Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. CUENTA
- IV.
FÁCIL DESPACHO
-
MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
-
DENEGACIÓN DE ACCESO A TRIBUNAS A GRUPO DE PERSONAS
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
-
MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
-
NUEVOS MÉTODOS PARA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MERCADO INTERNO Y MANEJO DE RIESGO FINANCIERO EN SECTOR PÚBLICO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- DEBATE
-
CREACIÓN DE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
-
NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 349ª, ORDINARIA
Sesión 26ª, en miércoles 13 de agosto de 2003
Ordinaria
(De 16:18 a 18:14)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. CUENTA...........................................................................................................¿.
IV. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.606, sobre incentivos para desarrollo económico de Regiones de Aisén y Magallanes y de provincia de Palena en materia de crédito tributario, y que amplía Zona Franca de Extensión de Punta Arenas a Región de Aisén para bienes de capital (2832-03) (se aprueba en general)........................................................................................................
Denegación de acceso a tribunas a grupos de personas....................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una nueva ley de matrimonio civil (1759-18) (se aprueba en general)...............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la emisión de deuda pública a través de medios inmateriales y autoriza al Fisco y a otras entidades del sector pública para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros (3258-05) (se aprueba en general).....................................................................................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2944-03) (se aplaza la votación de su informe)...........................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia ; de Justicia y Directora del Servicio Nacional de la Mujer; el Subsecretario de Economía, y los señores Jefe de División Jurídica , y abogado asesor del Ministerio de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 26 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual retira la urgencia del proyecto que modifica la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar las condonaciones que indica (Boletín Nº 2.892-06).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero señala que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto que modifica la ley Nº 19.848, sobre Reprogramación de Deudas Provenientes del Crédito Solidario de la Educación Superior (Boletín Nº 3.314-04).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto aprobado por el Congreso Nacional a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo da a conocer que ha aprobado el proyecto que modifica la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar las condonaciones que indica (Boletín Nº 2.892-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica y modifica el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.248-06).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Zaldívar, don Andrés, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo a fin de permitir los acuerdos en materia de descanso semanal (Boletín Nº 3.041-13).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
IV. FÁCIL DESPACHO
MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.606, sobre incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y de Magallanes, y de la provincia de Palena en materia de crédito tributario, y amplia la Zona Franca de Extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén para bienes de capital. La iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2832-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 4 de marzo de 2003.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 20ª, en 6 de agosto de 2003.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia calificándola de "suma".
Los principales objetivos de la iniciativa son:
1) Concretar medidas de fomento productivo en beneficio de la Región de Aisén.
2) Ampliar el beneficio tributario al total de las inversiones que se ejecuten en esa Región, y
3) Prolongar la Zona Franca de Punta Arenas a la Región de Aisén, sólo en lo referente a la importación de bienes de capital desde aquella ciudad.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Economía (Senadores señores Fernández, Gazmuri y Novoa), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión de Economía hace presente que el proyecto debe ser analizado, en el segundo informe, también por la de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general al proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , este proyecto modifica una ley vigente que hace atractivas ciertas inversiones en las regiones australes, en particular por la vía del crédito tributario. Lo que se agrega es la extensión de la Zona Franca de Punta Arenas a la Región de Aisén para bienes de capital.
Propongo aprobar el proyecto en general, sin perjuicio de que se fije un plazo para presentar indicaciones.
Para ello, creo conveniente que el Senado solicite al Ejecutivo que retire la urgencia de la iniciativa, a fin de establecer un margen de tiempo no superior a dos semanas para formular una serie de indicaciones, en el sentido de no restringir las inversiones -como se plantea en el texto que Sus Señorías tienen a la vista- solamente a embarcaciones, aeronaves, remolcadores y lanchas, sino que ellas puedan efectuarse en los términos generales consignados en la ley vigente.
En segundo lugar, habría que analizar junto con el Ejecutivo la posibilidad de no limitar la ampliación de la Zona Franca sólo a los bienes de capital y de que ésta se haga extensiva a todo tipo de mercancías, por cuanto lo que dejaría de percibir el Fisco sería mínimo en comparación con el mayor esfuerzo que deberán realizar el Servicio Nacional de Aduanas y todos los demás organismos de fiscalización.
Por último, un tema no menor es que los beneficios propuestos solamente deben comprender las iniciativas que guarden relación o armonía con los planes de ordenamiento territorial, la zonificación del borde costero y la estrategia de desarrollo regional que proponga la región respectiva.
¿Por qué hago este alcance? Porque el informe financiero del proyecto señala que la menor recaudación arancelaria alcanzaría, en los próximos años, a 54 mil millones de pesos si se consideran las inversiones que podrían ejecutarse, en particular el proyecto "Alumysa", que ha suscitado gran controversia por estimarse que la planta estaría mal localizada.
El propio Presidente de la República ha declarado que esa industria es incompatible con las actividades de la zona. Además, no me parece conveniente que el erario se vea afectado en tal dimensión económica a causa de un proyecto que es resistido por más de la mitad de los pobladores de la Undécima Región.
Por éstas y otras razones, solicito a la Sala aprobar en general la iniciativa y abrir plazo para formular indicaciones a fin de poder ajustarla en buena forma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , en realidad, la petición que acaba de hacer el Senador señor Horvath corresponde a la formulada por la Comisión de Economía, porque si bien es cierto que coincidimos con el espíritu del proyecto en cuanto a aumentar las posibilidades de inversión en esas zonas extremas y comprender a la Undécima Región en los beneficios de la zona de extensión establecida para la Zona Franca de Punta Arenas, consideramos que la iniciativa debe ser objeto de indicaciones para perfeccionarla, a fin de ampliar las actividades en las cuales se puedan realizar inversiones sujetas a esas franquicias.
Además, resulta fundamental que se nos explique y entreguen antecedentes respecto del costo fiscal que significará el tratamiento de Zona Franca de Extensión que se otorga a la Undécima Región, dado que en el informe del Ministerio de Hacienda que tuvo en vista la Cámara de Diputados en el primer trámite se señala que, de concretarse el proyecto "Alumysa", el costo fiscal alcanzaría a 54 mil millones de pesos, lo que nos hace pensar que habría un importante componente de subsidio hacia una inversión específica.
Durante el debate general de la iniciativa no fue posible contar con la opinión de personeros del Ministerio de Economía ni del de Hacienda. Por lo tanto, es necesario que se fije plazo para formular indicaciones, de manera que en la discusión en particular los miembros de las Comisiones de Economía y de Hacienda reciban una información completa y a cabalidad sobre el objetivo que se persigue al incluir a la Undécima Región en los beneficios de la Zona Franca de Extensión, como asimismo, en cuanto a las implicancias de ello con relación al proyecto "Alumysa".
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor STANGE.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , esta iniciativa modifica la ley Nº 19.606 -Ley Austral-, que establece incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y de Magallanes, y de la provincia de Palena. Sin embargo, por razones que ignoro, esta última no aparece en el articulado.
Por lo tanto, solicito que el Supremo Gobierno estudie la posibilidad de incluir a la provincia de Palena en el proyecto en discusión.
Por último, adhiero a la petición de fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , deseo expresar mi apoyo a esta iniciativa, que tiende a perfeccionar la llamada Ley Austral con el objeto de hacer aplicable el crédito tributario a todo tipo de inversión y por su monto íntegro -hoy beneficia sólo a algunas de carácter sectorial y únicamente en la parte que excede a las mil o dos mil UTM- y ampliar la Zona Franca de Extensión a la Undécima Región.
En consecuencia, el proyecto es positivo para esa parte del país y lo votaré favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , esta iniciativa recoge una realidad que es indispensable superar a través de acciones decididas por parte del Estado y con políticas que tiendan a crear igualdad en todo el territorio.
Sin lugar a dudas, la Undécima Región merece una voluntad política que posibilite el desarrollo de su enorme potencial. El proyecto contribuye a crear esas condiciones y, aunque son insuficientes, constituyen un gran paso. Por ejemplo, esta Región será considerada Zona Franca de Extensión de la Zona Franca de Punta Arenas, aunque no para productos de consumo, como hubiéramos deseado, al menos para la importación de bienes de capital.
A mi juicio, la Duodécima Región ha logrado sortear su aislamiento, en gran parte, con medidas de esta naturaleza. No comprendo por qué ellas han demorado tanto para la Región de Aisén.
Por eso, soy decididamente partidario de impulsar y apoyar la presente iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Queda cerrado el debate.
Corresponde votar y establecer plazo para formular indicaciones. Como el proyecto tiene urgencia calificada de "suma", solicitaré al Gobierno que proceda a retirarla.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar.
--Se aprueba en general el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta el martes 26 de agosto.
El señor NOVOA.-
Más plazo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entonces, hasta el lunes 1º de septiembre, a las 12.
El señor PÁEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PÁEZ.-
Señor Presidente , estimo apropiada la última fecha propuesta, porque pediremos al Gobierno que envíe una indicación para incluir a la provincia de Palena.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ése es un tema que Sus Señorías deberán ver en su momento.
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el 1º de septiembre, a las 12.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha pedido la palabra el Honorable señor Arancibia.
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
DENEGACIÓN DE ACCESO A TRIBUNAS A GRUPO DE PERSONAS
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , he sido informado por el señor Edecán de que se estaría limitando el acceso a las tribunas a algunas personas, por estimarse inadecuada su asistencia.
Al inquirir mayores detalles, supe que se trataba supuestamente de muchachos que concurrieron a la sesión especial de la mañana y que, por llevar a cabo manifestaciones, fueron desalojados por orden de la Presidencia.
Quiero expresar mi desacuerdo con lo sucedido esta tarde y, especialmente, por la eventualidad de que, a partir de la resolución aludida -que, en todo caso, me parece absolutamente justa-, se decida prohibir el acceso al Senado de la República a cualquier persona que desee presenciar desde las tribunas alguna sesión pública, no secreta.
Debemos permitir la libre asistencia de la gente, porque estamos en un sistema democrático y -aunque el señor Presidente sonría- yo soy parte fundamental de él.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿A Su Señoría le parece bueno lo que pasó?
El señor ARANCIBIA.-
No, no es bueno. Lo desapruebo. Pero, a mi juicio, el señor Presidente no puede presumir que esos jóvenes tendrán una conducta inconveniente si se les autoriza la entrada.
Por lo tanto, le solicito que revoque la orden y permita a esos muchachos ingresar a las tribunas, como corresponde.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , en forma muy respetuosa me acerqué a la testera a hablar con Su Señoría para señalarle que no existe ninguna norma reglamentaria que impida a la gente presenciar desde las tribunas una sesión del Senado. Hay, sí, una disposición que faculta a la Mesa para despejar las tribunas si después de dos advertencias se justifica una medida de esta naturaleza.
El Reglamento es muy claro sobre el punto, de modo que el planteamiento del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra tiene absoluta validez.
Por lo expuesto, solicito permitir al público el libre acceso a las tribunas, salvo, naturalmente, a las personas -debidamente identificadas- que hayan provocado alguna situación enojosa.
Aquí no ha habido una situación de tal naturaleza, sino sólo manifestaciones, como las producidas muchas veces en el Senado.
Probablemente, en algunas oportunidades se ha actuado dentro de la línea en que Su Señoría estaba pensando. Hoy día, tal vez no. Pero eso no justifica que modifiquemos los criterios que aplica esta Corporación para respetar la libertad de todos y posibilitar el acceso a las tribunas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , quiero expresar la opinión de la bancada socialista.
Nosotros no tenemos ningún problema en que jóvenes como los que están en las tribunas vengan a conocer la opinión que expone cada Senador sobre una materia tan importante para el país, y en particular para ellos. Lo único que les pido -entiendo que tienen dirigentes- es que se comporten a la altura de lo que exige el Senado y que no hagan manifestaciones, como lo dispone nuestro Reglamento, que prevé medidas aplicables a quienes transgreden las normas que todos hemos respetado durante mucho tiempo. Y si esto último sucede, bueno, que la fuerza pública proceda.
Nos parece absolutamente conveniente que permanezcan, y ojalá se comporten como corresponde a los estudiantes de nuestro país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo hacer presente al Senado que la instrucción que impartí -y la di al señor Edecán- fue la de impedir el ingreso de las personas ya identificadas como autoras de los incidentes acaecidos en la sesión de esta mañana. Y, además, dispuse que si cualquier señor Senador se hacía responsable de la conducta de quienes hallándose en tal situación solicitaban entrar, así lo indicara al señor Edecán, para posibilitar su acceso a las tribunas.
Por lo demás, yo no tomé las medidas anteriores: lo hizo el señor Vicepresidente . Y creo que actuó correctamente, porque eran las procedentes.
Ahora bien, como Presidente, me corresponde velar por que las sesiones de esta Sala se desarrollen con absoluta normalidad. Entonces, frente a este proyecto, que deberemos seguir discutiendo, no puedo permitir que quienes provocaron el incidente de esta mañana ingresen libremente a las tribunas.
En consecuencia, si cualquier Senador -lo hice ver al Honorable señor Romero ; y lo digo ahora al Honorable señor Arancibia - se responsabiliza del ingreso de aquellas personas, no tengo inconveniente.
Frente a situaciones como la producida esta mañana, en que hubo desacato al Senado -así he procedido siempre, con unos y con otros, y no sólo para un lado-, tengo facultades para incluso ordenar la detención de los hechores.
Por consiguiente, para que el debate continúe como corresponde, si cualquier Senador asume la responsabilidad ante el ingreso de las referidas personas, debe comunicarlo al señor Edecán.
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , estoy en la línea argumental del Senador señor Núñez .
Yo agregaría, sí, que hoy en día cuesta mucho encontrar jóvenes que apoyen posiciones fundamentalistas y, sobre todo, traerlos a este recinto. ¡Entonces, es justo y legítimo que puedan entrar...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, participo de las opiniones expuestas por los colegas que me precedieron. No hay inconveniente alguno en que esas personas puedan entrar.
Siempre hemos defendido la libertad de las personas y el derecho a manifestarse. Me habría gustado mucho, sí, que algunos de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra hubieran mostrado la misma posición de defensa de la libertad en etapas donde a nadie se le permitía expresarse.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Quiero informar a la Sala que, pese a lo que el señor Presidente acaba de señalar, no existen en las puertas instrucciones para que se permita la entrada a las personas que lo están solicitando.
Pido formalmente al señor Presidente que cumpla los acuerdos que está adoptando la Sala.
Aquí han hablado todos los sectores, que están contestes en que el Senado tiene una facultad reglamentaria limitada y la posibilidad de ser escuchado.
Las personas que nos visitan no son fundamentalistas por el solo hecho de discrepar del Senador señor Ávila . Ellos tienen la misma libertad de que goza Su Señoría para hacer lo que hace.
¡Aquí todos nos debemos cierto grado de respeto!
En tal sentido, pido facilitar el ingreso de las personas que permanecen en las puertas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Hago mías las palabras del Senador señor Romero. No es necesario agregar más argumentos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Bien. El señor Edecán recibió instrucciones sobre el particular. De modo que él procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el Senador señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, sólo quiero reforzar la idea de que las personas tienen derecho a escuchar los debates y de que el ejercicio de tal derecho no se debiera restringir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Salvo en el caso de personas que ya están identificadas como responsables de desórdenes.
El señor ARANCIBIA.-
Entonces, señor Presidente , ¡tenemos que dejar afuera a la Gladys Marín...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Cada vez que lo haga, la echaré.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , fui uno de los Senadores que, informados de la situación, bajaron al recinto de ingreso. Y dije a quien cumplía instrucciones que, de acuerdo con lo que se me había informado, yo me hacía responsable por las personas que ingresaran. Ello, además, porque considero que la presencia de los jóvenes en las tribunas es un elemento que contribuye a su formación cívica. De modo que -y quiero manifestarlo claramente- espero su correcto comportamiento cívico. Y quiero que entiendan las razones: la restricción del ingreso a las tribunas es una cuestión esencialmente de procedimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por si acaso, la tribuna está totalmente llena. Ya no hay espacio para más personas.
El señor COLOMA.-
¿Pero llena de quiénes?
Perdóneme, señor Presidente . ¡Me parece una arbitrariedad lo que usted ha hecho!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¡No hay ninguna arbitrariedad!
El señor COLOMA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , el Reglamento funciona de buena fe para todos. A mí me consta que hay personas que trataron de entrar hace dos horas. Usted les dijo que no. Y otras, en su derecho, ingresaron con posterioridad. Pero al encontrarse llenas de ese modo las tribunas, Su Señoría está impidiendo el derecho de aquellas personas a entrar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¡Senador señor Coloma,...
El señor VIERA-GALLO .-
El Senador señor Coloma no ve las tribunas que quedan detrás de él. ¡Son las mismas personas! ¡Basta mirar!
El señor COLOMA.-
No son las mismas personas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
...le pido el debido respeto a la Presidencia!
El señor COLOMA.-
Ése es un sistema...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¡Le pido respeto a la Presidencia!
El señor COLOMA.-
¡Soy muy respetuoso, señor Presidente ! ¡Y en este momento yo estoy con el uso de la palabra!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra.
El señor COLOMA.-
Partamos por respetar a quien está haciendo uso de la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra.
El señor COLOMA.-
Digo que no es correcto el sistema de primero impedir la entrada a determinadas personas para luego decirles, porque lo pidieron algunos Senadores, que sí pueden hacerlo y que lamentablemente, por la circunstancia de encontrarse atestadas las tribunas, no pueden ingresar.
No me parece correcto ese proceder.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Yo quiero decirle lo siguiente al Senador...
El señor RUIZ (don José).-
¡Mande ampliar las tribunas, señor Presidente ...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido silencio.
Quiero decir lo siguiente al Senador señor Coloma, porque no es bueno que haga afirmaciones no ajustadas a la verdad.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¡Escúcheme! ¡Yo estoy hablando!
Hace dos horas, yo no fui consultado. Ello ocurrió sólo cuando venía ingresando a la Sala, a las 4:5 de la tarde.
Ante la consulta que me hizo el señor Edecán, le manifesté que, en mi concepto, no debían ingresar las personas identificadas como promotoras de los desórdenes ocurridos en la sesión de esta mañana.
Más tarde, tras una reiteración del Senador señor Romero -y luego se acercaron los Honorables señores Arancibia y Martínez -. di instrucciones al señor Edecán en el sentido de que, con la garantía de cualquier Senador, dejara ingresar a todas las personas que no hubieran participado en los incidentes de esta mañana.
