones previsionales al nivel de las remuneraciones. ¿Qué significa esto? Que ante una quiebra, la empresa va a pagar, primero, a la isapre con la que tiene deudas previsionales antiguas, y, después, las remuneraciones. Eso, francamente, me parece una discordancia.
Pese a que el proyecto no solucionará el problema en su raíz, lo vamos a votar a favor porque en algo ayudará. Sin embargo, deseo que el Ejecutivo se comprometa a buscar una solución de fondo para solucionar la deuda previsional actual.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Señores diputados, están inscritos los diputados señores Seguel , Letelier, don Juan Pablo , y Salaberry .
Tiene la palabra el ministro del Trabajo y Previsión Social.
El señor SOLARI (ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, al parecer, el diputado señor Monckeberg , por un ataque de amnesia, olvidó decir que el proyecto repone el sistema de cobranzas previsionales.
El gobierno militar terminó con los tribunales del trabajo, que sólo se repusieron a fines de la década de los ‘80. En esa época, se pensaba que los tribunales comunes podían hacerse cargo de la justicia laboral. Desafortunadamente, como lo demuestra la historia, ello no fue así.
La iniciativa restablece un sistema de cobranza que nunca debió eliminarse en Chile. En la actualidad, hay veinte juzgados laborales. El Ejecutivo ha propuesto aumentarlos a 35.
También hemos propuesto establecer, por primera vez en la historia del país, la existencia de nueve tribunales especializados en materia de cobranza previsional.
En esas circunstancias, cualquier juicio sobre el proyecto debe verse desde la perspectiva de que estamos reinstalando un sistema y, en el caso previsional, estableciendo y fundando un adecuado sistema de protección de derechos previsionales de los trabajadores.
Ese antecedente es básico para hacer de ésta una discusión constructiva. Realmente pensé que ésa sería la actitud de los diputados ante el proyecto.
En segundo lugar, es evidente que su articulado apunta a mejorar los derechos de los trabajadores, al establecer procedimientos claros, simples y transparentes con el objeto de que sepan cuál será el destino de una acción judicial destinada a que se les entere aquello que indebidamente les ha retenido su empleador.
No quiero ahondar en más detalles porque estoy convencido de la urgencia y de la utilidad del proyecto. Sin embargo, quiero pronunciarme sobre lo señalado por la diputada señora Adriana Muñoz , en el sentido de que no se ha eliminado la práctica de la declaración y no pago de las cotizaciones.
Tanto en la ley Nº 17.322 como en el decreto ley Nº 3.500 está consagrada la figura de la apropiación indebida. Asimismo, las AFP están obligadas, por ley, a iniciar el cobro de las cotizaciones declaradas y no pagadas al mes siguiente de la declaración.
Por su parte, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, en forma reiterada, mediante circulares, ha exigido a las AFP que los juicios no duren más de seis meses.
La declaración de no pago otorga a los trabajadores un título ejecutivo que les permite seguir la cobranza de un modo expedito. Por eso, un porcentaje muy alto cerca del 90 por ciento de los juicios previsionales terminan exitosamente.
Comparto la preocupación de la diputada señora Adriana Muñoz , en el sentido de procurar, con la máxima fuerza, que la ley permita que los recursos de los trabajadores sean enterados en sus cuentas individuales. Creemos que el conjunto de instrumentos identificados en el proyecto cumple sus expectativas y esperamos que el tiempo y la acción de los tribunales de cobranza previsional permitan que sus aspiraciones se concreten.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, hace bastante tiempo que no escuchaba una intervención tan virulentamente contraria a un proyecto, como la del diputado Nicolás Monckeberg , quien terminó diciendo que lo va a votar a favor. Eso quiere decir que mientras más hable en contra del Gobierno, más lo va a apoyar. Lo felicito.
Efectivamente, el proyecto en debate es complejo y difícil, pero ha sido discutido y analizado por muchos años en el Congreso Nacional. No ha nacido de la noche a la mañana ni es primera vez que se pretende hacer algo sobre la materia.
La cobranza de deudas previsionales acarrea una serie de hechos encaminados a mejorar una situación por decir una palabra que no moleste al diputado Monckeberg imprudente, inapropiada, inadecuada, y la creación de nuevos juzgados de cobranza es un gran avance.
El diputado Monckeberg también ha participado en la discusión de otro proyecto en la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, sabrá por qué se van a crear los tribunales de cobranza.
El proyecto según él, malo, según nosotros, bueno ambos lo votaremos a favor. El problema radica en que se modifica el sistema previsional.
Como se recordará, el sistema previsional actual fue impuesto por la fuerza, a raíz de una presión sicológica y sistemática que duró meses, en la que se usaron recursos del Estado. Ciertos personajes dirigentes sindicales, algunos fallecidos y otros aún con vida se prestaron para ello y fueron serviles al régimen de la época. Ésa es la verdad con los trabajadores fiscales y municipales.
El problema es con los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Muchas declaran y no pagan, y una parte importantísima no declara ni paga. Por eso, muchas personas se acercan a nuestras oficinas para reclamar y saber cuánto dinero tienen acumulado para su próxima jubilación. Sin embargo, luego de una revisión completa de sus ahorros, se encuentran con la sorpresa de que muchas de sus imposiciones no están declaradas ni pagadas.
¿Qué solución se plantea a la gente que quiere jubilar, pero que no puede hacerlo porque no tiene las imposiciones pagadas? El Gobierno presentó un conjunto de tres proyectos. Uno es el de las cobranzas, que estamos tratando, que el diputado señor Monckeberg y otros encuentran malo, porque dará facilidades a los trabajadores para cobrar sus cotizaciones previsionales. Sin embargo, si se hubiese aprobado la indicación de la diputada Adriana Muñoz , que ella defendió bastante bien en la Sala, habría que encarcelar a un número importantísimo de empleadores. Ésa es la pura y santa verdad.
Se pretende desfigurar la responsabilidad del empleador con sus trabajadores al decir que es preferible que la empresa continúe si reconoce que debe las cotizaciones previsionales. No obstante, tenemos el legítimo derecho a creer que la relación empleador-trabajador es contractual. En ella, una de las partes, el trabajador, cumple completamente su obligación, que consiste en prestar un servicio por un tiempo determinado ocho, diez horas, etcétera, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, y la otra, el empleador, ofrece el trabajo, pero no cumple siempre con compromisos importantísimos de dicha relación contractual. ¿Cuáles son? Primero, pagar el sueldo acordado en el contrato de trabajo, y, segundo la ley así lo ordena, descontar de la remuneración del trabajador las cotizaciones previsionales correspondientes y depositarlas en una cuenta individual y personal en la administradora de fondos de pensiones que el trabajador elija libremente. Aquí se provoca el quiebre y la irresponsabilidad del empleador. Muchos de ellos cumplen y enteran las cotizaciones previsionales; pero una parte importante de los empleadores chilenos declara y no paga, por tiempo indefinido. Es decir, ese empleador no está cumpliendo con una relación de compromiso con la ley y con el trabajador. La práctica de declarar y no pagar las cotizaciones, provoca vacíos y efervescencia en el mundo laboral, y el trabajador termina preguntándose: “¿Quién puede hacer algo para solucionar mi problema?” Porque cuando quiera jubilar, espera que sus cotizaciones, deducidas de su sueldo, estén depositadas en su cuenta de ahorro previsional y, por lo tanto, desea que su empleador se las pague. Ahora, ¿qué hace el trabajador cuando no le enteran sus cotizaciones previsionales? Reclama ante el empleador, la Inspección del Trabajo, los dirigentes sindicales o los políticos. Hoy, ese reclamo se ha transformado en este proyecto de ley.
No quiero decir algo que moleste al diputado Monckeberg ; pero lamentablemente para él, felizmente para nosotros, somos parlamentarios de Gobierno quienes permanentemente hemos afirmado, con palabras fuertes, que los empleadores han robado esos dineros a los trabajadores y han hecho uso inapropiado de ellos. También hay quienes defienden a los empleadores, entre los cuales se encuentra el diputado Monckeberg . No digo que no los defienda; sólo que hay un error de concepto en la forma como él plantea las cosas, porque si la plata es del trabajador, el empleador debe pagársela. Si no, ¿por qué no aprobamos un proyecto de ley en que especifiquemos, por ejemplo, que el trabajador tendrá un sueldo permanente de 500 mil pesos mensuales, y que la mitad de ese monto corresponderá a imposiciones, cuyo depósito en su cuenta previsional quedará al libre albedrío del empleador? Porque, en los próximos quince o veinte años, cualquiera sea el gobierno de turno, el Estado deberá hacerse cargo de la irresponsabilidad de los empleadores que no han enterado las cotizaciones previsionales de sus trabajadores y garantizar la subsistencia mínima de éstos.
Por lo tanto, pido que canalicemos la discusión sobre el tema por el lado que corresponde. El Código del Trabajo va en beneficio de la parte más débil, el trabajador, no el empleador. Por algo, de sus normas y planteamientos se desprende que en esta relación contractual el más débil siempre será el trabajador. Ante eso, los legisladores y el Ejecutivo tenemos la obligación de hacer leyes que vayan en beneficio de ellos.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, me pregunto con qué cara uno le puede decir a otra persona, que tiene necesidad de jubilar, que espere un ratito, porque su empleador se limitó a declarar las imposiciones, y, como la plata no está, deberá esperar que el respectivo juicio termine para recuperar la plata que le robaron. Aquí estamos ante una situación de perversión absoluta.
Aquí, a quienes les declaran las imposiciones y no se las pagan no es precisamente a los ejecutivos de una empresa; no es a quienes tienen cargos de confianza en una empresa; no es a los trabajadores que se desempeñan en industrias en las que hay sindicatos poderosos que tienen la suerte de negociar colectivamente, sino, sobre todo, a los trabajadores indefensos, a los que no tienen capacidad para exigir que les entreguen parte de sus remuneraciones, que no les quiten ilícitamente parte de su sueldo.
Aquí no está en discusión si el nuevo sistema de cobranza que se propone es mejor o peor. No cabe duda de que es mejor. No cabe duda de que es mejor que existan tribunales de cobranza. Pero ésa no es la discusión. No está en discusión si los procedimientos deben ser más expeditos, transparentes o eficientes por cierto, así deben ser, sino si esta Sala está de acuerdo con la indicación propuesta por la diputada Adriana Muñoz y los diputados Sergio Aguiló y Pedro Muñoz , en el sentido de que, por un lado, no exista competencia desleal entre empresarios, y, por otro, se dé un paso para respetar y dignificar a las trabajadoras y a los trabajadores del país.
