Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jaime Gazmuri Mujica
- Carlos Ominami Pascual
- MOCIÓN INADMISIBLE
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ANÁLISIS SOBRE APLICACIÓN DE REFORMA PROCESAL PENAL
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
-
ANÁLISIS SOBRE APLICACIÓN DE REFORMA PROCESAL PENAL
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES COLOMA, ESPINA, SILVA, VALDÉS Y VIERA-GALLO CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE LA NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A LA SEÑORA GRISELDIS BUROSE GOERSCH (3426-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Antonio Coloma Correa
- Alberto Espina Otero
- Enrique Silva Cimma
- Gabriel Valdes Subercaseaux
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES COLOMA, ESPINA, SILVA, VALDÉS Y VIERA-GALLO CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE LA NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A LA SEÑORA GRISELDIS BUROSE GOERSCH (3426-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 15ª, en miércoles 3 de diciembre de 2003
Especial
(De 12:21 a 14:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE , Y CARLOS BOMBAL OTAEGUI, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...............................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Análisis sobre aplicación de reforma procesal penal......................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Justicia , y los señores Subsecretario de Justicia, Fiscal Nacional del Ministerio Público , Ministro representante de la Corte Suprema , Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública , Director de Corporación Administrativa del Poder Judicial , Secretario Ejecutivo de la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal y el Presidente del Colegio de Abogados .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:21, en presencia de 26 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 12ª y 13ª, ordinarias, en 18 y 19 de noviembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual inicia un proyecto de ley que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal por el período que indica, a la vez que lo incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional (Boletín Nº 3427-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, a través del cual comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica los Códigos de Procedimiento Penal y Procesal Penal en materia de control de identidad (Boletín Nº 3390-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia que dictó en antecedentes rol Nº 388, relativos al requerimiento formulado en contra del decreto supremo Nº 56, del Ministerio de Transportes, de 29 de abril de 2003, publicado en el Diario Oficial de 8 de agosto del mismo año.
--Se toma conocimiento.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto a la cartografía que se publica en Chile y Argentina sobre el área comprendida en el Acuerdo de 1998 para precisar el recorrido del límite desde el monte Fitz Roy hasta el cerro Daudet.
De la señora Ministra de Defensa Nacional , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, referido a eventuales atribuciones legales de esa Secretaría de Estado en orden a supervisar el proceso de selección del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile por parte de empresas extranjeras para que cumpla funciones en el exterior.
De la señora Directora del Trabajo , con el que atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, concerniente a diversos aspectos relativos a avisos publicados en un periódico en los que se llamaba a preselección de trabajadores estableciendo, como requisito básico, tener la calidad de ex funcionario de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile.
Del señor Comandante en Jefe del Ejército , a través del cual contesta un oficio enviado al señor Director del Instituto Geográfico Militar , en nombre del Senador señor Cantero, en cuanto a la necesidad de facilitar el acceso a la información contenida en las bases de datos de distintos servicios públicos.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000 (Boletín Nº 3246-10).
Segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza el Registro Pesquero Artesanal para la pesquería de la merluza del sur en las Regiones Décima y Undécima (Boletín Nº 3309-21).
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Basilio Ingleberto Becerra Echeverría y Claudio Danilo Araya Fuentes (Boletines Nºs S 697-04 y S 699-04, respectivamente).
--Quedan para tabla.
Comunicaciones
Del señor Embajador de Chile en Marruecos, mediante la cual da cuenta de las actividades realizadas por el señor Presidente del Senado en la visita oficial que efectuó a ese país entre los días 21 y 26 de noviembre del año en curso, respondiendo a la invitación formulada por su homólogo, el Presidente de la Cámara de Consejeros de la nación africana.
Del señor Embajador de España en Chile, a través de la cual agradece a la Corporación el recibimiento que dispensó al Presidente del Gobierno español, José María Aznar, y a su delegación.
Moción
De los Senadores señores Coloma, Espina, Silva, Valdés y Viera-Gallo, con la que inician un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por especial gracia a la señora Griseldis Burose Goersch (Boletín Nº 3426-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Gazmuri y Ominami, mediante la cual inician un proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, facultándolo para determinar las condiciones bajo las cuales los servicios de radiodifusión televisiva deberán participar en campañas de interés público.
--Se declara inadmisible, por contener materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, inciso cuarto, Nº 2º, de la Carta Fundamental.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor GAZMURI.-
Sobre la Cuenta, pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , solicito que se reconsidere esta declaración de inadmisibilidad. No estoy de acuerdo con la interpretación que la Mesa hace del texto constitucional, la cual, aparte ser discutible, restringe excesivamente las atribuciones del Congreso.
Pido la reconsideración por creer que el punto merece una discusión en derecho más a fondo. El inciso cuarto del artículo 62 de la Carta establece en su Nº 2º que es atribución exclusiva del Presidente de la República crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de empresas del Estado, y determinar sus funciones o atribuciones.
En mi opinión, el precepto se refiere a las funciones de nuevos servicios públicos o empleos rentados. O sea, el Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva para determinar las funciones de servicios o empleos en el momento de su creación. Pero cuando se trata de agregar una función a un organismo o empleo público ya creado, no rige esa limitación, sobre todo si la función que se plantea no irroga gasto, como ocurre en el caso de la moción presentada, cuyo objetivo es sumar una nueva atribución para el Consejo Nacional de Televisión.
Me llama la atención que durante todos estos años el Senado haya seguido una interpretación altamente discutible, que siempre, cuando se ha debido analizar las facultades exclusivas del Ejecutivo versus las que corresponden al Congreso, ha significado una lectura demasiado restrictiva del texto constitucional, lo cual, a mi juicio, no corresponde.
Entiendo que el asunto es absolutamente opinable, y por lo mismo creo conveniente debatirlo. Por lo tanto, pido a la Mesa que reconsidere su declaración de inadmisibilidad.
Ahora, si esta petición no fuera aceptada, por estimar que la moción aborda un asunto de alto interés público, con el Senador señor Ominami vamos a pedir el patrocinio del Ejecutivo , el cual esperamos conseguir, aunque no es eso lo que nos preocupa. La viabilidad de la moción puede obtenerse por ese camino, pero lo importante es que no se siga aplicando una interpretación tan extremadamente limitativa de nuestras atribuciones, que en el texto constitucional ya son bastante escasas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quiero hacer presente que la Mesa ha llegado a una convicción sobre la materia, a pesar de no estar totalmente de acuerdo con el precepto. Sin embargo, conforme a lo que se enseña en las escuelas de Derecho, las normas de Derecho Público deben ser interpretadas de manera restrictiva, por lo que no cabe una interpretación amplia a su respecto. A mi modo de ver, y de acuerdo con lo que siempre hemos resuelto durante estos años, cuando se determinan nuevas funciones o atribuciones, sea para los servicios existentes o para los que se crean, no cabe hacer esa distinción.
En consecuencia, mi convicción -y también lo estima así la Secretaría y el personal que trabaja en estos temas- es que la moción resulta absolutamente inadmisible.
Me encantaría acoger el criterio planteado por Su Señoría, pero tengo el convencimiento jurídico de que estoy interpretando la norma como corresponde. No me gusta hacerlo. Ojalá, existiera la posibilidad de interpretarla de otra forma.
El señor GAZMURI .-
Respeto la formación jurídica del señor Presidente , que no tengo. Sin embargo, yo obtenía buenas calificaciones en gramática. Lo señalo porque entiendo que la conjunción "y" se refiere a los nuevos servicios públicos o fiscales que se crean.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, señor Senador.
No veo para qué prolongar la discusión del tema. Mi convicción jurídica me ha llevado a esa conclusión. Me encantaría dar la razón a Su Señoría.
El señor GAZMURI .-
¡Parece necesario distinguir entre el buen castellano y la convicción constitucional del señor Presidente ...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sin embargo, se podría remitir un oficio al Ejecutivo para que le otorgue su patrocinio, porque a mi juicio se trata de una iniciativa respecto de la cual tiene bastante lógica lo que se plantea.
Ahora bien, no tengo inconveniente alguno en que el señor Senador, si lo desea, pueda requerir un informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No hay problema en ello, pues está en su derecho de hacerlo. Pero, de acuerdo con lo señalado, declaro inadmisible la moción.
El señor PARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
Eso sí, pido a los señores Senadores evitar un debate demasiado largo porque debemos abocarnos al tema relacionado con la reforma procesal penal, que es el objetivo para el que hemos sido convocados.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , deseo recordar simplemente que este tipo de dudas se ha planteado también con ocasión de otras iniciativas. En cierta oportunidad, se declaró inadmisible una de mi autoría, debido a la interpretación que se dio en lo referente a las normas sobre actividad financiera del Estado. En ese momento, solicité un informe a la Comisión de Constitución -y así se acordó-, pero aún no ha sido evacuado.
Por lo tanto, considero que lo argumentado por el Senador señor Gazmuri justifica que el referido órgano técnico realice una interpretación del artículo 62 de la Carta Fundamental...
El señor CHADWICK .-
¡No!
El señor FERNÁNDEZ .-
Que se haga otro día.
El señor PARRA.-
...y nos entregue un informe sobre el particular. Porque el asunto es demasiado importante como para no proceder de esa manera.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Sugiero no abrir mayor debate respecto de esta materia, puesto que, de lo contrario, gastaremos parte importante del tiempo destinado a tratar el tema que nos convoca.
En todo caso, se verá la posibilidad de plantear el asunto a la Comisión de Constitución.
El señor OMINAMI .-
Señor Presidente , estimo que sería bueno contar con una interpretación del mencionado órgano técnico referida a la norma en comento y, también, que el Senado formulara una petición para que el Ejecutivo patrocine la moción a fin de poder discutirla.
El señor FERNÁNDEZ .-
¡Que no sea en nombre de la Corporación!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Concuerdo con el planteamiento de Su Señoría, no así que se realice en nombre del Senado.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , avalo la solicitud de los Senadores señores Gazmuri y Ominami , porque me permito recordar, como una manera de fundamentar más su planteamiento, que en verdad la norma del artículo invocado por la Mesa para declarar la inadmisibilidad nace de la ley Nº 7.727, de 1943.
En aquella oportunidad la reforma constitucional introducida mediante esa normativa tuvo una finalidad específica: el Congreso se desprendió de sus atribuciones tendientes a financiar leyes que representaban gastos, por una razón fundamentalmente patriótica. Para esos efectos, se dijo que las leyes que significaran un nuevo gasto en materia de creación de servicios públicos, etcétera, o empleos rentados tendrían que nacer en el Ejecutivo .
Ahora bien, la Constitución de 1980 simplemente reprodujo la disposición contenida en la ley de 1943.
Por lo tanto, el fundamento del Senador señor Gazmuri es muy razonable, porque en el fondo habría que ver si la iniciativa de crear servicios implica o no un nuevo gasto...
El señor FERNÁNDEZ .-
¡No es gasto!
El señor SILVA .-
Si no lo es, obviamente ella no tendría por qué adolecer de un vicio de inconstitucionalidad.
Por lo anterior, apoyo la petición del Honorable colega en orden a que este asunto sea visto en plenitud por la Comisión de Constitución.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Estoy absolutamente convencido de que no se refiere a gastos.
El señor LARRAÍN .-
Tiene que ver con atribuciones.
El señor FERNÁNDEZ .-
Así es.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La norma del número 2º del artículo 62 de la Carta dice "determinar sus funciones o atribuciones". Esto es algo que se agregó a la Constitución de 1980. Y lo relativo a gastos también está contemplado en dicho precepto.
Creo que no podemos seguir con esta discusión porque hemos ocupado demasiado tiempo en ella y debemos analizar el tema que nos convoca. En todo caso, se mandará el oficio correspondiente.
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El señor RUIZ (don José).-
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
Solicito colocar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de hoy el proyecto ingresado por mensaje del Presidente de la República que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal, el cual será analizado por la Comisión respectiva en las primeras horas de la tarde, antes del inicio de dicha sesión.
Se trata de una iniciativa sumamente importante porque suspende la vigencia del artículo 50 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y se contraviene con algunos elementos de un proyecto que está siendo discutido en la Comisión. De manera que es necesario adecuar esa disposición a lo que estamos aprobando, incluso por unanimidad, en el referido órgano técnico.
El Gobierno acogió el planteamiento formulado ayer en el mencionado órgano legislativo y envió la iniciativa con suma urgencia, prácticamente para despacho inmediato.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Teniendo en consideración lo solicitado, anunciaré la tabla para la sesión de la tarde.
Se discutirán en Fácil Despacho, primero, las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía, en sesión secreta; luego, se tratará el proyecto que introduce una modificación al Registro Pesquero Artesanal , lo cual fue planteado ayer; a continuación, se debatirá el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue aprobado por unanimidad, y finalmente, se estudiará la iniciativa que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación al contrato de compraventa de inmuebles, lo que fue solicitado por el señor Ministro del ramo. Ella se refiere a las promesas de compraventa de propiedades en verde, fue aprobada por unanimidad y, al parecer, no requiere mayor discusión.
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El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo plantear algo muy breve.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HORVATH.-
En nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, pido la anuencia de la Sala para discutir en general y particular un proyecto de ley que hoy examinamos con el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, referido a la regularización de la propiedad y a la recaudación de rentas de arrendamiento de bienes fiscales. Es bastante sencillo y tiene urgencia calificada de "suma".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
ANÁLISIS SOBRE APLICACIÓN DE REFORMA PROCESAL PENAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Antes de ofrecer la palabra al señor Ministro de Justicia sobre el asunto que nos convoca, solicito autorización de los señores Senadores para que ingresen a la Sala el Subsecretario de la Cartera, señor Jaime Arellano ; el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial , señor Miguel Sánchez ; el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, señor Carlos Maldonado , y el operador a cargo del "data show".
--Se accede.
En seguida, quiero agradecer la presencia del señor Ministro de Justicia; del Subsecretario de la Cartera; del Fiscal Nacional; del Ministro de la Corte Suprema, don Milton Juica; del Presidente del Colegio de Abogados, don Sergio Urrejola, y del Defensor Nacional Público.
El señor ORPIS.-
¿Me permite, señor Presidente ? Seré muy breve.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ORPIS.-
La verdad es que recién pudimos acceder al correspondiente informe. De manera que, más allá de la exposición que realizará el señor Ministro , creo que se necesita tiempo para hacer una verdadera evaluación y analizar lo establecido en dicho documento.
Por lo tanto, sugiero que, independiente de las preguntas que formulen distintos señores Senadores una vez terminada su intervención, se celebre una segunda sesión, pues ya se habrá profundizado ese estudio con los datos existentes en cada una de nuestras Regiones. Eso, para los efectos de llegar a una conclusión final.
A mi juicio, el tema no se puede agotar ahora.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , se realizarán todas la sesiones que sean necesarias. Pero, por lo menos, tratemos de avanzar porque llevamos media hora y todavía no podemos comenzar.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BATES ( Ministro de Justicia ).-
Muchas gracias, señor Presidente .
Quiero agradecer la invitación formulada a la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal. Como se ha dicho, me acompañan el Fiscal Nacional, el Defensor Público, el Presidente del Colegio de Abogados y el representante de la Excelentísima Corte Suprema.
El agradecimiento radica en que, en mi concepto, la invitación es una forma de expresión más del escrutinio público a que está sometida la Reforma Procesal Penal en el país. Nunca antes en la historia de la justicia chilena, el sistema judicial había estado sometido a un análisis tan cuidadoso de parte de los medios de comunicación, del mundo académico, de la sociedad civil y por cierto también de los señores Parlamentarios que diseñaron, en su momento, el marco jurídico de dicha reforma.
De igual modo aprecio en la invitación precisamente una forma de participación ciudadana, en la medida en que Sus Señorías representan a sus respectivas Regiones. Y en ella visualizo la posibilidad de intercambiar opiniones y comentarios y hacer críticas. Pienso que estas últimas siempre son bienvenidas para mejorar, por cuanto los señores Senadores escuchan de sus propios representados sus percepciones sobre la reforma en las respectivas Regiones.
Por eso, como mencionó el Senador señor Orpis , se ha puesto a disposición de Sus Señorías la carpeta correspondiente a las Regiones, más cierta información de orden general. Y también recibirán el contenido de mi presentación en "data show", lo que naturalmente expondré en un tiempo razonable, a fin de que posteriormente se produzca el necesario diálogo entre los señores Senadores y quienes me acompañan.
Por último, la invitación se inserta, en mi concepto, dentro de un tema extremadamente importante y más amplio -sólo lo mencionaré-, que motivó el seminario realizado en la Cámara de Diputados hace dos o tres años, sobre la eficacia y la eficiencia de la ley después de despachada por el Congreso Nacional.
En el orden de las ideas generales, hay un tema asociado a lo que quiero decir y que considero capital: el de la correcta difusión de la Reforma Procesal Penal a la ciudadanía; de sus valores, de los principios y del marco jurídico diseñado por el Congreso, en un lenguaje común, destinado al ciudadano corriente.
Desde mi punto de vista, sin esa tarea de difusión ninguna reforma de esta envergadura tendrá éxito finalmente, menos aún si la ciudadanía no conoce lo que es ni asiente naturalmente en ella. Creo que allí está el verdadero desafío último de la reforma. Pienso que en la difusión, pese a todo lo realizado, hay una labor pendiente.
En el proceso de difusión no sólo debe participar el Gobierno -que lo ha estado haciendo-, sino también los señores Parlamentarios, por haber diseñado en su momento el marco de la Reforma Procesal Penal, la cual representa un cambio completo en el sistema de enjuiciamiento criminal.
Señor Presidente , me referiré a cuatro temas relacionados con la difusión de la reforma, en la cual se aprecia un déficit muy grande y que, a veces, trae como consecuencia percepciones equivocadas de la ciudadanía sobre el funcionamiento del proceso.
El primer punto dice relación al equilibrio que tiene que existir entre la represión penal oportuna y eficaz y el debido proceso, dentro de un Estado de Derecho democrático. El problema que enfrenta cualquier sistema de justicia criminal en el mundo es cómo lograr el equilibrio entre eficacia, eficiencia y represión penal oportunas, respetando el instrumento del debido proceso.
Cuando se habla de exceso de garantismo, por ejemplo, y se insinúa severidad extrema, elevación de penas, aumento de delitos, etcétera, se trata justamente de ese tema, pues todo eso debe hacerse dentro de las normas del debido proceso.
El segundo punto tiene que ver con la descongestión de la justicia penal y los mecanismos legales aprobados por el Parlamento para hacerla efectiva.
Éste es un tema recurrente; es decir, el Congreso Nacional diseñó -por las razones que los señores Senadores conocen- un completo mecanismo para descongestionar el sistema de justicia criminal: los archivos provisionales; la facultad del fiscal de no llevar adelante investigación; los mecanismos alternativos de solución de conflictos como los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento, etcétera. Todo ello pretende evitar lo que se producía en el sistema antiguo, el cual, por la acumulación de males, se encuentra en estado agonizante.
Con dicho mecanismo se quiso evitar -excusen Su Señorías que lo recuerde solamente- el gasto público que se hacía en investigaciones de carácter criminal que finalmente terminaban en nada. Más de 60 por ciento de las causas concluían en sobreseimientos temporales. Pero se dejaba en el ciudadano común la sensación de que el sistema estaba funcionando, porque se concurría a declarar a un tribunal, se presentaban testigos, se emitían órdenes de investigar, y todo terminaba en sobreseimiento temporal.
El sistema nuevo plantea adelantar esa realidad...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ordeno a Carabineros que desaloje y detenga a las personas que han provocado desorden.
Puede continuar, señor Ministro .
El señor BATES (Ministro de Justicia).-
Gracias, Presidente.
Señalaba que asociado al tema de la difusión de la Reforma Procesal Penal existen cuatro puntos sobre los cuales deseo poner énfasis en esta exposición.
El primero ya lo mencioné: el equilibrio entre la represión penal oportuna y eficaz y el respeto al debido proceso.
El segundo dice relación a la descongestión de la justicia criminal y a los mecanismos legales aprobados por el Congreso. En efecto, si no se explican adecuadamente a la ciudadanía, por todos los conductos disponibles, las normas del Código Procesal Penal que apuntan a la descongestión del sistema, puede revertir en contra de la reforma misma a manera de "boomerang". Porque hemos percibido que la puesta en práctica de dicha descongestión ha hecho pensar a muchas personas que el sistema es malo y que no funciona.
El tercer punto -también muy recurrente- se refiere a la vinculación entre la reforma procesal penal y la seguridad ciudadana. En nuestro concepto, ha habido un discurso errático o difuso hacia la ciudadanía en el sentido de que la instalación de la reforma puede incidir de manera directa, inmediata, en la seguridad ciudadana. La opinión personal del Ministro que habla, por ser conocedor de los estudios efectuados sobre la materia, es que existe una relación entre reforma procesal penal y seguridad ciudadana, pero solamente de carácter indirecto. No hay una causalidad directa entre una y otra cosa.
Respecto del cuarto punto, me parece que pasará mucho tiempo antes de que la ciudadanía comprenda la diferencia entre los distintos órganos institucionales creados para llevar adelante la reforma. Entender, por ejemplo, que el Ministerio Público y que los fiscales no forman parte del Poder Judicial , al igual que otras materias, va a demorar un lapso considerable.
