Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jovino Novoa Vasquez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
FIJACIÓN DE ASIGNACIONES DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS, Y DE NORMAS PARA TRANSPARENCIA DE GASTOS RESERVADOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Cantero Ojeda
- Jaime Naranjo Ortiz
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Enrique Silva Cimma
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
-
EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- ANTECEDENTE
-
ESTABLECIMIENTO DE REGISTROS DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- DEBATE
-
FIJACIÓN DE ASIGNACIONES DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS, Y DE NORMAS PARA TRANSPARENCIA DE GASTOS RESERVADOS
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
-
FIJACIÓN DE ASIGNACIONES DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS, Y DE NORMAS PARA TRANSPARENCIA DE GASTOS RESERVADOS
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Enrique Rios Santander
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Enrique Rios Santander
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Enrique Rios Santander
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Enrique Rios Santander
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Enrique Rios Santander
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Enrique Rios Santander
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICION DE INFORMACIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO
- Mario Enrique Rios Santander
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICION DE INFORMACIÓN : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
-
REFLEXIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS ATINENTES A REFORMA DEL ESTADO
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
-
REFLEXIONES DE GENERAL EMILIO CHEYRE SOBRE EL EJÉRCITO DE AYER, DE HOY Y DEL FUTURO
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DESIGUALDADES EN COMPETITIVIDAD REGIONAL: PROPUESTAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Correa
- ADHESION
- Jose Garcia Ruminot
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Antonio Coloma Correa
-
DEUDA DE MUNICIPIOS CON DOCENTES POR ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Garcia Ruminot
-
CONCLUSIONES DE SEMINARIO SOBRE BOSQUE NATIVO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
URGENCIA PARA PROYECTO SOBRE FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 26ª, en martes 21 de enero de 2003
Ordinaria
(De 16:20 a 20:14)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...........................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités...........................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, relativo a remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, y sobre gastos reservados (3171-05) (se aprueba en general y particular)............................................................
Proyecto de ley, en tercer trámite, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada (370-07) (se aprueba)................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos (3176-05) (se aprueba en general y particular)
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)......................................................
Reflexiones sobre iniciativas legislativas atinentes a reforma del Estado (observaciones del señor Silva).................................................................................
Reflexiones de General Emilio Cheyre sobre el Ejército de ayer, de hoy y del futuro (observaciones del señor Naranjo)..............................................................................
Desigualdades en competitividad regional: propuestas. Oficios (observaciones del señor Coloma).............................................................................................................
Deuda de municipios con docentes por asignación de perfeccionamiento. Oficios (observaciones del señor García)................................................................................
Conclusiones de seminario sobre bosque nativo. Oficios (observaciones del señor Horvath)......................................................................................................................
Urgencia para proyecto sobre financiamiento de estudios en educación superior. Oficios (observaciones del señor Horvath).................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior; de Hacienda ; Secretario General de la Presidencia y de Educación y el señor Director de Presupuestos .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Las actas de las sesiones 24ª y 25ª, ordinarias, en 14 y 15 de enero del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El relativo a remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, y sobre gastos reservados (boletín Nº 3.171-05);
2.- El que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos (boletín Nº 3.176-05), y
3.- El que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, creando una subvención educacional en pro de la retención de alumnos, y establece otras normas relativas a las remuneraciones de los profesionales de la educación (boletín Nº 3.190-04).
Con los cuatro siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos:
1.- El que establece el Régimen de Garantías en Salud (boletín Nº 2.947-11);
2.- El que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media (boletín Nº 3.039-07);
3.- El de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (boletín Nº 2.429-05), y
4.- El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero (boletín Nº 2.970-03).
Con el último retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto del proyecto que modifica la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa (boletín Nº 3.115-14)
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, creando una subvención educacional en pro de la retención de alumnos, y establece otras normas relativas a las remuneraciones de los profesionales de la educación, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 3.190-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que establece el Régimen de Garantías en Salud, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 2.947-11).
--Pasa a la Comisión de Salud, y a la de Hacienda, en su caso.
Con los dos siguientes comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado a los siguientes proyectos:
1.- El relativo a la educación parvularia y a la instalación de jardines infantiles (boletín Nº 2.404-04), y
2.- El que modifica el plazo y el procedimiento para adecuar estatutos de organizaciones deportivas, establecidos en la ley Nº 19.712, del Deporte (boletín Nº 3.076-04).
--Se toma conocimiento y se manda a archivar los documentos junto a sus antecedentes.
De la señora Ministra de Defensa Nacional , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la situación que enfrentan los pescadores artesanales de la Región de Aisén.
Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al transporte de camiones con combustibles en barcazas que operan en el Lago General Carrera, Undécima Región, y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a las normas que regulan la instalación de antenas de la telefonía móvil celular.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, referido a una solicitud de taxistas de la comuna de Tocopilla.
Del señor Ministro de Minería , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo a la situación tributaria y crediticia de algunas empresas mineras privadas.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, sobre la situación tributaria de empresas mineras privadas.
Del señor Tesorero General de la República , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, relacionado con un acuerdo de intercambio de información entre ese Servicio y la empresa DICOM S.A.
Del señor Subsecretario del Interior , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido al proyecto "Aporte para electrificación rural sector Peu Peu de la comuna de Lautaro", Novena Región.
Del señor Subsecretario de Previsión Social subrogante, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con las prestaciones de Salud otorgadas a personas de la tercera edad.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, sobre diversas inquietudes relacionadas con el servicio telefónico de llamada en espera.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, sobre la situación tributaria y crediticia de algunas empresas mineras privadas.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Ríos, en tercer trámite constitucional, que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos de predios urbanos (boletín Nº 2.625-07).
Nuevo segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN (boletín Nº 2.851-07).
Dos nuevos informes de la Comisión de Hacienda, recaídos en los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que se indican:
1.- El relativo a remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, y sobre gastos reservados, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 3.171-05), y
2.- El que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín Nº 3.176-05).
--Quedan para tabla.
Permiso constitucional
El Senador señor Novoa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Fundamental, solicita autorización para ausentarse del país a contar del 1º de febrero del año en curso.
--Se accede a lo solicitado.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
En estos momentos ha llegado a la Mesa un oficio de la Cámara de Diputados mediante el cual comunica que ha dado su aprobación al proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 19.665, sobre nombramiento de jueces de garantía y jueces de tribunal de juicio oral en lo penal, en los mismos términos en que lo hizo el Senado.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto aprobado por el Congreso Nacional a Su Excelencia el Presidente de la República.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para referirse a los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron unánimemente los acuerdos que daré a conocer a continuación:
1.- Fijar las siguientes fechas para las semanas regionales del período comprendido entre marzo de 2003 y enero del 2004: marzo, lunes 24 a viernes 28; abril, lunes 21 a viernes 25; mayo, lunes 19 a viernes 30; junio, lunes 23 a viernes 27; julio, lunes 21 a viernes 25; agosto, lunes 18 a viernes 22; septiembre, lunes 15 a viernes 26; octubre, lunes 20 a viernes 24; noviembre, lunes 24 a viernes 28; diciembre, lunes 22 a viernes 2 de enero de 2004; enero de 2004, lunes 26 a viernes 30.
2.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre creación del Consejo Nacional de la Cultura y Fondo Nacional de Desarrollo Cultural hasta el 3 de marzo próximo, a las 12. Las indicaciones deberán presentarse en la Secretaría de la Comisión.
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El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , deseo que se recabe la anuencia de los señores Senadores para que las Comisiones de Educación y de Hacienda sesionen hoy paralelamente con la Sala a partir de las 18 a fin de abocarse al estudio del proyecto, con urgencia calificada de "discusión inmediata", que crea una subvención educacional en pro de la retención de alumnos y establece otras normas relativas a las remuneraciones de los profesionales de la educación, y tratarlo mañana en la Sala.
Es una iniciativa que consta de cuatro artículos muy sencillos.
--Así se acuerda.
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El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Director de Presupuestos, señor Mario Marcel.
--Se accede.
V. ORDEN DEL DÍA
FIJACIÓN DE ASIGNACIONES DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS, Y DE NORMAS PARA TRANSPARENCIA DE GASTOS RESERVADOS
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, y sobre gastos reservados, con nuevo primer informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3171-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 24ª, en 14 de enero de 2003.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 25ª, en 15 de enero de 2003.
Hacienda (nuevo), sesión 26ª, en 21 de enero de 2002.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:
1.- Establecer una Asignación de Dirección Superior, a contar del 1º de enero del año en curso, que podrán percibir el Presidente de la República , los Ministros de Estado , Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de los servicios públicos.
2.- Crear una Asignación por Desempeño de Funciones Críticas de carácter transitorio, que se otorgará durante el año 2003, y
3.- Fijar criterios de transparencia en los gastos reservados.
El proyecto tiene un primer informe de la Comisión de Hacienda del que se dio cuenta en sesión de 15 de enero del año en curso, oportunidad en que la Sala acordó remitirlo a la Comisión de Hacienda para un nuevo primer informe. Dicha Comisión aprobó la iniciativa en general por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García, Ominami y Sabag).
En lo que respecta a la discusión en particular, la Comisión aprobó por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Ominami) los artículos 2º, 3º y 8º permanentes y los artículos 1º, 4º y 5º transitorios, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
En cuanto a los artículos 1º, 4º, 5º, 6º y 7º permanentes y los artículos 2º, 3º, 6º y 7º transitorios, la Comisión de Hacienda les introdujo diversas enmiendas, todas acordadas por la misma unanimidad a que se ha hecho referencia, que se hallan consignadas en el informe.
Cabe señalar que los incisos primero, cuarto y quinto del artículo 1º, los artículos 3º y 4º y el inciso décimo del artículo 2º transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, y requieren para su aprobación el voto conforme de 26 señores Senadores.
Asimismo, corresponde indicar que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento, la iniciativa debe ser discutida en general y en particular a la vez por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
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El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite una consulta, señor Presidente , para referirme a una materia que no tiene nada que ver con el proyecto?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , respecto de la iniciativa que crea una subvención educacional en pro de la retención de los niños de sectores más modestos, que tiene "discusión inmediata", solicité a la Mesa recabar la anuencia de la Sala para que las Comisiones de Educación y de Hacienda pudieran sesionar conjuntamente. Y, según la información que poseo, la Mesa entendió que ellas van a funcionar en forma separada.
--Se autoriza a las Comisiones de Educación y de Hacienda para sesionar en forma conjunta.
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El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, informaré el proyecto relativo a remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, y sobre gastos reservados.
En primer lugar, la iniciativa establece una Asignación de Dirección Superior, que tendrá el carácter de renta para todo efecto legal y será imponible y tributable, la cual percibirán el Presidente de la República , los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes y los Jefes Superiores de servicios públicos.
Esta asignación se expresa en porcentajes de las remuneraciones brutas de carácter permanente, los que serán de 150 por ciento, en el caso del Presidente de la República ; de 135 por ciento, en el de los Ministros de Estado; de 120 por ciento, en el de los Subsecretarios e Intendentes, y de hasta -aquí es algo distinto- 100 por ciento de sus remuneraciones respecto de los Jefes Superiores de Servicios. Subrayo el término "hasta", porque podría ser desde 0 por ciento hasta 100 por ciento.
En segundo lugar, el proyecto establece -sólo para el año 2003- una Asignación por el Desempeño de Funciones Críticas, que tendrá el carácter de renta para todo efecto legal y que beneficiará a los funcionarios de planta y a contrata, pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos, profesionales y fiscalizadores de los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley Nº 18.575, que desempeñen funciones calificadas como tales.
Se considerarán funciones críticas las que sean relevantes o estratégicas para la gestión de un ministerio o institución que corresponda, por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que éstos deben proporcionar.
El monto de la asignación no podrá exceder del 100 por ciento de la suma de las remuneraciones brutas de carácter permanente que corresponda percibir al funcionario según el régimen de remuneraciones de que se trata. En todo caso -y esto es importante destacarlo-, la concesión de esta asignación, sumadas las remuneraciones brutas de carácter permanente, no podrá significar una cantidad promedio superior a los 4 millones 365 mil pesos mensuales.
El número de funciones consideradas como críticas para el conjunto de los órganos y servicios no podrá exceder de la cantidad equivalente al 3 por ciento de la suma de las dotaciones máximas autorizadas para ellos por la Ley de Presupuestos correspondiente al año 2003. El 3 por ciento del total de las dotaciones es el máximo.
Las funciones calificadas como críticas, cuando se perciba esta asignación, deberán ejercerse con dedicación exclusiva y estarán afectas a las normas sobre incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades dispuestas en el artículo 1º.
En tercer lugar, la iniciativa en estudio establece una serie de normas de transparencia presupuestaria en relación con los gastos reservados. De tal manera que éstos queden acotados a las funciones inherentes al Presidente de la República y a fines de seguridad interna y externa de la nación, así como al orden público y a las instituciones con responsabilidades específicas en dichas áreas.
Las entidades y Ministerios que contarán con gastos reservados serán los siguientes: Presidencia de la República , Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Fronteras y Límites del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra , Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y, por último, Dirección de Seguridad Pública e Informaciones. Éstas son las únicas Secretarías de Estado o entidades que mantendrán la autorización de contar con gastos reservados.
Debo señalar, señor Presidente , que se desarrolló una larga discusión, en la que, en mi opinión, es importante resaltar la valiosa contribución del Senador señor Silva en orden a resolver algunos problemas de constitucionalidad relativos a la forma de rendición de estos gastos.
Finalmente, se concluyó que sobre los gastos reservados se rendirá cuenta anual, en forma genérica, secreta y personal, a la Contraloría a través del Contralor General de la República, considerando una desagregación por rubros que sea ilustrativa acerca del contenido fundamental de dichos gastos. Y se estableció que el Contralor General podrá expresar al Presidente de la República -también de manera secreta- su opinión acerca del destino otorgado a esos gastos, en una audiencia que se conceda específicamente para este efecto.
El monto de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos del sector público.
Además, en las leyes anuales de presupuestos del sector público no podrán fijarse otros gastos reservados que los indicados en sus glosas, aunque podrá aumentarse la suma de éstos -con exclusión de los que correspondan a la Presidencia de la República - hasta en 30 por ciento.
En materia de vigencia, lo dispuesto en el artículo 1º regirá a contar del 1º de enero de 2003.
Asimismo, sin perjuicio de las facultades y atribuciones propias de la Cámara de Diputados y del Senado, el proyecto establece que, como resultado de la aplicación de la ley en proyecto, la suma de la dieta, las asignaciones, los gastos de representación y demás emolumentos distintos de aquélla no podrá exceder, en los montos líquidos, de lo que se estuviere percibiendo a la fecha de publicación de ese cuerpo legal.
Además, a contar del 1º de enero de 2003 se suprimirán las glosas que contienen gastos reservados en los presupuestos de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno, correspondiendo al Ministerio de Hacienda reasignar los recursos para aportar a la asignación de dirección superior.
Por último, en cuanto al financiamiento de la iniciativa, la Dirección de Presupuestos señala en su informe que el monto de la asignación de dirección superior, a contar del 1º de enero de 2003, irrogará un gasto fiscal estimado, en este mismo año, de 4 mil 39 millones de pesos. Esta suma se financiará con una disminución de 2 mil 500 millones de pesos correspondientes a gastos reservados, y el resto, con reasignaciones de otros gastos.
Igualmente, el gasto que representa la aplicación del artículo 1º respecto del Congreso Nacional será financiado con cargo a los subtítulos 21 y 22 del Presupuesto vigente de ambas Corporaciones.
También, en el artículo 2º transitorio se establece, para el año 2003, una asignación por desempeño de funciones críticas que se financiará con reasignaciones entre los subtítulos de los respectivos presupuestos institucionales. Por lo tanto, ello no implica un mayor gasto por sobre el consultado en la Ley de Presupuestos vigente.
Finalmente, el artículo 4º transitorio prevé que el mayor gasto fiscal que demande durante 2003 lo dispuesto en el artículo 1º se financiará con cargo a los recursos presupuestarios de las entidades mismas, y en lo que faltare, mediante reasignaciones de los aportes considerados en el programa 05 de la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, anuncio que apoyaremos la iniciativa, porque nos parece necesario fijar un monto de remuneraciones a quienes ostentan los más altos cargos de la Administración del Estado - Presidente de la República , Ministros de Estado , Subsecretarios, Intendentes, Jefes Superiores de Servicio -, y sobre todo, transparentar los sobresueldos o ingresos que se han venido percibiendo con financiamiento basado en gastos reservados.
En nuestro concepto, esta fórmula que propone el Gobierno es, obviamente, mucho más razonable tanto para la opinión pública como para las personas que ejercen dichos cargos, quienes tienen legítimo derecho a una remuneración acorde con sus altas funciones, conocida por la ciudadanía y enteramente tributable.
Asimismo, consideramos un avance significativo lo que se logra en materia de transparencia presupuestaria, especialmente en lo que dice relación a la forma como se rendirán los llamados "gastos reservados". Creemos que es otro modo de contribuir a la transparencia y a que la ciudadanía mantenga y, ojalá, recupere los niveles de confianza en las instituciones del Estado.
Señor Presidente , entendemos que, en general, existe aquí un acuerdo de orden político. Por ende, también votaremos favorablemente cada uno de los artículos.
Sin embargo, a los efectos de la agenda de probidad anunciada para los próximos meses, deben tenerse en cuenta diversos aspectos que a los Senadores de Renovación Nacional nos parecen importantes.
El primero se refiere a la incompatibilidad entre el cargo de Ministro o Subsecretario y el de Director de una empresa del Estado.
El proyecto en debate establece la compatibilidad en la medida en que se trate de un solo directorio y, además, fija un ingreso tope de 24 unidades tributarias mensuales, remuneración límite que, una vez aplicada la correspondiente tasa de impuesto a la renta, quedará en una cifra no superior a 400 mil pesos.
A nuestro juicio, eso no es conveniente. De un lado, por razones de tiempo. Creemos que los Ministros de Estado , en general, no disponen del tiempo suficiente para atender los directorios de las empresas del Estado, y muchas veces pueden verse envueltos en situaciones difíciles, como la ocurrida cuando CODELCO fue defraudada por un funcionario a través de las operaciones de futuro, en que, obviamente, alguna responsabilidad existía del directorio que las aprobó. Y en ese directorio participaba -y lo sigue haciendo- el Ministro de Hacienda .
De otro lado, en nuestra Comisión de Economía hay un proyecto de ley, originado en moción, que contempla la incompatibilidad entre el cargo de Ministro y el de Director de una empresa estatal. El Ejecutivo le manifestó su pleno apoyo. Es más, envió indicaciones que permitirán el reemplazo de los Secretarios de Estado que deban dejar los directorios correspondientes.
En consecuencia, resulta incongruente que por una parte se tramite un proyecto de ley que establece la incompatibilidad entre ambos cargos, y por otra, que la iniciativa hoy en debate, sobre remuneraciones, no sólo contemple la posibilidad, sino que además consagre una norma que posibilita a determinados Ministros continuar siendo al mismo tiempo directores de empresas estatales.
Aquí corresponde una definición de fondo, que esperamos se produzca en los próximos meses, porque estas situaciones ambiguas no son buenas para nadie, tal como ha quedado demostrado en la discusión pública de los últimos meses.
Otra situación que me preocupa dice relación a las llamadas "funciones críticas".
Este proyecto dispone que hasta un 3 por ciento de los funcionarios podrá desempeñar funciones críticas y recibir por ello determinada remuneración adicional.
Es efectivo que en la Administración del Estado existen tareas que deben ser cumplidas por personas altamente calificadas y que con las actuales remuneraciones no es posible incentivarlas para incorporarse al servicio público. Sin embargo, la forma como este proyecto aborda el punto no es la mejor, pues, en definitiva, el respectivo Ministro de Estado será quien decida cuáles son las funciones críticas y quiénes tendrán derecho a la mayor remuneración. Ello se prestará para que surjan dificultades al interior de los servicios públicos, donde habrá enemistades, animadversión, comparaciones odiosas, todo lo cual terminará perjudicando el buen funcionamiento de la Administración del Estado.
Debo señalar sí, que lo relativo a las funciones críticas se establece en forma transitoria, sólo por el año 2003, pues se espera que en el transcurso de los próximos meses se realice una revisión de la Escala Única y de las funciones que efectivamente ameritan una mayor remuneración, a fin de incentivar a profesionales y funcionarios de alta calificación para que continúen en la Administración Pública. Y esperamos sinceramente que durante el año 2003 esta norma tenga de verdad carácter transitorio y que a partir del 2004 se proceda a una revisión de la Escala Única de Remuneraciones, a fin de establecer incentivos adecuados para los funcionarios de la Administración Pública.
Con las reservas señaladas, expreso una vez más la voluntad de concurrir con nuestros votos a la aprobación de este proyecto.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , antes de emitir mi opinión sobre la materia en estudio, quiero formular una observación de carácter general.
El nuevo informe de la Comisión de Hacienda recaído en este proyecto de ley fue puesto a disposición de los señores Senadores a mediodía de hoy. Por lo tanto, de acuerdo a la norma general establecida en el inciso primero del artículo 116 del Reglamento, y con el objeto de dar a los miembros de esta Corporación la oportunidad de analizar el contenido de la iniciativa, la discusión debiera haberse aplazado para la sesión de mañana.
Sin embargo, dado que el Ejecutivo hizo presente la "discusión inmediata", cabe aplicar lo preceptuado en el inciso segundo de la disposición mencionada; esto es, omitir el estudio de los antecedentes y proceder a votar a ciegas. Lo importante, a juicio de La Moneda, es aprobar el proyecto de inmediato.
Cada cual tiene derecho a estimar, según su leal saber y entender, la seriedad o la frivolidad que esta situación importa. A mí me parece una falta al decoro del procedimiento legislativo y una burla a los parlamentarios de una democracia representativa. Es propio de regímenes de otra naturaleza política la aplicación automática, inmediata, no informada y ojalá unánime de las propuestas del Gobierno.
Tal vez sean las características de la iniciativa lo que hacen imperativo despacharla sin más trámite. No lo dudo. Algo así como que ¡más vale ponerse colorado una vez que varias veces amarillo...!
En efecto, escuché que su justificación es la conveniencia de avanzar en la modernización del Estado, aumentando su transparencia presupuestaria. Suena bien. No obstante, la opinión pública sabe que la pretensión es blanquear un estilo impresentable de repartir dinero fiscal entre un grupo de personas supuestamente encargadas de velar por el bien común. Imagino que a nadie se le ocurrió una fórmula más elegante para reajustar entre un 150 y un 100 por ciento la renta de los funcionarios políticos superiores del Poder Ejecutivo y asegurarles un directorio, dejando en donde están a los mandos políticos que, aunque de confianza, tienen un rango inferior, y por supuesto, a quienes cumplen una función profesional o técnica en la Administración Pública.
En otro tiempo, me ocupé de la reforma integral del Estado. Por tanto, puedo asegurar, señor Presidente , que esta medida no tiene relación alguna con lo que se entiende por "modernización del Estado"; más bien desprestigia el concepto y lo torna impopular. Porque no tenemos derecho a engañarnos: este reajuste es una bofetada a la cara del ciudadano común y corriente, pues, en medio de las dificultades que hoy lo afligen, debe soportar lo que no puede menos que calificar como "discriminación positiva", para decirlo sin ofender la delicadeza de los beneficiados por esta desigualdad ante la ley.
Tampoco resulta necesario gastar tiempo en explicar por qué esta medida, junto con romper el escalafón de la Administración Civil del Estado, estimulará un sentimiento de desagrado y desánimo en los personales civil y militar de la Administración, creando una condición de descohesión, no sólo inconveniente, sino además peligrosa para el normal desenvolvimiento de la actividad estatal.
En suma, el proyecto consolida la distancia entre la élite política temporal y la masa de funcionarios de carrera que sirven a nuestro país desde el Estado en forma permanente, y sin duda perjudica el prestigio de la función gubernamental.
En otro orden de consideraciones, estimo indispensable que, antes de votar, quede en claro si la redacción del artículo 3º del texto contenido en el informe implica o no la desaparición del "piso" establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y 89 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Tanto por la importancia nacional de las actividades financiadas con gastos reservados como por el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en otros organismos del Estado, nunca se ha dudado de la correcta aplicación de estos fondos por parte de esas Instituciones, ese aspecto del proyecto, a pesar de la prisa del Estado, debe ser clarificado.
Finalmente, también debiera quedar en claro que, en caso de ser aprobadas, estas normas no constituyen una eximente de responsabilidad penal para funcionario alguno que, a sabiendas, se haya beneficiado del procedimiento irregular con el que se enteró su renta ayer o ahora.
Señor Presidente , es imprescindible terminar con una situación que todos reconocemos como vergonzosa. El prestigio de la clase política está nuevamente en juego y, aunque le queden pocos renglones en la estimación pública, podría descender aun algo más si los medios no estuvieran acordes con los fines.
Este reajuste no me parece el mecanismo más adecuado para superar un problema que, sin duda, existe. Por consiguiente, en principio, me abstendré.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , este proyecto llegó en su momento calificado de "discusión inmediata", producto de un acuerdo político suscrito a nivel de Diputados, en el caso del Congreso Nacional. Y la verdad es que tenía bastantes problemas, como lo pudimos comprobar la semana pasada en reunión de Comités, donde los hizo presentes particularmente el Senador señor Silva . Al menos, adolecía de diez dificultades mayores, relacionadas con indefiniciones, facultades, poca prolijidad en la manera de plantear los gastos reservados, en fin.
Lo que sí resulta claro es que esta iniciativa surge en el afán de sincerar lo que estaba pasando en la Administración Pública, donde a personeros directivos y de confianza se les estaba pagando con recursos provenientes de gastos reservados y fuentes diversas que son investigadas, como es el caso de empresas creadas para estos efectos -GATE, por ejemplo-, universidades, convenios, etcétera.
Si analizamos tal situación en el contexto de lo que sucede en Chile, donde hay 500 mil cesantes y alrededor de 40 por ciento de trabajadores que perciben una cifra cercana al sueldo mínimo -estoy hablando de dos millones doscientas mil personas-, el proyecto aparece claramente como un factor disociador de la realidad nacional. Y si revisamos las condiciones del personal de la Administración Pública -los sueldos que recibe y la pensión obtenida al jubilar-, la iniciativa aparece más disociada todavía de lo que verdaderamente pretenden este Congreso y, según entiendo, el acuerdo político alcanzado.
Es necesario reducir el número de cargos de confianza y dignificar la Administración Pública. En ella -y lo digo responsablemente, porque trabajé allí- hay gente de todos los colores políticos, la que históricamente ha entrado para adquirir la condición de servidor público. Por ende, en la medida en que haya jefes de servicio con esa vocación y que dirijan al personal en tal sentido, esa Administración Pública va a responder de manera adecuada
Estimo que todo intento por generar plantas paralelas, llamar a concursos extraños, crear más cargos de confianza, lleva inevitablemente a una mala Administración Pública. El acuerdo pertinente debe considerar esta situación. Si no, en el fondo estaremos poniendo un pequeño parche o tratando de tapar el sol con un dedo, Y, obviamente, eso no resulta.
Particular aprensión tengo con respecto a algunos artículos transitorios, como el relativo a las funciones críticas. La autoridad no ha tenido empacho en señalar que se ocuparon mecanismos extraños para pagar a personal de la Administración Pública porque algunos Parlamentarios hicieron reservas de constitucionalidad acerca de disposiciones referentes a funciones críticas en el Ministerio de Obras Públicas y que el Tribunal Constitucional respaldó. La tesis de inconstitucionalidad fue sostenida por personas de todos los sectores, como los ex Senadores Olga Feliú , Ricardo Hormazábal y Beltrán Urenda ; el Honorable señor Romero y quien habla, entre otros. Todo ello se encuentra consignado en actas.
Recordemos, además, que, con las famosas plantas críticas del Ministerio de Obras Públicas -todavía lo dirigía don Ricardo Lagos -, se pretendía arreglar la situación de 850 profesionales, de un total de mil doscientos. Al adscribirse a estos empleados internos -no externos- a la planta de funciones críticas, aumentaban su sueldo en un 40 por ciento y, como los cargos tenían el carácter de confianza, eran fácilmente removibles. A ese proyecto se opusieron todas las organizaciones de profesionales de la Administración Pública y la propia ANEF; es decir, tampoco contó con el respaldo de las bases, pues rompía la esencia de la Administración del Estado. No tiene presentación sostener que se tuvieron que hacer estas otras cosas porque la proposición falló. Esta situación ya ha rebasado con creces los límites, convirtiéndose en un verdadero terremoto político. Y eso no lo podemos dejar pasar.
Si uno revisa este proyecto, verá que las funciones críticas se aplican sólo al tres por ciento de la Administración Pública, de planta o a contrata, y para determinados cargos. Eso, en el fondo, representa una cantidad muy baja. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, que cuenta con 8 mil funcionarios, el tres por ciento es 240. Si se incluyen los Secretarios Ministeriales, Subsecretarios, Jefes de Departamento y Directores Regionales, dicha cuota prácticamente se copa. O sea, quienes ocupen ese tipo de cargos recibirán montos mensuales importantes, que pueden llegar hasta los 4 millones 600 mil pesos. En el fondo, no se está resolviendo el problema que afecta a las remuneraciones de los servidores públicos.
Deseo destacar que en el Ministerio de Obras Públicas ha habido intenciones de solucionar tal situación, pero su concreción se ha postergado en forma sistemática. Y se trata de una repartición que no ha sido favorecida con ningún mejoramiento en los últimos doce años, pese a que, incluso, existen protocolos firmados con el propio ex Ministro Carlos Cruz .
Cabe preguntarse, entonces, cuál es el objeto de mantener tan atrasada una parte significativa de la Administración Pública. Las gigantescas inversiones que se están haciendo requieren capacidad interna de gestión o, al menos, el reconocimiento o la dignificación de dicha capacidad para abordar tales desafíos.
Un ejemplo de ello es el famoso puente sobre el canal de Chacao, controvertido desde los puntos de vista técnico y cultural, y de su importancia en la integración de la zona sur austral. Se trata de un proyecto de 360 millones de dólares. Ya se han gastado más de diez millones en estudios. Se han hecho tres licitaciones y en ninguna de ellas se ha decidido la adjudicación a alguna empresa verdaderamente interesada y que cumpla con los requisitos. Y las noticias de la Cartera informan que la obra se ha postergado por falta de estudios antisísmicos. La verdad es que esto no deja de llamar la atención, dado el esfuerzo realizado en este caso.
Por otro lado, se sabe que los estudios son contratados externamente -son revisados de manera interna- y a veces, incluso, se les cambian las contratapas a los trabajos que se cobran al Ministerio de Obras Públicas. Conozco muchos casos de consultores o gente que asesora a las inspecciones técnicas fiscales que, por negarse a avalar determinados cambios o aumentos de obras que no tenían ningún respaldo, han sido dejados de lado. Es decir, ahí hay un mal uso de los recursos financieros y humanos de la Administración Pública, lo que es relevante tener presente.
Creo que en esta materia cabe hacer una revisión muy a fondo, una suerte de evaluación y auditoría técnica de todo este tipo de obras, para saber con exactitud dónde han ido a parar los dineros.
Pienso que no podemos aprobar un proyecto -respeto el acuerdo político; obviamente, me mantendré lo más sintonizado posible con él- si la autoridad no se compromete claramente a dignificar la Administración Pública, en el período que le resta en el Gobierno, a reducir los cargos de confianza y a realizar un trabajo en serio, con gente de todos los sectores políticos.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , en una u otra forma ya expresamos hace unos días -cuando aprobamos la asociación con la Comunidad Europea- que, como Estado, tendríamos que hacer una introspección para ser consecuentes con las exigencias y demandas que ese tipo de acuerdos nos impondrán en el muy corto plazo.
Sé -al igual que Sus Señorías- que todo esto obedece a un problema político coyuntural; pero, en verdad, se trata de palabras mayores. El reordenamiento del presupuesto de instituciones del Estado, como el del Ministerio de Obras Públicas y de otros, desde ya, arreglará un problema contingente muy sensible. Desgraciadamente, el artículo 1º del proyecto no lo expresa en esa forma y da la impresión a quien lo lea -y por supuesto a la opinión pública- de que se trata de un aumento de remuneraciones -¡así de simple!- de 150 por ciento, de 135 por ciento o de 120 por ciento. Y no hay explicación de fondo en cuanto a la racionalidad y reordenamiento de los presupuestos de los Ministerios.
Éste es un problema que indudablemente debe insertarse en la agenda de modernización del Estado, con el propósito de otorgar mayor transparencia y racionalidad al funcionamiento de un Estado moderno, como el de los países desarrollados, donde los funcionarios son permanentes y no cambian con los oleajes ni vaivenes de las contingencias políticas y donde los cambios de gobierno sólo afectan a las cúpulas superiores.
Considero conveniente extender la transparencia y racionalidad a otras estructuras del Estado, como la administración municipal, los Poderes Legislativo y Judicial. En el caso del Parlamento, esos ámbitos se están ampliando con el estudio de un código de ética.
Quedan al margen también las cúpulas superiores de las Fuerzas Armadas, lo que inevitablemente, en el corto o mediano plazo, implicará una reestructuración más a fondo, para ser consecuentes con lo que un Estado moderno demanda en el presente.
El punto central es que las débiles definiciones de hoy generan una serie de inconsecuencias en la Administración Publica: las remuneraciones "oficiales" son compensadas con una serie de "ventajas" o "pitutos". El problema es que estos "pitutos" no aportan nada a la jubilación, son desincentivos permanentes para los funcionarios públicos y generan un conjunto de malas interpretaciones en la opinión pública.
Otro ejemplo de estas distorsiones es la carencia de normas respecto al retiro de los funcionarios. Muchos profesionales calificados, de alto costo para el Estado, emigran muy prematuramente, debilitando, desmejorando y destruyendo las tremendas inversiones de capital que el Estado utilizó en su preparación. Incluso, al revés, hay muchos profesionales que realizan sus prácticas en entes estatales para, luego de algunos años, abandonar sus funciones. Pasa con los pilotos de guerra -lo he mencionado aquí varias veces-, ámbito adonde se han transferido, vía esa debilidad de la estructura de remuneraciones de los profesionales del Estado, cientos de millones de dólares.
Frente a esta realidad, que es un hecho en el contexto de la globalidad, debemos sincerar las remuneraciones, eliminando estas "ventajas" y reestructurando el sistema completo, no solamente los niveles superiores, porque de lo contrario se van a generar, inevitablemente, distorsiones internas en el potencial humano estatal, cuya base esencial es la vocación de servicio público. Aquél se ha debilitado por la falta de una estructura que realmente valore su profesionalismo, por ser imprescindible para la administración y manejo de un Estado moderno.
El actual modelo económico es sumamente dinámico, se está globalizando y requiere de la autoridad política decisiones muy rápidas, bien fundamentadas, y que, por falta de diversas asesorías y especialidades que deben ser temporales y muy bien remuneradas, no se están tomando, con las consecuentes desventajas que ello implica para el país.
Directamente relacionado con lo anterior -ya lo expresó el señor Presidente de la Comisión de Hacienda -, se halla el perfeccionamiento del sistema de gastos reservados, que se discutió mucho durante la tramitación de las últimas Leyes de Presupuestos. Desgraciadamente, nunca lo enfocamos ni consideramos en esta forma. Tal vez si hubiéramos sincerado este sensible problema en su oportunidad, no lo estaríamos debatiendo ahora.
Estoy de acuerdo con diversas normas del proyecto, particularmente con la nueva redacción del artículo 4º.
Sin embargo, me queda una duda respecto del artículo 5º, que podría interpretarse en el sentido de que elimina el artículo 98 de la ley Nº 18.948. Me parece que el problema se solucionaría agregando una frase aclaratoria -si el señor Ministro la acepta, quedaría más definida- del siguiente tenor: "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 98 de la ley Nº 18.948".
También podría producirse una mala interpretación del artículo 7º, en cuanto a que el informe anual de ingresos y egresos de las cuentas que administra y debe rendir el Consejo Superior de Defensa Nacional tenga carácter de reservado. De lo contrario, si es público, no sólo involucraría los gastos reservados, sino también los de la Ley del Cobre. Por lo tanto, me parece que debiera intercalarse la palabra "reservado".
Señor Presidente, como lo expresé, estamos ante un problema mayor para nuestro desarrollo, cual es la consecuente modernidad del Estado para enfrentar el complejo presente.
Lo relativo a gastos reservados estaría definido con las modificaciones propuestas, o en la forma que señale el señor Ministro . Sin embargo, me parece que la reestructuración del Estado debe ser completa o por lo menos así debiéramos considerarlo en el futuro próximo. Sé que es un tema difícil. Sin embargo, una mayor racionalidad permitiría más transparencia y mayor respaldo a los empleados públicos, cuya única finalidad es servir con vocación a nuestro país.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , tal como anunció el Honorable señor García , los Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente esta iniciativa legal. Pero deseo hacer consideraciones que estimo importantes y, además, algunas consultas al Ministro señor Fernández , presente en la Sala.
En primer término, es paradójico legislar sobre esta materia sólo una vez que se ha producido un escándalo público. Ésa es la verdad. De no estarse investigando la situación de la empresa GATE -que corresponde dilucidar a los tribunales de justicia, sin que el Senado emita opinión al respecto- o de no encontrarse un ex Ministro de Estado sometido a proceso por el delito de fraude al Fisco -quien reconoció durante una entrevista de prensa que recibía un sobre con dinero en efectivo por remuneraciones adicionales-, este proyecto de ley no estaría tramitándose. No pretendo referirme a los procesos judiciales, que deberán resolver los tribunales. Mientras no se dicte sentencia judicial, las personas sometidas a proceso tienen pleno derecho a probar su participación en los hechos que se investigan. Será la justicia la que determine su inocencia o culpabilidad. Pero no deja de ser paradójico, señor Presidente , que en esta Alta Cámara no hayamos dicho todavía una palabra al respecto -pese a que durante doce años se ha venido reclamando que la Administración Pública en Chile necesitaba modernizarse- y que tenga que ocurrir un escándalo público para que se proceda a su puesta al día, como espero que ocurra.
En esto quiero ser muy franco: sostener que muchas de estas falencias sólo han ocurrido durante los últimos años no es verdad, porque se arrastran por décadas y corresponden a una Administración Pública que no ha estado a la altura de un país que se modernizó en otras áreas. Obviamente, éste no es un cargo a los cientos de miles de funcionarios públicos que cumplen abnegadamente sus labores, sino a las autoridades políticas que en su momento no han tenido el coraje ni la voluntad ni la decisión de modernizar el servicio público en Chile. Y lo digo, señor Presidente , porque algunas iniciativas de ley todavía no se tramitan -a ellas me referiré-, y me gustaría que las autoridades de Gobierno nos señalaran cuándo vamos a legislar sobre esas materias, siempre en el entendido de que la intención de Renovación Nacional no es meter el dedo en la llaga respecto de cosas que se hacen mal, sino contribuir a que en el futuro éstas se hagan bien.
Este proyecto aborda temas importantes, y por eso lo apoyamos. El primero de ellos es la remuneración de los altos funcionarios públicos, que debe ser acorde con la función que desempeñan. Y no creo que exista un chileno que se moleste o irrite por establecer con toda claridad, como lo hace esta iniciativa, que quienes desempeñan funciones o cargos públicos de importancia reciban remuneraciones acordes. No creo -repito- que el más modesto de los chilenos esté molesto por eso. Probablemente lo estaría si las cosas no se hacen con claridad y transparencia, o si no se supiera exactamente la verdad de lo que ocurre en el servicio público.
Por lo tanto, el artículo 1º, que se refiere a la Asignación de Dirección Superior, es un paso en la dirección correcta, pues fija remuneraciones en un nivel tal que, si bien en su gran mayoría sus montos son muy inferiores a los que por cargos similares se percibirían en muchas empresas privadas, a lo menos a quienes ingresan al servicio público -entendiendo que ello implica un sacrificio-, les permitirán cumplir adecuadamente sus funciones.
Un segundo aspecto es el de los gastos reservados. Y se aborda bien. Al respecto, debo reivindicar lo que la Alianza por Chile señaló en esta Sala durante la discusión de la Ley de Presupuestos: sostuvimos que en materia de gastos reservados era necesario hacer transparencia, no para conocerlos en detalle en materia de seguridad ciudadana o de orden público, sino para evitar mal uso de los recursos. Y créame, señor Presidente , que cuando el artículo 6º establece expresamente que no pueden destinarse a financiar campañas políticas, partidos políticos u organizaciones gremiales, por algo será. Es probable que en más de una oportunidad, en algún gobierno, los fondos se destinaron a esa finalidad. Y no pongo límites en el tiempo.
Y creo que el aporte que hizo el Senador señor Silva fue, sin lugar a dudas, de gran importancia, pues corrigió una norma que venía equivocada desde la Cámara de Diputados.
En efecto, la iniciativa establece que se rendirá cuenta anual de los gastos reservados a la Contraloría General de la República, a través del Contralor, y no -como decía el proyecto de la Cámara Baja- al Contralor, porque la Constitución Política dispone que la rendición de cuentas debe ser a la institución. Ahora bien, dada la jerarquía y naturaleza de los recursos en comento, esto se hace presente al Contralor.
Además, señala que estos gastos deben rendirse con una desagregación por rubros que ilustre sobre el contenido fundamental de dichos fondos. Es razonable que el Contralor sepa exactamente en qué áreas estos gastos reservados son utilizados.
También se fijan las finalidades de éstos, que no son otras que la seguridad interna y externa y algunas funciones inherentes a la Presidencia de la República, que parecen pertinentes para el adecuado ejercicio del cargo.
Se agrega, además, una norma que permite incrementar hasta en un 30 por ciento los gastos reservados con el solo objeto de destinarlos a tareas de orden público y de seguridad interna y externa. Esta disposición es del todo razonable, porque, en un mundo globalizado, Chile en algún momento podría enfrentar confrontaciones bélicas o dificultades con países o potencias extranjeras, y es evidente que parte de tales recursos podría destinarse a ese objeto, lo que, en todo caso, debe ser informado a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado.
En consecuencia, nos parece bien una rendición de gastos reservados como la que se propone, donde, manteniendo cierta -entre comillas- reserva del contenido de los mismos, el Contralor General de la República -gracias a esta norma trascendental- pueda realizar el análisis y juzgamiento de tales cuentas. Por lo tanto, esta autoridad perfectamente podría objetar el contenido de los gastos reservados, los cuales, como se ha señalado, serán entregados desagregadamente.
Por otra parte, señor Presidente , hemos votado a favor la disposición sobre las funciones críticas, porque entendemos que es transitoria. Y hago mías todas las aprensiones que señaló el Honorable señor Horvath sobre el particular.
En mi opinión, en los cargos públicos las remuneraciones deben estar a la altura de la función que se desempeña, lo que en la iniciativa se denomina "funciones críticas". Al respecto, hago una prevención: éstas las fijan arbitrariamente las autoridades y no se encuentran determinadas por ley de forma permanente.
El argumento para aprobar la disposición es que posteriormente se presentará un proyecto que regulará estas materias, según nos ha dicho el Gobierno. Pero la iniciativa que nos ocupa establece una facultad discrecional: hasta 3 por ciento de la suma de las dotaciones máximas de personal, para que las autoridades superiores de Gobierno fijen arbitrariamente qué cargos tendrán esa función crítica. En un Estado moderno, esto no lo dispone de modo arbitrario la autoridad; está establecido en la ley, en una planta permanente donde se sabe que, si una persona ocupa tal cargo, percibirá los recursos adicionales que corresponden por la naturaleza de la labor que realiza, y no por la simpatía que le tenga la autoridad.
De esta forma, por tratarse de una norma transitoria que durará un año y bajo el compromiso del Gobierno de que realmente en esta materia se tramitará una iniciativa legal durante el presente año, nosotros la votaremos a favor.
Señor Presidente, por lo dicho, nos parece que el proyecto apunta en la dirección correcta.
Sin embargo, no quiero dejar de señalar que ojalá hacia el futuro no ocurra otro escándalo para que legislemos respecto de asuntos sobre los cuales es imprescindible hacerlo. Y pido a las autoridades de Gobierno, con todo respeto, que nos orienten respecto de cuándo y cómo ello ocurriría.
En primer lugar, se ha de analizar el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Estamos a dos años de una elección municipal y, a mi juicio, es indiscutible que debe existir una legislación completa sobre el particular, que fije el origen de los recursos privados y públicos. Si hay aportes públicos, a qué se van a destinar. Hay que determinar los sistemas de contraloría y si es necesario que exista algún límite al gasto. Pero debemos regular de verdad esa materia. No sólo con relación a las campañas, sino también a los partidos. Y hay que legislar a fondo con el objeto de que los candidatos tengan certeza acerca de cómo se pueden financiar.
Cabe recordar que hoy día existe un enorme vacío legal al respecto, y es posible que ello conduzca a que una persona, de la mejor buena fe, incurra en conductas que el día de mañana pueden ser consideradas ilícitas.
Señalo esto, señor Presidente , para que no esperemos que ocurra otro escándalo que nos obligue a legislar rápidamente sobre las campañas.
Renovación Nacional, ayer, adoptó la posición de avanzar sin miramientos en cuanto a legislar sobre el financiamiento de las campañas y de los partidos: estudiar mecanismos de financiamiento público que permitan una verdadera igualdad de oportunidades a los candidatos; establecer normas tras analizar la conveniencia o inconveniencia de fijar ciertos gastos, mecanismos de contraloría y publicidad en los recursos de aporte a las campañas.
No entiendo por qué una persona que contribuye con un candidato tendría que hacerlo con misterio. Si las reglas del juego son transparentes para todos, entonces podrá decirse: "Sí, aporté a tal campaña". No veo por qué considerarlo un pecado, si se hace con claridad. Y en las actuales circunstancias no creo que se preste para vendettas en la sociedad chilena, con el grado de transparencia existente, por el solo hecho de que una persona ayude a financiar una campaña. Y quien no quiera contribuir en esas condiciones, entonces significa que realmente no tiene ganas de colaborar con su aporte.
Ésta es una materia en la que puedo hablar en nombre de Renovación Nacional y señalar que nuestro acuerdo es trabajar, por supuesto con todos los Partidos representados en el Parlamento, para tener una legislación buena, eficiente, moderna, transparente, oportuna y, por sobre todo, luego. Espero que no se difiera su tramitación y no nos pille la próxima elección sin que haya reglas, como ha ocurrido hasta ahora.
Lo mismo en lo concerniente a la Contraloría General de la República. Entre nosotros está un ex contralor, que ha sido un gran aporte en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y nos ha ilustrado muchas veces sobre la materia.
El órgano contralor no da abasto para fiscalizar adecuadamente los gastos públicos, a pesar de su mandato constitucional. Lo ha dicho el Contralor. No tiene recursos ni funcionarios para hacerlo, y actualmente sus facultades están limitadas a tal punto que, si se aportan recursos públicos a una entidad privada, no puede determinarse exactamente cómo se gastaron esos dineros.
Entonces, simplemente me gustaría que el Gobierno nos dijera cuándo vamos a legislar bien sobre la Contraloría. Podremos tener diferencias, pero regulemos el asunto y resolvamos las discrepancias legítimamente votando en el Parlamento, como corresponde en una democracia.
No pretendo, créanme, hacer una crítica política a un gobierno o a otro. Pero, ¿cómo va a ser razonable, cómo es posible que en Chile todavía existan más de 6 mil cargos de exclusiva confianza, o sea, que dependan de la sola voluntad del Presidente de la República ? Insisto: no estoy realizando una crítica a ningún gobierno en particular; no me interesa. Pero ¿cómo permitimos además que sobre esos cargos haya cuoteo político?
En efecto, ocurre que el cargo de Director del Servicio de Salud de la Araucanía Norte siempre corresponderá al Partido Socialista. Y -lo reitero- no estoy haciendo críticas. Para el ejemplo, podría ser cualquier otro partido. ¡Eso es absurdo!
En un país moderno, dichos cargos se asignan a las personas más capaces. No importa si son de un partido u otro. Lo relevante es que cumplan bien su función; que quienes estén en esos puestos lo hagan bien. Y, si el día de mañana hay un gobierno de la Alianza por Chile y quienes ocuparon esos cargos durante el periodo de la Concertación fueron buenos funcionarios, entonces ¡a esas personas hay que darles todo el respaldo para que sigan cumpliendo su labor! ¿O es pecado tener posiciones políticas?
Ése es un mal endémico de la política chilena, que se arrastra desde muchos años y que nosotros tenemos la gran oportunidad de revertir, dejando una obra concreta en el Parlamento, donde se pueda decir: "Si usted es un buen funcionario y llegó a un cargo de jerarquía, no se preocupe, no importa cómo piense políticamente; si usted lo hace bien, va a seguir en su puesto". Eso sería un avance enorme en la modernización del Estado de Chile.
Concluyo, señor Presidente, refiriéndome a los mecanismos de designación de personas en estos cargos.
En las sociedades modernas, las designaciones ya no las hace sólo el Presidente de la República . En Estados Unidos, gran parte de estos cupos los llena el Presidente con acuerdo del Congreso. No pido llegar al extremo de ese país, que también nombra a sus ministros consultando al Parlamento. Ello, obviamente, da la oportunidad de asegurar que quienes ascienden a esas funciones son capaces y que no serán removidos ni asignados por razones de cuoteo político.
Señor Presidente , al concluir pido a los distinguidos Ministros que nos acompañan indicarnos cuál es la visión del Gobierno sobre estas materias y reitero, como dijo el Senador señor García , nuestra decisión de votar favorablemente la iniciativa.
El señor FOXLEY.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente , deseo hacer una moción de orden.
Hoy día hay dos proyectos en tabla con "discusión inmediata" y, como está corriendo el reloj, sugiero que los señores Senadores inscritos usen de la palabra en el momento de fundamentar el voto, a fin de acortar el debate.
El señor GAZMURI.-
O que funden el voto en el orden en que se hallan inscritos.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , apoyo la sugerencia del Honorable colega. Y, en ese mismo sentido, propongo comenzar la votación con la fundamentación de voto, hasta por cinco minutos, de los oradores pendientes.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , tal como ha ocurrido otras veces, se plantea una separación entre los oradores. La Mesa estableció una regla del juego y anotó a los señores Senadores que deseaban intervenir, que hasta ahora lo han hecho por un máximo de 15 minutos. Estamos en esa línea, pero sorpresivamente se quiere pasar a otra etapa.
Hasta el momento no se ha fijado hora de término para la discusión. Por lo tanto, primero deben usar de la palabra todos quienes se hallan inscritos y después se comenzaría a votar.
Resulta inadmisible que cada vez que se presenta una situación como ésta se produzcan cambios que alteran el procedimiento inicial y se concluya en algo no previsto.
A mi juicio, el fundamentar el voto sin antes haber hecho uso del derecho reglamentario a exponer las ideas constituye un paso malo, un paso que no guarda correspondencia con la discusión, la información, los análisis que uno debe escuchar antes de pronunciarse.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Restan 15 señores Senadores inscritos. Como cada uno dispone de hasta 15 minutos, podría presentarse alguna dificultad.
Dado que los autores de la petición están en su derecho al formularla, sólo me cabe consultar a la Sala si la acepta o rechaza.
¿Habría acuerdo para iniciar de inmediato la votación, empezando con la fundamentación de los oradores pendientes?
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
No estoy de acuerdo. Y quiero explicar el porqué.
No es mi ánimo molestar, sino dar seriedad al asunto. Es sumamente importante que se cumpla el Reglamento.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente , pido que se vote la moción de orden que planteé.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Un momento, por favor. El señor Secretario tiene una duda reglamentaria y la vamos a despejar para resolver el punto inmediatamente.
El señor FERNÁNDEZ.-
¿Hay hora preestablecida para votar?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
No, señor Senador.
El señor FERNÁNDEZ.-
Propongo fijar la hora de inicio de la votación.
El señor VALDÉS.-
Conforme.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
La Secretaría me indica que para acceder a la petición formulada no basta un acuerdo de mayoría.
Como el orador inscrito a continuación es precisamente el Honorable señor Martínez, procederé a concederle la palabra y luego someteré a la decisión de la Sala la propuesta referida.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Que conste que se trata de una coincidencia.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Ése es el orden de precedencia registrado por la Mesa.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , quiero señalar tres cosas.
En primer término, considero absolutamente lógico actualizar las remuneraciones de los altos jefes de la Administración Pública, en especial las de los Ministros. Lo que no me parece bien es la separación fundamental que se produce entre ese estamento superior y los funcionarios públicos. Éste es el primer efecto negativo que visualizo.
En segundo lugar, la opinión pública mirará esto con absoluta sorpresa, por cuanto conoce la situación financiera y económica privada de muchos servidores estatales que no están incluidos en este proceso que podríamos llamar "de reajuste".
Un Estado moderno necesita contar con un cuerpo muy cohesionado de administradores públicos. Ésa es una carrera técnica prestigiosa y bien mirada en países más desarrollados. La separación a que aludí no es buena para la eficiencia del aparato administrativo. La discusión de este proyecto era la oportunidad para promover un completo reordenamiento de la función del servidor público como carrera técnica, con un escalafón claro y preciso que permita administrar en forma óptima los recursos fiscales y que sea eficiente frente a las demandas que implica la modernidad. Éste es uno de los grandes problemas que se perciben detrás de este asunto.
Además, resulta evidente la inconveniencia de trabajar sobre la base de la participación política de los partidos de Gobierno. Tal vez para algunos sea aceptable, pero no es bueno porque significa abrir las puertas a procesos de deslealtades, de corrupción u otros donde la eficiencia se ve minada porque la acción de cierta persona de un partido se opone a la de alguien de otra colectividad en posición jerárquica similar. Ése es un grave error y pienso que es hora de iniciar un cambio.
Si deseamos un Estado moderno, partamos por renovar la Administración Pública estableciendo una carrera digna, eficiente, incentivadora y, sobre todo, unificadora del esfuerzo que necesita un país para avanzar.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para acoger la propuesta en orden a comenzar desde ya la votación con la fundamentación de voto de los oradores pendientes?
El señor COLOMA.-
¿Por cuánto tiempo sería la fundamentación?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Por los cinco minutos reglamentarios, señor Senador.
--Así se acuerda.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , debemos asumir que algunos proyectos provocan más entusiasmo que otros y que hay momentos en que uno se siente haciendo más o menos historia respecto de los problemas reales de las personas. También es cierto que algunas iniciativas de importancia, pese a no ser entusiasmantes, son fundamentales para ir construyendo un país mejor. Estimo que la que ahora nos ocupa se encuentra precisamente entre las relevantes aunque no emocionantes.
Es indudable que éste es un proyecto sustancial para la modernidad y la transparencia, como también, que está vinculado a hechos recientes muy ingratos ocurridos en nuestra sociedad. Sin embargo, constituye una señal de madurez el asumir tales hechos e introducir, en el contexto de la modernidad y la transparencia, las modificaciones y normas legales necesarias para empezar a vivir en un escenario futuro diferente.
Las tres líneas gruesas de la iniciativa son preponderantes.
Con relación a la primera: la Asignación de Dirección Superior, ¿cuánto tiempo llevamos velando por que se sincere la retribución pública y ésta no sea una carga más allá de la propuesta, sino que a quien se dedique al servicio público y lleve una vida austera le signifique tener, a lo menos, una remuneración digna?
Es efectivo que la normativa se gatilló a propósito de los sobresueldos. La alternativa era hacerse los lesos, tratar de sacar una ventaja pequeña y mantener el problema en forma permanente, lo cual está lejos del interés de los Parlamentarios de la UDI. Por eso, aun cuando desde la perspectiva política algunos podrían imaginar que no convenía legislar sobre la materia sino dejar las cosas así, nosotros pensamos en el sentido inverso, en términos de asumir que es necesario solucionar el problema.
La segunda línea gruesa dice relación a un aspecto discutido reiteradamente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado: a la transparencia de los gastos reservados. Este tema, a diferencia tal vez del anterior, ha sido planteado en todos los proyectos de Ley de Presupuestos, pero respecto de él se está pagando el costo de que las autoridades o el Gobierno no hayan querido establecer los límites y la transparencia necesarios para entender el contexto en que tales gastos deben darse.
Resulta fundamental explicitar qué instituciones o Ministerios tienen derecho a gastos reservados y cuáles no. Particular trascendencia reviste el que se haya excluido de tal derecho a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de la Presidencia , cuestión que propiciamos oportunamente.
Esencial es, también, la obligación de rendir cuenta anual de los gastos reservados, aunque sea en forma genérica y secreta, a la Contraloría General de la República, para que haya otra opinión. Esto redunda en una mucho mayor lógica del gasto y en la convicción de que los recursos se usan en los fines para los cuales verdaderamente se destinaron y aprobaron.
Por último, dentro del concepto de transparencia de los gastos reservados, es vital que éstos sólo puedan emplearse en los fines propios de la actividad respectiva, con expresa prohibición de ocuparlos para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales.
Señor Presidente , insisto en que esto resulta útil -no apasionante, pero sí importante- para entender el concepto de transparencia de gastos reservados del país.
Por último, nos parece auspicioso el hecho de que se establezca por un año una asignación por el desempeño de funciones críticas, que no podrá exceder del 3 por ciento de las dotaciones de la Administración Pública, en el entendido de que estamos frente a una de las transformaciones pendientes más importantes, de que hay un plazo fatal para abordar las materias -el 31 de diciembre- y de que todo ello se relaciona con los nuevos modelos de gestión pública.
Ciertamente, habría sido ideal aprobar eso ahora. Pero no cabe duda de que era inviable, en una perspectiva de urgencia, hacerlo en enero de este año. En todo caso, se dispone una vigencia máxima para estas remuneraciones especiales, que finalizan el 31 de diciembre, pero sobre la base de que realizaremos un esfuerzo conjunto por modernizar la Administración Pública.
Creo que ése es el mérito fundamental del proyecto que nos ocupa, como de todas las iniciativas que se relacionan con el tema de la modernidad. Que no son excluyentes, exhaustivas ni suficientes, es evidente. Entendemos que, a partir de marzo del año en curso, habrá que abocarse a una agenda exigente, que precisamente complementará dichos proyectos en términos tales de sentir que estamos modernizando Chile.
Sin duda deben dictarse normas que modernicen el Gobierno en sus múltiples aspectos, al igual que disposiciones que actualicen las empresas públicas, la política y la forma de controlar a los organismos fiscalizadores.
Por lo tanto, no es conveniente concluir que se trata de un proyecto circunstancial, para determinado momento, luego del cual uno siente que pasó el temporal. ¡No! Porque tal temporal modificó las estructuras y generó un ambiente de cambio que no existía. De modo que hoy estamos dando un paso profundo -no el último ni el definitivo, pues aquí no termina la tarea, sino que empieza- para la modernización del país.
Ése es el compromiso que, según entiendo, el Senado asume ahora al aprobar esta iniciativa legal.
Por eso, señor Presidente, en nombre de los Parlamentarios de la UDI, junto con votar favorablemente, debo manifestar que esto no es lo último que corresponde realizar, sino el inicio del gran cambio que debemos enfrentar.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , también deseo referirme al acuerdo político alcanzado.
Obviamente, vamos a concurrir con nuestros votos favorables sobre la base de que coincidimos en la necesidad de modernizar el Estado, lo que es impostergable no sólo por las situaciones lamentables que hoy en día conoce el Poder Judicial, sino porque estamos frente a un nuevo escenario.
Ese nuevo escenario indica, tanto en lo económico como en lo político y social, que el Estado debe impostergablemente modernizar sus estructuras. Esto lo dijimos aquí con motivo del análisis del Tratado con la Unión Europea, y también lo hemos sostenido a raíz de las situaciones dolorosas y lamentables que estamos conociendo.
Creo que, cuando nos toca abordar lo relacionado con la modernización del Estado, debemos hacerlo con una visión de país. En este sentido, me parece muy fundamental que no sólo tengamos que convenir frente a la explosión de situaciones como las que hoy día conoce la opinión pública. Digo esto, porque hace pocos días uno de los voceros de Gobierno prácticamente responsabilizaba a la Oposición por no haberse aprobado en definitiva el proyecto sobre funciones críticas presentado por el entonces Ministro de Obras Públicas señor Ricardo Lagos .
Sin embargo, producto de esa declaración, apareció a la luz pública un planteamiento concreto que hicimos a dicho Secretario de Estado -se lo formulé personalmente en octubre de 1994-, mediante el cual propusimos crear una corporación de concesiones, precisamente para hacer el trabajo en forma correcta y evitar hechos como los que hoy día se describen.
En ese orden de ideas, estimo que nuestra actuación debe apuntar a intercambiar válidamente posiciones. Por eso, cuando se abrió debate sobre el tema relacionado con la probidad, hice llegar al Ministro señor Fernández una iniciativa legal destinada precisamente a dar mayor transparencia a la toma de decisiones en general y, también, respecto de otras de carácter administrativo que no necesariamente son decisivas. Hoy día, después de tres meses, él me ha entregado en forma personal -lo que agradezco- un borrador de respuesta.
Por eso, creo sinceramente que, cuando estamos enfrentados a situaciones de este tipo, debemos actuar sin pensar en la procedencia de la iniciativa, sino con miras al bien común de la nación.
En este aspecto, quiero hacer resaltar la disposición de nuestra bancada, porque no cabe la menor duda de que hemos sido una Oposición constructiva, tanto en los importantes proyectos como en los grandes acuerdos que ha habido en la Cámara Alta, los que han concitado siempre la atención y la disposición favorable de nuestros Senadores.
Por eso, es bueno poner fin a la situación de oportunismo político, donde cada vez que se puede se intenta desvalorizar proposiciones o los aportes provenientes de un lado o del otro.
Señor Presidente , junto con prestar mi aprobación al proyecto, hago votos para que, en lo que resta de este Gobierno, podamos confiar sinceramente en la buena fe de todos. Porque, a mi juicio, la política se construye sobre ese tipo de actos, en posiciones claras y no sobre la base de situaciones de interpretación o de oportunismo.
Sobre el particular, deseo destacar las intervenciones de los Senadores de Renovación Nacional, que han sido todas coherentes y han estado en la misma línea. En efecto, participaremos también en la aprobación del proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos, como asimismo estamos disponibles para pronunciarnos en la normativa concerniente a los recursos vinculados con las campañas electorales. Pero -¡por favor!- hagámoslo sin sacar ventajas pequeñas y mirando siempre la situación como corresponde.
En este sentido, a través del señor Ministro del Interior , deseo hacer llegar una propuesta al señor Presidente de la República : todos los sectores políticos se encuentran involucrados en la visión de país y no sólo algunos. Considero que dicha sugerencia debería ser recogida, porque en un gran acuerdo nacional no se trata de escoger a unos y desechar a otros, pues ello simplemente significa volver a divisiones odiosas y a cosas pequeñas.
Voto a favor.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , celebro que, a raíz de los acontecimientos ocurridos en el país, nos sinceremos respecto de muchas cosas que no operaban en forma regular en nuestra patria.
Desde luego, mencionaré lo relativo al problema de los sueldos de los más altos ejecutivos, que hicimos presente en muchas oportunidades en este Hemiciclo y en la Cámara de Diputados. Esto afecta también a los funcionarios públicos, quienes se encuentran mal remunerados en comparación a los que desempeñan alguna actividad privada. Evidentemente, es necesario remendar esto, mejorar la situación de los servidores públicos y hacerles justicia.
Por eso, aprobaremos el proyecto.
Sobre el particular, conviene destacar aquí la posición de los Parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional, quienes, como se ha dicho, no pretenden sacar ventajas pequeñas de un asunto que preocupa al país en general.
Asimismo, quiero enfatizar que en la Democracia Cristiana hemos estudiado en profundidad la materia y que haremos llegar rápidamente una proposición al Ejecutivo . El problema dice relación no sólo al proyecto que hoy día nos ocupa, sino también a gastos electorales y financiamiento de la política; al proceso de selección y régimen laboral de los altos funcionarios estatales, incluidas las empresas estatales; al activismo y clientelismo político en el Estado, y a las oportunidades existentes para hacer mal uso de los recursos públicos en diversas instancias administrativas. En este aspecto tenemos una clara proposición.
Sin embargo, señor Presidente, es dable señalar que a lo mejor el Parlamento y el Ejecutivo en muchas oportunidades no han procedido con la meticulosidad que el caso amerita.
Recuerdo que en su momento creamos el sistema de concesión de obras públicas, que maneja muchos cientos de miles de millones de dólares. Pero es una institución que ni siquiera cuenta con un ejecutivo o un gerente general o un ingeniero que se haga cargo del servicio.
El Ministerio de Obras Públicas, que en 1990 tenía prácticamente 8 mil trabajadores de planta y 23 a contrata, en 2002, tiene los mismos 8 mil de planta y mil 187 a contrata, con la diferencia de que en 1990 se invirtieron sólo 253 millones de dólares y en 2002 un promedio de mil 221 millones de la misma moneda.
¡Cómo es posible enfrentar un crecimiento tan gigantesco en la infraestructura del país con el mismo personal! Y, muchas veces, quienes gerencian estos servicios se enfrentan a empresas que pagan al mismo tipo de ingenieros 6, 7, 8 ó 9 millones de pesos, mientras que el Ministerio de Obras Públicas entrega a los suyos 800 mil ó 900 mil. ¡El Director General de Vialidad recibía un millón 200 mil pesos! ¿Era justo y legítimo eso? ¿No estamos nosotros mismos contribuyendo a que esas personas se sientan tentadas por ganar tan poco?
De ahí la importancia de sincerar toda esta actividad. Espero de parte de los señores Senadores no sólo una disposición favorable para la iniciativa en análisis, sino también para las otras relacionadas con el financiamiento de la actividad política. No es admisible que algunos candidatos dispongan de todos los recursos imaginables para hacer campañas millonarias mientras que otros apenas pueden postular. No quiero repetir en esta Sala lo que dijeron dos ex Parlamentarios: "Mejor coloquen precio a las senaturías y a las diputaciones". No es una competencia equitativa. En mi opinión, ahí está la peor desigualdad y de ahí parten seguramente todas las inequidades que hemos estado viviendo y que conducen a casos como los que hoy conmueven al país.
Por las razones dadas, señor Presidente, apoyo ampliamente el proyecto y espero que este mismo espíritu generoso que hoy se ha mostrado para respaldarlo aparezca en el momento de hacer claridad en todas las otras actividades que hemos señalado.
Voto a favor.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , antes todo quiero sumarme a quienes han expresado su malestar frente al hecho de que la solución en esta materia se haya originado en un escándalo de tipo político, financiero y económico sin precedentes en nuestro país. Al parecer, el esfuerzo comunicacional del Gobierno no logró ocultar las responsabilidades de la Concertación en las malas prácticas que se estaban llevando a cabo con los sobres, con las concesiones, con el GATE, etcétera. Por eso estamos en esto. Y me alegra que lo estemos, porque confío en que, gracias a ese escándalo lamentable que nos afecta a la generalidad de la clase política -aun cuando no todos hayamos estado embarcados en la misma aventura-, al país se le dotará de las herramientas y estructuras necesarias para salir adelante después de tan triste experiencia.
Estoy convencido de que en los altos cargos del Gobierno se requieren sueldos acordes con la función que se cumple. Eso es indudable. Y si las nuevas remuneraciones van a permitir disponer de ejecutivos de valía que logren sacar adelante la cosa pública, bien vale la inversión que se propone.
Me acaban de entregar un comunicado de prensa de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales -documento que seguramente los señores Senadores tienen en su mano-, en que plantea diversas demandas y exigencias y requiere el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno en su oportunidad.
Independientemente de que le demos solución ahora a la justa demanda de los ejecutivos de alto nivel para obtener buenos sueldos, espero que el compromiso con los trabajadores se transforme en realidad en un tiempo razonable.
Con relación al proyecto que nos preocupa, tengo ciertas preguntas cuya respuesta me parece indispensable antes de votar.
En primer término, respecto del artículo 2º del Título II quisiera dejar absolutamente despejado que la fijación anual de la suma de gastos reservados que corresponden a las Fuerzas Armadas no afectará el procedimiento de la base de cálculo vigente hasta el momento y que se encuentra establecida con claridad en el artículo 98 de la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Es decir, estoy conforme con que se incluya en el Presupuesto Nacional, pero el sistema de cálculo con el cual se hace dicha asignación ya fue establecido en la ley orgánica a que he aludido.
El otro punto -tan importante como el anterior- es el siguiente. Cuando hablamos de gastos reservados, ¿nos estamos refiriendo a los de la Presidencia , de Defensa y otros, o también se incorporan las leyes reservadas del cobre? Lo señalo, por cuanto estas últimas tienen un tratamiento y una asignación perfectamente establecidos. Me asalta la duda, porque en el artículo 7º se indica que, para los efectos de llevar una sana contabilidad en la hacienda pública, se pide al Consejo Superior de Defensa Nacional el informe de cómo se invirtieron estos dineros. Y recuerdo que dicho organismo autoriza, maneja y controla, precisamente, el empleo y la inversión de los fondos reservados del cobre.
Entonces, ¿de qué platas reservadas estamos hablando? ¿De las que se van a administrar con un fin específico y de las cuales se tendrá que dar cuenta a la Contraloría, o de las que se destinan a las Fuerzas Armadas en virtud de la ley reservada del cobre?
Con la respuesta a esas dos inquietudes estaría en condiciones de emitir mi voto.
El señor MUÑOZ-BARRA.-
Señor Presidente , al fundamentar el voto de los representantes del Partido Por la Democracia, quiero recordar y hacer míos dos planteamientos hechos por algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Uno dijo que en este tema no puede haber oportunismo político. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Por eso, destaco el acuerdo contraído por las fuerzas democráticas de Gobierno y de Oposición. Y creo que así debe ser, porque debo recordar que ningún Gobierno, desde 1932, se ha exceptuado de la práctica que hoy estamos corrigiendo. Esto se ha hecho a través de diferentes modalidades, entre otras -debo reconocerlo-, mediante el pago de remuneraciones adicionales por empresas del Estado.
No cabe duda de que los sobresueldos se fueron convirtiendo en una costumbre. Lo reitero: ellos fueron práctica común durante 70 años. Entonces, todos los sectores políticos hemos tenido alguna responsabilidad. ¿Por qué sucedió esto? Porque el Estado, con su rigidez normativa, era flexibilizado en algunas materias por las autoridades, sin que para ello hubiera normas regulatorias.
Ahora, es evidente que en el ámbito público tales procedimientos -en determinados casos, sin contravenir la ley ni configurar delito- son irregulares. Hoy, afortunadamente -es lo que debe destacarse-, tenemos la posibilidad de corregir tal situación.
El proyecto de ley en debate viene a resolver una materia respecto de la cual los chilenos nos hacíamos un poco los desentendidos; ésa es la verdad. Por eso, no podemos rasgar vestiduras en el momento de buscar transparencia en las remuneraciones de los Ministros de Estado y otras autoridades de Gobierno.
Los sueldos que en virtud de esta iniciativa tendrán las más altas autoridades oficiales -es bueno decirlo- no dejan de ser modestos si los comparamos con los que esos profesionales podrían recibir en la empresa privada.
El proyecto incluye una materia que nunca antes había sido abordada en los términos en que se propone. Me refiero a los gastos reservados. En efecto, aquél define con precisión el concepto de "gastos reservados", y señala que son los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relativas a la seguridad interna y externa y al orden público.
Sin ninguna odiosidad, sino que sacando, yo diría, conclusiones en positivo, quiero expresar lo siguiente. Todos los Senadores han afirmado aquí que no debe haber discriminaciones ni premiaciones políticas que signifiquen desconocer la calidad profesional de quienes postulen a un cargo en la Administración Pública. Lo destaco porque me deja la absoluta seguridad de que nunca más en este país vamos a tener "exonerados", grupo de chilenos que aún sigue buscando justicia. Y lo digo con todo respeto, sin maldad alguna. Porque hubo profesores universitarios, médicos, ingenieros, profesionales de todas las áreas, que perdieron su trabajo durante 17 años, simplemente por su posición política.
Por eso, cuando hoy se está legislando para transparentar y modernizar el Estado, tenemos que subrayar que las experiencias negativas del pasado nunca más deben volver a ocurrir.
Los Senadores del Partido Por la Democracia vamos a aprobar la iniciativa, señor Presidente , porque lleva a la práctica un principio fundamental de la Administración Pública, cual es cautelar debidamente el empleo de los recursos fiscales. Ello será posible en la medida en que el Estado -y en esto todos estamos de acuerdo- cuente con los instrumentos que le permitan controlar y fiscalizar.
Y uso el término "Estado", Honorables colegas, en su más amplia acepción, es decir, voy más allá del Gobierno o del Poder Ejecutivo ; me refiero a la Controlaría General de la República, a la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, al mismo control interno que tiene el Poder Ejecutivo .
Indudablemente, el proyecto constituye un buen instrumento, que sirve al propósito recién indicado, y por eso los Senadores del Partido Por la Democracia lo vamos a votar favorablemente.
Voto que sí.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , también voy a concurrir con mi voto a la aprobación de la iniciativa.
Sin embargo, compartiendo el fundamento de que quienes ejercen cargos de responsabilidad deben ganar un ingreso superior al que actualmente reciben, no me parece procedente -y tampoco es la idea del proyecto- asimilar estas remuneraciones a los niveles de mercado, porque, por muy importantes que sean las funciones del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, su remuneración no puede equipararse a los altos ingresos que se pagan en el sector privado.
Creo que hay que fijar una remuneración razonable, tal como lo hace la iniciativa. Pero quiero efectuar esa salvedad, pues resulta evidente que no es posible buscar, en este ámbito, una equivalencia con el mercado.
En segundo término, tengo las mismas aprensiones del Honorable señor García en cuanto a la inconveniencia de hacer compatible las funciones de ciertas autoridades con la de director de sociedades o empresas estatales, así como también respecto de la forma como se está legislando en lo relativo a las funciones críticas. No obstante, se trata de una materia que, por estar contenida en una norma de carácter transitorio, tendremos la oportunidad de perfeccionar.
En tercer lugar, la ocasión en que estamos discutiendo este proyecto amerita hacer una reflexión acerca de ciertas prácticas que no son ni han sido habituales, ni menos de hace 70 años, como se ha dicho. Según entiendo, el suplementar las remuneraciones no era algo corriente en nuestro país, de tal manera que no deberíamos otorgar una especie de absolución respecto de prácticas que no son adecuadas.
En ese sentido, el artículo 6º del proyecto, que señala que los gastos reservados sólo podrán emplearse en los fines propios de las actividades respectivas, establece una cuestión obvia. Jamás pudieron los gastos reservados destinarse a fines ajenos a las labores de cada repartición.
Ahora, agregar que con cargo a dichos gastos no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos, es repetir un dictamen de la Contraloría que estaba plenamente vigente y que seguirá estándolo. Y disponer que no se podrán realizar transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales, es otra obviedad. Jamás los gastos reservados pudieron destinarse a financiar campañas políticas.
Hago esta precisión, porque, aunque no me opongo a que el artículo 6º sea específico en cuanto a las referidas prohibiciones, de ninguna manera debe entenderse que hasta la aprobación de la ley en proyecto era legítimo financiar campañas políticas con gastos reservados.
Por lo tanto, si el uso de dichos gastos para fines que no eran los procedentes conduce a la determinación de responsabilidades, en caso alguno el citado artículo 6º puede ser interpretado como una exoneración de éstas.
Con estas prevenciones, señor Presidente, voto a favor.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , sé que la hora avanza y es necesario terminar con la votación de este proyecto para ver el que viene a continuación.
En vista de eso, sólo me voy a referir a dos materias. Porque el tema es muy amplio y podemos seguir debatiéndolo en los próximos meses, ya que, evidentemente, ésta es únicamente la primera de una serie de iniciativas que deben conformar la agenda para la transparencia y la probidad.
Los dos puntos que deseo tocar, a propósito de lo manifestado por otros señores Senadores, son los siguientes.
El primero apunta al financiamiento de la política. Somos muchos los que desde hace bastante tiempo estamos haciendo presente la necesidad de que exista un financiamiento público para la política, las campañas electorales y los partidos. En el pasado nunca hubo voluntad para abordar el tema. Sin embargo, la crisis que estamos viviendo ha abierto esa oportunidad, de lo cual me alegro mucho. Sobre el particular, sólo quiero aprovechar de decir que en un documento elaborado por la Comisión Económica y Social de la Democracia Cristiana, entregado formalmente a su directiva hace un par de días, se plantea explícitamente esta materia.
El segundo punto se relaciona con las remuneraciones de los altos directivos públicos y, ciertamente, de los cargos de nivel político. Se trata de un problema de ese tipo de cargos en su comparación, fundamentalmente, con los del sector privado en cuanto a oportunidad de alternativas, y no de diferencias de nivel con el resto de la Administración Pública y sus opciones.
Por consiguiente, una cosa es que el nivel absoluto de las remuneraciones del personal público sea excesivamente modesto para lo que son aspiraciones normales, y otra distinta es que hoy estemos en condiciones de establecer una nueva escala única, desde los sueldos de los Ministros hacia abajo, porque eso resulta absolutamente infinanciable. Si se pretendiera hacer algo así, no existiría la posibilidad de contratar profesionales y altos directivos.
Debemos entender que este asunto de las funciones críticas, sobre el cual vamos a legislar en forma permanente más adelante, tiene que referirse a altos directivos y profesionales.
Voto que sí.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, voy a prescindir de mi tiempo en atención a que debemos tratar el otro proyecto vinculado con el tema.
Vamos a tener todo el año para discutir reformas del Estado, así que me guardo para una próxima oportunidad.
Voto a favor.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , consultaba recién al Ejecutivo respecto de la disposición transitoria que establece la función crítica, con el objeto de ver la posibilidad de precisarla o aclararla en el próximo trámite, si es menester. Porque, conforme a lo que fue en su momento el fallo del Tribunal Constitucional, a mi juicio subsiste una cuestión de constitucionalidad cuando la norma expresa que "Mediante decretos supremos, expedidos a través del ministerio de Hacienda y bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República ", se fijará para cada ministerio y servicio en que corresponda conceder la asignación, la cantidad máxima de personas", etcétera. O sea, se dispone una asignación, como resulta claro -antes se hizo referencia a crear plantas-, pero creo que, cuando se trata de puntualizar la cantidad máxima de los beneficiarios, se está dentro del ámbito de la reserva legal y que ello, en consecuencia, debiera ser consagrado por ley. Pienso que es algo que corresponde a la esencia del fallo del Tribunal en que se analizó el tema de la función crítica, para evitar la discrecionalidad que importaba en aquel entonces la creación de una planta. Cuando la autoridad fija hoy por decreto la aludida cantidad máxima de personas se cae en el ámbito -repito- de lo que es propio de la ley.
Aprobaré la iniciativa que nos ocupa, pero formulo esa prevención, señor Presidente , con el objeto de que se pueda despejar el concepto de manera categórica y clara, para que en el control de constitucionalidad a que obligadamente debe someterse el proyecto, y de oficio, no se vaya a suscitar precisamente la situación expuesta. Porque, si bien el precepto se contempla en la forma más amplia para la Administración Pública, estimo que subsiste la dificultad mencionada. Me gustaría que ese aspecto se pudiera determinar en el trámite legislativo, con el objeto de que no se sufra un contratiempo, asumido el hecho cierto de que es una disposición transitoria y de que, como muy bien observaba el Senador señor Boeninger , el asunto deberá ser precisado debidamente cuando ya se entre en las normas de modernización del Estado.
He destacado lo anterior, señor Presidente, porque me parece que existe una zona que todavía admite mayor clarificación.
Voto que sí.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , solicito al Ministro señor Fernández que la interpretación del artículo 3º del proyecto sea la de que no deroga, ni modifica, ni suprime el artículo 98 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y el artículo 89 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros.
Me abstengo.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , al menos en términos personales, asigno a la iniciativa en análisis la mayor trascendencia. Y no la considero solamente como algo puntual producto de una crisis, sino que estimo que sus raíces datan de varios años.
Desde mi punto de vista, para que los países crezcan, se desarrollen y, en definitiva, sean reconocidos, se necesitan dos condiciones: estabilidad política y una clase política creíble, elemento esencial que debe regir en el ámbito que nos ocupa. Y ello proporcionará confiabilidad económica, proporcionará confiabilidad ante terceros países, y nos distinguirá, a lo mejor, del resto del mundo subdesarrollado, conforme al camino que Chile viene recorriendo desde hace prácticamente veinte años.
Por lo tanto, no juzgo el desafío solamente como para sortear una crisis, sino que -y es algo más profundo, por lo que pienso que se deben abordar todos los temas- se trata de recuperarse del descrédito, en definitiva, que con motivo del episodio que hemos conocido y de otros anteriores ha sufrido la clase política. Y por ese motivo surge lo de la modernización.
Lo peor que les puede ocurrir a los países cuando se va profundizando ese fenómeno es que terminan apareciendo líderes populistas que, a la larga, lo único que provocan es inestabilidad, como ocurre con muchos Estados vecinos.
En consecuencia, dado el acuerdo entre el Presidente Lagos y Pablo Longueira , Presidente de la Unión Demócrata Independiente -y ojalá que se incorporen muchos más-, parece conveniente que lo relativo a la modernización del Estado, incluida la política, se aborde a la brevedad posible. Y resulta deseable que el proceso de descrédito de la actividad política -que puede terminar, en último término, afectando a la estabilidad de un país- se revierta. Insisto en que el asunto que estamos abordando va mucho más allá que sortear simplemente una crisis como la que ha vivido Chile en las últimas semanas.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Por 35 votos y 4 abstenciones, se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron a favor los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Cantero, Coloma, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega y Zaldívar (don Adolfo).
Se abstuvieron los señores Canessa, Cordero, Horvath y Martínez.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Con la misma votación quedan aprobados los artículos que no han sido objeto de modificaciones o de indicaciones.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa una indicación suscrita por los Honorables señores Cantero , Naranjo , Viera-Gallo , Frei (don Eduardo) y Silva , para suprimir, en el inciso quinto del artículo 1º, la expresión "con un máximo de doce horas semanales".
La norma dice relación a la docencia en instituciones educacionales.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Señor Presidente , se trata de resolver un asunto que estimo importante. Una serie de disposiciones, de informes de la Contraloría, reconocen a los funcionarios la posibilidad de ejercer la docencia tanto en las universidades públicas como en las privadas. Y en las circunstancias actuales, por ejemplo, no se les permite hacerlo en estas últimas entre 8:30 y 17:30. O sea, deben abocarse a ello fuera de su jornada laboral. Si el proyecto se aprobara tal como está, se registraría también una doble diferencia entre esas personas, respecto de tal actividad: para las funciones críticas o las jefaturas existiría un estándar; para los profesionales de la misma dependencia, otro.
La idea es que cualquier funcionario pueda ejercer la docencia, en universidades públicas o privadas, con un tope de doce horas, con la obligación de recuperar las horas laborales.
Ésa es la idea central, que ha concitado el apoyo de prácticamente todos los sectores. Creemos que se trata de un procedimiento sano. Mucha gente lo utiliza. Y no existe razón para discriminar entre la universidad pública y la privada, o entre el nivel profesional y aquel en que se sitúan los funcionarios públicos. Nos parece adecuado que éstos tengan la posibilidad de conectarse con el sistema universitario en general.
Por eso presentamos la indicación.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En resumen, se hace compatible la función docente.
La norma en que recae la indicación es de rango orgánico constitucional.
Propongo a la Sala repetir el resultado de la votación anterior, con el quórum ya reunido.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Perdón, señor Presidente . La indicación sugiere suprimir la expresión. Entiendo que, si se acuerda eliminarla, el resto del artículo queda despachado en la forma como se aprobó y con el quórum que se reunió hace un par de minutos.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Entonces, señores Senadores, ¿repetimos el resultado?
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Esta proposición, señor Presidente , se halla en una línea que apruebo. Pero eso no modifica la votación general realizada. Yo me abstuve; pero en el caso de este artículo me parece muy importante la enmienda sugerida.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Entonces, señor Senador, agregaríamos su voto.
El señor MARTÍNEZ .-
Para esta modificación, sí.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Se registra el voto afirmativo de Su Señoría.
El Honorable señor Arancibia tiene la palabra.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , me preocupa el quórum.
Seguramente, algunos colegas votaron por lo que se estaba tratando antes de que salieran de la Sala.
Si se quisiera tomar la votación de nuevo y existiera suficiente cantidad de pronunciamientos afirmativos, yo estaría de acuerdo.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
No es necesario, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa palabra.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , quiero llamar la atención sobre lo siguiente.
Es factible aprobar la indicación número 1, tendiente a suprimir una frase en el artículo 1º. Pero no sé si podemos aprobar la número 2, que es la que crea un régimen funcionario nuevo, pues para eso, primero, debe haber iniciativa del Poder Ejecutivo , y segundo, tiene que reunirse el quórum exigido.
Entonces, hago presente a la Sala que podemos quedar en el peor de los mundos: sin autorización, como está en el artículo 1º, y sin norma distinta, como la que se está proponiendo, porque se requiere iniciativa del Gobierno, ya que se está estableciendo un estatuto para funcionarios públicos.
Por lo tanto, propongo rechazar la indicación, pues será imposible alcanzar el propósito perseguido con ella. Éste consiste en mejorar un sistema; pero desgraciadamente, por no haber iniciativa parlamentaria para agregar el artículo 8º que se sugiere, podemos quedar (como expresé) en el peor de los mundos.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , considerando que lo señalado por el Senador señor Novoa es correcto, el Ejecutivo está de acuerdo en patrocinar la idea y en presentar la indicación, si ello es necesario.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Es necesario.
El señor NOVOA.-
Pero debería presentarla con la firma del Presidente de la República.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , lo que ha dicho el Senador Novoa es del todo razonable. Entiendo la buena voluntad del señor Ministro . Pero, en verdad (y el Senador señor Frei, como ex Presidente de la República , lo sabe perfectamente), una indicación sólo es válida en la medida en que está presentada.
Comparto plenamente la proposición hecha. Pero aprobar una indicación sobre una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República sin que éste la haya presentado constituye un precedente que no podemos sentar.
Si en el transcurso de esta sesión llegara la indicación -como ha sucedido en otras oportunidades-, no habría problema para aprobarla. Pero si no la recibimos físicamente, eso es imposible.
No sé, señor Presidente , si habitualmente se envían por fax las indicaciones. Si la que ocupa la atención del Senado se remitiera por tal vía antes de terminar esta sesión, no existiría inconveniente alguno. En ese caso, habría que dejar el punto pendiente. Pero antes no es factible aprobarla. Y tiene toda la razón el Senador señor Novoa.
Me gustaría saber si el Ejecutivo está en condiciones de enviar por fax la indicación en comento.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Señor Ministro , se está preguntando si en el curso de esta sesión podemos contar con la indicación firmada por Su Excelencia el Presidente de la República .
El señor FERNÁNDEZ ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Se hará lo posible, señor Presidente . Vamos a verlo.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Si no es así...
El señor FERNÁNDEZ ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Debo hacer la solicitud pertinente.
Tenemos todavía...
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Cinco minutos, señor Ministro .
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , habría que dejar en suspenso el despacho del proyecto -sin perjuicio de lo ya votado-, por acuerdo unánime de la Sala. Y continuaríamos con el tratamiento de la siguiente iniciativa, mientras llega la indicación.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Si no, simplemente, la iniciativa tendría que quedar para la sesión de mañana.
El señor ESPINA.-
No es posible, señor Presidente , porque el proyecto debe ir a tercer trámite a la Cámara de Diputados.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Claro. Pero qué hacemos.
El señor ESPINA.-
Las alternativas son dos: o se rechaza la indicación o la traen en veinte minutos.
Sé que los señores Ministros son muy diligentes en esta materia.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, quedará suspendido el tratamiento de este proyecto hasta que llegue la indicación del Ejecutivo.
--Así se acuerda.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar el Orden del Día a fin de avanzar en el despacho de la tabla.
--Así se acuerda.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , habiendo Comisiones citadas para sesionar a partir de las 18:30, pido que se autorice para recibir la votación del proyecto signado con el número 2, que requiere quórum especial.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Y la del número 3.
El señor NOVOA.-
Sí. También la del número 3, que es del Senador señor Fernández.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , el proyecto que figura con el número 3 en el Orden del Día cumple tercer trámite constitucional, tras nueve años en la Cámara de Diputados. Creo que se podría aprobar sobre tabla, pues las modificaciones que le hizo aquélla fueron aprobadas por la Comisión y no merecen mayor debate.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Propongo a la Sala que, luego de la relación, despachemos la iniciativa en forma inmediata.
--Así se acuerda.
EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (370-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la ex Senadora señora Feliú y del Senador señor Fernández).
En primer trámite, sesión 2ª, en 5 de julio de 1991.
En tercer trámite, sesión 18ª, en 10 de diciembre de 2002.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 7ª, en 30 de junio de 1993.
Constitución (segundo), sesión 13ª, en 10 de noviembre de 1993.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 30 de junio de 1993 (queda para segunda discusión); 8ª, en 6 de julio de 1993 (se aprueba en general); 14ª, en 16 de noviembre de 1993 (se aprueba en particular).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Esta iniciativa tuvo origen en moción del Honorable señor Fernández y de la entonces Senadora señora Feliú.
La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al texto que despachó el Senado.
En sesión de 10 de diciembre de 2002, la Cámara Alta acordó enviar el proyecto a la Comisión de Economía, la que, luego de analizar las enmiendas incorporadas por la Cámara Baja, efectuó dos votaciones. La primera comprendió todas las modificaciones -con excepción de las que inciden en los artículos 1º y 3º-, que fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes (Senadores señores García, Lavandero y Novoa).
La segunda votación comprendió las enmiendas efectuadas a los artículos 1º y 3º. Por el artículo 1º se autoriza a toda persona natural el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, y en el 3º se eliminó la exigencia de consignar el estatuto de la empresa en la escritura pública de su constitución. Estas dos últimas modificaciones se aprobaron por 2 votos a favor (Honorables señores García y Novoa) y una abstención ( Senador señor Lavandero).
La Secretaría elaboró un boletín comparado entre el texto que aprobó el Senado y las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Si le pareciera a la Sala, se aprobarían sin discusión las modificaciones que hizo la Cámara Baja.
--Se aprueban y queda despachado el proyecto en este trámite.
ESTABLECIMIENTO DE REGISTROS DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de "discusión inmediata", sobre establecimiento de registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3176-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 24ª, en 14 de enero de 2003.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 25ª, en 15 de enero de 2003.
Hacienda (nuevo), sesión 26ª, en 21 de enero de 2003.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El objetivo principal de este proyecto es crear registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, a cargo de la entidad administrativa correspondiente, como requisito habilitante para acceder a dichos recursos.
Cabe recordar que hubo un primer informe de la Comisión de Hacienda -se dio cuenta de él en sesión de 15 del mes en curso- y que la Sala acordó en esa misma oportunidad remitir de nuevo la iniciativa a ese organismo técnico para un nuevo primer informe.
La Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Ominami, Prokurica y Sabag).
En cuanto a la discusión en particular, aprobó, también por la unanimidad de sus integrantes (esta vez, los Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Ominami), los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, 8º y 10 permanentes y 1º, 2º, 3º y 4º transitorios, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. En lo que respecta a los artículos 1º, 5º, 7º y 9º, la Comisión de Hacienda les efectuó modificaciones, las que fueron acordadas por la misma unanimidad precedentemente señalada y se consignan en el nuevo informe.
Corresponde señalar que los artículos 1º, 3º, 4º, 7º y 8º permanentes y 2º transitorio tienen carácter orgánico constitucional y, por tanto, requieren para su aprobación el voto conforme de 26 señores Senadores.
Finalmente, cabe indicar que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, el proyecto debe ser debatido en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Hago presente que diversos señores Senadores, en atención a que deben concurrir a Comisiones, solicitaron abrir la votación y permitir a la Secretaría recogerla.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
El señor OMINAMI.-
Pido la palabra para rendir el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , mediante esta iniciativa se crean dos clases de registros de personas jurídicas colaboradoras del Estado y de las instituciones que autorizan donaciones o franquicias tributarias.
Por una parte, se establece que los municipios y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos que efectúen transferencias llevarán un registro de las entidades receptoras de esos fondos.
Además, se dispone que habrá dos registros centrales, uno a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que integrará los datos provenientes de las municipalidades, y otro radicado en la Subsecretaría de Hacienda, que centralizará los antecedentes que entreguen los servicios públicos.
Se entenderá por transferencias, para los efectos de la ley en proyecto, los distintos tipos de subvenciones.
La información recogida tendrá carácter público, incorporándose la referente a la individualización de las entidades afectadas, su área de especialización, su naturaleza jurídica y sus antecedentes financieros; también, las actividades o comisiones que se les hayan encargado, los recursos públicos recibidos y el resultado de los controles realizados por la Contraloría General de la República.
Serán sancionados los funcionarios públicos que otorgaren recursos fiscales a alguna de las entidades obligadas por el cuerpo legal en proyecto que no se hayan inscrito en los registros citados; por su parte, en tal caso, éstas deberán devolverlos reajustados con el interés máximo convencional.
La información de los registros que se establecerán en el curso de 2003 sobre la base de las transferencias que se efectúen ese año estará disponible a través de medios electrónicos. Los Ministerios de Hacienda y del Interior deberán celebrar convenios para intercambiar la información contenida en sus respectivos registros.
La exigencia de estar inscrito en los registros para recibir recursos públicos u obtener franquicias tributarias regirá, por razones evidentes, sólo a contar del 1º de enero de 2004.
Los registros también se encontrarán a disposición del Contralor General de la República , para facilitar la fiscalización de este órgano de control.
El mayor gasto que irrogue la ley en proyecto durante 2003 se financiará con cargo al presupuesto de las reparticiones correspondientes considerado en la Ley de Presupuestos para dicho año.
De esta manera, señor Presidente , se otorgará mayor transparencia y eficacia a los recursos públicos que se otorgan a entidades colaboradoras del Estado, perfeccionándose las actuales normas que regulan la percepción y el uso de esta clase de fondos.
Con este proyecto de ley se pone de manifiesto la voluntad de avanzar en los temas de transparencia y probidad, que han estado en el centro de las preocupaciones del país durante el último tiempo.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , considero que esta iniciativa es extraordinariamente importante y responde a una larga y sentida aspiración de los Parlamentarios de la Alianza por Chile.
La verdad es que en la discusión de cada Ley de Presupuestos hemos solicitado establecer un registro de todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos públicos y ponerlo a disposición especialmente de la Cámara de Diputados para permitirle ejercer su facultad fiscalizadora.
Tuvo que ocurrir cuanto ha sucedido -es de dominio público- para que este proyecto fuera una realidad. Nos alegramos por ello. Creo que constituye una muy buena señal de transparencia. Ahora vamos a saber qué organizaciones no gubernamentales reciben fondos públicos, con qué fines los perciben y cuál es la efectividad con que muchas veces realizan proyectos sociales, que generalmente son la razón por la cual obtienen los recursos pertinentes.
Por lo tanto, en nombre de Renovación Nacional, expreso nuestro apoyo a esta iniciativa tanto en general como en particular.
Señor Presidente , antes de terminar deseo hacer una breve observación respecto de un error redaccional cometido en el articulado, que, según entiendo, proviene de la Cámara de Diputados (para corregirlo, podríamos facultar a la Secretaría). No obstante ser miembro de la Comisión de Hacienda y haber leído varias veces el proyecto, no reparé en él. Por tanto, me acuso de ello.
El artículo 1º señala: "Los municipios y los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos.". Se repite el término "municipios". Además, éstos no se hallan incluidos en la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, debiéramos eliminar la expresión "Los municipios y" y decir, simplemente: "Los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos."
Me parece que ésa es la redacción lógica y correcta. Y si el Ejecutivo estuviera de acuerdo con ella, debiéramos facultar a la Secretaría para proceder a la corrección pertinente.
He dicho.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
¿Hay pronunciamiento del Ejecutivo?
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
Me parece obvio, como manifiesta el Senador señor García, que existe un error que debe corregirse.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, se facultará a la Mesa para enmendarlo.
El señor SABAG.-
Conforme, señor Presidente
--Así se acuerda.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , bien recuerdo que, cuando discutimos la Ley de Presupuestos, varios Parlamentarios manifestamos nuestra inquietud particularmente respecto de todas las instituciones que se acogían a la ley de donaciones, porque muchas veces no teníamos claro hacía dónde iban dirigidas estas últimas, si se acogían a las franquicias pertinentes.
Por eso, valoro de manera muy positiva el que este proyecto, así como -según expresó el Senador señor García - permitirá saber sobre las ONG que utilizan recursos públicos, nos posibilite conocer por fin qué instituciones reciben o efectúan donaciones y qué orientación tienen.
En tal sentido -insisto-, valoro muy positivamente esta iniciativa, porque siempre hubo una nebulosa, un campo oscuro, en lo referente a las donaciones y a las franquicias a que se acogían ciertas instituciones. A través de la ley en proyecto sabremos a ciencia cierta quiénes dan los recursos, qué instituciones los reciben, cómo se gastan. y, por último, qué fines se persiguen. Muchas veces -debo decirlo con sinceridad- no sabíamos ni lo uno ni lo otro. Ahora, gracias a esta iniciativa podremos conocer absolutamente toda la información. ¡Toda!
Creo que eso contribuye a la transparencia del sector privado. Porque muchas veces se exige transparencia al sector público, pero se hace vista gorda con relación a los recursos que provienen de aquél. Y, desde esa perspectiva, es buena esta acción de transparencia sobre cómo se emplean los recursos fiscales.
Por eso, votaré a favor del proyecto.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate...
En votación.
--(Durante la votación).
El señor VEGA.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto por lo que significa para la modernización del Estado. En esta materia hay una especie de lado oscuro de la luna.
El número de las organizaciones no gubernamentales es realmente impresionante. Son 400 a 500, entre otras miles de carácter social, de las cuales no tenemos una idea exacta sobre su funcionamiento y propósitos.
Estas organizaciones cuentan hoy con especialistas únicos y exclusivos, y constituyen, por lo tanto, un complemento indispensable para el funcionamiento de un Estado moderno. Desde el punto de vista práctico, las organizaciones no gubernamentales son imprescindibles.
Aproximadamente 40 por ciento del financiamiento de las 400 ó 500 ONG lo aporta el Estado y el 60 por ciento restante proviene del extranjero. Y, precisamente, es en este punto donde surge la incertidumbre, porque muchas de ellas presentan ciertos sesgos ideológicos muy marcados, que son muy difíciles de controlar. Ahí está la sensibilidad generada respecto del pueblo mapuche, la que no existía antes que surgieran estas organizaciones. Se espera que el control que establece la iniciativa ayudará a superar las debilidades que se han presentado en esta materia.
Otro problema se refiere a si la Contraloría General de la República, cuya función es de control, tendrá la capacidad necesaria para supervisar a todas las organizaciones. Como bien sabemos, el órgano contralor tiene alrededor de 400 auditores y especialistas y cuenta con un presupuesto de 20 millones de dólares. Obviamente, la aprobación del proyecto multiplicará la labor de control que debe ejercer sobre el destino de los recursos presupuestarios. Entonces, esta labor le demandará una preocupación extra.
Como la iniciativa aclara un problema actual muy importante del Estado de Chile, voto favorablemente.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor VEGA.-
Voto que sí, señor Presidente.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (33 votos favorables).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange y Vega.
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El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En estos momentos ha llegado a la Mesa un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República en cuanto al proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 19.665, sobre nombramiento de jueces de garantía y jueces de tribunal de juicio oral en lo penal.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se toma conocimiento y se manda remitir el proyecto al Excelentísimo Tribunal Constitucional, de conformidad a lo establecido en el Nº 1 del artículo 82 de la Carta Fundamental.
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El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
El Ejecutivo nos ha informado que presentará indicaciones al proyecto que fija asignaciones de dirección superior y por desempeño de funciones críticas, y de normas para transparencia de gastos reservados.
Se suspende la sesión por tres minutos.
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--Se suspendió a las 18:47
--Se reanudó a las 18:54.
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El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
FIJACIÓN DE ASIGNACIONES DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS, Y DE NORMAS PARA TRANSPARENCIA DE GASTOS RESERVADOS
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Continúa el estudio del proyecto de ley sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, de los alcaldes y da normas sobre gastos reservados.
Tiene la palabra el señor Secretario para referirse a las indicaciones del Ejecutivo.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Las indicaciones están suscritas por Su Excelencia el Presidente de la República , el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , don Mario Fernández , y el señor Ministro de Hacienda , don Nicolás Eyzaguirre .
La primera incide en el artículo 1º y tiene por objeto suprimir en su inciso quinto la expresión ",con un máximo de doce horas semanales,". La segunda, en el artículo 8º, nuevo, y propone agregar el siguiente artículo 8º, nuevo:
"Independientemente del régimen estatutario o remuneratorio, los funcionarios públicos podrán desarrollar actividades docentes durante la jornada laboral, con la obligación de compensar las horas en que no hubieren desempeñado el cargo efectivamente y de acuerdo a las modalidades que determine el jefe de servicio, hasta por un máximo de doce horas semanales. Excepcionalmente, y por resolución fundada del jefe del servicio, se podrá autorizar, fuera de la jornada, una labor docente que exceda dicho tope.".
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Son normas cuya aprobación requiere quórum especial.
En votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , para un profesor la preparación de doce horas semanales significa al menos una hora adicional por cada una de ellas. Por lo tanto, se trata de 24 horas semanales; es decir, de tres días laborales.
Por otra parte, me parece excelente que los funcionarios públicos impartan clases, pero en cuanto al procedimiento compensatorio de las horas, veo algunas dificultades.
Por otro lado, creo importante llevar una estricta relación de acceso público de esta actividad para que realmente sea compatible.
Con esas aprensiones, voto a favor.
--Se aprueba en particular el proyecto (31 votos) favorables, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Martínez, Moreno, Naranjo, Novoa, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange y Vega.
El señor NARANJO.-
Muy breve, señor Presidente , para valorar que el Gobierno haya acogido favorablemente la indicación que presentamos con los Senadores señores Frei , Viera-Gallo , Silva y Cantero .
Voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente , junto con agradecer a los señores Senadores su disposición para con estos proyectos, quiero responder en forma breve al Senador señor Espina, quien solicitó un pronunciamiento del Gobierno sobre un tema que venimos persiguiendo hace bastante tiempo: el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Al respecto, hace cuatro años presentamos un proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. En ese momento ya señalamos que éramos partidarios de buscar también incorporar lo relativo al financiamiento. Creo que en esa oportunidad no hubo ambiente para ello. El proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral ha sufrido una serie de procesos que finalmente lo han llevado a la Comisión de Hacienda del Senado, después de haber sido aprobado en la de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Y, con mucho gusto, quiero informar que dentro del mes de marzo esperamos contar con el acuerdo de todas las fuerzas políticas -que así nos han manifestado su interés- para legislar también sobre el financiamiento.
Pienso -como lo señaló el Presidente de la República - que debemos aprovechar situaciones que son negativas también como oportunidad. Y ésta es una gran oportunidad de legislar sobre los temas que aquí se han planteado: el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales y lo relativo a la profesionalización del Servicio Público.
Esperamos que esas materias formen parte de nuestra agenda legislativa de urgencia y que el Congreso Nacional pueda conocerlas en los primeros meses después del receso legislativo.
Así que agradezco la aprobación prestada por Sus Señorías en el día de hoy, y anuncio desde ya el envío de un proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales y esperamos que corra mejor suerte que la que tuvo una iniciativa similar en una Sala del Congreso.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, sólo quiero contestar algunas dudas presentadas.
Son dos las materias. La primera se refiere a que este proyecto efectivamente cubre desde el segundo nivel de responsabilidad hasta el Presidente de la República . En el caso de la provisión, separación y remuneración de los cargos de directivos públicos de primer y segundo nivel de responsabilidad, el Gobierno presentará un proyecto llamado de Directivos Públicos en el curso del año, donde quedará enteramente regularizado. Es así como el consenso político permitió una transición de un año a objeto de que los cargos del segundo nivel de responsabilidad, generalmente conocidos como cargos críticos, quedaran adecuadamente transparentados en su remuneración. Aquí a nadie se le ha subido la remuneración, sólo se ha transparentado.
Todos los funcionarios públicos, desde el tercer nivel de responsabilidad hacia abajo están incluidos en la iniciativa sobre nuevo trato laboral actualmente en tramitación. Por lo tanto, sería falso afirmar que aquí se ha legislado para unos y no para otros. El conjunto de los funcionarios, desde el Presidente de la República hasta el último de la Escala Única, se encuentra en este momento incorporado en proyectos en el Parlamento.
Para terminar, con respecto a los gastos reservados, debo señalar que en materia de Defensa Nacional lo que se acordó fue: primero, que será el Parlamento, en la Ley de Presupuestos, el que fijará el nivel de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, no pudiendo ser éstos inferiores al piso estipulado por ley, el cual no ha sido modificado; y segundo, en materia de conocimiento de ingresos y gastos permitidos por la Ley Reservada del Cobre, por transparencia presupuestaria, que son códigos internacionales, se anexará al conjunto de gastos e ingresos del sector público, pero su información será a nivel de subtítulo para evitar problemas de confidencialidad, lo cual será dictado por un decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Carmen Frei.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , quiero hacer un comentario respecto de lo dicho por el señor Ministro del Interior , porque en la Comisión de Gobierno estudiamos el proyecto sobre financiamiento de las campañas electorales, el que, a mi entender, reunió bastante consenso entre los miembros de la Comisión, a excepción del representante de la UDI, quien se abstuvo en todas las votaciones.
Me alegro mucho de que ahora el señor Ministro reconozca que introducirá mejoras a la iniciativa y de que la UDI las respaldará. Pero lo que deseo plantear, y lo digo en nombre de quienes participaron en la Comisión de Gobierno, es que ojalá el señor Ministro tenga la gentileza de enviar las enmiendas a la Comisión que presido, de manera de tomar las decisiones pertinentes en el Senado. No estoy dispuesta a que un problema que ya teníamos votado y resuelto se solucione fuera del Parlamento. Respeto mucho a todos los señores Senadores, pero ellos también deben respetar a una Comisión que trabajó durante largo tiempo y, a mi juicio, bastante bien en un proyecto complicado.
Entonces, se debe reconocer la labor hecha, es decir, que lo anunciado por el señor Ministro sea remitido a la Comisión de Gobierno, y no a la de Hacienda o de Constitución, pues es un tema que le compete a la primera.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día,...
El señor COLOMA.-
Pero yo puedo pedir, señor Presidente ,...
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
... y corresponde iniciar la hora de Incidentes, aunque parece que se están adelantando.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, es cuestión de Reglamento.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
¿Perdón?
El señor COLOMA.-
Es cuestión de Reglamento, porque la Senadora señora Frei hizo uso de la palabra una vez terminada la discusión del proyecto y yo también quiero intervenir a propósito de lo mismo. ¿No entiendo por qué no lo puedo hacer?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En la hora de Incidentes le otorgaré la palabra.
El señor COLOMA.-
¿Por qué a la señora Senadora se la dio dentro del Orden del Día y a mí no? ¿En virtud de qué artículo?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Porque las damas siempre tienen preferencia, señor Senador.
La señora FREI (doña Carmen).-
Y el señor Senador es muy joven, muy joven.
El señor COLOMA.-
Quería pedir la transcripción de lo planteado por el señor Ministro , pues no oí que dijera lo señalado por la Honorable señora Frei .
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Basta que la solicite a la Secretaría. No es necesario interrumpir la sesión para ese propósito.
El señor COLOMA.-
No, porque ella hizo un comentario que nos podía...
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Contralor de la Segunda Región , sobre SITUACIÓN QUE AFECTA A EX TRABAJADORES DE EMPRESA CONSTRUCTORA EICO S.A., y a diversas autoridades, solicitándoles CONTESTACIÓN A OFICIOS SIN RESPUESTA.
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Intendente de la Sexta Región , atinente a PROTECCIÓN DE RIBERAS DE RÍO TINGUIRIRICA EN COMUNA DE PALMILLA.
Al señor Subsecretario del Interior y al señor Intendente de la Sexta Región , relativo a ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RADIALES PARA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.
Del señor NARANJO:
Al señor Director Nacional de FONASA , concerniente a PERSONAS SUSCEPTIBLES DE SER INCORPORADAS COMO CARGAS DE AFILIADOS A FONASA.
De los señores RÍOS Y CANTERO:
Los siguientes oficios relacionados con el conflicto indígena en las Regiones Octava y Novena: al señor Presidente de la República , solicitándole CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL PARA IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE ATENTADOS TERRORISTAS Y AMENAZAS.
Al señor Ministro de Economía , uno, relativo a ESTABLECIMIENTO DE FONDO DE GARANTÍAS ESPECIALES PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE ZONA AFECTADA, otro, concerniente a PAGO POR EL ESTADO DE PRIMA ADICIONAL DE RIESGO POR ACTOS TERRORISTAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN REGIONES AFECTADAS, y, el último, atinente a IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO ESPECIALES PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS AFECTADOS POR ACTOS TERRORISTAS.
Al señor Ministro de Justicia , relativo a DESIGNACIÓN DE ABOGADO ESPECÍFICO EN CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL PARA FAMILIAS VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS O AMENAZAS.
Al señor Ministro de Salud , sobre ASISTENCIA MÉDICA Y PSICOLÓGICA PREFERENCIAL Y GRATUITA A VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS O AMENAZAS.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , atinente a PROGRAMA DE ACCESO PREFERENTE A VIVIENDAS Y SUBSIDIOS PARA QUIENES HAYAN PERDIDO SUS CASAS Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES POR ATENTADOS TERRORISTAS.
Al señor Ministro de Agricultura , relativo a EXTENSIÓN AUTOMÁTICA DE BONIFICACIONES PARA PROYECTOS DE RIEGO NO CONCRETADAS POR PROBLEMAS DE SEGURIDAD.
Al señor Superintendente de Valores y Seguros , concerniente a INVESTIGACIÓN DE EVENTUAL DISCRIMINACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS CONTRA PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE ZONA AFECTADA POR ACTOS TERRORISTAS.
Del señor ROMERO:
Al señor Director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota , relativo a ADQUISICIÓN DE NUEVA AMBULANCIA PARA COMUNA DE CABILDO (Quinta Región).
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Obras Públicas , atinente a DESTINACIÓN DE FONDOS PARA ARREGLO DE RUTA PUELO - PUELCHE (Décima Región).
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El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales 2 e Independiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
REFLEXIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS ATINENTES A REFORMA DEL ESTADO
El señor SILVA .-
Señor Presidente , hago presente que, además del tiempo de mi Comité, utilizaré el del Comité Institucionales 1, que me lo ha cedido con mucha gentileza.
Quiero referirme a la reforma del Estado y fundamentalmente a las iniciativas legislativas vinculadas con dicha materia.
I. UN TEMA RECURRENTE
Se trata, evidentemente, de un tema recurrente y que en la actualidad, al parecer, se encuentra muy en boga y está en el tapete de la preocupación tanto institucional como política.
De un tiempo a esta parte, el Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional un sinnúmero de proyectos con incidencia directa e inmediata en temas relativos a la reforma del Estado, cada uno con un supuesto que lo hace diferente a otro, transformando cada iniciativa en "modernizadora", en una aparente innovación, dejando el conjunto como una cuestión inorgánica.
Durante los últimos años, la renovación de la Administración Pública se ha convertido en algo que se menciona a menudo. Nos encontramos ante un movimiento internacional, paralelo a los procesos de privatización, desregulación y globalización de los mercados, consistente en la modernización de la Administración a través de la racionalización del gasto y de la selección de nuevas formas de gestión.
Se sostiene, con cierta insistencia, que la modernización del Estado es el elemento central sobre el cual descansa la forma y el modo en que se condicionarán las tareas de aquél en adelante. Sin embargo, no se explicita cuál es el Estado al que se referiría la reforma.
En efecto, la grandilocuencia del término esconde la sencillez de la propuesta. En verdad, cuando se nos propone discutir sobre la reforma del Estado, estamos aludiendo a un aspecto específico del mismo: el Gobierno y la Administración Pública.
Sin embargo, el hecho de que se remita a esos dos aspectos es una cuestión no menor, si bien hace abstracción de otros concernientes al Estado e hipotéticamente a su reforma. Porque, en el fondo, se está refiriendo sólo al Gobierno y a la Administración Pública del orden civil. Siendo ambos la parte actuante del Estado, la forma que asuma para cumplir sus finalidades, la estructura que adopte para alcanzar los fines que le compete cumplir y el cómo se adecúan a esos objetivos las partes que la constituyen, esto es, cómo se articula en categorías y tipos organizacionales, será, en verdad, una resultante de la filosofía y visión que de sí mismo tenga el Estado respecto de su rol en la sociedad y de la misión que ha de cumplir en ella.
Es errado sostener que la Administración chilena no haya tenido épocas previas de reforma. En efecto, la historia nos demuestra que durante el siglo XX existieron numerosos procesos de cambios estructurales y radicales del Estado. Ejemplo de ello son la Constitución de Alessandri, en 1925; el establecimiento de un Estado de bienestar desde Pedro Aguirre Cerda ; la racionalización administrativa durante el Gobierno de Jorge Alessandri; la amplia Comisión racionalizadora que tuvimos el honor de presidir durante el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, que la integraron varios actuales y ex Senadores de la República , y la Reforma de la Administración del Estado durante el Régimen militar que, entre paréntesis, se denominó CONARA .
II. LA CUESTIÓN DURANTE LA DÉCADA
En democracia, se establecieron iniciativas en cada una de las Administraciones de la Concertación. El gran desafío, entonces, del Gobierno del Presidente Aylwin fue nivelar los vacíos estructurales al interior de la Administración, antes de un proceso de reforma propiamente orgánico en ella. Fue así como se logró establecer una política de remuneraciones que permitiera el mejoramiento de éstas en el sector público; crear una instancia centralizada para coordinar la política pública de reforma del Estado, naciendo el Ministerio Secretaría General de la Presidencia; instituir el mecanismo de metas ministeriales; permitir la asociatividad de los funcionarios públicos; por último, y la más relevante en cuanto a las bases de los procesos de modernización: la territorialización de la competencia pública, estableciendo a los municipios como órganos autónomos, cuyas autoridades se generarían por elección popular, y el establecimiento de los gobiernos regionales como unidades básicas para el desarrollo de los procesos de modernización.
Durante el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, en diciembre de 1994 se creó el Comité Interministerial de Modernización de la gestión pública, dando origen luego a la división del mismo nombre en la SEGPRES, que permitió el desarrollo de una cultura de la modernización. Los principales logros de esta gestión fueron los siguientes: se implementó, mediante la ley Nº 19.553, un sistema de incentivos salariales para los funcionarios públicos ligado a los resultados institucionales e individuales; la asignación por desempeño institucional, que se concede con relación a la ejecución de programas de mejoramiento de la gestión comprometidos el año precedente y formalizados mediante decreto supremo; se creó el premio a la calidad de los servicios públicos; un nuevo Reglamento General de Calificaciones; se diseñó un sistema electrónico de información de compras y contrataciones públicas, que funciona por Internet, en la dirección www.compraschile.com; se dictó la ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa, y la Nº 19.645, que reformó el Código Penal, creando nuevos delitos en materia de corrupción.
Hasta ese momento, la orientación de la reforma del Estado estuvo vinculada a las cuestiones relativas a gestión y eficiencia. Al inicio del Gobierno del Presidente Lagos, el proyecto de reforma y modernización del Estado, radicado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, como consecuencia de las experiencias relatadas con anterioridad, elaboró una ambiciosa propuesta para el período 2000-2006, fijando los objetivos generales y específicos de la modernización del Estado en el actual período presidencial.
El proyecto pertinente tuvo por objetivo lograr en el plazo del Gobierno del Presidente Lagos una reestructuración del aparato estatal, de acuerdo con los principios orientadores de la reforma, y una puesta en funcionamiento de las nuevas estructuras y funciones conforme a las características que se definan.
Los objetivos específicos abarcaban cuatro materias:
Rediseño y reorganización del aparato del Estado.
Modernización de la gestión pública.
Participación ciudadana.
Auditoría, Transparencia y Probidad.
Esta aspiración se proyectó a la participación del Parlamento. En efecto, el Gobierno convocó al Senado a participar de este debate, solicitando su dictamen de conformidad a lo establecido en la propia Constitución. La Cámara Alta, el día miércoles 18 de julio de 2001, constituyó la Comisión Especial para emitir el dictamen solicitado por el Presidente de la República , integrada por los Honorables señores Boeninger (que la presidió), Bitar , Cantero , Díez , Fernández , Hamilton , Martínez , Valdés , Viera-Gallo y el Senador que habla, organismo técnico que aún no emite su pronunciamiento definitivo, por diversas razones no imputables ni a él ni a su Presidente , sino sencillamente por la pérdida de la actividad en la iniciativa que al Ejecutivo le cupo frente a dicha Comisión.
III. EL PROBLEMA DE LA AGENDA LEGISLATIVA ACTUAL
Sin embargo, las actuales circunstancias de la agenda legislativa implican que, a mi juicio, no existen criterios comunes sobre los cuales descansan los temas que nos vinculan en esta materia. Y, por lo tanto, hay una enorme discrepancia entre lo que se hizo en el pasado, lo que se planificó para este período y lo que se ha terminado por querer o pretender hacer.
Los siguientes proyectos incluidos en la actual legislatura tienen impacto directo en las materias relativas a reforma y modernización del Estado, todos ellos sin un sentido común y armónico:
Ley de fomento audiovisual (Boletín Nº 2802-04).
Transformación de la Casa de Moneda (Boletín Nº 2949-05).
Nuevo trato funcionario (Boletín Nº 3075-05).
Tribunales Tributarios (Boletín Nº 3139-05).
Remuneraciones superiores -del cual nos hemos estado ocupando esta tarde- (Boletín Nº 3171-05).
Ley de casinos (Boletín Nº 2361-23).
Sistema de Inteligencia Financiera (Boletín Nº 2811-02).
Tribunales de Familia (Boletín Nº 2118-18).
Modernización del Servicio Médico Legal (Boletín Nº 3154-07).
Chile Solidario (Boletín Nº 3098-06).
Derechos y deberes en salud (Boletín Nº 2727-11).
Régimen de garantías de salud (Boletín Nº 2947-11).
Bases de los procedimientos administrativos (Boletín Nº 2594-06), que terminó siendo rehecho totalmente, fue aprobado por la unanimidad del Honorable Senado y pende todavía de la consideración de la Cámara de Diputados. Es tal vez uno de los pocos proyectos que específicamente inciden de manera global en la reforma de los procedimientos a cargo del Estado.
Creación de Subsecretaría de Desarrollo Forestal (Boletín Nº 2265-01).
Tribunales de la libre competencia (Boletín Nº 2944-03).
Nueva institucionalidad cultural (Boletín Nº 2286-04).
Ley de la música (Boletín Nº 2287-04).
Rediseño del Ministerio de Educación (Boletín Nº 3026-04).
Gestión del Servicio Nacional de Aduanas (Boletín Nº 3034-05).
Creación de Unidad de Inteligencia Financiera (Boletín Nº 2975-07).
Subvenciones SENAME (Boletín Nº 2391-18).
Modernización de Gendarmería (Boletín Nº 2775-07).
Autoridad sanitaria y gestión de salud (Boletín Nº 2980-11).
24. Indemnización en empresas públicas (Boletín Nº2593-03).
25. Defensor del ciudadano (Boletín Nº2605-07).
26. Ley de compras (Boletín 2429-05).
Todos esos proyectos tienen incidencia en las cuestiones fundamentales sobre reforma y modernización del Estado, sin un sentido lógico y coherente entre sí y, más aún, sin guardar correspondencia con una política de reforma del aparato estatal clara e identificable.
No es mi intención, Honorables Senadores, extenderme sobre cada una de las cuestiones que en la materia dan cuenta de esas incoherencias. Sólo indicaré a título ejemplar las siguientes:
1. Diseños institucionales
En el siglo XX, hasta los años 70, el Parlamento creó distintos tipos de instituciones estatales con las más diversas denominaciones y naturalezas, sin un sentido y lógica coherente. Esto obligó a la Contraloría a sugerir sistematizar la organización de la Administración Pública, lo que llevó finalmente a la dictación de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo objetivo era establecer denominaciones comunes y lógicas para cada unidad estatal, de modo que no se produjera el caos que durante 80 años se originó en el sistema administrativo chileno.
Si analizamos las aspiraciones del actual proyecto de reforma del Estado para el período 2000-2006, encontraremos que una de ellas trata del rediseño institucional de ese ente público. Por eso, sosteníamos en la Comisión especial del Honorable Senado para la reforma respectiva: "En efecto, cualquier innovación en lo relativo a la forma de funcionamiento y estructura de los Ministerios requiere adentrarse en la modificación de las normas del Capítulo IV de la Constitución, sobre todo si se pretende otorgar amplias facultades al Presidente de la República , lo que evidentemente implica una profundización del Presidencialismo chileno. Por la otra, las modificaciones en materia de descentralización implican alterar las normas del Capítulo XIII de la Constitución. Por otra parte, resulta interesante la propuesta establecida en el nuevo diseño institucional. Pero en verdad, creemos que existe ausencia de debate sobre las autonomías constitucionales y la administración reguladora. Es una cuestión relativamente aceptada ya, la existencia de los entes reguladores. En efecto, resulta necesario plantear ideas sobre los entes administrativos de supervisión, es decir, instituciones que deben sustituir a la legitimación política por la legitimación técnica, lo que implica precisar definitivamente los poderes regulatorios del Estado. Esto implicará un gran consenso para la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.".
Resulta que si uno aprecia las iniciativas en actual trámite, no hay ningún criterio de diseño previo. De los proyectos enunciados, trece tienen vinculación con diseños institucionales, cada uno a su suerte. En el mismo sentido, en todos ellos se han ido generando denominaciones particulares en sus estructuras internas, que será manjar para los especialistas y una tortura para el ciudadano común.
2. Reclamaciones y contencioso administrativo
Sostuvimos en otra oportunidad que la regulación de lo contencioso administrativo era fundamental. Una larga historia constitucional reglamenta la materia; y, en la actualidad, el inciso segundo del artículo 38 de la Carta Fundamental da a entender claramente que esos tribunales pudiesen hipotéticamente llegar a aprobarse. Ello responde a la necesidad de contar con una instancia jurisdiccional de impugnación de las decisiones administrativas para obtener la reparación respectiva o la nulidad de la actividad administrativa en cuestión.
Tal asunto es de antigua data en nuestro Derecho y se deriva desde la Constitución de 1925. La Carta Fundamental de 1980 trató de resolver la controversia, sin embargo siguió con la incógnita, lo que llevó a la reforma de 1989, donde nació el artículo 38 al cual recién me referí.
Hoy, prácticamente nadie duda de la necesidad de un sistema contencioso administrativo. No obstante, la ausencia de un tribunal y procedimiento de tal índole ha llevado, por un lado, a que el recurso de protección sea el mecanismo que en los hechos se ha utilizado para tales efectos, y por otro, a lo que nos atreveríamos a denominar "exceso de judicialización de la Administración", por la vía de crear muchos tribunales especiales de carácter administrativo, con el consiguiente cúmulo de problemas que ello entraña.
La falta de un procedimiento jurisdiccional que resuelva las contiendas jurídicas entre el Estado y las personas se hace hoy cada vez más indispensable, por tres órdenes de cuestiones:
- Porque no pueden solucionarse cuestiones de carácter distinto (público y privado) con un procedimiento otorgado para particulares;
- Porque los procedimientos actuales no contemplan situaciones propias del Derecho Administrativo Procesal, tales como medidas cautelares concretas, y
- Porque en un mundo que cada vez se globaliza más y donde no sólo participan los Estados sino también sus ciudadanos, se hace necesario, sobre todo en materia de acuerdos comerciales, tener claridad en cuanto al procedimiento y tribunal en el caso de conflictos con las administraciones de los Estados. Dicha situación es absolutamente inexistente en el Derecho nacional.
Sin embargo, en los proyectos en actual tramitación se ha tratado de ir resolviendo ese problema -como acabo de mencionar-, lo que forma parte de las cuestiones relativas a reforma y modernización del Estado, a través de regulaciones particulares. Es lo que se ha hecho con la ley de compras y tribunales tributarios, o con la ley de la libre competencia y los tribunales respectivos, o de tantos otros. De esa manera, cada vez que debamos establecer regulaciones para resolver la colisión entre intereses particulares y estatales, recurriremos a la creación de tribunales híbridos sin ninguna lógica de funcionamiento, que afecta claramente la certeza de la regulación y los derechos de los ciudadanos.
3. En materia de personal
Sobre tal cuestión, quizá deberíamos dedicar una sesión de análisis. Sin embargo, por las características de esta intervención, sólo realizaré algunos enunciados.
El sistema funcionarial chileno se caracteriza por tener un fundamento constitucional, que consiste en que éste se crea sobre la base de un principio que es el de la carrera funcionaria, el cual se encuentra explícitamente reconocido en el inciso primero del artículo 38 de la Ley Suprema y que deplorablemente está siendo olvidado a cada paso. El Tribunal Constitucional ha señalado, por lo demás, que se trata de un derecho fundamental de los ciudadanos, por lo cual la laboralización de la función pública -a juicio de ese organismo- también es inconstitucional.
Dicho sistema a su vez se caracteriza por ser de carácter legal o estatutario. En otras palabras -como recordó hace poco un señor Senador que intervino en el debate anterior-, las condiciones del desempeño funcionario no se regulan en un contrato de trabajo, como en los modelos anglosajones, sino que está previamente establecido en la ley. Ello implica, por lo tanto, que las remuneraciones que perciben también son y deben ser determinadas por ley.
A su vez, esos funcionarios desempeñan sus labores en cargos de planta, sobre los cuales existe propiedad; empleos a contrata, que son cargos públicos esencialmente transitorios, pues sólo se desempeñan hasta el 31 de diciembre de cada año o mientras sean necesarios sus servicios, y, por último, a honorarios, que sólo se pueden contratar, según la ley, para cuestiones accidentales, y que en verdad representan una suerte de clara distorsión del sistema estatutario.
Eso ha llevado a muchísimas personas a sostener que la razón de las bajas remuneraciones en el sector público es el carácter inamovible de sus funcionarios. Dicha afirmación, que pareciera correcta, es sólo un espejismo. Hoy en día más del 50 por ciento de las dotaciones efectivas en la Administración están constituidas por empleados a contrata o bien -entre comillas- a honorarios. Y digo entre comillas, porque no son realmente funcionarios de orden público. En otras palabras, sobre 50 por ciento de las personas que trabajan para el Estado no tienen estabilidad alguna en el empleo.
Durante la presente década se ha tratado de corregir las dotaciones de las instituciones públicas mediante la conversión de quienes trabajan a honorarios en personal a contrata. Acabamos de verlo, muy recientemente, en un proyecto de ley que a este respecto no fue una excepción: el relativo a las plantas de los servicios de prisiones. Esto significa que es la Ley de Presupuestos la que ha ido modelando las dotaciones. Ello implica que éstas duran mientras aquélla se encuentre vigente, de modo que tienen carácter anual.
Lo precedente ha llevado a desnaturalizar el sistema de empleo público en nuestro país. Hoy, la tan mentada flexibilidad laboral se ha logrado establecer en el sector público sin que nadie se haya percatado hasta ahora.
En la actualidad, todas las iniciativas de ley en trámite tienen incidencia en materias de personal. Sin embargo, ha sido la atinente al nuevo trato la que al parecer ha buscado un mecanismo de uniformidad. De todos modos, otras de las normativas en tramitación siguen reglas diversas.
La cuestión más curiosa de todo este proceso es la creación de un nuevo servicio denominado -entre comillas- Dirección Nacional de Servicio Civil, que tendrá por misión diseñar e implementar descentralizadamente políticas de personal que refuercen las iniciativas modernizadoras en la administración central; profesionalizar la gestión de recursos humanos en las reparticiones; reforzar el desarrollo de la empleabilidad de los funcionarios, que permita contar con un empleado público calificado, motivado, comprometido y dedicado a las tareas de la modernización y al servicio de los ciudadanos, e incorpore la perspectiva de género como una variable permanente en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo del personal, estimulando las instancias de participación y asegurando el pleno cumplimiento de las normas laborales al interior del sector público.
Lo que se pretende crear es la figura de los "civil services" anglosajones. Sin embargo, éstos funcionan en lugares en que los regímenes de empleo público son flexibles, donde en general no existen sistemas legales tasados de regulación del empleo y menos de remuneraciones.
No es factible una institución de esas características sin entrar a rediseñar completo el modelo de empleo público existente en Chile. Y para eso, a nuestro modesto juicio, habría que empezar por modificar la norma del artículo 38 de la Constitución y la consiguiente de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
4. Conclusiones
Los orígenes de estas reflexiones -que me permito hacer con la mayor humildad y con el propósito de complementar, de alguna manera, aquello de lo que tanto se habla ahora: los acuerdos a que se habría llegado para los efectos de la remodelación y modernización del Estado-, se encuentran en la incoherencia legislativa de los proyectos en actual tramitación. Si cada uno muestra un criterio diverso, es por la ausencia tanto de un criterio común en la materia como de un interlocutor institucional claro.
Y quiero insistir en esto. Tengo la sensación de que existe una oficina llamada "Proyecto de reforma y modernización del Estado" en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Pero, en verdad, y restándose a los proyectos a que me he referido, la que resuelve los contenidos de la reforma no es dicha oficina ni esa Secretaría de Estado, sino la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
La reforma procesal penal, que es la más exitosa de la última década, sobre todo en lo relativo a los diseños institucionales, carece de una evaluación por parte de los responsables de la reforma del Estado en nuestro país. Lo sucedido en las cuestiones referidas al cambio institucional y de diseño jurídico del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal es tan relevante para las políticas de reforma estatal que no es admisible obviar su análisis.
Una política común en la materia, así como la determinación clara del responsable del proyecto de reforma del Estado es, a nuestro juicio, lo único que permitirá sacar de esta suerte de incoherencia legislativa lo que hemos relatado.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Mixto Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
REFLEXIONES DE GENERAL EMILIO CHEYRE SOBRE EL EJÉRCITO DE AYER, DE HOY Y DEL FUTURO
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , hace algunos días, a través del diario "La Tercera", tomamos conocimiento de las reflexiones del General Emilio Cheyre sobre el Ejército de ayer, de hoy y del futuro.
Debo señalar que muchos chilenos fuimos gratamente sorprendidos por las expresiones del Comandante en Jefe de esa institución castrense. Considero que sus afirmaciones no sólo tienen enorme trascendencia histórica, sino que también constituyen un gran aporte a la reconciliación entre los chilenos. Por eso, me pareció oportuno hacer hoy algunos alcances y observaciones acerca de ellas, particularmente al acercarse el trigésimo aniversario del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende .
Las palabras del General Cheyre apuntan a que su institución, por una parte, relegue al pasado el fuerte lastre que indudablemente le dejó el ex Comandante en Jefe señor Augusto Pinochet , y por otra, avance en la tarea de retomar el rol histórico que las distintas Constituciones le han asignado al Ejército: a un Ejército que pertenece a la patria, es decir, a todos los chilenos, y no sólo a unos pocos que lo utilizaron para defender sus intereses, como ocurrió en el pasado reciente.
¡Cómo no valorar, por ejemplo, las palabras de ese alto oficial en orden a que el Ejército no es heredero de ningún régimen político ni está llamado a defender al Gobierno militar, y que las violaciones a los derechos humanos "no tienen justificación"!
Indiscutiblemente, la política seguida por el máximo oficial castrense no es mera casualidad. Tiene otras expresiones anteriores, entre las cuales cabe mencionar la misa oficiada en memoria del ex Comandante en Jefe del Ejército señor Carlos Prats , por primera vez en casi 30 años.
Es preciso destacar que nada de eso habría sido factible si no se hubieran dado otras condiciones en el país y principalmente al interior del Ejército. Sin lugar a duda, el alejamiento y retiro de Augusto Pinochet de la arena política ha contribuido a la nueva doctrina, la nueva posición y los nuevos lineamientos señalados por el General Cheyre.
¡Cómo no manifestar también nuestra satisfacción por sus importantes afirmaciones, que cito textualmente: "El Ejército no es contraparte de ningún partido político o sector de la sociedad. Pertenece a todos los chilenos, a quienes está llamado a servir por igual."!
Esas palabras -que valoro enormemente- demuestran claramente que el Ejército chileno ha dejado de ser un actor político, como algunos aún pretendían que siguiera siéndolo, lo que, sin lugar a dudas, viene a fortalecer nuestro sistema democrático.
De la misma forma, no puedo dejar de referirme a sus afirmaciones, en el sentido de que las violaciones a los derechos humanos "no tienen ninguna justificación". Ciertamente, habíamos escuchado algunas expresiones similares a éstas. Sin embargo, nunca fueron tan claras y categóricas, por lo cual uno no puede dejar de reconocer no sólo su valoración, sino además el esfuerzo del Comandante en Jefe del Ejército , General Cheyre, por colocar a su institución en el rol que todos siempre hemos deseado, y con estricto apego a la Constitución: un Ejército que pertenezca a la Patria y, por consiguiente, a todos los chilenos.
Sin embargo, señor Presidente , quiero formular por lo menos un comentario respecto de la afirmación del General Cheyre, que señala que "al atacar a los hombres de armas de ayer en el contexto del Ejército de hoy, se inflige un daño al Ejército como institución".
Quienes hemos luchado por hacer justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos siempre hemos afirmado que las responsabilidades son personales y no institucionales.
Por lo tanto, existe una mal comprendida lealtad con los "hombres de armas de ayer", que ha llevado a protegerlos y a otorgarles privilegios inaceptables, como el hecho de que estos violadores de los derechos humanos cumplan su detención en recintos militares, lo que verdaderamente ante los ojos de la opinión pública provoca un daño al Ejército como institución, del que habla el General Cheyre.
Ésa es la política que perjudica al Ejército.
En consecuencia, creemos que lo fundamental en esto es que haya una separación definitiva de la Institución con todas aquellas personas que en distinto grado violaron los derechos humanos y que están siendo procesadas y condenadas por los tribunales de justicia.
Llama poderosamente la atención, incomoda, molesta, ver situaciones como las que fuimos testigos en días anteriores, cuando se supo que uno de los ex oficiales detenidos en una institución del Ejército se podía desplazar libremente por el país. Yo me pregunto ¿con permiso de quién? ¿Quién permitió a dicha persona abandonar el recinto militar sin autorización del juez?
¡Ésas son las cosas que molestan, incomodan y dañan al Ejército como institución!
¿Cómo no se va a afectar su imagen si, curiosamente, cada vez que un alto oficial es requerido por los tribunales de justicia presenta síndrome de alguna enfermedad? Y no falta el certificado médico entregado desde el Hospital Militar para avalar ese hecho irregular.
Señor Presidente , situaciones como éstas indudablemente hacen daño al Ejército de hoy día, por los errores, por las equivocaciones y por los crímenes que cometieron los hombres del Ejército de ayer.
Finalmente, deseo manifestar que con lo obrado por el General Cheyre se da un gran paso, no sólo para retomar la tradición de lo que fue en el pasado la doctrina democrática del rol del Ejército de Chile en la sociedad, sino también para recuperar su compromiso: ser una institución apolítica, apegada a la Constitución y, sobre todo, perteneciente a la patria entera, es decir, a todos los chilenos.
No olvidemos que dos Comandantes en Jefe del Ejército -los Generales René Schneider y Carlos Prats - pagaron con sus vidas el compromiso y la lealtad que tenían con el sistema democrático chileno.
Por ello, creo que las palabras del General Cheyre son una enorme contribución, y las valoramos en toda su dimensión.
Quizás, después de su reflexión, muchos consideren que ahora corresponde hacer un gesto parecido a los civiles que cumplieron altas responsabilidades durante la dictadura militar. Miles de chilenos seguiremos esperando ese gesto, y no tengo ninguna duda de que tarde o temprano se producirá, como ocurrió con el actual Comandante en Jefe del Ejército.
¡Nunca es tarde para hacerlo, señor Presidente!
He dicho.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Corresponde intervenir al Comité Demócrata Cristiano, que no usará de su tiempo.
En el turno del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , no hay nada más peligroso en un país que quienes se sienten dueños de los gestos ajenos.
Me hubiera gustado referirme en detalle a la intervención del señor Senador que me antecedió, pero no lo puedo hacer porque he preparado una exposición respecto de mi Región.
En todo caso, deseo dejar en claro mi profundo desacuerdo por la forma -legítima- en que Su Señoría ha enfocado el tema.
Asimismo, habría deseado disponer de tiempo para comentar la intervención que hace poco realizó el Honorable señor Silva , quien, a mi juicio, hizo un aporte muy interesante acerca de lo que debe ser la marcha del Estado y la modernización que éste requiere.
Espero abordar esos dos puntos de vista en una próxima ocasión.
El señor NARANJO .-
Nunca es tarde, señor Senador.
El señor COLOMA.-
No hay nada peor -insisto- que quien se cree con el dominio del reloj y de los gestos ajenos.
DESIGUALDADES EN COMPETITIVIDAD REGIONAL: PROPUESTAS. OFICIOS
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , al igual como existe en Chile y en el mundo un muy difundido índice internacional de competitividad entre los países, que permite, por ejemplo, observar cómo está el nuestro en relación con el resto de las naciones, hemos tenido conocimiento de otro documento oficial, llamado "Informe de Competitividad Regional", que establece un catastro de la situación de las Regiones dentro de Chile, así como la comparación de unas con otras.
Este índice, que es de carácter oficial y muy reciente, fue elaborado con información recopilada al 2001 por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, a partir de un diseño original correspondiente al desarrollado en 1995 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que en conjunto con esa Subsecretaría dio origen al Primer Informe de Competitividad Regional .
Para calcular el índice de Chile -que, como he dicho, es equivalente al internacional-, se identificaron los factores relacionados con las capacidades públicas y privadas que influyen en la competitividad regional, los cuales se individualizaron como resultados económicos, empresas, personas, infraestructura, ciencia y tecnología, recursos naturales y gobierno.
Cada uno de estos siete factores de competitividad se estructuró a través de diferentes variables, que en total suman cincuenta y seis y provienen de estadísticas públicas oficiales, con excepción de once de ellas, las que fueron determinadas mediante una encuesta que abarcó a 2 mil 68 empresarios y ejecutivos.
Dicho índice, en consecuencia, permite medir la competitividad de cada Región de Chile, entendida ésta como la capacidad para alcanzar niveles de crecimiento sustentables en el tiempo y, por lo tanto, como variable proxi del nivel de bienestar de las personas pertenecientes a cada una de las Regiones. En otras palabras, a mayor índice, más elevado es el grado de competitividad de la Región.
Fácil resulta entender, entonces, que este índice, denominado "ICR", es una herramienta clave para saber cómo están las Regiones de Chile, cuáles son sus perfiles, problemas, estructuras, futuro, cualidades, tanto al interior de sus fronteras como en relación con las otras del país.
¿Qué nos dice en resumen este estudio?
Que mientras hay Regiones como la Metropolitana, que tiene un índice un poco superior a cuatro, hay otras como la Séptima -que represento en el Parlamento-, con apenas 1,3.
¿Qué significa esto? Sencillamente que la competitividad y, por tanto, las opciones de desarrollo son tremendamente desiguales en Chile, existiendo hoy Regiones, objetivamente, cerca de cuatro veces menos competitivas que otras, según los propios datos oficiales del Ministerio del Interior, colocándose claramente en los niveles menores la Novena y la Séptima.
Para profundizar de mejor manera esta diferencia y dejar constancia en el Senado, a partir de este informe hemos recopilado y comparado algunos de los datos más relevantes que representan con mayor crudeza lo que ocurre hoy día en Chile y sus Regiones. Cito algunos ejemplos:
En cuanto al ingreso mensual, mientras en la Región Metropolitana el promedio por persona es de 152 mil pesos, en la Séptima Región es de 100 mil pesos. Mientras la inversión extranjera promedio en el país es de 1.935 dólares por habitante, en la Séptima Región es de 159 dólares. Mientras la inversión futura esperada para el 2004 en el país es de 4 mil 196 dólares, en la Séptima Región es de 52 dólares. Mientras la cobertura de educación superior en la Región Metropolitana es de 31 por ciento de sus habitantes, en la Séptima es de 12 por ciento. Mientras la escolaridad promedio en la Región Metropolitana es de 10,9 años por persona, en la Séptima es de 8,3. Mientras los trabajadores capacitados en la Región Metropolitana constituyen el 29 por ciento, en la Séptima Región son el 18 por ciento. Mientras el promedio de horas médicas en el país es de 22 horas por habitante, en la Séptima Región es de 12 horas. Mientras el crecimiento del PIB en la Metropolitana para el 2001 fue de 5,44 por ciento, en la Séptima Región fue de 2,1 por ciento. Mientras el promedio de ejecutivos empresariales en el país es de 36 por mil, en la Séptima Región es de 23 por mil. Mientras la autonomía regional -según el índice de 1 a 7 que elabora el Ministerio del Interior- en la Región Metropolitana es de 4,3, en la Séptima es de 3,5.
Señor Presidente , estos son algunos datos que apuntan al corazón de lo que hoy está sucediendo y a entender exactamente cuáles son las diferencias de competitividad.
¿Esto es bueno y deseable en Chile?
Pienso categóricamente que no. No es posible aceptar estos números sin que ello merezca una reacción que permita tender a equilibrar las profundas desigualdades de oportunidades según la Región en que se vive.
¿Cómo aceptar que la inversión en la Séptima Región sea 75 veces menor que el promedio del país? ¿O que la cobertura de la educación superior -sabemos lo que ésta significa- sea en una Región un 35 por ciento de lo que es en otra? ¿O que existan dos años de diferencia en la escolaridad promedio entre una y otra? ¿Cómo entender que hay Regiones que tienen la mitad de horas médicas -relacionadas con la igualdad de oportunidades- que otras, según datos oficiales del Ministerio del Interior? ¿O que el crecimiento del PIB por habitante sea en un lugar inferior al 50 por ciento de lo que es en otros?
Pienso que este indicador es tremendamente importante. Es oficial, está publicado; pero no se conoce, no se difunde. Ni siquiera las autoridades han hecho una mención para entender que los índices actuales en Chile no son lineales, sino de efecto "serrucho": mientras en algunas Regiones hay muchas oportunidades, en otras hay muy pocas.
Y esto, lamentablemente, tiene innumerables efectos y vinculaciones. Por ejemplo, los indicadores de desarrollo humano señalan que en las dos Regiones antes mencionadas también están las falencias y las pobrezas más grandes de Chile, o que en los índices del INE la Séptima Región aparece consistentemente con la tasa de más alta cesantía del país.
Lo más serio, señor Presidente , es que a pesar de estas estadísticas oficiales no hay nada, absolutamente nada especial o preferente que las autoridades nacionales estén realizando a favor de estas dos Regiones. Se hizo el estudio, pero ¿qué pasó después? Nada.
De ahí entonces que, junto con interesarme colocar en el tapete público el tema de la desigual competitividad de las Regiones, deseo proponer algunos caminos de solución para equilibrar los profundos desniveles existentes y hablar en serio de equidad en Chile.
Primero, nos parece fundamental -no es una iniciativa exclusivamente mía- que se implementen normativas de incentivo tributario en las Regiones Séptima y Novena (Leyes del Maule y de La Araucanía), para otorgar beneficios a las empresas que inviertan en ellas, hoy tan deprimidas y poco competitivas.
Los países inteligentes analizan los indicadores, captan dónde están las desigualdades y no solamente se limitan a medirlas año tras año, sino que intentan evitarlas. Ello requiere, a mi entender -puede haber otras fórmulas-, incentivos para que esos lugares tengan la posibilidad de desarrollarse, particularmente cuando las desigualdades se generaron, en algunos casos, por los efectos de crisis agrícolas; tratados de comercio, como el MERCOSUR; carestía de insumos y deficiencias en la infraestructura. Cuando uno capta objetivamente que aquí hay una desigualdad creciente -porque este indicador era menos desigual con anterioridad, en 1999-, se deben implementar leyes tributarias especiales, que es lo único que nos permitirá avanzar hacia una mayor competitividad.
Segundo, incorporar preferentemente a las ciudades de las Regiones Séptima y Novena -yo represento a la primera de éstas, pero ambos indicadores son equivalentes- en el plan del Bicentenario de la República . Si se han anunciado inversiones públicas por 520 mil millones de pesos, las Regiones que se quedaron atrás necesitan, a doscientos años de la Independencia, tener un rol en Chile. Y me parece que las inversiones deberían seguir la lógica de buscar la competitividad, además de considerar los lugares que han sido claves en la historia de nuestra nación, y no simplemente decidir sin ese parámetro dónde se invertirá o no en el país.
Tercero, aumentar en el corto plazo el porcentaje de inversión pública en las Regiones con más bajo nivel de competitividad, particularmente en los índices de Educación y Salud que se presentan absolutamente desnivelados. Hoy día, la inversión en Chile es proporcional al habitante y no se considera cómo está un habitante en relación con otro. Por eso, cuando uno se encuentra con indicadores oficiales, como los que señalé, no es razonable considerar un porcentaje de inversión pública cuyo único criterio sea la inversión por habitante.
Cuarto, me parece fundamental otorgar mayor flexibilidad para el uso de recursos entregados a los gobiernos regionales y locales, en términos que sean ellos y no la administración central quienes determinen las verdaderas prioridades regionales.
Quinto, entregar verdadera autonomía a los gobiernos locales y regionales en el diseño de programas impulsados por el gobierno central; en forma tal de poder adecuarlos a la realidad de cada Región.
Esto es especialmente sensible en cuanto a la educación y la salud, porque aquí nadie sabe mejor lo que debe hacerse en lugares que se quedaron atrás que precisamente aquellos que se hallan más cerca de la toma de decisiones.
Por último, es esencial -esta idea ha estado presente en algunas leyes- que a los municipios de esas Regiones con problemas se les otorguen atribuciones especiales para eximir total o parcialmente del pago de determinados derechos a las empresas que creen nuevos puestos de trabajo, en la convicción de que ahí radica la parte central del círculo virtuoso del desarrollo.
Señor Presidente , Chile no estará verdaderamente integrado si las Regiones no cuentan con un mínimo de competitividad, ni con gobiernos autónomos al servicio de sus habitantes, ni mientras las comunas no dispongan de facultades y medios para responder a las necesidades de las personas. La integración nacional no consiste en integrar las comunas o Regiones en torno a un centro común, sino a un plano común: el de la igualdad de oportunidades con respecto a las legítimas diversidades propias de cada lugar.
Estamos lejos -es bueno que se diga en el Senado- de la lógica de la igualdad de oportunidades. Es triste constatar que un niño no por nacer en Chile tiene la misma opción para ser feliz, pues en un lugar tendrá sustancialmente mayores oportunidades -casi cuatro veces más- que en otro. Muchas de sus iniciativas, de sus esperanzas, van a chocar, no con su interés personal o con su esfuerzo como persona, sino con las condiciones objetivas del sitio donde nació o en que vive.
Estoy convencido de que esta situación de desigual competitividad que afecta a las Regiones del Maule y de la Araucanía representa una barrera que, de no removerse con prontitud, condenará a muchos al paulatino retroceso de su condición, impidiendo que miles de niños que hoy nacen en nuestro suelo tengan al menos una esperanza de que con su sacrificio podrán labrarse un futuro junto a su familia.
Señor Presidente , llevo diez meses representando a la Región del Maule, y puedo afirmar que una cosa es lo que uno siente, y otra, la verdad, confirmada con estadísticas oficiales, de lo que está ocurriendo en nuestro país. No considero razonable que los indicadores citados no hayan provocado reacciones.
Por eso, junto con dejar constancia de mis palabras, pido remitir copia de esta intervención a su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda , pues me parece fundamental que los índices sean evaluados cuando se habla de generar políticas públicas con igualdad de oportunidades en Chile. He dicho.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
El señor GARCÍA .-
Con mi adhesión, señor Presidente .
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Así se hará.
Y quizás sería pertinente solicitar al Instituto Nacional de Estadísticas los antecedentes o preantecedentes del último censo respecto de la Región a que pertenece el Senador señor Coloma , de la Novena y (aprovecho la ocasión) de la Segunda.
El señor HORVATH.-
Y de la Undécima, señor Presidente.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se incluirá también a las Regiones Segunda, Undécima y Novena.
Se oficiará en esa forma.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor García.
DEUDA DE MUNICIPIOS CON DOCENTES POR ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. OFICIOS
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , tengo en mis manos un informe de la Contraloría General de la República donde se corrobora que, al 30 de junio de 2002, un número importante de municipios del país adeudaba a los docentes, por concepto de asignación de perfeccionamiento, 5 mil 841 millones de pesos. Y ese documento señala que la deuda se produce por la forma de financiamiento del referido beneficio.
El Estatuto Docente nació desfinanciado en ese aspecto. Mientras los ingresos que reciben los municipios se determinan en función de la asistencia media de los alumnos, sus gastos en remuneraciones son fijos y crecientes. Esto hace que cada vez haya mayores diferencias, que deban ser cubiertas por las propias municipalidades. Pero el problema estriba en que, cuando éstas no disponen de recursos, simplemente quedan debiendo dicha asignación a los profesores.
Ésa es la situación que está ocurriendo en este momento y que denuncia la propia Contraloría General de la República.
Además, se sienta el nefasto precedente de que son órganos del Estado los que dejan de cumplir la ley en una materia tan sensible como la de las remuneraciones.
En virtud de lo expuesto, voy a entregar el citado informe de la Contraloría a la Mesa del Senado para que lo remita al señor Presidente de la República ; a los titulares de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia, de Educación y de Hacienda, y al señor Presidente Nacional del Colegio de Profesores de Chile, con el propósito de que, en conjunto, se busque una solución que signifique, por un lado, pagar a los profesores lo que hoy día se les adeuda, y por el otro, modificar el financiamiento del Estatuto Docente, a fin de que situaciones de este tipo no se repitan en el futuro.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
CONCLUSIONES DE SEMINARIO SOBRE BOSQUE NATIVO. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , el lunes recién pasado se realizó el seminario-taller "Certificación y experiencias de ordenamiento del bosque nativo. Respuesta económica y forestal al ordenamiento", evento organizado por el Senado, a través de su Comisión de Medio Ambiente.
Chile es un país con más de 15 millones de hectáreas de bosque nativo. Sin embargo, revisados y ratificados en detalle todos los antecedentes, e independiente de las variaciones de superficie que señalan los estudios, hubo coincidencia unánime en cuanto al deterioro creciente de la calidad del bosque nativo.
En dicho seminario-taller participaron importantes instituciones: la Corporación Nacional Forestal; las agencias de cooperación alemanas GTZ, DED y KFW; la Universidad de Chile, representada por su Facultad de Ciencias Forestales; el Instituto Forestal de Chile; CORMA ; Defensores del Bosque Chileno; la organización francesa ONF CONOSUR; organismos certificadores (como CERTFOR, de Chile; PEFC, de Europa; ICEFI, también de nuestro país, y FSC, de Estados Unidos), y la Comisión de Medio Ambiente de este Senado.
Los panelistas, mediante documentos bastante resumidos, abordaron los siguientes temas:
-Situación y potencialidades del bosque nativo en Chile (a cargo de la CONAF).
-Experiencias de ordenamiento con subsidio en Chile (por parte de las agencias de cooperación alemanas y la CONAF).
-Certificación forestal en el mundo, en Chile y su desarrollo actual (a cargo de GTZ).
-La certificación forestal y el ordenamiento territorial: herramientas para el manejo forestal sostenible (por parte del Director Ejecutivo de INFOR).
-CertforChile y la certificación de bosques nativos (a cargo de CERTFOR).
-La certificación forestal FSC en Chile, avances y perspectivas (por parte de ICEFI).
-Antecedentes generales sobre manejo del bosque nativo (a cargo de CORMA).
-Experiencias y respuesta del bosque nativo en el Proyecto Río Cruces.
-Experiencia y respuesta del bosque nativo en Magallanes (por parte de la Universidad de Chile).
-Entresaca selectiva, la única forma de manejo rentable (a cargo de un especialista).
-Propuestas de legislación, conservación, manejo sustentable de los recursos forestales de Chile (por parte de la entidad Defensores del Bosque).
-Modelo de ordenación forestal, aspectos económicos y silviculturales (a cargo de la Dirección Regional de CONAF Aisén).
-Ordenación forestal en Francia e historia del proyecto Malleco Tolhuaca (por parte del Gerente General de ONF CONOSUR).
-Manejo multifuncional del complejo R.N. Malleco-P.N. Tolhuaca: Un proyecto de ordenación forestal a plena marcha (a cargo del representante de CONAF en la Undécima Región).
El seminario, que prácticamente duró todo el día, permitió llegar a importantes conclusiones y acuerdos:
1.- Todos los estudios, catastros e inventarios realizados en Chile, independientemente de las superficies consideradas -cuestión que ha generado verdaderos debates nacionales- acusan una notoria baja en la calidad del bosque nativo. En este sentido, el peor escenario que se puede presentar es no hacer nada que incentive el buen manejo del bosque nativo en su fracción aprovechable o susceptible de intervención.
2.- Debe efectuarse una recopilación de las diferentes experiencias de ordenamiento del bosque nativo con subsidios. Los casos conocidos demuestran que éstos se recuperan con creces vía impuestos. Ello, además, trae como consecuencia la creación de nuevos empleos y mayor actividad económica. El estudio GTZ-CONAF concluye que eso generaría un superávit tributario de 203 millones de dólares, una vez que el proceso entre en régimen, y exportaciones superiores a los 800 millones de dólares anuales, más una cantidad similar en el mercado interno. Y todo esto, sin arriesgar la sustentabilidad del bosque nativo.
3.- Antes del 21 de mayo del presente año debería despacharse al Congreso Nacional el mensaje con la iniciativa de ley atinente a bosque nativo, sobre la base del acuerdo entre Gobierno, empresarios y ambientalistas suscrito hace varios meses. Mientras tanto, habría que ampliar la aplicación del decreto ley Nº 701, en su versión actual, al manejo de renovales del bosque nativo.
4.- Se debe valorar, fomentar, incentivar y ampliar los trabajos de ordenamiento forestal con los pequeños propietarios forestales, como los realizados por la CONAF, con el aporte de las organizaciones alemanas GTZ, DED y KFW y el apoyo de Francia, Canadá y otros países.
5.- Fomentar internamente y en forma gradual las bases para lograr la certificación homologable de sustentabilidad de los productos del bosque nativo, que han generado también gran debate a niveles nacional e internacional.
6.- Los bosques nativos subsidiados deben llevar aparejada la certificación de sus productos.
7.- La legislación y política aplicables deben poner mayor énfasis en los incentivos, y no tan sólo en los castigos, para el manejo ordenado del bosque nativo según lo socialmente deseable y de un modo que asegure su sustentabilidad.
8.- Difundir las experiencias, positivas y negativas, de manejo con ordenamiento del bosque nativo y promover el estudio de casos y prácticas, como el raleo por lo alto y la entresaca selectiva.
9.- Fomentar los mercados interno y externo de los productos de menor calidad que se obtengan en las fases iniciales del manejo para el ordenamiento de la fracción susceptible de intervención del bosque nativo. Por ejemplo, para evitar pérdidas de maderas aserrables y pulpables, como las registradas hoy en Magallanes, que son cuantiosas.
10.- Fomentar la difusión de las experiencias, positivas y negativas, de los usos alternativos al madereo o la actividad forestal del bosque nativo, como el turismo, con la flora y fauna aparejadas, y la producción de carbón, miel y plantas medicinales.
11.- Incluir la valoración y manejo sustentable del bosque nativo en las universidades, así como en las enseñanzas básica y media.
12.- Promover el mejoramiento tecnológico en la producción y uso de la leña, sobre la base de resguardar el equilibrio del anhídrido carbónico.
13.- Asegurar que en el bosque nativo con procesos de ordenamiento no ingresen animales, como guanacos, vacunos, ovinos y caprinos, en períodos en que los árboles sean vulnerables a la intervención de ellos.
14.- Asegurar que la definición de bosque sea en su dimensión ecológica.
15.- Fortalecer y dignificar la CONAF como un sector relevante en las dimensiones económicas, sociales y ambientales de Chile.
16.- Asegurar el ordenamiento forestal en bosques fiscales (en la fracción que pueda ser objeto de intervención) a niveles regional y comunal, y que las licitaciones incluyan los subsidios respectivos.
17.- Asegurar una política y una ley marco de ordenamiento territorial a fin de valorar el bosque nativo.
18.- Crear un fondo de investigación para el buen manejo forestal y de los usos no forestales del bosque nativo.
Señor Presidente , solicito que esas conclusiones, en su carácter preliminar -porque las desarrollaremos, con todos los trabajos que cité-, sean enviadas a los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura para los efectos de su contestación, de la entrega de los antecedentes que estimen convenientes y de tratar de lograr que se sumen a tan importantes planteamientos y acuerdos (cabe recordar que en el taller mencionado estuvieron presentes representantes de ambas Secretarías de Estado).
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento.
URGENCIA PARA PROYECTO SOBRE FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. OFICIO
El señor HORVATH.-
En otro ámbito, señor Presidente -y seré muy breve-, quiero subrayar la necesidad de dar urgencia al proyecto de ley que establece normas para el financiamiento de estudios en la educación superior, lo que incluye también a las universidades privadas.
La verdad es que gran cantidad de jóvenes espera el despacho de esa iniciativa, que cuenta con el mensaje pertinente; fue enviada el 12 de noviembre recién pasado y se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. En la medida en que salga pronto, podrán acogerse a los beneficios que se otorgan y financiar su educación superior con los créditos que la normativa contempla.
Solicito que se oficie en ese sentido a la señora Ministra de Educación. Ya conversamos sobre el tema con algunos de los integrantes de la Comisión mencionada y con su Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Horvath , conforme al Reglamento
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Habiéndose cumplido su propósito -y agradezco la excelente intervención del Senador señor Silva en la tarde de hoy-, se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 20:14.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción