Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jaime Gazmuri Mujica
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN.
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE SALUD.
- V. ORDEN DEL DÍA
- OTORGAMIENTO DE MÉRITO EJECUTIVO A COPIA DE LA FACTURA. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN
- Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- DEBATE
- MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- OTORGAMIENTO DE MÉRITO EJECUTIVO A COPIA DE LA FACTURA. Proposición de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUSPENSIÓN DEL PROYECTO “PORTAL BICENTENARIO”, EN ESPECIAL DEL CIERRE DEL AEROPUERTO LOS CERRILLOS. (Votación).
- PATROCINIO DEL EJECUTIVO PARA PROYECTO SOBRE SUPLEMENTEROS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Arturo Longton Guerrero
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Mario Bertolino Rendic
- Osvaldo Palma Flores
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Javier Hernandez Hernandez
- German Becker Alvear
- Cristian Antonio Leay Moran
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUMENTO DE ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Alberto Robles Pantoja
- Carlos Olivares Zepeda
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Carlos Montes Cisternas
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Sergio Aguilo Melo
- Osvaldo Palma Flores
- Guido Girardi Lavin
- Carolina Toha Morales
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REGULACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS DE TELÉFONOS CELULARES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Felipe Letelier Norambuena
- Carlos Olivares Zepeda
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Accorsi Opazo
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Victor Barrueto
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Patricio Walker Prieto
- Pedro Hector Munoz Aburto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VII. INCIDENTES
- INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL EN LA CAMPAÑA ELECTORAL.
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- SOLUCIÓN DE CONFLICTO QUE AFECTA A PUERTO DE IQUIQUE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Segundo Perez Opazo
- ADHESION
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Segundo Perez Opazo
- COMPRA POR EL FISCO DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Antonio Egana Respaldiza
- ADHESION
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Ramon Segundo Perez Opazo
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INFORMACIÓN SOBRE GASTO DE PUBLICACIÓN ORDENADA POR EL INTENDENTE DE SANTIAGO. Oficio.
- ADHESION
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Ramon Segundo Perez Opazo
- ADHESION
- UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA EN PETICIÓN DE HORAS PARA INTERCONSULTAS MÉDICAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Felipe Letelier Norambuena
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- REGULACIÓN DE LOS CYBERCAFÉS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Felipe Letelier Norambuena
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- CALIFICACIÓN DE RADIOEMISORAS PARA EFECTOS DE LICITACIÓN DE PROPAGANDA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Felipe Letelier Norambuena
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- PRECISIONES SOBRE ACCIONES DEL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- DECLARACIÓN DE SAO PAULO SOBRE EL TRABAJO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN PARA ASFALTAR CAMINO DE ACCESO A COCHOLGUE, EN OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- MULTA APLICADA A SANITARIA ESSBÍO POR RETRASO EN INVERSIONES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- GRATUIDAD PARA TÍTULOS DE DOMINIO URBANOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL EN LA CAMPAÑA ELECTORAL.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 8ª, en martes 19 de octubre de 2004
(Ordinaria, de 11.07 a 14.42 horas)
Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo, y Ojeda Uribe, don Sergio.
Presidencia accidental del señor Salas de la Fuente, don Edmundo.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor Vallejos de la Barra, don Federico.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Ampliación de plazo a Comisión11
Envío de proyecto a Comisión de Salud11
V.Orden del Día.
Otorgamiento de mérito ejecutivo a copia de la factura. Proposición de la Comisión Mixta11
Mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Primer trámite constitucional16
VI.Proyectos de acuerdo.
Suspensión del proyecto “Portal Bicentenario”, en especial del cierre del aeropuerto Los Cerrillos. (Votación)38
Patrocinio del Ejecutivo para proyecto sobre suplementeros38
Aumento de ítem presupuestario del programa de atención primaria48
Regulación del emplazamiento de antenas de teléfonos celulares51
VII.Incidentes.
Intervención presidencial en la campaña electoral54
Solución de conflicto que afecta a puerto de Iquique. Oficios55
Compra por el Fisco de bienes de la Municipalidad de Valparaíso. Oficio56
Información sobre gasto de publicación ordenada por el Intendente de
Santiago. Oficio57
Utilización de tecnología en petición de horas para interconsultas médicas. Oficio58
Regulación de los cybercafés. Oficios58
Calificación de radioemisoras para efectos de licitación de propaganda. Oficio58
Precisiones sobre acciones del Gobierno en la lucha contra la delincuencia. Oficio59
Declaración de Sao Paulo sobre el trabajo y el empleo en América Látina y El Caribe61
Información sobre licitación para asfaltar camino de acceso a Cocholgue, en Octava Región. Oficio64
Multa aplicada a sanitaria Essbío por retraso en inversiones. Oficio64
Pág.
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. (boletín N° 324503)68
2.Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 19.123, Ley de Reparación, y establece otros beneficios a favor de las personas que indica. (boletín N° 339307)68
3.Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presente la
urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que
establece como obligación la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública. (boletín N° 239407)69
Oficios del honorable Senado por los cuales comunica la aprobación, en los mismos términos propuestos, de los siguientes proyectos de acuerdo:
4.Aprueba las Enmiendas de 1999, al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución Mepc.78 (43), de fecha 1 de julio de 1999. (boletín Nº 351110)69
5.Aprueba las Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Solas 1974, y el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias Pbip, adoptados mediante las Resoluciones 1 y 2, respectivamente, de fecha 12 de diciembre de 2002, de la Conferencia de los Gobiernos Contratantes de
dicho Convenio Internacional, celebrada entre los días 9 y 12 de diciembre de 2002. (boletín Nº 351210)69
6.Aprueba las Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Solas 1974, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante las siguientes Resoluciones: MSC.69 (69), de 18 de mayo de 1998; MSC.87 (71), de 27 de mayo de 1999, y MSC.91 (72) y MSC.92 (72), de 26 de mayo de 2000.
(boletín Nº 351410)70
7.Aprueba las Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, adoptadas por el Comité de
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución MSC.99 (73), de 5 de diciembre de 2000, y las Enmiendas al Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución MSC.100 (73), de 5 de diciembre de 2000. (boletín Nº 351610)70
Pág.
8.Aprueba las Enmiendas de 1997 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución Mepc.75 (40), de fecha 25 de septiembre de 1997. (boletín Nº 351710), y71
9.Aprueba el Protocolo relativo a las Inmunidades del Banco de Pagos Internacionales. (boletín Nº 343710)71
10.Oficio del honorable Senado por el cual comunica la aprobación del proyecto, en los mismos términos propuestos, que fija como feriado, en la Región Metropolitana, el día 19 de noviembre de 2004. (boletín N° 369506)72
11.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto iniciado en mensaje y con urgencia “suma”,
sobre modificación de la ley N° 19.123, Ley de Reparación, y establece otros beneficios a favor de las personas que indica. (boletín N° 339317)72
12.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas modificaciones propuestas al proyecto sobre el establecimiento de las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, y del nombre de los señores diputados que conformarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República. (boletín N° 236123)74
13.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. (boletín N° 324503)75
Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo:
14.Aprueba el Convenio de Cooperación en materia de Cultura, Educación y Ciencia entre los Gobiernos de Ucrania y de la República de Chile, suscrito en Kiev, el 26 de marzo de 1997. (boletín N° 365210)86
15.Acuerdo por el cual se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino, y sus Anexos, adoptado en París, el 3 de abril de 2001. (boletín
N° 368610)88
16.Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales estableciendo normas destinadas a la protección de los trabajadores y la comunidad
respecto de la utilización de productos fitosanitarios. (boletín N° 259613)92
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
De la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para prorrogar en 30 días el plazo para cumplir con el mandato otorgado.
Contraloría General de la República,
Señor Recondo, fiscalización de sistema de extracción de basura domiciliaria en Puerto Montt.
Señor Prieto, gastos administrativos girados al MOP Séptima Región.
Señor Burgos, situación laboral con la municipalidad de Providencia del abogado Christian Espejo.
Señor García, detalle de gastos de la Conadi.
Señor Navarro, sumarios a funcionarios públicos en los diversos ministerios.
Ministerio de Educación
Señor José Antonio Galilea, eventual denegatoria de certificados de imposiciones a profesores.
Señor Rossi, proyecto para declarar al Salar de Huasco como Santuario de la Naturaleza.
Señor Muñoz, condiciones deficientes de salubridad denunciadas por apoderados.
Señor Pablo Galilea, viáticos pagados por Seremi Región Aisén.
Señor González, restitución de dominio de escuela República del Ecuador a Municipalidad de Viña del Mar.
Ministerio de Agricultura
Señor Valenzuela, recolección de corteza de quillay en sector Chacales, Sexta Región.
Señor Bauer, medidas para enfrentar los incentivos forestales en el país.
Señor Jaramillo, medidas para evitar daños de plantaciones en cercanías de afluentes hídricos.
Señor Navarro, construcción del rellenos sanitarios Santa Alicia.
Señor Villouta, apoyo a medianos agricultores.
Señor Felipe Letelier, precios de insumos.
Señor Felipe Letelier, acuerdo comercial con el Mercosur y Argentina.
Señor García, condonación de deudas de familias pobres de la Novena Región.
Señor Jaramillo, recursos asignados al Ministerio según protocolo.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Señor Juan Pablo Letelier, mantención de propiedad de cerros transferidos a municipalidad de Machalí.
Municipalidad de Puerto Montt
Señor Jaramillo, trabajos de limpieza del Estero Lobo en la ciudad de Puerto Montt.
Municipalidad de Frutillar
Señor Navarro, tenencia, cuidado y control de perros vagos.
Municipalidad de Tomé
Señor Navarro, proyecto de reposición de escuela F422, de Rafael, comuna de Tomé.
Municipalidades de Corral, Yumbel, Lumaco, Río Hurtado, Frutillar, Panguipulli, Llanquihue, Toltén, Nacimiento y Lautaro
Señor Navarro, clases de religión evangélica en colegios del país.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros de Relaciones Exteriores, don Ignacio Walker, y de la Secretaría General de la Presidencia, don Eduardo Dockendorff.
Concurrió, también, el senador señor Jaime Gazmuri.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.07 horas.
El señor LORENZINI (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor LORENZINI (Presidente).-
El acta de la sesión 2ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 3ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN.
El señor LORENZINI (Presidente).-
¿Habría acuerdo para prorrogar en treinta días el plazo otorgado a la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas para cumplir con el mandato que le encomendó esta Sala?
Acordado.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE SALUD.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Para referirse a la cuenta, tiene la palabra el diputado señor Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, mi intervención no se refiere a la cuenta de esta sesión, sino a la de una realizada la semana pasada, sobre una moción para modificar la ley Nº 19.925, de Alcoholes boletín 3700-03, que fue enviada a la Comisión de Economía. De la lectura de su texto se desprende que también contiene materias relacionadas con salud. Por tanto, solicito que también sea remitido a la Comisión de Salud.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accedería a lo solicitado por el diputado señor Francisco Bayo .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor LORENZINI (Presidente)
Doy la bienvenida al señor Ignacio Walker Prieto , ex parlamentario y nuevo ministro de Relaciones Exteriores, quien concurre a la Sala para tratar materias propias de su competencia.
Aplausos.
V.ORDEN DEL DÍA
OTORGAMIENTO DE MÉRITO EJECUTIVO A COPIA DE LA FACTURA. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 3245-03. Documentos de la Cuenta º 13, N° de esta sesión.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, este proyecto, a mi juicio, es uno de los más importantes que el Congreso Nacional ha tramitado en los últimos años. Por eso, resulta decepcionante que la prensa lo haya tomado muy poco en cuenta. En realidad, no sé si tiene la importancia que yo le atribuyo, o a lo mejor me estoy pasando una película que no tiene fundamento. Pero en verdad creo que es muy importante, porque en el último tiempo hemos observado en el comercio un desbalance cada vez mayor entre los grandes conglomerados que compran productos y los pequeños empresarios que los proveen. Aquéllos se han ido agrandando cada vez más, con un gran beneficio para el consumidor, porque su expansión más que alguna ventaja de carácter monopólica, ha traído como consecuencia una baja en sus costos operativos y, por tanto, han podido traspasar mejores precios y calidades a los consumidores, que son los más favorecidos con este fenómeno.
Sin embargo, los grandes conglomerados han aumentado en forma sistemática los plazos de pago de las facturas de las mercaderías que compran, lo que ha llevado a que, en gran medida, los proveedores los terminen financiando. Incluso, en algunos casos este desbalance de poder motiva conductas prepotentes de parte de ellos y muchas veces postergan los plazos de vencimiento de las facturas sin mayor explicación. Y el pequeño proveedor no tiene mucho que hacer, ni poder para negociar.
Frente a esta realidad, algunos han propuesto medidas que considero muy negativas. Por ejemplo, impedir la formación de grandes conglomerados, lo que es un absurdo, porque con ellos se benefician los consumidores. Otra alternativa es fijar por ley los plazos de pago máximo para las facturas, lo que tampoco me parece adecuado, porque sería interferir por ley en una negociación privada. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos colaborar para que el capital de trabajo de estos pequeños proveedores circule con mayor rapidez?
Actualmente, estos pequeños proveedores tienen poco acceso al sistema bancario que obtienen préstamos de muy poca cantidad básicamente porque no tienen garantías reales que ofrecer. ¿Cuál es el gran activo que ellos tienen? Sus mercaderías. Ese es su activo principal, y cuando se las entregan a los grandes conglomerados que las compran, se quedan con una factura que tiene muy poco poder real, ya que es un instrumento tributario y no mercantil.
Estas facturas no se pueden vender, pero sí otorgar la posibilidad de un crédito. Efectivamente, hoy la industria del factoring hace eso: da crédito contra estas facturas. Pero, ¡ojo!, porque le obliga al pequeño proveedor a firmar un pagaré, puesto que si la factura no se paga, quien finalmente responde por ese pago no es el factoring sino el pequeño proveedor, porque se le cobra el pagaré. Además, las tasas de interés que cobran los factoring y los gastos son tremendamente altos.
Este proyecto viene a equilibrar el poder del gran conglomerado comprador de mercadería y el del pequeño proveedor, sin afectar a los grandes conglomerados que son eficientes y gozan del favor del público, hay que recocerlo y sin limitar los plazos de pago. ¿Cómo lo hace? Dándole a la factura título ejecutivo, es decir, transformándola en un instrumento financiero que se va a poder vender, y no como se hace actualmente, que se entrega a cambio de un crédito.
Lo que va a ocurrir he conversado el tema con gente de los bancos y factoring es que muchas instituciones financieras van a querer comprar estas facturas, lo que producirá una gran competencia en las tasas de interés, el cual se va a descontar del monto de estos títulos ejecutivos. Probablemente las tasas van a bajar y los gastos van a ser más competitivos. Vamos a tener un escenario donde van a seguir existiendo estos grandes conglomerados, pero estas facturas, una vez recepcionadas las mercaderías y cumplidas las formalidades, van a poder ser rápidamente vendidas a instituciones financieras por los pequeños proveedores, lo que les va a permitir ya que no tienen mucho acceso a los préstamos bancarios ni pueden ofrecer garantías suficientes transformarlas rápidamente en dinero, recuperar su capital de trabajo y darlo vuelta mucho más rápido.
Esto es de mucha importancia porque va a permitir que estos pequeños proveedores, o sea, las famosas Pymes, que son las que generan un gran porcentaje del empleo, puedan generar más negocio, otorgar más empleo y promover más el crecimiento económico sin repito afectar la existencia de estos grandes conglomerados y las ventajas que ellos tienen para los consumidores.
Reitero, éste es uno de los proyectos más importantes que el Congreso ha analizado este último tiempo. Estoy optimista porque vamos a tener instituciones financieras que se van a interesar en comprar facturas, logrando así generar un círculo virtuoso de mayor capital de trabajo, mayor producción, mayor venta y mayor contratación de mano de obra y de trabajadores de parte de las pequeñas y medianas empresas, con todos los beneficios que ello significa para el país.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el diputado Dittborn ha señalado que este es un proyecto de extraordinaria relevancia y quiero confirmar que así es, desde el punto de vista del mayor equilibrio que van a tener los proveedores respecto de los grandes compradores.
Hoy, cuando un pequeño proveedor le factura a un gran comprador, a pesar de que éste se compromete a pagar en 60 ó 90 días, lo hace a los 150.
Al otorgarse mérito ejecutivo a la factura y, por tanto, al permitirse que sea cedida y entregada a los factoring, el destinatario de la mercadería, o sea, la persona obligada a pagar la factura, cumplirá la obligación con la financiera o con el factoring y no con el proveedor del producto. Es decir, no habrá posibilidad de abuso en la extensión de plazo, pues la factura se pagará a los 30, 45 ó a los 60 días, de acuerdo con lo pactado entre el proveedor y el gran comprador.
La segunda ventaja de esta iniciativa es el acceso al financiamiento, que muchas pequeñas empresas no tienen, ni siquiera los factoring, puesto que lo consiguen sólo con la factura, porque el sujeto de crédito es el comprador y no el proveedor.
Las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado pudieron ser resueltas desde el punto de vista de cómo hacer operable el factoring que hoy se da entre los proveedores que no obtienen recibo de la mercadería de parte del destinatario.
Hay dos categorías. Primero, la factura que tiene recepción y que consta en algún recibo, en la copia de la factura o en una guía de despacho, tiene mérito ejecutivo.
Eso no impide que la persona que carezca de recepción pueda llevarla al factoring para ser cedible. Ahora, éste la cederá a un precio distinto del que recibe cuando consta la recepción de mercadería por parte del destinatario.
Luego, se establece que el Servicio de Impuestos Internos será quien fiscalice esta operación. La Comisión Mixta realizó una segunda sesión para ver de qué manera se resolvía la intromisión del Servicio de Impuestos Internos en un tema que no es necesariamente tributario, sino comercial, como es la relación entre comprador y proveedor.
A juicio unánime de la Comisión, se consideró que el Servicio de Impuestos Internos es la única entidad competente para fiscalizar este tipo de transacción, porque permanentemente está revisando las guías de despacho, los libros, las facturas y las declaraciones. Entonces, está bien que verifique la recepción de la mercadería por parte del destinatario. O sea, habrá sanción para el destinatario que reciba mercadería y no firme un recibo. Es lo mismo que si se deposita en un banco y el cajero no le entrega un recibo timbrado con la recepción.
El Servicio de Impuestos Internos fiscalizará si se ha cumplido con la obligación de recepcionar, pero será el juzgado de policía local el que deberá sancionar la falta. El tribunal resolverá la sanción como una falta gradualizada en un valor del 50 por ciento de la mercadería, con un tope de hasta 40 unidades tributarias mensuales, de la misma manera que se sanciona a quien omite extender una factura o guía de despacho cuando transita o expende una mercadería.
De manera que el proyecto es coherente respecto de la entidad de la sanción y de la institución que fiscalizará esto, sin facultades para sancionar, pues quien sanciona es el tribunal. De esta forma, no se sienta el precedente de que materias que no son tributarias puedan ser sancionadas por el Servicio de Impuestos Internos, al menos en tanto no se creen los tribunales tributarios que puedan tener una facultad más amplia.
Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al diputado Jaramillo . Luego retomaría la palabra, porque aún me queda un par de ideas por desarrollar.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Le restan unos pocos segundos de su tiempo.
El señor TUMA.-
Al parecer, el diputado Jaramillo quiere hacer una consulta.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, tal vez sería conveniente prolongar por unos minutos la discusión dado que, como dijo el diputado Dittborn y lo ratificó el diputado Tuma , se trata de un gran proyecto.
No tengo en mi poder el informe de la Comisión Mixta, pero me resulta difícil aceptar que el tribunal aplique la sanción sobre la base de los antecedentes que le entregue el Servicio de Impuestos Internos. Tal vez, la importancia de este aspecto justificaría prorrogar el tiempo de debate.
No estoy de acuerdo con que sea el Servicio de Impuestos el que, prácticamente, aplique la sanción, al no existir tribunales tributarios.
Gracias, señor Presidente.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, sólo para precisar que es precisamente eso lo que se resolvió en la Comisión. No será el Servicio de Impuestos Internos el que sancionará, sino que supervigilará, fiscalizará y, cuando tenga antecedentes sobre una infracción, deberá ponerlos a disposición del tribunal competente.
Gracias, señor Presidente.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, tal como dijeron los diputados señores Dittborn y Tuma , éste es uno de aquellos proyectos de los cuales uno puede enorgullecerse. Quizás no sea muy completo y le falten algunos afinamientos a veces, los vehículos funcionan igual aunque no estén bien afinados, pero más vale algo bueno que óptimo, y ya lo iremos mejorando de acuerdo con la experiencia.
La iniciativa tiene por finalidad que 600 mil pequeñas y medianas empresas chilenas formales, más las 400 mil informales estamos hablando de un millón de pequeñas y medianas empresas versus 3.600 grandes empresas puedan tener una fuente de financiamiento.
Quiero felicitar a los diputados Rodrigo González , Felipe Letelier , Eugenio Tuma , Julio Dittborn y, en particular, a quien representó a la Democracia Cristiana en la Comisión Mixta, Eduardo Saffirio , por el trabajo que realizaron. Si bien entendemos que pudo haberse dilatado su despacho con el objeto de perfeccionarlo y de resolver dudas como la planteada por el diputado Jaramillo , es necesario que lo aprobemos hoy, para lo cual se requiere el voto afirmativo de 66 diputados, considerando que contiene normas de ley orgánica constitucional.
Se encuentra a mi lado el ministro de Relaciones Exteriores, con quien conversamos hace algunos días durante un viaje que hicimos a Italia en mi caso, en representación de la Cámara de Diputados y acordamos efectuar en enero un gran seminario como el que realizamos hace algunos días relacionado con micro y pequeña empresa. El canciller pudo conocer la experiencia de los italianos en esta materia, para los cuales la pequeña y mediana empresa constituyen el motor del desarrollo de su país. Ellos basan su actividad comercial en este tipo de empresa. En cambio, en Chile nos ha costado bastante; lo hemos discutido, creamos una comisión especial, pero no hemos logrado cristalizar medidas concretas que impulsen la actividad de la pequeña y mediana empresa, sobre todo en regiones.
Hace poco conocimos el caso de Chilecompra, mediante el cual se realizan licitaciones internacionales y nacionales. Es un avance, pero algunas pequeñas empresas locales no pueden postular y quedan afuera por un pequeño diferencial. Tal vez, deberíamos mejorar su situación asignándoles dos o tres por ciento de diferencia, ya que las grandes empresas se están llevando todo en desmedro de ellas. Este proyecto les permite obtener financiamiento a través de las facturas, a las cuales se les concede mérito ejecutivo.
En relación con la observación del diputado Jaramillo , tal vez se pueda pedir al Servicio de Impuestos Internos o a las instancias competentes que, a través de reglamentaciones internas se aclaren algunos puntos pendientes y se busque una mecánica lógica, en el entendido de que lo que estamos posibilitando es que las facturas de las pequeñas empresas sean documentos parecidos al cheque, de manera que sirvan de respaldo a los factoring u otras empresas de financiamiento.
Esto no afecta a las grandes empresas nacionales o internacionales, que tienen por decirlo de algún modo las “espaldas anchas”, ya que cuentan con buenos ejecutivos, con contadores y con asesores financieros y legales, lo que les permite encontrar una solución. Los pequeños empresarios no los tienen; muchas veces, ni siquiera cuentan con un asesor tributario. Pues bien, con este proyecto les estamos simplificando el camino.
La Democracia Cristiana, desde hace muchos años, ha estado preocupada de apoyar a las pymes y a la autoempresa. Hace poco aprobamos la creación de las empresas familiares. Es decir, estamos buscando una nueva y buena veta, dejando de lado las empresas multinacionales y los grandes consorcios que se están llevando hacia el exterior prácticamente todas las utilidades obtenidas en nuestro país.
Por lo tanto, como lo expresó el diputado Eduardo Saffirio en la Comisión Mixta, en nombre de la Democracia Cristiana, anuncio que estaremos muy complacidos de apoyar la proposición de dicha Comisión, con el objeto de que el proyecto sea despachado a la brevedad, sin perjuicio de que aún subsisten algunas dudas, que resolveremos más adelante. A veces lo óptimo es enemigo de lo bueno.
Desde ya, queremos pedirle al ministro de Relaciones Exteriores que la Direcon u otros organismos a su cargo nos informen acerca de toda la legislación comparada que exista sobre la micro y pequeña empresa y los tratados internacionales que está manejando la Cancillería, a fin de tratar legislativamente otros asuntos que apunten a mejorar la situación de aproximadamente un millón de pequeñas empresas.
Por eso, el despacho definitivo de este proyecto será un gran anuncio para el país, especialmente para las regiones.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
No hay más diputados inscritos.
Cerrado el debate.
El proyecto se votará al final del Orden del Día.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde votar las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto de ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi (doña María Angélica) , Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Montes, Moreira , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Quintana , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Primer trámite constitucional.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que establece normas relativas al mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Diputados informantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda son los señores Gonzalo Ibáñez y José Miguel Ortiz , respectivamente.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 3630-10, sesión 27ª, en 10 de agosto de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Hacienda, sesión 45ª, en 16 de septiembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs. 3 y 4, respectivamente.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se encuentra con nosotros el ex diputado y actual ministro de Relaciones Exteriores, señor Ignacio Walker , a quien le damos la bienvenida y le deseamos mucho éxito en el desempeño de su nuevo cargo.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, ante todo, hago míos los saludos a nuestro flamante ministro de Relaciones Exteriores, a quien deseo el mejor de los éxitos en el desempeño de su misión.
En nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional, acerca del proyecto de ley que establece normas para el mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las ideas fundamentales o matrices del proyecto son las siguientes:
1º Modificar el decreto con fuerza de ley Nº 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija el estatuto orgánico de dicha Secretaría de Estado, con el objeto de adecuar su estructura y forma de gestión, conforme con la nueva realidad mundial y los cambios que ha experimentado en Chile el sistema de Administración del Estado, comprendidas las modificaciones a la ley Nº 18.989, que permitirán traspasar a la Cancillería la Agencia de Cooperación Internacional, actualmente sometida a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Planificación y Cooperación;
2º Establecer una asignación de estímulo para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, asociada al cumplimiento de planes de modernización relacionados con el mejoramiento de la gestión y la eficiencia institucional, que permita convalidar el uso de las remuneraciones como forma de incentivar el desempeño funcionario, actualmente efectuado por la vía del pago de horas extraordinarias;
3º Facultar al Presidente de la República para que modifique las plantas de personal de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores, presupuesto en moneda nacional; y las de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, del Instituto Antártico Chileno y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, sin incrementar el actual número de cargos, salvo en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y sin que estas modificaciones de plantas signifiquen pérdida de empleo, disminución de remuneraciones o de bienios, ni modificación de los derechos previsionales y estatutarios de los funcionarios. En el caso de que se produjere cualquier diferencia de remuneraciones, ella se pagará por planilla suplementaria, con el carácter de imponible y reajustable;
4º Disponer que el mayor gasto que represente la aplicación de la ley en proyecto será financiado con los recursos contemplados en los presupuestos de los servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores antes señalados.
5º Facultar al Presidente de la República para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Estatuto del Personal de esa Secretaría de Estado.
En lo sustancial, el Presidente de la República fundamenta su proposición de legislar sobre esta materia en el creciente desarrollo del comercio internacional, que ha generado distintas formas de relaciones e interdependencia entre los Estados, que traspasan las fronteras del sistema político de los países y exigen, por tanto, una mirada integral de los aspectos políticos, económicos y culturales en el diseño de la política exterior.
Sostiene, además, que la organización de la sociedad civil, nacional e internacional, en grupos nacionales o transnacionales en torno a intereses comunes, de carácter extraestatal y, por lo tanto, no siempre coincidentes con los intereses estatales o gubernamentales, llegan muchas veces a constituir grupos de presión o influencia en la comunidad internacional, a los que se debe considerar.
Hace notar que el desarrollo de modernos sistemas y redes de comunicación, a los que acceden los ciudadanos en forma inmediata y simultánea, ha transformado el acontecer internacional en un evento del que son partícipes cotidianamente y que evalúan por sus efectos en la vida nacional.Por ello, la acción oportuna e informada de la Cancillería en el contexto internacional y la rápida información al ciudadano requiere de procesos ágiles de toma de decisión y de formas expeditas de comunicación.
Agrega que la existencia de nuevos asuntos en la agenda de política exterior, de alta especialización, que competen y son de responsabilidad de diversos órganos de la Administración del Estado, tales como narcotráfico, crimen organizado, medio ambiente, etnia, discapacidad, entre otros, exigen una fuerte coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y dichos organismos y una especial preparación de los funcionarios diplomáticos para apoyar adecuadamente esa tarea.
El creciente desarrollo de las relaciones económicas y comerciales internacionales, que involucra a múltiples actores del sector público y del sector privado, demanda formas de coordinación e interacción ágiles y permanentes.
Asimismo, la diversidad de actores con creciente participación en instancias internacionales como el Parlamento, los municipios y los órganos judiciales, hace imperativa una fuerte coordinación para los efectos de mantener la necesaria coherencia y unidad del Estado en las acciones de política exterior.
Por último, las distintas formas y áreas de cooperación entre los países, como resultado de la creciente interdependencia global, la convierten en un instrumento cada vez más importante de la política exterior.
El mensaje señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha ido adaptando a estos cambios mediante adecuaciones en su organización que le han permitido responder a los objetivos de la política exterior en las últimas décadas.
Sostiene que nuestra creciente inserción internacional nos ha llevado paulatinamente, con la prudencia, realidad y equilibrio que reclaman los intereses del Estado, a un proceso de cambios internos en la Cancillería destinados a favorecer su capacidad de gestión.
Así, este proceso ha avanzado en distintos aspectos, tales como la planificación de tareas asociadas a objetivos y metas institucionales, de las que naturalmente forman parte las áreas política, económicocomercial y de cooperación; la racionalización de la gestión administrativa y financiera; el fortalecimiento en el uso de las tecnologías de la información; la formación de los recursos humanos, y la solución a las enormes falencias de infraestructuras.
Informa que para seguir mejorando la gestión institucional en el ámbito político y responder a las necesidades básicas que demandan los acuerdos comerciales suscritos, se ha estimado necesario efectuar adecuaciones a la estructura orgánica de la Cancillería, con el objeto de dotar a la institución de facultades de organización que permitan flexibilizar y dar curso a los cambios organizacionales que, cada cierto tiempo, es pertinente realizar. Junto con ello, se busca formular adecuaciones a las plantas de personal de la Secretaría y Administración General, presupuesto en moneda nacional, del Instituto Antártico Chileno, de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, con el objeto de asegurar una dotación de profesionales más acorde con la carga de trabajo y las crecientes responsabilidades producto de la administración de estos nuevos acuerdos.
En ese contexto, el Presidente de la República también considera importante traspasar la vinculación de la Agencia de Cooperación Internacional desde el Ministerio de Planificación y Cooperación al Ministerio de Relaciones Exteriores, toda vez que la cooperación internacional se ha convertido para Chile en un importante instrumento de política exterior, por cuanto facilita el entendimiento y la colaboración entre los países, particularmente si podemos aportar experiencias en beneficio del desarrollo y la superación de la pobreza.
En la discusión general la Comisión escuchó, en primer término, al subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Cristián Barros Melet , quien, entre otras consideraciones, señaló que este proyecto persigue superar trabas de orden legal administrativo con el objeto de mejorar la gestión institucional, dotándola de la necesaria flexibilidad para organizarse y funcionar con mayor eficiencia en el contexto actual de las relaciones políticas y económicocomerciales internacionales.
Afirmó que no se persigue una reforma estructural del Ministerio de Relaciones Exteriores, materia de gran importancia respecto de la cual se ha estado trabajando y avanzando en un anteproyecto de ley que, previo a su estructuración definitiva, es necesario debatir entre expertos y la comunidad política nacional, por tratarse de un tema de Estado.
Enseguida se refirió a diversas medidas que se han adoptado para mejorar los procedimientos de gestión, tales como el perfeccionamiento de los sistemas de ingreso, formación y egreso de las promociones de funcionarios diplomáticos que estudian en la Academia Diplomática Andrés Bello; la definición de estándares respecto de las misiones en el exterior en cuanto a la distribución de los recursos humanos y financieros; el inicio de un programa piloto para reunir en un mismo espacio a consulados y oficinas comerciales de ProChile; la estandarización de los procedimientos de trabajo y el fortalecimiento del uso de la tecnología informática; el mejoramiento de los servicios en materia consular, acelerando los procedimientos de entrega de certificados de nacimiento, matrimonio, antecedentes y otros a connacionales en el exterior. Se ha trabajado en la formulación de un anteproyecto de ley que conforme una Subsecretaría de Relaciones Económicas y Comerciales Internacionales, pero se ha concluido que una reforma de esta magnitud trasciende a una mera estructura orgánica y pasa por una definición de fondo respecto de la institucionalidad apropiada para el cumplimiento de la política exterior, el rol y función de la carrera diplomática y su reconocimiento en el aparato del Estado, entre otros aspectos.
Concluida la exposición del subsecretario de Relaciones Exteriores, la Comisión acordó la clausura del debate y aprobó, por unanimidad, la idea de legislar, sin perjuicio de recibir previamente, al inicio de la discusión particular, las opiniones de las entidades gremiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, se recibió a la Asociación de Funcionarios Diplomáticos de Carrera, Adica , representada por su presidente y su directora, señor Horacio del Valle Yrarrázaval y señorita Annemarie Duncker Stecher , respectivamente, y a la Asociación de Empleados del Ministerio, Aemrre , presidida por el señor Augusto Garrido Vásquez .
Los dirigentes de Adica sostuvieron que sólo una vez ingresado el proyecto a tramitación parlamentaria fueron informados de que sólo busca regularizar problemas puntuales en materias presupuestarias y de estructura y consideraban que no será la ley que transforme el Ministerio ni la que esperan sus funcionarios.
Además, formularon observaciones específicas relacionadas con el régimen estatutario que el personal del servicio exterior plantea como puntos para ser resueltos en lo posible en este proyecto, los cuales se enumeran en el informe escrito.
El representante de Aemrre manifestó su preocupación por no haber sido consultada su organización durante la gestación de la iniciativa en informe. Con todo, señaló que el establecimiento de la asignación de estímulo es de máxima urgencia para regularizar una situación derivada de las desmedradas condiciones en que quedó el personal del Ministerio después de no ser incluido en mejoramientos económicos otorgados a los funcionarios regidos por la escala única de sueldos, que, de hecho, paliaba, mediante el pago de horas extraordinarias, las que se mantendrían hasta que las remuneraciones fueran incrementadas. De este modo, precisó, la asignación de estímulo del 15 por ciento de que trata este proyecto de ley, viene a regularizar las “horas extras” en sumas similares, lo que equivale a cancelar montos iguales sin que ello signifique un real incremento de las remuneraciones de los funcionarios.
El Contralor General de la República manifestó en la Comisión que la asignación de estímulo que se establece en el proyecto resuelve una situación de hecho que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se arrastra desde el año 1995, a raíz del desmedro en sus remuneraciones que afectaba al personal de dicha secretaría de Estado, situación que podría haber derivado en un conflicto que se evitó recurriendo la autoridad administrativa al pago de horas extraordinarias que no significaban aumento de sueldo. Este proceder se regulariza por la vía de la referida asignación, con lo que se evita que la Contraloría General de la República, en un momento dado, tenga que formular los reparos que correspondan.
En otro aspecto del proyecto, el jefe de la División Jurídica del organismo contralor hizo notar que al subsecretario de la Relaciones Exteriores se le dan facultades para determinar la organización interna del Ministerio, en términos de excepción, respecto a las que ordinariamente se han conferido al resto de los subsecretarios, y que la Agencia de Cooperación Internacional, sin bien pasará a relacionarse con el Presidente de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, seguirá regida por la ley del Ministerio de Planificación y Cooperación, lo que le parece jurídicamente inadecuado.
La Comisión recibió opiniones tanto del Instituto Libertad y Desarrollo como del Instituto Libertad.
La representación del Instituto Libertad y Desarrollo, después de hacer el análisis general de su texto, concluyó que esta iniciativa legal hace pensar en un proyecto más ambicioso que el que, en definitiva, se ha presentado a la consideración de la Cámara. Sostuvo que las necesidades de modernizar el Servicio Exterior para actuar conforme a la compleja red de relaciones internacionales no vienen resuelta.
Agregó que el aspecto que más resalta en su articulado es la asignación de estímulo al personal, la que, en sí misma, podría no producir los esperados incentivos al desempeño funcionario. Por eso, estimó que sería preferible revisar los niveles remuneratorios, y establecer una asignación de estímulo que conceptualmente tenga ese carácter; esto es, que se otorgue a los funcionarios mejor calificados, con porcentajes decrecientes, y que no se otorgue a quienes no alcanzan un nivel mínimo de eficiencia.
Respecto de las demás modificaciones puntuales que contempla el proyecto, señaló que pueden resultar aceptables, pero distan de constituir la readecuación administrativa y profesional que requiere el desarrollo de una política de Estado en esta materia.
Por su parte, en su informe el Instituto Libertad consideró inadecuado que este proyecto no haya sido consultado con las entidades gremiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, afirmó que se está ante una “ley de amarre”, con lo que se pretende pasar a las plantas del Ministerio a personal a contrata de organismos dependientes, sin concurso ni exigencia de los requisitos a que está sometido el resto de los funcionarios.
Al terminar esta exposición general, hago presente a la Cámara que el proyecto no contiene disposiciones que requieran quórum especial para su aprobación; que no hubo artículos rechazados por la Comisión; que fueron declaradas inadmisibles, por significar mayor gasto, indicaciones de los diputados señores Leay , Masferrer , Moreira y de quien habla, que en beneficio de la transparencia de los actos administrativos proponían publicar en el Diario Oficial los convenios, llamados a concurso y decretos sobre cumplimiento de objetivos y metas de mejoramiento de gestión y de eficiencia institucional. A cambio de ello, el subsecretario de Relaciones Exteriores se comprometió a publicar en el sitio web del Ministerio los referidos actos administrativos, lo que la Comisión juzgó suficiente.
En la discusión particular fueron aprobados por unanimidad los numerales 1, 3, 4, 5, letra a); 6, 7 y 8 del artículo 1º, que modifican el estatuto orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de reemplazar la frase “El Subsecretario y su Subsecretaría” por la expresión “El Subsecretario y su Gabinete”, y separar, por razones técnicas, de la Dirección General Administrativa la Dirección Consular, e integrar ésta a la Dirección de Inmigración.
También fueron aprobados por unanimidad los artículos 2º, relativo a la asignación de estímulo, y 4º, que cambia la denominación del Ministerio de Planificación y Cooperación, del cual se elimina la función de Cooperación, y los artículos 1º, 3º, 4º y 6º transitorios.
Fueron aprobados por mayoría de votos la letra b) del numeral 5) del artículo 1º, que establece la exigencia de título profesional para desempeñar los cargos de director general administrativo y de jefes de direcciones y departamentos de esa dirección general; el artículo 3º, que regula el traspaso de la Agencia de Cooperación Internacional y la convierte en una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, y los artículos segundo y quinto transitorios, que, respectivamente, otorgan facultades al Presidente de la República para reestructurar las plantas de la Secretaría y Administración General del Ministerio, de la Dirección General de Fronteras y Límites del Estado, del Instituto Antártico Chileno y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y crear en el presupuesto del ministerio un capítulo relativo a la Agencia de Cooperación Internacional de Chile.
Finalmente, hago presente a la honorable Cámara que los diputados señores Bayo , Leay y Moreira formularon reserva de constitucionalidad para hacer valer ante el Tribunal Constitucional sus observaciones al numeral 2) del artículo 1º, que faculta al subsecretario de Relaciones Exteriores para establecer la organización interna del ministerio y determinar, cuando procediere, las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades del ministerio.
El Presidente de la República formuló indicación sustitutiva de dicha norma, con lo cual se entienden superadas las observaciones de constitucionalidad.
En consideración a lo señalado, la Comisión recomienda que la honorable Cámara preste su aprobación al proyecto de ley que se propone en el informe escrito que los honorables colegas tienen a su disposición.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda y en reemplazo del diputado señor Ortiz , quien, debido a que se encuentra participando en la Comisión Especial de Presupuestos, no pudo hacerlo, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que establece normas relativas al mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su informe, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana estableció que los siguientes artículos debían ser conocidos por la de Hacienda: 2º permanente y primero, segundo, quinto y sexto transitorios.
Más adelante me referiré a la discusión en particular.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 9 de agosto de 2004, señala que el mayor costo anual derivado del proceso de fijación de nuevas plantas, del encasillamiento que se practique y de la concesión, cuando corresponda, de la asignación de estímulo es de $ 675.730.000 en régimen respecto de la Secretaría y Administración General; de $ 21.156.000 en régimen respecto del Instituto Antártico Chileno; de $ 29.878.000 en régimen respecto de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, y de $ 210.000.000 en régimen respecto de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
Este proyecto no irrogará mayor costo fiscal durante el presente año. El costo para el primer año de aplicación del proyecto es de $ 624.510.000 y para el segundo año de aplicación y en régimen será de $ 936.765.000, los que serán financiados con los recursos contemplados en los propios presupuestos anuales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es necesario recordar el concepto enunciado en su momento por el señor Gonzalo Ibáñez , diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque es conveniente para el debate de este proyecto tan interesante e importante.
En el debate de la Comisión de Hacienda, el señor Cristian Barros expuso que el proyecto de ley se enmarca en un proceso general de acciones destinadas a mejorar los procedimientos de gestión institucional que persigue superar trabas de orden legal que dificultan aspectos puntuales que permitirían fortalecer la administración, dotándola de la necesaria flexibilidad y agilidad, acorde con los requerimientos actuales de la política exterior. Manifestó que la iniciativa no persigue una reforma estructural del Ministerio de Relaciones Exteriores, materia respecto de la cual se ha trabajado y avanzado en las bases de un anteproyecto de ley, que es necesario someter a un debate entre actores de la política exterior y la comunidad política nacional, por tratarse de un tema de Estado.
Además, hizo presente que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el principal órgano de ejecución de la política exterior y de la política económica y comercial internacional que conduce el Presidente de la República y el único representante de Chile ante la comunidad internacional dotado de atribuciones para comprometer la responsabilidad del Estado. Por ello, una reforma estructural comprende un conjunto de materias que va más allá de una nueva orgánica y que amerita concordar visiones en asuntos tales como el modelo institucional adecuado a los tiempos actuales, la carrera diplomática, la especialización de los profesionales que apoyan la labor del servicio exterior y la coordinación de los nuevos actores de la política exterior, entre otros.