Como todos sabemos, el nuevo sistema penal se inserta dentro de la modernización de la justicia, que debe adecuarse al desarrollo social, político, económico y cultural del país. Porque hay, también, una relación entre ella y los asuntos económicos; pero no voy a profundizar ahora en tal punto.
Entre los componentes de la modernización figuran las leyes sustantivas y de procedimientos, así como las instituciones que las aplican, que tienen en el marco jurídico distintas jerarquías. Toda esta institucionalidad nueva apunta en definitiva -eso no hay que olvidarlo jamás- a entregar un mejor procedimiento judicial a las personas.
Deben mencionarse también los abogados, que están teniendo y van a tener, en mi opinión, un papel determinante en el éxito o el fracaso de la reforma. Creo que éste es un tema vital, y para su estudio contamos en esta oportunidad con la presencia del señor Presidente del Colegio de Abogados .
Por último, hay que destacar los niveles cívicos y culturales de la ciudadanía. La reforma procesal penal es esencialmente cultural. En consecuencia, constituye un proceso de cambio lento y no será, ni mucho menos, la última de las modificaciones sobre la materia.
El Senado sabe perfectamente que la reforma a la justicia comprende diversos rubros. Sólo mencionaré que la que dice relación a la justicia penal comprende el foro penal, que funciona en el Ministerio de Educación y que tiende a cambiar radicalmente la ley sustantiva; el Código Procesal Penal, que convoca esta reunión, y el régimen penitenciario. Son los tres componentes de la reforma a la justicia penal en que nos ha correspondido el privilegio de participar durante este tiempo. Es preciso reconocer el trabajo hecho por mi antecesor en el cargo, lo que se hace hoy en día y lo que probablemente se seguirá haciendo en el futuro hasta dejar instalada en el país una reforma que va a durar cincuenta o cien años; así lo suponemos.
En seguida, una vez que se diagnosticaron los males del sistema antiguo, se entró a legislar. El proceso duró cinco años, sin contar las leyes adecuatorias y las modificaciones posteriores. Ello, naturalmente, porque se pretendió elaborar un buen marco jurídico. Como todos sabemos, para que las cosas resulten bien hechas ha de transcurrir cierto tiempo. Y debe tenerse en cuenta que el proceso legislativo duró cinco años, y que el llevarlo a la práctica en forma adecuada y su implementación y aplicación lleva escasamente tres años. Por cierto, ésta es la parte más compleja del asunto. Según un estudio americano sobre la materia, la implementación -muchas veces se oyen críticas por la lentitud de la misma- siempre es prolongada, difícil, irregular, costosa, de consecuencias imprevistas y a veces encuentra oposición, no siempre frontal pues se hace con reticencias o en forma un tanto encubierta o larvada. Apenas llevamos tres años en tal proceso. Se ha avanzado lo que se indica en las carpetas que tienen a su disposición los señores Senadores.
Por otro lado, quiero recordar al Honorable Senado dos características sociológicas de la sociedad chilena, que don Francisco Antonio Encina menciona en su Historia de Chile y que compartimos. Una, la primacía de la juridicidad o de la legalidad. Dos, el espíritu crítico; es decir, ver los defectos antes que los logros o, como dice el propio historiador, ver los defectos antes que las bellezas. ¿Por qué digo esto? Porque uno observa que se resaltan las críticas, muchas de ellas fundadas, pero se da menos énfasis a los logros obtenidos hasta este momento, en los tres años de implementación que lleva la reforma en las Regiones en que primero se puso en práctica.
Por eso, empezando por el lado positivo de la reforma procesal penal, quiero hacer muy rápidamente esta referencia oral, porque la materia se encuentra consignada en la minuta y en los documentos entregados.
Los tres primeros principios del nuevo sistema son: oralidad, transparencia y publicidad e inmediación. Esta última es la relación directa del juez con las partes, que es lo que humaniza la justicia penal. Pues bien, ellos se han cumplido en 99 por ciento. Hoy en día la ciudadanía ve cómo se hace justicia; ya no existen la escrituración, el secretismo y la existencia de esos intermediarios no siempre letrados del sistema antiguo.
¿Qué efectos ha traído solamente el cumplimiento de los tres principios mencionados? La desaparición de las áreas más vulnerables a la corrupción del antiguo sistema judicial. Los señores Senadores probablemente tienen mejor información de parte de sus representados en cuanto a si han conocido de algún hecho de corrupción en el nuevo sistema de justicia criminal. Yo no he sabido de ninguno. No digo que no los haya, pero el área vulnerable a la corrupción del régimen antiguo se debía a la inexistencia de los principios que acabo de mencionar. Y esto permite apreciar, de paso, en qué medida el cambio de sistemas muchas veces es indispensable para mitigar los niveles de corrupción de un país. Éste es un muy buen ejemplo de cómo un cambio de sistema elimina o disminuye la corrupción en el ámbito judicial.
El siguiente principio es el de la celeridad. Las estadísticas y documentos que se han dejado a disposición de los señores Senadores dan cuenta de que se ha aplicado en términos amplios, dando con ello cumplimiento a las convenciones y a los tratados internacionales suscritos por Chile. Cabe recordar que la lentitud o la postergación de la justicia, no es sino denegación de la misma y de la democracia, como alguien decía.
La separación de funciones que hoy día se aplica en la reforma procesal penal ha permitido, indiscutiblemente, elevar el profesionalismo y los niveles de actuación de los distintos partícipes, como también la calidad de las soluciones. Esto relaciona unos principios con otros. Precisamente, la oralidad y la publicidad del sistema han significado que los comparecientes deben necesariamente prepararse mejor y que se exponen a escrutinios mucho más prolijos en las declaraciones, pericias o lo que fuere pertinente.
El principio de la accesibilidad, con la creación de la Defensoría Penal Pública, ha dado un paso gigantesco en el sentido de que los imputados tengan en todo momento una defensa adecuada. Este punto se inserta en uno más amplio, como es el acceso a la justicia, que naturalmente no desarrollaré ahora.
En cuanto al punto 8, sólo quiero recordar, dentro de los aspectos positivos de la reforma procesal penal, la instalación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el ámbito criminal y la denominada "justicia restaurativa" o "reparadora", que es lo novedoso dentro del nuevo sistema.
Debo señalar que la instalación de esos mecanismos, aun cuando en opinión de muchos no es suficiente todavía, ha permitido a los jueces de la República, en especial en la zona norte, aplicar con creatividad las soluciones alternativas de conflictos. En la carpeta que queda a vuestra disposición se indican ejemplos. Y muchas de esas soluciones apuntan a las verdaderas causas de los conflictos criminales, cuando ello se refiere a delitos de menor entidad.
Ése es un gran tema, puesto que se inserta en uno más amplio de la solución alternativa de conflictos, que no sólo hemos visto en el Congreso en el área criminal, sino también en el área de la familia, en el área laboral, en la Ley de Matrimonio Civil y en tantos otros asuntos que se han estado analizando, lo que demuestra el carácter transversal del mecanismo, contrario a la cultura del litigio, que muchas veces destruye a la persona.
El punto 9 se vincula con la protección y participación de las víctimas y los testigos, que prácticamente no tenían presencia en el sistema antiguo.
A continuación se encuentran los derechos del imputado.
Creemos que un subproducto importantísimo de la reforma procesal penal -y que no se halla en la letra de la ley pero resulta real- es la promoción de valores, como la verdad, que en el nuevo sistema pasará a tener una connotación distinta de la que tenía en el antiguo.
En lo relativo a la implementación de la reforma procesal penal, sólo quiero dar aquí una visión muy esquemática de los diversos componentes que la conforman y que constituyen el trabajo silencioso del día a día de los principales actores presentes en ella.
En materia de infraestructura, sólo la cartera de proyectos del Poder Judicial alcanza a 207 mil metros cuadrados. ¡Quince edificios terminados! Cuando uno recorre el país, Honorable Senado, advierte cómo ha ido cambiando la cara de la justicia en lo que a la construcción de edificios se refiere, cosa inédita.
También se proporcionan otros datos y se indica por vía de ejemplo, en cuanto a la infraestructura, la multiplicidad de instituciones que deben intervenir para llevar adelante la construcción del Centro de Justicia de Santiago, que es uno de los más complejos y se encuentra en proceso de licitación.
Además de la infraestructura, obviamente se hace mención de las leyes de la República aprobadas por el Parlamento que han ido corrigiendo el sistema, así como de los recursos humanos relacionados con la selección, nombramiento y capacitación.
Me detengo en este punto, señores Senadores, porque, en mi opinión, los procesos de capacitación de los distintos actores de la reforma procesal penal son fundamentales. Creo verdadero lo que ya algunos han expresado en el sentido de que las leyes -buenas, malas o regulares- finalmente hacen buena justicia si las personas que las aplican tienen la debida preparación para ello.
En cuanto a la difusión, se ha hecho lo que los señores Senadores pueden ver en la carpeta.
Los recursos asignados hasta este momento a la reforma procesal penal se señalan en el documento que he estado leyendo rápidamente. Sólo deseo destacar que el Gobierno de la República incrementó en 32 por ciento durante el año 2002 -es decir, en 83 mil millones de pesos- los fondos destinados a tal efecto, con relación a las tres instituciones claves: el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial .
Cualquier evaluación de una reforma de esta naturaleza nos parece que debe estar relacionada con los objetivos tenidos en consideración, señalados en el texto. El cumplimiento de normas claras que ella requiere ciertamente se ha concretado, incluidas las que con posterioridad la han ido mejorando, sin perjuicio de las que posiblemente haya que traer a la consideración del Congreso para perfeccionarla aún más.
Se pueden observar algunos cambios legales que sí se asocian a la seguridad ciudadana. En mi opinión, existe un elemento de relación entre esta última y la reforma procesal penal, en el caso de las normas, con ejemplos como el control de identidad, la detención por falta flagrante, etcétera.
Dentro del aspecto normativo, se encuentra para la decisión del Ministerio de Justicia un anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal y de fusión de tribunales, lo que, unido a las recomendaciones que pueda hacer la Comisión de expertos que funciona en la actualidad, nos va a permitir tomar las decisiones necesarias para mejorar el sistema.
Entre los objetivos jurídicos y político-criminales se hallan los criterios de persecución criminal, que son de la órbita del Ministerio Público.
Junto con ello, se han ido desarrollando, durante el proceso de instalación de la reforma procesal penal, los criterios jurisprudenciales, particularmente el de la Excelentísima Corte Suprema, sobre materias o artículos específicos. Dicha jurisprudencia, por el breve período que lleva el proceso de instalación, se encuentra naturalmente en pleno proceso. Se señalan algunos ejemplos que han ido consolidando gradualmente el sistema.
En relación con los objetivos institucionales, ya he mencionado la transparencia y la evaluación de los operadores.
El mundo académico ha sido bastante insistente en estos temas. La publicación de la Universidad Diego Portales, por ejemplo, sobre la reforma procesal penal y la evaluación nos parece un aporte importante, como también lo es el anuario estadístico preparado en el Ministerio de Justicia con la participación de quienes intervienen en la Comisión que he señalado.
Se han hecho también evaluaciones políticas, sociales y por los medios de comunicación social.
Agradezco de nuevo la invitación que me ha cursado esta Honorable Corporación, porque es lo que da lugar a oportunidades para dialogar, intercambiar ideas, recibir críticas y, en definitiva, mejorar el sistema. No les tememos a las críticas. Por el contrario, cuando no tienen fines subalternos, permiten perfeccionamientos graduales.
En el rubro de las relaciones institucionales, debo destacar que en general ellas han sido fluidas y dinámicas. No son fáciles, entre otras razones porque las instituciones que actúan tienen jerarquías distintas. Uno es el Poder Judicial , órgano independiente; otro es el Ministerio Público, entidad autónoma, y los demás órganos del Estado que intervienen. No obstante, el espíritu que ha animado a la Comisión Coordinadora de la Reforma durante mi período como Ministro de Justicia es un ejemplo de buen criterio y, sobre todo, de armonía para resolver los múltiples problemas propios de la implementación de una reforma de esta naturaleza.
Ese espíritu, que es el que permite mejorar el sistema, lo hemos visto replicado en algunas Regiones. Menciono, por ejemplo, la experiencia personal recogida en la ciudad de Copiapó, así como lo acontecido en otros lugares donde existe la armonía que facilita la solución de las dificultades. Hay sitios, sí, donde ello no se percibe tan claramente.
En cuanto a la legitimación institucional y la percepción ciudadana, los estudios indican que esta última (encuestas ADIMARK, por ejemplo, que los señores Senadores tienen en sus carpetas), en términos generales, en promedio, es positiva ante la reforma procesal penal.
Aquí sólo me permitiría una distinción acerca de las experiencias particulares de las personas, especialmente en lo referido a delitos de menor entidad. Muchas veces se expresa: "Hice una denuncia, pero no pasó nada", desconociéndose así los sistemas de descongestión en el diseño jurídico.
Hay, individualmente, percepciones desfavorables. No cabe duda. Pero por eso creo que el asunto de la difusión llega, en tal caso, a tener la mayor importancia.
Insisto: en la ciudadanía se registra una gran desconocimiento sobre lo que son la Reforma y sus instituciones. Y ése es un importante fenómeno, que se proyecta hacia otros.
Los servicios de defensa penal han sido, en general, de buena calidad. Hay experiencias distintas en la materia. Estamos muy conscientes de ello. Y el proceso de licitación de las causas entre oferentes privados -es decir, el que abogados de ese ámbito actúen en la defensa- es inédito en la historia de Chile. Ello abre al sector privado la posibilidad de participar en defensas relativas a juicios de carácter criminal.
Es preciso consignar que la reforma procesal penal se observa con interés por países vecinos, desde donde se acude a ver cómo funciona.
En especial, cabe celebrar la gradualidad, o sea, el proceso de autocorrección, de autoaprendizaje, que avanza en la medida en que la reforma va operando en las Regiones más pobladas, como comenzará a ocurrir en el mes en curso.
Indudablemente, la duración y calidad de las investigaciones criminales han sido positivas. La celeridad es evidente en el caso de las de corta duración, si bien los análisis estadísticos no refieren, diría, las relativas a delitos complejos, como los de carácter económico. Lo más probable es que éstos se den con fuerza en las Regiones de mayor población.
Hay algunas cifras interesantes en lo relativo a la atención de víctimas. Al mismo tiempo, otras llevan a reconocer deficiencias en el área.
En cuanto a los objetivos procesales, debo señalar que el uso transparente y racional de los mecanismos de selectividad penal por parte del Ministerio Público constituye un aspecto importante. La aplicación de las normas que algunos llaman "de estructuras de aduana" -es decir, que evitan el ingreso al sistema de situaciones que no corresponden, atendidos los escasos recursos públicos disponibles, para focalizarlos en las investigaciones más complejas- es un principio cardinal de la reforma procesal penal que, en mi opinión, sigue siendo mal entendido por la ciudadanía. Ahí hay un asunto de enorme importancia, que tal vez podríamos analizar.
En cuanto a las salidas alternativas -ya mencionadas-, Sus Señorías tienen los ejemplos expuestos hace un momento. Los demás puntos corresponden a oralidad, concentración, carácter adversarial, etcétera.
Del mismo modo que se han obtenido logros indiscutidos con la reforma procesal penal, como algunos de los que he reseñado en esta breve exposición, sin duda que un proceso de esa trascendencia, carente de tradición histórica, y de tanta envergadura, que ha comprometido fondos fiscales por las cifras que todos conocemos y que significará, en definitiva, un costo de alrededor de 340 mil millones de pesos, obligadamente presentará flaquezas durante el proceso de transición en que se encuentra. Por eso me he permitido señalar las debilidades y falencias que hasta ahora se han ido identificando en la medida en que la reforma se implementa en las diferentes Regiones. Para la consideración de los señores Senadores, se exponen veintidós de ellas.
Esperamos el informe de la Comisión de Expertos de la Reforma para ver, sumados, los pasos que habrá que dar en seguida para mejorar el sistema. Éste es irreversible, y va a regir, como lo dije hace un momento, por los próximos cincuenta o cien años. En consecuencia, al Ministro que habla no le preocupan mayormente pequeñas dilaciones de seis meses, de un año, o de lo que fuere, considerando que se trata de instalar un sistema que dejaremos a las futuras generaciones.
Las debilidades y desafíos están identificados. Cada uno puede ser objeto de análisis, y es posible conversar al respecto inmediatamente. Una debilidad, por ejemplo, es el uso y control efectivo del cumplimiento de medidas cautelares y de las condiciones de suspensión del procedimiento.
Otra dice relación -y motivó el planteamiento al Congreso de una prórroga de seis meses, finalmente concedida- a los órganos auxiliares de la administración de justicia, que son vitales. Más allá del marco jurídico asignado a las policías y al Servicio Médico Legal, las primeras son, muchas veces, la cara de la justicia frente a la comunidad, especialmente la más desvalida. Y dicho Servicio constituye, efectivamente, un problema. Estamos conscientes de ello. Creemos que con los recursos ahorrados a raíz de la prórroga de la reforma vamos a estar en condiciones de aplicar a ese organismo una reingeniería, un diseño diferente. Del mismo modo, si bien las policías no dependen de Justicia, los recursos ahorrados se destinarán tanto a la civil como a la uniformada, en cada uno de los ítem o rubros contemplados para el efecto.
Se incluye, también, entre las debilidades y los desafíos, la necesidad de medidas más efectivas de protección a víctimas y a testigos; así como de una mayor capacitación de carabineros operativos.
Hay, a veces, insuficiente compromiso con la reforma procesal penal por parte de algunas Cortes de Apelaciones. Ése es un punto de percepción propia, que me preocupa.
A veces, asimismo, la distribución de la carga de trabajo es desigual entre los juzgados de garantía, y entre éstos y los tribunales de juicio oral.
El mejoramiento en la gestión de los administradores constituye una cuestión recurrente y clásica, especialmente en lo tocante a la dependencia con los jueces.
Se presenta, también, más como tema que como dificultad, lo atinente a las relaciones de los fiscales con la ciudadanía, con la comunidad.
En fin, señores Senadores, cada uno de los puntos que se plantean forma parte de lo que podríamos enumerar como debilidades o falencias efectivas del sistema. Es ahí donde debemos aplicar, naturalmente, el mayor de nuestros esfuerzos.
Termino señalando los que, en concepto del Ministro que habla, son los principios para mejorar la justicia. El eje de todo está constituido por las personas, como ya lo sabemos. El verdadero progreso, en términos generales -no solamente en el ámbito de la justicia-, es gradual. En educación y en justicia, los frutos, como bien saben Sus Señorías, no se dan de un día para otro. El verdadero progreso requiere un tiempo natural de maduración, de consolidación del sistema. Y en eso estamos.
Éste es un asunto cultural, de hábitos, de prácticas, de abogados y de jueces, y por eso lo consideramos un proceso que sigue la dirección correcta pero lento.
Creemos que, con perseverancia y, sobre todo, entusiasmo, que es lo que observo en los medios en que me muevo desde que asumí como Ministro de Estado, lograremos hacer bien las cosas, es decir, con profesionalismo y en forma mancomunada.
La Comisión que yo presido, Honorable Senado, está trabajando con esa visión más amplia, más alta, de la meta final. Y por eso se han ido solucionando los problemas -estoy seguro de que lo serán en el futuro- que surgen de un proceso de transición tan complejo como éste.
Ello nos insta a resistir lo mediático en estas materias. Creemos, entonces, que se trata de una fase larga y difícil.
Señor Presidente , estamos agradecidos de esta invitación y esperamos de Sus Señorías los comentarios, las observaciones, las críticas, porque serán muy bienvenidas para mejorar lo que se está haciendo en beneficio de la justicia y del país.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Los señores Senadores que deseen intervenir pueden solicitarlo. Hasta el momento hay cinco oradores inscritos.
El señor FERNÁNDEZ.-
Es muy poco el tiempo de que se dispone, señor Presidente . Es conveniente realizar otra sesión sobre la misma materia.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , deseo, con su venia, hacer una moción al respecto. Dado que se trata de un tema muy interesante y del cual se ha hecho una exposición tan completa, podríamos fijar una fecha para continuar esta sesión que concluye a las 14.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay inconveniente.
El señor ESPINA.-
Planteo lo anterior, señor Presidente , con el objeto de que los señores Senadores que deseen intervenir puedan desarrollar sus ideas con más amplitud y no en forma telegráfica, pues, de lo contrario, no tendría sentido alguno la presente sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Propongo que sea el próximo miércoles, a las 12.
El señor ESPINA.-
Conforme.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Bates.
El señor BATES ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , sólo deseo hacer presente que ese día estaré fuera de Chile, pero ello no es óbice para que concurra el señor Subsecretario, quien me subroga.
El señor ESPINA.-
¿Y el martes próximo?
El señor BATES ( Ministro de Justicia ).-
También me es imposible pues debo concurrir a la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción, que se extenderá desde el miércoles hasta el viernes de esa semana.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Podría ser el próximo martes 16.
El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).-
Ese día se inaugura la reforma procesal en Valparaíso.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿A qué hora se llevara a efecto dicha ceremonia?
El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).-
A las 12.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, podríamos citar para el miércoles 17, de 12 a 14.
Acordado.
Los señores Senadores podrán intervenir hasta por diez minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , deseo referirme a las inquietudes que ha suscitado la aplicación de la reforma procesal penal, y no tanto a sus méritos, que, ciertamente, son muchos -ya los destacó el señor Ministro -, sino a la marcha de ella y a la necesidad de introducirle algunas modificaciones. Hay una Comisión que está trabajando en eso. Por ello, es útil la labor que pueda realizar el Senado en particular.
Quiero contar la experiencia que hemos vivido en la Séptima Región, donde la reforma lleva dos años de aplicación, y dar a conocer algunos documentos en que se evalúa su funcionamiento, como el de la Universidad Diego Portales -que se mencionó aquí-, los de Andrés Baytelman y Mauricio Duce , y otros que han incidido al respecto, a fin de tener un criterio sobre esta materia.
1. Percepción subjetiva de la seguridad ciudadana
En primer lugar, deseo señalar, como afirmación genérica, que efectivamente se ha producido una percepción subjetiva de inseguridad ciudadana. En segundo término, que muchas de las instituciones que se han puesto en marcha, y en las que nos tocó participar muy activamente, no han funcionado en la forma prevista.
En cuanto al primer punto, el propio informe de la Universidad Diego Portales reconoce que hay un incremento de la percepción de impunidad en las ciudades donde se ha implementado el nuevo sistema, pero advierte que eso no se condice con los índices objetivos de aumento de la criminalidad.
No obstante esa percepción existe y tiene que ver con algunos de los elementos que, a mi juicio, vale la pena destacar. Entre ellos, los siguientes.
Una de las instituciones que, en mi opinión, no está funcionando de la manera más adecuada es la prisión preventiva o el otorgamiento de la libertad provisional. De acuerdo con el informe de dicho establecimiento de educación superior, se ha producido una importante racionalización del uso de la prisión preventiva, es decir, en sus palabras, se estaría utilizando de forma más acorde con su carácter excepcional.
El mismo informe señala que "la prisión preventiva habría prácticamente desaparecido para delitos menos graves (...)". Luego, agrega que "También habría una disminución en el uso de la prisión preventiva tratándose de un grupo de casos intermedios, es decir, que podrían ser sancionados con penas privativas de libertad equivalentes o superiores a tres años (...), por ejemplo, robo con sorpresa o lesiones graves".
Sin embargo, la situación va más allá, porque tratándose de los delitos más graves, en los que bajo el sistema antiguo tradicionalmente se ha denegado la libertad provisional, ahora se estaría concediendo. Asimismo, en este grupo de delitos su duración habría disminuido, no por efecto del acortamiento del proceso, sino a raíz del criterio de los jueces al otorgarla.
Es decir, la sensación de que la detención constituye una puerta giratoria tiene aquí su mayor expresión. Porque, a propósito de los conceptos que subyacen en la reforma, se ha validado la presunción de inocencia hasta sus últimas consecuencias, lo cual está trayendo consigo que efectivamente no haya verdaderamente restricciones al otorgamiento de la libertad provisional, salvo en casos excepcionalísimos. Y eso, obviamente, genera una inevitable sensación de inseguridad.
En seguida, cabe señalar también el problema de la aplicación de medidas cautelares, porque muchas de las libertades provisionales se otorgan con la sustitución de dichas medidas, que buscan restringir de alguna forma la libertad del imputado. Por ejemplo, el arresto domiciliario, el arraigo local o regional, la prohibición de visitar ciertos lugares o a la propia víctima y, especialmente, la de presentarse ante el juez u otra autoridad
Esta situación, realmente, nos ha producido muchos problemas. Así, por ejemplo, cuando se aplica el arresto domiciliario a una persona que abusó de una menor que vive a una cuadra del domicilio del imputado. Ese hecho, como ocurrió en la comuna de San Javier, en la Región que represento en el Senado, genera una gran sensación de inseguridad en el vecindario y, por tanto, en toda la comunidad. Se trata de una medida que, además, Carabineros no tiene mucha capacidad para poder cumplir.
2. Defensa de las víctimas
Asimismo, hay problemas respecto de otras instituciones. Uno de ellos dice relación a la defensa de las víctimas. Aquí se percibe una cierta discrepancia cada vez mayor entre los intereses de la víctima como parte del proceso penal y los que lleva adelante el Ministerio Público. Ello se origina en que la función de la fiscalía, en realidad, no es representar los intereses de la víctima, sino llevar adelante la acción penal en vistas al interés del Estado acerca del castigo del delito o del victimario.
Aquí se produce un contraste, porque el defensor público es el abogado del delincuente, en cambio, el fiscal no es el abogado de la víctima. Y ésta, cuando no tiene acceso a los servicios de un profesional por razones de carácter económico o porque no hay una corporación de asistencia judicial que la pueda asesorar, queda en una cierta indefensión. Esa sensación de impunidad, obviamente, se acrecienta. Muchas veces la pretensión de castigo que sustenta la víctima se ve frustrada por una estrategia de la fiscalía, que incluso puede dar lugar a alguna de las salidas alternativas al juicio y, en definitiva, quedar en libertad.
Por último, las víctimas, además, no han visto plenamente satisfecha la reparación de los daños que provienen del delito. Ello, porque tampoco es función de la fiscalía el obtener esa reparación para la víctima. De acuerdo con el citado informe, ésta se produce a través de dos mecanismos: la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, que dicen relación sólo con ciertas hipótesis especiales, de manera que si el juicio termina por otra causa, la víctima no siempre ve resarcido el daño que se le ha ocasionado como consecuencia del delito. Ciertamente, ésta es otra falencia no menor de la reforma procesal penal.
3. Atribuciones de las policías
También nos parece que las medidas adoptadas en sustitución de la detención por sospecha no han tenido el efecto esperado. En definitiva, son escasas las atribuciones que posee la policía en materia de prevención del delito.
Esto fue observado precisamente por la Comisión de Evaluación de la Implementación de la Reforma Procesal Penal, creada por el propio Ministerio de Justicia, que, confirmando esta percepción de inseguridad, consideró necesaria "la introducción de ajustes al marco legal dentro del que se desenvuelve la reforma, particularmente de la delincuencia menor y los problemas de orden público, cuyo deficiente tratamiento es hoy lo que estaría generando percepciones negativas a la reforma dentro de la comunidad".
Producto de esas conclusiones, se modificó parte de las normas anteriores, y en particular la del control de identidad. Pero, en verdad, esto tampoco ha funcionado, pues, en definitiva, hoy los delincuentes saben que, si transcurridas cuatro horas después de haber sido conducidos a la comisaría no pueden ser identificados, quedan en libertad. En consecuencia, los delincuentes andan sin identificación alguna y, por lo tanto, pasado el tiempo simplemente quedan libres. Por consiguiente, el control de identidad queda inutilizado.
Junto al Senador señor Espina y a otros Honorables colegas, hemos presentado una moción que busca corregir eso, de manera que se invierta el peso de la prueba, es decir, que el delincuente tenga que acreditar su identidad y que, de no hacerlo, quede a disposición de la justicia. Me parece que la norma actual debe modificarse, pues los carabineros alegan que no tienen atribuciones para ser más eficaces en su tarea. Otros dicen que sólo es un pretexto...
4. Funcionamiento de las policías
En este aspecto también ha habido problemas, pues la proliferación de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva ha redundado en la asignación de nuevas e importantes funciones a las policías, en especial a Carabineros, que deben supervisar el cumplimiento de numerosas medidas cautelares con pocos recursos humanos y materiales.
A modo de ejemplo, se ha encargado a Carabineros la función de supervisar el cumplimiento de la prohibición de acercarse a la víctima y del arresto domiciliario, esto último con carácter diario, medidas que, en conjunto, suman mil quinientas noventa y cinco al 21 de enero de este año. Y ello, obviamente, no se puede cumplir con la actual dotación policial, y transforma a la policía en gendarmería.
5. Eficiencia
Volviendo al tema de las instituciones que se han visto frustradas, se ha señalado, y con razón, que existe un aumento de la eficiencia en la reforma procesal penal, esto medido a partir de la rapidez con que han sido resueltos los procesos.
Sin embargo, ello no es enteramente así. Cito algunos ejemplos:
En el sistema anterior, los jueces no contaban con el Principio de Oportunidad, que es la facultad para decidir si se investiga o no un delito sobre la base de los antecedentes aportados. Por ello, archivar una causa demoraba muchos meses. En cambio hoy, al no existir datos, la causa se archiva en cinco días, y para fines estadísticos se entiende concluida, sin que la víctima logre reparaciones ni se condene a los responsables. Por lo tanto, la rapidez no es real, sino simplemente un cambio de situación.
Por otro lado, la eficiencia tanto de la Fiscalía como de la Defensoría es medida por la cantidad de causas terminadas...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , ha concluido su tiempo.
¿Habría acuerdo para que el Senador señor Larraín extienda su intervención por algunos minutos?
Acordado.
El señor LARRAÍN.-
Gracias, señor Presidente.
Como decía, la eficiencia de la Fiscalía y de la Defensoría también es medida por la cantidad de causas terminadas. Eso lleva a que se busquen arreglos alternativos al proceso, siempre con el consentimiento de la víctima. No obstante, muchas veces esto la perjudica, pues, por ejemplo, en casos con lesiones, se ha llegado a acuerdos realmente inusitados, verdaderamente ridículos, que la víctima acepta por razones de carácter económico, dado que muchas veces se trata de personas de escasos recursos.
Por ello, lo relativo a la eficiencia también está un tanto desdibujado.
6. Alteración de la regulación penal de ciertos delitos
La reforma ha incidido, además, y tal vez sin proponérselo, en la modificación del contenido penal material de ciertas figuras delictivas. Es el caso del giro doloso de cheques, que, conforme al nuevo régimen, es tramitado de acuerdo con el procedimiento abreviado, lo que normalmente se traduce en la libertad del imputado, afectando de esta forma la eficacia comercial del cheque, lo cual, por lo menos hasta la fecha, aunque no ha estado en la mente del legislador modificar, ciertamente tiene y produce consecuencias económicas no menores en el ámbito comercial.
7. Funcionamiento de los órganos.
Finalmente, a mi modo de ver, se han presentado a este respecto tres problemas en particular.
El primero tiene que ver con el mecanismo de designación de los fiscales.
En lo fundamental, en la designación de los fiscales de Santiago, hemos presenciado una verdadera vulneración al espíritu de las disposiciones constitucionales y legales cuando hemos visto que en los distintos nombramientos correspondientes a las cuatro fiscalías regionales en que se dividió la capital se repetían los mismos nombres en las ternas, de manera que no hubo una clara opción, sino que se produjo una verdadera imposición por parte de las Cortes de Apelaciones en dichos nombramientos.
Esto desdibuja el tema y obliga a revisar este mecanismo con el fin de que tener uno que dé más objetividad y transparencia al sistema.
El cuanto al segundo, creo necesario señalar que en la aplicación de la reforma, desgraciadamente hemos advertido una cierta competencia y rivalidad entre las fiscalías y las defensorías penales públicas. Estimo valioso manifestarlo, sobre todo, por la presencia en este Hemiciclo de quienes encabezan estas instituciones.
Al parecer, a veces es más trascendente ganarle al otro que hacer justicia, en circunstancias de que ambas son instituciones auxiliares de ella.
Por ese motivo, resulta importante introducir "diques de contención" ahora para que no se repitan entre Carabineros e Investigaciones los sucesos de que hemos sido testigos, ya que al final dañan también la investigación y el esclarecimiento de los procesos judiciales.
Me parece que este tema no es menor y es importante asumirlo.
Por último, está el problema del "garantismo" del sistema.
A mi modo de ver, en muchas de las referencias que hecho a distintas instituciones, ciertamente ha habido una situación que se ha producido como consecuencia de este "garantismo" llevado al extremo, lo cual estimo necesario corregir.
A mi entender, esta corrección tiene que hacerse en la Academia Judicial, pues allí se forman los jueces. En mi opinión, debemos entrar a calificar estos principios, asegurar tanto una adecuada defensa de la víctima como la situación de la ciudadanía que se ve amenazada por la impunidad en que se traduce la aplicación de ciertas instituciones y que ese espíritu esté también en la formación de los jueces.
Tengo la impresión de que la Academia Judicial ha seguido muy al pie de la letra la doctrina y los principios que han inspirado esta reforma. Por lo mismo, creo que con esto los nuevos jueces están contribuyendo a que exista un exceso de garantía, lo que al final, a mi juicio, va en contra de la recta justicia y de la sensación de seguridad que debe tener la ciudadanía.
Por estas consideraciones, señor Presidente , estimo muy importante revisar y evaluar debidamente estos antecedentes, junto con los otros que harán presentes los demás señores Senadores cuando intervengan, para que la Comisión de Expertos ojalá pueda hacerse cargo de ellos, así como también el Gobierno, para la elaboración de nuevas correcciones legales a la reforma en marcha, de manera que ésta cumpla con los objetivos que se ha propuesto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , ante todo agradezco la intervención del señor Ministro de Justicia en cuanto a la explicación que ha dado al Senado respecto de este tema, la cual se inserta dentro de un afán pedagógico, puesto que todos tenemos la necesidad de conocer en la práctica lo que está ocurriendo y de servir, en la medida en que seamos capaces, de conductores o de intermediarios para transmitirlo a la opinión pública.
En la Región que represento en esta Corporación, el proceso se iniciará el 15 de diciembre y ha estado precedido de una preparación que me parece adecuada y bien planteada. Se han realizado foros, conversaciones, visitas y explicaciones a distintos actores de la comunidad con el objeto de ir sensibilizándolos acerca de la implementación de la Reforma Procesal en la zona.
Por lo tanto, quiero centrar mis comentarios en los siguientes elementos.
Primero, la reforma procesal penal es un proceso sin vuelta atrás. Lo que hoy día se está instalando, cualesquiera que sean sus fallas, no dejará posibilidad de regresar al sistema antiguo. Y ello debe asumirse como tal.
Segundo, este proceso marca algo que pude apreciar la semana pasada, en la ceremonia de inauguración de las oficinas de la Defensoría Penal Pública en la Sexta Región: se está produciendo un cambio generacional. La mayoría del personal contratado en las distintas instancias pertenece a una nueva generación de abogados o de personas que se van especializando en la materia, hecho no menor que no puede perderse de vista respecto de los instrumentos que deben utilizarse tanto para darlo a conocer a la comunidad como para articular elementos de comprensión dentro de ella. Me parece altamente positivo.
Tercero, entre la población, sobre todo de la que represento, donde hay vastos sectores rurales, existe la sensación de que la justicia siempre fue lenta, lejana y muy exclusiva; vale decir, que quien disponía de recursos, tenía abogados, poseía una camioneta u otro medio para llegar al tribunal estaba en condiciones de salir mejor librado.
Por consiguiente, es preciso establecer -al menos en mi Región- mecanismos tendientes a reforzar la distribución geográfica, mejorar la accesibilidad y especialmente los intermediarios que puedan actuar dentro del nuevo sistema. Quizás la mayoría de éstos serán abogados o letrados; pero en su intervención el señor Ministro , en forma muy elegante, usó la palabra "intermediarios".
Los intermediarios no desaparecerán con la reforma, aunque pueden resultar minimizados. Y aquí surge uno de los temas pendientes.
Ayer, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el señor Presidente del Colegio de Abogados -que nos acompaña en la Sala- hizo una afirmación que me dejó tremendamente impactado. Aludió a un factor que debe estar presente en toda la reforma procesal penal, que es el paso inicial de otras enmiendas que deberán introducirse en el sistema de justicia. Porque, ¡cuidado!, no nos formemos la impresión, ni difundamos ante la opinión pública, de que se está arreglando sólo el aspecto penal y no otras facetas de la justicia que hoy se encuentran relegadas a una situación absolutamente distinta, más antigua o más ineficiente.
Pero, ¿qué expresó el señor Presidente del Colegio de Abogados? Dijo: "Es necesario preocuparse de la formación y del control ético de quienes ejerzan la profesión de abogado. Hoy nadie controla este aspecto". Agregó que en Chile existen 46 universidades donde se imparte la carrera de Derecho; que egresan mil 300 abogados al año y se estima que pronto llegarán a 2 mil. Sostuvo que estos profesionales no tienen control ético salvo el que su propia conciencia les indica. Y en casos extremos -¡extremos!- la Corte Suprema puede llegar a cancelar el título de abogado; pero estas situaciones pueden contarse con los dedos de una mano e incluso sobran.
En consecuencia, nos hallamos ante un elemento importante en una reforma de esta naturaleza. Porque, ¿qué ocurrirá con quienes actúen como abogados o defensores? (No entraré a analizar si son garantistas o no; eso lo dejaré para otra oportunidad). El único objetivo que tendrán será liberar a sus clientes a como dé lugar, usando cualquier procedimiento.
Alguien podrá aducir: "La ley o el propio mecanismo los habilitará". Y aquí viene lo que los legisladores o el sistema deberán precaver: la ética. Si no hay una supervisión o cuidado ético, no deben asumir su condición de tal. No digo que el abogado no deba defender al culpable aunque sea del peor homicidio. ¡No! Es su tarea, su deber. Pero hay métodos y mecanismos a través de los cuales se puede obligar a cumplir una norma. Y eso es lo que en este momento está abierto.
Aun cuando ése no es el tema en discusión, invito al Senado a buscar rápidamente cómo reforzar el control ético de ésta y de otras profesiones -no quiero centrarlo sólo en la de abogado-, porque sin esa garantía una reforma de esta índole fácilmente puede encontrar detractores que digan: "Mire, los procedimientos son distintos de los que habíamos pensado".
El señor Senador que me precedió en el uso de la palabra formuló dos o tres observaciones que también comparto. Algunas personas consideran que el nuevo sistema puede implicar una garantía muy fuerte para el agresor y, eventualmente, un debilitamiento de los derechos de la víctima. Estoy seguro de que ésa no es la filosofía ni el propósito que se busca. Pero si se difunde esa idea, podría ser tremendamente peligrosa. Porque, so pretexto de respetar los derechos humanos -de lo cual el Senador que habla es claramente partidario-, puede cruzarse la línea de lo justo y legítimo en la defensa del individuo. Y eso es lo que hemos de cautelar.
Dejo constancia de que apoyo totalmente el proceso. Y si bien en la Sexta Región no ha comenzado a operar, me parece positivo lo que se está haciendo y percibo que la gente tiene el mismo criterio.
Cuarto, creo que el Congreso, en general, y el Senado, en particular, deben realizar un enorme esfuerzo respecto de lo que significa legislar para garantizar el derecho de las víctimas, si es que no se encuentra debidamente resguardado en la reforma.
En último término, considero que debemos acometer la tarea de controlar éticamente a quienes participarán en el proceso, que será muy dinámico y directo. Tendrán que respetar determinadas normas, que la sociedad no puede vulnerar.
Concluyo mi intervención agradeciendo las explicaciones que se nos han entregado. El tema deberá discutirse con mayor amplitud en nuestras respectivas Regiones, pero me parece altamente positivo el debate desarrollado aquí esta mañana.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , haré algunos comentarios que surgen, básicamente, de mi mirada sobre el proceso de reforma, no sólo en el debate legislativo -que, como indicó el señor Ministro , duró bastantes años- sino fundamentalmente en la Séptima Región, que represento, en la cual, como expresó el Senador señor Larraín , ya lleva dos años de aplicación. Días atrás realizamos en Curicó una primera reunión evaluativa de la reforma, con asistencia del señor Subsecretario de Justicia y de distintos actores del proceso.
Quiero referirme en general a lo manifestado acá en el sentido de que la reforma ha generado en la ciudadanía cierto grado de indefensión.
En primer término, el nuevo sistema efectivamente tiene una dimensión garantista, que comparto plenamente y que se vincula con la afirmación de una cultura del Derecho y del debido proceso. El problema no es la reforma en sí misma, sino la existencia de una opinión pública menos garantista que aquélla. Ése es el dilema. Porque frente a delitos vistosos, atroces o simplemente reiterados, no hay una población con gran conocimiento en materia de Derecho, de derechos humanos y del debido proceso.
Las reacciones de ciertos sectores de la opinión pública, alimentadas muchas veces por la prensa o por políticos que tampoco poseen grandes nociones respecto de derechos humanos y del debido proceso; más la tradición de una justicia muy secretista; más 17 años de dictadura y sus secuelas, que no sólo derivan de violaciones prácticas de los derechos humanos sino de la cultura de la violencia, que se impuso como forma de convivencia e incluso de la actuación de los poderes y del Estado, nos llevan a enfrentar complejos dilemas en términos de la opinión ciudadana y de su construcción. Creo que la opción del Estado, del Congreso y de las distintas autoridades consiste en ejercer la función de orientar a la sociedad -y no ser sólo un mero espejo de ella-, en el sentido de afirmar valores relacionados con el otorgamiento de garantías elementales, desgraciadamente también a los delincuentes.
Entonces, aquí hay un tema muy de fondo.
Comparto con el señor Ministro la afirmación de que la reforma procesal no solamente es un cambio de instituciones, de procedimientos y otras cosas, sino que, de una u otra manera, representa el desafío de una modificación cultural indispensable, lo cual no significa la indefensión de los ciudadanos ante el delito. Creo que si oponemos la defensa ciudadana al debido proceso cometeremos el peor error del mundo, porque podríamos entrar en una tendencia que finalmente disminuiría de manera grave la naturaleza democrática y humanista de nuestras instituciones.
En segundo lugar, pienso que parte de los sentimientos de inseguridad está relacionada con el elemento de transparencia que introduce la reforma: por un lado, incentiva las denuncias, y por el otro, hace muy accesibles los procesos y los errores. Por tanto, aquí hay un elemento que tiene que ver con la transparencia, que es un valor muy central porque da accesibilidad. Tengo la impresión de que con el tiempo también puede ser un gran instrumento de corrección de los eventuales errores de la reforma.
Deseo referirme a dos puntos muy particulares que hemos observado.
Hay cierta resistencia de algunas instituciones a los cambios, sobre todo de aquellas altamente burocratizadas y eficientes. Me refiero específicamente a Carabineros, donde noto una dificultad para asimilar algunas modificaciones que se introducen. Recojo reiteradamente el argumento de que la eliminación de la detención por sospecha ha privado a los carabineros de mecanismos que ellos consideran indispensables para hacer efectiva su labor. Además, se ha producido un acercamiento muy deseable entre sus efectivos y la comunidad. Hoy día existe una interrelación que por lo menos en mi Región era impensable hace catorce años. Habitualmente me encuentro en reuniones de juntas de vecinos donde hay un funcionario policial discutiendo los más diversos temas. En la medida en que los carabineros se vinculan mas estrechamente con la comunidad, le transmiten sus opiniones.
En consecuencia, no sólo es un problema de las instituciones, sino además del público, porque ante un reclamo el carabinero, que hoy día está más cerca del ciudadano o de la ciudadana, responde: "En verdad, se nos han cortado las alas". Eso lo veo todos los días.
Creo que el Gobierno tendría que adoptar una postura más activa. Carabineros dice que la ley no se lo permite, como alguien manifestó en otra ocasión en un seminario en Curicó. El funcionario policial aplica un manual de procedimiento que le indica qué hacer ante cada situación, ya que no es un intérprete de la ley. Se señala que esos manuales no han sido revisados ni corregidos, que hay muchas diligencias y procedimientos que no se utilizan. Por consiguiente, se trata de un área donde hay mucho que profundizar, porque la operación del sistema y la confianza pública están muy complicadas. Como dije, en general, en la relación de los carabineros con la comunidad me ha tocado verlos defenderse -por así decirlo- de la angustia ciudadana por problemas de seguridad manifestando: "No podemos hacer nada más. Los reclamos deben dirigirse al Parlamento, al intendente, al juez de garantía, porque se nos han cortado las manos".
Reitero: esto es muy serio, y requiere un debate a fondo para analizar si efectivamente son indispensables nuevas disposiciones legales o manuales más precisos para las leyes actuales. Pienso que debe actuarse rápidamente, porque de otra forma no podremos contar con lo que fue calificado como muy importante -el sistema procesal-, que está siendo desprestigiado por el brazo de la justicia, presente diariamente en todas las poblaciones del país, impidiendo su funcionamiento. Señalo con mucha fuerza este argumento, pues creo que hay que sincerar este debate, que surge en todos lados, pero no con la energía suficiente. He aprovechado esta ocasión para hacerlo.
Aquí, la primera responsabilidad es del Gobierno, porque a pesar de que no se sabe bien de quién depende Carabineros...
El señor COLOMA .-
Se sabe perfectamente.
El señor GAZMURI.-
Es decir, no es que se desconozca, se sabe de quien depende, pero está mal resuelto.
El señor ARANCIBIA.-
Está bien resuelto.
El señor GAZMURI.-
Está mal resuelto el tema de su dependencia, con las limitaciones institucionales que ésta tiene, que es otro tema central que habrá que resolver. Pero esta materia corresponde al Gobierno, que debe ser más activo en este ámbito.
Finalmente, tengo la impresión de que existe -en esto recojo una opinión entregada acá, que comparto- cierta desproporción entre la calidad de la defensoría para los victimarios y la debilidad de la defensa jurídica de las víctimas. Aquí hay claramente una desproporción que no corresponde, sobre todo respecto de los sectores más modestos del país, porque el sistema vigente -las corporaciones de asistencia judicial- carece de personal, normalmente están integradas por muchachos egresados de las escuelas de Derecho que están efectuando sus prácticas y rotan en todos sus frentes. Hay que felicitar a los defensores públicos. Su función es la defensa; pero ante una defensa profesionalmente adecuada, eficiente y con recursos de los victimarios, no hay una acción equivalente de las víctimas, sobre todo cuando éstas cuentan con pocos ingresos. Hay que intentar corregir este desequilibrio a la brevedad, porque parte de la sensación de indefensión de las víctimas es real y no puramente cultural.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Me han pedido la palabra el señor Ministro de Justicia y el señor Fiscal Nacional. Podríamos escuchar ambas intervenciones y luego levantar la sesión.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BATES ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , solicito autorización de la Sala para que el señor Milton Juica pueda hacer uso de la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se accede.
Tiene la palabra.
El señor JUICA ( Representante de la Corte Suprema ).-
Señor Presidente , vengo en representación del señor Presidente de la Corte Suprema , y como no integro la Comisión de Coordinación a que se refiere el artículo 6º transitorio de la ley 19.665 y, por lo tanto, es poco probable que pueda concurrir a la segunda sesión para tratar esta materia, deseo explicar algunas cuestiones relacionadas con la reforma procesal penal debatidas en la Sala.
En primer término, he participado en esta tarea desde su inicio. Integré el Foro para la Reforma Procesal Penal desde antes que el Ejecutivo enviara el mensaje pertinente. Estoy muy consciente de la necesidad del cambio sustancial que ha significado el nuevo Código Procesal Penal con respecto a la justicia criminal.
Por lo tanto, creo firmemente que debemos procurar que la Reforma cumpla sus finalidades tal como fueron planteadas, y eliminar definitivamente el trauma que ha implicado para nuestra institucionalidad el sistema inquisitivo que nos rigió a partir del Código de Procedimiento Penal, de 1907.
Desde este punto de vista, debemos acostumbrarnos a que el cambio significa algo que aquí se ha criticado: salir de un sistema inquisitivo a otro de tipo acusatorio, donde se privilegian ciertas garantías relacionadas con los derechos fundamentales de las personas. Ése es, a mi juicio, el norte que debemos tener siempre presente, y no caer en la tentación y el simplismo de señalar que el nuevo sistema tiende a un retroceso en cuanto a la reserva respecto de las garantías fundamentales inmersas en nuestro sistema procesal penal.
En lo referente al Poder Judicial , al cual represento en este momento, quiero dejar constancia de que los jueces no pueden ser ni represivos ni garantistas. Ellos resolverán las contiendas bajo el principio del juez natural, o sea, de la imparcialidad y la independencia. En ese sentido, corresponde el rol de la represión, desde el punto de vista de la persecución penal, al Ministerio Público; y quien asume la defensa de las garantías constitucionales es la Defensoría Penal Pública. De tal manera que la crítica de que ciertos magistrados son más o menos garantistas, a mi modo de ver, no es justa. Y no lo es porque el nuevo sistema procesal penal, en cuanto a las medidas cautelares, privilegia el principio de inocencia estableciendo que el imputado debe ser llevado a juicio en libertad.
En ese sentido, en el debate debemos ser claros. Si consideramos que en estos momentos la seguridad ciudadana se encuentra perturbada, tenemos, en consecuencia, que modificar los estatutos constitucionales y legales y, partir de este nuevo esquema, aplicar procedimientos que no deben ser más garantísticos de lo que actualmente son.
Asimismo, cabe hacer presente que la Corte Suprema ha tenido especial preocupación por la marcha de la Reforma Procesal Penal. Hasta ahora, se han cumplido todas las metas y etapas fijadas dentro del itinerario constitucional y legal. A su vez, se han dictado aproximadamente 16 autos acordados e instrucciones para que los jueces de garantía y del juicio oral cumplan su función dentro de la nueva reforma penal.
Desde la perspectiva estructural y financiera, todos los recursos dispuestos para la reforma, que fueron entregados a la Academia Judicial, se han destinado de la manera como corresponde y se han cumplido todas las metas trazadas en materia de construcción y habilitación de los tribunales.
Respecto de una crítica que se ha formulado en cuanto a la función de la Academia Judicial, deseo manifestar que fui consejero de esta entidad por cuatro años y tengo la seguridad absoluta de que la habilitación que se está entregando a los jueces se halla dentro de los estándares normales de educación necesaria para los efectos de formar un buen juez dentro de la reforma. Desde luego, los cursos son licitados y no los dictan los jueces, sino que las mismas universidades o profesores que imparten esas cátedras.
Como Corte Suprema, pensamos -en particular el Ministro que habla, que integra la Sala Penal, donde debatimos casi todos los días cuestiones relacionadas con la reforma procesal penal-, que estamos poniéndonos muy nerviosos por las leyes de adecuación de la reforma procesal penal. Y vemos con cierto temor cómo un Código Procesal Penal- que aún no se halla totalmente vigente, pues de acuerdo con la última modificación, que ya es casi un hecho, el nuevo sistema se consolidará en todo el país a partir del 16 de junio o julio de 2005-, está siendo sometido a enmiendas. A mi juicio, debemos esperar el desarrollo completo de cómo va a operar definitivamente la reforma en todo el territorio. Falta todavía la incorporación de las ciudades más importantes, que representan casi 63 por ciento de la población total.
En consecuencia, las dificultades y defectos que puedan notarse, y que efectivamente existen en este momento, sólo podrán aquilatarse mejor una vez que la reforma opere en plenitud y cuando haya pasado un tiempo prudencial.
Creo que lo peor que puede hacerse en este momento es introducir enmiendas al texto. Llevamos ya cinco modificaciones a un Código Procesal Penal que, se supone, fue estudiado con mucha precisión y fue precedido de un amplio debate nacional. En el lapso de dos o tres años se han realizado cuatros reformas importantes, y se esperan otras más, en circunstancias de que si se trata de un cuerpo legal que debe cumplir las finalidades previstas, por lo menos debe esperarse un tiempo prudencial para hacer este tipo de cambios.
Por último, quiero señalar que el Poder Judicial, en general, y la Corte Suprema, en particular, han estado siempre interesados en que la reforma procesal penal avance.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Fiscal Nacional.
El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).-
Señor Presidente , voy a concurrir a la sesión del día 17, y ahí me extenderé en forma más amplia acerca de varios temas.
Por ahora, he tomado nota de las distintas observaciones y de las legítimas críticas aquí señaladas.
Para avanzar un poco, quiero decir que hemos sido requeridos por las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Seguridad Ciudadana para que indiquemos al Senado cuáles son las principales deficiencias e insuficiencias en materia de estructura, dotaciones y, también, con el objeto de que planteemos desde nuestro punto de vista las principales modificaciones legales que sería necesario hacer.
Ayer se dio respuesta a los oficios enviados por esta Corporación, copia de la cual pondré a disposición del señor Presidente y otro ejemplar lo entregué al señor Ministro de Justicia .
Por el momento, deseo decir que una de las cosas más positivas de este proceso es su gradualidad, esto es, que a través de una implementación paulatina en cada una de las Regiones del país es factible apreciar los ajustes administrativos y legales que haya que introducir.
Se pueden corregir muchos errores observados, como también detectar dificultades y realizar evaluaciones. El problema de los ajustes legales es algo que ha estado presente continuamente en el Congreso, porque no sólo han existido las cuatro modificaciones del Código Procesal Penal que señaló el Ministro señor Juica , sino también se han introducido alrededor de 12 ó 13 enmiendas en el Código Orgánico.
Hubo una normativa muy importante que despachó el Parlamento, que se ha aplicado adecuadamente -quizás todavía sean necesarias algunas correcciones-: la ley Nº 19.789, de enero de 2002, que modificó las reglas en materia de control de identidad y detención por delitos menores. También se promulgó la ley Nº 19.806, en mayo del año pasado, que adecuó todo el sistema legal chileno; y, como señaló el señor Ministro de Justicia , existe un anteproyecto del Ministerio a su cargo, al cual hemos hecho observaciones, respaldándolo en general, para efectuar modificaciones al Código Procesal Penal, al Código Penal y a la propia ley orgánica del Ministerio Público.
Por lo menos, desde nuestra perspectiva, no tememos a los cambios ni a las críticas, y estamos dispuestos a analizar y a dar nuestra opinión sobre cada una de las modificaciones legales que la Comisión de expertos o el propio Parlamento indiquen.
Por ahora, digo a Sus Señorías que nuestro parecer se encuentra consignado en el documento que hemos dejado a disposición del Honorable Senado; también hemos confeccionado boletines de jurisprudencia, con comentarios, y de estadísticas, con distintas evaluaciones del proceso, que enviamos tanto a esta Corporación como a la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, pese a estimar muy respetable el punto de vista de muchas personas que piensan que se debe esperar alrededor de cinco años para introducir cambios a la reforma, respetuosamente discrepo de esa visión, pues considero que deben hacerse algunos ajustes, quizás no en el corto, pero sí en el mediano plazo. Hay que analizar la materia, porque este proceso de reforma ha sido apoyado por todo el país y concitado el respaldo de los distintos sectores políticos.
En consecuencia, debemos ver y afrontar todas las dificultades que surjan en el camino para resolverlas adecuadamente.
En la sesión del día 17 de diciembre me referiré a aspectos más particulares del tema.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Defensor Nacional ha pedido intervenir.
El señor QUINTANA ( Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública ).-
Muchas gracias, señor Presidente y Honorables Senadores.
En primer lugar, deseo agradecer la oportunidad que se nos ha brindado de estar en esta Sala para compartir con ustedes algunas ideas y conocer sus comentarios sobre el funcionamiento de la reforma procesal penal.
En segundo término, me sumo a lo dicho por el señor Fiscal Nacional en cuanto a que en la próxima sesión podremos analizar, con más detalle, las cuestiones específicas que se han planteado.
Sin embargo, quiero enfatizar, como idea general, un tema central: la ley no es la única vía mediante la cual se pueden realizar cambios o rectificaciones en el sistema procesal penal. Previo a ello, en lo personal participo de la idea de que necesitamos conocer la aplicación de la reforma en centro urbanos más grandes, lo que ocurrirá recién cuando entre en vigencia la próxima etapa de este proceso. Luego, se verá muy claro que es posible hacer ajustes en el funcionamiento de las instituciones, sin necesidad de modificar la legislación. Y ése es un debate que evidentemente debe efectuarse.
Para tal efecto, creo que sería útil que hagamos llegar a los señores Senadores, antes de la próxima sesión, ideas respecto de cómo corregir algunas de las dificultades expuestas, sin necesidad de abordar la reforma del Código Procesal Penal, normativa cuya estabilidad, como se ha dicho, conviene preservar.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De nada, señor Defensor Nacional .
Habiéndose cumplido su objetivo, en su primera parte, pues esta discusión continuará el día 17 de diciembre a las 12, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:12.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción subrogante
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES COLOMA, ESPINA, SILVA, VALDÉS Y VIERA-GALLO CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE LA NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A LA SEÑORA GRISELDIS BUROSE GOERSCH (3426-07)
Honorable Senado:
El Nº 5 del artículo 10 de la Constitución Política de la República establece que son chilenos “los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.”
Esa norma ha sido establecida para honrar a quienes han puesto su talento, capacidad, perseverancia y abnegación al servicio de nuestra Patria, sin perder la nacionalidad de origen, como constancia pública del reconocimiento al bien realizado.
Este especial e importante reconocimiento se ha otorgado desde larga data a connotados extranjeros avecindados en Chile, quienes después de una distinguida trayectoria de vida se han destacado por su aporte en actividades intelectuales, científicas, artísticas, empresariales, educacionales, espirituales, sociales u otras obras que han contribuido a mejorar la condición de sectores del país o de su pueblo, o al desarrollo y prestigio del país en general.
Ha sido, así, una tradición premiar con este reconocimiento a extranjeros que han hecho de Chile una segunda Patria, y que en su actividad se han distinguido por haber prestado un servicio público permanente en bien de la comunidad.
Desde 1990 numerosos extranjeros han recibido este honor, como, por ejemplo, el empresario y hombre de negocios italiano don Anacleto Angelini Fabbri, agraciado mediante ley 19.322 de 12.09.1994; don Adolfo Arata Andreani, nacido en Italia el 18 de abril de 1950, catedrático y Rector de la Universidad Federico Santa María a quien la ley 19.636 de 29.09.1999 concedió la nacionalidad chilena; la ley 19.836 de 08.11.2002, concedió igual beneficio al economista y académico estadounidense don Joseph Rafael Ramos Quiñones; don Michael Martin Kast Schindele la obtuvo por ley 19.421 de 09.11.1995; los artistas e intelectuales señores Giulio Di Girolamo Antonuzzi y Claudio DiGirolamo Carlini, por ley 19.500 de 30.04.1997, y don Ciorgio Agostini Visentini, catedrático italiano de la Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad de Santiago, mediante ley 19.860 de 18.03.2003.
Como otras de las personas que han sido agraciados en el pasado, creemos que doña Griseldis Burose Goersch de von Appen ha desarrollado en nuestro país una meritoria trayectoria, representada por su valioso aporte en los campos de la ayuda social a los más necesitados.
La señora Griseldis Burose Goersch llegó a Chile en 1958 y en 1962 contrajo matrimonio con don Sven von Appen B.; tuvieron, cuatro hijos y hoy siete nietos.
Su generosidad e inquietud por ayudar a los más necesitados, que la han caracterizado desde su infancia, se expresaron con especial fuerza al constatar las consecuencias del terremoto de 1985, a raíz de las cuales su espíritu filantrópico la impulsó a buscar una forma organizada de prestar ayuda, lo que la llevó a fundar la Corporación de Beneficencia “People Help People”, de la cual es actualmente su presidente.
Dicha Corporación de Beneficencia, a través de la cual se ha volcado la acción solidaria de doña Griseldis Burose Goersch, ha invertido más de 35 millones de dólares en la construcción de los establecimientos escolares y de salud, gracias a donaciones de empresarios privados y de donaciones conseguidas en Europa, especialmente en la Comunidad Económica Europea.
En el campo de la educación, se dedicó a la construcción, mantención y aportes para la operación de numerosos establecimientos educacionales, que gracias a esta ayuda han acogido a generaciones de niños chilenos. Entre ellos se cuentan los siguientes:
- Colegio “People Help People” de Rocas de Santo Domingo, educación completa de kinder a IV medio. Matrícula de 836 alumnos.
- Liceo e Internado de Gastronomía de Panguipulli: liceo técnico, con una matrícula de 474 alumnos, de los cuales 338 internos.
- Liceo e Internado Agrícola y Forestal de Pullinque: liceo técnico, con una matrícula de 372 alumnos, de los cuales 343 internos.
- Liceo e Internado Agrícola y Ganadera de Pilmaiquén: liceo técnico, con una matrícula de 271 alumnos, la totalidad internos.
- Escuela Rural Básica e internado de Pullinque: con una matrícula de 190 alumnos, la totalidad internos.
- Construcción de 10 casas para profesores en la zona sur de Chile.
De esta forma, hoy más de 2.100 alumnos reciben educación e internado gratis en los establecimientos de la Corporación presidida por doña Griseldis Burose Goersch
En el campo de la salud, la ayuda no ha sido menos importante, pudiendo destacarse la construcción del Centro Médico de Choshuenco y 5 casas para los médicos, dentista, matrona y enfermeros, y la adquisición de ambulancia para el consultorio de Choshuenco.
A estas obras se suman proyectos a realizar que se encuentran avanzados, como el nuevo liceo Agrícola y Ganadero de Pilmaiquén, para 270 alumnos, actualmente en construcción, y el polo de educación técnica de Panguipulli, con un nuevo establecimiento para el Liceo Gastronómico, la creación de dos nuevas carreras técnicas de electricista y gásfiter para 220 alumnos, su internado y un gimnasio cubierto.
En reconocimiento de su entrega y espíritu de servicio durante tantos años y con incansable abnegación, las comunidades más directamente beneficiadas han querido darle un justo reconocimiento en el ámbito de dichas comunidades, distinguiéndola como Hija Ilustre de las comunas de Panguipulli y de Santo Domingo.
Pero la labor de ayuda social de la señora Griseldis Burose Goersch trasciende el ámbito local, proyectándose en el nivel nacional, donde es unánimemente reconocida por sus obras de bien común en los más variados y amplios sectores de la vida nacional, no habiéndose, hasta ahora, expresado esta gratitud nacional de una forma concreta, debido en gran parte a la modestia y desinterés que caracterizan el silencioso trabajo de doña Griseldis Burose Goersch, no obstante que es posible hacerlo, haciendo realidad su más antigua y preciada aspiración, cual es obtener la nacionalidad chilena.
Estimamos, por ello, que es justo otorgar un reconocimiento a las acciones de esta extranjera que, radicada desde hace tanto tiempo en nuestro país, el que siente como su segunda Patria, ha entregado su esfuerzo en beneficio de miles de chilenos, y cuyo acendrado amor por Chile y por su pueblo han determinado que dedique toda su actividad en su beneficio, ayudando a millares de familias, expresando este reconocimiento de la forma más solemne, otorgando a la señora Griseldis Burose Goersch la especial gracia de nacionalización por ley.
Sobre la base a las consideraciones precedentes sometemos a consideración del H. Senado el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO. Otórgase la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la señora Griseldis Burose Goersch.
(Fdo.): Juan Antonio Coloma Correa.— Alberto Espina Otero.— Enrique Silva Cimma.—Gabriel Valdés Subercaseaux.— José Antonio Viera-Gallo Quesney.