Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RECONOCIMIENTO DE DIPUTADA ROSA GONZÁLEZ A EXPRESIONES DE APOYO DURANTE SU ENFERMEDAD.
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INFORME SOBRE LA TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR.
- INTERVENCIÓN : Edmundo Salas De La Fuente
- INCLUSIÓN DE PROYECTO EN LA CUENTA DE LA PRESENTE SESIÓN.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TALA ILEGAL DEL ALERCE.
- INTEGRACIÓN
- Claudio Alvarado Andrade
- Carlos Recondo Lavanderos
- Javier Hernandez Hernandez
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rodolfo Seguel Molina
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Guido Girardi Lavin
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Roberto Delmastro Naso
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Jose Perez Arriagada
- INTEGRACIÓN
- RECONOCIMIENTO DE DIPUTADA ROSA GONZÁLEZ A EXPRESIONES DE APOYO DURANTE SU ENFERMEDAD.
- V. ORDEN DEL DÍA
- FOMENTO AL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- CONDECORACIÓN A EXCELENTÍSIMO SEÑOR HENRY PEASE GARCÍA , PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
- FOMENTO AL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- FOMENTO AL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Exequiel Silva Ortiz
- Osvaldo Palma Flores
- Eduardo Saffirio Suarez
- Pedro Araya Guerrero
- Alfonso Vargas Lyng
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Adriana Munoz D'albora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR.
- VII. INCIDENTES
- IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN CALAMA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Waldo Mora Longa
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- Jaime Mulet Martinez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Samuel Venegas Rubio
- Felipe Letelier Norambuena
- Jaime Quintana Leal
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Waldo Mora Longa
- INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA EJECUTAR OBRAS EN PEUMO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
- Jaime Quintana Leal
- Waldo Mora Longa
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pedro Araya Guerrero
- Jaime Mulet Martinez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Samuel Venegas Rubio
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Jose Perez Arriagada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ALCANCES SOBRE POSTURA DE CONSEJO MINERO, RELATIVA A APLICACIÓN DE ROYALTY A LA GRAN MINERÍA DEL COBRE.
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- REINCORPORACIÓN DE ALUMNO A LICEO POLITÉCNICO PUEBLO NUEVO, DE TEMUCO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- ADHESION
- Ximena Vidal Lazaro
- Felipe Letelier Norambuena
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Samuel Venegas Rubio
- Jose Perez Arriagada
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- EVALUACIÓN DE LEY SOBRE TIPIFICACIÓN DE CARNES Y ANTECEDENTES RESPECTO DE IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Jaime Quintana Leal
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Ximena Vidal Lazaro
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- RECONOCIMIENTO A CRISTALERÍAS DE CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ADHESION
- Samuel Venegas Rubio
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- APLICACIÓN DE ROYALTY A EMPRESAS MINERAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- Samuel Venegas Rubio
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- RECHAZO A INGRESO DE BARCOS FACTORÍAS EXTRANJEROS A MAR TERRITORIAL. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Samuel Venegas Rubio
- HOMENAJE A EDMUNDO PÉREZ ZUJOVIC CON MOTIVO DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
- HOMENAJE : Eduardo Diaz Del Rio
- IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN CALAMA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- Ximena Vidal Lazaro
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Carolina Toha Morales
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Juan Pablo Letelier Morel
- German Becker Alvear
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ximena Vidal Lazaro
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Felipe Letelier Norambuena
- Fernando Meza Moncada
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión Organizadora de la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur en Chile, entre los días 10 y 11 de mayo de 2004.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Hernan Larrain Fernandez
- Jaime Gazmuri Mujica
- Sergio Romero Pizarro
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jorge Martinez Busch
- Roberto Munoz Barra
- Gabriel Valdes Subercaseaux
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Lily Perez San Martin
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Laura Soto Gonzalez
- Claudio Alvarado Andrade
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Javier Hernandez Hernandez
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Juan Masferrer Pellizzari
- Waldo Mora Longa
- Edgardo Riveros Marin
- Felipe Salaberry Soto
- Exequiel Silva Ortiz
- Jorge Tarud Daccarett
- Edmundo Villouta Concha
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 1ª, en martes 8 de junio de 2004
(Ordinaria, de 11.10 a 15.04 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo; y Leal Labrin, don Antonio.
Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana, y del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia8
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
-Reconocimiento de diputadaRosa González a expresiones de apoyo durante su enfermedad11
-Informe sobre la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur11
-Inclusión de proyecto en la Cuenta de la presente sesión19
-Integración de Comisión Investigadora sobre tala ilegal del alerce19
V.Orden del Día.
-Fomento al mercado de capital de riesgo. Primer trámite constitucional19
-Condecoración al excelentísimo señor Henry Pease García, presidente del Congreso de la República del Perú30
-Fomento al mercado de capital de riesgo. Primer trámite constitucional. (Continuación)34
VI.Proyectos de acuerdo.
-Construcción de estadio de recreación para el adulto mayor44
VII.Incidentes.
-Implementación de plan cuadrante en Calama. Oficios45
-Información sobre procedimiento utilizado para ejecutar obras en Peumo. Oficio46
-Alcances sobre postura de Consejo Minero relativa a aplicación de royalty a la gran minería del cobre47
-Reincorporación de alumno a liceo politécnico Pueblo Nuevo, de Temuco. Oficios48
-Evaluación de ley sobre tipificación de carnes y antecedentes respecto de importación del producto. Oficio49
Pág.
-Reconocimiento a Cristalerías de Chile sociedad anónima. Oficios50
-Aplicación de royalty a empresas mineras. Oficios51
-Rechazo a ingreso de barcos factorías extranjeros a mar territorial. Oficios53
-Homenaje a Edmundo Pérez Zujovic con motivo de un nuevo aniversario de su fallecimiento54
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que otorga bono extraordinario, otorga beneficios previsionales, modifica el decreto ley N° 869, de 1975, y la ley N° 19.454. (BoletínN° 3549-05)56
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual manifiesta que no hará uso de la facultad establecida en el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
(Boletín N° 2787-03)63
-Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia, que califica de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3.Sobre evaluación docente. (Boletín N°3404-04)64
4.Modifica la ley N° 17.322, el Código del Trabajo y el decreto ley N° 3.500, de 1980 (Boletín N° 3369-13)64
5.Modifica la ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. (Boletín N° 2972-07)64
-Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la
urgencia, que califica de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
6.Introduce modificaciones al sistema previsional aplicable al personal de las instituciones de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. (Boletín N° 3394-02)65
7.Introduce modificaciones al sistema previsional aplicable al personal de las instituciones de las Fuerzas Armadas. (Boletín N° 3397-02)65
8.Establece un sistema de autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas. (Boletín N° 3428-06)66
9.Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. (Boletín N° 3223-04)66
10.Introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales. (Boletín N° 3278-05)66
11.Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. (Boletín N° 3021-07)67
12.Sobre bonos de descontaminación. (Boletín N° 3290-12)67
13.Regula el “lobby”. (Boletín N°3407-07)68
Pág.
14.Modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual. (Boletín N° 3461-03)68
15.Sobre discriminación racial y étnica. (Boletín N° 2142-17)68
16.Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído en la moción que modifica el Código de Conductas Parlamentarias. (Boletín N° 3462-16)69
17.Informe de la Comisión Organizadora de la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, reunida en Santiago y Valparaíso, entre los días 10 y 11 de mayo de 200474
-Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo:
18.Aprueban las enmiendas al anexo del protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI,
mediante resoluciones Mepc. 75 (40) de 1997 y Mepc. 78 (43) de 1999.
(Boletines Nºs 3511-10 y 3517-10)82
19.Aprueban diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Solas 1974);a su Protocolo de 1988 y a su Anexo; el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, adoptados por resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional y de la Conferencia de los Gobiernos Contratantes para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. (Boletines Nºs 3512-10, 3514-10 y 3516-10)87
20.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que modifica la ley 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. (Boletín N° 2972-07) (S)94
21.Segundo Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales. (Boletín N° 3278-05)102
22.Proyecto de reforma constitucional, de origen en una moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Muñoz, doña Adriana; Vidal, doña Ximena; Cristi, doña María Angélica; Tohá, doña Carolina, y Mella, doña María Eugenia, y de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Becker; Bustos y Ceroni, que refuerza la maternidad en el ámbito civil y, en particular, en el laboral. (Boletín N° 3546-07)196
23.Moción de las diputadas señoras Vidal, doña Ximena, y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Ceroni; Espinoza; Hidalgo; Letelier, don Felipe, y Meza, que modifica la ley N° 18.483, estableciendo la posibilidad de importación y comercialización de motocicletas con uso. (Boletín N° 3548-03)198
Pág.
24.Oficios de la Excma. Corte Suprema por los cuales comunica que ha dejado sin efecto, por las razones que indica, la designación de don Beltrán Urenda Zegers como miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, y que en su reemplazo se designó don Mario Acuña Cisternas, en su condición de ex primer vicepresidente de la Cámara de Diputados200
25.Oficio del Excmo. Tribunal Constitucional, por el cual comunica que se ha admitido a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad formulado en contra de ciertos artículos contenidos en el proyecto que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. (Boletín N° 2853-04)201
IX.Otros Documentos de la Cuenta.
-Nota de la diputada señora González, doña Rosa, por la cual junto con agradecer la preocupación demostrada por la Cámara de Diputados hacia su persona, indica que se encuentra en condiciones de retomar sus actividades en el día de hoy.
Contraloría General de la República
-Proyecto de ley que establece facultades en materias financieras para las universidades estatales.
-Señor Recondo, acuerdo de voluntades entre el alcalde de Puerto Montt y la empresa Mori para la realización del estudio El Panel de la Gente en la comuna de Puerto Montt.
-Señor Recondo, uso y circulación de vehículos estatales.
Ministerio del Interior
-Envía información respecto de compromiso financiero primer trimestre año presupuestario 2004, programa mejoramiento de barrios.
Intendencia Sexta Región
-Señora Sepúlveda, estado de avance proyecto de declaración zona típica y plan regulador del pueblo de Zúñiga.
Ministerio de Economía
-Señor García, necesidad de incentivar el turismo en todo el país.
-Señor Luksic, consultas relacionadas con el holding Enap.
Ministerio de Educación
-Señor Norambuena, situación de Liceo Industrial de Lota.
-Señor Navarro, petición de comunidad de Santa Juana en orden a pavimentar las calles adyacentes al nuevo liceo de esta comunidad.
-Señor García, información sobre responsables y montos de programas silvoagropecuarios, Novena Región.
-Señor Vilches, situación de los profesores.
-Señor Bertolino, montos asignados a la Escuela de Cultura y Difusión Artística Armando Dufey Blanc, de Temuco.
-Señor Ceroni, inclusión a jornada escolar completa de cursos de liceo de la comuna de Retiro.
-Señor Alvarado, proyecto de construcción y financiamiento para un establecimiento educacional en isla Talcán, provincia de Palena.
-Señor Navarro, antecedentes y convenios de cooperación, intercambio o
reciprocidad suscritos con la República de Cuba, entre 1990 a 2003.
-Señora Sepúlveda, proyecto de declaración zona típica del pueblo de Zúñiga.
Ministerio de Obras Públicas
-Cuadro resumen de oficios del MOP fechados en abril de 2004.
-Señor Álvarez-Salamanca, montos invertidos en construcción de pozos de agua en la ciudad de Cumpeo.
-Señor Jaramillo, mejoramientos viales comuna de La Unión.
-Señor Monckeberg, estudios para establecer la factibilidad de reforzar el puente Gallipao en la Octava Región.
-Señor Monckeberg, mejoramientos viales en localidad de San Javier.
-Señor Álvarez-Salamanca, reparación puente sobre el río Loncomilla.
-Señor Monckeberg, características y costos de las obras realizadas en el año 2000 para reparar el canal de regadío Quillón.
Ministerio de Agricultura
-Señor Kast, información sobre proyecto de construcción de aeródromo San Gregorio.
Ministerio de Salud
-Señor Muñoz, extensión de beneficio establecido en la ley Nº 19.937.
-Señor Burgos, información sobre utilidad de Isapres.
-Señor Bayo, mantención de convenio entre la Corporación para la Nutrición Infantil y el Servicio de Salud Araucanía Norte.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Señor Navarro, información de actividades de la empresa Bravo Energy.
-Señor Navarro, plan de manejo ambiental preliminar (Pmap) del proyecto Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco.
Municipalidades de Aysén, Retiro, Calle Larga, Valparaíso, San Javier,
Pozo Almonte, Quinta Normal, María Pinto, Padre Las Casas, Antofagasta, Purranque, Tocopilla, Curarrehue, Quilaco, Viña del Mar, Peñalolen,
Copiapó y La Pintana
-Señor Navarro, establecimientos clausurados por aplicación de nueva ley de alcoholes.
Municipalidad de Quillón
-Señor Monckeberg, instalación de señalética frente al Colegio Amanda Chávez Navarrete, comuna de Quillón.
Consejo de Defensa del Estado
-Señor Delmastro, querella Fosis contra Consultora I.D.S Ltda.
-Señor Ulloa, actuación de procurador del Consejo de Defensa del Estado.
Municipalidad de San Joaquín
-Señor Rojas, pronunciamiento sobre el pago de costos en evaluación docente.
Municipalidad de Coelemu
-Programa de mejoramiento de Barrios.
Dirección de Presupuestos
-Balances de Gestión Integral 2003 de los Servicios Públicos.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Tapia Martínez, Boris
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Patricio Cornejo y Jorge Tarud.
-Asistió, además, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, señor Francisco Huenchumilla.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor LORENZINI (Presidente) .- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente) .- El acta de la sesión 85ª de la legislatura extraordinaria se declara aprobada.
El acta de la sesión 86ª, de la misma legislatura, queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente) .- Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
RECONOCIMIENTO DE DIPUTADA ROSA GONZÁLEZ A EXPRESIONES DE APOYO DURANTE SU ENFERMEDAD.
El señor LORENZINI (Presidente) .-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González , a quien le damos nuestra bienvenida al hemiciclo.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente, estimados colegas: en estos momentos resulta muy difícil para mí hilar palabras, puesto que me embarga una profunda emoción cargada de muchos sentimientos difíciles de expresar; emoción de estar nuevamente en este hemiciclo junto a mis colegas luego de una larga ausencia debido a las complicadas intervenciones a las cuales fui sometida.
Por ello, sólo tengo sentimientos de cariño e infinitos agradecimientos. A Dios, por permitirme la oportunidad de renacer; a mi familia, por su gran apoyo diario en las largas jornadas de rehabilitación. Gracias, también, a todos y a cada uno de los presentes; a la gente de mi distrito; a la prensa, por su respeto en el manejo de la información relacionada con mi dolencia; a los secretarios de Comisiones y a todos quienes conforman esta gran Corporación, por todas las manifestaciones de cariño en esos difíciles momentos en que cada palabra y demostración de afecto resultó ser el mejor de los medicamentos para mi mejoría.
Sería muy extenso nombrarlos a todos. Por eso, tan sólo puedo decir que en lo más profundo de mi corazón sólo tengo sentimientos de gratitud e infinito cariño, pues cada uno ha contribuido a mi franca recuperación, que hoy me permite retomar mis actividades parlamentarias.
Gracias, nuevamente, por todo el apoyo, el cual, indudablemente, llevaré por siempre en mi mente y en mi corazón.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LORENZINI (Presidente) .-
Gracias a usted, diputada Rosa González , y nuevamente le hacemos extensivos el respaldo, ánimo y apoyo de todas las bancadas presentes en la Cámara de Diputados.
INFORME SOBRE LA TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para rendir el informe sobre la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, efectuada en nuestro país hace algunas semanas, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Edmundo Salas .
El señor SALAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco infinitamente al secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor Federico Vallejos , por su activa y eficiente participación como secretario de la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, realizada en Chile entre los días 10 y 11 de mayo pasado.
Rindo este informe, también, en nombre de mi colega Claudio Alvarado , quien, al igual que yo, estuvo a cargo de la organización de este evento.
La Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur fue establecida en el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como uno de los órganos del Mercosur, integrado por representantes de los parlamentos nacionales de los cuatro países fundadores de este esquema subregional de integración.
Según lo dispuesto por el Tratado de Asunción, a la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur le corresponde procurar acelerar los procedimientos internos correspondientes en los Estados parte para la pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur; coadyuvar en la armonización de legislaciones, tal como lo requiera el avance del proceso de integración, y examinar los temas prioritarios que le someta el Consejo del Mercosur, órgano superior del Mercosur, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y por los ministros de Economía de los Estados parte.
II. Participación del Congreso Nacional de Chile en la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
A partir del 2000, cuatro años después de la celebración del Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y el Mercosur y de la adhesión de nuestro país, entre otros instrumentos, a la “Declaración sobre Compromiso Democrático del Mercosur”, el Congreso Nacional de Chile se incorpora a los trabajos de la Comisión Parlamentaria Conjunta y, desde esa fecha, ha participado en las diversas reuniones convocadas en los cuatro países parte del Mercosur, con el estatuto de Parlamento asociado, del mismo modo como lo han estado haciendo las delegaciones parlamentarias de Perú y de Bolivia.
Tal participación nacional en las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta se funda en las proposiciones que ha formulado la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana para que la honorable Cámara declare las relaciones con los parlamentos nacionales de los países parte del Mercosur como una de las prioridades en sus relaciones internacionales. Para tal efecto, la honorable Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento ha dispuesto que la representación de la Corporación en las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur sea asumida por un diputado de cada una de las siguientes bancadas: del Partido Unión Demócrata Independiente, del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Renovación Nacional y del Partido por la Democracia.
De tal modo, para la representación actual de la honorable Corporación en las reuniones de la Comisión, las respectivas bancadas han designado a los honorables diputados Javier Hernández Hernández , Edmundo Salas de la Fuente, Francisco Bayo Veloso y Felipe Letelier Norambuena .
III. Convocatoria, actividades y principales materias tratadas en la Tercera Reunión de Presidentes de las Secciones Nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
a)Convocatoria.
La tercera reunión de Presidentes de las Secciones Nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta, realizada en Santiago y Valparaíso, entre los días 10 y 11 de mayo, fue la primera que se efectúa fuera del territorio de los cuatro países miembros plenos del Mercosur, lo que para el Congreso Nacional de Chile ha constituido una distinción política de especial importancia, valorada plenamente por los parlamentarios chilenos dada la prioridad que la honorable Corporación asigna a sus relaciones con los parlamentos nacionales de los países miembros y asociados a este esquema de integración subregional.
Conforme a los estatutos internos de la Comisión, ella fue convocada por su presidente pro tempore, honorable diputado Alfredo Atanasof , integrante de la Cámara de Diputados de la República de Argentina, y tuvo por objetivos principales analizar los mecanismos de consulta entre esta instancia parlamentaria y el Consejo del Mercosur y la institucionalización del Parlamento del Mercosur.
Además del honorable diputado Atanasof , presidente pro tempore de la Comisión, participaron en la reunión los siguientes parlamentarios:
1)Honorable diputado Flosrisvaldo Rosinha , presidente de la sección brasileña de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, integrante de la Cámara de Diputados de Brasil;
2)Honorable senador Alfonso González Núñez , presidente de la sección paraguaya de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, integrante del Senado de Paraguay;
3)Honorable diputado Ricardo Berois , jefe de la delegación parlamentaria uruguaya, integrante de la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay;
4)Honorable congresista Eduardo Salhuana , jefe de la delegación parlamentaria peruana, integrante del Congreso de la República del Perú;
5)Honorable senador Ricardo Taffarel , integrante del Senado de la República de Argentina;
6)Honorable diputada Mirta Rubini , integrante de la Cámara de Diputados de la República de Argentina;
7)Honorable diputado Leopoldo Moreau , integrante de la Cámara de Diputados de la República de Argentina;
8)Honorable diputado Pablo Mieres , integrante de la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay;
9)El señor Óscar Casal , secretario ejecutivo de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur; la señora Gabriela Basaistegui , asistente técnica; el embajador señor Félix Peña y el señor José Luis Maurizio , asesores de la Presidencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur; el señor Leandro Etchichury , secretario de la delegación parlamentaria argentina; la señora María Claudia Drummond y el señor Antonio Ferreira , asesora y secretario, respectivamente, de la delegación parlamentaria brasileña; el señor Edgar Lugo , secretario del presidente de la delegación parlamentaria paraguaya, y los señores Juan Arraga y Álex Cofone , secretario de la delegación parlamentaria uruguaya.
Por el honorable Senado de Chile participaron los excelentísimos senadores señores
Hernán Larraín Fernández y Jaime Gazmuri Mujica , presidente y vicepresidente del honorable Senado, respectivamente; el honorable senador señor Sergio Romero Pizarro , presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y los honorables senadores integrantes señores Juan Antonio Coloma Correa , Jorge Martínez Busch , Roberto Muñoz Barra y Gabriel Valdés Subercaseaux .
Por la Cámara de Diputados participaron, en las reuniones de la Comisión, la honorable diputada señora Isabel Allende Bussi , presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; las honorables diputadas señoras María Eugenia Mella Gajardo , Lily Pérez San Martín , Alejandra Sepúlveda Orbenes y Laura Soto González , y los honorables diputados señores Claudio Alvarado Andrade , Francisco Bayo Veloso , Javier Hernández Hernández , Gonzalo Ibáñez Santa María , Carlos Abel Jarpa Wevar , Carlos Ignacio Kuschel Silva , Juan Masferrer Pellizzari , Waldo Mora Longa , Edgardo Riveros Marín , Felipe Salaberry Soto , Exequiel Silva Ortiz , Jorge Tarud Daccarett , Edmundo Villouta Concha y quien habla, en su condición de diputado presidente de la Comisión Organizadora y jefe de la delegación parlamentaria chilena.
Señor Presidente, como todavía faltan varias carillas de este informe, para no cansar a la Sala con su lectura, solicito que el resto del texto se inserte en el boletín de sesiones.
Agradezco a todos los países miembros permanentes del Mercosur por acordar realizar esta reunión por primera vez en nuestro país.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Gracias, diputado Salas .
El resto del informe se incorporará al boletín de sesiones, de manera que su texto completo quedará a disposición de los señores diputados interesados.
-El texto restante del informe que se acordó insertar es el siguiente:
“b) Actividades y principales materias tratadas durante las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta.
Las actividades de los parlamentarios del Mercosur asistentes a la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta, desarrolladas durante el día lunes 10 de mayo de 2004, en Santiago, tuvieron por objeto celebrar encuentros con los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, con autoridades de Gobierno, parlamentarios y dirigentes de los partidos políticos destinados a conocer opiniones y experiencias sobre la participación de Chile en el Mercosur e informar sobre las iniciativas que la Comisión Parlamentaria Conjunta impulsa para fortalecer este modelo de integración.
En las reuniones efectuadas el día 11 de mayo de 2004, en Valparaíso, en la Sala de Conferencias Inés Enríquez Fröedden, de la Cámara de Diputados, los parlamentarios de los países parte del Mercosur y de los países asociados se ocuparon de los asuntos propios de inserción en la estructura institucional del Mercosur.
b.l) Principales materias tratadas en reuniones con autoridades, parlamentarios y dirigentes políticos.
Los presidentes de la Comisión Parlamentaria Conjunta; legisladores del Mercosur y los jefes de las delegaciones celebraron, en el orden que se indica, reuniones con las autoridades, parlamentarios y dirigentes políticos siguientes:
1)El Presidente y el Vicepresidente del Senado, excelentísimos senadores Hernán Larraín Fernández y Jaime Gazmuri Mujica ;
2)El Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, honorable diputado Antonio Leal Labrín ;
3)La ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear Valenzuela ;
4)El director de Asuntos Bilaterales de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), embajador Mario Matus ;
5)Con parlamentarios y dirigentes de los partidos políticos de la Concertación:
-Por el Partido Demócrata Cristiano participan la honorable diputada María Eugenia Mella y los honorables diputados Waldo Mora Longa y Edmundo Villouta Concha , más el suscrito.
-Por el Partido por la Democracia participan los señores Edison Barría y Claudio Henríquez , miembros de la comisión internacional del partido;
-Por el Partido Socialista participa el señor Humberto Vega , presidente de la comisión de economía del partido, y el señor Guido Camu , secretario nacional de comunicaciones, y
-Por el Partido Radical Social Demócrata participan el honorable diputado Carlos Abel Jarpa Wevar y el señor Mario Papi , vicepresidente del partido.
6)Con Parlamentarios y dirigentes de la Alianza por Chile:
-Por el Partido Unión Demócrata Independiente participan el honorable senador Juan Antonio Coloma Correa y los honorables diputados Javier Hernández Hernández y Felipe Salaberry Soto , y
-Por el Partido Renovación Nacional, los honorables diputados Francisco Bayo Veloso y Carlos Ignacio Kuschel Silva .
Por otra parte, los presidentes de las secciones nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta fueron recibidos, separadamente, por las Comisiones de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados y del honorable Senado.
En estas reuniones políticas y parlamentarias, los parlamentarios del Mercosur pusieron especial énfasis en conocer la experiencia chilena en la negociación y aplicación de los acuerdos de libre comercio, particularmente con los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Canadá y México .
Además, destacaron su interés en perfeccionar los procedimientos de participación de los parlamentos de los países asociados en los trabajos de la Comisión Parlamentaria Conjunta, a fin de coordinar acciones legislativas comunes en materias que tengan particular interés para la integración dichos países en el Mercosur. En este sentido, se sostuvo reiteradamente la conveniencia de que los parlamentarios designados para representar a sus corporaciones en las reuniones de la Comisión reciban mandatos por períodos de tiempo que les den continuidad en la función, con miras a lograr una mayor especialización en los asuntos de interés para Mercosur.
En este plano, se hizo notar que las expectativas que se generaron al constituir el Mercosur no se han concretado, y que, por ello, es aconsejable buscar un mecanismo de diagnóstico de fortalezas y debilidades, sin segundas lecturas. Para ello, se consideró necesario analizar con detenimiento las causas de la frustración, mediante un diálogo parlamentario que fortalezca el Mercosur, superando, incluso, las dificultades que presenta para nuestros parlamentarios tener una participación como Parlamento Asociado.
Los parlamentarios chilenos manifestaron su voluntad de impulsar iniciativas concretas en el marco del Mercosur y dispuestos a generar consensos y confianzas que fortalezcan una voluntad real de integración.
Por otra parte, los parlamentarios del Mercosur hicieron notar que este esquema, originalmente concebido como un modelo de integración económica, estaba orientando su acción actual hacia una mayor integración política entre los Estados parte y países asociados del Mercosur. Al respecto, se recordó la experiencia de la Unión Europea, en cuyo esquema institucional son los parlamentarios los que asumen la iniciativa en la solución de los problemas que pueden entrabar su desarrollo.
En ese contexto, siguiendo las experiencias de la diplomacia parlamentaria latinoamericana y europea, se propuso que en el Congreso Nacional de nuestro país se constituya una comisión bicameral que se ocupe de apoyar la participación nacional en los órganos del Mercosur, especialmente en las decisiones que se adopten a propósito de las consultas que le formule a la Comisión Parlamentaria Conjunta el Consejo de Ministros del Mercosur.
Finalmente, en estas reuniones políticas y parlamentarias, el presidente pro tempore de la Comisión anunció la decisión adoptada recientemente en Asunción, Paraguay, para modificar de los estatutos con el objeto de mejorar las modalidades de participación de los parlamentos de los países asociados.
b.2) Materias tratadas en la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
La Tercera Reunión de Presidentes de las Secciones Nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta sesionó el martes 11 de mayo de 2004, en la Sala de Conferencias “ Inés Enríquez Fröedden ”, de la honorable Cámara, a partir de las 10.30 horas, ocupándose de la proposición de las delegaciones parlamentarias de Argentina y de Brasil para adoptar el Protocolo de Institucionalización del Parlamento del Mercosur, iniciativa destinada a ser propuesta a la Cumbre de Jefes de Estado de los países parte y países asociados al Mercosur.
El texto de este instrumento se anexa a este informe.
IV. Proposición a la honorable Camara:
En mérito de lo expuesto;
Atendida la conveniencia de perfeccionar los mecanismos internos establecidos para la representación de la honorable Cámara en la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur;
Considerando la prioridad que la honorable Cámara le asigna a las relaciones internacionales con los países parte y los países asociados al Mercosur, y
Visto que durante la reunión de presidentes de las secciones nacionales de los países parte de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y de legisladores de los países asociados, efectuada en Chile, entre el 10 y el 11 de mayo de 2004, hubo consenso entre las autoridades parlamentarias y parlamentarios chilenos sobre la conveniencia de institucionalizar en forma permanente la representación del Congreso Nacional de Chile en las reuniones parlamentarias del Mercosur, conforme a los principios de la continuidad y especialización en el tratamiento de los asuntos sometidos a su consideración.
La Cámara de Diputados aprueba el siguiente
Proyecto de acuerdo:
1ºProponer al Senado constituir entre la Cámara de Diputados y el Senado una comisión bicameral paritaria, con presidencia bianual alternada, encargada de estudiar los asuntos que interesen al proceso de integración subregional institucionalizado en el Mercosur y de formular los proyectos de resoluciones o decisiones que correspondan a los objetivos de las relaciones internacionales del país, y
2ºMantener en el ínterin la representación de la Cámara de Diputados en la forma convenida en el acuerdo marco que prioriza las relaciones internacionales de la Corporación, precisando que las bancadas de diputados deberán designar a sus representantes en las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur conforme a los principios de la continuidad y especialización”.
“Anteproyecto de protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur.
Artículo 1º.- Establecimiento del Parlamento del Mercosur. La composición, competencias y funcionamiento del Parlamento del Mercosur se rigen por el presente Protocolo.
Artículo 2º.- Principios. Son principios generales del Parlamento del Mercosur:
1.La representación de los ciudadanos del Mercosur, respetando la pluralidad ideológica y política de sus pueblos;
2.La consolidación de la integración latinoamericana mediante la ampliación del Mercosur, la defensa de la democracia, la libertad, el respeto a las minorías y los derechos de sus ciudadanos;
3.La prevalencia de los derechos humanos y la justicia;
4.la solidaridad y la cooperación internacional, reforzando los principios de igualdad entre los Estados, de no intervención y de solución pacífica de los conflictos internacionales;
5.El repudio a todas las formas de discriminación, especialmente las relativas al género, la raza, la religión, la nacionalidad y la edad;
6.El cumplimiento de los compromisos del Mercosur y de los instrumentos para la constitución del Mercado Común, especialmente la libre circulación intrazona, la política comercial común, la coordinación de políticas y la armonización de legislaciones.
Artículo 3º.- Composición.- Los miembros del Parlamento del Mercosur se denominan “Legisladores del Mercosur”.
La composición del Parlamento se ajusta a las siguientes normas:
1.A partir de la entrada en vigencia del presente Protocolo, el Parlamento del Mercosur está integrado por dieciséis (16) representantes de cada Estado parte, designados por los respectivos Congresos nacionales de entre sus miembros.
2.El mandato de los representantes referidos en el inciso anterior será de cuatro años.
3.Cada Estado parte procurará una adecuada representación de sus fuerzas políticas, una apropiada representación por género, como así también de las distintas regiones de cada país.
4.La extinción del mandato federal no acarrea la pérdida del mandato en el Parlamento del Mercosur, salvo en el caso de inhabilitación. [1]
Artículo 4º.- Atribuciones y competencias. El Parlamento del Mercosur tendrá las siguientes atribuciones y competencias:
1.Velar por la preservación y el fortalecimiento de los principios de la democracia representativa en el funcionamiento del Mercosur y de sus instituciones.
2.Contribuir a asegurar la más amplia transparencia y participación de todos los sectores sociales a través de sus instituciones representativas, en la preparación y adopción de las normas de Mercosur.
3.Procurar acelerar los procedimientos internos correspondientes en los Estados parte para la pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur y, en los casos que correspondiera, para la rápida aprobación de la respectiva legislación nacional.
4.Identificar los requerimientos de armonización de legislaciones nacionales que surjan del desarrollo del Mercosur y contribuir a lograr los objetivos que se acuerden en la materia.
5.Emitir declaraciones, recomendaciones y dictámenes en las materias de sus competencias.
6.Responder a las consultas que le efectúen los órganos competentes del Mercosur y, en tales casos, emitir su opinión fundada, a través del Grupo Mercado Común, para la consideración del Consejo del Mercado Común.
7.Realizar sesiones con la participación de autoridades de los órganos del Mercosur, convocados especialmente al efecto.
8.Establecer relaciones de cooperación con instituciones parlamentarias similares y celebrar los convenios necesarios a tales efectos.
9.Asegurar la mayor difusión sobre sus actividades y sobre el funcionamiento del Mercosur, en las materias de sus competencias.
Artículo 5º.- Reglamento Interno. El Parlamento del Mercosur elaborará su propio Reglamento Interno.
Artículo 6º.- Reuniones. El Parlamento del Mercosur se reúne en forma ordinaria al menos dos veces por semestre. Puede reunirse extraordinariamente a pedido de la mayoría de las secciones nacionales o a solicitud del Consejo del Mercado Común.
Artículo 7º.- Deliberaciones y toma de decisiones. El Parlamento del Mercosur delibera y adopta sus decisiones de acuerdo a lo que se estipula a continuación:
Para sesionar oficialmente, deben estar presentes todas las secciones nacionales, con un mínimo de 6 (seis) miembros de cada una de ellas y de al menos un miembro de la mesa ejecutiva de cada Sección.
Durante esta etapa las decisiones se adoptan por mayoría simple de cada una de las delegaciones de los Estados parte.
El Parlamento del Mercosur sesiona con el quórum que disponga su Reglamento Interno.
Asimismo, se rige por ese Reglamento el método de adopción de decisiones, que tiende a fortalecer el voto individual por parlamentario, a fin de lograr una mayor interacción de legisladores de diferente procedencia y la conformación de bloques o familias políticas.
Artículo 8º.- Estructura. El Parlamento del Mercosur regulará mediante su Reglamento Interno el funcionamiento de una Mesa Directiva y de sus respectivas Secretarías Parlamentaria y Administrativa.
Para el cumplimiento de sus funciones el Parlamento del Mercosur puede establecer Comisiones temáticas respetando la representación proporcional de los Estados y de las fuerzas políticas que actúan en su seno.
El Reglamento Interno establecerá la periodicidad de las reuniones de la Mesa Directiva y de las Comisiones temáticas.
Artículo 9.- Sede. Los Estados parte determinarán la sede del Parlamento del Mercosur.
El Estado parte donde esté ubicada la sede del Parlamento del Mercosur firmará un Acuerdo-Sede que defina las normas relativas a los privilegios, las inmunidades y las exenciones tributarias, de conformidad con la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, de 1961.
Artículo 10.- Privilegios e inmunidades. Los miembros del Parlamento del Mercosur gozan de los derechos, privilegios e inmunidades que se les conceden a los agentes diplomáticos, según lo determina la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961.
Queda prohibida la institución de cualquier tipo de mandato imperativo a los miembros del Parlamento del Mercosur.
El mandato de los miembros del Parlamento Mercosur es inviolable civil o penalmente, por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos.
Artículo 11.- Estados asociados. Los Estados asociados al Mercosur tienen representación en el seno del Parlamento del Mercosur en carácter de observadores, con voz y sin voto.
Artículo 12.- Nuevos miembros. Los países que se incorporen como Estados parte de acuerdo a lo previsto en el art... del Tratado de Asunción al Mercosur en el futuro tendrán la correspondiente representación en el Parlamento en virtud de lo establecido en el artículo 3º de este Protocolo.
Artículo 13.- Presupuesto. Los Estados parte, a partir de la fecha de la aprobación del presente Protocolo, deberán prever una partida anual en sus respectivos presupuestos nacionales para el adecuado funcionamiento del Parlamento del Mercosur.
Artículo 14.- Solución de controversias. Las controversias que surjan por la interpretación o aplicación del presente Protocolo serán sometidas al sistema general de Solución de Controversias vigente en el Mercosur.
Artículo 15.- Adhesión y denuncia. La adhesión o denuncia al presente Protocolo se rigen por las normas establecidas en el Tratado de Asunción.
Artículo 16.- Vigencia. El presente Protocolo entra en vigencia treinta (30) días después del depósito del cuarto instrumento de ratificación. El Gobierno de la República del Paraguay notifica a los Gobiernos de los demás Estados parte la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación y la de entrada en vigor del presente Protocolo.
Artículo 17.- (Cláusula Revocatoria). Quedan revocadas todas las disposiciones del Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991, y del Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994, que entren en colisión con los términos del presente Protocolo. [2]
Artículo 18.- Disposición Transitoria. Proponer a los gobiernos de los Estados parte las modificaciones que pudieran requerirse en este Protocolo, a efectos de procurar su funcionamiento más eficaz, una adecuada representatividad y la atribución de competencias acordes con el pleno desarrollo del Mercosur”.
INCLUSIÓN DE PROYECTO EN LA CUENTA DE LA PRESENTE SESIÓN.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Según lo acordado por los Comités, solicito el asentimiento unánime de la Sala para incluir en la Cuenta de la presente sesión el proyecto de ley que otorga un bono extraordinario y beneficios previsionales y modifica el decreto ley Nº 869, de 1975, y la ley Nº 19.454, el cual se remitiría a la Comisión de Hacienda.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TALA ILEGAL DEL ALERCE.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión investigadora relativa a la tala ilegal del alerce a los diputados señores Claudio Alvarado, Carlos Recondo, Javier Hernández, Gastón Von Mühlenbrock, Gabriel Ascencio, Rodolfo Seguel; la diputada señora María Eugenia Mella, y los diputados señores Guido Girardi, Leopoldo Sánchez, Carlos Ignacio Kuschel, Roberto Delmastro, Fidel Espinoza y José Pérez.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
FOMENTO AL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO. Primer trámite constitucional.
El señor LORENZINI (Presidente) .-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el segundo informe de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Rodrigo Álvarez .
Antecedentes:
-Segundo Informe de la Comisión de Hacienda, boletín Nº 3278-05. Documentos de la Cuenta Nº 21, de esta sesión.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señores diputados, hoy vamos a continuar con el debate de este proyecto hasta las 12.15. A esa hora se suspenderá la sesión para recibir al Presidente del Congreso de la República del Perú y a su delegación de parlamentarios. Reanudaremos esta sesión, aproximadamente, a las 12.45 horas.
El próximo martes, si queda todavía algún parlamentario inscrito, se terminará con el debate y votará el proyecto en particular. Así, daremos tiempo para que los diputados que no han participado en las respectivas comisiones, puedan tomar conocimiento e interiorizarse en detalle sobre un tema bastante complejo.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez , informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, me corresponde dar a conocer el segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales.
Dado lo extenso del informe, me referiré sólo a las normas más relevantes y a los temas más discutidos en la Comisión de Hacienda.
Como se recordará, en la sesión 64ª, de 30 de marzo de 2004, la Sala aprobó en general este proyecto y lo envió a la Comisión de Hacienda para un segundo informe, debido a la presentación de indicaciones y al hecho de que algunas materias requerían de un segundo pronunciamiento de la Comisión.
En este trámite, sólo fueron sometidas a discusión y votación las indicaciones formuladas al texto aprobado por la Comisión en su primer informe. Se dieron por aprobadas todas las demás disposiciones, en los mismos términos en que lo fueron en ese informe.
Por su parte, los artículos 14, 15 y 16 que se someten a consideración de la Comisión corresponden a las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y que, fundamentalmente, tratan materias relacionadas con el nuevo modelo de prenda creado por el proyecto, adecuaciones a los antiguos sistemas de prenda de nuestra legislación y algunas materias relativas a las preferencias y prelación de créditos.
En el texto del informe constan las disposiciones que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones, las disposiciones modificadas, las suprimidas y las nuevas, relativas a la sociedad de responsabilidad limitada por acciones, que fueron tratadas de forma distinta de la que planteaba el informe original.
Asimismo, hubo una serie de indicaciones rechazadas o retiradas por los diputados que las habían presentado; otras fueron declaradas inadmisibles porque, en algunos casos, involucraban mayor gasto fiscal, y, en otros, porque se alejaban de las ideas matrices del proyecto.
Es importante destacar que existen normas que requieren quórum especial para su aprobación. Por ejemplo, requieren quórum de ley orgánica constitucional los numerales 1) y 3) del artículo 3º y el inciso tercero del artículo 28 incorporado en el artículo 16; requieren quórum calificado las letras b) y d) del numeral 6) del artículo 4º; las letras a), b) y c) del numeral 7) del artículo 4º; el artículo 38 incorporado en el numeral 8) del mismo artículo 4º, y otras que se reseñan en el informe.
El proyecto modifica el artículo 18º quáter del decreto ley Nº 824, de 1974, sobre impuesto a la renta; el artículo 9º del decreto ley Nº 3.475, de 1980, sobre el impuesto de timbres y estampillas; el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, ley general de bancos; el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, sobre compañías de seguros; el decreto ley Nº 3.500, de 1980, sobre nuevo sistema de pensiones; la ley Nº 19.795, que modificó el decreto ley Nº 3.500, en materia de inversión de los fondos de pensiones; la ley Nº 18.045, sobre mercado de valores; la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas; la ley Nº 18.815, sobre fondos de inversión; el decreto ley Nº 3.538, sobre la Superintendencia de Valores y Seguros; la ley Nº 18.876, sobre depósito y custodia de valores; el decreto ley Nº 1.328, de fondos mutuos; la ley Nº 19.281, que contiene normas sobre fondos para la vivienda; el artículo 2.489 del Código Civil; la ley Nº 18.175, que modifica la ley de quiebras y fija su nuevo texto; el Código de Comercio, y, además, se crea una nueva ley que regula la institución jurídica de la prenda sin desplazamiento. Sobre la base de esas diecisiete normas jurídicas, la Sala puede tener un criterio de la amplitud de esta modificación legal, que se ha conocido -por la misma razón-, como la reforma al mercado de capitales número dos. Abarca desde normas centrales institucionales en materia civil, como puede ser la prenda sin desplazamiento, las normas de prelación, pasando por el estatuto de la regulación de la empresa de crisis, como es la ley de quiebras, para terminar en normas centrales y fundacionales de nuestro Código de Comercio, al interior de sociedades anónimas y la ley de mercados de valores.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Gustavo Arriagada , intendente de Bancos; Andrés Cuneo , fiscal de la Superintendencia de AFP; Ignacio Errázuriz , director jurídico de la Superintendencia de Bancos; Robert Rivas , jefe del departamento de Análisis y Estadísticas de la Superintendencia de AFP. Asimismo, un equipo multidisciplinario encabezado por don Heinz Rudolph , quien llevó estas conversaciones en el Ministerio de Hacienda.
Cabe destacar que la Comisión de Hacienda -presidida por el diputado Camilo Escalona - trató de compatibilizar las distintas posiciones surgidas en el debate de la Sala, y, a través de la presentación de indicaciones, buscó llegar a acuerdos entre representantes del Ejecutivo, de la Concertación y de la Alianza por Chile.
Muchas de estas disposiciones fueron consensuadas y votadas en forma unánime.
Sin perjuicio de ello, obviamente también hay normas que no alcanzaron ese consenso y, por lo tanto, fueron votadas con los resultados que más adelante mencionaré.
La Comisión también se pronunció respecto de las indicaciones presentadas en la Sala y en la Comisión, tanto por diputados como por el Ejecutivo, y de la proposición de la Comisión de Constitución.
Indicaciones presentadas por parlamentarios fueron retiradas como consecuencia del acuerdo logrado entre el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación y de la Alianza por Chile:
Es importante tener claridad sobre qué materias finalmente serán sometidas a la discusión de la Sala. Me permito resumirlas en siete u ocho grandes temas.
En primer lugar, en materia de la ley general de bancos, la disposición más discutida y sobre la cual no hubo acuerdo, y que, por tanto, tendrá que ser definida y votada en la Sala, es la que dice relación con la regulación de las tarjetas de crédito de las casas comerciales y de su eventual fiscalización. Cabe señalar que hay total acuerdo en la Comisión en que debe existir una fiscalización para las mismas, en que debe existir una normativa, toda vez que tiene un impacto en el sistema de medios de pago y conlleva un riesgo en el mercado crediticio. No hubo acuerdo entre el Ejecutivo y los parlamentarios de la Alianza por Chile sobre cuáles son los elementos que gatillan la necesidad de esa supervigilancia. Para el Ejecutivo, bastaría con fiscalizar las tarjetas de las casas comerciales que tengan una participación importante como sistema de pago; para nosotros, debería agregarse a eso mismo la existencia de crédito, porque, al menos, no se ve -larga discusión tuvimos en la Comisión de Hacienda- cuál debería ser el alcance o no en cuanto a ser fiscalizadas, supervigiladas si no existe crédito en la relación entre la tarjeta y el cliente.
La Sala deberá pronunciarse sobre atribuciones para la delegación de la nueva licencia bancaria. En esta propuesta, el Ejecutivo mantiene su voluntad de consultar al Banco Central y, al mismo tiempo, de establecer una serie de normas que permitan la acción conjunta de los distintos superintendentes, a través de reuniones o de acciones concertadas.
También en la ley general de bancos hubo modificaciones, gran parte de ellas aprobadas por unanimidad en cuanto a las reservas técnicas de las filiales bancarias.
El segundo gran tema de que trata el proyecto dice relación con la ley de seguros, materias de reajustabilidad, con base en los mismos términos en que estaban sometidas las modificaciones de las compañías de seguros, en cuanto a la existencia de una amplia posibilidad de que participen en el mercado crediticio. Esta es una de las cosas que más va a interesar a esta Sala: la posibilidad de que, a través de préstamos de consumo mutuo, puedan participar en el mercado crediticio las compañías de seguros con cargo a sus propios recursos. En estas normas se llegó a pleno acuerdo en la Comisión, y ésta sugiere que se aprueben.
Otra materia acordada de la Comisión dice relación con las condiciones en que se produce un arbitraje obligatorio por los problemas que puede haber entre el asegurado y la compañía, lo que implicaría un arbitraje obligatorio por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. También hubo acuerdo sobre una mejor regulación de ciertas operaciones relacionadas con las compañías de seguros.
El tercer tema dice relación con la modificación del decreto ley Nº 3.500, uno de los cuerpos legislativos más relevantes del proyecto del Gobierno, conocido como mercado de capitales II. En esta materia se acordó realizar una mejor regulación de la tributación por parte de las compañías en los casos de ahorro previsional voluntario. Asimismo, se logró un acuerdo, bastante discutido por los diputados Tuma y Jaramillo , sobre la custodia de títulos en materia del decreto ley Nº 3.500. Además, en forma parcial, acerca de lo que dice relación con las nuevas atribuciones del administrador provisional de los fondos de pensiones. Al respecto, quiero destacar que el tema lo dividimos en dos grandes materias: Primero, los integrantes de la Comisión acordaron establecer las condiciones para tomar acciones, debido a la reciente experiencia de intervenir una sociedad Administradora de Fondo de Pensiones. Y, segundo, regular adecuadamente el procedimiento cuando -sin posibilidades de mayor discusión- intervenga directamente en la administración un administrador provisional, materia que se trató en forma distinta de la presentada en el primer informe, sin llegar a acuerdo. Sí se reestructuraron totalmente la forma y las condiciones pertinentes para que un administrador provisional tomara el control de la sociedad que administre los fondos de pensiones.
En cuarto lugar, y a continuación de las materias relativas a las leyes general de bancos, de compañías de seguros y del decreto ley Nº 3.500, y dispuesto a contestar las preguntas específicas que pudiera formular algún diputado presente en la Sala -es la única forma de presentar adecuadamente el gran conjunto de modificaciones que viene a continuación-, se estudió una serie de modificaciones a la ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores. Muchas de ellas, incorporadas en la modificación a la ley de Mercado de Valores, coincidieron con las propuestas que, en su momento, realizó la Comisión Investigadora del caso Corfo-Inverlink, presidida por el diputado señor Jorge Burgos . Por ejemplo, se reguló y aprobó, en forma unánime, un sistema de acreditación de los intermediarios a través de procedimientos y exámenes. Se logra, con ello, dar mayor garantía a los usuarios o a los inversionistas en cuanto al grado de conocimiento del sistema, junto con la posibilidad de que actúen los intermediarios del mercado de capitales. Asimismo, se regularon, de forma distinta, ciertos elementos de capital y de estructura de la institucionalidad de las corredoras que participan dentro de la ley de mercado de valores; se trataron temas sobre las bolsas de comercio, muchos de los cuales se recogieron en la amplia normativa de dicha ley. Por ejemplo, permitir la fusión y regularla de una forma distinta en cuanto a capital, número de accionistas y de corredores. Además, se incluyó -con acuerdo de que estas materias fueran revisadas por el Senado, puesto que consideramos importante hacer un debate más amplio al respecto- todo lo que se conoce como normas sobre Inside Trading o información privilegiada, que también fueron aprobadas por la Comisión, pero modificando algunos delitos que tienen directa relación con ellas.
De igual modo, se modificaron normas relacionadas con lo que se conoce como bolsa off shore, a fin de tener mayor efectividad en una normativa que fue aprobada, en forma unánime, hace varios años en esta Sala, pero que no ha tenido el impacto que se buscó en esa oportunidad, situación que nos llevó a establecer una serie de modificaciones, para lograr, precisamente, dar un gran impulso a este tipo de bolsa. Se establecieron -materia en que no hubo acuerdo- nuevas atribuciones al superintendente de Valores y Seguros, en cuanto a que las nuevas valoraciones que se hagan ante funcionarios de la misma institución, y respecto de nuevas normas en cuanto a registros por parte de las compañías que intervienen en el mercado de valores.
Así como se procedió con la ley general de bancos, con la de seguros, con la de mercado de valores, con el decreto ley Nº 3.500, etcétera, el quinto gran tema fue la revisión de la ley de sociedades anónimas, a la que, con amplio acuerdo de todos los diputados, se introdujeron modificaciones que permitirán una ordenación del sistema de votación al interior de las sociedades anónimas, una mayor claridad en la protección de los accionistas minoritarios, una regulación más adecuada de las facultades de los comités de directores, que fuera una de las creaciones de la ley de gobiernos corporativos y fusiones, y se estableció todo un sistema de directores, que busca regular adecuadamente o proteger en mejor forma a los accionistas minoritarios. También se aprobaron indicaciones para mejorar la redacción de las disposiciones sobre conflictos de interés cuando los directores han sido elegidos con los votos del controlador y en el caso de operaciones de una compañía con partes relacionadas.
Al mismo tiempo, se estableció una nueva ubicación para uno de los principales aportes del proyecto, que se conoce como sociedad de responsabilidad limitada por acciones. La convicción de la Comisión de Hacienda fue que incluir esta materia en el texto de la ley de sociedades anónimas provocará graves problemas en la interpretación y aplicación futura de la ley. Por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, se prefirió sacar de la propuesta original todo lo que se refería a la sociedad de responsabilidad limitada por acciones para colocarlo en las modificaciones al Código de Comercio. Es decir, nuestra institucionalidad sobre sociedades anónimas, básicamente abiertas y cerradas, continúa como hasta hoy ha sido establecida; pero esta nueva construcción jurídica, extraordinariamente importante para el futuro, como son las sociedades de responsabilidad limitada por acciones, se radica ahora en el Código de Comercio, para evitar los problemas detectados respecto de su interpretación y aplicación.
El sexto gran tema tratado por la Comisión dice relación con las modificaciones a la ley de fondos de inversiones. Se aumentaron los períodos para constituir un fondo y se estableció una serie de regulaciones a los fondos de inversión privados, sobre todo en cuanto a su administración y futura tributación. Cabe destacar que no hubo acuerdo de la Comisión sobre esta materia, porque existían diferencias en el tratamiento de la administración y retiro de esos fondos por parte de los inversionistas que han constituido este tipo de institución jurídica, por lo que será una de las materias sobre las que deberá pronunciarse la Sala.
El séptimo gran tema se relaciona con el decreto ley que regula la institucionalidad y constitución de la Superintendencia de Valores y Seguros, organismo al que se le otorgan nuevas facultades para revisar documentos y para considerar plena prueba las declaraciones realizadas ante funcionarios. La Sala también deberá pronunciarse sobre si la apelación de las sanciones se concederá sólo en el efecto suspensivo o, también, en el devolutivo, porque no hubo acuerdo en esta materia. También se otorgaron nuevas facultades para citar a personas cuya declaración sea relevante para efectos de una investigación por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Tampoco hubo acuerdo respecto del octavo tema -recuerdo las opiniones de los diputados señores Tuma , Jaramillo y Escalona -, que se refiere al depósito central de valores, su regulación y sobre información de un estudio tarifario, materias respecto de las cuales también deberá pronunciarse la Sala.
El noveno tema que revisó la Comisión fue la ley de fondos mutuos, materia sobre la que hubo total acuerdo. Se trata de una de las modificaciones relacionadas con la ley sobre impuesto a la renta, para lograr una adecuada tributación al momento de los distintos retiros de esos fondos mutuos.
Finalmente, se decidió aceptar las sugerencias y modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en materia del registro del nuevo sistema de prenda.
Me gustaría detenerme un instante en este punto, que tendrá mucha importancia en el futuro, ya que se refiere a la existencia de un solo gran sistema de prenda en nuestra legislación, para bajar los costos y evitar los graves problemas y las confusiones que provoca el actual sistema en la mayoría de los chilenos, debido a las diversas clases de prendas que existen: la agrícola, la agraria, la industrial, etcétera. Buscamos una fórmula para que exista sólo un sistema de prenda, materia que será complementada en el futuro por una idea expresada en numerosas ocasiones por la Comisión de Hacienda, cual es la existencia de un solo gran Registro prendario, hipotecario y de garantías.
Casi todos los señores diputados que han integrado la Comisión de Hacienda han dicho, en algún momento, que la regulación de nuestro sistema registral se vería muy simplificada con la existencia de un solo gran registro de prendas. Estamos avanzando en ese tema. Pensamos en un solo gran registro de hipotecas y en un mercado extraordinariamente transable. Es decir, bastaría constituir la hipoteca, pagar los gastos la primera vez, para transformar el bien en un instrumento esencialmente transable.
Todos los actuales integrantes de la Comisión de Hacienda hemos hecho esta petición, y siempre ha habido una recepción por parte del ministro de Hacienda en este sentido, por lo cual creo que esto se materializará a corto plazo.
Una norma importante que me parece relevante destacar es la contenida en un nuevo artículo transitorio. Se refiere a los derechos que tienen las acciones suscritas, pero no pagadas. Nuestra propuesta es que las acciones suscritas, pero no pagadas, de sociedades anónimas abiertas no tienen derecho a voto ni a dividendos, a menos que los estatutos digan algo en contrario, con lo cual se invierte lo existente. Se concede un plazo prudente de seis meses -aunque sugerimos que fuese de un año- a todas las compañías que hoy están en esta situación para adecuar sus estatutos a este nuevo tipo de regulación jurídica.
Estas son las normas, no las más importantes, en que hubo discusión.
Como dije al comienzo de mi informe, hubo una gran cantidad de materias que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones y que forman parte de los aspectos centrales de este gran proyecto de reforma de mercado de capitales.
Debemos destacar la nueva regulación en materia de mercado de capital de riesgo, que no tuvo mayores discusiones, salvo en algunos aspectos de su institucionalidad, pues todos considerábamos que es uno de los elementos que le falta a nuestro mercado de valores para tener no sólo mayor profundidad, sino una mayor salida a fondos que hoy quieren ser invertidos, y, por supuesto, una mayor posibilidad de innovación -uno de los aspectos que le falta a nuestra economía-, a través de la acción de personas o empresarios que reciban los fondos de capital de riesgo.
Como apuntaba el diputado señor Ortiz al inicio de la sesión, muchas de las materias ya fueron debatidas largamente en la sesión del 30 de marzo. No se produjo una mayor discusión en la Comisión respecto de ellas, porque hay total acuerdo, y, por lo tanto, la sugerencia de esta Comisión es aprobarlas unánimemente.
Señor Presidente, ocupar cerca de 25 minutos es suficiente para dar una luz respecto de todas las modificaciones que introdujo la Comisión. Cualquier otra fórmula me hubiese obligado a referirme a las 90 modificaciones específicas, muchas de las cuales, como dije en un principio, son de detalle o de redacción. En consecuencia, cualquier duda la pueden contestar los integrantes de la Comisión de Hacienda. Consideramos que ésta es la mejor forma para proceder de inmediato al debate del proyecto de ley de mercado de capitales II, cuyos aspectos más importantes han sido consensuados entre el Ejecutivo y los parlamentarios de la Concertación y de la Oposición.
Sin perjuicio de ello, insisto en que las materias más relevantes por discutir serán la regulación de las tarjetas comerciales, la denegación para la obtención de licencias bancarias, las facultades de la Superintendencia, algunos aspectos relacionados con inside trading o conflictos de interés, y con bolsas off shore, y las nuevas facultades para el superintendente de Valores y Seguros.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente) .-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, luego de escuchar el informe del diputado Álvarez , quiero hacer dos consideraciones.
De acuerdo con su exposición, hubo un esfuerzo para consensuar una serie de normas muy discutidas. Es muy importante que en un proyecto de esta naturaleza haya habido acuerdo respecto de una buena parte de los aspectos novedosos, entre ellos, la apertura de los mercados.
Según el diputado informante, las propuestas de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre temas como la prenda, la prelación de créditos y algunas normas penales, fueron acogidas unánimemente por la Comisión de Hacienda, cuestión que nos parece importante.
Quiero hacer un alcance respecto del numeral 3) del artículo 3° del proyecto, que reemplaza el artículo 35 de la ley general de Bancos.
La propuesta del Ejecutivo dice: “Cuando corresponda a la Superintendencia pronunciarse sobre la autorización de un prospecto de un nuevo banco o la adquisición de acciones de un banco existente y exista duda razonable acerca de los requisitos de solvencia e integridad a los que hace referencia el artículo 28 de este cuerpo legal, deberá consultar al Consejo del Banco Central acerca de la decisión que se propone adoptar. Si la mayoría de los miembros en ejercicio del Consejo concuerda con ella, dicho acuerdo podrá servir de fundamento para la decisión que adopte la Superintendencia.”
De acuerdo con esta norma, si el superintendente tiene dudas razonables acerca de la integridad y la solvencia -dos elementos no menores- de quienes quieren fundar un banco o comprar un banco existente, deberá consultar al Consejo del Banco Central.
En primer lugar, aquí hay un problema grave de redacción. Si el superintendente tiene dudas respecto de dos elementos tan importantes como la solvencia y la integridad, esta norma no debiera decir que la consulta que deberá formular al Consejo del Banco Central sea “acerca de la decisión que se propone adoptar”. Derechamente, debiera decir: “acerca del rechazo que se apronta a determinar”; porque no me cabe en la cabeza que el superintendente pudiera, no obstante sus dudas respecto de la solvencia o de la integridad, proceder a autorizar la constitución de un nuevo banco o la adquisición de uno existente.
En segundo lugar, la norma que se propone dice: “Si la mayoría de los miembros en ejercicio del Consejo concuerda con ella,...” -con la duda- “dicho acuerdo podrá servir de fundamento para la decisión que adopte la Superintendencia”.
De acuerdo con esto, podría darse el caso de que el Banco Central estuviera de acuerdo con la duda de solvencia e integridad, y que, no obstante eso, el superintendente autorizara la constitución del banco. O, por el contrario, podría ocurrir que el Banco Central no estuviera de acuerdo y, sin embargo, naciera un banco a la vida del derecho comercial, del tráfico de bienes, pese a existir una pugna del Banco Central versus la Superintendencia respecto de su solvencia. No le recomiendo a ningún chileno depositar su dinero o abrir una cuenta corriente en un banco de esa naturaleza. Si a partir de la experiencia de los hechos ocurridos -el caso Inverlink está muy presente en esta norma- queremos dar un paso más en lo referente a seguridad y certeza jurídica al momento de autorizar el prospecto de un nuevo banco o la compra de acciones mayoritarias de un banco existente, démoslo de frentón.
Estoy entre los que creen que es innegable, atendido lo que significa un banco comercial en una economía como la nuestra, que la autorización del Consejo del Banco Central es un elemento habilitante para la creación de un banco o la adquisición de uno existente. Me parece que ese camino es más claro que el que se pretende adoptar en reemplazo de la actual norma, que simplemente hace una referencia a que el Banco Central puede intervenir en esta situación.
Reitero: si queremos dar un paso adelante, démoslo de frentón y no a medias tintas, como ocurre en la disposición citada, con una redacción un tanto compleja desde el punto de vista de los efectos jurídicos que se pueden producir en la práctica y de los recursos que se podrían presentar.
Dado que se trata de otorgar facultades al Banco Central, esta materia debe ser motivo de indicación del Ejecutivo. Así lo planteé en la discusión en general, con el apoyo de algunos diputados, pero el tema no fue considerado.
En consecuencia, por la naturaleza de esta materia, pido votación separada del numeral 3) del artículo 3° del proyecto, por cuanto hay una modificación al artículo 35 de la ley general de bancos.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente) .-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, deseo entregar mi opinión respecto de algunos aspectos esenciales de este proyecto, conocido como reforma al mercado de capitales II, que dicen relación con el fortalecimiento de las facultades de la autoridad administrativa, que, como hemos señalado en otras oportunidades, aspira a mantener un equilibrio necesario entre Estado y mercado.
En la actualidad, tenemos una Superintendencia cuyas facultades son, por decir lo menos, precarias, si se toma en consideración la gravedad de los hechos que está llamada a prevenir. Me refiero a los delitos económicos, también conocidos como delitos “de cuello y corbata”, que se han incrementado de manera exponencial y cuyo poder económico subyacente, junto con el desconocimiento que se tiene de ellos, permite a sus autores transitar libremente y en completa impunidad por las calles.
Al parecer, estos temas, que impactan, son motivo de gran resonancia cuando ocurren, más aún cuando se trata de aspectos que dicen relación con la fe pública involucrada y que afectan no sólo a determinados grupos o individuos, sino a la sociedad en su conjunto. De modo que al legislar en estas materias no se trata de introducir regulaciones odiosas, sino de incorporar atribuciones indispensables para cautelar el bien común. Este diagnóstico implica, en consecuencia, la necesidad de fortalecer la superintendencia respectiva.
Uno de los aspectos relevantes, a propósito de las nuevas facultades que se entregan a la Superintendencia, es la facultad para que, en casos graves, tales como una suspensión o limitación de actividades de una entidad fiscalizada, la resolución que se adopte no sea estéril y produzca sus efectos independientemente de que el afectado pueda concurrir ante los tribunales de justicia y reclamar la posterior revocación de dicha decisión. Con esto me refiero a que, en ciertos casos, se establece que el conocimiento del tribunal competente no suspenderá la decisión adoptada por el superintendente. Quedan fuera de esta regla general aquellos casos límite que dicen relación con la cancelación de un fiscalizado, situación en que, por la entidad de la sanción, el afectado puede reclamar ante los tribunales sin que lo resuelto por la Superintendencia produzca sus efectos de inmediato. En este último caso, el afectado podrá dejar en suspenso la decisión adoptada por la autoridad administrativa hasta que el tribunal se pronuncie al respecto.
Debemos entender que la adopción de medidas tales como la suspensión o limitación de actividades no es una herramienta que utilice la Superintendencia ante el primer problema que se presente. Para llegar a ese punto, mucha agua debe pasar bajo el puente. Es decir, una decisión como ésa sólo se toma en casos de emergencia, en que el mercado financiero corre serio peligro de verse afectado si la entidad involucrada continúa operando. Por lo tanto, sería absurdo que, en tales casos, la decisión adoptada por la autoridad administrativa fuera revocada instantáneamente por la sola concurrencia del afectado ante los tribunales.
¿Qué sentido tendría otorgar la facultad de suspensión al superintendente si ésta nunca podrá surtir efectos?
Todos sabemos que la suspensión confirmada, aplicada por los tribunales con seis meses o un año de retraso, en este tipo de casos no tendrá ningún sentido. Para entonces, el daño ya estaría causado, no sólo desde el punto de vista económico, sino, sobre todo, de la pérdida de confianza que ésta acarrearía. Este es el principal activo que debemos propender a desarrollar en nuestro mercado de capitales.
En la misma línea de lo expuesto se inscribe la figura del plan de ajuste y contingencia, y del nombramiento, sólo en casos graves y calificados, de un administrador provisional por parte de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones que se pretende incorporar al decreto ley N° 3.500. No debemos olvidar que hablamos de fondos que obligatoriamente depositan todos los chilenos afiliados a este sistema y que en el futuro financiarán su vejez.
La experiencia nos ha demostrado que, en ciertos casos, es imperioso que, con el objeto de salvaguardar los intereses de los depositantes, se pueda monitorear más de cerca una administradora y exigirle que haga los ajustes necesarios para que vuelva al curso normal de sus operaciones. Si esto no es suficiente o si la administradora no responde con los esfuerzos que le permitan mejorar su situación, la Superintendencia debe tener facultades para intervenir de manera más directa mediante la designación de un administrador provisional, temporal, el cual deberá encargarse de los fondos de pensiones, pero en ningún caso de la administradora. Esta distinción es clave, pues, como todos sabemos, los fondos de pensiones constituyen un patrimonio separado de la administradora, y ésta no tiene la propiedad de aquéllos. Por lo tanto, no se quiere obligar a la administradora a prescindir del derecho que tiene sobre sus propios bienes, sino otorgarle al administrador provisional la facultad de administrar los bienes de los trabajadores, los cuales, ante la situación descrita, se encontrarían en serio riesgo de verse mermados.
En consecuencia, no se puede actuar de manera irresponsable y dejar que las cosas pasen a vista y paciencia de las autoridades fiscalizadoras. Los dos temas que hemos planteado apuntan en esa dirección.
Hace muy poco, tuvimos una mala experiencia con el caso Inverlink. Hace dos años, nadie se hubiera imaginado que, a pesar del sólido sistema financiero que percibimos en nuestro país, nos encontraríamos con una situación como la mencionada. Es para ese tipo de casos para los cuales debemos estar preparados y no llorar después sobre la leche derramada.
Por último, considero apropiada la propuesta del Ejecutivo, que establece un marco claro y transparente de regulación en el proceso de elección de directores de sociedades anónimas.
Por una parte, el proyecto tiene por objeto hacer efectivo el derecho a voto, al permitir que una mayor cantidad de accionistas participe del proceso. En otras palabras, la fórmula propuesta propende a la democratización de este tipo de sociedades. Es de tal manera inclusivo, que faculta que todos los accionistas ejerzan su derecho a sufragio sin importar el lugar del país o del mundo en que se encuentren. Para tal efecto, se establece el mecanismo de votación a distancia, el cual permite, por ejemplo, que un accionista residente en la Octava Región sufrague en una elección de directores de una compañía en la que tiene participación, llevada a cabo en Santiago.
Por otra parte, la propuesta ordena el procedimiento eleccionario al establecer un sistema de plazo en la presentación de los candidatos y de entrega de información para la junta de accionistas, lo cual imprime un mayor grado de transparencia para los electores.
Estabilidad y democracia son, en definitiva, los pilares esenciales de la nueva propuesta en materia de elección de directores, que, esperamos, sea respaldada por los miembros de esta Sala.
En definitiva, el proyecto aborda parte de los desafíos más importantes involucrados en el mercado de capitales de nuestro país.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, creo representar a mi bancada y a los diputados de la Alianza por Chile al plantear que en las diez materias que abarca esta iniciativa, hay un avance y una modernización importantes en la legislación de lo que se denomina nuestro orden público económico, que se refiere al aparato público y a la posibilidad de que los privados desarrollen en mejor forma sus actividades productivas.
Por lo tanto, vamos a mantener nuestro apoyo en general al proyecto y a una cantidad importante de disposiciones que efectivamente significan un avance.
Enviar esta iniciativa a la Comisión de Hacienda para su segundo informe, y someterla, además, a la consideración de la Comisión Constitución, Legislación y Justicia fue un acierto, porque se logró, en un trabajo mancomunado con la Superintendencia, una serie de avances que fueron cerrando temas completos. Ahora está en condiciones mucho mejores para ser votada que al momento de su reenvío a ambas Comisiones.
Sin embargo, hay dos temas en los que no hemos podido ponernos de acuerdo con el Ejecutivo. A continuación, explicaré las razones:
El primero de ellos lo tocó -y muy bien, por lo demás- el diputado señor Burgos . Se trata del numeral 3) del artículo 3°, que se refiere a las facultades de la Superintendencia para pronunciarse sobre la autorización de un prospecto de un nuevo banco. El referido numeral reemplaza el artículo 35 de la ley general de Bancos por el siguiente:
“Artículo 35.- Cuando corresponda a la Superintendencia pronunciarse sobre la autorización de un prospecto de un nuevo banco o la adquisición de acciones de un banco existente y exista duda razonable acerca de los requisitos de solvencia e integridad a los que hace referencia el artículo 28 de este cuerpo legal, deberá consultar al Consejo del Banco Central acerca de la decisión que se propone adoptar. Si la mayoría de los miembros en ejercicio del Consejo concuerda con ella, dicho acuerdo podrá servir de fundamento para la decisión que adopte la Superintendencia.”
Como muy bien lo dijo el diputado señor Burgos , aquí hay una confusión. Si se aprobara esta norma, introduciríamos una confusión importante e indeseable en el sector privado, y lo que queremos es claridad en las reglas del juego.
Del simple análisis de la norma se advierte una cuestión evidente. Que la Superintendencia deba consultar al Consejo del Banco Central nos parece correcto. La norma primitiva decía “podrá consultar”. Nosotros la reemplazamos por “deberá consultar”. Lo que no nos parece correcto es lo que sigue: “Si la mayoría de los miembros en ejercicio del Consejo concuerda con ella, dicho acuerdo podrá servir de fundamento para la decisión que adopte la Superintendencia”. ¿Qué pasará si la mayoría de los miembros en ejercicio del Consejo del Banco Central no concuerda con ella? Se producirá un enredo mayor. ¿Qué sucederá si se divide la votación? Se sabe que unos son partidarios de dar el permiso, y otros, de no darlo. Vamos a introducir una confusión aún mayor.
Tampoco estamos de acuerdo con la parte que señala “dicho acuerdo podrá servir de fundamento”. Es decir, la Superintendencia puede tomarlo y afirmar su decisión en virtud de él o, sencillamente, guardarlo en un cajón. En Chile todo se sabe. Se sabe lo que resolvieron las autoridades del Banco Central y de la Superintendencia. Aquí, por querer solucionar un problema, se están creando otros. Esta disposición es confusa, complicada y, sencillamente, no funcionará.
Queremos, en primer lugar, que la Superintendencia tome todos los antecedentes necesarios, consulte a todas las personas y entidades, y luego, adopte sus decisiones. En segundo lugar, éstas deben ser fundadas y no arbitrarias o basadas en un capricho. Se deben indicar los motivos por los cuales no da la licencia, con el objeto de que en el sector haya certeza y claridad respecto de lo que se está resolviendo.
Se nos dice que la iniciativa es fruto de la lección que dejó el caso Inverlink, puesto que la Superintendencia no le otorgó, afortunadamente, la licencia solicitada para formar un banco. Pero tuvo que hacer fintas para no otorgarla.
Esta norma, tal como está, no aporta nada. Con ella, la Superintendencia habría hecho exactamente las mismas fintas para no dar la licencia. Como muy bien señaló el diputado Burgos , o avanzamos francamente para que haya normas más claras y para que el Banco Central tenga una especie de veto en esta materia, por las razonas que tenga, o nos quedamos con la norma tal como está.
Por lo tanto, respecto del artículo 35, pediremos votación separada. Votaremos en contra de él, y esperamos que se avance en su regulación en el Senado.
El artículo 35 fue rechazado cuando el proyecto se votó en general, porque no reunió el quórum de aprobación. El Ejecutivo lo repuso en el segundo informe sobre la base de una indicación presentada por la Superintendencia. Queremos plantear nuestras reservas de constitucionalidad, porque no es posible reponer dicho artículo. En consecuencia, queremos que la Mesa se pronuncie formalmente sobre esta materia. De acuerdo con el Reglamento, no es posible -hay precedentes al respecto- reponer un artículo en el segundo informe en la Comisión que no hubiera alcanzado el quórum requerido en la votación general del proyecto.
Estamos en desacuerdo, también, con la norma relacionada con las tarjetas de crédito. Ha habido un gran debate respecto de si es posible fiscalizar la emisión y operación de tarjetas de crédito de las casas comerciales. Se ha avanzado en la materia, pues aceptamos que se realice esa fiscalización.
En realidad, no es un tema demasiado ortodoxo, porque se ha dicho que los bancos operan con platas de terceros y las casas comerciales lo hacen con capital propio.
Las casas comerciales han reclamado ante la posibilidad de ser fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ya que cuando operan como sociedades anónimas, están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades Anónimas.
¿Qué supervisará, entonces, la Superintendencia de Bancos en las casas comerciales?
Hemos aceptado que la Superintendencia fiscalice la operación de tarjetas de crédito o cualquier otro sistema de crédito de las casas comerciales, siempre que -y aquí está el punto-, además de contar con la solvencia e integridad propias de las sociedades anónimas, sus operaciones sean por montos superiores a 500 unidades de fomento, en el caso de que se trate de seguros obligatorios. Se propuso una indicación para establecer este requisito, pero fue rechazada.
Insisto: debe tratarse de operaciones de envergadura para que se haga necesaria la fiscalización de la Superintendencia, pues una eventual quiebra o interrupción en la cadena de créditos afectaría al sistema económico en general. A esta materia se referirá con más propiedad el diputado señor Rodrigo Álvarez u otros señores diputados de la Alianza por Chile.
Reitero: no nos gusta como quedó la norma. Por ello, solicitaremos votación separada y presentaremos una indicación para que se vote en la Sala.
En resumen, esas son las dos materias en las cuales no hemos llegado a acuerdo.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente) .-
Se suspende la sesión por quince minutos para recibir a nuestros colegas del Congreso de Perú.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Continúa la sesión.
CONDECORACIÓN A EXCELENTÍSIMO SEÑOR HENRY PEASE GARCÍA , PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
El señor LORENZINI, Presidente (de pie).-
Excelentísimo señor Henry Pease , Presidente del Congreso de la República del Perú; honorables diputadas y diputados que lo acompañan; honorables colegas, señoras y señores:
Con profunda alegría recibimos en esta Cámara de Diputados al excelentísimo señor Presidente del Congreso de la República del Perú y a los honorables colegas que lo acompañan, diputada señora Luz Doris Sánchez y diputados señores Luis Heysen , Xavier Barrón , José Luis Risco , Natale Amprimo , Luis Iberico y Luis Guerrero .
Esta Corporación saluda cordial y fraternalmente a tan ilustres visitantes que nos honran con su presencia. Estáis en vuestra casa.
Es bueno reunirnos como representantes de la soberanía de nuestras naciones para compartir las inquietudes y anhelos de nuestros pueblos en esta hora tan particular del desarrollo de América.
Las sociedades latinas han comenzado a andar el nuevo milenio con la incertidumbre que provoca el no haber respondido a las exigencias básicas que demanda el desarrollo de la humanidad. Son muchos los que aún no acceden a niveles mínimos de vida digna en salud, educación y vivienda, y se sienten marginados de la vida social y política. Por eso, la vida política, a la cual le dedicamos tanto esfuerzo, les parece ajena y vacía de contenidos. A lo más, les parece como una simple lucha de poderes personales.
Aun cuando el mundo vive un proceso cada vez más grande de intercomunicación y globalización económica, y la humanidad estrecha sus lazos en redes de tratados de libre comercio, en un esfuerzo por unir mundos económicos que hasta hace poco nos parecían muy lejanos, nuestros pueblos mantienen la percepción de que sus frutos todavía no se visualizan en mejores condiciones de vida.
Por eso, nuestra labor parlamentaria aparece hoy tan cuestionada. Elegidos por nuestra gente para legislar, fiscalizar los actos del Gobierno y representarla políticamente, nuestro actuar institucional es poco valorado y nuestra credibilidad muchas veces es puesta en duda. Es cierto que existen períodos cíclicos en la historia y que la crítica no es ajena a ellos, pero considero que hoy es la más fuerte que se ha conocido.
Es obvio que el mundo no es el mismo que ayer. Como diría Neruda , “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. La política ha perdido centralidad. La cultura, la economía, la ciencia y la tecnología son cada vez más autónomas y dinámicas. Si la política pierde centralidad, eso afectará necesariamente al Parlamento.
A pesar de la opinión de muchos de nosotros, el tamaño y el rol del Estado son menores que antes. El Congreso Nacional es parte de ese Estado y, por lo tanto, la reducción de éste implica una pérdida de relevancia de aquél. Junto con ello, el privilegio de lo privado por sobre lo público, por supuesto que acarrea consecuencias.
Al señalar estas características de nuestro mundo y de la actividad política no me anima la nostalgia ni la tristeza; muy por el contrario, todos los cambios experimentados por el mundo y nuestras naciones constituyen un aliciente para redoblar nuestros esfuerzos y atizar el fuego del fervor con que nos introducimos en la vida pública.
Es grande el desafío y hermosa nuestra tarea para dedicarnos a responder a las demandas de nuestros pueblos por lograr una vida más humana y acorde con el grado de civilización alcanzado por la humanidad.
Excelentísimo señor Presidente del Congreso peruano; excelentísima delegación que lo acompaña, honorables colegas diputadas y diputados:
Es para mí un gran honor recibir al señor Presidente del Congreso de la República del Perú y a sus colegas diputados. Su visita marca un paso más en nuestra larga vida republicana y representa un avance en materias de interés para nuestras relaciones bilaterales, que han observado una vinculación fluida. Señores congresistas, esta visita constituye un gesto especial, de mucha relevancia, y crea una ocasión propicia para establecer canales más formales de cooperación parlamentaria, de modo de permitirnos ir superando las tradicionales descalificaciones vecinales y contribuyendo, desde nuestro ámbito, a mantener una relación bilateral en el largo plazo, abriéndonos a una más auspiciosa y permanente evolución de la cooperación mutua.
Las recientes visitas a vuestra tierra de nuestros congresales señores Adolfo Zaldívar , Gabriel Valdés , Francisco Encina y Antonio Leal , así como la vuestra en esta oportunidad, nos alegra y nos da confianza en la agenda positiva para nuestros países. Uno de los aspectos de esta cooperación -me refiero a lo comercial-económico- constituye una muestra de la importancia de nuestra relación, pues Perú es el tercer socio de Chile en la región. Además, ambos países son integrantes de la Apec, cuyo encuentro será organizado este año por Chile, y el 2008 por Perú.
Señor Presidente del Congreso del Perú: usted y su delegación nos honran con su visita. En su persona, reconocemos una vasta experiencia en los asuntos públicos, expresada en múltiples estudios y publicaciones académicas, así como toda una vida política dedicada al pueblo peruano. Compartimos los mismos intereses en el servicio a nuestras naciones y, en particular, a nuestros compatriotas más necesitados.
Hoy, en esta Sala, una vez más peruanos y chilenos compartimos anhelos y experiencias que obviamente nos son comunes, porque hemos sido partícipes de experiencias muy cercanas: juntos hemos nacido a la vida independiente por obra de nuestros libertadores; hemos compartido momentos aciagos de nuestra historia y nos hemos separado, para finalmente unirnos en vínculos más estrechos, hemos sabido lo que es perder la democracia para volver a recuperarla.
En prenda a todo lo que nos une y a las tareas que queremos compartir, reciba, señor Presidente, la condecoración de la Cámara de Diputados de Chile como reconocimiento de su labor de acercamiento de nuestros congresos y de los ciudadanos a los que representamos.
Son nuestros mandantes quienes nos solicitan ser fieles a sus demandas y aspiraciones más sentidas. Es nuestro deber servirlos. Por ello, ruego a Dios que nos dé la sabiduría y la prudencia necesarias para lograrlo.
Muchas gracias.
-Aplausos.
-El señor Henry Pease García , Presidente del Parlamento de la República del Perú, es condecorado con la medalla de la Cámara de Diputados de Chile.
El señor LEAL (Vicepresidente) .-
A continuación, ofrezco la palabra el señor Henry Pease García , Presidente del Parlamento peruano.
-Aplausos.
El señor PEASE (Presidente del Parlamento de la República del Perú).-
Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de Diputados; honorables diputadas y diputados de Chile, queridos colegas del Perú:
Venimos aquí un grupo de congresistas peruanos, atendiendo a la invitación de vuestro Presidente, con la ilusión de afirmar los lazos de amistad entre peruanos y chilenos.
Ustedes y nosotros somos representantes del pueblo; expresamos sus sentimientos, sus afectos. Somos vecinos y tenemos mucha de nuestra historia en común. Pero, como en las mejores familias, también hemos tenido momentos de tensión y de enfrentamiento. Por ello, como Congreso del Perú, queremos afirmar la voluntad política de unir a nuestros pueblos, de mirar juntos el futuro y de dejar atrás todo tipo de resquemores en la relación entre peruanos y chilenos.
(Aplausos).
Estoy aquí como congresista, representando a cada una de las fuerzas políticas presentes en el Congreso peruano, y deseo que a lo largo de esta jornada encontremos caminos que nos permitan avanzar en lo que vuestro Presidente acaba de decir con enorme lucidez.
Somos parte de una institución que hoy no es comprendida, que es criticada; pero, sobre todo, somos parte de pueblos que están cansados de esperar y a veces se impacientan.
Hemos avanzado mucho en el trecho democrático, pero ustedes más, porque a lo largo del siglo XX nosotros caímos en más regímenes autoritarios. Han sido cortas las experiencias democráticas, pero cada vez que se vuelven a levantar las banderas de la democracia, las expectativas se multiplican y van mucho más allá de las posibilidades económicas de nuestros países.
Tenemos el reto de hacer sociedades capaces de incluir a todos social y económicamente y de ponernos en sintonía con un mundo que cambia con una rapidez enorme y que hoy ve todas sus relaciones globalizadas.
Es obvio que nuestro punto de partida es este espacio sudamericano. Y es obvio que los vecinos, como nosotros, debemos aunar esfuerzos, como lo están haciendo ustedes en materia de inversiones en el Perú y de intercambio comercial, que en el último año ha tenido un crecimiento muy significativo.
Pero esto va mucho más allá del comercio. Esto va a la relación entre pueblos que permanentemente se miran uno en el espejo del otro y que tienen una serie de puntos en común, como es nuestro carácter minero, que nos une desde hace muchísimos años. Nosotros acabamos de votar un proyecto de ley sobre regalías mineras, respecto del cual recibimos el aporte de varios de ustedes a través de un foro. Muchos de los temas que trabajamos no sólo requieren intercambio de información, sino ponernos algunas metas en común, por ejemplo, frente a estos dos eventos en la mira del Asia-Pacífico.
Nuestros congresos pueden ser más eficientes si se juntan, pero, además, si replantean su relación con los ciudadanos.
Los parlamentarios seremos importantes en nuestros países sólo en la medida en que seamos capaces de expresar y transparentar lo que piensa y siente nuestra gente, pero eso lo logramos en la medida que intercambiemos con la ciudadanía mecanismos efectivos de participación.
En el Perú hemos hecho algunos intentos, pero estamos muy lejos de modernizar la institución parlamentaria. Cuando nuestros debates se transmiten por la televisión, difícilmente son soportados, ya sea por su longitud, por su complicación o porque los medios de comunicación gráfican de manera más rápida los reales problemas que afectan a nuestros países. Adaptarnos a esos cambios supone también intercambiar experiencias para sacar alguna enseñanza en esa materia.
Excelentísimo señor Presidente, usted me confiere un honor que sólo lo puedo cargar en mis hombros porque se encuentran presentes mis colegas de todas las bancadas.
En estos tres últimos años el Congreso peruano ha hecho esfuerzos persistentes para que exista esta capacidad de concertar, cuestión en la que ustedes nos llevan leguas de ventaja, tanto en esta materia como en todo lo que se refiere a la institucionalidad democrática. Tenemos un apreciable número de leyes dictadas por consenso y acabamos de comenzar la reforma pensionaria, indispensable para que no se venga abajo el aparato estatal por los imprevistos y pasos mal dados en el pasado. Ello se logró con la votación favorable de 96 de los 118 congresistas que tenemos en este momento. Algo muy difícil de lograr.
Eso significa que el Congreso comienza a convertirse en un espacio de concertación para que, efectivamente, toda la ciudadanía se sienta expresada.
Sin duda, cada gobierno y cada gobernante que gana una elección tiene plena legitimidad. Pero los congresos tenemos la legitimidad de que las diferentes fuerzas políticas buscan poner por delante los fines de la nación y los fines que hermanan a las naciones y que nos integran para tener capacidad de negociar como grande entre los grandes. Eso sólo es posible si hacemos esfuerzos de integración reales y no burocráticos y si nuestras instituciones caminan de la mano.
Éstas son las ideas que nos traen a conversar con ustedes. Esperamos mucho de esta jornada.
Quiero que todos ustedes sepan que en el Congreso del Perú tienen su casa. Esperamos recibirlos en algún momento para realizar juntos y de mejor manera el trabajo que demandan nuestros pueblos. Ésa es la única manera de que la representación tenga sentido y de que la democracia se afirme válidamente en el siglo XXI.
Muchas gracias por su generosidad.
-Aplausos.
El señor LORENZINI (Presidente) .-
Se suspende la sesión por dos minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LEAL (Vicepresidente) .-
Se reanuda la sesión.
FOMENTO AL MERCADO DE CAPITAL DE RIESGO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor LEAL (Vicepresidente) .-
Corresponde continuar con la discusión del proyecto del mercado de capitales II.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, quiero hacer algunos comentarios sobre este proyecto que, como decía el diputado informante, introduce un conjunto muy amplio de modificaciones a una serie de leyes relacionadas con el mercado de capitales.
Como dijo el diputado señor Álvarez , a través de esta nueva legislación, llamada Mercado de Capitales II, se modifican, entre otros, el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, ley General de Bancos; el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, ley sobre Compañías de Seguros y el decreto ley Nº 3.500, sobre el Nuevo Sistema de Pensiones.
En primer lugar, quiero hacer un comentario respecto de las palabras del diputado señor Escalona , en cuanto a que este proyecto producirá un mayor equilibrio entre Estado y mercado, ya que hoy existiría un desequilibrio en contra del Estado; es decir, el mercado estaría operando sin los contrapesos necesarios para el logro del bien común. En otras palabras, que habría mucha presencia del mercado y poca del Estado en las legislaciones mencionadas que regulan el mercado de capitales.
Discrepo de esa visión, puesto que nuestro sector financiero es uno de los más regulados. Si no fuera así, bastaría con que los colegas trataran de crear un banco, una compañía de seguros o una administradora de fondos de pensiones para que se dieran cuenta de la enorme cantidad de regulaciones existentes, la mayoría de las cuales son adecuadas.
Los economistas hemos estudiado acuciosamente las imperfecciones de los mercados, muchas de las cuales se dan en el mercado de capitales; por eso, es necesario que existan regulaciones inteligentes que apunten a corregirlas. Sin embargo, no me parece razonable que permanentemente se esté planteando, especialmente por parte de nuestros colegas socialistas, la idea de que siempre son necesarias más regulaciones, porque ellas conducen al bien común.
Si bien los economistas hemos estudiado en profundidad por qué fallan los mercados, nos falta investigar si las regulaciones son eficaces. Siempre se supone, a mi juicio sin fundamento, que una regulación corrige una imperfección anterior, pero no es así porque una regulación mal concebida puede perfectamente empeorarla. En mi carrera profesional me ha tocado ver esta situación en muchas oportunidades. A pesar de que las regulaciones son necesarias en algunas ocasiones, ello no debe hacernos pensar que siempre corrigen una imperfección existente; al contrario, pueden empeorarla. La regulación apunta a corregir, pero no siempre logra su objetivo. Desde ya, no es perpetua para nada, porque quienes regulan son los hombres, que son personas influenciables y que, por no tener toda la información al instante, pueden tomar decisiones equivocadas.
Por lo tanto, a mi juicio, este proyecto no produce mayor equilibrio entre Estado y mercado, como lo afirmó el diputado señor Escalona ; nunca debemos generalizar en este tema. Cada regulación, cuando sea necesaria, debe tener un fundamento empírico, práctico, específico, pero jamás una razón ideológica, porque ello puede sesgar la operación de un mercado tan complejo y conducir a un exceso de regulaciones que finalmente terminarán entrabando la necesaria libertad que requiere para crecer y desarrollarse.
Dicho esto, quiero hacer dos comentarios específicos. En primer lugar, quiero referirme a la sugerencia del diputado señor Burgos , en cuanto a la necesidad de que derechamente el Consejo del Banco Central de Chile participe cuando se trate de crear nuevos bancos o de comprar uno existente.
En esta materia no tenemos inconvenientes en que se establezcan más regulaciones, siempre que sean objetivas, como las relacionadas con solvencia e integridad contenidas en la ley de Bancos. Aunque para algunos les puedan parecer demasiado amplias, tienen una precisión jurídica muy importante, porque posibilita que una persona respecto de la cual la autoridad administrativa ha puesto en duda su solvencia e integridad pueda recurrir a los tribunales de justicia para cambiar tal determinación.
Nosotros estamos por regular todo lo que se juzgue necesario, como la creación de nuevos bancos o la compra de acciones de instituciones bancarias existentes, pero siempre que las condiciones que se establezcan sean lo más precisas posible, de manera que las personas puedan objetar las determinaciones de la autoridad administrativa ante los tribunales de justicia.
No creemos razonable introducir más instituciones en la regulación de nuevos bancos o en la compra de otros existentes sin que se especifiquen las causas por las cuales se rechazan las respectivas licencias para operación bancaria. No nos parece razonable que el Consejo del Banco Central emita su opinión al respecto sin que se especifiquen las causas. Sí estamos de acuerdo en que se establezcan todas las atribuciones necesarias, pero -repito- siempre que sean específicas y apelables ante la instancia jurídica superior.
En segundo lugar, en la Comisión de Hacienda se discutió mucho la regulación de las tarjetas de crédito de las casas comerciales. Nosotros somos partidarios -lo dejamos muy claro en nuestra indicación- de aplicar la misma regulación a los instrumentos financieros similares, es decir, que cumplen los mismos objetivos o propósitos. En otras palabras, una tarjeta emitida por una tienda comercial, que presta el mismo servicio y cumpla el mismo objetivo que una tarjeta emitida por un banco comercial, debe estar sujeta a la misma regulación. Lo que ocurre es que, en muchos casos, las tarjetas de tiendas comerciales no originan una relación de crédito con el comercio adherido, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, entre las bombas de bencina y las grandes tiendas. Entonces, si no hay una relación de crédito, como hemos sabido que sucede en muchos casos, no existe riesgo para el sistema nacional de pagos; de manera que ese tipo de relación debe tener una regulación distinta a aquella que sí involucra un crédito, como sucede con las tarjetas bancarias. Ése es el tema de fondo.
Otro ejemplo. Hay casas comerciales que emiten tarjetas de crédito que sólo pueden ser usadas en la misma tienda que las entregan. Ese crédito, otorgado por el dueño de la casa comercial al usuario de la tarjeta, no implica un riesgo sistémico, porque no hay involucrado dinero de terceros ni depósitos entregados en crédito a personas naturales; es el dueño de una gran tienda comercial el que con su dinero otorga un crédito a un tercero, a un usuario. Por lo tanto, al no existir una relación de esa naturaleza no concurre el principio de tratar igual a los iguales, porque hay una diferencia de fondo: no hay una relación crediticia con dineros de terceros.
Estos temas fueron muy debatidos en la Comisión de Hacienda. Me parece importante aclarar nuestra posición, además respecto del punto 1º, que es de carácter más general.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, he sido muy bien informado respecto de este proyecto de ley por el diputado informante, señor Rodrigo Álvarez . Sin embargo, quiero hacerme cargo de algunas consideraciones fundamentales, en especial sobre el crédito, uno de los engranajes principales de la industria financiera, que debe ser fomentado y regulado a la vez.
Digo fomentado por cuanto permite una adecuada asignación de recursos, luego de sortearse las restricciones que se imponen, principalmente, a los pequeños y medianos empresarios y al consumidor medio. Y regulado, ya que su entrega indiscriminada puede hacer colapsar el sistema de pagos.
Las alteraciones en el mercado financiero dificultan la obtención de los objetivos perseguidos para el desarrollo del complejo mercado financiero. Por eso, si se quiere seguridad en él, no puede dejar de mencionarse un vacío que, lamentablemente, ha quedado en este proyecto de ley y que, por la vía de una moción parlamentaria, pretendo reparar en su oportunidad. Dice relación, precisamente, con el otorgamiento de garantías, que podría haberse incorporado en el Título II, de las obligaciones caucionadas y bienes prendados.
Es usual que cuando las personas se involucran en cualquier tipo de negocio comercial, agrícola o industrial, necesiten financiamiento. Para ello, muchas veces, echan mano a bienes de alta significación familiar, como, por ejemplo, la vivienda familiar, la cual hipotecan para obtener los necesarios créditos.
Muchos pueden considerar que está bien si son para fines productivos. Sin embargo, ello conlleva un riesgo de gran significación familiar. Digo esto porque vi muy de cerca el dramático caso de cientos de familias que perdieron sus campos y viviendas que habían hipotecado para asegurar el pago de créditos o la repactación de los mismos.
En Chile, la protección de la familia y la seguridad de su desarrollo deberían ser elementos prioritarios para todos los actores, públicos y privados. Precisamente por ello creo que la vivienda familiar, dentro de determinados límites de avalúo -entiéndase bien-, no debería ser aceptada en el mercado financiero como garantía.
Muchos podrán utilizar el argumento del libre mercado y la disposición de cada individuo para sostener lo contrario, pero a la hora de legislar hay que tomar en cuenta la protección de la familia, sobre todo cuando se ha visto en forma muy cercana y masiva la pérdida de viviendas que han quedado en poder del sistema financiero y finalmente han salido a remate y han sido adquiridas por terceros.
Aun cuando esto puede ser válido para algunos, si definimos las reglas del juego desde un comienzo, podríamos dar mayor seguridad a las familias y también a los emprendedores, en el sentido de que, en caso de crisis y bancarrota personal, no perderán el bien más sagrado para la familia, que es la vivienda en la cual habitan.
Insisto en que para que ello se aplique debería haber determinado límite en el avalúo de la respectiva vivienda. No me refiero a viviendas de cien o más millones de pesos, sino a las viviendas de las familias de clase media baja. Ésas deberían ser protegidas en el título II, mediante la presentación de una indicación.
En lo que dice relación con el fomento del crédito, la segunda reforma del mercado de capitales establece nuevas normas para que las compañías de seguros otorguen préstamos. Es del todo saludable permitir la competencia en este mercado, el que, hasta ahora, ha sido dominado por el sector bancario. Esta competencia permitirá que las personas accedan a mejores condiciones y tasas de interés más bajas a la hora de financiarse por ésta y otras vías, a la vez que facilitará el traspaso rápido de los efectos de la política monetaria desde el Banco Central al consumidor final.
Como ha dicho en forma muy clara el diputado informante, el proyecto faculta a las compañías de seguros para otorgar créditos, los que se considerarán representativos de reservas técnicas hasta por un máximo de cinco por ciento de éstas. Es importante, entonces, poner énfasis en el hecho de que el proyecto otorga facultades a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para regular la clasificación del riesgo de los créditos y los procedimientos de valoración de éstos. En este sentido, al ser regulados por el ente supervisor, constituyen el necesario complemento para una industria tan sensible y sofisticada como la de las colocaciones. En otras palabras, se busca que sólo las compañías más capacitadas para participar en este mercado puedan concurrir a él.
Por otra parte, no es menos importante la nueva estructura regulatoria de las tarjetas de crédito, tan comentadas, para bien o para mal. Hubo varias interpretaciones sobre el tema.
El alto número de tarjetas de crédito emitidas por casas comerciales -sobrepasan los ocho millones- hace necesario un marco jurídico que procure una prudente regulación. Sin embargo, el proyecto es muy cauto al disponer que las empresas sólo quedarán sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en la medida en que adquieran participación significativa. Dicha participación de las casas comerciales en el sistema quedaría regulada si existe acreencia por parte de terceros contra el emisor.
El Partido por la Democracia apoyará este proyecto de ley.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, en diciembre de 2000 fue promulgada la ley de opas. En el transcurso de 2001 se promulgó, después de la tramitación en el Congreso Nacional, la ley de Mercado de Capitales I. ¿Qué significaron estas dos leyes para el país? En primer lugar, ponerse a la cabeza de la región y de los países emergentes en materia de modernización de nuestro mercado de capitales.
En junio del año recién pasado ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley mercado de capitales II, que tratamos hoy en particular. Más conocido como la segunda reforma al mercado de capitales, introduce adecuaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales. Para ello, persigue múltiples propósitos, entre otros, fomentar la industria de capital de riesgo, optimizar la regulación de las tarjetas de créditos, elevar los estándares de regulación a niveles internacionales, perfeccionar los gobiernos corporativos en nuestras empresas.
Aprovecharé esta ocasión para hacer hincapié en dos aspectos que han estado en el corazón de la discusión de la Comisión de Hacienda, de la cual formó parte hace muchos años. Me refiero a los temas relativos a la autorización de nuevas licencias bancarias y a la tributación de los fondos de inversión privados.
A propósito del primero de los tópicos, es necesario poner de relieve la enorme importancia que tienen las normas que establecen exigencias para el desarrollo de actividades en que se encuentra involucrada la fe pública y las garantías estatales que hay detrás. En este sentido, toda la regulación que propenda a una mejor cautela de estos elementos debe ser tomada en serio, teniendo presente el interés público que se quiere proteger.
Consciente de lo anterior y como una respuesta enérgica ante hechos que amenazaron no sólo los intereses del Estado, sino de toda la sociedad, una comisión de la Cámara preparó un informe, con ocasión del escándalo financiero conocido como el caso Inverlink, encabezada por el honorable diputado Jorge Burgos , con el objeto de cautelar precisamente el buen funcionamiento del mercado de capitales. Dicho informe, aprobado por la unanimidad de sus miembros, diputados de Gobierno y de Oposición, concluyó, entre otras materias, con lo siguiente -cito textualmente-: “No cabe duda de que las mayores regulaciones, tanto para el ingreso de agentes como para su funcionamiento, deben estar sobre aquellos casos donde existe una garantía estatal involucrada (bancos, seguros de naturaleza previsional y fondos de pensiones) y en aquellos en que los operadores lo hacen con los dineros del público (básicamente bancos).”
Asimismo, se concluyó: ”En caso de estimarse conveniente establecer condiciones de mayor entidad que puedan constituir limitaciones al derecho a desarrollar una actividad económica, garantizado por el artículo 19, Nº 21, de la Constitución Política, será necesario que con esa calificación se planteen en un proyecto de ley.
Todo indica que es necesario procurar uniformar criterios en cuanto a establecer requisitos de idoneidad para los accionistas que participan en el mercado financiero.”
Esto fue lo que aprobamos por unanimidad en la Comisión y en la Sala.
No obstante lo anterior, y para sorpresa de muchos, al momento de votar la idea de legislar en general sobre el proyecto, el último día de marzo de este año, la Oposición, que avaló el citado informe, votó en contra de debatir las medidas cautelares en el marco de la solicitud de nuevas licencias bancarias, manteniendo esa misma actitud al momento de votar la reposición de dicho artículo en la Comisión de Hacienda.
¿Qué es lo que se persigue con la nueva normativa propuesta, respecto de la cual, como Concertación, estamos de acuerdo? Básicamente, que sólo en casos extremos y cuando el superintendente tenga dudas razonables acerca de la integridad de un solicitante, se pueda pedir una segunda opinión al Consejo del Banco Central, que podrá servir de fundamento para la decisión que se adopte en definitiva.
Esta normativa es extremadamente clara, en el sentido de que no impide ni busca impedir el libre ejercicio de la actividad económica, derecho que, en todo caso, está sujeto a las normas legales que la regulan, sino que aspira a proteger a los millones de personas que, de una u otra manera, depositan su dinero y, por sobre todo, su confianza en las instituciones financieras. No se trata de poner en una balanza al empresario con el Estado para ver quién es digno de mayor consideración -esto, según nuestro criterio, es una falacia-, sino que la norma persigue ponderar el interés individual o de un grupo económico con el interés colectivo o social, teniendo siempre presente que, como lo establece nuestra Carta Fundamental en su artículo 1º, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.
En lo que dice relación con los fondos de inversión privados, el segundo de los temas que he querido profundizar me parece apropiado clarificar la idea matriz que subyace tras la reforma. El mal uso que, por parte de algunas personas, se ha dado a esta figura ha llegado al extremo de desnaturalizar el objetivo último para el cual fue creada. En la hora actual, existen personas que, instrumentalizando el fondo de inversión privado, han manejado todo su patrimonio personal a través de este mecanismo, eludiendo el pago de impuestos al fisco. Debido a eso, me parece, como primera necesidad, que estos fondos de inversión privados retomen el objeto para el cual fueron creados y de esta manera se termine con esta fórmula para eludir una obligación que reviste caracteres especiales, como lo es el pronto y cumplido pago de los impuestos por parte de todos los chilenos.
Por ello, esperamos que en la discusión de este proyecto de ley, en el que se efectúa una profunda transformación a muchas leyes -de bancos, de seguros, de mercado de valores, de inversiones, etcétera-, que culminará el próximo martes, se tenga especial preocupación respecto de estos dos temas que nos interesa clarificar ante la opinión pública, porque son positivos para el desarrollo del país, más aún cuando recientemente, en abril, hemos conocido las excelentes cifras de crecimiento económico.
Por lo anterior, en nombre de la Democracia Cristiana, seguiremos apoyando las indicaciones del Ejecutivo.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señora Presidenta, me detendré a analizar algunos detalles respecto del proyecto que me parecen más relevantes y en los que existen discrepancias con el Ejecutivo. Varias de ellas las enuncié en el momento en que me correspondió informar, hace unos minutos.
Este proyecto es muy importante para algunas de nuestras principales instituciones del mercado de capitales, sobre todo por la visión de futuro que se advierte en él. A diferencia de lo que ocurrió con dos proyectos anteriores -el de Mercado de Capitales I o el de Opas y Gobiernos Corporativos-, no se debe esperar que, a partir de esta iniciativa, surja gran número de inversiones de inmediato. Éste no es el proyecto que la gente esté esperando para invertir -por así decirlo- activamente, como sí ocurrió en su momento con las ya señaladas. Es un buen proyecto, bastante amplio, que abarca diez o doce cuerpos legislativos, pero no esperemos una gran señal hacia el mercado de capitales a partir de lo que estamos legislando hoy. Reitero: es muy importante, pero no lo vamos a medir por lo que ocurra en el mercado en los próximos tres, cuatro, cinco o seis meses, sino por lo que ocurra de manera más amplia o más profunda, lo que, finalmente, también es bastante positivo para nuestro mercado.
Mi segundo comentario, desde el punto de vista institucional, se refiere a nuestra discrepancia con que se haya aceptado indicaciones del Ejecutivo -hacemos reserva de constitucionalidad- que reponen dos materias que fueron rechazadas en la votación en general del proyecto. El único sentido de someter ciertas disposiciones a un quórum superior -quórum calificado o de ley orgánica constitucional- al momento de votar la idea de legislar es dar o no la posibilidad de seguir su discusión. En la Sala rechazamos en la votación en general, por ejemplo, las normas relacionadas con las licencias bancarias o con las atribuciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y, al no alcanzarse el quórum correspondiente en dicha votación, no pueden reponerse en la Sala. Pero el criterio del presidente de la Comisión de Hacienda fue otro. Desde ya, pido un pronunciamiento de la Mesa al respecto y hago toda la reserva de constitucionalidad sobre ambos puntos. Insisto en que, habiéndose producido el rechazo a la idea de legislar, no puede reponerse en la discusión en particular.
Con todo, me detendré en algún instante a analizar el fondo de estas materias.
En primer lugar, en cuanto a las tarjetas de crédito, quiero que le quede claro a la Sala qué buscamos junto con los diputados Cardemil y Dittborn . Nos parece adecuado y estamos de acuerdo en que se supervise y fiscalice las tarjetas de crédito de casas comerciales, que no son comparables con los bancos. En el evento de que dicha fiscalización la lleve a cabo la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras deberían aunarse dos requisitos: en primer lugar, que tenga participación significativa en el medio de pago -eso pide el Ejecutivo- y, en segundo lugar -fue nuestra única indicación-, decir que además se configura una relación de crédito entre el aceptante y el emisor de la tarjeta. Ahí se puede producir un riesgo sistémico, un problema en nuestro sistema monetario y de mercado de valores en general. Por lo tanto -reitero- para que las tarjetas de casas comerciales sean adecuadamente fiscalizadas por un ente como el señalado -a quien no le corresponde- deberían reunirse esos requisitos: participación significativa en el medio de pago y la existencia de crédito. Es decir, sólo tiene sentido fiscalizar tarjetas comerciales de crédito cuando exista crédito. Ahora, cuando lo que hay es un adelantamiento de fondos, como se hace en la mayoría de las veces, en que el emisor de la tarjeta, cualquiera de las grandes tiendas, para que la pueda usar otro, ya sea una bomba de bencina o una farmacia, le adelanta los fondos; mientras se acredite que se trata de un adelanto de fondos y no de un crédito, no hay riesgo ni problema sistémico. Por lo tanto, dichas tarjetas no deberían estar sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Quiero dejar claro que ésa es nuestra indicación, porque ha habido interpretaciones antojadizas en el sentido de que tendríamos algún problema con la tasa máxima convencional. Nuestra indicación nada dice en relación con eso. Estamos totalmente dispuestos a regular la tasa máxima convencional. Hace algún instante conversaba con el diputado Zarco Luksic sobre su preocupación por buscar una tasa máxima común, tanto para las casas comerciales como para los bancos. En eso estamos plenamente de acuerdo. De hecho, hay un proyecto de ley en discusión en esa línea.
Nuestra prevención en esta materia es que no es justo someter a todas las obligaciones de fiscalización, por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a tarjetas respecto de las cuales no hay crédito o riesgo sistémico.
En segundo lugar, ha habido interpretaciones equivocadas cuando nos dicen que nos oponemos a que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras consulte al Banco Central para otorgar una nueva licencia. Creemos que esa materia es sumamente peligrosa, en los términos en que está redactada. Algo así expresó también el diputado Burgos . Hoy, un superintendente de bancos e instituciones financieras se basa en dos requisitos objetivos para aceptar o denegar una licencia bancaria: patrimonio e integridad de las personas que la solicitan. Ambos conceptos están objetivamente definidos en nuestras disposiciones legales. Ahora estamos agregando algo etéreo. En ciertas situaciones, por ejemplo, cuando tenga alguna duda razonable, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras podrá consultar al Banco Central y éste responderá a través del voto de la mayoría. Bueno, nuestra pregunta es qué ocurre si no le consulta y después tenemos un caso como el de Corfo-Inverlink, o, al revés, consulta, el Banco Central le da el pase y después se produce un Corfo-Inverlink. O, cambiemos la forma, consulta y la votación del Banco Central es dividida en el sentido de que unos tienen la razón y, otros, no.
Somos partidarios de fortalecer la autoridad que debe fiscalizar, cual es el superintendente de la entidad señalada. Si el Ejecutivo considera que son necesarios nuevos requisitos, profundizar en las materias sobre integridad y poner más elementos respecto del patrimonio, que lo haga; cuenta con nuestros votos para ello. Ahora, el Ejecutivo dice: “No, pero es que cuando hay crisis...” Bueno, cuando hay crisis, más fácil debería ser encontrar los argumentos relacionados con los que faltó. Precisamente, cuando hay crisis uno puede decir: “Si hubiera tenido éste o este otro elemento, hubiera podido decir que no.”
Todo el mundo se felicita ahora porque no se le concedió licencia bancaria al grupo Inverlink . En realidad, uno debería preguntarse por qué los otros superintendentes le concedieron todas las demás. Ha habido cierta literatura, alguna crítica periodística en decir: “¡Mire, que grandes fuimos cuando le manifestamos que no!”. Se le dijo que no por un rumor y nuestro estado de derecho no puede basarse en rumores; en que los ruidos del mercado señalan que no es conveniente. Debe basarse en causales objetivas y por eso le hemos dicho a los representantes del Ejecutivo que si quieren otra causal, no sólo integridad y patrimonio, o profundizar no sólo patrimonio, o si quieren profundizar en ambas causales, estamos de acuerdo. Pero que no se diluya peligrosamente la responsabilidad del superintendente de Bancos e Instituciones Financieras a través de entregarle una atribución al Banco Central, cuando exista una duda razonable, más aún considerando que éste podrá -si se aprueba la norma propuesta- contestar concluyentemente. Creo que, a la larga, eso le causará un problema al Banco Central y a su institucionalidad y no resolverá para nada los eventuales problemas que pueda ocasionar otro caso similar al de Corfo-Inverlink.
También tenemos dudas respecto de quién va a decidir si una persona tiene razón o está equivocada o si estaba actuando legal o ilegalmente. En nuestra opinión, esa decisión, al final, les corresponde a los tribunales. Por ello, tenemos una pequeña diferencia con quienes proponen que sea la superintendencia la que decida. Eso no es correcto. La superintendencia es un órgano administrativo que debe fiscalizar en las primeras etapas; pero no puede ser jamás el órgano que tome la decisión final. Esa decisión, en un estado de derecho como el que impera en Chile, les corresponde a los tribunales. Por eso nos hemos opuesto a que se concedan los efectos suspensivo y devolutivo a los reclamos que se presenten ante las decisiones de la superintendencia. No tiene lógica. Desde el punto de vista del respeto a los derechos del ciudadano, no puede ser que un órgano administrativo, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, decida suspender, por ejemplo, el ejercicio de una corredora o el trabajo de un agente, por un año, hasta que el conflicto sea resuelto por los tribunales. ¡Por favor! Debemos respetar el legítimo ejercicio de los derechos económicos. ¿Tiene suficientes atribuciones dicha superintendencia? Las tiene. Pero llegado el momento, si impone una sanción, ésta debe ser revisada y complementada por los tribunales. Cuando me dicen que dicha superintendencia debe tener esta atribución, contesto que estoy de acuerdo, pero siempre y cuando se establezca de inmediato un sistema fácil y eficiente para que el ciudadano pueda reclamar ante el superintendente si un año después se dio cuenta de que la decisión que éste adoptó no era la correcta. Démosle esta atribución al superintendente siempre y cuando en la misma ley establezcamos un sistema fácil y rápido que permita al ciudadano reclamar ante el órgano de la administración. Eso no está considerado en el proyecto. Por lo tanto, en esos términos, nos parece inadecuado entregar nuevas atribuciones al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.
Pido votación separada para las siguientes disposiciones: los numerales 1) y 3) del artículo 3º; el numeral 37 bis del artículo 4º; las letras a) y b) del numeral 7) del artículo 5º; los numerales 9) y 10) del artículo 9º; la letra b) del numeral 1) del artículo 10; el número 7 del artículo 11, y letras a) y b) del número 1. Para mayor claridad, haré entrega de esta lista a la Secretaría.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Tuma .
El señor TUMA.-
Señora Presidenta, si bien el proyecto no va a ocasionar de inmediato una explosión de cambios en los incentivos a las inversiones, no deja, por ello, de ser una iniciativa muy importante, pues sus normas permiten transparencia y equidad en el actuar de quienes participan en el mercado de capitales. Entre otras disposiciones, el proyecto modifica el decreto ley N° 3.500, la ley General de Bancos, la ley sobre Compañías de Seguros y la ley sobre Mercado de Valores.
Dada su extensión, sólo me voy a referir a dos o tres materias que nos parecen positivas y a otras que considero conveniente revisar, ojalá antes de la votación.
En primer lugar, respecto de las tarjetas de crédito del ámbito comercial, considero que la razón principal que ha motivado la preocupación de muchos parlamentarios es la liberalidad que éstas han mantenido, puesto que no existe ninguna regulación en virtud de la cual se fiscalice su uso. Si el usuario presentara un reclamo, se enteraría que ni el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , ni la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tienen atribuciones para recibir las denuncias. Los más de 8 millones de usuarios de tarjetas de crédito comerciales están absolutamente indefensos a la hora de buscar justicia cuando se ven afectados por la inequidad o por cobros indebidos.
No creo que sea necesario modificar esta legislación sólo porque hay un riesgo sistémico. Ya se dijo que en algunos casos éste no existe porque son más tarjetas de débito que de crédito. Es muy difícil para el Estado o para quien las fiscalice determinar en cada caso si la tarjeta es de débito o de crédito. La razón por la que valoro la incorporación de esta norma que fiscalizará este ámbito que no está regulado es establecer un equilibrio en la relación entre los más de ocho millones de usuarios y estos cuasi monopolios de tarjetas de créditos comerciales que establecen un contrato de adhesión. Por ese motivo, los usuarios no tienen a quien recurrir.
Por esa razón respaldaré con mucho entusiasmo esta forma de establecer una regulación. Se pudo haber elegido otra forma a través de la cual regular este mercado, pero se eligió ésta y me parece bien.
Habrá una cantidad de tarjetas que estarán bajo la vigilancia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y quedará a criterio del Banco Central decidir en un momento determinado cuáles deberán estar reguladas por esa entidad. De acuerdo con lo que aprobamos en la modificación de la ley del Consumidor, el resto de las tarjetas estarán reguladas por el Sernac. Con eso, el ciento por ciento de las tarjetas de crédito comerciales estarán bajo alguna supervisión que le permita a los usuarios establecer una reclamación cuando se abuse de la relación de desequilibrio entre el emisor de la tarjeta y el usuario. Por esa razón, el hecho de que este tipo de tarjetas sean fiscalizadas tiene un mérito, pues antes sólo existía fiscalización de las tarjetas bancarias a través de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Por otra parte, estamos creando un registro único de prenda. Cuando un acreedor otorga un crédito, recibe una prenda que no está regulada. A través de esta modalidad, establecemos nuevos sistemas para facilitar el acceso al crédito y la confianza de los acreedores en un mercado al que podríamos llamar de capital de riesgo. Hasta ahora no se ha formalizado cómo se obtiene un crédito. Conocemos los créditos con garantías a través de las garantías hipotecarias, pero no está normado entregar otra clase de bienes. No existe regulación, en el sentido de que si se tiene un contrato -que es un bien-, pueda entregarse en garantía y, a su vez, pueda también ser endosado a un tercero. En este proyecto estamos creando ese instrumento necesario. Primero, vamos a crear un registro único nacional de prendas, de tal modo que cualquier acreedor que quiera confiar un crédito a un deudor pueda consultarlo respecto de los bienes muebles que se están utilizando como prenda. En los créditos hipotecarios se pueden cerciorar consultando en el Conservador de Bienes Raíces, pero no acontece lo mismo cuando se trata de una prenda con desplazamiento o sin éste.
En este proyecto de ley se establece que podrá constituirse en prenda toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles, presentes o que, eventualmente, puedan llegar a existir en el futuro, cuya enajenación no esté prohibida a la fecha de la suscripción del contrato. Entonces, también pueden constituirse como prenda el derecho de concesión de obras públicas, de obras portuarias, de construcción y explotación del subsuelo, la concesión onerosa sobre bienes fiscales, el derecho de explotación de concesiones de servicios sanitarios, etcétera. Es decir, con esto se abre un mundo de posibilidades de financiamiento a todos quienes hayan ganado en una licitación un derecho por un determinado tiempo, el cual puedan transferir a un tercero como garantía por el financiamiento que hace operable el contrato. También estamos consagrando la constitución de prenda sobre bienes y derechos que eventualmente puedan llegar a existir o sobre cosas que aún no estén materialmente en el país o que aún no hayan sido confeccionadas.
Valoro el hecho de que el proyecto multiplique las oportunidades para que los inversionistas materialicen negocios respecto de los cuales hoy no tienen garantías o no cuentan con la fuente de financiamiento. Sin embargo, en la iniciativa echo de menos dos elementos que están pendientes: en primer lugar, el Banco de Garantías Hipotecarias, situación que hoy no permite la movilidad entre los distintos bancos que las reciben, situación que transforma en cliente cautivo a quienes las tienen en aquellas instituciones y, en segundo lugar, establecer el capital de riesgo como instrumento. No obstante, estimo meritorio lo realizado.
Respecto de la facultad del superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para paralizar o suspender a un actor del mercado, debería establecerse una vía de apelación, porque no es justo arruinar económicamente a una empresa a raíz de una suspensión por el lapso de un año. ¿Quién se hace cargo del perjuicio económico de la empresa en caso de que el fallo del tribunal establezca que no ha tenido participación dolosa? Como advierto un desequilibrio en la norma, estimo que se debería establecer un límite que garantice, por una parte, la correcta aplicación de la facultad y, por otra, la reparación del daño causado por la incorrecta aplicación de una medida administrativa.
Por último, expreso que la bancada del Partido por la Democracia respaldará sin reservas el proyecto de ley, salvo las situaciones mencionadas.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Por haber concluido el tiempo para intervenir en el Orden del Día, quedan inscritos en primer lugar para la sesión del martes 15 de junio -día en que se votará el proyecto en debate- los diputados señores Von Mühlenbrock , Riveros , Lorenzini y Luksic .
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
A continuación, corresponde tratar proyectos de acuerdo.
El señor RIVEROS.-
¿Me permite, señora Presidenta?
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta, dado que la presente sesión ha sido bastante irregular, solicito el acuerdo para que se postergue el tratamiento de los proyectos de acuerdo hasta la próxima sesión.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Señor diputado, no hay quórum para tomar ningún acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo N° 418, de la señora Mella, doña María Eugenia ; de los señores Ortiz , Silva , Palma, Saffirio , Araya , Vargas, Vilches ; Muñoz, don Pedro , y de la señora Muñoz , doña Adriana , por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Considerando:
Que las expectativas de vida de los chilenos van en aumento y, por ende, el porcentaje de la población del adulto mayor es cada vez mayor.
Que el compromiso del Gobierno de S.E. el Presidente de la República es la preocupación permanente y constante del bienestar del adulto mayor.
Que los espacios de recreación de que se dispone en las distintas comunas, tanto de la Región Metropolitana, de Santiago, como en las del resto del país, no cuentan con instalaciones ni infraestructura suficientes y necesarias para la realización de actividades recreativas y deportivas para este importante sector.
Que el sentir de los integrantes de este sector del país cada día es saberse más útiles tanto para la sociedad, para sus familias y para sí mismos.
Que, para la realización de estas actividades, es esencial la existencia de un gran establecimiento que reúna las condiciones que las sustenten y apoyen, como podría ser un Estadio de Recreación Nacional del Adulto Mayor.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que se sirva ordenar los estudios necesarios para que, a través del Servicio del Adulto Mayor y del Instituto Nacional de Deportes (ChileDeportes), se apruebe y se inicie, en el más breve tiempo posible, la construcción de un Estadio de Recreación para el Adulto Mayor.”
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se reanuda la sesión.
En votación.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Por no haberse obtenido el quórum requerido, su votación queda pendiente para la sesión de mañana.
VII.INCIDENTES
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN CALAMA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora .
El señor MORA.-
Señor Presidente, me quiero referir a un tema planteado conjuntamente por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Calama, por el gobernador y por el alcalde, a raíz de un problema que también preocupa el resto del país: la seguridad ciudadana.
Según las cifras entregadas por el Gobierno, el aumento de la delincuencia en Calama ha sido bastante grande en los dos últimos años, puesto que ha crecido prácticamente en un ciento por ciento. Las denuncias por delitos cometidos en la ciudad han subido de 2.500, en 2001, a 5.700, en diciembre de 2003; es decir, se han incrementado en más del ciento por ciento los delitos graves, como homicidios, asaltos, violaciones, etcétera.
Las expectativas de desarrollo y el crecimiento que ha experimentado la Segunda Región, más la decisión de Codelco de trasladar el campamento Chuquicamata a la ciudad de Calama por problemas medioambientales, plan que considera la construcción de alrededor de 3 mil viviendas, lo que significa más empleos, han provocado un aumento de la población. Ha llegado mucha gente a Calama con expectativas de encontrar trabajo, las que muchas veces no son satisfechas; no obstante, las personas se quedan en la ciudad. Además, diariamente llega una población boliviana de aproximadamente 15 mil personas, y todos los días la autoridad chilena expulsa del país alrededor de siete u ocho bolivianos indocumentados. El traslado de vehículos robados desde Calama hacia Bolivia es un problema permanente y muy grave.
Dados los hechos denunciados: el aumento de la delincuencia y las expectativas de crecimiento de Calama, es imperioso aumentar la dotación de Carabineros para impedir, a lo menos, el aumento de los delitos.
En la actualidad, Calama tiene una población de 150 mil habitantes, a los que se deben sumar 20 mil personas que constituyen su población flotante. Se cree que Calama, debido a la inversión minera y al desarrollo de la minería en la región, en los próximos siete u ocho años puede llegar a tener 200 mil habitantes.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior para que estudie la factibilidad económica de implementar el plan Cuadrante en Calama a partir del próximo año, al igual que el establecido en la ciudad de Antofagasta, para lo cual ya hemos conseguido recursos adicionales de parte de Codelco.
Asimismo, solicito enviar copia del texto de esta intervención al gobernador de la provincia de El Loa y al alcalde de Calama.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia del texto de su intervención, y con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Pedro Araya , Jaime Mulet , Rodrigo González , Samuel Venegas , Felipe Letelier , Jaime Quintana , Carlos Vilches y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA EJECUTAR OBRAS EN PEUMO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, al igual que el diputado Waldo Mora , durante las dos semanas distritales, recorrí las distintas comunas que represento en la Cámara de Diputados.
En Peumo, ciudad muy importante desde el punto de vista exportador, el Gobierno está realizando grandes inversiones. Sin embargo, quiero expresar mi preocupación por la utilización de esos recursos, ya que la municipalidad de esa comuna está realizando obras que la comunidad no ha priorizado y a las que no ha dado el visto bueno para su ejecución.
Por eso, solicito oficiar al contralor general de la República a fin de que se fiscalice, mediante el PMU, Programa de Mejoramiento Urbano, la construcción de dos multicanchas, ubicadas en los sectores de La Arboleda, uno de los más importantes de la comuna, y La Cantera, uno de los más humildes de la comuna, por parte de la municipalidad de Peumo, con el objeto de conocer el costo de ambos proyectos, si hubo o no licitación, si fue pública o privada y si se fiscalizó la construcción de estas obras y el uso de los recursos.
Los dirigentes de las juntas de vecinos y sus respectivas asambleas manifestaron su preocupación porque los recursos asignados para el mejoramiento de barrios no corresponderían a los usados. Según la información que manejan estos dirigentes, sólo se ha utilizado un tercio de los recursos asignados y no ha habido licitación. Por eso, esperamos que la Contraloría General de la República aclare cuál ha sido el procedimiento utilizado para ejecutar estas obras en la comuna de Peumo y, al mismo tiempo, se informe de ello al honorable concejo municipal.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención, y con la adhesión de los diputados señores Jaime Quintana , Waldo Mora , Carlos Vilches , Pedro Araya , Jaime Mulet , Rodrigo González , Samuel Venegas , Leopoldo Sánchez , José Pérez y de quien habla.
ALCANCES SOBRE POSTURA DE CONSEJO MINERO, RELATIVA A APLICACIÓN DE ROYALTY A LA GRAN MINERÍA DEL COBRE.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, en primer lugar, haré algunas precisiones en torno del proyecto que establece un royalty a la gran minería del cobre, que presentamos junto con un grupo de parlamentarios el 13 de marzo recién pasado, después de muchos años de venir propiciando tal iniciativa, liderados por el senador Jorge Lavandero .
Cuando presentamos el proyecto, hubo una fuerte oposición de sectores empresariales, que no aceptan la aplicación de un royalty.
Hace algunas semanas, el Presidente de la República, a través del ministro de Hacienda, dio a conocer la intención del Ejecutivo de establecer un royalty, que, en términos generales, es muy parecido al que planteamos en nuestra iniciativa, pero gradual -va de 1 a 3 por ciento- y con un período de transición. Quizás, esos dos aspectos lo diferencian de nuestro proyecto.
En general, estamos de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y creemos que es perfectamente posible tratar de manera conjunta ambos proyectos, una vez que el Ejecutivo presente el suyo. Sin embargo, nos preocupa que aún no lo haga llegar, ya que sólo conocemos sus aspectos generales. Pero tenemos paciencia, especialmente quienes somos del norte, así que podemos esperar algunas semanas más.
En segundo lugar, quiero referirme a la campaña en contra del royalty que propician los ejecutivos de las empresas mineras, pues si se aprueba la iniciativa ¡por fin pagarán algo al fisco!
Los dirigentes de las asociaciones gremiales, como el señor William Hayes , del Consejo Minero, tienen pleno derecho a defender los intereses de sus asociados. Precisamente para eso están, ya que uno de los objetivos principales de dichas asociaciones es defender los intereses de los miembros del gremio. Sin embargo, si bien es legítima la presión o fuerza que ejercen, ello debería tener un límite.
Señalo lo anterior, porque hace algunos días, el señor William Hayes , de alguna manera siguió la huella del gerente general de Endesa, cuyas declaraciones fueron contestadas por el ministro de Hacienda, cuando no sólo se involucró -como inversionista extranjero tiene pleno derecho a hacerlo-, sino que fue más allá y, al igual que lo hizo el señor Hayes , intentó sustituir el rol de los parlamentarios, de los partidos políticos o de otras organizaciones del país. Esto, indudablemente, debe ser reprochado. Es lo que hago desde este hemiciclo.
Si quieren entrar en política, que organicen un partido político o ingresen a alguno de los que ya existen, que los represente. El rol de los dirigentes de las asociaciones gremiales es defender los intereses de sus asociados, cuestión que hacen muy bien. El rol de los partidos políticos, como la Democracia Cristiana, es defender los intereses de todos los chilenos, de acuerdo con sus convicciones. Esas convicciones implican que es necesario establecer un royalty, porque el aporte que hacen las empresas mineras privadas por extraer minerales, recursos no renovables que, de acuerdo con nuestra Constitución, pertenecen a todos los chilenos, es nulo. De hecho no sólo no pagan por esos recursos, sino que, además, en su proceso -eso se ha dicho tantas veces-, el aporte que efectúan por la vía tributaria es mínimo comparado con lo que aporta Codelco por la misma actividad.
Por lo tanto, creo que ese tipo de declaraciones no corresponde y contestaría al personero del Consejo Minero con la misma expresión eufemística que utilizó el ministro de Hacienda al responder al gerente general de Endesa: “tiene las puertas abiertas”. Sin embargo, agregaría algo más. Hay quienes sostienen que si a futuro determinados proyectos mineros no se ejecutan, puede que el precio del cobre suba o se mantenga. De lo contrario, podríamos tener una sobreoferta de cobre como la registrada durante los últimos años que, a juicio de muchos, ha influido en lo alicaído del precio de ese metal.
He dicho.
REINCORPORACIÓN DE ALUMNO A LICEO POLITÉCNICO PUEBLO NUEVO, DE TEMUCO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, quiero referirme a la situación que afecta a Yarol Paredes Pacheco, joven temuquense de origen mapuche que vive en la comuna de Vilcún. Hasta fines de 2003 cursaba su enseñanza media en el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, siendo promovido a cuarto año medio. Sin embargo, entre septiembre y noviembre de 2003, su apoderado fue objeto de presiones por parte del establecimiento para que retirara a su pupilo, aduciendo “problemas de disciplina”.
En marzo del presente año, al joven Yarol Paredes no se le permitió matricularse en el Liceo Politécnico de Pueblo Nuevo. Ello resulta muy extraño, pues para negar la matrícula a este joven, que hoy tiene 17 años, el director hizo referencia a su hoja de vida, pero nada dice sobre ella. Habla de problemas de conducta, sin precisarlos, y de un deficiente rendimiento. Cabe hacer presente que el joven nunca ha repetido un curso y el propio establecimiento otorgó a la madre un certificado que, entre otras cosas, señala textualmente que se trata de un joven de una conducta “dentro del promedio aceptable para su edad”.
Me pregunto si el director del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, de Temuco, sabrá que existe una reforma constitucional, que tiene ya un año de vigencia, por medio de la cual el Estado garantiza la educación media completa a todos los jóvenes del país.
Durante el presente año, este joven de la comuna de Vilcún ya ha perdido dos meses de estudios, y podría perder todo lo cursado con antelación, debido a que el módulo de mecánica automotriz no existe en otro establecimiento educacional de la región. El liceo de que hablamos tiene la categoría de cooperador del rol educativo del Estado, pero no cuenta con él para garantizar la obligatoriedad de cursar doce años de escolaridad. Lo curioso es que el Ministerio de Educación le ha transferido por la vía de aportes de capital, más de 570 millones de pesos para su ampliación en los últimos dos años.
En uso de sus facultades, el 6 de mayo de este año, el director del Departamento Provincial de Educación Cautín, don Luis Campos , exigió al director del establecimiento politécnico la reincorporación del alumno. Sin embargo, éste se niega a aceptar la instrucción y esgrime jurisprudencia de tribunales de los años 1998, 1999 y 2000, época en que no existía la reforma educacional. Me parece que esto es aún más complejo que lo ocurrido con este joven, porque se está poniendo a prueba la eficacia de una reforma constitucional tan importante, que hace obligatorios los doce años de escolaridad, pero estamos viendo los primeros obstáculos que imponen algunos directores.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Educación, al seremi de Educación de la Novena Región y al jefe provincial de Educación de Cautín Norte, adjuntando copia de mi intervención.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal y de los diputados señores Felipe Letelier , Leopoldo Sánchez , Samuel Venegas , José Pérez , Carlos Vilches y de quien habla.
EVALUACIÓN DE LEY SOBRE TIPIFICACIÓN DE CARNES Y ANTECEDENTES RESPECTO DE IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señor Presidente, hace más de ocho años el Congreso, después de un trabajo muy arduo en las Comisiones de Agricultura, de Salud y otras, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, aprobó la ley sobre tipificación de carne. Ello como consecuencia de las demandas y quejas de la ciudadanía debido a la verdadera anarquía que en este aspecto presentaban las carnicerías y las distribuidoras de carne. Sin embargo, como ocurre con muchas leyes que despacha el Congreso, no existe una evaluación de la aplicación de esta ley. Es responsabilidad del Ejecutivo difundir las leyes y vigilar su aplicación.
En general, los proyectos ingresan a la Cámara -muy pocas veces lo hacen por el Senado- y, una vez terminada su tramitación en el Congreso Nacional, al no haberse requerido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, son promulgados con la firma del Presidente de la República y publicados en el “Diario Oficial”.
La ley sobre tipificación de carnes permite la comercialización y venta de productos de calidad, sancionando, obviamente, su incumplimiento.
Sin embargo, los parlamentarios constantemente recibimos denuncias y quejas de los consumidores, -especialmente las mujeres son las que compran en supermercados, en carnicerías, etcétera-, porque en estos establecimientos no hay disponibilidad de carne de vacuno clasificada en categorías V, A o C.
Considero que el Servicio Agrícola y Ganadero -del cual fue director el colega Leopoldo Sánchez - debe explicar a esta Corporación, por intermedio del ministro de Agricultura, cuál ha sido la evaluación y cómo ha funcionado la norma que tipifica las carnes con las letras de la palabra V A C U N O.
El mayor reproche es con respecto a los supermercados grandes, que venden carnes importadas, donde, incluso, su presentación deja mucho que desear, según dicen algunas personas.
Se debe ser estricto en la aplicación de la ley vigente, porque se está vendiendo carne proveniente de países cuyos procesos de clasificación y calidad no conocemos bien. Tampoco sabemos nada respecto del sistema de frío aplicado; el tiempo requerido para el transporte de su lugar de origen y para realizar toda la cadena de distribución.
A los importadores les da lo mismo comprar cualquier tipo de carne, ya que sólo les interesa asegurar un margen grande de ganancia. Pero la culpa no la tienen ellos, sino los organismos obligados a fiscalizar estas importaciones.
La población consumidora corre un serio riesgo con la importación de carne de mala calidad, porque ello va en desmedro de la ganadería nacional. No estamos dispuestos a que, frente a competencias desleales, nuestro país se vea perjudicado.
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Agricultura para que, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, nos informe a cuánto asciende el número de importadores de carne; de qué lugar exacto proviene ésta; cuántos son los funcionarios destinados por el SAG a supervisar, fiscalizar e inspeccionar y a vigilar que se cumpla la normativa.
Nuestra preocupación no es menor si se tiene en vista que se consume carne de muy mala calidad, que en algunos casos proviene de países afectados por la fiebre aftosa y otro tipo de enfermedades.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados Leopoldo Sánchez , Jaime Quintana , Carlos Vilches , Maximiano Errázuriz , la diputada Ximena Vidal y del presidente accidental que les habla.
RECONOCIMIENTO A CRISTALERÍAS DE CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas, puede resultar extraño que en esta Cámara de Diputados se rinda homenaje a una empresa y no a una persona, como es habitual. Sin embargo, la empresa Cristalerías de Chile Sociedad Anónima es una compañía que acaba de obtener el premio “Carlos Vial Espantoso 2004” entre las 71 que postularon, reconocimiento que anualmente se hace a aquella empresa que se haya destacado por los beneficios que proporciona a sus trabajadores y por las relaciones laborales que existen entre estos y sus patrones.
Don Carlos Vial Espantoso fue un hombre que luchó, en vida, por conseguir que las empresas compartieran con sus trabajadores los beneficios del éxito económico. Don Carlos, hombre de profundas convicciones religiosas, decía hace más de medio siglo que “en el trabajo, la motivación viene del espíritu... y corresponde pagarlo con la justa parte del fruto del esfuerzo.”
El actual presidente del directorio de Cristalerías de Chile, don Ricardo Claro Valdés , señalaba lo siguiente en su alocución: “Mi primera visita a la fábrica nueva en Padre Hurtado me produjo mucha impresión. Los trabajadores, a la hora de almuerzo, sentados en las veredas de las calles internas de acceso a la fábrica, comían la llamada “choca” en tarros de conserva ennegrecidos por el fuego. Curiosamente la fábrica disponía de un gran comedor y de una cocina rodeada de acero inoxidable que podía competir con la del mejor restorán de Santiago, pero ¡no se usaba! Sin tardanza di la orden de habilitar la cocina y el comedor, lo que se hizo rápidamente. Este hecho increíble me hizo pensar que había una gran labor social que hacer en la empresa”, finalizaba Claro.
Cristalerías de Chile tiene cien años y 714 personas que trabajan allí. A través de un proceso de evaluación de desempeño, analiza el cumplimiento de metas y se estimula la carrera dentro de la compañía. Pero más allá de la capacitación, lo que interesa en la empresa es mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. Cristalerías de Chile da facilidades a sus trabajadores para adquirir sus viviendas, otorga becas universitarias y apoyo al personal en salud y educación.
¿Qué indujo a don Ricardo Claro a dar este paso? Por de pronto, la casi inhumana situación en que se encontraban los trabajadores cuando él llegó, en 1976. Pero también el espíritu social aprendido en el colegio Saint George’s ; las encíclicas sociales, en especial Rerum Novarum ; las enseñanzas de ese gran maestro que fue don Jaime Eyzaguirre , y las tres encíclicas de Su Santidad el Papa Juan Pablo II .
“Lo más admirable es que esto es posible”, señalaba el ministro Francisco Vidal en su alocución, para expresar que la buena relación entre empresarios y trabajadores puede darse en la forma en que se ha logrado en Cristalerías de Chile.
En el Cid Campeador , esa obra notable que perdura en el tiempo, el Cid expresaba: “¡qué buen vasallo si oviese buen señor!”. Cuando hay buenos empleadores, también hay buenos trabajadores. Basta examinar la permanencia promedio de quienes laboran en Cristalerías de Chile para percibir el clima que se respira allí.
Si extendemos a esta Cámara de Diputados el homenaje público que se le rindió en Santiago hace unos días, al entregarle el premio “Carlos Vial Espantoso”, lo hacemos sabiendo que herimos la modestia de don Ricardo Claro, que practica aquello de que “no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”. Pero no podemos silenciar el esfuerzo de muchos años por mejorar, día a día, la condición de sus trabajadores y de sus familias. Este ejemplo debe imitarse, pues “es posible”, como decía el ministro Vidal .
Ya en años anteriores obtuvieron dicho reconocimiento otras cuatro empresas; en los sucesivos serán otras compañías las que demostrarán al empresariado chileno, a sus trabajadores y al país que esto “es posible”.
Desde esta tribuna quiero felicitar a los trabajadores de Cristalerías de Chile y a sus ejecutivos en la persona del presidente de su directorio, don Ricardo Claro Valdés . También a esos muchos empresarios que, en forma silenciosa y desconocida, trabajan por mejorar, día a día, la condición de sus trabajadores, construyendo una sociedad más productiva, pero también más justa y solidaria.
Señor Presidente, solicito enviar copia de mi intervención a los ministros Secretario General de Gobierno y del Trabajo, don Francisco Vidal y Ricardo Solari , respectivamente.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Samuel Venegas , Carlos Vilches y José Miguel Ortiz .
Además, sugiero al señor diputado, si le parece bien, hacer llegar también copia de su intervención al ministro del Interior; al presidente del directorio de Cristalerías de Chile y a los presidentes de los dos sindicatos de la empresa.
El señor ERRÁZURIZ.-
Agradezco su sugerencia, señor Presidente.
APLICACIÓN DE ROYALTY A EMPRESAS MINERAS. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, por cinco minutos y dos segundos, el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, quiero referirme a un tema que está en el debate nacional, la aplicación de un royalty a la gran minería del cobre.
El pueblo chileno y los políticos que representamos a sectores de la minería consideramos inaceptable la campaña iniciada desde hace un tiempo por el consejo de la Sociedad Nacional de Minería, que dio origen a uno de los últimos titulares del diario “Estrategia”: “Mineras prenden luz roja al royalty”. Además, es incalificable, pues nos acusan de decir falsedades y de ignorancia en el conocimiento de estas materias.
Al respecto, quiero decir a quienes están viendo esta sesión por el canal de la Cámara de Diputados, que este tema raya en lo increíble. Chile abrió sus puertas, con afecto, cariño y respeto, para que los inversionistas extranjeros desarrollaran proyectos mineros que les reportaran grandes utilidades y, al mismo tiempo, generaran empleo y desarrollo para el país. Sin embargo, estudios realizados para evaluar su comportamiento demuestran que nunca un proyecto acogido al decreto ley Nº 600, Estatuto del Inversionista, ha aportada nada al país en materia de impuesto a la renta. ¡Ésa es la verdad!
¿Quiénes han pagado sus impuestos?, se pregunta la gente. Bueno, lo han hecho grandes proyectos, como La Escondida y Mantos Blancos , en la Segunda Región, pero ninguna de las dos empresas están acogidas al decreto ley Nº 600. ¡Ésa es la gran diferencia que tienen con los más de treinta proyectos de 17 empresas de gran magnitud en el país!
¿Qué reclaman, entonces? Sólo pedimos que se corrija una omisión contenida en la legislación vigente, que da la posibilidad de explotar recursos no renovables sin pagar ningún centavo por esos recursos. Esta es una verdad a prueba de todo desmentido; sin embargo, nos acusan de decir falsedades.
En la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para estudiar esta situación, la cual tuve el honor de presidir, se constató que empresas que ya llevan veinticuatro años en el país han declarado pérdidas en forma permanente y que otras, como La Disputada de Las Condes y El Indio, agotaron los yacimientos al cabo de veinte años y nunca pagaron nada al Estado chileno.
Es, entonces, indigna e inaceptable la campaña iniciada por el consejo de la Sociedad Nacional de Minería para demostrar que lo han hecho bien. Están muy equivocados. Lo que han hecho muy bien es su negocio.
Nadie puede discutir lo que han aportado en materia de generación de empleo -más de 80 mil personas trabajan en esta minería-; nadie puede discutir la cantidad de insumos que compran en el país, pero la discusión es otra. Si las empresas de otros sectores, por muy pequeñas que sean, pagan impuestos, ¿por qué las compañías mineras tienen el privilegio de no hacerlo?
No podemos aceptar eso. Contamos con antecedentes, a toda prueba, que respaldan nuestra posición, por lo que esperamos, con ansias, que el Ejecutivo envíe el proyecto sobre la materia para participar en su discusión.
Muchos han señalado que no les parece que como diputado de Oposición haya hablado en contra de las empresas mineras. No tengo pelos en la lengua para decir lo que opino, con claridad y transparencia, porque mi experiencia y conocimiento sobre la materia me han permitido aportar a este debate antecedentes concretos, sin mentir a nadie, sin demagogia ni engaños. Por la dignidad del país debemos aprobar una iniciativa de esta naturaleza.
Quiero enviar un mensaje muy preciso a los empresarios, incluidos los señores Juan Claro , Hernán Hochschild y William Hayes , quienes han apoyado la campaña en contra del royalty: los políticos deben defender la política minera y la dignidad del país y los empresarios deben preocuparse de sus negocios; para eso les pagan. A nosotros nos pagan por defender la dignidad del país, de manera que lucharemos incansablemente por una legislación que aplique el royalty a la minería.
Pido que se oficie al ministro de Minería, al presidente del Consejo Minero, al presidente de la Sociedad Nacional de Minería y a los presidentes de los sindicatos mineros de mi región, quienes mayoritariamente reclaman la aplicación de un royalty a la gran minería, a fin de hacerles llegar copia de mi intervención.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Samuel Venegas , Eduardo Díaz y José Miguel Ortiz .
RECHAZO A INGRESO DE BARCOS FACTORÍAS EXTRANJEROS A MAR TERRITORIAL. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra, por nueve minutos, el diputado señor Samuel Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, a pesar de que San Antonio está en decadencia, el estado de ánimo de su gente sigue siendo bueno para superar los altos niveles de cesantía.
Los representantes de los dos más grandes organismos sindicales de pescadores artesanales del país, el presidente de la Confepach, Humberto Chamorro , y el presidente de la Conapach, Cosme Caracciolo , han manifestado su gran preocupación -la cual comparto plenamente- por lo señalado por el subsecretario de Pesca, señor Felipe Sandoval , en relación con la autorización otorgada a barcos factorías con banderas de otros países para ingresar a nuestro mar territorial, a nuestras costas, para capturar, procesar y comercializar un recurso que abunda en estos momentos, el que ha causado algunos problemas a la pesca tradicional. Sin embargo, a pesar de que los pescadores son humildes y su aspecto puede hacer pensar que su estado de ánimo se encuentra decaído, son capaces de idear fórmulas para sacar adelante la arriesgada y productiva tarea que realizan. Ellos ya han tenido significativos avances para capturar esa especie, procesarla y comercializarla como es debido.
Se contó, también, con el respaldo de la Municipalidad de San Antonio a fin de tener un conocimiento más acabado sobre cómo faenar, comercializar y presentar de mejor forma ese producto, ya que hay mercados interesados en adquirirlo.
Como esto parece una solución a la crisis de los pescadores artesanales, creo que no se debe permitir que embarcaciones o flotas factorías con banderas de otros países vengan a quitarles el trabajo y, por lo tanto, el pan de la boca. En esta oportunidad, alzo mi voz por los pescadores artesanales, porque formo parte de ellos.
Con ese interés asumí la presidencia de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, pido que se informe al Presidente de la República, con el objeto de que esté consciente de la realidad que viven los pescadores artesanales, interceda por ellos y no permita la presencia de flotas factorías en nuestros mares, que puede echar por tierra todo el avance para lograr que esta especie, que depredó otras de nuestra biomasa tradicional, pueda ser comercializada por desconocidos y, también, por grandes empresarios, lo que impedirá el desarrollo de nuestros pescadores.
Quiero que mi planteamiento también se haga llegar al subsecretario de Pesca a fin de que no se permita que flotas y mano de obra extranjeras vengan a participar en lo que, en derecho, nos corresponde.
Hago notar la gran preocupación, y la mía en particular, por la huelga de cinco o seis días en esa organización del Estado, que fiscaliza las materias relacionadas con la pesca.
A mi juicio, se dañó a quienes se preocupan por la debida realización de las fiscalizaciones.
Hubo un acuerdo y una ley para otorgarle recursos a ese organismo a fin de que efectuara una buena fiscalización. No obstante ello, no ha habido un mejoramiento. Se requiere especialmente de la voluntad del ministro de Hacienda para una adecuada fiscalización, que signifique la protección de la biomasa, de los intereses del país y de los pescadores artesanales en las distintas actividades que realizan, de modo de tener la certeza de que no habrá irregularidades en el área de las pesquerías y en el quehacer permanente de los hombres de mar, que arriesgan la vida en su trabajo.
Por eso, también solicito que se oficie al ministro de Hacienda para que dé cumplimiento a la solicitud del ministro de Economía de noviembre de 2003, en orden a otorgar a dicho organismo los recursos que le permitan mejorar las condiciones salariales del personal correspondiente, reconocer las horas extraordinarias y las faenas riesgosas que debe cumplir.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
HOMENAJE A EDMUNDO PÉREZ ZUJOVIC CON MOTIVO DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, precisamente en un día como hoy, 8 de junio, pero de 1971, se decía lo siguiente: “Ha muerto Edmundo Pérez Zujovic . Traspasado por las balas enemigas, su cuerpo ha sido acribillado por el odio de sus adversarios.”
Las palabras del cardenal Raúl Silva Henríquez , en su oración fúnebre, revelaron tanto lo que había pasado como lo que aún quedaba por llegarle a Chile: “Pocas veces hemos saboreado tanto esta amargura; pocas, pero nos parece ya demasiado. Tenemos que matar el odio antes de que el odio envenene y mate el alma de nuestro Chile.”
Sobre el mismo sentimiento, diría luego don Eduardo Frei Montalva : “Los autores materiales del hecho murieron, pero los autores intelectuales siguen circulando y corrompiendo el alma de esta nación.” Y agregaba: “Por eso, en estos tiempos, en que tantos parecen disolverse en turbia gelatina, en que todo es posible, desde la violencia desencadenada hasta la calumnia y la mentira como sistema consagrado para alimentar el poder, en que en nombre del pueblo aparecen nuevas y voraces oligarquías que hablan de los pobres para construir sus ventajas, un hombre así no podía seguir viviendo, era como un desafío permanente, una afrenta, un peligro, tenía que desaparecer.
“Por eso se organizó en su contra un ataque inexorable. En el camino de someter y atemorizar a los chilenos, él era un obstáculo. Había que destruirlo”.
Por su parte, Patricio Aylwin Azócar , senador de la Democracia Cristiana, apuntaba en sus palabras sobre los autores del homicidio: “El sectarismo totalitario que provoca en muchos la ideología marxista-leninista genera un odio destructor que no distingue entre el sistema y los hombres.
“En un artículo que el Che Guevara escribió poco antes de morir, expresó en palabras verdaderamente dramáticas la necesidad de un odio irrefrenable al enemigo, que convierte al ser humano en una fría e implacable máquina de matar”.
“Éste es el odio que grupos exaltados de izquierda, con el apoyo ideológico de importantes sectores socialistas, con aval de una organización internacional, de muy alto origen, -dice el ex Presidente Aylwin - Olas, y con respaldo permanente de una campaña sistemática de la prensa escrita y hablada de tendencia de Izquierda, están desde hace tiempo tratando de encender ese odio en el corazón de los chilenos. Edmundo Pérez Zujovic cayó víctima de ese odio.
Han pasado treinta y tres años desde aquel aciago día. Los que desataron la guerrilla verbal y el asesinato de imagen contra Edmundo Pérez Zujovic , tras los desgraciados hechos de Puerto Montt, pavimentaron el camino de su inmolación. Lo acusaron ante esta Cámara; quienes debían defenderlo, se escondieron -como cuenta la historia- en los baños y comedores. Pocos meses después, ellos mismos integraban las filas de la Izquierda que había condenado a muerte al ministro.
Las consecuencias de su actuar fueron mucho más allá. Con el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic iniciaron el camino hacia la muerte del alma del viejo Chile republicano. Quisieron jugar con viento y cosecharon tempestades.
Treinta y tres años después las nuevas generaciones de chilenos apuntamos a levantar de entre los odios y desconfianzas aún enquistadas en parte del alma nacional un nuevo país, en el que nadie prepare científicamente la hecatombe de un chileno por pensar o actuar distinto de lo que las afiebradas ideas de una minoría quisieran imponer al resto.
Reconstruir las confianzas ha sido un largo y tortuoso camino. Nosotros los jóvenes, actores de este nuevo presente, ponemos esperanza allí donde otros pusieron desaliento; proponemos perdón donde otros insisten en revancha; miramos al futuro mientras una bulliciosa cohorte se enquista en el pasado y pretende forzar a los chilenos a vivir como la mujer de Lot: mirando hacia atrás.
Edmundo Pérez Zujovic : treinta y tres años atrás fuiste condenado a muerte y fríamente ejecutado por adversarios henchidos de odio; con el paso del tiempo, has sido redimido a la vida eterna por tu fe en Dios y por el cariño del país al cual serviste con amor.
Por eso, a mis treinta años, he querido rendir este homenaje desde esta Cámara.
Pido que se haga llegar copia de esta intervención a sus hijos, nietos y familia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
Ofrezco la palabra al Comité de la UDI.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.04 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de las diputadas señoras María Antonieta Saa, Adriana Muñoz, Ximena Vidal, María Angélica Cristi, Carolina Tohá, María Eugenia Mella y de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Becker, Bustos y Ceroni.Refuerza la maternidad en el ámbito civil y, en particular, en el laboral. (boletín N° 3546-07)
Considerando:
1.La ratificación que el Estado de Chile hizo del convenio 103 de la OIT, cuyas disposiciones buscan impedir que la maternidad sea una causa de discriminación de la mujer en el trabajo. En este contexto, las políticas de igualdad de oportunidades declaradas e impulsadas por el gobierno del Presidente Lagos no hacen sino recoger aquella sentida aspiración, cada vez más explicitada, de que debe ser la sociedad entera la que debe generar y cuidar a los seres humanos.
2.El Convenio N° 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, ratificado por Chile en 1994, establece en su artículo 3 n° 1: “Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares”.
3.La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer de la ONU, ratificada por Chile en 1989, establece en su Artículo 11 n° 2: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas a la familia y a la sociedad, que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales”.
4.Chile, como estado ratificante de estos convenios, se ha obligado a incluir entre los objetivos de su política nacional, la obtención de una distribución equitativa de las responsabilidades familiares entre trabajadores y trabajadoras, para lograr una igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre unos y otras y, por cierto, 1a implementación de medidas necesarias para que el nacimiento y cuidado de los hijos sean tareas asumidas socialmente.
5.La no discriminación y la protección social de la maternidad y el cuidado infantil ya están reconocidos en Chile por la vía de la ratificación de tratados internacionales, que al estar vigentes y reconocer derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, deberían entenderse incorporados al texto constitucional, tal y como lo ordena el artículo cinco, inciso segundo, de nuestra Constitución. Por añadidura, la Constitución expresamente reconoce el principio de no discriminación (artículo 19 n° 2), por lo que la maternidad y el cuidado infantil no debieran ser impedimento para que las mujeres logren una participación laboral, social y política equitativa con los varones. Asimismo, el artículo primero, inciso segundo, de la Constitución reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad; en consecuencia, del nacimiento y buen cuidado de los hijos depende la permanencia y desarrollo de nuestra sociedad.
6.La inserción cada día más creciente de las mujeres en el mercado del trabajo se ha constituido en uno de los logros más importantes en el proceso de reivindicación de los derechos de las mujeres. La antigua separación sexual del trabajo entre lo público y lo doméstico ha perdido vigencia desde la integración de la mujer al mundo del trabajo. Esto ha permitido ir ganando espacios antes impensados. Sin embargo, más allá de estos avances, nuestros países aún están lejos de lograr una participación plena e igualitaria de la mujer en los ámbitos públicos. En el caso de Chile, las trabas que aún existen para una adecuada y justa inserción de la mujer a1 mundo laboral nos han llevado a aparecer en diversos estudios como el país con el nivel más bajo de participación en ese ámbito. Así, según Icare-Adimark 2.003, de las chilenas en condiciones de trabajar sólo un 35% lo hace, mientras el promedio latinoamericano es de 45%. Japón tiene una fuerza laboral femenina de 51,1%, Canadá de 59,8% y Suecia alcanza el 63,4%, lo que explica sus destacados lugares en productividad.
7.En un país como Chile que pretende alcanzar mayores niveles de desarrollo, constituye un verdadero derroche su reducida fuerza laboral femenina. Debe tenerse presente que se trata de un sector bien preparado con un promedio de escolaridad de 13 años y más que permitiría mejorar notoriamente la competitividad del país. Sobre todo ahora que éste se encuentra en un terreno de igualdad comercial con las naciones desarrolladas. Por eso no resulta sorprendente la afirmación de la Cepal en el sentido de que la incorporación de mujeres pobres al trabajo, permitiría disminuir en un 8% la pobreza de sus hogares.
8.Según lo señalado por la Ministra Directora del Sernam, en Chile las mujeres perciben un salario 30% inferior al de los hombres, en circunstancias que los costos no salariales de los hombres son mayores en un 29%. En consecuencia, la brecha salarial asociada a los costos no pasa de ser parte de los mitos que se han ido creando y que van generando mayor discriminación: por ej.: los costos asociados a la maternidad.
9.De acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizado en 2000 por ese organismo, relativo a los costos de maternidad exclusivamente de trabajadoras asalariadas en Argentina, Brasil, Chile y México, se llegó a la siguiente conclusión: En Argentina, el costo adicional que representa para el empleador la protección de la maternidad es
de 0,9%; en Brasil l,l%; en México de 0,2% y en Chile de 1,8%. El Director de esa organización señaló que el principal motivo de que este costo sea bajo es que en los países analizados, las licencias de maternidad son financiadas directamente por el Estado en el caso de Chile, y por la seguridad social en los otros tres países. El mayor costo de Chile se debe principalmente a la sala cuna que es de 1,3%, mientras que en México no tiene costo porque está cubierto por la seguridad social. En Argentina es de 0,8% y en Brasil de 0,3%.
10.Desde la perspectiva del empleador emerge otro obstáculo para la mujer: la creencia que ella resulta más costosa en términos de productividad, cuando en realidad el verdadero costo es indirecto: ante la ausencia de la madre por motivos de pre y post natal, se deberá buscar un reemplazante y capacitarlo a fin de que cumpla la labor de igual manera. Es importante tener presente que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos el pre y post natal están a cargo de entidades ajenas al empleador por lo que el único gasto extra y directo es la sala cuna.
11.La distribución de roles (el reproductivo frente al productivo), la asignación de responsabilidades que van más allá de la simplicidad de llevar a efecto una actividad (madre protectora, responsable y encargada de la crianza) no compatibiliza con la realidad del mundo laboral. La maternidad así concebida, se torna en un impedimento para que la mujer se realice profesionalmente, ya que se suele pones en una balanza y como opciones contrapuestas, maternidad y trabajo.
12.El Convenio número 3 aprobado en 1919 por la OIT, revisado y aprobado luego en 1952 con el número 103, respalda las conquistas laborales relativas a la licencia maternal, el descanso pre y posnatal, las prestaciones médicas y en dinero, el permiso para. amamantar durante la jornada laboral y la prohibición de despido durante el período de fuero maternal. De hecho, el Gobierno de Chile junto a otros países del Cono Sur rechazaron la modificación del convenio 103, en los aspectos que podían debilitarlo. Los argumentos esgrimidos por Chile en esa reunión se basaban en la defensa de la maternidad como una responsabilidad social.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
“ARTÍCULO 1°.- Agréguese al inciso segundo del artículo 1° de la Constitución Política de la República, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “La maternidad cumple una función social.”.
“ARTÍCULO 2°.- Agréguese al inciso segundo del número 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la siguiente oración: “Es deber preferente del Estado salvaguardar en el trabajo la función de reproducción.”.”.
Moción de las diputadas señoras Ximena Vidal, Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Ceroni, Espinoza, Hidalgo, Felipe Letelier y Meza.Modifica la ley N° 18.483, estableciendo la posibilidad de importación y comercialización de motocicletas con uso. (boletín N° 3548-03)
Antecedentes sobre la legislación vigente en la materia
Con fecha 28 de diciembre de 1985, se publicó la ley que vino a normar la industria automotriz en carácter de ley general.
Dentro de esta norma podemos apreciar que se dio una regulación apropiada para la industria y rubro automotriz, permitiendo reconocer e identificando prolijamente los componentes y partes que asisten en la construcción de cada uno de los vehículos tracción mecánica, así como la estructura bajo la cual iba a regirse en lo sucesivo aquella industria, estableciendo esta ley todo cuanto fuera necesario para dar vida al recientemente florecido campo de la compra de automóviles, como además, incorporando incentivos tributarios para la industria nacional.
No obstante lo anterior, podemos establecer que nos ha regido una estructura normativa acorde con una industria que privilegia de manera expresa el ingreso de automóviles nuevos al país, dejando de lado de manera demasiado tajante cualquier intento de importación de automóviles con uso, salvo algunas acotadas excepciones que la ley especial contempla.
Fundamentos del Proyecto.
Los fundamentos de este Proyecto de Ley dicen relación con una adecuación paulatina de apertura al comercio de vehículos con uso que puedan ser traídos desde el exterior con el fin de facilitar el acceso a medios de locomoción que posibiliten una descongestión vehicular real, posibilitada en la especie, a través de la utilización del mecanismo de la importación de motocicletas que vengan en gran medida a paliar el inmenso crecimiento del parque vehicular que las ciudades de Chile han sufrido.
Además puede esgrimirse sin temor a equívoco, el alto costo que posee para cientos y cientos de chilenos el acceso a un medio de locomoción individual que posibilite su traslado para fines laborales o de descanso, siendo todos los medios de locomoción individuales no sólo de alto costo de adquisición, sino que de mantenimiento, pasando a ser las motocicletas un vehículo de fácil adquisición para gran parte de los ciudadanos como también de económico funcionamiento y mantención.
Dado que en la actualidad, la construcción de ciclovías para el desplazamiento individual en la ciudad ha sido escasísimo, como también sigue siendo escasa la posibilidad de los particulares de adquirir en el mercado motos de calidad a precios razonables, es que se hace necesario adquirir un medio de transporte a bajo precio cuyos costos de mantención además, oscilen entre los mas bajos de los vehículos a tracción mecánica.
Por ello es que resulta imperioso pensar el que pueda ser de gran ayuda para el desplazamiento urbano y rural, establecer la posibilidad de la importación de motos con uso a nuestro país. Podemos ver también, que el precio del petróleo oscila constantemente traspasándose las alzas que se producen de manera periódica a los usuarios, quienes ven un incremento cada vez mayor en los precios de las bencinas, y otros combustibles, encareciendo el transporte de los particulares, quienes en un uso responsable y concordante con la normativa del tránsito vigente, pueden encontrar una solución rápida y efectiva en la adquisición de motocicletas con uso.
Marco regulatorio vigente de las motocicletas.
La normativa general de automóviles no se refiere de manera precisa a las motocicletas. Así tenemos, que la ley n° 18.483 que establece un “Nuevo régimen legal para la Industria Automotriz”, ley promulgada el 27 de Diciembre de 1985 que estableció en su artículo 21 la posibilidad sólo de la importación de vehículos sin uso, salvo las excepciones que se establecen a continuación en su inciso segundo, entre las cuales no se cuentan las motocicletas, por lo que ciertamente no se entienden incluidas entre las excepciones establecidas en el inciso antedicho. Desde el punto de vista tributario, las importaciones constituyen un hecho gravado según lo señala el artículo 8vo, letra a), del D.L. 825 que regula el impuesto a las ventas y servicios, disponiendo que “serán consideradas las importaciones como ventas y servicios tengan éstas o no el carácter de habituales”, lo que hace sujeto pasivo del impuesto a las ventas y servicios al importador, ya sea éste eventual importador de motos con uso, ya sea habitual, conforme lo dispone el artículo 11 letra a) del D.L. 825.
No existe por tanto otro tributo de carácter general, que el Impuesto a las Ventas y Servicios con que se grave a la importación de vehículos, según lo establecido en el artículo 8vo letra a), el artículo 11 letra a) y el artículo 12 A) N° 1 del D.L 825 que son las normas que resultan aplicables al efecto.
Contenido formal del proyecto de ley.
Básicamente éste consta de una inclusión de las motos como parte del artículo 21 inciso segundo de la ley N° 18.483 a fin de encuadrarlas de manera correcta entre los vehículos exceptuados de la limitación expresa que establece el inciso primero del citado artículo 21, lográndose así una armonía entre las citadas normas.
Objetivos y fines del proyecto.
El objetivo principal de este proyecto es despejar de manera clara, la aplicación de la prohibición que hace el artículo 21 de la ley N° 18.483 en su inciso primero acerca de la importación de vehículos usados que hoy día existe y que se le hace aplicable a la importación de motos, con lo cual dejaría de existir incertidumbre en lo concerniente a la importación de ellas cuando se encuentran con uso, dejando así zanjada la vía para que las personas puedan adquirir a costos menores vehículos de estas características con el fin de propender a la descongestión vehicular de las calles y caminos por el menor tamaño que poseen, como además a la adquisición de medios individuales de transporte a costos accesibles para un mayor número de personas.
Por consiguiente, y con el mérito de los antecedentes expuestos, vengo en someter a la consideración de esta honorable Corporación, para ser tratada en la actual Legislatura Ordinaria, de sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Intercálase la palabra “motos”, después de la coma que sigue a las palabras “coches para el arreglo de averías” y antes de la coma que antecede a las palabras “vehículos casa-rodante”, en el inciso segundo del artículo 21, de la ley N° 18.483, que establece un “Nuevo Régimen Legal para la Industria Automotriz”.
Informe de la Comisión Organizadora de la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur en Chile, entre los días 10 y 11 de mayo de 2004.
“Honorable Cámara,
En representación de la Comisión Organizadora de la Tercera Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, reunida en Santiago y Valparaíso, entre los días 10 y 11 de mayo de 2004, paso a informar sobre las principales actividades desarrolladas y lo sustancial de los temas debatidos por las delegaciones participantes.
I. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE EL ORIGEN, INTEGRACIÓN Y PRO-PÓSITOS DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR.
La Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR fue establecida en el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como uno de los órganos del Mercosur, integrado por representantes de los Parlamentos Nacionales de los cuatro países fundadores de este esquema subregional de integración.
Según lo dispuesto por el Tratado de Asunción, a la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur le corresponde procurar acelerar los procedimientos internos correspondientes en los Estados Partes para la pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur; debe coadyuvar en la armonización de legislaciones, tal como lo requiera el avance del proceso de integración, y debe examinar los temas prioritarios que le someta el Consejo del Mercosur, órgano superior del Mercosur, integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y por los Ministros de Economía de los Estados Partes.
II. LA PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE EN LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR.
A partir del año 2000, cuatro años después de la celebración del Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y el Mercosur y de la adhesión de nuestro país, entre otros instrumentos, a la “Declaración sobre Compromiso Democrático del Mercosur”, el Congreso Nacional de Chile se incorpora a los trabajos de la Comisión Parlamentaria Con-junta y, desde esa fecha, ha participado en las diversas reuniones convocadas en los cuatro Países Partes del Mercosur, con el estatuto de Parlamento asociado, del mismo modo como lo han estado haciendo las Delegaciones Parlamentarias de Perú y Bolivia.
Tal participación nacional en las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta se funda en las proposiciones que ha formulado la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana para que la honorable Cámara declara las relaciones con los Parlamentos Nacionales de los Países Partes del Mercosur como una de las prioridades en sus relaciones internacionales. Para tal efecto, la honorable Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento ha dispuesto que la representación de la Corporación en las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur sea asumida por un diputado de las Bancadas del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), del Partido Demócrata Cristiano (PDC), del Partido Renovación Nacional (RN) y del Partido por la Democracia (PPD), cada una.
De tal modo, para la representación actual de la honorable Corporación en las reuniones de la Comisión, las respectivas Bancadas han designado a los honorables diputados Javier Hernández Hernández, Edmundo Salas de la Fuente, Francisco Bayo Veloso y Felipe Letelier Norambuena.
III. CONVOCATORIA, ACTIVIDADES Y PRINCIPALES MATERIAS TRATADAS EN LA III REUNIÓN DE PRESIDENTES DE LAS SECCIONES NACIONALES DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR.
A)La convocatoria.
La tercera reunión de Presidentes de las Secciones Nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta, realizada en Santiago y Valparaíso, entre los días 10 y 11 de mayo, fue la primera que se efectúa fuera del territorio de los cuatro Países Miembros plenos del Merco-sur, lo que para el Congreso Nacional de Chile ha constituido una distinción política de especial importancia, valorada plenamente por los Parlamentarios chilenos dada la priori-dad que la honorable Corporación asigna a sus relaciones con los Parlamentos Nacionales de los Países Miembros y Asociados a este esquema de integración subregional.
Conforme a los estatutos internos de la Comisión, ella fue convocada por su Presidente pro-témpore, honorable diputado Alfredo Atanasof, integrante de la Cámara de Diputados de la República Argentina, y tuvo por objetivos principales analizar los mecanismos de consulta entre ésta instancia parlamentaria y el Consejo del Mercosur y la institucionalización del Parlamento del Mercosur.
Además del honorable diputado Atanasof, Presidente pro-témpore de la Comisión, participaron en la reunión los parlamentarios siguientes:
1)Honorable diputado Flosrisvaldo Rosinha, Presidente de la sección brasileña de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, integrante de la Cámara de Diputados de Brasil;
2)Honorable senador Alfonso González Núñez, Presidente de la Sección Paraguaya de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, integrante del Senado de Paraguay;
3)Honorable diputado Ricardo Berois, Jefe de la Delegación Parlamentaria Uruguaya, integrante de la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay;
4)Honorable Congresista Eduardo Salhuana, Jefe de la Delegación Parlamentaria Peruana, integrante del Congreso de la República del Perú;
5)Honorable senador Ricardo Taffarel, integrante del Senado de la República Argentina;
6)Honorable diputada Mirta Rubini, integrante de la Cámara de Diputados de la República Argentina;
7)Honorable diputado Leopoldo Moreau, integrante de la Cámara de Diputados de la República Argentina;
8)Honorable diputado Pablo Mieres, integrante de la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay, y
9)Los señores Oscar Casal; Secretario Ejecutivo de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur; la señora Gabriela Basaistegui, Asistente Técnica; el embajador Félix Peña y el señor José José Luis Maurizio, Asesores de la Presidencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur; el señor Leandro Etchichury, Secretario de la Delegación Parlamentaria argentina; los señores María Claudia Drummond y Antonio Ferreira, Asesora y Secretario, respectivamente, de la Delegación Parlamentaria brasileña; el señor Edgar Lugo, Secretario del Presidente de la Delegación Parlamentaria Paraguaya, y los señores Juan Arraga y Alex Cofone, Secretario de la Delegación Parlamentaria Uruguaya.
Por el honorable Senado, participaron el Excmos. Señores senadores Hernán Larraín Fernández y Jaime Gazmuri Mujica, Presidente y Vicepresidente del honorable Senado, respectivamente, y el honorable senador Sergio Romero Pizarro, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y los Honorable senadores integrantes Juan Antonio Coloma Correa; Jorge Martínez Busch; Roberto Muñoz Barra, y Gabriel Valdés Subercaseaux.
Por la Cámara de Diputados de Chile, participaron en las reuniones de la Comisión la honorable diputada Isabel Allende Bussi, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; las Honorable diputadas María Eugenia Mella Gajardo; Lily Pérez San Martín; Alejandra Sepúlveda Órdenes, y Laura Soto González; y los Honorable diputados Claudio Alvarado Andrade; Francisco Bayo Veloso; Javier Hernández Hernández; Gonzalo Ibáñez Santa María; Carlos Abel Jarpa Wevar; Carlos Ignacio Kuschel Silva; Juan Masferrer Pellizzari; Waldo Mora Longa; Edgardo Riveros Marín; Felipe Salaberry Soto; Exequiel Silva Ortíz; Jorge Tarud Daccarett; Edmundo Villouta Concha, y el suscrito en su condición de diputado Presidente de la Comisión Organizadora y Jefe de la Delegación Parlamentaria chilena.
b)Actividades y principales materias tratadas durante las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta.
Las actividades de los Parlamentarios del Mercosur asistentes a la III Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta desarrolladas durante el día lunes 10 de mayo de 2004, en Santiago, tuvieron por objeto celebrar encuentros con los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, con Autoridades de Gobierno, Parlamentarios y Dirigentes de los Partidos Políticos destinados a conocer opiniones y experiencias sobre la participación de Chile en el Mercosur e informar sobre las iniciativas que la Comisión Parlamentaria Conjunta impulsa para fortalecer este modelo de integración.
En las reuniones efectuadas el día 11 de mayo de 2004, en Valparaíso, en la Sala de Conferencias Inés Enríquez Fröedden, de la Cámara de Diputados, los Parlamentarios de los Países Partes del Mercosur y de los Países Asociados se ocuparon de los asuntos propios de inserción en la estructura institucional del Mercosur.
b.1) Principales materias tratadas en reuniones con Autoridades, Parlamentarios y Dirigentes políticos.
Los Presidentes de la Comisión Parlamentaria Conjunta; Legisladores del Mercosur, y los Jefes de las Delegaciones celebraron, en el orden que se indica, reuniones con las Autoridades, Parlamentarios y Dirigentes políticos siguientes:
1)El Presidente y el Vicepresidente del Senado, Excmos. senadores Hernán Larraín Fernández y Jaime Gazmuri Mujica;
2)El Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, honorable diputado Antonio Leal Labrín;
3)La ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear Valenzuela;
4)El Director de Asuntos Bilaterales de la Dirección de Relaciones Económicas Interna-cionales (Direcon), embajador Mario Matus;
5)Con Parlamentarios y dirigentes de los Partidos Políticos de la Concertación:
-Por el Partido Demócrata Cristiano participan la honorable diputada María Eugenia
Mella y los honorables diputados Waldo Mora Longa y Edmundo Villouta Concha, más el suscrito.
-Por el Partido por la Democracia participan los señores Edison Barría y Claudio
Henríquez, miembros de la Comisión Internacional del Partido;
-Por el Partido Socialista participa el señor Humberto Vega, Presidente de la Comisión de Economía del Partido, y el señor Guido Camu, Secretario Nacional de Comunicaciones, y
-Por el Partido Radical Socialdemócrata participan el honorable diputado Carlos Abel Jarpa Wevar, y el señor Mario Papi, Vicepresidente del Partido.
6)Con Parlamentarios y dirigentes de la Alianza por Chile:
-Por el Partido Unión Demócrata Independiente participan el honorable senador Juan Antonio Coloma Correa; y los honorable diputados Javier Hernández Hernández y Felipe Salaberry Soto, y
-Por el Partido Renovación Nacional los honorable diputados Francisco Bayo Veloso y Carlos Ignacio Kuschel Silva.
Por otra parte, los Presidentes de las Secciones Nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta fueron recibidos, separadamente, por las Comisiones de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados y del honorable Senado.
En estas reuniones políticas y parlamentarias los Parlamentarios del Mercosur pusieron especial énfasis en conocer la experiencia chilena en la negociación y aplicación de los acuerdos de libre comercio, particularmente con los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Canadá y México.
Además destacaron su interés en perfeccionar los procedimientos de participación de los Parlamentos de los Países Asociados en los trabajos de la Comisión Parlamentaria Conjunta, a fin de coordinar acciones legislativas comunes en materias que tengan particular interés para la integración dichos Países en el Mercosur. En este sentido, se sostuvo reiteradamente la conveniencia de que los Parlamentarios designados para representar a sus Corporaciones en las reuniones de la Comisión reciban mandatos por períodos de tiempo que les den continuidad en la función, con miras a lograr un mayor especialización en los asuntos de interés para Mercosur.
En este plano se hizo notar que las expectativas que se generaron al constituir el Mercosur no se han concretado, y que, por ello, es aconsejable buscar un mecanismo de diagnóstico de fortalezas y debilidades, sin segundas lecturas. Para ello se consideró necesario analizar con detenimiento las causas de la frustración, mediante un diálogo parlamentario que fortalezca el Mercosur, superando, incluso, las dificultades que presenta para nuestros Parlamentarios tener una participación como Parlamento Asociado.
Los Parlamentarios chilenos manifestaron su voluntad de impulsar iniciativas concretas en el marco del Mercosur y dispuestos a generar consensos y confianzas que fortalezcan una voluntad real de integración.
Por otra parte, los Parlamentarios del Mercosur hicieron notar que este esquema, originalmente concebido como un modelo de integración económica, estaba orientando su acción actual hacia una mayor integración política entre los Estados Partes y Países Asociados del Mercosur. Al respecto se recordó la experiencia de la Unión Europea, en cuyo esquema institucional son los Parlamentarios los que asumen la iniciativa de en la solución de los problemas que pueden entrabar su desarrollo.
En ese contexto, siguiendo las experiencias de la diplomacia parlamentaria latinoamericana y europea, se propuso que en el Congreso Nacional de nuestro país se constituya una Comisión Bicameral que se ocupe apoyar la participación nacional en los órganos del Mercosur, especialmente en las decisiones que se adopten a propósito de las consultas que le formule a la Comisión Parlamentaria Conjunta el Consejo de Ministros del Mercosur.
Finalmente, en estas reuniones políticas y parlamentarias, el Presidente pro-témpore de la Comisión anunció la decisión adoptada recientemente en Asunción, Paraguay, para modificar de los estatutos con el objeto de mejorar las modalidades de participación de los Parlamentos de los Países Asociados.
b.2) Materias tratadas en la III Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
La III Reunión Presidentes de las Secciones Nacionales de la Comisión Parlamentaria Conjunta sesionó el martes 11 de mayo de 2004, en la Sala de Conferencias “Inés Enríquez Fröedden” de la honorable Cámara, a partir de las 10:30 horas, ocupándose de la proposición de las Delegaciones Parlamentarias de Argentina y de Brasil para adoptar el Protocolo de Institucionalización del Parlamento del Mercosur, iniciativa destinada a ser propuesta a la Cumbre de Jefes de Estado de los Países Partes y Países Asociados al Mercosur.
El texto de este instrumento se anexa a este informe.
IV. PROPOSICIÓN A HONORABLE CÁMARA:
En mérito de lo expuesto;
Atendida la conveniencia de perfeccionar los mecanismos internos establecidos para la representación de la honorable Cámara en la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur;
Considerando la prioridad que la honorable Cámara le asigna a las relaciones internacionales con los Países Partes y los Países Asociados al Mercosur, y
Visto que durante la Reunión de Presidentes de las Secciones Nacionales de los Países Partes de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y de Legisladores de los Países Asociados, efectuada en Chile, entre el 10 y el 11 de mayo de 2004, hubo consenso entre las Autoridades Parlamentarias y Parlamentarios chilenos sobre la conveniencia de institucionalizar en forma permanente la representación del Congreso Nacional de Chile en las reuniones Parlamentarias del Mercosur, conforme a los principios de la continuidad y especialización en el tratamiento de los asuntos sometidos a su consideración,
La Cámara de Diputados aprueba el siguiente
Proyecto de acuerdo:
1ºProponer al Senado constituir entre la Cámara de Diputados y el Senado una Comisión Bicameral paritaria, con presidencia bianual alternada, encargada de estudiar los asuntos que interesen al proceso de integración subregional institucionalizado en el Mercosur y de formular los proyectos de resoluciones o decisiones que correspondan a los objetivos de las relaciones internacionales del país, y
2ºMantener en el ínterin la representación de la Cámara de Diputados en la forma convenida en el acuerdo marco que prioriza las relaciones internacionales de la Corporación, precisando que las Bancadas de diputados deberán designar a sus representantes en las reuniones de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur conforme a los principios de la continuidad y especialización.
Valparaíso, 8 de junio de 2004.
(Fdo.): EDMUNDO SALAS DE LA FUENTE, Presidente de la Comisión Organizadora de III Reunión Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur; FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
“ANTEPROYECTO DE PROTOCOLO CONSTITUTIVO
DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR”
Artículo 1º.- Establecimiento del Parlamento Mercosur. La composición, competencias y funcionamiento del Parlamento del Mercosur se rigen por el presente Protocolo.
Artículo 2º.- Principios. Son principios generales del Parlamento del Mercosur:
1.la representación de los ciudadanos del Mercosur, respetando la pluralidad ideológica y política de sus pueblos;
2.la consolidación de la integración latinoamericana mediante la ampliación del Mercosur, la defensa de la democracia, la libertad, el respeto a las minorías y los derechos de sus ciudadanos;
3.la prevalencia de los derechos humanos y la justicia;
4.la solidaridad y la cooperación internacional, reforzando los principios de igualdad entre los Estados, de no intervención y de solución pacífica de los conflictos internacionales;
5.el repudio a todas las formas de discriminación, especialmente las relativas al género, la raza, la religión, la nacionalidad y la edad;
6.el cumplimiento de los compromisos del Mercosur y de los instrumentos para la constitución del Mercado Común, especialmente la libre circulación intrazona, la política comercial común, la coordinación de políticas y la armonización de legislaciones.
Artículo 3º.- Composición.- Los miembros del Parlamento del Mercosur se denominan “Legisladores del Mercosur”.
La composición del Parlamento se ajusta a las siguientes normas:
1.A partir de la entrada en vigencia del presente Protocolo, el Parlamento del Mercosur está integrado por dieciséis (16) representantes de cada Estado parte, designados por los respectivos Congresos nacionales de entre sus miembros.
2.El mandato de los representantes referidos en el inciso anterior será de cuatro años.
3.Cada Estado parte procurará una adecuada representación de sus fuerzas políticas, una apropiada representación por género, como así también de las distintas regiones de cada país.
4.La extinción del mandato federal no acarrea la pérdida del mandato en el Parlamento del Mercosur, salvo en el caso de inhabilitación. [1]
Artículo 4º.- Atribuciones y competencias. El Parlamento del Mercosur tendrá las siguientes atribuciones y competencias:
1.Velar por la preservación y el fortalecimiento de los principios de la democracia representativa en el funcionamiento del Mercosur y de sus instituciones.
2.Contribuir a asegurar la más amplia transparencia y participación de todos los sectores sociales a través de sus instituciones representativas, en la preparación y adopción de las normas de Mercosur.
3.Procurar acelerar los procedimientos internos correspondientes en los Estados parte para la pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur y, en los casos que correspondiera, para la rápida aprobación de la respectiva legislación nacional.
4.Identificar los requerimientos de armonización de legislaciones nacionales que surjan del desarrollo del Mercosur y contribuir a lograr los objetivos que se acuerden en la materia.
5.Emitir declaraciones, recomendaciones y dictámenes en las materias de sus competencias.
6.Responder a las consultas que le efectúen los órganos competentes del Mercosur y, en tales casos, emitir su opinión fundada, a través del Grupo Mercado Común, para la con-sideración del Consejo del Mercado Común.
7.Realizar sesiones con la participación de autoridades de los órganos del Mercosur, convocados especialmente al efecto.
8.Establecer relaciones de cooperación con instituciones parlamentarias similares y celebrar los convenios necesarios a tales efectos.
9.Asegurar la mayor difusión sobre sus actividades y sobre el funcionamiento del Merco-sur, en las materias de sus competencias.
Artículo 5º.- Reglamento Interno. El Parlamento del Mercosur elaborará su propio reglamento interno.
Artículo 6º.- Reuniones. El Parlamento del Mercosur se reúne en forma ordinaria al me-nos dos veces por semestre. Puede reunirse extraordinariamente a pedido de la mayoría de las secciones nacionales o a solicitud del Consejo del Mercado Común.
Artículo 7º.- Deliberaciones y toma de decisiones. El Parlamento del Mercosur delibera y adopta sus decisiones de acuerdo a lo que se estipula a continuación:
Para sesionar oficialmente, deben estar presentes todas las secciones nacionales, con un mínimo de 6 (seis) miembros de cada una de ellas y de al menos un miembro de la mesa ejecutiva de cada Sección.
Durante esta etapa las decisiones se adoptan por mayoría simple de cada una de las de-legaciones de los Estados parte.
El Parlamento Mercosur sesiona con el quórum que disponga su reglamento interno.
Asimismo, se rige por ese Reglamento el método de adopción de decisiones, que tiende a fortalecer el voto individual por parlamentario, a fin de lograr una mayor interacción de legisladores de diferente procedencia y la conformación de bloques o familias políticas.
Artículo 8º.- Estructura. El Parlamento del Mercosur regulará mediante su reglamento interno el funcionamiento de una mesa directiva y de sus respectivas secretarías parlamentaria y administrativa.
Para el cumplimiento de sus funciones el Parlamento del Mercosur puede establecer Comisiones temáticas respetando la representación proporcional de los Estados y de las fuerzas políticas que actúan en su seno.
El Reglamento Interno establecerá la periodicidad de las reuniones de la Mesa Directiva y de las Comisiones temáticas.
Artículo 9.- Sede. Los Estados parte determinarán la sede del Parlamento del Mercosur.
El Estado Parte donde esté ubicada la sede del Parlamento del Mercosur firmará un acuerdo-sede que defina las normas relativas a los privilegios, las inmunidades y las exenciones tributarias, de conformidad con la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, de 1961.
Artículo 10.- Privilegios e inmunidades. Los miembros del Parlamento del Mercosur gozan de los derechos, privilegios e inmunidades que se les conceden a los agentes diplomáticos, según lo determina la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961.
Queda prohibida la institución de cualquier tipo de mandato imperativo a los miembros del Parlamento del Mercosur.
El mandato de los miembros del Parlamento Mercosur es inviolable civil o penalmente, por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos.
Artículo 11.- Estados asociados. Los Estados asociados al Mercosur tienen representación en el seno del Parlamento del Mercosur en carácter de observadores, con voz y sin voto.
Artículo 12.- Nuevos miembros. Los países que se incorporen como Estados parte de acuerdo a lo previsto en el art... del Tratado de Asunción al Mercosur en el futuro tendrán la correspondiente representación en el Parlamento en virtud de lo establecido en el artículo 30 de este Protocolo.
Artículo 13.- Presupuesto. Los Estados parte, a partir de la fecha de la aprobación del presente Protocolo, deberán prever una partida anual en sus respectivos presupuestos nacionales para el adecuado funcionamiento del Parlamento del Mercosur.
Artículo 14.- Solución de controversias. Las controversias que surjan por la interpretación o aplicación del presente Protocolo serán sometidas al sistema general de solución de controversias vigente en el Mercosur.
Artículo 15.- Adhesión y denuncia. La adhesión o denuncia al presente Protocolo se rigen por las normas establecidas en el Tratado de Asunción.
Artículo 16.- Vigencia. El presente Protocolo entra en vigencia treinta (30) días después del depósito del cuarto instrumento de ratificación. El Gobierno de la República del Para-guay notifica a los Gobiernos de los demás Estados parte la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación y la de entrada en vigor del presente Protocolo.
Artículo 17.- (Cláusula Revocatoria). Quedan revocadas todas las disposiciones del Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991, y del Protocolo de Curo Preto del 17 de diciembre de 1994, que entren en colisión con los términos del presente Protocolo.
Artículo 18.- Disposición Transitoria. Proponer a los gobiernos de los Estados Parte las modificaciones que pudieran requerirse en este Protocolo, a efectos de procurar su funcionamiento más eficaz, una adecuada representatividad y la atribución de competencias acordes con el pleno desarrollo del Mercosur.