Todos sabemos que la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores siempre ha sido interesante, importante y adecuada. Aquí no se corrige nada, sino que se otorgan mayores atribuciones y se consideran los cambios que exige la modernidad.
En relación con la discusión particular del articulado del proyecto cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 2º se establece una asignación mensual de estímulo asociada al cumplimiento de planes de mejoramiento de la gestión y de eficiencia institucional. Beneficiará al personal de la planta del servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se desempeñe en el país y se remunere con cargo al presupuesto en moneda nacional. También se extenderá a los funcionarios de planta y a contrata de la Secretaría y Administración General de dicho Ministerio, cuando perciban las remuneraciones en moneda nacional que se establecen en la planta B de esa Secretaría, y a los funcionarios de planta y a contrata de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado y del Instituto Antártico Chileno.
En el inciso segundo se señala que el monto de la asignación será de hasta el 15 por ciento de la suma del sueldo base asignado al grado respectivo más las asignaciones establecidas en el artículo 19 de la ley Nº 19.185; artículo 10 del decreto ley Nº 924, de 1975; artículo 5º del decreto ley Nº 2.964, de 1979; artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977; artículo 2º de la ley Nº 19.699, y artículos 17 y 18 de la ley Nº 19.185, en las modalidades de ambos incisos de esta última disposición.
En el inciso tercero se dispone que, para estos efectos, el subsecretario de Relaciones Exteriores, el director nacional de Fronteras y Límites del Estado y el director del Instituto Antártico Chileno, según corresponda, celebrarán con el ministro de la Cartera un convenio de cumplimiento de objetivos y metas de mejoramiento de la gestión y de eficiencia institucional para el año siguiente, el cual será ratificado, a más tardar, el 30 de noviembre de cada año, mediante uno o más decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, expedidos bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”. Dichos decretos deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos y definirán, además, los porcentajes de asignación por pagar según el nivel de cumplimiento de las metas comprometidas, los que podrán ser diferenciados entre las distintas plantas y estamentos del personal.
En el inciso cuarto se preceptúa que, por decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, expedidos bajo la fórmula antedicha, los que además serán suscritos por el ministro de Hacienda, se establecerá, para cada entidad, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas alcanzado y se determinarán los porcentajes que se pagarán por concepto de esta asignación. La verificación del grado de cumplimiento de tales objetivos y metas corresponderá a la unidad de auditoría interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la colaboración de las unidades de auditoría de cada servicio, la cual se formalizará mediante resolución del subsecretario del ramo, visada por la Dirección de Presupuestos.
En el inciso quinto se contempla que la asignación de estímulo se pagará a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, los que, con excepción de los funcionarios de la planta del Servicio Exterior, deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante seis meses en el año calendario anterior; será tributable e imponible para efectos de salud y pensiones, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración o beneficio legal. La percepción de esta asignación será incompatible con la asignación por desempeño de funciones críticas establecida en el artículo septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882.
En el inciso sexto se dispone que no tendrán derecho a percibir la asignación de que trata este artículo el ministro de Relaciones Exteriores, el subsecretario de la Cartera, el director nacional de Fronteras y Límites del Estado y el director del Instituto Antártico Chileno; es decir, los 4 ejecutivos de las relaciones exteriores.
En el inciso séptimo se señala que un reglamento, expedido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que, además, deberá ser suscrito por el ministro de Hacienda, establecerá la forma de determinar los porcentajes por pagar anualmente; los mecanismos de fijación, control, evaluación y verificación del cumplimiento de los objetivos, y metas de mejoramiento de la gestión y de eficiencia institucional; el cronograma de los procedimientos necesarios para el otorgamiento del beneficio, y toda otra norma pertinente para la adecuada aplicación de este artículo.
Puesto en votación el artículo 2º, fue aprobado por 6 votos a favor y 2 abstenciones.
En el artículo primero transitorio se determina que el pago de la asignación de estímulo establecida en el artículo 2º regirá a contar del día primero del mes siguiente al de la publicación de la ley.
En el inciso segundo se especifica que, para estos efectos, el cumplimiento de los objetivos y metas de mejoramiento de la gestión y eficiencia institucional que condicionan la procedencia de este beneficio no será exigible durante los seis primeros meses de su aplicación. Los porcentajes de asignación que se pagarán en este período serán determinados mediante decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República” y visado por la Dirección de Presupuestos.
En el inciso tercero se establece que, una vez vencido el semestre mencionado en el inciso anterior, y por lo que reste del año calendario en que se haya completado este período, la asignación de estímulo se pagará en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas de mejoramiento de la gestión y de eficiencia institucional que se definan al efecto. Con esta finalidad, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la ley en el Diario Oficial, se celebrará el convenio pertinente, conforme al procedimiento establecido en el inciso tercero del artículo 2º.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo segundo transitorio se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los que, además, serán suscritos por el ministro de Hacienda, modifique las plantas del personal de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores, presupuesto en moneda nacional; de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado; del Instituto Antártico Chileno y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
En el inciso segundo se dispone que, en el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República podrá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las modificaciones que introduzca, la determinación de los niveles de los cargos para efectos de la aplicación de la ley Nº 19.882, las normas de encasillamiento del personal en las plantas modificadas, las fechas de vigencia de las plantas y del encasillamiento del personal y las dotaciones máximas de personal.
En el inciso tercero se preceptúa que el Presidente de la República no podrá incrementar el número actual de cargos de las plantas de personal que modifique, salvo respecto de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. En caso de ser necesario, como consecuencia de la modificación de las plantas de esta Dirección, el Presidente de la República podrá adecuar la asimilación contenida en el artículo 15 del decreto con fuerza de ley Nº 105, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el inciso cuarto se establece que la aplicación de lo dispuesto en este artículo no podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales y estatutarios de los funcionarios. Cualquier diferencia de remuneraciones se pagará por planilla suplementaria, la que será imponible en la misma proporción en que lo sean las remuneraciones que compensa y estará afecta a los reajustes generales de remuneraciones que se otorguen a los trabajadores del sector público.
En el inciso quinto se dispone que el personal conservará el número de bienios que tenga reconocidos, como también el tiempo computable para uno nuevo.
En el inciso sexto se señala que el mayor gasto que se pueda derivar de las modificaciones de las plantas y del encasillamiento que se practique, considerando su efecto para el año completo, no podrá exceder de la cantidad de $ 211.885.000, respecto de la Secretaría y Administración General; de $ 18.200.000, respecto del Instituto Antártico Chileno; de $ 26.801.000, respecto de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, y de $ 210.000.000, respecto de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor y 4 votos en contra.
En el artículo quinto transitorio se establece que el Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, creará en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores el capítulo de ingresos y gastos del presupuesto de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, traspasando a él, desde la actual Agencia de Cooperación Internacional, en la partida 21 capítulo 03 programa 01, los recursos financieros no ejecutados al último día del mes en que se publique la ley.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor y 4 abstenciones.
En el artículo sexto transitorio se dispone que el mayor gasto que represente la aplicación de la ley será financiado con los recursos contemplados en los presupuestos de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, del Instituto Antártico Chileno y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, según corresponda.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor y 4 abstenciones.
Lo anteriormente expuesto fue acordado por la Comisión de Hacienda en sesión de 14 de septiembre de 2004, con la asistencia de los diputados señores Camilo Escalona , Presidente; Alberto Cardemil , Julio Dittborn , Carlos Ignacio Kuschel, José Miguel Ortiz , Eduardo Saffirio , Exequiel Silva , Eugenio Tuma , Gastón Von Mühlenbrock y del que habla, Enrique Jaramillo .
Es todo cuanto puedo informar en nombre de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Riveros para un asunto de Reglamento.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que pasaremos a debatir no contó con la participación de nuestro nuevo canciller señor Ignacio Walker , a quien aprovecho de saludar. En consecuencia, pienso que para un buen proceso de discusión, sería conveniente que los señores Claudio Troncoso , director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Demetrio Infante , director general administrativo, pudiesen estar presentes en la Sala. Por lo tanto, le pido que solicite el acuerdo unánime para que se autorice su ingreso.
He dicho
El señor LORENZINI (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Riveros ?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero desear la mejor de las suertes al nuevo canciller. Y lo hago, fundamentalmente porque en materia de política exterior siempre hemos tenido una visión de Estado, y nuestras aprensiones y criticas, ante determinadas situaciones que han ocurrido en los últimos meses, siempre las hemos hecho con respeto y velando por el bienestar, la tranquilidad y la imagen que Chile debe tener en el concierto internacional. Las críticas que formularé a este proyecto de ley no dicen relación con el nuevo canciller, sino con la política que ha mantenido el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de gestión institucional.
A mi juicio, durante catorce años, la Concertación y sus gobiernos se han farreado la posibilidad de estructurar un buen y gran proyecto que modernizara la Cancillería. El Gobierno, a través del actor principal de este proyecto de ley, el subsecretario señor Cristian Barros , ha desperdiciado la oportunidad de desarrollar un proyecto que estuviera acorde con los tiempos.
Durante catorce años, la Concertación ha venido planteando la necesidad de modernizar la Cancillería, hecho que se justifica debido a los cambios que ha venido experimentado el escenario internacional, realidad que nuestro país debe enfrentar. Sin embargo, el proyecto sometido al estudio de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados no responde a esa necesidad.
En primer término, el Gobierno se vio obligado a enviar indicaciones para subsanar algunos aspectos que, a nuestro juicio, merecían reparos de constitucionalidad y que fueron detallados ampliamente en la Comisión.
En segundo lugar, durante estos catorce años las distintas asociaciones que agrupan a los funcionarios diplomáticos pudieron haber participado en el estudio del proyecto, y a través de una colaboración mutua, haber entregado una propuesta mejor y mucho más amplia que la que hoy analiza esta Cámara. Sin embargo, las propias organizaciones gremiales nos indicaron en la Comisión de Relaciones Exteriores que no habían sido consultadas; que no había habido acercamiento para escuchar el parecer de los funcionarios, y que sólo a última hora se les habría consultado sobre el proyecto, respecto del cual estuvieron en total desacuerdo con algunos artículos.
Ahora bien, estamos a favor de la idea de legislar sólo porque entendemos que el proyecto puede ser modificado, ampliado o adecuado.
Paso a detallar algunos aspectos con los cuales discrepamos.
A través del numeral 2) del artículo 1º del proyecto se pretende entregar mayores atribuciones al subsecretario de Relaciones Exteriores. Cabe recordar que la tendencia moderna en materia de servicios públicos tiene como principio básico la desconcentración de funciones. Con esta modificación se está haciendo justamente lo contrario, pues en el subsecretario se concentra una serie de funciones, las que se suman a las que ya tiene.
En el mismo numeral 2) del artículo 1º se aprecia una falta de criterios orientadores claros, y me refiero a los marcos legales dentro de los cuales el subsecretario podrá hacer las reorganizaciones que el proyecto de ley le entrega como atribución exclusiva. Cuando las leyes delegan tareas en la autoridad ejecutiva vía potestad reglamentaria, lo que hacen es fijar los criterios orientadores claros para que, en el uso de estas facultades, no se alteren los intereses que persiguieron los legisladores. En este proyecto no se establecen criterios orientadores para efectuar las adecuaciones que la modernización exige, lo cual reviste un riesgo, por cuanto, quien deba usar esas atribuciones, podría ejercerlas con discrecionalidad y/o, por qué no decirlo, arbitrariamente.
En tercer lugar, ¿por qué sostenemos que es una ley de amarre? Porque en el artículo segundo transitorio se le otorgan a la autoridad amplísimas facultades para “adecuar” las plantas de la Cancillería, excepto la del Servicio Exterior, pero particularmente la de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
Esto debe ser visto como un intento de asegurar el ingreso a las plantas del Ministerio a personas afines a la actual Administración. De no ser esa la finalidad, la adecuación se haría a través una fórmula más objetiva, como concursos públicos, en lugar de otorgar facultades extraordinarias. De haberse tratado de un proyecto serio, tampoco se exceptuarían los requisitos que se exigen a quienes actualmente detentan algunos cargos.
Junto con asegurar el ingreso de personas afines a la Concertación a cargos de importancia, a través del artículo segundo transitorio, también se pretende aumentar las remuneraciones, asimilando los cargos a la escala única de sueldos.
Esto no es una majadería; no es que estemos viendo cosas debajo del agua. Es la realidad. Catorce años se demoró el Gobierno de la Concertación en adecuar, en modernizar la Cancillería. Y siempre se escucha el mismo argumento: “Pero usted sabe, diputado, que esto es muy complejo. Se pueden demorar cuarenta años.” “Mire, aquí hay prácticas que pueden ser irregulares, pero no son ilegales. Y tenemos que regularizarlas.”
Pero, ¿por qué todo esto a último minuto? ¿Por qué tantas atribuciones para el subsecretario? ¡Es ilógico! ¡Sobre todo en estos tiempos! Vemos claramente que aquí se pretende adecuar las plantas de la Cancillería, no sé si para pagar favores políticos, pero sí para dejar arreglados exclusivamente a los funcionarios de la Concertación.
Todo esto nos lleva a suponer que el gran objetivo de este proyecto es establecer una suerte de “amarre” para todas aquellas personas que ingresaron a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Antártico Chileno, a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado y a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, durante los gobiernos de la Concertación.
Y la hemos llamado “ley de amarre”, porque al Gobierno no le gusta esa expresión. Ahora que queda poco, pareciera que con mucha sensibilidad se pretende, con estas normas de amarre, dejar bien arreglados a los suyos.
Pero, luego de esta crítica políticamente fundada, hablemos también de los aspectos positivos de la iniciativa.
¡Por supuesto que es un aspecto positivo la asignación mensual de estímulo asociada al cumplimiento de planes de mejoramiento de la gestión y de eficiencia institucional! Es importante esta asignación de estímulo personal. No obstante, no hay verdaderos criterios para otorgarla; no está claramente definido cuándo se va a considerar.
Flexibilidad en las denominaciones internas y el aumento de la jerarquía de la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración.
Criterios modernizadores. Una verdadera modernización de la Cancillería debiera contener, a lo menos, los siguientes elementos:
Debiera ser más profesional y transparente, adecuada a la política de desarrollo integral del país, cuyas prioridades estén bien claras y definidas, donde se otorguen los incentivos correctos para los funcionarios económicos, ascensos y destinaciones. Debiera contar con una estructura eficiente, productiva, descentralizada administrativamente y desconcentrada funcionalmente, para darle más agilidad; con un mecanismo de toma de decisiones profesional, menos político, en el que participen los que conocen el tema e, incluso, comisiones asesoras externas que apliquen un método que asegure la designación de los mejores embajadores políticos y de carrera para el cargo, con un fuerte énfasis en la capacitación de los funcionarios; una academia diplomática formadora y un sistema de becas que favorezca la constante formación de todos los funcionarios, sin importar su grado, en universidades e institutos de Chile y fuera del país, con fuerte énfasis en idiomas básicos y otros de interés estratégico localizado.
Una verdadera modernización de la Cancillería debiera contener muchos más aspectos, entre otros, los que favorezcan las especializaciones por segmento del servicio exterior y no a título personal, especialmente en disciplinas de negociación económica, de seguridad y medioambientales.
En verdad, esperábamos más. Si ha pasado tanto tiempo, ¿por qué no se hizo un verdadero proyecto de modernización de la Cancillería? ¿Por qué no se han abordado los criterios que hemos señalado, que deben ser elementos esenciales para contar con una Cancillería moderna y acorde con los tiempos?
No se diga que estamos en contra de la modernización. Queremos proyectos de ley que mejoren radicalmente nuestra Cancillería en esta materia y se adecuen con la modernización de los tiempos que vivimos.
Si bien es cierto que hemos apoyado tratados comerciales internacionales con las principales potencias y economías del mundo, que nos convierten en ejemplos para el mundo, también hemos defendido los intereses de Chile. Sin embargo, el Gobierno y la Cancillería no han sido lo suficientemente eficientes para presentar un proyecto de ley que vaya más allá del que hoy se ha propuesto.
Por ello, dado que han transcurrido casi 14 años, tenemos derecho a exigir mayor eficiencia de parte de la autoridad, porque no ha pasado sólo un gobierno de la Concertación, sino tres. En una materia tan sensible como las relaciones exteriores, hemos tenido muchos aciertos y tropiezos como país, porque no hemos dado la debida dedicación a nuestros países vecinos, con los cuales hemos tenido bastantes problemas.
Consideramos que en la Cancillería las cosas no se han hecho bien en materia de modernización. Más aún, hemos acogido el planteamiento de las asociaciones gremiales, las cuales están bastante desconcertadas, por cuanto se les toma en cuenta para algunas cosas, pero no para otras.
Tenemos demasiadas dudas y curiosidad por los riesgos que se corren al aprobarse las atribuciones del subsecretario.
En consecuencia, por tratarse de un proyecto de último minuto, tenemos claros reparos, porque queremos que en la Cancillería se queden las personas más eficientes y no las que tienen acomodos con La Moneda.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, ¡qué duda cabe de que el mundo ha sufrido enormes y profundas transformaciones a raíz de la globalización y de las comunicaciones simultáneas! ¡Qué duda cabe de que Chile, a diferencia de lo que ocurría durante la dictadura, hoy es un país plenamente insertado en el mundo internacional! Chile hoy es respetado y nuestro Jefe de Estado goza de gran prestigio. Para comprobar esta afirmación, basta observar la calificación internacional que tiene a Chile como un país confiable, serio, con bajo riesgo y cuyas instituciones funcionan. Es cosa de mirar el monto de inversiones que afortunadamente llegan a nuestro país.
¡Qué duda cabe de la complejidad de las relaciones internacionales, del incremento de los intercambios comerciales y de la firma de nuevos tratados! Chile no sólo ha firmado acuerdos comerciales, como señaló el diputado Moreira , ya que el suscrito con la Unión Europea va más allá del intercambio comercial, pues abarca otros principios, como fortalecer la democracia, el Estado de derecho y la cooperación entre los países. Además, busca crear intercambio cultural, de cooperación científica y tecnológica, etcétera.
¡Qué duda cabe de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, principal instrumento de política exterior del país, requiere de un cambio profundo! ¡Qué duda cabe de que ha llegado el momento de profesionalizar sus funciones y adaptarlo a la nueva realidad internacional! Chile tiene hoy nuevos y crecientes roles, funciones y compromisos a raíz de los tratados suscritos con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur.
Al señor Ignacio Walker , ex colega, recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, le corresponderá la tarea de llevar a cabo este gran proyecto de modernización y de cambios profundos en la Cancillería antes de que finalice el Gobierno del Presidente Lagos.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al diputado Moreira que, si bien estoy de acuerdo en que no es el gran proyecto que esperábamos y que quizás 14 años sea mucho tiempo, ya que pudimos haberlo hecho antes, ello no le permite decir que la iniciativa no es seria y que no contempla la gran modernización que se requiere; tampoco justifica que señale que está hecha para pagar favores políticos, que huele a “amarre” y que se quiere arreglar a los funcionarios de la Concertación. Ésa es la práctica habitual en una dictadura, en que no se consulta y cuyas decisiones no son transparentes.
Las “leyes de amarre” las hizo la dictadura, que nos dejó como herencia una gran cantidad de funcionarios que no pueden ser removidos de las plantas, lo que fue realizado a vista y paciencia de los ciudadanos, quienes no tuvieron ninguna oportunidad para expresar su opinión al respecto. Estamos acostumbrados en la Cámara a la amnesia que sufren algunos colegas que fueron fervientes partidarios de un régimen dictatorial que actuaba de esa manera. Hoy tengo el orgullo de decir que Chile es un país respetado internacionalmente y que discutimos esta materia conforme a la ley.
Por eso, ante una observación de varios señores diputados respecto al artículo 2º, el Ejecutivo no tardó en enviar una indicación sustitutiva del siguiente tenor: “8. Fijar y modificar la organización interna de las unidades del Ministerio, asignándoles el personal necesario, fijándoles sus atribuciones, obligaciones y dependencias conforme a las normas establecidas por la leyNº 18.575, sin que el ejercicio de esta facultad pueda originar modificaciones en la planta, funciones y estructura del Ministerio.” Claramente, estamos en presencia de una restricción muy fuerte, pues la indicación exige la conformidad a lo ya establecido en ley Nº 18.575. Esta congruencia con la legislación vigente es la virtud del proyecto a la que me referí.
Los funcionarios del Ministerio que concurrieron a la Comisión y expresaron su opinión, señalaron que se les debió consultar con más tiempo y que conocieron muy tarde el proyecto. Como no había motivos para dudar de sus dichos, llamamos al ministro para que, en el futuro, respecto de lo que aún queda pendiente de este gran proyecto de modernización, se consultase a los funcionarios del Ministerio, tanto a los del servicio exterior como a los de la planta administrativa y de secretaría. La democracia conlleva participación y transparencia, por lo que no sólo no es aceptable que no se les consulte, sino que nos parece interesante trabajar en conjunto con ellos, especialmente cuando se trata de desafíos de esta naturaleza.
Las medidas propuestas en materia de organización interna del Ministerio tienen por objeto que la Cancillería se adecue a la nueva realidad del acontecer internacional. De hecho, ya se han tomado algunas en ese sentido, como la creación de nuevas divisiones internas que hasta ahora no existían, porque la realidad era otra y muy distinta a la de este mundo cada vez más cambiante que estamos viviendo.
El proyecto dispone que la Dirección General Administrativa estará a cargo de un director con rango de embajador, que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República, quien deberá contar con un título profesional afín a las tareas de su unidad y con una experiencia profesional en el área no inferior a cinco años.
Los mismos requisitos profesionales que deberá cumplir el director se exigirán a quienes desempeñen las jefaturas de las direcciones y departamentos dependientes de la Dirección General Administrativa.
Sin duda, se requiere una mayor racionalización administrativa y de recursos. Esta es la razón por la que se crea esta Dirección General Administrativa, que estará a cargo de la organización del Ministerio.
También se crea una Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración y se establecen sus competencias. Esta Dirección General dependerá de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y estará a cargo de un director general con rango de embajador.
Evidentemente cada vez se necesitan más cónsules de carrera y honorarios, pues han aumentado las tareas para las cuales son requeridos, ya que no sólo deben colaborar estrechamente con ProChile en materia de relaciones comerciales, sino que, además, son cada vez más requeridos por nuestros compatriotas que residen o se encuentran en el exterior y por aquellos extranjeros que quieren visitar nuestro país, a todos los cuales se les debe brindar una atención profesional, eficiente y diligente.
En cuanto a la asignación mensual de estímulo asociada al cumplimiento de planes de mejoramiento de la gestión y de eficiencia institucional, de la que trata el artículo 2º, se nos dijo con claridad que ella se justificaba por la enorme diferencia que se producía en la remuneración del personal del servicio exterior que se encuentra en Chile, la que hasta ahora se suplía a través de horas extraordinarias. Con el establecimiento de esta asignación se busca compensar esa diferencia en la remuneración, pero se exigirá el cumplimento de metas y compromisos que serán fiscalizados y supervisado con la participación del Ministerio de Hacienda. En los primeros seis meses no serán exigidos, pero posteriormente se realizará una auditoría interna y la necesaria fiscalización para que las metas institucionales se cumplan.
Respecto de la reforma pendiente, muchos hemos señalado que con el creciente nivel de intercambio comercial que se va a produciendo con los tratados que estamos firmando, con la increíble eficacia que ha tenido la Direcom que con su escaso personal ha sido capaz de negociar simultáneamente con la Unión Europea, con Estados Unidos y al poco tiempo con Corea y finalmente con los nuevos tratados, ¿qué duda cabe de que requiere más personal? Es el único organismo, de todos los que hemos mencionado, que va a requerir aumento de personal profesional, lo cual fortalecerá lo que está haciendo cada vez con más intensidad, con más demanda, con más complejidad y con más éxito.
Señor Presidente, felicito al embajador Osvaldo Rosales y a su excelente equipo, porque han sido capaces de realizar las más complejas negociaciones simultáneas para lograr la firma de los tratados internacionales. A tal punto ha llegado su excelente trabajo que una de las mayores demandas de muchos países de la región es la asesoría de la Direcom, porque recién están iniciando un proceso de negociación con otras naciones. Por lo tanto, si están requiriendo de su experiencia, de su know how, es porque claramente reconocen su profesionalismo.
Reitero que es el único caso en que aumentaría la planta de personal.
Ojalá que en el futuro proyecto esa dirección tenga al menos el rango de subsecretaría. Desde el punto de vista protocolar, nos parece conveniente que tenga ese rango y no quede sólo como una dirección económica.
Es importante estábamos todos de acuerdo y espero que así lo manifestemos en esta Sala el traspaso de la Agencia de Cooperación Internacional desde el Ministerio de Planificación al de Relaciones Exteriores, porque la cooperación tiende a ser cada vez más un instrumento de las relaciones internacionales.
A partir de 1990, cuando Chile recuperó su democracia, sobre todo al inicio, recibió muchísimo apoyo en cooperación. Hoy, a mi juicio, todavía demasiado lentamente, comenzamos a devolver la mano en el sentido de que estamos ejerciendo la cooperación con terceros países, apoyando en aquellos temas, criterios y necesidades que formulan a Chile.
En consecuencia, es importante que la Agencia de Cooperación Internacional sea parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por tanto, de este conjunto que requerimos para racionalizar.
¿Qué duda cabe de que hoy han surgido nuevos temas? Ya no sólo son los de mayor intercambio comercial.
¿Qué duda cabe de la emergencia de nuevos temas en política exterior? Por ejemplo, está todo lo referido a narcotráfico, a trata de blancas, a crimen organizado, a medio ambiente, a discapacidad, lo que nos obliga a una mayor y mejor coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y diversos organismos públicos y privados que se preocupan de estos temas.
Por estas razones, teniendo claro que no es el proyecto de ley que produce la gran transformación de nuestra Cancillería , pero que es necesario para dotarla de la necesaria capacidad de adecuarse a los tiempos modernos, a las exigencias actuales y a nuestras obligaciones perentorias, no tenemos ninguna duda de que este paso es indispensable, teniendo siempre en consideración que estaremos atentos a un proyecto más amplio, que abarque verdaderamente la transformación más radical de la Cancillería, la cual, sin lugar a dudas, tendrá que tomar en cuenta la opinión de las organizaciones gremiales y abarcar materias que el proyecto no considera, lo cual no significa que éste no sea serio.
Necesitamos dotar a la Cancillería de la posibilidad de adecuarse, flexibilizarse y hacer frente a las nuevas demandas y nuevas realidades, a los nuevos temas, compromisos y tratados y, sobre todo, debemos tener presente lo que significa para los funcionarios esta asignación de estímulo que, como hemos dicho, compensa medianamente los recursos pagados por la vía de las horas extraordinarias, y que va a permitir al menos que el monto sea del 15 por ciento del sueldo base asignado al grado respectivo, más las asignaciones legales vigentes. Esto compensará además a los funcionarios de servicio exterior cuando se encuentran en Chile y reciben, además, su remuneración en moneda nacional.
En la asignación no están incluidos el ministro, el subsecretario, el director nacional de Fronteras y Límites ni el director del Instituto Antártico Chileno. Esto hay que dejarlo claro.
Sin embargo, existe un compromiso que deben cumplir el subsecretario y los directores que acabo de mencionar, llamado convenio de cumplimiento de estos objetivos, que se relaciona con el mejoramiento de gestión y de eficacia institucional.
Por todo lo anterior, anuncio el voto favorable de mi bancada, porque ha llegado el momento de dar un salto cualitativo que nos permita adecuarnos a las nuevas funciones y a los nuevos requerimientos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, como decía la diputada Isabel Allende , en el ánimo de dar un respaldo al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, quien se encuentra frente a un proyecto bastante avanzado y en el cual trabajó la ex canciller Soledad Alvear en la Cámara en varias instancias, vamos a aprobar la iniciativa, la cual, por no tener indicaciones, debiéramos votarla en particular y en general.
Asumido lo anterior, tengo dos ideas; podrán ser buenas o malas, pero quiero sugerírselas al señor ministro y a su equipo para que las estudien.
En los últimos años hemos estado viviendo un nuevo ambiente internacional. Se habla de que hay más de dos mil tratados y convenios internacionales vigentes, y Chile está participando aceleradamente en muchos de ellos, lo cual cambia las mecánicas tanto legal, económica y formal de trabajar debido a que esos tratados, en muchos aspectos, afectan una parte de la soberanía de los estados que los firman.
A través de esos convenios, muchos inversionistas multinacionales y multilaterales utilizan esa entrega de soberanía en favor de ellos, quedando los países un poco entregados a una generación de disputas que después se tramitan en tribunales internacionales, que de una u otra manera tienen atribuciones para interpretar las leyes, dilucidando diferencias entre inversionistas y los diferentes Estados.
Recuerdo que inversionistas malayos reclamaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi , uno de los tribunales que dependen del Banco Mundial, lo que significó a la postre al Estado chileno el pago de cerca de 6 millones de dólares. Entiendo que se trataba de una interpretación y ganaron porque no se les advirtió acerca de una serie de restricciones y realizaron algunas inversiones que no fructificaron.
Está cercano el revuelo que levantó el proyecto del royalty. Cabe señalar que el 2 de noviembre vuelve el tema a la Cámara. ¿Acaso no recordamos que el Consejo Minero amenazó, mediante inserción en los diarios, llevar al Estado chileno a organismos internacionales porque con ese proyecto se vulneraría el decreto ley Nº 600, de 1974, que garantizaba invariabilidad tributaria? Es decir, previamente a que la Cámara legisle, comenzamos a utilizar esos tribunales internacionales para demandas millonarias en dólares.
El fenómeno es nuevo y no sé si fue recogido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. No se trata de una crítica; no sé si tiene los recursos necesarios, pero hay que avanzar en los hechos.
En el Senado y en la Cámara nos dimos cuenta de que no correspondía la discusión presupuestaria una vez al año y durante un mes y medio, sino que debía ser permanente. Entonces, nos pusimos de acuerdo con el Senado; se tramitó un proyecto de ley y creamos una subcomisión, una asesoría dentro de la Comisión de Hacienda para que nos ayude y respalde durante todo el año a fin de fiscalizar trimestralmente. El diputado Jaramillo me acompañó en la gestión.
Cuando uno hace sugerencias al Ministerio de Relaciones Exteriores no es para criticar, sino porque los tiempos cambian. Me parece que la capacidad legislativa del ministerio, desde los puntos de vista legal y económico, hoy para defenderse, con razón o sin ella, de las imputaciones que puedan formular grandes inversionistas internacionales estos ganaron 6 millones de dólares en un juicio pequeño, pero respecto de un royalty pueden ser 50 ó 100 millones de dólares, claramente justifica la creación de una unidad nueva en su interior. Dicha unidad debe planificar y prever posibles conflictos con relación a la legislación vigente, a la que se está tramitando, a los tratados que firmamos con Europa, Estados Unidos, Canadá y México y a los que vamos a firmar con China, Japón , India , etcétera.
Se necesita una entidad que analice las distintas áreas. En su minuto puede ser la celulosa, la farmacia, las patentes o la pesca. Muchos temas pueden entrar en debate con los inversionistas. Puede ser la aplicación del decreto ley Nº 600, aduciendo que se dio invariabilidad y que después se cambiaron las reglas del juego. Pueden ser demandas de millones y millones de dólares.
Por lo tanto, ¿no se justifica tener dentro de esta organización es lo que sugiero una unidad específica que estudie estos tratados desde esta óptica, que prevea posibles escenarios de conflictos? Sabemos que los conflictos pueden ser reales, serios y que lógicamente deben plantearse.
Así como dentro de la Concertación debemos estudiar los posibles escenarios acerca de cómo vamos a designar a nuestro candidato a partir del 1 de noviembre, uno debe prever los escenarios.
No sólo Chile debe contar con una fuerza multidisciplinaria, integrada por economistas, abogados, etcétera, todos los países latinos vamos a estar en esta mecánica, porque esta unidad original, nuestra, a su vez hace que se cree una unidad de consulta latinoamericana. De esa manera, podríamos enfrentar proyectos, alegatos o ataques legales comunes frente a inversionistas multinacionales provenientes de países más poderosos.
Dicho organismo, además de prever las situaciones de Chile, puede recibir consultas acerca de lo que está pasando en otros países, qué conflictos o litigios enfrentan y cómo los afrontan. La idea es tener información.
Si el Ministerio de Relaciones Exteriores no está inserto en este mundo globalizado, quiere decir que no sólo estamos perdiendo una capacidad de acción prospectiva, puesto que una sola demanda que perdamos, como la de los malayos, nos puede costar 6 u 8 millones de dólares, sino que se justifica cualquier aumento presupuestario en este sentido.
Me parece que éste es el minuto de pedir, como lo hicimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la formación de una unidad multidisciplinaria, con distintos profesionales, aparte de la que ya tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no funciona y no la estamos criticando. Pero, en esa Cartera debe haber una capacidad de reacción para enfrentar hechos mucho más poderosos, como las demandas internacionales que interponen grandes y multifacéticos equipos jurídicos. No sé si ahora, pero al menos más adelante se debería evaluar la posibilidad de crear en ese ministerio una unidad distinta, separada, enfocada solamente a prevenir, a interpretar convenios y tratados internacionales, a tener información acerca de lo que pasa en otros países, con los tipos de demanda que se puede enfrentar, de los inversionistas, en fin, tener todos los antecedentes del caso y estar preparados para defender al país con dos o tres abogados parttime. Sé que a veces se contratan asesores externos, pero no es lo mismo y por ahí se critica, dependiendo de que sea del Gobierno o de la Oposición, que se contrató a tres o cuatro abogados de primer nivel, que son tuyos o son míos, que ganan un millón o quinientos mil dólares, 10 por ciento, cifras millonarias. Se justifica tenerlos adentro para que se posesionen del espíritu del Ministerio de Relaciones Exteriores por encima de los partidos políticos y hagan la defensa corporativa de nuestro país frente a los tratados que vamos a seguir firmando.
Esa es la primera sugerencia que hago al ministro.
En segundo lugar, debo señalar que estoy un poco confundido. Iba a presentar una indicación, pero no lo haré en el ánimo de colaborar a que el proyecto avance en su tramitación, pero sí me gustaría tener una respuesta, no ahora pero en algún minuto, para no vernos enfrentados en el futuro con alguna complicación.
El proyecto traspasa la Agencia de Cooperación Internacional desde el Mideplán al Ministerio de Relaciones Exteriores. Tengo en mi poder la ley de Mideplán, de 1990, que hace una serie de referencias a dicha agencia. Es cierto que ahora queda bajo la tuición de Relaciones Exteriores, pero el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, presidida por la diputada Isabel Allende y con la participación de las diputadas señoras Rosa González , Lily Pérez , Laura Soto y de los diputados Francisco Bayo , Gonzalo Ibáñez , Carlos Abel Jarpa , Cristián Leay , Juan Masferrer , Carlos Montes , Waldo Mora , Iván Moreira , Edgardo Riveros , Jorge Tarud , Edmundo Villouta y Patricio Walker , dice: “Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de ley que establece normas para el mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Entiendo que estamos cambiando toda una organización al trasladar la Agencia de Cooperación Internacional desde el Mideplán hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, en circunstancias de que en la ley de Mideplán queda una serie de artículos relacionados con esa unidad que el día de mañana pueden prestarse a que este ministerio sienta que aún cuenta con disposiciones que le permiten tener ingerencia en ella.
A lo mejor no es necesario, pero para mayor claridad creo que debió pedirse un estudio en derecho y eliminar cualquier referencia al Mideplán. Si la idea es traspasar la Agencia al Ministerio de Relaciones Exteriores deberá hacerse con sus cosas positivas y negativas, sin dejar una serie de normativas que no cambiamos. No tocamos la ley del Mideplán, en circunstancias de que deberíamos decir: todo lo relacionado con la Agencia sale del Mideplán y ríjase por las nuevas modificaciones que estamos introduciendo en el decreto con fuerza de ley del Ministerio de Relaciones Exteriores.
No sé si el tema da para que los asesores legales o legislativos del ministro le den una vuelta al asunto, con el objeto de evitar problemas de interpretación de dos leyes.
Obviamente, no voy a presentar la indicación, pero espero tener más adelante una respuesta del ministro respecto de una unidad que nos garantice una buena defensa y que no perderemos demandas millonarias las vamos a tener, porque contaremos con un equipo multidisciplinario imbuido del sentimiento de pertenecer al Ministerio de Relaciones Exteriores y de asumir la defensa nacional del país en el exterior.
Un abogado externo cumplirá bien su función, pero lo hará por una remuneración. Queremos gente que, más allá de la remuneración, sienta lo que aporta al país desde su Ministerio de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, coincido con lo expresado por algunos diputados en cuanto a que no estamos ante el gran proyecto de reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino frente a una iniciativa que aborda algunas situaciones que requieren una rápida solución. Estamos a la espera del proyecto de reestructuración definitiva, que se haga cargo de las nuevas realidades que el país tiene en sus vínculos con el exterior, tanto en los planos bilaterales y multilaterales como en los aspectos políticos, económicos y humanitarios, lo cual, como lo señaló la diputada señora Isabel Allende , se lo debemos al progreso y a la realidad que alcanzó el país una vez recuperada la democracia. Para consolidar el desarrollo acumulado en los diversos ámbitos, se requiere una reestructuración de dicha secretaría de Estado.
En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores hay materias con especial peculiaridad de las cuales se hace cargo el proyecto. Su disposición más discutida fue el numeral 2) del artículo 1º, que modifica el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 161, de 1978, que entrega facultades al subsecretario de Relaciones Exteriores.
Estamos ante una situación particular, que no se da en otros ámbitos de la administración del Estado, pues hay unidades de la Cancillería que tienen un estatuto diferente al de otras estructuras y unidades estatales, como la Difrol, la Direcon y el Instituto Antártico Chileno. Si bien esos organismos están dentro de la estructura del Ministerio, su personal es distinto al de otras unidades que gozan de un estatuto de autonomía y cuyo jefe o director de servicio tiene rango ministerial, como es el caso del Sernam. La directora de este servicio tiene rango ministerial y se relaciona con el Presidente de la República a través del ministro del Mideplán. En el proyecto en estudio, estamos en presencia de unidades que gozan de autonomía en sus acciones, pero que tienen una estructura funcionaria dentro del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al tenor del informe respectivo y del criterio expresado en una minuta por la Contraloría General de la República, se advierte que es conveniente dejar establecido en este proyecto las facultades del subsecretario, pues en la estructura ministerial ellos son los jefes de servicio, no los ministros. De manera que es importante contar con ese cuadro de referencia.
Reitero, entonces, lo relacionado con los elementos especiales que tiene este artículo, que fue el más debatido, en la especie que estamos observando.
Hay un punto muy importante que debe tenerse presente: la dependencia de la Agencia de Cooperación Internacional.
Para su tranquilidad, señor Presidente, revisamos el tema en relación con la ley del Mideplán. Tanto es así que, en la consolidación del traspaso, deja de llamarse Ministerio de Planificación y Cooperación, pues se elimina el concepto de cooperación, con el objeto de dejar sólo la idea matriz de la gestión de ese ministerio, que es la planificación. De esta manera, cualquier concordancia futura parte de este elemento fundante y estructurado que es la naturaleza misma del Ministerio de Planificación.
Por otra parte, es muy importante la distinción a que hacía mención la diputada señora Isabel Allende , sobre lo que hacemos con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, el Instituto Antártico Chileno y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. A diferencia de las dos primeras, en esta última se refuerza su personal, lo cual se define, de manera específica, en un artículo transitorio.
Para nadie es un misterio el éxito que Chile ha tenido en sus procesos de negociaciones, pero debo agregar un elemento vital: no basta negociar y obtener éxito en los tratados internacionales, sino que también se debe hacer un seguimiento de los mismos, lo cual es muy importante efectuar de manera profesional, acuciosa, permanente, con el personal adecuado, a fin de que lo buscado a través de esos tratados tenga correspondencia con su ejecución. Eso obliga a realizar un trabajo de seguimiento que, de manera importante, no exclusiva, debe estar radicado en la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería.
En un proyecto posterior sobre reestructuración definitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, se podría esperar que todo el trabajo económico y comercial tenga un rango tal en la estructura que, incluso, mejore su situación actual.
Respecto de la publicidad de los actos administrativos, que implican recursos y personal, todos estamos de acuerdo. Si se declaró inadmisible una indicación presentada por algunos señores diputados, se debió a razones reglamentarias y constitucionales.
En la discusión en la Comisión, el subsecretario se comprometió a poner a disposición de la opinión pública y, en especial, de los parlamentarios, toda la información que sea necesaria, porque estamos interesados en que exista transparencia, eficacia, y no acomodación en el nombramiento de los funcionarios, como señaló el diputado Moreira , a quien debo recordar que la expresión “ventaneros” no se acuñó durante la democracia, de 1990 en adelante, sino en el período en que este país no había democracia y no se podían discutir las cosas con transparencia, con claridad y ante la opinión pública en un Parlamento como éste.
Desde ese punto de vista, es muy importante tener presente eso como un objetivo común; pero cuando se hace referencia a esta materia, no me parece pertinente comparar la situación producida en democracia con la que se produjo en una época en que en nuestro país no había posibilidad de debatir las cosas como se hace en la actualidad.
Por tener claro el contexto en el que se da el proyecto, por la forma en que se ha desarrollado su discusión y por la urgencia de algunas de sus disposiciones, no he querido referirme a una materia que concitó absoluto consenso en la Comisión, cual es la regularización de las remuneraciones del personal del Ministerio.
Por lo expuesto, la bancada de la Democracia Cristiana dará su aprobación en general y en particular al proyecto.
Señor Presidente, como aún me queda tiempo para intervenir, por su intermedio, concedo una interrupción al diputado señor Jorge Burgos .
El señor LORENZINI (Presidente).-
Señor diputado, estamos a un minuto del término del Orden del Día y faltan por intervenir cinco señores diputados.
Propongo a la Sala la aprobación de una de las siguientes posibilidades:
Primero, prorrogar el Orden del Día por media hora, otorgar la palabra por cinco minutos a los diputados inscritos para intervenir, y votar el proyecto al término del debate;
Segundo, cerrar ahora el debate y que los diputados que restan por intervenir inserten sus discursos, y
Tercero, continuar la discusión del proyecto en una próxima sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, con el objeto de que intervengan todos los señores diputados que lo soliciten, nos parece preferible la tercera posibilidad planteada por su señoría, es decir, continuar la discusión del proyecto en una próxima sesión.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Continúa la sesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, ha terminado el Orden del Día. En seguida, sólo intervendrá y por cinco minutos, en uso de la interrupción concedida por el diputado señor Riveros , el diputado señor Burgos . En una próxima ocasión, continuaremos con la discusión del proyecto.
Tiene la palabra el señor Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, las virtudes de esta básica iniciativa de reforma del estatuto del Ministerio de Relaciones Exteriores han sido claramente expresadas por la diputada Isabel Allende y el diputado Riveros .
Quiero formular algunas consideraciones respecto de ciertos puntos de su intervención, señor Presidente.
En particular, sobre la necesidad de crear instancias de prevención de posibles conflictos, es absolutamente razonable. Pero se debe echar una mirada global a nuestra legislación. El Congreso acaba de aprobar el proyecto de ley sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, uno de cuyos objetivos es prever situaciones internacionales que nos afecten, dada nuestra condición de economía abierta, exportadora. En esa iniciativa se establecen los instrumentos con los cuales contará una Agencia para entregarle al Estado, a los ministerios, capacidad de anticipación frente a posibles conflictos. Por ejemplo, si mañana advierte que nuestra exportación salmonera va a sufrir un nuevo embate por parte de productores de países nórdicos, debería concretarse una de sus fortalezas: la capacidad de adelantarse, de prevenir ese tipo de hechos, en interlocución con el aparato gubernamental, en particular con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En consecuencia, creo que lo que su señoría con razón previene está establecido como una prioridad básica, como uno de los objetivos centrales de la Agencia Nacional de Inteligencia. Es cierto que en la actualidad ella es sólo un marco teórico y que deberemos ver cómo anda en la práctica; pero ahí está la apuesta del Estado de Chile a la hora de la prevención de fenómenos propios de la globalización.
Un segundo aspecto al que se refirió, que me parece sumamente pertinente, dice relación con qué estamos haciendo respecto de la contratación de estudios jurídicos ante conflictos internacionales ya radicados en tribunales ordinarios arbitrales. Al efecto, citó un caso que se discute en la actualidad en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi , cuyo resultado, en primera instancia, ha sido malo para los intereses del país.
La única duda que tengo es si ésta es la instancia procesal adecuada para aquello. Entiendo que en el proyecto de ley de Presupuestos, específicamente en la partida referida al Ministerio de Economía, vienen un par de glosas vinculadas al Comité de Inversiones Extranjeras, que dicen relación con fondos para gastar en posibles contrataciones de estudios extranjeros. A eso hay que adicionarle yo invito a que presentemos juntos una indicación una norma que haga obligatoria la existencia de un comité intergubernamental a la hora de adoptar esa decisión, en el cual no puede estar ausente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, es necesario agregar que la contratación de los estudios de abogados extranjeros se haga, a lo menos, de conformidad con el sistema de licitación privada.
He dicho.
El señor LORENZINI (Presidente).-
La discusión del proyecto continuará en una próxima sesión.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
SUSPENSIÓN DEL PROYECTO “PORTAL BICENTENARIO”, EN ESPECIAL DEL CIERRE DEL AEROPUERTO LOS CERRILLOS. (Votación).
El señor LORENZINI (Presidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 477, sobre la suspensión del proyecto “Portal Bicentenario”, en especial el cierre del aeropuerto Los Cerrillos.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertoloni , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Egaña , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García-Huidobro , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Kast , Letelier (don Felipe) , Longueira , Mella ( doña María Eugenia) , Moreira , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Riveros , Rojas , Salaberry , Salas, Sánchez , Silva , Tarud , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Varela , Vargas , Vilches y Walker .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio , Burgos , Ceroni , Hales , Luksic , Meza , Muñoz ( doña Adriana) , Ojeda , Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Saa (doña María Antonieta) , Seguel , Soto (doña Laura) , Tohá (doña Carolina) , Valenzuela y Vidal (doña
Ximena).
Se abstuvieron los diputados señores:
Espinoza y Ortiz .
PATROCINIO DEL EJECUTIVO PARA PROYECTO SOBRE SUPLEMENTEROS.
El señor LORENZINI (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 478, de los señores Longton , Encina , Galilea, don Pablo ; Hidalgo , González, don Rodrigo ; Bustos , Bertolino , Palma , Errázuriz y Mella , doña María Eugenia , que tiene como adherentes a los señores Hernández , Becker y Leay .
“Considerando:
Que legislaciones especiales dictadas muchas de ellas hace más de tres décadas establecieron rigideces que aún subsisten en importantes sectores;
Que una situación evidente de lo anterior la representa la ley Nº 17.393, denominada ‘Ley sobre los Suplementeros’. Ésta contiene múltiples disposiciones que no se aplican, o, peor aun, contempla restricciones anacrónicas para el desarrollo de esta actividad;
Que las definiciones y alcances de la ley no se condicen con la evolución y las variaciones que ha experimentado económica y comercialmente la dinámica de este quehacer;
Que las enmiendas legales requeridas exigen un impulso del Gobierno, ya que las materias son de su exclusiva iniciativa, y
Que los suplementeros han hecho un esfuerzo importante para subsanar lo anteriormente señalado, han representado su inquietud ante esta Cámara de Diputados y han elaborado un completo proyecto de modificación legal que permitirá las modernizaciones que se imponen.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que tenga a bien instruir al ministro del Trabajo y Previsión Social a efectos de que estudie y proponga las modificaciones que se indican en el proyecto de ley ‘Sobre los Suplementeros’, que se adjunta.”
I. Idea matriz del proyecto de ley sobre los suplementeros.
En la línea de reflexionar acerca de la aplicación de la ley Nº 17.393, actualmente vigente y conocida como ley sobre los suplementeros, es claro que no se pretende su derogación, total o parcial, sino que, muy por el contrario, lo que se busca es, por una parte, poner en efectivo funcionamiento sus instituciones y, por la otra, dar una respuesta adecuada y de modernidad a los aspectos omitidos en ella y que derivan de los nuevos tiempos que vive el gremio de suplementeros, lo que justifica su corrección.
Entonces, redefinir, mediante la modificación propuesta, la identidad y la naturaleza del suplementero permitirá no sólo distinguir a quien presta este importante servicio social, sino que, además, posibilitará a quien posea el reconocimiento de tal utilizar una normativa ‘efectiva’ que lo faculte para actuar en ámbitos económicos y comerciales hoy vedados al gremio como tal o a sus asociados en particular.
La adecuación normativa solicitada parece más acorde con las actividades desplegadas hoy por los beneficiarios de ella y pertenecientes al gremio. Ello, por cuanto el quehacer del suplementero se ha ido ampliando más allá de la sola comercialización de impresos a otros productos complementarios e incluso distintos, o bien, porque sus prestaciones hoy se pueden efectuar por otros medios que la ley no contempló. Todo esto se puede lograr sin variar el sentido de protección y reconocimiento que se tuvo al dictar la ley vigente.
Baste señalar, a modo de ejemplo, todos los productos impresos electrónicamente que hoy comercializa el suplementero, tales como los videos, los discos compactos, etcétera.
Además, al quedar abierta la norma a la comercialización de “otros productos de escaso valor unitario”, es necesario enmendar la ley, en el sentido de señalar que la prestación efectuada por el suplementero debe constituir su giro principal. Ello, para evitar que se distorsione el sentido de la ley, como, en ciertos casos, ha venido aconteciendo.
Se intenta, en definitiva, que, respecto de estos compatriotas se pueda adecuar la ley en materia previsional a los sistemas vigentes, así como también ampliar y, a la vez, delimitar la naturaleza de sus prestaciones efectivas. El objetivo es incorporar a los beneficiados por esta ley a la modernidad alcanzada por el resto de los ciudadanos, hacer efectivas las normas del cuerpo legal que los ampara y que todo ello, en consecuencia, se transforme en una expectativa legítima de crecimiento y mejora social que les otorgue una adecuada y digna calidad de vida.
II. Antecedentes generales.
El 3 de diciembre de 1970 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 17.393, denominada ‘ley sobre los suplementeros’, que norma su situación previsional, a iniciativa del diputado señor Evaldo Klein Doemer , mediante la moción propuesta como ‘Fundación del Departamento Previsional de los Suplementeros’. Aun cuando no existe una adecuada y suficiente historia fidedigna del establecimiento de esta normativa, que ilustre acerca de cuáles fueron los fundamentos de su dictación, no es menos cierto que su establecimiento obedeció a dar respuesta social a una situación de injusticia, basada en una particular cualidad de quienes poseían la condición de suplementeros. La ley no consistió sino en reconocer que, en las grandes directrices del área empresarial y salarial de la época, había sido marginado un grupo importante de compatriotas, que en su naturaleza no eran ni empresarios empleadores ni trabajadores sometidos a subordinación y dependencia de terceros, pero que se encontraban desamparados en áreas tan sensibles como la previsional, entre otras.
Su marginación social en el área previsional causaba un detrimento que era urgente y necesario rectificar, como efectivamente lo efectuó.
Sin embargo, aquella normativa, que se conformó a las condiciones históricas de aquel tiempo y que se mantiene vigente hasta la fecha, no parece ya suficiente para responder a los nuevos tiempos que vive el país y a los desafíos a que se enfrenta el gremio de los suplementeros en el futuro mediato.
III. Fundamento.
Si bien se estima que, en materia previsional, la ley en comento respondió a las necesidades de sus beneficiados, ello no impide desconocer que, de las materias asumidas, varias instituciones normadas por ella aparecen, en los hechos, en desuso, por falta de reglamentación o de las instancias adecuadas que pongan en marcha los órganos que el legislador dispuso para resguardar a este gremio.
Tal es el caso del Registro Nacional de Suplementeros, establecido por el artículo 2º de la ley en cuestión, o la situación de las llamadas Comisiones Clasificadoras, las que, aunque no se encuentran derogadas, ciertamente tampoco están actuando conforme a la finalidad para la que fueron creadas, lo que ha causado serios problemas a la confederación y a los sindicatos bases de los suplementeros, que han debido enfrentar los intentos de paralelismo sindical fomentado por quienes, no reuniendo los requisitos del artículo 1º y en abuso del derecho, se organizan al amparo de la facilidad que conceden, en algunos casos, las leyes sobre organizaciones sindicales, para hacer mal uso de las disposiciones tributarias y disfrutar de los actuales escasos beneficios previsionales que los protegen.
Como se ha expresado, un primer elemento ilustrativo es reconocer que el gremio, en su naturaleza e identidad, vive una situación de desigualdad y de cierto ostracismo, pues no se amolda a la condición de ‘trabajador’, amparado por una normativa que resulta extraña, y no se encuentra bajo la subordinación y dependencia que distingue al trabajador asalariado, ni tampoco tiene acceso a medios o facultades para actuar en el ámbito de 'pequeño o mediano empresario’, que es un símil cada vez más cercano al verdadero 'ser' del suplementero.
Es un hecho sin discusión que la legislación laboral no acoge a los suplementeros como sujetos plenos de su aplicación normativa.
En efecto, el suplementero no es en esencia un ‘trabajador’ sujeto al vínculo de subordinación y dependencia. Ni siquiera su calificación de trabajador independiente abarca las necesidades del gremio en su quehacer diario. No existe, a su respecto, subordinación, pues el suplementero es, en esencia, una extraña mezcla de vendedor comisionista y pequeño empresario y, además, un trabajador independiente que sólo responde a las directrices que para sí mismo se determina, pero que, a su vez, se encuentra regulado por un convenio comercial que lo obliga. Del mismo modo, en materia económica, no depende de un tercero empleador, sino de sus propios esfuerzos.
Ahora bien, es posible determinar categóricamente que los ‘trabajadores suplementeros’ no resultan ser dependientes de persona ajena alguna y que sus ingresos provienen sólo de su propio quehacer.
Por esa misma situación evidente, el trabajador suplementero no se encuentra sometido al régimen de protección social, laboral, económica, etcétera, que depara el derecho laboral a los trabajadores.
Ello queda demostrado cada vez que surge un 'conflicto laboral’ con sus pares de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), puesto que los organismos fiscalizadores de la Dirección del Trabajo y los propios Tribunales del Trabajo se declaran 'incompetentes' para ver cualquier litigio que se presente entre el gremio y sus proveedores, todo ello por tratarse de contingencias de tipo comercial y no laboral.
Por el contrario, las relaciones de este gremio con las empresas afines se hallan regladas en su casi totalidad por disposiciones normativas de carácter económico y comercial, ajenas al derecho laboral. Sus entes fiscalizadores son los más idóneos para conocerlo.
Igualmente, desde la dictación de la ley Nº 17.393, miles de suplementeros han visto negado su acceso al crédito por no contar, entre otros factores, con medios para acreditar sus ingresos y flujos, lo que los transforma en marginados del crecimiento social y económico del resto de sus compatriotas.
De aplicarse estrictamente la normativa bancaria al suplementero que aspira a ser reconocido como sujeto de crédito en cuanto busca el apoyo económico de la banca formal a efectos de acceder a capital de trabajo para desempeñar su actividad de manera más adecuada no podría ser financiado, pues los suplementeros son calificados como trabajadores independientes, pero que, en su calidad de micro y pequeños empresarios y por las características de su labor no cumplen con los requisitos que los bancos exigen para la concesión de financiamiento.
Más de siete mil suplementeros y sus familias han quedado en una situación de desigualdad, detrimento e injusticia, al permanecer marginados del crédito y ajenos, en consecuencia, a facilidades de financiamiento para sus proyectos de modernización de quioscos o, en su caso, para resolver sus necesidades de financiamiento familiar, seguros, salud y previsión social.
Esta suerte de discriminación tiene su origen en la ley, por omisión, pues legisló para un gremio estático, lo que inhibe su adecuación a nuevas realidades, puesto que Chile se ha desarrollado en las últimas décadas, lo que obliga al gremio a enfrentar a los nuevos desafíos vestido de ropaje antiguo. Es necesario incorporar, también, a los suplementeros y a sus familias a la modernidad económica, social, tecnológica y bancaria.
Cabe señalar, no obstante, que, a fines de 2003, la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile (Conasuch) firmó un convenio con el Departamento de la Microempresa del BancoEstado, para incorporar al suplementero a la bancarización, mediante el otorgamiento de créditos para capital de trabajo para la modernización de sus lugares de labor, el acceso al uso de tarjetas de débito, entre otros fines.
Pero todo ello surge a raíz de una política de apertura del propio banco, la que nace de un compromiso del gerente general del Departamento de la Microempresa y del propio presidente de esa entidad, al objeto de dar un lugar y una oportunidad a los pequeños microempresarios para ayudarlos en su crecimiento y consolidación. Lo anterior ha constituido una excepción, pero lo que se pretende es el ejercicio de un derecho que, como ciudadanos y contribuyentes, les corresponde legítimamente a los suplementeros.
Otro aspecto de una adecuación legislativa o estatutaria, que permitiría beneficiar a los más de siete mil asociados al gremio y a sus familias, es el acceso al uso de franquicias tributarias propias de los pequeños y medianos empresarios.
El sistema de tributación al que están afectos los suplementeros, a través de la retención de impuestos por terceros y de renta presunta, no refleja convenientemente la expresión de sus ingresos ni tampoco les permite aprovechar los recursos de dicha fuente que podrían utilizar. Lo anterior, les posibilitaría en justicia tener acceso al mismo sistema crediticio y a los recursos que el Estado otorga para capacitación a todas las personas, con exclusión de este gremio.
Tampoco el régimen previsional y de salud que contempla la ley Nº 17.393, actualmente vigente, es totalmente adecuado a sus necesidades. La norma que estableció el régimen previsional de los suplementeros y creó su registro, además, encomendó a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) la obligación de recaudar las imposiciones de los suplementeros para financiar su sistema previsional. Ello facultaba al suplementero para acrecentar su cotización previsional mensual mediante la recaudación diaria en las agencias distribuidoras, siendo de cargo de sus agentes integrar estos montos al servicio, lo que dio continuidad a la cotización, por la facilidad que significaba el ahorro diario de su monto, y evitó el riesgo de que esos recursos se utilizaran en otros fines cuando le eran entregados al beneficiario para su integración al sistema.
Posteriormente, el artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, estableció que los trabajadores independientes deberían cotizar mediante el sistema de talonarios, mediante lo cual traspasó directamente al suplementero la responsabilidad de integrar sus cotizaciones al servicio.
La ley Nº 19.785 publicada en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2002, en su artículo 5º, interpretó tal disposición como la exención de la obligación de los agentes distribuidores de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de recaudar esos fondos diariamente, lo que determinó, en los hechos, que la otrora cotización obligatoria se transformó en una mayor disposición de fondos y no en un ahorro previsional, cual era la idea de la norma primitiva.
El artículo 9º de la ley Nº 17.393 debiera restablecer la obligación de enterar las cotizaciones durante el tiempo que los suplementeros realicen su actividad, restituyendo el compromiso de las agencias asociadas a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de recaudar obligatoriamente esos fondos. Será responsabilidad del asociado, entonces, o de la propia organización gremial que lo representa, en su caso, velar por que se cumpla oportunamente con integrar dichas cotizaciones al régimen previsional.
Ha sido el propio Gobierno el que ha manifestado su deseo de que los independientes coticen en las instituciones previsionales, tanto para evitar la indefensión en que quedarían estos trabajadores como por la enorme carga que significaría para el Estado financiar sus necesidades. El gremio de suplementeros asume tal compromiso y manifiesta su voluntad de concretar esa aspiración. Sólo pide que se le otorguen los medios para hacerla realidad.
En provincias, las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) deben entregar a los sindicatos asociados a la Confederación el 1 por ciento del valor neto de las ventas que efectúen los suplementeros; en Santiago, en tanto, la Asociación tiene la carga de atender las consultas de primeros auxilios en su policlínica, de acuerdo con el artículo 14 de la ley en comento.
A más de treinta años de su aplicación, se puede concluir, con fundamento, que es de toda justicia modificar tal normativa, quitando a los suplementeros de Santiago la calidad de cuasi incapaces relativos, inhibidos de administrar lo suyo. Es menester permitirles optar al beneficio legal de prestar un servicio de mejor atención a sus propios asociados. Por ello, se propone adecuar el artículo 14 de la ley Nº 17.393, al verdadero espíritu del artículo 78 de la ley
Nº 10.383, en el sentido de que las empresas, sindicatos o asociaciones patronales u obreras que demuestren mejores condiciones que el Servicio Nacional de Salud para efectuar prestaciones por enfermedad y maternidad podrán acordar, con el servicio respectivo y los usuarios, la entrega de esas prestaciones, pudiendo recibir los recursos que para estos fines otorga tanto el servicio como aquellos que la propia ley Nº 17.393 consagra a través de sus convenios.
Desde la vigencia de esta ley, ha sido posible constatar que ha mostrado diversos vacíos y deficiencias que le han impedido cumplir eficazmente con los fines de carácter reparativo que fundamentaron su dictación.
IV. Regulación constitucional del proyecto de ley.
La modificación de la ley en comento apunta a hacer efectivo el principio constitucional consagrado en el artículo 19, número 2º, de la Constitución Política de la República, cual es el de reconocer 'la igualdad ante la ley’, incorporando al desarrollo del país a miles de chilenos que, aun cuando ello no se ha pretendido, han sido marginados del crecimiento y de la modernidad del país.
Del mismo modo, la ´libertad del trabajo y su protección’, consagrada en el artículo 19, número 16º, de la Constitución Política de la República, que, en su inciso tercero, estatuye el principio que debe imperar en las relaciones laborales, a saber, entre otros, o el de la no discriminación.
V. Análisis normativo y moción de corrección.
A.El sistema actual y sus beneficios.
El sistema actual contempla cuatro beneficios posibles:
1.Régimen previsional.
2.Sistema de salud administrado por terceros.
3.Reconocimiento normado de la calidad de suplementero.
4.Derecho a suscribir convenios exclusivos con la ANP.
Los tres primeros requieren de la calificación de suplementero. Para acogerse a estos beneficios, es necesario que determinen tal calidad las Comisiones Clasificadoras dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, organismo que, además, deberá llevar un registro permanente de los mismos, como lo establece en su artículo 2º la ley Nº 17.393.
El cuarto beneficio no requiere de la acreditación de la calidad de suplementero, pero otorga un reconocimiento especial de igualdad y protección frente a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Para determinar la naturaleza de los beneficiados con esta ley, ella señala de manera expresa, en su artículo 1º, que ‘Se entienden por suplementeros las personas que obtengan sus medios de subsistencia de la venta habitual al público de diarios, revistas y otros impresos periódicos’.
El Servicio de Impuestos Internos (SII), además, al definir el ámbito gravado del quehacer de los suplementeros, en la circular Nº 32, de 21 de febrero de 1975, al pronunciarse acerca de la tributación de este gremio, dispuso que “Debe entenderse por suplementero a los pequeños comerciantes que ejercen la actividad de vender en la vía pública periódicos, revistas, folletos, fascículos y sus tapas, álbumes de estampas y otros impresos análogos, sean nacionales o extranjeros”. Más adelante, señaló que “podrán complementar su actividad con la venta de cigarrillos, juegos de azar, confites, galletas y otros productos de escaso valor unitario”.
B.Balance de la aplicación de la ley.
Durante más de treinta años de la aplicación de la ley Nº 17.393, se ha sometido a calificación de las Comisiones Clasificadoras Provinciales a más de ocho mil solicitudes. Han sido calificados como suplementeros más de siete mil, al 31 de diciembre de 2000. De ellos, más de seis mil quinientos se encuentran sindicados e incorporados, en plenitud de derechos, en la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile (Conasuch), órgano que los agrupa y representa.
Lamentablemente, debido al burocrático sistema de nombramiento de sus integrantes, estas Comisiones, en los hechos, no han operado en los últimos años, tal como se mencionó anteriormente.
Se propone que sus integrantes gocen de mayor permanencia y estabilidad y que la remoción de cualquiera de ellos sea substituida por el organismo que represente, dentro de los sesenta días posteriores a la toma de la determinación, debiendo actuar en el entretanto el miembro suplente que corresponda, hasta la integración del miembro permanente designado.
En las regiones ha operado la distribución del 1 por ciento del valor neto de las ventas efectuadas por los suplementeros. No ha sucedido lo mismo en la provincia de Santiago, donde las prestaciones de primeros auxilios en la policlínica de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) sólo ha beneficiado a no más de mil suplementeros durante todo el tiempo de su vigencia.
C.Modificaciones propuestas.
Los contenidos y objetivos principales de esta iniciativa legal son:
1.Perfeccionar la ley Nº 17.393 y precisar su redacción, determinando específicamente qué ha de entenderse por la condición de suplementero y determinar los ámbitos de su giro.
2.Determinar específicamente el acceso a los potenciales beneficiarios a través de mecanismos efectivos de calificación y determinación de su calidad de suplementeros.
3.Aumentar o especificar los requisitos que deban reunir los potenciales beneficiarios que se adscriban al Registro Nacional del Suplementero.
4.Adecuar los beneficios previsionales conforme a la legislación vigente.
5.Permitir la tributación efectiva de los suplementeros por los ingresos provenientes de la prestación de servicios o por la venta de artículos distintos de los impresos periódicos, de modo que le abra mejores condiciones para el acceso al crédito.
6.Hacer más expedito el funcionamiento de las Comisiones Clasificadoras, desburocratizando el nombramiento de sus integrantes.
7.Modificar los organismos que las integran, con el fin de adecuarlos a la verdadera realidad actual de la actividad del suplementero.
8.Posibilitar que otras instituciones o servicios otorguen al gremio las prestaciones de salud, de acuerdo con el espíritu del artículo 78 de la ley Nº 10.383.
9.Acomodar los montos de las cotizaciones y las tasas de medida a los actuales regímenes previsionales.
10. Establecer las directrices que servirán de base para redactar el ‘Estatuto del Suplementero’, estableciendo sus derechos y obligaciones en el ejercicio de la actividad.
11. Eliminar o reactualizar aquellos artículos que fijan un financiamiento a la ley.
Las modificaciones propuestas se refieren a los siguientes aspectos:
a.Sujetos beneficiados.
Se modifican los siguientes artículos de la ley:
Artículo 1º: Se incorporan, dentro del concepto de venta habitual al público, otros artículos similares a aquellos señalados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y se abre la posibilidad de integrar otros medios de distribución acordes con la naturaleza de la gestión, además de la venta directa y personal al público de estos artículos. Asimismo, se establece que la venta o distribución de medios de comunicación deberá ser la principal fuente de ingreso del suplementero.
Artículo 2º: Se indica que será el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción el que tendrá a su cargo el Registro Permanente de Suplementeros. Igualmente, se fijan las condiciones efectivas para el funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Clasificación.
b.Beneficios.
Se adecuan y actualizan los recursos que servirán de base al sistema previsional dependiente del Instituto de Normalización Previsional (INP).
Se introducen modificaciones en el artículo 13 de ley, a fin de adecuarlo a la organización que actualmente representa a los suplementeros.
Se incorporan modificaciones en los artículos 7º, 9º, 10 y 11 de la ley, con objeto de acomodarlos al régimen previsional vigente.
c.Otros perfeccionamientos de la ley.
Se incorporan normas que permitan que los suplementeros, a través de sus órganos de representación, puedan, en ejercicio de su derecho legal, establecer medios alternativos de prestar atención de salud a sus asociados, eximiendo a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de su obligación de mantener prestaciones de primeros auxilios.
Se propone, además, la obligación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de dictar un compendio de normas a través del denominado ‘Estatuto del Suplementero’, que regulará el ejercicio de la actividad.
Se derogan aquellos preceptos transitorios cuya finalidad ha sido cumplida, o que, en su caso, han perdido su vigencia.
En razón de lo anteriormente expuesto, se remite a la consideración de esa H. Cámara para ser tratado en la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley, cuya finalidad es modificar la ley Nº 17.393, adecuándola a los fines reparativos que motivaron su dictación y permitiendo la incorporación al Chile real de este importante número de compatriotas, compuesto por más de siete mil suplementeros, con sus respectivas familias, quienes aspiran a contribuir, ser reconocidos y acceder al crecimiento del país en términos igualitarios.
Proyecto de ley
Artículo 1º.- Se entiende por suplementero a la persona que obtiene principalmente sus recursos de subsistencia de la venta o distribución habitual al público, por cualquier medio, de periódicos, revistas y otras publicaciones, sean o no sean impresas, nacionales o extranjeras, y en general de la venta o distribución de cualquier medio análogo de comunicación, pudiendo, además, complementar su actividad con la prestación de servicios y la venta o distribución, por cualquier medio, de otros productos de escaso valor unitario.
Los suplementeros quedarán acogidos al régimen previsional vigente y disfrutarán de todos los beneficios contemplados en la ley Nº 10.383 y en los decretos con fuerza de ley Nºs. 243 y 245, de 1953, y sus modificaciones, con las modalidades especiales que esta ley establece.
Artículo 2º.- Establécese, en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , un Registro Permanente de Suplementeros.
Este registro incluirá a todos los suplementeros que, cumpliendo con los requisitos del artículo 1º, obtengan la autorización de las Comisiones Clasificadoras Regionales, las que funcionarán en cada capital regional.
Las Comisiones Clasificadoras Regionales estarán compuestas por un representante titular y un suplente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; un titular y un suplente de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile y un titular y un suplente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
En Santiago funcionará, además, una Comisión de Apelación con la misma representación indicada en el inciso anterior, ante la cual podrá apelarse de las resoluciones que adopten las Comisiones Clasificadoras Regionales, dentro de los sesenta días siguientes al de la notificación, por carta certificada, a los interesados.
Los miembros de estas comisiones serán permanentes. En caso de inhabilidad de alguno de ellos, su reemplazante deberá ser nominado dentro del plazo máximo de sesenta días de producida la remoción. En el entretanto, desempeñará en propiedad el cargo el miembro suplente de la respectiva entidad.
El ‘Estatuto del Suplementero’ establecerá un reglamento que regulará la constitución y funcionamiento de estas comisiones.
Artículo 3º.- Destínanse, a favor del Instituto de Normalización Previsional (INP), los siguientes recursos:
a)Una imposición mensual del 15% de la renta personal declarada, de cargo del imponente.
b)Los mayores ingresos que se obtengan con motivo de la modificación que prescribe el artículo 16 de esta ley.
c)Un impuesto del 10% sobre el valor de los precios de venta a los suplementeros de los periódicos y revistas extranjeros, excluidos los científicos y técnicos, que serán de cargo de las empresas importadoras o agentes.
Las tasas de los impuestos de la letra c) y del nuevo inciso del artículo 16 bis de la ley Nº 12.120, agregado por esta ley, podrán reducirse o elevarse proporcionalmente, para cada ejercicio, si se comprueba, a través del Registro Permanente de Suplementeros, que el número de suplementeros asegurados es inferior o superior a diez mil, respectivamente.
Estas modificaciones las efectuará S.E. el Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social.
Artículo 4º.- El Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas organizarán una comisión especial permanente, integrada por representantes de cada servicio y uno del Ministro de Hacienda, el cual la presidirá. Esta comisión se encargará de analizar todos los problemas relativos al financiamiento que esta ley consagra, pudiendo, para tal efecto, requerir obligatoriamente de los editores nacionales o importadores, la información relativa a la tirada, circulación y venta de las publicaciones de diarios, periódicos, revistas y acerca de la importación de periódicos y revistas extranjeros.
Artículo 5º.- El total de los recursos que establece el artículo 3º se distribuirá proporcionalmente entre el total de imposiciones y el impuesto que corresponda a cada beneficiario.
Artículo 6º.- Los asegurados a que se refiere el artículo 1º de esta ley declararán, desde el momento de incorporarse al servicio, una renta mensual mínima para fines no remunerativos, y podrán, en cualquier caso, declarar una renta superior ciñéndose a las normativas que para el efecto estatuye la ley Nº 10.383.
El cotizante de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) lo hará según lo establecido en el Título III, en sus artículos 15 y 16.
Artículo 7º.- Los suplementeros asegurados que pertenezcan al Instituto de Normalización Previsional (INP) gozarán del beneficio de la asignación familiar, la que será pagada directamente por dicho servicio, conforme con la norma del artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
No obstante lo establecido en el inciso anterior, el servicio podrá, en casos excepcionales, delegar el pago de este beneficio de acuerdo con las modalidades que fije su reglamento.
El mismo beneficio señalado precedentemente será aplicable a los asegurados adscritos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).
Artículo 8º.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1º, los suplementeros afectos a este régimen no tendrán derecho a los beneficios a que se refieren los artículos 5º, 6º y 7º del decreto con fuerza de ley Nº 243, de 1953.
Artículo 9º.- Los asegurados suplementeros estarán obligados a efectuar las imposiciones que establece la ley por todo el tiempo que desempeñen su actividad.
Las empresas periodísticas asociadas a la ANP recaudarán mensualmente, a través de sus agencias distribuidoras, las imposiciones establecidas en la ley, las que deberán integrar al beneficiario o a quien éste mandate, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al de la recaudación, para ser puestas a disposición de la institución previsional que corresponda.
Artículo 10.- Los recursos que establecen las letras b) y c) del artículo 3º ingresarán a rentas generales de la Nación y en el Presupuesto fiscal de cada año deberá incluirse el ítem correspondiente para cumplir con las finalidades establecidas en esta ley.
Artículo 11.- La institución previsional a que se encuentre afecto el suplementero entregará a cada asegurado un certificado que lo acredite como imponente de la institución, en los casos en que así se requiera.
El asegurado estará obligado a presentar su certificado cada vez que lo requieran las autoridades del Fondo Nacional de Salud, de la Dirección del Trabajo, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , y en todo servirá como un elemento más de acreditación de su calidad de suplementero. El incumplimiento de esta obligación determinará la suspensión, para el asegurado, de los beneficios contemplados en esta ley.
Artículo 12.- Concédese el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, para que los trabajadores a que ella se refiere puedan solicitar el reintegro de las imposiciones que hayan retirado de su caja de previsión en conformidad con la ley Nº 10.988 y sus modificaciones posteriores.
Artículo 13.- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) suscribirá con la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile (Conasuch) los convenios nacionales o regionales que adicionen o modifiquen aquéllos que se encuentren vigentes y sirvan para establecer modalidades de distribución, porcentajes, horarios y otras condiciones.
Artículo 14.- Los servicios médicos y de asistencia que presta la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) al gremio de suplementeros serán mantenidos en los términos establecidos en el artículo 76 de la ley Nº 10.383.
Podrá sustituirse la consulta médica de primeros auxilios que actualmente se brinda al gremio de suplementeros en Santiago, sea de común acuerdo entre la ANP y la Conasuch o, en su caso, en el evento de que existieren otros servicios que, estando interesados en efectuar dicha prestación, demuestren cumplir con los términos del mencionado artículo 76, encomendándose, en tal caso, a dichos entes los recursos que actualmente recibe la policlínica y los establecidos por la propia ley.
Artículo 15.- Esta ley regirá desde el día 1 del mes siguiente a aquél en que se cumplan noventa días desde su publicación en el Diario Oficial, con excepción del artículo 2º, de las letras b) y c) del artículo 3º y del artículo16.
Artículo 16.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 12.120.
a)Agrégase el siguiente inciso al artículo 16 bis:
“La tasa será del 4% respecto de los ingresos percibidos por las empresas periodísticas, radiodifusoras, televisuales, cinematográficas y cualesquiera otras por concepto de avisos y de propaganda que divulguen, sin perjuicio de los impuestos establecidos en el inciso anterior y en la letra c) del artículo 16.
Este impuesto no se aplicará a las empresas periodísticas que tengan su sede principal en provincias distintas de Santiago, y que editen diarios o periódicos de una circulación inferior a diez mil ejemplares diarios’.
b)Añádese el siguiente número 24, nuevo, al artículo 19:
24. Las inserciones o avisos que se publiquen o difundan de conformidad con el artículo 11 de la ley Nº 16.643, que consagra el derecho de respuesta.
Artículo 17.- El Presidente de la República deberá dictar, dentro del plazo de noventa días, contados desde la publicación de esta ley, el reglamento para su aplicación.
Artículo 18.- Declárase que a los suplementeros no les son ni les han sido aplicables las disposiciones de la ley Nº 17.066, sobre Registro Nacional de Comerciantes Establecidos.
Artículo 19.- Suprímese el inciso segundo del artículo 88 de la ley Nº 17.271, de 2 de enero de 1970.
Artículo 20.- El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción dictará, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta ley, un compendio normativo denominado ‘Estatuto del Suplementero’, que reglamentará esta ley y regulará los aspectos más relevantes del quehacer de ese gremio, debiendo escuchar, al efecto, a la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile (Conasuch), que los agrupa, y a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
El mencionado Estatuto deberá contener, fundamentalmente, las obligaciones y derechos que emanen del ejercicio de la actividad de suplementero, incluidas las normas de tributación.
El señor LORENZINI (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa el diputado señor
AUMENTO DE ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 479, de los señores Accorsi , Robles, Olivares ; diputadas Saa, doña María Antonieta ; Montes, diputados Cornejo , Aguiló , Palma , Girardi y diputada Tohá, doña Carolina .
“Considerando:
Que los consultorios y demás establecimientos de la atención primaria de salud son la instancia más próxima y cercana a la gente en esta materia. Ellos ejecutan el Programa de Atención Primaria de Salud del Gobierno, conformado por el conjunto de prestaciones básicas de salud que el Estado ofrece a las familias beneficiarias dentro del modelo de salud integralfamiliar, destinadas a resolver las necesidades de sus integrantes a través de acciones de prevención, protección y recuperación de la salud.
Que, actualmente, los consultorios, si bien deben hacerse cargo de una multiplicidad de demandas médicas de la población, no tienen carácter resolutivo y no pueden efectuar algunos exámenes básicos, ni llevar a cabo muchas labores de prevención, protección, fomento y recuperación médica que les son propias. Tampoco cuentan con los medios financieros adecuados para ello, lo cual posterga o deriva la atención de salud integral.
Que, al revisar los aspectos presupuestarios, se observa de acuerdo con la última ley de Presupuestos, N° 19.915 que los gastos generales del sector de la Salud corresponden a la suma de dos mil quinientos ocho millones diez mil ciento sesenta y seis pesos, de los cuales mil doscientos noventa y seis millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos nueve pesos se destinan al Fondo Nacional de Salud, el que, a su vez, asigna la suma de doscientos treinta y tres millones cuatrocientos treinta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos al Programa de Atención Primaria de Salud, en virtud de la ley N° 19.378. Es decir, hoy, la suma concerniente a este programa alcanza aproximadamente a poco menos del 10% del presupuesto del Ministerio de Salud.
De acuerdo con la ley, cada entidad administradora de salud municipal recibe mensualmente del Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud respectivos, el aporte estatal destinado a la atención primaria de salud.
La ley de Atención Primaria de Salud establece, en su artículo 49, que los criterios de asignación de los aportes financieros son:
a.Población potencialmente beneficiaria en la comuna y características epidemiológicas.
b.Nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y de dificultad para prestar atenciones de salud.
c.El conjunto de las prestaciones que se programen anualmente en los establecimientos de la comuna.
d.La cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los establecimientos de salud municipal de la comuna, en base a una evaluación semestral.
El aporte se determina anualmente mediante decreto fundado del Ministerio de Salud, previa consulta al gobierno regional correspondiente, suscrito, además, por los ministros del Interior y de Hacienda. El mismo decreto debe precisar la proporción en que se aplicarán los criterios antes indicados, la lista de las prestaciones cuya ejecución concederá derecho al aporte estatal del artículo 49 y todos los procedimientos necesarios para la determinación y transferencia del aporte.
Por otra parte, por exigencia del artículo 51 de la ley, sólo dan derecho al aporte las acciones de salud en atención primaria destinadas al fomento, prevención y recuperación de la misma; a la rehabilitación de los enfermos y a la intervención sobre el medio ambiente, cuando corresponda, prestadas por el personal de los establecimientos municipales de atención primaria de salud en el ejercicio de sus funciones dentro de la comuna respectiva, cuando sean otorgadas a los beneficiarios legales de los servicios de salud, así como a los beneficiarios que sean atendidos en virtud de convenios celebrados con ellos.
Si bien, para dimensionar los recursos financieros necesarios para el conjunto de prestaciones de salud del sector primario, se realiza una ponderación que se considera una población estándar que refleja la tasa de natalidad y la estructura etaria del país, estos datos dan un ingreso per cápita de tan sólo mil pesos, cifra completamente exigua para afrontar las demandas de salud y, además, inequitativa desde la perspectiva del derecho a la salud.
En consecuencia, es absolutamente indispensable que el Supremo Gobierno adopte las medidas administrativas y legislativas tendentes a reasignar y aumentar el presupuesto del sector de la salud, para destinarlo a cubrir las altas necesidades que hoy experimenta la atención primaria de salud.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Solicitar al ministro de Hacienda que tenga a bien instruir al director de Presupuestos a fin de que, en el proyecto de ley de Presupuestos, aumente el ítem correspondiente al Programa de Atención Primaria de Salud, reasignando o incrementando los fondos del Ministerio de Salud.
2.Solicitar al ministro de Salud que, en el decreto anual que determina los aportes para los establecimientos de atención primaria, considere un mayor ingreso per cápita que el actual, con el fin de cubrir y mejorar las prestaciones y servicios existentes y así elevar el nivel del servicio y la dignidad de los pacientes y usuarios del sistema público de salud del país.”
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Guido Girardi .
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, hemos presentado este proyecto de acuerdo, pues no tenemos ninguna duda de que si queremos mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, los consultorios de atención primaria son los más indicados para prevenir las enfermedades.
Chile tiene una de las tasas más altas del mundo en enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial, diabetes, riesgo cardiovascular, cánceres. Un tercio de los cánceres se deben a la dieta, patologías que, de contar con un buen servicio de atención primaria, sería fácil, ya que su finalidad es resolver los problemas de salud básicos o urgentes. Sin embargo, no se hace nada al respecto, pues no están los recursos ni los planes.
No se puede evitar que las personas enfermen, porque no hay prevención. En los consultorios los usuarios deben ser tratados en forma digna, oportuna y con equidad, pero actualmente estos carecen de los recursos. Se necesita construir por lo menos unos cien consultorios a lo largo del país y contratar, 1.200 médicos especialistas en atención primaria; los enfermos que llegan a los consultorios son derivados a los hospitales, donde muchos de ellos son atendidos por médicos extranjeros. La única forma de cambiar esa situación es que en los consultorios haya médicos especialistas básicos, como son los pediatras, internistas, ginecólogos, dentistas, cirujanos generales. Es más, se debiera optar por las hospitalizaciones ambulatorias, ya que muchas cirugías que hoy se practican en los hospitales se podrían hacer perfectamente en estos servicios y los pacientes ser hospitalizados en sus casas con asistencia al consultorio. Por ejemplo, muchas bronconeumonías que se atienden en los hospitales también se podrían resolver en los consultorios. Para ello se requiere una decisión política, entender que la atención primaria es lo más importante y apostar a una mayor cantidad de recursos para salud en el Presupuesto.
En la actualidad, el 18 por ciento del presupuesto está destinado a la atención primaria, aun cuando es la que presta la mayor parte de las atenciones y la que más resuelve problemas de salud. Por eso, lo que se pretende ahora es que el 30 por ciento de los recursos se destine para ese fin. Creemos que todavía es poco si lo logramos estaremos dando un paso más para que la atención primaria sea el centro de la estrategia de salud, ya que es la mejor forma de avanzar en esa materia.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, sólo quiero expresar mi apoyo al proyecto de acuerdo, a pesar de no compartir muchos de los considerandos.
Pienso que un aumento de los recursos no soluciona la deficiencia que hoy existe en materia de salud primaria. Lo importantes es tener presente la expresión usada en el proyecto de acuerdo y que habla de “reasignar recursos”. Pienso que elevar el nivel del servicio a las personas y la dignidad de los pacientes y de los usuarios del sistema público de salud, más que aumento de los recursos en este minuto estamos dispuestos a aprobarlo en lo que se refiere a su petición requiere de una mejor gestión en el sector público de salud.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
REGULACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS DE TELÉFONOS CELULARES.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 480, de los diputados señores Navarro , Letelier, don Felipe ; Olivares , Meza , Accorsi , Valenzuela , Barrueto , Sánchez , Walker y Muñoz, don Pedro .
“Considerando:
Que, no obstante ser una necesidad desde el inicio de la telefonía móvil en Chile, la instalación de las antenas se ha convertido en una interminable fuente de conflictos entre vecinos y municipios con las empresas del área, debido a que su construcción, en muchos casos, se hace sin contar con la totalidad de los permisos requeridos o, simplemente, se actúa sobre la base de hechos consumados, pidiendo las autorizaciones cuando la antena ya está levantada.
Que la principal crítica y rechazo de quienes viven en el entorno de estas antenas no sólo radica en la falta de concesiones, o en las potenciales consecuencias ambientales y sanitarias de su estructuración, sino, también, porque la determinación de su ubicación, en la mayoría de los casos, sólo está mediada por la lógica de la oferta y la demanda entre privados, sin ninguna consideración de criterios de ordenamiento territorial.
Que, por ello, a lo largo de estos años, no ha sido extraño conocer antecedentes acerca del emplazamiento de estas antenas de telefonía móvil en patios de establecimientos educacionales e iglesias, en los techos de hospitales, en recintos de empresas sanitarias y, en la mayor parte de los casos, en el patio de una vivienda cualquiera, en el sector donde la empresa considera necesario levantar una de estas estructuras, buscando con esto salvar la opinión de la respectiva Dirección de Obras Municipales sobre la mejor y más segura ubicación.
Que, hasta hoy, ante la carencia de una normativa expresa sobre la materia, las empresas han desarrollado una suerte de `carrera olímpica' para instalar la mayor cantidad posible de antenas antes de que culmine la tramitación del proyecto de ley que regula la instalación de antenas celulares (boletín 253215), presentado por la diputada señora Eliana Caraball Martínez , los diputados señores Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, René Manuel García García , Felipe Letelier Norambuena , Jorge Ulloa Aguillón , Exequiel Silva Ortiz y los ex diputados Luis Pareto González y Jaime Naranjo Ortiz .
Que el citado proyecto de ley ha completado ya largos cuatro años de tramitación. El 4 de julio de 2000 se dio cuenta de él a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, la que lo despachó, en su primer trámite reglamentario, el 1 de agosto de 2000, y fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión 1a, de 3 de octubre de 2000. En su último trámite, el 17 de julio de 2003, se solicitó prórroga de plazo para emitir un segundo informe, para lo cual se conformó un equipo de trabajo el 26 de agosto de 2003, sin que hasta la fecha la Sala haya conocido tal nuevo informe.
Que, evidentemente, el nivel de conflictividad causado por la instalación de estas antenas, lejos de disminuir, ha aumentado, especialmente en las regiones. Se hace absolutamente necesario que exista una normativa que regule la instalación de estas infraestructuras, evitando, con ello, el grado de arbitrariedad con que hoy son construidas y, por cierto, llevando este tema al área del ordenamiento territorial y de la construcción, donde corresponde, sacándolo así de los Tribunales de Justicia, en los que las municipalidades y los vecinos han podido frenar y evitar una mayor instalación.
Que la necesidad de regular esta materia no resiste mayor análisis. Es necesario conocer el segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, para votar, en definitiva, el proyecto de ley, y así pasarlo, con la brevedad, a segundo trámite constitucional en el Senado. No es posible que transcurran más años sin contar con esta necesaria ley, considerando que el propio proyecto establece que ella comenzará a regir tres años después de su promulgación.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que se sirva hacer presente la suma urgencia para la tramitación del proyecto de ley que regula la instalación de antenas celulares (boletín 253215), a causa de la necesidad evidente de que esta materia sea normada, se regule su desarrollo futuro y se disminuya el nivel de conflictividad entre vecinos, municipios y empresas de telefonía móvil.”
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, la instalación de antenas de teléfonos celulares ha provocado, desde sus inicios, una serie de conflictos entre los vecinos y los municipios con las empresas del área, emplazamiento que ha ido aumentando en el último tiempo. Las empresas de telefonía móvil instalan antenas a diestro y siniestro, en una carrera olímpica por adelantarse, probablemente, al establecimiento de una normativa que estamos solicitando desde hace más de cuatro años. En localidades como Loncoche, Villarrica y Gorbea , la proliferación de estas antenas no sólo amenaza la convivencia, sino también el medio ambiente. Cómo médico he sido testigo de los estudios efectuados en Europa que demuestran la incidencia de las antenas de teléfonos celulares en la salud de los vecinos, fundamentalmente de los niños.
Por ello, es necesario que el proyecto de acuerdo sea aprobado, a fin de solicitar al Presidente de la República que incluya en la próxima legislatura un proyecto de ley que regule la instalación de antenas de teléfonos celulares, asignándole urgencia calificada de “suma” a su discusión.
Las empresas de telefonía móvil instalan antenas en patios de establecimientos educacionales, de iglesias y de viviendas, en los techos de hospitales y en recintos de empresas sanitarias. Por ello, se requiere de una normativa que termine con este abuso y falta de criterio, por cuanto se está afectando la calidad de vida y la convivencia.
Como coautor del proyecto de acuerdo, me uno al clamor popular para impedir que se sigan instalando antenas de telefonía móvil y para lograr que aquellas que están mal instaladas sean retiradas, pues afectan la salud y la convivencia de la ciudadanía.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, durante mi período como parlamentario he atendido a una serie de personas, por ejemplo del barrio Independencia, que me han expresado su molestia por la proliferación de antenas. A raíz de ello, hemos oficiado a las autoridades para que haya mayor control, pues, como dijo el diputado Meza , está científicamente demostrado que estas antenas producen alteraciones en la salud de las personas que viven en los sectores en los cuales están ubicadas.
Por eso, anuncio que voy a votar favorablemente el proyecto de acuerdo, porque concuerda con lo que hemos estado haciendo durante tanto tiempo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Me ha solicitado la palabra el diputado señor Sánchez , pero como ya hablaron dos diputados a favor, tendría que ser con acuerdo de la Sala.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, le cedo mi derecho al diputado señor Montes, que está más autorizado para intervenir respecto del proyecto de acuerdo.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para conceder la palabra al diputado señor Montes?
Acordado.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, sólo para decir que este proyecto de acuerdo lo presentamos cuando había 700 antenas; hoy día hay más de 2 mil y aún no existe una normativa que regule y ordene su instalación.
Si bien es cierto que hemos insistido mucho al respecto, también hubo mucha resistencia de un ministro que hoy ocupa otro ministerio.
Sería muy conveniente avanzar en esta materia, porque existe gran desorden y anarquía. Además, el impacto urbanístico de las antenas y sus efectos en la salud de las personas son muy graves.
Por eso, respaldo decididamente este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a un señor diputado que desee impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
VII.INCIDENTES
INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL EN LA CAMPAÑA ELECTORAL.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, al parecer el Presidente de Chile, Ricardo Lagos , ya no es el estadista que dice ser; cada día se empequeñece más; cada día está más solo en sus discursos, acompañado sólo por los medios de comunicación.
Lo que hemos escuchado ayer no solamente ha sido vergonzoso; también nos ha hecho recordar el pasado, cuando durante el gobierno de la Unidad Popular su Presidente, Salvador Allende , decía que no era Presidente de todos los chilenos. Hoy día, nos avergüenza ver cómo se utiliza La Moneda para llevar a cabo una intervención electoral. Lejos de ser lo que dice, con estas acciones el Presidente Lagos se empequeñece día a día.
Es fácil de entender. ¡Nos temen! Nos temen porque vamos a ganar el próximo 31 de octubre. Algunos pueden estar muy contentos por los resultados que dicen van a obtener; pero en la práctica será distinto, porque ese día demostraremos que el Presidente Lagos estaba equivocado y que, según las encuestas, la Concertación bajará más de cuatro puntos porcentuales.
Pero lo que resulta más impropio y verdaderamente vergonzoso es que ocupe recursos del Estado para denostar a quienes pretenden ganar democráticamente en las próximas elecciones municipales. No puede ser que el Presidente de la República ocupe esa tribuna para ofender y llamar a votar por uno u otro candidato. Es lógico que el Gobierno de la Concertación defienda su ideología y a sus candidatos, pero no lo es que el primer mandatario recurra a todos los medios del Estado para hacerlo. Hemos visto que no sólo ocupa esa tribuna, sino también los recursos del Estado.
Por eso, preguntamos responsablemente, ¿qué es usar La Moneda con fines electorales? ¿Acaso el Presidente Lagos no es el Presidente de Chile, que debe estar por sobre este tipo de contingencias y no en la pelea chica, como alguien dijo por ahí? Eso empequeñece. Entonces, cuando no tienen argumentos, algunos parlamentarios enloquecen en esta Sala, porque no tienen palabras para defender la transparencia.
Durante estos años, diputado Carlos Montes , usted que trata de mofarse de los actos fiscalizadores que dice defender, el Gobierno ha actuado con poca probidad y con escasa transparencia.
Como muchas veces no tenemos los medios para defendernos de todo este aparataje, solamente quiero decir que nos temen, porque vamos a ganar nuevamente en las poblaciones en las cuales ellos alguna vez fueron mayoría. Según ellos, antes no teníamos aceptación en la periferia, en los sectores más pobres, en los sectores de Izquierda. Hoy día estamos como en casa, somos locales, y los visitas son, precisamente, los de la Concertación, porque lo único que pueden exhibir es corrupción, delincuencia y seiscientos mil cesantes a perpetuidad. Durante los últimos años de los gobiernos de la Concertación los problemas de la delincuencia y la cesantía aún subsisten.
Veo que ya no quedan diputados de la Concertación en la Sala; se han arrancado. Cuando uno los critica, se van, y el único que aún permanece aquí es el diputado Montes, oficialista a morir, pero equivocado en sus planteamientos.
He dicho.
SOLUCIÓN DE CONFLICTO QUE AFECTA A PUERTO DE IQUIQUE. Oficios.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Ramón Pérez .
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Señor Presidente, el 5 de octubre pasado el país tuvo conocimiento de una violenta manifestación ocurrida en el puerto de Iquique, que se mantiene hasta hoy, es decir, catorce días después. En ella hubo apedreamientos, catorce heridos y más de veinte detenidos, y quedaron paralizadas millonarias operaciones de comercio exterior que afectan gravemente, entre otros, a la zona franca de Iquique, que no ha podido ser abastecida.
Los trabajadores de planta del terminal internacional del puerto de Iquique manifiestan estar temerosos de retornar a sus puestos de trabajo ante las intimidaciones efectuadas por los estibadores, que no cuentan con contratos y que exigen mejoras salariales antes de permitir el reinicio de las actividades navieras.
La paralización de actividades en el puerto de Iquique está provocando a la empresa concesionaria pérdidas por unos 100 millones de pesos diarios. En los días que dura la toma, al menos 15 naves han sido desviadas a otros puertos, unas 15 mil toneladas métricas de cobre no han podido ser embarcadas y ni siquiera han podido acopiarse en el puerto.
Las empresas pesqueras reconocen que hay más de doscientos contenedores con cinco mil toneladas métricas de harina de pescado y cuatro mil toneladas métricas de aceite de pescado que se no han podido embarcar.
En cuanto a la recepción de vehículos, los mayores costos han debido ser asumidos por la Zofri, que debió desviar a Arica barcos con más de dos mil vehículos.
La paralización involucra a 300 trabajadores eventuales, además de 110 contratados que quieren laborar y no lo pueden hacer.
El intendente regional, don Patricio Zapata , manifestó que ha ofrecido todos los resguardos que están en sus manos, incluyendo protección policial, pero que no puede ordenar un desalojo, si quienes se han tomado el puerto no realizan acciones violentas. Además, señaló: “Éste es un conflicto entre privados que deben resolver los privados”, reconociendo que es su responsabilidad garantizar estrictamente el orden público y el libre derecho de acceder al puerto, lo que no está ocurriendo.
Ante lo manifestado por el intendente de Tarapacá, representante legal de su excelencia el Presidente de la República, me permito exigirle al Gobierno, a través del ministro del Interior, su mayor preocupación para dar solución a ese grave conflicto laboral, económico y social. Si bien es cierto que es un problema entre privados, no lo es menos que el perjuicio es, primero, para el país, por el desprestigio internacional relacionado con la seguridad de los puertos, y, segundo, para quienes necesariamente deben ocupar el puerto para sus exportaciones e importaciones, que son los principales generadores de empleo en la región, lo que, finalmente, redunda en un enorme perjuicio para todos los habitantes de la ciudad de Iquique.
Por todo lo anterior, en mi calidad de representante de la provincia de Iquique, reitero que al ministro del Interior le corresponde ajustarse a la ley y preocuparse decididamente de esta situación, la cual no puede continuar por mucho tiempo más, dada la gravedad que ella reviste, porque no es posible que exista un estado dentro de otro estado.
Por lo tanto, solicito que se oficie a su excelencia el Presidente de la República y al ministro del Interior en los términos señalados.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Gonzalo Ibáñez , Carlos Vilches y Andrés Egaña .
COMPRA POR EL FISCO DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, en los últimos días hemos conocido una profusa información sobre la delicada situación financiera que afecta al municipio de Valparaíso. En la prensa de ayer y de hoy hemos leído, en destacados titulares, que dicha municipalidad, encabezada por el alcalde señor Hernán Pinto , enfrenta un colapso financiero. Es tan grande la deuda que ya no se habla de miles de pesos, sino de millones de dólares, los cuales no se han gastado precisamente para recuperar el casco de Valparaíso y mejorar el entorno del edificio del Congreso Nacional, que es lamentable, como lo hemos hecho presente varias veces en esta Sala.
Por eso, llama la atención que el Gobierno decida hacerse de instalaciones deportivas, como una forma de tirar un salvavidas. Así, pretende comprar el complejo deportivo de Playa Ancha. Pero, ¿necesita el Gobierno un velódromo? ¿Hará alguna competencia o acaso tiene preparado algún campeonato? ¿Querrá adjudicarse un complejo deportivo como el Estadio de Playa Ancha y una cantidad de canchas a su alrededor?
¿Cuál es el objetivo? Con fondos del Gobierno sacar del hoyo financiero al alcalde señor Pinto . Pero, en los últimos días, no se han logrado poner de acuerdo respecto del valor de dichas instalaciones, no obstante que le prometieron 5 mil 500 millones de pesos, porque después de analizarse los avalúos correspondientes se determinó que ellas no valen más de 3 mil millones pesos.
Por eso, solicito oficiar al ministro Secretario General de Gobierno, para que nos explique a todos los parlamentarios y, en particular, a la comunidad de Valparaíso, las poderosas razones que tendría el Gobierno para comprar para el fisco de una instalación deportiva en Playa Ancha, en circunstancias de que hay tantos otros problemas en los sectores más modestos de nuestro puerto, y diga, en definitiva, qué cantidad de dinero se pagará a la municipalidad de Valparaíso. Asimismo, en caso de que ese negocio se llegará a materializar, si le han pedido al menos un detalle de la forma como se gastarán dichos recursos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Gonzalo Ibáñez , Carlos Vilches y Ramón Pérez .
INFORMACIÓN SOBRE GASTO DE PUBLICACIÓN ORDENADA POR EL INTENDENTE DE SANTIAGO. Oficio.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, por otro lado, la semana pasada, el intendente de la Región Metropolitana, señor Marcelo Trivelli , manifestó que se ha incurrido en irregularidades en materia de propaganda electoral. Pero él ha interpretado a su modo la ley orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios y lo hemos visto bajando letreros de las calles.
El 2 de septiembre de 2004, mediante un oficio, solicité al Gobierno, a través del ministro del Interior, jefe directo del intendente de la Región Metropolitana, que nos diera a conocer el costo del extraordinario informe que da cuenta del período 20022003 del señor Trivelli al frente de la Intendencia Metropolitana.
Luego de escucharlo llamar la atención respecto de la forma en que se gastan los recursos, sería interesante insistir en el costo de la impresión de ese libro.
En esa oportunidad, señalé que no sólo se trataba de un libro, sino que también de un costoso disco compacto de más de una hora de duración, el cual revisé con mayor atención y puedo señalar que prácticamente el 40 por ciento corresponde a discursos del señor Trivelli en que se hace autobombo. Ahora, debe estar muy preocupado y apenado, porque ya no figura en las encuestas como un personaje público con aspiraciones presidenciales.
Por eso, solicito nuevamente que se oficie al ministro del Interior, a fin de conocer el costo del mencionado informe, a quienes se repartió y cómo se licitó. Además, pido que se incluya el costo de los informes de los períodos anteriores en los que el señor Trivelli ha sido intendente.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Gonzalo Ibáñez , Carlos Vilches y Ramón Pérez .
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA EN PETICIÓN DE HORAS PARA INTERCONSULTAS MÉDICAS. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, los pacientes de los hospitales de las comunas del distrito que represento cuando son derivados al hospital de Temuco, de clase A, que es el único que trata ciertas patologías, deben acudir personalmente para solicitar hora, lo que es absurdo, porque los sistemas modernos con los que se cuenta permiten que desde los diferentes lugares se haga este trámite, sin necesidad de que viaje el paciente a la capital regional, por supuesto, señalando las patologías y dando las instrucciones necesarias. En su momento, se entregaría el dinero para el traslado del paciente y de su acompañante, si corresponde.
En consecuencia, como la modernidad conlleva la eliminación de la burocracia, solicito que se oficie al ministro de Salud, a fin de que analice la posibilidad de cambiar el sistema y, de lo contrario, informe acerca de las dificultades que habría.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Felipe Letelier , Carlos Vilches y de quien habla.
REGULACIÓN DE LOS CYBERCAFÉS. Oficios.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, por otra parte, me preocupa la gran cantidad de cybercafés que se han instalado en los barrios. Mi preocupación estriba en el hecho de que se supone que la juventud asiste a esos locales para informarse, a través de la internet, de temas de interés general, pero, lamentablemente, como no se controla su uso, puede acceder fácilmente a páginas con contenido pornográfico.
Hasta el momento no tenemos claro cómo se debe regular el funcionamiento de estos establecimientos de manera de evitar que los menores de edad accedan a páginas con ese tipo de contenido, por lo que pido que se oficie a los ministros de Educación y del Interior a fin de que se ocupen de este problema.
Asimismo, que se oficie al ministro de Salud para que disponga la fiscalización de los cybercafés, de manera que cumplan con todas las exigencias sanitarias, pues es frecuente que no cuenten con baños para sus clientes.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Felipe Letelier , Carlos Vilches y de quien habla.
CALIFICACIÓN DE RADIOEMISORAS PARA EFECTOS DE LICITACIÓN DE PROPAGANDA. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, finalmente, me referiré a un problema relacionado con el programa ChileCompra.
Varias radioemisoras del distrito que represento no han podido adjudicarse las diversas licitaciones a las que se ha llamado para la contratación de avisos de publicidad. Según me explicó el dueño de una de ellas, el problema se produce por el hecho de que algunas radios que se han adjudicado las licitaciones han asegurado tener una cobertura que en realidad no tienen. Así, por ejemplo, una que se adjudicó una licitación por un valor de 20 mil pesos la propuesta del afectado era de 100 mil pesos afirmó tener cobertura provincial, en circunstancias que no la tiene.
Seguramente, esto se irá haciendo cada vez más frecuente, en especial cuando las municipalidades empiecen a llamar a licitación a través del programa Chilecompra, por lo que solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que se certifique la cobertura territorial de las radioemisoras que se presenten a las licitaciones, de manera que estén previamente calificadas.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Felipe Letelier , Carlos Vilches y de quien habla.
PRECISIONES SOBRE ACCIONES DEL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, voy a pedir que se oficie a su excelencia el Presidente de la República sobre el tema que voy a comentar.
A ratos, uno ve y escucha, incluso de algunos colegas diputados y senadores, que en Chile “se perdió la batalla contra la delincuencia”. Francamente, esa afirmación no resiste mayor análisis y hay un grado tremendo de irresponsabilidad política en quienes la emiten.
En primer lugar, sostengo que el 99,9 por ciento de la gente en el país es de buenas costumbres y buena convivencia, de manera que algunos diputados y senadores de la Derecha incurren en una gran irresponsabilidad cuando hacen esa afirmación empleándola como caballo de batalla. Me gustaría que esos colegas criticaran a los medios de comunicación que suelen informar con tanta irresponsabilidad. ¿Cuántas veces en la televisión vemos información sobre actos de violencia? O se informa y nunca se dan todos los antecedentes del caso. ¿Por qué ocurren esas cosas? Solamente se dice que se acuchilló o que se atacó a una persona, a un niño o a un joven. Me encantaría que, con la misma fuerza, se manifestara que los jóvenes no tienen espacio de participación para hacer deporte y recreación; que no cuentan con una casa de la cultura en su barrio donde algún psicólogo o sociólogo pueda conversar con ellos. Es fácil criticar y expresar irresponsablemente que hemos perdido la batalla contra la delincuencia y no señalar que el 99,9 por ciento de las chilenas y chilenos tienen buenas costumbres, buenos modales que son gente constructiva y positiva en la sociedad.
Hoy ganarán unos votos más por decir esa irresponsabilidad, pero, ¿cuánto ayudan a resolver el problema de fondo? Porque no nos olvidemos que en diecisiete años no se construyó una sede juvenil en Chile, donde a los jóvenes se les enseñara música o tuvieran un tablero de ajedrez o una mesa de pimpón. ¡Nunca se construyó nada! Al contrario, se les reprimió durante esos años. Pobre de aquellos que estaban reunidos en grupos de más de cinco o seis, porque la CNI o la Dina se los llevaba sin ninguna explicación. Entonces, ¡qué clase nos quieren dar hoy!
Como se ha dicho, el tema de la seguridad es responsabilidad de todos nosotros y querer manejarlo como un caballo de batalla electoral, me parece, francamente, una irresponsabilidad mayor.
Hoy, los mismas policías reconocen que tienen mejores condiciones que nunca antes, y si comparamos las cifras de las inversiones de los diecisiete años del gobierno militar y las de estos últimos catorce años, veríamos la diferencia. Pero, para criticar sí que somos muy buenos. ¿Por qué no tienen, como nosotros, un sentido autocrítico, constructivo, aquellos que gobernaron por diecisiete años? Mucha gente de la Izquierda se han hecho una autocrítica, pero las de la Derecha que todavía no son capaces de dar un paso y decir que, objetivamente, cometieron muchos errores, como el de no generar espacio de participación. Yo critico a los gobiernos de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei y de Patricio Aylwin, el hecho de que tampoco hayan creado mayores espacios de participación para los jóvenes. Eso es tener sentido autocrítico. Sin embargo, para la Derecha lo más fácil es criticar, criticar y criticar.
En mi distrito, mi provincia, mi región, lo que ha crecido o progresado en estos catorce años es más de lo que se hizo en los últimos cincuenta años. Y me estoy refiriendo a los gobiernos de Pinochet, Allende , Frei Montalva y Alessandri , para que nadie crea que estoy haciendo sólo una crítica contra el gobierno militar.
Pero hay que tener sentido autocrítico para asumir este tipo de cosas. Me da pena cuando el presidente Fox , de México, nos dice que valoremos lo que hemos construido en estos últimos años. Primero, la reconciliación, que no ha sido fácil. Hace poco ha muerto uno de los hombres que hizo grandes esfuerzos por ella.
Tiene derecho el Presidente Lagos a señalárselo a aquellos que no quisieron integrar una mesa de reencuentro con Chile; no por eso va a dejar de ser un estadista, o que se salió de madre al decirlo. ¡Por favor!
Es importantísimo que asumamos estos temas como país; no con un sentido estrictamente partidista o meramente electoralista. Es mezquino pensar así. Hoy, la policía nos dice que está en mejores condiciones y que son más.
En mi distrito, en las comunas de Yumbel, Quirihue , Coelemu , Quillón y San Carlos , los carabineros nos cuentan que antes tenían que andar empujando unas camionetas viejas, porque no tenían plata para la bencina. Hoy, ¡cuántas motocicletas se han destinado al mundo rural! Entonces, no se puede echar la culpa solamente al gobierno de turno y no reconocer todos estos esfuerzos; por ejemplo, que los municipios, especialmente del mundo rural, de distintos colores políticos, han hecho también tremendos esfuerzos por colaborar con la seguridad ciudadana.
Entonces, cuando senadores y diputados de Derecha dicen acá que se perdió la batalla contra la delincuencia, no es posible aceptar eso, porque no es cierto. La mayoría de los chilenos y chilenas no son delincuentes reitero; tienen muy buenas costumbres y buena convivencia. Lo que sí dice la policía es que el mayor aliado del delincuente es el silencio.
Al respecto, he conversado con el director nacional de Seguridad Ciudadana, señor René Jofré , como asimismo le he planteado al Presidente de la República, verbalmente, que estamos desaprovechando una oportunidad histórica lo digo para todos, en cuanto a que la mejor alianza que podemos establecer es con las juntas de vecinos del país. Y cuando el Presidente Lagos me preguntó a cuáles me refería, le contesté “A las del último rincón del norte y del rincón del sur”. O sea, a todas. Debemos orientarlas, capacitarlas e incentivarlas. Tenemos que invertir en ellas. Tampoco queremos vivir en una sociedad rodeada de policías, con muchas cárceles y mucha gente dentro de éstas. Eso no habla bien de un país, aunque estemos creciendo al 7, 8, 10 ó 15 por ciento. Por lo tanto, debemos invertir en prevención. ¿Cómo? Haciendo participar a los actores fundamentales: las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros juveniles, los comités de campesinos y las asociaciones de agricultores. O sea, toda la sociedad organizada debe participar. Aquí no se trata de decirles: “Haga un compromiso conmigo, como Estado, para que haya seguridad ciudadana en su sector, de manera que el delincuente no tenga espacio”. Entonces, ¿de dónde pecatas meas? ¿con qué me van a ayudar?, porque si quiero tener chicharras o sistemas de alarma, tienen que comprarse.
Por tanto, en este oficio al Presidente de la República le pido que acceda y admita que su aliado histórico para estos objetivos y otros más en la sociedad chilena, son las juntas de vecinos y las organizaciones sociales. En ese sentido, el Presupuesto para el 2005 debe considerar recursos; no solamente para que tengamos más policías y les demos mejores condiciones, que es bueno, sino también para invertir en nuestros aliados históricos. Cualquier gobierno, si quiere seguridad ciudadana, paz, tranquilidad y progreso de un sector o barrio, debe considerar a estas organizaciones comunitarias sociales, constituidas por gente se da por entero por su sector y no reciben sueldo; al contrario, muchas veces reciben el “pago de Chile”, porque la pelan y la maltratan por detrás.
Por eso, pido que se envíe este oficio a su excelencia el Presidente de la República, a fin de que escuche y acepte que, con esta alternativa, terminaremos con el discurso de que hemos perdido la batalla contra la delincuencia. La seguridad ciudadana es un tema que nos atañe a todos, bajo cualquier gobierno. Además, si fuera cierto, jamás le reconocería a mi enemigo, el delincuente, que me ganó la batalla; es de Perogrullo.
Quería decir esto por el bien de mi país; por el bien de todos. Es importante moderar nuestro discurso y no que, por una coyuntura electoral, digamos lo primero que se nos venga a la cabeza.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y, para mejor comprensión, se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y del diputado señor Alejandro Navarro .
DECLARACIÓN DE SAO PAULO SOBRE EL TRABAJO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero informar sobre mi participación en la Primera Conferencia Interparlamentaria de Trabajo y Empleo, efectuada en Sao Paulo , Brasil, el 14 y 15 de octubre.
Como representante de la Cámara de Diputados de Chile, me correspondió exponer sobre el empleo, la cesantía y el desarrollo en nuestro país.
Los objetivos básicos para el desarrollo integral de la región son la igualdad de oportunidades, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; la eliminación de la pobreza y la participación popular.
Éstas son algunas de las conclusiones a que llegamos los parlamentarios de veinte países de América Latina y el Caribe.
Por eso, pido que se adjunte a la versión de esta sesión la declaración de Sao Paulo sobre el trabajo y el empleo en América Latina y el Caribe. Sólo voy a destacar alguno de los párrafos de dicha declaración:
“Que la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, y la deuda externa y la corrupción son los principales problemas que afectan al desarrollo de nuestros países, y que la igualdad de oportunidades, en especial para mujeres, jóvenes y niños; la eliminación de la pobreza, la participación de los pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, constituyen objetivos básicos de un desarrollo integral.
Que la promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren la garantía del ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores de normas laborales básicas.
Que la democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Que la adopción y desarrollo de acciones que favorezcan la generación de empleo productivo y la lucha contra la pobreza es un compromiso de los parlamentos.”
Pido que se incorpore a la versión taquigráfica el texto íntegro de esta declaración, porque de su lectura podremos deducir que los problemas de empleo y de cesantía que afectan a otros países latinoamericanos son similares a los que tiene Chile.
Por último, es digno de destacar el gran reconocimiento que se hace a nuestro país y a su Presidente, Ricardo Lagos , en los foros internacionales.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Señor diputado, se incluirá en el documento mencionado por su señoría como antecedente del estudio que se haga sobre la materia.
El texto del documento cuya inserción se acordó, es el siguiente:
Declaración de Sao Paulo sobre el trabajo y el empleo en América Latina y El Caribe.
Los parlamentarios participantes en la I Conferencia Interparlamentaria de Trabajo y Empleo reunidos en la sede del Parlamento Latinoamericano en la ciudad de Sao Paulo , Brasil, los días 14 y 15 de octubre de 2004, para analizar los temas relacionados con el trabajo y el empleo, con la mira puesta en el establecimiento de bases comunes para una legislación latinoamericana común en estas materias manifiestan:
1.Que la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y la deuda externa y la corrupción son los principales problemas que afectan al desarrollo de nuestros países y que la igualdad de oportunidades, especialmente para las mujeres, jóvenes y niños; la eliminación de la pobreza, la participación de los pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, constituye objetivos básicos de un desarrollo integral.
2.Que la promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren la garantía del ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores de normas laborales básicas, expresadas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en 1998, así como en otros convenios básicos de la OIT.
3.Que la democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la estabilidad laboral y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras del hemisferio. Para ello, los Parlamentos, entre otras medidas, velarán porque el diálogo social se instituya como un mecanismo esencial para la consolidación democrática y para el desarrollo de políticas económicas y sociales integradas, priorizando la inversión en la educación e investigación.
4.Que la adopción y desarrollo de acciones que favorezcan la generación de empleo productivo, entendido como un empleo en el que se respetan los derechos de los trabajadores consagrados en los convenios de la OIT y en la respectiva legislación nacional, que disponga de un adecuado nivel de protección social y que le proporcione al trabajador una remuneración justa y la lucha contra la pobreza es un compromiso de los Parlamentos.
5.Que la declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el trabajo decente como es concebido por la OIT, proporciona los elementos para un desarrollo sostenible y justo, de base amplia, mediante el respeto integral de los derechos fundamentales del trabajo, por lo que nos comprometemos a adoptar e implementar las acciones legales y políticas pertinentes para su aplicación efectiva.
6.Que las poblaciones más afectadas por las crisis económicas son normalmente aquellas con menor acceso a los servicios que ofrecen nuestras sociedades y, por lo tanto, con las mayores dificultades para acceder a un empleo digno. Los estados, en consecuencia, deben desarrollar acciones concretas en función de sus propias situaciones. Entre estas acciones reconocemos que la propuesta de la OIT de desarrollo de planes de acción nacionales sobre trabajo decente son una herramienta que debe ser apoyada y potenciada por los Parlamentos.
7.Que las políticas implementadas por nuestros países ante el proceso de globalización en ocasiones no logran mantener o reactivar el crecimiento económico y, en consecuencia, se reducen las oportunidades de trabajo. De aquí la importancia de tener en cuenta el impacto de dichas políticas en el empleo y el nivel de vida de la población.
8.Para asegurar una economía más equitativa de las políticas sociales y de empleo, deberán tener prioridad en la agenda política y económica de nuestros países. Siendo instrumento esencial en esas políticas la realización de actividades de armonización legislativa en materia de trabajo y empleo entre los países de América Latina y El Caribe.
9.Que el crecimiento económico y el progreso social son aspectos interdependientes e indisolubles del mismo proyecto de construcción de sociedades prósperas y equitativas. Por ello, los parlamentos deberán facilitar la integración de las dimensiones económicas y sociolaboral de las políticas nacionales. Esta integración de objetivos económicos y sociales requiere formas más fuertes de integración entre gobiernos y parlamentos como expresión de derecho de los ciudadanos a participar en su propio desarrollo y es fundamental para el ejercicio y el fortalecimiento de la democracia.
10. Que tomamos nota de las recomendaciones del Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, en especial lo referido a la gobernabilidad de la globalización, para la cual los Parlamentos son los foros nacionales más importantes para el debate público sobre las cuestiones globales como fiscalizar y revisar las medidas adoptadas por los gobiernos en el ámbito internacional. Por lo tanto, es necesario reforzar el papel y la capacidad de los Parlamentos nacionales para permitir una revisión y proporcionar un equilibrio adecuado en cuanto a las posiciones que los gobiernos adopten en los foros internacionales.
11. Que los Parlamentos deben desempeñar un papel más relevante en la promoción de la responsabilidad y la coherencia de la política pública en el ámbito global, y por ello apoyamos la creación de un grupo parlamentario que vele por la coherencia y la coordinación entre las políticas sociales y económicas globales, con el fin de desarrollar un mecanismo de control integrado de las principales organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito financiero.
12. Que para el cumplimiento de los propósitos mencionados, los presidentes de comisiones de trabajo, empleo o equivalentes de los Parlamentos nacionales de América Latina y El Caribe y, los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano, acuerdan dar un carácter permanente a esta Conferencia, que funcionará utilizando los modernos recursos de comunicación, y realizando reuniones presenciales cuando ello sea necesario. Para ello solicitan al Parlamento Latinoamericano y a la OIT que realicen las coordinaciones del caso, incluyendo consultas, apoyo técnico, y los vínculos con otras organizaciones interparlamentarias, intergubernamentales y organismos internacionales.
Dada en la ciudad de Sao Paulo , Brasil, a los 15 días del mes de octubre de 2004.
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN PARA ASFALTAR CAMINO DE ACCESO A COCHOLGUE, EN OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Partido Radical Socialdemócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que nos informe en detalle acerca del proceso de tramitación de la licitación para el asfaltado del camino que va hacia Cocholgue , localidad vecina a la comuna de Tomé, Octava Región, que durante años ha vivido diversos problemas debido a que las vías de acceso, particularmente el camino central, no sólo tienen fallas geológicas y, por lo tanto, sufre permanentes derrumbes, sino que, además, porque sus calles interiores son intransitables tanto en invierno como en verano.
Por lo tanto, deseo saber exactamente cuándo se licitarán tales obras y cuándo se contará con la resolución de la Contraloría General de la República que va a autorizar el gasto de más de 650 millones de pesos para pavimentar el acceso a la caleta Cocholgue y sus calles interiores. Los habitantes de esta localidad tienen cifradas sus esperanzas en esta inversión, por cuanto no sólo les va a mejorar su calidad de vida sino que, además, les va a permitir acceder a importantes fuentes de empleo, particularmente, a aquellas que se generan con el período estival que se avecina.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
MULTA APLICADA A SANITARIA ESSBÍO POR RETRASO EN INVERSIONES. Oficio.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Socialdemócrata, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, desde hace mucho tiempo, los habitantes de la Octava Región nos hemos preocupado del abastecimiento de agua potable. Incluso, en su oportunidad, realizamos un plebiscito para decidir acerca de la propiedad de Essbío, y más del 97 por ciento de las más de 100 mil personas que votaron, se inclinaron por que dicha empresa siguiera siendo estatal. Y ello, porque advertíamos que la licitación a privados no garantizaba un buen servicio. Es más, la gerencia de Essbío había entregado un informe en donde señalaba que, mediante un mecanismo de administración compartida y del manejo de su endeudamiento, ya que cargaba con una mochila de 16 mil millones de pesos que Corfo le endilgó en tiempos en que la dictadura procedió a vender las empresas públicas y traspasar sus deudas a empresas saneadas.
La empresa había tenido una utilidad anual de más de 24 mil millones de pesos y se le imponía una carga de 16 mil millones para pagar una deuda que no era suya, lo cual demuestra que tenía capacidad de pago. Se le pidió endeudarse y no lo hizo.
Dijimos que la venta de esta empresa era un buen negocio, y que quien la comprara la iba a vender rápidamente; y así se hizo. Pues bien, la empresa Thames Water , los actuales dueños, ha sido sancionada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios con una multa de 1.013 millones de pesos considerada histórica por la prensa por no cumplir con el plan de expansión. Sobre el particular, vamos a hacer un seguimiento estricto del cumplimiento de esta sanción porque, como sabemos, el Servicio Nacional de Pesca, la Corporación Nacional Forestal y muchos otros servicios públicos, jamás pagan las multas.
Por oficios de 5 y 20 de julio, y de 9, 11 y, particularmente, de 17 de agosto, todos de 2004, pedimos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que nos entregara la más detallada información acerca de los cronogramas de obras e inversiones y, en caso de que éstas se efectúen, saber si hacen una revisión exhaustiva de las bases de los contratos y presupuestos adjudicados para la ejecución de obras, a fin de determinar si las inversiones se harán de acuerdo con la programación comprometida por la empresa Thames Water al momento de adquirir Essbío , con el objeto de impulsar el desarrollo habitacional e industrial de la Octava Región.
En el mismo oficio de 17 de agosto de 2004 solicitamos que se nos informara respecto del cumplimiento de las inversiones proyectadas y comprometidas por Essbío en obras de alcantarillado, planta elevadora y tratamiento de aguas servidas, entre junio de 2000 y junio de 2004, con el objeto de posibilitar el desarrollo inmobiliario, y si dichas inversiones se llevarían a cabo en los plazos adecuados. Es decir, hemos fiscalizado.
Los oficios de fiscalización fueron enviados en junio y agosto del presente año, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios aún no los contesta; diría más, ha hecho caso omiso de los requerimientos de la Cámara de Diputados. Pero, ¡oh paradoja!, en la prensa de hoy se señala que dicha superintendencia aplicó una sanción a Essbío debido al incumplimiento de planes de inversión en diversas comunas de la Octava Región. Ello me parece muy bien, pero es bueno que la gente sepa que la tarea de velar por que la Superintendencia de Servicio Sanitarios cumpla con el rol de fiscalizar a las empresas del rubro la hemos realizado nosotros, los diputados. Es curioso que, habiendo transcurrido más de sesenta días desde que solicitamos la información, la superintendencia aún no responda, en circunstancias de que ha procedido a aplicar una multa a Essbío. Al respecto, quiero advertir que haremos el seguimiento respectivo.
En consecuencia, pido que se oficie una vez más al Superintendente de Servicios Sanitarios espero que esta vez tengamos mejor suerte a fin de que nos informe por qué no entrega a tiempo los antecedentes que le pide la Cámara de Diputados, como los oficios que le solicitamos a partir de junio pasado, con motivo del grave incumplimiento que visualizábamos en ese tiempo por parte de Essbío.
Asimismo, solicito que a la brevedad nos dé cuenta detallada de todos los documentos oficiales que dicen relación con la sanción que aplicó a esa sanitaria, entendiendo por tales, los informes técnicos respectivos, porque queremos saber por qué aplicó las multas, cómo las aplicó y cuál será el procedimiento que seguirá en este caso, debido a que Essbío ha anunciado que apelará a la resolución, la que, sin duda, intentará negociar. Tanto es así, que en el diario “La Tercera” de hoy se señala que ya hubo un intento de negociación. No sé si nuestra legislación permite a las empresas multadas que no cumplen los plazos la posibilidad de negociar su ampliación.
En ese sentido, quiero que el superintendente nos explique, de manera detallada, si existieron los procesos de negociación que señala el diario “La Tercera”, es decir, que nos diga en qué consistieron, quiénes fueron las autoridades de la Superintendencia que participaron, cuáles fueron las actas de conclusiones que determinaron la aplicación de la multa, y que nos envíe copia fiel del original de todos los antecedentes que se tuvieron en cuenta para aplicar dicho acto sancionatorio.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios canceló la autorización de Aguacor, empresa sanitaria ubicada en Coronel, comuna que forma parte del distrito que represento. Esta es la única caducidad de concesión sanitaria que se ha hecho en el país. Hemos hecho un seguimiento de esa cancelación, porque fue una medida extrema, y si se procede a su remate de esa sanitaria el proceso de quiebra ha tenido diversas dificultades está claro que la única empresa que puede comprar Aguacor , es Essbío, lo que le permitirá seguir creciendo, a pesar de que ésta ha señalado, entre otras cosas, que no ha podido cumplir con sus compromisos porque ha crecido mucho en la actualidad atiende a más de noventa localidades, además de otra serie de justificaciones, razón por la que quiero saber cómo se va a desarrollar el proceso de aquí en adelante.
Espero que no haya ninguna materia secreta, porque cada día descubrimos que son más los servicios públicos que se limitan a respondernos que su director ha declarado que los temas que se consultan tienen carácter secreto, debido a lo cual no es posible remitir información a la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, con fecha 6 de septiembre de 2004, el director del servicio de salud de Concepción envió a esta Cámara una respuesta que puede parecer insólita, relacionada con un oficio que enviamos para que nos entregara información acerca de los controles de parámetros físicos del agua potable que entrega Essbío .
Al respecto, el entonces director de dicho servicio de salud, doctor, Sergio Castro , señala: “La Superintendencia de Servicios Sanitarios remite copia a este servicio de los controles que la empresa sanitaria Essbío S.A. realiza en las comunas de nuestra jurisdicción de salud, dado que la empresa sanitaria Essbío desconoce nuestra labor fiscalizadora. En los casos que se ha detectado alteraciones de algunos parámetros físicos, este servicio ha solicitado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios informe sobre las medidas sancionatorias a adoptar, medidas que a la fecha no han sido informadas a este servicio por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.”.
Por lo tanto, pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios, a fin de que nos informe de todas y cada una de las acciones sancionatorias que ha aplicado en los últimos cinco años a la Empresa Sanitaria Essbío, particularmente en los últimos dos, determinando cuál fue la medida que se adoptó y cuáles las sanciones que se aplicaron. Si bien existe un informe de la Superintendencia que detalla las sanciones, lo consideramos restringido.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
GRATUIDAD PARA TÍTULOS DE DOMINIO URBANOS. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Bienes Nacionales, a fin de que nos informe acerca de una petición que hiciéramos, relativa a la posibilidad de tener gratuidad para el proceso de otorgamiento de títulos de dominio urbanos, dado que el año pasado este beneficio sólo se hizo extensivo para los títulos rurales en la Octava Región.
En su oportunidad, reiteramos dicha solicitud al entonces ministro de Bienes Nacionales, señor Jaime Ravinet , haciéndole presente que debe existir un programa especial de gratuidad para el otorgamiento de títulos de dominio urbanos y no sólo rurales. Debemos ayudar, como se ha hecho, a los habitantes del campo, pero la gente de la ciudad también tiene derecho a conseguir su título de dominio gratuito cuando pertenece a un grupo social vulnerable o de escasos recursos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.42 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.