Una persona que trabaja recibe por ello un sueldo, el que sea, y la ley obliga a que una parte de él se destine tanto a salud como a previsión. A nadie se le ocurriría aceptar como lícito que no se pagaran, dentro de diez días de vencido el plazo, las cotizaciones de salud, porque es plata del trabajador. Pero, aquí, algunos creen que es legítimo que un empleador no pague la parte del sueldo del trabajador correspondiente a sus derechos previsionales, es decir, a las cotizaciones que la ley establece como obligatorias. Es obligatorio que, cada mes, el trabajador destine parte de su sueldo a previsión; el empleador le descuenta esa plata, pero no la entera donde corresponde, sea al INP o a las AFP, sino que se la guarda, se la deja para él, muchas veces, accediendo a un crédito barato, lo que, en la práctica, constituye una apropiación indebida. Lo absurdo de la situación es que, finalmente, los trabajadores les financian créditos a los empresarios, que éstos no pagan.
Al quedar esa plata en el bolsillo del empleador, las cuentas individuales de sus trabajadores no acumulan rentabilidad en las AFP. Algunos empresarios inescrupulosos sólo declaran las cotizaciones y, por tanto, acceden a una masa de recursos financieros más barata que otros que sí las pagan.
No podemos discutir este proyecto sin abordar el problema de fondo. No necesitaríamos tantos tribunales de cobranza si fuésemos capaces de eliminar la posibilidad de declarar las imposiciones sin pagarlas; si la economía en que vivimos no permitiera a algunos empresarios apelar a expedientes legales para declarar o simular la quiebra y dejar a sus trabajadores sin tener contra quién reclamar el pago de las imposiciones. A la larga, como dijo la diputada Adriana Muñoz , es el Estado el que debe reaccionar frente a trabajadores que no pueden jubilar, porque no se pagaron todas sus imposiciones o no cumplen con el requisito de 240 meses de imposiciones para acceder a la garantía estatal. Al rechazar la indicación al artículo 2º, en el sentido de modificar los incisos tercero y octavo del artículo 19 del decreto ley Nº 3.500 y establecer algo tan sencillo como que las cotizaciones de los trabajadores deberán ser declaradas y pagadas en un mismo acto, dejamos a cientos de trabajadores en situación de debilidad.
¿Por qué un trabajador se verá obligado a pedir la intervención de un tribunal para que su empleador le entere sus cotizaciones previsionales? ¿Por qué tenemos que crear esta industria de cobranzas, que genera mucho empleo, porque no se paga a los trabajadores? ¿Por qué nos parece lícito y ético mantener esta situación?
Entiendo que el objetivo principal del proyecto es crear un nuevo sistema de cobranzas que, sin duda, es mejor que lo que existe. Los tribunales de cobranzas permitirán soluciones más expeditas. Pero esta medida no ataca el problema de fondo. Hay una situación ilegítima, cual es la de mantener el sistema que permite a los empresarios declarar las imposiciones sin pagarlas. Pregunto por su intermedio, señor Presidente a los diputados que votaron en contra de la indicación de las diputadas Adriana Muñoz y Ximena Vidal , y de los diputados Aguiló y Muñoz , a quiénes están protegiendo. Si los empresarios no son capaces de competir en el mercado pagando todo el sueldo a sus trabajadores, no sirven como empresarios. No puede ser que su competitividad se sustente en quitar ingresos a los trabajadores; no puede ser que generen vulnerabilidad en el país, declarándose competitivos, cuando, en verdad, con este mecanismo les quitan el 12 por ciento del sueldo a sus trabajadores.
Hay empresarios que pagan lo que corresponde y hacen un gran esfuerzo por respetar todas las leyes laborales. El otro día, en una sesión de la Comisión especial encargada de analizar los derechos de los trabajadores, la cual tengo el honor de presidir, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Asimet , planteó que un abuso mantener este sistema, que permite al empleador declarar las imposiciones sin estar obligado a pagarlas, porque sus asociados, en cambio, sí las declaran y las pagan; el problema lo provocan otros empresarios. Si uno analiza lo que pasa en el sector del comercio y en muchos otros de la economía, se da cuenta de que, no obstante que el país tiene una imagen que se vende bien afuera, internamente, algunos empresarios hacen un tremendo daño a los trabajadores. También nosotros se lo hacemos, como Congreso Nacional, al no asumir en este debate el problema de fondo. Es así como estamos acumulando una deuda, no previsional, sino social, con aquellos trabajadores que necesitan una legislación que los defienda y leyes que prohíban a los empresarios robarles sus ingresos. Quiero saber qué diputado le dirá a una persona que se tiene que pensionar que espere un ratito mientras se puedan recuperar los dineros de los cuales un empresario se apropió indebidamente.
Próximamente, insistiremos en abordar este tema con un proyecto separado, para que cada uno de nosotros diga si quiere o no que a los trabajadores se les respete su sueldo mínimo y el derecho a que sus cotizaciones se depositen de inmediato en una cuenta. En salud no pasa esta aberración que aguantamos a algunos empresarios inescrupulosos.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Salaberry .
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, este proyecto es parte de tres iniciativas que modifican la judicatura laboral; creación de tribunales, cobranza previsional y nuevo procedimiento laboral.
Tal como lo hicimos en el de creación de tribunales, nuestra bancada votará favorablemente este proyecto. Sin embargo, es meritorio hacer un par de precisiones con respecto a los discursos escuchados en esta Sala. Estamos a favor del proyecto porque, al menos, está bien inspirado. De justicia es reconocer que las cotizaciones previsionales retenidas indebidamente son de los trabajadores. Incluso, estamos dispuestos a discutir en su mérito lo planteado por la diputada Muñoz y el diputado Juan Pablo Letelier respecto de la modificación profunda al decreto ley Nº 3.500, de 1980, en el sentido de que las cotizaciones declaradas deben ser pagadas en el mismo acto. Tal vez lo haremos en el proyecto anunciado por los parlamentarios de la Concertación y no a través de uno que busca mejorar el actual sistema.
Tal como lo señaló el diputado señor Monckeberg , todas las indicaciones que presentamos en el proyecto de cobranza previsional apuntaron a proteger aun más la remuneración del trabajador, incluyendo sus cotizaciones previsionales. Porque nada dice este proyecto sobre las obligaciones que deben tener las instituciones previsionales, tanto privadas como el INP, de perseguir el cobro de las cotizaciones no pagadas.
Tal vez hubiese sido mejor concordar y discutir un proyecto que, en lugar de judicializar más aún el legítimo derecho que tienen los trabajadores de perseguir el cobro de sus cotizaciones previsionales, apelara, por ejemplo, a un cambio en el diseño del sistema y quitara los incentivos para el no pago de las cotizaciones previsionales.
Junto con la diputada Pérez y los diputados Monckeberg y Bertolino , firmamos una indicación relacionada con el aumento de multas para el no pago de las cotizaciones, la cual fue rechazada por los diputados de la Concertación.
Me llama la atención el hecho de que cada vez que discutimos en esta Sala o en la Comisión proyectos de ley cuyos fundamentos debieran proteger al trabajador, nos enfrascamos en una discusión entre quienes defienden al “empresario explotador” versus aquellos que defienden al “trabajador explotado”.
¿Cuándo será el día en que nos pongamos de acuerdo en que aquí no se defiende ni a unos ni a otros? En justicia, en una relación laboral se pretende mejorar las condiciones del más desprotegido. Si bien el proyecto de cobranza previsional está bien inspirado, no cambia el sistema de cobro de las cotizaciones previsionales.
Recordemos que el 28 de septiembre de 1999, una ley aprobada por este Congreso Nacional buscaba desincentivar el no pago de las cotizaciones previsionales dejando sin efecto, para ello, el despido si las obligaciones previsionales no estaban pagadas.
¿Qué ha pasado en estos cinco años? Nada. No ha habido un correcto desincentivo al no pago de las cotizaciones. El Gobierno no puede pretender resolver el problema con la creación de diez nuevos tribunales especiales laborales. Tampoco puede pretender que con un cambio en el procedimiento laboral se apunte en el sentido correcto.
Concordamos en que éste es un avance, razón por la cual votaremos favorablemente. Pero, sin ser obsecuentes, creemos que en algún minuto de la historia se debe terminar con la falacia de enfrentar a trabajadores y empleadotes, y generar los incentivos correctos para una mejor relación laboral que permita que hechos tales como el pago de las cotizaciones y la creación de empleos sean una prioridad.
Estamos dispuestos a discutir y estudiar en su mérito tal como señalaron la diputada señora Adriana Muñoz y el diputado Letelier, don Juan Pablo una modificación del decreto ley Nº 3.500. Por ello, me llamó la atención que el Ejecutivo, el propio Gobierno, no se pronunciara a favor de la enmienda durante su discusión. A su juicio, ella modificaba las bases de cálculo de las rentas, materia que, incluso, sólo podía ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
No correspondía discutir esta indicación en el presente proyecto de ley. Sin embargo, estamos dispuestos a hacerlo cuando, como se ha anunciado, sea presentada la iniciativa respectiva.
En definitiva, anuncio el voto favorable de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
El señor RIVEROS.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, ¿usted estaba inscrito? Se acordó que el debate se cerraba después de la intervención del diputado Salaberry .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, no quiero hacer abuso del uso de la palabra; pero puede preguntarle al vicepresidente si yo estaba inscrito o no.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, tiene, efectivamente, un minuto y medio para hacer uso de la palabra.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, me abstengo de hacer uso de la palabra, porque en un minuto y medio es imposible referirse a un proyecto de esta envergadura.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión por cinco minutos para llamar a los señores diputados a votar.
Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Se reanuda la sesión.
A continuación, corresponde votar.
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los números 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26 y 27 del artículo 1º, el número 1 del artículo 2º y el artículo 3º, permanentes, y los artículos 1º, 2º, 3º y 4º transitorios.
Procederemos a votar en forma separada cada una de las normas.
En votación el número 2 del artículo 1º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Leay , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Ceroni , Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 5.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Leay , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 6.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvo la diputada señora Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 11.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Leay , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
Durante la votación:
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Monckeberg para plantear un asunto reglamentario.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, ¿quién solicitó votación separada? ¿Podría recabar el acuerdo de la Sala para votar la totalidad de las normas?
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Solicito una vez más el acuerdo de la Sala.
¿Habría acuerdo para aprobar los números 11, 12, 15 bis, 16, 19 bis, 20, 22, 23, 25 y el artículo 2º, número 2?
No hay acuerdo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, pido votar todos los números que restan en forma conjunta, con excepción del número 20, respecto del cual solicité votación separada.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
No hay acuerdo.
Seguiremos votando las disposiciones en forma separada.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 12.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Galilea (dn Pablo), Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leay , Letelier (don Felipe) , Longton , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 15 bis.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 16.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cubillos ( doña Marcela) , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvo la diputada señora Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 19 bis.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvo la diputada señora Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 20.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jarpa , Leay , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Valenzuela , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Votó por la negativa el diputado Jaramillo .
Se abstuvieron los diputados señores:
Araya , Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 22.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leay , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia), Meza , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vilches , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 23.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Espinoza , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi, Guzmán (doña Pía) , Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leay , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Vargas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 25.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leay , Letelier (don Felipe) , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvo la diputada señora Muñoz (doña Adriana) .
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
En votación el número 2 del artículo 2º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Alvarado , Álvarez, Allende ( doña Isabel) , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jarpa , Kast , Leay , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Seguel , Sepúlveda (doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
Se abstuvieron los diputados señores:
Jaramillo , Letelier (don Juan Pablo) y Muñoz (doña Adriana) .
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
DEROGACIÓN DE RESERVA O SECRETO DE DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTOS O ACCIONES DE INTERÉS PÚBLICO.
El señor HALES (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 425, de los señores Navarro , Meza , Valenzuela , Accorsi , Paredes, Ojeda, Olivares ; de la señora Saa, doña María Antonieta , y de los señor Muñoz, don Pedro , y Aguiló .
“Considerando:
Que, con fecha 5 de abril de 2004, se publicó en el “Diario Oficial” la resolución exenta Nº 873, de la Subsecretaría de Pesca, que establece la reserva o secreto en relación con determinados actos y documentos, amparándose en el artículo 9º del decreto supremo Nº 26, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que determina el reglamento sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la Administración del Estado.
Que el primer punto de esta resolución dispone que tendrán carácter de secretos, “en razón de la debida protección de los intereses públicos, la correspondencia oficial de la Subsecretaría apropiadamente calificada por la autoridad responsable, de conformidad con lo estatuido en el decreto supremo Nº 291, de 15 de febrero de 1974, del Ministerio del Interior”.
Que, además, tendrán carácter reservado la correspondencia oficial de la Subsecretaría, así como las denuncias, investigaciones y antecedentes recopilados que le sirvan de fundamento y sus complementos directos respecto de los delitos que deban ser denunciados en virtud de lo dispuesto en el Estatuto Administrativo y en el Código de Procedimiento Penal por hechos de terceros que guarden estrecha relación con la Subsecretaría.
Que igualmente serán secretos los informes de avance, parciales, complementarios, prefinales y finales que sean proporcionados por un determinado consultor en el marco de un proyecto de investigación pesquera, en tanto no sean aprobados por el departamento técnico correspondiente de la Subsecretaría y, también, “en razón de la debida protección de los intereses privados, los sumarios e investigaciones sumarias”.
Que, asimismo, poseerán “carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados”, todos aquellos actos inherentes al proceso de calificación del personal, las carpetas de vida de los funcionarios y la documentación que custodie el departamento administrativo relativa a los antecedentes personales de los funcionarios y su grupo familiar.
Que, además, serán reservados o secretos los informes evacuados por divisiones o departamentos internos de la Subsecretaría y los antecedentes preliminares o preparatorios de solicitudes de actividades pesqueras y de acuicultura sólo en la medida en que contengan información de carácter estratégico, comercial, financiero u operacional, cuyo conocimiento por terceros pudiera afectar los intereses de los titulares de esta información, sean peticionarios o no lo sean.
Que serán también secretos los informes evacuados por la Unidad de Auditoría Interna relativos a personas determinadas o claramente identificables, así como los antecedentes relativos a la capacidad económica de un oferente en un proceso de licitación o contratación, en tanto se encuentre pendiente su adjudicación.
Que, por último, podrán ser secretos o reservados los documentos de respaldo de las ofertas presentadas en procesos de licitación o contratación, en tanto se encuentre pendiente su adjudicación, salvo los montos de las propuestas económicas y aquellos que deban serlo según las bases administrativas respectivas; y las actas de las comisiones evaluadoras en propuestas o licitaciones, en tanto se encuentre pendiente la adjudicación.
Que, a pesar que la ley de Bases Generales de la Administración del Estado consagra la obligación de publicidad de los actos y de la documentación de los órganos de la administración del Estado, esta sorpresiva resolución exenta del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a través de la Subsecretaría de Pesca, se convierte en un obstáculo para la transparencia en la entrega de información y la probidad funcionaria.
Que esta situación cobra especial relevancia en el sector pesquero y acuícola, debido a precedentes generados por anteriores administraciones, una de las cuales finalizó con la apresurada renuncia del subsecretario en el año 2000, luego de que algunas ONG's y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) denunciaran ante la Contraloría General de la República la existencia de graves faltas a la probidad funcionaria.
Que esta circunstancia se suma al controvertido decreto supremo Nº 525, del Ministerio de Agricultura, que permite, por razones ‘de interés nacional o regional’, la tala de especies forestales en peligro de extinción y declaradas monumentos naturales, como el alerce y la araucaria.
Que se agrega a esta práctica la existencia de la resolución exenta Nº 1523, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de 6 de julio de 2001, la cual, en su artículo 14, establece que “la información contenida en la solicitud y en los documentos anexos se entenderá confidencial y sólo será utilizada en la evaluación para autorizar la internación y su correspondiente introducción en el medio ambiente del organismo modificado, importado o desarrollado en el país”.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y, por su intermedio, al subsecretario de Pesca, así como al ministro de Agricultura, que tengan a bien derogar las resoluciones o decretos tendentes a mantener en reserva o secreto la documentación, los procedimientos o las acciones que puedan ser objeto de interés público o ser requeridos por la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, para evitar cualquier tipo de práctica administrativa que obstaculice la transparencia y la probidad.”
El señor HALES (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la ley sobre probidad administrativa, aprobada por esta Corporación en 1999, estableció un elemento fundamental para el respeto a la institucionalidad y a los derechos ciudadanos: el acceso de cualquier ciudadano de la República a la información pública. Lamentablemente, diversos decretos o resoluciones han venido a restringir severamente el ejercicio de este derecho en determinados servicios. Así, en 2001, la Secretaría General de la Presidencia entregó a cada servicio público la facultad discrecional de determinar qué documentos pueden ser divulgados y cuáles deben mantenerse en secreto. Esta situación se agrava en áreas muy complejas, en las que existen grandes conflictos de interés.
Quienes hemos suscrito el proyecto de acuerdo, rechazamos categóricamente que, mediante la resolución exenta Nº 873, publicada en el “Diario Oficial” del 5 de abril de 2004, la Subsecretaría de Pesca haya establecido la reserva o secreto de determinados actos y documentos, para lo cual se amparó en lo dispuesto en el artículo 9º del decreto supremo Nº 26, de 2001, y en conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo Nº 291, de 15 de febrero de 1974, del Ministerio del Interior, el cual establece que correspondencia, denuncias, investigaciones, antecedentes, informes entregados por consultores respecto de proyectos de investigación; sumarios e investigaciones sumarias y todo acto inherente, por ejemplo, al proceso de calificación de personal, son declarados reservados o secretos.
Éste es un atentado brutal en contra de la transparencia en la administración pública, porque no sólo se restringe a los ciudadanos, sino también a los parlamentarios. Así, la facultad de fiscalización nuevamente se ve sesgada y restringida.
No podemos borrar con el codo lo que hemos firmado con la mano. Si acordamos transparentar la administración pública, por la vía de un decreto no puede doblarse la voluntad del parlamento y establecer restricciones para que los ciudadanos puedan informarse de los actos del Gobierno, sobre todo en áreas tan sensibles como la pesca.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se
Aprobado.
RATIFICACIÓN DE TRATADOS QUE PREVIENEN Y SANCIONAN EL TRÁFICO DE BIENES CULTURALES.
El señor HALES (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 426, de la señora Allende , doña Isabel ; Saa, doña María Antonieta , y de los señores Navarro , Accorsi , Ojeda , Olivares , Aguiló , Rossi , Tapia y Meza .
“Considerando:
Que el diario “El Mercurio”, de Santiago, de 2 de mayo recién pasado, destacó las debilidades de la legislación chilena que protege el patrimonio cultural material de los pueblos indígenas, particularmente contra los huaqueros. En ese artículo, se narra la situación de Jaime Quinteros Chiang , el primer sancionado por saquear tumbas precolombinas. Quinteros Chiang ha dedicado treinta y cinco de sus cincuenta y dos años al saqueo de sitios precolombinos, ejerciendo este mal denominado ‘oficio’ que nació en Perú con La Conquista y que tomó el nombre de huaqueo de la palabra quechua huaca o waca, que significa “lugar sagrado”. Cuando fue detenido, Quinteros Chiang , a quien sus vecinos apodaban “el Huaquero”, aseguró a la policía que “sólo fue hallada la grasa; lo mejor, el filete, fue vendido”.
Que, cuatro años después de su detención, cuando fue sorprendido con mil seiscientas sesenta y una obras precolombinas en su poder, declaró que se dedicaba al saqueo de sitios arqueológicos de Arica desde 1965. Este ariqueño, que aprendió a huaquear como profesional después de haber trabajado con destacados arqueólogos de la zona, ha sido condenado a setecientos treinta días de reclusión nocturna. Los intermediarios y los compradores salvaron ilesos gracias a que Chile no ha ratificado la ‘Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970’, que castiga el tráfico ilegal de patrimonio.
Que estos hechos son conocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales, el cual, según la ley Nº 17.288, es el organismo estatal competente para la protección y el resguardo del patrimonio nacional, incluido el patrimonio indígena. Según don Mario Vásquez , arqueólogo del Consejo de Monumentos Nacionales, cada vez son más frecuentes los saqueos de piezas mapuches en la Novena Región, de La Araucanía. El huaqueo se sigue concentrando en las tres regiones del norte y alcanza dimensiones industriales en Perú.
