Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Cesar Augusto Parra Munoz
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- DEBATE
- V.
FÁCIL DESPACHO
- SESIÓN SECRETA
- CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLÓGICA
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y DE OTRAS NORMAS RELATIVAS A EDUCACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y DE OTRAS NORMAS RELATIVAS A EDUCACIÓN
- VII.
TIEMPO DE VOTACIONES
- MEDIDAS ANTE ALTOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA. PROYECTO DE ACUERDO
- ENVÍO DE PROYECTO SOBRE DAÑO PREVISIONAL E INCENTIVO PARA RETIRO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PROYECTO DE ACUERDO
- VIII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO
- Jorge Martinez Busch
- Rodolfo Stange Oelckers
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
-
FALTA DE PRUDENCIA Y OPORTUNIDAD EN APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 349ª, ORDINARIA
Sesión 32ª, en martes 9 de septiembre de 2003
Ordinaria
(De 16:22 a 18:16)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA...........................................................................................................¿.
Acuerdos de Comités............................................................................................
IV. FÁCIL DESPACHO:
Sesión secreta: se adopta resolución sobre designación como miembros integrantes del Consejo Directivo de la Academia Judicial de los señores Miguel Luis Amunátegui Monckeberg y Carlos Peña González (boletín Nº S 692-05)........................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica" (3152-10) (se aprueba en general y particular).....................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos legales (2853-04) (se aprueba en general)........
VII. TIEMPO DE VOTACIONES:
Medidas ante altos índices de delincuencia. Proyecto de acuerdo (S 694-12) (se aprueba)..................................................................................................
Envío de proyecto sobre daño previsional e incentivo para retiro de servidores públicos. Proyecto de acuerdo (S 696-12) (se aprueba)..................................
VIII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).......................................................
Falta de prudencia y oportunidad en aplicación de procedimiento judicial (observaciones del señor Martínez).........
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , de Educación y del Trabajo y Previsión Social, y los señores Jefe del Departamento Jurídico, y Jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 30ª y 31ª, ordinarias, en 2 y 3 de septiembre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidencia de la República :
Con los tres primeros retira la urgencia, y la hace presente de nuevo, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y modifica el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales (Boletín Nº 3.248-06);
2.- El que modifica la ley Nº 19.606, que establece incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y Magallanes y de la provincia de Palena en materia de crédito tributario, y establece la ampliación de la Zona Franca de Extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén para bienes de capital (Boletín Nº 2.832-03), y
3.- El que modifica el decreto ley Nº 1.298, de 1975, que crea el Sistema de Pronósticos Deportivos, y deroga disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 120, de Hacienda, de 1960 (Boletín Nº 3.299-05).
Con el cuarto retira la urgencia, y la hace presente de nuevo en el carácter de "simple", respecto del proyecto que modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a fin de establecer la caducidad de declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores (Boletín Nº 3.247-14).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que ha otorgado su aprobación a los asuntos que se indican:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000 (Boletín Nº 3.246-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
2.- Proyecto que modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de establecer la caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores (Con urgencia calificada de "simple") (Boletín Nº 3.247-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Con los dos siguientes hace presente que ha aprobado las proposiciones formuladas por las respectivas Comisiones Mixtas constituidas para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que modifica la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas, en conformidad a lo dispuesto por el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Boletín Nº 3.123-07).
--Queda para la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana.
2.- La que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga el Libro Segundo de la ley Nº 17.105 (Boletín N 1.192-11).
--Queda para tabla.
Con el último informa que aprobó las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado de dinero y blanqueo de activos (Boletín Nº 2.975-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia recaída en los autos Rol Nº 383, relativos al requerimiento de inconstitucionalidad formulado en contra del proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Boletín Nº 1.575-10).
--Se toma conocimiento.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la presencia de flotas pesqueras extranjeras frente a las costas de Chile, especialmente en la Octava Región.
De la señora Ministra de Defensa Nacional , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relativo al reemplazo del buque médico-dental "Cirujano Videla", que prestaba atenciones de salud en las Regiones Décima y Undécima.
Del señor Ministro de Justicia , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, acerca del eventual cierre del Centro de Detención Preventiva de la comuna de Collipulli, Novena Región.
Dos del señor Ministro de Salud:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, respecto de la posibilidad de habilitar un consultorio de salud en el sector Vista Hermosa, de la ciudad de Calama, y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, con relación al establecimiento de un servicio de salud autónomo para la Isla Grande de Chiloé.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la situación que aqueja a las familias de la Junta de Vecinos Puente Viejo, de la ciudad de Concepción.
Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Fernández, atinente a la posibilidad de modificar el decreto ley Nº 2.564, de 1979, o de adoptar medidas administrativas, a fin de que aerolíneas extranjeras puedan operar en el mercado doméstico de transporte aéreo de pasajeros, y
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre diversos aspectos del Programa de Comunicaciones Rurales.
Del señor Contralor General de la República , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Matthei, relativo a la investigación sobre pago de honorarios a profesional que individualiza, efectuado por el INDAP en la Novena Región.
Del señor Fiscal Nacional Económico, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, acerca del estado de tramitación de una denuncia presentada por el Centro Médico Antofagasta S.A.
Del señor Secretario Ministerial de Salud de la Segunda Región , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantero, con relación a las falencias producidas en el Servicio de Urgencia del Hospital de Calama.
Del señor Secretario Ministerial de Educación de la Sexta Región , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, con referencia a la ejecución de la segunda etapa del Colegio El Manzano, de la comuna de Las Cabras.
Del señor Secretario Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Novena Región , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, relativo a la regularización del servicio de buses que comprende el recorrido hasta Pillanlelbún, comuna de Lautaro.
De la señora Directora del Servicio de Salud de Antofagasta , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, sobre la instrucción de un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades en existencia de infección que señala.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Argentina en el Área de la Coproducción Cinematográfica" y su Anexo I, suscrito en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1994 (Boletín Nº 3.161-10).
Tres de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República , con el que solicita el acuerdo del Senado para designar como miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial a los académicos señores Miguel Luis Amunátegui Monckeberg y Carlos Peña González (Boletín Nº S 692-05);
2.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Fernández y Novoa, para derogar el número 32 del artículo 496 del Código Penal, que sanciona al que con objeto de lucro interpretare sueños, hiciere pronósticos o adivinaciones (Boletín Nº 3.282-07), y
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional, con el objeto de conceder facultades especiales a los jueces del crimen al momento de otorgar este beneficio (Boletín N 3.080-07).
Dos de la Comisión de Defensa Nacional, recaídos en los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que a continuación se señalan:
1.- El relativo a la importación de las mercancías del sector defensa calificadas como "pertrechos", con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.204-02), y
2.- El que establece beneficios para concesionarios y ocupantes del borde costero de la isla Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández (Boletín Nº 3.047-02).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre Chile y Argentina en el Área de la Coproducción Cinematográfica; la iniciativa legal, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional, y el proyecto que establece beneficios para concesionarios y ocupantes del borde costero de la isla Robinson Crusoe, se incluirán en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana.
Continúa la lectura de la Cuenta.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se da cuenta de un estudio realizado en materia de ejecución y mantención de obras de pavimentación urbana y se formulan determinadas recomendaciones a la Sala (Boletín Nº S 679-10).
--Se toma conocimiento.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
En estos momentos ha llegado a la Mesa un oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga un bono extraordinario, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.339-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Este proyecto se tratará mañana en la Sala con informe verbal, una vez despachado por la Comisión.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Permiso constitucional
El Senador señor Parra, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Fundamental, solicita autorización para ausentarse del país a contar del 15 de septiembre en curso.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos adoptados por los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en sesión de hoy, resolvieron, unánimemente, lo siguiente:
1.- Colocar en primer lugar de la tabla de Fácil Despacho de esta sesión la designación de los representantes de la Academia Judicial;
2.- Poner como primer punto del Orden del Día de la sesión de hoy el proyecto que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, y
3.- Confirmar los nombres de los señores Senadores propuestos por el señor Presidente la semana pasada para integrar la Comisión Mixta de Presupuestos, en atención a que ningún Comité hasta el día de hoy sugirió cambios.
---------------
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quiero aprovechar la ocasión para expresar al Honorable señor Cariola que lo acompañamos en su dolor con todo nuestro sentimiento y solidaridad, y, asimismo, nuestra satisfacción por tenerlo de regreso en el Senado.
---------------
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , respecto del informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo sobre ejecución y mantención de obras de pavimentación urbana del que se dio cuenta, quisiera que se me brindara la posibilidad de darlo a conocer en esta Sala, aunque no fuere hoy día, sino en otra ocasión, cuando se estime conveniente. Lo hago presente ahora, porque este tema no se trató en reunión de Comités.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Podría ser el próximo martes 16?
El señor PROKURICA.-
Preferiría que fuese después.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En ese caso, al comienzo de la primera sesión de octubre, y como de Fácil Despacho.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA.-
Muy bien.
V. FÁCIL DESPACHO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:33 y adoptó resolución respecto de la designación, como miembros integrantes del Consejo Directivo de la Academia Judicial , de los académicos señores Miguel Luis Amunátegui Monckeberg y Carlos Peña González.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:43.
-----------------
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión pública.
CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLÓGICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica", acordada por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, en 1986, en Viena. Se encuentra informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3152-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 6 de agosto de 2003.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 31ª, en 3 de septiembre de 2003.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal de la Convención es facilitar la pronta asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, con la finalidad de reducir sus consecuencias y de proteger la vida, los bienes y el medio ambiente de sus efectos.
