Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ANÁLISIS SOBRE APLICACIÓN DE REFORMA PROCESAL PENAL
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
-
ANÁLISIS SOBRE APLICACIÓN DE REFORMA PROCESAL PENAL
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 20ª, en miércoles 17 de diciembre de 2003
Especial
(De 12:21 a 14:6)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Análisis sobre aplicación de reforma procesal penal.......................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia y Directora del Servicio Nacional de la Mujer , y el señor Subsecretario de Justicia .
Asisten también los señores: Presidente de la Corte Suprema subrogante, don Hernán Álvarez; Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Guillermo Piedrabuena; Defenso Nacional de la Defensoría Penal Pública, don Rodrigo Quintana; Ministro de la Corte Suprema , don Marcos Libedinsky; Ministro de la Corte Suprema, don Milton Juica; Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, don Carlos Maldonado; Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial , don Miguel Sánchez, y Presidente del Colegio de Abogados , don Sergio Urrejola.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:21, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 17ª y 18ª, ordinarias, en 9 y 10 de diciembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo, de 1947 (Boletín Nº 3387-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a las inquietudes que le asisten en torno al proyecto Parque Pumalín.
Del señor Subsecretario de Salud, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo al control sanitario efectuado a una partida de arroz procedente de Tailandia, afectada por pestes.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Supresión de Visa para los Portadores de Pasaportes Oficiales de la República de Chile y Portadores de Pasaportes de Servicio de la Federación de Rusia", suscrito en Moscú, el 4 de octubre de 2002 (Boletín Nº 3419-10), y
2.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, entre la República de Chile y la República de Bulgaria sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales (Boletín Nº 3386-10).
De la Comisión Especial Encargada de Estudiar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea, y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea, y sus Anexos, suscritos en Seúl, el 15 de febrero de 2003 (Boletín Nº 3279-10).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los Códigos de Procedimiento Penal y Procesal Penal en materia de control de identidad (Boletín Nº 3390-07).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Flores, Ruiz-Esquide, Valdés y Viera-Gallo, que concede beneficios a los condenados o procesados por infracciones a las disposiciones penales relativas a la violencia con móviles político (Boletín Nº 3134-07).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
Los proyectos de acuerdo que aprueban convenios entre Chile y la Federación Rusa y entre Chile y Bulgaria pasan a integrar la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de esta tarde.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para que ingresen a la Sala los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema, señores Marcos Libedinsky y Milton Juica; como también el Subsecretario de Justicia, don Jaime Arellano; el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial , don Miguel Sánchez, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, don Carlos Maldonado?
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Concurren, como invitados especiales, el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema subrogante, don Hernán Álvarez ; el Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Guillermo Piedrabuena ; el Ministro de Justicia , don Luis Bates ; el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, don Rodrigo Quintana , y el Presidente del Colegio de Abogados de Chile , don Sergio Urrejola .
Como las 14 es la hora de término de esta sesión, se dispone de una hora y 36 minutos.
Se han inscrito doce señores Senadores para intervenir. Además, me han pedido hacer uso de la palabra el Fiscal Nacional, don Guillermo Piedrabuena , por 15 minutos, y el Presidente de la Corte Suprema subrogante, don Hernán Álvarez , por 10 minutos. Por lo tanto, debemos distribuir el tiempo restante entre 12 oradores. Entonces, o exponen sin restricción horaria -lo cual haría necesario celebrar otra sesión para continuar analizando el tema- o bien se limitan a usar diez minutos aproximadamente.
El señor CORDERO .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría .
El señor CORDERO.-
Señor Presidente, considerando que no se trata de un proyecto cuyo despacho sea urgente, sino de una materia respecto de la cual es relevante debatirla en profundidad, propongo citar a una sesión adicional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No tengo inconveniente, pero creo que quienes se inscribieron ahora desean ser escuchados hoy, sin perjuicio de celebrar otra sesión para profundizar temas pendientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo .
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, sugiero ocupar la hora de Incidentes de la sesión de la tarde, si es que nuestros invitados pueden asistir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Yo no tengo problema. Incidentes comienza a las 18:30.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , en la sesión ordinaria de hoy también se rinde un homenaje.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, pero después de la Cuenta.
El señor COLOMA .-
Señor Presidente , respaldo la proposición del Honorable señor Cordero . Para la próxima sesión perfectamente podemos invitar de nuevo a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. A mi juicio, este tipo de temas justifica una reflexión serena por parte del Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, cada orador ocupará 10 minutos. Los primeros seis -o más- completarán el tiempo fijado y los restantes quedarán pendientes para la próxima sesión. Y para terminar intervendrán los señores Fiscal Nacional y Presidente de la Corte Suprema subrogante, quienes seguramente se harán cargo de las opiniones vertidas.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
ANÁLISIS SOBRE APLICACIÓN DE REFORMA PROCESAL PENAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , la reforma procesal penal ha sido, alternativamente, elogiada como un inmenso avance institucional del país y denostada como causa del incremento delictivo en Chile. Pero, en realidad, su verdadera evaluación requiere de mayor objetividad.
Cuando en 1997 el Congreso Nacional, más concretamente el Senado, decidió aprobar la reforma constitucional que dio inicio al trámite fundamental de modificación del sistema judicial, existía un gran consenso político, ya que era indispensable modernizar un sistema que los propios legisladores de hace más de un siglo, cuando lo instituyeron, expresamente estimaron anticuado. Y ese mismo esfuerzo de juicio técnico debe prevalecer al evaluar sus primero tres años de puesta en marcha.
En general, tengo la impresión de que hasta ahora su implementación puede calificarse como razonablemente satisfactoria. Por cierto, presenta algunos problemas importantes que es preciso corregir cuanto antes; pero no era esperable que un cambio de esta magnitud estuviera exento de ellos.
No obstante, los objetivos establecidos en la reforma de 1997 y en su legislación complementaria se han ido cumpliendo en lo principal.
Ya es un hecho la instalación de un sistema oral público y contradictorio en ocho Regiones (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta , Séptima, Novena , Undécima y Duodécima), equivalentes a un cuarto de la población del país. Y ayer, 16 de diciembre, se inició su instalación en otras cuatro Regiones (Quinta, Sexta , Octava y Décima), con lo que el 60 por ciento de la población está ya en el nuevo sistema.
Esta modernización constituye un avance fundamental en la prestación de un servicio esencial para un Estado de Derecho moderno, cual es la administración de justicia en lo penal. Y es tanto o más oportuna, porque la integración del país a la economía globalizada mediante los tratados de libre comercio demandará la modernización de los sistemas chilenos de resolución de conflictos.
Ya existen algunos estudios técnicos sobre los resultados del nuevo procedimiento penal, que en general destacan dos indicadores básicos: el mayor número de decisiones judiciales que permite adoptar y el menor tiempo que se requiere para adoptarlas.
El sistema ha desarrollado una capacidad para concluir casos que lo acerca a los óptimos preestablecidos. La cifra de evolución de términos en cada Región muestra una creciente aptitud en esta materia. Muestra, además, que las Regiones de la segunda etapa de implementación alcanzaron los mismos niveles de terminación que las Regiones de la primera etapa en un tiempo mucho menor.
Sin embargo, desagregados los datos por categorías de delitos, el sistema muestra baja capacidad en terminación de casos de homicidios y delitos sexuales. Además, las figuras delictuales de la Ley de Drogas y de la Ley de Alcoholes presentan porcentajes de terminación muy por debajo de las proyecciones iniciales, especialmente si se considera que en su mayoría se trata de delitos flagrantes.
En consecuencia, urge aumentar su competencia para terminar casos que, si bien representan un ingreso porcentual bajo, por su gravedad son socialmente muy relevantes.
Particularmente bajos aparecen los porcentajes de casos concluidos mediante juicios orales (0,22 por ciento del total de términos), procedimientos abreviados (0,48 por ciento del total de términos), suspensiones condicionales del procedimiento (2 por ciento del total) y acuerdos reparatorios (1 por ciento del total).
En consecuencia, es preciso que el Ministerio Público desarrolle metodologías de trabajo dentro de las fiscalías locales que refuercen la labor de los fiscales adjuntos en el logro de este tipo de términos del proceso.
Con todo, si se compara la productividad del antiguo sistema con la del nuevo, se advierte que éste ha sido capaz de entregar más soluciones. En robos, hurtos y homicidios, el sistema nuevo presenta mayores porcentajes de soluciones que el antiguo.
En la duración de los procesos se observan los avances más notables respecto del sistema antiguo, con rebajas promedio de tiempo de duración de los procesos de 37,3 por ciento y 46,1 por ciento en las Regiones Cuarta y Novena, respectivamente, es decir, cerca de un tercio menos de demora.
Sin embargo, en los delitos más complejos (contra la vida y sexuales) el avance todavía no es el adecuado.
En diciembre de 2002 -dos años después de la aplicación de la reforma-, el sistema había terminado el 87,3 por ciento de los casos ingresados.
Las cifras desmienten que el nuevo sistema sea desequilibradamente permisivo, garantista y "favorecedor del delincuente". En efecto, en la fecha indicada, en las cinco primeras Regiones de implementación se dictaron 22 mil 449 sentencias, el 98,8 por ciento de las cuales fue condenatorio.
Víctimas
Un aspecto de primera importancia en el nuevo sistema es que la víctima es ahora un actor relevante: participa y es consultada sobre diversas decisiones del proceso y su interés concreto es realmente considerado.
Por primera vez, las víctimas están siendo atendidas por el sistema de manera profesional y personalizada. Cuentan con más información que la que han tenido hasta ahora; tienen acceso directo a los fiscales; son asistidas tanto en la fiscalía como en los tribunales por personal profesional, de manera eficiente, y la fiscalía y los propios tribunales tienen metas de gestión asociadas a que las víctimas no esperen largamente por las diligencias que deban realizar.
Imputado
En el nuevo proceso penal existe pleno reconocimiento de las facultades, derechos y garantías que corresponden a los imputados: derecho a un justo y debido proceso, a un juicio oral y público, a ser informados, a no ser sometidos a tratos degradantes, a una defensa letrada. Todo ello representa un avance fundamental en el reconocimiento de los derechos personales frente a la intervención estatal.
Reforma procesal penal y delincuencia
La principal crítica al nuevo sistema plantea que él sería una causa del alza de las tasas de delincuencia. Sin embargo, las cifras no confirman esta crítica. Un sistema judicial penal es condición necesaria para una política eficaz de prevención y control de la delincuencia, que logre bajar esas tasas, pero no es condición suficiente para lograrlo. Si lo fuera, la experiencia mundial habría mostrado hace tiempo que, para reducir la delincuencia, bastaría dictar nuevos códigos procesales.
En realidad, el enfrentamiento del fenómeno delictivo es mucho más complejo que una reforma procesal y supone una política pública eficaz, coherente y simultánea en múltiples ámbitos, además del judicial. Esta política, desafortunadamente, es incompleta.
En cuanto a lo que un sistema judicial, por sí solo, pueda hacer a este respecto, el nuevo procedimiento penal muestra indicadores favorables. Por ejemplo, las soluciones subieron, en hurtos, de 5,8 por ciento en el sistema antiguo a 16,6 por ciento en el nuevo; en homicidios, del 60,2 por ciento al 80,6 por ciento, y en robos, de 6,5 por ciento a 7,6 por ciento. Aunque esta última cifra muestra sólo un aumento marginal, el que sea positiva indica que la reforma no es causa del aumento delictivo. Por el contrario, allí donde funciona, está actuando mejor que el sistema antiguo en cuanto instrumento de control de la delincuencia.
Así, atribuir al nuevo sistema procesal penal el alza de la delincuencia equivaldría a pretender que una misma causa produce dos efectos completamente distintos. En realidad, no es posible establecer una relación causal entre reforma y alza o baja de las tasas de delincuencia. Todo lo que puede afirmarse, a la luz de los datos disponibles, es que las tasas de delincuencia tienden a subir en el país, con múltiples variaciones regionales y locales, pero dichas variaciones no responden a la aplicación o no aplicación de la reforma. La tendencia delictiva creció en algunas zonas sin reforma, disminuyó en otras con reforma, y a la inversa.
Otro tanto puede decirse con relación a la percepción del temor. La única fuente pública de información (la encuesta Paz Ciudadana-Adimark, de julio de 2003) tampoco permite concluir que exista un aumento en el nivel del "alto temor" en las ciudades donde ha entrado en vigencia el nuevo proceso penal. El temor crece o decrece en relación con la victimización, pero ésta y aquél son independientes de la aplicación del nuevo sistema penal.
Correcciones pendientes
Resumiendo, la reforma puede evaluarse positivamente respecto de su transparencia, inmediatez, ausencia de corrupción, publicidad, selectividad de los casos que más inquietan a la opinión pública.
En cuanto a las Policías, en lo inmediato y considerando los problemas que supondrá la incorporación de la Región Metropolitana al nuevo sistema procesal, debe atenderse a su cabal capacitación, modernización de los procesos de trabajo y asignación de recursos. En general, este aspecto ha sido hasta ahora considerado sólo una vez que la reforma ya se ha instalado en las Regiones, pero eso no debe ocurrir respecto de la Región Metropolitana.
En cuanto al Código Procesal Penal, es evidente que él muestra algunas deficiencias, particularmente en relación con delitos "menores", pero de alto impacto social en las comunidades locales, en especial cuando se trata de delincuentes habituales, que hacen de aquéllos una calculada "industria del delito menor". Tales deficiencias son las que crean la sensación de impunidad y ellas, sin duda, requieren cambios, sobre todo en materia de suspensión condicional, acuerdos reparatorios, procedimiento abreviado, lo que no es el momento de entrar a detallar aquí.
Respecto de los servicios auxiliares de justicia, el caso más grave se observa en el Servicio Médico Legal, porque su organización y funcionamiento corresponden a una época ya lejana. Y si hoy no da abasto ni siquiera para practicar las pericias que demanda el viejo sistema procesal, tanto menos puede hacerlo en el nuevo, cuyos ritmos y productividad son muy superiores. Esto debe atenderse urgentemente, pero no se resolverá mediante la sola inyección de recursos al antiguo esquema del SML, sino que exige una sustancial reingeniería, con conceptos modernos de eficacia y eficiencia.
En lo relativo a las prioridades para la instalación en Santiago del nuevo sistema, urge resolver problemas de infraestructura: el caso del Centro de Justicia, en el ex predio de FAMAE, es crítico tanto por el retraso de su infraestructura como por el modelo de operaciones en torno al cual se está construyendo. Urge, por lo tanto, resolver el problema de la capacitación policial (supone capacitar más de 10 mil funcionarios antes del 16 de junio de 2005), y acelerar el proceso de designación y capacitación de fiscales, defensores, jueces y funcionarios. Todo este proceso muestra hoy un ritmo demasiado lento en comparación con lo que serán las demandas y expectativas cuando se inicie su aplicación.
En fin, cabe alertar sobre la administración judicial, que puede constituirse en un cuello de botella en Santiago. Debido a la gradualidad de nombramiento de jueces hoy programada, es posible que el sistema colapse si el Ministerio Público aborda en Santiago más casos en un plazo más breve que el ritmo observado en las otras Regiones hasta ahora.
Otra tarea que debió haberse enfrentado coordinadamente por las distintas instituciones es la difusión del nuevo sistema penal en la comunidad. En buena medida, las críticas que hoy se escuchan provienen del desconocimiento del mismo, lo que se comprueba al comparar las mediciones de percepción de quienes han tenido contacto con el nuevo sistema con la de quienes no lo han tenido. Sistemáticamente, los primeros tienen una mucho mejor impresión de la reforma.
Por lo tanto, debe instarse a que la Comisión de Coordinación Interinstitucional practique las evaluaciones para las cuales fue creada y haga públicas las fechas en que se llevarán a cabo, así como sus resultados, las metodologías empleadas, etcétera. Deben crearse Comisiones Regionales de Coordinación Institucional integradas por representantes del Poder Judicial , Ministerio Público y Policías. Si es preciso, eso debe hacerse mediante la dictación de leyes, que estaremos prontos a despachar.
Es de la máxima urgencia que las instituciones del sistema, particularmente el Poder Judicial , el Ministerio Público y la Defensoría Pública, continúen entregando información pública sobre el funcionamiento de cada una de ellas y que profundicen sus acciones en tal sentido.
La citada Comisión de Coordinación debe entregar información homologada sobre el funcionamiento global del sistema y actuar para lograr la integración de los procedimientos informáticos de las diversas instituciones.
Urge nombrar al Secretario Ejecutivo del referido organismo en la forma prevista en la ley que lo creó, y dotar a dicho funcionario de un cuerpo de profesionales en comisión de servicio que provengan del Poder Judicial , del Ministerio Público y de la Defensoría Pública. Además de las tareas propias de esta Comisión, el Secretario Ejecutivo debería asumir especialmente las labores de coordinación de la implementación de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana.
Asimismo, urge formular un plan de trabajo, impulsado por el Ministerio de Justicia, que tenga por objetivo asegurar que la población acceda a ciertos contenidos mínimos del nuevo proceso penal, como por ejemplo la identificación de los distintos actores, con roles y responsabilidades dentro del sistema, y los derechos básicos de los imputados, víctimas y testigos. También es necesario que cada actor e institución aborde la difusión de los fundamentos de sus respectivas áreas de responsabilidad a sus usuarios y a la ciudadanía en general.
Señor Presidente , la modernización del sistema de justicia penal chileno es el más grande esfuerzo que el país haya emprendido en esta área en más de un siglo. Su puesta en marcha presenta problemas iniciales, como siempre supimos que ocurriría; pero ellos no deben mover a desánimo, sino a multiplicar el esfuerzo por corregirlos.
A mi juicio, la modernización del sistema judicial está en una etapa satisfactoria. Obviamente, será necesario introducirle algunos cambios con el objeto de actualizar el Código de Procedimiento Penal. Pero a la postre se han cumplido las expectativas que ciframos cuando en 1997 aprobamos la reforma constitucional que dio origen al nuevo sistema.
Por lo tanto, presto mi más amplio apoyo para continuar este esfuerzo, el más grande -reitero- que se haya realizado en el país en materia judicial.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Señor Presidente , esta tarde nos hemos reunido para comentar el avance de lo que ha sido calificado como el mayor cambio cualitativo a un Poder del Estado en más de cien años.
Esta reforma corresponde a una idea surgida en el Gobierno que me tocó presidir, en un tiempo en el que se hicieron acabados estudios académicos y prolijas labores legislativas para que este proyecto viera la luz.
Quiero agradecer, una vez más, a todas las personas que brindaron su valioso conocimiento del Derecho, su pasión por la justicia, su paciencia para plantearse ordenadamente la modificación de cientos de leyes y su empeño por hacer que esto avanzara, a pesar de todas las dudas, resquemores, opiniones encontradas e inexplicables -según mi opinión-, y atavismos que encontramos en el camino de esta reforma. Pero aquí está: desde ayer, más de 9 millones de chilenos ya cuentan con esta nueva manera de administrar justicia.
Como todos saben, no soy abogado, sino ingeniero. Lo mío no ha sido una labor repleta de escritos y de alegatos en los tribunales, sino los números, los cálculos y las obras de infraestructura. Pero, desde el primer momento que decidí ser candidato a la Presidencia de Chile, tenía claro que, de ser elegido, haría todo lo posible por transformar la justicia chilena.
En ese entonces, no tenía tan claro como hoy lo anacrónico de la naturaleza de nuestro antiguo procedimiento: un juez que investiga en secreto para ser luego el mismo quien sanciona. Yo más bien veía que los juicios eran lentos, que no había un proceso de racionalización que jerarquizara las causas por su importancia, y que además había serias faltas de respeto, en varias etapas del proceso, hacia las víctimas. Con el tiempo me fui dando cuenta de que estaba todo relacionado: lo anticuado del marco teórico de nuestro proceso explicaba la derruida condición de su implementación y la impotencia de millones de chilenos al ver que la justicia no les servía de mucho.
Como toda irrupción sustancialmente nueva en una sociedad, esta reforma despierta variadas reacciones. Hay quienes consideran que el sistema concede demasiadas garantías a los delincuentes. A ellos les diría que una cosa es ser imputado, y otra, declarado culpable. En las sociedades civilizadas toda persona es inocente hasta que un fallo acredite lo contrario. Quiero pedir, sobre todo a los políticos y, en especial, a aquellos que son abogados, quienes -se supone- han hecho del respeto a la justicia y el Derecho parte sustancial de su formación como seres humanos, que no traicionen este principio crucial de la convivencia democrática a la hora de criticar esta reforma, con el propósito de ganar un par de aplausos en la galería.
Hay otros que creen necesario observar el proceso sin tocarlo durante un tiempo prolongado, para poder apreciar su comportamiento en un plazo lo suficientemente largo como para evaluarlo. ¡No me parece!
La nueva justicia no es un objeto de laboratorio, sino algo que pretende ser útil a los ciudadanos. Uno de los objetivos de ponerla en práctica de manera escalonada fue justamente detectar problemas y corregirlos antes de que el nuevo sistema llegara a las regiones más pobladas.
La reforma es un proceso vivo. Y por eso demando a todas las autoridades relacionadas con ella que tengan la inteligencia, la dedicación y la sagacidad para monitorear correcta y permanentemente este nuevo modo de aplicar justicia, con el objeto de enmendar los errores que se puedan detectar. La reforma procesal es algo vital, y si hay cosas que se pueden hacer para perfeccionarla, sean ellas bien recibidas, sobre todo si estas modificaciones son fruto de la reflexión informada, inteligente y serena de las personas que mejor conocen el manejo de este revolucionario método.
Pero hoy quiero relevar otra cosa y hablar de los valores que la reforma procesal proyecta, los que pueden ser aplicables a otros servicios del Estado que deben ser transformados radicalmente para poder cumplir con su objetivo de servir a todos los chilenos.
Lo primero que debe decirse es que dicho proceso nunca fue concebido como un ajuste de piezas o como una modificación menor. Desde su origen, llevó la carga de ser una apuesta a algo totalmente nuevo. Por eso, muchos con mentalidad conservadora se asustaron. La reforma fue pensada como una revolución del ámbito donde se aplicaría. Los autores del proyecto son brillantes académicos que optaron por hacer una reflexión profunda sobre cómo dar mejor justicia a nuestros compatriotas. Eran y son verdaderos idealistas. Siempre es bueno, tratándose de enmiendas tan profundas, partir con las ideas de personas inteligentes que se juegan por lo que creen.
Segundo: este cambio cualitativo fue fruto de un gran diálogo en el marco de una decisión política de realizarlo. Seamos claros: a cada persona que se invitó a conversar y aportar ideas se le dijo que el cambio iba sí o sí, y que necesitábamos su visión para enriquecerlo. No cedimos ante ninguno de los que querían reformas de maquillaje. ¡No! ¡Esto debía ser de verdad y no una gran promesa política, con un formidable marketing, pero pobre en su contenido real!
Quiero decirlo con mucha franqueza: esta gran modernización es fruto de muchos aportes académicos y políticos. Todos se sumaron. Ésa fue su gracia. Todos tenían claro que estaban ante una gran responsabilidad. ¡Y todos cumplieron! Creo que hoy todos los actores que aportaron su grano de arena deben sentirse orgullosos de lo que han construido.
Tercero: la reforma es abiertamente pragmática y busca, por sobre todas las cosas, prestar un servicio a las personas. No se hizo pensando en qué interés corporativo iba a ser dañado, ni qué gremio quedaba en buen o mal pie. Se llevó a la práctica pensando en la gente, en los chilenos que habían respondido, ante encuestas que tuvieron al frente, que una de las cosas que peor funcionaban en Chile era la justicia.
En el modelo se contemplan posibilidades tan interesantes como hacer que abogados particulares actúen como defensores, comprando sus servicios. La idea es solucionar el problema de las personas y no defender intereses particulares que frenen la reforma. No existe posibilidad alguna de dar grandes saltos en materia de desarrollo con una justicia anquilosada, anticuada y de difícil acceso para la gente. Hay muchos otros ámbitos del funcionamiento del Estado que también debieran modificarse con este mismo principio.
Cuarto: se propone crear equipos para que el proceso funcione mejor. Uno de los aspectos menos conocidos es la profesionalización en el ámbito de la gestión administrativa, de los equipos humanos, de los medios técnicos y de los establecimientos construidos para su funcionamiento. La administración es delegada en profesionales que conocen del tema. Otro tanto sucede en aspectos propios del funcionamiento de los equipos de trabajo. Es decir, vemos que los protagonistas de este afán por dar mejor justicia a los chilenos son los abogados, ingenieros, administradores, contadores, psicólogos, sociólogos, periodistas, en fin, un conjunto de profesionales que aportan lo mejor de sí. Quiero felicitar a los abogados que han entendido que hay una serie de disciplinas que pueden ser de gran ayuda para lograr el objetivo de una mejor justicia para todos los chilenos. Y también a los demás profesionales que, apoyados en sus conocimientos y habilidades, tienen como norte el mismo propósito.
Quinto: la reforma busca racionalizar un conjunto de actos. Es decir, un proceso que persigue cumplir con el objetivo de dar justicia, pero viendo también los costos, las posibilidades reales de llegar a puerto y, en muchos casos, maneras alternativas de zanjar la situación. Aunque a algunos les suene mal, la reforma exige a los diferentes actores racionalizar sus demandas y calcular de modo realista sus posibilidades. Esto ayuda a organizar la manera general de operar, sin perder de vista cuáles son los delitos más graves y, por lo tanto, más relevantes, para ser atendidos con prioridad.
Sexto: la reforma tiene como uno de sus principios cruciales la transparencia. Esta nueva manera de proceder obliga a cada actor a ser correcto en todos y cada uno de los pasos y hace que la escena del juicio, el momento cúlmine de la administración de justicia, sea una ceremonia abierta al público, para que todos sean testigos de cómo actuaron las partes y los jueces. No vamos a hablar de cuán dañino ha sido, para miles de compatriotas y para la convivencia en general, el que hasta ahora gran parte del procedimiento penal haya sido secreto. Eso hacía que muchas veces conversaciones de pasillo, o en lugares que no eran precisamente los tribunales, reemplazaran el debido proceso, sin que nadie se enterara. Ahora se juzga de cara al público. ¡Qué bueno sería para Chile que muchas de las actuaciones de sus autoridades, de distintos niveles, alcanzaran ese grado de transparencia!
Séptimo: la reforma muestra un profundo respeto por el ser humano. Quiero detenerme en uno de los aspectos más importantes del funcionamiento del Ministerio Público: la atención a las víctimas. Todas las fiscalías cuentan con equipos especializados para trabajar con quienes sufrieron la acción criminal, lo que no sólo es importante para que el proceso judicial no aumente el daño en la vida de la víctima, sino también para que ésta tenga mejores horizontes cuando el juicio termine. En ese sentido, el nuevo procedimiento tiene un amplio concepto de lo que es servir a los chilenos.
Uno de los aspectos de la reforma que más me emocionan es el gran número de profesionales jóvenes que la han convertido en su tarea de vida. Tanto en los equipos del Ministerio Público cuanto en la Defensoría, así como en gran parte de la judicatura, uno ve a muchas de las personas que hoy se denominan "adultos jóvenes" poniendo este desafío sobre sus hombros. Hace tiempo que hablo de la necesidad de apoyarnos en los jóvenes para que nuestro país dé los grandes saltos claves que aún tiene pendientes. Soy de los que creen que la juventud es una condición del espíritu, no del calendario. Y si a la pasión por mejorar las cosas, tan propia de esa etapa, agregamos la energía, el brío de las nuevas generaciones, estaremos dando a esta modernización del Estado una mística especial que espero se vaya traspasando de equipo en equipo, y de generación en generación.
Esta reforma es fruto de una modalidad de hacer política con la que me identifico plenamente: claridad en el objetivo, seriedad en el diseño, paciencia y apertura en la discusión, pragmatismo en la ejecución y respeto por quienes serán los usuarios. Y creo que una de las mayores bondades de este inmenso esfuerzo que busca satisfacer de mejor manera las necesidades de todos los chilenos (tengan éstos mucho o poco; se trate de un hombre común o de uno importante), está en la transparencia permanente, propia de un alma y de una impronta joven. El país se va dando cuenta de cuán importantes son estos atributos.
He dicho.
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El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Su Señoría había solicitado recabar la autorización de la Sala para que la Comisión de Relaciones Exteriores pudiera trabajar paralelamente con el Senado.
El señor NÚÑEZ.-
Así es, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para atender a esta solicitud?
--Se accede.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , atendiendo al objeto de esta sesión, consistente en proceder a un análisis del funcionamiento de la Reforma Procesal Penal, comenzaré por decir que, según creo, cualquier persona que haya observado las diferencias existentes entre el nuevo y el antiguo proceso penal, con una mínima objetividad llegará a la conclusión de que, sin duda el primero presenta ventajas innegables respecto del sistema inquisitivo que, lamentablemente, aún se sigue aplicando en algunas Regiones, entre otras, en la Metropolitana, que concentra el mayor número de compatriotas.
Las ventajas del nuevo proceso penal son innegables. Desde luego, la inmediación, que es la facultad de los jueces de tomar conocimiento directo de los medios probatorios y de los antecedentes que les permitan resolver adecuadamente una causa, no sólo aplicando estrictamente el Derecho, sino, como se anuncia a la entrada del Palacio de los Tribunales, administrando justicia; la celeridad de las causas, y la necesidad de priorizar, dentro del sistema judicial, las investigaciones de los hechos que merecen mayor reproche social, por sobre aquellos que no lo suscitan.
Tengo la impresión de que el nuevo proceso penal, con todas las ventajas que exhibe, requiere, a lo menos en cuanto a las normas que lo regulan, un análisis, una evaluación y una corrección, lo que no significa en caso alguno modificar su substancia. Se trata de que, luego de varios años de aplicación, se puedan corregir objetivamente aquellas deficiencias que, en la práctica, hayan demostrado que de alguna forma afectan los derechos de las víctimas, o, eventualmente, los de los imputados. Esperar a que esas modificaciones se produzcan para cuando el proceso penal esté en funcionamiento en todo el país, podría significar perder una buena oportunidad de perfeccionarlo a tiempo.
Pero quiero centrar mi intervención en un aspecto de fondo: no hay proceso penal en el mundo que funcione bien si los órganos auxiliares de la administración de justicia no están en condiciones de respaldar la labor de los tribunales y de los fiscales.