Que, en este reportaje sobre el saqueo de tumbas o huaqueo, el abogado de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y experto en patrimonio cultural, don Rodrigo Ropert , señala que ‘la determinación de la pena es un tema complejo, que depende de los delitos que se imputan y de la existencia de agravantes o atenuantes. En la situación de los huaqueros las personas que realizan excavaciones arqueológicas ilegales para comercializarlas, procede el delito de destrucción de monumentos nacionales contemplado en el artículo 38 de la leyNº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. Para este caso, se aplican las penas de los delitos de daños contemplados en el Código Penal, que se determinan en base al valor de lo dañado, con un rango de presidio menor en sus grados mínimo a máximo (de quinientos cuarenta y un días a cinco años) y multas de cinco a quince unidades tributarias mensuales.
Que, no obstante, las penas aplicadas no han sido suficientes para disuadir a la verdadera red de tráfico que está detrás del huaqueo. El huaquero generalmente es pobre. El intermediario y el comprador son generalmente extranjeros y muy ricos.
Que prueba de este tráfico es la página web www.precolumbianart4sale.com, en la que se exhiben, como piezas arqueológicas más atractivas para la venta, las fotografías de espectaculares cerámicas, tejidos y trabajos en piedra de grandes culturas precolombinas peruanas y bolivianas. Entre ellas, se encuentran también varias piezas arqueológicas y etnográficas de Chile, que nuestra legislación supone patrimonio cultural de la nación. Un cesto cilíndrico tejido, adornado con figuras de caimanes, que corresponde a la fase Gentilar (1.000 al 1.470 d.C.), de la costa norte de Chile, es ofrecido en mil quinientos dólares en una ‘galería de arte virtual’, construida en el ciberespacio por el norteamericano David Bernstein . Este personaje fue sindicado por el huaquero (saqueador) ariqueño Jaime Quinteros Chiang como uno de sus compradores. Una zampoña de doce cañas, de mil años, perteneciente a la cultura Arica, se ofrece en quinientos dólares, mientras que un rehue mapuche del siglo XIX se vende en dieciocho mil dólares. Bernstein explica, en su página en inglés, que adquirió esta ‘profesión’ en 1968, mientras servía en el Cuerpo de Paz en Perú. Entre sus clientes, se encuentran coleccionistas privados y corporativos, así como museos de todo el mundo, a los que les ofrece ventas o los asesora en el mercado de objetos de arte andinos.
Que uno de los vacíos normativos que dificultan la tarea del Consejo de Monumentos Nacionales para que el resto de los actores sea penalmente perseguido es el hecho de que está pendiente ratificar la ‘Convención sobre medidas que deben adoptarse para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970’. Según el diario “El Mercurio”, de Santiago, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, don Ángel Cabeza, señala que ‘Chile pasa vergüenza en los foros internacionales, pues es el único país de Latinoamérica que no la ha ratificado’.
Que, entre otros tratados acerca del tráfico de bienes culturales, se encuentra la ‘Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de La Haya, de 1954’; la ‘Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales, de París, de 1970’; el ‘Convenio de Unidroit sobre los bienes robados o exportados ilícitamente, de 1995’, y la ’Convención sobre la protección del patrimonio subacuático, Unesco 2001’.
Que S.E. el Presidente ha reiterado el compromiso de su gobierno en pro del respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Que el resguardo del patrimonio indígena debería contar con estos valiosos instrumentos internacionales, que darían pie a la protección internacional de las piezas arqueológicas robadas por huaqueros extranjeros y haría patente aún más la necesidad de reformar la legislación interna.
Que, al hacer una somera revisión de estos tratados, no aparece en ninguna parte alguna disposición que sea contraria a la legislación interna o que sea incompatible con alguna garantía establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Que, finalmente, no ratificar estos tratados implicaría una rotunda renuncia a nuestra soberanía cultural, un espolonazo insoportable contra nuestra historia y nuestro pasado y una verdadera afrenta a los descendientes de los pueblos que originalmente poblaron el territorio nacional.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Solicitar a S.E. el Presidente de la República la urgente ratificación y publicación, como leyes de la República, de los siguientes tratados internacionales que previenen y sancionan el tráfico de bienes culturales:
a)‘Convención sobre medidas que deben adoptarse para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1970’.
b)‘Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de La Haya, de 1954’.
c)‘Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales, de París, 1970’.
d)“Convenio de Unidroit sobre los bienes robados o exportados ilícitamente, de 1995”.
e)“Convención sobre la protección del patrimonio subacuático, Unesco 2001 ”.
2.Que, una vez ratificados los tratados, se localice el patrimonio arqueológico robado, e ilícitamente puesto a la venta, para obtener su retorno a Chile, promoviendo, a través de las instancias correspondientes, la más alta sanción contra los saqueadores, destructores, vendedores, reducidores y compradores del patrimonio arqueológico indígena nacional, y se incoen las acciones judiciales, cuando procedieren, particularmente en lo que concierne al ciudadano norteamericano David Bernstein .
3.Que el Ejecutivo estudie las vías diplomáticas, de negociación y mediación que establece la Unesco para el retorno a Chile del patrimonio arqueológico que se encuentre en museos extranjeros.”
El señor HALES (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en relación con los hechos expuestos en el proyecto de acuerdo, estamos elaborando una iniciativa de ley de defensa del patrimonio arqueológico en la más absoluta indefensión. Así lo ha reconocido el Consejo de Monumentos Nacionales debido, principalmente, a la escasez de presupuesto de ese organismo, que cuenta con no más de 90 millones de pesos al año para llevar adelante esta notable tarea.
Nos enfrentamos al fenómeno de los huaqueros. ¿Quiénes son? Individuos que se dedican al saqueo de tumbas precolombinas ubicadas en el norte, a la búsqueda de patrimonio arqueológico para su puesta en venta en forma absolutamente ilegal. Tenemos casos graves, como el de Jaime Quinteros , que reconoció públicamente que ha dedicado 35 de sus 52 años a saquear tumbas precolombinas.
Cuatro años después de su detención, al ser sorprendido con 1.661 artefactos precolombinos en su poder y declarar que se dedicaba al saqueo de sitios arqueológicos en Arica desde 1965, este individuo se convirtió en el primer condenado por este delito. Confesó que había trabajado con diversos arqueólogos de la zona, pero que se dedicaba a poner en venta particularmente a coleccionistas privados internacionales todos estos elementos que pertenecen por definición y por ley al patrimonio de nuestro país. Hace un mes fue condenado a 730 días de reclusión nocturna, pero el saqueo continúa.
Invito a los parlamentarios a que visiten la página web www.precolumbianart4sale.com, en la que se exhiben, como piezas arqueológicas, con fotografías espectaculares, un número importante de piezas precolombinas. Entre ellas, varias obras arqueológicas y etnográficas de Chile, que nuestra ley supone patrimonio cultural de la nación. Los precios van desde 500 hasta 18 mil dólares, dependiendo del año, antigüedad y estado de conservación.
El Consejo de Monumentos Nacionales ha hecho todo lo que está a su alcance. Ha pedido más facultades y mayor presupuesto.
Por lo tanto, es necesario que el Congreso Nacional ratifique todas las convenciones que coadyuvan a la protección de dicho patrimonio. Por ejemplo, la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prevenir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales; la Convención sobre protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado; la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales, de París, 1970. En definitiva, de todas aquellas medidas que establece la Unesco para que estos bienes puedan estar de regreso en Chile y que las personas que los comercian ilegalmente, chilenas o extranjeras, sean denunciadas y procesadas.
Pido aprobar el proyecto de acuerdo a fin de solicitar al Gobierno de Chile la ratificación de los cinco tratados internacionales sobre la materia y el inicio de acciones que persigan la responsabilidad penal de quienes han cometido el mencionado delito. Además, que se solicite a la Unesco, por vía diplomática, que cuando sean detectados bienes culturales, los organismos internacionales realicen las acciones necesarias para que regresen al país de origen.
Esto es deseable en todos los países de América Latina, sobre todo en Bolivia y Perú, que sufren el mismo drama, pero, en el caso de Chile, es necesario y urgente contar con los instrumentos internacionales adecuados.
Espero que en la discusión del presupuesto nacional para el año 2005 dotemos al Consejo de Monumentos Nacionales de los recursos necesarios para realizar una buena fiscalización.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor HALES (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor HALES (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor HALES (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, queda pendiente su votación para la próxima sesión.
VII.INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE INVERSIONES HIDROELÉCTRICAS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en las últimas semanas, se han dado a conocer, a través de informaciones de prensa y de un seminario sobre energía realizado en la Décima Región, de tres proyectos de inversión millonaria en generación de energía hidroeléctrica.
Una de las inversiones corresponde a la transnacional Endesa y se realizará en Neltume, en Panguipulli; otra en Río Bueno, y la última en Futrono. Todas hermosas comunas de la Décima Región, del distrito Nº 54, de la provincia de Valdivia. Las últimas dos son obras de empresarios locales, que buscan aprovechar los recursos hídricos de la zona para producir electricidad, que, por supuesto, será ofertada a través de la integración con el Sistema Interconectado Central que, como sabemos, es la columna vertebral del abastecimiento de electricidad del país.
Para nadie es un misterio que la realidad del sector energético obliga a estimular nuevas inversiones para asegurar la satisfacción futura de una demanda en ascenso que aumenta con el crecimiento sostenido de la economía nacional. Sin embargo, tales inversiones, por su naturaleza e impacto medioambiental, obligan a tomar medidas de resguardo extremas para no afectar el medioambiente y, sobre todo, a las comunidades locales, algunas indígenas que, en este caso, habitan en las zonas aledañas de las posibles futuras obras.
Lamento que las empresas involucradas, en especial Endesa , no hayan sido capaces de establecer contactos previos con autoridades representativas de la zona de Panguipulli ni con la comunidad organizada. La mejor manera de prevenir conflictos futuros es informar a la comunidad afectada del posible impacto. Cuando se actúa amparado en el secretismo se crean las condiciones para la suspicacia y se impide la creación de ánimo de trabajo cooperativo entre los sectores público y privado y entre este último y la sociedad civil.
El anuncio de tales inversiones ha despertado dudas en materia de ordenamiento territorial. El gobierno regional tendrá algo que decir. Se supone que el adelanto de la región pasa por asignar funciones y objetivos estratégicos de desarrollo de nuestro territorio para aprovechar mejor su potencialidad.
Una de las actividades que siempre hemos tenido en vista en la zona cordillerana de la provincia es la turística. Pero para que ésta pueda desarrollarse se quiere mantener lo más incólume posible la naturaleza y la belleza paisajista de la zona.
Al comparar, vemos que es bien diferente la actitud asumida por empresarios locales, que pretenden construir dos pequeñas plantas generadoras con tecnología de alto estándar medioambiental en Mantilhue. Ellos realizaron un seminario para explicar a la comunidad su proyecto y la actitud contraria que ha tenido la otra gran transnacional que pretende realizar una enorme inversión, pero que lo harán sin consideración alguna a la comunidad local.
En las últimas semanas hemos visto cómo esta transnacional de la energía es capaz de reclamar por sus derechos casi de manera un poco torpe, lo que le valió una dura pero legítima respuesta del ministro de Hacienda.
Confío en que esa actitud, altanera y despectiva, con que actúan sus ejecutivos en Chile, no sea la misma que fundamente este afán de avanzar en sus proyectos, pasando por alto las sensibilidades locales y el legítimo derecho de las personas de saber lo que se planea hacer en los lugares que habitan.
Por lo anterior, pido que se oficie, en mi nombre, a las siguientes autoridades, con el objeto de requerirles antecedentes con respecto a estas inversiones hidroeléctricas:
Al ministro secretario general de la Presidencia para que, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, me informe, a la brevedad, sobre el ingreso de proyectos de inversión en el rubro hidroeléctrico al sistema de evaluación de impacto ambiental, en la Décima Región, con indicación de su naturaleza, de los inversores y de los impactos ambientales declarados por los titulares de tales proyectos.
Al intendente regional de la Décima Región para que me indique cuál es la información que maneja sobre este tema y cual es su evaluación previa de estas inversiones, especialmente, en relación con la forma en que se armonizan con la estrategia de desarrollo regional.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Por el tiempo que resta a su bancada, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, el jueves de la semana recién pasada, su excelencia el Presidente de la República visitó Portezuelo , con el propósito de, junto con saludar a las autoridades y vecinos del lugar, inaugurar el camino asfaltado que va desde el puente El Ala, comuna de Chillán, hacia la comuna Portezuelo, con lo cual se hizo realidad el sueño que esa comunidad tuvo por muchas décadas.
Portezuelo era la penúltima comuna de la provincia de Ñuble que no tenía asfaltado su camino de acceso a la capital regional. La última es San Fabián. Espero, si Dios quiere, estar en noviembre o diciembre de este año en un acto similar de inauguración de un camino en esa comuna. A partir de ese momento, la población de San Fabián podrá transitar con mayor comodidad el tramo que la une con San Carlos.
Me hago un deber resaltar la alegría de la numerosa cantidad de personas que salieron al encuentro del Presidente Lagos, no sólo para agradecerle por esta obra, sino, fundamentalmente, para demostrarle su afecto. Pude advertir ese hecho, porque en esa oportunidad llegué una hora antes de la inauguración, con el propósito de saludar y conversar con los vecinos.
De aquí en adelante, los comerciantes y empresarios podrán abastecerse de productos de esa comuna a través de una vía más cómoda. En invierno, ese camino se transformaba en un barrial lleno de hoyos y, en verano, los pobladores quedaban empolvados como un berlín.
Durante doce años, el alcalde, ex alcaldes, vecinos, dirigentes y el diputado que habla estuvimos luchando por que esta obra se convirtiera en realidad.
Pido que se oficie al Presidente de la República para que, junto con agradecerle el gesto que tuvo con la comuna mencionada, disponga iniciar, lo antes posible, los estudios de ingeniería para continuar con el asfaltado entre Portezuelo y Ñipas , capital de la comuna de Ranquil, no sólo para beneficiar a los habitantes de Portezuelo, que tendrán acceso a la Ruta 5, sino también con el objeto de unir estos antiguos corredores del secano costero interior de la provincia de Ñuble, especialmente de las comunas que forman parte del distrito Nº 42, tan necesarias para transitar por vías más dignas.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde y al concejo de Portezuelo a fin de agradecerles su esfuerzo y dedicación para lograr el progreso de esa comuna, y al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para que se informe sobre lo que he señalado.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención a las autoridades correspondientes, con la adhesión de los diputados señores Mulet , René Manuel García , Monckeberg , Walker , José Pérez , Quintana y Hernández .
INFORMACIÓN SOBRE JARDINES INFANTILES. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, el diputado señor Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, pido que se oficie a la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a fin de que me informe cuántos son los jardines infantiles actualmente acreditados en base a la aplicación del empadronamiento que establece la ley Nº 17.301, vigente hace más de treinta años, y su estimación sobre el número de jardines infantiles, guarderías o centros de atención de menores que no han sido empadronados.
Asimismo, solicito que se oficie al ministro de Educación para que disponga se me informe respecto del número de jardines infantiles que cuentan con reconocimiento oficial, de acuerdo con lo dispuesto por la ley Nº 19.864, promulgada en marzo de 2003, y sobre la estimación de la cantidad de jardines que no tienen esa calidad.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García , Hernández y Vilches .
ANTECEDENTES SOBRE ESTADO DE SALUD DE PACIENTE DEL HOSPITAL DE TEMUCO. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, ayer, en Temuco, llevé a cabo una conferencia de prensa que ha causado mucho revuelo junto a Leonardo Uribe , hijo de don Hernán Uribe Caro , cuyo caso quiero dar a conocer.
La situación del señor Hernán Uribe Caro , paciente del hospital regional de Temuco, es muy trágica. Él fue internado en dicho recinto con una enfermedad no diagnosticada. Al poco tiempo le señalaron que padecía la enfermedad de JacobCreutzfeldt, una variedad de la denominada enfermedad “de las vacas locas”, pero, curiosamente, sin que se le hubieran practicado los exámenes respectivos. Al conocer lo sucedido, una orden religiosa expresó que se haría cargo del costo de los exámenes que debían enviarse a Estados Unidos, cuyo valor es de 300 mil pesos. Los médicos tratantes, en conocimiento de esto le dijeron al paciente que, como estaba en una difícil situación económica, mejor se quedara con la plata y no se practicara los exámenes.
Ayer, mediante conferencia de prensa, los representantes de dicho hospital señalaron que sólo una vez que el paciente falleciera se puede llevar a cabo ese examen. Hay varios señores diputados que son médicos y saben que hay dos tipos de exámenes para diagnosticar la enfermedad: uno, el de certeza, que efectivamente se practica cuando el paciente ha fallecido y se le extrae una muestra de su cerebro para ese examen. El otro, en base a proteína y sangre, tiene entre un 40 y un 70 por ciento de efectividad, y creemos que procede su realización.
Sin embargo, a poco andar, cambiaron el diagnóstico. Le dijeron que no tenía esa enfermedad, sino que Sida.
Curiosamente tengo su ficha médica e informe, desde el hospital regional de Temuco llamaron nuevamente a sus familiares y les dijo: “No tenemos radiactivos para efectuar el examen del Sida. Por lo tanto, tienen que pagarlo ustedes.” La familia, una vez más, lo sometió a un examen, el que, felizmente, demostró que no tenía nada. ¡Pero tuvieron que pagarlo!
Sin embargo, lo más increíble es que, en el aeropuerto, junto con el diputado Meza , cuando le dijimos al seremi que no había radiactivos en el hospital, éste señaló que eso no era posible. Le mostramos la ficha médica. Quedó muy impresionado e impactado. Expresó: “No puede ser”. Es más, nos señaló que había un examen especial a las embarazadas, pero, en definitiva, al paciente que me refiero no se le hizo.
Como no hallaban qué hacer, le dijeron que tenía una meningitis tuberculosa mal cuidada desde 1970, que ahora estaba con el rebrote de esa enfermedad y que debía hacerse otro examen, el que tampoco se le ha hecho.
Después, volvieron a cambiar el diagnóstico. Le dijeron que se trataba de una afección al pulmón; no sé qué enfermedad, pero tampoco le han hecho los exámenes.
Esta semana, en forma reservada, mandé un oficio al hospital regional de Temuco para que me dieran antecedentes sobre lo que he planteado.
Ayer, en la conferencia de prensa, el propio médico dijo que se le estaban realizando los exámenes a esta persona. Los periodistas le preguntaron “¿desde cuándo?” Y la respuesta fue: “Desde ayer”. Es decir, dejaron pasar dos meses y medio. Si no hubiere sido por el oficio de la Cámara de Diputados que enviamos, todavía no le habrían hecho los exámenes a este paciente.
¿Qué me motiva a hacer esta denuncia? Que esta persona sepa lo que realmente tiene y sus familiares queden tranquilos.
Lo más trágico ocurrió cuando llevaron a esta persona al médico y éste le dijo: “Señor, váyase para su casa. Su enfermedad no tiene vuelta. Muera tranquilo en su hogar.” Éso, en verdad, no tiene perdón de Dios. No lo digo yo, sino que lo afirmó ayer su hijo Leonardo en la conferencia de prensa.
Como esta situación es de extrema gravedad, quiero saber si el afectado se encuentra afiliado a Fonasa, si se le practicaron todos los exámenes y si se le exigen otros; como no tiene los recursos suficientes, lamentablemente estaría condenado a morir.
Esto ha causado gran revuelo en la región de La Araucanía, sobre todo cuando se habló de la llamada enfermedad “de las vacas locas”.
Para la tranquilidad de la familia del enfermo y de todos, queremos que se le realicen los exámenes de JakobCreutzfeldt; de Sida, de meningitis tuberculosa y el relacionado con el pulmón.
Señor Presidente, quiero que se envíe la ficha médica de la persona afectada al ministro de Salud y al intendente de la Novena Región a fin de que el director del hospital regional de Temuco nos informe detalladamente el estado de salud de este paciente.
Concluyo con un dicho muy campesino. ¡Qué razón tiene la gente cuando sostiene que a los médicos “se les mueren las carnes”!, es decir, pierden la sensibilidad. Es el típico caso que ha pasado con Hernán Uribe Caro .
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Javier Hernández , Fernando Meza , Carlos Vilches , Nicolás Monckeberg y Fidel Espinoza .
FRACASO DE PROYECTOS IMPULSADOS POR INDAP EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, quienes postulan a ayudas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) son las personas más necesitada de los sectores agrícolas de nuestras regiones, es gente que tiene una sola oportunidad en la vida para progresar. Para ello, se endeudan y se incorporan a un proyecto en el cual se juegan, no sólo la posibilidad de subsistencia, sino, incluso, la posibilidad de acceder a futuros créditos u otras ayudas. Todos sabemos que los deudores del Indap no pueden acceder a otros créditos. Por lo tanto, cuando el personal de Indap ofrece proyectos a modestos agricultores, está frente a alguien que se juega el todo por el todo. Lamentablemente, con ello se ha cometido un error gravísimo, que debe ser reparado por el Indap y el Ministerio de Agricultura.
En las comunas de Trehuaco, Ranquil , Portezuelo y especialmente en la cuenca de Huarilihue, de Coelemu, se promocionó la plantación de cepas finas en las viñas del sector. Los agricultores se endeudaron por sumas que superan el millón de pesos cada uno. Hoy puedo decir, con absoluta propiedad, que ninguna viña produjo un solo grano de uva de cepa fina y que las deudas llegan a casi 200 millones de pesos. Todos los proyectos fracasaron. Los estudios técnicos señalan distintas causas: falta de asesoría a los agricultores, plantación de viñas en vegas, en alturas inadecuadas, el tipo de cepa recomendado no era el adecuado, etcétera.
Después de años, del proyecto quedan las deudas de los agricultores, a quienes han amenazado con embargarlos, con quitarles los pocos bienes que poseen, además de no permitirles postular a otros proyectos de ayuda porque son deudores.
Los agricultores no tienen la culpa de que les hayan ofrecido proyectos malos y, además, que no los hayan asesorado.
Por ello, solicito oficiar al director de Indap y al ministro de Agricultura para que, de una vez por todas, en primer lugar, se estudien las causas por las cuales fracasaron todos los proyectos y, en segundo lugar, se encuentre una solución que no signifique hacer responsables a los agricultores por las deudas de los proyectos fracasados, de manera que puedan acceder a otro tipo de ayuda.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García , Carlos Hidalgo , Carlos Vilches y Javier Hernández .
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE CONTINGENCIA RELACIONADO CON ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL DESDE ARGENTINA. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, la situación ocasionada por el desabastecimiento de gas desde Argentina ha ido evolucionando paulatinamente.
El protocolo suscrito entre Chile y Argentina para el abastecimiento de combustible, en este caso de gas natural, no sólo no fue respetado sino que fue desconocido por sucesivos decretos dictados en Argentina. Luego de un azaroso trámite, se derogó el decreto
Nº 27, que prohibía a Argentina enviar a los clientes en Chile más gas del que ese país consumió durante el año 2003. Este decreto fue reemplazado por el Nº 659, que permite devolver gas a Chile y terminar con los cortes inútiles que se estaban haciendo desde los gasoductos de Neuquén a Buenos Aires.
El ducto que transporta gas desde Neuquén a Buenos Aires estaba absolutamente colmado y era imposible enviar mayor cantidad pues la falta de inversiones ha impedido la realización de obras que lo permitan.
Ahora, el envío de mayor cantidad de gas natural a Chile se hace en condiciones que no otorgan un ciento por ciento de seguridad. El abastecimiento que se ha centralizado fundamentalmente en Metrogas representa una improvisación y un suministro inseguro para nuestra industria.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Economía y Energía a fin de que nos informe acerca de cuál será el plan de contingencia para terminar con la improvisación relacionada con el abastecimiento del gas natural desde Argentina.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Javier Hernández y René Manuel García .
DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO PARA RALÚN, PUERTO VARAS. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el turno correspondiente al Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, la zona de Ralún, comuna de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, conocida por ser eminentemente turística y de importantes ventajas comparativas, es muy atractiva para los turistas tanto nacionales como extranjeros. No obstante, gran parte de su población de escasos recursos se dedica a la pesca artesanal.
Quiero sumarme a las peticiones del Sindicato de Buzos Mariscadores Estrella del Sur de Rollizo, perteneciente a la Junta de Vecinos Nº 18, de Ralún, que en las últimas horas solicitó al subsecretario de Pesca que declarara zona de interés turístico al sector de Ralún, único mecanismo que permitiría terminar con la extracción masiva de productos del mar, en evidente peligro de extinción.
Los pescadores artesanales de la zona del estuario de Reloncaví, que utilizan medios rudimentarios en su actividad, ven cómo algunas lanchas denominadas bolicheras son capaces de extraer siete mil kilos de pescado en una sola noche, lo que contribuye a la extinción del recurso. De más está decir que en un año sólo se pueden extraer dos mil kilos. Hago la distinción por la gravedad del asunto.
El único mecanismo para evitar que continúe esta extracción masiva y terminar con la preocupación de los pescadores artesanales de Ralún y Rollizo es precisamente hacer justicia sobre la materia. Ello implica que el subsecretario de Pesca adopte los mecanismos necesarios para evitar que esta situación siga ocurriendo. Los pescadores de la zona manifestaron al diario “Llanquihue” que la pesca autorizada a las embarcaciones bolicheras está provocando un grave daño a los recursos marinos; por ejemplo, algunas especies cuya captura no ha sido permitida son arrojadas muertas al mar para que no sean detectadas.
Por lo tanto, debido a la gravedad de la situación, pido que se oficie al subsecretario de Pesca, señor Felipe Sandoval , a fin de que adopte las medidas necesarias y decrete zona de interés turístico a Ralún para evitar que esto siga ocurriendo.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECURSOS DE EMERGENCIA PARA PLANES DE EMPLEO EN LA COMUNA DE FRESIA. Oficio.
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre , a fin de que estudie la posibilidad de otorgar recursos de emergencia para los planes de empleo en la comuna de Fresia, en particular para los pobladores rurales de la localidad de Llico, donde hoy se está viviendo una situación dramática, toda vez que, desde la instauración de un ministro en visita en la investigación de la tala ilegal del alerce, también se están adoptando medidas en el plano judicial que imposibilitan la extracción de cualquier tipo de madera en el sector, en circunstancias de que la gran mayoría de las familias vive del alerce muerto, que por ley se permite extraer. Hoy, con las medidas que está tomando el señor ministro para investigar a fondo este tema, obviamente, están en una situación de gran precariedad social y económica.
Debido a que estas familias están en una situación de gran complejidad, al no disponer de lo básico para el sustento de sus familias, solicito oficiar al ministro de Hacienda a fin de que, tal como lo ha hecho en otras zonas del país, estudie la posibilidad de considerar a la comuna de Fresia, en particular a la localidad de Llico, como de extrema emergencia, para que se implementen algunos planes de empleo, particularmente durante los meses de invierno, hasta que mejores condiciones climáticas permitan a la población realizar otro tipo de actividad económica, como la pesca, para solucionar el problema, aunque sea temporalmente.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
COMPLEMENTACIÓN A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO GARCÍA E INEXISTENCIA EN CHILE DE LA DENOMINADA ENFERMEDAD “DE LAS VACAS LOCAS”.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, continuaré comentando el tema al que se refirió nuestro colega René Manuel García , que tiene que ver con el paciente Hernán Uribe Cano , internado en abril en el hospital regional de Temuco “ Doctor Hernán Henríquez ”, aquejado de un síndrome confusional de trastornos relacionados con la esfera orientativa y psiquiátrica, según se diagnosticó en un primer momento.
Este paciente fue evaluado por los neurólogos y se concluyó que se trataba de un cuadro relacionado con algún problema orgánico, es decir, de causa neurológica y no necesariamente psiquiátrica. Efectivamente, como señala el diputado René Manuel García , en el hospital no se hicieron los exámenes ni los análisis en los momentos adecuados.
Sin embargo, en estos instantes, lo que más me interesa, como diputado y como médico, es aclarar a la ciudadanía que la enfermedad popularmente conocida como “de las vacas locas” encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad nerviosa que afecta al ganado bovino. Ella se inició en el Reino Unido, en 1986, se extendió a 22 países y afectó a miles de animales. Es necesario agregar que esta enfermedad, que se originó en Europa, obligó a que Chile adoptara todas las medidas recomendadas por los organismos internacionales para evitar, precisamente, su entrada al país. Esta referencia internacional, de la Oficina Internacional de Epizootias y de la Organización Mundial de la Salud, logró que se minimizara el riesgo de ingreso del mal al país, porque se tomaron muchas medidas. De entre ellas, citaré, por ejemplo, que entre 1996 y 1998 se recolectaron muestras de cerebros de 1.274 animales bovinos, ovinos y caprinos para el diagnóstico histopatológico de la encefalopatía espongiforme transmisible, la popularmente llamada enfermedad “de las vacas locas”. Todas estas medidas demostraron la ausencia de la enfermedad y de todo tipo de contagio al respecto. En 2001 se determinó que las plantas que elaboran harina de carne y de hueso de rumiantes incorporaran a sus procesos, durante veinte minutos, una temperatura de 133 grados Celsius , para eliminar la presencia de estos virus.
Las medidas adoptadas por Chile han permitido hasta ahora que nunca se haya presentado ni detectado esta enfermedad en los animales. Además, Chile ha sido evaluado por la Unión Europea como de riesgo despreciable de tener un caso de encefalopatía espongiforme bovina. Esto lo han determinado estudios en Chile y esta condición es reconocida por la Comisión Técnica de la Unión Europea, que lleva a cabo una evaluación del riesgo geográfico de Chile, que clasificó al país en el nivel 1, es decir, que es altamente improbable que el agente de esta enfermedad se presente en este país.
Por último, se tomaron nuevas medidas y en febrero de 2001 se creó la Comisión Nacional Asesora en Materia Zoosanitarias del SAG. En fin, esta información es sólo para llevar tranquilidad a la población, asegurando que nuestro país es serio y que nuestras instituciones han tomado todas las medidas para evitar el contagio de esta enfermedad.
Finalmente, en estos momentos, el paciente Hernán Uribe Cano ha sido sometido a todo tipo de exámenes, los que han arrojado la probable etiología de su síndrome, la que tendría que ver precisamente con una encefalopatía o encefalitis tuberculosa previa. Se le comenzó a administrar el tratamiento antituberculoso, por lo que ha mejorado notablemente y en estos momentos se encuentra entendiendo órdenes, con mayor movilidad de sus extremidades y recuperando la conciencia.
He dicho.
INSTRUCTIVO SOBRE ESTRATEGIAS ELECTORALES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, la semana pasada, la Décima Región quedó realmente conmocionada. La denuncia de la existencia de un instructivo de estrategias electorales emanado del intendente Vallespín , contraviene todas las normas éticas a las que debe adscribir un gobierno con respecto a sus acciones durante los períodos electorales. Esto demuestra que ellas están siendo vulneradas por personas que, al estructurar un documento de estas características, nos demuestran que no luchan por las personas que más necesitan, que no cuidan la democracia y que sólo les interesa mantener sus cuotas de poder.
Han tratado de convencernos de que se trata de una estrategia de la Concertación y no del gobierno regional. ¿Cómo se explica, entonces, que en este documento se especifique claramente que en la acción proselitista deben utilizarse y participar activamente una serie de entidades, tales como Chile Solidario, Conace , etcétera, si sólo es un documento partidario?
No somos niños. Los vecinos de nuestras comunas entendieron claramente el significado e identificaron a los responsables de su elaboración ante la denuncia valiente del diputado señor Claudio Alvarado . Quiero aprovechar la oportunidad para destacar la actitud del diputado de la Democracia Cristiana, señor Gabriel Ascencio , quien ha sido el único con capacidad autocrítica que ha calificado a este documento como una imbecilidad más del intendente. ¡Qué distinta esta actitud si la comparamos con la complicidad y la complacencia demostrada por el gobierno central, encabezado por el ministro del Interior!
El intendente falta a la verdad cuando dice: “Aquí se precisa el comportamiento que deben tener personeros públicos en períodos electorales para asegurar la probidad. Está claramente establecido que el apoyo político se debe hacer fuera del horario de trabajo.” ¿Por qué insisto el instructivo menciona a entidades públicas?
Por este motivo, pido oficiar al contralor general de la república para que investigue todas las acciones del gobernador de la provincia de Osorno, don Jaime Bertín , desde que asumió el cargo, principalmente en lo que dice relación con la correcta focalización de los recursos públicos entregados desde el nivel central, hasta el uso de los vehículos estatales. Solicito que se revisen sus cometidos funcionarios, los horarios y los lugares a los que se dirigió en el vehículo fiscal, las horas extraordinarias de él y de los funcionarios más cercanos, con el correspondiente cometido, sus viáticos y, si los hubiera, sus gastos de representación.
Asimismo, solicito que la Contraloría General de la República investigue estos mismos aspectos en los funcionarios Carlos Delgado y Clemente Riedemann , y que determine la existencia o no de instructivos especiales que se hayan emitido para estos mismos efectos en los siguientes servicios mencionados en el instructivo: Junji , Integra, Seremi de Educación y direcciones provinciales; Sernam , Justicia , Prodemu , Salud, Conace , Injuv , Chiledeportes , Comité Vida Chile y Seremi de Gobierno.
También tengo antecedentes de que el gobernador daba instructivos a los alcaldes de la provincia de Osorno para incorporar al programa Chile Solidario sólo a los partidarios de su tendencia, independientemente de los instructivos técnicos establecidos para determinar el ingreso a ese programa.
Además, solicito que se nos envíe la bitácora del traslado a nuestra provincia, y el tiempo de permanencia en ella, de los seremis, en especial del de Educación. Ésta es la vía más expedita para determinar el nivel de intervención propuesto por el intendente.
No solicitaré que se constituya una comisión investigadora respecto de este caso porque, lamentablemente, la experiencia me dice que, incluso, cuesta formarlas, ya que los parlamentarios de Gobierno, para proteger al Ejecutivo, desechan ejercer las atribuciones de fiscalización que nos entrega la ley y la Constitución Política. A la larga, esas comisiones sólo sirven para exculpar a los responsables.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
MEDIDAS PARA SOLUCIONAR CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, los continuos cortes de electricidad que afectaron a la provincia de Osorno durante los meses de verano, en particular, en marzo, me llevaron a pedir, en esa oportunidad, que se oficiara al superintendente de Electricidad y Combustibles para que adoptara las medidas tendientes a dar solución a ese problema, que provocó una serie de inconvenientes a los campesinos, por cuanto las continuas alzas y bajas de voltaje quemaron sus aparatos eléctricos que utilizan para las faenas de ordeña. Sin embargo, aún no obtengo respuesta del superintendente.
Pero también han reclamado por esa situación diversos agricultores y entidades, como la fundación Misiones de la Costa, que atiende a todo un sector de San Juan de la Costa.
Tengo en mi poder las cartas que se han enviado a la Saesa y las respuestas que ésta ha dado, las cuales pido que se adjunten al oficio que estoy solicitando. Las respuestas que entrega la Saesa a sus clientes son inexplicables. Cuando se le presentan pruebas de que los cambios de voltaje han quemado artefactos eléctricos, la Saesa responde que reconoce que ha habido daños pero no entrega soluciones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay falta de fiscalización de parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles?
Quiero leer la última carta enviada a la Saesa en la mañana de hoy en Osorno, con motivo de un corte de energía que se ha prolongado por más de veinte horas.
“Por medio de la presente, venimos a manifestar nuestro más profundo malestar por el servicio que la empresa que usted representa está entregando a sus usuarios.
“Por medio del reclamo, comunicamos a usted del corte de energía que afectó a Misión Quilacahuín, a partir de las 16.30 horas del día de ayer.
“Debemos hacer presente a usted que el personal del hospital nos ha informado que, producto del corte, se han debido suspender los tratamientos médicos. Por tal razón, deslindamos cualquier responsabilidad que pudiera surgir de tal suspensión.
“Por otra parte, debido a lo mismo, se han generado dificultades en el internado del colegio Forestal, principalmente en lo que dice relación con la preparación de la alimentación para 412 personas y la suspensión de las clases.
“Por todo lo expuesto, solicitamos a usted una solución concreta a los constantes cortes de energía.
“ Gustavo von Martens , fundación Misiones de la Costa”.
El problema que acabo de reseñar está afectando en estos momentos a esa localidad. Seguramente, la Saesa va a justificar que el corte de electricidad de ayer se produjo por los temporales que afectan a la zona. Pero los cortes también se produjeron en los meses de verano y en marzo, dificultando la vida de la gente del campo en la zona sur de Chile.
Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Economía a fin de que investigue las medidas que está adoptando el superintendente de Electricidad y Combustibles para dar solución a los cortes de energía eléctrica que afectan a la provincia de Osorno.
He dicho.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PRECISIONES SOBRE EXISTENCIA DE PRESOS POLÍTICOS EN CHILE. Oficios.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, como no hay otros diputados inscritos, ocuparé unos minutos más.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).-
Muy bien, señor diputado.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, poco antes de entrar a la Sala, en el noticiero de Chilevisión, escuché al Presidente de la República referirse a un proyecto de ley sobre indulto, que se está tramitando en el Senado, relacionado con determinada categoría de presos, respecto del cual tengo la mejor disposición de apoyarlo, fundamentalmente, por razones humanitarias, que deben guiar nuestra acción política.
Normalmente, a través de la prensa, diversos actores políticos se refieren al “proyecto de los presos políticos”. La misma expresión usó hoy el Presidente de la República para referirse a estas personas que están presas.
Más allá de la posición que uno pueda tener respecto de ese proyecto que vamos a conocer en un tiempo más en mi caso, positiva y, legítimamente, negativa en otros, creo que no se puede confundir a la opinión pública y hablar de presos políticos cuando, en realidad, no lo son.
Los presos por razones políticas son personas que son objeto de autos de procesamiento y condenas por sus actos y pensamientos políticos. Si uno revisa la experiencia y la doctrina internacional podrá constatar que las categorías de presos políticos tienen que ver con eso, pero no con personas que han participado en delitos comunes o especiales, configurados en leyes especiales, como la ley de control de armas o la ley que fija y penaliza las conductas terroristas.
En consecuencia, me parece que es un error, desde el punto de vista conceptual, confundir a la opinión pública al dar el carácter de presos políticos a personas que no tienen esa condición y que no están presas por sus ideas, sino por actos calificables, en el derecho común, como delitos comunes, y en el derecho penal especial, como delitos tipificados en leyes especiales.
Por lo tanto, quiero pedir que se oficie a los ministros de Justicia y del Interior, encargados de la justicia y de la seguridad pública, con el objeto de que nos informen si, a su juicio, en este país hay presos políticos. Creo que no es así; me tocó ejercer acciones en el desempeño de un cargo que tuve en el primer gobierno de la Concertación, tendientes a buscar la persecución procesal penal de esas personas, pero jamás se habló de presos políticos.
Es bueno clarificarlo por el bien de la comunidad y para hablar con fundamento y certeza de las categorías de presos que pueden tener determinadas personas. Ello, sin perjuicio de cómo se vote el proyecto de ley sobre indulto, propuesto por algunos senadores, respecto del cual tengo una posición favorable. Me parece que hay que llamar las cosas por su nombre.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA EXTERNA POR INSTITUCIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS. Oficios.
El señor BURGOS.-
En segundo lugar, pido que se oficie a todos los ministros, a los superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Isapres y de AFP, al vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras, a los directores de las empresas del Estado agrupadas en el Sistema de Empresas Públicas, a los directores de empresas que no están en este sistema, como Codelco, Enap, Banco del Estado, TVN y al presidente del Banco Central, con el propósito de que nos informen sobre lo siguiente: la forma en que se contratan abogados o estudios de abogados, tanto para ejercer eventuales acciones en representación de esas reparticiones o para defenderse de acciones iniciadas por terceros en su contra, como para defender o accionar en tribunales nacionales e internacionales, legales o arbitrales; si la elección del estudio profesional o del abogado que toma defensas o ejerce acciones en las categorías que he señalado se hace por licitación privada, pública o discrecionalmente; las razones esgrimidas para no contratar abogados de planta o a contrata de la repartición, es decir, de la asesoría jurídica, de la fiscalía o del Consejo de Defensa del Estado.
Quiero saber por qué se contrata a abogados externos.
Asimismo, que se oficie a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado para que me informe si esas instituciones piden la opinión de esa institución cada vez que contratan asesorías y si ello se debe a que éste, por razones de tiempo o jurídicas, no puede asumir su defensa.
Por último, que se oficie al contralor general de la República a fin de que me informe si existe alguna norma general que diga relación con la contratación de servicios jurídicos individuales o colectivos por esas reparticiones y de que me envíe copia de los decretos que dan cuenta de la contratación de estudios de abogados externos por alguna de ellas durante 2003.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE PROYECTO VIAL EL SALTO AVENIDA KENNEDY. Oficio.
El señor BURGOS.-
Para terminar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos envíe todos los antecedentes sobre la concesión vial El Salto-Avenida Kennedy , cuyo objetivo será comunicar, vía cerro San Cristóbal , a través de dos túneles, la comuna de Providencia con la de Huechuraba y otras.
El proyecto, a realizarse mediante el sistema de concesión privada, consiste en perforar el cerro para construir dos túneles de alta velocidad y una vía que irá desde Avenida El Cerro con Los Conquistadores hacia Avenida Kennedy.
Como este proyecto implica una fuerte intervención en un importante barrio de la comuna de Providencia Pedro de Valdivia Norte, quiero que nos informe sobre las razones que se tuvieron en cuenta para ocupar ese lugar geográfico, si se consideró el impacto ambiental que implicará horadar el pulmón más importante de la Región Metropolitana y las razones por las cuales no se eligió el actual eje La Pirámide, que no pasa por la comuna de Providencia.
He dicho.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de la diputada señora Carolina Tohá y de los diputados señores Juan Pablo Letelier y Silva.Reforma constitucional que otorga iniciativa popular, en la forma que indica, para la presentación de proyectos de ley. (boletín N° 3575-07)
“Considerando:
1. Que un objetivo central de la democracia es potenciar la participación de los ciudadanos en la vida cívica.
2. Que un rasgo definitorio de la calidad de una sociedad democrática está dado por la intensidad y extensión de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
3. Que, no obstante la Constitución Política de la República consagra formas de participación, una de las principales deficiencias que exhibe nuestra Carta Fundamental se refiere a la ausencia de mecanismos de participación directa de la ciudadanía en el origen de las leyes y de las disposiciones constitucionales.
4. Que la iniciativa popular de proyectos de ley y de reforma constitucional representa una institución que ha sido admitida en varias democracias del mundo y permite a los ciudadanos someter sus proposiciones a la consideración del Poder Legislativo.
5. Que la iniciativa popular se define como un acto de voluntad de una parte del cuerpo electoral, que tiene por objeto poner en marcha el procedimiento legislativo. Es el acto ciudadano de iniciación de un procedimiento, que obliga a tramitar un proyecto de ley y a resolver sobre él, respetando la exclusividad del Congreso Nacional como instancia de discusión y aprobación de todo tipo de iniciativas legislativas.
6. Que para ello es necesario modificar el articulo 62 y 116 de nuestro Texto Fundamental en el sentido de establecer que las leyes pueden tener origen no sólo por mensaje del Presidente de la República o por moción de los Diputados y Senadores, sino que también por iniciativa popular .
7. Que, si se revisa el Derecho Comparado, se podrá observar el abundante número de naciones que contemplan en sus ordenamientos jurídicos la iniciativa popular de ley, tales son los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Perú, Venezuela, a nivel americano; y Suiza, Italia, Austria, España, por nombrar algunos, a nivel europeo.
Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en proponer el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Refórmese la Constitución Política de la República en los términos que a continuación se indica:
1. Modifícase el artículo 62 en la siguiente forma:
a) Remplácese en su inciso primero la letra “o'°, que precede a la frase “por moción”, por una coma “,”.
b) Remplácese en su inciso primero el punto seguido por una coma “,” y agréguese a continuación la siguiente frase: “o por iniciativa popular”.
c) Agréguese, en el inciso primero, después del punto que sigue a la palabra “senadores”, la expresión “Las iniciativas populares deberán estar firmadas a lo menos por un número de ciudadanos no inferior al uno por ciento (1 %) de ciudadanos con derecho a voto de acuerdo a la última elección de diputados y deberá representar por lo menos a seis (6) distritos electorales y a tres (3) regiones del país.”
d) Agréguese el siguiente inciso 3°, pasando el actual a ser el 4°: “Las iniciativas populares podrán versar sobre cualquier materia del dominio legal, salvo aquellas que sean de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y podrán ser presentadas a la Cámara de Diputados.
2. Modifíquese el inciso 1° del articulo 116 en los siguientes términos: elimínese, entre las palabras “República” y “por” la letra “o”, intercalando una coma (“,”) y sustitúyase el punto final del párrafo por una coma (“ “) agregando la redacción “o por iniciativa popular.”.
Moción de las diputadas señoras Eliana Caraball y Angélica Cristi y de los diputados señores Bustos, Hales, Aníbal Pérez Tapia, Robles, García, José Antonio Galilea y Espinoza.Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados Bienes Raices sin recepción definitiva. (boletín N° 3574-14)
La Ley N° 19.932 que incorporó el artículo 138 bis al DFL N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableció la obligación, para las empresas inmobiliarias y constructoras que celebran contratos de promesa de compraventa de inmuebles cuyo destino sea vivienda, local comercial u oficina y que reciban anticipos de precio, de garantizar las sumas recibidas a través de una póliza de seguro o boleta de garantía bancaria.
Dicha exigencia representa un significativo avance y permite que los promitentes compradores tengan la certeza de que los dineros que anticipan al celebrar un contrato de promesa de compraventa están efectivamente destinados a su adquisición y que en caso de quiebra u otro que impidan el cumplimiento por parte de promitente vendedor puedan recuperar los dineros pagados a través del cobro de la garantía.
Dicha exigencia representa un significativo avance y permite que los promitentes compradores tengan la certeza de que los dineros que anticipan al celebrar un contrato de promesa de compraventa están efectivamente destinados a su adquisición y que en caso de quiebra u otro que impidan el cumplimiento por parte de promitente vendedor puedan recuperar los dineros pagados a través del cobro de la garantía.
Lamentablemente, las compañías de seguro y los bancos no han sida capaces de operar con el dinamismo que requiere el creciente negocio inmobiliario y no han dado respuesta a la creciente demanda, dado que los instrumentos previstos por la norma legal no tienen la flexibilidad para enfrentar los diversos requerimientos de las empresas inmobiliarias y constructoras, atendido su capital, tipo de obra, costo de los proyectos, pagos parciales, etc.
En atención a lo anterior se ha estimado necesario complementar dicha iniciativa legal agregando dos nuevos instrumentos, a través de los cuales el promitente vendedor pueda tener la seguridad de que la venta se hará efectiva, aún cuando no pueda disponer de los anticipos en forma inmediata, sino que sólo una vez cumplidas ciertas condiciones y el promitente comprador tenga garantizados sus anticipos. Los instrumentos que se propone incorporar son los depósitos a plazo y en cuentas de ahorro.
Tratándose de depósitos a plazo éstos quedarán en custodia del Notario hasta que el inmueble se inscriba a nombre del promitente comprador y en caso de cuentas de ahorro se regula dos situaciones, la primera de ellas en que el promitente comprador queda impedido de girar fondos de su cuenta y la segunda en que otorga un mandato a la Entidad Bancaria de manera tal que ésta pague contra avance de obras al promitente vendedor. La disposición establece que todas estas opciones serán reguladas en detalle por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Finalmente, se propone establecer que el artículo 138 bis sólo es aplicable a inmuebles que no cuentan con recepción municipal, haciendo de esta manera explicita la aplicación del mismo sólo a las denominadas “venta en verde”.
PROYECTO DE LEY
“ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley N°458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, según se señala a continuación:
1. Modifíquese el artículo 138 bis de la siguiente forma:
a. Intercálese en el inciso primero, después de la expresión “viviendas, locales comerciales u oficinas,” la frase “que no cuenten con recepción definitiva,”.
b. Intercálese a continuación de la frase “y que celebren contratos de promesa de compraventa” la siguiente frase “en los cuales el promitente comprador entregue todo o parte del precio del bien raíz”
c. Intercálese en el inciso primero a continuación de la frase “aceptada por el promitente comprador” la siguiente frase: “, salvo respecto de la parte del precio que se encuentre en depósitos a plazo tomados a favor del promitente vendedor y que se mantendrán en custodia del notario autorizante o en una cuenta de ahorro de la cual no podrá girar fondos el promitente comprador, de manera que los montos anticipados serán puestos a disposición del promitente vendedor una vez que se haya dado cumplimiento a la promesa e inscrito la propiedad a nombre del promitente comprador o en una cuenta de ahorro en que el promitente comprador otorgue un mandato a la entidad bancaria para que gire los ahorros al promitente vendedor contra avance de obras. Dichos instrumentos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, debiendo dejarse constancia de esta circunstancia en la escritura respectiva.”
d. Reemplázase en el segundo párrafo la expresión “Esta garantía” por “La garantía”.
e. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 138 bis: “En todo caso, se aplicarán las disposiciones anteriores a cualquier acto jurídico, que sustituya la promesa de compraventa, pero que implique entra de una determinada cantidad de dinero por una vivienda, local comercial u oficina, que no cuente con recepción definitiva”.
Moción de la diputada señora María Angélica Cristi y de los diputados señores Bauer, Egaña, Víctor Pérez y Varela.Precisa la manera en que se hará la consulta a la junta de vecinos respectiva, tratándose del otorgamiento, caducidad y traslado de patentes de alcoholes. (boletín N° 3576-11)
“Considerando:
1. Que, el decreto número 58 del Ministerio del Interior, publicado el 20 de marzo de 1997, define a las juntas de vecinos como “las organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades.”
2. Que, en conformidad con el texto legal citado anteriormente y en consideración a lo preceptuado por el cuerpo legal que este proyecto de ley viene en modificar, dentro de las funciones que deben cumplir estas organizaciones se encuentra la de dar su acuerdo cuando a la autoridad corresponda tomar una decisión con consulta a la respectiva junta de vecinos.
3. Que, en lo relativo a las patentes de alcoholes, el DFL 1 del Ministerio del Interior, publicado el 3 de mayo de 2002, consagra en su artículo 64 que el alcalde requiere del acuerdo del concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. Señala además que el otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas.
4. Que, en respuesta a diversas solicitudes y requerimientos planteados por distintas organizaciones vecinales del país, nos parece que es necesario formular una modificación al texto vigente en el sentido de darle un contenido especifico a la consulta que debe el alcalde realizar ante las juntas de vecinos en materia de patentes de alcoholes, de modo tal de transformar el mecanismo de consulta, desde lo que es hoy -una mera evacuación de un trámite que establece la ley -hacia lo que en esencia debe ser y en la práctica es en conformidad con la experiencia comparada: una herramienta eficaz de participación ciudadana.
Por todo lo expuesto, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“ARTÍCULO PRIMERO: Reemplácese el punto y coma (;) de la letra n) del artículo 65 del DFL N° 1 del Ministerio del Interior, publicado el 3 de mayo de 2002, (LOC de Municipalidades), por un punto seguido, y agréguese a continuación la siguiente frase:
“Esta consulta deberá estar formulada de forma tal de obtener, de parte de las juntas de vecinos que correspondan, una opinión fundamentada en relación a las materias contenidas en esta letra, con el propósito de incorporar, en la decisión municipal, todos aquellos antecedentes y datos que estas organizaciones puedan entregar”.