La Comisión de Relaciones Exteriores la aprobó en general y particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bombal, Martínez y Núñez, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que el referido órgano técnico, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, propone al señor Presidente discutirlo en general y particular a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--Se aprueba en general y particular, y queda despachado en este trámite.
--------------
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , solicito autorización para que la Comisión de Hacienda funcione simultáneamente con la Sala, a fin de abocarse al estudio de la iniciativa que otorga un bono extraordinario a los jubilados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, no habría problema una vez despachado el proyecto que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna.
En todo caso, Sus Señorías pueden dejar el voto en la Mesa.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , creo que es factible despacharla en cinco o diez minutos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza.
El señor OMINAMI.-
Gracias, señor Presidente.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y DE OTRAS NORMAS RELATIVAS A EDUCACIÓN
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos legales, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2853-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 49ª, en 13 de mayo de 2003.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 30ª, en 2 de septiembre de 2003.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El referido órgano técnico discutió la iniciativa sólo en general, según lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
Sus objetivos principales son ampliar el plazo para que los establecimientos educacionales ingresen a la Jornada Escolar Completa; ajustar todas las materias relacionadas con los mecanismos de inversión de los recursos que permitan el financiamiento de la infraestructura necesaria; disponer que las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación controlen los requisitos de ingreso; y ampliar el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los planteles de enseñanza en lo relativo a la protección del derecho a la educación.
La Comisión aprobó el proyecto sólo en general por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Larraín, Muñoz Barra, Parra, Vega y Viera-Gallo, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El texto que propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del informe.
Cabe señalar que el número 7) del ARTÍCULO 1º; el número 1), letra a), del ARTÍCULO 2º; los números 7), 8) y 14) del ARTÍCULO 5º y el ARTÍCULO 10 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, requiriendo para su aprobación el voto conforme de 26 señores Senadores.
En cuanto al rango conferido al número 7) del ARTÍCULO 1º, el Senador señor Ruiz-Esquide se abstuvo.
En la discusión particular, la iniciativa debe ser informada también por la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Como Presidente de la Comisión de Educación me corresponde relatar esta nueva proposición legal, en segundo trámite constitucional, originada en mensaje del Presidente de la República , con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y sin urgencia. En el segundo informe deberá ser conocida por la de Hacienda.
El órgano que presido estimó -como bien manifestó el señor Secretario ; pero deseo reiterarlo- que las siguientes normas son de rango orgánico constitucional: los ARTÍCULOS 1º, número 7); 2º, numeral 1), letra a); 5º, números 7), 8) y 14); y 10.
El Gobierno expresó que desde 1990 la reforma establecida para elevar la calidad de la educación en forma equitativa se ha basado en la creación de la Jornada Escolar Completa, JEC. Si bien su aplicación ha sido exitosa y masiva, es necesario ampliar el plazo para que todos los establecimientos educacionales ingresen a este nuevo régimen, perfeccionando tanto el sistema de incorporación como el financiamiento de las inversiones en infraestructura indispensable.
Se busca, además, ajustar las materias relativas a los mecanismos de inversión de los fondos, con el objeto de hacer más expeditos los concursos sobre aporte suplementario por costo de capital adicional, indispensables para incorporarse a la Jornada Escolar Completa.
Se contemplan otras enmiendas de importancia al sistema, a fin de mejorarlo. Por ejemplo, se amplía el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos en lo relativo a la protección del derecho a la educación.
En su tramitación en la Honorable Cámara de Diputados, el proyecto fue enriquecido para cubrir otros aspectos, referentes al manejo de los fondos fiscales, a la concursabilidad de los directores y a la tutela de los derechos básicos de los usuarios.
La iniciativa, que hoy tratamos en general, consta de once artículos permanentes y dos transitorios, en los cuales propone:
1) Ampliar el plazo para que los establecimientos educacionales ingresen a la Jornada Escolar Completa.
2) Ajustar todas aquellas materias que dicen relación a los mecanismos de inversión de los recursos. Para ello se estatuyen nuevos tipos de intervenciones en infraestructura y una mayor flexibilidad.
3) Disponer que las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación controlarán los requisitos para ingresar a la JEC.
4) Extender el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos en lo relativo a la protección del derecho a la educación;
5) Perfeccionar el control del uso de los recursos estatales por parte de las corporaciones educacionales.
6) Terminar con la inamovilidad de los directores, consagrando un sistema de concursos y la acreditación de los mismos, así como su evaluación de desempeño y la obligatoriedad de efectuar una cuenta pública a la comunidad escolar.
7) Instituir Consejos Escolares, con la finalidad de permitir la participación de padres y apoderados en el proyecto educativo del colegio.
8) Finalmente, arbitrar una serie de medidas para resguardar los derechos de los educandos y de sus apoderados, tales como la regulación de los procesos de selección de alumnos y su cobro por parte de los colegios; el fortalecimiento del principio de no discriminación arbitraria; la tutela de los estudiantes en caso de morosidad de sus padres, y la obligación de los establecimientos educacionales subvencionados de tener un 15 por ciento de alumnos vulnerables.
Cabe destacar que en el ex edificio del Congreso Nacional en Santiago se realizaron asambleas públicas destinadas a escuchar los planteamientos de los distintos sectores. A fin de no alargarme, sólo diré que en ellas participaron alrededor de 40 instituciones.
Luego de un extenso debate y por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Larraín , Muñoz Barra, Parra , Vega y Viera-Gallo , la Comisión aprobó la idea de legislar.
Durante la discusión en general, se consideró pertinente dividir el debate siguiendo las ideas base de la iniciativa más importantes, esto es, plazos y garantías de la Jornada Escolar Completa; corporaciones; concursabilidad de los directores; consejos escolares; y resguardo de derechos.
En términos globales, todos los miembros de la Comisión manifestaron su opinión favorable al proyecto, sin perjuicio de hacer serios reparos en aspectos específicos que deberán resolverse en la discusión particular. En efecto, dicho organismo se encuentra abierto a introducir las enmiendas que sean necesarias para perfeccionar la iniciativa por medio de las indicaciones que se formulen con tal objeto. Lo mismo hizo presente el Ejecutivo , representado por el Ministro del ramo, en las sesiones en que se debatieron estas materias.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Muchas gracias.
Solicito autorización para que puedan ingresar a la Sala, a petición del señor Ministro de Educación , los señores Rodrigo González y Patricio Vilaplana, Jefe del Departamento Jurídico y Jefe de la División de Planificación de esa Cartera , respectivamente.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , estamos frente a un proyecto que no aborda únicamente un tema administrativo, sino una situación que va a despertar un especial interés de parte de los señores Senadores, como es el ingreso al mundo de la educación, área que no ha recibido muchas consideraciones positivas en el último tiempo. Informaciones de prensa señalan, por ejemplo, que la educación chilena se ha ido debilitando, que no tenemos capacidades para poder enfrentar bien el futuro con los actuales profesores. Existe un documento de un organismo internacional que entrega un dato muy delicado: que la educación chilena, a nivel latinoamericano, es de baja calidad. Incluso, algunos de nuestros establecimientos educacionales en los que se paga un monto mensual bastante elevado no estarían a la altura de otros similares en América Latina.
Quiero hacer presente que estas opiniones las hemos hecho nuestras y que, con esa perspectiva, estamos enfrentando el proyecto de ley, el cual, por lo mismo, requiere un análisis extremadamente profundo, por cuanto los temas administrativos, si bien es cierto tienen importancia, no son esenciales para enfrentar la enorme responsabilidad que significa el tema educacional en Chile.
La iniciativa toca aspectos bien trascendentes para adoptar un criterio con respecto a la dirección de colegios públicos o municipales. En todos los países, al menos de Occidente, normalmente se utilizan dos criterios para la designación de personas que deben asumir responsabilidades en un área determinada y que aluden a períodos de tiempo determinados o a contratos indefinidos, por así decirlo.
En el sector privado, generalmente las contrataciones se realizan por plazos indefinidos. Cuando una persona asume una función, una responsabilidad, luego de ganar el concurso privado efectuado por la empresa o el organismo correspondiente, y cuando presenta un currículum tan atractivo que se desea retenerla por mucho tiempo, los contratos se hacen al revés, es decir, al postulante que reúne esas condiciones se lo atrae asegurándole una importante cantidad de dinero para el momento en que abandone la institución. Ése es el criterio normal, no de un país mediocre, sino de un país desarrollado, donde realmente se cuida a los trabajadores, a los profesionales, tratando de que permanezcan en sus lugares el mayor tiempo posible. Por eso, en las naciones modernas las personas que ocupan puestos directivos no son escogidas por períodos determinados, sino por lapsos indefinidos, en los cuales quedan sujetas a una observación y una fiscalización permanentes. Ello no significa que si cometen un error no deban asumir su responsabilidad y se amparen en el carácter indefinido del contrato para seguir trabajando. Muy por el contrario.
Y el otro criterio, que es el que plantea el proyecto, se basa en un vínculo por plazo definido, en este caso de 5 años. Nosotros no lo compartimos. Consideramos indispensable aplicar el que se emplea en los países modernos, sobre la base de períodos indefinidos, que si bien permite poner término a un contrato el día siguiente al de su celebración, generalmente da lugar a relaciones duraderas, en las que, sin embargo, el trabajador queda sujeto a una observación permanente y a la calificación de su labor. Usualmente, cuando una persona es nombrada por un plazo determinado, las palabras típicas que surgen cuando ella comete un error son: "Sólo le faltan dos años para que se vaya, así que no hagamos mayor cuestión". Pero la educación no puede salir adelante con antecedentes de esta naturaleza.
El segundo aspecto que me parece relevante es el relativo a los recursos. Efectivamente, el Ministerio dispone que los fondos correspondientes a los establecimientos municipales sean administrados por los municipios y no por corporaciones educacionales. Este hecho, señor Presidente , es bien trascendente, porque hasta este momento muchas municipalidades que tienen corporaciones educacionales terminan resolviendo, con esos recursos, los problemas de publicidad del alcalde respectivo, y el Ministro de Educación , financiando las campañas políticas, las comunicaciones, las relaciones públicas y los regalos de los jefes comunales de distintos puntos del país. Se trata de una materia bastante relevante.
Yo quiero advertir a los señores Senadores que llegarán aquí muchísimos alcaldes a sostener que es mejor votar en contra esta materia.
Ésta es una iniciativa que sale de la Comisión de Educación en su primer informe -debe verla la de Hacienda-, como lo ha manifestado el Presidente de aquella Comisión, Senador señor Muñoz Barra , con características muy reglamentarias. Tal como se presenta a la Sala, es un típico proyecto de los años setenta, donde cada aspecto relevante de administración y ejecución se establecía en el texto mismo del proyecto y no en los reglamentos. Creo que esto, que para algunos señores Parlamentarios resulta muy atractivo, pues incluso expresan en sus declaraciones: "logré imponer en la ley que se consignara tal y tal cosa", siempre termina poniendo dificultades a la implementación legal.
Señor Presidente , votaremos favorablemente la idea de legislar y haremos llegar las indicaciones correspondientes. Esperamos que esto sea un elemento más para comenzar a redesarrollar la acción educacional en nuestro país, que plantea una serie de interrogantes, todas ellas lamentablemente muy negativas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, los Senadores democratacristianos vamos a aprobar en general el proyecto, pues lo consideramos un avance en lo que se ha venido realizando en la educación chilena.
Debo reconocer que la iniciativa va más allá de lo que su título señala. Aborda modificaciones a la jornada escolar completa, pero también contiene otros elementos que nos parecen razonables para llevar a cabo un cambio más global que supere los déficit que la educación todavía presenta.
Nadie espera que con el proyecto en debate se resuelvan todos los problemas en esta área.
Creo que si hay alguna materia en la cual el perfeccionamiento democrático del funcionamiento educacional de un país se hace evidente es en la que estamos tratando.
En primer lugar, la iniciativa busca mejorar la cobertura, no sólo en términos de cantidad de beneficiados, sino también en cuanto al número de horas de clases de los alumnos.
De igual forma, pretende mejorar la calidad de la educación, entendiendo como tal el mismo acceso a lo que hoy permiten el instrumental metodológico, los conocimientos y las tecnologías.
En tercer término, persigue la participación real de los proyectos del sector en lo que debe ser la línea educacional chilena. Hay dos maneras de enfrentar un tema como éste, y así se ha discutido hasta la saciedad en la Comisión. Por un lado, efectuarlo mediante una información impartida desde arriba, ya sea desde el Estado, la municipalidad o desde alguna institución, en el caso de la educación privada. Y, por otra parte, con mejor y más adecuada participación de la totalidad de las instancias involucradas en el proceso. Pero esta última alternativa ha de ser orientada de modo tal que no termine constituyendo un desorden, más que una posibilidad real de mejorar la educación.
Adelanto que, en lo referente a los temas donde hubo mucha discusión, el Ejecutivo presentará indicaciones y se tendrá que modificar el texto aprobado por la Comisión.
El primero de ellos dice relación al respeto a la libertad de las personas para recibir una educación adecuada, donde los padres puedan mandar a sus hijos a donde quieren que ellos estudien.
Una segunda materia, vinculada con la anterior, se refiere a la equidad, para que no sólo los de mucho dinero tengan acceso a una buena educación. Éste es el gran problema que hoy posee nuestro sistema.
Un tercer tema es el relativo al derecho de la sociedad a regular, reglar, influir para que cuando se trate de fondos generales de la nación haya una nivelación en el acceso y en la equidad, porque en la práctica en Chile -seamos claros- en materia de educación son muy pocas las áreas donde no hay fondos recurrentes del Estado. Y ello genera una obligación hacia la comunidad, que no puede ser olvidada.
Señor Presidente , no quiero cansar a la Sala con una descripción acerca de lo que ya se ha planteado, y que muy probablemente manifestará también el señor Ministro . Sin embargo, a mi parecer, los puntos más centrales en los cuales estamos trabajando son:
En primer lugar, la ampliación del plazo para que los establecimientos educacionales ingresen a la jornada escolar completa, lo cual nos permite considerar y evaluar la situación que hoy tenemos. Muchos establecimientos han quedado fuera por este motivo.
En segundo lugar -mucho más importante tal vez que la ampliación del plazo-, la obligatoriedad de que los nuevos establecimientos funcionen en el régimen de jornada escolar completa desde su creación. Eso garantiza, de alguna manera, que el afán de dar más y mejor enseñanza beneficie a todos, y no sólo a algunos.
Un tercer punto que nos parece relevante, sobre todo en Regiones y en otras zonas, y no precisamente en las grandes ciudades, se refiere a la ampliación del concepto de déficit de infraestructura. La norma presenta rigidez hoy día, y lo que tratamos de hacer es no sólo mejorar la infraestructura, sino que ella se amplíe. Porque el proceso educacional nos muestra que, con extraordinaria frecuencia, establecimientos que fueron ampliados o creados para determinada demanda a muy poco andar registran déficit en ese aspecto.
Una cuarta materia que nos parece importante -para no caer en los diez o doce temas contenidos en el proyecto- tiene que ver con una cuestión que considero muy lícita y necesaria de establecer aquí, como es, por ejemplo, la subvención anual de apoyo al mantenimiento de la educación de los adultos. Todos están contestes en que una de las razones por las cuales la educación de los niños es deficitaria más para unos que para otros, entre otras cosas, es que muchas veces la familia carece de capacidad intelectual o de la preparación necesaria para ayudar a comprender lo que se enseña en el colegio. Entonces, un mismo alumno recibe una instrucción, la discute con su familia, pero el otro no tiene con quien hacerlo. Son 300 ó 400 mil personas que se encuentran al margen de una instrucción mínima; y los programas de educación de adultos como éste o el Programa de Educación y Capacitación Permanente Chile Califica u otros son los que, a mi juicio, deben incorporarse como parte del proceso global de que hablamos.
Uno de los temas que, sin duda, han generado mayor conflicto y sobre el cual el Gobierno ha anunciado su interés de introducir modificaciones a la actual ley de enseñanza, atañe a los procesos de selección. La propuesta que vendrá del Ministerio significará introducir una norma que establezca ciertos estándares mínimos de transparencia y objetividad en el desarrollo de tales procesos. Anteriormente se propusieron algunas fórmulas, pero serán cambiadas.
Aquí, uno de los asuntos que puede discutirse -se ha planteado en la Comisión- es por qué tiene que cobrarse en un proceso de selección de alumnos. Se dice que representa gastos para la institución o establecimiento. Sin embargo, también cabría preguntar por qué debe cobrarse aparte cuando eso es parte -excúsenme la redundancia- del actual derecho de los establecimientos a seleccionar y, por lo tanto, tiene que considerarse inherente a su tarea permanente. En ese sentido, nos parece una materia digna de conversar de nuevo en la discusión particular, y, por lo demás, constituye una cuestión que algunos Senadores democratacristianos también señalamos.
Por último, existen tres temas que tienen que ver con algo muy delicado y que, naturalmente, no resulta fácil de discutir en una presentación tan corta como ésta.
El primero dice relación a la forma como deben establecerse los reglamentos internos, esto es que, en definitiva, tengan relación con los derechos de los alumnos, con la equidad en su redacción y con las normas mínimas de la Constitución y las leyes orgánicas, además del planteamiento cultural con que la sociedad chilena quiere que se imparta la educación.
Señalé con mucha franqueza que uno de los temores que abrigo al respecto es precisamente el grado de autoritarismo que han ido introduciendo personas que tienen que ver con la educación, llámense alcalde, director de educación municipal o director de determinado establecimiento.
Con franqueza, a veces dudo de que estemos realizando una verdadera educación, abierta al desarrollo libre del espíritu de los niños y jóvenes, y que, en cambio, nos encontremos permanentemente sujetos a normas, temerosos de lo que pueda pasar, resabio -lo digo con sinceridad- de ciertos modelos que se entronizaron en Chile o que se siguen entronizando en el mundo entero por parte de cualquier autoridad.
Otro tema difícil es el relativo a la expulsión de los alumnos por razones económicas.
Sobre el particular también se presentará una propuesta distinta de lo que todavía hoy se concibe. Esto es absolutamente indispensable, porque si hay algo que no se debe hacer ni aceptar es que un niño abandone el colegio por razones económicas. Si ello fuere necesario, por tratarse de un establecimiento privado o subvencionado o por cualquier razón, debe efectuarse de tal manera y con tal delicadeza que no signifique una agresión sicológica a los alumnos afectados. Nada puede ser más maltratador para un niño que se haga pública su condición de indefensión económica y que, por último, por ese motivo haya de abandonar el colegio.
Todos conocimos esta situación cuando éramos más jóvenes, ya sea en forma personal o a través de nuestros propios compañeros. Y creo que cuando discutimos estas materias de repente olvidamos lo que hay detrás de la letra. Por lo tanto, en materia educacional debemos preocuparnos más por lo que sufre el alumno y lo que esta situación puede significar para él que lo que ello implica desde el punto de vista estructural.
Finalmente, otro tema de lata discusión es cómo se mantiene el proyecto educativo y qué rol corresponde a los directores en esta materia. La discusión abarca desde si debe haber directores de larga duración en el cargo; si tienen que cambiarse permanentemente cada cierto tiempo; si ha de haber concursos periódicos y obligatorios, o si, en definitiva, los directores deben durar lo mismo que el proyecto educativo o ser reemplazados cada ciertos años, cuando se efectúe la evaluación, en vez de que ingresen al cargo por concurso.
Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que la dirección, en cuanto a liderazgo, es esencial para que el sistema educativo funcione bien.
Luego hay otros aspectos, a mi juicio, de carácter menor. En los minutos que me restan sólo quiero referirme a algunos puntos que han mencionado y discutido varios señores Senadores y que motivarán la presentación de las indicaciones del Ejecutivo.
Primero -como señalé-, la implementación de procesos de selección por parte de los establecimientos y la aplicación del posible cobro límite, el cobro estándar o la anulación del mismo. Segundo, la morosidad en el pago de las mensualidades y la renovación de la matrícula del alumno para el año escolar siguiente. Tercero -tema de profunda discusión-, el establecimiento de un porcentaje determinado, sea cual fuere, de alumnos en condición vulnerable como requisito para impetrar el pago de la subvención por los colegios que la reciben, y sus excepciones.
Esta materia requiere un debate muy de fondo, y sobre ella todavía no hay acuerdo en la Comisión. El Ejecutivo quedó de entregar una fórmula de solución en este segundo informe.
Creo que la integración en la educación, más allá de la fórmula a que se llegue, de los resguardos que existan, de los costos que tenga, debe ser no un proceso social, mirado con todo respeto desde la perspectiva cristiana. Y lo digo francamente en razón de que ha habido planteamientos de personeros importantes, con quienes comparto la visión cristiana de la vida, en el sentido de que eso podría ser mejorado o cambiado. A mi juicio, esto va más bien en la línea de un proceso de evangelización al cual, como cristianos, no nos podemos negar.
Lo que sí tendremos que analizar es el mayor control y regulación de los dineros provenientes de las subvenciones entregadas a las corporaciones municipales. Porque no cabe ninguna duda de que en esos fondos ha habido -como se dice- un forado, pues en vez de destinarse a la educación se han empleado en otras cosas.
Finalmente, tal vez uno de los temas de fondo que hay detrás de toda esta discusión -que no es menor- lo constituye el hecho de saber si el modelo de educación municipal es o no es sustentable a la luz de los resultados. Siempre he manifestado que no soy partidario de eso. Desgraciadamente, aquí no se propone una modificación en tal sentido, y es probable que nunca se presente. Pero sigo sosteniendo mi crítica sobre esta materia.
Lo mismo ocurre con el financiamiento compartido, que en el texto en análisis se perfecciona y que, con franqueza, pienso que también es una materia muy dudosa.
Además, tenemos que ver cómo resolver definitivamente la equidad en el acceso a la educación y la calidad de ella.
Si sostenemos que ésta es la única manera de romper la inequidad de la sociedad chilena y de lograr que seamos un país desarrollado, donde el crecimiento se medirá siempre por el eslabón más débil de la cadena y no por el que va en la punta del proceso educacional, lo anterior constituye el tema esencial, y esperamos que con el proyecto que nos ocupa logremos avanzar más rápidamente en tal sentido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en la Sala para comenzar la votación del proyecto a las 18, con fundamentación de voto?
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-
Señor Presidente , como el Honorable señor Larraín desea intervenir, no tengo inconveniente en cederle la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Ministro tiene derecho preferente.
El señor BITAR .-
No tengo problemas, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Gracias, señor Ministro . Se lo agradezco, además, porque deseo hacerle algunos planteamientos respecto de los cuales me parece muy importante su opinión.
El proyecto que discutimos se originó en mensaje del Ejecutivo, ingresado en la Cámara de Diputados en febrero de 2002, y su objetivo central era efectuar algunas modificaciones al régimen de jornada escolar completa en aspectos como las fechas de cumplimiento de estos compromisos, el perfeccionamiento de algunos mecanismos de inversión, garantías en favor del Fisco, ciertos mecanismos de desconcentración, otros que dicen relación con la puesta en marcha de esta iniciativa y determinadas enmiendas en cuanto a los plazos en que los distintos establecimientos deben incorporarse a aquélla.
Sin embargo, en la Cámara Baja el proyecto sufrió numerosas modificaciones que en cierto sentido, no digo que lo desnaturalizaron, pero le agregaron materias que no eran propias de sus ideas matrices, las que, además, levantan una serie de cuestiones muy dudosas, incluso de constitucionalidad, como luego señalaré.
Lo anterior ha llevado a una discusión un tanto híbrida. ¿Por qué? Por una parte, por cuanto a propósito de ciertos textos se levantan distintos temas vinculados con la jornada escolar completa. Pero, por otra, no se entra de lleno a efectuar una evaluación de ésta, de cuál ha sido su impacto, cuáles las ventajas y beneficios logrados a través de la reforma educacional, cuáles han sido sus defectos, sus limitaciones y, por lo tanto, qué debe corregirse de ella.
En muchos aspectos echo de menos una evaluación de esta jornada escolar completa, y no sólo, por ejemplo, en lo que ha significado el impacto en el rendimiento respecto de las pruebas nacionales, como la del SIMCE, sobre la que he recibido información contradictoria. Algunas personas me han manifestado que el impacto ha sido negativo, sobre todo en establecimientos de enseñanza media que incorporaron este régimen escolar, donde sus resultados han bajado. Pero no tengo evidencia empírica ni constancia de ello.
Por eso, si entramos a modificaciones mayores, me habría gustado mayor debate respecto de este tema.
Cuando hablamos de los tratados de libre comercio, decimos que necesitamos educación de primera calidad para enfrentar la competencia, porque esta economía requiere recursos humanos calificados. Pero cuando debemos analizar los proyectos educacionales, examinamos la minucia y no nos detenemos a reflexionar acerca de cuáles son los aspectos sustantivos que hoy día contribuyen a mejorar esa educación o a perjudicarla.
En lo fundamental, vamos a aprobar el proyecto en debate, porque es necesario cambiar los plazos de incorporación a este régimen. Pero, ciertamente, tenemos diversas inquietudes, que hicimos presentes en la Comisión y que deseamos reseñar brevemente en la Sala.
La primera dice relación a las fechas dentro de las cuales deberían terminar de incorporarse los cambios a la Jornada Escolar Completa de los establecimientos municipales y particulares subvencionados.
Las fechas propuestas señalan que los municipales y los particulares subvencionados vulnerables deberán estar en el régimen a más tardar el 2007 y los particulares subvencionados no vulnerables, a contar del 2010.
Sobre el particular, advierto en esto una suerte de diferencia, sin haber un criterio objetivo claro. Porque si éste es el de la vulnerabilidad, todos los establecimientos con esa característica deberían estar simultáneamente incorporados dentro del régimen en la misma fecha. Si el criterio es otro, entonces, la distinción es inválida. Me parece que en esto hay un punto de vista no justificado, una suerte de discriminación arbitraria.
En seguida, los concursos para el aporte de capital regirían sólo hasta el 2006. Sin embargo, según este calendario, algunos establecimientos educacionales pueden incorporarse a más tardar el 2007 y otros el 2010. Pero la postulación para el aporte de capital debería estar zanjada antes del 2006. Esto, obviamente, plantea una calendarización que no es simultánea con la incorporación de los planteles, por tener fechas distintas. En mi opinión, tal vez deberíamos pensar en modificar esa fecha, para hacerla coetánea con la de incorporación.
Aparte del plazo de incorporación, otro asunto se refiere a las corporaciones. Como se sabe, en las comunas existen algunas que administran los establecimientos educacionales del respectivo sector municipal. Si mal no recuerdo, son 54. De acuerdo con la ley no se pueden crear nuevas corporaciones; pero las existentes poseen capacidad administrativa.
Una de las disposiciones de la iniciativa, de alguna manera, viene indirectamente a poner término a la existencia de tales corporaciones, al determinar que en los municipios las subvenciones y los recursos que transfiera el Ministerio de Educación o cualquier organismo público van a ser administrados directamente por las municipalidades, y no por las corporaciones.
Esta materia, señor Presidente , me parece difícil de aceptar o de entender. El Ejecutivo ha expresado que es necesario modificar esta disposición, por cuanto no sería su voluntad suprimir las corporaciones. Pero uno debe pronunciarse sobre el texto escrito. Yo acojo la voluntad del Gobierno -que es también la nuestra- y espero que el asunto se enmiende, porque carece de sentido modificar al respecto. Si se quiere que los municipios ejerzan mayor fiscalización, me parece que se pueden buscar mecanismos que aseguren y garanticen que ello ocurra. Para eso estamos disponibles; pero, en mi opinión, cuando tales corporaciones han funcionado adecuadamente deben mantenerse en la misma forma. En todo caso, la supresión debería ser más bien de los propios municipios, si creemos en la autonomía municipal y no en una norma general que, por vía indirecta, las deje fuera.
Respecto del tema de los directores, hay distintos puntos que considero interesantes. El primero de ellos dice relación a la concursabilidad. Como Sus Señorías recordarán, si aquéllos estaban en sus cargos hasta antes de la dictación del Estatuto Docente con duración indefinida, mantienen tal calidad. El proyecto procura establecer la concursabilidad de todos. He consultado con muchos directores que están en ambos regímenes, y en verdad esta materia es susceptible de discusión.
En lo fundamental estamos dispuestos a avanzar en la línea de esta iniciativa de ley. Pero existen algunos problemas respecto a la forma como se ha establecido la normativa que haría aplicable tal concursabilidad.
En primer término, para poder concursar los directores requieren estar previamente acreditados ante el Ministerio de Educación y sujetos a un reglamento establecido por esa Secretaría de Estado, lo cual me parece muy discutible. Si algo particular tienen dichos funcionarios es precisamente su propósito de querer desarrollar el proyecto educativo para cada establecimiento educacional básico o municipal. Sin embargo, cuando se establecen pisos comunes, a través de reglamentos que acreditan a todos ellos, pareciera pensarse en una suerte de "director tipo", en circunstancias de que éste no existe. De manera que, en mi opinión, la concursabilidad no debiera tener una acreditación ordenada por un reglamento dictado por el Ministerio, porque eso sería uniformar algo que no es adecuado.
Por otra parte, el proyecto establece importantes atribuciones para el director no sólo en el ámbito pedagógico, sino también en el administrativo y en otros aspectos que efectivamente le dan la posibilidad de tener más atribuciones.
Todo aquello que signifique descentralizar atribuciones desde el municipio al establecimiento educacional implica, a mi juicio, posturas de la mayor importancia, que valoramos. También hay que descentralizar la educación a nivel del municipio, a fin de que los profesores y la comunidad escolar puedan tener mayor voz en la conducción de la escuela o liceo.
No obstante, se dispone que esas funciones se radicarán en la persona del director, en circunstancias de que, a lo mejor, vale la pena que ellas queden en la dirección, con el objeto de constituir equipos que puedan estructurar, por establecimiento o por comuna, la forma de asignar las obligaciones, con el objeto de dar mayor flexibilidad a la estructura orgánica de cada establecimiento.
En seguida, en el ánimo de asegurar la participación no sólo de los profesores, sino también de los padres y apoderados y de los demás integrantes de la comunidad escolar, es importante valorar el esfuerzo de la iniciativa en ese sentido.
Junto con considerar muy relevante la participación de los profesores, también lo es la de los padres. En muchas ocasiones el éxito escolar se ve frenado por la actitud de algunos padres que, por distintos motivos -a veces de carácter cultural o por desconocimiento-, no colaboran con la tarea educacional. En ciertas oportunidades generan incluso comportamientos contradictorios. En ese aspecto, la participación resulta trascendente, porque es un elemento coadyuvante del éxito de la función del establecimiento. Sin embargo, establecer por ley una forma definida de participación uniforme para la generalidad de los establecimientos, aunque sea mínima, me parece un exceso.
Una cosa es plantear la necesidad de que exista la participación y otra definir mecanismos e instancias determinados, más todavía cuando se entregan algunas atribuciones al Consejo Escolar, como la de que los directores puedan evitar su reconcurso si cuentan con el visto bueno de tal organismo. La experiencia -fundamentalmente de España, donde se ha aplicado un sistema semejante- indica que el Consejo Escolar se convierte en el lugar donde el director prodiga sus esfuerzos para evitar el reconcurso, con el objeto de ganarse la confianza de tal organismo, sin necesidad de desarrollar necesariamente la gestión escolar adecuada. De manera que aquí también hay un riesgo que debemos evitar, porque -repito- la uniformidad genera rigideces que pueden afectar la propia libertad de los planteles para su desarrollo.
La iniciativa fija una cuota vulnerable de alumnos que obligatoriamente deben ser aceptados por los establecimientos educacionales. De nuevo, la idea de resolver el problema de los alumnos difíciles y que la responsabilidad recaiga no sólo sobre la educación pública, sino que también en los establecimientos particulares subvencionados, parece ser comprensible pero muy mal resuelta. Lo que se requiere es que los alumnos en situación difícil -de un establecimiento público o uno particular subvencionado- tengan un apoyo especial. Por eso, en vez de la obligatoriedad de incorporar dentro de esos establecimientos una característica de esta índole, propiciamos más bien una subvención diferenciada para ellos. Porque, además, se pone en riesgo su subsistencia, por el porcentaje que ellos representan. Hoy los establecimientos particulares subvencionados otorgan 8 por ciento en becas, por así decir, las que al pasar a 15 generarán condiciones más difíciles de financiamiento.
De la misma manera, el cobro por sistema de admisión que establece la ley -obligatorio y común para todos- va a generar una rigidez uniforme que no comparto, pues queda al arbitrio de cada establecimiento. Entidades educacionales tan disímiles como una escuela pública de Pitrufquén y el Instituto Nacional no pueden tener el mismo mecanismo de admisión, ya que se trata de realidades enteramente distintas. Uniformarlas significa no comprender la necesaria diversidad que debemos aceptar y promover en el ámbito educacional.
Por otra parte, el tema más delicado del proyecto -al cual aludió recientemente un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra- relativo a la obligación de renovar matrículas a aquellos alumnos que caen en morosidad, también debe ser analizado con detención. Un estudiante afectado por esa situación tiene derecho a permanecer en el establecimiento. En tal sentido, me parece justo que esa prerrogativa no dependa del incumplimiento en el pago de la matrícula.
Por lo tanto, no resulta admisible que durante el año escolar se expulse a un alumno cuyos padres, por razones de distinta naturaleza, no pueden concurrir al financiamiento compartido, sistema que ha generado una notable fuente de recursos provenientes del sector privado y que ha alivianado el gasto fiscal.
Sin embargo, el proyecto no sólo establece la obligatoriedad de la mantención del alumno durante el año escolar, sino también la renovación de la matrícula para el siguiente. Esto provoca un problema adicional al constituirse en un incentivo para el no pago.
Si un alumno moroso opta por ponerse al día sólo a fin de año con el objeto de renovar su matrícula, -qué razón existe para que ese joven -que no puede ser suspendido ni separado del colegio- no pague durante el transcurso del mismo? Todos los que deben van a querer ponerse al día al término del respectivo período, lo que provocará que muchos establecimientos no puedan mantenerse. Es decir, nuevamente se está limitando la libertad de éstos en la selección de sus alumnos. Por eso, lo que la comunidad escolar nos hizo presente resulta extraordinariamente delicado.
Por todas estas consideraciones, pienso que estamos ante un proyecto que, a pesar de perseguir un objetivo central simple, básico, necesario y digno de apoyar con las correcciones señaladas respecto de la discriminación suscitada en la incorporación de algunos establecimientos al sistema, contiene diversas materias que deben ser enmendadas. De no ser así, no sólo corremos el grave riesgo de complicar la existencia de la educación particular subvencionada y de terminar con el régimen de financiamiento compartido, sino también de coartar, mediante las rigideces mencionadas a lo largo de mi intervención, la libertad de los planteles escolares para hacer educación.
Al respecto, cabe recordar que la Constitución no sólo garantiza la libertad de enseñanza para abrir y mantener instituciones educacionales, sino también para desarrollar plenamente sus actividades, salvo que ellas sean contrarias a la moral, las buenas costumbres o la seguridad ciudadana.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Y también se vulnera el derecho de los padres a escoger y definir en forma preferente el esquema y proyecto educacional que desean para sus hijos.
En consecuencia, todo lo anterior me lleva a pensar en la necesidad de modificar algunas materias. De lo contrario, no solamente agravaremos la realidad educacional que pretendemos perfeccionar, sino que además incurriremos en inconstitucionalidades que ciertamente la ley en proyecto no debe amparar.
Esperamos que nuestras inquietudes sean recogidas por el Ministerio de Educación y que lo que criticamos, desde luego, sea corregido durante la discusión particular, en la cual haremos las indicaciones que correspondan.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, en verdad, nos encontramos frente a una iniciativa trascendente.
A pesar de las últimas encuestas y estudios, Chile desde siempre ha tenido un muy buen sistema educacional. Ésa es la razón por la cual nuestro país se puede desarrollar, globalizar y mirar con optimismo el futuro. Por ello, todo intento de perfeccionar nuestro sistema educacional es, por supuesto, muy bienvenido.
El proyecto de Jornada Escolar Completa es complejo. Se trata de una interesante propuesta para mejorar el sistema.
Como se ha señalado anteriormente, la iniciativa modifica diversos cuerpos legales -como los DFL Nºs 1 y 2, de Educación, la ley Nº 19.532 y otros- que los señores Senadores conocen mejor que quien habla.
Al tratar estas leyes y los diferentes sistemas, se impide una visión de conjunto, más estratégica, lo cual para un sistema tan complicado como éste es importante. He ahí la razón de estas opiniones tal vez un poco contrapuestas.
Estamos hablando de 10 mil establecimientos educacionales. De ellos, 60 por ciento son municipalizados; 30 por ciento, subvencionados, y 10 por ciento, particulares. Hay 3 millones de alumnos, y 135 mil profesores, cuyo 85 por ciento está directamente relacionado con el proyecto en análisis. Y muchos de ellos se encuentran además muy inquietos -por ejemplo, los directores-, razón por la cual este complejo asunto requiere de un análisis más específico en varios de sus aspectos particulares.
En general, me parece adecuada la prioridad asignada a los diversos establecimientos educacionales para implementar la Jornada Escolar Completa, materia que se especifica desde los artículos 1º al 9º. Se trata de un problema que, según señalaron los mismos directores, es muy difícil de implementar.
Se requiere focalizar los recursos en los establecimientos más vulnerables -especialmente, en materia de infraestructura-, pues en su mayoría producen bajos resultados en las pruebas SIMCE y en la de Aptitud Académica. No obstante, si la jornada escolar extendida sólo supone más tiempo para los mismos esquemas de trabajo pedagógico, el éxito de la reforma va a ser limitado.
Además, lo propuesto implica un trato discriminatorio entre los establecimientos del sector municipal y los del área particular, considerados vulnerables socioeconómica o educativamente. Estos últimos deberían funcionar con régimen de jornada escolar completa diurna a partir de 2007, en circunstancias de que los otros lo harían a contar de 2010.
Lo relativo a las corporaciones educacionales ha sido bastante discutido. He estudiado el tema y puedo decir que los ingresos de su presupuesto -que ellas consideran propio-, están sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Tenía dudas al respecto, pero me convencí de que era así al leer el dictamen Nº 47.262, de 31 de octubre de 2000. Por tal motivo, considero burocrático que estos recursos los administre el municipio. Además, lo mismo debería ocurrir entonces con los fondos para la salud. Lo único que se consigue con ello es generar una traba más en esta estructura, en las corporaciones, en las municipalidades, en el Ministerio de Educación, todo lo cual, en realidad, es conflictivo.
En relación con el informe de gestión educativa establecido en el número 11) del artículo 1º, me parece excelente herramienta para evaluar una gestión, ya que incorpora procedimientos muy esenciales para una administración moderna, ampliamente utilizada. Se trata de una ventaja positiva en favor de los propios directores y su equipo de gestión, por cuanto dicho informe se puede emplear técnicamente para demostrar que sus funciones han sido exitosas desde el punto de vista profesional y técnico.
Puntualmente, sobre las proposiciones que afectan a los directores de establecimientos, a mi entender contienen aspectos sensibles de constitucionalidad que sería necesario analizar detenidamente.
No debemos olvidar que estas modificaciones tienen su verdadero origen y consecuencia en la falta de una legítima carrera funcionaria, pues no está considerada en el Estatuto Docente de 1991, pero sí incluida en forma muy clara y fundamentada en el de 1953, el DFL 2, con calificaciones, categorías de escuelas, niveles educacionales, carrera en sus diversas especialidades, etcétera.
El aspecto fundamental apunta a reconocer técnicamente que el director del establecimiento educacional depende de otros factores para la definición de sus éxitos. El equipo de gestión de la escuela o el liceo es el referente necesario mínimo para apreciar con certeza sus éxitos y fracasos. En consecuencia, concursar sólo a la dirección, como se señala en el número 8) del artículo 5º propuesto, sin garantías ni flexibilidad para formar equipos de trabajo, no constituye la condición única o necesaria para asegurar los resultados que buscamos.
Por lo tanto, me parece esencial incorporar a la discusión del proyecto el concepto de equipo de gestión escolar, por sobre la idea de la absoluta responsabilidad del Director del establecimiento en materia de resultados de calidad, lo que significa otorgarle autonomía para designar su equipo de gestión durante su mandato o llamar a concurso, al mismo tiempo, respecto de un porcentaje de otros cargos directivos (Subdirector, Inspector General) o técnicos ( Jefe Técnico , consejero educacional o vocacional), según la categoría o tamaño del plantel de enseñanza.
También me parece conveniente revisar la duración del mandato del Director, para los efectos de cumplir con ciertos propósitos educativos asociados al logro del proyecto institucional, pues estimo que cinco años es un período muy breve. La extensión de un ciclo de Educación Básica o de dos ciclos de Educación Media me parece un mínimo para acreditar resultados exitosos. En otras palabras, el umbral de desempeño sería como mínimo de ocho años.
Por otra parte, en el artículo 24 bis se fija un nuevo proceso para la acreditación de los Directores, que contiene aspectos que es necesario perfeccionar. En primer lugar, no se determina la organización encargada de llevarla a cabo, que debe tener suficiente autonomía y dar garantías de transparencia. Tampoco se disponen los mecanismos mediante los cuales el Ministerio de Educación supervisará y controlará su correcto funcionamiento. Por la seriedad y la trascendencia de esta función en el sistema, dicha supervisión es esencial.
Otra cuestión extremadamente sensible se señala en el artículo 31 bis, donde se establecen los procedimientos de reemplazo de los Directores. Esta responsabilidad se delega a una Comisión integrada por cuatro miembros, uno de ellos representante del Centro General de Padres y Apoderados. Me parece que no debemos confundir o mezclar la participación legítima de los padres en la gestión escolar relativa a sus hijos con la función estrictamente profesional de los docentes.
Más sensible que el punto anterior y muy relacionado es lo propuesto en el artículo 32 bis respecto a la remoción de los Directores por parte del Alcalde y el Concejo Municipal, al otorgarse una facultad sobre el particular al Secretario Regional Ministerial de Educación , quien no tiene vinculación directa con el Director. En este procedimiento podría existir un problema de constitucionalidad, por cuanto no se permite al afectado una legítima defensa, que debería estar amparada -como es usual- en un sumario administrativo.
En conclusión, señor Presidente , la iniciativa significa un gran paso adelante, independiente de aspectos particulares que habrá que analizar en forma más detallada. Cabe contemplar una amplia cobertura, perseguida con la jornada escolar completa, y, al mismo tiempo, una definición racional de la carrera funcionaria, con el objeto de facilitar las importantes responsabilidades del Director y su equipo de gestión en todo el sistema educacional.
Por consiguiente, anuncio que votaré a favor del proyecto en general.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , el articulado en análisis, tratado con mucha acuciosidad por la Comisión de Educación, merecería numerosas discusiones, tomando en cuenta las consideraciones manifestadas por los diversos invitados respecto a su contenido, pero sobre todo acerca del sistema educacional en su conjunto.
Deseo referirme, simplemente, a dos puntos que me parecen importantes.
Creo que, hasta ahora, la jornada escolar completa ha sido enfocada básicamente como un mayor tiempo en el cual los alumnos, dentro del recinto escolar, pueden realizar actividades flexibles más creativas -se supone- y, al mismo tiempo, que les sirvan para desarrollar cualidades que el currículum obligatorio permanente no les permitiría.
Tal vez, una de las mayores dificultades del sistema educacional es el número de educandos por aula, por profesor. En la circunscripción que represento, normalmente esa cifra oscila, tanto en el sector urbano como en el rural, en torno a 40 alumnos, y, como es obvio, la carga para el docente es muy alta. Y es bastante difícil conducir un curso de ese tamaño, con rendimientos tan dispares entre los estudiantes, lo que determina que los de más bajo rendimiento se convierten en una suerte de lastre para el resto.
Pienso que debiéramos ponernos como meta reducir el número de alumnos por aula. La jornada escolar completa tendría que servir también para ello; de manera que, al menos desde cierta edad, cuando fueran más maduros, los jóvenes pudieran realizar actividades, dentro del currículum amplio, fuera del establecimiento educacional. Y el espacio sobrante podría ser aprovechado -al igual, por cierto, que el profesorado- para el objetivo que menciono. Es decir, se trata de cruzar dos variables: número de alumnos por curso y jornada escolar completa. Sin embargo, constituye un plan muy ambicioso en el tiempo, por lo que me limito a expresar al señor Ministro , aprovechando que está presente, lo mismo que manifesté en la Comisión, en cuanto a que el tema debe considerarse importante.
En seguida, me llama la atención la cantidad de argumentos vertidos por distintos organismos, en especial de la educación privada y -lamentablemente, debo decirlo- de los establecimientos particulares católicos para oponerse a la integración en el establecimiento de 15 por ciento de alumnos vulnerables. Al contrario, la educación católica debería estar a la vanguardia, no de la segregación por clase o nivel de remuneración de la familia, en el campo educacional, sino de la integración, justamente porque la Iglesia dice tener una opción preferente por los pobres. Por tanto, no alcanzo a entender cómo se puede ser consecuente con ello al oponerse, con tantos argumentos distintos, a la integración de 15 por ciento de esos alumnos por curso.
Evidentemente, el señalado no es, quizás, el mejor sistema. Lo ideal sería que la escuela, en sí misma, fuera un factor de integración social. Pero en Chile no lo es desde el momento en que los barrios de las ciudades están segregados por nivel social en lo referente a la instrucción pública, y por una matrícula muy cara, en la privada.
Por eso, el proyecto busca paliar este defecto exigiendo 15 por ciento de integración. Sé que puede haber muchas dificultades para calcular y fiscalizar ese porcentaje; pero, obviamente, sería una buena señal que hubiera, al menos en el nivel de la educación, una mayor integración social.
No puedo dejar de traer a colación que en países de nivel social más alto la escuela pública o privada del barrio es un factor de completa integración social: ahí estudian desde el hijo del bencinero hasta el hijo del empresario que vive en el mismo sector. Eso, por cierto, es un factor de nivelación social, de igualdad de oportunidades, de integración y cohesión. Es muy distinto un sistema educacional que parte por dividir a la gente y a los niños por clase social, por nivel socioeconómico y cultural, y de ahí se sigue, para siempre, en estratificaciones muy amplias.
No deberíamos lamentarnos después si la distribución del ingreso es demasiado desigual, si hay muchos conflictos sociales, si hay desintegración urbana, si hay factores que inducen a los jóvenes a la delincuencia o la drogadicción. El sistema está construido para segregar. Eso es lo grave. Y, por más que se incluyan valores en el currículum, la práctica de la segregación social es mucho más fuerte que la buena voluntad del profesor o del director de la escuela.
Por consiguiente, no se debiera buscar cómo defenderse de ese 15 por ciento, sino cómo lograr que sea funcional al establecimiento y a los alumnos, y que los niños aprendan a convivir en una sociedad integrada y plural, socialmente diversa. Creo que es lo menos a que podemos aspirar cuando el país ha progresado económica y socialmente. Hoy día nada debiera oponerse a que algo de esa naturaleza pudiera ocurrir.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra, último orador inscrito, y luego se procederá a la votación.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , éste es tal vez el único proyecto, de aquellos que el Senado conocerá en el presente período legislativo, que tiene que ver con el fondo de la reforma educacional en marcha. Por ello, debiéramos otorgarle la mayor importancia y concentrar en él nuestros mejores esfuerzos.
La reforma educacional constituye, sin duda, uno de los más significativos proyectos de la sociedad chilena hoy día. Y lo que esta iniciativa hace es enfatizar, profundizar los instrumentos fundamentales que se están utilizando para llevar adelante dicho proceso. Así ocurre en materia de jornada escolar completa, de subvenciones, de descentralización y de radicación, en los proyectos educacionales de los establecimientos, del esfuerzo innovativo que la educación requiere.
Por eso, como lo hice en la Comisión, voy a prestar mi aprobación al proyecto en debate, en la esperanza de que en el segundo informe se recojan e introduzcan correctivos verdaderamente más sustantivos que aquellos que el articulado contiene.
En ese sentido, deseo manifestar que deploro que se siga soslayando una cuestión central para el futuro de la educación, cual es el rol que corresponde a la educación pública y el otorgar a ésta condiciones reales que hagan posible su desarrollo en el largo plazo.
Por el contrario, he dicho en muchas oportunidades que siento que la educación pública está amenazada de muerte. Y quiero reiterarlo fundadamente esta tarde. Mientras ese punto no se despeje y no se le den a ella la consideración y el soporte que necesita, sin duda que los esfuerzos de reforma tendrán un tope sumamente delicado e importante.
Desde hace años, y dado que el sistema educacional construido en los inicios de la década de los 80 buscó, como gran objetivo, resolver el tema de la cobertura en los niveles básico y medio, se ha utilizado el instrumento de la subvención indiferenciada para alentar la creación de colegios particulares que aspiraran a obtenerla. Al mismo tiempo, el Estado se desprendió de los establecimientos a través de los cuales realizaba su función histórica de educador y los traspasó a los distintos municipios.
Lo cierto es que hoy tenemos una cobertura cercana a ciento por ciento en la educación básica y superior a 90 por ciento en la educación media, y las reglas del juego siguen siendo las mismas. Como consecuencia, año a año se crean trescientos o más nuevos establecimientos particulares subvencionados y caen la demanda y la matrícula en los planteles municipales, así como también, naturalmente, el ingreso por subvenciones que perciben.
¡A Dios rogando y con el mazo dando!
Cada vez que se juzga el funcionamiento de la reforma educacional se cuestiona lo que hacen los establecimientos municipales y no se repara, sin embargo, en que con el mecanismo descrito se está alentando sostenidamente su debilitamiento. Las estadísticas no mienten: disminuye el número de planteles públicos y su cobertura. Ello, en beneficio de los nuevos establecimientos, generalmente muy débiles, de inspiración marcadamente mercantil y que poco han aportado a la innovación y modernización de la educación en nuestro medio.
Es indispensable, en consecuencia, afrontar el tema de la estructura del sistema. Hago mías la palabras del Senador señor Viera-Gallo , quien acaba de manifestar que existen demasiados signos de segregación en ese ámbito, reflejo lamentable y triste de una sociedad ya profundamente segregada. En efecto, los establecimientos han ido, de hecho, atendiendo a segmentos sociales en función de los niveles de ingreso y la condición socioeconómica. Dejaron de ser, como en el pasado, centros de integración, a partir de los cuales era posible pensar en una sociedad mucho más cohesionada, donde la movilidad tuviera real oportunidad y las personas dependieran fundamentalmente de su talento antes que de su condición económica.
Con esa estructura educacional estamos reforzando una profunda segregación. Y aquí se incuban la violencia, la injusticia, la construcción de un entorno donde sin duda la solidaridad va a estar cada día más ausente y en el que llegaremos incluso al extremo de sentirnos ajenos unos a otros, en vez de partes de una misma sociedad y un mismo esfuerzo colectivo.
Por eso, deploro que este tema se siga soslayando.
En verdad, los instrumentos que el proyecto en análisis contempla para llevar adelante el proceso de reforma no son adecuados respecto de la educación municipal. En la Comisión hice presente que las municipalidades de tamaño intermedio y mayor son sostenedoras de una pluralidad de establecimientos y he podido constatar, en la práctica, que muchas de ellas han podido avanzar en la aplicación de la jornada escolar completa en no más allá de un tercio de los planteles. Han quedado postergados establecimientos públicos emblemáticos de la historia educacional -como el antiguo liceo en que tuve el privilegio de educarme en Concepción-, que, por razones de espacio físico, no han podido materializar proyectos que les permitan incorporarse a ese proceso.
En consecuencia, en lugar de un concurso de proyectos, que es el sistema actual, y que ha significado para dichas entidades edilicias un avance muy lento en la jornada escolar completa, debiera utilizarse un mecanismo preferente de convenios entre el Estado y esos municipios, para que éstos pudiesen llevar adelante una reestructuración íntegra de la oferta educacional que hacen en sus respectivas comunas. Es preciso, además, que los convenios sean soportados por la municipalidad y, como viene ocurriendo en los hechos, por los gobiernos regionales, para que se dé continuidad y proyección a lo largo del tiempo a la enorme inversión realizada en este campo. Debe canalizarse el esfuerzo social.
Celebro como un logro del proyecto el que a partir de 2005 todos los establecimientos particulares que opten a la subvención deban estar, producto de su propio esfuerzo, en régimen de jornada escolar completa. No me parece aceptable, como lo hizo presente el propio señor Ministro en la Comisión de Educación, la creación en el último año de alrededor de 300 nuevos colegios particulares y que lo hayan hecho con el régimen de doble jornada, para tratar de optar después a recursos fiscales que les permitan pasar al sistema de jornada escolar completa.
Creo, por otra parte, que hay una preocupación constante del legislador para regular las condiciones en que se organiza y funciona la educación pública, que no está mal, pero que, evidentemente, introduce diferencias. Cuando a la educación pública se le pide y mide por el grado de competitividad que alcanza con la educación privada -incluida, por cierto, la subvencionada-, no pueden dejar de tenerse en cuenta esos rasgos diferenciadores desde la forma de generación de los directores; la constitución de los consejos escolares y, con ello, la participación de las comunidades estudiantiles en la vida de cada establecimiento, hasta los controles ejercidos por la Contraloría General de la República. Así se va conformando un estatuto que está marcado por rigideces, a las que, ciertamente, los privados no están sometidos y de las cuales escapan.
Por eso, creo que estamos en deuda con la educación pública en Chile, y que le debemos una definición clara y explícita, en el sentido de que sigue siendo una apuesta fundamental de la sociedad chilena para construir su propio futuro. Porque aquí no sólo se juega el destino de la educación, sino también el modelo de sociedad al que aspiramos y que deseamos tener. Se necesitan esfuerzos harto más significativos en esa dirección que los que se hacen en este proyecto, para asegurar el destino de una educación pública que ha de volver a ser y a representar el paradigma de nuestra educación y, desde luego, la base en la construcción de la sociedad a la que aspiramos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación general el proyecto.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emitieron voto favorable 35 señores Senadores, y se fija como plazo para formular indicaciones el viernes 10 de octubre, a las 12.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Frei (señora Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-
Señor Presidente , quiero valorar altamente la discusión habida en la Sala y la importancia central que crecientemente se asigna al tema educacional para el desarrollo de Chile.
El proyecto que se acaba de aprobar en general es un paso más en la línea de fortalecer la calidad de la educación, tanto por la infraestructura cuanto por el liderazgo directivo, que se refuerza, así como también por la defensa de los derechos de los estudiantes y de los padres y apoderados.
Espero que en la discusión en particular, que se iniciará en los próximos días, podamos perfeccionarlo con las sugerencias de los señores Senadores.
Así que no me queda más que agradecer el amplio respaldo brindado a esta iniciativa.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Deseo proponer a la Sala, aprovechando que hay quórum suficiente, que votáramos los dos proyectos de acuerdo que figuran en el Tiempo de Votaciones, porque no alcanzaríamos a discutir y pronunciarnos respecto de la siguiente iniciativa que aparece en la tabla.
El señor BOENINGER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BOENINGER.-
Deseo sugerir lo siguiente acerca del proyecto signado con el Nº 1, y respecto del cual evidentemente ya no hay quórum para votarlo.
Según recuerdo, el debate estaba prácticamente terminado y quedaban dos personas por intervenir, una de ellas precisamente el Senador que habla. No sé si dentro del tiempo que resta del Orden del Día pudiéramos terminar las intervenciones y dejar pendiente la votación para otra oportunidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hay tres oradores inscritos: los Senadores señores Ruiz, Boeninger y Fernández. Si hicieran uso de la palabra, se requerirían 45 minutos.
El señor BOENINGER.-
O si no, tratarlo mañana en el primer lugar del Orden del Día.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De haber quórum, no habría problema.
El señor BOENINGER.-
Aunque no lo hubiera, por lo menos terminar el debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder en esos términos?
Acordado.
VII. TIEMPO DE VOTACIONES
MEDIDAS ANTE ALTOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Corresponde tratar, en primer término, el proyecto de acuerdo presentado por diversos señores Senadores, referente a los altos índices de delincuencia que se observan en el país, que acrecientan la percepción de inseguridad que vive la población.
--Los antecedentes sobre el proyecto (S 694-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 30ª, en 2 de septiembre de 2003.
--Se aprueba por unanimidad.
ENVÍO DE PROYECTO SOBRE DAÑO PREVISIONAL E INCENTIVO PARA RETIRO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Proyecto de acuerdo de los Honorables señores Parra y Zaldívar (don Andrés), en el que proponen oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República, solicitándole el envío de un proyecto de ley que resuelva el daño previsional e incentive de manera uniforme el retiro de los servidores públicos que están en condiciones de pensionarse.
--Los antecedentes sobre el proyecto (S 696-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 31ª, en 3 de septiembre de 2003.
--Se aprueba por unanimidad.
------------------
El señor PARRA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PARRA.-
Señor Presidente , pido recabar el asentimiento del Senado para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social pueda funcionar paralelamente con la Sala a partir de las 18:30.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Se autoriza.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , la Comisión de Obras Públicas requiere la misma autorización.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se accede.
VIII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--------------
--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Del señor CANTERO:
Al señor Director Nacional de la CONAMA y a la señora Directora del Servicio de Salud de la Segunda Región , solicitándoles investigar VIABILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTO ROM, DE MINERA EL ABRA, POR LIXIVIACIÓN IN SITU DE MINERAL DE COBRE.
A la Contraloría Regional de Antofagasta, sobre PROBLEMAS EN LA JUNJI POR DICTAMEN QUE IMPIDE CONTRATAR PERSONAL DE REEMPLAZO DE AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES Y MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE SALAS CUNAS (Segunda Región).
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Salud , planteándole REAPERTURA DE MATERNIDAD DE HOSPITAL DE VILCÚN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE URGENCIA Y CREACIÓN DE NUEVO CARGO DE DENTISTA.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, atinente a REPARACIÓN DE DOS PUENTES UBICADOS EN COMUNA DE PURÉN.
Al señor Director Regional del Instituto del Deporte , pidiéndole información relativa a EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS DE FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE PROYECTO PRESENTADO POR JUNTA DE VECINOS ROMÁN FRANCOIS
, DE COLLIPULLI.
Al señor Alcalde de Angol , requiriéndole ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMA PUENTE e información referida a INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE AYUDA PARA REPARACIÓN Y CONSUMOS BÁSICOS DE SEDE DE CEMA CHILE Y ESTADO DE PROYECTO DE POSTULACIÓN A SUBVENCIÓN (todos de la Novena Región).
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Presidente de la República , relativo a posibilidad de estudiar FRANQUICIA TRIBUTARIA LEGISLATIVA O ADMINISTRATIVA PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE COROS MUSICALES MEDIANTE OPERACIONES COMERCIALES.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Obras Públicas , concerniente a LICITACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA TOLTÉN-QUEULE (Novena Región).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Educación , solicitándole detalles de PROGRAMA PILOTO DE ENSEÑANZA DE INGLÉS EN REGIÓN METROPOLITANA POR INSTRUCTORES EXTRANJEROS Y SU COORDINACIÓN CON PROGRAMAS FORMALES.
Al señor Ministro de Salud y al señor Director del Servicio de Salud de Aisén , sobre MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y PROFESIONAL DE POSTA DE PRIMEROS AUXILIOS DE LOCALIDAD DE LA JUNTA.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , y a los señores Director de Impuestos Internos y Director Nacional del SENCE, pidiéndoles información respecto de APLICACIÓN DE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL SENCE Y ORGANISMOS TÉCNICOS.
A los señores Subsecretario de Pesca y Director de SERNAPESCA, con referencia a SITUACIÓN DE MARISCADORES DE ISLA DESERTORES DE CHILOÉ DEBIDO A RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EMPRESA ENCARGADA DE TOMA DE MUESTRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSO JULIANA
(todos, excepto el primero, de Undécima Región).
De los señores HORVATH, MARTÍNEZ Y STANGE:
Al señor Director de "La Segunda ", pidiéndole RECTIFICACIÓN DE DATOS ERRÓNEOS CONTENIDOS EN PROMOCIONES "TURISMO EN SEPTIEMBRE" Y "PATAGONIA EN POCOS DÍAS".
De la señora MATTHEI:
Al señor Contralor General de la República , solicitándole que investigue ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA "INTEGRACIÓN DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS PARA IMPLEMENTACIÓN CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO" (Cuarta Región).
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Justicia , requiriéndole ANULACIÓN DE SOLICITUD DE TRASPASO DE EX FUNDO LA PEÑA, DE CURIMÓN, A MINISTERIO DE JUSTICIA Y ASIGNACIÓN DE ÉL A MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DE QUINTA REGIÓN, PARA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DEPORTIVA.
--------------
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En Incidentes, los Comités Institucionales 2 e Independiente, Mixto (Partido Por la Democracia), Demócrata Cristiano, Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, Renovación Nacional y Socialista, no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
FALTA DE PRUDENCIA Y OPORTUNIDAD EN APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , me voy a permitir hacer la siguiente reflexión, con el propósito de que en la historia de las sesiones del Senado quede testimonio de una visión sobre algo que, a mi entender, evidentemente perjudica la majestad de la justicia en Chile.
La búsqueda de antecedentes y mejores testimonios nunca debe estar reñida con la prudencia y la oportunidad para su obtención. Y, dado que las personas que pueden entregar tales informaciones son seres humanos -con sus enfermedades, sus problemas, sus limitaciones y sus años-, la discreción constituye un elemento fundamental en la acción de la justicia.
No me cabe la menor duda de que la Sala del Senado siempre busca la majestad de la justicia, factor esencial para la credibilidad de ésta y, sobre todo, para la sensación de que ella es ecuánime en las determinaciones y resoluciones que le corresponde adoptar, lo cual tiene que hacer, por supuesto, de acuerdo con lo establecido en las leyes y códigos que la regulan.
En mi opinión, el criterio y la oportunidad que naturalmente deben guiar la acción de quienes ejercen esta importantísima función -quien habla ha sido juez de la Ilustrísima Corte Marcial y, por tanto, sabe lo delicado que es ese cargo- tienen que ir acompañados de una actitud de exquisita prudencia y respeto por las personas, cualquiera que sea la calificación o condición que la opinión pública les dé. Porque incluso muchas veces se ha llegado al absurdo de que la ciudadanía juzga primero, responsabilizando y sancionando a los presuntos autores de un delito, antes de que la autoridad respectiva, en este campo tan difícil, emita su veredicto y funcione el sistema de justicia existente en el país.
Hago presente lo anterior porque alguien que ya no se encuentra en este mundo se vio involucrado en cierta acción judicial, que seguramente estaba bien inspirada pero que tal vez no era el momento para realizarla dado que, por el precario estado de salud del afectado, no era conveniente someterlo a ese tipo de procedimiento y de contacto.
No hay duda de que el afán de proceder con tan extremado celo -éste siempre es bueno, pero más allá de la prudencia ya no lo es tanto- llevó a que esa persona fuera sometida a interrogatorio en circunstancias de que no se encontraba en condiciones médicas para ello. Sin embargo, como era un hombre educado en las filas de las instituciones de la Defensa, específicamente en la Armada, cumplió con estoicismo su deber ciudadano y colaboró con la justicia. Falleció 48 horas después de ser interrogado.
Relato ese hecho para los efectos de la historia de estos años respecto de quienes ejercen la justicia en Chile. Mi intención es dejar en claro que ésa fue una situación anormal. No es la regla general. Pero es indudable que la prudencia, el buen juicio y la gravedad de la ocasión versus las posibilidades de obtener información, aconsejaban no efectuarla. Lamentablemente se llevó a cabo y el individuo falleció. Por esas cosas del destino, me hallaba presente minutos antes de que esto ocurriera y escuché de su parte lo siguiente: que sólo al final su interrogador había sido delicado con él, actitud que reconocía. Entonces me pregunté si el celo, la búsqueda de antecedentes y el cumplimiento del deber justifican el pasar a llevar la condición humana en instantes como ése.
Me ha dolido. Sé que son casos excepcionales. Tengo profundo respeto por la justicia chilena y busco su prestigio, por ser fundamental para el Estado de Derecho, para la credibilidad de ella y para nuestra convivencia.
No quisiera que lo expuesto se repitiera. Pienso que fue una excepción. Respeto, incluso, esa condición de excepcional. Pero me preocupa que haya ocurrido.
En estos días, en que hablamos tanto de derechos humanos, evidentemente quienes exigen que se respeten y tienen la obligación de aplicar las leyes con dicha finalidad, deben dar el ejemplo.
He formulado estos comentarios con el fin de contribuir a que la majestad de la justicia siga en alto pie en Chile. Me parece que un hecho tan delicado y tan extremo como el descrito no debiera haber sucedido.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:16.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción subrogante