En el Congreso habitualmente dictamos leyes que se relacionan con alzas de penas, agilización de procedimientos, creación de tribunales; pero ningún juez, por eficiente que sea en su función, va a poder cumplirla adecuadamente si no cuenta con los instrumentos que lo apoyen para llevar adelante la investigación -así sucede en el caso de los fiscales en el nuevo proceso penal; y en el del propio magistrado, en las regiones en donde rige el sistema antiguo-, probar los hechos sobre los cuales se suscita la controversia, y dictar una sentencia que resuelva el conflicto sometido a su conocimiento.
En nuestro país existe un déficit gigantesco respecto de los órganos auxiliares de la administración de justicia. A mi juicio, de manera muy injusta los medios de comunicación y la comunidad culpan a los tribunales y a los jueces por materias que no son de su responsabilidad, aunque sí lo son de la autoridad ejecutiva, que es la llamada a dotarlos de la infraestructura necesaria.
Mencionaré un ejemplo respecto de dos tipos de delitos, si no de mayor ocurrencia, a lo menos de fuerte reproche social en nuestro país: los abusos sexuales. Gran parte de esa clase de delitos se comete sin que haya testigos que puedan acreditar el hecho; con denuncias formuladas con bastantes días, y aun con meses de retardo, lo que impide acceder a huellas físicas que permitan acreditarlo. Y el juez se ve enfrentado a la disyuntiva de tener que resolver ante una víctima que imputa el delito a una persona, mientras el imputado niega la comisión de éste. Cuando el juez solicita el apoyo de organismos auxiliares de la administración de justicia, como el Instituto Médico Legal, para que realice los peritajes y exámenes que estime convenientes a efectos de determinar la credibilidad, conocimiento o veracidad de la información que puede estar aportando quien denuncia o quien es denunciado; o recurre al Instituto de Criminología de Investigaciones (la información nos fue proporcionada por un señor Ministro de la Corte Suprema en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que preside el Senador señor Frei ), nos damos cuenta de la dramática situación conformada por el hecho de que cerca del 90 por ciento de los requerimientos a los tribunales no se pueden resolver por no haber suficientes peritos, o porque éstos están absolutamente sobrepasados en su capacidad para cumplir las peticiones de los tribunales. Así, nos encontramos con cientos de procesos en que el juez queda amarrado de manos y no puede llevar adelante la investigación con éxito. ¡Para qué decir lo que sucede en Regiones! Allí simplemente los centros no existen. Y ni hablar de acudir a la audiencia oral, como lo exige, con toda razón, el nuevo proceso penal.
Por lo tanto, señor Presidente , cualquier análisis serio que se quiera hacer del nuevo proceso penal tiene que afirmarse sobre la base de constatar una realidad. Hoy día los órganos auxiliares de la administración de justicia en nuestro país son absoluta y totalmente insuficientes para que los fiscales investiguen adecuadamente. Espero que el señor Fiscal Nacional, que está presente en este momento, reafirme o refute lo que he señalado, porque es lo que ellos me cuentan. Desearía que se expresara con claridad, si los distinguidos miembros de la Corte Suprema lo estiman conveniente, si ésta es o no una realidad, porque mientras sigamos legislando sin considerar lo que es un elemento esencial para los medios probatorios, quedaremos sujetos a un sistema que cojea permanentemente.
Los jueces no son magos; administran justicia en la medida en que el sistema los dota de los instrumentos para probar los delitos. Y de no proporcionar esos instrumentos tanto a la Fiscalía como a los magistrados, el sistema colapsará.
En Chile, más del 60 ó 70 por ciento de los delitos de abusos sexuales quedan en la impunidad. Según información proporcionada en una de nuestras Comisiones por el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS, este organismo y el Instituto Médico Legal (que entregará su testimonio en los próximos días) no tienen cómo realizar los correspondientes peritajes, que son esenciales.
Hay otro tema, señor Presidente , que hemos planteado en diversas oportunidades, pero al parecer no hay conciencia respecto de él: el del narcotráfico. De acuerdo con datos que obran en mi poder, el número de funcionarios policiales, tanto a nivel nacional como de la Región de La Araucanía -que represento en el Senado-, que constituyen un elemento esencial en las investigaciones que llevan a cabo los fiscales acerca de las denuncias sobre narcotráfico, es bastante exiguo. Este antecedente, que se nos entregó con carácter de reservado, se encuentra en la Oficina de Informaciones, y puede acceder a él cualquier señor Senador.
¡Es una vergüenza que nuestro país no cuente con dotación policial suficiente para combatir el narcotráfico!
La Brigada de Narcóticos y el OS-7 de Carabineros carecen del personal mínimo necesario para desarrollar esas investigaciones. Y, si lo hacen, debe tratarse de un hecho de relevancia pública, pues ello implica postergar cientos de otros casos. Porque, simplemente, no dan abasto.
Señor Presidente , he querido usar el poco tiempo que se nos ha asignado, para señalar que no podemos engañar a la opinión pública analizando un proceso penal en teoría ni responsabilizar al Poder Judicial de déficit y errores que corresponden al Ejecutivo . En una democracia, éste, con el aporte del Congreso, es el encargado de suministrar los instrumentos para una buena administración de justicia. Los jueces no pueden proporcionarla si no cuentan con esos elementos.
Por lo tanto, espero que en esta materia -como lo hemos considerado con el Senador señor Frei en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana- podamos hacer una presentación seria. Entendemos que a Chile no le sobran recursos. Sería demagógico sostener que el problema se resolverá en uno o dos años. Pero es menester mostrar al país un horizonte claro y decir que el nuevo proceso penal requerirá muchos recursos; que deberá implementarse; que en la primera etapa va a costar aplicarlo.
Lo importante es visualizar un horizonte que permita dilucidar con claridad cuáles serán, en definitiva, los plazos para que el nuevo sistema, que ya debería haberse iniciado en la Región Metropolitana, realmente cuente con los órganos necesarios para una buena administración de justicia.
He centrado mi intervención en este aspecto, porque cuando no se analiza el fondo del asunto se tiende a atribuir los errores a las leyes, al legislador o a la interpretación de ellas por los jueces. Si el país no dispone de la infraestructura ni de los medios indispensables para lograr el esclarecimiento de un hecho, nunca tendrá un sistema de justicia eficiente, por muy capaces que sean quienes la administren.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , hoy estamos evaluando la aplicación de la reforma procesal penal, una de las más significativas acometidas en el país y que tiende a generar una nueva relación de la gente con la justicia.
Si quienes llevamos algunos años en el Parlamento hacemos memoria y reflexionamos acerca de la principal aspiración de las personas a las cuales representamos, concluimos que es el acceso a la justicia y la seguridad de que ésta será capaz de resolver sus problemas cuando el caso lo amerite.
Por eso, es extraordinariamente importante conocer cómo ha funcionado en la práctica el nuevo sistema, que tuvo un grado de consenso parlamentario y político casi unánime; pero que también exige ver cuáles han sido sus efectos, para mantener lo bueno y, si es necesario, efectuar algunas correcciones.
Debo manifestar que antes de la presente sesión sostuve varias reuniones con gente de la Séptima Región -que represento-, donde se está implementando el nuevo sistema desde hace aproximadamente dos años. Me reuní con magistrados, con fiscales, pero sobre todo con juntas de vecinos, a fin de saber cómo ha percibido el ciudadano común y corriente este cambio tan profundo y cómo ha influido en su vida.
Hay cosas que han funcionado bien y es importante destacarlas.
En primer lugar, la velocidad de atención a los afectados. Éste es un punto relevante, porque se creía que, si alguien era objeto de un delito, a nadie le importaba. La percepción actual es que cuando una persona es víctima de un hecho delictual, dispone de una instancia concreta a la cual recurrir. Se trata de un avance trascendental, por cuanto el acceso a la justicia en sí mismo ya es un valor significativo.
En segundo término, la transparencia del procedimiento, no sólo para quienes ejercemos como abogados. Esto se ha transmitido a la comunidad de modo positivo. Con la reforma se acabaron los asuntos medio oscuros, en los que no se sabía lo que estaba por acontecer. Si uno pregunta, le informan lo que sucede y cuáles son los pasos siguientes. Y si se llega al juicio oral, obviamente la gente tiene claras las formas de defenderse y el modo en que se amparan sus derechos.
En tercer lugar -en esto quizá discrepo un poco de algunos otros señores Senadores-, debe mencionarse el relativo éxito en la investigación y las sanciones para delitos de mayor connotación social.
Existe la percepción de que, cuando se trata de delitos relevantes, significativos, el sistema empieza a moverse de manera eficiente. Las personas tienen la impresión de que para aquellos delitos que antes estremecían a la opinión pública y que con frecuencia permanecían años o décadas sin esclarecerse, hoy día, en un plazo relativamente breve, hay capacidad objetiva para investigar, conocer y sancionar a los eventuales responsables.
Ésa ha sido la experiencia, por lo menos donde se ha implementado el nuevo sistema. Y creo que ello apunta a grandes activos -no quiero minimizarlos-, porque tiene que ver con algunas profundas deficiencias de toda la etapa previa a la aplicación de la reforma procesal penal.
Sin embargo, señor Presidente , con la misma fuerza con que he subrayado los logros alcanzados, debo expresar que hay puntos cuya implementación no se encuentra en la misma línea señalada precedentemente.
He intentado resumir los puntos que quizás generen un relativo divorcio entre los esfuerzos realizados por el país, los magistrados, los fiscales, la Defensoría Penal Pública, los Parlamentarios, el Estado -éste desde la perspectiva económica, porque ha sido una reforma cara y tenía que materializarla-, y el resultado obtenido por la ciudadanía. Éste debería haber sido más optimista y positivo.
A mi juicio, existe una falta de resolución real de los delitos que tienen menor connotación social, pero que afectan a mayor número de víctimas. La persona que es objeto de algún robo o hurto tiene la creciente sensación -al menos en mi región- no sólo de que al final no ocurrirá nada, sino de que su causa no es importante para la sociedad. Éste es un asunto delicado, que es preciso abordar con sentido creativo.
Lo expuesto se explica porque al revisar los datos de la evolución de la reforma procesal penal y examinar qué sucede con los robos, por ejemplo, en la Séptima Región, se comprueba que el 91 por ciento de ellos queda archivado. Ésta es una cifra a nivel nacional, pero asimilable a determinados lugares.
Ésa es la verdad. Hay una especie de automatización. Los fiscales preguntan a cuánto asciende el monto de lo defraudado o robado y proceden -al menos allá- con una especie de lógica: si es más de un millón de pesos o menos que esa cantidad. En este último caso, da la impresión de que el asunto no amerita -tal vez sea la filosofía de la reforma, pero resulta bastante brusco cuando se plantea de esa forma- un esfuerzo especial de la sociedad. Y como el número de delitos de ese orden es muy elevado, se va creando la idea de que en el nuevo sistema no importa lo acontecido en tales casos.
Podría describir incidentes, situaciones personales dramáticas. Para ejemplificar este tipo de cosas, basta con informar que cuando alguien acude a conseguir ayuda a una junta de vecinos, como en ellas ya conocen lo que sucede, le expresan: "Mire, no le conviene, porque va a gastar más dinero en el transporte para acudir a dar cuenta del hecho, pues a la semana siguiente va a estar archivado el proceso.". Así tuve oportunidad de constatarlo. Inclusive la víctima supo quién le había robado la bicicleta; pero, cuando fue a reclamar, ya estaba archivada la causa, lo que generó un escenario nuevo para reinstalar la acción necesaria.
Entonces, aquí tenemos un problema de fondo. Existe la sensación de que, pasado un breve período de tiempo y dependiendo del monto -que, además, es distinto según la Región, pues el criterio lo fijan los fiscales-, el sistema en la práctica no funciona.
Lo anterior dice relación al segundo punto que deseo plantear, referente a la existencia de una sensación de inseguridad entre las personas. Por lo menos en la Región que represento, los indicadores son bastante modernos -recordemos que el último se publicó hace una semana-, lo que permite actualizar la evaluación de la reforma procesal penal elaborada por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, que es el estudio más serio que he visto. En esa actualización uno se da cuenta de que la percepción de inseguridad o el temor ciudadano, al menos en mi circunscripción, ha aumentado de modo significativo, en un porcentaje superior al de las Regiones donde aún no se aplica la reforma. Yo me di el trabajo de efectuar el cruce de los datos. Ello no quiere decir que en todas partes suceda lo mismo, pues depende de muchos otros elementos.
El señor ZURITA .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor COLOMA.-
Con todo gusto, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita .
El señor ZURITA .-
Señor Presidente , miro en otro sentido el temor de que da cuenta el Senador señor Coloma. En Chile, todos somos centralistas, hasta para delinquir. O sea, algunos delitos cometidos en Santiago no se enjuician de acuerdo con la reforma procesal. Porque los grandes ilícitos se cometen en la Capital, y son los más complejos. Por eso, cuando se investiga un hurto de 500 pesos o una defraudación fiscal de miles de millones, siempre existirá el peligro de que se deje de lado el primero por ser de minicuantía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Tengo la impresión de que esas cosas han ido variando: hoy el delito se ha masificado en las Regiones y es más complejo. Eso lo comprobamos de manera creciente quienes las representamos en el Parlamento. También, como consecuencia de que las políticas son más represivas en la Región Metropolitana, ha ocurrido que desde ella hay una suerte de exportación de delincuentes a otros lugares. Todas las personas relacionadas con la materia advierten esta nueva realidad: cuando hay un sistema aparentemente más complejo, los delincuentes se trasladan a otro más liberal. Creo que el problema es relativamente complicado.
Por otro lado, pienso que hay una evidente desigualdad entre quienes son representados por la Fiscalía y los que son defendidos por la Defensoría. Ése es un tema que tendremos que abordar con calma, y que ahora no alcanzaré a analizar con detención.
Son muchas las materias que hubiera deseado tratar. En todo caso, deseo hacer una consulta al señor Defensor Público , en el sentido de si nos puede indicar cuántos de los defendidos -es decir, los imputados- pagan los servicios. Este asunto se discutió largamente en el Parlamento, y la filosofía que orientará el sistema apuntaba a una retribución.
De igual modo, quiero preguntar cuáles son las condiciones en que operan fiscales y defensores. Me he encontrado con la sorpresa de que en Talca hay pocos peritos en delitos determinados. Si el fiscal solicita uno para el conocimiento de un ilícito, él debe actuar en forma gratuita, pues se considera que es un servicio al Estado. Pero si el mismo perito es requerido por la Defensoría, entonces ésta hace un cobro que debe pagarse. De ello se desprende que no es muy fácil para la Fiscalía obtener peritos por esa vía.
También debo mencionar las medidas cautelares y lo relativo a la desigualdad entre fiscales y defensores.
En resumen, señor Presidente , creo que debemos iniciar un proceso crítico positivo. El esfuerzo realizado por el país y los magistrados tiene que tener un correlato con la percepción de quienes viven en los lugares donde hoy se aplica la reforma, en el sentido de que le tengan aprecio. Y considero que gran parte de la falta de aprecio existente apunta a lo que he señalado con anterioridad, en cuanto a que prevalece la sensación de que algunos delitos simplemente no interesan. Pienso que eso hay que corregirlo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Fiscal Nacional.
El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).-
Señor Presidente , agradezco la invitación que se me ha hecho para discutir la aplicación de la reforma procesal penal.
Entendemos que la preocupación de Sus Señorías es perfectamente válida, porque del nuevo proceso existen grandes expectativas y se han hecho fuertes inversiones de recursos públicos.
Comprendemos que el sistema es perfectible. Ésa parece ser la opinión de los señores Senadores que he escuchado y que se da permanentemente , aunque la ley fue bien analizada en el Congreso, donde tuvo muchos aportes doctrinarios. A estas alturas de la aplicación de la reforma - tres años en la Cuarta y en la Novena Regiones-, hay claras señales que nos demuestran la posibilidad de introducir algunas perfecciones o correcciones, aunque no solamente de tipo legislativo, sino además en las de orden administrativo.
Esa opinión fue similar a la del Ministerio de Justicia, cuando a fines del año pasado o comienzos de éste, envió a las instituciones pertinentes un anteproyecto con ajustes o modificaciones, tanto al Código Procesal Penal como al Código Orgánico de Tribunales, y a la ley del Ministerio Público.
Adicionalmente, estamos informados de que la comisión de expertos formada en los primeros días de noviembre está próxima a entregar su informe, donde va a proponer al Ministerio de Justicia la introducción de distintos ajustes.
Por consiguiente, cuando alguien afirma que es necesario hacer algunos cambios, ello no puede ser catalogado como contrario a la reforma. Por el contrario, la práctica ha demostrado la necesidad de efectuar algunas adecuaciones, sin que se alteren los principios fundamentales de ella.
Voy a dejar un documento escrito en donde menciono los principales ajustes. No obstante, en forma breve, voy a referirme verbalmente a algunos de ellos.
Una materia ya tratada se refiere al problema presupuestario de los servicios auxiliares de la administración de justicia.
En cuanto a las policías, es un hecho conocido que al comenzar la reforma procesal penal, ellas no tuvieron un aumento presupuestario para atenderla, el cual quedó para después. Durante los años 2002 y 2003 particularmente, se han concretado algunos incrementos no significativos, a nuestro juicio, para atender la nueva demanda de justicia, ya que debe tomarse en consideración que, paralelamente, los servicios policiales continúan prestando atención a los requerimientos del antiguo sistema, que todavía es mayoritario en el país.
Los servicios policiales son bastante disciplinados. Y, de una u otra forma, han enfrentado sus déficits en dotaciones, laboratorios y edificios a través de un reforzamiento en las regiones donde se aplica la reforma, mediante traslados de personal y economías a todo nivel. Sin embargo, como ya se ha dicho, el problema hará crisis en la Región Metropolitana, ya que, con el mismo personal e iguales estructuras es imposible atender los requerimientos de la reforma.
Esto ha sido considerado como tal por el Supremo Gobierno, pues una de las razones para la postergación de la reforma en Santiago se debe precisamente a la necesidad de reforzar el presupuesto de las policías.
En cuanto al Servicio Médico Legal, nuestro juicio es categórico y coincide con lo declarado por los jefes regionales de tal organismo: el servicio no estaba preparado para la reforma en términos de personal médico suficiente, horas contratadas o laboratorios. Lo mismo sucede con los profesionales de la salud que deben atender los requerimientos de la nueva justicia, ya que, en muchos lugares, no hay Servicio Médico Legal.
Por otro lado, no es que los fiscales estén pidiendo demasiados peritajes y, por ende, se ocupe demasiado el servicio mencionado. Los peritajes son necesarios en delitos graves, como los sexuales y los que atentan contra la vida de las personas. Y si el fiscal no decreta los peritajes -a veces tiene que hacerlo, porque los defensores lo piden-, puede no llegar a configurarse el delito.
Por lo tanto, no es capricho de los fiscales decretar peritajes, sino que el régimen penal necesita objetivamente de las pericias médico-legales, o de otro tipo, para configurar los delitos. De lo contrario, se produce la impunidad, que es lo que queremos evitar.
Además debemos considerar que el sistema procesal penal, por razones de respeto a los valores de las personas, es más exigente que el antiguo en lo que se refiere a la certeza de la existencia del delito y de la participación del delincuente.
Ahora bien, el nuevo sistema exige que los peritos concurran a declarar a los juicios orales, o a los juicios orales simplificados, para defender su informe y someterse a los contrainterrogatorios de la defensa y de los intervinientes. Ello importa traslados y viáticos que hay que financiar, sin que existan en el Servicio Médico Legal los recursos correspondientes para cumplir estas obligaciones.
Podrá argumentarse que hay pericias privadas; pero debo reconocer que el Ministerio Público -pese a haberlo solicitado- no ha podido contar con un ítem presupuestario que contemple recursos para la contratación de peritos privados, no así la Defensoría que cuenta con fondos -posiblemente limitados- para la contratación de informes periciales.
La Cartera de Hacienda y la Dirección de Presupuesto han entendido que el Ministerio Público debe contentarse con recurrir a la red oficial de organismos estatales que prestan estos servicios, incluyendo los médico-legales, lo cual significa una debilidad para la investigación penal que dirigen los fiscales en forma exclusiva, si es que los organismos estatales no tienen los recursos o no están preparados para auxiliar a dicho Ministerio.
Por eso, nos parece muy apropiado que el Ministerio de Justicia haya considerado como razón para la postergación del nuevo sistema de justicia en la Región Metropolitana la necesidad de suplementar debidamente el presupuesto del Servicio Médico Legal.
He examinado la historia de las principales leyes de la reforma. Y cuando se habló de los costos hubo mucha preocupación por estimar el financiamiento de los nuevos tribunales, el nombramiento de determinada cantidad de fiscales y de defensores, y las inversiones que habría que efectuar en tribunales, fiscalías y defensorías en materia de informática, construcciones, etcétera, pero no se incluyó en los cálculos financieros el gasto que importaba la reforma en cuanto a la modernización de los servicios auxiliares, en especial las policías y el Servicio Médico Legal.
No obstante lo anterior, quiero dejar constancia de que los servicios auxiliares se las han ingeniado, de una u otra forma, para prestar servicios a la reforma, a pesar de no recibir mayores aumentos presupuestarios. Mención especial debe otorgarse al Servicio de Registro Civil, que desde el primer día de la reforma ha colaborado de manera significativa con los fiscales mediante una red informática de primer nivel y absolutamente modernizada.
En cuanto a los ajustes al Código Procesal Penal y al Código Penal, voy a resumir sólo unos pocos.
Pienso que hay cierto consenso parlamentario sobre la necesidad de efectuar algunos perfeccionamientos en el sistema de control de identidad, porque muchas personas ocultan su identidad o dan identidades falsas a las policías para evitar, seguramente, ser aprehendidas por órdenes pendientes. Esto se considera como falta en el Nº 5 del artículo 496 del Código Penal, pero se sanciona solamente con una multa de hasta 4 UTM. En todos los países, en los sistemas acusatorios comparados, quienes rehusan identificarse ante la policía o dan identidades falsas reciben castigos más severos, al tipificarse como simple delito.
Otro aspecto que ha sido motivo de extensos debates judiciales es cuándo se entiende que un delito es flagrante, porque tanto el antiguo Código como el nuevo hablan de quien haya sido encontrado con especies o con indicios de haber cometido delitos "en un tiempo intermedio". Algunos entienden que se trata de los minutos siguientes; otros, de horas, lo cual alarga bastante las audiencias judiciales y provoca que las policías desconfíen a veces de sorprender a un posible autor cerca del lugar de los hechos, algunas horas después de que aquéllos sean perpetrados.
En relación con la concurrencia de peritos y testigos a los juicios orales, la Corte Suprema, en votación unánime, aceptó el sistema de declaración por videoconferencia ante un tribunal distinto de aquel en que se efectúa el juicio. Quizás, esta práctica debería consagrarse legislativamente para extenderlo a todo el país.
Otro ajuste muy importante es el relativo a sancionar con mayor eficacia los delitos de falso testimonio y de obstrucción a la justicia, porque es preciso prestigiar éticamente el sistema. No es posible pensar que se cumple con éste cuando se tuercen de alguna manera los dichos de los testigos o de los peritos; es decir, cuando se desea ganar los juicios de cualquier forma, sin reparar en los medios usados. Hay personas que prestan testimonio ante las fiscalías y después, en el juicio oral, manifiestan que no declararon la verdad. Entonces, debe crearse el delito de obstrucción a la justicia para quienes testifican falsamente, no sólo en los tribunales, sino también en las fiscalías.
Luego, debe complementarse lo dispuesto por el Congreso Nacional en la ley Nº 19.789, de enero de 2002, para permitir expresamente que el juez de garantía pueda -en casos urgentes- expedir al fiscal una orden de detención verbal, sin perjuicio de ratificarla por escrito dentro de las próximas 48 horas. Este punto ha dado origen a una jurisprudencia discrepante en los tribunales del país respecto a los delitos menores. Tratándose de éstos, en mis viajes a Alemania y a Estados Unidos he aprendido que las policías arman los casos, y no necesitan recibir instrucciones específicas de los fiscales, siempre que se adecúen a las instrucciones generales del Ministerio Público, que en Chile sería el Fiscal Nacional. Es decir, aquéllas no esperarían instrucciones específicas para proceder en casos de delitos de menor gravedad, respetando naturalmente los derechos de los detenidos y las garantías constitucionales de los intervinientes.
Hay un problema práctico en las fiscalías del país, especialmente en las antiguas. Se está acumulando gran cantidad de especies no reclamadas, que luego de un tiempo deberían poder ser destruidas y subastadas. Me refiero a los procesos en que la causa se archiva provisionalmente o se aceptan salidas alternativas. El Código sólo regula el destino de las especies decomisadas al término del juicio cuando hay sentencia condenatoria, pero nada regla respecto de las que se recogen en los casos en que no se va a juicio y no son reclamadas por ningún interesado.
En materia de acuerdos reparatorios, ha habido bajos porcentajes sobre el particular. Quizás ha influido en ello el hecho de que muchas veces cuando el juez aprueba el acuerdo se sobresee definitivamente la causa y el imputado no cumple las condiciones de aquél en el futuro. Esto significa que numerosas víctimas desconfíen de los acuerdos reparatorios, porque piensan que no se cumplirán posteriormente y la vía civil es sumamente lenta, y -según creo- ineficiente al respecto.
Asimismo, determinados informes periciales sobre alcoholemias o drogas deberían tener un cierto valor en el juicio oral, sin necesidad de que los peritos concurran a él para reconocer su pericia y defender su labor. Por ejemplo, en el Instituto de Salud Pública -que funciona en Santiago- hay cuatro expertos en drogas para todo el país. ¿Cómo exigirles que vayan a todos los juicios orales para defender sus informes? Respecto a las alcoholemias -que son muchísimas-, casi el 90 por ciento de las conclusiones no pueden ser discutidas, y la ida del perito a declarar se limita a reconocer en el juicio oral que se realizó la pericia. Yo hablo de otorgar a dichos informes cierto valor, no valor absoluto, porque en algunos casos los intervinientes podrían solicitar especialmente la concurrencia de peritos.
En seguida, deseo referirme a un problema central que causa cierta sensación de impunidad en el país.
La aplicación del artículo 395 del Código Procesal Penal para un delito sujeto al procedimiento simplificado, esto es, que da origen a la petición del fiscal de una pena no superior a 540 días, permite al imputado -si reconoce su responsabilidad- omitir el juicio y sancionar con las penas de prisión de que habla la ley.
Lo que pasa es que en el procedimiento simplificado este mecanismo estaba ideado para las faltas. Al ampliarse en el Senado a los simples delitos, la norma quedó en esa forma. Ahora bien, actualmente la Corte Suprema, por mayoría de votos, ha interpretado que el tribunal debe aplicar la pena de las faltas y no la de los simples delitos que establece el Código Penal o las leyes especiales. Por ejemplo, tratándose de un abuso sexual de menor entidad o de manejo en estado de ebriedad, que ha sido perseguido mediante el procedimiento simplificado, es decir, que tienen pena de simple delito, la Corte ha establecido que el hechor será castigado con días de prisión, generalmente remitidos, o una multa de bajo monto, y no con las penas que el Código Penal o la Ley de Alcoholes fijan para los simples delitos.
Lo mismo ocurre con los delitos por giro doloso de cheques, en los cuales se aplica el procedimiento simplificado. Y así se ha anulado una sentencia del juez de garantía, que había condenado a tres años y un día a un imputado que había girado 80 cheques por un total de 120 millones de pesos, rebajando la sentencia de la Corte a una pena de días de prisión -que fue remitida- y rechazando la acción civil del acreedor de los cheques, por la sola circunstancia de que había reconocido su responsabilidad en los términos consignados en el artículo 395 del Código Procesal Penal.
En cuanto a las modificaciones de la Ley Orgánica,...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito la autorización de la Sala para que señor Fiscal Nacional pueda extender su intervención por cinco minutos más.
Acordado.
Puede continuar señor Fiscal.
El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).-
Decía que en cuanto a la Ley Orgánica del Ministerio Público, hay ciertas contradicciones en la planta funcionaria, porque si las fiscalías regionales contaran con todas las unidades que la ley establece, ella estaría conformada por 87 jefes de unidad, en circunstancias de que, luego, la misma normativa expresa que en total son 69. Asimismo, una norma ubica a los profesionales de apoyo entre los grados VI al IX, pero otra disposición consigna que figuran entre los grados VI al XI.
Por otra parte, hemos insistido ante el Supremo Gobierno que la Décima Región, por su extensión territorial -va desde Valdivia hasta Palena -, debiera tener dos fiscales regionales.
En lo referente al número de fiscales en el país, que fueron estimados en 625 fiscales locales o adjuntos, las estadísticas demuestran que se ha incrementado en 50 por ciento el promedio de ingresos o denuncias en el nuevo sistema. Ello porque éste da más confianza a la gente para denunciar los delitos. En cambio, las estadísticas judiciales que para los efectos de la reforma se tomaron en consideración entre 1997 y 1998 corresponden al sistema antiguo. De modo que creemos que, después de un tiempo prudente, debe revisarse efectivamente lo relativo al número de fiscales que se necesitan en el país.
En lo que atañe a la participación del Ministerio Público en tareas de seguridad ciudadana, hemos dicho que se encuentra al margen de la acción preventiva del delito, y solamente le cabe intervención cuando se inicia el proceso penal. Sin embargo, si una ley orgánica modifica en este sentido el artículo 17 de la Ley del Ministerio Público, podría -a nuestro juicio, por lo menos- disponer de facultades en lo tocante a la prevención del delito, permitiendo al Ministerio Público integrarse a algunos organismos o comisiones dedicados a esa labor.
En cuanto a la Defensoría Penal Pública, quiero dejar testimonio aquí de que estoy de acuerdo con la opinión del Defensor Nacional Público en el sentido de que este organismo debe tener mayor autonomía. ¿Por qué? Porque participa en numerosos procesos con una posición antagónica al Gobierno, como los provocados por conductas terroristas o delitos comunes ocurridos en la Novena Región.
Coincidimos con esa opinión, además, porque en la Región Metropolitana el Gobierno podría tener interés en la persecución penal de delitos de esa especie o que transgredan la ley de seguridad del Estado o vinculados con drogas, y probablemente la Defensoría asumirá la representación de los imputados.
Parece contradictorio el que un servicio público, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República y que se relaciona con el Ministerio de Justicia, pueda en concreto asumir una posición procesal contraria al Gobierno de Chile. Por ello, estimamos justo otorgarle mayor autonomía legal.
Sin embargo, discrepamos en cuanto a que tal autonomía tenga carácter constitucional, porque el sistema de defensa penal pública a cargo del Estado y no de las instituciones y personas privadas es una materia que puede ser debatida en el futuro y no sería apropiado consagrar constitucionalmente un sistema susceptible de ser modificado más adelante, según el criterio general de la ciudadanía y de los futuros gobiernos.
Finalmente, en cuanto a la salidas alternativas, debo señalar que el modelo de la reforma establecía un 5 por ciento de salidas alternativas por acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales. En un comienzo nosotros estábamos de acuerdo en un 3 por ciento, pero ahora hemos subido a 4 este porcentaje. No obstante, muchas de las personas que nos criticaron por la insuficiencia de las salidas alternativas -gente inspiradora de la reforma-, nos han pedido que tengamos más cuidado en este sentido, porque muchas veces se produce en la población una reacción contraria a ciertos acuerdos reparatorios o a ciertas suspensiones condicionales, y la gente cree advertir que se está buscando la impunidad del delincuente. Por eso, pienso que todavía falta mucho para que se produzca una evolución cultural de la ciudadanía tendiente a aceptar ampliamente las salidas alternativas.
Lo que sí puede ser perfeccionado es el cumplimiento de las condiciones de la suspensión, aumentándose el listado taxativo que señala el artículo 238 del Código Procesal Penal, y quizás estableciendo un organismo especial destinado a preocuparse del cumplimiento de las condiciones y también de las medidas cautelares sustitutivas del artículo 155 del mismo cuerpo legal; es decir, aquellas que se decretan en vez de la prisión preventiva. Si no hubiere recursos para ello, Gendarmería de Chile podría ser uno de los organismos encargados de dicha función, si se dicta el reglamento respectivo sobre control de la libertad en el medio libre.
Señores Senadores, quiero que esta intervención no se interprete en el sentido de que el proceso de la reforma ha sido del todo exitoso, y, como dijo un señor Senador, ampliamente satisfactorio. Existe una percepción ampliamente mayoritaria hacia el nuevo sistema. Como el proceso es gradual, continuando en la misma senda, es perfectible, y los legisladores -incluyendo, por supuesto, al Poder Ejecutivo - pueden, con la debida discusión, introducir las modificaciones adecuadas, que podrían ser las que hemos señalado, u otras que ya se han insinuado en esta Sala.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Ministro de la Corte Suprema, don Hernán Alvarez.
El señor ALVAREZ ( Presidente subrogante de la Corte Suprema ).-
Señor Presidente , también quiero agradecer la invitación que se me ha formulado para concurrir a esta importante sesión, en compañía de mis colegas Marcos Libedinsky y Milton Juica .
Creo que estamos en una feliz coincidencia en esta reunión en que se analiza el estado de la reforma procesal penal, porque justamente en el día de ayer se ha puesto en marcha la cuarta etapa de la reforma, sumándose a las ocho anteriores, de manera que en el país hay en este momento doce Regiones en las cuales se encuentra en pleno funcionamiento la modernización del sistema procesal penal.
Esto, como aquí se ha dicho y anticipado, cubre más o menos un 60 por ciento de la población del país, lo que equivale aproximadamente a 9 millones de habitantes.
Yo deseo al respecto dar una visión más o menos general dentro del escaso tiempo que se me ha concedido y no voy a poder entrar en detalles, menos sobre aspectos que dicen relación a la persecución penal y otros, porque en realidad eso corresponde al Ministerio Público. Como se sabe, la fase asignada al Poder Judicial es muy clara y solamente se refiere al ámbito jurisdiccional. Somos nosotros los que tenemos que juzgar los delitos que llegan a las instancias que nos corresponden. De manera que deseo abordar el tema desde esa perspectiva. Y mi visión, señor Presidente , así como la de la Corte Suprema respecto de la aplicación del proceso de modernización que abordamos hace algunos años, es positiva. Por eso, quiero dar una visión objetiva al respecto y espero que la incorporación de la cuarta etapa pueda cumplir, como las anteriores, con las finalidades que se tuvieron a la vista al adoptar el nuevo sistema.
La Corte Suprema -como lo hemos señalado reiteradamente- se incorporó con mucho vigor, con gran entusiasmo y responsabilidad, al proceso de modernización, porque llegó al convencimiento de que no era posible seguir postergando el encarar la deficiencia del sistema procesal inquisitivo que había regido durante tantos años y todavía vigente en la Región Metropolitana.
Las controversias eran manifiestas en relación con nuestra institucionalidad y el sistema de garantías constitucionales. Evidentemente, estábamos en pugna -y aún lo estamos- con las garantías que otorga el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental y los pactos internacionales que hemos suscrito, en cuanto se señalaba precisamente que todo imputado debía ser juzgado en un juicio oral y público y por un juez imparcial. De manera que la deficiencia de la imparcialidad también fue motivo para que entráramos con mucha resolución al proceso de modernización.
La visión sobre el comportamiento de los actuales y nuevos tribunales y la participación que han mostrado las Cortes de Apelaciones en la implementación misma y en el desarrollo del proceso nos dejan completamente satisfechos, sin perjuicio de que reconocemos algunas deficiencias, como en cierta manera lo ha manifestado aquí el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público. No obstante, la velocidad del conocimiento de las causas, en general, ha sido aceptable y la comunidad lo está percibiendo.
Asimismo, la ciudadanía advierte transparencia y mayor inmediatez, y demuestra una mejor comprensión hacia el nuevo sistema, en relación con el anterior, que había producido una suerte de indiferencia o lejanía de la gente, especialmente de la mayoría más modesta, hacia el ejercicio de la jurisdicción. Desde luego, hay ahora una respuesta más oportuna y eficaz.
Reitero: en general, sin entrar en detalles, nos satisface el comportamiento de la reforma procesal que iniciamos hace pocos años en las ocho Regiones en que hasta este momento ha venido operando, sin perjuicio de la posibilidad de mejorar. Y esperamos que la incorporación de la cuarta etapa signifique el mismo resultado.
Por otro lado, deseo resaltar -porque ello a veces se desconoce o no se destaca, dado que no hacemos mayor publicidad- que la Corte Suprema y los demás tribunales han tenido un papel decidido y de alta responsabilidad para afrontar las dificultades que surgieron al inicio de la reforma procesal penal.
Tratándose de una normativa nueva, compleja, que requería amplia comprensión, el Máximo Tribunal abordó su responsabilidad y debió realizar muchas veces un trabajo complementario, así como tomar acuerdos y resoluciones, para los efectos de colocarla oportunamente en funcionamiento, porque los plazos eran bastante estrechos. Y en numerosas ocasiones dictó instrucciones que la completaban, para hacerla aplicable debidamente, de manera que su funcionamiento correspondiera a las expectativas que se habían señalado.
También, nos correspondió asumir la responsabilidad de toda la implementación física del nuevo sistema, que importa un despliegue muy grande e importante de recursos financieros, para hacer operable la reforma.
Por ello, la Corporación Administrativa del Poder Judicial realizó un acabado trabajo, tanto en el proceso de contratación y ejecución de los diseños arquitectónicos de los edificios para los nuevos tribunales como en la implementación y adecuación de inmuebles que inicialmente se arrendaron, porque el tiempo era breve y había que hacerlos funcionar.
En este momento contamos con 29 tribunales edificados. Además, tenemos cuarenta y tantos proyectos de diseño en proceso de materialización y 80 construcciones remodeladas, lo que significa un esfuerzo grande, en circunstancias de que muchas veces hemos carecido del suficiente apoyo económico, financiero y de profesionalización para emprender dicha tarea.
Por otra parte, señor Presidente , la Academia Judicial ha debido dar cumplimiento oportuno a los programas de capacitación de jueces y funcionarios para su adecuación al nuevo sistema, y de habilitación del personal judicial para su correspondiente traspaso.
Tenemos la percepción de que las finalidades que se tuvieron en vista para asumir el proceso de modernización de la justicia penal se han ido cumpliendo satisfactoriamente. Por eso, me agradó mucho escuchar al Honorable señor Fernández que opinaba en el mismo sentido. También, cuando otro señor Senador manifestó , con mucha precisión, que había un marcado éxito en la persecución penal y en la transparencia.
Para terminar estas breves palabras, quiero recordar cuáles son los objetivos que se consideraron para acometer el proceso de modernización judicial, pues es bueno que los tengamos siempre presentes:
1.- Dotar al país de una justicia más accesible para la mayoría de la población, sin discriminaciones, que brinde posibilidades a todos y destierre aquella máxima, oída no pocas veces, de que la justicia está hecha sólo para quienes poseen recursos que hacen posible litigar o defenderse.
2.- Dotar al país de una justicia más eficiente y rápida, en cuanto permita satisfacer las legítimas expectativas de los ciudadanos de obtener una solución acertada y oportuna de sus conflictos, considerando que al ser extremadamente lenta e ineficaz puede derivar en una eventual denegación de justicia o impunidad.
3.- Dotar al país de una justicia más directa, transparente y comprensible -como hemos observado que se ha ido logrando-, finalidad que será posible obtener con la rigurosa aplicación del principio de publicidad e inmediatez, esencial para el correcto funcionamiento del juicio oral penal. El sistema se traduce en la inmediatez directa entre el juez y los hechos que debe conocer, con el imputado, su defensoría, el Fiscal del Ministerio Público y los demás intervinientes, lo cual tiene relevancia para una oportuna solución al conflicto.
Ésa es, señor Presidente , en términos generales, dentro del tiempo disponible, la visión que deseaba señalar. Me habría gustado precisar otros aspectos, pero creo que lo podré hacer cuando tengamos la oportunidad de reunirnos nuevamente.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
A continuación, corresponde intervenir al Senador señor García, quien será el último orador que escucharemos en esta sesión.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , represento a la Región de la Araucanía, que, junto con la Cuarta Región, fueron las primeras en implementar la reforma procesal penal. Lo cierto es que soy bastante crítico de los resultados durante el tiempo que ésta lleva funcionando. También pienso -como lo señalaron otros señores Senadores- que se ha incrementado la percepción de inseguridad en la población.
Creo que debemos analizar la aplicación de la reforma a la luz de los cuantiosos recursos que el Estado ha destinado para que el proceso sea exitoso. Y, por ese enorme esfuerzo estatal, me sorprende que un documento que ha hecho llegar la Fiscalía Nacional del Ministerio Público a la Oficina de Informaciones del Senado señale -y cito textualmente- que "En relación con las formas o causales de término, los mecanismos de desestimación o formas tempranas de término (...) representan un 75,2% del total de términos aplicados". Agrega: "Puede llamar la atención que el 75,2% de los términos corresponda a mecanismos de desestimación de casos o formas de salidas tempranas. Sin embargo -al margen de que esta cifra resulta concordante con la experiencia internacional en modelos de enjuiciamiento criminal similares-," -lo que ya, en mi opinión, constituye una frase de autocomplacencia- "debe enfatizarse que ese 75,2% equivale a 325.979 términos aplicados, de los cuales 213.945 corresponden a los ilícitos penales de menor impacto social, como los hurtos, robos no violentos, faltas a la ley de alcoholes", etcétera.
No puedo estar más en desacuerdo con esas expresiones. Lo que ocurre es que, probablemente, la cuantía del hurto, del robo, es menor. Pero el problema es que las mismas personas han sido hurtadas o robadas en dos, tres, cuatro, cinco, diez, doce oportunidades.
Sin ir más lejos, al Senador señor Lavandero , dentro del año, le han robado en su oficina en tres o cuatro ocasiones, así como en su casa particular en la localidad de Metrenco. Lo mismo puedo decir yo. A mi oficina, que se encuentra a media cuadra de Carabineros, han entrado a robar dos o tres veces en lo que va del año.
Entonces, quiero que se comprenda el sentimiento de inseguridad en un gran porcentaje de la población, a lo menos de la Novena Región, echándose la culpa, además, al sistema de la reforma procesal penal.
También deseo plantear que en dicha Región, como lo expresó el señor Fiscal Nacional, hemos tenido que vivir y sufrir durante los últimos años la violencia de algunos grupos mapuches con posiciones radicalizadas, además de acciones que en muchos casos incluso se hallan tipificadas como terroristas. Y cuando uno conversa con personas a las que les han incendiado maquinaria forestal, bosques, viviendas, o les han destruido otros bienes, habiéndose formulado reiteradas denuncias ante la Fiscalía correspondiente, ve que el resultado de la labor para encontrar a los responsables y sancionarlos ha sido cero.
En consecuencia, la sensación de inseguridad, de intranquilidad, de que existen derechos del delincuente pero no de las personas honradas, de la gente de trabajo, es cada día más fuerte. Y quiero que nos hagamos cargo de esa situación, porque lo peor que puede ocurrir es que, por ser autocomplacientes, terminemos destruyendo la reforma.
El Senador que habla considera a esta última bien concebida, pero, si no se obtienen resultados efectivos en el sancionamiento de los responsables de los delitos, terminará en el más completo desprestigio, y los cuantiosos recursos que el Estado ha destinado para su implementación no habrán logrado su objetivo.
Por otro lado, en la sesión pasada sobre el tema escuché la intervención del Honorable señor Gazmuri . En esta oportunidad quiero reforzar lo expresado por Su Señoría respecto a la actitud de Carabineros. Es cierto que la policía uniformada -por lo menos, lo observo en la Región que represento, en tanto que el Senador señor Gazmuri corresponde a la Séptima Región- frecuentemente dice a los vecinos, a los dirigentes vecinales, que no puede hacer nada porque nosotros, los legisladores, le quitamos todas las atribuciones con la reforma procesal penal.
Es más, puedo señalar que en reiteradas reuniones con juntas de vecinos los Parlamentarios hemos sido duramente increpados por haber aprobado leyes que han significado desproteger a las personas y favorecer a los violentistas, a los delincuentes.
Entonces, créanme, señores Senadores , que ésta es una situación que no sólo está teniendo connotaciones sociales o judiciales, sino también políticas, porque los vecinos, la ciudadanía, en general, nos responsabiliza a nosotros, a los Parlamentarios, de estar dictando normas que facilitan la acción de los delincuentes.
Por último, señor Presidente , quiero consignar un problema.
Escuché con atención al señor Fiscal Nacional cuando se refirió a la mayor autonomía que debe tener la Defensoría Penal Pública. A mi juicio, esta última efectivamente tiene por función, como lo indica su nombre, defender a los inculpados, pero no puede perder de vista lo que es el bien común.
Tengo aquí una denuncia firmada por el Prefecto subrogante de Carabineros de Malleco, en oficio dirigido al titular de la Fiscalía local de Collipulli. ¿Y qué dice el Teniente Coronel de Carabineros señor René Osvaldo Castro Leyton ? Expone lo siguiente:
"1.- Teniendo en consideración la información proporcionada por el personal integrante de la Sección Fuerza de Tarea, de esta Repartición, relacionada con situación anómala que está afectando a los testigos protegidos que se encuentran con esta medida dispuesta por la Fiscalía Local de Collipulli, específicamente por parte de funcionarios de la Defensoría Penal Pública de Temuco, entre ellos el Mayor ® de Carabineros don Alejandro Sebastián Huaiquil Sánchez , quien se hace acompañar por el ciudadano Horacio Fermín Cheuquelaf Cayul , al respecto se informa a Us. lo siguiente.
"2.- Que, estas personas concurren en forma permanente hasta la casa de la machi de la comunidad de San Ramón en Ercilla, (...) lugar donde dejan el vehículo en que se movilizan, continuando por el interior de los potreros hacia los domicilios de los testigos protegidos con la finalidad de lograr cambios en las declaraciones, lo anterior ha sido acreditado por personal policial a través de controles de identidad efectuados en los caminos interiores de dicha comunidad.".
Y se relatan otros casos en que funcionarios de la Defensoría Penal Pública andan detrás de testigos protegidos para hacerlos modificar sus declaraciones.
Entonces, ¿el Estado está financiando un sistema y a funcionarios para que vayan a torcer la realidad de los hechos ocurridos en los campos de la Novena Región y, bajo amenaza, alterar la voluntad de los testigos protegidos? No, señor Presidente . El país ha invertido muchos esfuerzos y recursos para tener un buen sistema procesal penal y creo que no debemos desfallecer hasta no conseguirlo plenamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Antes de levantar la sesión, tiene la palabra el señor Defensor Nacional.
El señor QUINTANA ( Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública ).-
Señor Presidente , quiero hacer dos comentarios respecto de lo expuesto por señores Senadores e invitados a esta sesión. Desde ya solicito, si hay una tercera sesión, que se nos dé la oportunidad de plantear algunos aspectos de manera más general.
En primer lugar, me referiré en términos globales a la reforma. En la sesión anterior señalé que aún no es el momento de introducirle cambios. Y esta apreciación no se funda en razones dogmáticas. Para precisar lo anterior daré un ejemplo. En cuanto a control de identidad, materia que seguramente el Senado analizará en los próximos días, la Cámara de Diputados amplió a ocho horas el plazo para retener con ese objeto a una persona, en circunstancias de que el Poder Ejecutivo , al fundamentar en su momento la norma respectiva, precisó que no se requerían más de cuatro horas. Además -según entiendo-, el Registro Civil y el Ministerio Público están avanzando en una conexión en línea que harían aún más innecesarias las ocho horas, lo que evidentemente puede traducirse en perjuicio para quienes ni siquiera tienen calidad de imputados de un delito y sólo se pretende indagar su identidad.
Por otra parte, el señor Fiscal Nacional aludió a la posibilidad de que el Ministerio Público interviniera en las coordinaciones regionales sobre seguridad ciudadana, lo cual requeriría de una ley, en cuya generación consideramos muy necesaria nuestra participación.
Respecto de lo dado a conocer por el Senador señor García, quiero hacer dos aclaraciones.
En primer lugar, el señor Huaiquil Sánchez no es funcionario de la Defensoría Penal Pública, sino que está contratado en calidad de perito e interviene en algunos asuntos como investigador privado, porque -como se dijo- dicha entidad no tiene la posibilidad de recurrir a la investigación oficial por ser una facultad privativa del Ministerio Público, asunto que se ha planteado en varias ocasiones.
Segundo: en su momento, la Fiscalía Regional de la Novena Región nos hizo saber lo ocurrido y nosotros contestamos oportunamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Ministro de Justicia me ha solicitado la palabra. Tenemos un compromiso con el personal de la Corporación y ya no queda tiempo para otras intervenciones.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , ¿vamos a seguir después?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En otra sesión, cuya fecha de celebración fijaremos una vez que consulte el calendario de trabajo legislativo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor BATES ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, que presido, agradezco al Senado la oportunidad de escuchar las diversas exposiciones, porque de esta manera se ha cumplido en ciento por ciento el objetivo de esta sesión, sin perjuicio de la que se cite posteriormente.
El Ministerio de Justicia ha tomado debida nota de todas las importantes opiniones vertidas en esta ocasión. Y, en lo que corresponda, por escrito se dará a conocer información adicional. Ésta, más los antecedentes que nos pueda proporcionar la Comisión de expertos, son insumos que sin duda en su momento permitirán tomar las decisiones más acertadas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Propongo fijar la próxima sesión especial el martes 6 o miércoles 7 de enero.
El señor PROKURICA .-
Señor Presidente , quiero hacer una propuesta como Comité.
Cuando se cita a sesiones al mediodía, se termina por reducir los tiempos de las intervenciones. ¿Por qué no convocarlas los jueves en la mañana? Y en este caso, con mayor razón, pues se trata de un tema demasiado profundo, en cuyo debate todos queremos participar, pero sin plazos limitados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entonces, habría que ampliar la duración de la sesión del miércoles 7, porque el jueves 8, según el acuerdo adoptado, debe discutirse el proyecto sobre matrimonio civil.
Por lo tanto, sacrificando el trabajo de Comisiones, propongo sesionar el 6 ó 7 de enero, a las 10:30.
La señora MATTHEI.-
A las 10, señor Presidente.
Juntarse durante dos o tres horas significa hacer perder todo el día al señor Ministro de Justicia , a los señores magistrados, al señor Fiscal Nacional y demás invitados, y quedamos con gusto a poco.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Comenzando a las 10:30, se dispondría de tres horas y media. Lo normal es que este tipo de sesiones empiecen a las 10:30 y finalicen a las 14.
Si le parece a la Sala, la próxima sesión especial destinada a analizar la aplicación de la reforma procesal penal se celebrará el miércoles 7 de enero de 2004, de 10:30 a 14.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:06.
Osvaldo Palominos Tolosa.
Jefe de la Redacción subrogante.