Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Carlos Fernando Flores Labra
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Marcos Aurelio Aburto Ochoa
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- DEBATE
-
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
-
PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO
- Alberto Espina Otero
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jose Garcia Ruminot
- Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 6ª, en miércoles 22 de octubre de 2003
Ordinaria
(De 12:24 a 20:41)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE , Y CARLOS BOMBAL OTAEGUI, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América (3318-10) (se aprueba en general y particular).......................................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores , Secretario General de la Presidencia , del Trabajo y Previsión Social y de Agricultura, y los señores Directores Generales de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:24, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 3ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 4ª, ordinaria, en 14 y 15 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro de Hacienda, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Moreno, referido a la posibilidad de extender el beneficio del decreto ley Nº 208, de 1973, a la viuda del beneficiario.
Cinco del señor Ministro de Obras Públicas subrogante:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantero, relativo a los estudios y obras de reparación del sector turístico La Portada, en la ciudad de Antofagasta;
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Larraín, sobre mejoramiento del camino que une el puente Sifón y la Ruta Los Conquistadores, en la Séptima Región;
Con los dos siguientes responde igual número de oficios enviados en nombre del Honorable señor Stange referidos, uno, a la pavimentación del tramo Puerto Montt-Caleta la Arena, comuna de Puerto Montt, y el otro, a la posibilidad de pavimentar el camino San Antonio-Chaiguao, comuna de Quellón, y
Con el último remite nómina de los oficios dirigidos a cada una de las ramas del Congreso Nacional durante agosto de 2003, en respuesta a diversas solicitudes de los señores Parlamentarios.
Del señor Director Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Quinta Región , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Romero, tocante al derrame del relave de cobre proveniente de la minera Cerro Negro, en la comuna de Cabildo.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Civil en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular (Boletín Nº 3.043-07).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento audiovisual (Boletín Nº 2.802-04).
Informe complementario de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales (Boletín Nº 3.327-12).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente , solicito autorización de la Sala a fin de extender en tres horas el plazo para presentar indicaciones al proyecto que beneficia al personal de Aduanas. Esto obedece a que el Ejecutivo formulará indicaciones consensuadas con dichos funcionarios y a que la Comisión de Hacienda necesita un tiempo adicional para despacharlas, quedando la iniciativa para tabla.
--Se accede.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Aprovecho este momento para saludar a una delegación de Longaví que se halla en las tribunas.
Agradecemos su presencia.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En cuanto al proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para mí es muy complicado fijar el orden de las intervenciones, cada una de las cuales durará 15 minutos, conforme al Reglamento. Seré muy estricto. Ojalá Sus Señorías constriñan su tiempo con el objeto de que todos participen.
Sugiero proceder como lo hicimos en el estudio del proyecto sobre nueva Ley de Matrimonio Civil; es decir, que cada Comité me entregue una lista con el orden de los oradores. Para ello suspenderé la sesión por tres o cuatro minutos. Podría comenzar el Comité con más Senadores y así sucesivamente hasta llegar al con menos Senadores. Entonces, el último en hablar ocupará el séptimo lugar. La participación concordará con la nómina que se me proporcione.
Ésa es la única manera de proceder. De lo contrario, la Mesa se vería forzada a resolver un asunto que no es fácil, Los señores Senadores hacen presentes argumentos muy atendibles para intervenir en determinado momento.
De esta manera habría un orden más o menos razonable. Así lo hicimos en la ocasión del análisis de la mencionada normativa, y resultó bien.
En consecuencia, sugiero proceder en la forma señalada.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero y, luego, el Senador señor Fernández.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , pese a estimar razonable su planteamiento, ayer los Comités resolvieron unánimemente la materia. Entonces, sólo cabe cumplir este acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, pero la Mesa tiene facultad para fijar el orden de las intervenciones y, para hacerlo, estoy pidiendo que los Comités me indiquen el orden en que expondrán sus respectivos integrantes. Sinceramente, pienso que es la manera más adecuada de proceder, y lo digo con pleno respeto a los Comités.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , comparto su proposición. Sólo sugeriría lo siguiente: que los miembros de las Comisiones, que son quienes más han participado en el estudio de esta materia, dispusieran de quince minutos para usar de la palabra y que el resto limite sus intervenciones a diez minutos, sin fundamentación de voto, con el objeto de despachar el proyecto de acuerdo con la debida celeridad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Deseo hacer una aclaración para no provocar confusiones.
Los dos primeros oradores serán los Presidentes de ambas Comisiones: el de la Especial y el de la de Hacienda. Y después lo harán los demás señores Senadores, conforme al orden que me proporcionarán los Comités.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide. Ojalá que rápidamente resolvamos este procedimiento.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, concuerdo con todo lo que contribuya a dar mayor rapidez al despacho de esta materia. Pero algunos señores Senadores probablemente no utilizaremos esos tiempos y preferiremos fundamentar el voto en forma breve.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Cualquier señor Senador puede hablar el tiempo que estime conveniente, o no hablar. Tenemos facultad para hacerlo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¡Estoy tratando de ayudarlo...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¡Muchas gracias. Se lo agradezco sinceramente, y espero que otros sigan su ejemplo...!
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , deseo hacer una consulta que podría contribuir a modificar la extensión de las intervenciones.
¿Habría acuerdo para que por lo menos los votos de 13 señores Senadores contenidos en el informe pasen a constituir parte integrante de la Versión Taquigráfica de esta sesión?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Requeriría acuerdo de Comités.
El señor MORENO.-
Formulo solicitud en tal sentido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Creo que es una buena idea. Yo la propondré a los Comités para que la analicen. Pienso que no habrá dificultades.
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El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , solicito autorización para que la Tercera Subcomisión de Presupuestos pueda funcionar esta tarde en forma paralela con la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pero después de las cinco.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Puede ser un poco antes?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Es que la votación es a esa hora.
El señor VIERA-GALLO.-
Bueno, desde las cinco entonces.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo al respecto?
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, me han consultado algunos señores Senadores si es posible, por el poco tiempo de que disponen, insertar sus intervenciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
También podríamos considerar ese punto en la presentación que haré a los Comités, siempre que no sean demasiado extensas; que no correspondan a libros, como una vez lo hizo un señor Senador. No ha sucedido en nuestra Corporación de estos últimos tiempos, pero en esa ocasión hubo que insertar todo el texto.
El señor LAVANDERO.-
No es el propósito.
El señor SABAG.-
Evidentemente, no debe incurrirse en abusos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¡Espero que no suceda lo mismo...! ¡Que la extensión sea razonable! En todo caso, requiere acuerdo de Comités. Yo plantearé ambas proposiciones a los Comités.
El señor LAVANDERO.-
¡No es un libro! ¡Tengo siete libros...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Espero que hagan llegar a la Mesa el orden de los oradores.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 12:33.
--Se reanudó a las 12:43.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Quiero señalar a Sus Señorías que ya se ha confeccionado la nómina de los inscritos sobre la base de lo manifestado por los Comités.
En primer lugar intervendrá el Presidente de la Comisión Especial encargada de estudiar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, Senador señor Núñez. En seguida hará un breve informe el Presidente de la Comisión de Hacienda , quien continuará utilizando el tiempo asignado en su calidad de Senador para exponer su planteamiento personal. Y luego se seguirá el orden indicado por los diferentes Comités.
El señor OMINAMI.-
¿Puede dar a conocer la lista ahora, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Los siete primeros Senadores que intervendrán son los señores Lavandero, Larraín, Romero, Gazmuri, Ávila, Martínez y Muñoz Barra.
El señor OMINAMI.-
¿Por cuánto tiempo, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La idea es que aquellos Senadores miembros de la Comisión Especial intervengan por quince minutos. El resto podrá hacerlo hasta por diez.
El señor LAVANDERO.
¿Se puede incorporar el discurso a la Versión Oficial?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, señor Senador. Después me encargaré de eso.
Se entiende también que el tiempo consigna la fundamentación del voto. Por lo tanto, al término de cada intervención el señor Secretario tomará la votación. Ése será el procedimiento.
El señor OMINAMI.-
¿Cuál es la segunda ronda de intervenciones, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La siguiente ronda la conforman los Senadores señores Moreno, Coloma, Horvath, Ominami, Boeninger, Vega y Flores.
Ahora, no hay inconveniente si Sus Señorías quieren cambiar el orden de sus intervenciones. Sé que algunos señores Senadores tienen problemas de índole personal. De modo que sólo tendrían que avisarme para hacer la modificación respectiva.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Por qué no sigue con la lista, señor Presidente?
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , sería bueno encargar a Secretaría que confeccione ya la cronología de las intervenciones, con los tiempos que correspondan, de manera tal que cada señor Senador sepa cuándo le corresponde hacer su discurso.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Secretaría se encuentra en estos momentos haciendo la nómina.
El señor VIERA-GALLO-.
¿Por que no continúa con la lista, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ). -
Los Senadores que siguen son los señores Valdés, Novoa, Ríos, Viera-Gallo, Cordero, Ruiz-Esquide, Fernández, Prokurica, Aburto, Sabag, Stange, Espina, Ruiz, Orpis, García, Matthei, Bombal, Cariola, Arancibia y Chadwick.
Algunos señores Senadores me señalan que no intervendrán, lo cual deberán hacer presente al momento en que sean nombrados.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se me ha pedido autorización para que ingresen a la Sala el Director General de Relaciones Económicas Internacionales, don Osvaldo Rosales, y el Director Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), señor Carlos Furche.
Si no hay objeciones, se concederá.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus Anexos, adoptados en Miami el 6 de junio de 2003, con informes de la Comisión Especial encargada de su estudio y de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3318-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 2ª, en 8 de octubre de 2002.
Informes de Comisión:
Especial, sesión 5ª, en 21 de octubre de 2003.
Hacienda, sesión 5ª, en 21 de octubre de 2003.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto de acuerdo, calificándola de "suma".
El instrumento internacional en discusión tiene como objetivo principal establecer una zona de libre comercio entre Chile y los Estados Unidos de América, con el fin de estimular la expansión y diversificación del comercio, eliminar los obstáculos a este último y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios.
La Comisión Especial deja constancia de los diversos invitados que asistieron a las sesiones en que se analizó el Tratado. También consigna las observaciones efectuadas por distintas instituciones gremiales.
Ese órgano técnico aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular por once votos a favor, de los Senadores señores Boeninger, Coloma, Flores, Foxley, Gazmuri, Horvath, Martínez, Novoa, Núñez, Romero y Valdés. Se abstuvieron los Senadores señores Larraín y Moreno. La aprobación del proyecto de acuerdo se efectuó en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, por lo que la Comisión Especial propone a la Sala adoptar igual resolución.
Asimismo, por acuerdo unánime de sus miembros, sugiere a la Sala que se la constituya en Comisión Permanente, con la finalidad de efectuar el seguimiento de los tratados de libre comercio que se han aprobado.
La Comisión de Hacienda acogió en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, Ominami y Romero, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión Especial.
Cabe destacar que el proyecto debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, en atención a que la aplicación del artículo 10.8, sobre transferencias, incidirá, eventualmente, en las facultades otorgadas al Banco Central por la ley Nº 18.840, requiriéndose, en consecuencia, el voto conforme de 27 señores Senadores.
Finalmente, corresponde señalar que ambas Comisiones informantes, de conformidad al artículo 127 del Reglamento del Senado, proponen al señor Presidente que el proyecto de acuerdo se discuta en general y en particular a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión Especial.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , Honorables colegas, el proyecto de acuerdo en informe cumple su segundo trámite constitucional y se inició en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República el 8 de agosto del año en curso.
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión de 8 de octubre de 2003, donde se dispuso su análisis por la Comisión Especial encargada de estudiar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos, formada por acuerdo de Comités del 12 de agosto de 2003, y por la Comisión de Hacienda, en su caso.
Dicha Comisión Especial quedó conformada por el Senador que habla y los Honorables señores Coloma , Foxley , Flores, Gazmuri , Horvath , Larraín , Martínez , Moreno , Novoa , Romero , Silva y Valdés ; de manera que no sólo quedaron representadas las distintas sensibilidades políticas del Senado, sino también un gran número de Comisiones de la Corporación, en atención a la cantidad de temas que abarca el Tratado de Libre Comercio.
También asistieron regularmente los Senadores señores Arancibia , Boeninger , Fernández , Frei (don Eduardo) , García , Páez , Prokurica , Ruiz-Esquide , Sabag y Viera-Gallo , lo que da muestra del interés que despertó la tramitación de este proyecto.
Asimismo, participaron en los debates de la Comisión más de 84 invitados, tanto del sector público como del privado, incluyendo empresarios, trabajadores, miembros de entidades no gubernamentales. Además, la Comisión solicitó a más de 60 organizaciones del país sus observaciones sobre el Tratado, lo cual quedó consignado en las actas.
En primer lugar, es de justicia reconocer el trabajo desarrollado por la señora Ministra de Relaciones Exteriores , doña María Soledad Alvear , y el equipo que lideró las negociaciones, encabezado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y cuyo Jefe fue su Director , don Osvaldo Rosales . Para ellos -creo expresar la opinión del conjunto de los miembros de la Comisión- nuestras más sinceras felicitaciones.
Este Tratado, Honorables colegas, es la culminación de más de ocho años de negociaciones. Constituye un reconocimiento a los esfuerzos de los Gobiernos de la Concertación, representados por los ex Presidentes Aylwin y Frei y por el actual Presidente Ricardo Lagos . Un reconocimiento a lo bien que lo ha hecho el país en sus políticas económicas y a la seriedad de sus instituciones. Estas opiniones no solamente fueron expresadas por los miembros de la Comisión, sino también por gran parte de las organizaciones empresariales y de trabajadores que tuvieron oportunidad de concurrir a ella.
El Convenio en cuestión consta de 24 Capítulos, a saber: Disposiciones Iniciales, Definiciones Generales, Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Administración Aduanera , Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial , Contratación Pública, Inversiones, Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Comercio Electrónico, Política de Competencia, Monopolios Designados y Empresas del Estado, Derechos de Propiedad Intelectual , Laboral, Medioambiente, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias, Excepciones y Disposiciones Finales.
Como se puede apreciar, este Tratado regula un espectro bastante amplio de materias, las que aborda, en mi opinión, en forma moderna y acuciosa. Ello nos ha permitido conocer más en detalle cada uno de los aspectos que ya he señalado a través de los debates habidos durante varias sesiones.
Debe destacarse que el instrumento internacional en análisis contempla un mecanismo de solución de controversias eficiente, lo que permite acotar el impacto de discrepancias entre ambas Partes. Este mecanismo fue muy solicitado por los organismos gremiales chilenos y debe considerarse un gran logro, teniendo presente que al frente de la mesa de negociaciones se encontraba Estados Unidos, la principal potencia mundial, tanto militar como económica.
El Tratado de Libre Comercio, en materia de acceso a mercados, establece una zona de libre comercio sin excepciones; esto es, todos los productos gozarán de arancel cero en un plazo máximo de 12 años. Además, más de 85 por ciento de las exportaciones de ambos países tendrán arancel cero desde el primer día de vigencia del acuerdo.
Un claro beneficio lo constituye la consolidación de las actuales condiciones de acceso de las exportaciones de Chile a Estados Unidos por la vía de la cláusula del "stand still", de los aranceles aplicados y la consolidación de las condiciones del Sistema Generalizado de Preferencias , lo que a la fecha el país del Norte otorga de manera unilateral, condicionado y sujeto a mecanismos de revisión.
Asimismo, Estados Unidos asumió el compromiso de no utilizar subsidios a las exportaciones. No obstante, mantiene sus subsidios internos, que son muy preocupantes, sobre todo en materia agrícola. Así lo dejó claramente establecido la Comisión.
Una ventaja evidente la constituyen los un mil 400 cupos de entrada preferencial que esa nación otorgará a profesionales chilenos. Debe tenerse presente que sólo entrega poco más de 60 mil cupos a todo el mundo.
Durante el debate se plantearon diversas inquietudes acerca de las obligaciones que asumía nuestro país en materia de propiedad industrial, específicamente el compromiso establecido en el Tratado de ratificar, entre otros, el Arreglo de Madrid, sobre marcas, y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, más conocido como PCT. Al respecto, la Comisión dejó expresa constancia de que la aprobación de este proyecto no implica un menoscabo a sus facultades de aprobar o rechazar los citados tratados, entre los compromisos asumidos por Chile con posterioridad. Son materias distintas que serán analizadas en su mérito.
Una novedad es que este Tratado incluye el tema laboral, fomentando los mecanismos de cooperación bilateral, de manera de asegurar el cumplimiento de las normas de trabajo nacionales en lo relativo al comercio bilateral, limitando la posibilidad del uso proteccionista de estos tópicos y resguardando la soberanía de los países.
Por este capítulo, ambas Partes se comprometen en forma rigurosa al cumplimiento de su propia legislación laboral, respecto de las normas fundamentales del sector; es decir, libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil, y condiciones de trabajo aceptables relativas a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.
Cabe hacer presente que Chile ya ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, como dato anecdótico -si se quiere-, debo informar que Estados Unidos sólo ha ratificado dos de ellos.
Resulta muy importante el establecimiento de un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto por representantes de nivel ministerial, que supervisará la implementación y revisión de los acuerdos alcanzados. También se dispone un mecanismo de cooperación laboral, con énfasis en el cumplimiento de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento de la OIT, de 1998, y del Convenio 182 de esta Organización sobre la Prohibición y la Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, suscrito en 1999.
Igualmente, constituye una novedad la inclusión del capítulo medioambiental. Se estimula esta materia en forma comprensiva, fomentando la cooperación bilateral y estableciendo un marco para la misma, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales nacionales. Sin embargo, hay que tener claridad en saber cuál es el catastro de normas medioambientales nacionales y, también, sumo cuidado en la fiscalización, a la que deben dedicarse más recursos, según quedó de manifiesto cuando tuvimos la oportunidad de debatir particularmente este capítulo.
Dentro de las posibilidades que se abren, merece especial mención la de acceso a las compras gubernamentales norteamericanas, que representan un sexto del PIB mundial. En la Comisión se sostuvo que debe existir un mecanismo de información claro y eficiente, para que los exportadores chilenos puedan participar en las licitaciones correspondientes a cada uno de los Estados de ese país, así como, por cierto, a las compras de carácter federal.
En suma, nos encontramos ante una gran oportunidad que no debemos desperdiciar. Para ello es necesario que el Gobierno -como ya lo expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su respuesta a la misiva suscrita por más de 90 señores Parlamentarios- proceda a reformular su institucionalidad de modo de aprovechar al máximo este Tratado. En tal sentido, espero que la Comisión Interministerial que se ha formado, y que dispone de un plazo de 180 días para emitir su informe, constituya un aporte.
Ésa fue la opinión formulada al interior de la Comisión.
Con relación a lo anterior, esta Comisión Especial solicita a la Sala que se le otorgue carácter de permanente, con el propósito de realizar un seguimiento a los tratados de libre comercio suscritos por Chile.
Espero que tal petición sea respaldada por todos los señores Senadores, porque nos ha parecido conveniente que, después de que nuestro país ha suscrito diversos tratados de libre comercio tan fundamentales para el futuro económico chileno, exista una comisión permanente que efectúe un monitoreo y un seguimiento de los aportes positivos, como también de aquellos aspectos negativos, que resulten de la aplicación de cada uno de tales instrumentos.
Por último, deseo señalar que durante la discusión del Tratado los miembros de la Comisión manifestaron su interés por abocarse con prontitud y con la máxima atención a revisar la estructura de nuestro modelo de desarrollo, por cuanto estos instrumentos implican un enorme desafío de futuro, y no estamos suficientemente preparados como para abordarlos con éxito.
En este sentido, se puso especial énfasis en la necesidad de incrementar los recursos para la promoción y fomento de la pequeña y mediana empresa, particularmente agrícola, y de contar con fondos frescos que permitan una adecuada transferencia tecnológica a éste y otros sectores que ayuden a la modernización de nuestra estructura productiva.
Asimismo, de las preguntas surgidas en la Comisión respecto de la potestad del Estado chileno para introducir cambios en su política tributaria, el Ejecutivo señaló que ni en este TLC ni en ningún otro existe disposición alguna que inhiba tal facultad.
Finalmente, quiero agradecer el trabajo realizado por la Secretaría de la Comisión, sin el cual no habríamos despachado este informe a tiempo y en forma.
Es cuanto puedo informar a la Sala respecto del trabajo de la Comisión.
Por otra parte, señor Presidente, solicito concederme cinco minutos para expresar brevemente mi opinión sobre el Tratado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar, Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Efectivamente, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa lo siguiente: que un porcentaje mayoritario de nuestros productos estará con arancel cero inmediatamente que él entre en vigencia; que llegaremos a un mercado de 285 millones de seres humanos, con un ingreso per cápita de 35 mil dólares; que se trata de la economía más avanzada del orbe; que hoy tenemos un comercio de intercambio de bienes por más de 6 mil 200 millones de dólares, y que con seguridad éste se incrementará, como ya lo han señalado los recientes estudios no solamente del Ejecutivo , sino también de institutos privados.
Estimo que todo esto es muy bueno, tal como lo hemos valorado en la Comisión y en los análisis del Tratado mismo que hemos llevado a cabo. Sin embargo, si como país deseamos consolidar el salto cualitativo que significa enfrentar los desafíos de éste y otros convenios, resulta básico que Chile, y el Senado en particular, efectúen un debate profundo respecto del modelo de desarrollo implementado hasta el momento, por cuanto, obviamente, éste mantiene deficiencias que hacen muy difícil competir con éxito frente a mercados tan particularmente exigentes.
Chile es un país competitivo, es cierto. Lo ha demostrado. Muchos de sus productos entran, con gran calidad, en mercados difíciles. Y es estable, con un bajo riesgo país. Constituye una democracia en consolidación. Cuenta con instituciones públicas que funcionan, dato muy importante para los efectos de su imagen en el mundo entero. Asimismo, presenta una probidad reconocida, a pesar de las dificultades surgidas objetivamente en el último tiempo.
Pero se halla atrasado en cuestiones elementales para su futuro. Es lo que sucede con la inversión en ciencias. Requiere un proceso de incorporación de capital en la innovación tecnológica. Debe elevar sensiblemente y en corto plazo histórico la calidad de su educación. Es preciso que se incorpore definitivamente a la denominada "economía digital" y a la informática. Se encuentra todavía, en función de esos desafíos, con bastante retraso. Necesita planificar el desarrollo de sectores específicos de su actividad productiva, así como el de sus regiones, en particular de aquellas dependientes de recursos no renovables.
Por lo tanto, deseo subrayar que este último es un aspecto fundamental. No todos los ámbitos de la actividad económica nacional se benefician en la misma forma. Algunos de ellos se encuentran rezagados. El país precisa enfrentar esos retos, porque de otra manera aumentarán las desigualdades, sociales y regionales, que pueden ser especialmente graves si se considera la cuestión con perspectiva de futuro.
En seguida, quiero consignar por qué estamos por votar a favor del Tratado. Primero, porque, objetivamente, consolida nuestra política exterior, la cual, junto con ser exitosa, ha permitido al país realizar una enorme tarea. Pese a ser pequeños, somos respetados en todos los rincones del orbe. El próximo año Chile se hallará ante un gran desafío: organizar la APEC, algo que ya demuestra, en sí mismo, que se halla bien parado en una situación semejante.
A continuación, el instrumento internacional en estudio permite enfrentar cara a cara la globalización. Ésta genera muchas más preguntas, pero también algunas certezas. No esconderemos nuestra cabeza, como país, al igual que el avestruz. La globalización es un hecho real, que se debe abordar incluso en aquellos aspectos que pueden ser, en apariencia, negativos.
En tercer lugar, también objetivamente -tuvimos oportunidad de conocer un informe al respecto del Instituto Libertad y Desarrollo-, si se aplica realmente, el Tratado implicará más de cien mil empleos. Y ello a mediano y largo plazo. Ojalá que sean de calidad, bien remunerados y que estén acordes con los compromisos de carácter laboral; vale decir, con respeto a las normas del trabajo. Por cierto, en sí mismo, ya se trata de un factor muy importante.
Además, se podrá contar con más oportunidades, con mejores posibilidades para el desarrollo del país. Y lo deseable es alcanzar tasas de crecimiento tan espectaculares como las logradas tiempo atrás.
Para terminar, deseo solamente hacer una precisión que me parece fundamental, en relación con una consulta formulada al Gobierno por nosotros. Confío por completo y tengo plena fe en la respuesta que éste nos ha dado respecto de una cuestión particularmente sensible para quienes conformamos la Comisión Especial que esta misma Sala formó hace algún tiempo en cuanto a la escasa cooperación, por decirlo así, o el poco aporte de las grandes empresas mineras.
Independientemente de los puntos de vista que se pueden sostener en el Hemiciclo sobre el tema del "royalty" o de otras tributaciones eventualmente aplicables a la principal riqueza del país, espero que el asunto no se vea por ningún motivo amagado en función del Tratado de Libre Comercio que nos ocupa. Se nos ha señalado que éste no será un obstáculo para que Chile enfrente autónomamente la posibilidad de reestructurar su mundo tributario, por lo que me ha parecido importante, en consecuencia, hacer resaltar que en la Comisión mencionada y en otras instancias se ha expresado claramente que dicho instrumento internacional no configurará un factor que impida que soberanamente el país estudie una tributación adecuada a las exigencias del mundo moderno y, en particular, a la enorme riqueza que significa la explotación de nuestra principal fuente de ingresos, como es el cobre.
Por esas razones, señor Presidente, he tomado la determinación de votar favorablemente el Tratado, como lo hice en la Comisión encargada de su estudio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda se reunió el día de ayer con motivo del proyecto de acuerdo en examen. Deseo ser muy sintético: después de escuchar al señor Ministro de Hacienda y al señor Presidente del Banco Central , lo aprobó unánimemente, al igual que el estudio del costo financiero que significará para el Fisco en los próximos años la implementación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
Más que referirme a la discusión en ese órgano especializado, quiero dar a conocer, con su autorización, señor Presidente , mis propias observaciones respecto de lo que me parece el texto del Tratado.
Creo que el equipo de Gobierno ha culminado una muy buena negociación. Y una demostración de ello es que quienes integramos la Comisión Especial y escuchamos a los distintos sectores involucrados o supuestamente afectados concluimos -por lo menos, así fue en el caso del Senador que habla- que su reacción había sido, en general, notablemente positiva.
Incluso, algunos de los representantes del ámbito agrícola, como los del rubro lechero, aunque pusieron una nota de cautela, al mismo tiempo indicaban, desde el punto de vista de su reacción pública al Convenio, que a partir de ahora podían pensar en un desarrollo que llevara a que en un plazo de diez años, las exportaciones de productos lácteos implicasen hasta 500 millones de dólares.
Visiones similarmente optimistas encontramos, por ejemplo, en el área textil, la cual estimó que el Tratado le aportaba de inmediato un mercado adicional de 120 millones de dólares.
Y representantes de las organizaciones en el plano ambiental y en el mundo sindical plantearon, en forma interesante, que tras el acuerdo será posible exigir un cumplimiento más riguroso, más a fondo, más al día, de la legislación vigente, tanto en lo ambiental como en lo laboral, porque dicho instrumento impone estándares más altos al respecto. Se opinó que en adelante, con este Tratado Internacional, nos veremos obligados a ser particularmente rigurosos en su cumplimiento.
Ahora bien, quisiera ir un poco más allá e intentar responder una pregunta surgida en la discusión en instancias anteriores. En efecto, algunos Honorables colegas han sostenido: "¿Por qué tanta historia con el Tratado cuando, en realidad, no es más que un pequeño paso adicional a lo que el país ha estado haciendo en los últimos trece años y, en cierta medida, por lo tanto, refleja más de lo mismo, en cuanto a lo que hay que hacer para enfrentar la etapa que viene?".
Creo que no es así. Pienso que nos hallamos, en realidad, en el "punto de llegada", por así decirlo, de una estrategia que se ha llevado a cabo durante un período de trece años, y que ella representa la apertura de una ventana discreta, distinta, hacia un nuevo desarrollo posible para la economía. Constituye una oportunidad, una nueva etapa, una ocasión de dar un salto adelante cualitativa y cuantitativamente diferente de la situación hasta ahora. ¿Por qué? Porque me parece que, cuando se firman dos acuerdos que dan acceso al mercado de Europa, uno, y al de Estados Unidos, el otro, se enfrenta un aumento de escala en lo que se puede hacer en Chile, desde el punto de vista productivo.
En cierta medida, es como si a partir de ahora -tratándose de un país con dos grandes desventajas: un tamaño muy pequeño y una distancia grande hasta los centros de los mercados principales en el mundo- se nos planteara la proposición de que Chile debe considerar su desarrollo como Brasil; es decir, como si dispusiese de un mercado suficientemente amplio que le cambie su visión de cómo concebir el desenvolvimiento futuro de su economía, de sus negocios, de sus procesos de generación de empleo. No seremos más una economía con la enorme limitación de un mercado interno de 15 millones de personas. Podemos hoy pensar en proyectar inversiones y negocios a una escala de varios cientos de millones de personas.
Que ello no es una ilusión lo demuestran ciertos ejemplos históricos contemporáneos concretos, recientes, en que países que comparten las condiciones estructurales de la economía chilena en cuanto a ser pequeños, con economías abiertas, relativamente periféricas respecto de los mercados principales, tuvieron que hacer el mismo giro a propósito de haber firmado acuerdos de libre comercio, similares a los que ha suscrito Chile este año. Estoy pensando en naciones como las escandinavas y, más recientemente, en Finlandia e Irlanda. Éstas, a propósito de su incorporación al libre mercado de la Unión Europea, cambiaron la mentalidad con que enfrentaban su futuro y lograron, por ejemplo, que sus empresas pensaran en términos globales; que sus Gobiernos y agencias de fomento hicieran lo mismo y, sobre todo, que su clase dirigente, política, empresarial, universitaria, sindical, se decidiera a sumar esfuerzos en torno de un proyecto país; a iniciar procesos de conversación que llevaran a la cooperación, a alianzas entre los sectores público y privado; que empujaran hacia asociaciones de empresas medianas y pequeñas para enfrentar el mercado global en forma conjunta, y que el país entero fuera capaz de poner antenas en el mundo para estar alerto y demostrar que estaban en las fronteras de la innovación, y aprender a hacer las cosas más rápido que los competidores, llegando a los mercados internacionales antes que los países con los cuales se va a competir.
Señor Presidente , estamos en una carrera contra el tiempo, en la cual Chile tiene obligaciones como país, independientemente de las legítimas diferencias políticas existentes. Ése es otro modo de enfrentar el desafío con urgencia.
Para el sector privado, tal desafío consiste en cambiar lo que fue su estrategia de internacionalización de comienzos de los años 90, y que en alguna medida hizo crisis con el episodio argentino. El sector privado pensó que la manera de romper la desventaja del pequeño mercado interno era invertir en países vecinos, básicamente para tratar de actuar en la misma forma que lo estaba haciendo en el nuestro. Para eso invirtió fuertemente en Argentina y, en menor medida, en Brasil.
La crisis argentina demostró que esa estrategia tiene dos debilidades: primero, los mercados latinoamericanos siguen siendo fragmentados y, por lo tanto, con el traslado a Argentina no se enfrenta el mercado global; segundo, el sistema tenía los pies de barro en el sentido de que, al invertir allí, importábamos riesgo país mucho más amenazante hacia Chile. El riesgo país de nuestro vecino superó los 7 mil puntos; nosotros hoy día no superamos los 80 puntos. Al comprometer nuestras inversiones allende Los Andes, las empresas han tenido que hacer las pérdidas y quedar en situación de repliegue.
Por lo tanto, esta oportunidad obliga al sector privado a replantearse, a programarse ahora desde Chile, proyectando inversiones en nuestro territorio en una escala que no es la del mercado chileno, sino del mundial, del mercado global, que incluye a Estados Unidos y a Europa.
Hace unos días, un industrial nos contó que un representante de una firma distribuidora de artículos deportivos de Estados Unidos llegó a su empresa textil a hacerle la siguiente proposición: "Yo quiero que usted me produzca 30 mil docenas de poleras a la semana.", frente a lo cual explicó: "No estoy acostumbrado a eso. El mercado nacional es muy pequeño; tendré que pensar en otra manera de hacer las cosas: asociarme en Chile y en el exterior para enfrentar una demanda de ese tipo".
Por lo tanto, el área privada debe despertar, readecuar su estrategia y plantearse en términos globales.
En mi opinión, el sector público tiene el mismo desafío. Por ejemplo, el servicio exterior chileno ha de pensar que, de ahora en adelante, su tarea principal será la de facilitador de negocios, de oportunidades de inversión y de generación de empleos para nuestras empresas.
Se nos ilustraba que se negoció -creo que se hizo muy bien- el acceso de Chile a los procesos de licitación en materia de compras gubernamentales en Estados Unidos y en Europa. Eso quiere decir que se van a abrir ventanas de oportunidades, donde se anuncien licitaciones no sólo por parte del Gobierno federal de Estados Unidos, sino también de los condados de cada uno de los Estados. ¿Cómo el sector privado chileno se va a poner a punto? Primero, para tener la información a tiempo; segundo, para buscar socios dentro y fuera de Chile, a fin de participar oportunamente en esas licitaciones, y tercero, para concentrar su esfuerzo en aquellas licitaciones en las cuales nuestra estructura productiva pueda llegar con mayor facilidad; por ejemplo, en muebles y artículos escolares, en equipos para la minería, etcétera, etcétera. Eso no está organizado. Es un desafío enorme para el sector público chileno, para el Servicio de Relaciones Exteriores, para la estructura de embajadas y consulados.
Y, como ya lo dijo también el Senador señor Núñez , el otro desafío para el sector público es que deberemos readecuar, reestructurar y refocalizar aquellos ciento cuarenta programas de fomento dispersos, sin contactos entre sí, con una enorme cantidad de duplicaciones y que, a veces, sólo atienden a clientelas pequeñas y restringidas. Por ello tenemos que enfocar ese esfuerzo, aumentar la ambición y subir por la vía asociativa la escala con la cual se conciben desarrollos productivos en Chile, sobre todo las empresas medianas no consolidadas en rubros nuevos, para que aporten mayor valor agregado.
Señor Presidente , el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no sólo nos obliga a repensar la estrategia de desarrollo y la escala con la cual nos planteamos en materia de inversiones. También nos impele a replantear la forma en que vemos, entendemos e implementamos las políticas sociales. Porque la mayoría de los países en un grado de desarrollo todavía incipiente tiende a que sus políticas sociales -de tipo asistencialista o educacionales- sean sólo instrumentos de supervivencia para las familias que viven en condiciones precarias. Y creo que en esta nueva estrategia de globalización tenemos que repensar las políticas sociales como instrumentos, a fin de habilitar la plena participación de los ciudadanos, particularmente de aquellos que nacieron en hogares más desfavorecidos desde el punto de vista sociocultural y económico, y capacitarlos para la plena participación de los ciudadanos en la sociedad del conocimiento, que es la que va a dar a esas personas la posibilidad de beneficiarse de los frutos de la globalización.
La educación, por lo tanto, no puede ser sólo una estrategia de supervivencia. Tiene que constituir un instrumento para aumentar la capacidad cognitiva, particularmente de los niños provenientes de estratos socioculturales o económicos más desfavorecidos o marginales. Capacidad cognitiva significa aumentar el potencial de aprendizaje en el sistema educativo formal, y llegar a ser más creativos cuando se inserten en la fuerza de trabajo. También implica desarrollar la capacidad de pensar y de innovar, de fortalecer la sociabilidad, la disposición para relacionarse, para formar equipos, interactuar, todo lo cual constituye un elemento esencial de la nueva economía globalizada.
Postulo que ello nos va a obligar, en una etapa siguiente, a que la reforma educacional reenfatice su foco de acción desde los primeros cinco años de vida de los niños. Eso supone que las políticas sociales desde la visión sectorial fragmentada tradicional, pasen a concentrarse en la familia. Y tenemos que pensar en que la política educacional debe dirigirse al niño antes de que se incorpore a la educación formal; orientarse a la política de salud, para hacer posible que los episodios de emergencia no sean una disrupción de las finanzas familiares, sin que causen, por lo tanto, las tensiones que impiden a ese niño desenvolverse en un entorno normal, que le permita desarrollar una capacidad cognitiva apropiada, y signifique una política hacia la familia, en términos de que se permita a la mujer trabajar en jornada parcial mientras el niño es pequeño y vulnerable, cuando necesita de la calidez del hogar, de la cercanía de la madre y del padre, para que después pueda incorporarse como un ciudadano plenamente capaz y habilitado en el mundo a través de la globalización, pero que, al mismo tiempo, sienta la seguridad básica y el equilibrio necesario, que sólo podrá adquirir en el seno de la familia.
Por lo tanto, en dos palabras, creo que la proposición hacia el futuro, el desafío hacia adelante, que hoy es posible gracias a la culminación de una estrategia deliberada del país de tratar de insertarse plenamente en el mundo y de lograr la equidad social, es globalización a "full" y concentración en la familia, como los dos focos de las políticas públicas que harán posible que Chile en esta nueva etapa, no sólo se abra a la oportunidad histórica y al desafío, sino que también la aproveche íntegramente y logre un desarrollo pleno en un horizonte no lejano en la próxima década.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Doy la palabra a la señora Ministra , quien tiene preferencia.
La señora ALVEAR ( Ministra de Relaciones Exteriores ).-
Señor Presidente , señoras y señores Senadores, con mucho agrado intervengo esta mañana en la Sala, en nombre del Gobierno de Chile, en un momento muy especial, oportunidad en la que formalmente solicitaremos la aprobación de este poderoso instrumento para el desarrollo de Chile: el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
SIGNIFICACIÓN DEL ACUERDO
Con este instrumento culmina un ciclo en el desarrollo de la economía chilena, al consolidarse nuestra actual institucionalidad económica, adecuándola a los nuevos desafíos del siglo XXI. Metafóricamente, podríamos decir que ésta es la piedra que viene a completar los fundamentos para asumir el reto de insertarnos exitosamente en la economía global.
Al mismo tiempo, señor Presidente , se abre una nueva etapa para nuestro desarrollo, que nos obligará -como bien se ha dicho aquí- a elevar nuestros niveles de exigencia, tanto para el sector público como para el privado.
En pocos momentos de la historia de Chile se han unido una serie de circunstancias e iniciativas que permiten dar un salto cualitativo en nuestro proceso de desarrollo. Algunos historiadores han señalado los finales del siglo XIX como una de las ocasiones y oportunidades perdidas en la historia de nuestro país.
Hoy, señor Presidente , estamos frente a una nueva opción, ya que en poco tiempo hemos concretado acuerdos comerciales de última generación con las mayores potencias del planeta y nuestros principales socios comerciales. Cuando el proceso de implementación de esta pléyade de tratados se haya completado, habremos alcanzado lo que es la meta de muchos de nuestros socios-país en materia de comercio exterior.
Más del 75 por ciento de nuestras exportaciones al mundo estarán libres de aranceles aduaneros y protegidas por un conjunto de reglas y disciplinas que darán certidumbre a nuestros empresarios, inversionistas, profesionales en su quehacer internacional.
La implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos refuerza la opción de construir alianzas internacionales para enfrentar los desafíos de la economía global. Contribuye a un clima de negocios más amistoso y predecible, que permite aprovechar el dinamismo de los mercados de los principales centros de la economía mundial y consolidar nuestro desarrollo exportador, incorporando tecnología, "know how" para los bienes y servicios, y ampliando el universo de empresas insertas en la economía internacional.
Desde pequeños, señor Presidente, aprendemos que en la vida no hay derechos sin obligaciones. Del mismo modo, las oportunidades de crecer y desarrollarnos vienen de la mano de las responsabilidades y desafíos.
El Tratado de Libre Comercio no es una excepción. Los acuerdos que ya hemos alcanzado con la Unión Europea y con los Estados Unidos obligan a perfeccionar nuestras instituciones públicas y privadas, a mejorar su coordinación y a elevar nuestros estándares. Esto constituye un gran desafío, pero termina siendo otro beneficio para el país, en tanto seamos capaces de mejorar la calidad de nuestras políticas públicas y de las instituciones, elevando nuestra competitividad.
Quiero destacar en esta Sala la coincidencia de todos los sectores respecto de la necesidad de desarrollar una audaz cultura exportadora entre los empresarios, que tenga como fundamentos tanto la asociatividad y el fortalecimiento de las capacidades conjuntas, como un diseño moderno de las políticas de fomento productivo y exportador, administradas por una institucionalidad ágil y profesional.
Con los Tratados de Libre Comercio hemos construido una supercarretera para transitar a alta velocidad. Ahora debe ser el sector privado el que la utilice. Por cierto, el Gobierno, el Estado deberá continuar cooperando con la señalización adecuada, con las advertencias del caso y con los mapas ruteros para que Chile salga airoso en la carrera del desarrollo.
Honorables señores Senadores, Ortega y Gasset nos hablaba del "yo y mis circunstancias". Y la circunstancia de Chile no es casual o producto del albur. Dicho de otro modo, muchas veces nos hemos preguntado -y también se dio en el debate en la Comisión especial del Senado- qué tiene nuestro país para que las mayores economías del mundo hayan estado dispuestas a negociar con un mercado de apenas 15 millones de consumidores. Estoy segura de que todos nos hemos hecho esta pregunta.
La respuesta es que somos vistos como un país serio, perseverante, que tiene un acuerdo, un consenso esencial y profundo en torno de los temas que permiten su desarrollo. Una economía sana y pujante, una democracia sólida y estable, y un desarrollo humano y social que busca la sustentabilidad y la equidad.
Sí, éste es un certificado de calidad otorgado al país en razón del manejo responsable de su economía a lo largo de los últimos 15 años, de la consolidación de la democracia, de la madurez de sus instituciones y de la continuidad de sus políticas de cohesión social, impulsadas por los Presidentes Aylwin, Frei y Lagos.
Como nación hemos ido consolidando una vocación de apertura comercial que comenzó hace décadas. Más adelante la reforzamos y la complementamos con iniciativas multilaterales y bilaterales, que han sido posibles gracias a un manejo macroeconómico responsable, a una transición política ordenada, a la solidez de nuestras instituciones y a una reducción de los indicadores de pobreza.
En esta negociación, buena parte de sus logros se explican por dos principios: transparencia y participación. Desde el inicio nos esforzamos por incorporar al proceso al conjunto de las organizaciones empresariales, laborales y representantes de la sociedad civil. También a parlamentarios y académicos...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Advierto que a la próxima manifestación haré despejar las tribunas.
Se debe respetar al Senado.
Continúa la señora Ministra .
La señora ALVEAR ( Ministra de Relaciones Exteriores ).-
Quiero recordar que se constituyó formalmente un distinguido Consejo Asesor, formado por parlamentarios, académicos, empresarios grandes, medianos y pequeños, y también por representantes laborales.
Adicionalmente, conformamos lo que se denominó "Cuarto Adjunto" en las propias negociaciones, que incluía además a los equipos negociadores que se trasladaban a los Estados Unidos o que trabajaban en el país. En cada una de las 14 rondas de negociación tuvimos un Cuarto Adjunto, en el cual pudimos consultar al sector privado, constituido por este conjunto de personas, a fin de tomar las decisiones pertinentes en torno del Tratado.
La Comisión Especial del Senado encargada de estudiar el Tratado de Libre Comercio -cuyo trabajo agradezco, así como el de la Comisión de Hacienda- tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio de muchos de estos actores, de lo cual se da cuenta precisamente en el informe que está en manos de cada uno de los señores Senadores.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO
En una apretada síntesis, quisiera recordar que el Tratado permite: a) acceder a grandes ventajas comerciales; b) se traduce en significativas ganancias en inversión y acceso a la innovación y al cambio tecnológico; c) favorece la generación de más y mejores empleos, y d) consolida beneficios intangibles de gran relevancia en la actual economía global.
Además, otorgará certidumbre jurídica para nuestras exportaciones, gracias a la consolidación del Sistema Generalizado de Preferencias , favoreciendo un escenario de mayores inversiones y de alianzas estratégicas con inversionistas estadounidenses. Año tras año hemos estado sujetos a la decisión unilateral de Estados Unidos en torno del referido Sistema, que, en virtud del Acuerdo, se consolida.
Establecerá también un piso más alto para el desarrollo de las exportaciones de nuevos productos con mayor valor agregado y la incorporación de nuevos exportadores, debido a la eliminación de los escalonamientos arancelarios. Recordemos que, desgraciadamente, a mayor valor agregado, mayores son también los aranceles, razón por la cual sin este Convenio es muy difícil en la actualidad llegar con bienes industriales a ese mercado.
Además, Chile competirá en condiciones de igualdad en una amplia gama de productos, que van desde el sector primario al industrial, con las exportaciones provenientes de grandes economías del hemisferio que tienen acceso arancelario preferencial al mercado de Estados Unidos, y obtendrá ventajas relativas con algunos de sus competidores más directos en el Hemisferio Sur, en especial para el sector agroalimentario.
La competitividad de nuestras empresas se verá fuertemente estimulada por las rebajas en el costo de insumos, maquinarias y tecnologías, transporte marítimo y aéreo, lo que fortalecerá además su proyección hacia terceros mercados.
Estados Unidos ya es el primer mercado para nuestra producción agrícola exportable. Y, por tanto, el Tratado nos permite consolidar nuestra presencia en él y proyectarla hacia una canasta de productos emergentes, aprovechando la inmediata desgravación, que beneficiará al 84 por ciento de los productos, y el tratamiento preferencial a través de cuotas, que favorecerá a la mayoría de los productos restantes antes de su desgravación total en un plazo máximo de 12 años. Al final de ese lapso, todos nuestros productos agrícolas ingresarán al mercado norteamericano sin arancel y sin cuotas.
En el sector industrial, donde precisamente están los mayores aranceles, el 97 por ciento de los bienes industriales ingresará al mercado estadounidense con arancel cero desde el día en que empiece a regir el Tratado.
Los beneficios económicos que aporta la apertura del mercado norteamericano se verán reflejados con claridad en un sector industrial tradicional que ha debido enfrentar los embates de la globalización. Me refiero a las manufacturas de textiles, vestuario y calzado.
Desde el primer día de vigencia del Acuerdo, todos sus productos gozarán de arancel cero. Si contrastamos esta realidad con lo que ocurre hoy -y llamo la atención de Sus Señorías sobre el punto-, podemos ver que en la actualidad estos productos ingresan al mercado estadounidense con aranceles que van desde el 15 al 20 y hasta el 32 por ciento. Por consiguiente, aprobar el Tratado significará un 32 por ciento versus arancel cero desde el día que empiece a regir.
La Comisión Especial conoció el testimonio directo de los empresarios textiles, que esperan multiplicar por diez el valor de sus exportaciones a Estados Unidos en los próximos cinco años y que ya están concretando importantes negocios, incluyendo la instalación en Tomé, Octava Región, de una inversión norteamericana que ya ha generado nuevos empleos, orientados a producir y exportar trajes de calidad al mercado estadounidense.
Una realidad parecida surge para otras áreas industriales, incluyendo aquellas que procesan nuestros recursos naturales, siendo la agroindustria y el sector forestal industrial (fabricación de muebles de madera) sus ejemplos más evidentes.
En definitiva, si bien algunos aspectos de la política económica y comercial de Estados Unidos, cuestionables desde nuestro punto de vista, se mantienen, tales como la legislación antidumping y los cuantiosos apoyos internos a su agricultura, justo es reconocer que aquéllos eran muy anteriores al Tratado, y que, precisamente, el suscribirlo nos otorga mayores elementos para manejar esa situación.
ALGUNOS TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS
A continuación, deseo hacerme cargo de algunos de los aspectos planteados por los señores Senadores en las Comisiones y que han generado algún grado de inquietud.
Capacidad regulatoria
En primer lugar, debo destacar que en el Tratado de Libre Comercio en análisis se preserva la potestad soberana de la capacidad regulatoria y se garantiza nuestra libertad en la determinación de la política económica del país.
Los servicios públicos no se verán afectados ni en su desempeño, ni en su gestión, ni en su capacidad para adoptar las reformas que a Chile parezcan necesarias.
El único compromiso que se asume -¡el único!- es el principio, por lo demás universal en materia de comercio, de la no discriminación, conocido como "trato nacional", el cual, además, no es novedad de este instrumento, pues está incorporado en nuestra Carta Fundamental, y lo único que hace el Convenio en torno de este ámbito es reiterar la norma constitucional.
En esa perspectiva, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo conservan, como corresponde, sus potestades. Me parece importante dejar esto explícitamente claro en la historia de la ley.
Impuestos
En segundo término, debo manifestar que el Tratado contempla una excepción expresa respecto de las disciplinas del mismo en lo que se refiere a la capacidad soberana de las Partes para manejar su política tributaria y de impuestos domésticos. De allí que, si bien el debate sobre el "royalty" en minería deberá ser despejado en su propio mérito, no hay nada -y lo repito: ¡no hay nada!- en el Acuerdo que impida su eventual aplicación; ésa será una discusión que se verá en su propio mérito.
Señor Presidente , sobre el particular, el Ministro de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre , me ha pedido que dé lectura a un texto a fin de que quede constancia de sus palabras en la historia de la tramitación del Convenio en el Congreso. Dicho texto se refiere a las medidas tributarias en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y señala:
"Respecto de la soberanía tributaria de Chile, el Ministerio de Hacienda confirma que, en relación a los impuestos, el TLC establece una excepción que explicita que ninguna medida tributaria se ve afectada por el TLC (Artículo 23.3). A su vez, el concepto de medida tributaria está definido en una forma muy amplia, incluyendo todos los tipos de medidas tributarias menos lo que se define como arancel aduanero de acuerdo al GATT.
"Es importante señalar que la soberanía de cada país para establecer políticas tributarias internas se mantiene".
Ésa es la cita textual que he querido incluir, a petición del señor Ministro de Hacienda.
Autonomía regulatoria
En tercer lugar, me referiré a la autonomía regulatoria, que es otro aspecto que hemos conversado en estos días en la Comisión. En tal sentido, señalo categóricamente que tampoco las políticas en materia de cultura, educación, salud pública o pueblos indígenas se verán afectadas por el Convenio. Incluso, la reserva para las industrias culturales faculta al Estado chileno para adoptar o mantener cualquier medida que otorgue un trato diferente a determinados países en virtud de un tratado de cooperación bilateral o multilateral, existente o futuro, con respecto a dichas industrias, tales como los acuerdos de cooperación audiovisual. Para mayor certeza, los programas gubernamentales de apoyo, a través de subsidios, para la promoción de actividades culturales, no están sujetos a las limitaciones u obligaciones del instrumento internacional en comento.
Quiero consignar, también, que el mundo de la cultura en nuestro país ha valorado especialmente el Tratado de Libre Comercio que nos ocupa, porque ante una aprensión que nos fue manifestada en el desarrollo de las rondas de negociaciones, acogimos el punto, lo hicimos presente en forma explícita y obtuvimos lo que acabo de relatar.
Seguridad social
En seguida, debemos dejar en claro que el Acuerdo no contempla compromisos específicos respecto de esta materia.
En efecto, aunque hoy en día existen las AFP e ISAPRES de propiedad europea y norteamericana, se excluyen -reitero: se excluyen- del Tratado las normativas regulatorias, permitiéndose de esa manera que el Estado chileno mantenga plena autonomía para definir las políticas adecuadas en materia de seguridad social.
Agricultura
Éste es un tema que ha sido largamente conversado y que ha dado lugar a una discusión bastante interesante. Como quedó reflejado en el debate de la Comisión Especial, cuya historia consta en los documentos que se han entregado, la agricultura se ve beneficiada con el Convenio en análisis. No sólo mejora sustantivamente las condiciones de acceso al mercado de los Estados Unidos, vía desgravación arancelaria y eliminación o reducción de las barreras no arancelarias, sino que, además, genera importantes rebajas de costo en insumos, maquinarias y equipos; consolida el Sistema Generalizado de Preferencias para todos los productos agrícolas que contaban con este beneficio unilateral; establece disciplinas en materias satinarias y fitosanitarias que refuerzan la estabilidad del comercio, y amplía el espacio para alianzas internacionales con importadores y distribuidores en el mercado norteamericano.
Atendiendo un asunto de gran sensibilidad, en las negociaciones el Gobierno logró que se eliminaran los subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio bilateral y que se acordaran mecanismos expeditos de consultas en el caso de que subsidios de terceros países afecten al comercio entre Chile y Estados Unidos.
Inversión
Nuestro país no ha hecho más que consolidar su actual nivel de apertura en materia de inversión. En esencia, no existen en este punto discrepancias sustantivas respecto de lo que ya se ha suscrito con otros socios comerciales. Las pocas diferencias que hay tienen que ver con la necesidad de aclarar las disciplinas existentes, corrigiendo, en primer lugar, cualquier interpretación sobre el menoscabo de las facultades regulatorias gubernamentales, y, en segundo término, desincentivando las demandas frívolas en los procedimientos de solución de controversias entre el inversionista y el Estado receptor.
En el Acuerdo en análisis...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo informar a la señora Ministra que se ha agotado el tiempo previsto para su intervención.
El señor CHADWICK .-
Que concluya su exposición, señor Presidente .
El señor ESPINA .-
Señor Presidente , pido que se le permita terminar su intervención, dada la importancia que reviste el tema que nos ocupa.
El señor LARRAÍN .-
Sí, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si la Sala está de acuerdo, no tengo inconveniente.
El señor FOXLEY.-
Conforme, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Acordado.
Puede continuar la señora Ministra .
La señora ALVEAR (Ministra de Relaciones Exteriores).-
Gracias, señor Presidente.
Señalaba a Sus Señorías que en el Acuerdo hemos corregido los aspectos del NAFTA que en materia de inversión han estado en el centro de la polémica. En muchas de las discusiones se nos dijo: "Es que el NAFTA generó dificultades en este tema". Pues bien, hemos enmendado lo que el NAFTA en su momento acordó.
El nivel mínimo de trato se ha normado, evitándose interpretaciones excesivas que puedan limitar el accionar de las políticas públicas; en lo referente a expropiación, se han precisado los conceptos de expropiación directa e indirecta, eliminándose la alusión a expropiaciones equivalentes, que ha sido la principal causa del debate político producido en torno al NAFTA.
Las normas sobre expropiación indirecta en el Tratado de Libre Comercio son similares a las contenidas en nuestra propia Constitución. Finalmente, en el procedimiento de solución de controversias entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión se atacan las demandas frívolas y se asumen importantes compromisos en transparencia y participación de la sociedad civil.
La autoridad económica explicitó al respecto, tanto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados como en la del Senado, que sus atribuciones regulatorias, tributarias y presupuestarias han quedado bien cauteladas.
Movimientos de capital
En lo relativo a este punto, me parece importante compartir en esta Sala una preocupación que se ha escuchado.
Estados Unidos es partidario de evitar las restricciones a los movimientos de capitales, en cualquier circunstancia. Sin embargo, nuestro Capítulo incorpora restricciones, que posteriormente hizo suyas Singapur. El Ministro de Hacienda recordaba ayer en la Comisión del ramo del Honorable Senado que las negociaciones de Singapur se detuvieron en este punto. Éste, posteriormente, cuando fuimos a negociar, constituyó un gran obstáculo. Pues bien, luego de un fuerte trabajo logramos que se permitiera a Chile introducir restricciones al ingreso y a la salida de capitales por lapsos no superiores a un año, sin expresión de causa y sin estar sujeto a controversias. Podrá hacerlo también por plazos mayores, pero supeditado a la posibilidad de controversias. Éstas sólo podrán gestarse un año después de la implantación de la medida, únicamente por el impacto sobre la rentabilidad luego del año de aplicación, y el monto máximo de compensación se acotará a la reducción en el valor de la transferencia, excluyéndose el lucro cesante o las pérdidas de oportunidades de negocios y cualquier otro daño consecuencial o incidental.
En el Tratado que nos ocupa, y en el marco de una mayor modernización del mercado de capitales, las medidas restrictivas que el Estado de Chile tome con relación a los pagos y transferencias al exterior podrán ser reclamadas por los inversionistas extranjeros ante las instancias de arbitraje internacional sólo después de un año de ocurridos los hechos. El inversionista podrá alegar únicamente respecto de las medidas restrictivas a la entrada de capitales, las pérdidas o daños limitados a la reducción en el valor de la transferencia, y no de la pérdida de utilidades y cualquier consecuencia similar o daños incidentales.
Según las autoridades de Hacienda y del Banco Central de nuestro país presentes en la negociación, junto con el actual "mix" de política económica, la existencia de este mecanismo permite una adecuada regulación de los flujos externos, el control de los "capitales golondrina" y una eficaz prevención de eventuales crisis de balanza de pagos.
Con el actual diseño de la política económica -metas de inflación en un rango de entre 2 y 4 por ciento, flotación cambiaria y una política fiscal anticíclica-, más una profundización de la integración financiera, que incluye nuevos instrumentos de cobertura que reducen el riesgo cambiario y la emisión de deuda en UF, el uso del encaje es menos relevante que a mediados de los años 90.
De ese modo, el mecanismo para que una economía pequeña pueda lidiar contra flujos externos desestabilizadores parte por una adecuada política macroeconómica; incluye una sólida supervisión prudencial y regulación financiera; se esmera en ir desarrollando nuevos instrumentos financieros que permitan suavizar el impacto de los flujos externos al ampliar la cobertura de mecanismos de deuda pesos, al incorporar futuros que permitan compensar el riesgo en monedas y que vayan limitando los descalces en plazos y monedas en los compromisos financieros.
En todo ello, nuestro país se encuentra bien posicionado. Así lo demuestra nuestro bajo riesgo-país. Con todo, se estimó necesario preservar en el Tratado algún instrumento de restricción a los flujos de capital en la eventualidad de escenarios internacionales futuros.
En síntesis, si a la política económica en vigor se adicionan los recientes desarrollos institucionales en el mercado financiero, más la posibilidad de utilizar restricciones transitorias a los flujos de capitales, es posible asegurar un manejo adecuado y prudencial de las cuentas externas, con una política económica que mantiene su capacidad preventiva de una crisis de balanza de pagos.
Laboral y ambiental
En lo relativo a este punto, me parece muy importante destacar lo alcanzado. El Tratado avanza respecto de una globalización con rostro más humano y orientada al desarrollo sustentable.
Señor Presidente , quiero destacar que con ocasión de la ronda multilateral desarrollada en septiembre pasado en Cancún, México , tuve la oportunidad de conversar con representantes de las organizaciones sindicales de los diversos países presentes allí. Ellos me manifestaron explícitamente el valor que atribuían a que en un tratado de libre comercio existiesen disposiciones de carácter laboral y medioambiental como las incorporadas en el que hoy debatimos, porque su establecimiento hace obligatorio el apropiado cumplimiento de la normativa interna que cada país se da soberanamente. Y el contemplarlas e instituir mecanismos para que sean efectivas es, precisamente, una forma de garantizar su observancia. Esto, repito, es algo que el movimiento sindical en el ámbito internacional quiere lograr de los tratados de libre comercio, por lo cual valoró su incorporación en el suscrito con nuestro país.
El Tratado de Libre Comercio: una oportunidad nacional
Señor Presidente , deseo destacar la gran oportunidad nacional que significa el Convenio en análisis. Es indudable que las reducciones en las barreras arancelarias y no arancelarias que conlleva favorecen a un amplio conjunto de productos gravitantes para el desarrollo productivo y exportador de las economías regionales, tanto desde la perspectiva de la generación de empleo como de los encadenamientos productivos que pueden activar.
De esta manera, las oportunidades que este instrumento abre, por ejemplo, para las industrias textil, del vestuario y del calzado, lo son también para el desarrollo de Regiones muy concretas, como la del Biobío. Asimismo, sus beneficios específicos en la industria forestal permitirán a las Regiones del Biobío, de La Araucanía y del Maule expandir la capacidad exportadora de muebles y de otras manufacturas del sector.
La auspiciosa realidad que enfrentará la agroindustria será la piedra angular del desenvolvimiento económico de las Regiones del Maule, de La Araucanía y de Los Lagos, y constituye, a la vez, el mejor ejemplo de los efectos positivos que ya se pueden apreciar, pues se están atrayendo inversiones destinadas a megaproyectos exportadores en el sector lácteo, orientados a los mercados de Estados Unidos y México.
Perspectivas similares se abren para los productos derivados de la pesca y de la explotación de los recursos marinos, favoreciéndose a las Regiones australes y a su pesca artesanal.
El nuevo escenario que establece el Tratado para la inserción de nuestro país en la economía internacional, junto a los demás que se han negociado en los últimos años, también implicará encadenamientos productivos y regionales que estimularán las perspectivas de desarrollo de sectores no exportadores. Éstos se convertirán en exportadores indirectos, al aumentar la demanda de sus productos por parte de otras áreas favorecidas por el crecimiento exportador. Un ejemplo emblemático es el área de aceites y harinas de origen vegetal de las Regiones del Biobío y de La Araucanía, que tendrá nuevas posibilidades de expansión debido a la mayor demanda de alimentos para la actividad acuícola que generará el incremento de las exportaciones provenientes de las Regiones de Los Lagos y de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.
He señalado que el principal objetivo del Tratado es consolidar el desarrollo exportador integrando a las pequeñas y medianas empresas a los beneficios del comercio exterior, favoreciendo su modernización productiva, el acceso a nuevas tecnologías, su integración en redes internacionales y el estímulo a la necesidad imprescindible de la asociatividad.
Hoy, señor Presidente, 63 por ciento de las empresas chilenas que exportan a Estados Unidos se halla conformado por pymes, que representan un 20 por ciento de las exportaciones totales a ese país y que son fuentes generadoras de empleo de primer orden.
Por consiguiente, el Tratado será una piedra angular para el desarrollo industrial exportador, destacando el ya mencionado impacto favorable de la desgravación y aplanamiento de los escalonamientos arancelarios aplicados en el país del norte sobre una amplia gama de productos, donde la pyme es un actor relevante, y que incluye, por cierto, el caso emblemático de los textiles y el vestuario, pero que se extiende también a los derivados del cobre; a las manufacturas de madera, cuero, calzado, y a la agroindustria.
En las carpetas de las señoras y señores Senadores se ha incorporado también un trabajo elaborado por la Dirección Económica de la Cancillería, donde se reflejan Región por Región los beneficios y oportunidades que implica el Tratado de Libre Comercio.
Tratado de Libre Comercio y Política Exterior de Chile
En forma persistente, y con el apoyo de la mayoría de la población, la política comercial ha tenido como objetivo prioritario asegurar y mejorar el acceso de nuestros bienes y servicios a los mercados de mayor relevancia, como también incentivar tanto la inversión nacional como la extranjera de nuestros socios comerciales.
Ése es el objetivo y la estrategia que ha buscado la política comercial exterior que Chile ha llevado adelante de manera exitosa, ya que la apertura a la economía global nos ha permitido obtener altas tasas de crecimiento, las que han sustentado la reducción de la pobreza desde el 47 por ciento de la población el año 1989, a 20 por ciento el día de hoy. Y este porcentaje nos obliga a esmerarnos a fin de poder eliminarlo.
Existe consenso nacional en estimar que, en una pequeña economía como la nuestra, el mejor escenario para mejorar las condiciones de crecimiento, empleo y bienestar radica en una integración cautelosa a las corrientes dinámicas del comercio, financiamiento y tecnología internacionales.
En aras de ese objetivo, el establecer un Tratado con la economía más grande del mundo representa un paso histórico y, a la vez, necesario en la profundización de nuestra estrategia exportadora.
Su Excelencia el Presidente de la República ha señalado en reiteradas oportunidades que la política exterior se encuentra ligada inextricablemente a nuestra identidad latinoamericana. Somos parte de esa América "cobriza" de la que habló, en su momento, el Presidente Frei Montalva . Nuestro destino se vincula a los pueblos que hablan los idiomas de la península Ibérica.
Me parece importante destacar eso, por cuanto hemos reiterado que hacemos política exterior desde nuestra realidad de América Latina -la historia económica de Chile en los últimos 20 años demuestra que la prosperidad o crisis de las naciones vecinas no nos es indiferente-, pero entendida con un sentido moderno: deseamos una región democrática, con economías sanas y políticas responsables.
Entonces, es en el regionalismo abierto donde todos los actores -con reglas claras y disciplinas comunes que favorezcan el libre comercio- nos potenciaremos para competir en el escenario internacional.
Chile, a lo largo de las últimas décadas, ha demostrado continuidad y, a la vez, creatividad en su proceso de apertura. Esto ha sido marcado por nuestra presencia permanente en el sistema multilateral de comercio desde su creación, en 1948. Fuimos miembros fundadores del GATT, y de la OMC en 1994.
A pesar de nuestro tamaño relativamente pequeño, hemos participado en forma activa en todas las rondas de negociación en ese foro, buscando apertura comercial, reglas y disciplinas.
Es en esa lógica, entonces, donde se enmarca este Tratado de Libre Comercio, que ha sido consistente con el proceso de apertura unilateral, bilateral y multilateral.
El Nuevo Escenario y los Requerimientos de Políticas Públicas
Este tema ha sido reiteradamente abordado por Sus Señorías.
Por cierto, la aplicación de este conjunto de acuerdos comerciales -con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea del Sur -que está en trámite parlamentario- y el futuro convenio de EFTA -que pronto ingresará al Congreso- nos obligan a adecuar nuestro país a una nueva realidad, donde tendrá un comercio exterior más abierto, estable y en expansión.
En el escenario más conservador -reitero: el más conservador-, la expansión exportadora global inducida por este Tratado de Libre Comercio, asumiendo la desgravación, ascenderá a 504 millones de dólares, lo cual significa un incremento de 15,9 por ciento de nuestro comercio exportador actual y equivale a 0,7 por ciento de nuestro producto interno bruto. Esto, sin incorporar los efectos dinámicos en inversiones y servicios, así como tampoco, por ejemplo, los beneficios que derivan del acceso al mercado de compras públicas del Gobierno Federal de Estados Unidos, junto a las de 37 de sus Estados, conforme a la mejor oferta de acceso concedida en esta materia por dicho país.
Consecuentes con esta nueva realidad, ustedes, como Parlamentarios, y nosotros, como Ejecutivo, hemos resaltado la necesidad de políticas públicas que se adecúen a este nuevo escenario.
A tal efecto, y recogiendo el sentir de muchos Parlamentarios de las distintas zonas, el Gobierno se está organizando activamente, mejorando la coordinación entre Ministerios y agencias de fomento y reforzándola a nivel descentralizado y territorial.
También estamos comprometidos en una amplia gama de iniciativas de difusión de oportunidades en Regiones, fomentando a la vez un rol gerencial de los gobiernos regionales, en un esfuerzo conjunto que incluye a la CORFO, INDAP, DIRECON, ProChile, y a las agrupaciones empresariales, las cooperativas campesinas, las organizaciones laborales, los centros universitarios, además de las intendencias respectivas.
En el marco de la tarea de reforzar la coordinación con el sector privado, se ha creado también el Consejo Público-Privado de Fomento Exportador, bajo cuyo alero trabajan cuatro grupos en materia de facilitación de comercio, fomento productivo, inserción internacional y promoción de exportaciones, inversiones y turismo.
Con los Tratados como telón de fondo, ahora el desafío de Chile es pensar, desde las propias Regiones, una estrategia de desarrollo que permita aprovechar las oportunidades comerciales y lograr que las exportaciones se conviertan efectivamente en un motor de desarrollo territorial, integrando a los sectores productivos y potenciando las capacidades de las Regiones para insertarse virtuosamente en la economía internacional.
Para ello es necesario difundir, en una primera etapa, nuestro diagnóstico de las oportunidades y desafíos que enfrentan las Regiones, y luego, en conjunto con todos los actores, avanzar en las políticas de fomento productivo para generar una expresión unificada de los instrumentos de desarrollo productivo. Esta tarea debe ser amplia, participativa y contribuir a consensuar las readecuaciones necesarias que tendremos que efectuar a los instrumentos de apoyo a la luz de los nuevos parámetros de la inserción internacional chilena, y determinar, al mismo tiempo, las nuevas bases de una institucionalidad nacional y regional para el desarrollo integral del país.
Llamo la atención sobre el punto, pues estamos hablando de diseñar una nueva realidad institucional y una readecuación de las políticas llevadas adelante hasta el momento, precisamente, para atender la nueva realidad que tales acuerdos implican.
El Gobierno, a través de la CORFO, DIRECON, ProChile y el Ministerio de Agricultura, se encuentra desarrollando un plan de acción regional que culminará a fines de año, en estrecha coordinación con las intendencias regionales.
Saludamos, por supuesto que de manera entusiasta, la solicitud de la Comisión Especial encargada de estudiar el Tratado en el Honorable Senado en cuanto a su interés en participar en un dialogo interactivo con el objeto de tener una visión de país y de trabajar en esa dirección.
Para aprovechar las enormes oportunidades que tenemos, el Gobierno está llevando a cabo un proceso amplio de consulta, y lo seguiremos haciendo a nivel de Regiones, de modo de incorporar todas las áreas de esta reflexión, incluyendo en primer lugar las líneas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas; en especial, el rol del BancoEstado, institución financiera que ha liderado la modernización de este segmento del mercado de capitales, atendidas las numerosas sugerencias formuladas en esa dirección.
Por instrucciones presidenciales, se ha constituido además una Comisión Interministerial de Fomento del Desarrollo Agrícola, la que tiene por misión examinar la actual institucionalidad del desarrollo agrícola a la luz de los nuevos desafíos. Esto significa evaluar la eficiencia, la eficacia, la pertinencia de los actuales programas de fomento agrícola; adecuar las políticas e instrumentos a los actuales desafíos; estudiar el marco regulatorio del sector y su eventual ajuste al nuevo escenario; precisar las iniciativas que permitan sistematizar y simplificar el marco normativo de las exportaciones agrícolas, junto con realizar un ejercicio de focalización de las prioridades en los programas de fomento, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas agrícolas y en programas especiales de apoyo a la agricultura familiar campesina.
Conclusiones
Termino señalando que esta histórica sesión coincide felizmente con noticias acerca del menor nivel de nuestro riesgo-país; con el inicio de la reactivación; con mejorías en los términos de intercambio; con otro récord, esta vez en la valorización bursátil. Todas las estimaciones proyectan una economía mundial más dinámica para 2004, encabezada por un crecimiento en Estados Unidos.
Hoy, al aprobar este Tratado, estaremos generando condiciones adicionales para reforzar el próximo ciclo expansivo en la economía chilena, estimulando la generación de más y mejores empleos.
Señor Presidente, Honorables Senadoras y Senadores:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un instrumento poderoso para lograr el desarrollo económico y social de nuestro país. Es eso: un instrumento. Y ciertamente debemos trabajar para aprovecharlo. Pero con la capacidad y creatividad de nuestros empresarios y trabajadores, con labores públicas-privadas coordinadas en todas las Regiones, con la correcta adecuación de los instrumentos de fomento, con la participación activa que esperamos del Parlamento, podremos beneficiarnos de las oportunidades que se abren para nuestra economía y para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas.
Estoy convencida de que si aprovechamos adecuadamente esta nueva oportunidad que nos ha dado el destino y si todos trabajamos en este gran equipo llamado Chile, nuestros hijos, con probabilidad alta, y nuestros nietos, con seguridad, vivirán en un país con niveles de desarrollo y bienestar significativamente superiores. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros.
Quiero reiterar que, así como hemos trabajado por encargo del Presidente Lagos , junto a diversos sectores de la comunidad nacional, para avanzar en nuestra inserción internacional, de manera de que sea un aporte sustantivo para el desarrollo del país, hoy siento la responsabilidad de cumplir un nuevo desafío que nos ha planteado el Jefe del Estado: trabajar junto a representantes de todo el país para preparar a las chilenas y chilenos, de manera de abordar unidos las tareas que permitan capitalizar las oportunidades que nos hemos generado y lograr construir una sociedad mejor.
Señor Presidente , con estas premisas, invito a las señoras y señores Senadores a aprobar el Tratado y, lo que es más importante aún, a seguir trabajando y sumarse a este equipo patriótico que se llama "Chile: mirando su futuro".
He dicho.
El señor OMINAMI.-
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo plantear una moción de orden.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
Son las 14:10. De acuerdo con la hoja que hizo circular la Mesa, para debatir se dispone de 400 minutos, esto es, de casi siete horas. Si la sesión se reanuda en una hora más, no terminará antes de las 22. Además, se ha establecido que la votación puede iniciarse alrededor de las 17. Me parece que el tiempo ...
El señor LARRAÍN.-
¡Ya se está votando, señor Senador!
El señor OMINAMI.-
Con mayor razón aún.
Decía que una buena parte del tiempo que se ha distribuido es, en verdad, ficticio. En consecuencia, como los Presidentes de las Comisiones que estudiaron el Tratado ya hicieron sus presentaciones y como también hemos escuchado a la señora Ministra , solicito revisar el acuerdo adoptado en materia de distribución de tiempos. A mi juicio, sería razonable hacerlo.
No es correcto -lo digo francamente- conceder más minutos a quienes participaron en tales Comisiones. Incluso, podría estimarse razonable que tal diferenciación fuera a la inversa, otorgándose más tiempo a los Senadores que no han tenido la posibilidad de opinar. Pero, como esa idea es un tanto ociosa, estimo más lógico que todos dispongamos del mismo tiempo.
En todo caso, propongo reducirlo, porque, de lo contrario, sólo serán escuchados entre ocho y diez Parlamentarios, cerrándose posteriormente el debate. Y eso no me parece correcto.
El señor MORENO.-
¡No hay acuerdo, señor Presidente!
El señor LAVANDERO.-
¡No lo hay!
El señor ÁVILA.-
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo agregar algo muy breve.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, considero injusto, discriminatorio y arbitrario dar 15 minutos a quienes participaron en las Comisiones.
Como manifestó el Honorable señor Ominami, el acuerdo debería ser al revés: permitir intervenciones más extensas a quienes no tuvimos la oportunidad de hacer valer nuestros puntos de vista en aquellos organismos técnicos.
Pero no estoy reclamando eso. Tan sólo deseo que se nos mida a todos con la misma vara.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La Mesa no puede modificar los acuerdos adoptados por la Sala.
El señor MORENO.-
¡No hay acuerdo para ello, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si los señores Senadores pretenden que el Tratado entre en vigencia, tendremos que sacrificarnos. Por lo tanto, solicito a los oradores constreñirse estrictamente a los minutos de que disponen, evitando a la Presidencia recordarles, lo que no es muy agradable, que sus intervenciones han concluido.
Considero que en 10 ó 15 minutos se pueden dar a conocer bien las ideas, más aún si se trata de temas sobre los cuales ya hemos debatido.
Se suspende la sesión hasta las 15:15.
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-Se suspendió a las 14:13.
-Se reanudó a las 15:28.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI, ( don Eduardo).-
Señor Presidente , estimados colegas, la aprobación del tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos por el Senado de la República constituye el paso final de un largo y esforzado trabajo iniciado hace más de diez años, en cuyo proceso participaron autoridades de los últimos tres Gobiernos; Parlamentarios de diversos sectores políticos; grandes, medianos y pequeños empresarios; dirigentes gremiales y sindicales y de distintas organizaciones sociales.
Los beneficios que trae consigo este Acuerdo son innumerables y todos los conocemos. Por este motivo, quiero centrarme en el significado de fondo que tiene para el país el hecho de ser socio de la principal potencia del mundo.
Lo primero que debemos destacar es que constituye una verificación del sello de calidad de Chile. Es fruto de la confianza con que nos observan y una valoración de nuestra férrea voluntad de vivir en democracia y en libertad, y de impulsar una incansable búsqueda de mercados más libres para nuestros productos y de condiciones más amplias y promisorias para los intercambios comerciales.
Es un merecido reconocimiento a un país que supo conquistar un lugar de vanguardia en el concierto internacional, gracias a una estrategia de inserción llevada a cabo en forma inteligente y perseverante, combinando la apertura unilateral de su economía con la negociación multilateral y una incorporación más activa en los grandes espacios económicos que se estaban configurando en el planeta.
Fue lo que hicimos cuando hubo que tomar la decisión de negociar el Acuerdo con la Unión Europea en forma independiente del MERCOSUR. Convencer de esa alternativa a los comisarios tomó más de dos años. Finalmente, la aceptaron, y ello posibilitó que Chile formara parte de ese Acuerdo.
Hemos visto ayer a nuestro Presidente en APEC cuando se inicia el 2004, año en que corresponderá a Chile asumir la presidencia de ese organismo, en un desafío donde, durante todo el año, estarán representados los Ministerios, las empresas, los Gobiernos, las sociedades, en un proceso de apertura que Chile nunca había conocido.
Es también una señal de respeto a la madurez política y solidez económica que exhibimos, a la estabilidad y buen funcionamiento de las instituciones y a la fortaleza de la economía, porque cuando un país negocia y compite no lo hace sólo respaldado por sus bondades comerciales, sino por toda su institucionalidad. Es el país el que negocia, el que se hace presente, con su Gobierno, con su Parlamento, con sus tribunales, sus comunas, sus Regiones.
Pero, sobre todas las cosas, al término de este largo proceso, junto con generar un escenario propicio para dar un salto cualitativo en las relaciones políticas, económicas y de cooperación, queda en claro una realidad que lamentablemente parecen tenerla más clara en el extranjero: el extraordinario crecimiento y desarrollo de la sociedad chilena, que prácticamente ha cambiado en los últimos quince años.
La consecución de este Tratado, al igual que en los casos de los Acuerdos con la Unión Europea y Corea, no es sólo fruto del oportunismo ni del esfuerzo de un equipo negociador, sino de la certeza de nuestra capacidad para hacer bien las tareas que requerimos para progresar. Esto afuera se valora. Saben que Chile es un socio confiable y que también ofrece oportunidades.
La admiración y respeto con que nos miran es el motivo principal por el cual hoy estamos insertos así en el mundo. Somos socios de las principales potencias, competimos en los mercados más grandes y dialogamos con los países desarrollados en un plano de igualdad, no sólo en materias comerciales, sino además en los grandes temas globales.
Ésta es la única forma de sobrevivir. La realidad de nuestro tiempo es que nos encontramos en una economía global que opera en redes y en una sociedad organizada bajo el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, donde todo transcurre a gran velocidad. Aquí no hay otra posibilidad: o nos sumamos con esfuerzo y creatividad, o nos quedaremos irremediablemente rezagados.
Desde un punto de vista comercial, el instrumento en debate permitirá potenciar nuestro desarrollo exportador, diversificando las ventas externas, ampliando el universo de las empresas exportadoras e incorporando a las pequeñas y medianas empresas al esfuerzo de modernización e internacionalización, garantizándoles seguridad y continuidad a sus envíos.
Las ventajas globales que se nos van a presentar son vitales para nuestro desarrollo, ya que este Tratado nos ayudará a desenvolvernos mejor y con más posibilidades en el marco de la globalización, en el que debemos hacer frente a muchos desafíos que por sí solos no estamos en condiciones de abordar.
Largo sería enumerar las muchas consecuencias positivas que implica el Acuerdo, pero, en términos generales, debemos destacar que se abren las puertas para que nuestros investigadores, académicos y estudiantes puedan acceder al conocimiento más avanzado. Los empresarios comerciarán en forma libre y con reglas claras y estables. Las empresas podrán adquirir tecnología de última generación y a menor precio. Los trabajadores se beneficiarán con nuevos programas de cooperación y capacitación, que serán fundamentales para competir.
En definitiva, los ciudadanos, la gente de nuestro país, podrá disponer de mayor cantidad y variedad de productos y, lo que es más importante, a menor precio.
No obstante lo anterior, debemos tener claro que los beneficios no son automáticos. El TLC es un instrumento que regula estableciendo las reglas del juego y protegiendo a los más débiles, pero no sirve de nada si no se aprovechan las oportunidades que brinda. Ésta es la esencia del paso que estamos dando, pues, en último término, con o sin Tratado vamos a tener que competir en los mercados. Pero, como nos ganamos el derecho a jugar en las grandes ligas, hay que hacerlo bien. Y esto significa que se nos presentan por delante desafíos que no podemos esquivar, si queremos estar a la altura de las exigencias.
Para ello necesitamos elevar la competitividad y nuestro desarrollo exportador. Esto implica potenciar la cooperación y coordinación entre los institutos tecnológicos y las universidades, las empresas y las agencias de fomento del comercio exterior del Estado. Lo anterior lo han hecho todas las economías que hoy día tienen presencia importante en el mundo.
Los sectores productivos deben revisar sus niveles de calidad teniendo en cuenta las exigencias y la competitividad del mercado. Esto es fundamental, por ejemplo, en el caso de la agricultura, sector que debe perseverar en su esfuerzo de modernización y diversificación para que pueda competir con éxito. Se discutió largamente esta materia en la Comisión -en la que participé-, y en uno de los acápites se señaló que había más de 10 agencias del Estado que desarrollan programas para la agricultura, más de 150 programas. Si no los revisamos y no lo hacemos eficientemente -y transformamos los que constituyen subsidios-, no vamos a poder competir.
Hoy, en el mundo, la única alternativa posible para las empresas es coordinarse y cooperar; de lo contrario su destino será desaparecer. Ésa es la realidad de hoy. En este sentido, requieren mejorar la interlocución entre ellas mediante la generación de redes empresariales en áreas de mutuo interés. De este modo, se les facilitará tanto la búsqueda de nuevas oportunidades para el comercio y la inversión como la promoción tendiente a optimizar la competitividad y la innovación. Este punto me parece fundamental en un país donde en los últimos años se ha predicado insistentemente el individualismo; han desaparecido las cooperativas y, en definitiva, si las pequeñas y medianas empresas quieren competir tienen que estar asociadas. Si no lo hacen, no podrán adquirir equipamiento de punta, tecnología. Ésa es la realidad. Hoy día, a cualquier persona que conoce cómo se crean las empresas, sobre todo en el sector de servicios y tecnológico, e instala una, ésta le durará dos o tres años, pues ellas se renuevan constantemente en los mercados internacionales. Y lo mismo sucede en nuestro mercado interno.
Los empresarios deberán elevar la capacitación de sus trabajadores, de manera que éstos den mayor valor agregado a lo que producen. Asimismo, habrán de ser más rigurosos, especialmente en el cumplimiento de las normas laborales y ambientales. En tanto, el Estado tiene que perfeccionar su legislación respecto a la propiedad intelectual y combatir con decisión la piratería y la falsificación. El otro día vi que el libro de Harry Potter estaba en venta, pirateado, en todas las calles de Santiago. En esa materia también somos "campeones mundiales".
Del mismo modo, el Estado debe readecuar las políticas públicas de apoyo productivo y exportador, y todas aquellas que ayuden a beneficiarnos de las ventajas comerciales y de inversión que genera el Tratado, como las relativas a la educación, la modernización del Estado, la innovación tecnológica, entre otras. Respecto de este punto, el último libro de Brunner nos indica que sólo 15 por ciento de los chilenos, entre 16 y 65 años, se halla capacitado para desenvolverse con éxito en la sociedad de la información. Ésa es la misión, ése es el desafío que se nos abre al firmar el Tratado que nos ocupa, si queremos participar en este mundo global.
Las pequeñas y medianas empresas, para que puedan ingresar a un mercado tan sofisticado y con elevadas exigencias de calidad y así aprovechar las ventajas del Convenio, deben realizar un mayor esfuerzo de coordinación entre ellas y con el Estado, de manera de fortalecer los programas de fomento productivo. Igualmente, el sector privado debe darles apoyo financiero. Ésta no es sólo tarea del Estado. Hoy día, las pequeñas y medianas empresas no tienen posibilidades de crédito por parte de los sistemas financieros. Debe existir difusión tecnológica y asociatividad. ¡Cuántos centros tecnológicos y universidades se encuentran asociados actualmente con las pequeñas y medianas empresas a fin de promover su capacitación técnica, comercial y administrativa con el objeto de que puedan desarrollarse en los mercados!
Por último, un elemento que debemos considerar es el relativo al uso de ciertos mecanismos de defensa comercial: leyes antidumping, leyes sobre distorsiones. Por una necesidad política -como lo hicimos nosotros, en su tiempo, con el encaje- se ocupan con frecuencia, y muchas veces en forma arbitraria, instrumentos proteccionistas para impedir la entrada de determinados productos, y, en definitiva, castigan la eficiencia y mayor competitividad de los productores extranjeros con relación a los locales.
Por lo tanto, no tenemos por qué renunciar a tales instrumentos y debemos adecuar, por ejemplo, la Ley de Distorsiones vigente, pues es extraordinariamente burocrática y tarda de seis a ocho meses en aplicarse. En los países desarrollados esos instrumentos se aplican en 24 horas, esto es, primero se emplean, y después se pregunta qué pasa.
Grande es la tarea que tenemos por delante, pero, a la vez, es una oportunidad única que sería imperdonable desperdiciar. Lo dije cuando firmamos el Acuerdo con la Unión Europea. La importancia de estos tratados es que nos demuestran que podemos soñar en grande y convertir los sueños en realidad. Pero hay que dejar atrás las desconfianzas, los temores y el pesimismo. Hemos probado que somos capaces de lograr cosas importantes si actuamos con unidad y perseverancia. Cuando nos planteamos grandes desafíos demostramos que somos un país digno, de grandes fortalezas y con gente responsable y emprendedora.
Por último, señor Presidente -como lo dije ayer en la Comisión-, hoy tenemos que competir en el mundo. Cuando recibimos a los distintos sectores de la economía (textiles, calzados, agroindustria) hablamos de que los productos llegan. Las exportaciones textiles de China invaden el mundo. Di el ejemplo de Brasil, país que no quiere negociar el ALCA con Estados Unidos, que tiene grandes barreras proteccionistas, el que ha invadido ese mercado con zapatos. Y así, son miles los ejemplos. Nosotros tenemos que prepararnos para competir en ese mundo. Sin Tratado, no lo podemos hacer. Él nos da seguridad jurídica, un marco, una forma civilizada de resolver las controversias. Y ése es el gran significado que hay detrás de esto, a lo cual doy un sentido de futuro especial, para lo que viene y para el mundo que nos corresponderá vivir.
He dicho.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Cómo vota Su Señoría?
El señor FREI (don Eduardo).-
A favor, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , considero justo empezar mis palabras manifestando un reconocimiento por lo que ha significado este Acuerdo desde el punto de vista de la política de apertura de nuestra economía hacia el exterior, que ha venido desarrollándose en los últimos años, política que empezó hace veinte o veinticinco años. Y con la firma de este Tratado culmina una etapa de varios acuerdos que, en lo general, reflejan una conducción política exitosa, con una visión de país muy significativa.
Lo que se iniciara probablemente con otra estrategia -reducción unilateral de aranceles-, ha continuado a través de estos acuerdos bilaterales, o a veces multilaterales, o al menos de grupo de países. Ello ha generado una consolidación de reglas del juego que a mi juicio tendrá muchas consecuencias positivas para el futuro; por ejemplo, impedir aventuras estatistas que quieran retrotraer nuestra economía a estrategias del pasado, que no han dado al país los beneficios que hemos conocido con la que hoy se lleva a cabo. Hay, por tanto, estabilidad hacia adelante; existe un reconocimiento internacional a la gestión, no sólo del Gobierno, sino -diría- de Chile como país, y, por lo mismo, estamos asumiendo una nueva etapa. Ciertamente, después de firmar acuerdos tan importantes como el suscrito con la Unión Europea, éste y otros con Canadá, México , los países de la EFTA y otros tantos, nos encontramos en un momento nuevo. En particular al firmar un tratado con Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo, nuestro principal socio comercial. Todo ello redunda en algo trascendente.
Soy de aquellos que creen que nuestro desarrollo económico tiene que estar ligado a la nación del Norte. Por ende, acuerdos bilaterales como el que nos ocupa apuntan en la dirección correcta, no solamente en el corto plazo, por lo que puedan representar en cuanto a atraer inversiones, bajar el riesgo-país, sino por lo que significa enfrentar el futuro unido a ese tipo de aliado.
Después de estos comentarios, muchos se preguntarán por qué me abstuve en la Comisión y por qué voy a mantener ese voto en la Sala.
Quiero explicarlo -desgraciadamente el tiempo es breve-, porque me parece que una política de esta naturaleza, que culmina una etapa y que presenta un desafío tremendo para Chile hacia adelante, a mi parecer no se está tomando como debiera hacerse, pensando, no en una situación estática, en una foto de hoy, sino más bien proyectando cuál debe ser la forma como el país asume este desarrollo. Porque, con todo lo positivo y las ventajas que se divisan, hay sectores que se ven afectados, en mayor o menor medida, según el caso, y también de manera acumulada, según lo que ha ocurrido en el pasado, lo cual nos obliga a pensar de otro modo nuestro futuro. Y yo estimaba que ésta era la oportunidad para hacerlo.
En lo específico, diría que es positivo en lo macro, pero en lo micro hay muchos aspectos negativos, sin perjuicio del costo que hemos tenido que pagar todos los chilenos por el alza del IVA, que -es bueno recordar-, entre otras justificaciones, se debe precisamente a los menores ingresos que se recibirían como consecuencia de este Acuerdo.
En áreas más específicas, a la Comisión concurrieron muchas personas que entregaron sus opiniones; y de su análisis se desprende que el Tratado causará efectos en el sector agrícola, particularmente en rubros como el triguero.
Los representantes de la pequeña y mediana agricultura, en nombre de 500 mil familias, dieron a conocer su preocupación por el futuro. Porque nos estamos asociando con el país que más subsidia la agricultura en el mundo, donde sólo en la última legislación el conocido "farm bill" ha dado más de 150 mil millones de dólares para apoyarla a cambio de nada. Para los pequeños y medianos agricultores chilenos no es tarea fácil competir en esas condiciones.
En otras áreas, como la ambiental y la laboral, nos piden que se cumpla la legislación, lo que parece muy razonable. Pero en cuanto a la normativa ambiental -lo señalaron diversas organizaciones-, puede representar para ellos algo que no están en condiciones de hacer. Pero si lo estuvieran, los obligaría a elevar sus costos y, por lo tanto, generar dificultades no menores.
Algo semejante puede ocurrir con las exigencias laborales, donde nos exponemos, además, a paneles y a multas que no serán fáciles de sobrellevar. Además, por ciertas actitudes norteamericanas del pasado que todos conocemos, muchas veces es posible que tales disposiciones sean usadas como pretexto para paralizar la competencia cuando empieza a dificultarles su existencia.
A las pymes también se les presenta un escenario difícil para competir, por la sencilla razón de que son muchas, están altamente endeudadas, no tienen debida capacitación y, sobre todo, poseen un bajo perfil tecnológico. Todo ello nos hace pensar en las complicaciones que este Tratado puede representar para las principales proveedoras del empleo en Chile.
En otras áreas, como la propiedad intelectual, también se plantea la inquietud de que hay exigencias difíciles de cumplir, generadas en los acuerdos suscritos, no sólo éste, sino también el celebrado con la Unión Europea.
Finalmente, estamos frente a una asimetría en la defensa de Chile por los subsidios entregados en el extranjero. La leyes antidumping de Estados Unidos no se comparan -como recién sostuvo el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- con nuestra legislación antidistorsiones comerciales, pues allí comprobamos no estar suficientemente protegidos.
Por lo tanto, hay sectores agrícolas -las pymes y, en general, ciertas regiones-, que de alguna manera quedan amagados por esta situación.
Frente a esa realidad, pensando en el futuro y tratando de cambiar el escenario, trabajamos con un grupo de Parlamentarios y propusimos un conjunto de políticas públicas para que se discutan y acuerden durante este debate.
¿Qué planteamos? La adopción de medidas para el desarrollo regional, entre ellas, un incentivo a las inversiones en las regiones, con beneficios tributarios y otros que den cabida al ingreso de recursos. Éstos han desaparecido en el último tiempo, generando un desequilibrio en el desarrollo de aquéllas versus la Región Metropolitana.
También sugerimos ajustes en el área agrícola, vía reasignaciones de recursos comprometidos con la agricultura, como son los fondos destinados a ésta cuando se aprobó el Acuerdo con el MERCOSUR y se rebajaron los aranceles.
No se trata de solicitar compensaciones, como desgraciadamente responde el señor Ministro de Hacienda cada vez que le planteamos esta materia. Jamás pedimos compensaciones; pero sí reasignaciones de dineros para ir en apoyo de los sectores que lo necesitan. Lamentablemente, no hemos recibido respuesta.
Solicitamos que se focalice el gasto en el INDAP. Sin embargo, en la Ley de Presupuestos comprobamos que en vez de mejorar la forma como se invierten recursos en esa institución, se recortan Partidas por otras razones que probablemente son muy justificadas.
Asimismo, sostuvimos que el SAG debe modernizarse si vamos a exportar carne, artículos lácteos, etcétera, e importar muchos productos animales y vegetales. Necesitamos un SAG distinto al de hoy. Por desgracia, tampoco recibimos informaciones, y sólo sabemos que se reduce su presupuesto.
También planteamos la inserción regional en el comercio exterior para el desarrollo de estrategias, como las de apoyo entregadas por PRO-Chile y el Ministerio de Agricultura a un reciente viaje que se realizó desde la Región del Maule a algunos países asiáticos.
Hemos pedido una reingeniería del gasto del Fondo de Desarrollo Regional, en donde sólo 4 por ciento de lo utilizado en 2002 tuvo orientación productiva.
Como mencioné antes, solicitamos defensa del proteccionismo externo. La ley antidistorsiones realmente constituye una burla. Aquí he entregado cifras que demuestran que no hay defensa que Chile pueda hacer eficaz y oportunamente en contra de la invasión de productos provenientes del país proteccionista con que nos estamos asociando.
El tema de las pymes también exige una política especial. Estados Unidos la tiene: el Small Bussines Administration Act. Se trata de un estatuto especial para la pequeña y mediana empresa, que le da garantías, por ejemplo, de acceso seguro al 20 por ciento de las licitaciones públicas.
¿Podemos generar algo semejante? ¿Es posible elaborar un estatuto para las pymes, a fin de asegurar que la principal proveedora de empleo del país tenga un reconocimiento?
En cuanto a educación y capacitación, aquí se ha dicho que enfrentamos competencia; y competir significa estar preparados, lo cual a su vez implica capacitar el recurso humano, tanto en la educación como en el manejo de tecnologías. Pero no estamos al mismo nivel en todo Chile. Los resultados educacionales así lo demuestran. No hay una cultura emprendedora, que es lo que necesitamos para asumir este desafío, que está fundado precisamente en eso.
Hemos planteado la necesidad de una institucionalidad que pueda absorber, uniendo los esfuerzos públicos y privados, esta nueva etapa de Chile en el comercio exterior.
Sobre estas materias, las respuestas que nos llegaron tardíamente no dan cuenta de un compromiso en los términos en que lo hemos pedido. Se han formado comisiones en los ámbitos agrícola y regional para enfrentar esta materia. Tengo el recuerdo de la Mesa Agrícola, cuando con varias de las personas que representan al Gobierno y que están presentes ahora en la Sala, firmamos algunos acuerdos el 1º de enero de 2002. Por ejemplo, se creó la Comisión Antidistorsiones, que hasta hoy día no ha funcionado ni se ha impulsado su labor, según compromiso de las esferas oficiales en esa época.
En consecuencia, no puedo pensar que la sola existencia de comisiones garantice lo que estamos solicitando, como una manera de enfrentar el problema.
En seguida, planteamos el tema del proteccionismo. La respuesta que nos han dado, a través de un memorándum de trabajo del Gobierno, indica que está muy bien lo que funciona, que lo hace adecuado a toda la legislación. Por lo tanto, no queda nada por realizar para defendernos de los subsidios externos.
Subrayamos lo de la institucionalidad del comercio exterior, y la respuesta ha sido la misma, según consta en un borrador de documento.
Es cierto que la señora Ministra , en su intervención de hoy, hizo alusión a una actitud distinta.
Quiero reconocer que cuando hemos planteado estos temas individualmente a distintas autoridades del Ejecutivo , particularmente a la señora Canciller y al Ministro de Agricultura , aquí presentes, las respuestas fueron las adecuadas. Sin embargo, no lo han sido cuando el Gobierno, como tal, no asume el compromiso de enfrentar el futuro.
No deseo seguir efectuando un análisis pormenorizado de mis inquietudes, porque de cada una de ellas puede desprenderse que no hay una libertad real o que existe una suerte de autocomplacencia al considerar que todo se hace bien. Por lo tanto, parece que no se estimara la opinión de este grupo de Parlamentarios que han querido sumarse en forma positiva al presente Acuerdo, porque, como señalé, debemos efectuar lo necesario como país.
En consecuencia, cuando se enfrenta la decisión de votar, de tomar parte en forma responsable en este Tratado de Libre Comercio, y observamos que las regiones van quedando rezagadas, que no reciben el mismo trato ni iguales oportunidades, que el incremento del Producto Interno Bruto en la última década ha sido dispar y sólo ha crecido significativamente la Región Metropolitana en desmedro de las demás, y si restamos las inversiones mineras en todas las regiones, uno se da cuenta que hay una estrategia de desarrollo de país que no ha sido asumida y que no se vislumbra el futuro con justicia, en forma armónica y equitativa.
Cuando pensamos en las familias del mundo rural, comprobamos el efecto acumulativo de estos acuerdos, empezando por el del MERCOSUR -no tuve vacilación en votarlo en contra-, porque era evidente que de él derivarían sólo consecuencias negativas para el sector, en particular para la agricultura tradicional. Lamentablemente, hemos tenido razón, porque años después podemos comprobar cuánto se sufre en el mundo rural debido, precisamente, a dicho Acuerdo.
A lo anterior se deben agregar algunos impactos directos en determinados sectores nacionales, por mucho que se beneficien otros. Efectivamente, se favorece al sector frutícola y al maderero. Dentro de este ámbito tenemos rubros que serán beneficiados; pero no es así respecto de todos ellos.
Tocante a los principales productos de la agroindustria, como tomates y duraznos en conserva, quedan postergados por muchos años. El azúcar nunca podrá entrar a Estados Unidos, según las condiciones pactadas.
En consecuencia, las posibilidades de enfrentar en forma positiva este desafío por parte del mundo agrícola, son muy limitadas. En cambio, el impacto negativo que pueda tener en algunos sectores es muy amplio, y los beneficiados son cuantitativamente pocos. A lo mejor, rendirán mucho en cifras de exportación, pero poco en los bolsillos de muchos. Y es lo que debe prevenirse.
Finalmente, debo decir que en la pequeña y la mediana empresa se registra el mayor porcentaje de empleo. Por mi parte, debo constatar que, pese a los numerosos acuerdos de libre comercio y la estrategia aplicada -que ha sido exitosa para el país-, el desempleo se ha ido consolidando en términos muy amplios en los últimos cinco años. Y la relación es obvia. Por mucho que el país crezca, desde el punto de vista de su tamaño económico, no lo hacen los sectores con menor situación económica.
De hecho, en la actualidad la distribución del ingreso es igual a la que se registraba en 1990; es decir, no ha mediado un cambio cualitativo en la condición de los más humildes. Ha crecido la economía -tres veces, probablemente-, pero no ha cambiado un ápice la situación de los más pobres. Y en los últimos cinco años sí han aumentado los indigentes y se han mantenido los niveles de pobreza.
¿Cómo puedo permanecer indiferente a esa realidad, que afecta, principalmente, a quienes se hallan en el mundo de la pequeña y la mediana empresa, porque ahí es donde se encuentran las posibilidades de incorporarse al mundo del trabajo, lo que en la actualidad les es negado?
Señor Presidente , a mi juicio, el bien común es el de todos, no el de la mayoría ni el de algunos sectores. Y me parece justo exigir la vigencia de políticas públicas que permitan que los beneficios del desarrollo -es algo que comparto en su línea y filosofía fundamentales- no queden restringidos a ámbitos determinados. Por mucho que el país avance, se necesitan políticas estatales que apunten al futuro, pero siempre que éste sea el de todos los chilenos.
Por ello, el buen acuerdo que nos ocupa no podrá contar con mi adhesión, desgraciadamente, a diferencia de lo que habría ocurrido de haber encontrado la respuesta no sólo de algunas personas, como la propia señora Canciller , sino también del Gobierno, en cuanto a medidas que realmente comprometieran, con visión de futuro, lo que debe ser la respuesta de Chile a una nueva etapa del desarrollo nacional.
Me abstengo.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , al fundar mi posición frente al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, debo, en primer término, reiterar mi adhesión a los principios de libertad económica y política, así como expresar mi rechazo más categórico a los proteccionismos de algunos países desarrollados, que limitan el desenvolvimiento de los que no lo son.
Una de las características negativas que hoy se presentan con mayor frecuencia en los mercados internacionales es la evidente protección que en particular Estados Unidos, los países industrializados de Europa y algunos de Asia aplican respecto de ciertos sectores que denominan "estratégicos". Es decir, colocan a veces obstáculos insalvables a naciones que se encuentran en desarrollo. Queriéndolo o no queriéndolo, a menudo plantean más bien un comercio muy particular: "Que los países en desarrollo nos hagan llegar las materias primas y nosotros damos el valor agregado.". No parece, por cierto, algo justo ni ecuánime.
Obviamente, tratados y acuerdos como el que nos ocupa deben ser considerados con una visión de país. Desde luego, coincido en que el camino que Chile está escogiendo mayoritariamente es sin retroceso. Se opta, dentro de una línea global, por el camino de la libertad de emprendimiento, de la libertad de comercio, de la libertad en general, que es propia también de países con libertades políticas. Me parece que con ello se deja atrás cualquier vestigio de estatismo o de otro tipo de regímenes que en el pasado causaron mucho daño e hicieron perder tanto tiempo, y que, naturalmente, afectaron no sólo a vastos sectores, sino también, en general, a todo el país.
Concuerdo en que con el Tratado existen sectores claramente ganadores y otros, perdedores. La situación de las pequeñas y medianas empresas, en especial por su escaso desarrollo tecnológico y endeudamiento, genera riesgos adicionales muy serios que es preciso enfrentar a través de incentivar la asociatividad, por ejemplo por la vía tributaria, para la creación de entes integrados que mejoren sus posibilidades en los procesos productivos y de comercialización. Ello resulta muy patente en el caso de las oportunidades textiles, que se podrían aprovechar si los pequeños artesanos de La Ligua, por ejemplo, se asociaran con éxito para enfrentar los mercados internacionales.
Hemos hecho presente al Supremo Gobierno la posibilidad de avanzar en la aprobación de tratados de libre comercio y, al mismo tiempo, acordar y aprobar diversas políticas públicas que permitan un mayor y mejor desarrollo regional a través de incentivos claros para la inversión en ese nivel, políticas de ajuste agrícola, cambios en el ámbito minero, a fin de reasignar recursos a sectores desfavorecidos y modernizar, a la vez, la institucionalidad de todos.
Estimo que se deben rediseñar las políticas de defensa del proteccionismo. Hoy nos encontramos enfrentados a una batería muy poderosa y eficaz que muchas veces utilizan los países desarrollados y que se podría denominar "protección", entre comillas, antidumping. A mi juicio, con frecuencia esas políticas no son más que barreras paraarancelarias, a fin de limitar el acceso de los productos de países en desarrollo.
Es necesario prestar particular atención a las cláusulas de salvaguardia, ya que con ellas pueden suscitarse serias dificultades el día de mañana si algunos de nuestros sectores logran penetrar con éxito en mercados en que es posible realmente afectar, en alguna medida, a algún Estado de la Unión.
Por otra parte, se debe reconocer que la consolidación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es sin duda un aspecto claramente positivo, pues se evitarán futuras arbitrariedades en la medida en que, sin tratado, tenía lugar simplemente una decisión unilateral y voluntaria. El tema es capital, porque no cabe la menor duda de que, con su actual desarrollo, Chile tenía cada vez menos posibilidades de acceder a dicho mecanismo, justamente establecido para países de menor crecimiento relativo.
Igualmente, juzgamos que se requiere adoptar medidas oportunas para impulsar lo que hemos denominado "cultura emprendedora". Y ésta debe surgir desde la base misma de la educación y capacitación.
El impulso a la pequeña y la mediana empresa -en lo cual coincido, y soy reiterativo- debe ser asumido como un desafío público y privado, ya que en casos como el de nuestra contraparte estadounidense existen los estatutos especiales de que se ha dado cuenta y que, evidentemente, nos obligan a avanzar, para que también en Chile rija uno para las pymes.
Considero, sinceramente, que en la medida en que se coloque a la pequeña y la mediana industria en posición de poder enfrentar realmente ese tipo de situaciones, se estará contribuyendo a administrar mejor el Tratado. Una cosa es negociar bien un instrumento internacional y otra muy distinta es cómo se administra. Y, en ese aspecto, se deben guardar consideraciones muy particulares respecto de los sectores que, como la pequeña agricultura y algunos otros del mismo rubro en la zona sur, se hallan en clara desventaja frente al desafío de competencia.
Las fuentes generadoras de empleo se encuentran sin duda radicadas en el mejor desarrollo de las pymes. Y de allí nuestra insistencia en un programa adecuado para que logren éxito.
Resulta vital que la pequeña agricultura cuente con un organismo distinto del que funciona en la actualidad. No puede mantenerse un INDAP lleno de limitaciones y que ha cumplido un ciclo. No utilizaré esta tribuna para formular una crítica a ese organismo; pero sí deseo afirmar que debemos ser capaces de poner en marcha un Instituto de Desarrollo Agropecuario real y efectivo, que preste de verdad asistencia técnica para transformar la pequeña agricultura en una actividad exportadora, productiva, y no una mera asistencialidad política, como muchas veces, desgraciadamente, ha ocurrido en este país.
Creo que una mención muy especial merecen los mecanismos de solución de controversias. Aquí se ha señalado que, si no tuviésemos la posibilidad de acceder a dichos mecanismos, simplemente estaríamos en la peor de las situaciones. Nuestro estado sería como el de aquellos productores de Los Andes y San Felipe que, simplemente, vieron cómo un par de gajos de uva envenenada liquidaron prácticamente toda una producción. Hasta ahora, después de 13 años, no ha existido posibilidad alguna de conseguir algún reconocimiento o indemnización respecto de un hecho tan lamentable, injusto e inequitativo como fue aquél. Y las uvas no fueron envenenadas en Chile; lo fueron en Estados Unidos. Con el Senador señor Lavandero tuvimos oportunidad de estar en la Food and Drug Administration, en Filadelfia, y somos testigos de lo que allí ocurría.
Pero hoy es distinto. Creo de verdad que la modernización también debe alcanzar a la institucionalidad pública a través de la creación de una nueva estructura ante los escenarios que emergen, como son los que conoceremos después de aprobados estos Tratados con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con algunos países del Asia. Es especialmente importante tener en cuenta los servicios que se requerirán, porque deberemos tener un Servicio Agrícola y Ganadero moderno, que efectivamente se mantenga en una posición de punta; que pueda conseguir la homologación que requerimos para las carnes blancas en Estados Unidos, y que logremos tener prácticamente al día todas nuestras certificaciones, porque por ahí también se nos puede escapar la libre competencia, que vive asediada por enemigos que son ni más ni menos los que buscan protección, y están muchas veces en los países desarrollados.
Queremos un PROCHILE y una CORFO renovados, que miren el nuevo escenario que se abre en nuestro país, lo cual requiere una voluntad conjunta del Ejecutivo y el Legislativo. Es por eso que durante el debate habido en la Comisión especial que estudia estos tratados de libre comercio me permití proponer que ella se convierta en un órgano permanente. Y puedo anunciar a la Sala que, hace algunos minutos, ha ingresado a la Secretaría un proyecto de acuerdo para modificar el Reglamento del Senado en tal sentido y seamos contraparte del Ejecutivo. ¿Qué mejor garantía puede tener el Congreso que la de ser contraparte del Gobierno?
Hoy hemos recibido una misiva enviada por la señora Ministra de Relaciones Exteriores , en nombre del Gobierno. No queremos que la carta signifique que todo quede en simples declaraciones, sino que se transforme en un ente impulsor para los sectores favorecidos por este Tratado. ¿Qué mejor compromiso que responder esa comunicación con la aprobación por parte del Senado de la modificación del Reglamento? En esta oportunidad, el viento no puede llevarse las palabras; éstas deben tener un sentido práctico y real. Y desde una posición constructiva, con una visión de Estado, vamos a hacerlas exigibles para posibilitar la adopción de las políticas públicas necesarias tendientes a modernizar las instituciones.
Señor Presidente , voté negativamente el Tratado con el MERCOSUR y el tiempo nos ha dado la razón. Creo que debemos buscar la manera de convenir acuerdos distintos con nuestros vecinos del Cono Sur, ya que el nuevo escenario lo impone. El MERCOSUR es una unión aduanera que lo único que ha traído son problemas. Es un Tratado que nació con la imperfección de carecer de mecanismos de solución de controversias. Aquí lo dijimos tres Senadores que votamos negativamente aquel instrumento.
No voy a hacer lo mismo en esta oportunidad, porque tengo la experiencia extraída del MERCOSUR. Prefiero luchar desde dentro, hacerlo en forma positiva, constructiva. Prefiero actuar a través del trabajo conjunto con el Ejecutivo para mejorar las condiciones que he señalado. En la Región que represento existen sectores muy favorecidos con este Acuerdo; no debo desconocer tal circunstancia. Están el vino, la fruta, una serie de sectores productivos que se benefician. Sin embargo, debo atender a una visión global de país. Y, con esa perspectiva, uno tiene que escoger entre actuar con fe y ser optimista, o dejarse llevar por un espíritu más bien negativo.
Seré positivo y optimista, señor Presidente ; pero voy a actuar confiado en que esta vez vamos a tomar una decisión de país. Y cuando se apruebe este instrumento, nos abocaremos al propósito de convenir las mejores posibilidades para nuestra nación. No nos interesa política de compensación alguna. A veces, los periodistas creen que todo se reduce a una política compensatoria de subsidios para determinados sectores. Jamás pido eso. Lo que espero es algo muy distinto: equidad para que la pequeña y mediana industria queden en situación de luchar a la par con sus congéneres norteamericanas, europeas o asiáticas. Quiero luchar para que el pequeño agricultor no se deje seducir por una asistencialidad política que no tiene sentido. Debemos mirar esta oportunidad desde el punto de vista de la juventud proveniente de las familias de pequeños agricultores; ellos deben saber que efectivamente pueden contar con la esperanza de un futuro concreto; no simplemente de un régimen asistencial dependiente de la arbitrariedad de un funcionario.
Por tales razones, señor Presidente, voto a favor del Tratado de Libre Comercio.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo advertir a los asistentes a las tribunas que cualquier manifestación en contra me obligará a hacer desocupar el recinto. Aquí se viene a escuchar en silencio.
Ofrezco la palabra al Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, los socialistas, como se sabe, vamos a votar a favor este Tratado, y lo haremos con mucha convicción...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pido por favor a la persona que hizo ese comentario que se retire de la tribuna. No permito a nadie que falte el respeto al Senado.
¡Que se proceda a expulsar a los que están interrumpiendo!
Prosigue con el uso de la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Se cierra con este Acuerdo un ciclo que, de alguna manera, ha significado la aplicación de una política de apertura de la economía chilena, acompañada de tratados de libre comercio bilaterales o multilaterales. Es una estrategia que iniciamos con los primeros Gobiernos de la transición. La apertura comercial chilena se realizó en los años 70 y 80, de manera bastante brutal, que significó, sin duda, costos mayores desde el punto de vista de sectores productivos importantes del país, fundamentalmente toda la industria vinculada a la sustitución de importaciones, y acompañada de crisis económicas y sociales bastante agudas, como las que se vivieron en los años 1974 y 1982. Por consiguiente, los costos de la apertura los había pagado el país de manera muy dura.
La decisión estratégica que hubimos de tomar durante los nuevos Gobiernos, a partir del que encabezó el Presidente Aylwin , consistía en mantener una política de apertura de nuestra economía chilena hacia los mercados internacionales. Y la decisión que adoptamos fue mantener la apertura, en la convicción de que una economía pequeña como la nuestra no tenía condición alguna para desarrollarse con estabilidad y equidad sobre la base de las políticas proteccionistas que habían sido eficaces en América Latina y en Chile para desarrollarnos a partir de la década de los 40.
Creo que fue, sin duda, una opción correcta. Al mismo tiempo, corregimos la política de la apertura unilateral, que significaba para el país pagar los costos de la desprotección a cambio de nada, por una de acuerdos bilaterales y multilaterales. De tal manera que, junto con abrir la economía chilena, accediéramos a otros mercados del mundo, como son los de Europa, América Latina y los Estados Unidos.
Fue así como con bastante acuerdo del país firmamos tratados de libre comercio con Canadá, México , Venezuela y Colombia. Además, acompañamos esa estrategia comercial con la firma de algunos convenios que no sólo eran comerciales, sino también políticos, con aquellas áreas del mundo con las cuales nos interesaba asociarnos comercial y políticamente.
El primer Convenio de este tipo fue el de Libre Comercio con el MERCOSUR, que significó, además de una apertura comercial con nuestros principales socios, vecinos y hermanos del cono sur del continente, la asociación política de Chile a ese organismo, junto con Bolivia.
Luego, se suscribió un Acuerdo de unión política y económica con Europa, donde aparte la dimensión comercial, nos interesaba la asociación política -desde nuestro punto de vista, por lo menos-, por considerar que hay afinidades culturales y políticas particulares entre los países de América Latina y los de Europa occidental.
El Tratado en análisis se inscribe en ese ya largo proceso y se caracteriza por reducirse al ámbito comercial. No hay una dimensión política en el Convenio que estamos ratificando hoy con los Estados Unidos de Norteamérica.
Ahora, desde el punto de vista comercial -quiero hacer esa afirmación con mucha fuerza aquí-, no hay ningún sector de la economía chilena que se vea perjudicado. Porque a veces se argumenta, desde la perspectiva comercial, como si éste fuera el primer tratado que firmamos y nuestro país tuviera altos grados de protección; pero ello no es así. Hemos firmado acuerdos de libre comercio, con cero protección en el tiempo, con economías del más diverso tipo, algunas desarrolladas, como la de Brasil, que es la octava o novena potencia industrial del mundo, así como las de Canadá, México y Europa. También hemos suscrito acuerdos que liberalizan el comercio con las grandes potencias agrícolas de productos tradicionales, respecto de las cuales Chile es sensible, como Argentina y Brasil.
Se ha dicho aquí, con razón, que el tratado agrícola duro fue firmado con el MERCOSUR. Es curioso, porque quienes están en contra del Tratado con América del Norte, por distintas razones -a veces ideológicas-, no piden que dejemos el MERCOSUR. Yo tampoco. Pero, desde el punto de vista agrícola, la negociación dura, difícil para nuestros sectores tradicionales fue con Argentina, porque debido a la riqueza natural de ese país nos cuesta competir en trigo, en carne bovina, etcétera. Y no obstante representar a una Región agrícola, voté por la aprobación del Tratado con el MERCOSUR, porque considero fundamental la integración con ese tremendo espacio, no sólo desde el punto de vista económico, sino también político.
Desde una perspectiva comercial, en mi opinión, existen básicamente ventajas. Sin embargo, advierto un problema: los instrumentos que hemos tenido para sostener los precios agrícolas de los productos más sensibles de nuestra agricultura, como el mecanismo de la banda de precios para establecer la estabilidad del valor del trigo, en doce años más no los podremos utilizar. Y en ese lapso deberemos estudiar los instrumentos para sustituirlos. De modo que aquí sí hay un problema. Debo hacer presente que la banda de precios ha sido bastante cuestionada. Ha habido un panel de Argentina contra Chile en la Organización Mundial de Comercio por la utilización de ese mecanismo. Lo ganamos, pero no siempre va a ser así. Efectivamente, aquí hay un instrumento al cual deberemos renunciar en doce años más, que he defendido como útil para estabilizar los precios de algunos "commodities" agrícolas que tienen comportamientos muy irregulares en los mercados internacionales.
A mi juicio, la mayor concesión que ha debido hacerse en la negociación de este Tratado es la pérdida de la libertad que teníamos para establecer una política de encaje al ingreso de capitales de corto plazo, que fue exitosa -por cierto, no es neoliberal-, y permitió a Chile sortear con mucho éxito algunas de las crisis financieras que hemos enfrentado en los últimos años.
No se ha renunciado completamente a la posibilidad de establecer restricciones al ingreso de capitales de corto plazo para evitar las crisis producto de los juegos especulativos del capital financiero internacional. Pero queda un mecanismo excepcional, que puede ser usado una sola vez por el país. Por consiguiente, hemos perdido libertad de movimiento en un asunto que no deja de ser importante, por cuanto las crisis producidas en los últimos años en las economías de América Latina han estado muy vinculadas al repentino retiro de capitales de corto plazo, lo cual provocó la de México, en 1994, y últimamente la asiática.
También valoro la reserva cultural que se hace en el Tratado, que permitirá desarrollar políticas de fomento y protección de la cultura nacional. Asimismo valoro que se hayan incorporado como capítulos tanto las cláusulas laborales como medio ambientales, porque ellas comprometen al país a respetar estrictamente -son compromisos bastante obvios pero importantes, como lo expresé en la Comisión- la legislación laboral, que en Chile no se cumple rigurosamente.
En la Región del Maule, este verano la Inspección del Trabajo, tras controlar la observancia de la aplicación de la legislación laboral, fundamentalmente respecto de trabajadores de temporada, comprobó que el 80 por ciento de las empresas presentaba algún grado de incumplimiento. El día de mañana esta situación podría ser objeto de una impugnación en paneles mixtos. Me parece bien que Chile se comprometa a cumplir su legislación laboral y medioambiental en un documento vinculante con otro país.
Finalmente, deseo hacerme cargo de un argumento que se ha dado en el debate habido en Chile, que seguramente se va a repetir en el Senado, en el sentido de que el Tratado limitaría la capacidad de desarrollar políticas internas y, por lo tanto, nos condenaría de por vida a un modelo de desarrollo inspirado en el neoliberalismo. Ése es un argumento que se escucha y se fundamenta, pero no lo comparto.
Si observamos la discusión que se está dando en el país, e incluso en el Congreso, en torno del tema de los tratados y de la apertura, uno debe concluir que el efecto ha sido exactamente el contrario. Yo invito a hacer esa reflexión. Porque se ha repuesto con gran fuerza el argumento de que Chile necesita debatir una estrategia de desarrollo que le permita enfrentar los desafíos de la apertura, debate que en los últimos veinte años ha tenido muy poca fuerza entre nosotros. Si hubiéramos planteado esa discusión hace cinco años, muchos sectores nos habrían acusado de ser una suerte de desarrollistas trasnochados de los años sesenta. Durante bastante tiempo, muchos de ellos, incluidos algunos de Gobierno, del cual formo parte y al que apoyo, han creído que basta la apertura y una buena y responsable política macroeconómica para lograr el desarrollo del país. Y eso, claramente, no es así. Sin embargo, a este respecto se está formando una opinión mayoritaria de sectores que a mí me sorprenden a veces. Tal situación es posible observar en quienes componen las bancadas de enfrente, cuando piden estrategias de desarrollo, intervención del Estado. Ellos han sido los campeones del neoliberalismo en Chile, cuyos centros de estudio, como Libertad y Desarrollo, son -lo dije hace poco- de un neoliberalismo casi enternecedor, por lo ingenuo.
La discusión que viene, y que es preciso impulsar con mucha fuerza, se refiere a la necesidad de llevar a cabo una estrategia de desarrollo que permita superar los grandes obstáculos que éste presenta en nuestro país, por ejemplo, la brecha tecnológica, que aún nos separa de economías de niveles de progreso medio y alto como los deseados; la baja calidad educacional; la desigualdad social, que se convierte en un inconveniente severo para un desenvolvimiento más integrado, y fundamentalmente la ausencia de una reforma de los instrumentos y de las políticas públicas y del Estado que permita que efectivamente las economías campesinas, las pequeñas empresas, industriales, comerciales y tecnológicas, se incorporen al desarrollo de los mercados externos e internos.
Lo anterior, a mi juicio, será el debate sustantivo de los próximos años, y en él queremos participar de manera muy activa.
Saludamos como un signo positivo la decisión del Gobierno de constituir, por lo menos en el ámbito de las políticas de desarrollo agrícola, un Comité Interministerial, y esperamos que ésta no sea una resolución de carácter burocrático, sino que efectivamente podamos generar en el plazo comprometido de 180 días una estrategia de desarrollo de la agricultura nacional en estas nuevas condiciones. Y creo que una discusión similar debería llevarse a cabo no sólo respecto del área agrícola, sino del conjunto de la economía del país.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , Eduardo Galeano , el célebre escritor uruguayo, en una obra de publicación reciente, dice que Alicia después de visitar el País de las Maravillas se metió en un espejo para mirar el mundo al revés. Ahora le bastaría asomarse por la ventana a nuestra realidad. Vería a la Izquierda en la Derecha, al ombligo en la espalda, a los pies en la cabeza.
Hoy se nos convocó a aprobar un Tratado de Libre Comercio que, en rigor, no es libre, pues establece graves restricciones al ejercicio de nuestra soberanía. Tampoco es de comercio exactamente, por cuanto se limita a fijar las reglas del juego que Estados Unidos nos impone.
Entonces, seguimos en el mundo al revés del que habla Galeano.
En este contexto, de todos modos, cabe hacerse una pregunta que parece ingenua, pero es fundamental: ¿Son complementarias las economías de Estados Unidos y Chile? La respuesta es sí, pero en la lógica de la subordinación de nuestros intereses.
Así nos hablan las cifras.
La relación comercial entre la economía chilena y la norteamericana es la clásica del Tercer Mundo. Mientras nuestro país exporta básicamente materias primas sin ningún tipo de procesamiento o escasa transformación, esa nación nos vende productos elaborados y servicios. De este modo, más de 90 por ciento de los envíos de Chile al país del norte son recursos naturales. La relación es inversa para las exportaciones de Estados Unidos, pues más de 90 por ciento corresponde a productos industriales de alto valor agregado.
El Tratado no altera en absoluto esta fatal relación de intercambio. Más bien profundizará la tradicional división del trabajo internacional. Los negociadores se vanaglorian de haber alcanzado éxito en su labor. Se contentan con algunas migajas que Estados Unidos ya nos concedía, como el Sistema General de Preferencias u otras reducciones arancelarias a 12 años.
Para ser francos, aquí no hay un acuerdo sino una capitulación. Sé que el término resulta fuerte, pero no es gratuito. Para despejar la duda, remitámonos a lo que dice el propio Fast-Track, esto es, el permiso que otorga el Congreso norteamericano para negociar. En él se señala, con el desparpajo de los poderosos, lo siguiente:
"La expansión del comercio internacional es de vital importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos... ...". Ahora no se mandan "marines", sino inversionistas.
Hoy día los acuerdos comerciales sirven el mismo objetivo que los pactos de seguridad durante la Guerra Fría, comprometiendo a las naciones por medio de una serie de derechos y obligaciones
El documento dice a continuación: "Los Acuerdos de Libre Comercio maximizan las oportunidades para sectores críticos de la economía de Estados Unidos, como la tecnología de la información, telecomunicaciones y otras tecnologías líderes, industrias básicas, equipos de capital, equipos médicos, servicios, agricultura, tecnología ambiental y propiedad intelectual. .".
El comercio creará nuevas oportunidades para que Estados Unidos preserve sus fortalezas sin contrapesos en asuntos económicos, políticos y militares
Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas.
A esta altura, resulta útil hacer un rápido recorrido por los principales logros de estados Unidos. No podemos hablar de los éxitos nuestros, porque simplemente no existen.
Propiedad Intelectual: ésta es una abierta y desprejuiciada defensa de los monopolios. Chile adquirió compromisos que van más allá de los acuerdos ante la Organización Mundial de Comercio. Significarán costos muy importantes referidos a patentes, fiscalización e introducción de una nueva institucionalidad. Todo esto, para cuidar los grandes intereses de las transnacionales, a costillas nuestras.
Las pymes, tan recurrentes en los discursos, serán especialmente perjudicadas. No podrán pagar los software computacionales, pues elevarán en forma sustancial sus costos de producción. La Oficina de Comercio norteamericana estima beneficios para su industria de aproximadamente 70 millones de dólares anuales.
Esto implica traspasos de recursos desde la pequeña empresa hacia Microsoft o, en otras palabras, a Bill Gates, el hombre más rico del mundo.
Comercio Electrónico: en el año 2000 éste alcanzó 350 mil millones de dólares a nivel mundial. El 50 por ciento de esa cifra corresponde a Estados Unidos. La proyección para 2004 es de 3.14 billones de dólares.
En este campo, la dependencia tecnológica será total, con la agravante de que Chile, aun cuando queda con la facultad de fijar ciertos tributos, en la práctica, será muy difícil que lo haga y perderá enormes sumas por concepto de recaudaciones impositivas.
Capital Especulativo: Un objetivo central de los negociadores norteamericanos fue limitar nuestra capacidad para regular el capital financiero. Siendo así, Chile, por supuesto, eliminó el encaje al capital especulativo. Ésta fue una de las políticas más aplaudidas a nivel internacional en los años noventa, pero quedó sólo como un fugaz gesto de dignidad.
Inversión: a este respecto, la Oficina de Comercio de Estados Unidos dice: "las cláusulas de inversión [...] van más allá de cualquier acuerdo que ambas partes hayan firmado, por lo tanto, representan una mayor expansión de las obligaciones bilaterales"...
Y sigue: "las disciplinas en el TLC abarcan lo que la comunidad empresarial de Estados Unidos ha identificado como protecciones fundamentales".
Aquí queda de manifiesto que los norteamericanos no conocen nuestro viejo cuento de la "puntita...". Ellos van con todo, de una vez.
Agricultura: El Tratado de Libre Comercio es el último clavo puesto en el cajón de la agricultura tradicional chilena. Enfrenta la eventual eliminación de las bandas de precios. Paralelamente, Estados Unidos mantiene subsidios que sólo este año significaron más de 180 mil millones de dólares. Violenta la falta de coraje y dignidad para oponerse a esta aberración.
La agricultura es fundamental para mantener con vida al sur del país. La famosa reconversión es sólo fantasía retórica. Por cada mil millones de dólares en ventas, el sector agrícola genera 597 millones en valor agregado y más de 182 mil horas hombre. Mientras tanto, el sector silvícola y maderero, que posiblemente la sustituyan, produce 470 millones de dólares en valor agregado, y sólo 70 mil horas hombre.
La profesora Drusilla Brown , de la Universidad de Michigan, indicó que el Tratado de Libre Comercio tendría el efecto de aumentar el bienestar global en unos 4 mil 700 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos se beneficiaría con 4 mil 200 millones, y Chile, con 500 millones. Todo esto, después de concluida la desgravación arancelaria. Es decir, al cabo de 12 años.
Pregunto: ¿vale la pena sacrificar nuestra dignidad e hipotecar el futuro por 500 millones de dólares?
Ahora, con vergüenza, me referiré a un aspecto que como chileno me resultó humillante: lo relativo a las salvaguardias.
Estados Unidos incluye 52 productos. Entre ellos, diversas especies de frutas frescas, sus conservas y jugos; tomates y sus variadas salsas y preparados; alcachofas, espárragos, cebollas, ajos, etcétera. El país del norte nos fijó, en principio, dos productos...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, le pido que se circunscriba a su tiempo.
El señor ÁVILA.-
Me queda poco, señor Presidente . Creo tener derecho a exigir el mismo trato que se dispensó a la señora Ministra ...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Es un acuerdo de la Sala, Su Señoría, que le solicito respetar.
El señor ÁVILA.-
...y a otros señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por favor, redondee su exposición.
El señor ÁVILA.-
Como estaba diciendo, Estados Unidos nos fijó, en principio, dos productos: huevos y arroz. Pero seguramente atinó que era impresentable tan dramático desbalance. Entonces, con el ánimo de mejorar las cifras de Chile, agregó diversas carnes que dan cuenta del conocimiento de nuestra realidad por aquellas latitudes. Es así como quedamos con salvaguardias para la carne de marsopas, manatíes, dugongos, tortugas de mar, reptiles y, sobre todo, primates.
El presente Tratado, señora Ministra , hará que las futuras generaciones repitan la visión reciente de un niño chileno que, en una carta, retrató así a su país: "Salen barcos llenos de árboles y llegan barcos llenos de autos.".
El señor Osvaldo Rosales , por su parte, ha intentado convencernos de que ha hecho una brillante negociación. Quizás él crea muy conveniente "dar el reloj para que Estados Unidos nos dé la hora". Sin duda, no ha medido el grave daño que le espera al país con la suscripción del Acuerdo en análisis. Desde luego, nos sella dentro de una disciplina económica que sólo protege los grandes intereses transnacionales. Nos están suministrando una "golosina azucarada, sobre una torta de estricnina". La misma receta engañosa que compró México...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Su Señoría, discúlpeme, pero debo ser estricto porque hay muchos Senadores inscritos. Le pido, por favor..
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego a las personas que se hallan en tribunas guardar silencio.
Señor Senador, le solicito que se circunscriba a su tiempo.
El señor ÁVILA.-
Me faltan treinta segundos, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Conforme.
El señor ÁVILA.-
Ellos ya probaron -los mexicanos- "la pasión norteamericana por el libre comercio". Consiste en que el Gobierno estadounidense puede violar a voluntad los acuerdos comerciales.
¡Los que teóricamente defienden nuestra soberanía, sigan comprando juguetes de guerra, mientras los nuevos invasores se adueñan del país! ¡No estoy disponible para esta farsa!
Voto en contra.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ordeno desocupar las tribunas.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:41.
--Se reanudó a las 16:50.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , a pesar de que en lo inmediato puede haber sectores de la economía nacional que se vean perjudicados, el conjunto de resultados que el Convenio traerá al desarrollo y crecimiento de Chile en las próximas décadas será altamente positivo y, aún más, constituirá un factor de creatividad para que se abran nuevas oportunidades de trabajo a nuestros compatriotas.
Hay que tener presente que el Tratado es sólo comercial y no político; pero indudablemente tendrá un efecto colateral en el campo político, tanto interno como externo. Una de sus primeras consecuencias será la demanda de un nuevo enfoque en la educación, el cual deberá sustentar tres conceptos generales.
Primero, volver a los valores que forman el carácter y regulan la conducta de una persona. La seguridad de que el interlocutor chileno es responsable, dice la verdad y cumple sus compromisos será la primera exigencia personal que la sociedad estadounidense esperará de nosotros. Recíprocamente, debemos esperar lo mismo.
Segundo, el lenguaje para los negocios y la comunicación será mayoritariamente el idioma inglés, no sólo en el nivel técnico sino también en el de la cultura general. Ello posibilitará el conocimiento mutuo de ambas culturas.
Tercero, mantener e incluso incrementar la identidad nacional propia del chileno, la cual, por no fomentarse ahora, ha tendido a desaparecer y a no considerarse. La misma exigencia de establecer relaciones entre sociedades altamente globalizadas requiere, para que esta relación sea creíble, que los interlocutores posean identidades nacionales definidas y marcadas que identifiquen claramente el Estado de Derecho al cual pertenece el interlocutor.
El éxito o el fracaso del Tratado y, como consecuencia, la credibilidad de Chile como país serio, con un Estado en forma, dependerá directamente de la seriedad y objetividad con que se avance en la modificación de aquellos aspectos que frenan o retardan la velocidad de los intercambios por venir.
Fomento del Desarrollo
El concepto de libre comercio y la libre empresa es la clave central de la filosofía del éxito. Para ello, la presencia contaminante de ideologías que no creen en la libertad de elegir debe disminuir y, en definitiva, rechazarse. De otra manera, el éxito inicial quedará sólo en los titulares de prensa, sin que en la práctica aparezcan hechos demostrativos del éxito.
Evidentemente, se magnificarán los problemas y pasarán a ser las banderas de lucha de los grupos antisistémicos. Pero la dinámica del mundo actual está evidenciando que la suma total de los resultados de crecer hacia afuera, buscando mercados, es la mejor idea que hasta hoy se ha anunciado y aplicado para avanzar en un desarrollo acelerado. Así se desprende de la historia económica de Chile en estos años.
Buscando el éxito habremos de asumir que el salto tecnológico será mayúsculo. La educación técnica deberá ser apoyada en forma especial y considerada como un esfuerzo separado del resto de la problemática educacional.
Las carreras técnicas tendrán que ser presentadas como el eje central de ese salto tecnológico y entregarse a la sociedad como la mejor solución a la falta de fuentes de trabajo, ya que estas actividades constituyen el alma de las pequeñas y medianas empresas. Sin técnicos éstas no existen. Y sin ellas seguiremos con una alta cesantía.
El Tratado abre espacios para buscar nuevas soluciones en el campo del Derecho Internacional, especialmente en el del Derecho Internacional Marítimo, sobre todo en lo que se refiere a la explotación de las especies marinas y a las reglas sobre explotación de recursos naturales. La pesca y la contaminación de las aguas van unidas y, aunque el Convenio no aborda estos aspectos con la debida profundidad, la producción de bienes originados en tales espacios se encontrará sometida a permanente crítica y cuestionamiento, tanto por las autoridades como por los grupos ambientalistas.
Otras áreas de la actividad productiva que merecerán críticas son las relacionadas con la regulación del trabajo y las leyes de este ámbito. Este tema puede hasta detener el flujo de ciertas exportaciones al cuestionarse determinadas reglas o acuerdos laborales de Chile.
La observación permanente de tales procesos debería ser una actividad básica de los organismos dedicados a impulsar el Tratado. Frente a la autoridad de la seguridad interior que hoy existe en Estados Unidos como consecuencia del impacto de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, que sustenta la tesis de que las fronteras con ese país comienzan en el lugar en que se produce la materia prima del bien que se exporta hacia allá, el seguimiento de las disposiciones que atañen al productor será una fuente permanente de estudios y altos costos, y exigirá la incorporación de nuevos procesos. Ellos incidirán, sin duda, en el precio de venta del producto a esa nación. Este tema debe ser analizado con la máxima profundidad.
La necesaria readecuación de los procesos productivos en el agro debería contemplarse en un plan nacional de apoyo y fomento a la nueva agricultura, tendiente a facilitar, de alguna manera, el que esta actividad enfrente con éxito las demandas y conveniencias derivadas no sólo de este Tratado sino también de los firmados anteriormente.
La búsqueda de la más alta calidad en el producto agrícola implicará un desafío constante. Definitivamente, este punto tendrá que ser parte sustancial de la política de Estado que deberá seguir a la puesta en marcha del Convenio.
Aprovecho la oportunidad para efectuar dos reconocimientos, sobre la base, estrictamente, del aporte histórico que hay detrás de este logro.
En primer lugar, quiero dejar establecido que el marco de referencia que permitió que el proceso de apertura contribuyera derechamente al desarrollo de Chile en los últimos 30 años fue la política económica de crecimiento hacia afuera implantada por el Gobierno militar. La visión del Almirante don José Toribio Merino Castro en ese sentido, al presentar como solución para el problema de desarrollo la búsqueda de mercados exteriores, hizo posible, finalmente, arribar a este Acuerdo.
En segundo término, debo señalar que en 1994 -habiendo asumido la Presidencia de la República el señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle - se iniciaron las conversaciones formales. Y éste es un hecho que ya estaba presente en Estados Unidos entre las autoridades preocupadas de ver cómo avanzaba la relación con Chile. Así me lo hicieron saber en su oportunidad, pues el Senador que habla se desempeñaba en ese momento como Comandante en Jefe de la Armada y recibió una consulta privada, de amigo a amigo, sobre cuál era la posición con que se veían estos esfuerzos.
Para mí, es un deber hacer estos reconocimientos basados en una realidad histórica.
Voto a favor del Acuerdo, deseando máximo éxito a su aplicación en el futuro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra por diez minutos.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , el TLC con nuestro vecino del Norte, seguramente el mercado más importante del mundo, abre las puertas al potencial exportador del país; representa un gran paso con relación al Sistema Generalizado de Preferencias bajo el cual ingresaban a Estados Unidos en forma mayoritaria nuestras exportaciones. Sin embargo, no debemos olvidar que este mecanismo implicaba una revisión periódica y, por lo tanto, no aseguraba estabilidad en las reglas del juego. Es decir, se podían producir variaciones a través del tiempo en los aranceles aduaneros y, en algunos casos, en las barreras paraarancelarias, lo que constituía una limitante al desarrollo exportador y al crecimiento.
El hecho de tener acceso a mercados externos con reglas arancelarias fijas, en una primera etapa prácticamente con arancel cero, abre también la oportunidad para comenzar la ya olvidada "segunda etapa exportadora", que se debería caracterizar por exportaciones de bienes y servicios con un mayor valor agregado, las que a su vez permitirán la creación de nuevos puestos de trabajo de elevada calificación y, por lo tanto, de más alta productividad y mejores salarios.
Esto facilitará la absorción, aunque sea en forma parcial, del ejército de cesantes ilustrados que año tras año egresa de institutos y universidades. Es decir, se trataría de la creación de puestos de trabajo de mayor calidad, lo que se traduce en empleos formales de gran estabilidad y seguridad social, y mejor remunerados. Esto, a su vez, implicará más equidad y mejoramiento en la calidad de vida de las familias chilenas.
No obstante, la segunda etapa exportadora, para ser exitosa, no solamente requiere políticas macroeconómicas sanas, sino también políticas microeconómicas específicas. Los equilibrios macroeconómicos garantizan la estabilidad, no así el desarrollo. Es decir, son una condición necesaria, pero no suficiente, para impulsar la segunda etapa exportadora y percibir los beneficios del TLC.
En la actualidad, el Foro Económico Mundial y el Instituto de Administración del Desarrollo de Suiza elaboran el ranking de competitividad internacional sobre la base de datos estadísticos y encuestas a ejecutivos de los países respectivos. Y confeccionan indicadores que muestran en forma global la situación relativa de la capacidad competitiva. Si bien Chile se encuentra mejor posicionado respecto de otros países de América Latina, no lo está en comparación con algunos que son sus competidores. Estamos muy lejos de Estados Unidos y por debajo de la mayoría de los integrantes de la Unión Europea. Ello significa que, de no hacer un esfuerzo en pro de mejorar la competitividad, tendremos problemas para ubicar nuestros productos en dichos mercados y para que la industria sustituidora de importaciones compita con la gran cantidad de bienes que llegarán desde el exterior.
Pero lo más importante que surge de estos estudios es que, a pesar de lo bien posicionado en las variables macroeconómicas, Chile presenta serias debilidades en algunos indicadores de competitividad microeconómica. En estos análisis, se han detectado factores microeconómicos que nuestro país debe mejorar si es que pretende continuar creciendo a tasas razonables y competir en un mundo globalizado.
Las condiciones microeconómicas resultan ser factores fundamentales para el aumento de la productividad y el crecimiento. Chile muestra falencias para competir en la calificación de su recurso humano, en desarrollo tecnológico y en infraestructura. Si queremos competir y ser exitosos, es imprescindible centrar las políticas públicas en el mejoramiento de la educación (calidad y cobertura); crear las condiciones en cuanto a igualdad de oportunidades para educarse; generar incentivos y condiciones para el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la infraestructura necesaria para el mayor comercio que el TLC traerá consigo.
¿Qué hará nuestro país para aprovechar y dejar de ser un exportador de recursos naturales ya sean renovables o no renovables? Nuestros hijos y nietos serán los beneficiados o perjudicados por las decisiones que tomen hoy las autoridades. No adoptemos una actitud pasiva ante este desafío, sino que enfrentémoslo con políticas de Estado que nos permitan aprovechar esta oportunidad.
El TLC implica importantes beneficios para algunos sectores de la economía, como también para ciertas regiones; representa para nuestra pequeña economía, con relación al mercado de Estados Unidos, un enorme desafío de crecimiento difícil de cuantificar. Así como la firma de este Tratado favorecerá directamente a algunos sectores y regiones, habrá otros sectores y regiones que se verán perjudicados por una avalancha de productos, especialmente agrícolas (en particular de pequeños y medianos agricultores), que ingresarán subvencionados, aumentando la pobreza del campesinado y la desigualdad social.
Sin embargo, esta realidad debe ser considerada como un reto para focalizar los esfuerzos de la política pública en formular mecanismos innovadores que permitan no sólo aliviar los efectos negativos sobre determinados grupos, sino que además ayuden a convertirlos en agentes activos de este proceso.
Los mayoritariamente perjudicados en los inicios de la vigencia del Acuerdo son la pequeña y mediana agricultura y las pymes. Ésa es una verdad. La mayoría no está inserta en la economía internacional y es probable que sus productos sean afectados por la competencia externa. Sin embargo, teniendo claridad sobre este hecho, es necesario pensar políticas que las ayuden a competir en igualdad de condiciones y les brinden acceso al crédito, la capacitación, los servicios, etcétera.
Este sector provee la mayoría de los empleos del país y requiere políticas claras que le ayuden a insertarse y a competir con tecnologías y recursos humanos de calidad, para lo cual el acceso al financiamiento es una variable primordial. De hecho, si no actuamos rápido, los beneficios serán percibidos principalmente por los sectores que ya se encuentran insertos en la economía globalizada y pagarán los costos los marginados de este proceso. Y eso no es admisible bajo ningún patrón de justicia.
Según su historia económica reciente, Chile ha creado mecanismos para productos específicos, como el azúcar, el aceite y el trigo. No se trata de usar los mismos sistemas, pero es indispensable una política de Estado que interprete a todos los partidos políticos y a las fuerzas económicas, y que tienda a corregir el proceso de distribución regresiva del ingreso. En un país democrático que espera crecer con equidad, no es posible que los beneficios de un Tratado de esta importancia sólo sean percibidos por algunos y los costos, por otros, acentuando la ya regresiva distribución del ingreso.
Confío en el patriotismo y la seriedad de las Comisiones que han trabajado en este sentido. Y avalo mis dichos en un ejemplo: la inmensa desconfianza que surgió con la discusión del acuerdo con el MERCOSUR. Sin embargo, merced al celo y cuidado de nuestras autoridades, debo señalar que la producción de trigo, después de ingresar a dicho mercado, aumentó en un plazo de seis años en 14 por ciento; la de maíz, en el mismo plazo, se incrementó en 51 por ciento y la de leche no disminuyó.
Con este ejemplo, me sumo a la aprobación del proyecto con la firme convicción de que, junto con personeros como don Osvaldo Rosales -un gran profesional, un hombre que defiende irrestrictamente los derechos de su país-, velaremos para que los sectores que se hallan en peligro puedan enfrentar con éxito los desafíos de la globalización y de la exportación de sus productos.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero por diez minutos.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , el texto del Tratado contiene una cantidad muy importante de aspectos contrarios a la Constitución Política de 1980 y, por cierto, a la de 1925. Entre ellos, cabe mencionar el hecho de que Estados Unidos incorpora al Acuerdo sólo el territorio de sus Estados, excluyendo sus espacios marítimo y aéreo. En cambio, Chile sí los incluye.
Otro aspecto que habla de la desigualdad de este instrumento internacional -lo señalé en mi intervención de ayer; coincido con lo expresado aquí por el Senador señor Ávila - se refiere a que, mientras el país del norte tiene 52 productos con posibilidades de afectarlos a salvaguardias, el nuestro sólo cuenta con 15, de los cuales dos son importantes: los huevos y el arroz. El resto -como se ha expresado acá- lo constituye la carne de orangután, de dugongos, de manatíes, de marsopas, de reptiles y de delfines.
Cuando leía las disposiciones del Tratado me preguntaba qué chileno podía tener un gusto tan exquisito, o ser un gourmet tan extraordinario, para hacer oposición o establecer una salvaguardia a fin de evitar que surgiera competencia respecto de estas carnes especiales.
Además, hoy, al mirar a los señores Senadores me preguntaba cuál de ellos podría ser consumidor de carne de manatíes, de dugongos o de algún reptil. Y la verdad, señor Presidente , es que llegué al convencimiento de que la exigencia que incorporaron los norteamericanos en el TLC no es más que un chiste cruel.
Estoy cierto de que no consumimos esos productos, de que no existen en nuestro territorio y de que sólo sirven para dar la sensación de que Chile cuenta con elementos sobre los cuales se pueden eventualmente aplicar salvaguardias.
Además, los costos para nuestro país relacionados con menores recursos arancelarios se darían casi de inmediato, y los beneficios -si es que los hay- sólo llegarían a muy largo plazo.
Otra situación objetable, por lo lesiva que puede resultar para nuestra agricultura, se relaciona con la leche, para la cual sólo se deja una cuota de 0,15 por ciento, de los 22 millones de litros que muestran nuestros productores; o sea, una cantidad ínfima. Y en cuanto a la carne de vacuno, la cifra alcanza al 0,30 por ciento del total de la producción nacional.
El referido instrumento internacional también es desigual para los pequeños y medianos empresarios; además, ya no podremos oponernos al ingreso de capitales golondrinas o especulativos. Ello constituyó la fuerza estabilizadora con que contamos en momentos difíciles. Se puede apreciar como un Tratado muy desequilibrado, ya que está suscrito entre un país gigantesco y uno pequeño. Chile entra como Martín Vargas a pelear con Mohamed Alí , pero el nuestro con un brazo amarrado.
Tal como quedó de manifiesto en Cancún, Estados Unidos -y lo pudimos advertir- no abandonará sus políticas de subsidio a la agricultura, sus salvaguardias, ni sus leyes de dumping. ¿Qué tratado de libre comercio podemos celebrar, cuando no hay libre competencia debido a que dicho país la condiciona?
Es del caso señalar, además, que el TLC nos podría llevar a tribunales internacionales, donde no podemos demandar.
Por otra parte, conviene destacar que en la Cámara de Diputados dicho instrumento fue discutido como una normativa simple. Sin embargo, contiene disposiciones con rango de ley orgánica constitucional. Tal situación fue corregida sólo en parte porque no se consultó al Poder Judicial , como corresponde, y deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional.
Señor Presidente , con relación a este aspecto y a los acuerdos adoptados al principio de la sesión, solicito que el discurso que pronuncié el día de ayer en el Senado se incorpore al de este debate, para reiterar mi reserva constitucional.
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El documento que se solicitó insertar es del tenor siguiente:
"I.- ANTECEDENTES DE HECHO
"El proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos inició su tramitación en la Cámara de Diputados como una ley simple. Sin embargo, en el párrafo sexto del informe de su Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, especialmente ampliada para los efectos del acuerdo aprobatorio de tal Convenio y sus Anexos, se establece que: "En el capítulo tercero, se informa de las personas escuchadas durante el estudio hecho por la Comisión y de las decisiones adoptadas, destacando las constancias que se hacen respecto de la aprobación del proyecto de acuerdo por 21 votos a favor y tres en contra, y de la necesidad de aprobar este instrumento con quórum orgánico constitucional en virtud de las disposiciones que se contemplan en el artículo 10.8 del capítulo diez `inversión', complementado con el anexo 10-C, Disposiciones especiales de solución de controversias, en la medida en que su aplicación incidirá, eventualmente, en las facultades que el Banco Central de Chile tiene en virtud de su ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Instituto Emisor, para establecer restricciones a las operaciones internacionales en moneda extranjera". El proyecto se aprobó en la Cámara Baja por 69 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones.
Existe constancia, entonces, de que fue la Cámara de origen la que determinó que el TLC (Tratado de Libre Comercio) debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, pues se modifican disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. Por tal razón, en virtud del artículo 82, Nº 1º, de la Carta, debe ser obligatoriamente enviado a control de constitucionalidad por la misma Cámara de Diputados. En consecuencia, dicha rama legislativa no podría dejar de enviar a control una iniciativa que contuviera enmiendas a una ley orgánica constitucional, puesto que a ello la obliga la misma Constitución, que en su artículo 6º, dentro del capítulo Bases de la Institucionalidad, señala:
"Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. [...]
"La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.".
La sanción por incumplimiento de las normativas constitucionales y legales es la nulidad.
Existen, además, muchos otros artículos de la Sección B del artículo 10, que establece los procedimientos para la solución de controversias del Capítulo Diez, Inversión, que necesitarían quórum de ley orgánica.
A la vez, se crean otros organismos jurisdiccionales, como sucede en el artículo 20.5 del Capítulo Veinte, Transparencia, que dispone que cada Parte establecerá o mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasi judiciales o administrativos para la pronta revisión de las acciones administrativas.
Mediante el artículo 21.1 del Capítulo Veintiuno, Administración del Tratado, se crea otro órgano jurisdiccional: la Comisión de Libre Comercio. El artículo 21.1.2 (c) del instrumento hace presente que esta Comisión resolverá las controversias que surjan en la interpretación del Tratado. Además, el artículo 21.1.4 dispone que "La Comisión establecerá sus reglas y procedimientos".
Finalmente, en el Capítulo Veintidós, llamado precisamente Solución de Controversias, se establece el procedimiento para zanjar las controversias a que se llegue si no ha habido acuerdo entre las Partes, y, según los artículos 22.10.1 y 22.10.3, la mencionada Comisión podrá establecer y cambiar las Reglas de Procedimiento.
Todas estas facultades jurisdiccionales modifican la organización y atribuciones de los tribunales chilenos, y el artículo 74 de la Constitución dispone que una ley orgánica constitucional debe introducir las enmiendas en tal sentido.
Además, que la referida Comisión y los otros tribunales especiales a los cuales se otorgan facultades jurisdiccionales tengan la posibilidad de crear sus propias reglas de procedimiento, que sólo pueden establecerse por ley, implica entregarles atribuciones legislativas, con lo que se modifica tácitamente la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Lo anterior, a la vez, viola el inciso segundo del artículo 7º de la Carta, que señala que ninguna magistratura, persona o grupo de personas puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por la Constitución o las leyes.
Si bien este Tratado puede modificar tácitamente una ley chilena, y en ese sentido puede derogar el artículo 16 de nuestro Código Civil -en él se establece que los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en el país-, ello sólo es posible si se hace dentro del marco de la Carta Fundamental, situación que analizaremos en su oportunidad.
Más adelante será necesario agregar los resultados del informe de la Comisión Especial del Senado encargada de estudiar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, algunos de los cuales podremos dar a conocer en la sesión de mañana, y las reservas constitucionales de diversos señores Senadores.
II.- ANTECEDENTES DE DERECHO
a. Inconstitucionalidad del TLC en la forma.
El número 1) del artículo 50 de la Constitución establece que los tratados internacionales se someterán a los trámites de una ley; en tanto, el inciso segundo del artículo 63 preceptúa que las normas legales a las que la Carta da el carácter de ley orgánica constitucional requerirán para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Diputados y Senadores en ejercicio. Por su parte, el artículo 82, sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional, señala en su número 1º: "Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución;".
Sobre el particular, los constitucionalistas señores Mario Verdugo y Emilio Pfeffer sostienen en la página 284 del Tomo II de su libro sobre Derecho Constitucional lo siguiente: "Adviértase que se trata de un control obligatorio y preventivo. Es decir, que necesariamente deberá efectuar el Tribunal antes que dichos preceptos legales sean promulgados.".
Un acuerdo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 13 de octubre de 1993, ha interpretado que, de acuerdo con las normas constitucionales, el quórum para la aprobación de los tratados internacionales depende de las materias que contienen dichos acuerdos internacionales. Por tanto, al existir en el Convenio que nos ocupa materias de ley orgánica constitucional, la ley que lo apruebe debe tener el mismo rango.
Posteriormente, el 3 de enero de 1994, un acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados resolvió que en los tratados que contengan leyes de quórum calificado, el acuerdo aprobatorio de esa Cámara debe ser aprobado con el quórum inherente a dicha ley.
En diversos dictámenes del Tribunal Constitucional se ha declarado que los tratados internacionales deben ser aprobados con el quórum necesario de las leyes que modifican o interpretan. Donde más extensamente se ha tratado esta situación es en el Rol 309, de 4 de agosto de 2000, sobre el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto se resume en el considerando 17º: "Que una interpretación armónica y sistemática de los artículos 50, Nº 1) y 63, inciso segundo, del Código Fundamental llevan, indubitadamente, a la conclusión que si un tratado internacional contiene normas propias de ley orgánica constitucional, el acuerdo del Congreso para su aprobación o rechazo exige el quórum establecido por la Constitución para esta clase de leyes, pues de aceptarse que basta el quórum exigido para las leyes comunes en la tramitación del acuerdo aprobatorio de dicho tratado se estaría infringiendo el artículo 63, inciso segundo, de ella;". Posteriormente, el 3 de octubre de 2000 este Alto Tribunal confirma dichas disposiciones en el Rol 312 concerniente al Tratado Minero con Argentina , ya que en su fallo reitera las prevenciones del Rol 309: "En su parte medular la prevención mencionada señaló que si el tratado contiene normas propias de ley orgánica constitucional, debe someterse a control preventivo y obligatorio de constitucionalidad por este Tribunal, al igual que los proyectos de ley orgánica constitucional.".
Me tocó presentar este instrumento en conjunto con otros señores Senadores al Tribunal Constitucional en su momento, el cual dio una pauta exacta y precisa sobre la jurisdicción de los tribunales de justicia y dejó separada las jurisdicciones compartidas que este tratado intentaba aprobar entre Argentina y Chile.
Si bien es cierto que se rechazó la presentación sobre la inconstitucionalidad del Tratado Minero con Argentina, también lo es que se detallaron aspectos que, de alguna manera, hicieron inaplicables algunas normas contenidas en él, debido al exceso de atribuciones otorgadas en materia de jurisdicción, especialmente en las servidumbres tanto de Chile como de Argentina.
Las disposiciones constitucionales citadas, las normas de procedimiento de ambas Cámaras del Congreso Nacional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el acuerdo de ambas Corporaciones, en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio debió ser aprobado con el quórum de ley orgánica constitucional, llevan a establecer que la tramitación de dicho instrumento internacional en el Congreso Nacional debió seguir el procedimiento vigente para esta clase de leyes y, sobre todo, que debe ser sometido obligatoriamente al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Este organismo tendrá que fallar sobre dichos aspectos, debido a la reserva constitucional que mañana voy a plantear en el Senado.
Según consta en los antecedentes de hecho, el Tratado de Libre Comercio modifica la ley 18.840, Orgánica Constitucional del Banco del Central de Chile, y el anexo 10-C del capítulo 10, "Disposiciones Especiales de Solución de Controversias", según acuerdo de la propia Comisión especializada de la Cámara de Diputados.
También se ha señalado, con relación a la solución de controversias y las facultades jurisdiccionales de ciertos órganos y tribunales que crea el Tratado de Libre Comercio, que sus artículos de la sección B del capítulo 10, y los capítulos 21, "Administración del Tratado", y 22, "Solución de Controversias", modifican en forma muy importante la organización y atribuciones de los tribunales.
Finalmente, al otorgársele a la Comisión de Libre Competencia facultades para instaurar y modificar reglas y procedimientos jurisdiccionales que deberían ser objeto de leyes, se incursiona en las facultades del Poder Legislativo consignadas en la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En el aspecto formal, es necesario tener en cuenta que el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución establece que "La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.". Existe constancia en autos de que no se ha presentado ningún certificado de dicho Alto Tribunal que consigne que fue consultado con relación a las modificaciones de la organización y atribuciones de los tribunales que implica el Tratado en comento.
Son numerosísimos los dictámenes del Tribunal Constitucional en que consta que cada vez que se han modificado la organización y atribuciones de los tribunales se ha oído previamente a la Corte Suprema, salvo en el Rol Nº 132, de 9 de septiembre de 1991, en que se menciona el proyecto de ley que la facultaba para designar Ministros de Cortes de Apelaciones para integrar sus Salas, el cual fue declarado inconstitucional por no haberse oído previamente su opinión, pero que, sin embargo, fue aceptado en el rol Nº 136, de 11 de diciembre de 1991, después de haberse escuchado su parecer.
En suma, desde el punto de vista formal, la inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos debe ser declarada por el Tribunal Constitucional, por no respetarse las formalidades de procedimiento en su tramitación como ley orgánica constitucional, y por no haberse oído previamente a la Corte Suprema.
b.- Inconstitucionalidad en el fondo
Aunque el objetivo central del Tratado de Libre Comercio debiera ser contribuir y estimular el comercio entre ambos países, esto parece más bien una forma de desviar la atención del propósito esencial, el cual no es otro que eximir de la jurisdicción de los tribunales de justicia chilenos a los inversionistas de Estados Unidos, en primer lugar, y, en seguida, a los demás inversores extranjeros en Chile, quienes quedan protegidos por los artículos 10.5 y 10.12 del capítulo 10, "Inversión". En consecuencia, tanto los primeros como los segundos quedan sometidos solamente a los tribunales especiales e internacionales que establece dicho Tratado. Así, de todas las inversiones o bienes existentes en Chile, los que pertenezcan a nacionales serán vistos por los tribunales que la Constitución y las leyes chilenas establecen; mientras que los de inversionistas foráneos quedarán sometidos a los tribunales especiales que crea este instrumento internacional.
A lo anterior se agrega otra desigualdad ante la ley: en los tribunales internacionales que instituye el Tratado de Libre Comercio, el Estado de Chile sólo puede ser demandado por los inversionistas extranjeros; pero a nuestro país no le es posible accionar en contra de ellos. Chile tampoco puede hacerlo en contra de los inversionistas extranjeros en los tribunales chilenos, puesto que, en tal caso, aquéllos podrían recurrir a los tribunales internacionales que habilita el Tratado de Libre Comercio en contra de nuestro país.
Esta división de las inversiones existentes en Chile entre dos sujetos diferentes de Derecho es inconstitucional, y el Tribunal Constitucional ha fallado en varias ocasiones sobre esta desigualdad ante la ley. En el considerando 52º del Rol Nº 309, se dictaminó que: "
En efecto, nuestra Constitución es categórica en cuanto ordena que todos los conflictos que se promuevan dentro del territorio de la República , deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales para ser resueltos por medio de un debido proceso.".
Por su parte, el artículo 73 de la Constitución señala:
"La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.".
En cuanto a delegación de facultades jurisdiccionales a tribunales internacionales -para precisar lo que expresé anteriormente-, el Tribunal Constitucional también ha fallado sobre la materia, en el Rol Nº 312, de 3 de octubre del 2000, el cual, en relación a las facultades jurisdiccionales que los requirientes atribuían a la Comisión Administradora del Tratado Minero con Argentina, dictaminó que: "
La Presidente subrogante Ministro señora Luz Bulnes Aldunate, concurre al fallo en el entendido que los artículos 5º, 18, 19 y 20 del Tratado no crean un Tribunal con facultades jurisdiccionales.
"Queda en claro que la Comisión Administradora es sólo un mediador y las otras funciones que se le pueden otorgar por el artículo 18 tendrán ese mismo carácter.
"Si así no fuera, se trataría de un tribunal internacional al que se le habría delegado soberanía y sus resoluciones obligarían al Estado de Chile. Para ello sería menester que se reformaran los artículos 5º, 73 y 79, de la Constitución Política.
"Teniendo presente estas consideraciones, la señora Ministro concurre a la sentencia de autos."
No se puede ser más claro: si las resoluciones de un tribunal internacional obligan al Estado de Chile, es necesario reformar los artículos 5º, 73 y 74 de la Carta Fundamental, y ello no es posible con el presente Tratado. En consecuencia, éste no puede ser sino declarado inconstitucional.
III. EN SUBSIDIO, INCONSTITUCIONALIDAD DE CIERTOS ARTÍCULOS DEL TLC
En lo relativo a la inconstitucionalidad de los anexos 2.1 del capítulo 2; 3.18 del capítulo 3, y de los artículos 10.5 y 10.12 del capítulo 10, por violación del número 22 del artículo 19, de la Constitución Política del Estado, manifiesto lo siguiente:
Es inconstitucional que en la definición otorgada a los territorios que las Partes aportan a este Tratado, en el anexo 2.1 del capítulo 2, llamado "Definiciones Generales", el territorio de Chile comprenda: mientras que respecto de Estados Unidos comprende solamente el territorio aduanero de los 50 Estados, el distrito de Columbia y Puerto Rico, pero deja fuera su espacio aéreo y su mar territorial.
"El espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su legislación interna"
Este importante desequilibrio en los componentes del territorio de ambas Partes es inconstitucional, por disposición del número 22º del artículo 19 de la Constitución, que estipula: "La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras.".
Quizás podría ser atendible que, por razones de seguridad nacional, una gran potencia como Estados Unidos no permita que su espacio aéreo ni el marítimo sean parte de este acuerdo comercial; pero, en tal caso, nuestro país, en virtud del principio de no discriminación consagrado en el Texto Fundamental, también debería haber excluido su mar territorial y el espacio aéreo.
Es evidente que al establecerse en el Anexo 2.1 del Capítulo Dos que uno de los contratantes debe incluir en el Acuerdo la totalidad de su territorio; y el otro, sólo una parte del propio, se incurre en una discriminación arbitraria no permitida por nuestra Constitución.
También es discriminatorio y arbitrario lo consignado en el Capítulo Tres, Anexo 3.18, relativo al establecimiento de salvaguardias para algunos productos agropecuarios, ya que mientras Estados Unidos las establece para 52 productos chilenos -entre ellos, diversas especies de frutas frescas, sus conservas y jugos, el tomate y sus diversas salsas y preparados, alcachofas, espárragos, cebollas, ajos, etcétera-, nuestro país las contempla sólo para 15. De éstos, únicamente los huevos y el arroz tienen importancia en cuanto a producción y consumo internos. Los otros no los producimos y no los consumimos, como las carnes de primates, delfines, marsopas, manatíes, dugongos, tortugas de mar, reptiles.
El hecho de que el país del norte no acepte que mantengamos salvaguardias para el trigo y la remolacha y, en compensación, para agrandar la lista, las permita respecto de la carne de primates y reptiles, como si los chilenos fuéramos grandes productores y consumidores de esos animales, y, sobre todo, considerando que él tampoco los produce, por lo cual no existe justificación alguna para su inclusión, me parece, señor Presidente , una broma de mal gusto.
Además, el artículo 10.1, letra c) es discriminatorio y arbitrario, según nuestra Constitución, porque hace aplicable el Tratado a los inversionistas de todo el mundo, en relación con los artículos 10.5 y 10.12, sin que, como contrapartida, Chile haya firmado con los respectivos países un acuerdo comercial que permita esa reciprocidad.
En virtud del artículo 10.5 se podría imponer a un capitalista norteamericano o de cualquier nación, medidas administrativas, sanitarias, de ubicación de producción, etcétera, Conforme a este precepto, y no existiendo en el Tratado una disposición específica que lo impida, un inversionista de Japón, Rusia, Pakistán o de cualquier otro país podría comprar un terreno u obtener en concesión una mina abandonada en el desierto chileno a fin de guardar allí residuos nucleares de cualquier planta nuclear del planeta, y Chile no podría oponerse a esa inversión porque podría ser demandado ante un tribunal internacional por restricción encubierta al comercio o inversión foránea. Así le ocurrió a Canadá con relación a un producto que en el propio Estados Unidos fue declarado atentatorio contra la salud de la población. Sin embargo, cuando Canadá resolvió excluirlo de su producción, fue demandado por una empresa multinacional que tenía allí una filial y se vio obligado a pagar una indemnización de 20 millones de dólares. Lo mismo han hecho diversas empresas en México.
"siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacionales".
Al respecto, es necesario tener presente que los residuos nucleares deben ser manipulados durante varias centenas de años para que puedan perder su nocividad. Y esto, en un lugar sísmico como Chile, requiere instalaciones mucho más seguras. A ello es menester agregar una probabilidad aún más peligrosa: las empresas que se instalen en el territorio nacional podrían recibir gran cantidad de residuos nucleares durante dos o tres años; percibir el pago correspondiente, y después quebrar o desaparecer, dejando esos desechos radiactivos desprotegidos y sin que nadie se ocupe de su seguridad. En tal caso, nuestro país no podrá reenviarlos a ninguna otra parte; tampoco, demandar a empresas inexistentes, a los países desde donde provienen, ni menos aún a Estados Unidos.
Si bien es cierto que el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central permite a los inversionistas de todo el orbe invertir en el país, éstos quedan sujetos a las leyes chilenas y a la jurisdicción de nuestros tribunales. Sin embargo, de acuerdo con el referido artículo, tales inversionistas escapan a ésta última y quedarán sometidos sólo a los tribunales especiales e internacionales que en el Tratado se crean.
El artículo 10.12 también es discriminatorio y arbitrario. Chile podrá mantener o hacer cumplir a los inversionistas extranjeros cualquier medida que sea compatible con este Capítulo, para garantizar que las actividades de inversión en su territorio "se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental".
La expresión "inquietudes" es de tal vaguedad que no cabe interpretarla en el sentido de que Chile pueda denegar una inversión que afecte la preservación del medio ambiente. Y al no considerarse explícitamente en el Tratado que el Estado chileno pueda impedir una inversión que no respete nuestro medio ambiente y de ello sólo sea factible recurrir a tribunales internacionales, este artículo también es inconstitucional en virtud de lo dispuesto en el número 8º del artículo 19º de la Carta, que establece:
"El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que ese derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.".
La inconstitucionalidad mencionada es aún más grave si se tiene en cuenta que la imposibilidad de denegar la autorización a una inversión que afecte nuestro medio ambiente, concierne no sólo a los inversionistas de Estados Unidos, nación con la que se firma el Tratado, sino también a los de cualquier país, con los cuales mayoritariamente no hemos suscrito ningún convenio.
En seguida, me referiré a la inconstitucionalidad del artículo 10.9 del Capítulo Diez, en virtud de la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980 y de la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución de 1925, vigente por la disposición anterior.".
Quiero recalcar que para mí éste es un tema importante y lo he denunciado a lo largo de nueve años en el Senado.
El artículo 10.9 llamado "Expropiación e indemnización", establece que Chile " e salvo por necesidades de utilidad pública, de manera no discriminatoria, y que ello se realice mediante el pago de una indemnización al valor de mercado.
no expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización",
Al hablar de "inversión cubierta" se refiere a las inversiones de Estados Unidos ya existentes en Chile, las que no podrán ser alcanzadas por medidas, directas o indirectas, que se consideren equivalentes a la expropiación. Por ejemplo, el establecimiento de un "royalty" o regalía por el uso de los recursos naturales o, incluso, cualquier disposición tributaria, como expresamente lo dispone el artículo 23.3.6 del Capítulo Veintitrés, Excepciones, que establece: " Los artículos 10.9 (Expropiación e indemnización) y 10.15 (Sometimiento de una reclamación a arbitraje), se aplicarán a una medida tributaria que se alega como expropiatoria o como una violación de un acuerdo de inversión o una autorización de inversión.".
O sea, hasta a ese punto: sólo con una autorización de inversión.
Además, al no excluir expresamente a la gran minería del cobre y, en particular, a los derechos mineros del pago de una indemnización al valor de mercado, este artículo es inconstitucional, porque viola la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución de 1925, que en el inciso quinto de la letra a), establece: "En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del Nº 10º del artículo 10 no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros." Esta normativa se halla vigente por mandato de la disposición tercera transitoria de la Carta Fundamental de 1980 que expresa: "La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17.ª transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución.".
La no indemnización por la nacionalización o expropiación de concesiones mineras es absolutamente lógica y concordante con el inciso sexto del número 24.º del artículo 19 de la Constitución, cuyo texto dispone: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas".
Es doblemente inconstitucional, entonces, que el Estado deba indemnizar por recuperar mediante expropiación lo que le pertenece y que sólo había entregado en concesión.
Señor Presidente , en la sesión de mañana, cuando se trate el proyecto de acuerdo respectivo, no reiteraré latamente las argumentaciones que he esgrimido -que como Sus Señorías habrán podido apreciar son bastante extensas- como lo hice en esta oportunidad.
En virtud de ello, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República , al señor Ministro de Justicia y al señor Presidente del Tribunal Constitucional remitiéndoles copia de esta intervención, con el objeto de que conozcan los antecedentes que he expuesto en el Senado y que constituyen un reparo de constitucionalidad al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Además, deseo manifestar que no vacilaré en el intento de reunir el número suficiente de firmas de Senadores que permita presentar el reclamo correspondiente ante el Tribunal Constitucional, adjuntando los antecedentes que aquí he expresado.
Por las consideraciones expuestas, reitero, solicito que se envíen los oficios pertinentes a las personas e instituciones indicadas".
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Señor Presidente , como conclusión, considero, por tanto, inconstitucionales las disposiciones del Capítulo Diez del Tratado de Libre Comercio, referido a las inversiones, a la solución de controversias entre los inversionistas y el Estado y a ciertas definiciones.
Un primer aspecto inconstitucional -como lo reitero- se vincula con el artículo 10.1 c), donde se regulan las inversiones que el otro país hará en Chile. Esto implica que el tratado bilateral aborda un aspecto de la soberanía nacional, lo cual atenta contra el mandato establecido en el artículo 5º de la Constitución, que dispone lo siguiente: "La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.", como lo hace el Tratado de Libre de Comercio.
Sobre el particular, no se ha considerado que, al ser una disposición arbitraria y discriminatoria la contenida en el mencionado instrumento internacional, es sancionada también por el artículo 19, número 22º, de la Constitución, que debió ser modificado previamente si se pretendía la aprobación del Acuerdo que nos ocupa.
Por su parte, el artículo 10.5.3 del TLC prohíbe a Chile aplicar medidas administrativas, ambientales y sanitarias, en lo principal respecto de las inversiones del otro país, si ellas son arbitrarias o injustificadas, o constituyen una restricción encubierta al comercio o a las inversiones internacionales. Esta situación sólo podrá ser resuelta por tribunales arbitrales internacionales, sin considerar que dicha disposición implica en la práctica una virtual renuncia a parte sustancial de las potestades de la autoridad política y judicial.
También hay reparos de constitucionalidad en lo concerniente al artículo 10.12, que permite aplicar medidas para que las inversiones se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental, sin que se reconozca taxativamente la facultad de rechazar una inversión que afecte el medio ambiente -sea que ésta se trate no sólo de Estados Unidos, sino de cualquier país-, aunque no se haya suscrito ningún acuerdo. Esto atenta contra el número 8º del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Un aspecto particularmente grave para el Senador que habla es lo contemplado en los artículos 10.9, 10.15 y 23.3.6 del Tratado, que impide a Chile expropiar, nacionalizar o modificar normas tributarias que afecten a inversiones encubiertas norteamericanas. Esta discrepancia también será sometida a tribunales arbitrales internacionales, lo cual atenta contra nuestra soberanía, de acuerdo con el artículo 5º de la Constitución, y viola además su artículo 62, número 1º, que reserva sólo al Presidente de la República la facultad de modificar tributos.
Lo anterior adquiere gran relevancia en momentos en que toma fuerza la idea de que Chile establezca un "royalty" a la minería. Si se acepta la tesis impulsada por organismos afines a la Derecha -al Consejo Minero o a la SONAMI- de que la aplicación del "royalty" constituiría una forma de expropiación -lo que naturalmente no compartimos-, ello debería ser resuelto por un tribunal arbitral internacional, según el TLC.
En caso de que ese órgano decidiera que no procede el establecimiento de un "royalty", se vulneraría el número 24º, inciso séptimo, del artículo 19 de la Carta. Esta norma establece que la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento.
Junto con lo anterior, se debe considerar que la imposición que hace el Tratado de Libre Comercio de una indemnización por las expropiaciones que pudiera resolver el Estado chileno por los derechos mineros...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-
Tal como lo han hecho algunos señores Senadores, ocuparé sólo algunos segundos para terminar mi exposición, señor Presidente .
Decía que esa imposición viola las normas constitucionales que amparan la nacionalización de la minería del cobre, como, asimismo, el número 24º, inciso sexto, del artículo 19 de la Carta. Esta disposición señala que "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, de todas las minas...".
Por lo tanto, resulta doblemente inconstitucional el hecho de que el Estado deba indemnizar para recuperar, mediante expropiación, algo que le pertenece y que sólo había entregado en concesión.
Señor Presidente , solicito incorporar en la Versión Taquigráfica de esta sesión el resto de mi discurso, porque se refiere a los aspectos de inconstitucionalidad que, por cierto, están descritos en mi intervención de ayer que, tal como lo acordamos, se agregará a mis palabras.
En tales condiciones y accediendo a la petición de algunos sectores de trabajadores, como los de Chilquinta y de la General Motors de Arica, afectados por estas multinacionales, voto en contra del proyecto de acuerdo, haciendo reserva de su constitucionalidad.
No veo realmente cuáles son las ventajas del Tratado de Libre Comercio que podrían compensar perjuicios como el daño a numerosos productores, la cesión de soberanía y el trastrocamiento de nuestro ordenamiento constitucional. Incluso, si los beneficios fueran mayores que las desventajas, no podría dar mi voto a un Acuerdo que representa una seria amenaza, no sólo a nuestro presente como economía en desarrollo, sino también a nuestro futuro como país.
Voto en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, le pido que, de todas maneras, haga llegar su discurso a la Secretaría para después resolver con los Comités.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , el análisis de este Tratado de Libre Comercio debe enmarcarse en consideraciones respecto de la estrategia de desarrollo que ha mantenido el país durante ya un largo período. Y creo que es coincidente y que es necesario para el mejor desarrollo de esa estrategia el que suscribamos y aprobemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
A mediados de la década del 70 se inició un proceso de transformación económico-social fundado en el fortalecimiento de la economía social de mercado, en una mejor protección a la propiedad privada y en el estímulo de la libre empresa, en el que el Estado desempeñaría un rol subsidiario en materias económicas y tendría mayor participación en el aspecto social.
Junto con ello, y considerando el tamaño de nuestro país, se decidió abrir las fronteras de Chile al comercio internacional. Las grandes naciones, las que tienen una gran población, pueden sustentar una economía libre y un mercado competitivo sobre la base de su mercado interno. Los países pequeños, como Chile, no pueden recurrir a una estrategia de desarrollo basada en el fortalecimiento de la libre empresa y del mercado si no abren sus puertas el mundo. Por ello se optó por reducir aranceles y transformar a Chile en un país exportador.
Con el transcurso del tiempo se han sucedido distintas estrategias exportadoras. Y el país, no sólo con el apoyo de nuestro sector, de nuestro Partido, sino que -diría-, en general, con un amplio apoyo nacional, ha incorporado como política de Estado la de libre comercio. Y con esa orientación ha suscrito importantes acuerdos bilaterales y multilaterales. Hemos tenido incluso que defender con fuerza ante el mundo los principios básicos del libre comercio, que muchas veces son vulnerados por las grandes potencias, las que precisamente debieran ser las primeras en estimular las sanas prácticas comerciales.
Siendo partidario de esas políticas, anuncio mi voto favorable al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Para nuestro país, los beneficios de suscribir este acuerdo comercial con la principal potencia mundial se verán reflejados en mayor crecimiento económico, producto de una mejoría en la competitividad y de la llegada de más inversiones.
Confiamos en que ese mayor crecimiento económico se traduzca en la creación de nuevos empleos, porque las posibilidades que brinda el instrumento en análisis para que pequeños y medianos empresarios chilenos lleguen con sus productos a un mercado gigantesco como el de ese país del Norte, son ampliamente favorables. Y sabemos que las pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleos.
Por lo tanto, cuando hablamos de las ventajas de tipo económico no nos estamos refiriendo a consideraciones macroeconómicas, sino principalmente -por eso apoyamos el TLC- a los beneficios que él producirá en las pequeñas y medianas empresas.
Este instrumento internacional, junto con liberalizar el comercio de mercaderías, contiene muchas otras importantes disposiciones relativas a inversiones, a comercio transfronterizo de servicios, a normas especiales sobre servicios financieros, a comercio electrónico, a compras públicas, propiedad intelectual, normas de transparencia, que, en mi opinión, son reguladas adecuadamente y en beneficio del país.
Participé en la Comisión Especial y revisé el Tratado desde esta perspectiva: ¿qué es lo que le conviene a Chile? Más que desde un aspecto doctrinario y de principios, lo hice esforzándome por determinar, en cada una de sus disposiciones, cómo se defendían mejor los intereses de nuestra patria. Si era conveniente o no era conveniente para el país firmar el Tratado, porque ciertamente, aunque la política exterior de un Estado debe estar guiada por principios, por valores fundamentales, la verdad es que nunca debemos dejar de lado el que estamos defendiendo los intereses de nuestra nación, que estamos para negociar lo que a nuestro juicio es más conveniente para Chile. Y desde ese punto de vista, creo que Chile gana con el Tratado de Libre Comercio, y que las ventajas trascienden lo estrictamente económico, porque estrechar relaciones con Estados Unidos, la nación que actualmente constituye la mayor fuente del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, es importante. Estrechar relaciones con ese país, sostenedor de principios de democracia y libertad, es conveniente para Chile.
Hay algunos temas respecto de los cuales no hemos podido avanzar. Desde el primer día Estados Unidos señaló que no iba a cambiar su legislación interna sobre el "dumping". Y nosotros sabemos que productores chilenos han sido afectados por la aplicación de normas antidumping. No pudimos avanzar tampoco en la modificación de las políticas internas de Estados Unidos en materia de subsidios agrícolas. Y estamos conscientes de que esas políticas internas perjudican a países como Chile. Incluso, Estados Unidos ha sostenido reiteradamente que no va a negociar jamás su política de subsidios ni bilateral ni multilateralmente, a menos que lo haga la OMC, y en conjunto con la Unión Europea y Japón.
No nos fue posible cambiarla. No avanzamos, pero tampoco retrocedimos al respecto. Y eso es importante señalarlo.
Pero como se creó gran cantidad de comisiones técnicas, como la de Comercio de Mercadería, la de Obstáculos Técnicos al Comercio, la de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, tengo confianza de que en esas instancias podamos ir mejorando la situación de nuestros productores y prever los problemas que pueden surgir, sea al aplicar la legislación interna antidumping o los subsidios a la agricultura.
Hubo también otras dos materias muy complejas: los temas laborales y los medioambientales. Provocaron debate no por el temor a una adecuada legislación laboral y medioambiental. No compartiría la crítica si ésa fuera la causa. Creo que nosotros, como país, no debemos temer a una buena legislación sobre ambas áreas.
¿Cuál era el problema? Que pudieran ser utilizadas esas normas como pretexto para obstaculizar el libre comercio.
Respecto de esos dos aspectos, se señaló que sólo quedaban sujetos a la parte obligatoria del Tratado; vale decir, al mecanismo de solución de controversias mediante el cumplimiento de la legislación de cada país.
Y en cuanto a otras materias, se crearon el Consejo de Asuntos Laborales y el Consejo de Asuntos Medioambientales, con el objeto de avanzar en lo que debe perfeccionarse y con el fin de prevenir riesgos por el mal uso de las normas.
En mi concepto, este punto nos debiera llevar a una reflexión importante. En Chile, tenemos la tendencia a dictar leyes cada vez que surge un problema. Y muchas de esas normativas quedan sin aplicación, pues no son bien pensadas. Vamos a tener que ser muy cuidadosos cuando en el futuro decidamos dictar nuevos preceptos, que muchas veces responden a una situación de coyuntura, porque la aplicación de ciertos mecanismos no será exigida en virtud de este tipo de acuerdos internacionales. Estoy seguro de que hoy en día un sinnúmero de disposiciones legales no se están cumpliendo por innecesarias, por absurdas o por haber sido dictadas apresuradamente. Creo que para el futuro deberemos tener mucho cuidado con ese tipo de procedimientos. Por ejemplo, en el caso de las leyes sobre el medioambiente hay un caos. Y si no tenemos conciencia para ordenar el sistema y contar así con una normativa clara y eficiente, podría volverse en contra nuestra una legislación sin consistencia, al ser usada, en virtud de este Tratado, con el objeto de impedir el libre comercio.
Todos los órganos creados para actuar entre Estados Unidos y Chile, van a imponer a nuestro Gobierno -a éste y al futuro- la obligación de un trabajo intenso, tecnificado, de manera de estar permanentemente mejorando la aplicación del Acuerdo y defendiendo en debida forma los intereses nuestros.
A mi juicio, el mecanismo de solución de controversias establecido es adecuado. Dispone distintas instancias antes de llegar al Tribunal Arbitral. Me parece una forma corrrecta para que un país pequeño pueda defender sus intereses frente a una gran potencia. Y manteniendo un mismo esquema de solución de controversias, hay ciertos procedimientos particulares para algunos temas que requieren mayor especialización, lo que está bien y es necesario.
Los temas laborales, los medioambientales, los financieros y los relacionados con la inversión tienen particularidades que a mi modo de ver van a hacer más fácil y transparente la solución de conflictos.
Desde el punto de vista de nuestra imagen internacional, creo conveniente para Chile la suscripción del Acuerdo. Considero que las bases fundamentales de nuestra institucionalidad económica y la estrategia de desarrollo adoptada, de alguna forma adquieren mayor estabilidad en el tiempo cuando ellas se incorporan en tratados como los suscritos con Canadá, México , Corea del Sur, la Unión Europea y ahora con Estados Unidos.
Pienso que es importante para Chile que este último país haya dado una señal en cuanto a que el primer tratado de libre comercio que suscribe con un país de América del Sur sea con nosotros. Y, también, considero relevante para Chile -inserto en una región inestable- que demostremos al mundo que, con la incorporación a tratados internacionales, damos un mayor nivel de estabilidad y aseguramos ciertos principios básicos, que son los que han hecho que la imagen nuestra en el mundo sea ascendente y cada vez más respetada y diferenciada del resto de América.
Desde la perspectiva interna, el Tratado de Libre Comercio es el resultado de un esfuerzo de toda la sociedad chilena: sectores público y privado, del Gobierno y de la Oposición.
Nosotros organizamos dos giras a Estados Unidos. Tuvimos algo así como cien reuniones o entrevistas con Parlamentarios, universidades, centros de estudios. Esa acción la decidimos nosotros, pero tuvimos siempre el apoyo y colaboración de la Cancillería y de la Embajada chilena. Y con ello nos dimos cuenta de lo importante que es llevar el nombre de Chile a distintas instancias de Estados Unidos, país que, por ser muy grande, ignora lo que pasa en América Latina. Creo que la posibilidad de suscribir este Convenio y de tener una interacción permanente con Norteamérica será algo muy positivo para nuestra nación.
Voto que sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra por 15 minutos el Senador señor Flores, quien cambió su lugar con el Honorable señor Horvath.
El señor FLORES.-
Señor Presidente , en primer término, agradezco al Senador señor Horvath la gentileza de cambiar su turno con el mío, por cuanto debo volar a Arica después de mi intervención.
Voy a votar positivamente el proyecto de acuerdo. No se trata de la discusión de una ley, sino, simplemente de la última parte de un proceso de legitimación, que comparto y que es importante, porque es un ritual. Es relevante lo que el Senado diga, pues el mundo nos está viendo.
En mi concepto, es el comienzo de una conversación distinta no sobre si el Tratado es bueno o malo, sino respecto a qué cambia en el mundo. Y pienso que el Acuerdo modificará la realidad chilena de manera mucho más trascendente de lo que cualquier análisis pudiese prever.
Hago fe de muchas de las cosas que se han dicho, porque pienso que la parte más importante no es si exportamos más o menos, máxime cuando eso lo apreciamos conforme a estadísticas parciales. Por ejemplo, en lo relativo a la industria textil, Chile exporta 10 millones de dólares, o sea casi nada. Ahora se crea la posibilidad de exportar textiles. Y la primera pregunta que surge al respecto es si los empresarios están en condiciones de enfrentar el desafío. Debe tenerse presente que mucha de la habilidad en ese campo se perdió, por lo cual en los últimos años no hemos sido textileros. Sin embargo, es posible -así lo aprecio por los síntomas de Tomé- que importantes empresarios norteamericanos se instalen en nuestro territorio.
De modo que si entramos a un Tratado como éste, no podemos pensar que los socios de la SOFOFA o de la Confederación de la Producción y del Comercio sean los únicos actores de esta nueva realidad. No se olviden que hoy día es posible ponerse la camiseta norteamericana si abro una empresa de software en Estados Unidos con capitales chilenos, de la misma manera en que se puede colocar la chilena un norteamericano que invierte su capital aquí.
Entonces, estamos cambiando el espacio de la realidad.
Tenemos que darnos cuenta de que económicamente esto es muy importante para Chile y no para los Estados Unidos. En esa nación no es noticia el asunto. Puede que sea importante la política de Washington frente a Latinoamérica. Pero la verdad es que no somos noticia con este Acuerdo. Ésa es la verdad de las cosas. Nosotros nos contamos unos cuentos enormes.
Las razones fundamentales por las cuales voy a dar mi voto favorable obedecen a la confianza que tengo en el equipo negociador.
Participé en la Comisión Especial y me impresionaron los argumentos entregados, sobre todo los del señor Osvaldo Rosales , quien ha sido aquí injustamente criticado. Se trata de una persona sumamente seria y honesta. Es un orgullo que haya representado al país en las respectivas diligencias. Lamento mucho que se lo haya mencionado de esa manera. Pensaba referirme a todo el equipo negociador del Ministerio, pero sólo cito al señor Rosales , particularmente por creer que es un chileno extraordinario.
El señor LARRAÍN .-
Adhiero plenamente a las palabras de Su Señoría.
El señor FLORES.-
¡Muchas gracias, señor Senador!
En consecuencia, parto de la base de que ni él, ni yo, ni ninguno de nosotros, sabemos exactamente lo que va a pasar.
He visto en muchas empresas que su realidad cambia. Microsoft no preveía que iba a surgir el software Netscape, y éste le hizo cambiar su realidad: ya no es la misma. Pero lo importante es que esa empresa supo reaccionar, y actualmente su competidora no representa una amenaza para ella.
Cabe preguntar, entonces, ¿qué amenazas vienen?
Un señor Senador se refirió en su intervención al caso de Bill Gates. En verdad, éste está ganando "royalties", porque su software se necesita. Acabo de estar en Rusia, donde todo el mundo usa Microsoft. De modo que se trata de una plataforma, un monopolio de hecho, pero no una invención maligna. La única manera de combatir a Microsoft es que se desarrolle más el uso de Linux; pero eso no tiene nada que ver con el Tratado en debate.
Aparte de lo anterior, en mi concepto, hay otras acciones que podemos realizar. Me gustaría que en el Congreso celebráramos una sesión para discutir sobre cuál es la estrategia de desarrollo económico del país después de suscribir los tres últimos tratados y los otros que vienen.
Advierto que me opondré al convenio con Nueva Zelanda. No se trata de promover muchos tratados, según las razones que vamos a discutir en su oportunidad. Puedo estar a favor o en contra de un instrumento internacional. Del que discutimos hoy, estoy particularmente de acuerdo, porque tiene más beneficios que desventajas.
Quiero aprovechar el tiempo para referirme a un par de asuntos que ayudan a visualizar lo que está pasando.
Hace algunas semanas, estuve en la Circunscripción de los Senadores señores García y Muñoz Barra , donde participé en un congreso de empresarios. Allí la de ellos se define como la "Región del Mueble y la Madera".
Cuando uno se acerca a la casa que tengo en California, se encuentra con un tremendo anuncio de "Ikea", la mayor compañía sueca de muebles a nivel mundial. En Rusia, a la salida del aeropuerto, hay otro aviso de "Ikea". O sea, está en todas partes. En Chile no existe. Seguramente por considerarnos un país modesto, todavía no lo han instalado, pero ya lo van a hacer.
Entonces, me pregunto: ¿sabrán nuestros productores que quieren ser exportadores de madera que tienen que competir con otras empresas?
Pongo tal ejemplo, pues una de las cosas que se desprende del debate -no por culpa del Ministerio ni de nosotros, ya que también ocurre en el sector privado- es que no sabemos mucho acerca de lo relacionado con el poder competitivo en el mundo. Y no podemos hablar de ello sin reunir a los sectores involucrados y analizar previamente quiénes son los "jugadores". Porque algunos de éstos controlan no sólo la producción, sino también los espacios de comercialización y las marcas. Si vamos a fabricar muebles, debemos decidir qué línea seguiremos.
Por otra parte, como soy ariqueño por adopción, pienso que si en esa ciudad del extremo norte se producen muebles, ellos tendrían que provenir de Temuco, o de Arica mismo. Pero, ¿por qué de ella? Porque se pueden confeccionar piezas muy finas con madera boliviana, de la cual se carece en esa zona. Pero lo fabricado debe embarcarse por algún puerto. He conocido a muchos empresarios, algunos bolivianos, que quieren instalarse en Arica para iniciar esa actividad, lo cual me parece una gran idea. Sin embargo, dada la escala en que pretenden realizarla, deberán agruparse los industriales de Temuco, Arica y Bolivia, o competir con "Ikea", o cooperar con ella.
Por lo tanto, no podemos hablar de exportar productos, sino exportar posiciones de poder; marcas; redes de comercialización.
¿Resuelve este Tratado tal situación? No, sin embargo él nos abre posibilidades de hacerlo más en serio. Es un paso necesario; pero el mundo cambia radicalmente.
Fui testigo de lo que pasó en México. En Chile no ocurrirá lo mismo, felizmente. Allí el Tratado de Libre Comercio destruyó la industria de los sectores no competitivos; pero en los competitivos abrió brutalmente el mercado. Nosotros no tendremos ese problema, dada nuestra escasa industria manufacturera. Nuestra dificultad se advertirá en los servicios.
Quiero aprovechar el tiempo que me queda para pasar un aviso, relacionado con la Internet, la telefonía y el futuro del país: si no tenemos permanentemente un ancho de banda competitivo con Miami, estamos muertos. Porque, en definitiva, la industria de servicios de Latinoamérica tiene dos polos posibles: Miami y Chile. Y eso va a depender de ese elemento.
El ancho de banda no es solución. Es una permanente maratón abierta. Hoy en día se habla en Chile de un ancho de banda de 0,2 a 0,5 megabytes, mientras que en Corea es de 0,2 a 6. ¡Pero las cosas cambian!
Si tuviéramos 6 megabytes, por ejemplo, la medicina en nuestro medio se podría aplicar a teledistancia. El uso de las máquinas sería distinto. Un radiólogo famoso podría vivir en el campo, conectarse a la red y atender desde allí. ¡Cambia todo!
Ahora bien, ¿qué países están haciendo eso?. No son las grandes naciones, sino algunas como Finlandia, Suecia y Singapur. De manera que si hablamos de una sociedad del conocimiento, el ancho de banda es crucial. El Tratado no habla de estas materias, pero ellas forman parte de la arquitectura fundamental sobre la cual aquél existe. Si no tenemos ancho de banda competitivo, la velocidad con que nos incorporemos al sistema será muy lenta, o lo hará imposible para nosotros.
Me gustaría que a través de Internet, el país se convirtiera en exportador de servicios, y que no seamos sólo consumidores. Si observamos bien, hoy existe un enorme tráfico. Nosotros bajamos cosas de Internet, pero nadie baja las nuestras. ¡Ése es el mundo del futuro!
Existe un cuello de botella: los decretos tarifarios telefónicos. Toda la industria del ancho de banda depende de la telefonía; pero como ésta depende a su vez del teléfono para ingresar al sistema, nos encontramos con la paradoja de que conviene más comprar un aparato IP, con tarifa fija. Así lo hago yo en mi casa de Estados Unidos, lo cual me sale más económico que hacer llamados a Arica a través del convenio de larga a distancia que paga el Senado. Entonces, estamos viviendo en un mundo al revés.
Debemos entender que esta readecuación arquitectónica normativa nos obliga también a otros cambios. Y nosotros, los legisladores, no podemos pensar que controlamos el futuro ni que nuestro "sí" o nuestro "no" son muy importantes. Claro que aquí el no es más relevante que el sí.
Por consiguiente, yo concurro con el sí; pero advierto a mis Honorables colegas que debemos ponernos a trabajar en serio en lo que resta por hacer.
Respecto de las prevenciones de los señores Senadores preocupados por la cuestión agraria -en particular los Honorables señores Romero y Larraín -, quiero señalar que, aunque concuerdo con ellos, también me satisface al respecto la respuesta de la señora Ministra.
Sobre este tema deseo hacer un aporte: a mi juicio, estamos reaccionando en forma muy burocrática y con gran lentitud. Pienso que seis meses es mucho tiempo para una Comisión Interministerial.
Asimismo, necesitamos reorganizar las instituciones. Muy pronto nos visitará la Presidenta de Finlandia . El señor Presidente sabe que, junto con el Senador señor Foxley , estuvimos recientemente en ese país. Allí comprobamos que el conjunto de sus instituciones las han diseñado de acuerdo con los tiempos. Sin embargo, nosotros tenemos un Ministerio de Agricultura, que todavía lleva "la marca" del Ministro Trivelli . La ODEPA, aunque fue una gran creación, no tiene "punch". Otros organismos, como la CORFO, tampoco disponen de él. En el país no hay ventures capital; carecemos de créditos adecuados; no existen cooperativas de ciencia y tecnología, etcétera. Tenemos que reconocerlo. Eso sí no creo que esto pase solamente por un enfoque burocrático del Gobierno.
Quiero dar a conocer que concurro con todo esto y, además, solicitar a los señores Senadores que nos organicemos, no exclusivamente para estudiar nuevos proyectos de ley y monitorear, sino para continuar con lo que hicimos con motivo del Tratado, que es escuchar a la gente y concitar inspiración.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , votaré favorablemente este Acuerdo, porque considero que constituye un avance.
Me parece que cualquier otro país de América Latina y cualquier otro Parlamento de la región quisieran estar enfrentados a una discusión como la nuestra, cuando estamos a punto de culminar el proceso de un acuerdo de esta naturaleza.
Se pudo llegar a este Tratado de Libre Comercio por las condiciones de Chile. En primer lugar, la firma de él es un reconocimiento político. El convenio se pudo lograr en democracia y no en otras condiciones. También es un reconocimiento al dinamismo y a la responsabilidad con que se ha administrado la economía chilena durante los últimos años. Y si ésta no fuera dinámica ni mantuviera sus cuentas en orden, no se habría suscrito el Tratado.
Dentro de las ventajas de este instrumento internacional -que han sido ampliamente difundidas-, yo destacaría tres puntos básicos. Quizás la más importante de ellas es que la suscripción del acuerdo constituye una carta de presentación. Para un país tan pequeño como el nuestro, al que mucha gente tiene todavía dificultades para ubicar en el mapa, el hecho de ser parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos, con la Unión Europea, implica una tarjeta de visita que lo pone en el escenario de los intereses de los grandes inversionistas; que lo hace aparecer en su radar. Y me parece que ése es un primer elemento muy importante de poner de relieve.
Estimo que se consolida -como aquí también se ha dicho-, y en algunos aspectos se amplía y mejora, el acceso de nuestros productos al mercado estadounidense. Y quizás más trascendentes que los efectos propiamente comerciales sean los que se pueden esperar en las inversiones.
Ahora bien, quiero llamar a mantener un punto de vista equilibrado sobre el tema. Pienso que es bastante importante que salga de aquí una visión más tranquila, menos provinciana de lo que se está haciendo. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Tratado de Libre Comercio no es en absoluto la catástrofe que algunos han descrito, pero tampoco la panacea.
No es una catástrofe, porque no creo que exista disposición alguna, como han expresado algunos señores Senadores, que nos amarre para siempre a un determinado modelo de desarrollo. Deseo dejar establecido, con mucha franqueza, que si hubiera sido así habría votado en contra. Pero, después de mucho meditar y revisar las distintas normas, considero que se hallan resguardadas las competencias, las facultades para que soberanamente podamos resolver sobre un conjunto de aspectos no involucrados en el instrumento en examen.
Respondiendo a la crítica que aquí se ha formulado, particularmente por los Honorables colegas Ávila y Lavandero , subrayo lo siguiente. Si el acuerdo fuera como afirman, existiría hace mucho tiempo un tratado de Estados Unidos con todos los países de América Latina. Si fuera tan ventajoso para los norteamericanos, no habría ninguna razón para explicar por qué Chile demoró, finalmente, doce años en concretarlo, desde el anuncio del Presidente Bush padre, que tuvo lugar en 1991. Si fuera tan conveniente para Estados Unidos, estaríamos llenos de acuerdos de libre comercio, con todos los países de la Región, desde hace muchos años.
Diría más aún -hay poco tiempo-: creo que se equivocan radicalmente quienes sustentan las tesis antiglobalización, porque no entienden, a mi juicio, que la cooperación entre las naciones, el libre comercio, el comercio internacional, es un factor de progreso.
Y más todavía: el nacionalismo estrecho, la antiglobalización, en su sentido más estricto, es un combate de retaguardia y, finalmente, reaccionario.
De lo que se trata hoy en el mundo no es de oponerse a la globalización. De lo que se trata es de darle reglas, de disponer de elementos de certeza. Y, desde ese punto de vista, es particularmente a los países chicos a los que les interesa contar con reglas y acuerdos. A nosotros nos interesa tener certidumbre acerca del acceso al mercado estadounidense.
El señor LAVANDERO .-
Pero no hay reglas.
El señor OMINAMI.-
Las hay básicas. No lo he calificado como la panacea. Por eso Estados Unidos ha sido...
El señor LAVANDERO .-
¡Es algo que se demostró en Cancún...!
El señor OMINAMI.-
... reticente. Por eso, justamente, no le gusta el sistema. Lo que quiere es un mundo sin reglas, salvo la de su hegemonía.
Y por tal motivo es que para nosotros resulta importante tener por lo menos algunas. El Acuerdo en comento no las define todas, pero sí algunas. Y ello lo juzgo relevante, porque reduce -no lo elimina por completo- el ámbito de la incertidumbre, de la arbitrariedad. Considero trascendental avanzar en esa dirección y opino que se hallan fundamentalmente equivocados quienes sostienen las tesis antiglobalización, que me parecen, en definitiva, reaccionarias.
Pero digamos las cosas con franqueza: el instrumento en análisis tampoco es la panacea. En su texto no se halla la solución de todas las dificultades. Es totalmente cierto lo expuesto en el sentido de que los dos principales problemas comerciales en el mundo no se encuentran resueltos. Ése es el caso de la política antidumping. Vi por ahí un dato que estimo bastante interesante: de las 847 medidas antidumping adoptadas hacia 1998 ó 1999, 307 de ellas fueron aplicadas por Estados Unidos, país particularmente arbitrario en el uso de la legislación pertinente. Y todos sabemos que ése es un tema fuera de la presente discusión.
Por otro lado, conocemos los efectos perniciosos de los subsidios agrícolas. Se trata de 180 mil millones de dólares, que efectivamente constituyen una tremenda distorsión en el mercado de los productos respectivos.
Son las limitaciones.
Por lo tanto, resulta importante, asimismo, evitar el riesgo de sobrevalorar el instrumento que nos ocupa, porque por esa vía se puede llegar también, en un lapso corto, a la frustración. Es preciso evaluarlo en dos, tres, cuatro años más. Y aspiro a que en ese momento la conclusión sea positiva: que se ha podido avanzar, que las potencialidades han sido claramente mayores que las amenazas y las dificultades involucradas en el acuerdo.
Porque existen otros costos. Y ello se debe consignar. Los hay en cuanto a la propiedad intelectual. Ya se hizo referencia a que será preciso pagar por "copyrights", por patentes, por secretos comerciales, por marcas comerciales.
El Tratado en análisis contempla una limitación en el uso de un instrumento de política económica como el encaje. Me hubiera gustado reproducir ahora, señor Presidente -no hay tiempo para ello-, la discusión que ayer, en la Comisión de Hacienda, sostuvimos con el propio Presidente del Banco Central . En lo personal, no comparto la visión de algunos de que la reducción de la posibilidad de utilizar el encaje sea una especie de virtud del Acuerdo. Ésa es claramente una limitación. Y es parte de los costos que pagamos. Espero que no sean excesivos.
Por mi parte, hice presente que cualquier persona que mire con cierta lucidez, con cierta inteligencia, el cuadro económico internacional para los próximos años debe admitir que la tónica será más bien la incertidumbre, la volatilidad, la inestabilidad financiera. Y, desde ese punto de vista, la necesidad de restringir la aplicación de una medida que el propio Fondo Monetario Internacional, en 1996, consideró útil me parece que constituye -repito- un costo. Y no estimo correcto que algunos intenten presentar como una virtud del instrumento lo que es claramente una limitación.
Considero atendibles las aprensiones que se han manifestado respecto del capítulo de inversiones, donde se inserta todo el tema de las expropiaciones indirectas. Lo relativo a la intención de invertir ha sido una novedad para el Senador que habla. No sabía, y reconozco mi ignorancia, que pueden accionar legalmente en el país, en virtud del Tratado -me dicen, asimismo, que ello igualmente procede merced a convenios de protección de inversiones suscritos por Chile-, no solamente personas que ya han invertido, sino también otras a las que sea posible acreditar una cierta intención de hacerlo. Y ello, naturalmente, puede generar conflictos.
Hay un libro -puedo dar sus referencias a quienes deseen estudiarlo más en detalle- donde se analizan todos los casos hoy en litigio en los países del NAFTA. Son 13 mil millones de dólares en pleitos los que se hallan en juego en virtud de las disputas entre Canadá, Estados Unidos y México . Un solo ejemplo al respecto, que juzgué bien inquietante, es el caso -bastante clásico, a mi juicio- de Metalclad, una empresa estadounidense de residuos tóxicos que vio rechazada su solicitud para depositar ese material en el Estado de San Luis de Potosí, en México, y accionó ante los tribunales para pedir una compensación por 90 millones de dólares, pretextando justamente el mecanismo de la expropiación indirecta. Entonces, creo que también es importante encontrarse preparados para enfrentar ese tipo de situaciones. Porque, de otra forma, todo puede derivar rápidamente en una gran frustración.
Estimo que algunos otros elementos de costo han sido poco señalados acá, como el costo fiscal del Acuerdo. Soy de las personas que piensan que el país necesita un Estado que administre bien los recursos, por cierto, pero al cual éstos no le sobran. Se registra una cantidad enorme de problemas sociales que no se han podido resolver y el Tratado, en particular durante los primeros años, significa una pérdida de ingresos fiscales neta y fuerte. Entonces, es algo que se requiere consignar.
En última instancia, la cuestión fundamental dependerá de nuestra capacidad de generar una estrategia que nos permita utilizar las oportunidades. Si ella no existe, es grande el peligro de que finalmente primen las amenazas o los riesgos que conlleva todo acuerdo de este tipo. Por eso es que comparto plenamente todo lo que aquí se ha dicho acerca de la relevancia de contar con una buena estrategia que permita utilizar las oportunidades.
Y termino, señor Presidente , valorando las declaraciones formales de la señora Canciller , y que involucran por cierto al señor Ministro de Hacienda , en el sentido de que la política tributaria chilena queda totalmente aparte de este Tratado, y que nadie -¡nadie!- podrá pretextar el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos para intentar objetar cualquier modificación que, en el ámbito tributario, el Congreso soberanamente adopte en el futuro.
Voto a favor.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , antes de fundamentar mi voto, quiero asociarme al reconocimiento que aquí se ha hecho a don Osvaldo Rosales , así como destacar la intervención del Senador señor Flores, que a mi juicio ha mostrado con mucha elocuencia aspectos fundamentales del funcionamiento de la economía contemporánea.
La estrategia de desarrollo de nuestro país está anclada en la apertura al exterior, la plena incorporación a la economía mundial, única opción disponible para un país en desarrollo pequeño, de mercado interno limitado. El éxito alcanzado tras más de dos décadas de implementación perseverante y consistente de esta política es incuestionable.
En una primera fase, Chile procedió a la liberalización unilateral de su comercio, proceso inicialmente doloroso para una economía que nunca había enfrentado la competencia, pero que generó las condiciones de productividad, competitividad y espíritu emprendedor, que dieron al país las bases de sustentación indispensables para avanzar hacia etapas más ambiciosas y exigentes de apertura.
Agotada esa primera etapa, el país, habida cuenta, además, de la lenta evolución de la liberalización multilateral a nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se volcó hacia la celebración de acuerdos comerciales bilaterales. México , Canadá , la asociación con MERCOSUR, han sido hitos significativos en esta nueva fase. Su culminación, fruto de procesos de negociación arduos y complejos de los sucesivos Gobiernos de la Concertación, se ha producido este año con la firma casi simultánea de los tratados comerciales con la Unión Europea -ya ratificado- y con los Estados Unidos, en actual trámite de ratificación; es decir, del establecimiento de relaciones privilegiadas con las dos macropotencias económicas del mundo. El Tratado que hoy estamos votando, prácticamente pone término, en lo grueso, a esta segunda fase de nuestro proceso de integración a la economía mundial, dado que los tratados ya concordados (incluido el de Corea) cubren una elevada proporción de la economía mundial. De aquí en adelante nuestros mayores esfuerzos habrán de concentrarse en rondas multilaterales de la OMC, único foro capaz de reducir las fuertes restricciones proteccionistas de las potencias mayores aún vigentes.
El fracaso de la reciente reunión del referido organismo, en Cancún, es una prueba elocuente del acierto de la política seguida por el país, dado que los acuerdos alcanzados nos hacen menos vulnerables al estancamiento de la liberalización multilateral.
En suma, desde el punto de vista de nuestra estrategia de desarrollo, resulta imperativo aprobar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. La relación privilegiada con las dos mayores economías del mundo nos incorpora de alguna manera a las "grandes ligas", con la consiguiente señal poderosa de consolidación de nuestra apertura al exterior, generadora de confianzas y certezas jurídicas, lo que, sumado a nuestra impecable situación macroeconómica, tendrá un efecto positivo en la evaluación de riesgo país, y da sentido real al concepto de Chile como plataforma de inversiones para acceder a esos mercados.
Las afirmaciones anteriores sólo podrían ser rebatidas o relativizadas si en las disposiciones concretas y efectos específicos del Tratado se detectaran consecuencias seriamente desfavorables para el país. Claramente, eso no es así.
En primer lugar, en materia comercial se eliminan en el plazo máximo de doce años los aranceles y cuotas para toda la producción exportable del país, disponiéndose la desgravación inmediata para 84 por ciento de las exportaciones agropecuarias, 88 por ciento de las industriales y la casi totalidad de los productos mineros. Y en los casos en que se mantiene una restricción de cuotas, éstas crecen entre 5 y 7 por ciento anual hasta su total eliminación al cabo de los doce años. Ningún producto chileno queda en situación peor que la actual, en tanto que se abren oportunidades importantes de expansión o nueva inserción en el mercado norteamericano de una variada gama de productos, cuyo detalle hemos conocido en el análisis.
La consolidación permanente de todas nuestras exportaciones incluidas en el Sistema Generalizado de Preferencias elimina la inseguridad propia de toda franquicia transitoria.
La eliminación del escalonamiento arancelario de Estados Unidos, que penaliza el valor agregado, abre oportunidades insospechadas de nuevos nichos para los sectores industrial, agroindustrial (pese al período más largo de desgravación) y particularmente el de servicios, incluidos todo lo ligado a la revolución informática y a la sociedad del conocimiento, donde ideas, diseño y capacidad innovativa suelen pesar tanto o más que el capital. Es decir, no estamos con este Tratado condenados a sólo seguir produciendo más de lo mismo.
Ratifica lo que vengo diciendo el apoyo explícito al Acuerdo entregado a la Comisión Especial por la totalidad de las asociaciones de productores, incluida la Sociedad Nacional de Agricultura, con la sola excepción del Consorcio Agrícola del Sur. En cuanto a los representantes de los sectores de la pequeña y mediana empresa (PYME), como la CONUPIA, la "Voz del Campo" y las cooperativas campesinas, su posición es de demanda de políticas de Estado para poder insertarse en esta nueva realidad, en tanto que la CUT sólo ha insistido en que se asegure el debido cumplimiento de la legislación laboral vigente.
El foco de mayores temores se centra en sectores de la agricultura tradicional, que son muy vulnerables a la competencia externa, favorecida ésta por los enormes subsidios a la producción interna que otorga Estados Unidos. Al respecto, sólo cabe consignar, primero, que en los casos más sensibles, como el trigo y la remolacha, la mayor amenaza proviene del MERCOSUR, en plazos similares a la desgravación del Tratado de Libre Comercio; y segundo, que en definitiva estos sectores deberán inevitablemente enfrentar la competencia externa en algún momento.
Los Acuerdos firmados dan al país al menos una década para que políticas de Estado persistentes, de amplio espectro, logren dar a estos sectores niveles de competitividad que los hagan viables, lo que incluye investigación tecnológica, cambios de uso de suelo, algún grado de reconversión productiva, acceso al crédito, capacitación en gestión, desarrollo de asociatividad para comercializar, mejor focalización de políticas de apoyo, etcétera.
En otros ámbitos del Tratado hay avances significativos, aunque inevitablemente incompletos, tratándose de una negociación relacionada con diversas barreras no arancelarias a que los Estados Unidos recurren unilateralmente, como es el caso de las tasas aduaneras, normas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, salvaguardias, procedimientos aduaneros, "marketing orders", y otros. Como es sabido de antemano, no hubo avance en cuanto a la legislación antidumping, ni respecto de los subsidios internos a la producción agrícola, materias en las que sólo se podrá avanzar por acuerdo de las grandes potencias entre sí, a nivel de la OMC. En todo caso, la creación de un sistema de solución de controversias con una primera instancia de negociación directa y una segunda con intervención de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo, debiera amortiguar el tradicional unilateralismo norteamericano.
Poco mencionada aquí es la apertura de las compras federales y de los 37 Estados mayores de la Unión, que abre oportunidades muy interesantes para nuestros exportadores.
La inclusión de los capítulos laboral y medio ambiental, sobre la base del compromiso mutuo de respeto a la legislación interna de cada país, cautela adecuadamente la soberanía para legislar libremente en estas materias. El mejoramiento de nuestros propios estándares es para Chile tanto un objetivo de política interna, como un blindaje cada vez más necesario para consolidar nuestras exportaciones, dadas especialmente las crecientes exigencias internacionales en materia medio ambiental y las tentaciones proteccionistas siempre presentes en Estados Unidos.
El capítulo sobre propiedad intelectual incluye el compromiso de Chile de ratificar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), a más tardar el año 2007, y hacer esfuerzos razonables para hacer otro tanto con el de Madrid. El eventual rechazo del primero de ellos por el Parlamento chileno conlleva sin duda el riesgo de una controversia que podría implicar algún costo para el país, por la vía final de compensaciones, en la eventualidad poco probable, a mi juicio, de que así sucediera.
Con relación a la norma que limita la aplicación del encaje al movimiento de capitales a no más de un año, resultan convincentes las explicaciones dadas por el señor Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central , en orden a que tal período es suficiente, dada la estabilidad macroeconómica del país, la fortaleza de sus sistema financiero y la mayor sofisticación de la regulación bancaria.
Un año es suficiente para hacer frente a volatibilidades excepcionales, y el juicio técnico parece indicar que si se aplicara por períodos más largos, dejaría de ser eficaz, porque el mercado terminaría burlándolo.
Se trata de una concesión que no implica un riesgo significativo para el manejo de la economía. Por otra parte, lo acordado en materia de protección de inversiones resguarda mejor al país contra demandas, por la llamada "expropiacion indirecta" o "indebida", que todos los acuerdos anteriores de similar naturaleza suscritos por Chile.
Se invoca como costo neto no compensado del Tratado la pérdida de ingresos fiscales provocados por las rebajas arancelarias, argumento que no se sostiene en el largo plazo, porque los beneficios del Convenio lo son para el país en términos de crecimiento del PIB y de mayores exportaciones, empleo y actividad económica, todo lo cual a su vez generará otros ingresos fiscales difíciles de cuantificar hoy, pero que sin duda terminarán por compensar las pérdidas iniciales. Por lo demás, con ese argumento se estarían descalificando todas las reducciones arancelarias unilaterales hechas por el país en 20 años, lo que parece evidentemente absurdo a la luz del progreso económico logrado.
Por último, deseo señalar que una de las virtudes del Tratado, dados los beneficios comerciales y el trato especial que se configuran en él, es otorgar a Chile cierta ventaja en los mercados de los Estados Unidos y de la Unión Europea con relación a los competidores emergentes que no tienen tal asociación, como China, India , Europa Oriental y el Sudeste Asiático, todo lo cual no es menor.
Cabe advertir finalmente que el Tratado de Libre Comercio genera un conjunto de amplias oportunidades que nos enfrentan a exigentes desafíos, que requieren una clara visión de futuro del país y de políticas de Estado persistentes y de alta calidad, en particular en sectores como la educación, la innovación; en el desarrollo de la agricultura tradicional y familiar campesina, y también en el fomento de una cultura nacional que valore por igual el espíritu emprendedor y el sentido de solidaridad y cooperación.
Por las razones expuestas, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , quiero partir rehabilitando al señor Ministro de Agricultura , quien ha sido acusado aquí de tener poco "punch". Por el contrario, creo que tiene mucho, y ha desarrollado una buena gestión. Así que lo felicito por la labor realizada en su calidad de tal.
Reconozco también que todo el proceso que el Gobierno chileno ha llevado adelante en cuanto a suscripción de tratados de libre comercio con diversos países -en algunos casos multilaterales, como es el del MERCOSUR-, forma parte de lo que es su gestión en materias que son propias de una política internacional, con las características ya conocidas y alabadas por muchos señores Senadores. En tal sentido, la acción que ha desarrollado el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por la señora Canciller , junto con todo su Gabinete y su equipo asesor, ha sido buena.
En todo caso, tengo algunas opiniones que no son discrepantes en cuanto a la forma del Tratado, sino al fondo del mismo.
Deseo responder al Senador señor Ominami, con la venia de la Mesa, un par de aseveraciones que hizo al respecto, porque tal vez representan doctrinas equivocadas en materia de visión mundial.
Las personas que puedan estar en contra del Tratado de Libre Comercio no se oponen a la globalización, porque, en definitiva, lo que hacen dichos acuerdos es cerrar negocios entre Estados.
La globalización, en la plenitud de sus formas, se manifiesta a través de una acción positiva, efectiva, y poderosa del organismo internacional más importante: la Organización Mundial de Comercio.
El país que ingresa a dicho ente acepta la globalización en toda su plenitud. El Estado miembro, aun cuando no suscriba convenio alguno, no está en contra de ella. Por lo tanto, el establecer una posición distinta frente a determinado tratado no significa oponerse a la globalización, ni tampoco tener una actitud provinciana. En primer lugar, porque las inteligencias y las capacidades se hallan en todo Chile; no sólo en Santiago, sino también en las provincias. En segundo término, porque responde a una acción que pertenece a un espíritu creador, como es el que ha tenido nuestro país en los últimos 25 años, de abrirse al mundo para conquistar los mercados.
¿Qué es lo que, desde un punto de vista doctrinario, hace distinta la participación de la OMC con relación a otros efectos derivados de los tratados?
Alguien ha señalado -lo repito- que los tratados son contratos entre Estados, y son éstos los que establecen las obligaciones que deben imperar en toda negociación.
En la OMC, pese a ser también una estructura mundial donde concurre el Estado, se puede apreciar la diversidad de economías, de etnias y características geográficas disímiles de los países miembros, así como la apertura más amplia en materia de intercambio comercial, lo cual permite suponer claramente que mediante ella se concretan los negocios entre los pueblos.
Ése fue el mecanismo con que Chile inició la apertura hacia el mundo con mucho éxito. Y es el mismo que hoy utiliza China, que exhibe un crecimiento económico de 10 por ciento; Vietnam, Malasia y el 85 por ciento de la población mundial, sin más amarras que las que permitan desarrollarse en plenitud.
Por tal motivo, mi posición frente a los tratados ha sido siempre recoger la doctrina de los negocios de pueblo a pueblo por sobre la de los negocios de Estado a Estado. En tal virtud, me he opuesto a los convenios y voté en contra del MERCOSUR, que era el más cercano. En ese entonces, los discursos fueron los mismos que he estado oyendo ahora. No hay diferencias. Se dijo que pronunciarse en contra significaba cerrarse ante mercados de 300 millones de habitantes con perspectivas y proyecciones futuras fantásticas, etcétera, Y, finalmente, han terminado siendo malos negocios para el país, provocando delicados problemas para el desarrollo de nuestra economía agraria, que es una de las más trascendentes.
Por otra parte, a propósito de lo que expresó un señor Senador, es necesario recordar lo siguiente. Quienes temen las restricciones que con el Tratado de Libre Comercio puedan producirse en cuanto al valor de la remolacha y del trigo no han reparado en que antes de que llegue Estados Unidos lo hará el MERCOSUR. Por ello, no existen motivos para pensar que ése es un argumento para votar en contra. Tienen razón, es verdad. Pero eso implica necesariamente sostener algo muy trascendente: tanto con el MERCOSUR como con el Tratado que nos ocupa, un área importante del país experimenta alteraciones que lo debilitan en su futuro.
El Honorable señor Flores, en una muy interesante intervención, nos expuso, mediante algunos ejemplos, que el desarrollo de los países no requieren tratados especiales para crecer. Al respecto, cabe señalar -a propósito del lugar donde se firmó el Tratado (en todo caso, ignoro la razón por la cual se suscribió en Miami y no en Washington)- que, en 1941 ó 1942, cuando Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial y llegaron a él los primeros soldados heridos, el Presidente de aquel entonces llamó a la nación norteamericana a colaborar con el Gobierno en la tarea de cuidar a esos combatientes. A raíz de ello, el alcalde de Miami los invitó a descubrir ese mundo fantástico, de playas, de arenas y paisajes maravillosos existente allí. Y empezó a conquistarse a los jubilados norteamericanos. Hoy, según informaciones entregadas por la administración de dicha ciudad, anualmente se pagan, por concepto de pensiones a quienes viven allí, 12 mil millones de dólares. Es decir, mil millones de dólares mensuales, constituyéndose para Miami, junto con el turismo, en el segundo ingreso más importante para su desarrollo.
Señalo ese ejemplo, porque responde a la iniciativa de un hombre inteligente, que entendió que existían posibilidades y las herramientas para avanzar.
Lo mismo ocurre con los otros ejemplos dados a conocer por el Honorable señor Flores, que fueron bastante buenos.
El señor Senador puso un signo de interrogación enorme. Dijo que el desarrollo llevado a cabo mediante esas iniciativas y acciones de personas capaces que comprenden que su imaginación creadora es el motor del crecimiento -que les permite cumplir metas y objetivos en beneficio propio y de sus familias en la sociedad en que viven-, no se resuelve con el Tratado. Aún más -no lo manifestó directamente, pero me surge una duda-: se debe entender que mientras nos hallamos vinculados como país a un desarrollo que no llega a ser ni el 2 por ciento del alcanzado por Estados Unidos, evidentemente estamos accediendo a una sociedad que, por sus capacidades, características financieras y otros aspectos, se encuentra en una situación inmensamente superior a la nuestra.
Por tanto, el tema aquí no apunta a evaluar si con el Tratado vamos a exportar mayor o menor cantidad de productos, porque ya estamos vendiendo mucho. De hecho, se vende todo lo que el país produce.
El Senador señor Flores se preguntó si serán capaces los empresarios chilenos, así como también los profesionales y los trabajadores, de alcanzar niveles mayores en el corto plazo, antes de que seamos absorbidos por el enorme potencial del socio que nos estamos comprando. Ahí existen evidentemente dudas bastante grandes.
En cuanto a la zona económica exclusiva, me llama la atención que Chile incluya las 200 millas marítimas y que Estados Unidos no lo haga. Alguien me decía: "pero si Estados Unidos no las ha reconocido nunca". Entonces, no debemos incorporarlas.
Ese solo hecho, es tan delicado que dificulta una relación que nos permita crecer en los otros objetivos geopolíticos de nuestro océano: el mar presencial y la administración del territorio marítimo por parte de los Estados, como lo hemos dicho tantas veces, y no por organismos internacionales.
Sin embargo, el Tratado nos genera una complicación al respecto. Nos amarra las manos y no nos deja actuar en una materia que es muy trascendente.
En enero próximo -como es de conocimiento del señor Presidente del Senado - iremos a China a dar a conocer precisamente el tratado que hemos suscrito con el Perú, con Ecuador -esperamos que con Colombia también- para administrar mejor nuestro océano. Sin embargo, el país del norte, que, no obstante representar 5,8 por ciento de la población mundial, es responsable del 25 por ciento del PIB mundial, nos está amarrando en esa situación.
Estados Unidos nos dice: "ustedes incorporan la zona económica exclusiva, pero nosotros no; ustedes incorporan el cielo abierto y nosotros no; ustedes incorporan la carne de mono, y nosotros no, etcétera", lo cual no nos parece. Evidentemente, estamos ante un problema bastante delicado.
Para finalizar -dado que está por terminar mi tiempo-, en cuanto al desconocimiento de los productos esenciales de Chile, es cierto que hay alternativas en la parte agrícola, en fin. Pero evidentemente...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor RÍOS.-
El Honorable señor Horvath me cedió cinco minutos. ¿Puedo utilizarlos?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No está permitido, Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Entonces termino la idea.
El señor MORENO .-
Pero él sigue después.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se trata de una norma del Senado que me es imposible infringir.
El señor RÍOS.-
Está bien, señor Presidente , redondearé la idea.
Deseo manifestar un hecho que me parece muy importante.
Estamos frente a una situación respecto de la cual siento como un deber natural defender una de las economías que en el futuro puede ser la más trascendente para nuestro país. Me refiero a la agricultura.
Todos los antecedentes que he expuesto -reitero: se trata de un problema de doctrina-, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, me llevan a pronunciarme en contra del Tratado, que se nos ha presentado como una alternativa de desarrollo para nuestro país.
Voto que no.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, creo que se han dado ya muchos argumentos y, por lo tanto, voy a tratar de resumir lo más posible mi planteamiento acerca del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
En mi opinión, con este instrumento se abren tantas oportunidades como desafíos, estos últimos, particularmente en lo interno. Aquí se ha sacado a colación todo lo negativo que ha significado el acuerdo con el MERCOSUR, especialmente para el sector agrícola ganadero chileno y el incumplimiento de una serie de compromisos asumidos en su momento por el Gobierno para preparar, en esas condiciones de competencia, a estos sectores más frágiles ante ese acuerdo.
En esta materia, también hay algo en esa línea y se avanzó en las discusiones y en los planteamientos de los señores Senadores cuando se trató el asunto en la Comisión Especial.
Analizado en su conjunto, con todos los pros y contras, considero que el Acuerdo resulta conveniente para nuestro país, por cuanto en términos de intercambio se abrirán grandes oportunidades para una vasta variedad de productos naturales y elaborados en Chile, que tendrán facilidades para ingresar a uno de los mayores mercados del mundo. Por otra parte, si bien gran cantidad de ese tipo de productos entrará al nuestro, hay que expresar especial preocupación por salvaguardar que no provengan con subsidios internos, por cuanto perjudicarán a la industria y a los productores nacionales. Lo mismo sucede con la Unión Europea.
Planteo lo anterior, porque en Estados Unidos en particular los sectores agrícola y ganadero son objeto de significativos subsidios. Al respecto, tendremos que ser especialmente acuciosos.
En cuanto a los temas ambientales, hay proyectos e instancias de intercambio, de cooperación entre ambos países. Además, existe una rigurosa legislación en el país del Norte, que servirá como una buena orientación y estímulo a la chilena, que, sin lugar a dudas, debe mejorarse, transparentarse y hacerse bastante más efectiva. En esta materia, particularmente los instrumentos de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero se convertirán en una necesidad más que imperiosa.
Desde el punto de vista laboral, a juicio de los personeros de la AFL-CIO ( American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations) de Estados Unidos -se trata de una organización como la CUT-, Chile tiene más restricciones y menos flexibilidades que las del país del Norte en sus leyes laborales. Y a ellos, más que preocuparles la relación con nosotros en este ámbito, les inquietaba que Chile se tomara como ejemplo en otros lugares de América, donde no se cuenta con la legislación laboral que existe acá.
Un tema no menor es que nuestra patria será objeto, como ya se percibe, de un singular tipo de presiones, como ocurre con los organismos genéticamente modificados, conocidos también como transgénicos. En esta materia, particularmente en los sectores agrícola y ganadero, no podemos competir en cantidad, pero sí en calidad y en sellos de origen. Por ello resulta más que importante, junto con este Convenio, que nuestro país asegure sus propios resguardos y políticas internas. Lo relativo al sello de origen está incluido en el Tratado.
Del mismo modo, es preciso avanzar en flexibilizar y mejorar la política laboral y ambiental, como lo he señalado con anterioridad. Y debemos garantizar no sólo la política. En este aspecto, se va a producir una dificultad por la existencia de dos mercados que en materia de transgénicos son antagónicos, como el europeo y el norteamericano; mientras el primero exige la etiquetación, el segundo, no. En este sentido, creo que tenemos que tomar una decisión interna y apostamos a que sean los consumidores quienes resuelvan libre e informadamente qué es lo que van a comprar.
Entonces, resulta relevante en estos acuerdos y tratados de libre comercio la preparación de nuestro país para los desafíos que se abren. En tal sentido, en el Anexo III del Informe de la Comisión Especial se encuentra el planteamiento de un conjunto de Senadores y Diputados para que, junto con aprobar el Tratado, se adopten una serie de políticas públicas internas.
Sería oportuno que las autoridades de la Cancillería nos pudieran informar respecto de los cuestionamientos de constitucionalidad en lo referente a que no existe reciprocidad en cuanto al territorio, porque Chile se abre en sus espacios aéreo y marítimo, pero no así Estados Unidos.
Es necesario resguardarse de los "capitales golondrinas" y de la debilidad en que quedaríamos ante la propiedad intelectual. Estas salvaguardias ya se han explicado, tal vez en términos no exactos en cuanto a la práctica, en el sentido de que, por un lado, el país del Norte estaría protegiendo el ingreso de productos nuestros como las paltas y alimentos sensibles, y, a cambio, se estarían poniendo manatíes o primates. Eso no es así, pues la Cancillería ha señalado que hay un elemento más sensible, como son los despojos de carne, que sí podrían afectarnos. No se puede considerar en este sentido ingenua a esa Secretaría de Estado.
Significativo será el refuerzo que debemos hacer en los procesos de educación, a fin de que generen condiciones de independencia y buena preparación, y respeten nuestra diversidad e identidad cultural. Esos son los desafíos que tenemos que asumir.
Del mismo modo, Chile ha de emprender ahora un esfuerzo notable en lo que se refiere a capacitación en todos los niveles, a fin de poder enfrentar en buena forma la competencia.
Igualmente, quiero hacer especial hincapié en lo que se refiere a las Regiones. Es preciso que ellas, a través de un proceso verdadero de descentralización y regionalización, cuenten con niveles de autonomía suficientes para prepararse y asumir de manera descentralizada los desafíos que conlleva este Tratado de Libre Comercio. En caso contrario, fruto de la competencia, las Regiones y comunas más desmedradas van a ver aumentado el abismo que las separa de las que exhiben un desarrollo mayor.
Es importante también resguardar la integridad física del país. Hoy vemos cómo un proyecto de inversión ambiental, el Parque Pumalín, está claramente cortando en dos nuestro territorio, y esto se podría agravar con las facilidades que otorga el Tratado de Libre Comercio.
Por otro lado, junto a la labor de la Cancillería y de todo el equipo que ha negociado este difícil Acuerdo, quisiera resaltar el desempeño de la Embajada de Chile en los Estados Unidos. Me consta que sus funcionarios llevaron a cabo un trabajo acucioso con cada una de las instituciones norteamericanas, con cada uno de los legisladores y cada uno de los Estados. En una visita a ese país realizada por Renovación Nacional entre el 31 de marzo y el 4 de abril, en plena guerra -entre comillas- con Iraq, pudimos percibir cuál era su actitud respecto de nosotros. En la oportunidad, en todas las reuniones con los Parlamentarios, Diputados o Senadores, con los asesores, con los Presidentes de Comisión , con los institutos e universidades, con organizaciones empresariales y laborales, se dejó claramente establecido que Chile no negociaba su soberanía, su dignidad ni su independencia en sus resoluciones -como la adoptada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-, por un tratado de libre de comercio. Nosotros advertimos con mucha nitidez que, al margen del mayor o menor agrado que pudiera producir en la contraparte, Chile estaba negociando en una condición digna y tomando decisiones que, en alguna medida, se contraponían con el interés de llevar adelante su negociación con Estados Unidos, por el momento que el país del Norte vivía en dicho organismo internacional.
En resumen, señor Presidente , y en el ánimo de no repetir antecedentes, quisiera señalar que, evaluando los pros y contras de este Tratado, creo conveniente que Chile asuma en plenitud el desafío que representa y, a la vez, que se comprometa internamente a prepararse para su aplicación.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , me tocó participar en la Comisión Especial de Senadores que informó este Tratado a la Sala y he seguido en detalle el debate de la tarde de hoy.
Quiero dejar consignado que, de acuerdo con mi propia experiencia y con lo que he escuchado a otros señores Senadores, el procedimiento que hemos utilizado probablemente no es el mejor. En muchos de nosotros ha quedado la sensación de que no fue posible tener un diálogo real que nos permitiera acercar posiciones respecto de cómo pronunciarnos sobre esta materia. Es cierto que el mecanismo nos obliga, pero la observación no es menor, porque ésta no es la primera vez que nos enfrentamos a discusiones de esta naturaleza. En efecto, más allá de la buena voluntad y de la forma como la Comisión Especial funcionó -no tengo objeción ni crítica alguna sobre el particular-, resulta indesmentible que, en el fondo, su labor se redujo a escuchar los testimonios, con muy pocas posibilidades, si realmente las hubo, de efectuar un intercambio de opiniones y entrar a un debate que nos permitiera arribar a una conclusión adecuada.
Dicho lo anterior, paso al punto central.
Chile, desde que volvió al sistema democrático, en 1989, optó por sumarse al proceso de la globalización a través de la plena inserción en los mercados internacionales, mediante la apertura de su economía. Dicha apertura la buscó -o la sigue buscando- por tres caminos, no todos ellos exitosos hasta el momento: el primero, la rebaja unilateral de nuestros aranceles para permitir un comercio más adecuado; el segundo, su reducción bilateral por la vía de tratados de libre comercio; y el tercero, las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio para procurar, por el acuerdo multilateral, algunas ventajas para la inserción de nuestro país.
En el conjunto, al menos en opinión del Senador que habla, esto ha provocado en Chile un mejoramiento de la calidad de vida y mayores niveles de desarrollo. Sería absurdo negarlo. Por lo tanto, el Tratado que estamos discutiendo se halla incorporado en lo que los Gobiernos de la Concertación han venido realizando en estos años. Y quiero dejar constancia de mi reconocimiento a quienes nos han representado en esta negociación. Mis puntos de vista pueden ser discrepantes de algunas de las conclusiones que se obtengan, pero no tengo ni la más mínima duda del patriotismo, de la dedicación y, sobre todo, de la transparencia con que ellas y ellos han actuado en esta materia. Por ello, quiero rechazar, por injustas, algunas observaciones manifestadas en el debate de esta tarde, que podrían interpretarse como lesivas respecto del patriotismo o, incluso, del honor de las personas que nos han representado.
Paso al tercer punto. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? El Tratado se va a aprobar. Lo sabíamos y lo sabemos. Por consiguiente, el tema en debate no son sus bondades o falencias, ni tampoco lo que haga Estados Unidos respecto de sus propios intereses. Más allá de lo que aquí se puede haber indicado, lo aprueba dentro de su visión estratégica. No es que para los norteamericanos Chile sea un país determinante de su estrategia mundial: es uno de los elementos de esa estrategia. Y en la defensa de la soberanía, debemos considerar cuáles son esos intereses y cómo nos insertamos en la relación con la potencia económica y militar más poderosa del mundo, atendiendo, especialmente, al ajuste que requerimos hacer en nuestra propia estrategia de desarrollo, producto de estos tratados, para enfrentar los próximos 30, 40 ó 50 años.
El punto que he planteado en la Comisión -lo reitero hoy día- es que el Acuerdo con Estados Unidos nos lleva a reflexionar sobre el esquema de desarrollo interno. En efecto, nos estamos transformando, cada vez más, en exportadores netos de productos primarios. No es que no se quiera hacer otra cosa con la firma del Tratado. Lo que ocurre es que éste tiene como consecuencia natural el que nosotros no privilegiemos nuestras formas de incentivar la inversión en el procesamiento de nuestras materias primas, a fin de colocarlas en otros niveles mundiales. Es ahí donde está el punto neurálgico.
Pero esto, a su vez, como seguimos siendo exportadores de recursos primarios y no elaborados, nos plantea el problema de cómo distribuir nuestra propia población en los distintos espacios territoriales de la nación. Y a eso, en el fondo sin quererlo, apunta este Acuerdo. He leído con mucha atención el Anexo que nos entregó la Cancillería respecto de lo que significa el Convenio Región por Región. Es un buen esfuerzo, es útil. Pero la conclusión que uno saca es que, básicamente, no hay un refuerzo a la regionalización del país por esa vía. ¿Por qué? Porque las inversiones que realmente se requieren, no para colocar en simetría la economía americana con la chilena -sería un infantilismo siquiera plantearlo-, pero sí para poner estratégicamente en línea la mantención de nuestras poblaciones en las Regiones, el mejoramiento de su calidad de vida, y su sintonía con las inversiones sociales -en caminos, agua potable, electricidad- que estamos realizando, pues es posible la existencia de mecanismos que, a través del Tratado, tiendan a extraer esas poblaciones de los lugares donde estamos invirtiendo. Por lo tanto, las inversiones en escuelas, en caminos, en electrificación, en calidad de vida, si no hay una fuente de trabajo estable que permita a las personas permanecer en esos territorios, representan una contradicción en nuestra estrategia nacional.
Aquí es donde surgen las preguntas centrales que debemos contestar los chilenos, no los norteamericanos: ¿Cuál es el rol o el espacio que tendrán en este mundo globalizado nuestro sector rural y nuestra agricultura? ¿Cuál es el tipo de agricultura que vamos a desarrollar con nuestros niveles sociales, económicos, educacionales y con los recursos disponibles? Porque no podemos creer -ésa es una de mis mayores observaciones- que el país se va a dividir entre los que exportan y los que ayudan a quienes exportan. ¡No queremos eso para Chile! Y no será así, aun cuando estemos totalmente de acuerdo en apoyar a los exportadores e incluso en sumar más gente a este sector.
Pero, si no rectificamos rápidamente, existirán dos países: el de aquellos que estarán vinculados en forma directa a los beneficios de los tratados -ya sea del suscrito con la Unión Europea o del que estamos discutiendo-, y el de quienes en Regiones se dedican a producir para el consumo interno y que irán incorporándose gradualmente a las posibilidades de exportación, si consideran atractivo el negocio. Pero esto último no está. ¡No está! Lo digo con dolor. ¿Por qué? Porque yo esperaba de parte de la autoridad económica del Gobierno -que es mi Gobierno, al cual apoyo en el Parlamento- una reacción diferente de la que estoy presenciando. No la veo.
De ahí mi desazón.
Y, precisamente en vísperas de que el Congreso Nacional adopte una decisión de esta magnitud, me percato de que en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 -actualmente en discusión en el órgano especializado- se le rebajan 8 mil 500 millones de pesos al sector agrícola, de los cuales prácticamente 7 mil se le quitan al INDAP, que es el instrumento fundamental para convertir a los pequeños y medianos agricultores en elementos productivos, incorporándose ya sea a esta nueva área de trabajo o a otra distinta.
Señor Presidente , no puedo silenciar una observación formulada en el debate de esta tarde, que también escuché a algunos personeros que concurrieron a la Comisión Especial y que se ha publicado en algunos medios de circulación nacional, en el sentido de que los aportes destinados a la pequeña y mediana agricultura deben suprimirse y ser entregados a aquellos que tienen capacidad inmediata de exportación.
Discrepo absolutamente de esa visión. Porque una cosa es rectificar lo que pueda hacer el INDAP; y otra diferente, arrebatar los dineros a los campesinos, a los pequeños agricultores, poniendo en riesgo su permanencia en esta actividad.
¡Eso es lo que está en juego! ¡Eso es lo que se ha planteado formalmente! No son rumores, sino declaraciones oficiales.
Por lo tanto, tengo el derecho a reclamar de mi Gobierno que rectifique, en el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, las medidas que se han venido insinuando.
Mirando hacia el futuro, ¿qué se requiere desde ese punto de vista? Una operación relativamente simple: decidir concretar las inversiones en el sector agrícola en el marco de 10 años, con el objeto de ir incorporando 500 mil hectáreas -de trigo, de remolacha, de arroz y de otros productos-, que deberán ser transformadas de acuerdo con un proceso de tecnificación.
Si se realiza el cálculo -algo de esto señalé ya en la Comisión Especial- de lo que se necesita para convertirse de agricultor tradicional en uno con capacidad para insertarse en este otro mercado, o incluso para mejorar su competitividad interna, técnicamente se concluye que se requiere un promedio de 5 mil dólares por hectárea. ¡Cinco mil! Obviamente, no todos lo pueden hacer de golpe. Y 5 mil dólares por 500 mil hectáreas son 2 mil 500 millones de dólares en 10 años. Vale decir, se trata de 250 millones anuales de inversión en el sector rural, particularmente en la pequeña y mediana agricultura.
¡Ésa es estrategia de desarrollo! ¡Eso es lo que se necesita! ¡Ésos son los elementos que precisa el país! ¡Ésa es la señal política que estamos demandando!
A mi juicio, en este momento se requiere, específicamente, reforzar la asociatividad. ¿O hay alguien aquí que crea realmente que la mediana o la pequeña agricultura pueden incorporarse a esta instancia sin tener apoyos para reunirse; sin poder juntar fuerzas, en los casos de las exportaciones de leche o carne?
Eso es ilusorio. ¿Qué pequeño agricultor va a ocupar la cuota de exportación de carne o leche si no tiene una estructura de trabajo diferente? ¿Pueden hoy los pequeños agricultores convertirse de productores de maíz en productores de uva, cuando saben que el BancoEstado no les presta ni un peso, cuando la CORFO no llega hasta ellos porque sus mecanismos apuntan a otro tipo de agricultura, cuando los bancos privados los declaran personas de riesgo y, por tanto, no tienen acceso a ninguna fuente de financiamiento?
En consecuencia, ése es el desafío: contar realmente con una política distinta hacia dicho sector. Y esa política precisa de inversiones y esfuerzos que se vayan concretando paulatinamente en el tiempo y destinados a la conversión de un sector que no podemos abandonar.
Señor Presidente , veo con preocupación lo que sucede con el anuncio acerca de la inversión más grande hasta ahora en la Sexta Región, que represento: en Convento Viejo -tuvimos el agrado de contar con la presencia del Presidente de la República en Chimbarongo, donde anunció que se llamaría a licitación para ese efecto-, pasan los meses y el Ministerio de Hacienda tiene perdido, no sé dónde, el llamado a propuesta por concesión respecto de esa cuantiosa inversión, que puede permitir contar con 80 mil hectáreas de riego en el corazón de la zona central, desde donde se va a exportar.
Tengo derecho a decir que dudo -no de la buena fe de quienes han negociado el Tratado; nunca he dudado de ellos- de que exista voluntad política para llevar adelante este tipo de decisiones.
Y alzo la voz esta tarde porque en mi Región obtuve la primera mayoría con el voto de la gente del campo -por mí no votaron los grandes agricultores, sino los pequeños productores y las temporeras- y, además, por mi vinculación a lo largo de toda la vida con la pequeña agricultura y el ámbito rural.
Como no se han dado las respuestas que estoy demandando, me pronunciaré en la forma que paso a indicar.
Habría querido -lo digo lealmente- votar a favor del Tratado. Lo deseaba, lo busqué, lo esperé. ¡Ni una sola señal de la autoridad económica del Gobierno! ¡Ni una sola! En el fondo, sólo señales contradictorias, lo que, no obstante desear votar de otra manera, me lleva a abstenerme de aprobar el Tratado.
Mientras no haya posibilidad de una rectificación de la política en esa línea, se está contradiciendo aquello a que aspiramos como chilenos.
Me abstengo, señor Presidente .
--(Aplausos en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Advierto al público que no se pueden hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor CAMPOS ( Ministro de Agricultura ).-
Señor Presidente , no puedo comenzar esta intervención sin manifestar, en nombre del Gobierno, nuestro más absoluto rechazo a las expresiones de un Honorable Senador para con un distinguido funcionario que desempeña el cargo de Director Económico en nuestra Cancillería.
Entendemos que un tratado de libre comercio contiene materias opinables, respecto de las cuales necesariamente hay visiones distintas. Pero dudar de la integridad moral o del patriotismo de nuestros negociadores...
El señor ÁVILA .-
¡Señor Presidente , no permitiré que se diga una falsedad en cuanto a la interpretación de mis palabras!
¡No he dudado de la integridad moral ni del patriotismo del señor Osvaldo Rosales!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , si quiere acotar algo, pida una interrupción.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor CAMPOS ( Ministro de Agricultura ).-
Señor Presidente , dudar de ese funcionario implica dudar también de los Ministros que hemos estado involucrados en esta negociación y, en última instancia, de Su Excelencia el Presidente de la República , que es quien conduce la política internacional de Chile.
Entrando en materia, la visión del Ministerio de Agricultura acerca del Tratado -como manifestamos oportunamente en la Cámara de Diputados y en las Comisiones del Senado- es francamente positiva. Estamos convencidos de que este Acuerdo y el suscrito con la Unión Europea -ya vigente- constituyen las dos palancas que permitirán el desarrollo de nuestro sector en los próximos años.
Hoy día, el mercado norteamericano representa un tercio de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. Nuestra balanza comercial agrícola es positiva: se exporta 17 veces más a Estados Unidos que lo que se importa de ese país. Sin lugar a dudas, las posibilidades de crecimiento existentes son enormes. Baste recordar, en lo referente al vínculo con la Unión Europea, que en lo transcurrido del presente año nuestras exportaciones agrícolas a ese continente han aumentado 20 por ciento y las pecuarias, 80 por ciento.
Todo ello -reitero- nos hace ver con bastante optimismo los efectos o impactos que lo anteriormente señalado ocasionará en la economía agrícola nacional, sector que desde hace tres años duplica en crecimiento al resto de la economía del país.
Sin embargo, señor Presidente , durante el transcurso del debate y mirado desde el punto de vista agrícola, se han planteado reservas -cuya reiteración me sorprende- enfocadas fundamentalmente desde dos líneas argumentales.
En primer lugar, se ha dicho que el Acuerdo es perjudicial para la agricultura del sur, la tradicional, la sustitutiva de productos de importación.
Pero, ¿qué produce la agricultura del sur? Leche, carne, granos, leguminosas y cereales, y productos forestales. Y ocurre que precisamente esos rubros -propios de la zona- por primera vez en un acuerdo de libre comercio suscrito por Chile se incluyen como fuerza agroexportadora.
La gran crítica del pasado respecto de otros tratados de libre comercio firmados por nuestro país era que sólo se reducían a la fruta, al vino y a productos agrícolas del Valle Central. Y ahora, que incorporamos los provenientes de la agricultura del sur -en una forma que podría detallar, como la vinculación de la actividad al modelo de desarrollo agroexportador, para que Chile en este aspecto sea un todo-, se argumenta que el agro tradicional se ve perjudicado con el Acuerdo.
Hoy día, sin Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya exportamos 50 millones de dólares en productos lácteos. Hoy día, sin Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, terminaremos exportando este año más de 20 millones de dólares en carnes rojas. Hoy día, sin Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tenemos una cuota de 5 mil toneladas de carne bovina con la Unión Europea, y el primer día que entre en vigencia el Convenio con el país del Norte, toda la producción ovina nacional podrá ingresar a ese mercado con arancel cero.
Además, hemos generado una alianza estratégica entre los agricultores y las plantas productoras de alimento para salmones, a fin de que en una perspectiva de dos o de tres años nos permita disponer de 100 mil hectáreas de granos destinadas al consumo de esa especie, y, a lo mejor, en cinco o seis años más, contar con una cantidad superior a 300 mil hectáreas de cereales y leguminosas.
¡Eso se da en el sur!
Ahora, también incluimos en el Acuerdo productos forestales con valor agregado. La industria del rubro nos permitirá -esperamos que una vez aprobado el proyecto de ley sobre bosque nativo-, no sólo exportar pino y eucalipto con valor agregado, sino incluso madera nativa, también con valor agregado y, además, proveniente del sur de nuestro país.
Entonces, sostener que la agricultura tradicional del sur se ve perjudicada por el Tratado, en circunstancias de que objetivamente es la que más gana, es un elemento que en esta oportunidad quería precisar.
En segundo término, se manifestó que la pequeña agricultura también se ve afectada por el instrumento internacional en debate.
La verdad es que no se negocia en función de sectores específicos, sino de rubros. Objetivamente, hasta hoy día la pequeña agricultura, la familiar campesina, ha estado al margen del modelo de desarrollo agroexportador, pero ello debido a sus dificultades estructurales para participar en ese proceso.
Sin embargo, más allá de que hemos estado ayudando a la pequeña agricultura en ciertos rubros específicos, como ocurre con los "berries", la miel, las flores, u otras iniciativas muy propias de esta actividad, si Sus Señorías observan las áreas de la agricultura tradicional que hoy día estamos incorporando en el TLC con Estados Unidos, se darán cuenta de que la pequeña agricultura representa 40 por ciento de la producción de leche, de carne y de granos. De manera que no sólo introducimos nuevos rubros, sino también nuevos actores.
De ahí que la segunda observación criticando el Acuerdo desde el punto de la agricultura, por lo menos no responde a antecedentes que se condigan con la realidad.
En tercer lugar, se dijo que el Tratado condena a Chile irremediablemente a la categoría de exportador primario.
Pero, señor Presidente , si a la vuelta de doce años -sin considerar que más de 80 por ciento de nuestra oferta exportadora queda con arancel cero desde el primer día de vigencia del Acuerdo- toda la producción nacional (primaria, secundaria, terciaria, de la naturaleza que sea) podrá entrar al mercado norteamericano con arancel cero.
Dicho de otro modo, sin TLC estamos condenados a ser un país exportador primario. Pero precisamente con este instrumento lograremos exportar, por lo menos a la vuelta de doce años -estoy seguro de que muchos rubros podrán hacerlo antes-, productos agrícolas con valor agregado.
En consecuencia, a nuestro entender, el beneficio sectorial francamente es evidente.
Finalmente, señor Presidente , en cuanto a las referencias hechas en varias intervenciones a la situación de las salvaguardias bilaterales agrícolas contenidas en el Acuerdo -incluso se las ha querido ridiculizar-, debo señalar que es preciso leer bien su texto.
Desde el punto de vista chileno, lo primero que se protege son los productos sujetos al sistema de bandas, que corresponden a 31 partidas arancelarias -¡treinta y una!-. Ahí se encuentran el trigo, el aceite y también el azúcar. Y menciono el aceite porque en la época de negociación todavía estaba incluido en nuestra ley de bandas de precios. O sea, empezamos con 31 partidas protegidas.
Además, dentro de las salvaguardias especiales se mencionan otras 15 partidas. Sin embargo, lo que ocurre es un problema técnico. Las carnes rojas tienen tratamiento especial en el Acuerdo -se fijan cuotas para ellas-, así como también las carnes blancas, las de cerdo, las de pollo. En nuestra nomenclatura arancelaria había una partida denominada "Otras carnes", pero no especificaba nada más. Y ocurre que los norteamericanos, de acuerdo a su nomenclatura aduanera, esa partida la dividen en las subpartidas a las cuales se ha hecho referencia.
Pero lo importante es que los productos sensibles, que a nosotros nos interesaba proteger, como los que se encuentran sujetos al sistema de bandas, reciben un tratamiento especial en el Convenio.
Concluyo, señor Presidente , indicando mi sorpresa por el argumento de que los temas ambiental o laboral generan riesgos a la agricultura chilena. Al respecto, lo único que señala el Tratado de Libre Comercio es que Chile se compromete a respetar la legislación chilena en materias ambiental y laboral, lo cual debemos hacer con TLC, o sin él. Porque, en el mundo, para realizar una actividad sustentable, no basta con que lo sea económicamente; también tiene que serlo medioambiental y socialmente. Y el que no desarrolle una actividad productiva en esos términos, queda fuera del mercado.
De ahí que nosotros estimamos que, desde el punto de vista agrícola, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos constituye -reitero- la mejor noticia y oportunidad de desarrollo para el sector, y francamente esperamos que el Senado lo apruebe, como ya lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , debo reconocer que el Ministro de Agricultura me dejó completamente sorprendido. Mi lógica sobre el particular era de tal modo diferente, que espero no tener que cambiar una posición respecto del punto. Porque lo único claro -¡lo único!- que he oído en el Senado, en las Comisiones, de parte de los Parlamentarios, sean de uno u otro sector -los que votaron a favor, los que se abstuvieron o se pronunciaron en contra-, es que existe un problema agrícola, con una excepción: el Ministro de Agricultura .
En consecuencia, pongámonos de acuerdo respecto del entorno en que estamos enfrentando un Tratado de esta naturaleza.
Me inquieta y me preocupa lo anterior -respeto la opinión de dicho Secretario de Estado ; fuimos colegas en la Cámara de Diputados-, porque me parece que, de este modo, vamos de mal en peor. O sea, si él piensa de verdad -no cabe duda de ello- que sólo se trata de beneficios para el mundo agrícola (y me asiente que es así), significa que el asunto no está bien. Porque lo claro es que este Acuerdo es bueno para el país y presenta desafíos complejos en el mundo agrícola, los cuales debemos aprender a superar, que es algo distinto.
Ésa es la lógica que he oído atentamente a Parlamentarios de todas las bancadas.
Señor Presidente , me tocó estar en Estados Unidos colaborando con la Cancillería en conversaciones con diversos Parlamentarios. Y pude observar que la posición de representantes del Gobierno norteamericano en relación al ámbito agrícola es exactamente contraria a la de nuestro Ministro de Agricultura . Ellos plantearon sus desafíos y, también, reconocieron que tenían problemas. Pero la gracia era cómo superarlos y cómo entender que, frente a la modernidad, los subsidios deben ser compensados o disminuidos, según el caso, en términos de hacer posible la sana competencia.
Por lo tanto -y lo digo con todo respeto-, yo hubiera preferido no escuchar al Secretario del ramo, porque esperaba que esta discusión le diera fuerzas para llegar donde el Ministro de Hacienda a golpearle la mesa y decirle: "Mire, todos los Parlamentarios me han expresado que aquí hay un problema de competitividad". Pero ante la circunstancia de que pueda señalarle algo a la inversa, manifiesto mi profunda preocupación sobre la forma de encarar este Convenio.
Anuncio que votaré a favor por distintas razones.
Si alguien dudaba del compromiso de nuestro país con una sana libertad económica, creo que la suscripción de este Tratado en particular es una muestra definitiva del apoyo medular de Chile respecto de ese principio hacia el futuro.
A mi juicio, atrás quedarán grandes batallas ideológicas, proyectos estatistas, barreras arancelarias y economías cerradas que dominaron y ganaron parcialmente la discusión en las décadas de los 50 a los 70.
En forma nítida, y tal como lo marcó la apertura hacia una economía libre iniciada hace 25 años y que ha sido mantenida, el conjunto de tratados de libre comercio suscritos en forma reciente, en especial aquellos cuya lógica y beneficios resultan claros -no así el relativo al MERCOSUR, como lo planteé en su momento, durante la discusión-, dilucida cualquier debate serio en esta materia y refuerza legalmente el compromiso de Chile con la libertad económica. Y esto para mí es importante.
Por ello, a mi juicio, los días que vivimos a partir del 11 de diciembre del año pasado, cuando se suscribieron los acuerdos a nivel gubernativo, pasan a constituir un hito fundamental en la historia económica de Chile.
Desde una perspectiva global, y, a más de lo señalado, relacionada con una visión valórica-histórica, estimo que son tres los argumentos que aconsejan el voto favorable al Tratado en estudio.
En primer lugar, el desarrollo humano y económico que dicho instrumento supondrá para Chile.
Según esa óptica, luego de un profundo análisis de su texto, estoy convencido de que el presente Acuerdo significa mayor crecimiento, en un círculo virtuoso donde las nuevas oportunidades de negocios elevan el tamaño del mercado y el nivel de rentabilidad de nuestros productos, lo que, a su vez, atrae las inversiones, que redundan en aumento de la economía y la producción de Chile.
Como efecto de lo anterior, valga sólo señalar que los estudios a los cuales he tenido acceso -éstos provienen de un grupo de especialistas en la materia; por ejemplo, hemos contado con información entregada por el Instituto Libertad y Desarrollo- demuestran que, con este Tratado, al cabo de diez años la economía chilena estará entre dos y cinco puntos más arriba de lo que hubiese sido la situación sin él. En cifras, lo anterior significa que, transcurrido dicho período, el crecimiento de la producción nacional será equivalente a 5 mil millones de dólares más, en comparación a lo que existiría al no ser suscrito.
Digo eso por cuanto considero que aquí radica lo sustancial: éste es un camino para derrotar la pobreza, y abre escenarios para acelerar un proceso ético -subrayo: ético- en beneficio de quienes no alcanzan niveles dignos de ingreso y no pueden esperar un ritmo lento de desarrollo.
Una segunda consecuencia positiva de la implementación del Convenio en análisis será el crecimiento del empleo. Al respecto, cabe insistir que éste es otro de los principales compromisos de los negociadores del Tratado. Haciendo fe en los estudios aportados a la Comisión, de la que me tocó formar parte, al parecer resulta fundamental privilegiar ese esfuerzo, particularmente en lo que se refiere a mejorar la calificación de la mano de obra, cuestión que también reviste relevancia ética y social fundamental.
Como tercer gran incentivo para aprobar este instrumento surge la lógica de que él implica una gran oportunidad en un mundo globalizado.
Desde mi perspectiva, esa óptica resulta decisiva en un análisis genérico del TLC, pues al abrirse las puertas del mercado norteamericano antes que las de otros, considerando la exención arancelaria y mayor seguridad transaccional -lo que se manifiesta al solidificarse el sistema general de preferencias-, no cabe duda de que los incentivos para invertir, innovar y tornarse más eficiente proyectan en el mediano plazo un país preparado para asumir cualquier competencia posterior en el mundo.
Ése fue precisamente el gran secreto de Chile hace 25 años, en su relación con el planeta: al abrir nuestra economía antes que otros, fuimos pioneros y estuvimos preparados para el desarrollo futuro.
Éstos, a mi juicio, son los argumentos que marcan el lado positivo del Acuerdo: el tema ético, derrotar la pobreza, dar empleo y la gran opción de adelantarnos a otros, de seguir los buenos ejemplos. Sí, como lo obrado en Chile hace más de dos décadas, que nos permitió enfrentar un asunto complejo. Hacerlo de otra manera habría significado, obviamente, un grave y tremendo retraso.
Creo que el Tratado constituye, además, un incentivo para la aplicación de políticas económicas serias. En este sentido, no cabe duda de que se entrega parte del aspecto legislativo-normativo en función de estos instrumentos internacionales.
Eso se da en todo el mundo, y pareciera que no está mal.
En días pasados conversé con un Parlamentario francés, quien me decía que en su país, hace 40 años, ciento por ciento de la legislación la hacían los congresistas nacionales; hoy día sólo elaboran el 40 por ciento. Porque generalmente se trata de acuerdos internacionales de otra naturaleza, en especial relacionados con materias económicas.
Considero sano que eso ocurra, por cuanto coloca un candado a demagogias que pueden darse en cualquier momento de la economía en Chile.
Ahora bien, planteadas las líneas gruesas de lo que resulta claramente favorable para Chile en lo referente al Convenio, creo que, después de lo que hemos oído, corresponde también referirse a sus dificultades y eventuales problemas.
Tales inconvenientes se presentan notoriamente en el ámbito de la agricultura tradicional. Eso es cierto. ¡No se piense que con esto no habrá problemas!
Sobre el particular, un signo de interrogación que hemos oído a los Parlamentarios apunta a ese campo. Y, para ser franco, el asunto no radica tanto en el texto mismo, sino en una situación que el Convenio no puede enmendar: básicamente, los subsidios preexistentes en los países desarrollados, que dificultan la seria competencia de nuestros agricultores en relación con los foráneos y las ayudas que reciben.
Lamentablemente, en este Tratado no se pudieron contemplar normas que hicieran variar tales subsidios. Por lo tanto, al mantenerse, resulta obvio que, en una lógica sin aranceles, la diferencia entre quienes los reciben y los que no acceden a ellos se acrecienta, transformándose en los hechos en una competencia desleal.
Y éste es el gran punto pendiente: cómo complementar con decisión el Tratado enfrentando la desigualdad que tales subsidios representan para la agricultura nacional en materia de competencia, cuestión que se alumbra con fuerza a la luz de estos convenios, pero que, obviamente, no se agota ni depende en forma exclusiva de una medida puntual.
De hecho, al aprobarse el Acuerdo con el MERCOSUR, en septiembre de 1996, y la reducción arancelaria derivada de él, en 1998, el Gobierno de la época, ante la evidencia que se divisaba en perjuicio del mundo agrícola nacional, comprometió mayores recursos financieros del sector público para favorecer la competitividad en ese ámbito.
En aquella oportunidad se le prometió un aumento paulatino del presupuesto para el período 1997-2001, destinado al desarrollo del riego, la recuperación de suelos, el fomento forestal, el mejoramiento sanitario, el desarrollo de nuevos mercados y la investigación e innovación en la agricultura. Aunque se conoce el monto de los recursos destinados a esos fines, se ignoran los resultados de tal inversión.
Como Parlamentario de una zona agrícola de la Séptima Región, estoy convencido de que nadie puede estar satisfecho con lo anterior, pues ello habla de ineficiencia y, sobre todo, de una profunda carencia de políticas públicas adecuadas en el mundo de la agricultura.
El preocupante futuro que enfrenta un sector de nuestra economía impone la adopción de un conjunto de medidas que ahora sí deberán ser eficientes para permitir la competencia con los nuevos mercados que se abren.
Por eso, y contrariamente a lo planteado, creo que es el momento para que, con responsabilidad, sin aspavientos, se encare y se analice cómo se están usando los recursos públicos destinados a facilitar la transición hacia actividades agrícolas con mayores ventajas comparativas; se revisen y modifiquen las políticas contenidas en normas que afectan negativamente la competitividad de las empresas agrícolas; se promuevan cambios en la política laboral, la que cada vez tiene mayor incidencia, y, sin lugar a dudas, se innove en política tributaria, evitando distorsiones en la comercialización de los productos del agro, generando incentivos especiales a estos sectores, postergados por razones ajenas a ellos.
Y éste es el punto medular, señor Presidente , porque aquí no estamos haciendo competir al agricultor de un país desarrollado con su par chileno, sino que a éste, con el conjunto de subsidios que aquél otorga al suyo. Y no entender eso implica no entender tampoco lo que me dicen todos los días los agricultores de la Región que represento, quienes no pueden creer que, habiendo sido calificados como los más eficientes del mundo en determinados productos, en el mercado de la ciudad de Talca éstos sean más caros que los que vienen del extranjero. Y éste es un tema medular, y hay que asumirlo de esa manera.
En seguida, quiero referirme a los índices de competitividad. El Gobierno gasta mucho dinero todos los años en informes sobre competitividad. Son financiados por nuestros connacionales, y me parecen extraordinariamente interesantes. ¿Y qué revelan tales informes? Hechos como el que un niño que llega a la vida en la zona tiene menores opciones que los nacidos en cualquier lugar de Chile. Hoy día, según las estadísticas del Ministerio del Interior, un niño del mundo agrícola nacional tiene cuatro posibilidades menos de desarrollarse como persona que los de la Región Metropolitana o de algunas zonas del norte del territorio. Y éste es un tema que no nos puede dejar indiferentes. Es consecuencia de la modernidad, como dicen algunos. Entonces, enfrentemos esa modernidad. Por lo menos, borremos todas aquellas distorsiones que no nacen del mundo agrícola y que afectan directamente la competitividad. Tiene que ver con subsidios, pero también con la aplicación de ciertas tarifas públicas. Por ejemplo, en materia eléctrica: prender la luz en Talca o en Curicó, a pesar de estar muy cerca de Colbún, hoy en día resulta mucho más caro que hacerlo en la Región Metropolitana, y no por un problema objetivo de competitividad, sino por un sistema de fijación de tarifas públicas que premia la densidad. Puede ser un sistema muy distinto de otro, pero es el que se ha elegido en Chile y que, a mi juicio, ha generado una profunda distorsión.
Yo también -como señaló un Parlamentario de la Concertación- habría esperado una actitud distinta de la autoridad económica en este Tratado. Y no me equivoco en esto. Respetando a quienes piensan diferente, creo que aquí hay un tema de Estado. En ese carácter, cuesta decidirse. Personalmente, prefiero un camino distinto: no dejar pasar esta extraordinaria oportunidad que representa para Chile la suscripción de un Acuerdo con la economía más grande del mundo y porque siento que constituirá un gran incentivo en nuestro desarrollo. Pero tampoco podemos permanecer indiferentes ante los problemas que lamentablemente sectores de chilenos empiezan a afrontar, por lo cual resulta indispensable que el Gobierno diseñe una estrategia que permita a la agricultura enfrentar exitosamente este desafío.
Por todo lo anterior, entonces, y convencido de que esa política de Estado en el Tratado de Libre Comercio es buena para Chile -sobre todo en la perspectiva de fomentar el crecimiento y derrotar la pobreza en el más breve plazo-, voto favorablemente el proyecto de acuerdo, sin dejar por ello de demandar con fuerza una profunda modificación a la institucionalidad agrícola actual, que se encuentra gravemente afectada. Repito: ¡demandar con fuerza una profunda modificación a la institucionalidad agrícola en Chile, la que hoy se encuentra gravemente afectada!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , en verdad, reconozco y acepto lo que reiteradamente se ha dicho esta tarde: que nos enfrentamos a un importante desafío y a un gran problema. ¡Obviamente! Creo que convertirse nada menos que en socio de la primera potencia del mundo requiere coraje, amplitud y visión. Los grandes problemas siempre hay que abordarlos desde el principio. Y éste es el caso.
Por lo tanto, si pretendemos superar los paradigmas de la época de los 50; si queremos globalizarnos con eficiencia, inevitablemente tendremos que aceptar desafíos como los de la Unión Europea, de Corea y los muchos tratados que con tanto talento y eficiencia ha generado nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.
Son 285 millones los habitantes de Estados Unidos. Éste tiene 22 por ciento del producto bruto mundial y un ingreso per cápita de 35.400 dólares -¡ocho veces más que el nuestro!- y con un mercado 148 veces superior al chileno. Estamos hablando de un país con una estatura estratégica que no permite comparaciones. Sin embargo, recordemos a modo de referencia que en el año 1998 exportamos dos mil seiscientos millones de dólares a ese país e importamos casi cuatro mil. Las cifras hoy día se han invertido: estamos exportando 3.480 millones de dólares e importando, más o menos, 2.600, lo cual nos otorga una clara ventaja en el intercambio económico y nos indica que Estados Unidos sigue siendo, como históricamente lo ha sido, nuestro principal socio. Por lo tanto, este Tratado no hace más que solidificar y reconocer esa condición de Chile con la gran Nación del Norte.
Pienso que la razón fundamental por la que nuestro país fue escogido por los Estados Unidos se funda en una visión estrictamente geopolítica, como una estrategia para repercutir en los mercados de Argentina, Brasil, y Venezuela -los siguientes socios de los norteamericanos-, y en el resto de los países latinoamericanos. Es un mensaje, a mi juicio, en el que Chile aparece como un modelo, en cuanto a cómo modificar las estructuras económicas y las estatales, para globalizarse eficientemente, problema que no sólo es nuestro, sino de los países de la región y del resto del mundo. Cada cual va a tomar su lugar en la globalización. Obviamente, el que lo estemos haciendo hoy día nosotros es una prioridad que debemos aprovechar.
En tal forma, el Tratado tendrá repercusiones económicas significativas a muy corto plazo, pese a que Chile, con sus 15 millones de habitantes, no es atractivo para los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Sin embargo, la productividad de las empresas chilenas se verá incrementada con la adquisición de tecnología de punta a menores precios, lo que mejorará las oportunidades para aumentar el valor agregado. Éste es el gran problema de nuestras exportaciones, porque la materia prima básica tiene, obviamente, un precio. Por ejemplo, el de un metro cúbico de madera es 20 dólares. Sin embargo, con valor agregado convertido en muebles, es 20 mil. Ni hablar de la libra de cobre y de otras materias primas.
En el presente, nuestra nación se encuentra en una gran expansión industrial, o en una segunda fase de desarrollo, como se ha dicho. Su éxito dependerá de la forma en que, como un todo, sepamos aprovechar las ventajas que nos otorgan estos tratados. Tenemos ya un precedente en nuestra historia económica del siglo XX, cuando importamos tecnologías para explotar las riquezas mineras, agrícolas y forestales. Supimos asimilar el conocimiento para la gestión de las empresas nacionales, que nos permitieron en la década de los 80 implementar el modelo económico de libre mercado y abrirnos al mundo. En el caso del cobre, las empresas norteamericanas trajeron maquinarias, conocimientos y procedimientos que supimos aplicar en forma eficiente y práctica, como lo demostramos posteriormente cuando logramos plena autonomía después de la nacionalización de tan fundamental recurso.
Ése es el capital humano que Estados Unidos evaluó para incorporarnos al Tratado, y es el que debemos aprovechar también en el transcurso del desarrollo y de la materialización de los muchísimos programas que tendrán que derivar del mismo.
Chile, en el último tiempo, ha dado muestras de eficiencia y de competitividad en las exportaciones hacia nuestros vecinos en forma directa. Tenemos estándares significativos en sectores como el informático, donde empresas nacionales están compitiendo con sus similares del Silicon Valley ; también en el de la construcción y de las grandes cadenas de tiendas y supermercados, lo que ha posibilitado, entre otros factores, adquirir ventajas comparativas esenciales para firmar este Tratado, lo que aún no alcanzamos a dimensionar, por cuanto esas ventajas dependen del tiempo y de la iniciativa para modernizar nuestras estructuras productivas internas con equidad.
Me parece fundamental, entonces, establecer una agenda más agresiva hacia las pymes; flexibilizar el mercado del trabajo, las certificaciones de calidad y medioambientales de nuestros productos y servicios; despejar las turbulencias políticas; seguir legislando en la modernización del Estado, y en el corto, mediano y largo plazos adoptar medidas concretas para modernizar nuestra educación ¿¡ahí tenemos un talón de Aquiles!- y el desarrollo tecnológico. Es lo que pretendemos, de alguna forma, con el proyecto de ley para la jornada escolar completa, que es un esfuerzo del Estado en esa dirección, y con la debida atención, muy prioritaria, que requiere nuestra educación preescolar, que es el gran comienzo de los comienzos.
Como todo gran desafío que ha culminado exitosamente, se abren otros nuevos. Este Tratado trasciende con mucho lo comercial, porque sus verdaderas implicancias se extienden a dimensiones tan variadas como la proyección internacional del país, la capacidad para atraer inversiones, tecnología y conocimiento; al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, y, especialmente, a la posibilidad de estrechar la cooperación en la gran variedad de los complejos campos tecnológicos y académicos.
La globalización es un proceso de la historia que se potenció fuertemente después de la caída del Muro de Berlín, y que se genera como conclusión natural de los líderes mundiales, como la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, para integrar esfuerzos locales y regionales, económicos, sociales y políticos, que permitan una relación de mayor equidad, eficiencia y seguridad. Éste es un proceso absolutamente inevitable para el que debemos prepararnos.
Tenemos que saber interpretar la potente señal con la cual el mundo desarrollado quiso diferenciar positivamente a nuestro país. La estabilidad de nuestras instituciones y de nuestro proceso democrático; la responsabilidad de los chilenos con nuestra economía y desarrollo social, incuestionablemente fueron el fundamento que tuvieron para considerarnos como uno de sus socios.
No es fácil.
A diferencia del Acuerdo con la Unión Europea, que en su texto inicial toca aspectos sensibles de nuestra autonomía -lo expresé en su oportunidad-, tanto en lo político como en lo económico y social, que pudieran afectar temas valóricos.
Estados Unidos ha sido mucho más práctico en este Tratado y más flexible, tratando de no imponer visiones de la vida y modelos de sociedad, aunque inevitablemente en el largo plazo tal asimilación se producirá -se ha producido ya desde hace más de cincuenta años-, pero en forma natural. Por lo tanto, el concepto de globalización de este Convenio es más bien un cambio de la historia, respetando los principios de autonomía y soberanía de los países socios.
Todo lo anterior implica un cambio de mentalidad para integrarnos a estos niveles superiores del conocimiento e intercambio comercial, a los que aspiramos en forma creciente. Será preciso elaborar numerosas normativas y certificaciones de calidad, de seguridad industrial y medioambientales, las que sumadas a los nuevos modelos en las relaciones laborales, constituyen las altas exigencias a las que deberemos atenernos, pero que, en el fondo, es la gran ventaja que nos proporciona este Acuerdo y que nos llevará en el tiempo a ser un país desarrollado. Por ejemplo, las normas ISO 9000, de Calidad, las ISO 14.000, de Medio Ambiente, las OHSAS 18.000, de Seguridad Industrial, y una completa nueva relación entre empresarios y trabajadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha finalizado su tiempo, señor Senador.
El señor VEGA.-
Termino de inmediato, señor Presidente.
Es necesaria una completa nueva relación entre empresarios y trabajadores, que hoy en Chile recién comienza a aplicarse.
Todos tenemos el deber de cambiar: Estado, empresa, profesionales y trabajadores. Estamos hablando de un cambio fundacional que llevará a nuestro país definitivamente a salir del subdesarrollo en el próximo futuro, que es una gran meta de Chile en la región.
Señor Presidente, dada la compleja extensión del Tratado, voy a entregar por escrito mis siguientes opiniones.
No me ha parecido oportuno establecer criterios específicos, por lo que solamente expresé un parecer general sobre el tema, debido a la gran importancia y responsabilidad a que nos obliga un Acuerdo como éste.
Votaré favorablemente el Tratado.
Finalmente, me permito felicitar a la señora Ministra por la certera conducción superior en la materialización de este fundamental Tratado, y a su equipo técnico de apoyo, todos los cuales, con su experiencia, lograron equilibrio y equidad en un negocio con socios tan disímiles.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo, por diez minutos.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , en una declaración pública el Partido Socialista ha dicho que el Acuerdo sobre Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas se encuentran la consolidación en el tiempo del acceso al mercado de Estados Unidos, con la perspectiva de incrementar las exportaciones con mayor valor agregado nacional; la adecuada regulación de las inversiones; las salvaguardias y derechos compensatorios; la solución de controversias, con el resultado de estimular los flujos de comercio e inversión, y el incremento, en el largo plazo, del empleo en Chile. A su vez, se mantiene una protección a la cultura nacional muy relevante.
Entre las desventajas más importantes se encuentra la limitación a un año de los controles de capitales golondrina; y, también, la mayor competencia a la que se verán afectadas la pequeña y mediana empresas, la disminución de ingresos fiscales, la pérdida de protección al trigo al cabo de 12 años, y algunas materias relacionadas con la propiedad intelectual.
Pero el balance que hace el Partido Socialista en una declaración oficial es claramente positivo al Tratado.
Por eso, felicito a la Ministra señora Soledad Alvear por su gestión, a la que siempre el Partido Socialista ha acompañado, y en particular, a don Osvaldo Rosales , quien ha sufrido hoy día injustas críticas respecto a su brillante encabezamiento de las negociaciones propiamente tales.
No quisiera abundar en los aspectos favorables del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, en las múltiples posibilidades que se abren para los productores nacionales y en las importantes perspectivas en materia de inversión extranjera, factores suficientemente analizados en los informes emanados de las instancias técnicas del Senado.
Quiero referirme, especialmente, a dos aspectos menos difundidos, como son sus implicancias en materia laboral y ambiental, y sus efectos particulares en la Octava Región, después de lo cual haré una consideración política general.
El TLC en materia laboral:
El TLC con Estados Unidos presenta importantes y positivas innovaciones en la protección de los derechos de los trabajadores con relación al Acuerdo de Asociación con la UE.
Si bien es respetuoso de la legislación laboral de cada país y descarta expresamente su equiparación, ello no obsta a establecer ciertos resguardos mínimos, indispensables para que los países suscriptores y sus productores se protejan de prácticas abusivas que generen competencia desleal.
El TLC dedica un capítulo completo a estos temas, enumerando detalladamente los derechos laborales, las obligaciones que asumen las partes en cuanto a su protección, la fiscalización, efectividad y publicidad de las normativas vigentes y los mecanismos de cooperación en materia laboral.
Por último, se establecen órganos concretos del Tratado que velarán por el tema laboral, incluso algunos con participación de miembros de la sociedad civil. Y, más aún, se crean mecanismos de solución de controversias en estas materias.
El Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea y sus Estados Miembros, en cambio, solo enuncia los derechos laborales en la parte referente a la cooperación social, sin regularlos ni garantizarlos con la profundidad que se hace en este Tratado de Libre Comercio.
En lo específico, en el artículo 18.1 del TLC se manifiesta la voluntad de los Estados Partes de reconocer y proteger los derechos laborales que se encuentran comprendidos en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento.
Ellos son:
a) el derecho de negociar colectivamente;
b) la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso y obligatorio;
c) una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y
d) condiciones aceptables de trabajo respecto a horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.
La enumeración anterior, sólo en los tres primeros numerales, es similar a la efectuada en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. El TLC innova en el último, al referirse a horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional. La única excepción radica en los salarios mínimos, respecto de los cuales no se sujetarán a las obligaciones del TLC.
La posibilidad de que estas normas queden a nivel de declaraciones de principios, tan propias de estos instrumentos internacionales, parece desvirtuarse con lo señalado en las disposiciones referidas al cumplimiento y fiscalización de dichos derechos y su publicidad.
Ellas son de tal envergadura que llegan a comprometer la garantía legislativa de los Estados. Esto adquiere una expresión positiva al señalarse, en el artículo 18.1, el deber que asumen los Estados Partes de implementar y perfeccionar en su legislación los derechos laborales fundamentales ya reseñados; en tanto la acepción negativa la encontramos en el 18.2, donde, junto con reconocerse la autonomía de los Estados para adoptar las normas laborales que estimen convenientes, se agrega que ello debe ajustarse a este Tratado internacional y que nunca podrá el legislador menoscabar estos derechos.
Lo anterior implica que los Estados Partes se comprometen a asegurar no dejar sin efecto o derogar la normativa laboral interna de una manera que debilite o reduzca los derechos ya reseñados, con el objeto de incentivar el comercio o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.
Las obligaciones que Chile asume en la materia no culminan en la expresión legislativa, sino que se extienden a la fiscalización de los derechos. Los artículos 18.2, párrafo primero, letra a), y el párrafo primero, letra b) y párrafo segundo del mismo artículo expresan cabalmente el imperativo que surge para el país de supervigilar estrictamente el justo cumplimiento de las normas referidas a dichos derechos básicos. La falta de fiscalización, en términos que signifique que una Parte deje de aplicar efectivamente su legislación laboral, a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte al comercio entre las Partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18.6, será causal para la aplicación del procedimiento de solución de controversias establecido en el TLC.
En el mismo sentido de asegurar el pleno respeto de los derechos enunciados, se entiende el artículo 18.3 del TLC, que consagra el acceso a una justicia laboral (sea judicial o administrativa); el derecho al debido proceso laboral y a la revisión de las resoluciones dictadas por los órganos judiciales o administrativos o derecho de apelación.
Además, el párrafo final del artículo 18.3 del TLC dispone la obligación de las partes de promover el público conocimiento de la normativa laboral. Ello es de gran importancia, ya que la mayoría de los trabajadores chilenos no tiene un buen conocimiento de sus derechos.
A su vez, los artículos 18.6 y 18.7 fijan las bases de los procedimientos de diálogo y solución de controversias en materia laboral, que vienen a complementar lo dispuesto en el Capítulo 21 sobre Solución de Controversias.
Para el tratamiento de los temas laborales el TLC establece un órgano especializado, el Consejo de Asuntos Laborales, regulado en el artículo 18.4. que estará integrado por representantes de nivel ministerial o equivalentes o por quienes éstos designen y que se ocupará de supervisar la implementación y revisar el avance de los compromisos contraídos en materia laboral.
Como podemos apreciar, la reglamentación efectuada en materia laboral en el TLC es lo más completo que existe en comparación a un denominado tratado de última generación como se ha llamado al Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea y sus Estados Miembros. El TLC es más avanzado que aquél, tanto en la enumeración de derechos consagrados como en las obligaciones que contraen las partes para su conocimiento y respeto. Incluso este Acuerdo innova al hacerlo susceptible de ser reclamado por vía el procedimiento de solución de controversias.
El TLC y el medio ambiente:
En el plano ambiental, el Convenio incorpora también aspectos muy importantes, con la excepción de no entender incluidas en estas disposiciones las normas que se impongan los Estados en materia de extracción de recursos naturales.
Tal como ocurre en lo laboral, el TLC es respetuoso de la legislación ambiental nacional, pero establece un marco mínimo eficaz para garantizar los equilibrios ecológicos, impulsa su cabal cumplimiento y alienta la cooperación en proyectos de investigación que ya fueron identificados en un Acuerdo anexo previo, en temas tales como la calidad de los combustibles, la disminución de la contaminación provenientes de prácticas agrícolas, el mejoramiento de la fiscalización ambiental y el desarrollo de alternativas a algunos químicos usados en la explotación frutícola.
Pues bien, el deber de los Estados de cumplir estrictamente sus propias normas ambientales constituye la principal obligación del Capítulo respectivo; su infracción puede ser denunciada a través del procedimiento de solución de controversias.
Se crea, además, un Consejo de Asuntos Ambientales, similar al concebido en materia laboral.
Impacto del TLC en Biobío:
La Región del Biobío encuentra sólidas oportunidades en este Tratado por múltiples razones.
Del total de los productos exportados de la Región, 24 por ciento se dirige a Estados Unidos, superando ampliamente el promedio nacional de envíos a dicho país, situado en 16.5 por ciento y que totalizan más de 600 millones de dólares.
Más aún, cabe destacar que se ha registrado un constante incremento en ellas desde 1998, con la sola excepción de la contracción económica del 2000.
Entre actividades económicas, es claramente la silvicultura la que muestra las mejores perspectivas. La exportación de maderas y la manufactura asociada a este elemento tiene, evidentemente, un horizonte inmejorable.
Del mismo modo, importantes potencialidades se advierten para la industria alimentaria, particularmente para la agroindustria, las carnes y los productos lácteos; para la pesca; para algunas manufacturas vinculadas a aceites, productos químicos, industriales y metálicos y para el sector textil.
Por último, en materia de inversión, también debieran abrirse algunas posibilidades para mejorar los índices de recursos provenientes de Estados Unidos en la Región del Biobío, los que alcanzan un monto relativamente bajo, tanto en su proporción respecto del total de inversión externa regional como nacional.
Señor Presidente, el Tratado de Libre Comercio que aprobaremos contiene muy positivos aspectos para nuestro país.
Quiero, sin embargo, recalcar que la asociación que este Tratado representa se limita estrictamente al ámbito específico del libre comercio, a diferencia de lo que ocurre en el Acuerdo con la Unión Europea, que contempla una cooperación política, cultural y universitaria.
Lo anterior claramente hace que nuestro país, al firmar el Tratado, no abdique de la independencia de su política exterior ni de la autonomía para fijar su política económica interna. Digo esto, porque, paradoja de la historia, este Gobierno chileno de Centroizquierda, encabezado por un Presidente Socialista , ha sido el que ha suscrito un Convenio con la Administración norteamericana tal vez más conservadora de los últimos años.
En efecto, no existe afinidad alguna entre la orientación política del Gobierno del Presidente Bush y los partidos que respaldan al Presidente Lagos.
La Administración Bush presenta en el campo internacional una lamentable seguidilla de tropiezos, vulneraciones y retrocesos en el multilateralismo, cuestionamiento de Naciones Unidas y, además, ha llevado a cabo un desafío al Derecho Internacional al pretender usar la fuerza, so pretexto de la guerra preventiva.
Lo anterior ha sido criticado duramente por el ex Presidente Clinton, quien ha dicho recientemente que "Nuestro paradigma parece ser ahora: dado que algo terrible nos ocurrió el 11 de septiembre de 2001, eso nos da el derecho de interpretar los eventos futuros de una forma con la cual todo el mundo debe estar de acuerdo.".
Pero hay más de esa actitud. Fue así como la Administración Bush, siguiendo el derrotero impulsado por el Senador Helms, retiró su firma del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, y, además, ha amenazado a distintos países que, de no suscribir un convenio que da inmunidad a sus ciudadanos, les retirará la asistencia militar.
El Presidente Bush no ha ratificado el Protocolo de Kyoto, lo cual se suma a su empeño por hacer fracasar los diversos acuerdos que en esta materia han podido gestarse, como ocurrió en la Cumbre de Johannesburgo. Esta actitud unilateral en el plano internacional ha ido aún más lejos al negarse a suscribir el Tratado para Eliminar Minas Terrestres, la Convención sobre Armas Biológicas y Toxinas, el Acuerdo Internacional Antimisiles, y al impulsar una política de defensa basada en un escudo antimisiles que puede desatar una nueva carrera armamentista.
En el plano económico, el Presidente Bush ha mostrado que no trepida en olvidar su compromiso con el libre comercio a la hora de resguardar los intereses de los productores americanos, ya sea con medidas proteccionistas o con el otorgamiento de cuantiosos apoyos y subsidios estatales.
Asimismo, el fracaso de la Reunión de Cancún, en parte, tiene que ver con las políticas norteamericanas. Para ser justo, digo que sólo en parte.
Por último, el Presidente Bush ha mantenido políticas de corte conservador en el plano interno, como su constante apoyo a la pena de muerte -la misma que el Senado chileno, afortunadamente, descartó reponer el día de ayer-, aplicándola sin contemplaciones en su período como Gobernador de Texas; rigidizando la política migratoria y profundizando el embargo contra Cuba, medida que ha demostrado ser claramente ineficaz para conseguir la democracia en la Isla. Además, su política económica ha propiciado una disminución de los impuestos que, unida al aumento del gasto militar, ha provocado un exorbitante déficit fiscal. Se han perdido miles de puestos de trabajo y la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado en los Estados Unidos.
Nuestro entendimiento comercial con ese país, sociedad democrática, admirable por tantas razones, compleja en su estructura social y cultural, de ningún modo debe considerarse como una aceptación de las políticas impulsadas por su actual Gobierno en el campo interno o en el internacional.
No niego que puedan haber coincidencias en algunas materias con la Administración del Presidente Bush. Pero lo curioso aquí es que se ha producido un entendimiento trascendente entre países que políticamente se encuentran en posiciones muy distintas.
Por cierto, tal entendimiento tampoco constituye un abandono de la sólida y permanente vocación latinoamericana de Chile, sino que creemos que esta asociación, tal como en su minuto lo fue la incorporación de México al NAFTA, debe abrir caminos a un próximo Acuerdo de Libre Comercio de las Américas que beneficie, en su conjunto, a todos los países de la región.
Señor Presidente , he querido plantear estas consideraciones de índole política, porque pienso que todos los señores Senadores que han votado por la aprobación del Tratado se han referido a su importancia desde el punto de vista económico. Y debo manifestar que las críticas recibidas, especialmente del Honorable señor Ávila , a mi juicio, no son convincentes ni profundas.
En el largo plazo, este Acuerdo tendrá gran relevancia para Chile, pues le permitirá acceder a ese mercado tan importante. Al mismo tiempo, esto nos coloca enormes desafíos que debemos definir al momento de establecer nuestra política económica y social.
Sin embargo, lo que mayor sorpresa causa en las fuerzas progresistas de América Latina es que este Régimen, encabezado -repito- por un Presidente socialista, haya llegado a un acuerdo con el Gobierno más de Derecha de los Estados Unidos.
Por eso, me parece muy importante señalar que este Tratado es estrictamente comercial y que no existe, al menos de parte de las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno, afinidad con el sector más conservador del gobernante Partido Republicano. Y confío que sea muy transitoriamente. Mi esperanza es que en la próxima elección gane el Partido Demócrata y que se produzca un cambio y un vuelco en la política norteamericana.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , voy a votar favorablemente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, respaldando la decisión de Chile de integrarse a esa gran economía americana, la más grande -como aquí se ha dicho- y dinámica del planeta.
Este Acuerdo abre grandes oportunidades para la economía chilena, no sólo porque los productos nacionales pasan a ser más competitivos en el país el norte y se fortalecen las exportaciones, sino también, debido a que se traducirá en modernización, atraerá nuevas inversiones y, consecuentemente, generará más y mejores empleos.
Con estos acuerdos, Chile entra de lleno al comercio mundial con perfiles muy claros y propios. En un momento de crisis regional, nos proyectamos como un socio atractivo para las principales potencias económicas del mundo y tenemos la gran oportunidad de dar un salto en la estructura productiva gracias a esta nueva integración.
El país debe concentrar sus esfuerzos en crear nuevas fuentes de empleos y nuevos negocios, todos ellos generados a partir de estos Tratados que son una herramienta muy valiosa.
Hemos estudiado este Acuerdo y concurrimos a las sesiones donde se trataron distintos aspectos del mismo. Obviamente, como muchos de éstos ya han sido expuestos en la Sala, a esta altura del debate no es necesario que repita los mismos planteamientos.
Por consiguiente, podemos concluir que esta negociación con Estados Unidos es ampliamente favorable para nuestro país. Creo que, además, el Gobierno norteamericano está interesado en dar una señal concreta hacia Latinoamérica, para lo cual ha sido mucho más flexible de lo que se hubiera podido esperar, aceptando una serie de cláusulas beneficiosas para la industria y el comercio chilenos.
Por ello, pienso que Chile está frente a una gran oportunidad. El Tratado beneficiará a los más variados sectores productivos. Al mismo tiempo, constituye un desafío muy importante para avanzar en la modernización del país y en el perfeccionamiento de todos nuestros instrumentos relacionados con la legislación económica, dando más facilidades para que nuestros empresarios emprendan la enorme labor que significa integrarse al comercio mundial. En suma, este Acuerdo significará grandes beneficios.
Desde el punto de vista laboral, el Tratado también reviste aspectos muy favorables, contrariamente a lo que aquí se ha señalado. Los dos países se comprometieron a respetar sus respectivas legislaciones laborales, no sólo la normativa interna, sino también la internacional. Esto significa que los chilenos y los norteamericanos estarán interesados en que se cumplan las normas del trabajo. Al final, ellos permanecerán tan preocupados como nosotros de que se acate cada una de las disposiciones que favorecen a los trabajadores, porque de otra manera estarían compitiendo en desventaja.
Por lo tanto, lejos de debilitar la legislación del trabajo o los acuerdos laborales, el Tratado de Libre Comercio nos obligará a ser un país mucho más celoso en el cumplimiento de la ley, porque ello será observado en Chile y en Estados Unidos.
Este Acuerdo constituye, a mi juicio, un reconocimiento y una respuesta al esfuerzo que el país, hace más de 25 años y con distintos Gobiernos, ha llevado a cabo una política de apertura económica, de responsabilidad fiscal. Creo que no cabe ninguna duda de que así es. Y se dejan atrás, diría, las políticas estatistas del pasado, que, obviamente, fracasaron no sólo en Chile, sino también en toda América Latina y en el mundo entero, en general.
Por consiguiente, pienso que se da un paso adelante, el cual cierra una etapa económica en el país. Estimo que con anterioridad no se trató sino del esquema de un modelo de la Guerra Fría, que terminó, afortunadamente, y que, en definitiva, trajo solamente pobreza y desazón a los pueblos, especialmente a los latinoamericanos.
El Acuerdo y la forma en que Estados Unidos lo ha aprobado constituyen, además, un reconocimiento de la estabilidad política, la institucionalidad y la seriedad con que se conduce Chile. Me parece que ése también es un valor que se requiere apreciar debidamente y que además se tendrá en cuenta, a mi juicio, como consecuencia de que se registrarán mayores y mejores inversiones y se ejercerá más atracción en los distintos campos en que se puede entrar a competir, los cuales no dicen relación necesariamente al aspecto económico, pues también pueden ser todos los demás. De tal manera que el reconocimiento de nuestra institucionalidad política es un valor que excede con mucho, incluso, el tema económico.
En lo particular de la circunscripción que represento, el Tratado significa un avance muy importante. En efecto, la Región de Magallanes exhibe una vocación exportadora que ese instrumento, obviamente, favorecerá y acrecentará, en especial con relación a productos como la lana, carne ovina, madera, pescados, mariscos, metanol, etcétera. Y se impulsará el desarrollo de una zona que, desafortunadamente, en los últimos años, no ha ido creciendo y cuyo nivel de competitividad, por el contrario, ha desmejorado en razón, a mi juicio, de políticas que no han sido las adecuadas. Pero el Tratado de Libre Comercio dará una oportunidad para poder revertir ese resultado negativo, por cuanto beneficiará y potenciará a empresarios y trabajadores, con relación a productos respecto de los cuales existen realmente posibilidades de competir, como ha sucedido en el pasado. Y no me cabe ninguna duda de que podrán hacerlo cada día mejor.
Diría, también -y es algo que ya se ha consignado y en lo cual no insistiré-, que el Acuerdo obliga al perfeccionamiento de nuestra legislación, tanto la económica como la atinente a algunos aspectos sociales.
Asimismo, se hará imperativo un mayor destino de recursos a la educación y, especialmente, a la investigación científica, para los efectos de poder competir.
En consecuencia, voto favorablemente el Tratado con especial interés, porque creo que favorece al país y en particular a la Región que represento, y estimo que implicará un salto muy importante en el desarrollo nacional.
Quiero aprovechar la oportunidad, además, para felicitar a la señora Canciller , a su equipo negociador, al embajador señor Rosales y a todos los que han participado en la concreción del Acuerdo. Considero que han hecho un gran trabajo. Y diría que todos debemos respaldar ese esfuerzo relevante, porque beneficia al país y constituye una de las políticas de Estado más señeras que se han aprobado en los últimos tiempos. Por lo tanto, hago llegar mi felicitación a la señora Ministra y a todo su equipo.
Voto que sí.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , un debate sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no puede separarse de la visión global de cada uno de nosotros sobre el desarrollo, crecimiento e inserción de Chile en el marco de la globalización. Esta última ha dejado de ser la panacea cuyos amplios beneficios para los países como el nuestro nadie podía reparar o poner en duda hace algunos años y hoy empieza a recibir la crítica creciente sobre las ventajas prometidas. La aparición de objeciones provenientes de los más distintos ámbitos no es banal, sino algo que sólo un exceso de ideología pragmática y sin alma puede enfrentar en forma irrestricta.
Tampoco pueden eludirse, al votar el Acuerdo, sus reales consecuencias sobre nuestra economía y nuestro país, en su conjunto, no sólo en el futuro cercano, sino también en el contexto mundial predecible de los próximos años.
Asimismo, es efectivo que el debate debe ser mirado en su propio mérito, independientemente de los contextos o visiones personales anteriores. Y, en tal perspectiva, un instrumento internacional de esta naturaleza presenta luces y sombras, así como ventajas comparativas, pero igualmente compromisos que, al ser aprobados por Chile, de una u otra manera hacen bueno un modelo económico social que, en verdad, no creo que pueda durar en la forma que todos quisiéramos para la tranquilidad de los pueblos.
Y media una realidad ineludible y de la que nadie puede olvidarse, a fuer de parecer una suerte de Quijote sin causa; una realidad que, sin embargo, tenemos la obligación de enfrentar, cada uno en lo personal, para no terminar en un incumplimiento de nuestras propias utopías y líneas de comportamiento, a las que no podemos renunciar frente a lo posible.
Dicho de otra forma, un tratado como el que hoy se vota presenta un conjunto de elementos positivos que nadie puede negar, los cuales son el resultado de una negociación eficiente y patriótica, asentada en el nivel institucional y de prestigio que Chile ha logrado en los últimos años, especialmente en los tres últimos Gobiernos. A ello se ha sumado el prestigio internacional que otorga de por sí la institucionalidad democrática, como valor ético de estas Administraciones.
En la misma perspectiva, el Acuerdo constituye, por lo tanto, un instrumento -y sólo eso- que lógicamente debe redundar en ventajas para ambos países que lo firman, a fin de que sea moralmente aceptable. Reconozco hidalgamente que resulta ineludible en el tiempo de las economías abiertas, con las normas y reglas del juego imperantes. Pero también, desde mi punto de vista, consolida una relación de dos países de muy distinta naturaleza, acompañándose a las ventajas para el país más pequeño aquellas categóricamente superiores para el más grande, que de otra forma, naturalmente, no lo suscribiría.
Ello, en el marco internacional -querámoslo o no- significa definitivamente entrar a asumir un rol minoritario, a pesar de lo que han expresado algunos señores Senadores en orden a que el instrumento en estudio importa un reconocimiento de nuestro prestigio. Es un tema de más profunda discusión y que, obviamente, puede no ser compartido.
En definitiva, es el reconocimiento de la asimetría Norte-Sur, que, se desee o no, nos limita más allá de lo que hubiera querido en un debate que recién se abre y que espanta por el abuso que ha implicado recientemente, que supera todo lo visto.
En este punto debe reconocerse que un elemento valioso es que se fijen normas para discutir las controversias, lo que proporciona un grado de mayor seriedad ante la verdadera ley de la selva que hoy se rige en nuestro mundo entre los más poderosos y los más débiles.
Los discursos de los distintos señores Senadores dejan en claro, asimismo, que habrá chilenos fuertemente favorecidos en su crecimiento económico y habrá compatriotas y sectores de la vida del país con un mayor riesgo de deterioro que si el Tratado no existiera. Y sobre ello es el debate realizado esta tarde. Es decir, constituye un instrumento opinable en su eficiencia, eficacia y beneficio nacional. Es un punto de legítima controversia, sin que quien lo vote a favor sea un sumiso del "imperialismo yanqui" y que quien se pronuncie por el rechazo sea un ciego obsoleto digno sólo de ignorante desprecio, como de repente escuchamos en algunas versiones.
En ese marco, es perfectamente legítimo, entonces, optar por el valor relativo del planteamiento que he hecho en cuanto a los beneficios y consecuencias de los resultados del Acuerdo.
En lo que respecta al Senador que habla, señor Presidente , declaro, junto al reconocimiento abierto y claro de los logros que el instrumento significa para Chile, que me embarga una profunda preocupación sobre sus efectos para más de cinco millones de chilenos pertenecientes a los sectores más vulnerables, cuya suerte, a mi juicio, no se halla resuelta en el texto y que dejan en mí, cualitativamente, una impronta mayor. Mi intranquilidad se refiere a un área esencial para el desarrollo del país como nación: la agricultura, que a la larga sufrirá un deterioro no sólo como ente económico, sino también como cultura de vida y parte esencial de la armonía territorial de Chile. Jamás podría decir que se busca este deterioro; sería un absurdo. Pero las cosas son como son, y en mi visión, equivocada o no, el mundo rural llegará a ser un submundo en nuestro país cada vez más desarrollado si no lo asumimos.
No me satisface la carencia de una suficiente prevención sobre el resguardo de los trabajadores, o sobre la forma en que nos insertamos en el mundo globalizado en materias puntuales, ya mencionadas en la Sala y que no las reiteraré.
Por eso, señor Presidente , mi sentir natural es abstenerme al votar. Con frecuencia en el Senado se sugiere que la abstención es una carencia de decisión sólida o argumentada; mas creo que es también -y lo es en mi caso- el fruto de una reflexión larga y fundada, donde no se tiene la plena convicción de las bondades del proyecto, pero en el que se reconocen factores positivos que no justificarían nuestro rechazo abrupto.
Sin embargo, en nuestra vida parlamentaria debemos asumir la responsabilidad de ser gobierno cuando el tema en debate forma parte esencial del proyecto de país que este Gobierno sustenta.
Así me abstuve muchas veces en esta Sala. En otros casos, en que me ha parecido que eran temas de menor trascendencia, he votado con plena libertad las iniciativas del Gobierno.
Las cifras y estadísticas dadas aquí por el señor Ministro de Agricultura -que es el tema que me preocupa-, no las dudo en su realidad concreta. Sin embargo, creo que nadie puede negar, mirado en otra perspectiva, que el agro de la precordillera o de la costa está en una crisis que, si no se enfrenta con la fuerza necesaria, puede terminar en un mayor desastre social del que hoy tenemos.
Con la misma sinceridad con que asumo mi compromiso de Gobierno, señalo que podríamos hablar también mucho tiempo sobre lo que no se hace o no se puede hacer, o definitivamente se resuelve no hacer, porque se restan los recursos o se destinan a otras materias. Obras de riego, gente sin tierra, carreteras mínimas o que no se construyen. Y esto no es un ataque personal al Ministro del momento ni al Ministerio en su conjunto, sino mi crítica a la concepción del uso de los recursos, o a la visión del desarrollo en la triste dicotomía rural urbana.
Si mucho hemos hecho, es aún más lo que debemos realizar compelidos por el propio Tratado. Hemos dicho que necesitamos 150 a 200 millones de dólares en un plazo largo para levantar dicha área y transformarla en un mundo vivible y compatible con el resto del desarrollo del país. Ésta es, con franqueza, mi demanda al Gobierno. Y en esta confianza, ante mí mismo y el mundo que represento, habré cumplido con mi decisión de seguir mi compromiso con el proyecto que apoya la Concertación y el Gobierno.
Por eso, frente a todas mis dudas, con mucha franqueza, he cambiado el sentimiento profundo que me embarga por una decisión racional. Y, como Senador de Gobierno, para que la política tenga sentido, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , no cabe duda de que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos constituye un hecho histórico que da lugar a grandes esperanzas de desarrollo económico y social para toda la nación. Así lo percibe la ciudadanía, pues en una encuesta efectuada por "El Diario", 82,3 por ciento de ella aprueba su celebración, considerándolo ampliamente beneficioso.
Mientras nosotros aún debatimos su aprobación, en la nación del norte es ley desde hace ya algunos meses, y espero que al final de esta larga jornada podamos también ratificar dicho Acuerdo para que rija en plenitud a contar del 1º de enero de 2004.
En la larga historia del Tratado, que dura más de doce años, debemos recordar y agradecer los esfuerzos de los Gobiernos de los Presidentes Aylwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos, y puntualmente a la Canciller, señora María Soledad Alvear y su equipo, que, gracias a su inteligencia y decidida participación, logró cristalizar esta gran aspiración del país.
Desde el primer Gobierno de la Concertación, Chile adoptó y consolidó la apertura y estrategia de desarrollo "hacia afuera". Ésta se profundizó en 1991, cuando nuestro país rebajó unilateralmente los aranceles desde 15 a 11 por ciento; y en 1998 el Congreso Nacional aprobó un nuevo programa de desgravación que conduciría a 6 por ciento el arancel general en el año 2003.
Al suscribir el presente Acuerdo, Chile obtiene sus primeras ganancias por la rebaja arancelaria, pues permite mayor variedad y menores precios. Esto, considerando bienes finales que amplían las oportunidades de consumo como bienes intermedios que permiten incrementar las capacidades productivas. El Tratado establece que 88,5 por ciento del volumen de importaciones chilenas desde Estados Unidos recibirá desgravación inmediata; es decir, dejará de pagar 6 por ciento de arancel general. El calendario se consolidará cada bienio, y, doce años después se liberará el saldo, quedando así establecida el Área de Libre Comercio.
Por otra parte, 95 por ciento de los productos exportados por nuestro país a Estados Unidos gozará de desgravación inmediata. No debemos olvidar que éste es el mayor socio comercial de Chile y que el intercambio de bienes y servicios alcanzó en 2002 un volumen de 6 mil 800 millones de dólares.
El país del norte es la primera economía mundial. Tiene un mercado de 282 millones de habitantes con ingresos per cápita por sobre los 35 mil dólares. Esto representa más del 20 por ciento del PIB global, lo cual hace que sea la nación industrializada de mayor crecimiento.
Por otra parte, es el principal inversionista externo en nuestro país, ya que posee 31 por ciento de las inversiones.
Con el Tratado de Libre Comercio, Chile se agrega a la exclusiva lista de países que han suscrito este tipo de acuerdos con aquella nación, en la que figuran, entre otros, Israel , México , Canadá y Jordania. Para Estados Unidos, nuestro país es un socio importante, ya que representa la ampliación comercial en el área latinoamericana. La solidez de sus instituciones, el desarrollo de una acertada política macroeconómica, el saneamiento de las cuentas fiscales, la apertura comercial y de inversiones, a lo que debe agregarse una transición pacífica a la democracia, acompañada de madurez política, constituyeron argumentos decisivos a la hora en que aquél celebró dicho instrumento internacional con nuestra nación.
El conjunto de tratados de libre comercio que Chile ha suscrito con algunos países de América Latina, la Unión Europea, Corea del Sur y, ahora, con Estados Unidos, nos permite reducir la vulnerabilidad externa de la economía en tiempos de turbulencias financieras y abrir un mercado a nuestros productos de más de mil millones de consumidores. Los acuerdos, además, son parte del proyecto país y un componente destacado de la Agenda Pro Crecimiento.
El Tratado contempla un plazo de 12 años para liberalizar por completo el sector agrícola, lapso más que razonable para adaptarse a los imperativos establecidos en aquél; en tanto que el sector industrial lo consigue en sólo dos años.
Uno de los efectos más importantes del Acuerdo que nos ocupa se refiere a las inversiones y la reasignación de recursos. En efecto, éste actúa como una verdadera certificación de las políticas chilenas, proyectándolas a futuro como la que respalda la diferencia del país frente a otros, lo que permite reducir el riesgo asociado a invertir en Chile. Esto atraerá hacia nuestro país mayores inversiones extranjeras, y, por otra parte, permitirá a los empresarios chilenos obtener créditos a menor costo y profundizar el mercado de capitales domésticos.
Un aspecto novedoso lo constituye lo referente a los compromisos sobre comercio electrónico. Las partes se comprometen a no aplicar aranceles a los productos digitalizados transmitidos por medios electrónicos o que vengan portados sobre un medio físico, y a no discriminar entre estos bienes y otros del mundo físico. Otra novedad es que los productos chilenos podrán acceder a los llamados a licitación en temas de contratación pública, esto es, participar en las licitaciones del Gobierno Federal de los Estados Unidos o en los Estados de la Unión.
Aparecen dos temas nuevos en el Tratado. Por una parte, uno referido a los aspectos laborales, que exige respetar las asociaciones sindicales y la negociación colectiva conforme a la legislación propia de cada país, además del respeto a los tratados internacionales. En estas materias, debe respetarse sin restricciones el derecho de asociación, de negociación colectiva; la prohibición del trabajo forzoso; la edad mínima en el empleo; la eliminación de las peores formas del trabajo infantil; la aplicación de condiciones laborales aceptables respecto del salario mínimo, jornada y seguridad en el trabajo.
Otro punto relevante se refiere al tema medio ambiental. En este caso se encuentra el 90 por ciento de las exportaciones chilenas a los Estados Unidos, ya que tienen directa relación con el medio ambiente. Por ejemplo, un tercio está vinculado a materias agrícolas, otro tercio, al rubro minero, y el último, a los bienes provenientes de la pesca y del sector forestal. El 10 por ciento restante dice relación a los bienes industriales. Estos sectores productivos deberán estar regidos por una fuerte normativa ambiental y con las exigencias que demande cada proyecto.
El Tratado ha sido fruto de un amplio consenso a través de un proceso técnico, transparente y participativo. Desde el inicio de las negociaciones, se hicieron reuniones y consultas con Parlamentarios, organizaciones empresariales, sindicales, organizaciones no gubernamentales y círculos profesionales. Además, se contó con el apoyo del Comité Asesor Político y Económico, integrado por destacados políticos y economistas de todas las tendencias partidistas.
Es bueno dejar constancia de que todos los sectores productivos recibirán ventajas gracias a este Tratado. Los enumeraré: la minería, la pesca, el sector forestal, la industria, los textiles.
En materia textil, debo señalar que en mi Región, específicamente en Tomé, ya se ha sentido el beneficio del Convenio. Empresas norteamericanas están reviviendo el glorioso pasado textil de la comuna, instalando una moderna industria de este rubro y de confecciones -que se inaugurará el 4 de noviembre próximo-, todo con vista a exportar productos terminados al mercado del norte, dando con ello trabajo a numerosos hombres y mujeres de la zona.
Asimismo, se beneficiarán otros sectores, a saber: metalmecánica, servicios, comercio, transporte, banca, seguros, telecomunicaciones y agricultura. Ésta última es también ganadora, ya que incrementará sustantivamente sus exportaciones en frutas, lácteos, vinos, carnes, hortalizas, flores y agroindustria. Sólo existe incertidumbre respecto de los productores de trigo y remolacha, materia que hemos analizado ampliamente y estamos comprometidos a ayudarlos y a respaldarlos.
No obstante, la pequeña y mediana agricultura, por sus condiciones económicas, tienen legítimas aprensiones. Creo sumamente necesario apoyarlas decididamente para incorporarlas también a los beneficios que contemplan estos tratados. Con tal objeto propongo al Ejecutivo analizar urgentemente las siguientes medidas:
--Crear un instrumento (subsidio, garantía o bono) para que la banca privada o el BancoEstado entregue financiamiento al sector, particularmente a los pequeños agricultores.
--Entregar Capacitación profesional y técnica a los agricultores, especialmente en el área gestión.
--Establecer programas de asociatividad para agricultores.
--Estudiar rediseño operacional e instrumentos del INDAP.
--Fortalecer subsidios a los factores productivos: riego, suelo degradado y forestal, focalizándolo en los agricultores medios y pequeños, y encampesinos, especialmente de la zona centro-sur.
--Reforzar controles sanitarios y fitosanitarios y capacitación por parte del SAG.
--Reorientar recursos de los mecanismos de apoyo a las exportaciones hacia nuevos productos y subsectores.
--Acelerar la tramitación del proyecto de ley sobre bosque nativo.
--Apoyar el establecimiento de una bolsa agrícola privada.
--Crear mecanismos de contabilidad simplificada para los pequeños y medianos agricultores.
--Igual preocupación debe existir por las pymes y las mipes, que necesitan un fuerte apoyo para enfrentar estos nuevos desafíos.
Las ventajas comerciales del Tratado de Libre Comercio son muy importantes:
--Consolidar el Sistema Generalizado de Preferencias.
--Eliminar el escalonamiento arancelario para estimular la exportación de nuevos productos y la presencia de nuevos exportadores.
--Equiparar las ventajas arancelarias de terceros países.
--Generar una rebaja en el costo del transporte aéreo y marítimo como consecuencia de un mayor flujo comercial por la aplicación del Tratado.
--Incrementar competitividad en terceros mercados, por la rebaja de costos en insumos, equipos y bienes de capital.
En seguida, intentaré resumir los beneficios que genera el presente Tratado para nuestro país.
Desde luego, habrá un mayor crecimiento económico, ya que las nuevas oportunidades de negocios elevan las tasas de rentabilidad de varias industrias, y se estima que al cabo de los primeros 10 años la economía chilena alcanzará entre 2 y 5 puntos más de lo que tendría sin el Tratado.
Se crearán nuevos puestos de trabajo, en especial en sectores de la agroindustria, manufactura y otros de mayor valor agregado, lo que obligará a producir una mano de obra calificada. Según estudios, podrán generarse cerca de 100 mil nuevos empleos conforme al aprovechamiento de las oportunidades que se abren con el Acuerdo.
Al haber mayor crecimiento económico, podrá disminuirse año a año la pobreza.
El efecto más visible será el incremento de las exportaciones, que podrían crecer en torno a 18 por ciento. Según DIRECON, éstas llegarían a 700 millones de dólares en un plazo de 5 a 7 años.
Como se señaló, en la aplicación del Tratado se aumenta el stock de capital, esto es, una mayor inversión. Este fenómeno se debe, ante todo, al aumento de las tasas de rentabilidad del capital, a lo que se suma la baja en la tasa de interés de equilibrio, dada la disminución en el riesgo país. El incremento de la inversión se irá produciendo paulatinamente.
El efecto inicial del Acuerdo -como se sabe- es una pérdida de ingresos tributarios, debido a que las importaciones desde los Estados Unidos dejan de pagar el 6 por ciento de arancel vigente. La pérdida de ingreso inicial se estima en 200 millones de dólares el primer año. Este efecto comenzará a recuperarse a partir del año 2007, en el que el Fisco comenzará a recaudar más dinero, desapareciendo la pérdida y generando una ganancia.
Como consecuencia de la mayor actividad económica, se producirá un incremento total del consumo, lo que permitirá gastar más a los chilenos.
Por las razones expuestas, voto favorablemente, convencido de que el Tratado traerá consigo un gran crecimiento y desarrollo para el país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , nadie puede dudar que la suscripción de este Tratado -aclaremos: de Libre Comercio- con la primera de las economías mundiales, constituye un verdadero triunfo del principio de la "libertad" en estas disciplinas y una positiva señal, en el sentido de que la conducción de las relaciones internacionales por parte del Poder Ejecutivo han resultado eficaces y convincentes.
En ese sentido, reconozo la solidez del posicionamiento de nuestro país en el ámbito mundial y felicito a la señora Ministra y a su equipo asesor al respecto.
En general, los beneficios son esperables y el crecimiento de 2 a 5 por ciento de la economía nacional dentro de un lapso de 10 años, como consecuencia directa del Tratado, puede ser una realidad.
Pero del análisis de los antecedentes, se desprende que el precio que el Estado y la nación chilena deben pagar como resultado de ese ulterior beneficio es demasiado alto y en muchos aspectos irreversible.
Primeramente, haré mención a los aspectos constitucionales. El Tratado vulnera muchos principios en forma irrevocable. Por ello, manifiesto la correspondiente reserva sobre ellos hasta conocer la autorizada voz del Tribunal Constitucional.
En efecto, en dicho instrumento internacional, la definición sobre territorio no es equivalente a la acepción que se otorga a los Estados Unidos. Para que fuera justo, debería excluirse el espacio aéreo y el mar territorial chileno del Convenio.
En lo relativo a las salvaguardias de algunos productos que Chile produce, cabe representar que nuestro país se ha allanado respecto de 52 de ellos, en contraste con Estados Unidos, que acepta sólo 15. Sobre este particular, es preciso hacer presente que sólo los huevos y el arroz tienen incidencia en la economía nacional, y no así los 13 productos restantes, constituidos por animales y reptiles que no se consumen, ni generan en nuestro territorio.
En lo referente a la inversión, debo señalar que, al firmarse el Tratado, el país del norte nos obligará, a su vez, a contratar con otros Estados signatarios de convenios con dicha nación, sin que medie la aceptación de Chile. Se nos impone, entonces, celebrar tratado con otro u otros Estados con los cuales nuestro país no ha convenido nada.
Respecto a la solución de controversias, Chile cede toda su soberanía jurisdiccional para radicarla en Tribunales Arbitrales Internaciones, cuya integración no garantiza su imparcialidad. Nuestro país tiene una triste experiencia sobre el particular.
Lo anterior dice relación a los aspectos constitucionales del Tratado, lo que mueve a solicitar la debida reserva, a fin de que la Excelentísimo Tribunal Constitucional emita un fallo que esclarezca éstas y otras dudas que conspiran contra la integridad y ulterior beneficio del instrumento internacional que se pretende suscribir.
Otro aspecto que me preocupa mayormente es el concerniente a la actividad agrícola. Cabe considerar que la actividad silvoagropecuaria en los Estados Unidos tiene elevados subsidios, todos preexistentes, que constituyen una verdadera valla para la competencia de nuestros productores, que no cuentan con ellos. Esto significa sacrificar a los pequeños productores agrícolas y a las pymes en general.
Además, por recientes declaraciones del señor Ministro de Hacienda , se descarta cualquier forma de apoyo financiero a nuestros agricultores.
En esta oportunidad, ante la posibilidad de tener que competir con agricultores norteamericanos, cabe hacer presente la preocupación de los agricultores tradicionales de la Décima Región -que represento en el Senado- por los continuos recortes presupuestarios que se están realizando al sistema de incentivos para recuperación de los suelos degradados, merma que es una demostración palpable de la falta de apoyo que experimenta esta actividad, no obstante haber formado parte de las compensaciones negociadas por el sector agrícola a raíz del MERCOSUR y de la rebaja unilateral de aranceles.
A título de ejemplo, y de acuerdo con las cifras entregadas por el Servicio Agrícola y Ganadero de la Décima Región, al 1º de julio de 2003, los recursos asignados para la regeneración de suelos han sido los siguientes:
Temporada año 2000 ($4.948.889.395).
Temporada año 2001 ($4.838.255.881).
Temporada año 2002 ($4.054.197.421).
Temporada año 2003 ($ 3.939.297.000)
Es decir, en tres años este aporte se ha disminuido prácticamente en mil millones de pesos.
Esta política ha significado dejar sin apoyo financiero al 20 por ciento de los agricultores que legítimamente aspiraron a fondos de inversión nacional, y a quienes afectará la competencia con productores norteamericanos.
El futuro de la agricultura chilena necesariamente exige un conjunto de medidas eficientes que aseguren una leal competencia con el nuevo mercado que se pretende introducir. Así, la política tributaria debe ser revisada y orientada a dar efectivos incentivos a los sectores desmedrados.
En mérito de estas consideraciones, muy resumidas por cierto, y haciendo reserva de constitucionalidad, me abstengo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , quiero referirme a tres materias: el valor de los tratados de libre comercio; la realidad de la Región de La Araucanía, que represento en el Senado; y la dura y dramática situación que vive desde hace muchos años la agricultura tradicional, que constituye nada menos que el 40 por ciento del PIB de las Regiones del sur del país y es la principal actividad generadora de trabajo.
En cuanto al valor de los tratados de libre comercio, no cabe la menor duda de que hoy son el camino correcto de las naciones para insertarse en el mundo, fundamentalmente a raíz del alto nivel del comercio internacional.
En la actualidad, los países progresan dependiendo de dos factores: el tamaño de los mercados a que tienen acceso y la eficiencia. Sin duda, el mercado interno chileno no permite que nuestra economía crezca a niveles compatibles con un desarrollo estable en el tiempo y cada vez más alto. En segundo lugar, la eficiencia es decisiva para abrir nichos, que el desarrollo económico nacional necesitará, a los productos que seamos capaces de exportar. La combinación de ambos factores es fundamental para el progreso de una nación.
Por lo demás, no hay duda de que, cuando a un país como el nuestro se le abre un mercado superior a los 200 millones de habitantes, sus posibilidades de desarrollo se expanden y crecen. Que pueda venir inversión extranjera a Chile y que nos transformemos en un polo de desarrollo en el Cono Sur de Latinoamérica, que irradie hacia el resto de las naciones, es también de un potencial gigantesco.
Ésa es la realidad y ése es el camino que los Estados deben seguir.
Lo que ocurre, sin embargo, es que los tratados de libre comercio se deben analizar en su mérito y respecto de la realidad de cada una de las Regiones, y sobre todo considerando qué sucede con la gente que representamos en el Senado.
La Región de La Araucanía, lo hemos dicho en incontables oportunidades, de acuerdo con el indicador del Gobierno, que se elabora sobre la base de 56 factores, es la Región ubicada en el último lugar en cuanto a competitividad, con los niveles más altos de indigencia y de pobreza y donde tenemos que derrotar lo que hemos denominado el "triángulo de las Bermudas", para transformarlo en el "triángulo de las virtudes". El triángulo de las Bermudas es la incapacidad para gestar un trabajo en conjunto entre el capital humano, el sector público y el sector privado. Y tenemos que convertirlo en un triángulo virtuoso, con coordinación, con interrelación y con la capacidad de cada uno para contribuir al desarrollo y bienestar de la gente.
En La Araucanía, además, ocurren situaciones que en estos momentos resultan incomprensibles. Cuando uno analiza, y lo hicimos hace poco con el Senador señor García con motivo del proyecto de Ley de Presupuestos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, constata que va a recibir exactamente un 7,4 por ciento menos de recursos que los del presente año. Por lo tanto, siendo la Región más pobre, con mayores niveles de indigencia, paradójicamente no recibe los recursos del sector público destinados a potenciarla. Por consiguiente, en la zona se vive el círculo vicioso de la pobreza.
En consecuencia, para emitir mi voto, no puedo desprenderme del significado del Tratado de Libre Comercio, pues si bien puede favorecer a muchas Regiones, cabe preguntarse qué ocurre con la Novena.
Además de ser la más pobre, nuestra Región tiene como principal actividad la agricultura tradicional. Por ejemplo, posee 180 mil hectáreas de trigo de un total de 420 mil que existen en el país. Y cuando uno analiza qué ocurre con ella y qué efectos le produce el Tratado, se da cuenta de que el primer impacto negativo brutal lo recibe con el término de las bandas de precios.
Según declaró el mismo Ministro de Hacienda , éstas no son un subsidio. Durante el debate en la Sala, dijo que las bandas de precios constituyen un instrumento estabilizador de los precios y no un mecanismo de precios de sustentación, el cual, por lo demás, es absolutamente incompatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, se terminan.
Por otro lado, ¿qué vemos de parte de Estados Unidos? ¿Es posible que nuestros productos ingresen al mercado norteamericano para competir lealmente? En este punto, lo digo con el mayor respeto, las autoridades de Gobierno guardan el más absoluto silencio.
El Presidente Bush declaró que le incorporaba al sector agrícola tradicional 73 mil 100 millones de dólares anuales en subsidios. No contento con eso, dictó la ley agrícola, la Farm Bill de 2002, y ahora sostiene que entregará al sector agrícola otros 180 mil millones de dólares de ayuda en distintos subsidios.
En cuanto a nuestro país, surge la interrogante: ¿la agricultura chilena es eficiente o ineficiente? Para responder a esto, veamos los cuadros de la agricultura tradicional chilena, pues ésta ha exhibido crecimientos impresionantes entre 1982 y 2001. En el caso del trigo, los quintales métricos por hectárea subieron de 14 a 41; en la avena, de 14 a 35; en la cebada, de 17 a 37; en el centeno, de 8 a 40; en la lenteja, de 6 a 11; en las papas, de 50 a 233; en la remolacha, de 334 a 700.
Por lo tanto, no estamos hablando de un sector que quiera protección, que le tenga miedo a la competencia y que, en definitiva, desee la aplicación de medidas que impliquen alterar las reglas normales del desarrollo de un país moderno.
No obstante, Estados Unidos no permite que Chile acceda a una competencia leal con ellos, porque sus autoridades declaran pública, abierta y categóricamente que subsidian sus productos. Por tanto, el modelo de economía abierta llega hasta el momento en que se toca a la agricultura estadounidense.
Por tal razón, nuestro sector, que genera el 40 por ciento del empleo, sufre además la más absoluta desprotección frente a esos subsidios, los cuales pueden operar de dos maneras: la primera, respecto de los productos que ingresen a Chile, ya que, con el término de las bandas de precios, no habrá protección para nuestros productos, que además competirán con la caja fiscal norteamericana. Y la segunda, si queremos exportarlos a Estados Unidos, ¿qué posibilidad de competencia va a tener nuestro sector si este país subsidia sus productos agrícolas?
Alguien me comentaba poco antes de esta intervención que, en el caso de la carne -particularmente, la bovina-, en cuatro años más se abrirán grandes expectativas. Es verdad que eso sucederá en cuatro años más. Pero ¿quién me asegura que nuestro futuro socio no volverá a actuar como lo ha hecho habitualmente hasta ahora cuando los productos chilenos son exitosos en ese mercado, es decir, utilizar la ley anti-dumping, paralizar las importaciones chilenas, subsidiar sus productos donde nosotros tengamos ventajas?
Por todo lo anterior, estimo que la agricultura -nuestra área de desarrollo fundamental- ha quedado en la más absoluta desprotección, a pesar de que actúa lealmente, que ha demostrado eficiencia y que sólo pide reglas del juego claras y que se le permita competir con lealtad y corrección en un mercado altamente imperfecto.
Señor Presidente , durante los últimos años, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida verdadera para impulsar y desarrollar la agricultura tradicional chilena. Desde hace años se viene insistiendo en lo que significa la Comisión de Distorsiones, que es un abuso gigantesco. Todos aquí reconocen que funciona mal, pero nadie hace nada por resolver el problema. Además, se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. No hay políticas públicas del Gobierno que permitan la asociatividad de los productores agrícolas de nuestra zona y la debida capacitación y preparación para abrir nuevos mercados.
Y, por lo tanto, tengo la impresión de que en este Tratado, que puede beneficiar a otros sectores y Regiones del país, existe un punto débil: el Estado no está jugando su rol subsidiario consistente en respaldar, alentar y sacar adelante a cientos de miles de pequeños campesinos y agricultores, quienes sólo desean una oportunidad para competir lealmente y demostrar que pueden progresar mediante su propio esfuerzo.
Como acto de protesta ante lo realizado por el Gobierno en beneficio de la Región de La Araucanía -que represento en el Senado-, me voy a abstener, porque no puedo votar a favor de un Tratado de Libre Comercio que ha significado dejarla indefensa en muchas materias.
Por lo tanto, aunque entiendo que el futuro de los países avanzados, en los cuales pretendemos insertarnos, es la libre competencia, la apertura de los mercados y la suscripción de tratados internacionales de libre comercio, el instrumento internacional en análisis no significa beneficios para nuestra Región. Y lo que es peor, tampoco se vislumbra una política de Gobierno que le permita enfrentar los duros momentos que le acarreará transformarse, de una Región que hoy día se autoalimenta, en una que abre mercados de exportación.
Por esas razones, señor Presidente, no voy a votar favorablemente el Tratado.
Me abstengo.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , la economía chilena es pequeña, está conformada por un mercado de sólo 15 millones de habitantes. Por lo tanto, para alcanzar los niveles de ingreso de un país desarrollado, es indiscutible que necesitamos ser una nación exportadora; necesitamos ir a la conquista de nuevos mercados y necesitamos tener acuerdos comerciales de beneficio recíproco.
A la luz de este criterio general, y cuando debatimos y votamos un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo, es preciso detenerse a analizar los resultados de las anteriores asociaciones comerciales aprobadas por el Congreso.
El acuerdo con el Mercosur es, sin duda, el que puede ser objeto de análisis más objetivo, pues ya lleva más de siete años de funcionamiento. Podemos concluir que esta asociación ha sido un negocio muy bueno para Argentina, Brasil , Paraguay y Uruguay, pero muy malo para Chile.
Las cifras son elocuentes. En 1996, sin asociación al Mercosur, exportábamos 1.760 millones de dólares a los países integrantes. El año recién pasado, con dicha asociación vigente, nuestras exportaciones sólo alcanzaron 992 millones de dólares.
La asociación de Chile a la Unión Europea es más reciente y, por lo tanto, es más difícil hacer un análisis más concluyente. Hay que señalar, sin embargo, que la fuerte apreciación del valor del euro en los mercados internacionales constituye un poderosísimo estímulo para que nuestras exportaciones hacia ese bloque económico crezcan fuertemente. No obstante, la comparación de las cifras 2002-2001 tampoco resulta tan alentadora. En 2001, hubo 4 mil 607 millones de dólares en exportaciones, y en 2002, 4 mil 238 millones de dólares. Casi 400 millones de dólares menos.
En este contexto comienzo a analizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Estoy consciente de que se abre una oportunidad para Chile y de que dicho Convenio significa un reconocimiento del mejor nivel al prestigio de la economía chilena. Sé que si el país se prepara adecuadamente para profundizar la presencia de varios de sus productos, habrá actividades económicas y Regiones que saldrán beneficiadas. Sin embargo, la Región de La Araucanía -que represento en el Senado-, que lamentablemente exhibe los mayores índices de pobreza e indigencia nacionales, una vez más se verá fuertemente perjudicada.
Para llegar a este Tratado, Chile ha debido ceder una de las herramientas más preciadas por nuestros agricultores para enfrentar la inestabilidad de los precios internacionales del trigo y del azúcar. Ya anteriormente, por la vía de un acuerdo con Bolivia y de las perforaciones en la banda de los aceites, los agricultores de mi Región se quedaron sin el cultivo alternativo del raps.
Se dice que con este Convenio se nos abren enormes oportunidades de realizar buenos negocios con productos lácteos, cortes finos de carnes, maderas y muebles. ¡Exactamente las mismas promesas que se hicieron para aprobar la asociación al Mercosur! La triste realidad es que nada de ello ocurrió, y mi Región de La Araucanía se debate cada día en una pobreza mayor, que se transforma en indigencia cuando hablamos de miles y miles de familias campesinas minifundistas, mapuches y no mapuches, cuyas tierras cultivables no superan las dos hectáreas físicas de superficie.
Por las expectativas creadas por el Tratado para Chile, yo pensé -y esperé- que el Gobierno tendría la sensibilidad de apoyar a sectores que permanentemente han sido perdedores y han pagado los costos de los acuerdos comerciales firmados por Chile. Sin embargo, el Ministro de Hacienda señor Eyzaguirre fue muy claro desde un comienzo al sentenciar que con el TLC no hay sectores perdedores y, por lo tanto, no hay compensaciones de ninguna naturaleza.
¡Cuánto siento esas expresiones! ¡Cuánto siento que el Gobierno no desee tener una visión armónica de Chile! ¡Cuánto siento que no se quiera comprender que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón continúan subsidiando fuertemente a sus productores agrícolas, en una verdadera batalla campal por la competencia desleal! ¡Cuánto siento que no se quiera reconocer que nuestros productores agrícolas de trigo y otros cereales, y de leche, remolacha, etcétera, son tremendamente eficientes! Han modernizado sus procesos productivos y alcanzado rendimientos verdaderamente espectaculares que los ubican entre los productores más eficientes del mundo. El Senador señor Espina mencionó cifras elocuentes que lo demuestran.
El problema es que nuestros agricultores, pudiendo competir de igual a igual y ganar la batalla por la eficiencia frente a otros productores del mundo, no pueden transformarse en exportadores, porque los precios internacionales de los artículos antes señalados son mentirosos, al esconder los verdaderos costos de producción por la vía de subsidios millonarios.
Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y Japón no terminen con su millonaria red protectora, yo no puedo sumar mi voto a la aprobación del Tratado.
La defensa de la agricultura no es la única razón que me lleva a asumir esta postura. También tengo enormes aprensiones y reparos constitucionales sobre las obligaciones asumidas por Chile en materia de protección a la propiedad intelectual.
Para fundar mis palabras, quiero basarme en un informe constitucional elaborado por el distinguido abogado y profesor de Derecho don José Luis Cea Egaña . Entre las disposiciones más preocupantes, que pueden calificarse como TRIPS "plus", se encuentran los números 2 y 3 del artículo 17.1 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que compromete a Chile a ratificar o adherir a los siguientes Tratados sobre Propiedad Industrial:
Antes del 1º de enero del 2007, al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes , de 1984. Antes del 1º de enero del 2009, a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, de 1991, y al Tratado sobre Derechos de Marcas , de 1994.
En el mismo artículo 17.1, Chile se compromete a efectuar esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos, conforme a su legislación interna: al Tratado sobre Derecho de Patentes , del año 2000; al Acuerdo de La Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales, de 1999, y al Protocolo referente al Arreglo de Madrid , relativo al Registro Internacional de Marcas , de 1998.
Las cargas impuestas a nuestro país me preocupan principalmente por tres razones.
Primero, porque estamos comprometiendo materias que no son exclusivas del Poder Ejecutivo, sino que, en su oportunidad, requerirán el acuerdo del Congreso Nacional.
Los convenios más representativos de conflicto son el Protocolo referente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
Segundo, esos dos instrumentos internacionales vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, del debido proceso, de la libertad para desarrollar actividades económicas, de inviolabilidad de la propiedad, libre iniciativa económica y -lo que es más grave- se otorgan atribuciones a la Asamblea de ambos instrumentos internacionales sobre materias privativas del Congreso Nacional.
Todo ello es manifiestamente inconstitucional.
En tercer término, los convenios señalados, más el Tratado de Derecho de Marcas y el Tratado de Derecho de Patentes, son ampliamente inconvenientes para nuestro desarrollo, ya que estimulan en el país la constitución de monopolios legales de propiedad intelectual, que en 95 por ciento provienen de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, en el caso de las patentes, y en 80 por ciento corresponden a marcas de alcance internacional.
Señor Presidente , termino señalando que no creo en la vocación ni en el apego al libre comercio por parte de Estados Unidos. Existe abundante información acerca de cómo, cada vez que productos chilenos molestan a los productores norteamericanos, recurre a su legislación antidumping.
Por las razones expuestas y porque -repito- no creo en la vocación de libre comercio de Estados Unidos, voto en contra del Tratado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Aburto.
El señor ABURTO.-
Señor Presidente , el Tratado de Libre Comercio que nos ocupa -así por lo demás se reconoce unánimemente- constituye un hito en la historia de las relaciones internacionales de nuestro país, de nuestro Chile, de nuestra patria. Recalco estas últimas expresiones porque se ha formado el mal hábito de que, cuando un chileno alude a Chile, se dice "este país".
Como todo tratado, especialmente aquellos que tienen un carácter comercial o económico, el Acuerdo en debate representará ventajas y desventajas. Lo mismo ocurre con cualquier contrato celebrado entre personas naturales.
Los chilenos sostenemos en general la convicción de que el desarrollo de este Tratado nos proporcionará como país indiscutibles ventajas en un mundo globalizado como el actual, donde las perspectivas de progreso se amplían abarcando extensos campos de actividad, especialmente en el rubro de las inversiones. Eso es lo que Chile necesita para el desarrollo apropiado de su sistema económico de libre mercado.
No me cabe la menor duda de que así va a suceder. Sobre el particular, debo confesar que emocionalmente me impacta el hecho de que se procure, a través del Acuerdo, llegar a arancel cero en un plazo de doce años. Este suceso me causa gran emoción porque seguramente no lo alcanzaré a ver.
Todo tratado en materia comercial o económica enfrenta en su caminar numerosos vaivenes, pues influye sobre su desarrollo el comportamiento de las economías internas o nacionales.
A pesar de no ser un economista, estimo que las políticas monetarias, las políticas de cambio y las relativas a rubros aplicables a las instituciones internas en estas áreas influirán en las ventajas y desventajas que pueden tener para Chile las cláusulas que contiene el Tratado.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , el árbol que se enfrenta rígido a los vientos huracanados se quiebra y es alimento de termitas. Aquel que con sabiduría y prudencia abre sus ramas y se mueve con elasticidad, resistirá cientos de tormentas y seguirá de pie dando frutos, sombra y belleza a su entorno.
Ante la instauración de un nuevo orden económico mundial, Chile debe tener la sabiduría de adaptarse a los desafíos que éste entraña, buscando preservar, por sobretodo, el bien común de sus hijos y nuestra idiosincrasia.
La globalización que se expresa en los tratados de libre comercio puede ser un espejismo fatal si no tenemos la astucia para advertir sus peligros y la habilidad para detectar las oportunidades que nos ofrece.
No se necesita ser suspicaz o un avezado tecnócrata para comprender que la relación entre la primera economía mundial y la nuestra es absolutamente asimétrica. Sin embargo, más que amilanarnos, eso representa un reto que está a la altura de la historia de nuestra patria.
No me refiero sólo a acciones bélicas, sino a tareas cívicas y republicanas que son parte del acervo nacional. Y aludo también a lograr, en el concierto mundial, el respeto por las 200 millas marinas, por nuestra presencia en la Antártica y, de manera especial, a saber mantener una voz digna y soberana en foros internacionales.
Nuestro poderío sólo ha radicado en la razón de los argumentos y en la humanidad de nuestro proceder. Este país, plantado entre Los Andes y el Océano Pacífico, ha sido capaz de superar los desafíos geográficos, naturales, sociales y políticos que han forjado un pueblo de un temple reconocido más allá de las fronteras.
Esta nación puede hoy, con la fuerza de lo descrito, pararse frente al mundo del siglo XXI y asumir sus desafíos desde su propia visión; velando por no perder su identidad y porque los cambios no generen daños a los chilenos más vulnerables.
Nuestro problema no es lo que harán Estados Unidos u otros países en Chile para su provecho, sino lo que permitamos que se haga para beneficio de ambas partes. Ésta es una relación de socios y no de dependencia.
Una asociación en tal sentido sólo será provechosa si entre nosotros concordamos que es una tarea común; que las divisiones deben superarse; que empresarios, empleados, trabajadores y el Estado deben unirse para enfrentar a colosos internacionales de la industria, el conocimiento y la información.
Estas transnacionales no reconocen banderas ni fronteras y su único fin es obtener la máxima rentabilidad, con cero compromiso nacional o social, de un país o sociedad como la nuestra.
Sabiendo lo anterior, y creando conciencia nacional del desafío, podremos hacerle frente con el claro objetivo de sortear los peligros y atrapar las oportunidades.
Asimismo, con esa certeza podremos buscar un trato equilibrado con los países desarrollados y las corporaciones que en ellos existen. No es menor, entonces, que seamos promotores y difusores de un orden jurídico internacional, única forma de generar condiciones de respeto y justicia entre los actores del comercio mundial.
De igual forma, el conocimiento de lo anterior nos debe motivar para actuar en conjunto con los países vecinos, tratando de hacer conciencia en Latinoamérica de que sólo una unidad política, económica y social, de mediano plazo, nos permitirá equilibrar las relaciones entre el Norte y el Sur.
Los latinoamericanos tenemos historia, raza, religión y costumbres similares que, con educación y buena voluntad, nos pueden reunir en un proyecto común, para beneficio y progreso de nuestros sufridos pueblos.
Debemos ver el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como una oportunidad. Entraña un desafío enorme para Chile. Si lo comprendemos en todo su significado, sabremos adecuar el país para crecer con mayor equidad e igualdad de oportunidades.
Pero, además, trae un factor adicional positivo: impone una meta común que nos puede permitir superar el pasado, vivir con optimismo el presente y soñar con un mejor futuro para todos los chilenos, sin excepción de ninguna naturaleza.
El Tratado no es un problema; más bien, una oportunidad y un desafío. Y de la forma como se enfrente dependerá el país que queremos construir. El problema es qué vamos a hacer para transformarlo en un instrumento positivo para el desarrollo equilibrado de la sociedad y de toda nuestra gente, sin exclusiones y sin convertirlo en un signo de desigualdad.
Voto a favor del proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , he sido testigo de acontecimientos ocurridos en el país durante más de sesenta años. Pocas veces he visto más conmoción en los círculos dirigentes que ante la firma del TLC con Estados Unidos. Se han creado expectativas gigantescas. Parece que todo va a cambiar. Un conocido columnista de un diario muy importante ha dicho que Chile debe ser el Estado número 51; otros, que tiene que imitar a Puerto Rico.
He vivido diez felices años en Estados Unidos y admiro su libertad, su capacidad para crear y su respeto por todas las ideas. Pero también lo he visto extremar su prepotencia internacional.
Parece que estuviéramos mirando un nuevo abrazo de San Martín y O'Higgins en Maipú. No participo para nada de esta euforia. Los instrumentos internacionales no son la sustancia de los problemas ni alteran la esencia de las naciones. Nuestra cultura debe seguir definiendo los objetivos nacionales.
El Senador señor Foxley ha planteado exigencias de orden interno indispensables para el desarrollo de Chile, con o sin Tratado. Es extremadamente peligroso caer en la succión de culturas ajenas cuando la riqueza de Chile y su porvenir radican en seguir siendo lo que es: abierto a todas las naciones y, por cierto, a la solidaridad con América Latina. Me parece que este tema es de extremada importancia pues la economía, a la postre, está sometida a la política.
Considero innecesario repetir las observaciones que sobre el Tratado formulé en la Comisión Especial. Sólo quiero manifestar que, si bien está lejos de equiparar derechos y beneficios entre las partes, el Acuerdo ofrece más ventajas que inconvenientes. Es una de las negociaciones mejor conducidas por un excelente equipo técnico.
Por sobre todo, el Tratado crea reglas que permitirán mitigar, en cierta forma, la tradicional arbitrariedad que la contraparte suele utilizar a favor de sus intereses en campos que abarcan también el de índole comercial. Evidentemente, es un beneficio asegurar y hacer posible la expansión de nuestras exportaciones, y lograr un sistema de solución de controversias en forma ordenada, así como fijar normas sobre asuntos medioambientales y laborales.
En materia agrícola -especialmente para la zona sur y para la mediana y pequeña agricultura, sobre la que las autoridades hablan con la indiferencia propia de las ideologías que ignoran las realidades sociales, francamente esperábamos una propuesta mejor.
En Chile no habrá compensaciones o protecciones porque ellos atentan contra la ortodoxia. En Estados Unidos, cuna de esa ortodoxia, nadie se enoja o disiente cuando su Presidente entrega 170 mil millones de dólares en subsidios a los agricultores. Esto parece un desequilibrio hormonal económico.
Cuando el Senado aprobó hace un año el Convenio con la Unión Europea, en la Comisión respectiva y en la Sala hubo acuerdo para solicitar al Gobierno una adecuación de la Administración Pública para enfrentar los desafíos y ventajas de dicho instrumento. Es penoso comprobar que, después de un año de su suscripción, nada se ha hecho. Solamente tres de los quince países de la Unión Europea han ratificado sus normas políticas y de cooperación económica, científica y cultural.
Sólo hace tres días nos hemos enterado de que se ha creado una comisión para adecuar esta materia y programar una política agraria. El informe que ella debe evacuar tiene un plazo de seis meses; ojalá se realice.
Me siento envuelto en una pesada duda sobre la capacidad de las instituciones existentes para modificar funciones y hacer frente a nuevos problemas. La historia de nuestra institucionalidad política y económica así lo acredita. Los tratados valen en cuanto aprovechen a todo el país, a todas sus actividades y regiones.
Si se confía sólo en el libre comercio y en el control de la macroeconomía, se podrán dar buenos y lucrativos exámenes ante la academia, pero quedará abierta la presión social no beneficiada y que ya no espera, como lo vemos en nuestro continente.
El país necesita un desarrollo compartido por todos los chilenos y todas las regiones. Éste es un instrumento que así debe usarse.
A pesar de estas reservas, apruebo el Tratado, porque la ley es la defensa del débil.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, que finalmente hoy verá la luz después de diez años de extensas y complejas negociaciones que atravesaron por las más diversas vicisitudes, representa algo más que la simple liberalización del comercio entre dos naciones.
Sin duda, constituye el paso más relevante que nuestra economía ha dado, no sólo en el empinado camino del desarrollo, sino también -y lo que es aún más importante- en la consolidación de un modelo de desenvolvimiento de las relaciones económicas, en lo cual debe reconocerse especial mérito al Gobierno, que ha tenido el acierto y la fortuna de participar en la etapa conclusiva de un acuerdo cuyas bases se entroncan en el origen mismo de la reforma de nuestra economía.
El Tratado, como decimos, va mucho más allá del comercio de bienes y servicios. Se inserta en un proceso histórico en elque caen las fronteras tradicionales y los pueblos se integran en una sociedad que comparte metas comunes, entre las cuales la derrota de la pobreza constituye un objetivo central. Ciertamente, este acuerdo es un aporte fundamental en esa tarea desde la perspectiva de nuestro país.
Fue en los años sesenta en que el filósofo canadiense Marshall McLuhan acuñó la noción de "aldea global", para referirse al fenómeno que ya por aquel tiempo se vislumbraba y que hoy resulta casi consustancial a nuestra época.
Este proceso de globalización no es otra cosa que la liberalización del tránsito de personas, bienes y servicios. Los aspectos de fondo de este Tratado, que miran a los dos últimos aspectos del proceso del que hablamos, representan una gigantesca exigencia, no sólo para el sector privado sino también, y de manera muy especial, para la organización del Estado.
No sólo nuestros empresarios tendrán que asumir un nuevo impulso de su capacidad emprendedora, compitiendo con sus pares estadounidenses mejor preparados para este desafío y -por qué no decirlo-, no pocas veces amparados por un Estado que protege sus áreas sensibles a través de subsidios que entorpecen la libre competencia y que esperamos que sean paulatinamente abandonados, para ser plenamente consecuentes con las políticas de libre comercio que dicen profesar.
El Estado de Chile, en su conjunto, enfrenta el desafío de generar y promover políticas estructurales que aseguren la estabilidad de las normas que regulan el desarrollo de la actividad económica. Esa estabilidad es un apreciadísimo bien que debemos tutelar con un accionar responsable y con visión de largo plazo.
Para ejemplificar su importancia, basta con citar al Primer Ministro de Singapur -país donde se desarrollara uno de los últimos encuentros del Foro del Asia Pacífico- quien cifraba el explosivo éxito económico de su nación precisamente en la estabilidad política y de las normas económicas, que no sólo atraen la inversión extranjera, sino además promueven su permanencia en el país.
Sin embargo, los desafíos no se agotan en la consolidación de nuestras leyes económicas. Las políticas públicas que permitirán un aprovechamiento cabal de las oportunidades que ofrece este Tratado deben abarcar también las normas laborales, tributarias y, especialmente, las relacionadas con materias de educación, que coloquen a los trabajadores y las empresas en situación de competir en un mercado con estándares cada vez más exigentes en todos los ámbitos.
Ciertamente, este instrumento no es la piedra filosofal que dará respuesta a todas nuestras necesidades. ¡Qué duda cabe de que plantea dificultades, y aquí ya se ha dicho mucho al respecto! La situación que enfrentarán determinados sectores de la agricultura tradicional y de las pequeñas y medianas empresas es, por decir lo menos, preocupante. Pero, con todo ello, nadie en su sano juicio podría negar el avance que representa.
Permítame, señor Presidente , citar sólo algunas cifras para ilustrar esta afirmación.
Entre 1987 y 1998, el crecimiento de 7 por ciento que alcanzó el Producto Interno Bruto del país nos permitió reducir el nivel de pobreza de 45 a 22 por ciento, es decir, a menos de la mitad.
Pues bien, estudios serios sobre el impacto del Tratado en la economía nacional indican que, al cabo de diez años de su implementación, nuestra economía será entre 2 y 5 por ciento más grande de lo que sería si no aprobáramos este Acuerdo. Piénsese, entonces, en el gigantesco efecto que tendrá en nuestra lucha contra la pobreza, especialmente si se complementa con un uso correcto y focalizado de los recursos públicos.
Quizá, nuestra mayor preocupación debe orientarse a superar la autocomplacencia y plantearnos cada día nuevos desafíos que nos permitan crecer en todos los ámbitos para, finalmente, llevar a todos los chilenos los beneficios de ese desarrollo que, en definitiva, significan la perspectiva de una vida mejor.
Señor Presidente, por todas estas consideraciones, doy mi aprobación al Tratado.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, me limitaré a hacer algunos comentarios para fundamentar mi voto.
A mi juicio, en el Tratado no hay absolutamente nada que autorice para afirmar que Chile enajena o hipoteca soberanía y que, por la misma razón, limita su capacidad de resolver respecto de los caminos a seguir hacia el futuro.
En consecuencia, el país continuará desarrollando su sistema económico en el marco que hoy conocemos: una economía mixta de mercado, flexible, que posibilita, a través de políticas públicas e intervenciones estatales, las correcciones necesarias para que el desarrollo tenga lugar en un contexto de real armonía.
Por eso, hago mías las observaciones que muchos señores Senadores han formulado esta tarde, en el sentido de que la aprobación del Tratado conlleva la obligación de los Poderes Públicos y, desde luego, del Ejecutivo , que en esta materia está llamado a tomar iniciativas para impulsar una serie de políticas públicas urgentes y fundamentales con el objeto de asegurar un impacto realmente positivo del Convenio. Paso a ejemplificarlas con dos materias surgidas también de las diversas intervenciones.
En primer lugar, la necesidad de estimular y fomentar la asociatividad entre nuestras pequeñas y medianas empresas con políticas activas, que les permitan no sólo organizarse sino, también, contar con asistencia técnica, transferencia tecnológica y asistencia financiera adecuada. En este marco, es indudable que el cooperativismo recobra una importancia esencial, particularmente en la pequeña y mediana agricultura.
Del mismo modo, en el campo de la educación superior hay una tarea extraordinariamente urgente. No podemos enfrentar los desafíos que plantea este Tratado de Libre Comercio con una educación superior que ha llegado a un punto de verdadera anarquía y que no progresa en dirección a la calidad, como debería avanzar; que se caracteriza por la repetición y reedición de las experiencias que hemos llevado a cabo en este campo, y que carece de la fuerza innovadora que las circunstancias demandan.
Con relación a este primer punto, señor Presidente , pido a los Honorables colegas coherencia entre el discurso y las actitudes políticas que realmente se asumen. Porque el proyecto de ley -tímido y tardío- que introduce la acreditación entre las instituciones de educación superior y que se encuentra en la Cámara de Diputados, ha tenido un trámite lento y accidentado.
Si se formulan demandas como las que hemos escuchado esta tarde y en la iniciativa mencionada existe al menos un elemento que pueda contribuir a paliar ese déficit manifiesto en nuestro sistema educacional, lo lógico sería una concurrencia de voluntades más nítida para dar ese paso. En segundo término, en materia laboral lo único que el Tratado plantea -como ha quedado absolutamente claro- es la exigencia de que se observe, tanto por parte de Chile como de Estados Unidos, la legislación interna.
Nuestra normativa laboral requiere perfeccionamientos. Pero que el día de mañana no se invoque el Tratado para reclamar más flexibilidad y buscar, por esa vía, reducir los costos de la mano de obra en el país.
Eso, evidentemente, sería un efecto indeseable. Lo que se necesita, por el contrario, es más concertación social, más diálogo entre empresarios y trabajadores, más voluntades concurrentes a un mismo fin. La competencia exige esa unión de voluntades y una disposición positiva de todos los actores del proceso productivo.
En tercer y último lugar, no comparto en absoluto las afirmaciones que aquí se han hecho sobre eventuales inconstitucionalidades del Tratado.
Por razones de tiempo no podré analizar exhaustivamente la materia. Pero obra en mi poder un informe que interpreta cabalmente mi pensamiento -pido que se agregue a mi intervención-, en el que se refutan una a una las observaciones de posible inconstitucionalidad que hemos escuchado en este Hemiciclo.
En consecuencia, creo que podemos estar tranquilos con relación a todas esas materias.
Por eso, aporto con mi voto a la aprobación del Tratado.
Finalmente, quiero dejar constancia de que estas reflexiones interpretan también la opinión del Senador señor Silva , quien no pudo asistir por motivos de salud, pero que había tomado la determinación de aprobar el Acuerdo. Y así habría procedido si hubiera estado presente en esta oportunidad.
Voto a favor.
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--El informe que se solicitó insertar es del tenor siguiente:
"INFORME
"1. El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, el 6 de octubre, presentó un documento que cuestiona la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, en actual proceso de aprobación en el Congreso Nacional.
"2. El documento cuestiona la definición general de territorio, las salvaguardias agrícolas y disposiciones de Inversiones. En reiteradas oportunidades alega que las disposiciones del TLC vulneran el Artículo 5 y el Artículo 19, Numero 22 de la Constitución Política del Estado, por infringir la soberanía y por establecer discriminaciones arbitrarias, respectivamente.
"3. A este respecto es importante consignar que, cuando un Estado suscribe un Tratado internacional, obtiene beneficios y adquiere obligaciones, las que se incorporan al ordenamiento jurídico. La doctrina ha definido los tratados internacionales como los "acuerdos de carácter contractual entre Estados u organizaciones de Estados, que jurídicas entre las partes".[1]
crean derechos y obligaciones
El evaluar la conveniencia de suscribir un acuerdo internacional es de competencia exclusiva del Presidente de la Republica , quien tiene a su cargo las relaciones internacionales. Al Congreso corresponde sólo aprobar o rechazar los Tratados Internacionales. Tales instrumentos internacionales tienen fuerza de ley, por cuanto nada impide que puedan modificar una norma de igual jerarquía, sin lesionar con ello el ordenamiento jurídico vigente, lo que incluso ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. [2]
"4. También cabe mencionar que un tratado puede ser denunciado en cualquier momento en ejercicio de la voluntad soberana del país signatario, lo cual reafirma aún más que el art. 5 de la Constitución no se ve afectado por éste u otro acuerdo internacional.
"5. Respecto a la discriminación arbitraria que establecería el TLC, según los autores del documento que se informa, es necesario tener presente lo que el propio Tribunal Constitucional ha señalado:
"...debe tenerse presente que la garantía establecida en el Nº 22º del artículo 19 de la Carta Fundamental, no es sino una singularización del principio de la igualdad ante la ley reconocido en el Nº 2º del mismo artículo; y que este Tribunal ha estimado que consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que estén en situaciones diferentes".
"Que admitido que la igualdad jurídica no es absoluta, lo que el Constituyente rechaza son las discriminaciones arbitrarias, y que, para este Tribunal, no son otras que las diferencias irracionales, productos del capricho y contrarias al bien común". [3]
"6. El TLC establece derechos u obligaciones respecto a productos, comerciantes, inversionistas o proveedores de servicios, disponiendo diferentes tratos dentro de cada categoría, los cuales son efectivamente discriminaciones, pero que no constituyen una discriminación . Las diferencias entre el arancel de las papas respecto al vino o los vehículos pueden tener procesos de desgravación distintos, lo mismo el invertir en un sector energético versus el marítimo, pero eso es parte del resultado de la negociación. Además, sin perjuicio de las diferencias que se puedan apreciar al comenzar la vigencia del Tratado, transcurridos los plazos acordados necesariamente, sin excepción, se alcanzará su objetivo final, cual es, el establecimiento pleno de una zona de libre comercio de bienes y servicios y libre movimiento de capitales.
arbitraria
"Inconstitucional el TLC con EEUU
"El examen de las poco difundidas cláusulas del tratado comprueba que la soberanía nacional se va al tacho y que la bandera de las 50 estrellas bien podría agregar la 51" Julián Alcayaga O., economista
"Comité de Defensa y Recuperación del Cobre"
(06/10/03)
"EL OBJETIVO DE este trabajo es hacer un análisis de las inconstitucionalidades del TLC con los EEUU, en especial del capítulo 10 llamado Inversión, a nuestro parecer su capítulo más importante por sus implicancias políticas para amarrar a Chile a un modelo de desarrollo. Pero antes de ello, no podemos dejar de analizar algunas disposiciones iniciales del tratado.
"TERRITORIO
"Es inconstitucional e incluso vergonzante para nuestro país que la definición que se le da a los territorios que las Partes aportan a este tratado, en el anexo 2.1 del capítulo 2, llamado Definiciones Generales, el territorio de Chile comprenda: "El espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su legislación interna". Respecto de EEUU comprende solamente el territorio aduanero de los 50 estados, el distrito de Columbia y Puerto Rico, pero deja fuera su espacio aéreo y su mar territorial.
"Chile ha establecido la misma definición de territorio en anteriores tratados.
"No es verdad lo señalado en el documento en cuanto a que el mar territorial de EEUU no estaría comprendido en su definición de territorio, ya que en su inciso iii) expresamente comprende "".
cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y con su legislación interna, Estados Unidos podrá ejercer derechos en lo que se refiere al fondo y al subsuelo marinos y sus recursos naturales
"Quizás podría ser atendible, que por razones de seguridad nacional, una gran potencia como EEUU no permita que su espacio aéreo y marítimo sea parte de este acuerdo comercial, pero en ese caso, Chile también debería haber excluido su mar territorial y su espacio aéreo de este acuerdo comercial. Este importante desequilibrio y desigualdad de este acuerdo comercial, no tiene justificación de ningún tipo.
"No se trata de un tema de seguridad nacional, para ello existe una excepción especial en el art. 23.2 del tratado que permite adoptar medidas de urgencia cuando las circunstancias lo ameriten
"Efectivamente el contenido de ambas definiciones es diferente, así como también lo son las establecidas en otros tratados de libre comercio suscritos anteriormente por Chile (v.gr. Canadá, México y Corea). Sin embargo ello no implica ampliar o reducir el verdadero territorio de cada parte o imponer una carga adicional a una de las partes. Incluso cabe advertir que la inclusión de una mayor cobertura geográfica es en beneficio del propio país, implica extender los beneficios que se supone otorgan los tratados a más mercancías, servicios y en general a más entidades nacionales involucradas en el comercio, al mismo tiempo que ampliar las seguridades que incentivan la inversión extranjera.
"La definición de territorio prevista en el Anexo 2.1 tiene una importancia esencial para definir si las mercancías importadas cumplen con las reglas de origen exigidas y, por tanto, corresponde otorgar las concesiones arancelarias pactadas.[4]
"Además esta disposición es inconstitucional, porque viola el Nº 22º del art. 19 de nuestra Constitución que establece "la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica". Es evidente que este tratado comercial, al definir en el anexo 2.1 del capítulo 2, que uno de los contratantes, Chile, deba incluir en este acuerdo la totalidad de su territorio, mientras que el otro contratante, EEUU, permite que se incluya sólo una parte de su territorio, incurre en una discriminación arbitraria que no está permitida por nuestra Carta Magna .
"La circunstancia de que existan definiciones diferentes no implica que ello constituya un desequilibrio o menos aun una desigualdad, inconstitucionalidad o vergüenza nacional. Hay muchas normas en los TLC que son diferentes para cada país según las circunstancias políticas, económicas o jurídicas propias al momento de la negociación y no por ello podrían calificarse de inconstitucionales con fundamento en el art 19 Nº 22º de la Constitución.
"SALVAGUARDIAS AGRICOLAS
"También es discriminatorio y arbitrario que en el capítulo 3, anexo 3.18, se acepten salvaguardias para algunos productos agrícolas o agropecuarios, pero que EEUU incluya 52 productos que Chile produce y que tendrán salvaguardias en EEUU, entre ellos diversas especies de frutas frescas, sus conservas y jugos, el tomate y sus diversas salsas y preparados, alcachofas, espárragos, cebollas, ajos, etc., mientras EEUU acepta que Chile establezca salvaguardias para sólo 15 productos, de los cuales únicamente dos, huevos y arroz, tienen importancia en nuestra producción y consumo, pero otros no los producimos y no los consumimos, como las carnes de primates, de delfines, de marsopas, manaties, dugongos, tortugas de mar, reptiles
"Estas salvaguardias constituyen un mecanismo excepcional y temporal que permitió negociar una desgravación para productos altamente sensibles que de otra manera habrían sido excluidos del tratado o al menos haber quedado sujetos a una desgravación arancelaria más prolongada
"Cualquier tratado contiene numerosas disposiciones que pueden ser estimadas como desiguales porque benefician más a un país que a otro, pero al final siempre existirá una cierta equivalencia global de obligaciones que será la razón de que ambos países concurran a firmarlo. Esta apreciación global es de competencia exclusiva del Presidente de la República y corresponde al Congreso sólo aprobar o rechazar el tratado según estime que existe o no tal balance.
"Efectivamente esta salvaguardias se aplica, respecto de Chile, a primates, delfines, etc., todos los cuales no se producen, exportan ni se consumen en Chile, salvo la fracción 02109900 (LAS DEMAS CARNES O DESPOJOS COMESTIBLES), que era justamente lo que se quería incorporar. La razón de incluir carnes tan "exóticas" fue consecuencia de una modificación de nomenclatura arancelaria: se negoció la inclusión de la subpartida 021090 bajo nomenclatura 1996 (que incluía delfines, ballenas y otros junto con los despojos comestibles que interesaban), pero cuando se colocó en nomenclatura 2002 se abrió a todas las fracciones antes comprendidas (incluidas aquellas que no interesaban).
"En realidad parece más bien una burla que EEUU no acepte que impongamos salvaguardias para el trigo y la remolacha, y en compensación acepte que Chile tenga salvaguardias sobre la carne de primates y reptiles, como si los chilenos fuéramos grandes productores y consumidores de esos animales, y sobre todo que EEUU tampoco los produce y no tiene entonces ninguna justificación que se les incluya en la lista de salvaguardias de Chile. Pero esta actitud vasallesca de las autoridades chilenas viola el inciso Nº 22º del art. 19 de nuestra Constitución.
"Cabe mencionar lo señalado en los considerandos 36º y 37º del fallo del Tribunal Constitucional (Rol 312) citado en el documento: 36º. "Que sobre el particular, debe tenerse presente que la garantía establecida en el Nº 22º del artículo 19 de la Carta Fundamental, no es sino una singularización del principio de la igualdad ante la ley reconocido en el Nº 2º del mismo artículo; y que este Tribunal ha estimado que consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que estén en situaciones diferentes (Roles Nºs. 5, de 26 de noviembre de 1981, y 203, de 6 de diciembre de 1994, respectivamente). Por consiguiente, de acuerdo con esta conceptualización de la igualdad jurídica, es perfectamente explicable que determinados sectores económicos e incluso mineros o zonas geográficas, por estar en otras situaciones o circunstancias, queden al margen de los beneficios que contemplan las cláusulas del Tratado"; 37º "Que admitido que la igualdad jurídica no es absoluta, lo que el Constituyente rechaza son las discriminaciones arbitrarias, y que, para este Tribunal, no son otras que las diferencias irracionales, productos del capricho y contrarias al bien común".
"Y, tal como señala el Ejecutivo en dicho caso, el Presidente es soberano para actuar dentro de su ámbito de autonomía o libertad de configuración y, por tanto, un tratado no puede ser objeto de control de constitucionalidad con fundamento en que es lesivo al bien común y a los intereses generales de la Nación, sin perjuicio de la facultad del Congreso de aprobar o rechazar los tratados internacionales.
"EL CAPITULO DE LA INVERSION
"INVERSIONES - REQUISITOS DE DESEMPEÑO
"Ahora pasaremos a examinar las numerosas inconstitucionalidades que contiene el capítulo 10, el cual abarca tres secciones. La Sección A comprende los artículos 10.1 a 10.13, que se refieren específicamente a la inversión. La B, que comprende los artículos 10.14 a 10.26, alude a la solución de controversias inversionista-Estado, en tanto que la Sección C contiene, en un único artículo 10.27, las Definiciones de algunos de los términos de este capítulo, el que termina con los anexos que van del 10-A a 10-H.
"Respecto de Chile, el artículo 10.1 (a) se aplica a los inversionistas de EEUU, el artículo 10.1 (b) a las inversiones cubiertas, es decir las inversiones de EEUU que ya existen en Chile, y el artículo 10.1 (c), se aplica a las inversiones en Chile de cualquier país del mundo, pero sólo en relación a lo que estipulan los artículos 10.5 y 10.12.
"Es precisamente este artículo 10.1 (c) el que incurre en la primera inconstitucionalidad de este capítulo, porque constituye una violación a nuestra soberanía. En efecto, al suscribir un tratado bilateral con EEUU se nos impone una suerte de subtratado de Chile con todos los restantes países del mundo, con los cuales el gobierno chileno no ha negociado ningún tratado comercial, y por supuesto no existe reciprocidad comercial con esos países. Este subtratado, es en los hechos un traslado de soberanía que atenta en contra del mandato del art. 5º de la Constitución que establece: "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio". Es evidente en este caso, que una gran potencia como los EEUU, al firmar un tratado comercial con nuestro país, al imponernos otro tratado, se arroga soberanía que sólo corresponde ejercer al pueblo chileno, y además, por ser una disposición arbitraria y discriminatoria, viola también el ya citado Nº 22º del art. 19 de nuestra Carta Magna.
"En aplicación del artículo 10.5.3, Chile podría imponer medidas administrativas, ambientales, sanitarias, de ubicación de producción, a una inversión de cualquier país del mundo, pero siempre y cuando esas restricciones no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacionales. En aplicación de este artículo, y no existiendo en el Tratado una disposición específica que lo impida, un inversionista de Japón, Rusia o Pakistán o de cualquier otro país, podría comprar un terreno u obtener en concesión una mina abandonada en el desierto chileno, para guardar en ellas residuos nucleares de cualquier planta nuclear del mundo, y Chile no podría impedir esta inversión, porque podría ser demandado en un tribunal internacional por restricción encubierta al comercio o inversión internacional.
"¿Quien decidirá si esas medidas chilenas son arbitrarias o constituyen una restricción al comercio internacional: el gobierno, el parlamento o los tribunales chilenos? ¡No!, ninguna autoridad chilena tendrá poder de decisión en caso de conflicto o incumplimiento por un inversionista extranjero, de alguna disposición de este capítulo. Sólo tribunales arbitrales internacionales tendrán competencia para resolver estas controversias, en lo que constituye otro traslado de soberanía que analizaremos más adelante.
"Es necesario tener presente que los residuos nucleares deben ser manipulados durante varias centenares de años para que puedan perder su nocividad, manipulación que en un territorio sísmico como el chileno requiere de instalaciones mucho más seguras. De otro lado, las empresas que se instalen en Chile, podrían durante dos o tres años recibir gran cantidad de residuos nucleares, cobrando por este servicio, y después quebrar o desaparecer, dejando los residuos sin que nadie se ocupe de su seguridad, y en tal caso, Chile no podrá reenviarlos a ningún otro país, ni tampoco podrá demandar a las empresas inexistentes, ni a sus países de origen, ni menos a los EEUU.
"Respecto al Capítulo 10, sobre Inversiones, el documento cuestiona las obligaciones asumidas con carácter general sobre requisitos de desempeño y en materia ambiental, creando un nuevo concepto como el de subtratado, alegando que viola la soberanía y constituyen una discriminación arbitraria (arts. 10.5 y 10.12).
"Las disciplinas de requisitos de desempeño no pueden constituir una discriminación arbitraria, ya que todas las inversiones son tratadas de la misma manera, es decir, el Estado no puede imponer que en un sector especifico se pueda desarrollar una inversión a condición a que se exporte un determinado monto o se utilice un porcentaje de contenido local dependiendo del origen de la inversión. El hecho que se adopte esta obligación con carácter general hace que dicha disciplina no constituya una discriminación en relación al origen de la inversión.
"Chile ha adoptado compromisos en materia de requisitos de desempeño, que se encuentran cubiertos por los Acuerdos de la OMC (Medidas sobre inversión relacionadas con el comercio y Subsidios y Medidas Compensatorias). Asimismo, ha establecido este tipo de disciplinas en sus TLCs con Canadá, México y Corea . También cabe tener presente que este tipo de cláusulas (cuyos beneficios se aplican a países no signatarios) están contenidas en otros tipos de acuerdos internacionales, como es el caso del Acuerdo sobre los Producto de la Tecnología de la información en el marco de la OMC, en el que se asumen compromisos por los suscriptores pero que se benefician todos los miembros de la OMC (Chile no es miembro pero adoptó la desgravación arancelaria NMF en los productos de la tecnología de la información en los TLCs con Canadá y México).
"La justificación de que la prohibición de aplicar requisitos de desempeño no sea bilateral, es para que no se transforme en una desventaja para inversionista de la otra Parte, perdiendo sentido y eficacia la disposición.
"Chile y Estados Unidos mantienen la potestad regulatoria, por lo que pueden imponer medidas administrativas, ambientales o sanitarias, sin que eso constituya un requisito de desempeño. Las condiciones están establecidas de manera taxativa y no son más que las indicadas en los párrafos 1 y 3 del Artículo 10.05. Asimismo, el mismo artículo incorpora excepciones para flexibilizar la disposición en su párrafo 4. El ejemplo que se señala sobre desechos tóxicos no constituye un requisito de desempeño.
"INVERSION - MEDIO AMBIENTE
"También el artículo 10.12 concierne los inversionistas de todo el mundo al establecer que una Parte, es decir Chile o EEUU, podrá mantener o hacer cumplir cualquiera medida que sea compatible con este capítulo, a fin de garantizar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental. Se habla de tomar en cuenta inquietudes, pero no se dice que Chile pueda denegar una inversión que afecte la preservación del medio ambiente. Al no poder el Estado chileno impedir una inversión que no respete nuestro medio ambiente, este artículo es inconstitucional porque afecta las disposiciones del Nº 8º del art. 19 de nuestra Carta Magna. Este consagra "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", estipulando que "es deber del Estado velar para que ese derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza".
"Esta inconstitucionalidad es aún más grave, si se tiene en consideración que la imposibilidad de denegar la autorización a una inversión que afecte nuestro medio ambiente concierne no sólo a los inversionistas de EEUU, con quien se firma el TLC, sino que también a inversionistas de cualquier país del mundo, con quienes no se ha firmado ningún tratado comercial.
"El Artículo 10.12 preserva la capacidad regulatoria de carácter ambiental y exige que ésta sea aplicada a todos los inversionistas (independiente de su origen). De otra forma los inversionistas de terceros países podrían obtener un tratamiento ambiental más flexible que aquellos inversionistas de la otra Parte. Además, el TLC tiene un capítulo específico sobre materias ambientales que coexiste y se complementa con el capítulo sobre inversiones y en caso de incompatibilidad prevalece el capitulo ambiental (Articulo 10.1(1)(3)). Por lo tanto, las facultades de CONAMA, como los estudios de impacto ambiental, están debidamente protegidos y en ningún caso se puede estimar que las reglas sobre inversión contravienen el número 8º del Articulo 19 de la Constitución Política relativo al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
"INVERSION - EXPROPIACION (MEDIDAS TRIBUTARIAS)
"Los demás artículos de este capítulo aluden solamente a los inversionistas de EEUU. El artículo 10.9, llamado Expropiación e indemnización, establece que Chile no: "expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización", salvo que sea por utilidad pública, de una manera no discriminatoria, y mediante el pago de una indemnización al valor de mercado.
"Inversión cubierta se refiere a las inversiones de EEUU ya existentes en Chile, que no podrán ser alcanzadas por medidas de Chile que puedan ser consideradas equivalentes a la expropiación.
"Por su parte el art. 23.3.6, del capítulo 23 llamado Excepciones, establece que "los artículos 10.9 (Expropiación e indemnización) y 10.15 (Sometimiento de una reclamación a arbitraje), se aplicarán a una medida tributaria que se alega como expropiatoria o como una violación de un acuerdo de inversión o una autorización de inversión.". El artículo 23 hace aplicable medidas tributarias en varios otros artículos, de diversos capítulos del Tratado, incluido el 10.5, que concierne las inversiones de cualquier país del mundo.
"Esto quiere decir que Chile estaría imposibilitado de efectuar modificaciones tributarias que afecten a inversionistas de EEUU, so pena de ser demandado en un tribunal arbitral internacional, por establecer medidas que pueden ser consideradas expropiatorias, además que los impuestos a la exportación hacia EEUU también están prohibidos por el artículo 3.13.
"Estas disposiciones, que impiden que Chile pueda modificar libremente su legislación tributaria, son inconstitucionales porque atentan contra nuestra soberanía, y violan el art. 5 de la Constitución, que ya hemos citado. Pero además violan el art. 62 Nº 1º, que establece que sólo el Presidente de la República , y no este tratado, tiene la iniciativa exclusiva para "imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión". No puede entonces un tratado inmiscuirse en la determinación de los tributos en Chile, porque la Constitución reserva dicha facultad exclusivamente al Presidente de la República , y por lo tanto, todas las disposiciones de este tratado, que impidan que el Presidente modifique los tributos, son abiertamente inconstitucionales.
"En relación al royalty, que no es un tributo sino un derecho, según el art. 10.9, también puede ser considerado una medida equivalente a la expropiación. Ello explica por qué el Instituto Libertad y Desarrollo, el Consejo Minero y la SONAMI, desde hace ya varios meses vienen preparando el ambiente, cual caballo de Troya, con el argumento de que el royalty reviste carácter expropiatorio. En consecuencia, si se aprueba el TLC con EEUU, Chile no podrá establecer un royalty a la minería, so pena de ser demandado por las empresas mineras norteamericanas en un tribunal arbitral internacional, disposición que también es inconstitucional, puesto que el inciso séptimo del Nº 24º del art. 19 de la Constitución establece que "la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento".
"De conformidad con la legislación interna, una medida tributaria puede constituir una expropiación .
per se
"Chile ha suscrito alrededor de 50 acuerdos bilaterales de inversión y varios TLC que contienen capítulos sobre inversiones, en los cuales se otorga una protección a los inversionistas respecto de las medidas que puede adoptar el país receptor (como son la medidas tributarias) pero que tengan como efecto una privación del dominio. El art. 23.3(6) del TLC con Estados Unidos limita los derechos de los inversionistas al tener que requerir el pronunciamiento de las autoridades tributarias de ambos países.
"Respecto de los impuestos a la exportación hacia EEUU, que están prohibidos de conformidad con el artículo 3.13, dicha medida (que también es aplicable a los impuestos de Estados Unidos) fue establecida ya en el año 1947 (Artículo I del GATT de 1994).
"INVERSIONES - EXPROPIACION (COBRE)
"Adicionalmente, el art. 10.9 sobre Expropiación e indemnización, al establecer que la indemnización debe basarse en el valor de mercado y no excluir los derechos mineros, es inconstitucional porque respecto de la nacionalización de la gran minería viola la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución de 1925, que en su inciso quinto de la letra a) establece: "En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del Nº 10 del artículo 10 no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimiento mineros". Es una disposición que está vigente por mandato de la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980, la cual establece: "La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17º transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución".
"La no indemnización por la nacionalización o expropiación de concesiones mineras es absolutamente lógica y concordante con el inciso sexto del Nº 24º del art. 19 de la Constitución que establece: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalianable e imprescriptible de todas las minas". Es doblemente inconstitucional entonces, que el Estado tenga que indemnizar por recuperar mediante expropiación, lo que le pertenece y que sólo había entregado en concesión.
"Respecto a la nacionalización del Cobre y las compensaciones en caso de expropiación, el TLC no afecta las situaciones ocurridas con anterioridad a su vigencia, disponiéndose expresamente que no se puede recurrir al mecanismo de solución de controversias respecto de hechos, actos o medidas que han surgido antes de la entrada en vigencia. Por lo tanto, la nacionalización del Cobre no esta bajo la cobertura del régimen de solución de controversias inversionista-Estado del TLC.
"La disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980 se refiere a la Gran minería del Cobre y las empresas nacionalizadas en virtud de la Constitución de 1925, manteniendo vigentes las disposiciones constitucionales de 1925, las que no consideran la compensación para las expropiaciones realizadas producto de la nacionalización, pero no abarca las nuevas concesiones mineras, ya que dicho producto minero no esta dentro de los productos no susceptibles de ser concesibles, como los hidrocarburos, según el Artículo 19 Nº 24º de la Constitución y la Ley Orgánica sobre Concesiones Mineras. Por lo tanto, las actuales concesiones mineras de cobre que se encuentra en manos de privados si se expropian deberán ser compensadas de conformidad al valor de mercado según las disposiciones del TLC.
"El ordenamiento jurídico chileno vigente no contempla la nacionalización, como sí fue previsto en la Constitución Política de 1925 después de sus reformas. No obstante, el concepto de "interés nacional" absorbe los supuestos de aquélla, pero siempre considerando la correspondiente indemnización, lo que fue ampliamente discutido por la Comisión de Nueva Constitución. Ver sesión 170 de la CENC.
"INVERSION - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
"En lo tocante a la solución de controversias, sección B del capítulo 10 del TLC, el artículo 10.15 establece que el demandante podrá someter a arbitraje una reclamación, si el demandado ha violado una autorización o un acuerdo de inversión. Del mismo tenor de este artículo se desprende que el Estado chileno solo puede ser demandado, pero nunca podrá ser demandante, aunque considere que un inversionista no respeta las disposiciones de este tratado. Más explícito al respecto de esta unilateralidad ante la ley es el artículo 10.27, llamado Definiciones, que define precisamente que demandado es la Parte que es parte en una controversia, y Parte sólo se les llama a los Estados firmantes de un tratado. El establecer en el TLC que el Estado chileno, por una inversión realizada en Chile, solo puede ser demandado pero nunca puede ser demandante, es inconstitucional porque viola la igualdad ante la ley establecida en el Nº 3º del artículo 19 de la Constitución. No puede existir igualdad ante la ley, si el demandado no puede a la vez interponer una demanda.
"Se puede someter a arbitraje una reclamación a arbitraje tanto cuando existe incumplimiento de una autorización de inversión o un acuerdo de inversión, como en los casos en que ha habido una violación de una obligación de conformidad con la Sección A del capítulo de inversiones o su Anexo 10-F (DL 600).
"No sólo el Estado chileno puede ser demandado, también podría serlo el gobierno de Estados Unidos.
"El Estado sí podrá demandar al inversionista a través de los tribunales ordinarios competentes, no tendría sentido que un Estado recurriera al CIADI, se supone que confía en sus propios tribunales ordinarios y no requiere de un foro internacional cuyo objeto es dar seguridades para que el inversionista se atreva a invertir.
"No resulta procedente el fundamento de inconstitucionalidad, la garantía se refiere a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de los individuos y no aplica a los derechos del propio Estado que debe velar por su cumplimiento.
"Por toda controversia que se produzca en relación a este Tratado, los tribunales chilenos no tendrán competencia, la cual se transfiere a tribunales arbitrales internacionales, compuestos de tres árbitros, uno de Chile, otro de la otra Parte, y un tercero de una nacionalidad distinta. El derecho que se aplica en estos juicios es el derecho internacional consuetudinario, y no las leyes chilenas, lo que deroga en forma tácita el artículo 16 del Código Civil chileno, que establece: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile". En este caso los bienes situados en Chile que corresponden a inversiones de EEUU, y las inversiones de cualquier país del mundo en relación a los artículos 10.5 y 10.12 no se regirán por leyes chilenas; en consecuencia, el artículo 16 de nuestro Código Civil tendrá que tener el siguiente enunciado: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, siempre que sus dueños no sean inversionistas extranjeros".
"Los tribunales chilenos no tendrán competencia solamente en el evento que se efectúe la opción por el tribunal arbitral en materia de inversiones; en las controversias entre Estados efectivamente los tribunales chilenos obviamente nunca podrán ser competentes
"Derecho aplicable en controversias sobre inversiones: el Tribunal debe decidir de conformidad con el Tratado y las normas aplicables del derecho internacional, salvo en ciertos casos en que el Tribunal debe hacerlo de acuerdo con las normas legales especificadas en el acuerdo de inversión o en la autorización de inversión pertinentes, o de la manera como las partes contendientes puedan haber acordado. Si las normas legales no han sido especificadas o acordadas de otra manera, el Tribunal aplicará la legislación del demandado (incluidas sus normas sobre los conflictos de leyes), los términos del acuerdo de inversión o de la autorización de inversión, las normas del derecho internacional, según sean aplicables, y este Tratado.
"Derecho aplicable en controversias entre Estados: el grupo arbitral debe fundar su informe en las presentaciones y argumentos de las Partes y en las disposiciones pertinentes del Tratado, las cuales deben ser interpretadas a la luz de sus objetivos y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional.
"Las normas chilenas pertinentes mantienen plenamente su aplicabilidad, lo que en definitiva deberá determinar eventualmente un tribunal arbitral internacional será si en la aplicación de tales normas se han cumplido los compromisos de trato nacional, nación más favorecida u otros. No obstante aunque fuera como se señala en el documento ello no presentaría problema alguno toda vez que teniendo el tratado fuerza de ley, nada impide que pueda modificar a una norma de igual jerarquía como es el código civil, sin lesionar con ello el ordenamiento jurídico vigente.
"Pero si bien este tratado puede modificar tácitamente una ley chilena, no puede modificar la Constitución. "Establecer que los bienes situados en Chile, aunque pertenezcan a extranjeros, no han de ceñirse a las leyes chilenas, sino que a leyes y tribunales internacionales, viola los arts. 5, 73 y 79 de la Constitución.
"El arbitraje internacional, incluso el sometimiento a ley extranjera, ya son ideas ampliamente aceptadas en Chile y el mundo. Respecto del arbitraje realizado en el extranjero, una ley dictada en 1978, lo declaró expresamente válido.En efecto, la necesidad de adaptar nuestra legislación a las realidades económicas internacionales, llevó a la dictación del Decreto Ley 2349, que establece normas sobre contratos internacionales para el sector público. Esta ley fue importante por cuanto ratificó la validez que tendrían en Chile diversas cláusulas contractuales antes muy cuestionadas. Se validaron, así, las cláusulas de sumisión en Chile a la jurisdicción de tribunales ordinarios o arbitrales, extranjeros o internacionales, las de aplicación de leyes extrajeras, fijación de domicilio y lugar del arbitraje fuera de Chile, de elección de árbitros, sobre arbitrajes ad-hoc o institucionales y utilización de idiomas extranjeros en los procedimientos de arbitraje.
"En cuanto al arbitraje inversionista-Estado, con la ratificación por Chile del mecanismo arbitral del Banco Mundial, un inversionista extranjero puede solicitar que una disputa en materia de inversiones con Chile sea resuelta conforme a las reglas de ese mecanismo. Igualmente, los numerosos tratados sobre inversiones (aprox. 50) y los capítulos de inversiones de los TLC suscritos por Chile también contemplan el arbitraje internacional para la solución de las disputas que surjan entre un inversionista de los países respectivos y el Estado de Chile.
"También viola estas disposiciones constitucionales el art. 20.5, que dice que en relación al Tratado, cada Parte establecerá o mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasi judiciales o administrativos. También viola estas disposiciones el art. 21.1., que establece una Comisión de Libre Competencia, llamada a resolver las controversias que surjan en la interpretación del Tratado. El art. 21.1.4 dispone que "la Comisión establecerá sus reglas y procedimientos", disposición que se reitera en el art. 22.10.1, en tanto que el art. 22.10.3 establece que "la Comisión podrá modificar las Reglas de Procedimiento".
"Por qué? Para cumplir esta obligación basta con tener cualquiera de estos tribunales o procedimientos, no es necesario tenerlos todos (obviamente en Chile no existen tribunales cuasijudiciales así como en Estado Unidos no existen tribunales judiciales para ciertas materias)
"No es una Comisión de Libre Competencia, en realidad es Comisión de Libre Comercio
"Constituye un a segunda etapa del mecanismo general de controversias entre Estados, no del mecanismos de inversiones, y corresponde a una instancia más política que las consultas directas.
"El art. 21.1.4 se refiere a reglas de funcionamiento y regulación de las reuniones y de cómo formalizar sus acuerdos o decisiones, mientras que el art. 22.10.1 se refiere a las reglas del procedimiento que deben seguir los árbitros
"El Tribunal Constitucional chileno ya ha fallado sobre la delegación de facultades jurisdiccionales a tribunales internacionales. El último dictamen sobre esta materia fue el Rol Nº312 del 3 de octubre 2000, en relación a las facultades jurisdiccionales que los requirentes atribuían a la Comisión Administradora del Tratado Minero con Argentina. El Tribunal Constitucional dictaminó: "La Presidente subrogante , Ministro señora Luz Bulnes Aldunate , concurre al fallo en el entendido que los artículos 5, 18, 19 y 20 del Tratado no crean un tribunal con facultades jurisdiccionales.
"Queda en claro que la Comisión Administradora es sólo un mediador y las 'otras funciones' que se le pueden otorgar por el artículo 18 tendrán ese mismo carácter. Si así no fuera, se trataría de un tribunal internacional al que se le habría delegado soberanía y sus resoluciones obligarían al Estado de Chile. Para ello sería menester que se reformaran los artículos 5, 73 y 79 de la Constitución Política. Teniendo presente estas consideraciones, la señora Ministro concurre a la sentencia de autos". No se puede ser más claro, si las resoluciones de un tribunal internacional obligan al Estado de Chile, es necesario reformar los artículos 5, 73 y 74 de la Constitución, y a través de un tratado no se puede modificar la Constitución. En consecuencia, este Tratado no puede sino ser declarado inconstitucional.
"El tribunal no se pronunció sobre esta materia, esta es la opinión de un miembro del tribunal constitucional, que está conformado por siete personas.
"Respecto del referido fallo del Tribunal Constitucional cabe mencionar los siguientes considerandos:
"19º. Que de las disposiciones del Tratado se desprende, con toda claridad y nitidez, que las atribuciones que le otorga a la Comisión Administradora son las de un mediador que opera con posterioridad al conflicto y antes que se abra un proceso jurisdiccional.
"De esta forma, la única función que cumple dicho organismo es la de cooperar en la búsqueda, a través de mecanismos autocompositivos, de una solución alternativa anterior a una eventual controversia jurisdiccional, lo que por su propio ámbito de aplicación descarta el ejercicio de la jurisdicción;
"20º. Que lo considerado lleva a concluir que al examinar la constitucionalidad de las normas del Tratado y de sus anexos, no hay discrepancia alguna entre su contenido y lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la Constitución Política;
"En este mismo dictamen el Tribunal Constitucional, como ya lo había hecho en otros anteriores, sostuvo "que si un tratado contiene normas propias de ley de orgánica constitucional, debe someterse a control preventivo y obligatorio de constitucionalidad por este Tribunal, al igual que los proyectos de ley orgánica constitucional". Esto quiere decir que el TLC con EEUU debe ser aprobado a lo menos por 69 diputados y 28 senadores.
"INVERSIONES - DL 600
"Existen varias otras inconstitucionalidades en este Tratado, pero terminaremos este análisis con algunas modificaciones legales que el Tratado sí puede implícitamente efectuar, pero cuyas implicancias es necesario evaluar.
"En la actualidad, según lo establece el DL 600, toda inversión extranjera sujeta a este DL, debe ser autorizada por el Comité de Inversiones Extranjeras, pero el anexo 10-F del capítulo 10, que se llama DL 600, dispone que Chile ya no podrá no autorizar una inversión de una empresa de los EEUU (nada se dice en el tratado si las filiales de empresas norteamericanas domiciliadas en Bahamas, Bermudas , etc., son empresas de EEUU), si es que esta negativa se contrapone con lo establecido en los artículos 10.1 a 10.3 de la sección A del capítulo 10. En la práctica, a Chile no le queda espacio para negar autorización a una inversión de una empresa estadounidense.
"De acuerdo al anexo 10-F, si un inversionista de EEUU reclama que Chile ha violado las disposiciones tributarias del contrato de inversión extranjera en conformidad con el DL 600, podrá someter estas medidas tributarias a solución de controversias. Este inversionista también podrá someter ante un Tribunal Arbitral al Estado chileno, si éste exige una relación deuda/capital que sea menos favorable que la que ha acordado a inversiones de otro país, lo que quiere decir que Chile estará obligado a seguir aceptando que la inversión extranjera sea un 75 % créditos y apenas un 25 % de capital, y tampoco podrá cambiar el impuesto de 4% a los intereses, ya que sería demandado por cambiar las disposiciones tributarias del contrato de inversión extranjera.
"El anexo 10-F preserva todas las facultades del Comité de inversiones extranjeras, las que están sometidas a los principios generales de no discriminación previstos en el TLC y que se encuentran recogidas en el art. 9 del DL 600.
"El Comité puede rechazar una solicitud de inversión extranjera o establecer condiciones en los contratos sin que ello implique una violación del TLC (siempre que sean discriminaciones no arbitrarias).
"Asimismo, la relación deuda-capital se debe establecer de manera general y no discriminatoria, al igual que si hay cambio de las circunstancias que justifiquen una modifiquen esta relación.
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El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (34 votos por la afirmativa; 5 por la negativa y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Cantero, Coloma, Cordero, Chadwick, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Martínez, Matthei, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Ávila, García, Lavandero, Ríos y Ruiz (don José).
Se abstuvieron de votar los señores Cariola, Espina, Larraín, Moreno y Stange.
--(Aplausos).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la señora Ministra .
La señora ALVEAR ( Ministra de Relaciones Exteriores ).-
Señor Presidente , hemos tenido una extensa jornada en esta Sala, que viene a culminar un proceso de trabajo muy largo realizado por nuestro país, que se inició -como se ha explicitado aquí- en el Gobierno del Presidente Aylwin; continuó en el del Presidente Frei , y que, fruto de las 14 rondas de conversaciones que sostuvimos entre el 2000 y el 2002, se ha concretado en el del Presidente Lagos .
En esta ocasión, quiero agradecer especialmente el aporte efectuado por el Congreso, en general, y por el Senado, en particular, donde las dos Comisiones laboraron con tanta dedicación a fin de entregar los informes que han conocido hoy los señores Senadores y Senadoras.
Señor Presidente , permítame agradecer también a quienes nos acompañaron en el proceso negociador: a los colegas Ministros; al sector privado -que, como señalamos en la mañana, siempre estuvo apoyando este proceso en el cuarto adjunto-, constituido por empresarios grandes, pequeños y medianos, y a los representantes de la CUT.
Por último, deseo expresar un reconocimiento muy especial por el enorme privilegio de haber trabajado en conjunto con un equipo negociador brillante, encabezado por el Embajador señor Rosales.
Produce inmensa satisfacción poder compartir con ellos las largas jornadas de trabajo que se debieron llevar a efecto simultáneamente para culminar en este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; en el de la Unión Europea, que está en vigencia; en el de Corea del Sur, que se halla en trámite en el Parlamento, y en el suscrito con la EFTA, que ya hemos culminado y que pronto será sometido a la consideración del Congreso Nacional.
No es fácil, señores Senadores, trabajar en este universo tan grande de tareas, al cual agregamos nuestra activa participación en las rondas multilaterales de la OMC y, también, en el trabajo del ALCA.
Constituye una tremenda satisfacción contar con destacados colaboradores conformados por funcionarios públicos y profesionales de distintos Ministerios. En esta ocasión, nos acompañan don Carlos Furche , funcionario dependiente del Ministerio de Agricultura, y muchos otros.
Por último, quiero expresar mi gratitud a todo mi gabinete, que ha querido estar presente en este momento histórico que, sin lugar a dudas, permite dar un salto en términos de oportunidades para nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señora Ministra , la felicito por el resultado obtenido con este Tratado y porque, además, sus colaboradores han bailado con cuatro novias al mismo tiempo y lo han hecho bien.
Queda despachado el proyecto de acuerdo.
Terminado el Orden del Día.
PETICIÓN DE OFICIO
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se le dará curso en la forma reglamentaria.
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--El oficio cuyo envío se anuncia es del tenor siguiente:
De los señores ESPINA, FREI (don Eduardo), GARCÍA, HORVATH Y PROKURICA:
Al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, solicitando INFORMACIÓN SOBRE PERITAJES PSICOLÓGICOS A VÍCTIMAS E IMPUTADOS DE ABUSOS SEXUALES.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:41.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción subrogante