Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- REVOCACIÓN DE ACUERDO PARA REMITIR PROYECTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO.
- V. ORDEN DEL DÍA
- ELIMINACIÓN DE PROHIBICIÓN DE EJERCICIO LABORAL EN MEDIOS TELEVISIVOS POR AUTO DE PROCESAMIENTO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Julio Dittborn Cordua
- Marcelo Forni Lobos
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Cristian Antonio Leay Moran
- Dario Molina Sanhueza
- Ivan Norambuena Farias
- Gonzalo Uriarte Herrera
- INDICACIÓN
- SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- ELIMINACIÓN DE PROHIBICIÓN DE EJERCICIO LABORAL EN MEDIOS TELEVISIVOS POR AUTO DE PROCESAMIENTO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN ELECTORAL EN COMUNAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN OTROS PAÍSES PARA INCENTIVARLA. (Votación).
- INFORMACIÓN SOBRE COBERTURA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Camilo Escalona Medina
- Jorge Burgos Varela
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ivan Paredes Fierro
- Rodolfo Seguel Molina
- Enrique Accorsi Opazo
- Zarko Luksic Sandoval
- Jaime Quintana Leal
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VII. INCIDENTES
- FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Enrique Jaramillo Becker
- Alberto Robles Pantoja
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Recondo Lavanderos
- Zarko Luksic Sandoval
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- RECONOCIMIENTO A UNIVERSITARIOS POR TRABAJOS VOLUNTARIOS EN LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN.
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- CONOCIMIENTO DE RESULTADO DE SUMARIO SOBRE SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE TERRENO DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Antonio Egana Respaldiza
- ADHESION
- Ignacio Urrutia Bonilla
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Antonio Egana Respaldiza
- ALCANCE A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO EGAÑA .
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- MEDIDAS EN FAVOR DE DISCAPACITADOS VISUALES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- Enrique Accorsi Opazo
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Miguel Ortiz Novoa
- COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA AL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN B´NAI B´RITH. Oficio.
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- ALCANCES SOBRE DESCALIFICACIONES A DEFENSORES DEL PUEBLO PALESTINO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Alejandro Hales Dib
- ADHESION
- Eugenio Tuma Zedan
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Alejandro Hales Dib
- RECHAZO A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO EUGENIO TUMA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Palma Flores
- ADHESION
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Lily Perez San Martin
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alfonso Vargas Lyng
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Eugenio Bauer Jouanne
- Waldo Mora Longa
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Pablo Galilea Carrillo
- Dario Molina Sanhueza
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Marcelo Forni Lobos
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Palma Flores
- FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Toha Morales
- Enrique Accorsi Opazo
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- Pablo Lorenzini Basso
- Carlos Montes Cisternas
- Ivan Paredes Fierro
- Eugenio Tuma Zedan
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Cubillos Sigall
- Marcelo Forni Lobos
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Eduardo Diaz Del Rio
- Julio Dittborn Cordua
- Javier Hernandez Hernandez
- Cristian Antonio Leay Moran
- Ivan Moreira Barros
- Dario Molina Sanhueza
- Felipe Salaberry Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- Adriana Munoz D'albora
- Sergio Aguilo Melo
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Fulvio Rossi Ciocca
- Boris Tapia Martinez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA
Sesión 15ª, en miércoles 14 de julio de 2004
(Ordinaria, de 10.38 a 14.15 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo, Leal Labrin, don Antonio, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Archivo de proyectos9
Revocación de acuerdo para remitir proyecto de acuerdo a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo9
V.Orden del Día.
Eliminación de prohibición de ejercicio laboral en medios televisivos por auto de procesamiento. Primer trámite constitucional. (Continuación)9
Sistema para la determinación de responsabilidad penal juvenil. Primer
trámite constitucional14
VI.Proyectos de acuerdo.
Información sobre inscripción electoral en comunas y procedimientos utilizados en otros países para incentivarla. (Votación)40
Información sobre cobertura y resultados de programas de superación de la pobreza40
VII.Incidentes.
Fiscalización de empresas de transporte de la comuna de Los Muermos. Oficios41
Reconocimiento a universitarios por trabajos voluntarios en la comuna de Alto del Carmen42
Conocimiento de resultado de sumario sobre supuestas irregularidades en la venta de terreno de propiedad de la Municipalidad de San Pedro de la Paz. Oficios43
Alcance a intervención de diputado Egaña45
Medidas en favor de discapacitados visuales. Oficios45
Comunicación del Presidente del Partido Socialista al Presidente de la
organización B’nai B’rith. Oficio47
Alcances sobre descalificaciones a defensores del pueblo palestino. Oficios48
Rechazo a intervención de diputadoEugenio Tuma. Oficios49
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del Senado por el cual comunica que ha dado su aprobación a la
proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto sobre creación del Registro Nacional de ADN. (Boletín Nº 285107)52
Pág.
Proyectos de ley de origen en moción:
2.De la diputada señora Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores
Accorsi; Ceroni; Jaramillo; Letelier, don Felipe; Lorenzini; Montes; Paredes; Tuma, y Valenzuela, que denomina “Aeropuerto Internacional Pablo Neruda” al actual Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel de la Región Metropolitana de Santiago. (Boletín Nº 360704)52
3.De la diputada señora Cubillos, doña Marcela, y de los diputados señores Forni, Uriarte, Díaz, Dittborn, Hernández, Leay, Moreira, Molina y Salaberry, que autoriza erigir tres monumentos en memoria de las víctimas del aborto. (Boletín Nº 360804)54
4.De los diputados señores Errázuriz e Ibáñez, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, sobre cuentas
corrientes bancarias y cheques. (Boletín Nº 360903)56
5.De la diputada señora Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores
Muñoz; Aguiló; Meza; Pérez, don José; Rossi, y Tapia, que modifica el
Código del Trabajo con el objeto de proteger el patrimonio de las organizaciones sindicales. (Boletín Nº 361013)57
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita autorización de la Sala en orden a disponer el archivo de las mociones que se indican, por haberse legislado sobre el particular en el proyecto de ley que moderniza el Servicio Militar Obligatorio (boletín Nº 2844 02).
a)De los diputados señores Ascencio, don Gabriel, Ceroni, don Guillermo, Escalona, don Camilo, Letelier, don Juan Pablo, Silva, don Exequiel y de los ex Diputados señores Arancibia, don Armando, Naranjo, don Jaime, Palma, don Andrés, Urrutia, don Salvador y Viera Gallo, don José Antonio, que modifica el decreto ley Nº 2.306, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, con objeto de incorporar la objeción de conciencia.
(Boletín Nº 1833 02).
b)De los diputados señores Montes, don Carlos y Letelier, don Juan Pablo, que modifica el decreto ley Nº 2.306, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, incorporando un segundo llamado, señalando nuevas causales de postergación y exclusión del Servicio Militar Obligatorio y estableciendo beneficios para quienes cumplan el período de acuartelamiento.
(Boletín Nº 195102).
c)De los diputados señores Ascencio, don Gabriel; Bustos, don Juan, Encina, don Francisco; Letelier, don Juan Pablo; Montes, don Carlos; Muñoz, don Pedro y señora Saa, doña María Antonieta, y los ex diputados señora Pollarolo, doña Fanny, y Valenzuela, don Felipe, que modifica el decreto ley
Nº 2.306, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, incorporando nuevas causales de postergación y exclusión del servicio militar. (Boletín Nº 2485 02).
De la Comisión de Salud por el cual requiere un pronunciamiento de la Sala, en orden a dejar sin efecto el acuerdo adoptado con fecha 8 de julio pasado, en virtud del cual se acordó remitir a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo el informe que emitirá la Comisión en relación al mandato conferido por el proyecto de acuerdo Nº 354, mediante el cual se le faculta para analizar la actual normativa sanitaria sobre la calidad de los alimentos y sobre el estudio de medidas que se aplican a la industria elaboradora de bebidas gaseosas.
Ministerio de Hacienda
Respuesta a proyecto de acuerdo 417, recursos para fondos concursables de la Comisión Nacional del Adulto Mayor.
Señor Pablo Galilea, bonificaciones de estímulo a funcionarios del S. S. Aisén.
Ministerio de Justicia
Señor Ojeda, instalación de tribunal de juicio oral en lo penal en la provincia de Osorno.
Ministerio de Obras Públicas
Señor Villouta, construcción de carretera AlgolCañete.
Señor Ortiz, financiamiento de obras de contención de aguas de Río Andalién, Octava Región.
Señor Rojas, proyecto de construcción de obras de disipación de energía aluvional en Antofagasta.
Señor Valenzuela, seguridad de antigua carretera a la ciudad de Rancagua.
Señor Barros, recursos presupuestarios para defensas fluviales río Tinguiririca, comuna de Placilla, Sexta Región.
Señor Robles, acuerdo para traspasar a los agricultores la administración del Tranque Santa Juana.
Ministerio de Salud
Señor Egaña, fluoración del agua potable en Región del Biobío.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Señor Jaramillo, mejoramiento del puente Comercio de la comuna de La Unión.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Señor Mora, anteproyecto de ley sobre exención de pago de contribuciones.
Ministerio de Planificación y Cooperación
Señor Norambuena, financiamiento de proyectos de la Asociación de Lisiados Zurich.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Señor García, revisión de medida de destrucción de libros decomisados.
Consejo Nacional de Televisión
Señor Valenzuela, fomento para la inscripción electoral juvenil.
Comisión Nacional de Energía
Señor Luksic, información sobre recortes de gas en la cuenca austral y sobre proyectos de inversión en energía alternativa.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, RosaUDII1
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros de Justicia, señor Luis Bates; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Eduardo Dockendorff.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente).-
El acta de la sesión 9ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 10ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Defensa Nacional para disponer el archivo de las tres mociones indicadas en el punto 2 de la Cuenta, por tratarse de materias reguladas en el proyecto de ley que moderniza el servicio militar obligatorio.
Acordado.
REVOCACIÓN DE ACUERDO PARA REMITIR PROYECTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Salud para dejar sin efecto el acuerdo de la Cámara de remitir el proyecto de acuerdo Nº 354 a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, después de ser informado por la Comisión de Salud.
Acordado.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, me opongo a ese acuerdo.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Ya se tomó el acuerdo, señor diputado.
En todo caso, se tomará nota de su oposición.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Informo a la Sala que se encuentra a disposición de los señores diputados un oficio del señor ministro de Justicia, mediante el cual contesta una serie de preguntas que le fueron formuladas, principalmente, por diputados de la Oposición.
Aprovecho de agradecer al ministro Bates el hecho de considerar las inquietudes del Congreso Nacional y darse el tiempo para contestar con prontitud.
V.ORDEN DEL DÍA
ELIMINACIÓN DE PROHIBICIÓN DE EJERCICIO LABORAL EN MEDIOS TELEVISIVOS POR AUTO DE PROCESAMIENTO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley que elimina la prohibición de ejercer los cargos de presidente, director, gerente, administrador o representante legal de personas jurídicas titulares de servicios de radiodifusión televisiva, a personas que han sido objeto de auto de procesamiento.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, quiero hacer dos consideraciones.
La primera es de orden general. Todas las veces que en las leyes encontramos el vocablo “procesado” nos enfrentaremos a un inconveniente de interpretación, puesto que, a partir de la aplicación de la reforma procesal penal, vigente prácticamente en todo el país y, en algunos meses más, en la Región Metropolitana, esa expresión no se emplea, pero tampoco tiene un sustituto preciso. En consecuencia, hay una asimetría originada en una expresión que no existe.
Hace pocos días, con ocasión de la reforma a la ley orgánica constitucional de Municipalidades en relación con las candidaturas a alcalde o concejal, la Comisión Mixta acordó, prácticamente por unanimidad, eliminar el impedimento de que los procesados puedan ser candidatos, y, al efecto, aprobó cambiar el vocablo “procesado” por “condenado”. Este ejemplo indica la necesidad de ponernos al día respecto de un tema que me parece complejo.
Creo que debemos enfrentarnos al estudio de una reforma constitucional en esta materia, pues la Carta Fundamental contiene numerosas disposiciones referidas al viejo procedimiento penal. Sin ir más lejos, hay un párrafo entero dedicado a la libertad provisional, institución que hoy no existe. Si no lo hacemos, paso a paso estaremos haciendo chocar la cotidianidad de la reforma procesal penal con disposiciones constitucionales o legales inconducentes.
Pienso que la expresión pertinente debiera ser “condenado”; pero si queremos buscar una equivalencia a la voz “procesado”, en el Código Procesal Penal encontraremos algunas alternativas. Por ejemplo, en el artículo 232, que se refiere a la audiencia de formalización de la acusación. Además, puede ser la acusación misma o la apertura del juicio oral, pero tendremos que estudiarlo en su momento. En todo caso, estamos en una situación compleja respecto de la interpretación del derecho.
El proyecto es una obviedad. Si uno analiza disposiciones más o menos parecidas que se refieren a quienes forman parte de los órganos de administración de personas jurídicas, de directorios, de sociedades anónimas o de corporaciones, y hace un estudio no muy riguroso sobre el particular, es fácil advertir que, como regla general, no puede ser director o presidente de dichas entidades quien ha sido condenado. Citaré tres ejemplos, aunque, probablemente, existen muchos más. En la ley general de Quiebras se establece que no pueden ser síndicos los que hayan sido condenados por crimen o simple delito. No habla de procesado. La ley general de Bancos, instituciones que trabajan sobre la base de la confianza, dispone que no pueden ser directores o fundadores de banco quienes hayan sido condenados o se encuentren procesados por delito contra la propiedad o la fe pública, relacionado con la administración de una institución financiera. Es decir, no pueden ejercer esos cargos los condenados y, en forma muy limitada, los procesados, en función de un delito específico y determinado, relacionado, de alguna manera, con la actividad lícita que pretenden asumir. La ley sobre sociedades anónimas establece que no pueden ser directores de dichas sociedades, entre otros, los condenados por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitación para desempeñar cargos u oficios públicos, y los fallidos administradores. Nuevamente, la situación de “condenado” es la que inhibe para ser director de una sociedad anónima.
Sin embargo, en la ley del Consejo Nacional de Televisión se usa la voz “procesado” sin consideración alguna. En consecuencia, sería perfectamente válido interpretar sus disposiciones mediante una ley que estableciera que, en este caso, también debería aplicarse la voz “condenado”.
Como en la Comisión no hubo consenso sobre el particular, buscamos una alternativa que me parece razonable. Consiste en establecer que la persona que tiene el cargo de director de un medio de comunicación podrá seguir desempeñándolo cuando el procesamiento se refiera a un delito relacionado con el ejercicio de la libertad de opinión y de información. Por ejemplo, si el director de un servicio de radiodifusión televisiva es procesado por un delito relacionado con esos derechos constitucionales, no puede inhibirse del ejercicio de su cargo hasta que se dicte condena. Pero si es procesado por el delito de homicidio, en el viejo sistema o en alguno equivalente en el nuevo sistema, no categorizado en la ley, tendrá que dejar el cargo, a lo menos hasta que se dicte sentencia absolutoria. Ello permite dar un paso razonable, no absoluto, para hacer simétrica esta disposición legal con normas constitucionales de presunción de inocencia, lo cual es mucho mejor de lo que existe hoy.
En segundo término, durante el debate se señaló que esta es una iniciativa legal con nombre y apellido. A mi juicio, esto no es efectivo. Una vez que se convierta en ley, puede aplicarse a cualquier persona, tal como una ley de reajuste general beneficia a determinadas personas; por ejemplo, a la “señora Juanita ”, para citar la personificación más utilizada durante el último año.
Es cierto que podría ser aplicada al señor Jaime de Aguirre , que es la persona que está complicada en la actualidad con la ley que rige al Consejo Nacional de Televisión, la que, a mi juicio, presenta problemas de legalidad y de constitucionalidad; pero también podrá beneficiar a cualquier persona del mundo de las comunicaciones que se vea enfrentada a una situación similar.
Por lo tanto, la crítica en cuanto a que es un proyecto con nombre y apellido me parece injusta, porque sus disposiciones podrán beneficiar a cualquiera, ya que están basadas en el principio de la generalidad del derecho. Por lo tanto, sería de justicia aprobarlo por unanimidad.
Algunos colegas, como los diputados señores Maximiano Errázuriz y Waldo Mora , son periodistas. Lo hago presente porque la ley beneficiará, en términos generales, a quienes ejercen como periodistas colegiados, porque la actual normativa los complica más allá de lo razonable, al imponer una consecuencia arbitraria que excede lo que establece el artículo 2º de la Constitución Política, que preceptúa que no se pueden establecer por ley diferencias arbitrarias. Aquí se da ese caso, si comparamos la norma actual con las que he citado, pero puede haber muchos más.
Esa diferencia arbitraria debe ser limitada en sus efectos. A mi juicio, la normativa debería derogarse completamente; pero, al menos, el proyecto limita sus efectos, pues impide que por los posibles ilícitos por los cuales más comúnmente son denunciadas o imputadas personas del ámbito de las comunicaciones, sean condenadas anticipadamente, antes de que haya una convicción definitiva que determine el cese del ejercicio de su cargo.
Por las razones señaladas, me parece de toda lógica aprobar la iniciativa, como entiendo lo hará la bancada de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, procederemos al cierre del debate luego de que hagan uso de la palabra los diputados señores Edgardo Riveros y Nicolás Monckeberg .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor
Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, un proyecto de esta naturaleza está ligado a un principio esencial de la estructura democrática: la libertad de opinión y de información, y, como consecuencia de ello, la libertad de prensa.
Se han hecho esfuerzos algunas veces se ha retrocedido en el intento por fortalecer la libertad de expresión, esencialmente ligada a un sistema democrático. Por lo tanto, no puedo dejar de decir que la aplicación de algunas normas podría provocar un debilitamiento de esos derechos esenciales.
¿Por qué lo digo? Porque, de acuerdo con lo que establece la ley sobre el Consejo Nacional de Televisión, el sometimiento a proceso de una persona que conduce un medio de comunicación en este caso, un canal de televisión puede significar una suerte de pena accesoria aplicada por anticipado a una condena. Jurídicamente, esos son los efectos. El hecho de que a una persona se le prive del ejercicio de una determinada actividad o función es propio de una sentencia condenatoria que fija penas accesorias por el solo sometimiento a proceso; es decir, cuando a una persona, como muy bien lo expresó el diputado señor Burgos , sin ser condenada, se le aplica una medida de esta naturaleza. Ese solo hecho debiera hacernos ver la necesidad de una reforma a la ley del Consejo Nacional de Televisión.
Por otra parte, es menester considerar el verdadero sentido que tiene el procedimiento penal, basado en el principio esencial de la inocencia. Se debe partir de la base de que una persona es inocente mientras no sea condenada. Aplicarle un efecto anticipado, lesiona derechos esenciales. Por lo tanto, debemos modificar aquellas disposiciones que lesionan el principio esencial de la inocencia.
Por otra parte, debemos colocarnos en la perspectiva de qué tipo de acciones pueden producirse por eventuales delitos en el ejercicio de la libertad de expresión, cuando se trata de personas que ejercen cargos directivos. Normalmente, responden por algo que, incluso, va más allá del derecho penal propiamente tal y que sólo debiera tener efectos civiles, como es la responsabilidad objetiva, es decir, la responsabilidad sin culpa. En general, al final de todo el procedimiento, nos encontramos con que no es la responsabilidad esencial básica penal la que está ejerciéndose, sino la responsabilidad objetiva.
Otro elemento que, desde la perspectiva jurídica, debemos considerar cuando analizamos proyectos de esta naturaleza es el principio de la generalidad de la ley. Ciertamente, uno debe hacerse cargo, con énfasis ya lo escuchamos del diputado señor Burgos , de algo que se ha convertido en una suerte de eslogan: leyes con nombre y apellido. ¡Cuidado! Aquí se trata de poner el acento en principios de justicia, más allá de personas concretas. Ahora, si personas concretas en un momento determinado nos plantean una situación como un punto de referencia para colocar el acento en la dimensión de la justicia, ¿por qué nos vamos a limitar? ¿Por qué vamos a dejar de legislar? Hoy pueden ser uno, dos o tres casos, y, mañana, proliferar. En este plano, debemos actuar de manera preventiva. Es nuestra responsabilidad.
Por lo tanto, es necesario colocar el acento donde corresponde, haciendo valer principios esenciales, como el de la inocencia, y que no se apliquen penas accesorias antes de la dictación de una verdadera condena.
Por último, quiero destacar algo que hemos escuchado, que es básico no sólo para evitar diferencias arbitrarias, sino para no discriminar. Cuando en el conjunto de la actividad económica hay un determinado tratamiento para las autoridades de las empresas, y, para otras específicas, hay otro, se produce una diferencia arbitraria que tiene un nombre: discriminación. Si ello impacta derechos esenciales, como la libertad de información y de opinión, debemos estar disponibles para concurrir, con nuestros votos favorables, a una modificación de las normas jurídicas que permiten que se produzca este tipo de situaciones.
Por eso, anuncio mi voto favorable al proyecto de ley que, en su parte medular, modifica la ley del Consejo Nacional de Televisión, en particular, aquella referida a los requisitos que deben reunir quienes conducen los canales de televisión. Particularmente, me refiero al artículo 18 de la ley Nº 18.838, de 1989.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, lamento que estos temas se pongan en debate cuando ciertos casos en particular son los que eventualmente pueden verse afectados o beneficiados con determinadas leyes. Habla mal de la iniciativa legislativa de diputados y senadores, esperar que ciertos casos en particular se vean afectados por determinadas normas, para modificarlas. Por lo tanto, primero, se debe hacer la autocrítica como Poder Legislativo.
Sin embargo, esa autocrítica no es razón suficiente para votar en contra de lo que, a mi juicio, son principios legales vigentes de vital importancia.
En primer lugar como se ha dicho, la reforma procesal penal deja de ser una aspiración, una idea, un proyecto; es una ley que tiene plena vigencia en todas las regiones, y, en los próximos meses, la tendrá en la Región Metropolitana. Esa ley elimina tajantemente todos los supuestos sancionatorios e inhabilitatorios hasta que se produce la condena. De tal manera, no veo razón alguna para retrasar la adecuación de la norma que se plantea.
En segundo lugar, mucho antes debimos haber advertido que no hay distinción legal que inhabilite a un director de un medio de comunicación de ejercer sus funciones por un procesamiento y, sin embargo, no ocurra lo mismo tratándose de sociedades civiles, comerciales y de otra naturaleza. La línea de la reforma jurídica precisamente está orientada a que las condenas sea el hecho sustantivo.
Finalmente, por razones de consecuencia legislativa, el proyecto debe ser acogido. Hace muy poco, la Cámara aprobó una iniciativa respecto de las inhabilidades para candidatos a alcaldes y a concejales, en la cual se eliminó aquella que decía relación con la posibilidad de encontrarse procesado, dejándola sólo para los casos de estar condenado.
Por lo expuesto, haciendo hincapié en la autocrítica inicial, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al final del Orden del Día.
Con posterioridad, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación general el proyecto que dispone que el auto de procesamiento no sea obstáculo para ser presidente, director, gerente administrador o representante legal de personas jurídicas, titulares de servicios de radiodifusión televisiva.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Encina , Escalona , Espinoza , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Jarpa , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Lorenzini , Luksic , Meza , Monckeberg , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Venegas , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Bertolino , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Egaña , Forni , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Mora , Norambuena , Olivares , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Vargas y Von Mühlenbrock .
Se abstuvieron los diputados señores:
Galilea (don José Antonio) y Tapia .
El señor LORENZINI (Presidente).-
El proyecto vuelve a la Comisión respectiva, porque ha sido objeto de indicaciones.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
De los señores Álvarez , Cardemil , Dittborn , Forni , García , Leay , Molina , Norambuena y Uriarte
Artículo Único.- Incorporáse en el Artículo 18 de la ley Nº 18.939, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto:
“Lo dispuesto en los incisos anteriores no tendrá aplicación cuando el procesamiento se refiera a los delitos contemplados en los artículos 413 y 418 del Código Penal y el artículo 29 de la ley Nº 19.733, cualquiera sea el precepto que los contemple, relacionado por su contenido legal con el ejercicio de la libertad de opinión e información.”
SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL. Primer trámite constitucional.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Bustos .
Antecedentes:
Segundo informe de la Comisión de Constitución, boletín Nº 3021-07, sesión 14ª, en 13 de julio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, la Cámara aprobó en general el presente proyecto, por lo que está de más volver a insistir en su importancia y trascendencia, tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y de la reforma procesal penal como, también, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se preocupa del desarrollo del niño desde su temprana edad hasta los dieciocho años.
La mayoría de sus artículos fueron aprobados, prácticamente, por unanimidad, sin indicaciones. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 131 del Reglamento de la Corporación, deberían entenderse aprobados, salvo aquellos que requieren un quórum especial por implicar modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público o al Código Orgánico de Tribunales.
Las indicaciones formuladas a otros preceptos también fueron aprobadas por unanimidad. Hay algunas de carácter simple, que sólo implicaban una concordancia lógica y, por lo tanto, no requieren de una mayor explicación. Me refiero a las formuladas a los artículos 5º, 12, 25, 46, 55, 67, 77 y 80.
Hay otras modificaciones que sí tienen un carácter sustancial y de fondo. Entre estas podemos mencionar las siguientes:
El inciso tercero que se agregó al artículo 6º. En la última modificación al Código Penal, en relación con los delitos sexuales, el consentimiento válido quedó establecido a partir de los 14 años de edad. Sin embargo, conforme a la nueva ley, como la responsabilidad penal juvenil queda establecida desde los 14 a los 18 años de edad, se introdujo dicho inciso tercero, que dispone que el consentimiento es válido si median entre uno y otro actor por lo menos dos años de diferencia, cuando la relación implique acceso sexual. O sea, si un niño de 14 años tiene una relación sexual consentida con una niña de 13 no estaría afecto a la ley de responsabilidad penal juvenil. Respecto de los demás tipos de relaciones sexuales, como, por ejemplo, los simples abusos, se establece una diferencia de 3 años. Es decir, si un niño de 15 años tiene relaciones de otro tipo sexual con una niña de 12 años, tampoco quedaría comprendido dentro de esta ley en tramitación.
El inciso primero del artículo 7º establece determinadas infracciones graves a la ley penal, como el homicidio, la violación, el secuestro, etcétera, que implican privación de libertad. Ahora bien, de acuerdo con el inciso primero original, sólo se castigaban como infracciones graves las consumadas o frustradas. Al respecto, se presentó una indicación, aprobada por mayoría, para que también quedara comprendida la tentativa.
En el artículo 8º se establecen las eximentes. Su disposición original establecía una eximente analógica. La mención fue suprimida, pero posteriormente se introdujo en el artículo 20, como una manera de establecer una aproximación a los criterios analógicos para la concepción de atenuantes en lo relativo a la determinación de la pena.
En relación con el artículo 9º, se modificaron los plazos de prescripción: se ampliaron desde uno a tres años, cuando se tratare de infracciones simples, y desde dos a cinco años, en infracciones graves, y se introdujo había una omisión evidente la prescripción de seis meses para las faltas.
En el artículo 21, que establece la sanción de amonestación, se acogió por unanimidad la recomendación de agregar un inciso que sujetara esta sanción a una declaración previa del adolescente en la cual aceptara su responsabilidad. La modificación está dentro del espíritu general del proyecto.
En el artículo 28 se aumentó el plazo del arresto de fin de semana, desde veinte a cincuenta y dos fines de semana.
En el artículo 32 se introdujo un inciso segundo, que permite sustituir la pena privativa de libertad por la de libertad asistida o la de arresto de fin de semana, de acuerdo con las consideraciones que estime el juez en cada caso particular.
En el artículo 41 se sustituyó la disposición existente por una más simple, según la cual la Defensoría Penal Pública establecerá un sistema especial para adolescentes, tanto en relación con los defensores como con las licitaciones correspondientes.
En el artículo 57 se acortó el plazo de investigación del fiscal, de 180 a 120 días, dentro del espíritu general de que este proceso sea lo más abreviado posible.
Se introdujo un nuevo artículo 34 bis, que establece una sanción accesoria de tratamiento de cura de la adicción a las drogas o al alcohol.
Por último, se rechazaron, por unanimidad, todas las demás indicaciones formuladas trece en total, por considerarse que el texto del proyecto es mejor o porque introducían contradicciones con otras disposiciones.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni .
El señor FORNI.-
Señor Presidente, el informe del diputado Bustos ha sido bastante completo. Sin perjuicio de ello, quiero poner énfasis en algunos puntos relevantes que se discutieron en la Comisión.
En primer lugar, en el artículo 4º, que define la finalidad de las sanciones y otras consecuencias, faltó un elemento importante. En ese sentido, presentamos una indicación, que lamentablemente fue rechazada, que se refería a la responsabilidad de los adolescentes por las infracciones cometidas.
De acuerdo con el artículo aprobado por la Comisión, da la impresión de que la responsabilidad de los adolescentes por las infracciones no es una finalidad de esta ley. Me da la impresión de que si bien quienes participaron en la Comisión están de acuerdo en que este proyecto persigue todas las finalidades que se indican en este artículo 4º, además, debería indicarse expresamente que un elemento fundamental de este proyecto es la responsabilidad por las infracciones cometidas.
En el artículo 5º se agregó acertadamente una indicación, que permite establecer que, respecto de los menores de 14 años, no existirá impunidad absoluta ni ningún trato, sino que, muy por el contrario, los menores de 14 años que cometan alguna infracción que respecto de los mayores de 14 se consideraría infracción a la ley penal, tendrán un tratamiento adecuado en conformidad con la ley respectiva. A mi juicio, eso es muy importante dejarlo establecido.
En el artículo 6º se establecía una especie de excusa absolutoria respecto de abusos sexuales, como muy bien lo explicó el diputado informante. Al respecto, en una indicación muy acertada del diputado señor
Burgos, entre otros, se señala que respecto de abusos sexuales consentidos ejecutados entre menores de edad y siempre que exista menos de dos años de diferencia, en el caso del artículo 362 del Código Penal, y de tres años en los demás delitos, no hay responsabilidad penal. Esto tuvo su origen, como muy bien lo decía el diputado señor Bustos , en las modificaciones de la ley que sanciona la pedofilia. Está de más decir que para que rija esta excusa absolutoria no debe concurrir ninguna de las circunstancias de la violación ni del estupro.
En el artículo 7º hay una modificación importante que se introdujo en el segundo trámite reglamentario. La disposición señala que en los delitos que tienen el carácter de infracción grave, se incorporan dos figuras que nos parecen muy relevantes: la asociación ilícita para el tráfico de drogas, según lo establece el artículo 22 de la ley Nº 19.366, y los delitos terroristas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º, Nº 5, de la ley Nº 18.314. En beneficio del acuerdo que existía en la Comisión de despachar rápidamente este proyecto, esperamos que en sus próximos trámites se incluya también como infracción grave presentamos una indicación al respecto el aborto, específicamente referido a aquellos que lo causen. En este artículo apoyamos la indicación del diputado Burgos para sancionar como infracción grave la tentativa de los delitos antes mencionados, cosa que no había sido considerada en el primer trámite reglamentario.
En el artículo 8º, que se refiere a los presupuestos de la responsabilidad penal, por una indicación de los diputados Pérez Varela , Uriarte y Álvarez , se eliminó la frase final de su número 2, que establecía que para que hubiera responsabilidad penal era necesario que no concurriera alguna de las causas que eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años “o alguna circunstancia análoga a éstas”. Nos pareció, y creo que también fue la opinión de la Comisión, que esta última frase podría transformarse en un nuevo proceso de discernimiento, con lo cual muchos jóvenes infractores podían quedar fuera del sistema.
En el artículo 10, la Comisión acogió una indicación de los mismos diputados para modificar los plazos de prescripción, tanto de la acción penal como de la pena. De manera que queda, así, en dos años por regla general, salvo respecto de las conductas a que se refiere el artículo 7º, caso en el cual se fija en cinco, y de las faltas, que no tenían un plazo de prescripción determinado y que, por lo tanto, pasarían a regirse por las reglas generales, en seis meses.
En el artículo 16 propusimos una indicación para que se segmentara más aún el principio de separación por tramos de edad. Sin embargo, la retiramos, pensando en que, no obstante ser ideal, su aplicación iba a ser muy compleja. Esperamos que existan las condiciones para que esta disposición, muy importante en el proyecto de ley y que, por lo demás, está en todas las convenciones internacionales ratificadas por Chile, se aplique efectivamente, tanto en los cuarteles policiales como en los tribunales y en los recintos de internación.
En el artículo 18, que establece las sanciones, en realidad no nos gusta la de amonestación. Nos parece que, tal como está concebida en el proyecto, sin ningún elemento de justicia restaurativa, no va a contribuir al objetivo de la ley. Nos parece que la amonestación es la típica sanción que aplican los tribunales supremos de los partidos o los comités de ética para no aplicar las penas que correspondan. Entonces, nos parece que esto le puede restar credibilidad al sistema. Por eso no estamos a favor de ella tal como está planteada en la iniciativa en los artículos 18 y 21, sin perjuicio de que se le puedan incorporar otros elementos de mayor justicia restaurativa.
En el artículo 22, se acogió la indicación de algunos diputados en el sentido de permitir el pago en cuotas de la multa fijada, lo que si bien puede facilitar que el pago sea hecho efectivamente por el menor infractor y no por sus padres, implica el riesgo de que la sanción se diluya y termine siendo ineficiente en su objetivo. Este es un tema que tendremos que analizar a la luz de la aplicación práctica de la disposición.
En el artículo 24, que se refiere a la prestación de servicios no remunerado en beneficio de la comunidad, me parece importante establecer que la reparación del daño causado mediante el cumplimiento de esa sanción, sólo podría aplicarse cuando la víctima así lo consintiera. Lamentablemente, la indicación no fue acogida por la Comisión. Pensamos que resulta básico, considerando que ese tipo de servicios están concebidos en beneficio de la comunidad, contar con la aprobación de la víctima, lo cual obviamente supone su voluntad.
En el artículo 25, que se refiere a la objeción de trabajo que puede plantear la persona respecto de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, en tal caso, el tribunal deberá sustituirla por la inmediatamente superior. Esto nos parece un avance, porque en la redacción anterior no se impedía aplicar una pena inferior si se solicitaba la sustitución. Probablemente, eso tendrá que estudiarse en los próximos trámites. A lo mejor, será necesario precisar aún más cuál es la pena inmediatamente superior o la que corresponderá en caso de sustitución.
En el artículo 28, que contempla el arresto de fin de semana que consiste en el encierro del infractor en un centro de privación de libertad durante los días que conforman el fin de semana, me parece bien que se amplíe su duración máxima de 20 a 52 semanas. Se entregan más facultades al juez, y el encierro de fin de semana se transforma en una sanción efectiva.
Sin embargo, estamos en contra particularmente yo del arresto domiciliario sustitutivo. Me parece que si no existe un adecuado control, esta sanción va a generar una sensación de impunidad y de desconfianza en el sistema. Si bien no tenemos garantías de que existan los medios para fiscalizar su cumplimiento, valoramos que, en caso de quebrantamiento de esta pena sustitutiva, deba cumplirse el resto del período como arresto de fin de semana en un centro de privación de libertad. Es un paso, pero consideramos que es una medida que puede acarrear problemas, porque va a ser muy difícil determinar cuándo existe quebrantamiento, y, si se logra establecer, probablemente, será tarde y sus efectos negativos se habrán producido.
En el artículo 32, que define la duración de las sanciones privativas de libertad y el tiempo mínimo de aplicación, se escogió una indicación concordada con el diputado Bustos y quien habla. Sin embargo, creo que cometimos un error, porque, para hacerlo más flexible, agregamos un inciso segundo que, a mi modo de ver y también del Ejecutivo, por lo que he tenido oportunidad de saber, contradice otras disposiciones.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor FORNI.-
Termino, señor Presidente.
Si uno interpreta literalmente el inciso segundo, lamentablemente entra en contradicción con lo que el proyecto ya establece en los artículos 74 y 75, que se refieren a la sustitución de la condena.
En efecto, el artículo 74 dice que es posible sustituir la condena cuando ésta es privativa de libertad y se haya cumplido, al menos, un tercio de su duración o cuantía. El artículo 32, inciso segundo, no exige el cumplimiento de ese tercio. Entonces, puede generarse una contradicción en el evento de una sustitución de pena privativa de libertad. Por lo tanto, vamos a tener que modificar el artículo 32. En consecuencia, pido votación separada de sus incisos, para evitar una colisión con lo ya aprobado en materia de sustitución de penas.
Por último, en el artículo 34 bis, me parece positivo incorporar como sanción accesoria de acuerdo con una indicación de los diputados de Renovación Nacional y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del menor, “la obligación de someterlo a tratamientos de cura a adicción a las drogas o alcohol”.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, en verdad, estaría de más referirse a las indicaciones aprobadas y a las rechazadas por la Comisión en el segundo trámite reglamentario, porque el informe del diputado Bustos fue lo suficientemente claro para expresar con precisión las razones por las cuales unas fueron acogidas, y otras, no.
Todo indica que estamos ad portas de despachar un importante proyecto al Senado. Cuando se habla de las reformas estructurales al sistema procesal penal, este proyecto ocupa un lugar privilegiado, sobre todo porque es una obra lograda con el concurso de miembros de todos los sectores. No me estoy refiriendo a nadie en particular. Mientras más se acercan las elecciones, se produce una verdadera competencia por presentar y acoger iniciativas que tengan que ver con la seguridad ciudadana.
El proyecto va en la dirección correcta. El sistema de responsabilidad penal juvenil chileno es muy malo. Algunos dicen que no lo tenemos. Me inclino más por esto último. Tenemos soluciones de parche en respuesta a entusiasmos de determinado momento.
Ésta es una reforma estructural, tal vez perfectible, como en el tema que señalaba el diputado Forni . Quedan pasos legislativos, pero hemos dado uno muy importante. Sin embargo, está pendiente el tema del financiamiento, respecto del cual en la Comisión siempre se nos ha dado la seguridad presupuestaria.
Quiero insistir en que el proyecto no sólo tiene una apuesta presupuestaria importante en materia de infraestructura. Según lo indicado por el Ministerio de Justicia, eso está absolutamente financiado. Debido a la presentación de indicaciones, también considera otros aspectos que implican gastos importantes. Por ejemplo, convertir la justicia penal en especializada, tanto en la primera instancia como en el juicio oral, tiene un costo financiero importante que debe ser resuelto por el Ejecutivo.
Contar con ministros especializados en los tribunales orales requiere de capacitación previa. Para eso, la Academia Judicial debe tener los fondos; aún es tiempo.
Fijar un plantel de personas que hagan el seguimiento del cumplimiento de las penas alternativas al encierro, también requiere de una apuesta financiera relevante. Obviamente, este cambio estructural tan importante desde el punto de vista del tratamiento de los menores infractores, sobre la base esencial de su reinserción, requiere un funcionamiento muy preciso desde el comienzo. Si no es así, se producirá el efecto contrario al buscado, y la iniciativa será juzgada más bien como una ley productora de impunidad, lo cual no es su sentido ni su objetivo. Aquí estamos rebajando la edad de responsabilidad penal juvenil. ¿Y cómo la estamos rebajando? De 18 años a 14 años. Pero junto con aquello, estamos abriendo un menú de alternativas de reinserción y de rehabilitación.
Esas alternativas, a mi juicio, son las básicas para enfrentar la delincuencia juvenil, que es un problema real en el país y atingente a la seguridad ciudadana. Basta ver los índices de aumento de detenciones por parte de Carabineros, el aumento de menores en la comisión de cierto tipo de delitos y los grados de participación de los menores bajo la influencia de las drogas. Es decir, hay un problema, y a él se refiere en buena parte el proyecto; pero, también, se requiere de una postura financiera muy importante para los efectos de cumplir lo que dispone.
Para terminar, quiero agradecer la participación permanente del Ministerio de Justicia, del ministro, del subsecretario, de los asesores en particular de don Francisco Maldonado y de la gente del Sernam en el estudio de este proyecto. Su presencia ha sido trascendente para su tratamiento, el que ha sido transversal y ha servido para decir las cosas con claridad.
Alguien podría creer que esta iniciativa provocó mucha discusión de carácter político. No, fue un proyecto respecto del cual, en general, tuvimos la capacidad de tratarlo de manera transversal. Ojalá que esa postura se mantenga en el Senado y que su estudio sea hecho en forma rápida. Lo digo con todo respeto, porque no podemos esperar cuatro o cinco años ni tres o cuatro años, como sucedió en el Senado con el proyecto sobre drogas para que sea convierta sea ley de la República. Más rapidez, por favor.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, me agrada la posibilidad de intervenir en el debate, sobre todo, después haber escuchado la opinión de los juristas que participaron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El diputado señor Burgos dijo que esperaba una aclaración financiera sobre el proyecto. Me gustaría una aclaración de parte de la Mesa, porque alguien ha dicho que tendrían que dictarse leyes especiales en caso de originarse algún costo. Es decir, todavía no se convierte en ley la iniciativa y ya existe la duda de si irroga gastos. No lo entiendo.
Siento gran respeto por los juristas que han intervenido en el debate. Han propuesto un proyecto especial, que todos debemos aplaudir. Pero, por supuesto, no puedo estar de acuerdo en que no se haya enviado a la Comisión de Hacienda para estudiar su financiamiento.
El artículo 34 bis aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, establece: “El juez estará facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas en el artículo 18 de esta ley, y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del menor, la obligación de someterlo a tratamientos de cura o adicción a las drogas o alcohol”. ¿Quién paga ese tratamiento? ¿De qué costo estamos hablando? Sin embargo, se ha dicho que el proyecto no pasó a la Comisión de Hacienda por cuanto no origina gastos.
Me preocupa la forma en que ha sido tratado el proyecto. Considero que aquí hay un cambio institucional enorme. Se crean tribunales especiales a partir de los cuales actuarán los tribunales de garantía y los futuros tribunales de familia, a los cuales les corresponderá juzgar a los menores; pero en ese caso tendrán que tomarse las medidas administrativas para que ello ocurra.
Se crea un catálogo de medidas alternativas que se aplicarán en reemplazo de las penas privativas de libertad en centros cerrados, lo cual obligará al Estado a construir más centros para atender a los niños y jóvenes que infringen la ley penal. Si bien lo anterior implica el uso de recursos públicos, su financiamiento no está previsto en el proyecto.
Según se dijo en la Comisión de Constitución, el proyecto se financiará mediante reasignaciones internas de carácter administrativo y no irrogará gastos mayores. Sin embargo, puedo ver que sí los hay, porque, reitero, los tribunales se constituirán a partir de tribunales ya creados.
En definitiva, se han dicho varias cosas al respecto, pero nada responde la pregunta de fondo: ¿Cuál será el costo de la iniciativa y quién lo solventará? Es decir, ¿a cuál partida presupuestaria se imputarán los gastos? Y, en caso de haber reasignaciones administrativas, como se dijo, ¿de dónde se sacarán los recursos?
Es indudable que este proyecto implica un compromiso de todos; un compromiso político de avanzar en materia de defender las escasas facultades legislativas de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo es colegislador.
Pido formalmente a la Sala que este proyecto pase a la Comisión de Hacienda para un informe complementario. De lo contrario, vulneraríamos de manera flagrante la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional e, incluso, la Constitución Política de la República. La comisión especializada en administración financiera debe saber cómo se financiará este proyecto. Así lo dice la normativa vigente y, por lo tanto, este proyecto no debiera quedar sujeto a recursos futuros. Si no lo hacemos así, todos nuestros discursos en los foros internacionales sobre promoción de los derechos humanos, en general, y de los niños, en este caso, pueden quedar en letra muerta.
Hay recursos públicos involucrados. Por ello espero que el proyecto sea enviado a la Comisión de Hacienda, para que emita un informe complementario, y que la Mesa se asesore respecto del tema jurídico relacionado con la política institucional que corresponde a esta iniciativa, porque veo amenazadas las atribuciones de la Corporación.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
La Mesa no tiene inconveniente en recabar el asentimiento de la Sala respecto de su petición, señor diputado, pero lo hará con posterioridad, porque en estos momentos no hay quórum.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, he solicitado un informe de la Mesa.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, sin duda, las indicaciones aprobadas en la Comisión perfeccionaron el proyecto.
Respecto de lo dicho por el diputado señor Marcelo Forni , la Comisión aprobó por unanimidad el artículo 4º, cuya finalidad es la protección del desarrollo e integración social del adolescente y el fortalecimiento de sus derechos. Se entendió que el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades de las demás personas abarcaba de manera más amplia y más clara, desde el punto de vista de un estado de derecho, la idea de la responsabilidad. Por esa razón se excluyó esa palabra, porque se entendía que estaba claramente implícita en las finalidades preceptuadas en el artículo 4º respecto de las sanciones establecidas en relación con el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades de las demás personas.
En la legislación comparada de España, de Francia y Costa Rica, la amonestación establecida para los adolescentes no para un viejo político amonestado, porque se trata de una situación diferente, en especial para el caso de los niños, tiene un gran efecto, como lo han demostrado las investigaciones criminológicas efectuadas en otros países, las cuales han establecido la necesidad de reforzar el carácter de la amonestación desde la perspectiva de la responsabilización planteada por el diputado Marcelo Forni , a fin de que los adolescentes asuman su responsabilidad en los hechos, con lo cual se produciría mayor comprensión del sentido de su amonestación.
En cuanto a la multa, se rechazó la prórroga, porque podía traer consigo su ineficacia como tal y provocar problemas desde el punto de vista de la sanción. Pero es diferente el establecimiento de su pago en cuotas respecto de las personas de escasos recursos. Se trata, por tanto, de que las penas se cumplan e impliquen un esfuerzo para las personas. Por ello, se estableció un sistema de pago en cuotas, lo que permitirá que las penas se cumplan por parte de las personas de escasos recursos.
En relación con el artículo 32, la modificación que se aprobó por unanimidad fue presentada por los diputados Forni y Uriarte , y aparece como complementaria y diferente de lo establecido en el artículo 74.
Éste señala que, una vez que se ha cumplido el tercio de la pena privativa de libertad, el juez la podrá sustituir por otra, de libertad asistida. Pero es una norma de carácter general. En cambio, la disposición del artículo 32 es específica y cuando la pena es ínfima, es decir, cuando se establece la pena mínima de un año o dos años.
En tal caso, se establece que, cuando se trata de dos años, el juez tendrá la facultad de sustituirla por la de libertad asistida sin esperar que se cumpla el tercio.
Nos pareció adecuado el planteamiento de los diputados Forni y Uriarte , quienes ahora aparecen impugnando esta disposición que la Comisión aprobó por unanimidad, porque se había establecido una pena mínima de un año o dos años y, por lo tanto, dentro de las infracciones graves se estimaba que éstas no tenían la entidad necesaria para establecer una pena grave privativa de libertad.
Desde esa perspectiva, se consideró que no corresponde retractarse ahora de la indicación presentada por los diputados Forni y Uriarte , ya que ésta parece adecuada y no es contradictoria con el artículo 74. Se trata de una disposición de carácter especial frente a una disposición genérica; o sea, tiene elementos de carácter específico en relación con el artículo 74.
Por último, el ministro de Hacienda dijo en la Comisión que no se necesitaban recursos especiales para este proyecto, porque los fondos quedaron comprendidos en la ley de Reforma Procesal Penal, en la de Tribunales de Familia y en la del Sename.
Por otra parte, quiero destacar que ya están construidos todos los establecimientos privativos de libertad de carácter especial a lo largo de Chile. Además, se encuentran con las dotaciones de personal correspondiente, es decir, con profesores, psicólogos, etcétera. De manera que estimamos que este proyecto, como lo dijo el ministro de Hacienda, no requiere de fondos especiales.
Entiendo que la Comisión de Hacienda tenga siempre el prurito o comezón de revisar todo proyecto, pero éste no es el caso, porque los fondos ya fueron distribuidos donde correspondía: al Sename, a la reforma procesal penal, al Ministerio Público y a la Defensoría Nacional Pública.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá .
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente, creo que todos compartimos que el proyecto, que discutimos en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, constituye un gran paso, necesario, pero tremendamente delicado: ni más ni menos, estamos bajando la edad de responsabilidad penal juvenil de dieciocho a catorce años. Por eso, todos comprendemos en el debate anterior se hizo evidente que este paso debemos darlo con mucho cuidado, asegurando que, respecto de los jóvenes que vamos a hacer imputables, que tendrán responsabilidad penal por los actos que cometan, vamos a tomar las medidas que posibiliten su recuperación e integración a la sociedad. De lo contrario, incurriremos en dos grandes errores: primero, los educaremos como delincuentes para que el día de mañana sigan cometiendo delitos, y, segundo, enfrentaremos una serie de dificultades relacionadas con la vulneración de sus derechos como adolescentes.
Debemos hacer todo lo que sea necesario para asegurar que el espíritu del proyecto se cumpla en la práctica y que la responsabilidad penal de los jóvenes sea enfocada considerando sus peculiaridades como ciudadanos y, en la mayoría de los casos, las condiciones sociales que los llevaron a delinquir.
Por eso, junto con diputados de mi bancada hemos repuesto algunas indicaciones que propusimos durante el trámite anterior, por considerar que son necesarias para garantizar que se cumpla el espíritu de la ley, que debe quedar reflejado en sus normas con mucha fuerza.
Son cuatro las indicaciones que quiero explicar brevemente.
En primer lugar, respecto de las penas privativas de libertad, consideramos conveniente establecer un máximo y un mínimo. En el caso de delitos graves, para los jóvenes entre catorce y dieciséis años, será un año, y para aquellos que tengan entre dieciséis y dieciocho años, dos años. En el marco de esta norma, que establece la pena máxima y la mínima, creemos necesario agregar al artículo 15, que se refiere a la excepcionalidad de la privación de libertad, una oración por lo demás, forma parte de los tratados internacionales sobre la materia que diga que estas penas se aplicarán por el menor tiempo posible, pero dentro de la pena máxima y mínima establecidas. Ello está en el espíritu de todos los especialistas que han estudiado el tema y de todos los tratados que existen sobre la materia, en cuanto a que las penas privativas de libertad deben ser lo más restrictivas posibles, promoviendo otro tipo de sanciones, como la libertad asistida.
La segunda indicación se refiere al artículo 31, cuyo inciso segundo establece que el régimen de privación de libertad deberá considerar necesariamente el cumplimiento del proceso educativo del adolescente. Basados en lo que establecen la Constitución y la ley, en cuanto a la obligatoriedad de doce años de escolaridad, creemos que este artículo debe ser más enfático y claro. Por eso, proponemos una redacción diferente que dice que este régimen deberá considerar necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos y medios en la redacción original esto es muy vago, incluyendo su reinserción en el caso de que haya desertado del sistema escolar formal. Esto nos parece muy importante porque es, quizás, la primera medida fundamental para lograr que estos jóvenes no vuelvan a delinquir.
Hace algunos días conversaba con una persona que trabaja en este ámbito, quien me decía que no sólo la mayoría, sino casi la totalidad de los jóvenes que delinquen, son desertores del sistema escolar. Debemos partir, entonces, por asegurar que la primera medida que se adoptará el día que estén privados de libertad será obligarlos a estudiar.
La tercera y la cuarta indicaciones se refieren al artículo 41 y tienen por objeto eliminar el inciso que dispone que la consideración en la Defensoría Penal Pública de especialistas en materia de adolescentes sólo será obligatoria cuando existan más de cien causas sobre la materia en la región. Creemos que es un número excesivo, pues si en una región sólo hubiera ochenta jóvenes imputados, también deberían tener la seguridad de que en la Defensoría Penal Pública habrá abogados especializados que los defenderán. Por eso, proponemos otro inciso que garantice algo que es parte de todos los tratados internacionales, pero que, en la práctica, va a costar que se respete, cual es el pleno derecho y capacidad de los adolescentes para designar a un abogado patrocinante. No obstante ser menores de edad, no es redundante explicitar que tienen este derecho.
Estas son las cuatro indicaciones que presentamos. Consideramos que son totalmente coincidentes y coherentes con el espíritu del proyecto y le dan más firmeza y claridad a ciertos temas que, por problemas de tradición, falta de recursos o prioridad, muchas veces, no lo reflejan. Si la ley es más clara, tendremos más garantías de que logrará su objetivo, cual es prevenir que los jóvenes no vuelvan a delinquir y se reinserten en la sociedad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Luis Bates .
El señor BATES (ministro de Justicia).-
Señor Presidente, sólo quiero referirme a dos temas que me parecen importantes. El primero dice relación con los recursos económicos, y el segundo, más específico, con la sanción de amonestación, que fue planteado durante la sesión.
Respecto de los recursos necesarios para la implementación del sistema de responsabilidad penal juvenil, durante la discusión en general del proyecto dije reiterando los datos proporcionados a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el ministro que habla, como por la directora del Servicio Nacional de Menores, quien concurrió invariablemente a todas las reuniones de la Comisión, y por la ministra subrogante de Hacienda, quien también se hizo presente en la Comisión que a través de ellos se materializa la reforma al sistema de infancia previsto en la ley de menores. Por un lado, ello pasa por considerar que el sistema de medidas previsto en la ley de responsabilidad penal se ejecuta a través de la reglamentación propia del Servicio Nacional de Menores, institución que, conforme al texto del proyecto, se hace cargo de su ejecución, directamente en el caso de medidas privativas de libertad, o a través de su red de instituciones colaboradoras, en lo que respecta al resto de las medidas.
Quiero recordar a los honorables diputados que, en la Comisión, la directora del Servicio Nacional de Menores hizo una amplia exposición sobre los centros privativos de libertad administrados por ese servicio en todo el país y respecto de los recursos que ya se han invertido en esta materia, desde Arica a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Al mismo tiempo, se ilustró acerca de los programas no privativos de libertad y los proyectos de apoyo. Es importante evaluar estos antecedentes al momento de analizar lo relativo a los recursos. Dichos antecedentes están a disposición de los honorables diputados.
De manera que se ejecuta como decía a través de la reglamentación propia del Servicio Nacional de Menores, y, en el caso de medidas privativas de libertad, las instituciones ya están construidas y funcionando en todo el país. Contamos con centros en prácticamente todas las regiones, encontrándose en etapa de construcción los previstos para las regiones Undécima y Duodécima . Asimismo, está prevista una nueva unidad para la Región Metropolitana.
Adicionalmente, requerimos un nuevo modelo de financiamiento e intervención para que sea potenciado por la vía de la subvención reforma que ya fue conocida por la Camara y que se encuentra en trámite en el Senado, que considera un incremento adicional de los recursos anuales disponibles para este fin en dicho servicio.
Por otro lado, debe tenerse presente que el aumento de los actores del sistema judicial que considera la nueva carga de trabajo que agrega el proyecto al sistema procesal penal, está siendo evaluado sobre la base de la experiencia desarrollada en las regiones más grandes, en las cuales recientemente se ha puesto en funcionamiento la reforma procesal penal. Esto permite, de acuerdo con los estudios que se tengan, complementar y actualizar la carga de trabajo proyectada originalmente, de manera que, en conformidad con los requerimientos, posteriormente someter a tramitación legislativa las correspondientes iniciativas.
En lo relativo a las funciones auxiliares de la administración de justicia, puedo informar que ellas no varían, toda vez que los conflictos de que trata esta iniciativa hoy se presentan en el sistema y son solucionados o derivados en forma diferente. Así, una infracción cometida por un adolescente de quince años, hoy entra al sistema por la vía del expediente de protección en el tribunal de menores.
El conjunto de iniciativas se complementa con el proyecto de ley de protección de derechos de la infancia, recientemente ingresado a trámite parlamentario a la Cámara de Diputados. Dicho proyecto, las subvenciones del Servicio Nacional de Menores, los tribunales de familia y el nuevo sistema procesal penal constituyen, en su conjunto, el nuevo modelo que habilita la ejecución e implementación del proyecto de responsabilidad penal juvenil.
Cabe reiterar que, en lo relativo a la capacidad instalada y proyectada del Servicio Nacional de Menores, se ha entregado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia una amplia gama de antecedentes de sustento, muy concretos y generales, que han sido suficientes para demostrar la exactitud de los recursos disponibles, tal como lo refleja el texto de los informes que dicha Comisión ha sometido a la consideración de la Sala.
Por último, quiero referirme brevemente al artículo 21, que establece la sanción de amonestación. Consiste en la represión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle ver al infractor de la ley la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente. En la medida en que se aplique bien por los jueces, creemos que se dará un paso importante en el espectro de sanciones que contempla el proyecto.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Uriarte .
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, como lo destaqué, junto con los diputados señores Víctor Pérez y Marcelo Forni , hace sólo un par de semanas, al pronunciarnos en general, el proyecto de responsabilidad penal juvenil viene a dar solución a una serie de problemas de justicia que afectan a las partes involucradas en un conflicto penal que compromete a adolescentes. En efecto, todos sabemos que tanto el infractor como la víctima, en las condiciones actuales, no reciben de parte del sistema de justicia una respuesta adecuada. Ello se debe fundamentalmente a la óptica desde la cual se encuentra construido el actual sistema, toda vez que, sobre la base de la irresponsabilidad del menor, define una serie de medidas coactivas a su respecto, supuestamente aplicadas para su protección. Con ello, se excluye a este conflicto de las reglas propias de un juicio y, consecuentemente, se excluye a la víctima como parte del mismo.
La sociedad asume que su condición de adolescente no le permite al joven responsabilizarse por sus actos, lo que atenta contra su condición de sujeto autónomo, capaz de ejercer derechos fundamentales. De esta forma, no se responde a la sociedad ni a las víctimas; no se administra un procedimiento justo, respetuoso de las reglas del debido proceso, ni se aplica tampoco una medida o sanción útil para evitar la reiteración futura en hechos delictivos.
La capacidad, entonces, es una consecuencia de su autonomía, reconocida en diversos niveles de la vida social. No basta con su madurez sicológica o mental, sino con aquella que le es reconocida por nuestra propia sociedad. En este plano, hoy es perfectamente factible asumir que los adolescentes mayores de 14 años se encuentran capacitados para desarrollarse en sociedad con uso de múltiples facultades autónomas. Sin embargo, el proceso de vida que experimentan, marcado por un constante cambio y una enorme necesidad de adaptación a su nueva realidad adulta, permite diferenciar las consecuencias de dicha responsabilidad respecto de aquellas que se prevén en el régimen general para los adultos, con lo cual aparece obvio la necesidad de regular un sistema especial de responsabilidad.
El proyecto de ley que hoy se somete a nuestra consideración precisamente asume estos elementos, proponiendo una regulación penal, procesal y de ejecución especialmente concebida para la responsabilidad de adolescentes. Con ello se contribuye enormemente a la tarea de prevenir delitos futuros, considerando precisamente que la intervención en adolescentes ejerce mucho más perspectivas de éxito en miras a disminuir la reincidencia futura.
Como dije en dicha oportunidad, sólo debemos lamentar que este proyecto se debata en un contexto de pleno auge de la delincuencia, expresado en la cada vez mayor presencia de delitos cometidos por menores de edad, en el aumento de la violencia empleada en su ejecución y, particularmente, en el aumento de la intervención de jóvenes en ellos. Echamos de menos que la política criminal sea más amplia y ahonde en la política social, en miras a atacar aquellos factores que generan delincuencia.
No obstante, creemos estar avanzando en buen camino. Así, el texto conocido y aprobado en general por la Comisión de Constitución y por la Cámara, fue concordado con miras a alcanzar mejores niveles de eficacia en la lucha contra el delito y, al mismo tiempo, solucionar los problemas de justicia que hemos denunciado.
Contribuimos a ello en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la que se genera una propuesta que, en el contexto citado, se hace cargo de las diversas visiones presentes en la sociedad. A nuestro juicio, el producto es adecuado, y así lo ratifica el casi absoluto respaldo con que contó la idea de legislar.
Sobre esa base, propusimos algunos perfeccionamientos que, en su mayoría, han sido acogidos por la Comisión en el informe en particular que se debate. Se hizo expresa referencia a las medidas aplicables a menores de 14 años, clarificando que quedan fuera del marco de aplicación de esta ley y que requieren de un nuevo sistema de tratamiento y de protección.
En forma adicional, ampliamos la calificación del delito grave a las actividades asociativas que involucren la participación de adolescentes en delitos de drogas y terroristas, originalmente no considerados en tal calidad. Eliminamos, además, la llamada eximente por analogía, que, a nuestro juicio, constituía un riesgo de impunidad; aumentamos los plazos de prescripción del delito, y nos hicimos cargo, también, del plazo de las faltas. Con el mismo fin, restringimos el uso de la amonestación en aquellos casos en que, de verdad, se cuente con señales claras de arrepentimiento del menor, y, de manera específica, en caso de objetarse la medida del trabajo en beneficio de la comunidad, ésta deberá sustituirse por una de mayor gravedad. Con esto último, respetamos los compromisos internacionales, sin dejar de asegurar la efectividad y seriedad de las prescripciones de la ley. Aumentamos, asimismo, la duración del arresto de fin de semana, de modo de transformar esta medida en una sanción real, posibilitando que sea utilizada en términos eficaces.
Sin perjuicio de lo anterior, con el diputado Forni renovaremos una indicación para eliminar el artículo 29 del proyecto.
Por otra parte, reiteramos la necesidad de evaluar la ejecución de las medidas privativas de libertad, particularmente cuando son impuestas por plazos más breves de tiempo. Con ello, aseguramos que los centros privativos no operen como escuelas delictivas, sino que se orienten efectivamente a la rehabilitación del infractor.
Como dijimos en la discusión en general, las medidas tomadas hasta la fecha han demostrado ser insuficientes e ineficaces para prevenir el delito. A ello contribuye sustancialmente la impunidad imperante en el sistema, reforzada, en el caso de los menores de edad, sobre la base de la afirmación de su irresponsabilidad.
En este contexto, el proyecto constituye todo un aporte, pues la impunidad necesariamente termina en un incentivo a la reincidencia. En ese ánimo y considerando que su texto fue elaborado sobre ejes acertados, efectivos y justos que consideran la realidad de los adolescentes de nuestro país, y teniendo presente, además, que ha sido perfeccionado en este segundo informe, anuncio mi voto favorable para que continúe su tramitación parlamentaria hasta convertirse en ley lo más pronto posible.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, en su discusión en particular, es especialmente importante tomar conciencia del significado del proyecto, de manera que no se consideren las pasiones de la coyuntura y se transforme al adolescente infractor de la ley en el enemigo público número uno.
Por un lado, se reconoce la responsabilidad de los adolescentes a partir de los 14 años, pero también se toma en cuenta que son personas que han sufrido carencias en su formación y que es importante rescatarlas de la delincuencia y reinsertarlas en la sociedad.
En ese sentido, el proyecto debe ser muy claro y taxativo. Lo fundamental es establecer, en primer lugar, la responsabilidad de los adolescentes entre 14 y 18 años, en los delitos que puedan haber cometido. En segundo lugar, un tipo de justicia especial, porque todavía no tienen consolidadas las características del adulto. En tercer lugar, una apuesta importante por su reinserción en la sociedad.
Por eso es fundamental que en la futura ley, que seguramente se va a aplicar por mucho tiempo, queden claros esos conceptos, a fin de evitar dudas a la judicatura, a los sucesivos gobiernos, etcétera. Con tal objeto, presentamos indicación para intercalar en el artículo 15, antes del punto final, la frase “y por el menor tiempo posible”, como una manera de precisar que la prisión no es el mejor camino para la rehabilitación y la reinserción.
Pusimos límites máximos y mínimos de años, lo que me parece bien, porque la privación de la libertad de los menores de edad muchas veces genera más crímenes, en vez de disminuirlos, como se ha comprobado en varios países.
Por lo tanto, es muy importante que en el caso de los adolescentes la cárcel se reserve para los delitos más graves, como último recurso y durante el menor tiempo.
Además, la indicación al artículo 15 se enmarca en el acuerdo internacional de Beijing. A todos nos interesan los programas de libertad asistida, pero a mí me habría gustado mayor precisión respecto de la función del delegado y de los programas y servicios de carácter educativo, socioeducativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación que deberá proponer al tribunal.
En ese sentido, si un adolescente de los programas de libertad asistida necesita asistencia siquiátrica, el delegado deberá recurrir a profesionales de un Centro de Salud Mental, Cesam , o de un consultorio, que de ningún modo podrán dedicarle el tiempo que requiera para superar su problema. Pero confío que con políticas adecuadas disminuya el número de adolescentes en programas de libertad asistida por delegado y se cuente con mayores recursos para una atención especializada.
Por último, aunque sabemos que no serán programas de estudio formales, porque no podrán asistir a colegios, es muy importante establecer que los adolescentes podrán terminar su enseñanza básica y media durante su reclusión, sobre todo si deben cumplir una condena de cinco años.
Es muy importante que en la ley quede claramente garantizado, no sólo el proceso educativo para estos adolescentes, sino, además, la seguridad de que, una vez terminada su reclusión y cuando sean reinsertados en la sociedad, podrán ingresar en un colegio formal y obtener su certificado de estudios.
Estas precisiones podrían parecer demasiado exhaustivas, pero estamos cambiando absolutamente la manera tradicional de ver a estos niños; estamos haciéndolos responsables de sus conductas, aunque sabemos que, muchas veces, éstas son consecuencia de la situación de pobreza en que viven; estamos elaborando una ley más general que involucre a todos los niños, pero, si bien reconocemos su responsabilidad, también debemos hacernos cargo de su situación.
Por eso, la ley tiene que ser absolutamente clara y precisa, y el país debe comprometerse, cada vez más, en el sentido de que los programas privativos de libertad de estos niños deben ser aplicados por funcionarios de suficiente calidad técnica y profesional, de manera que esta normativa cumpla con el objetivo que queremos: cortar la carrera criminal de esos niños y reinsertarlos en la sociedad. No queremos que un niño que delinque a los catorce años de edad sea tachado de delincuente para toda la vida y encerrado en una cárcel sin ofrecerle ninguna posibilidad de cambiar. Aquí estamos apostando a que esos niños o adolescentes puedan rehabilitarse y convertirse en ciudadanos de provecho.
Sin duda, el proyecto se inserta en el marco general del esfuerzo que hace el país para reducir la pobreza y avanzar. Espero que algún día podamos eliminar esta identificación delincuencia/pobreza, porque, hasta ahora, la imagen pública del joven infractor de la ley se asocia a la de un niño pobre. Tenemos que romper este binomio pobreza/delincuencia y procurar que esta ley sirva realmente para los niños que delinquen, independientemente de sus condiciones socioe-conómicas o del lugar donde nacieron, porque la justicia castiga cada vez más a los pobres y, muchas veces, deja absolutamente impunes o con condenas mínimas a adolescentes de buena situación económica.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, no se nos debe olvidar que, sobre esta materia, estamos en el peor de los escenarios. En este debate se advierten dos posiciones: una, la de quienes desean resaltar con claridad en la ley el aspecto punitivo, sancionador; y otra, la de los que queremos dejar establecido en la ley un sentido esencialmente rehabilitador. Por ahí estamos yendo. Es peligroso inclinarse por introducir modificaciones que acentúen el carácter sancionador, olvidándonos del rehabilitador.
Pero, también, dentro de nuestras pretensiones para este proyecto, hay algunos que quieren ponerse en la situación ideal, en la que todos quisiéramos; pero aquí tenemos posiciones encontradas y debemos alcanzar la ecuación más adecuada.
Se ha criticado la forma en que se han establecido las sanciones para los delitos graves, especialmente las relacionadas con la privación de libertad. Algunos quieren que sólo se establezcan sanciones máximas.
En la Comisión se acordó establecer sanciones mínimas de un año y de dos años, dependiendo de las edades; pero a quienes son partidarios de sanciones mínimas, les digo que las que propugnamos no serán tan gravosas para los menores, puesto que, en definitiva, será un juez especializado el que deberá aplicarlas, y tendrá clara conciencia de que está ante un menor, de la circunstancia del delito y de que la privación de la libertad es excepcional, como lo preceptúa el artículo 15. Por lo tanto, el juez deberá estar seguro del sentido de este proyecto, definido en su artículo 4º, y de que las privaciones de libertad se aplicarán a ciertos delitos y en forma excepcional.
Contamos también con otras herramientas que aminoran la condena de privación de libertad del menor, como es la posibilidad de que se le substituya la pena cuando cumpla un tercio de su condena. Se ha comprobado que dicha posibilidad es concordante con el objeto rehabilitador que indica el artículo 4º.
Además, el artículo 76 faculta al juez para revocar la condena cuando perciba que el aspecto rehabilitador se ha cumplido a cabalidad.
Entonces, dentro de ese contexto, no debemos temer el establecimiento de sanciones mínimas para las penas privativas de libertad.
En cuanto a la duda de que las penas privativas de libertad sean realmente rehabilitadoras y que se adopten medidas para educar al menor, podemos estar tranquilos, porque la iniciativa establece, en forma expresa, que en los recintos especiales tienen que tomarse todas las medidas para que el menor pueda seguir con sus cursos, educarse y, finalmente, ser un hombre que se integre a la sociedad con la plenitud de sus capacidades.
Insisto en que el proyecto es adecuado, aun cuando podemos perfeccionarlo en gran medida. Pero, también, debemos tener clara conciencia de que aquí hay dos posiciones: la de quienes quisieran hacerlo más drástico y la de los que desean lo contrario. Por lo tanto, hemos debido llegar a una ecuación que, a mi juicio, es la correcta.
En relación con los que consideran que la sanción de amonestación es absurda, casi insuficiente y que no debería considerarse, creo que sí debe establecerse, porque hay delitos muy menores respecto de los cuales no corresponde sino una amonestación. Por ejemplo, los desórdenes son infracciones menores, y al juez sólo le cabe aplicar amonestaciones. Como se ha dicho, la amonestación de un juez a un niño de catorce o quince años puede influir en forma positiva y hacer que enmiende su camino equivocado.
El proyecto está en la senda correcta y lo voy a apoyar. Ahora, salvo algunas indicaciones que puedan presentarse, las cuales me parecen correctas, podríamos aprobarlo hoy mismo.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada María Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña María Pía).-
Señor Presidente, concuerdo con el diputado Ceroni en que lo que más ha demorado el tratamiento de este proyecto de ley ha sido el hecho de tener dos visiones legítimas, pero muy contrapuestas, que se manifestaron, incluso, en los anteproyectos previos a los que conocemos hoy.
Creo que hemos llegado a tratar un proyecto que no es perfecto, que quizás no satisface a todos. Debo reconocer que quisiera un sistema distinto, no como el procesal penal, sino, más bien, una justicia restaurativa, como tantas veces conversamos al respecto en la Comisión, con mayor participación de la víctima y de la familia del menor, que se hagan parte y avalen la rehabilitación de éste: entregar un proyecto de vida a un menor que ha delinquido.
Pero, no estamos preparados para esto; no lo conocemos; falta tiempo. Mientras tanto, considero que este proyecto es lo mejor que hemos podido hacer.
Durante su primer trámite reglamentario, señalé que había aspectos negativos, ambiguos e indefinidos, que era importante hacer presente a la Sala; pero estos no fueron solucionados. Uno, la discrecionalidad del juez para aplicar las sanciones, y, el otro, la aplicación subsidiaria del Código de Procedimiento Penal. Creo que son objeto de una discusión mucho mayor e, incluso, podrían cambiar bastante el rostro del proyecto.
Por lo tanto, creo que, a la larga, el seguimiento que se haga de la implementación práctica de este proyecto va a dar la pauta para cambiarlo o modificarlo, como hemos ido arreglando el Código de Procedimiento Penal, en la medida en que nos damos cuenta de que su vigencia práctica no es lo que queremos. Hay que estar abiertos para entender que hemos hecho lo mejor, pero, obviamente, puede haber imperfecciones.
En cuanto al financiamiento de que hablaba el ministro, debo decir, derechamente, como lo hice en la Comisión me gustaría que estuviera presente el diputado Juan Bustos , porque su planteamiento, cuando estuvieron los ministros, fue diferente a lo que expresó aquí, que no se trata solamente de infraestructura. Sabemos que faltan, aproximadamente, tres regiones. Pero el tema es otro. Necesitamos financiamiento para los organismos colaboradores. ¿Qué está sucediendo en el Senado en cuanto a otorgar más dinero a los organismos colaboradores? Esos organismos van a hacerse cargo de los programas de educación, de orientación, de los tratamientos psicológicos y para las adicciones. Al Sename le corresponde y va a cumplir bien con todo lo que diga relación con las sanciones de internación semicerrada o cerrada, pero lo demás tienen que hacerlo los organismos colaboradores. Y si no hay financiamiento para ello, las sanciones, que no son privativas de libertad, no van a tener ninguna aplicación y vamos a terminar igual con todos los menores en sistemas cerrados o semicerrados.
Necesitamos, por ejemplo, para la libertad asistida, que es una muy buena sanción, financiamiento para los seguimientos que realicen los delegados.
En la Comisión, que preside el diputado Bustos , la ministra subrogante de Hacienda, señora María Eugenia Wagner que concurrió además de los ministros señores Insulza y Bates , fue muy ambigua, diría, muy resbalosa en cuanto a su compromiso con el financiamiento. Entonces, me da mucho temor de que nos quedemos con un muy buen proyecto, pero que, en definitiva, su aplicación práctica sea muy restringida y, eventualmente, se tenga más de lo mismo.
Más allá de eso, quiero comentar algunas indicaciones que me parece importante que la Sala las conozca y de por qué fueron aprobadas. En primer lugar, en el artículo 5º, cuando se refería a los menores de catorce años que no tenían responsabilidad criminal y no podían ser sancionados, nada se decía sobre su destino. Presentaron una indicación los diputados señores Álvarez , Pérez, don Víctor , y Uriarte , quienes expresaron que se deben aplicar ciertas medidas que la legislación ha de señalar. En ese minuto, lo aceptamos porque sabemos que ha ingresado a trámite legislativo el proyecto de protección de los derechos de la infancia y adolescencia que deroga la ley de menores, tan cuestionada. Esperamos que la iniciativa vaya a la Comisión de Constitución, como parte de un paquete que tiene que ver con la responsabilidad penal juvenil. Por lo tanto, no se puede tratar en forma separada de la norma que hoy está en debate.
Es importante señalar que el artículo 7º, fue modificado por una indicación de los diputados señores Burgos y Luksic , que añade el grado de tentativa a los delitos graves sancionados en principio sólo como consumados y frustrados. Se trata de desincentivar su comisión, incluso el inicio de ésta dado que, en la sociedad moderna, la alta incidencia de la delincuencia juvenil señala una alta peligrosidad en sus autores. Por lo tanto, la tentativa es importante sancionarla.
También incorporamos como delitos graves aquellas conductas de asociación ilícita en materia de delitos terrorista y de drogas. Personalmente, quise incorporar las conductas propias de la ley de armas, pero se me hizo notar que tanto el porte de armas como su tenencia estaban en las leyes especiales y no eran objeto de asociación ilícita; por otro lado, que las conductas más graves estaban subsumidas en las conductas graves, como el robo con violencia que ya se había tipificado.
En el tema de la amonestación, primera sanción que podría aplicar un juez, se señala que debería hacerse en forma clara y directa. Se formuló una indicación para que ella requiriera de un requisito extra, que es muy positivo. Está orientada en la justicia restaurativa, en orden a reconocer el error cometido. Ello quedó así establecido.
En lo personal, presenté una indicación, la que fue aceptada. Es importante considerar que la mayor parte de los delitos que cometen los adolescentes han sido realizados bajo los efectos de drogas o con el propósito de obtenerla o en estado de ebriedad. No se tenía ninguna precisión en cuanto a la obligación de tratamiento de estas adicciones. Ello quedó expresamente establecido en la ley; incluso el representante del Ministerio de Justicia señaló que eso era importante para la nueva negociación con Hacienda, en orden a obtener los recursos que faltaban para implementar el proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, ya se ha dicho todo. Sólo quiero concordar con lo último que señalaron la diputada María Pía Guzmán y el diputado Ceroni : que en el proyecto se confrontaban dos visiones. Una, castigadora, y, otra, que postulaba no condenar ni sancionar a los menores. En general, el debate fue amplio e interesante. Finalmente, primó que el hecho de que el adolescente estaba en un proceso de formación, en el cual es fundamental lo que persigue la iniciativa: su rehabilitación.
Por otra parte, se habla de simples delitos, faltas y delitos más graves. Algunos son bastante graves, como es la asociación en el tema del narcotráfico. En materia de sanciones, hay dos tipos que están muy diferenciadas: Una es la amonestación, que también quiero defender, como lo hicieron el ministro y el presidente de la Comisión. El adolescente que está en formación requiere, fundamentalmente, que alguien ponga las reglas claras. Ello ni siquiera es cuestión de estudios científicos, psicológicos o de derecho comparado, sino de la propia experiencia que tenemos como padres de familia. Nuestros niños y adolescentes requieren que los padres pongan reglas del juego claras, porque, de lo contrario, hacen lo que quieren y el padre termina siendo un mal y no un buen ejemplo para ellos. Es lo que sucede cuando el juez los amonesta en buenos términos. El niño y el adolescente toman conciencia de que lo han hecho mal y de que sólo se trata de endilgarlos por el buen camino. Por eso, me parece una muy buena medida. Como dijo el presidente de la Comisión, a los adolescentes no les podemos hablar en los mismos términos que los adultos. A lo mejor, a un adulto le da lo mismo recibir una amonestación, pero para los menores es una cuestión fundamental.
También hay un límite para las penas graves, que van de uno a cinco años. En realidad, no hubiésemos querido ningún piso, de manera que el juez, en determinadas circunstancias, no tuviera que sancionar. Tengo dudas, porque fui contraria a aquello. Con todo, le estamos dando al juez de control una facultad muy importante: suspender la sanción.
Ahora, en cuanto a que se pueda sancionar en el menor tiempo posible, es preferible que el juez de control determine si hay o no sanción. Es decir, lo facultemos para que con los antecedentes en la mano lo determine. Lo único que me preocupa es que dentro de los delitos graves, mutilaciones y lesiones, hemos incluido la tentativa, aunque hubo preocupación en el tema de la peligrosidad. Fuera de eso, estimo que las reglas medulares están claramente establecidas.
Hubiésemos querido algo mejor, pero, por una parte, los jóvenes, entre 16 y 18 años, tienen en su favor el discernimiento, institución muy cuestionada, y, por otra, la sociedad nos presiona para que dictemos prontamente esta ley. Por lo tanto, si hay indicaciones debemos votarlas ahora.
Sólo cabe agregar que me quedo con el argumento del ministro, en el sentido del financiamiento, y señalar que hay medidas que son muy importantes para los colaboradores. A lo mejor, habría que consignar un compromiso para que se cumplan.
Como se trata de un buen proyecto, anuncio nuestro voto favorable.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, en primer lugar, cabe afirmar que hemos elaborado un buen proyecto.
Hemos tratado adecuadamente la participación de los menores cuando cometen un delito o infringen la ley; hemos rebajado la edad para la responsabilidad penal a catorce años, pero también fijamos penas alternativas y hemos establecido normas para que los niños puedan rehabilitarse, lo que, en verdad, es lo que importa en este proyecto de ley. Cuando un joven de catorce años comete un delito, lo que interesa, en definitiva, no es que esté preso, sino que pueda rehabilitarse para servir a su familia y a la sociedad. Sin embargo, quiero manifestar mis aprensiones respecto de algunos de los artículos que aprobamos en la Comisión. Particularmente, me refiero a lo que se entiende por infracción a la ley penal.
En el artículo 6º, inciso segundo, se señala que los desórdenes que cometan los menores en la vía pública o después de un espectáculo público serán tratados como infracción a la ley penal. ¡Ubiquémonos en la realidad! A un espectáculo público asisten muchos menores. Estamos hablando de niños de catorce años de edad que, por lo general, siguen los desórdenes que se puedan producir. Esos jóvenes podrán ser acusados de cometer infracción a la ley penal. Insisto en que, por ejemplo, a la salida de un estadio, muchos jóvenes sólo siguen las conductas de los adultos. Por cualquier desorden que allí ocurra, esos niños serán responsables penalmente.
Cuando los adultos cometen desórdenes, éstos son tratados como faltas, sometidas al conocimiento del juzgado de policía local. Pero cuando son menores, les estamos dando el tratamiento de ley penal e irán a dar al juzgado del crimen, serán procesados y quedarán con antecedentes penales. Se debe establecer que los desórdenes no pueden constituir una infracción penal; son, simplemente, faltas. Cuando los menores de catorce años cometan estos desórdenes podrían producirse muchos abusos.
¿Qué pasará con las marchas estudiantiles que se efectúan en Santiago, en la vía pública, con miles de jóvenes que marchan y protestan contra alguna medida que los afecte, como, por ejemplo, el alza del monto del pasaje escolar? ¿Esos jóvenes serán sometidos a proceso por el solo hecho de participar en una marcha en la vía pública, en Santiago o en cualquier ciudad del país? Cuando los adultos cometen reitero desórdenes, concitados al juzgado de policía local: son faltas. No se compadece una realidad con la otra.
En segundo lugar, también se ha establecido como infracción penal grave el hecho de que un joven se asocie ilícitamente para cometer un delito. Me pregunto si un joven de catorce años de edad sabrá definir lo que significa la asociación ilícita para cometer delito. ¡Ni los adultos lo saben! Pero vamos a sancionar penalmente a un joven cuando cometa un delito grave mediante una asociación ilícita. Es necesario revisar este punto.
Por último, quiero referirme a lo que planteó en su intervención el diputado Enrique Jaramillo . No se dispone de todos los recursos que se requieren para implementar esta ley como corresponde. Debemos contar con los recursos necesarios, suficientes, para, primero, tener todos los recintos que se necesiten en todo el país. Además, se requieren recursos para implementar trabajos que signifiquen rehabilitar a los menores, lo cual no está claramente establecido en la ley.
Como decía el diputado Jaramillo , podríamos dictar una ley que, en realidad, no se pueda cumplir, lo cual me parece grave, porque, en definitiva, lo que interesa de este proyecto de ley, más allá de sancionar a los menores, es que quienes han cometido delitos por cualquier motivo, tengan la posibilidad real, cierta y concreta de poder rehabilitarse y de reinsertarse en la sociedad. Estamos hablando de niños de 14 años de edad que merecen todo el apoyo económico, social, jurídico y psicológico para que puedan rehabilitarse. Para todo ello se requiere de recursos, los cuales no están claramente definidos en el proyecto de ley.
Reitero lo que dije al principio: hemos elaborado un proyecto que, por fin, establece un tratamiento adecuado para aplicar a los jóvenes que cometen un delito, que tiene como objetivo su rehabilitación.
He dicho.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, el proyecto establece interesantes modificaciones al Código Penal y a la leyNº 16.618, de Menores, que constituyen un avance en materia de legislación comparada, especialmente con países europeos, como España, Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, en lo que se refiere a nuestro vecindario, nuevamente nos vamos a diferenciar, pues no hay disposiciones como éstas en Latinoamérica o bien las hay en muy pocos países.
El proyecto contiene elementos que nos motivan respaldarlo, ya que hay un notable cambio en el desarrollo psicológico de los adolescentes, quienes toman conciencia mucho antes de sus actos y, por ende, de sus responsabilidades, lo cual aparece consagrado en la iniciativa que, además, garantiza derechos fundamentales al señalar que la pena máxima que se podrá aplicar a los adolescentes será hasta por cinco años en los casos en que se contravenga la ley penal.
En consecuencia, votaré a favor de la iniciativa.
Creo necesario destacar las indicaciones presentadas por diputados de las diferentes bancadas, así como lo dispuesto en el artículo 15, que establece explícitamente que las sanciones privativas de libertad tienen carácter de excepcional, lo que concuerda con nuestra opinión de que la cárcel no es la solución.
Finalmente, concuerdo con la indicación presentada para sustituir la redacción del artículo 41, ya que así se permite que el menor tenga derecho a una defensa especializada en cualquier circunstancia.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar el proyecto que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Algunos diputados han solicitado que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda, pero no hay unanimidad al respecto.
Como procedimiento, les propongo que primero votemos los artículos respecto de los cuales se ha pedido votación separada o se han renovado indicaciones y votar el resto en un solo acto.
Se procedería de esa manera respecto de los artículos 6º, 15, 29, 31, 32 y 41.
El señor FORNI.-
Señor Presidente, pido incluir en esa lista los artículos 4º y 21.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Se agregan a la lista los artículos antes señalados para votarlos en forma separada.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, no tengo claro los fundamentos de la petición de remitir nuevamente el proyecto a la Comisión de Hacienda, pero estimo que no corresponde a la Sala decidir esta materia, sino la Mesa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento, que señala claramente: “Los proyectos no podrán seguir su curso reglamentario sin el informe de la Comisión de Hacienda, ni aun por acuerdo unánime de la Cámara,...”. Por tanto, pido que la Mesa se pronuncie si el proyecto debe o no ir a la Comisión de Hacienda, porque no corresponde que lo haga la Sala.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Lo que pasa es que ahora estamos en democracia. La mayoría de los diputados comparten el criterio de la Mesa, y como Mesa le digo que el proyecto no volverá a la Comisión de Hacienda.
Aplausos y manifestaciones en la Sala.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tenemos nuestro criterio; no obstante, queremos verificarlo. Aún así y de acuerdo con el Reglamento, le anticipo que no irá a la Comisión de Hacienda.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, me parece la respuesta más escandalosa que he escuchado de un Presidente de la Corporación en los seis años que llevo como diputado. El primer requisito de la democracia es cumplir las normas legales. Le planteé en la forma más educada que no correspondía aplicar ese procedimiento; pero usted, para eludir su responsabilidad, consultó la opinión de la Sala. ¡Usted debe pronunciarse sobre esta materia!
Insisto: en los seis años que llevo como diputado, no había escuchado una respuesta más escandalosa que la que usted me ha dado.
Aplausos.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señor diputado, para su información, este Presidente no elude su responsabilidad.
Si usted ha sentido que mis palabras lo han ofendido, le ofrezco mis disculpas.
En caso que no concuerde con el criterio de la Mesa, utilice los procedimientos regulares para hacerlo presente.
En primer lugar, se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones, los artículos 1º, 2º, 3º, 9º, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 41 bis, 41 ter, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, letras a), b), c), g), h), i) j), permanentes, y los artículos 1º y 3º transitorios.
Corresponde votar en un solo acto los artículos 5º, 7º, 8º, 10, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 34 bis, 55, 57, 67, 77, 80 y 81, que no requieren de quórum calificado.
A los artículos mencionados agregaremos los siguientes, que requieren de quórum calificado: 37, 38, 39, 40, 70, 83, letras d), e) y f), y 2º transitorio.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor LORRENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Se deja constancia de que se han obtenido los quórum requeridos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Jaramillo , Kast , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Urrutia , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena ), Villouta y Von Mühlenbrock .
Votó por la negativa el diputado señor Cornejo .
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde votar los artículos respecto de los cuales se ha pedido votación separada y los que han sido objeto de indicaciones.
En votación el artículo 4º, que no requiere de quórum especial.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 31 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hidalgo , Jaramillo , Kuschel , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Mella (doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Montes , Mora , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vargas , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .
Votó por la negativa el diputado señor Cornejo .
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Correa , Cristi (doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Forni , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Leay , Longueira , Masferrer , Melero , Molina , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia y Von Mühlenbrock .
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde votar la indicación renovada formulada al artículo 6º, a la que dará lectura el señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Para suprimir, en el artículo 6º, inciso segundo, en los numerales 1) y 3), la referencia al artículo 494.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 65 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Ceroni , Encina , Espinoza , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Leal , Letelier ( don Juan Pablo) , Lorenzini , Meza , Montes , Mora , Muñoz (don Pedro) , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Sánchez , Soto (doña Laura) , Tarud , Tohá (doña Carolina ) y Tuma .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Rojas , Saffirio , Salaberry , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Uriarte , Urrutia , Vargas , Villouta y Von Mühlenbrock .
Se abstuvieron los diputados señores:
Letelier (don Felipe) y Vidal ( doña Ximena ).
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el artículo 6º, sin la indicación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
El artículo 15 fue objeto de una indicación renovada para intercalar, antes del punto final, la frase “y por el menor tiempo posible”.
En votación la indicación renovada.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por negativa, 53 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Encina , Escalona , Espinoza , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vargas y Villouta .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Monckeberg , Mora , Mulet , Norambuena , Olivares , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Sánchez , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .
Se abstuvieron las diputadas señoras:
Soto (doña Laura) y Vidal (doña Ximena).
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el artículo 15.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 21.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Cristi ( doña María Angélica) , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Jaramillo , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes , Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Correa , Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Monckeberg , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .
Se abstuvo el diputado señor Cardemil .
El señor LORENZINI (Presidente).-
El artículo 29 fue objeto de una indicación para suprimirlo.
En votación la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 1 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Bertolino , Cardemil , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Masferrer , Melero , Molina , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Errázuriz , Galilea (don Pablo) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hidalgo , Jaramillo , Leal , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Mella (doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .
Se abstuvo el diputado señor Galilea (don José Antonio) .
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el artículo 29.
Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación, pero a la inversa.
Aprobado.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación renovada presentada al artículo 31.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Indicación renovada al inciso segundo del artículo 31 para reemplazar la frase “el cumplimiento del proceso educativo del adolescente” por lo siguiente: “la plena garantía de continuidad de sus estudios básicos y medios, incluyendo su reinserción escolar en el caso de haber desertado del sistema escolar formal.”
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación el artículo 31, con la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Escalona , Espinoza , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina ) y Tuma .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Cardemil , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Martínez , Masferrer , Melero , Monckeberg , Norambuena , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela , Villouta y Von Mühlenbrock .
Se abstuvo la diputada señora Vidal (doña Ximena ).
El señor LORENZINI (Presidente).-
Artículo 32. Se pidió la votación separada de su inciso segundo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Errázuriz , Escalona , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hidalgo , Jaramillo , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Correa , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Masferrer , Melero , Molina , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .
Se abstuvieron los diputados señores:
Bertolino , Forni , Galilea (don José Antonio) y Uriarte .
El señor LORENZINI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el resto del artículo 32, con la misma votación anterior.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación renovada presentada al artículo 41.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación renovada es para agregar el siguiente inciso segundo: “Los adolescentes imputados tienen plena capacidad para designar abogado patrocinante para su defensa en el proceso respectivo”
El señor LORENZINI (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 51 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Escalona , Galilea (don Pablo) , González (don Rodrigo) , Jaramillo , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Mella (doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá ( doña Carolina ) y Villouta .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Bayo , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Forni , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Mora , Norambuena , Olivares , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .
Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló , Araya , Ceroni , Hales y Vidal ( doña Ximena ).
El señor LORENZINI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo con la votación a la inversa.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN ELECTORAL EN COMUNAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN OTROS PAÍSES PARA INCENTIVARLA. (Votación).
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 436, mediante el cual se solicita al ministro del Interior que informe respecto de la inscripción electoral y procedimiento en derecho comparado para incentivar dicha inscripción.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Rechazado por falta de quórum.
INFORMACIÓN SOBRE COBERTURA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 437, de los diputados señores Camilo Escalona , Jorge Burgos , Fidel Espinoza , Iván Paredes , Rodolfo Seguel , Enrique Accorsi , Zarko Luksic y Jaime Quintana .
“Considerando:
Que el Congreso Nacional ha aprobado recientemente el proyecto de ley sobre Chile Solidario, que incluye al programa Puente para dar acceso a servicios sociales a doscientas nueve mil quinientas familias en situación de extrema pobreza.
Que diputados, senadores y personeros de partidos políticos han criticado al Gobierno por su supuesta ineficacia en el combate contra la extrema pobreza.
Que es de público conocimiento nacional e internacional el buen desempeño en la superación de la pobreza que han tenido los gobiernos de Chile desde 1990 hasta ahora.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que, asesorado por el Ministro de Planificación y Cooperación (Mideplan), se sirva informar a esta Corporación sobre la cobertura y los resultados de los distintos programas de superación de la pobreza, especialmente de Chile Solidario, y de la evolución del fenómeno de la miseria desde 1990.”
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate,
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Por falta de quórum, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
VII.INCIDENTES
FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el primer turno, que corresponde al Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, la diputada señora Isabel Allende , me concedió su tiempo para referirme a una grave situación que afecta a la comuna de Los Muermos, la cual me motiva a solicitar el envío de algunos oficios y la adopción de algunas medidas a entidades del Gobierno.
El sistema económico de libre mercado que impera en nuestro país permite la libre competencia entre diferentes empresas de servicios, siendo los usuarios quienes, en función de la calidad y precios, deciden cual es el servicio que prefieren.
En las últimas horas fue testigo de una agresión que casi provocó la muerte de una persona, a raíz de guerrilla desatada entre las empresas que brindan los servicios de transportes en la citada comuna.
Hace dos semanas dos empresas de transporte se sumaron a la única que operaba, dos que llegaron ofreciendo en la comuna, sus servicios para el tramo Los MuermosPuerto Montt, lo que ha dado origen a como lo dije al inicio de mi intervención una verdadera guerrilla que ha puesto en peligro a los cientos de pasajeros que deben circular diariamente entre estas dos ciudades. Peleas entre choferes y agresiones entre auxiliares son frecuentes y violentos a tal punto que uno de ellos se encuentra en un centro hospitalario de Puerto Montt a punto de perder un ojo.
A través de esta honorable Cámara, en representación de los humildes y esforzados trabajadores de Los Muermos, hago un llamado público a las autoridades de Transportes de la Décima Región a fin de que fiscalicen a estas empresas y, a la brevedad, apliquen drásticas sanciones a quienes están poniendo en peligro la seguridad de las personas.
La gente de Los Muermos es de esfuerzo y de trabajo y, por lo tanto, se merece un trato digno de parte de los empresarios que ofrecen esos servicios. No se pueden permitir acciones matonescas, provengan de donde provengan; no es posible que por unos pesos más pongamos en riesgo a los usuarios que ocupan los servicios de esas empresas.
En los últimos años, el Gobierno ha invertido muchos recursos para mejorar las vías entre Fresia y Totoral y entre Los Muermos y El Tepual, en Puerto Montt. Se han invertido más de 2 mil millones de pesos solamente para mejorar esta última ruta, que se encontraba en pésimas condiciones. No es posible que esos caminos, producto del esfuerzo de todos los chilenos, empresarios que compiten en forma desleal los conviertan en verdaderas pistas de carrera, poniendo en riesgo la seguridad de las personas.
Pido que se oficie al ministro de Transportes y al subsecretario de la misma cartera a fin de que adopten medidas urgentes tendientes a evitar que en los próximos días tengamos que lamentar algún hecho doloroso.
Espero que el señor subsecretario adopte sanciones ejemplarizadoras para que en otros lugares del país no ocurran situaciones como las que hoy están sucediendo en la comuna de Los Muermos.
En las últimas horas, se han intensificado los reclamos y las molestias. A través de la propia radio Acogida, de Los Muermos, la gente ha exteriorizado su profundo malestar, desazón y, sobre todo, preocupación por estos hechos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Enrique Jaramillo , Alberto Robles , Fernando Meza , Carlos Recondo , Zarko Luksic , Ignacio Urrutia y de quien habla.
RECONOCIMIENTO A UNIVERSITARIOS POR TRABAJOS VOLUNTARIOS EN LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, las comunas rurales, por lo general, tienen serias dificultades de todo tipo.
En la comuna de Alto del Carmen, enclavada cerca de la cordillera, con dos hermosos valles, vive gente sacrificada, de trabajo.
Quiero agradecer a más de 200 estudiantes de las facultades de Derecho, de Bachillerato y Diseño, de la Universidad Católica, quienes el 16 de julio viajarán a la comuna de Alto del Carmen a participar en trabajos voluntarios en beneficio de la gente que ahí habita.
Recalco este hecho porque, normalmente, los jóvenes universitarios desarrollan sus actividades en comunas urbanas, centralizadas, como las grandes capitales de regiones o grandes ciudades de las regiones. En este caso, los muchachos de la Universidad Católica han decidido llevar su ayuda solidaria a lugares bastante alejados, a comunas más remotas de nuestra geografía, en que su acción llegará con mayor eficiencia y eficacia.
Señor Presidente, quiero destacar la presencia en las tribunas de uno de los jóvenes que ganó la beca “Presidente de la República”, que también es de la comuna de Alto del Carmen, Tercera Región. Él es un esforzado estudiante que, gracias a su esfuerzo y trabajo estudiantil obtuvo esa beca, lo que demuestra que las comunas pequeñas entregan, como lo hicieran en el pasado, personas que van a desarrollar aún más el potencial de nuestras regiones.
He dicho.
CONOCIMIENTO DE RESULTADO DE SUMARIO SOBRE SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE TERRENO DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, en esta misma Corporación el 6 de marzo de 2003 transmití una inquietud de vecinos del sector de Andalué, de San Pedro de la Paz, sobre la venta de un terreno sin la debida preocupación y cuidado por los recursos municipales. En esa fecha pedí que mi intervención se enviara al concejo municipal, al señor alcalde de San Pedro de la Paz y, a su vez, anuncié que conjuntamente con los diputados Ulloa y Norambuena íbamos a solicitar a la Contraloría General de la República que investigara lo ocurrido.
A 24 horas de mi denuncia, en una profusa campaña periodística de prensa y con un costoso aviso financiado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz, el alcalde Jaime Soto sostuvo que no se había cometido ningún ilícito y que todo estaba en orden.
Nosotros cumplimos lo prometido y el 7 de marzo de 2003 presentamos al aquel entonces contralor regional del Bíobio, Oscar Aedo Cid , la petición formal para que se hicieran las investigaciones correspondientes.
Entretanto, se creó una gran polémica por los recursos involucrados. Los vecinos opinaron y también lo hizo el gran fiscalizador, el diputado Víctor Pérez , quien dijo que se había cometido una irregularidad. Después de sus declaraciones, el alcalde Jaime Soto anunció una querella por injurias y calumnias y usó todo el aparato municipal para ello; sin embargo, después, sin ninguna explicación de la municipalidad, fue retirada por indicación del mismo edil.
Pasó el tiempo y el 26 de mayo de 2003, la Contraloría nos envió el informe, cuyas conclusiones quiero leer textualmente:
En el proceso de licitación pública y posterior adjudicación del inmueble de propiedad de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, singularizado como el lote AM2, del sector Andalué , a la Sociedad de Inversiones Maravilla Limitada, en el precio equivalente a 5.880 UF, se observaron las disposiciones legales básicas; sin embargo, a la luz de los antecedentes contenidos en el presente informe, existirían eventuales transgresiones a las normas contenidas en los artículos 3º, 5º y 13º de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto a la falta de la debida publicidad y transparencia en el proceso de licitación.”
¿Qué decía el informe de la Contraloría en su segundo punto? “Corresponde que esta Contraloría Regional instruya un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que pudiera afectar a los funcionarios dependientes de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, en las transgresiones a que se ha hecho referencia en la conclusión precedentemente enunciadas.”
Como bien decía la Contraloría, se afectaban los artículos 3º y 5º de la leyNº 18.575. ¿Qué dice el artículo 3º en una de sus partes? “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control de probidad, transparencia y publicidad administrativas y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos,...”
En virtud de ese artículo se pidió que se hiciera una sumario. Obviamente, en nuestra región el tema ha sido debatido profusamente. Tengo una carpeta llena de recortes de prensa. Además, ha intervenido el Consejo de Defensa del Estado y se ha seguido un juicio para que se cumpla lo indicado por la Contraloría.
En junio de 2003, conjuntamente con los diputados Ulloa , Norambuena y Víctor Pérez dimos el paso prudente para que la Contraloría hiciera un sumario. Pero ya han pasado muchos meses. Cada cierto tiempo, ya sea telefónica o personalmente, consultábamos lo que ocurría. En una oportunidad visitamos al aquel entonces contralor, don Oscar Aedo Cid , para plantearle nuestra inquietud. Lamentablemente, por problemas de servicio, ese funcionario fue trasladado. Llegó el nuevo contralor, don Manuel Cerda Sepúlveda , a quien también le hicimos ver nuestra preocupación por esta demora.
Entiendo que un sumario, que puede ser complejo, demore tres, cuatro, cinco meses o un año, lo que ya es mucho. Pero aquí viene la parte más grave. El viernes pasado, con motivo del juramento de la bandera en la Plaza de Armas de Concepción, al contralor regional, don Manuel Cerda Sepúlveda , le expresé nuestra preocupación por el tiempo transcurrido sin haber obtenido respuesta sobre el resultado de este sumario, ya que es importante para la comunidad darle un corte definitivo a este problema que ha estado durante tanto tiempo en el tapete de la discusión. Me dijo que el sumario había finalizado y que estaba en poder del contralor general de la República, aun cuando no me informó desde cuándo. Pero, ¡oh sorpresa! En menos de 24 horas, en un programa de televisión llamado “El Tablón”, que emite el canal regional, estaba invitado el alcalde don Jaime Soto . Cuando le preguntó sobre la venta del terreno de Andalué, señaló no una, sino dos veces y aquí tengo la cinta del video que había quedado libre de toda acusación y, además, que tiene el informe desde hace treinta días. El panelista, don Jaime Dinamarca , le volvió a consultar ellos son socios de una institución respetable de Concepción, ante lo cual respondió que le entregaría una copia.
Por eso, antes de hacer mi petición, voy a usar la frase del Presidente Lagos relacionado con el caso MOPGate que, como otras el jarrón, la señora Juanita se ha hecho famosa “Uno de los dos está mintiendo.”
Eso es lo que debemos dilucidar, porque en una situación tan compleja, en la que están involucradas la Contraloría Regional y la Contraloría General de la República, ¿cómo se debe proceder? ¿Cuál es la norma que se debe aplicar? Que las partes reciban el resultado del sumario en forma simultánea. Sería improcedente que lo tuviera el alcalde Jaime Soto y no lo conocieran los diputados que pedimos la investigación.
Por eso, solicito oficiar al contralor general de la República, para que envíe ese informe que nos indicará si son ciertas las palabras del alcalde Jaime Soto .
También solicito que se oficie al contralor regional del Biobío, Manuel Cerda Sepúlveda , para que explique lo sucedido, dado que a mí, personalmente, me contó que ese informe estaba en la Contraloría General de la República.
También pido que envíe mi intervención al alcalde y al concejo municipal, porque nunca he eludido ninguna responsabilidad y asumo todas y cada una de mis palabras. Por lo tanto, es importante que se conozca esa irregularidad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Ignacio Urrutia .
ALCANCE A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO EGAÑA .
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, no puedo dejar pasar lo manifestado por el diputado Andrés Egaña .
Fui uno de los que planteé esta denuncia. Según mi parecer, y luego de recopilar toda la información, no encontré asidero alguno.
El señor diputado denuncia hoy públicamente que en un programa de televisión que no vi porque me encontraba en reunión en un sector de Concepción el alcalde de San Pedro de La Paz habría afirmado que ya tenía en su poder el informe.
Aquí lo que está en juego es si el informe de la Contraloría le llegó o no a los diputados que lo solicitaron.
Y como tratamos de hacer las cosas con seriedad, hoy mismo, después de terminar esta intervención pediré copia del informe a la Contraloría General de la República para intervenir mañana sobre este tema, porque no pongo en duda lo que dijo Jaime Soto en ese programa de televisión creo que una vez más se está jugando con la honra de las personas, y como se acercan las elecciones, obviamente, ¡miente, miente, que algo queda!
MEDIDAS EN FAVOR DE DISCAPACITADOS VISUALES. Oficios.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, Hace dos semanas, el directorio de Coalivi, integrado por distinguidos profesionales de la zona, invitaron a todos los parlamentarios de la provincia de Concepción para darnos a conocer la actividad que desempeña dicha institución. Por diferentes circunstancias, el único que llegó fue quien les habla.
Por ello, he creído mi deber destacar en esta Sala la importancia de la labor que realizan algunas instituciones privadas en el desarrollo de una región.
Coalivi fue creada en 1980, según personalidad jurídica Nº 536, del Ministerio de Justicia. Es un organismo privado sin fines de lucro. Su objetivo, entre otros, es educar a niños y jóvenes ciegos o limitados visuales de la región. Su primer desafío fue la creación de una escuela especial. Dicho proyecto abordó una sentida necesidad de atención y educación de niños y jóvenes con discapacidad visual.
La escuela especial, creada bajo el nombre de Unilivi, fue reconocida por el Ministerio de Educación como una entidad pionera en la implementación de planes y programas en favor de las personas ciegas o limitadas visuales.
En 1987, Coalivi se planteó otro objetivo, la prevención de la ceguera. Para ello realizó un trabajo mancomunado con el hospital Regional de Concepción, con Junade y con otras instancias. Coalivi fue beneficiada con la instalación del primer equipo Jack y Argon Láser , donado por una institución internacional, lo que permitió la creación de una unidad de tratamiento para enfermedades como la retinopatía y el glaucoma, y la adquisición de una unidad móvil oftalmológica, dotada de instrumentos específicos, que atiende preferentemente y en terreno a pacientes de la provincia de Arauco, hasta entonces carentes de esta prestación médica.
En 1982, gracias a un aporte financiero de Alemania, se adquirió un edificio de dos pisos en pleno centro de Concepción, con una implementación de equipos tecnológicos de última generación.
La misión institucional de Coalivi ha sido brindar atención a las personas con discapacidad visual, entregándoles las herramientas necesarias para que tengan mayores y mejores posibilidades de integrarse al medio familiar, social, educacional y laboral. Su línea de acción es favorecer el proceso de inclusión social de niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual a través de programas de educación, rehabilitación e inserción laboral; prevenir, fomentar y recuperar la salud visual de personas que presentan deterioro en ella, a través de la atención oportuna y de tratamientos médicos.
Su estructura administrativa consta de una dirección ejecutiva, contabilidad, proyectos, relaciones públicas y servicios generales. En este instante su financiamiento es difícil. Actualmente, tiene una planta de 47 funcionarios, con contrato formal indefinido. Entre los profesionales que operan allí hay profesoras, asistentes sociales, sicólogos, médicos, oftalmólogos, diabetólogos, enfermeras, tecnólogos médicos, ópticos, contadores, etcétera, de cuya calidad quedé impresionado.
Este centro integral de salud visual tiene una misión especial, cual es propender al mejoramiento de la salud visual de la población, principalmente de pacientes de escasos recursos, por medio de la calidad profesional, de la tecnología y de una eficiente atención. Su gran objetivo es brindar atención oftalmológica a la población de escasos recursos que no tiene acceso a la atención estatal ni privada y, al mismo tiempo, a las personas que pueden costear tal servicio a través de consultas médicas especializadas, exámenes complementarios de oftalmología y pabellón. Para tal efecto, por ser una persona que siempre he estado afiliado a Fonasa, me haré los exámenes oftalmológicos en Coalivil, como una forma de ayudar a su financiamiento.
Coalivil está atravesando por una crisis financiera ya que hoy no cuenta con la ayuda de Alemania, debido a que Chile tiene un ingreso per cápita e índices económicos por sobre lo estimado.
Por tanto, solicito oficiar al ministro de Hacienda a fin de que en el presupuesto de 2005 se contemple una subvención especial fija a Coalivil, al igual que para otras corporaciones o fundaciones que trabajan con grupos vulnerables de la población. Coalivil necesita urgentemente ser incorporada a la glosa presupuestaria de la nación.
Como me llamó mucho la atención la forma de exponer el problema de los no videntes, solicito oficiar también al director del Registro Electoral a fin de que en el próximo acto eleccionario las personas con discapacidad visual puedan cumplir con su deber de ciudadanos, para lo cual es necesario la utilización de plantillas de votos, ojalá una por cada mesa de votación, o permitir su ingreso a la cabina de votación acompañada por una persona de su confianza y no por el presidente de la mesa.
El artículo 37 de la ley Nº 19.284, sobre integración laboral de personas con discapacidad, señala que el Estado creará condiciones y velará por la inserción laboral de las personas con discapacidad a objeto de asegurar su independencia, desarrollo personal, ejercicio del derecho a constituir una familia y a gozar de una vida digna. Sin embargo, cuando hay una posibilidad de trabajo en el sector público, la persona con discapacidad visual se topa con el requisito de salud compatible establecido en el Estatuto Administrativo. Ello, porque la ceguera aún se considera una enfermedad y no una condición.
Por tanto, solicito que se oficie también al ministro del Interior a fin de que para efectos de trabajo la ceguera no se considere como una causal de salud compatible. Se ha demostrado que las personas que carecen de visión desempeñan en forma excelente las labores que les corresponde cumplir.
Por otra parte, el artículo 35 del mismo texto legal establece que se procurará que los materiales y elementos utilizados se adapten para el uso y beneficio de quienes presentan discapacidad.
Hasta la fecha, organizaciones como Coalivil, con proyectos concursables y apoyo de terceras personas, han hecho efectiva la adaptación de puestos de trabajo.
Sentí la obligación de hacer un reconocimiento público a Coalivil, institución privada dirigida por connotados profesionales, que cumplen un rol ad honorem en beneficio de las personas de escasos recursos que padecen discapacidad visual. Por lo tanto, solicito que se adjunte el texto de mi intervención al presidente de Coalivil, doctor Hugolino Catalán , con copia a todos los miembros del directorio de dicha institución, haciendo llegar mis felicitaciones por el rol que han cumplido en los 24 años de servicio a la comunidad.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados Navarro y Accorsi .
COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA AL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN B´NAI B´RITH. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, en nombre del Comité del Partido Por la Democracia, tengo el honor de representar a nuestro presidente nacional, el diputado señor Víctor Jeame Barrueto , quien me solicitó leer una carta dirigida a don Herman Fifchman , presidente de B´nai B´rith, que señala:
“De mi consideración:
Acuso recibo de su carta, de 24 de junio del presente, mediante la cual usted manifiesta su molestia y la de su institución por la intervención realizada en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de nuestro país, por el miembro de nuestra bancada, el honorable diputado don Eugenio Tuma .
Las declaraciones del diputado Tuma no fueron hechas en representación de la bancada del PPD, sino que en el ejercicio de su derecho a opinión como representante ciudadano.
Los parlamentarios de nuestro país son depositarios de la soberanía popular y cada uno responde ante la ciudadanía y ante sus electores por sus acciones públicas.
Sin perjuicio de lo anterior, nos duelen las palabras de su carta, porque el Partido Por la Democracia es esencialmente antifascista y en nuestro seno no tienen lugar las conductas antijudías, así como las antipalestinas y, en general, toda forma de discriminación contra cualquier pueblo.
Tenemos la certeza de que el diputado Tuma y otros parlamentarios que lo respaldaron suscriben estos principios y que lo duro de sus palabras dan cuenta de la dramática situación que se vive hoy en el Medio Oriente.
Está fuera de toda duda que el Partido Por la Democracia reconoce al Estado de Israel y considera que su pueblo tiene el derecho a vivir dentro de frontera segura, internacionalmente reconocida y en paz con sus vecinos.
Igualmente, el Partido Por la Democracia, reconoce el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación, incluido el establecimiento de un Estado independiente, y considera que la paz en la región tiene como uno de sus requisitos esenciales que se avance en la creación de dicho Estado.
Igualmente, nuestro partido reconoce el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación, incluido el establecimiento de un Estado independiente y considera que la paz en la región tiene como uno de sus requisitos esenciales que se avance en la creación de dicho Estado.
Asimismo, el Partido por la Democracia, respetuoso del derecho internacional, realizará permanentemente todos los esfuerzos necesarios para fortalecer los organismos multilaterales, particularmente Naciones Unidas, y abogará por el cumplimiento de las resoluciones emanadas de ese organismo.
Deseo expresarle que la grave situación que atraviesa el Medio Oriente nos preocupa y sentimos como propio el sufrimiento de los pueblos palestino y judío. Este conflicto es, además, un factor de inestabilidad mundial y es nuestro deseo que la paz llegue a los espíritus de sus pueblos y sus líderes. Condenamos el terrorismo provenga de donde provenga y ante cualquiera que se ejerza.
Esperamos que prontamente se generen las condiciones para reiniciar un proceso de paz en la región, pues nos asiste la convicción de que éste es el único camino para terminar con la pérdida de vidas inocentes y con la violencia que hoy sacude a la región.
Le saluda atentamente, Diputado Víctor Barrueto , Presidente Nacional del Partido por la Democracia.”
Pido que se oficie al señor Herman Fischman , presidente de B´nai B´rith, con copia de mi intervención.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Navarro , Tuma y Jarpa .
ALCANCES SOBRE DESCALIFICACIONES A DEFENSORES DEL PUEBLO PALESTINO. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra al diputado señor Hales , ex segundo Vicepresidente de la Cámara, a quien tengo el honor de suceder. Aprovecho la ocasión para felicitarlo por su excelente desempeño.
El señor HALES.-
Muchas gracias, señor Presidente. Para mí es un honor que usted me entregue el uso de la palabra.
El motivo de fondo del intercambio de cartas entre la organización B´nai B´rith, otras personas y el presidente de nuestro partido, Víctor Barrueto esta última, leída por el diputado Enrique Accorsi , es la masacre efectuada en el pueblo de Rafa.
La prensa internacional y los principales líderes democráticos del mundo han señalado lo que fue esa tragedia. Lamentamos que actos como ese formen parte de una política permanente del gobierno del Estado de Israel. Hay masacres sistemáticas. En los últimos meses se instaló un muro y en los últimos días la Corte Internacional de La Haya, máximo tribunal de las Naciones Unidas, ordenó demolerlo, pero el gobierno de Israel no va a obedecer, porque cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que permanentemente se opone al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas cuando se trata del Estado de Israel.
Nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que este debate se dé descalificando a quien apoya la causa justa de los palestinos, consagrada por Naciones Unidas y por todos los humanistas del mundo, tildándolos de antijudíos o nazifascistas.
En lo que respecta a mí, para transformarme en antijudío tendría que nacer de nuevo. Lo mismo tendría que ocurrir con mi familia y con generaciones y generaciones de palestinos que conozco y que mantienen una convivencia armónica con quienes son judíos.
Sin embargo, con la misma convicción, nos asiste la necesidad de manifestar en todos los escenarios del mundo lo mismo que expresa el alto representante para la política exterior de la Unión Europea: que el muro no asegura la paz y crea más conflicto o rechazar las palabras de Sharon, quien dijo que la Corte Internacional de La Haya, que Naciones Unidas, fue la patrocinadora del último atentado terrorista en Tel Aviv. Tenemos que rechazar ese tipo de fanatismo, porque le hacen mal al mundo. No podemos aceptar que se considere una diatriba antijudía o un concepto nazifascista el sólo hecho de decir que el pueblo palestino está sufriendo. Se han demolido escuelas.
Por ejemplo, puedo citar aquí no lo que digo yo o los palestinos lo que el día 22 de abril de 2002 dijo al diario checo Mlada Fronta el rabino Moshe Ari Fridman , quien no es precisamente antijudío, sino judío. El rabino dijo que Israel comete un Holocausto en contra de los palestinos. Un pueblo que ha sufrido, que ha sido víctima, no puede ser victimario; quienes han sufrido tanto no pueden hacer tanto a los palestinos. Expresó su molestia por lo que llamó verdadera limpieza étnica. No voy a leer lo que señaló sobre los judíos porque es demasiado duro. Terminó diciendo que no existe alguien que tenga derecho para prohibir que 6 millones de palestinos expulsdos regresen a sus hogares.
Naciones Unidas ha dicho claramente que el estatus del territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén , sigue siendo ocupación militar y Estados Unidos debe hacer un esfuerzo para obligar al Estado de Israel, como lo dicen todas las naciones, a que cumplan con su retiro de los territorios ocupados y permita el regreso de los refugiados. El mundo, Chile y nuestro partido le dicen que no puede continuar con esta masacre.
Otra organización de rabinos por los derechos señaló, el día 23 de abril de 2004, que la acción de soldados israelíes que amarraron en un jeep militar al niño de 13 años Mohamad Badwan a modo de escudo humano, constituye un crimen inaceptable. Y así, sucesivamente, del mismo tenor, con las declaraciones de Naciones Unidas cada vez que rechaza estas masacres.
Todo este intercambio de palabras, algunas de descalificación, se hace con la idea de clausurar el debate que tienen algunas personas que actúan con cierto fanatismo. Nosotros queremos que se imponga la sensatez. Cuando levantemos la voz en pro de los derechos palestinos, consagrados, además, por Naciones Unidas; cuando digamos que el Estado palestino tiene derecho a existir, como también lo tiene Israel; cuando nos pronunciemos en contra del terrorismo de Estado del gobierno de Israel, o cuando muere un niño o un civil judío en una pizzería de Tel Aviv, de Jerusalén o de cualquier lugar del territorio ocupado, no queremos que digan que somos nazis o antijudíos. Eso corresponde a una campaña destinada a clausurar el debate, a intimidar e impedir la serenidad y la reflexión que necesita la humanidad.
Nuestro partido no es indiferente al exterminio de palestinos en Rafa. El PPD no apoyó la demolición organizada de más de 34 mil viviendas, cuando Israel bombardeó a civiles como si fueran militares en guerra. Nuestra bancada repudia estos actos del Estado de Israel, sin que ello signifique que apoyará venganzas terroristas en contra de ningún judío en cualquier lugar del planeta.
Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención al presidente del Partido por la Democracia, a los jefes de bancada de la Cámara, a la ministra de Relaciones Exteriores y, por su intermedio, a la embajadora de Chile en Israel y a la organización B´nai B’rith, que mencionó el diputado Accorsi al dar lectura a la carta que le envío el presidente de nuestro partido.
He dicho.
Aplausos.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán copias de su intervención a las personas y a la organización señaladas por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Eugenio Tuma , Alejandro Navarro y Carlos Abel Jarpa .
RECHAZO A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO EUGENIO TUMA. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma .
El señor PALMA.-
Señor Presidente, el pasado 20 de mayo de 2004, en esta Sala, el diputado Tuma realizó una intervención que, francamente, tuvo un carácter antiisraelita y, por qué no decirlo, antisemita.
Sus expresiones intolerantes merecen nuestro rechazo, ya que resultan ofensivas para innumerables ciudadanos de ascendencia judía, que con su esfuerzo contribuyen al desarrollo nacional. Ellos no son merecedores del injustificado encono y desprecio que el diputado utiliza en sus intervenciones. La comunidad judía de Chile merece nuestro respeto, al igual que el Estado de Israel, un país hermano que siempre ha estado junto a Chile en momentos de grandes dificultades.
Por lo mismo, la Cámara debe repudiar con energía el discurso racista y antiisraelí utilizado por el diputado Tuma . No podemos aceptar un silencio cómplice que ignore la gravedad de los dichos vertidos por el diputado. Asevera que “Israel perdió moralmente el derecho a seguir existiendo como Estado”, indicando que fue “un error de la Organización de Naciones Unidas, y en particular del pueblo palestino, reconocer la existencia del Estado de Israel”.
Ayer exigía investigar los programas de estudio del Instituto Hebreo de Santiago. ¿Serán sólo motivos académicos? ¿Puede alguien, objetivamente, ignorar la intolerancia del discurso aludido?
Es cierto que cada diputado puede decir aquí libremente lo que piensa, pero esta tribuna no debe usarse para ofender, menospreciar, descalificar o agredir, menos a chilenos que, al igual que el señor Tuma , son descendientes de inmigrantes que, con su esfuerzo, contribuyen al progreso de Chile.
El discurso antiisraelita de hoy equivale al viejo antisemitismo de antaño. Hoy no es académico atacar al pueblo judío y, por eso, se opta por atacar al Estado de Israel. Pero, a fin de cuentas, son dos caras de una misma moneda. Cuando se ataca el derecho del Estado de Israel a existir, se ataca al pueblo judío.
Más aún, el actuar del diputado Tuma resulta poco responsable, ya que posibilita traer el conflicto del Medio Oriente a nuestro país, donde las comunidades judías y árabes han coexistido pacíficamente a lo largo de los años. Éste es un tema complicado y de alta sensibilidad. Por lo mismo, es muy importante tener los cuidados necesarios y tratar de construir un clima de entendimiento, tolerancia y cordura a fin de solucionar estos graves problemas y mejorar las relaciones entre esas naciones y esos pueblos.
Nuestro país debe contribuir positivamente a la búsqueda de la anhelada paz que ambos pueblos se merecen y necesitan. Sembrar semillas de odio no va en el camino correcto, así como tampoco negar el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado en la milenaria tierra de sus antepasados.
Creo que este tipo de declaraciones, generadas más por equivocadas pasiones, lejanas de lo razonable y que pretenden desconocer la historia, acrecientan los problemas y rencores y en nada contribuyen a la paz tan deseada.
Propagar discursos incendiarios sólo contribuye a confundir a la opinión pública y a acrecentar el riesgo de que la violencia del conflicto también llegue a nuestro país.
Este año se conmemoran diez años del atentado terrorista a la sede de las instituciones judías en Argentina. Que ese triste recuerdo nos sirva para actuar con responsabilidad en esta materia y para que hechos de esa magnitud jamás se repitan, menos aun en suelo chileno. Ayer, desde la Cámara de Diputados, se agredió a la comunidad judía y al Estado de Israel con palabras. Que no sean éstas semillas de odio que mañana ensombrezcan la historia de nuestro país con atentados antisemitas de similares características.
Solicito enviar copia de mi intervención a la ministra de Relaciones Exteriores, al embajador de Israel en Chile, al Estadio Israelita, a la B’nai B’rith, al Instituto Hebreo, al embajador de Chile en Israel y a don Gabriel Zaliasnik .
Adhieren a mi intervención la diputada señora Lily Pérez y los diputados señores Eduardo Díaz , Alfonso Vargas , Francisco Bayo , Eugenio Bauer , Waldo Mora , Alberto Cardemil , Pablo Galilea , Darío Molina, René Manuel García , Rodrigo Álvarez , Nicolás Monckeberg y Marcelo Forni .
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los que se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que mencionó y la del señor Carlos Abel Jarpa .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.15 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de la diputada señora Tohá, y de los diputados señores Accorsi, Ceroni, Jaramillo, Felipe Letelier, Lorenzini, Montes, Paredes, Tuma y Valenzuela.
Denomina, “Aeropuerto Internacional Pablo Neruda” al actual aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, de la Región Metropolitana de Santiago. (boletín Nº 3607-04)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política, lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados
Considerando:
1º Que ha sido una tradición en todas las sociedades el rendir honores a los grandes servidores, entendiendo en esta categoría, a todas aquellas personas que por sus dotes personales, por su talento o por su obra, han sido capaces de efectuar una contribución relevante al bienestar social o económico de sus naciones o que han contribuido a formar y consolidar su patrimonio cultural y su identidad nacional.
El nombre de los servidores públicos, en prácticamente todas las sociedades humanas, ha tratado de ser perpetuado en el tiempo, integrándolo a la memoria colectiva de sus comunidades o sus pueblos. Uno de los varios mecanismos empleados para este fin, es el de utilizarlos para denominar países (Bolivia, por Simón Bolívar; Colombia, por Cristóbal Colón), ciudades (Washington DC, por George Washington; San Petersburgo por Pedro el Grande), calles, barrios, obras públicas de marcada relevancia social e incluso para identificar accidentes o fenómenos geográficos.
En nuestro país no estamos ajenos a esta tradición. Varias de nuestras ciudades más importantes, incluyendo nuestra propia capital nacional, que se llamó Santiago por sus fundadores en honor al apóstol Santiago, que tanta relevancia tenía para la cultura católica medieval española. Muchas de nuestras actuales regiones, junto a su denominación numérica son acompañadas del nombre de algún personaje relevante de nuestra historia política o militar, para destacar, muchas veces su identificación con esos territorios o con su progreso. Es el caso de la Sexta Región del General Bernardo O'Higgins Riquelme, de la Undécima Región del General Carlos Ibáñez del Campo.
A nivel de comunidades locales. Desde la época de la colonia española se emplea el nombre de personas relevantes para designar calles, avenidas, plazas y rutas de la más diversa naturaleza e importancia; incluso más, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades se encarga de dejar en manos de los concejos municipales el tomar la decisión de cómo designar a las calles y otros bienes nacionales de uso público bajo administración edilicia.
Por su parte la Carta Fundamental, en su artículo 60 Nº 5 señala dentro de las materias que necesariamente deben ser reguladas por ley, la forma en que puede rendirse reconocimiento y homenaje a los grandes servidores públicos, con lo cual se pone en evidencia la importancia que tiene para la República el reconocer los méritos de quienes le han servido.
2º Que este año, todos los chilenos, sin excepción, rendimos homenaje en memoria del Poeta Pablo Neruda, al conmemorarse el 12 de julio el centenario de su nacimiento. El vate, que alcanzara la cumbre de la literatura mundial, al obtener el premio Nobel el año 1971, se ha convertido por lejos, en el chileno, probablemente más conocido en todo el orbe, siendo él primero y su obra después embajadores naturales de nuestro país en el mundo de la cultura a nivel planetario.
La obra de Neruda y sus méritos han sido reconocidos como lo mejor de la poesía hispanoamericana del Siglo XX. Su obra fundó para los expertos las bases de la modernidad de la literatura en lengua castellana, integrando su obra el patrimonio común de la humanidad.
Pero Neruda también es la nueva identidad nacional del Chile de la modernización tardía del Siglo XX. El, y sus aportes a las letras nacionales, han contribuido a forjar las señas básicas de la identidad cultural de nuestro Pueblo. Hijo de un humilde trabajador ferroviario, no sólo dedicó su vida a cultivar el arte de la escritura sino que además se comprometió de manera intensa y permanente con las luchas por la promoción social en Chile. Diplomático, Senador de la República, dirigente del Partido Comunista de Chile, llegó a transformarse en un líder de opinión a nivel mundial.
3º Que por lo expuesto y considerando la importancia que tiene el poeta como seña de identidad nacional, proponemos en esta oportunidad a la honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley, mediante el cual, denominados con el nombre de Pablo Neruda al aeropuerto Internacional de Santiago, actualmente denominado Comodoro Arturo Merino Benítez.
Con esto estamos siguiendo el ejemplo de otros países que han utilizado sus principales aeropuertos para resaltar la imagen de personajes que ellos consideran particularmente relevantes para su historia política, social o cultural. Es el caso del Aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia del Aeropuerto John F. Kennedy, en Estados Unidos; del José Martí, en Cuba; del Aeropuerto Leonardo Da Vinci; del Aeropuerto Internacional Indira Ghandi, en Nueva Delhi, India; o del Aeropuerto Jorge Chávez, de la ciudad de Lima, Perú.
En nuestro país, ya hay dos aeropuertos que llevan nombres de personajes históricos. Se trata del Aeropuerto Presidente Balmaceda en la Undécima Región y del Aeropuerto de Punta Arenas General Carlos Ibáñez del Campo.
4º Que designar con el nombre del poeta más relevante de Hispanoamérica a nuestro principal aeropuerto internacional tiene además consecuencias económicas favorables para el país, pues nos permite posicionarnos a nivel internacional y utilizar la identificación del poeta con su patria como un elemento de identificación de Chile en los mercados internacionales, lo cual ayuda a promover a Chile como destino internacional por parte del turismo proveniente de los países del primer mundo en donde la obra del poeta es ampliamente conocida y valorada.
La importancia de este aeropuerto resulta evidente, cuando se conocen las estadísticas oficiales de movimiento de pasajeros. Según datos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el año 2003 pasaron por él 2.355.083 pasajeros nacionales y 3.428.247 internacionales, en vuelos de ida o regreso, o sea, en tan solo un año, este aeropuerto movilizó un total de 5.783.330, que equivale a más de un tercio de la población nacional, que ha utilizado nuestra principal infraestructura aeroportuaria.
5º Que con la finalidad de evitar que se considere agraviante para algunos, el cambio propuesto, en la medida que supone suprimir la designación actual, que recuerda al pionero de la Fuerza Aérea chilena, Comodoro Arturo Merino Benítez, proponemos que la carretera de acceso al Aeropuerto, que lo une a la actual Ruta Nº 68, pase a llamarse con su nombre, de forma tal de seguir honrando su memoria, y perpetuando su obra fundamental para el desarrollo de la aviación chilena.
Por lo anterior, los diputados que suscribimos, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“ARTÍCULO ÚNICO.- Denomínase “Aeropuerto Internacional Pablo Neruda” al actual Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, ubicado en la Comuna de Pudahuel de la Región Metropolitana, con la finalidad de perpetuar su memoria y honrar su nombre y su contribución a la conformación del patrimonio cultural de Chile y de las letras hispanoamericanas.
La carretera de acceso al Aeropuerto Internacional, que lo une a la actual Ruta Nº 68, pasará a denominarse Carretera Comodoro Arturo Merino Benítez”.
Moción de la diputada señora Marcela Cubillos, y de los diputados señores Forni, Uriarte, Díaz, Dittborn, Hernández, Leay, Moreira, Molina y Salaberry.Autoriza erigir tres monumentos en memoria de las víctimas del aborto. (boletín Nº 3608-04)
“Considerando:
1. Que, el aborto, en cualquiera de sus formas, constituye un atentado contra la vida humana y la destrucción del medio natural propicio para su desarrollo. Provoca intencionalmente la muerte de un niño o niña en el vientre de su madre durante cualquier momento desde la etapa de la fecundación y hasta el momento previo al nacimiento.
2. Que, en cuanto autoridades, estamos llamados tanto moral como constitucionalmente a defender los derechos más fundamentales que emanan de la naturaleza humana, siendo el primero y más importante el derecho a la vida, en todas sus formas.
3. Que, creemos indispensable reforzar públicamente la convicción que asiste a la inmensa mayoría de los chilenos en el sentido de que el aborto es un crimen detestable, por lo que estimamos que junto con proponer e impulsar todas aquellas iniciativas legales y políticas públicas tendientes a proteger la vida del que está por nacer, es igualmente importante testimoniar de manera pública y permanente que Chile es un país que está por la vida y en contra de los atentados de diversa índole que puedan producirse en contra de ésta.
4. Que, en el convencimiento de que estas ideas representan fielmente la opinión de la mayoría de los chilenos y de la mayoría de las personas en el mundo entero, creemos que ha llegado el momento de consagrar en monumentos públicos el sentimiento de horror que provoca el hecho de que el aborto ha interrumpido la vida de millones de niños y niñas, antes de que ellos pudieran nacer.
5. Que, finalmente, es necesario traer a colación en la sección considerativa de esta iniciativa legal, las tremendas e indudables consecuencias humanas y sociales que acarrea y conlleva el aborto tanto para la madre, para los demás integrantes del grupo familiar, para los hijos que en el futuro pueden llegar, como también para el personal médico que participa y asiste en la comisión de un aborto, las que individualmente consideradas constituyen, además, argumentos sólidos que sustentan la defensa de la vida.
Por todo lo anteriormente expuesto, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Autorízase erigir monumentos en las comunas de Santiago, de Valparaíso y de Concepción, en memoria de las víctimas del aborto.
Artículo 2º.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se creará para el efecto, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3º.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial, integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Los senadores de la Sexta, Séptima y Duodécima Circunscripción.
b) Los diputados del distrito 13, 44 y 22.
c) Los alcaldes de las comunas de Santiago, Valparaíso y Concepción.
d) El vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.
e) El presidente del Colegio de Arquitectos de Chile.
f) Los decanos de las facultades de Arquitectura de las Universidades de Chile y Católica.
La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros; funcionará en la sede municipal de la comuna de Santiago o en la que en su defecto apruebe la mayoría de sus miembros, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2º, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Determinar las respectivas ubicaciones de los monumentos, en coordinación con las respectivas municipalidades y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar sus construcciones, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales; c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3º y
e) Abrir una cuenta comente especial para gestionar el referido fondo.
Articulo 6º.- Si una vez construido los monumentos quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine”.
Moción de los diputados señores Errázuriz e Ibáñez.
Modifica el decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques. (boletín Nº 3609-03)
“Durante muchas décadas, el cheque, como medio de pago de obligaciones ha constituido un elemento de extraordinaria seriedad y eficiencia en las transacciones comerciales. Ello, hasta el punto de que no tememos en equivocarnos al sostener que Chile ha sido uno de los pocos países donde el pago con cheque ha sido comúnmente aceptado y sólo por excepción, rechazado.
El prestigio de este instrumento de pago ha estado, por supuesto, muy ligado al hecho de que la ley considera que girar un cheque sin fondos o contra una cuenta cerrada constituye un acto doloso y lo ha penado con cárcel para el infractor. Los Tribunales de Justicia han hecho cumplir esta ley y así, periódicamente, quienes han girado cheques que no pudieron ser pagados por el Banco librado debieron ir a la cárcel.
Es claro que en nuestro país no existe la prisión por deudas; pero sí, en este caso, por el uso doloso de un medio de pago como es el cheque. Este respaldo que ha dado la ley al cheque ha provocado que, en muchos casos, su uso se extienda más allá del que legalmente tiene, cual es ser sólo un medio o instrumento de pago de obligaciones. Ha sido común, por ejemplo, la figura del “cheque a fecha” que garantiza el pago de obligaciones futuras, o del “cheque en blanco” que garantiza el pago de obligaciones cuyo monto se determinará en el futuro.
Esta extensión del uso del cheque ha sido abusiva. El respaldo que le da la ley al penar con cárcel su giro doloso debe ser interpretado en sentido estricto, esto es, aplicable sólo a su finalidad natural cual es la de ser un medio de pago de obligaciones. Precisamente, por el abuso de que ha sido objeto el cheque, los Tribunales han comenzado a despojarlo, por la vía jurisprudencial, de su respaldo legal. Ello ha traído como consecuencia un neto desprestigio de este instrumento, lo cual no ha sucedido sin daño para nuestra vida comercial. Por eso, creemos llegado el momento de acotar con claridad y precisión el único fin que ha de tener el cheque castigando con nulidad absoluta cualquier acto que lo utilice para un fin distinto. Por eso, venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DEL LEY
“Artículo único: Reemplácese el inciso primero del artículo 11 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, cuyo texto refundido consta en el D.F.L. 707 de 1982 por el siguiente:
“El cheque sólo puede ser girado en pago de obligaciones, excepto que sea girado en comisión de cobranza. Todo cheque que sea girado con otra finalidad, especialmente como forma de garantizar el cumplimiento de alguna obligación, adolecerá de nulidad absoluta y carecerá de las acciones civiles y penales establecidas en el artículo 22 de esta ley.”.
Moción de la diputada señora Adriana Muñoz, y de los diputados señores Muñoz, Aguiló, Meza, José Pérez, Rossi y Tapia.
Modifica el Código del Trabajo con el objeto de proteger el patrimonio de las organizaciones sindicales. (boletín Nº 3610-13)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19 numerales 1º, 15, 16 y 19 y 60 Nº 3 de la Constitución Política de la República y en el Código del Trabajo.
Considerando:
1. Que la Constitución Política de la República asegura el derecho de asociación, a través del cual las personas se agrupan para defender, en forma colectiva, sus intereses.
2. Que en materia laboral, se regula, en el mismo texto y también en el Código del Trabajo, una modalidad especial de organizaciones, los sindicatos, destinados a la protección, difusión y defensa de los derechos de los trabajadores.
3. Que para la consecución de sus fines las organizaciones, en general, reciben erogaciones, cuotas sociales y otros aportes, con las que, en muchos casos, adquieren bienes inmuebles.
4. Que tales bienes constituyen un activo especialmente importante y representa el esfuerzo de muchas generaciones de dirigentes y socios.
5. Que, sin embargo, ello no siempre es sopesado por los nuevos dirigentes, siendo muchos los casos en que se privilegia la obtención de capital líquido por sobre la mantención del dominio de los inmuebles, especialmente cuando ellos, habiendo sido adquiridos largas décadas atrás, tienen, por su tamaño o ubicación, precios muy significativos.
6. Que pese a que el Código del Trabajo actual establece normas especiales respecto del patrimonio sindical, ellas son insuficientes para cautelar adecuadamente bienes tan importantes, más aún cuando los ex afiliados, una vez pensionados, abandonan sus antiguas organizaciones.
7. Que lo anterior hace necesaria una modificación de las normas vigentes tendiente a dificultar la enajenación de los inmuebles sociales y a asegurar el buen destino de los fondos recaudados en caso que ello ocurra.
Por lo anterior, el diputado que suscribe viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifícase el D.F.L. Nº 1 de 1994, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, de la siguiente forma:
1. Incorpóranse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 257:
“Tratándose de inmuebles cuyo avalúo fiscal exceda el equivalente a catorce Unidades Tributarias Anuales o que siendo inferior a dicha suma, sean el único bien raíz de una organización; su enajenación, la promesa de ésta y cualquier otra convención destinada a gravarlos, donarlos, darlos íntegramente en arriendo o ceder completamente su tenencia por más de cinco años, si fueran urbanos o por más de ocho, si fueran rústicos, incluidas las prórrogas; deberá ser aprobada por, a lo menos, dos terceras partes de los afiliados que se encuentren al día en el pago de sus cuotas sindicales, en asamblea extraordinaria convocada al efecto, con la presencia de un Notario Público que certifique haberse alcanzado dicho quórum.
Las organizaciones sólo podrán recibir como pago del precio, en caso de enajenación, otros inmuebles o dinero. En este último caso, con los recursos provenientes de la venta se deberá abrir una cuenta bancaria especial, administrada de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 263. El Conservador de Bienes Raíces que inscriba la transferencia deberá comprobar la existencia de la cuenta antes de proceder a dicho trámite.
Los recursos depositados en la cuenta especial sólo podrán destinarse a la compra de otros inmuebles sociales, la realización de mejoras en los ya existentes o la adquisición de bienes muebles destinados al equipamiento y mantención de unos y otros.
Los actos realizados en infracción a lo dispuesto en los incisos precedentes adolecerán de nulidad relativa”.