Ésas fueron mis instrucciones. Y ellas se fundan en el Reglamento del Senado, que me obliga a velar por el orden en este recinto.
En este momento está en las tribunas la misma gente que asistió en la mañana.
El señor MORENO.-
Proceda no más, señor Presidente . No dé más explicaciones. ¡Está bien!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , esta mañana me correspondió, presidiendo la sesión, desalojar las tribunas, en atención a que el comportamiento de quienes se encontraban en ella fue indebido y contrario al Reglamento. Y actué conforme a lo que procede en esta Corporación.
Quiero ratificar lo dicho por Su Señoría en cuanto a que no existió ninguna orden emanada del Presidente del Senado para impedir el acceso a las tribunas hace dos horas.
Y quiero precisarlo, señor Presidente, porque es así.
Lo que ocurre, Honorables colegas, es que, advertidos de incidentes que podrían producirse a raíz del ingreso de personas que esta mañana fueron desalojadas, el señor Presidente , atinadamente, tomó la decisión de representar tal situación a los señores Senadores que manifestaron la intención de que otras personas pudieran acceder a las tribunas.
La reserva que hizo el señor Presidente fue respecto de las personas que en la mañana habían promovido incidentes, en el sentido de que parecía natural y lógico prohibir su acceso a las tribunas, en razón de que se fueron desalojadas a raíz de los disturbios que provocaron.
En ningún momento el señor Presidente obstaculizó el ingreso del público. Aún más, señaló a los Senadores que, si se hacían responsables de las delegaciones o de las personas conocidas que deseaban entrar -incluso, había gente de la Quinta Región-, no existía ningún problema para ello.
Quería hacer tal precisión, porque los hechos ocurrieron de esa forma.
Por otro lado, comparto plenamente las intervenciones de diversos señores Senadores en cuanto a que la Cámara Alta permita el acceso a las tribunas a todas las personas que deseen escuchar el debate, con la única limitación -naturalmente- del respeto que merece el Senado.
Y, por cierto, respaldo plenamente lo obrado por el señor Presidente en el sentido de impedir a las personas que causaron desórdenes y se encuentren debidamente identificadas -desconozco si es así- su acceso a las tribunas, a menos que de parte de ellas exista el compromiso de comportarse correctamente, como a mi juicio debería ser, por tratarse de jóvenes.
Hago esta aclaración sólo para ratificar lo obrado por el señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Agradezco al señor Vicepresidente . Y dejo constancia de que todas las personas que se hallan en estos momentos en las tribunas fueron identificadas mediante la exhibición de su carné de identidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , sin perjuicio de lo que se ha señalado, me consta -porque salí del Senado- que hace dos horas se impidió masivamente el ingreso de personas.
Quería dejar esa constancia y, además, pedir que se investigue quién emitió instrucción en tal sentido.
El señor NÚÑEZ.-
Dos horas atrás no estábamos sesionando, Honorable colega.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Jorge Martínez.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Discúlpeme: el Senador señor Jorge Arancibia.
El señor ÁVILA.-
¡Da lo mismo, señor Presidente ...!
El señor ARANCIBIA.-
Gracias, señor Presidente.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , la gente ya entró. ¿Por qué no empezamos?
Que se porten bien y prosigamos nuestro debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Somos igual de buenos con el Senador señor Martínez .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Me parece muy bien.
El señor ARANCIBIA.-
Por tanto, no me preocupa que me confunda con él.
Señor Presidente, quiero darle disculpas si asumí que usted dio la orden en comento, pues fui informado oficialmente de que así era.
Por lo tanto, le solicito investigar quién se atribuyó la facultad que usted no delegó y aplicar la sanción correspondiente.
El señor ÁVILA.-
¡Lo más sencillo es que todos los jóvenes que tengan aspecto nórdico entren sin problemas...!
El señor NÚÑEZ.-
¡Entonces, quienes no lo tengan deberían salir...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego guardar silencio.
El señor RUIZ (don José).-
Después de esta chacota, señor Presidente , ¡cómo les piden a los cabros portarse bien!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Agradezco al Honorable señor Arancibia su explicación.
V. ORDEN DEL DÍA
NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece una nueva Ley de Matrimonio Civil, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1759-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 34ª, en 10 de septiembre de 1997.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 11ª, en 9 de julio de 2003.
Discusión:
Sesiones 12ª, 16ª y 17ª en 15 y 30 de julio; 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 23ª, 24ª y 25ª, en 5, 6, 12 y 13 de agosto de 2003 (queda pendiente su discusión general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo a la lista de inscritos, sólo falta la intervención del señor Ministro de Justicia . Luego procederemos a la votación. Iniciada ésta, fundamentará su voto la Honorable señora Matthei, quien reservó su tiempo para tal efecto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor BATES ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , el objetivo que hoy nos convoca, el marco de este debate parlamentario, es la decisión que se debe adoptar sobre la idea de legislar, es decir, sobre la necesidad de reemplazar la actual Ley de Matrimonio Civil, que nos rige desde 1884. O sea, se trata de una ley de la República próxima a cumplir ¡120 años de existencia!
Las reflexiones y argumentaciones que siguen buscan explicar las razones que, en opinión del Gobierno, hacen necesario, indispensable, aprobar en general el proyecto que ocupa al Senado.
Sobre este particular, cabe recordar que, en el ámbito legislativo, el país ha sido testigo durante ya varios años de diversas iniciativas, de variado origen, orientadas a la aprobación de una nueva Ley de Matrimonio Civil que introduzca la disolución del vínculo matrimonial válidamente contraído. ¡Ninguna de las iniciativas conocidas ha sido hasta ahora exitosa en el sentido de transformarse en ley de la República!
En el ámbito teórico, cuya importancia radica -como es sabido- en que, junto con ilustrar los temas de interés social -según hemos podido escuchar durante estos días-, lo académico se adelanta a las acciones, además de la abundante literatura ya existente sobre el tema del divorcio y del matrimonio civil, quisiera sólo mencionar tres trabajos o hitos, por los aportes que pudieran significar a este debate.
Un primer hito es el libro "El Divorcio", publicado con motivo de un seminario que se realizó ¡hace 31 años! -tuvimos ocasión de participar en él- en torno de una iniciativa del recordado y reputado profesor de Derecho Civil don Fernado Fueyo Laneri , en el que se trató gran parte de los mismos temas de hoy, con la versada participación y el aporte de profesores y profesionales destacados, tales como don Hernán Larraín Ríos, don Sergio Fernández Fernández, don Claudio Illanes Ríos, don Gonzalo Figueroa Yáñez, don Ramón Domínguez Águila y otros. A este trabajo me referiré brevemente en un momento más.
Un segundo hito académico es un trabajo publicado recientemente por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, cuyo mérito radica, a nuestro juicio, en que hace una ordenada exposición de los argumentos que se esgrimen acerca de los temas más recurrentes del debate sobre el divorcio.
Algunos de esos temas:
-Las nulidades fraudulentas, calificadas por el profesor Fueyo de "comedia judicial", de la que son partícipes las partes interesadas, los abogados, los testigos, los jueces, los funcionarios públicos y los auxiliares de la Administración de Justicia, entre otros, con el consiguiente impacto negativo en la legitimidad y en la credibilidad de la función pública y el fomento del cinismo en la sociedad. Como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, me tocó conocer muy de cerca la realidad de las nulidades de matrimonio al interior de los tribunales.
-La voluntad general del país -de ella dan cuenta encuestas fidedignas- y sus alcances en el tema del divorcio.
-La deficiente legislación existente.
-La legislación comparada y las evidencias empíricas sobre los efectos del divorcio, tanto nacionales como internacionales.
-El tema de las nulidades de matrimonio en los tribunales de la Iglesia Católica.
-El posible efecto multiplicador del divorcio.
-El impacto del divorcio en los hijos y en la familia, etcétera.
Todas esas materias, de una u otra forma, han sido tratadas en el excelente debate de los señores Senadores que hemos tenido ocasión de escuchar en esta Sala, con admirable altura de miras y respeto recíproco por las opiniones diferentes.
Un tercer hito es la revista del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos del primer semestre de 2002, con con siete excelentes trabajos y documentos que ayudan a entender la complejidad del problema que nos convoca.
Lo anterior, Honorable Senado, unido al completo y destacado informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, me trae a la memoria un debate similar al del divorcio ventilado no hace mucho tiempo sobre la pena de muerte. Porque la dificultad de alcanzar acuerdos en uno y otro tema se debe a las muchas variables, caras, aspectos o componentes que ellos tienen, vale decir, a su carácter multifacético.
Hay variables, por ejemplo, de naturaleza histórica, socioculturales, económicas, ideológicas o políticas, psicológicas, jurídicas, espirituales o religiosas, todas las cuales conforman algo así como un polígono donde cada uno mira determinada cara o sólo algunas de ellas. Y por eso resulta imposible alcanzar una verdad universal.
Así las cosas, abolicionistas y no abolicionistas, en el caso de la pena de muerte; prodivorcistas y antidivorcistas, en el caso del divorcio, tienen sólo parte de la verdad. Por ello, no logran zanjar sus diferencias. Lo importante es, entonces -como decía un economista francés del siglo XVIII-, analizar estos problemas con una visión global, de conjunto, considerando todos los aspectos del polígono.
Ahora bien, sin perjuicio de las legítimas y respetables posiciones asumidas en torno a las variables mencionadas y que hemos tenido ocasión de escuchar en esta Sala, mirar el proyecto de ley específico que hoy nos convoca, con visión integral, de conjunto, y no centrado solamente en el divorcio, nos permite apreciar que, además de contener normas sustantivas que regulan materias muy particularizadas, hay otras disposiciones de carácter más general, programáticas, que no por tales carecen de fuerza, por ejemplo, para los jueces de la República como elementos de juicio importantes en el proceso de interpretación que hacen del ordenamiento jurídico, en los casos específicos de que conocen, que son siempre variables y disímiles.
Cabe aquí recordar que, conforme al artículo 22 del Código Civil, "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.".
Como contribución a este debate, me refiero a continuación a cinco columnas o pilares que sostienen esta iniciativa legal y que permiten darle un tratamiento equilibrado, que no empiece y termine en el divorcio, oscureciendo de este modo otros temas relevantes que contempla.
1.- Reconocimiento de la importancia del matrimonio y de la familia como eje de la sociedad.
Acorde con el artículo 1º de la Constitución Política, este reconocimiento debe comprender, en nuestra opinión, el carácter evolutivo del concepto de familia -expresión no definida ni en la Carta ni en la ley-, porque, nos guste o no, generalmente el hoy asumido por la ciudadanía no es el mismo que data de 1884 o que el proveniente de la época de don Andrés Bello . Tal vez sea conveniente recordar que el Diccionario de la Lengua Española , al definir "familia", destaca como un elemento de su esencia "el vivir juntos", tal como lo hace el artículo 102 del Código Civil en relación con el matrimonio.
Han evolucionado también -qué duda cabe- los reproches sociales al divorcio y a las separaciones, y se han desarrollado formas de convivencia que no se ajustan a los tradicionales patrones de organización troncal o nuclear de las familias.
A nuestro entender, y a diferencia de otras respetables opiniones que se han vertido en esta Sala, el proyecto de ley en estudio fortalece el matrimonio en la medida en que se abre su acceso a personas que hoy, debido a situaciones particulares, no pueden contraerlo. Además, busca insistentemente la recomposición de la "comunidad de vida matrimonial". En este sentido, nos parece que la iniciativa es pro matrimonio y pro familia.
2.- Insistencia reiterada en proteger el interés superior de los hijos.
Desde esta perspectiva, el proyecto es pro hijos.
A lo menos, ocho preceptos apuntan directa y explícitamente en esa dirección, y han de servir -repito- como importantes elementos de juicio para los jueces en la interpretación de la ley en los casos que deban conocer y decidir, de acuerdo con el citado artículo 22 del Código Civil.
3.- Obligación legal de prepararse o capacitarse para el matrimonio y, particularmente, en lo concerniente a los derechos y deberes recíprocos que involucra esa relación especial, sin perjuicio por cierto de los cursos y la preparación voluntaria que impartan en el futuro las organizaciones civiles o religiosas.
No obstante la irónica calificación que he visto en la prensa sobre el tema de los derechos y obligaciones, aludiendo al "consabido discursito sobre derechos y deberes conyugales que hace reír", creemos firmemente que, en el cabal cumplimiento de la ley en este sentido, en el reforzamiento de las actividades de preparación y de reflexión acerca de la institución del matrimonio antes de celebrarlo y en la ejecución de los deberes activos y cotidianos, hay una contribución educacional cierta en lo atinente a su fortalecimiento y estabilidad y, por consiguiente, a su indisolubilidad fáctica.
La explicación de que todo derecho tiene la correlativa obligación en el ámbito funcionario y en el de la sociedad civil me parece digna de enfatizar a propósito de las actividades de preparación para el matrimonio como, asimismo, durante su desarrollo.
El abogado Mahatma Gandhi, entre otros líderes espirituales, afirmaba: "Todos los derechos que vale la pena tener y preservar proceden de obligaciones perfectamente establecidas". Partiendo de esa declaración fundamental, decía: "Quizás sea bastante fácil definir los derechos del hombre y de la mujer relacionando cada derecho con un deber correspondiente".
Como abogado -y valga esto para el rol determinante que juega éste en la aplicación de las leyes a los conflictos matrimoniales y de familia-, Mahatma Gandhi señalaba que la misión de este tipo de profesional era unir a las partes más que imponer un ganador sobre un perdedor. En este sentido, fue un precursor de las modernas soluciones alternativas o resoluciones amigables de conflictos, a las cuales me referiré en un momento más.
A su vez, el Arzobispo de Panamá, padre Mc Grath , con quien compartimos varios foros internacionales, reiteraba la idea de enfatizar el nexo derecho-obligación con ejemplos: el derecho a la educación -afirmaba- conlleva la obligación de estudiar; el derecho al trabajo, la obligación de hacerlo con excelencia; el derecho al amor, la obligación de no escandalizar, y así sucesivamente.
En una época en que suelen destacarse más los derechos que las obligaciones, nos parecen particularmente importantes los artículos 11, 12 y 21 del proyecto, como forma de educar la estabilidad matrimonial, sus beneficios y ventajas.
4.- La conciliación y la mediación como útiles herramientas en la solución de los conflictos derivados de la "comunidad de vida" de los cónyuges, herramientas aplicables por igual a las distintas formas jurídicas que reviste la ruptura: la separación judicial, la nulidad y el divorcio.
Se trata de materias que se insertan en el tema más amplio de la solución alternativa de conflictos -negociación, arbitraje, mediación y conciliación- y que hoy cruzan las más diversas tipologías: conflictos laborales; civiles; penales (con la reforma procesal penal y los buenos resultados obtenidos en este ámbito); empresariales; en el área pública (por ejemplo, la ley chilena de concesiones de obras públicas); al interior de establecimientos educacionales, y, ciertamente, los familiares.
Las soluciones alternativas de conflictos conforman hoy, señor Presidente , una tendencia universal, debido no sólo a la insatisfacción ciudadana con la administración de justicia estatal, sino a sus innegables beneficios y ventajas, y a los variados y altos costos de la creciente cultura del litigio que hoy nos invade.
Al igual que las normas sobre preparación al matrimonio, las que se refieren a la mediación, una vez celebrado aquél y producido el conflicto, proporcionan otro amplio y fértil campo para el trabajo de las organizaciones comunitarias, sociales y religiosas que deseen contribuir, con el peso de sus respectivas fuerzas, a la estabilidad del matrimonio y a la recomposición de la comunidad de vida entre marido y mujer, según el tipo y gravedad del conflicto que les afecte.
El proyecto de ley contempla, asimismo, la institución -original para Chile- del tiempo de reflexión antes de la sentencia, para que las partes tengan la oportunidad de meditar más sobre la conveniencia de perseverar en sus pretensiones -meditación que incluso podría incluir una estimación sobre las posibilidades de éxito en la sentencia-, medida que se inscribe, por lo tanto, en los esfuerzos por buscar soluciones conciliadas o pacíficas de los conflictos matrimoniales, hasta donde ello sea posible.
5.- Adaptación a las diversas tipologías y gravedad de los conflictos que surgen al interior de la comunidad de vida matrimonial, conflictos que, dicho sea de paso, se insertan en ciclos y etapas diferentes de la vida matrimonial, con sus altos y bajos, dolores y alegrías, como es la vida, que para la conservación del vínculo requiere, además del afecto, educar una voluntad y una libertad sostenidas en el tiempo, expresadas en actitudes y comportamientos adecuados a esos diversos ciclos.
El proyecto de ley refleja acertadamente la variabilidad de los conflictos. En su artículo 3º, por ejemplo, usa los verbos rectores "amenazar", "dificultar" y "quebrantar" el vínculo matrimonial, situaciones todas ciertamente diferentes.
La normativa propuesta reacciona flexiblemente a la naturaleza y entidad de los conflictos a través de las instituciones de la "separación de hecho" y de la "separación judicial" en relación con las dificultades surgidas durante el matrimonio. Cabe recordar al Honorable Senado que la separación judicial no habilita para volver a contraer el vínculo y permite restablecer el estado civil de casado.
Lo que deseo subrayar, señor Presidente , es que frente a la variada gama de conflictos derivados del matrimonio, el proyecto ofrece, a su vez, una variada gama de respuestas legales o remedios posibles antes de la extrema solución del divorcio. Éste, en tanto, contempla tres modalidades que no obligan -remarco: no obligan- y dan cabida a la gran diversidad de situaciones que la vida plantea a las personas: divorcio por falta atribuida a uno de los cónyuges; por mutuo consentimiento, y por voluntad unilateral.
En cuanto a esta última -o sea, divorcio por voluntad unilateral-, debo agregar que puede haber motivaciones íntimas en la conciencia de las personas que éstas, legítimamente, no desean hacer públicas y que, de no aceptarse su inclusión, podrían motivar la invocación ficticia de causales de nulidad.
Es decir, hay alternativas de respuestas legales anteriores al divorcio y tres formas de abordar este último, según las circunstancias.
Estimamos que lo anterior reviste particular interés, porque me atrevería a afirmar que en este tipo de conflictos no hay dos casos iguales: cada uno es como una huella dactilar de la vida. Los jueces -lo digo con conocimiento de causa- adaptan las generalidades de la ley a la complejidad cambiante de las circunstancias y a la singularidad de las situaciones específicas, esto es, a las exigencias diversamente flexibles y complejas de la realidad.
La vida supera largamente en riqueza a la ley. Ésta no puede abarcar la gama infinita de situaciones que la vida ofrece. Es de la esencia de la ley -como lo saben sobradamente los señores Senadores presentes en la Sala- su generalidad.
Por ello, cabe destacar el rol de los abogados y de los jueces en la determinación de la entidad y encuadre legal del conflicto, y también cuán acertada resulta la iniciativa del Gobierno de impulsar la creación de los tribunales de familia, con jueces especializados y asesoría interdisciplinaria; los principios de oralidad, inmediación y conciliación en sus procedimientos, y la instauración del Centro de Mediación como contribución a la solución de los problemas de familia. Ello, en el marco del proyecto que crea los tribunales de familia a lo largo de todo el país a partir del 1º de julio de 2005.
El profesor Hernán Larraín Ríos expresaba -según cita contenida en la obra "El divorcio", mencionada con anterioridad- que "comenzar a enfocar la situación desde el ángulo de la institución del divorcio es empezar por el final". El autor se negaba a analizar el divorcio como un aspecto separado del ámbito global de las relaciones de familia, pues éstas tienen -afirmaba- una sucesión orgánica de situaciones que van desde el encuentro de la pareja hasta las diversas formas y grados de desavenencia conyugal, pasando por el noviazgo y los esponsales; la unión en matrimonio o simple convivencia, y el advenimiento de los hijos con su consiguiente filiación.
Hace 31 años, anticipándose a los tiempos, el citado profesor -a quien tuve una muy particular estima- propugnaba la conformación de consejeros matrimoniales, tribunales de familia "u otros mecanismos especiales idóneos para analizar la entidad de la perturbación y recomendar la solución más adecuada".
Compartimos plenamente estas apreciaciones, provenientes de un profesor de Derecho Civil, abogado de ejercicio profesional especializado en la materia y conocedor de la realidad de familias pertenecientes a dispares sectores sociales, porque durante años trabajó, junto con el Ministro que habla, en el Servicio de Asistencia judicial, hoy Corporación de Asistencia Judicial, entidad a la que, como todos sabemos, llegan personas de escasos recursos con agudos problemas familiares.
Señor Presidente , las cinco columnas o pilares que sostienen el proyecto de ley -el reconocimiento del matrimonio como base de la familia y la sociedad; la protección del interés superior de los hijos; la obligación de prepararse para el matrimonio; la conciliación y la mediación como formas de solución de los conflictos surgidos durante el mismo, y las soluciones alternativas del proyecto según tipos y gravedad de los conflictos- se orientan a fortalecer, en nuestra opinión, las condiciones para generar lugares o moradas a las que se pertenezca, donde las personas se reconozcan y sean ellas mismas, donde la libertad se entiende no como ausencia de vínculos (concepción hedonística ajena a la idea de esfuerzo, paciencia, afirmación del otro, afecto), sino como capacidad para crear vínculos y mantenerlos. Un lugar cuyo encuentro es parte de la felicidad, es decir, un bien. Este proyecto de ley -nos parece- fortalece la gestación de esos lugares denominados familia. Creemos haberlo demostrado y por eso pensamos que el proyecto debe ser aprobado, sin perjuicio de su ulterior mejoramiento en las etapas que siguen del debate parlamentario.
La permanencia del vínculo es un ideal que la iniciativa alienta, es decir, constituye una aspiración legítima hacia un modo de ser más perfecto. Pero la condición humana y la capacidad de las personas para sostener ese ideal es frágil. Éste es el dato de la realidad. Lamentables hechos de conocimiento público, con gravísimo daño social, ocurridos en Chile y en otros países, demuestran que esa fragilidad humana afecta tanto a civiles como a religiosos.
Las rupturas existen. Son lamentables, pero crecientes realidades, favorecidas por factores ajenos a las leyes, como el materialismo exacerbado, la cultura de la ambigüedad valórica, la pornografía, el debilitamiento de virtudes individuales y el tipo de educación que imparten los medios de comunicación masivos, entre otros. También pueden influirlas las políticas públicas que protegen y refuerzan la familia. Las relaciones conyugales se desmoronan a veces en grado extremo, y quienes sufren esas situaciones buscan un nuevo lugar donde recomponer vínculos familiares y nuevos hijos bajo dicho contexto.
Las rupturas matrimoniales son realidades anteriores al divorcio. Realidad es también -como lo he escuchado en esta Sala- que el 50 por ciento de los hijos en Chile nacen fuera del matrimonio, dato estremecedor que hay que reconocer. Porque el primer paso para abordar estos problemas es reconocerlos. El Cardenal señor Errázuriz lo ha dicho con claridad en su sabia Carta Pastoral sobre estabilidad e indisolubilidad del matrimonio (párrafos 64 y 65):
"Un primer paso será reconocer que quienes han sufrido las separaciones definitivas y han tomado la decisión de sellar una nueva unión esperan el respeto de la sociedad". Ese respeto -agrego yo- que la sociedad hasta hace muy pocas décadas negaba. Y continúa el señor Cardenal : "Los hermanos y las hermanas nuestras que han seguido este camino esperan el reconocimiento de su voluntad noble de dar estabilidad a los hijos en el hogar que han fundado [en el nuevo hogar que han fundado], de educarlos en la fe y de lograr que en su casa brillen el amor, la confianza, el apoyo mutuo y la alegría.".
Nos preguntamos, señor Presidente , ¿puede una ley de la República asegurar tan anhelados frutos? O, dicho de otro modo, ¿qué importan las leyes cuando se cultivan, se educan y se viven realmente esos valores o virtudes? Creemos que ninguna ley positiva puede asegurar experiencias semejantes. Y, por ello, no entendemos que una ley civil que acoja la disolubilidad del matrimonio para todos por igual se oponga a experiencias semejantes. La ley no puede sustituir a las personas. De aquí la importancia que atribuimos a la educación moral y religiosa, como lo hacen -y lo han hecho- importantes instituciones a lo largo de nuestra historia patria. Sobredimensionar la importancia de las leyes induce a incurrir en el error que denunciaba el poeta Thomas Eliot : "Vivimos soñando con sistemas tan perfectos como para que el hombre no necesite ser bueno, pero el hombre que es seguirá como una sombra al hombre que finge ser".
El Derecho sería innecesario si los hombres y las mujeres no fueran frágiles. ¿Cómo podría explicarse de otra forma el derecho de alimentos y la correlativa obligación de pagarlos sólo para evitar un embargo o un arresto?
El Parlamentario, elegido para adoptar decisiones vinculantes para toda la sociedad, y no para sí ni para los fieles de la religión que eventualmente profese, no puede desentenderse de la realidad, ni garantizar que seamos mejores o más buenos. Tampoco, que alcancemos un estado superior de perfección espiritual o la estabilidad y la felicidad de las familias, ni aun de aquellas constituidas al amparo del régimen de indisolubilidad, como lo muestra la experiencia chilena. Sí debe procurar, no obstante, satisfacer ciertas finalidades sociales indispensables y modestas, como son la paz, el orden, la seguridad y el valor más alto de la justicia.
Pienso que eso hace este proyecto: dar salida gradual a un problema social acuciante, con respeto a las personas, a su libertad de conciencia y a todas sus creencias religiosas.
El artículo 21 de la iniciativa, nos parece, es cabal prueba de ello, pues da acogida a la libertad de conciencia, establece un estatuto, y su efecto civil rige por igual para todos.
Cuando ello no ocurre, surgen las salidas francamente fraudulentas o, lo que puede ser peor, la simple resignación, es decir, vivir con el problema, como ocurre hoy en vastos sectores populares del país.
Este proyecto abre cauces sanos a las aguas que buscan salidas. Como la ley civil, dichos CAUCES son iguales para todos y no pueden satisfacer todas las posiciones filosóficas, ideológicas o religiosas.
La iniciativa permite la disolución del vínculo con la mayor justicia y el menor dolor posible.
Así, por ejemplo, compensa económicamente y asegura condiciones de vida dignas al primer cónyuge; establece derechos de alimentos y sucesorios para el nuevo cónyuge; fija plazos para la verificación del cese de la vida en común; favorece las condiciones para la recomposición de la vida en común, y ofrece vías razonables de solución a temas tan vitales como el cuidado de los hijos y la mantención de una relación directa y regular con ellos.
En este modesto escenario de las leyes positivas, corresponde a Sus Señorías un pronunciamiento sobre si debe o no reemplazarse la Ley de Matrimonio Civil de 1884, incluyendo el divorcio como extrema alternativa de solución a la variada gama de conflictos derivados de la relación conyugal, sin perjuicio del mejoramiento ulterior de la iniciativa en las etapas que siguen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en los últimos meses, me he reunido con diversos grupos que se oponen al divorcio, he escuchado con gran atención sus argumentos y he leído los documentos y estudios que me han facilitado.
En la decisión de mi voto pesaron básicamente dos aspectos, y lo hicieron en direcciones opuestas.
Por un lado, creo que es imposible que nuestra sociedad no dé un tratamiento legal a las consecuencias del rompimiento de un matrimonio, situación, por desgracia, cada vez más frecuente en Chile y en el resto del mundo. Ello requiere regular lo relativo al patrimonio, a las relaciones con los hijos y a la situación que se produce cuando se crea, por una o ambas partes, una nueva familia después de un fracaso matrimonial. Estimo impensable que el Congreso no aborde esa situación en forma seria.
Me parece, también, que una sociedad no puede apoyarse en un delito para dar una salida a los fracasos matrimoniales. Porque, en general, se hace referencia a nulidades fraudulentas, pero la verdad es que se trata de nulidades delictuales, pues mentir ante un tribunal constituye un delito.
El segundo tema que me ha preocupado -y que, como decía, ha ido en dirección opuesta al primero- es que una ley de divorcio mal desarrollada puede efectivamente estimular una conducta poco responsable hacia el matrimonio y acelerar o agravar la crisis de la familia, con sus nefastas consecuencias sobre los individuos y la sociedad. Puede, asimismo, sumir en la indefensión y la pobreza a la mujer y los hijos del primer matrimonio.
Votaré a favor del proyecto, porque estoy convencida de que es necesario dar un tratamiento legal a las consecuencias de un rompimiento matrimonial y de que utilizar indebidamente para ello al Poder Judicial es inaceptable. Sin embargo, estoy estudiando detalladamente las diversas disposiciones, puesto que algunas, de aprobarse, causarán un cambio indeseable en la forma en que los cónyuges enfrentarán su matrimonio.
Deseo señalar, desde ya, que la iniciativa contiene una posibilidad que juzgo tremendamente dañina para la familia: el divorcio unilateral, en los términos en que se halla planteado. Se ha expuesto que al legislar sobre el particular se ha tomado en cuenta la gran cantidad de casos en que un cónyuge es abandonado por el otro, del cual no tiene más noticias. Se ha expresado, con justa razón, que el cónyuge abandonado -generalmente, "la" cónyuge- no puede ejercer ni la acción por culpa ni la de común acuerdo, no puede regularizar su situación patrimonial ni puede resolver lo relativo a la patria potestad respecto de sus hijos. Y ello es verdad.
Sobre esa base, me parece correcto que pueda solicitar el divorcio unilateral el cónyuge abandonado, pero no el que abandona. Porque si este último es tan irresponsable y egoísta como para desaparecer sin dejar huellas, sólo para reaparecer cinco años después con el objeto de repudiar a su mujer y sus hijos, es obvio que durante ese período se preocupará también de ocultar sus bienes y evitar su responsabilidad económica, lo que es bastante fácil. Recordemos sólo el caso Inverlink para darnos cuenta de lo sencillo que resulta esconder dinero.
Y, una vez divorciada, la mujer que fue su cónyuge pierde los derechos de herencia, de alimentos y, peor aún, los previsionales, que a menudo constituyen finalmente los únicos ingresos de una persona.
En caso de ser aprobada la disposición de la manera como viene propuesta, bastará un par de años de aplicación para que la sociedad se dé cuenta de que el argumento de que la ley de divorcio velará por la situación económica de la parte más débil sólo fue una promesa vacía del legislador.
Lo anterior, a su vez, llevará a un cambio muy perjudicial en la manera en que las mujeres enfrentarán el matrimonio. En efecto, muchas de ellas optan hoy por ser sólo "dueñas de casa", como peyorativamente se las denomina, y hacen de la crianza, educación y esmerado cuidado de la familia su mayor preocupación. Como sociedad, tenemos mucho que agradecerles. Pero no veo qué mujer estará dispuesta a tomar ese camino de vida cuando se empiece a dar cuenta de que el matrimonio y también ella son unilateralmente desechables y de que no recibirá compensación alguna por su sacrificio, salvo la penuria económica. Porque, reitero, al cónyuge que quiera destinar sus bienes a la nueva mujer no le costará nada esconderlos, más aún si dispone de cinco años para hacerlo.
Me encuentro estudiando indicaciones respecto del divorcio unilateral, porque considero que las normas planteadas dejan en la indefensión al cónyuge más débil, que en 99 por ciento de los casos es la mujer. Al respecto, debo subrayar que una de las consultas más frecuentes que recibo como Senadora es cómo lograr que los padres alejados paguen efectivamente la pensión de alimentos.
En la segunda discusión deberemos cuidar de muchos otros detalles, como el de que no sea posible recurrir al divorcio de mutuo acuerdo mediante la mala utilización de un poder general otorgado al cónyuge en los tiempos buenos, lo que resulta hacedero con las actuales disposiciones. Debería requerirse un poder especial y con duración limitada.
Pero deseo referirme, para terminar, a dos temas que se han encontrado en el debate público. Hasta hace pocos días pensé en apoyar la proposición consistente en hacer válido ante la justicia civil el matrimonio religioso. Sin embargo, a estas alturas, no le veo ventaja alguna. Ignoro, realmente, por qué sectores de la Iglesia la han defendido. No contribuye en nada a fortalecer la familia y sí presenta muchas desventajas, entre las cuales debo mencionar la relativa facilidad con que se puede constituir un culto en Chile.
Por otra parte, sectores católicos han solicitado reiteradamente que se les permita casarse sin la opción de divorcio. Me parece que, si una pareja es observante, su promesa ante Dios en el sacramento del matrimonio es de un rango indudablemente superior a la de renunciar al divorcio que podría formular ante un oficial del Registro Civil . Si la primera no es capaz de prevenir el rompimiento, no creo que una ley pueda lograrlo. Por ello, no me cabe duda de que el verdadero peligro para la estabilidad de la familia se halla en el divorcio unilateral, en los términos en que viene presentado en la normativa en análisis.
Señor Presidente , comparto la mayoría de las disposiciones del texto que nos ocupa -he dejado constancia de las salvedades-, por lo que votaré a favor de la idea de legislar.
El señor LARRAÍN.-
Por la familia chilena, voto en contra.
El señor LAVANDERO.-
Por la familia chilena, voto a favor, para que se pueda constituir al formarse parejas.
El señor ROMERO.-
Voto a favor de la libertad y en contra del divorcio.
El señor ABURTO.-
Para que no se juegue con el matrimonio, voto en contra.
El señor ÁVILA.-
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No se puede fundar el voto, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No corresponde interrumpir la votación. Al término de ella daré la palabra a Su Señoría.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
El señor ABURTO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Aburto.
El señor ABURTO.-
Señor Presidente , debo hacer presente que tengo un pareo con el Honorable señor Zurita. Pero, como en este caso se trata de un proyecto de quórum especial, entiendo que el compromiso no rige. Por eso emití mi pronunciamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene razón el Senador señor Aburto. Porque como un artículo requiere quórum especial y no se separó la votación, el proyecto completo reviste ese carácter.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos contra 13).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Cantero, Cordero, Espina, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Lavandero, Matthei, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Chadwick, Fernández, Larraín, Martínez, Novoa, Orpis y Romero.
--(Aplausos en la Sala y manifestaciones en las tribunas).
El señor RUIZ (don José).-
¡Que respondan los Senadores garantes!
El señor SABAG.-
¡La ley debe ser pareja para todos! ¡Que respondan quienes se comprometieron! ¡Esto es una falta de respeto al Senado!
El señor RUIZ (don José).-
¡Que respondan ahora! ¡Que vayan a ordenar sus huestes! ¡Que intervengan los garantes! ¡Que vengan los que garantizaron!
Señor Presidente , ¿cómo es posible que al comenzar la sesión "haya prohibido la entrada a estos niños"...?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como Condorito, podría exigir una explicación.
En vista de las manifestaciones habidas, ojalá que los señores Senadores que dieron garantías en cuanto a que no se producirían lo hubieran hecho por escrito en la Mesa.
Señores Senadores, hemos tenido una jornada de reflexión seria: no la echemos a perder en el último momento.
¡Hago presente a la Diputada señora Saa que en el Senado no se producen manifestaciones en la Sala!
NUEVOS MÉTODOS PARA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MERCADO INTERNO Y MANEJO DE RIESGO FINANCIERO EN SECTOR PÚBLICO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la emisión de deuda pública a través de medios inmateriales y autorizar al Fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros, con urgencia calificada de "suma" e informado por la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3258-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 15 de julio de 2003.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 21ª, en 6 de agosto de 2003.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión de Hacienda deja constancia en su informe de que discutió sólo en general el proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
Los objetivos de la iniciativa son:
1) Flexibilizar las normas sobre emisión de deuda pública, posibilitando que éstas puedan efectuarse por medios distintos al de aquellos instrumentos documentales que la representan o evidencien.
2) Autorizar al Fisco y a otros servicios e instituciones del sector público, exceptuados los gobiernos regionales y municipales, para que gestionen los riesgos financieros de sus ingresos o gastos a través de la contratación de instrumentos de cobertura de riesgo financiero.
3) Aumentar de 18 a 36 meses el plazo de que dispone la Universidad de Chile para contratar uno o más empréstitos en el país o en el exterior, con el propósito de financiar la construcción de un parque científico y tecnológico.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley y Ominami, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. El texto se transcribe en el cuerpo del informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Antes de ofrecer la palabra al Presidente de la Comisión de Hacienda , quiero hacer presente a Sus Señorías que tanto ésta como las tres iniciativas siguientes del Orden del Día requieren para su aprobación quórum especiales. Por lo tanto, ruego a los señores Senadores permanecer en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , este proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda con algunas observaciones importantes respecto de lo que se espera que ocurra en la discusión en particular. De modo que haré una relación sucinta de su contenido, y después plantearé las dudas suscitadas durante su discusión.
Lo primero que hace la iniciativa es flexibilizar las normas sobre emisiones de deuda pública, permitiendo que ellas se realicen en forma "inmaterial", como se la denomina; es decir, por medios electrónicos. De modo que, de aprobarse, se terminará con el manejo, verificación y control de los títulos físicos emitidos, minimizándose los riesgos de manipulación, como ocurrió recientemente con los papeles de CORFO, manejados arbitrariamente por operadores financieros, en complicidad con un funcionario de dicho organismo. Además, se incorpora la idea de entregar información de todas las transacciones que se realicen en forma inmaterial, sin necesidad de los títulos físicos. Los datos sobre las transacciones se ponen en línea y, por lo tanto, estarán al alcance de los actores involucrados o del público en general.
El segundo punto -el más controvertido en el proyecto- se refiere a la autorización para que el Fisco gestione los riesgos financieros de sus ingresos o gastos mediante la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros. Me referiré a ello más adelante.
Un tercer aspecto dice relación a la subcontratación de las carteras de propiedad de instituciones públicas, para que sean manejadas por entidades especializadas del sector privado. De nuevo, esto es, en cierta medida, una respuesta a los problemas ocurridos con los papeles en la crisis CORFO-Inverlink, y al muy inadecuado manejo de la mesa de dinero por parte de la institución fiscal.
Por último, el proyecto -en una materia que no tiene mucho que ver con el tema principal- permite a la Universidad de Chile disponer de mayor plazo para contratar empréstitos, con el objeto de financiar la construcción de un parque científico-tecnológico.
Como señalé denantes, me referiré a las dudas que surgieron respecto de la autorización para que el Fisco pueda gestionar los riesgos financieros mediante la contratación de instrumentos de cobertura, entre los cuales figuran los contratos a plazo, a futuro, permutas financieras, contratos de canje (o "swaps"), y opciones.
La duda que se planteó -yo diría unánimemente- en la Comisión se refiere a si acaso es conveniente autorizar a las instituciones públicas en general -como se pedía inicialmente, o como está en el proyecto- para hacer estas operaciones llamadas "de derivados", u operaciones de futuro, en circunstancias de que aquéllas no han demostrado hasta ahora capacidad técnica, ni de gestión, ni de control adecuadas para realizar operaciones habituales y normales, como puede ser el manejo de una mesa de dinero.
Asimismo, se tuvieron presentes en el debate de la Comisión situaciones como las que se produjeron en una empresa pública como CODELCO cuando uno de sus funcionarios decidió operar en derivados, provocando un daño tremendo no sólo a dicha empresa, sino también al Estado.
La opinión unánime de los miembros de la Comisión, y ante el compromiso que tomó el Ejecutivo por medio del Ministro de Hacienda , fue que, si se autorizaba la posibilidad de operar con derivados y futuros, ella fuese muy restringida en el tiempo y en el monto. Lo primero, en el sentido de hacer un programa no mayor a un año, a fin de evaluar a los seis y a los doce meses, y ver cómo funciona, comprobando la pericia y la idoneidad técnica de las autoridades financieras respectivas en estas operaciones, que envuelven en sí un riesgo en la capacidad para hacerlas eficientes con un adecuado control.
En cuanto a lo segundo, se trata de poner una limitación en cuanto al monto de las operaciones que se realizarán en el período de un año, sugiriéndose la cifra de 2 mil millones de dólares como máximo.
En todo caso, ésta es una materia que analizaremos durante la discusión particular.
Tales fueron los condicionamientos que puso la Comisión para aprobar la iniciativa, los mismos cuyo cumplimiento se exigirá para la aprobación en particular.
Un tercer aspecto se refiere a que en la Comisión de Hacienda se estimó que no hay confianza en la capacidad de las instituciones públicas en general para actuar adecuadamente frente a este tipo de operaciones. Si ellas se efectúan mal, el primer riesgo es de las personas que pagan sus impuestos. Porque, como ocurrió en el caso CORFO-Inverlink, en la medida en que desaparecen 100 millones de dólares por una mala operación o por falta de control, esas platas son de todos los chilenos, y hay que recuperarlas por la vía de reducir gastos en otro lado o de aumentar tributos. Y no estamos dispuestos, como Senadores, a avalar situaciones que involucren ese grado de riesgo con los recursos de todos.
Por lo tanto, el condicionamiento consistió en no otorgar esta autorización a instituciones distintas del Ministerio de Hacienda, y que el agente que realice estas operaciones de futuro, con derivados o con cobertura de riesgos, sea el Secretario de Estado correspondiente. Si se trata de un servicio distinto de aquella Cartera, deberá hacerlo en conjunto con el Ministro respectivo, pero siempre que la responsabilidad final en este tipo de operaciones recaiga en el titular de Hacienda. Estimamos que él encabeza un equipo técnico capaz de realizarlas adecuadamente. Es uno de los temas que estamos conversando, el cual debiera plasmarse en una indicación que el Ejecutivo presentará oportunamente, y respecto de la que nos pronunciaremos en su momento.
Hechas estas salvedades, la opinión de la Comisión de Hacienda fue aprobar la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Se aprueba en general el proyecto, fijándose plazo para formular indicaciones hasta el 26 de agosto, a las 12.
CREACIÓN DE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En seguida, corresponde ocuparse del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2944-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1ª, en 21 de mayo de 2002.
En tercer trámite, sesión 55ª, en 20 de mayo de 2003.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 2ª, en 4 de junio de 2003.
Mixta, sesión 24ª, en 12 de agosto de 2003.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 22ª, en 20 de agosto de 2002.
Constitución y Economía, unidas (segundo), sesión 37ª, en 1º de abril de 2003.
Hacienda, sesión 37ª, en 1º de abril de 2003.
Economía (tercer trámite), sesión 2ª, en 4 de junio de 2003.
Discusión:
Sesiones 25ª, en 3 de septiembre de 2002 (se aprueba en general); 38ª, en 2 de abril de 2003 (se aplaza su votación); 40ª, en 15 de abril de 2003 (se aprueba en particular); 2ª, en 4 de junio de 2003 (se aprueba informe de Comisión de Economía y pasa a Comisión Mixta).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La controversia entre ambas Cámaras se originó en el rechazo por el Senado, en el tercer trámite constitucional, de una serie de modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados al Artículo Primero del proyecto.
El informe de la Comisión Mixta, luego de describir cada una de las divergencias, formula la proposición destinada a resolverlas.
Cabe indicar que el acuerdo de la Comisión Mixta sólo en dos puntos no obtuvo la unanimidad de sus miembros presentes. El resto fue ratificado por consenso.
El primero de ellos se refiere a la letra c) del número 3) del Artículo Primero, que contempla como actos que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia las prácticas predatorias o de competencia desleal realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.
El segundo punto dice relación al número 3) del artículo 17 C, que confiere al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la atribución de dictar instrucciones de carácter general, las que deberán considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella.
La primera proposición contó con el voto en contra del Honorable señor García, y la segunda, con el voto en contra de la Diputada señora Guzmán.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado, dividido en seis columnas. La primera contempla el texto legal que se modifica por el proyecto en discusión; la segunda, el texto aprobado por el Senado; la tercera, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y aprobadas por el Senado; la cuarta, las modificaciones de la Cámara de Diputados rechazadas por el Senado; la quinta, la proposición de la Comisión Mixta, y la última, el texto que se propone aprobar.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Termino de inmediato, señor Senador.
Cabe destacar que los artículos 7º, 8º, 13, 14, 17 C, 17 K, 17 L y 18 del decreto ley Nº 211, de 1973, contenidos en el número 6) del Artículo Primero del proyecto en discusión, son normas de carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito la autorización del Senado para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Economía, señor Álvaro Díaz.
--Se accede.
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El señor RÍOS.-
Señor Presidente , ¿me permite formular una moción de orden?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , no he participado en el debate del proyecto. No lo conozco. Veo que en la Sala no hay el número de señores Senadores suficiente incluso para poder discutir el tema. Tengo la sensación de que, después del debate de la nueva Ley de Matrimonio Civil, existe disposición para analizar en una próxima oportunidad las otras materias que figuran en tabla.
En concreto, señor Presidente , le pido que solicite el asentimiento de la Sala para poner término a esta sesión y discutir esta iniciativa, si no tiene urgencia, más adelante.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El proyecto tiene nada menos que urgencia calificada de "suma". Después pediré el asentimiento del Senado para aplazar la votación.
En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Como Presidente de la Comisión de Economía y de la Comisión Mixta, quiero informar sobre los acuerdos adoptados por esta última, los que, tal como lo informó el señor Secretario , fueron prácticamente unánimes.
Deseo destacar también que en todos los puntos más importantes los acuerdos se lograron después de haberse negociado con el Ejecutivo y de aunar criterios entre la Comisión y los representantes del Gobierno.
Brevemente, debo señalar que las discrepancias fueron resueltas de la siguiente manera.
Respecto del artículo 3º, que enumera algunos de los casos o hechos que a título ejemplar se señalan como contrarios a la libre competencia, se reincorpora el requisito de que los acuerdos de precios, producción o cuotas de mercado sean considerados contrarios a la libre competencia cuando esos actos se efectúen abusando del poder que dichos acuerdos o prácticas les confieran.
Asimismo, se incorpora como infracción a la libre competencia la competencia desleal cuando se hace con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.
En cuanto al artículo 7º, se rechazó una proposición de la Cámara de Diputados que confería a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el carácter de magistrados de los tribunales superiores de justicia, básicamente por dos razones. En primer lugar, por tratarse de un tribunal de primera instancia, la Corte Suprema observó que no podía ser considerado órgano jurisdiccional superior de justicia. De hecho, es un tribunal colegiado, pero de primera instancia.
En segundo término, se estimó -al respecto, se acogió una inquietud planteada por algunos señores Senadores y por el propio Poder Ejecutivo - que al dar esa categoría a dicho Tribunal, que es de primera instancia, iba a quedar sujeto al juicio político, lo cual no era conveniente. Pero sí queda subordinado a la superintendencia correccional de la Corte Suprema, a la que le es posible remover a los miembros por la misma causal que puede ser juzgado políticamente un magistrado, es decir, por notable abandono de sus deberes.
Por otra parte, se acordó que los concursos previstos para el nombramiento de los miembros del Tribunal deberán fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas respectivamente por un auto acordado de la Corte Suprema y un acuerdo del Consejo del Banco Central de Chile.
Del mismo modo, se determinó la incompatibilidad del cargo de integrante del Tribunal con el de administrador, gerente o trabajador permanente de sociedades anónimas abiertas, sus filiales coligadas o empresas relacionadas.
Asimismo, se fijó el límite máximo de las remuneraciones de los suplentes del Tribunal y se concordaron normas respecto de las remuneración de los titulares.
También se establecieron disposiciones respecto de la aplicación de causales de implicancia y recusación de los miembros del Tribunal. Y, dentro de las facultades de éste, se incluyó la de conocer de los asuntos no contenciosos sobre actos o contratos existentes o que se pretendan celebrar y que puedan ir contra la ley, y la de dictar instrucciones generales a las cuales deben sujetarse los particulares en la celebración de sus actos y contratos.
Sobre este punto, cabe señalar que la facultad para conocer asuntos no contenciosos es equivalente a la que aprobó el Senado para que el Tribunal pudiera absolver consultas. Al respecto, hubo un largo debate en la Sala y la Comisión Mixta zanjó las diferencias que existían asimilando la facultad de absolver consultas a la facultad para conocer asuntos no contenciosos.
Asimismo, se mantuvo la norma aprobada por la Cámara Alta en cuanto a la facultad de dictar instrucciones generales de acuerdo con la ley. Esa disposición contó con el voto en contra de la Diputada señora Guzmán , quien hizo reserva de constitucionalidad, por estimar que ésta podría ser inconstitucional, al permitir que un Tribunal dictara instrucciones de tipo general, las cuales, a su juicio, quedan reservadas a la ley.
Sobre el particular, debo señalar que, por tratarse de un proyecto de quórum de ley orgánica constitucional, de todas maneras debe ir a control de constitucionalidad. Por lo tanto, la Comisión fue partidaria de esperar la resolución del Tribunal Constitucional acerca de la materia. Si éste estima que la norma es inconstitucional, tendremos que ver cómo corregimos el problema. En caso contrario, si la considera constitucional, aquélla estimó conveniente dejar esa facultad en poder del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Por otro lado, la Comisión Mixta repuso la disposición aprobada por el Senado mediante la cual se establece que el procedimiento será escrito, público e impulsado de oficio por el Tribunal.
También se incorporan normas relativas al plazo de prescripción de las acciones y de las sanciones. Y, en vez del recurso de apelación aprobado por el Senado y el recurso de nulidad acogido por la Cámara de Diputados, se establece que contra las resoluciones del Tribunal cabe el recurso de reclamación ante la Corte Suprema, que actualmente se contempla contra las resoluciones de la Comisión Resolutiva y que ha operado en forma normal.
Asimismo, se restablece el precepto que señala que el límite máximo de las multas será de 20 mil Unidades Tributarias Anuales, es decir, aproximadamente 7 mil ó 8 mil millones de pesos. También se repuso la norma que dispone que para reclamar de la multa se debe consignar una cantidad equivalente al 10 por ciento de ella.
Y se estableció un procedimiento para que el tribunal pudiera absolver consultas; vale decir, conocer asuntos no contenciosos o impartir las instrucciones de carácter general.
Quiero terminar este informe señalando que la opinión de la Comisión no sólo está reflejada por la unanimidad que se obtuvo en la discusión de todos los puntos en que había controversia, sino también en su estimación de que las soluciones alcanzadas mejoran en forma sustancial el proyecto. Debemos recordar que éste, tras ser despachado por unanimidad en el Senado, fue objeto de modificaciones en la Cámara de Diputados, algunas de las cuales fueron aceptadas y otras rechazadas, pero el hecho de que haya habido divergencia fue aprovechado para perfeccionar ciertas disposiciones de la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Propongo a la Sala dar por cerrado el debate y aplazar la votación para la próxima sesión...
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , ¿podría hacer una consulta?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay inconveniente, señor Senador, sin perjuicio que después de ella daríamos por terminada la sesión.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , en estos días hemos conocido a través de la prensa una situación sumamente preocupante relativa a los temas que aborda el proyecto en análisis.
El grupo encabezado por el señor Paulmann , que domina en un 20 por ciento el rubro de los supermercados, ha impuesto a los proveedores, con el fin de financiar la adquisición de otra cadena de éstos, un gravamen insólito de cinco por ciento sobre sus ventas. Ha habido protestas de parte de las personas afectadas, instituciones, empresas, entre las cuales hay muchas pymes y también grandes corporaciones.
La pregunta que quiero formular es si tal situación está considerada en la iniciativa en debate y, si es así, de qué modo se trataría ese problema, en caso de estar vigente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , en este proyecto el bien jurídico protegido es la libre competencia, o sea, la facultad que tienen todas las personas para desarrollar actividades económicas y concurrir a los mercados en igualdad de oportunidades. La normativa señala de manera muy genérica que será sancionado "El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos".
La ley en proyecto es amplia en cuanto a establecer la conducta atentatoria, y entrega al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la facultad para analizarlas, caso a caso, y fijar en un marco no rígido sanciones que, de acuerdo con la gravedad de la falta, la capacidad económica del infractor, pueden llegar hasta multas muy significativas equivalentes a 10 millones de dólares. Asimismo, cuenta con atribuciones que obligan a los infractores a rectificar los actos o hechos que se hayan cometido.
Por informaciones de prensa he tenido conocimiento de que los proveedores lograron que quien les estaba imponiendo o pretendiendo imponer tales condiciones retirara esa exigencia, precisamente amenazándolo con recurrir a la Comisión Resolutiva o a la Comisión Preventiva para impedir que se produjera el atentado.
Por lo tanto, entiendo que dicha conducta cabría y podría ser sancionada conforme a las disposiciones de esta iniciativa, porque, obviamente, aparecería como un acto tendiente a adquirir una posición dominante y ejercer una presión o control indebido.
Uno de los puntos que se señaló y que se pone como ejemplo para graficar tales procedimientos está contenido en la letra c) del artículo 3º del proyecto, que dice que se consideran atentatorias a la libre competencia "Las prácticas predatorias o de competencia desleal" -esto lo agregó la Cámara de Diputados- "realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante".
Podría estimarse que la medida en cuestión configura una práctica predatoria, porque se está, de alguna forma, presionando a proveedores para que bajen sus precios o, por lo menos, podría considerársela como competencia desleal con relación a sus otros competidores, hecha con el objeto de "alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante".
En mi opinión, si bien es cierto el bien jurídico no es proteger a los proveedores en la ley en proyecto, sino la libre competencia, dada la naturaleza de los sucesos informados por la prensa y considerando además que la amenaza de recurrir a la Comisión Preventiva sirvió de disuasivo para que tal conducta fuera rectificada, creo que esta iniciativa estaría cubriendo bien la generalidad de los casos que normalmente podrían estimarse como atentatorios de la libre competencia.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor NOVOA.-
Sí, señora Senadora, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , por lo general, se habla de conductas monopólicas cuando una sola industria es la que vende al consumidor, y de oligopólicas si son varias las empresas que se pueden poner de acuerdo. Pero la verdad es que la libre competencia también contempla el caso del monopsonio, si existe un único comprador, o del oligopsonio, cuando hay pocos compradores. Y son conductas que, al igual que el monopolio, afecta a la libre competencia.
Esta iniciativa protege tanto a los consumidores finales respecto de un único vendedor como asimismo a los proveedores, si se trata de un comprador o de unos pocos.
Por lo tanto, en lo referente a la consulta del Senador señor Ávila, mi respuesta sería que efectivamente tal caso puede considerarse absolutamente contemplado en este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se dará por terminada la discusión del proyecto y aplazada su votación para la sesión que celebraremos el martes de la semana subsiguiente.
Acordado.
Advierto a los señores Senadores que ese mismo día se ha citado a sesión, de 12: 30 a 14, y el primer proyecto que trataremos, de acuerdo con lo resuelto por los Comités, es el relativo a los Tribunales de Familia.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:14.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción