Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
LEY MARCO PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN
- Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN
- Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- DEBATE
- DEBATE
-
POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS Y FACULTAD DELEGADA EN MATERIA DE PLANTAS DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- DEBATE
-
LEY MARCO PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
-
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Cesar Augusto Parra Munoz
-
ROL DE CHILE EN CONSEJO DE SEGURIDAD DE ONU. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
-
DISPARIDAD DE RESULTADOS EN PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA ENTRE EDUCACIÓN PRIVADA Y MUNICIPALIZADA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Munoz Barra
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 22ª, en martes 7 de enero de 2003
Ordinaria
(De 16:21 a 20:7)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE .
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA...................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN........................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...................................................
IV. CUENTA...................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (2429-05) (se aprueba en general).................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que posterga entrada en vigencia de reavalúos de bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar texto refundido y actualizado que indica (2888-01) (se aprueba en general)....................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)....................................................
Perfeccionamiento de proyecto de ley sobre creación de tribunales tributarios y fortalecimiento de normativa jurisdiccional respectiva. Oficios (observaciones del señor Parra)..........
Rol de Chile en Consejo de Seguridad de ONU. Oficios (observaciones del señor Naranjo)........
Comparación de resultados en prueba de aptitud académica entre educación privada y municipalizada. Oficio (observaciones del señor Muñoz Barra)...........................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , y Bienes Nacionales, y las señoras Subsecretaria de Hacienda , y Coordinadora General de la Subsecretaría de Hacienda .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 20ª y 21ª, ordinarias, en 17 y 18 de diciembre de 2002, respectivamente, se encuentran en secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, inicia un proyecto de ley referente a modificaciones a la ley Nº 19.665, sobre nombramiento de jueces de garantía y jueces del tribunal del juicio oral en lo penal, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 3.178-07), y asimismo lo incluye en la actual convocatoria a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional .
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con los cinco siguientes, retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos:
1.- El que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media (Boletín Nº 3.039-07);
2.- El que se refiere a bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (Boletín Nº 2.429-05);
3.- El que modifica el plazo y el procedimiento para adecuar los estatutos de organizaciones deportivas establecidos en la ley Nº 19.712, del Deporte (Boletín Nº 3.076-04);
4.- El que deroga el decreto ley Nº 2.560, de 1979, que autorizó la reproducción en Chile de la obra literaria de Gabriela Mistral (Boletín Nº 3.074-04), y
5.- El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en cuanto a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero. (Boletín Nº 2.970-03).
Con los tres siguientes, retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos:
1.- El que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos (Boletín Nº 2.975-05);
2.- El que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Boletín Nº 2.439-20), y
3.- El que modifica el decreto ley Nº 2.763, de 1.979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana. (Boletín Nº 2.980-11).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presente las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último, hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto referente a modificaciones a la ley Nº 19.665, sobre nombramiento de jueces de garantía y jueces del tribunal del juicio oral en lo penal. (Boletín Nº 3.178-07).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual, en cumplimiento del artículo 25 de la Constitución Política de la República, comunica su ausencia del territorio nacional el día miércoles 1º de enero de 2003, con motivo de la transmisión de mando presidencial en la República Federativa de Brasil.
Asimismo, señala que, durante el período que dure su ausencia, será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República , por el señor Ministro titular de la Cartera de Interior , don José Miguel Insulza Salinas.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha dado su aprobación al proyecto de reforma constitucional acerca de la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 3.039-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo, comunica que ha aprobado, con las modificaciones que señala, el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Ríos, que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos de predios urbanos. (Boletín Nº 2.625-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero, comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas del Senado al proyecto que crea una bonificación a la mano de obra en las Regiones Primera, Undécima y Duodécima y en las provincias de Chiloé y Palena. (Boletín Nº 3.107-05).
--Se toma conocimiento y se manda a archivar junto a sus antecedentes.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, mediante el cual comunica que designó como su Presidenta , por el período 2003, a contar del 1º de marzo del año en curso, a la Ministra titular señora Luisa López Troncos.
--Se toma conocimiento.
Dos de la señora Ministra de Relaciones Exteriores:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la posibilidad de dotar con personal del Servicio de Investigaciones de Chile a los pasos fronterizos entre Chile y Argentina existentes en la Undécima Región, y
Con el segundo, da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Bombal, Horvath, Naranjo, Núñez y Stange, en relación con la posición oficial de nuestro país respecto del proyecto de resolución sobre prohibición de la clonación de seres humanos que se votará en la Sexta Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a un eventual subsidio a la intervención del bosque nativo, y
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar (don Andrés), atinente al traspaso al Cuerpo de Bomberos de Chile de los mayores ingresos fiscales derivados de la aplicación de la ley Nº 19.380.
Dos del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Con el primero, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senado, sobre las modificaciones que debieran efectuarse a la legislación vigente, con el objeto de adecuarla al "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía", y
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar (don Andrés), con motivo de la inquietud planteada por la Asociación Chilena de Padres y Amigos de los Autistas (ASPAUT), respecto a la posibilidad de acceder a los recursos de la ley Nº 19.532, que crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referente a la participación de entidades que señala en la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.
Tres de la señora Ministra de Educación:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a la situación que estaría afectando a la Escuela Particular Subvencionada Nº 6 de la comuna de Collipulli, Novena Región;
Con el segundo, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, en cuanto al financiamiento del proyecto de reconstrucción del Liceo Alberto Barrera de la ciudad de Punta Arenas, y
Con el tercero, contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, sobre la supervisión técnico-pedagógica en los establecimientos educacionales de la comuna de Canela, Cuarta Región.
Seis del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre el cese de funciones de la Empresa de Transportes Marítimos Chiloé Aysén;
Con el segundo, da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, en cuanto a la pavimentación del tramo Los Pozos-Combarbalá, provincias de Limarí y Choapa, Cuarta Región;
Con el tercero y el cuarto, responde sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Moreno: el primero, con referencia a proyectos de agua potable rural presentados por el Comité de Agua Potable del Tambo Principal, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, y el segundo, con atinencia a la aprobación de los proyectos presentados por la Asociación de Canales de la Ribera Sur del río Cachapoal, y
Con los dos últimos, da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Stange: uno, en relación con el estudio de ingeniería y diseño del puente de Chapaco , comuna de Río Negro, y el otro, con motivo del pago de indemnización por concepto de expropiación de propiedad que individualiza en la comuna de Los Muermos.
Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , mediante los cuales contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: uno, en cuanto al reemplazo de la atención que prestaba el buque médico-dental "Cirujano Videla" en las provincias de Chiloé y Palena; y el otro, acerca de la posibilidad de financiar una nueva embarcación que permita conectar Puerto Ingeniero Ibánez con el puerto de Chile Chico, Undécima Región.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, respecto de la reciente modificación del decreto Nº 83, de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sobre redes viales básicas.
Dos del señor Ministro de Bienes Nacionales , por medio de los cuales contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: el primero, atinente a un proyecto que contemplaría la construcción de instalaciones turísticas en las islas Gaviota y Damas, ubicadas en la Cuarta Región; y, el segundo, referido al sistema de concesiones y a la venta de bienes fiscales en la zona austral, en relación con los derechos de los pobladores.
Dos del señor Ministro de Minería:
Con el primero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, sobre la situación tributaria de las empresas mineras privadas, y
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, acerca del origen y las consecuencias ambientales provocadas por el derrame de petróleo ocurrido el año recién pasado, en las instalaciones de la Refinería de Petróleos de Concón.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , por el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente al término del servicio de transporte que efectuaba la Empresa de Transportes Marítimos Chiloé Aysén.
Tres del señor Contralor General de la República:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor García, con referencia a la deuda de las municipalidades del país con los profesionales de la Educación por concepto de asignación de perfeccionamiento, y
Con los dos siguientes responde igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Espina: uno, relativo al estado de tramitación de las denuncias efectuadas por concejales de la comuna de Renaico, Novena Región; y, el otro, acerca de los criterios utilizados para la entrega de fondos del Presupuesto de la Nación para las Organizaciones No Gubernamentales.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, con respecto a la posibilidad de declarar a Alto del Carmen, de la Región de Atacama, como comuna turística rural.
Cuatro del señor Subsecretario de Telecomunicaciones :
Con los dos primeros da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre de la Senadora señora Matthei: uno, referente a la aprobación por esa Subsecretaría del nuevo valor de la tarifa de telefonía rural en la localidad de Mincha Sur, Cuarta Región; y el otro, acerca de la numeración telefónica de la localidad de El Tambo, comuna de Salamanca, y
Con los dos siguientes, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, tocante a la situación de la Empresa de Correos de Chile en la comuna de Futaleufú, Décima Región.
Del señor Subsecretario de Salud , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la frecuencia con que se realizan los muestreos de marea roja en el litoral de la Región de Aisén.
Del señor Subsecretario de Pesca , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre el estado de avance del compromiso que la autoridad pesquera habría asumido con el Sindicato de Interempresas de Trabajadores Tripulantes de Naves Pesqueras de Puerto Chacabuco, Undécima Región.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar (don Andrés), respecto de la situación que afecta a familia de ex funcionario de esa repartición fallecido.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la supervisión del denominado "Proyecto Darwin", destinado a la protección del huemul.
Del señor Director Ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al proyecto "Canteras Dominga y La Viña", de la empresa Cemento Melón S.A., en el sector denominado "Rinconada Lo Vial", comuna de Maipú.
Del señor Director Nacional de Obras Hidráulicas , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, atinente a la situación jurídica de los Comités de Agua Potable Rural de la Sexta Región.
Del señor Gerente General de la Polla Chilena de Beneficencia, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, concerniente a combinaciones elegidas al azar en el juego Loto.
Del señor Intendente de la Región Metropolitana , a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar (don Andrés), con respecto a la denuncia efectuada por la Junta de Vecinos Nº 48, de la comuna de Padre Hurtado, sobre la existencia de un loteo irregular en terrenos agrícolas.
Del señor Director Regional Metropolitano de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto "Canteras Dominga y la Viña" en la comuna de Maipú.
De la señora Directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Novena Región , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a los requisitos para postular al Subsidio Nueva Básica.
Del señor Alcalde de Curacautín , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, con relación a los motivos por los cuales el municipio correspondiente carece de programas habitacionales para el año en curso.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Subsecretario del Interior , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la postulación, a través del Fondo Social de la Presidencia, del "Proyecto de Adquisición de Vehículo para Transporte de Menores", presentado por las Damas de Lila de la comuna de Traiguén.
Dos del señor Jefe de Gabinete del señor General Director de Carabineros:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo al aumento de la dotación de personal de Carabineros en la comuna de Salamanca, Cuarta Región, y
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de la posibilidad de aumentar la dotación policial en la Región de Atacama.
Del señor Presidente de la Federación Chilena de Remo Amateur , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo al rechazo a la postulación presentada por la Asociación de Remo del Biobío para incorporarse a esa federación.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicaciones
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, en la que señala que acordó entregar su patrocinio al Congreso Exposición y Feria de Gas Natural Comprimido (GNC), por realizarse en Santiago entre los días 3 y 7 de septiembre de 2003. Agrega que dicho patrocinio no involucra financiamiento por parte de dicha comisión.
Del señor Presidente accidental de Comité Institucionales 2, por medio de la cual señala que, por acuerdo unánime de los cuatro miembros que lo integran, se ha incorporado a dicho Comité, a partir de hoy, el Senador señor Ávila, en calidad de independiente.
--Se toma conocimiento.
Acuerdo de Comités
La unanimidad de los Comités acordó autorizar a la Comisión especial encargada del estudio de un Código de Conductas Parlamentarias del Senado, para que discuta en general y en particular el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Senadores señores Zaldívar (don Andrés) y Cantero, que propone un Código de Conducta Parlamentaria del Senado (Boletín Nº S 650-12).
--Se toma conocimiento.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el plazo y el procedimiento para adecuar los estatutos de organizaciones deportivas establecidos en la ley Nº 19.712, del Deporte, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.076-04).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de observación de buena conducta (Boletín Nº 2.723-07).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la gestión y modifica las plantas del personal de Gendarmería de Chile, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.775-07).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo de Sede entre el Gobierno de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y su acuerdo complementario (Boletín Nº 1.225-10).
Dos segundos informes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales:
El primero, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que modifica normas relativas a la regularización de la posesión y ocupación sobre inmuebles (Boletín Nº 3.101-12), y
El segundo, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Ruiz, Stange y Vega, referente a mecanismos de protección y de evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono (Boletín Nº 2.725-12).
--Quedan para tabla.
Solicitudes
De la señora Ana María Urra Hurtado y del señor Jaime Enrique Santibáñez Maldonado, mediante las cuales piden la rehabilitación de sus ciudadanías (Boletines Nºs. S 654-04 y S 653-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
(El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en reunión de hoy, resolvieron por unanimidad lo siguiente:
1.- Enviar a la Comisión de Hacienda el proyecto que modifica la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, el cual figura en el segundo lugar de la tabla de esta sesión, para despacharlo en general el miércoles 15 del mes en curso.
2.- Analizar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión del próximo martes 14 el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre Chile y la Unión Europea, suprimiendo la hora de Incidentes, y despachándolo, a más tardar, el miércoles 15.
3.- Tratar en el primer lugar de la tabla de mañana la iniciativa que moderniza la gestión y modifica las plantas del personal de Gendarmería de Chile y despacharla en la misma sesión.
4.- Incluir en la tabla de Fácil Despacho de mañana los siguientes asuntos: uno, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del Acuerdo de sede entre el Gobierno de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y dos, la iniciativa legal sobre regularización de la posesión y ocupación de inmuebles.
5.- Proponer a la Sala que el proyecto relativo a la ley de navegación, en cuanto a las cargas peligrosas, sea discutido en general y en particular en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
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El señor RÍOS.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para referirse a la Cuenta o a los acuerdos de Comités, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero. Después intervendrán los Senadores señora Frei y señor Ríos.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , en la Cuenta se hace referencia al oficio Nº 649 del Ministerio de Minería, remitido en respuesta al oficio Nº 21.399, motivado por una intervención del Senador que habla, la cual fue respaldada por diversos Honorables colegas, además de los Comités Renovación Nacional, Socialista e Institucionales 1.
A mi juicio, el documento enviado por el señor Ministro constituye casi un despropósito, ya que en la oportunidad se plantearon, para recibir una explicación, problemas relacionados no sólo con las diferencias en lo cobrado a Exxon -entre 40 millones y 300 millones de dólares-, sino también con políticas vinculadas a temas como la sobreproducción, la regulación que hizo CODELCO y una mina privada y, por cierto, la valorización de las reservas de esa Corporación, que alcanzan a 191 millones de toneladas, y los 171 millones de toneladas del sector privado.
Ante la puntualización del señor Ministro en el sentido de que ello debería ser contestado por el Servicio de Impuestos Internos, hago presente que nunca habría imaginado que ese organismo es el que debe hacerse cargo de las políticas mineras. Creo que una respuesta de esa categoría indica que el señor Secretario de Estado no leyó el planteamiento o, sencillamente, que la redactó algún funcionario de segundo nivel. Pienso que es algo que constituye no sólo una ofensa para quien habla, como Senador, sino también para todos los Honorables colegas y Comités que respaldaron la petición.
Por ese motivo, señor Presidente, pido que el texto en cuestión sea devuelto al señor Ministro y que se responda derechamente, tal como fue solicitado por el acuerdo de la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se remitirá el oficio, señor Senador. En todo caso, pediré al señor Secretario que precise todas y cada una de las consultas formuladas en la intervención aludida, con el objeto de lograr una información completa sobre lo requerido por Su Señoría.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente , por su intermedio, deseo que se consulte a los Comités sobre la posibilidad de tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana el proyecto de ley que modifica el plazo y el procedimiento para adecuar los estatutos de organizaciones deportivas.
La iniciativa fue analizada in extenso por la Sala. Sólo había que hacerle algunas adecuaciones. Por lo tanto, me parece que perfectamente podría ser discutida en esa oportunidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Desde ya, ese proyecto ha quedado para tabla.
Ahora bien, la Mesa, en virtud de sus facultades, podría otorgarle el tratamiento solicitado por Su Señoría, pero prefiero consultar a los Comités. Si efectivamente hay ánimo para incorporarlo a Fácil Despacho, no habría inconveniente.
¿Existe acuerdo para ello?
El señor MORENO.-
Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Deseo recordar que hay dos iniciativas ya incluidas en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana, de manera que no sé si estamos en condiciones de ocuparnos en una tercera.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Efectivamente, son dos, señor Senador.
La señora FREI (doña Carmen).-
Como se destinan diez minutos a cada asunto, a lo mejor en media hora alcanzamos a despacharlos todos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay inconveniente en agregar el proyecto mencionado. Desde el punto de vista reglamentario, la Presidencia lo puede hacer por decisión propia.
Si no hay objeciones, la iniciativa quedará para la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana, sin perjuicio de la observación planteada por el Senador señor Orpis.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Es para referirme a la Cuenta, señor Presidente.
La Cámara de Diputados despachó el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, y la Mesa resolvió enviarlo a la Comisión de Legislación.
Esa normativa involucra una acción de carácter pedagógico y técnico, y no sólo su connotación es de alcance constitucional -lo cual de por sí ya es importante, sin duda alguna-, sino que su trascendencia es mucho mayor, además, en materia educacional. Desde mi punto de vista, debería ser remitida en primer lugar a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, independientemente de que después la estudie la de Constitución. Porque el hecho de establecer constitucionalmente que la educación media sea obligatoria amerita un informe por parte del órgano técnico.
Mi segunda solicitud dice relación a que la Cámara de Diputados aprobó también el proyecto de ley que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos de predios urbanos, el cual se encuentra ahora en tercer trámite constitucional. En efecto, el Senado lo acogió por unanimidad; luego pasó a la Cámara Baja, que le introdujo un par de modificaciones, y ha vuelto a esta Corporación. Por lo tanto, no me parece que requiera otro informe, porque se está siguiendo el proceso normal. Tras discutirlo, y si se despacha tal como lo ha planteado la otra rama del Congreso, deberá ser enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Ésas son mis peticiones, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con respecto a lo primero, y si hubiera acuerdo de la Sala, el proyecto relativo a la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza media pasaría a la Comisión de Educación y después a la de Constitución, ya que se trata de una reforma de la Carta.
El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Soy partidario de que la iniciativa sea estudiada en Comisiones unidas, señor Presidente . Por lo que ha manifestado el Senador señor Ríos, estoy seguro de que el señor Presidente del órgano técnico respectivo compartirá esa idea.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra, Presidente de la Comisión de Educación .
El señor MUÑOZ BARRA.-
No comparto el criterio expresado, señor Presidente , por cuanto creo que un proyecto de esta naturaleza debe ir primero a la Comisión técnica específica.
El debate sobre la materia es extenso. Y me parece que el tratamiento sería evidentemente mucho más completo si se diera prioridad a la Comisión de Educación para un análisis dentro de un plazo limitado. Posteriormente puede intervenir la de Constitución.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , se trata de una reforma constitucional. Y si cada iniciativa de ese carácter deberá ser remitida primero a la Comisión técnica respectiva y después a la de Constitución, se desnaturaliza el sentido de esta última.
Sin embargo, considero que en un tema tan específico e importante como la educación obligatoria sí es posible la participación de la Comisión técnica. Mas no se justifica que, tratándose de una reforma constitucional, el proyecto sea estudiado aparte. Esa posición la he sostenido antes, y no la cambiaré ahora por ser miembro de la Comisión de Educación. Me parece conveniente que la iniciativa sea analizada por las Comisiones unidas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para resolver el asunto se requiere la decisión de la Sala.
Hay dos proposiciones: una, que el proyecto sea objeto de estudio separado por los órganos técnicos, y otra, que vaya a Comisiones unidas.
En votación económica.
--Por 20 votos contra 14, se acuerda enviar el proyecto a las Comisiones de Constitución y de Educación, unidas.
El señor BOMBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde pronunciarse respecto de la petición del Senador señor Ríos vinculada al envío a la Comisión de Legislación del proyecto que moderniza la normativa reguladora de los arrendamientos de predios urbanos, en tercer trámite.
La Secretaría estudió el asunto y advierte que la Cámara introdujo bastantes modificaciones. Casi se rehizo el proyecto. Por ese motivo, parece razonable que vaya a la Comisión mencionada, a fin de contar con un informe más preciso y de poder tratarlo en la Sala con mayor claridad.
¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
El señor RÍOS.-
Sí, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Podríamos dar plazo a la Comisión hasta la próxima semana, de modo de poder despachar el proyecto antes del mes de marzo.
El señor RÍOS.- Conforme.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal, siempre sobre la Cuenta.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , la señora Ministra de Relaciones Exteriores ha hecho llegar a la Presidencia del Senado la posición de Chile en la Sexta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas respecto de la clonación humana, a requerimiento de un grupo de Senadores que quisimos conocer el texto que la contiene. Dada la importancia de la materia, solicito que se distribuya a todos los integrantes de esta Corporación y no solamente a los interesados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay inconveniente, Su Señoría. Así se hará.
El señor BOMBAL-
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminadas las observaciones sobre la Cuenta, aprovecho para desear un feliz año a todos y a cada uno de los señores Senadores, en nombre de la Presidencia y de Secretaría. Que se les cumplan todos los buenos deseos; los malos, que queden para el próximo...
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Han pedido autorización para ingresar a la Sala, en relación con el tercer proyecto en tabla, que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas, la Subsecretaria de Hacienda , señora María Eugenia Wagner, y la Coordinadora General de la Subsecretaría de Hacienda, señora Catalina Bau.
Si no hay objeciones, se concederá.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
LEY MARCO PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2429-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 2ª, en 21 de mayo de 2002.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 20ª, en 17 de diciembre de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión deja constancia de haber discutido en general y en particular el proyecto, de conformidad con la autorización que le otorgó la Sala en sesión de 12 de junio del año pasado. No obstante, el informe consigna que los integrantes del órgano técnico manifestaron que, atendida la importancia de la iniciativa, esperan poder perfeccionarla durante el trámite del segundo informe.
Los objetivos principales del articulado son, entre otros, los siguientes:
1) Establecer una normativa marco de compras y contrataciones del sector público, perfeccionando y trasparentando sus procedimientos.
2) Establecer la regulación del nuevo sistema electrónico de información e intermediación de compras y contrataciones de dicho sector.
3) Crear los registros de contratistas y el Tribunal de Contratación Pública.
La Comisión aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros, Honorables señora Matthei y señores Foxley, García, Lavandero y Ominami.
En la discusión en particular, efectuó una serie de modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Corresponde destacar que la Comisión de Hacienda recabó el acuerdo de la Sala, en sesión de 10 de septiembre del año pasado, para que su homóloga de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento emitiera parecer sobre el capítulo V, en atención a que los artículos que lo componen (20 a 25) recaen en el establecimiento de un tribunal especial. Esta última se pronunció emitiendo un informe que fue aprobado con enmiendas por la Comisión de Hacienda.
Finalmente, cabe señalar que los artículos 1º, 20, 21, 22, 23 y 24 y los incisos segundos de los artículos 35 y 36 son normas de carácter orgánico constitucional, las que requieren, en consecuencia, para su aprobación, el voto conforme de 27 señores Senadores.
Por otra parte, los artículos 1º y 19, en cuanto establecen limitaciones o requisitos especiales para la adquisición del dominio, son normas de quórum calificado, por lo que necesitan para su aprobación el voto conforme de 25 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami, Presidente de la Comisión.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , el articulado fue ampliamente discutido por la Comisión de Hacienda. Su principal objetivo es establecer una normativa general, una normativa marco, para las compras y contrataciones del sector público, perfeccionando y, sobre todo -diría-, transparentando sus procedimientos a través de la generación de un sistema informático en donde estén registradas todas esas transacciones.
La iniciativa transforma la actual Dirección de Abastecimientos del Estado (DAE) en una nueva entidad, denominada "Dirección de Compras y Contratación Pública", encargada de coordinar, regular procedimientos y hacer que el sistema informático opere correctamente. En este ámbito, se establecen los mecanismos para regular el nuevo sistema electrónico de información e intermediación de compras y contrataciones del sector público.
En adelante, se espera que cualquier proveedor -ésa es la idea básica- pueda ingresar a Internet y tomar conocimiento de las necesidades de adquisición de los distintos servicios del Estado. Hoy en día, para un pequeño productor es completamente imposible acceder a esa información. En tal sentido, el proyecto, junto con transparentar procedimientos en el funcionamiento de la Administración del Estado, tiene ventajas económicas evidentes en particular para los pequeños y medianos empresarios, que enfrentan mayores dificultades para dicho acceso. Y destacaría al respecto, sobre todo, el caso de aquellos de Regiones.
Además de lo anterior, se espera que la Dirección de Compras pueda también negociar contratos marco por períodos más largos, quedando los servicios obligados a regirse por esas convenciones, a menos, naturalmente, que surja algo más económico, lo que permite aprovechar de mucho mejor manera las economías de escala y, al mismo tiempo, obtener el precio más bajo por los bienes que se necesiten.
En relación con ese tema, se informó a la Comisión que para los próximos tres años se podrían esperar economías para el Estado de hasta 200 millones de dólares. Se trata, en consecuencia, de cifras muy importantes de mejoramiento en los costos de las adquisiciones.
Cabe destacar, también, la relevancia del proyecto en lo que dice relación a la transparencia en las compras del Estado. No es por casualidad que se lo ha incorporado a la agenda de probidad y transparencia que está siendo discutida en el Congreso Nacional.
En lo atinente a ese punto -y diría que en ello se centró de manera muy especial la atención de la Comisión-, discutimos mucho respecto de las excepciones planteadas inicialmente, que eran de tres tipos. La iniciativa despachada por la Cámara de Diputados establecía una con las Fuerzas Armadas y de Orden; otra con los municipios, y una tercera con la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que compra un volumen muy importante de insumos médicos.
En la Comisión, después de un amplio debate -en él participaron los auditores de las Fuerzas Armadas y de Orden y el de Investigaciones; los técnicos del Ministerio de Salud, y representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades-, se llegó a la convicción unánime de que las excepciones propuestas no tenían sentido. Hubo coincidencia en cuanto a que, con toda seguridad, era necesario considerar las particularidades que presentan las compras militares y no militares de las Fuerzas Armadas y de Orden, sobre todo, pero se convino en que eso de ningún modo justificaba que estuvieran sometidas a un régimen distinto. Y se planteó la posibilidad de que dentro del mecanismo que se crea se tomen en cuenta las especificidades de esas adquisiciones, pero en el entendido de que, tratándose de un esfuerzo por transparentar los procedimientos, todos los organismos del Estado debieran ser parte del nuevo sistema.
Ésa es la razón por la cual ya se votaron algunas indicaciones que permiten integrar a los municipios al sistema general de compras de la Administración del Estado...
El señor MARTÍNEZ .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor OMINAMI.-
Por supuesto, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede usar de la palabra, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el problema no queda resuelto en cuanto a la clasificación y reserva de las compras de las Fuerzas Armadas. El reglamento de adquisiciones que rige al respecto -lo indica el informe y lo expresaron los representantes de las instituciones castrenses y la señora Ministra del ramo- es muy serio y estricto. ¿Cómo se van a congeniar las normas del proyecto con la obligación de reserva? ¿O, sencillamente, se estima que ésta no es necesaria en tal caso y que las adquisiciones pertinentes requerirán la intervención de todos los organismos que participan en el proceso?
Me interesa fundamentalmente la reserva tratándose de las Fuerzas Armadas, no en el sentido de ocultar, sino para impedir la circulación libre de determinada información, como puede ser la relativa al medio que se use.
El señor FERNÁNDEZ .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, señor Senador, también por la vía de la interrupción, pues está con la palabra el Honorable señor Ominami .
El señor FERNÁNDEZ.-
Esta mañana, el Honorable señor Prokurica planteó en la Comisión de Defensa el punto en relación con las Fuerzas Armadas, y la señora Ministra anunció la presentación de una indicación para, atendida la naturaleza de aquéllas, determinar en qué casos es menester aplicar un sistema distinto del general.
Como entiendo que ahora sólo votaremos la idea de legislar y que se abrirá plazo para formular indicaciones, reitero, para que se tome conocimiento, que el Ejecutivo hará una proposición en los términos señalados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Retoma el uso de la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Efectivamente, todavía estamos en el primer informe. Por tanto, la idea es que la Sala se pronuncie en general sobre el proyecto y que luego fijemos plazo para formular indicaciones. Y, así como la incorporación de los municipios ya fue resuelta a propósito de indicaciones presentadas a la iniciativa, la incorporación de lo relativo a las Fuerzas Armadas -cuestión que todavía está pendiente- se hará, con las precisiones indispensables, por la vía de una indicación que aún no conocemos.
Ésa es la respuesta que puedo dar al señor Senador que consultó sobre el punto.
Ahora, debo destacar que en la Comisión de Hacienda existe total conciencia de que las compras militares o no militares que realizan las Fuerzas Armadas y de Orden tienen una particularidad respecto de las otras adquisiciones. Incluso se estima que, tratándose de compras no militares, podría ser necesario mantener confidencialidad.
Entonces, hay que buscar la manera de resolver esa situación dentro del mecanismo planteado, porque es claro que las Fuerzas Armadas también efectúan compras rutinarias, las que, por tanto, deberían quedar sometidas al sistema general de adquisiciones estatales.
En todo caso, pienso que la Comisión de Hacienda ha hecho un aporte bastante significativo con miras a dotar al país de un mecanismo homogéneo, que dé garantías de mucha mayor transparencia y eficiencia.
El proyecto en debate, además, crea un registro de contratistas y consigna los requisitos y prohibiciones que regirán en la materia. También establece las garantías exigidas para contratar con la Administración. Esto es muy importante para evitar que se produzcan prácticas bastante recurrentes de contratistas que celebran contratos con servicios públicos en determinadas regiones, no los cumplen y con posterioridad reaparecen bajo nuevas modalidades en otros lugares. La existencia de un buen registro de contratistas públicos debería ayudar a combatir numerosas irregularidades que, desgraciadamente, continúan cometiéndose.
Por otra parte, la iniciativa consagra una instancia de reclamación llamada "Tribunal de Contratación Pública", a la cual podrán recurrir quienes se sientan perjudicados o estimen que los procedimientos han sido transgredidos.
El proyecto involucra un gasto anual en régimen de 803 millones de pesos, que serán financiados con cargo a los recursos que se consulten en la Ley de Presupuestos respectiva.
Uno de los principales elementos del costo de la iniciativa está constituido por el personal del nuevo servicio que se contempla, que tendrá una Planta de 18 cargos y una dotación máxima de 22 funcionarios, a un costo anual de 583 millones de pesos.
Por otro lado, también se consideran gastos generales del servicio, con un costo anual de funcionamiento que no debería superar los 120 millones de pesos. Y, por último, para el costo anual de la operación del Portal de Compras se consigna un monto total de 100 millones de pesos.
Como se indicó en la relación inicial, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Gracias, señor Senador.
Efectivamente, el Ejecutivo me confirmó que presentará indicaciones para abordar lo atinente a las compras de las Fuerzas Armadas, a fin de atender las inquietudes manifestadas por varios señores Senadores.
Por lo tanto, si le pareciera a la Sala, primero podríamos dar por aprobada la idea de legislar, y luego, fijar plazo para formular indicaciones.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos constitucionales relativos al quórum, de que emitieron pronunciamiento favorable 33 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En cuanto al plazo para presentar indicaciones, el Ejecutivo señaló que estaría en condiciones de plantear las suyas antes del próximo lunes, 13 de enero.
Consulto el parecer de los señores Senadores sobre el particular.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , estimo que tal vez sería necesario un tiempo más largo. Hay un aspecto de la iniciativa que también ha surgido con motivo de la discusión de otros proyectos, cual es el establecimiento de un tribunal especial. Y sucede que se están creando varios tribunales para lo contencioso administrativo.
Por eso, quizás sería del caso determinar si es conveniente o no tal cantidad de esos órganos. Tenemos tribunal de propiedad industrial, tribunal de libre competencia; ahora se agrega el de contratación pública, y dentro de poco vendrán los tribunales tributarios. No sé si estamos legislando en forma adecuada.
Además, opino que el proyecto no se reduce simplemente al tema de las compras militares; existe todo un procedimiento, en fin.
Por eso, pienso que el plazo para presentar indicaciones debería ser más largo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , este proyecto es importante y muy beneficioso. Nosotros lo hemos apoyado entusiastamente. Más aún, hemos tratado de incluir en el sistema general de compras a todos los organismos que reciben fondos estatales. Sin embargo, son varias las materias que necesitan perfeccionamiento.
Considerando eso, propongo el 15 de marzo como fecha límite para hacer llegar indicaciones, las que en nuestro caso serán muchas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , en su oportunidad la Comisión de Hacienda pidió que esta iniciativa fuese enviada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero exclusivamente para que se pronunciase sobre la creación del tribunal a que se refirió el Honorable señor Novoa . Hice presente en aquella ocasión que se trataba de un proyecto muy complejo, de mucha trascendencia, por lo que, a mi manera de ver, debía ser visto por la referida Comisión, no sólo en el aspecto concerniente a tribunales, sino en plenitud.
No sé si a estas alturas es posible acordar que la iniciativa, o sea vista conjuntamente por las Comisiones de Hacienda y de Constitución, o sea de algún modo estudiada también por esta última en las materias que no conoció, por la forma como se solicitó su intervención.
Además, anuncio que, sobre el punto específico que mencionó el Honorable señor Novoa , hablaré hoy en la hora de Incidentes al referirme a la modernización del Estado. Ello, porque siento la mayor inquietud (y en eso concuerdo con Su Señoría) ante, por una parte, el nacimiento de diversos tribunales especiales en materia administrativa, y por otra, el olvido de que el artículo 38 de la Constitución de alguna manera plantea la necesidad de que se creen los tribunales contencioso administrativos.
La materia es de extraordinaria relevancia. Y, además de los tribunales que mencionó el Senador señor Novoa , podrían citarse otros. En la actualidad está naciendo un conjunto de complejas iniciativas atinentes a la creación de tribunales administrativos especiales, pero se olvida la connotación que al respecto debiera tener el cumplimiento de la norma fundamental que alude específicamente a los tribunales contenciosos de plena jurisdicción.
No sé, señor Presidente , si a estas alturas puede acogerse mi sugerencia de que el proyecto en debate sea visto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el resto de las materias que contiene, al margen de la relativa al tribunal especial que mediante él se crea, respecto de la cual -dicho sea de paso- hubo en dicho organismo una serie de intervenciones que modificaron el texto primigeniamente entregado al conocimiento del Honorable Senado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Deberemos resolver dos asuntos: el plazo para presentar indicaciones y el conocimiento del proyecto, además, por la Comisión de Constitución.
Sobre el primer aspecto, la Senadora señora Matthei propuso el 15 de marzo. La Mesa sugiere el lunes 10 de marzo, a las 12, pues, entre otras ventajas, ello otorga tiempo suficiente para trabajar luego del receso.
--Se fija el 10 de marzo, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
A continuación, la Sala debe pronunciarse acerca de la posibilidad de que la iniciativa sea estudiada también por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Sobre el particular, debo hacer presente que en este caso la Comisión técnica es la de Hacienda, a la cual, por lo tanto, le corresponde el conocimiento íntegro del proyecto. Y, sin duda, a la Comisión de Constitución le corresponde abocarse a las materias que le son propias, de acuerdo con su especialidad.
Personalmente, soy partidario de ese procedimiento, o bien, tras las consultas de rigor a sus Presidentes, de que ambas Comisiones funcionen unidas.
¿Estarían de acuerdo con este último mecanismo los Presidentes de ambas Comisiones?
¿Senador señor Ominami?
El señor OMINAMI.-
No tengo inconveniente.
--Se acuerda que el proyecto sea estudiado por las Comisiones de Hacienda y de Constitución, unidas.
POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS Y FACULTAD DELEGADA EN MATERIA DE PLANTAS DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que posterga la entrada en vigencia de los reavalúos de bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2888-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 7ª, en 9 de abril de 2002.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 22ª, en 20 de agosto de 2002.
Hacienda, sesión 22ª, en 20 de agosto de 2002.
Hacienda y Agricultura, unidas (nuevo), sesión 3ª, en 8 de octubre de 2002.
Discusión:
Sesiones 4ª, en 9 de octubre de 2002 (queda para segunda discusión); 5ª, en 15 de octubre de 2002 (se aplaza su discusión).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Como recordarán Sus Señorías, la discusión de esta iniciativa quedó aplazada en la sesión ordinaria de 15 de octubre de 2002, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento, oportunidad en que no se efectuó la relación correspondiente.
Los objetivos principales del proyecto son:
1. Prorrogar hasta el 30 de junio de 2003 la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que regían al 31 de diciembre de 2001 y fijar la vigencia de los nuevos avalúos a contar del 1º julio del año en curso;
2. Reponer una facultad otorgada al Presidente de la República por la ley 19.629, que permite morigerar el impacto de este proceso, para rebajar la tasa y aumentar el monto exento de pago de contribuciones, evitando así que se produzca un incremento superior al 10 por ciento respecto del monto total girado a nivel nacional antes de aplicar el proceso en cuestión y que las contribuciones de cada predio aumenten en más de ciento por ciento, y
3. Autorizar al Primer Mandatario para fijar el texto refundido y actualizado de las normas que establecen las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y los respectivos requisitos de ingreso y promoción.
Cabe recordar que este proyecto fue analizado primeramente por la Comisión de Agricultura y por la de Hacienda, las que despacharon los informes correspondientes, que quedaron para tabla.
En la sesión del 3 de septiembre del año recién pasado, la Sala, sin entrar a analizar los informes ni pronunciarse sobre el proyecto, acordó enviarlo a las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, para un nuevo primer informe.
Las Comisiones unidas aprobaron en general el proyecto por 9 votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Cariola, Foxley, García, Larraín, Lavandero -como miembro de una de las Comisiones-, Naranjo, Ominami y Romero). Se abstuvo, como miembro también de la otra Comisión, el Honorable señor Lavandero.
En cuanto a la discusión particular, el informe deja constancia de que los artículos permanentes y los artículos transitorios de la iniciativa en análisis fueron aprobados por 6 votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García, Naranjo y Romero); 1 voto en contra (Honorable señor Lavandero, como miembro de una de las Comisiones) y 3 abstenciones (Senadores señores Cariola, Larraín y Lavandero, pero esta vez como miembro de la otra Comisión).
El texto que proponen aprobar las Comisiones unidas consta en el informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, este proyecto dice relación a una materia muy conocida por el Congreso Nacional.
Es sobremanera importante tener en cuenta que el avalúo de los bienes raíces agrícolas vigente rige desde el 1º de enero de 1980, fecha desde la cual la situación del sector silvoagropecuario de la economía ha experimentado numerosos cambios, con las consiguientes variaciones, hacia arriba y hacia abajo, en el precio de los suelos y, también, de las construcciones agrícolas. Ello ha motivado que los actuales avalúos no sean en absoluto representativos de los valores comerciales reales. Y lo que persigue este proyecto es justamente establecer avalúos que tengan correspondencia con los precios comerciales de las tierras y de las construcciones agrícolas.
La distorsión entre avalúos y valores de mercado significa inequidad en el giro del impuesto territorial y en la determinación del impuesto a la renta de los agricultores acogidos al régimen de renta presunta.
Por otra parte, en la medida en que los avalúos sean más representativos de los valores de mercado, a los agricultores se les facilitará el acceso al crédito, ya que en muchos casos son considerados como valor de referencia para su otorgamiento. Muchos agricultores tienen hoy dificultades para llegar a los sistemas de crédito formales, producto de que no existe un avalúo representativo de los valores comerciales de ese tipo de propiedades.
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que el Parlamento haya aprobado diez leyes que han postergado los reavalúos de los bienes raíces agrícolas, lo que también representa una fuerte inequidad en relación con otros sectores productivos del país.
2. Proyecto de Postergación del Reavalúo
Conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.575 y sus modificaciones, a contar del 1º de enero de 2002 debió entrar en vigencia el reavalúo de todos los bienes raíces agrícolas. Sin embargo, en consideración a que el proceso de reactivación económica del país, particularmente en el sector agrícola, no se ha consolidado, así como al hecho de que tal sector se ha visto afectado por factores que han incidido negativamente en su desarrollo, el Ejecutivo presentó un proyecto para postergar el reavalúo.
La Cámara de Diputados aprobó la postergación del reavalúo de los bienes raíces agrícolas hasta el 1º de enero de 2003, con la facultad para que el Presidente de la República rebaje la tasa anual del impuesto territorial y aumente el monto de la exención agrícola, de modo que el incremento máximo del giro a nivel nacional, por aplicación del reavalúo, no supere el 10 por ciento. Este aspecto es muy importante. El Estado, de acuerdo con lo establecido aquí, a partir del próximo año no podrá percibir por concepto de contribuciones un aumento que supere el 10 por ciento de la recaudación actual.
Cabe hacer presente que durante la tramitación del proyecto en el Senado el Ejecutivo presentó varias indicaciones con el propósito de atenuar el efecto del reavalúo, con las siguientes ventajas para los agricultores:
a) Postergación de la entrada en vigencia del reavalúo hasta el 1º de julio de 2003, en vez de hasta el 1º de enero de 2003, como lo aprobó la Cámara de Diputados.
b) Aumento máximo del giro de contribuciones a nivel nacional de un 10 por ciento, con un incremento máximo por predio de hasta 100 por ciento. En algunos casos bien excepcionales, donde pudiera producirse una fuerte alza, ésta en ningún caso podrá significar un mayor valor superior a 100 por ciento.
Para los predios que pasen de la condición de exentos a afectos por aplicación del reavalúo, se establece que el aumento máximo del giro se calculará sobre un valor de 5 mil pesos por cuota, por lo que respecto a estos predios el impuesto puede llegar, como máximo, a un valor por cuota de 10 mil pesos.
c) Gradualidad en el incremento de las contribuciones de cada predio cuando éstas aumenten en más de 20 por ciento por aplicación del reavalúo, caso en el cual el incremento por sobre el 20 por ciento se incorporará semestralmente en razón de hasta un 10 por ciento, calculado sobre el valor de la cuota girada en el semestre inmediatamente anterior.
Este procedimiento de incremento gradual del impuesto para los predios cuyas contribuciones aumentan en más de 20 por ciento significa que aquéllos que suben 100 por ciento alcanzan ese valor al séptimo semestre de aplicación del reavalúo, es decir, a contar del 1º de julio de 2006.
d) Opción -que es bien importante- para los contribuyentes que determinan su impuesto a la renta sobre la base de la renta presunta, los que pueden decidir en abril del 2004 cambiarse a renta efectiva, caso en el cual podrán utilizar, para los años comerciales 2003 y 2004, que se declaran en abril del 2004 y en abril del 2005, respectivamente, el avalúo vigente antes del reavalúo debidamente reajustado en la variación del IPC.
Esta opción, por la cual podrán decidirse en abril de 2004 -es decir, después de nueve meses de entrada en vigencia del reavalúo-, les permitirá disponer de dos años, durante los cuales seguirán declarando sobre la base del avalúo anterior al reavalúo, a fin de prepararse para entrar al régimen de renta efectiva.
e) Establecimiento de un Sistema de Contabilidad Agrícola Simplificada, lo que facilitará la declaración por renta efectiva mediante un procedimiento simple.
3. Estimación del Impacto del Reavalúo Agrícola
De acuerdo con simulaciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, considerando una rebaja de la tasa del impuesto del 2 al 1 por ciento y un aumento de la exención general agrícola de un millón 911 mil 510 pesos a 4 millones de pesos -esto es bien importante-, en valores al 1º de julio de 2002, el efecto del reavalúo en los 622 mil 304 predios registrados a esta fecha sería más o menos el siguiente:
El giro total anual aumentaría de 33 mil millones de pesos a 37 mil millones de pesos. Los predios afectos suben de 166 mil 509 a 183 mil 804, es decir, menos de 17 mil predios adicionales. Los predios exentos disminuyen ligeramente. Pero, en todo caso, es relevante manifestar que, de los 622 mil 304 predios agrícolas existentes en el país, 438 mil quedan completamente exentos del pago de contribuciones. ¡438 mil predios se mantienen exentos del pago de contribuciones!
Como indicaba, los predios afectos al pago del impuesto territorial aumentan a 17 mil 295.
Del total de predios afectos es muy importante destacar que prácticamente 70 mil verán disminuir sus contribuciones como producto de este reavalúo, ajustando las tasaciones fiscales a los valores comerciales. Por lo tanto, continuar postergando la aprobación de estas normas perjudica a cerca de 70 mil pequeños agricultores, que experimentarán incluso disminución en el pago de sus contribuciones, porque se trata de aquéllos cuyas tierras no han sido objeto de un proceso de valorización comercial.
Señor Presidente , éstas son algunas de las principales medidas que contempla el proyecto, con sus respectivos efectos. En mi opinión, es muy relevante que el Congreso pueda despacharlo, a fin de poder sacar a la agricultura de este tratamiento de excepción, que finalmente muy poco la ha favorecido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , deseo complementar las palabras del Presidente de la Comisión de Hacienda , reforzando algunos puntos que, en mi concepto, son un fuerte argumento para aprobar integralmente esta iniciativa en esta ocasión.
En primer lugar, en cuanto al procedimiento seguido en la discusión de esta iniciativa -por lo menos, en lo que he apreciado en la Comisión de Hacienda y en las Comisiones unidas de Hacienda y Agricultura-, quiero destacar que el Gobierno ha exhibido una posición extremadamente flexible: durante mucho tiempo sostuvo un diálogo permanente con Senadores de todas las bancadas e incorporó en el proyecto que estamos analizando ahora un conjunto bastante grande de observaciones constructivas que formularon los Parlamentarios, particularmente los de las zonas agrícolas.
Por lo tanto, lo primero es reconocer ese hecho. De los proyectos que me ha correspondido estudiar, éste es uno de los que ha tenido más tiempo para asumir constructivamente los aportes de los miembros de las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura.
En segundo término, la iniciativa en estudio hace aplicable a la legislación el sentido común. Chile ha estado creciendo a una tasa bastante significativa en los últimos 20 años. La economía ha casi triplicado su tamaño desde 1980, año en el que por última vez se efectuó un reavalúo de bienes raíces agrícolas. La economía ha crecido tal vez 2,5 veces en ese período y, al mismo tiempo, durante ese mismo lapso, como producto de la apertura hacia el exterior, se produjo una verdadera revolución tecnológica y de transformación, en especial en la agricultura chilena. Hubo un proceso de modernización que no ha sido parejo y uniforme. Nunca lo es. Pero hoy una parte muy importante de la agricultura chilena es eficiente y competitiva, y ha demostrado enorme éxito exportador y notable capacidad empresarial.
Por lo tanto, cabe preguntar si, en vísperas del momento en que el país se medirá en términos de calidad de producción y de funcionamiento de sus instituciones con las de los países más desarrollados, estas instituciones se ajustarán a ciertas normas habituales en cualquier economía abierta, como la chilena.
La primera norma es la no existencia de distorsiones graves entre quienes ejercen actividad productiva en un sector o en otro. Si en uno de ellos los reajustes de avalúos se han aplicado con regularidad durante 22 años y en el otro, el agrícola, no se han reajustado, entonces se registra una distorsión seria. Es verdad que la agricultura es un caso especial, pero también es cierto que para todo contribuyente rige el principio de igualdad ante la ley.
La segunda norma -como mencionó anteriormente el Presidente de la Comisión de Hacienda -, es que, si bien el valor real de la tierra ha fluctuado enormemente, los avalúos no se han adecuado de manera correspondiente. Producto del cambio del valor de la tierra, durante los últimos años algunos agricultores han pagado impuestos de más, mientras que para otros la carga impositiva ha sido irrisoria, a veces absurda, considerando la envergadura de los negocios en que están involucrados sus predios agrícolas.
La posición flexible del Gobierno se ha traducido en establecer topes absolutos a los montos de los reajustes, en introducir gradualidad en los plazos, en fijar la fecha de vigencia y, sobre todo -este punto se debe enfatizar-, en determinar el monto exento de las propiedades. Según el texto que se nos propone ahora, se exime de todo impuesto a los pequeños agricultores de menor productividad, pues no están en condiciones de pagar ni siquiera las contribuciones, cuyas cuotas a veces no exceden los 10 mil pesos.
Por lo tanto, de acuerdo con esos antecedentes, corresponde que legislemos conforme a lo que será nuestra economía en el futuro, con un sentido de equidad y de justicia, sometiendo a todos los contribuyentes a reglas similares, ajustando sus propiedades a los valores reales y eximiendo a quienes realmente no tienen capacidad de pagar.
Tales principios están muy bien reflejados en el proyecto. Por lo tanto, simplemente habría que aprobarlo tal como ha sido presentado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , la iniciativa es bastante compleja, porque, por un lado, debemos aprobar la prórroga del reavalúo hasta el 1º de julio del presente año, de lo contrario ya tendrían que haber entrado en vigencia los nuevos valores -estamos frente a un vacío legal; ante una situación que se encuentra sin respaldo legal-, y por otro, es efectivo que el proyecto contempla una serie de disposiciones tendientes a atenuar sus efectos sobre los contribuyentes. Se establece un tope máximo en la recaudación global de 10 por ciento de aumento, se señala que ningún predio podrá incrementar su contribución en más de 100 por ciento y se fijan hasta siete cuotas, o hasta siete semestres, para completar este porcentaje. Obviamente, todo eso nos parece bien, pues ha habido comprensión sobre la situación por la que atraviesa la agricultura de nuestro país.
Sin embargo, en las últimas semanas hicimos una solicitud al Ejecutivo , lo cual motivó que la votación del proyecto se postergara sucesivamente en la Sala. Como sabemos que en el Gobierno hay acuerdo para que el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas comience a regir el 1º de enero de 2005, nos parece absolutamente razonable que el de los bienes raíces agrícolas reciba el mismo trato. Esperábamos que se recogiera nuestra proposición, que es bastante transversal, pues cuenta con el apoyo de distintos sectores políticos. ¿Y por qué? En primer lugar, porque aquí no se ha dicho ni se ha reconocido que los países con los cuales se han firmado tratados de libre comercio -como es el caso de Estados Unidos y los de la Unión Europea- subsidian fuertemente sus agriculturas, distorsionando los precios internacionales de dichos "comodities". Por lo tanto, estamos en presencia de precios agrícolas mentirosos. En consecuencia, cada vez que ellos subsidian sus agriculturas, nuestro sector agrícola ya no compite con los costos de productores foráneos, sino con las cajas fiscales de dichos países, que son poderosos y ricos. Entonces, un país pequeño como el nuestro jamás podrá competir en igualdad de condiciones con las cajas fiscales de Estados Unidos o de los principales integrantes de la Unión Europea.
Aumentar ahora las contribuciones a los agricultores constituye, sin duda, la peor noticia, pues también en este momento se les está diciendo "Prepárense para una competencia". Pero ésta no es leal; es desigual. "Usted, productor lechero, deberá competir con la leche de los países europeos que la subsidian; y usted, productor triguero, tendrá que competir con los trigueros norteamericanos que subsidian su producción".
Créanme: no soy agricultor. Represento a la Novena Región, que es eminentemente agrícola y que, entre otras cosas, es el granero de Chile. No puedo decir a la gente de mi Región que, además de prepararse para enfrentar una competencia desleal, deberá soportar alzas en las contribuciones de sus predios agrícolas. Se me eligió para exponer sus inquietudes y preocupaciones. Como no soy agricultor, ni tengo ningún interés en el sector, ni me siento favorecido con el proyecto, tengo plena libertad para expresar mis opiniones.
Por lo tanto, ahora, cambiando la forma como voté en las Comisiones unidas de Agricultura y Hacienda, sólo aprobaré el artículo 1º, que establece la prórroga, esperando que el Ejecutivo , en estos pocos meses, considere la posibilidad de que el reavalúo de los bienes raíces urbanos y de los agrícolas entre en vigencia, en forma conjunta, el 1º de enero de 2005.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , he escuchado con singular atención algunas de las exposiciones de Sus Señorías, y también represento a una región agrícola que efectivamente tiene problemas en el desarrollo de su agricultura tradicional.
Evidentemente, durante 21 años no ha habido aplicación de un reavalúo de los bienes raíces agrícolas. Si uno mira, por ejemplo, lo que sucede en los bienes raíces no agrícolas, observamos que éstos han estado afectados por dos procesos de reavalúos: uno en 1977, y el otro en 1995.
Aquí se plantea una cuestión que comparto: cómo defender nuestra producción agrícola tradicional en función de productos que llegan subsidiados. Indudablemente, siempre estaré junto a ese lado para tratar de defender la producción nacional.
Pero leí en algunos informes que obran en mi poder que los propios representantes del sector agrícola han señalado que es insostenible en el tiempo la situación de constantes postergaciones del reavalúo agrícola, y han demostrado su plena disponibilidad para aceptar ajustarse a las nuevas condiciones, con períodos de gradualidad y algunos beneficios adicionales que el Ejecutivo ha estado dispuesto a incorporar en este proyecto, como más adelante seguramente se discutirá.
Si se aprueba sólo la prórroga, curiosamente desaparecen todos estos acuerdos conversados con organizaciones agrícolas en cuanto a gradualidades y compensaciones de exenciones, las que suben de un millón y tanto a cuatro millones, lo que deja a muchos de estos propietarios agrícolas exentos del pago de contribuciones.
Ahora, no hay que olvidar que en una parte del articulado de la denominada Ley de Rentas 2 -proyecto que luego trataremos- se autoriza para calcular en forma automática el reavalúo agrícola y no agrícola. De tal manera que aquí hay varias consideraciones que se deben tener en cuenta.
Un Honorable colega hizo una apasionada defensa de nuestra agricultura frente a los tratados internacionales. Pero aquí observo que el promedio de los agricultores que serán afectados es de 8 mil 586, y el promedio en que aumentarán las cuotas es de 3 mil 994 pesos. Entonces, excúsenme, señores Senadores, no soy agricultor, pero no puedo entender cómo esta cifra, esta cantidad promedio (porque se habla de 5 mil a 10 mil pesos) hará cambiar en forma tan sideral el destino, la perspectiva de nuestra agricultura.
Señor Presidente , por supuesto votaré a favor de este proyecto. Pero quiero señalar que mi disposición como Senador por La Araucanía es poner el mayor énfasis -como lo han hecho otros Honorables colegas- en un debate con todos los antecedentes para defender, al analizar los tratados de libre comercio, a nuestra agricultura de todo aquello que diga relación con los subsidios que vengan foráneamente.
Por consiguiente, quiero anunciar -y que quede claro para que no haya después, en las Regiones que representamos, distorsión respecto de la forma como nos pronunciamos- que voto a favor del proyecto de reavalúo de bienes raíces agrícolas, porque creo que de ninguna manera afecta la realidad que actualmente enfrenta la agricultura de las Regiones Novena o Décima.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , es cierto que este proyecto ha tenido una tramitación un tanto azarosa aquí, en el Senado. Y la razón es muy simple: porque la iniciativa que llegó desde la Cámara de Diputados (que conoció en su primer informe la Comisión de Agricultura, y así lo apoyó) sufrió una modificación sustancial cuando pasó a la Comisión de Hacienda y el Ejecutivo reintrodujo aquellas partes del articulado que no habían sido aprobadas por la Cámara Baja.
Es el primer elemento que debe comprenderse: la Cámara de Diputados entregó un proyecto distinto del que en este momento el Senado tiene en consideración. De modo que es bueno saber que aquí habrá un trámite adicional.
El segundo punto que quiero dejar establecido es que este proyecto recaudará más impuestos en mayor número de predios agrícolas.
No es que quiera contradecir al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, pero los predios que adicionalmente estarán afectos al pago de contribuciones serán 25 mil 881, y no 8 mil 586 (estos últimos son los que dejarían de encontrarse afectos y que en la actualidad constituyen un elemento marginal). Para que nos entendamos -porque eso es lo que significará-: son 25 mil 800 propietarios que empezarán a pagar contribuciones y que hoy no lo hacen. Eso lo comprende cualquiera.
Tercero, el Gobierno pretende recaudar aproximadamente mil 624 millones de pesos. Por lo tanto, la lógica del proyecto es recoger recursos, adicionalmente al ordenamiento que pueda significar en cuanto a transparentar el valor de los bienes con la contribución que hace cada ciudadana o ciudadano al bienestar de su país a través de los tributos.
Cuarto, la iniciativa se inserta en un momento muy desafortunado, pues -como aquí bien se ha dicho, y fue planteado en forma reiterada en las Comisiones unidas- en este instante la agricultura chilena enfrenta un grave desafío, que golpea en distintos niveles a quienes la constituyen.
Alguien aquí podría afirmar -si no maneja el detalle de la cifra- que el proyecto es muy generoso, porque un enorme número de predios no queda afecto al gravamen. Quienes conocemos la agricultura en profundidad sabemos que los predios que no lo están se denominan en Chile minifundios, nombre con el cual siempre se les ha llamado. Y es allí donde se encuentra radicada la extrema pobreza del país, con todo lo que eso significa desde el punto de vista del deterioro de los recursos naturales y de la situación de vida de quienes los componen.
Por lo tanto, no me parece un argumento apropiado el plantear que la iniciativa no presenta a un país en condiciones adecuadas en el concierto internacional. ¿Por qué? Porque si hay un elemento que Chile posee en sus manos para no sufrir acusaciones ante la Organización Mundial de Comercio ni ser víctima de mecanismos que, a través de otras instancias, puedan ser utilizados para dañar la capacidad de venta de nuestros productos en el extranjero, es precisamente la voluntad soberana para cobrar las contribuciones a sus habitantes. ¡Eso es lo que no hacen las naciones europeas, que eximen de impuestos a miles de pequeños propietarios! Quienes conocemos técnicamente la situación sabemos que es así. En dichos países, a quien habita en las zonas donde se pretende mantener vigentes agriculturas pequeñas o medianas le dicen: "A usted le hago una contribución simbólica"; o incluso "no la pague", o "se la devuelvo por otro mecanismo". Por eso algunas naciones europeas mantienen el 30, el 33 o el 25 por ciento de sus poblaciones en el sector rural. No las mantienen por gracia, sino porque invierten en ellas. Y, además, emplean clara y abiertamente los subsidios para que esa agricultura permanezca, mecanismo que ha sido muy bien descrito acá y que discutiremos con ocasión de los tratados con la Unión Europea y Estados Unidos.
¿Dónde está la contradicción? Es efectivo que no ha habido reavalúo de bienes raíces agrícolas desde 1980. Quién lo va a negar. Y no critico a la señora Subsecretaria y a las demás personas, que han hecho un trabajo profesional, serio, pues es su labor querer ordenar la contribución tributaria del país. Es un mérito de ellas, no puedo decir que no lo sea. Pero la dificultad estriba en que, primero, es un error conceptual confundir la tributación de bienes urbanos de habitación y vivienda, porque los bienes urbanos que están dedicados a industrias o a otras actividades tienen un tratamiento tributario distinto. No me vengan a decir que es el mismo. Las municipalidades corren a ofrecer a muchas empresas beneficios y condiciones adicionales para que se instalen en determinadas comunas o localidades, con el objeto de que creen puestos de trabajo.
La agricultura es una condición que involucra trabajo, producción, subsistencia en muchos casos, y vivienda. Por lo tanto, esa conjunción de cuatro factores no está presente en la contribución por la casa o departamento de que soy propietario y que pago trimestralmente. No hay forma de comparar una cosa con la otra; no resiste la comparación. Y quienes manejan técnicamente el tema saben que jamás se podría hacer esa analogía.
En consecuencia, decir que hay un desequilibrio entre la forma de evaluar los bienes urbanos y la contribución de los bienes raíces con la de manejo de los sectores productivos, donde al país le interesa retener a su población activa dentro de esa capacidad productiva, es un criterio técnico que debe ser enfrentado de otra manera.
Por eso este proyecto, en su complicación, no es una buena señal. ¡No es una buena señal! Y no es que uno quiera tener sectores privilegiados.
Otro punto que aquí se afirma es que no ha habido reavalúo desde el año 1980. Pero, por favor, agréguese que sí han tenido reajuste por el IPC desde entonces hasta ahora. Y todas las contribuciones de los bienes raíces agrícolas se reajustan de acuerdo con el sistema legal vigente. No es que se los haya congelado ni puesto en una condición de privilegio ni subsidiado. No es así.
En cuanto a que las propiedades pudieran haber cambiado de valor, dependiendo de lo que se hubiera invertido en ellas, eso dice relación a un segundo concepto. Porque, en razón de las inversiones que se realizan o la infraestructura que requiere un predio dedicado, por ejemplo, a frutales, automáticamente, por razones de conveniencia del propietario, debe llevar contabilidad y tributar de acuerdo con ello. Alguien podrá decir que se le está ayudando al no cobrarle más por la tierra. No es así, pues está pagando por ella.
Se ha dicho también que el mecanismo propuesto por el Gobierno servirá para hacer ajustes. Debo declarar mi escepticismo sobre la materia, porque represento a una zona rural donde incansablemente he pedido -sin éxito, en muchos casos- hacer una retasación de pequeños predios agrícolas. ¿Por qué? Impuestos Internos tiene una tabla para la Región. Y cuando el Servicio califica un predio como de riego en circunstancias de que no lo es, el lograr que el funcionario respectivo vaya a verlo -a veces lo hacen- es una tarea titánica.
Por lo tanto, quiero dejar en claro -y nadie puede dudar de mis palabras ni de lo que estoy pensando- que no pretendo introducir un factor de discriminación. Pero claramente hay situaciones diferenciadas: para quienes tienen un negocio o inversión en un predio y están exportando o venden en buenas condiciones en el mercado interno, correcto, que se proceda por contabilidad, hagamos los ajustes necesarios y que esas propiedades contribuyan al bienestar nacional. Pero para los que nos interesan, que en este momento están endeudados, son pequeños arrendatarios o personas que desean permanecer en su zona, este proyecto, en el fondo, es contradictorio con la descentralización y la regionalización del país.
Alguien podrá decir que es muy duro lo que afirmo. Así lo pienso. Por eso lo digo. Creo que la agricultura familiar campesina, sobre todo, está nuevamente en desmedro. Se me dirá que 10 mil o 20 mil pesos más no es tanto. No, la vida no funciona así. Cuando se tiene una deuda y se trata de sobrevivir con ella, uno lee las señales; no cuenta cuánta plata tiene que juntar. Porque, en el fondo, esa gente se angustia para reunir, incluso, la necesaria para la subsistencia. Y todos sabemos que la inmensa masa de agricultores medianos o pequeños junta su dinero una vez al año y tiene que resistir el resto del tiempo, a sabiendas de haber gastado esa plata.
Por lo tanto, estamos ante una situación en la cual debemos mandar una señal positiva al sector rural.
Se ha argumentado también -y avanzo un criterio al respecto- que esto mejoraría nuestra cara ante los tratados que se acaban de suscribir. No, no mejora nada. Porque la sensación que existe entre los pequeños agricultores es que esos acuerdos no les sirven. Tan claro como lo estoy diciendo: a ellos no los ayudan. Sí les sirven a quienes están en condiciones de exportar, a los que están vendiendo sus productos, a quienes tienen potencialidad para invertir más. Puede que, a la larga, sí, criterio que discutiremos en su momento. Pero aquí no puedo, en este debate, aceptar el argumento de que en razón de los tratados internacionales debemos colocar en línea esta situación. No me parece coherente.
Ahora, ¿cómo proceder? Yo esperaba, sinceramente, una solución práctica. Por ejemplo, postergar esto -lo que hizo la Cámara de Diputados- y darnos tiempo para buscar una solución, porque algunas que habíamos intentado -y vuelvo a apreciar la buena voluntad con que hemos conversado- no pueden aplicarse, por posible inconstitucionalidad, porque no es fácil distinguir al propietario o el tipo de predio y se puede crear una discriminación.
En suma, el mensaje que al menos el Senador que habla quiere dar -es mi opinión y la de algunos otros señores Senadores de la Democracia Cristiana- es que vamos a defender la existencia de la agricultura familiar campesina. Pero el proyecto en debate no apunta en esa dirección. Reitero: ¡no apunta en esa dirección!
Por consiguiente, estaría disponible para aprobar el primer artículo, pero no los demás, a sabiendas de que -escuchen Sus Señorías lo que voy a decir- la no aprobación del resto del articulado dejará en una transitoria inseguridad a quienes quieran acogerse a los beneficios del mecanismo establecido en el proyecto.
Tengo conciencia de lo que estoy diciendo. Y como busco la posibilidad de una solución y confío en que el Gobierno hará un esfuerzo por recoger el mensaje que aquí estamos entregando Senadores de distintas bancadas, en el sentido de que defienda la agricultura familiar campesina y no la golpee, pido, primero, votación separada. Segundo, anuncio mi aprobación al primer artículo y mi rechazo a los demás, en la esperanza -y es la petición que formalmente hago a los representantes del Gobierno - de que busquen una solución que de común acuerdo permita resolver los temas que hemos planteado.
Nada más, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Deseo proponer a la Sala votar en general el proyecto a las 18:30, y luego, si hay acuerdo, proceder a pronunciarnos en particular.
El señor ESPINA.-
Siempre y cuando las personas inscritas tengamos tiempo para intervenir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Siete oradores han expresado el deseo de hacerlo y creo que vamos a lograrlo; pero que se empiece a votar a esa hora.
El señor ESPINA.-
Yo preferiría que el acuerdo fuera votar una vez terminadas las exposiciones -para algunos de nosotros ésta es una iniciativa muy importante-, a fin de que no ocurra que alguien quede sin hablar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se respetará su derecho a hacerlo.
El señor ESPINA.-
Perfecto, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Desde ya, Sus Señorías pueden dejar su voto en la Mesa.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín; luego, el Honorable señor Lavandero.
El señor LARRAÍN.-
Su Señoría estaba antes. No tengo problema en que hable primero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Mesa tiene facultad para alternar las diferentes posiciones. Veremos si lo son.
Tiene la palabra el Senador Larraín.
El señor NARANJO.-
Es que no son distintas, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
En este caso, no lo son tanto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Parece que se van a sumar. De ser así, me habría equivocado.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , yo le pediría que barajara bien las opiniones. Porque hasta el momento, si Su Señoría quiere ser equitativo, solamente hemos escuchado opiniones en contra, a excepción de la del Presidente de la Comisión . Entonces, si se quiere ser justo, que así sea. Pero me inscribí antes que el Senador señor Larraín.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Le voy a demostrar que he sido ecuánime, señor Senador : el Honorable señor Ominami habló a favor del proyecto, al igual que los Senadores señores Foxley, García y Muñoz Barra. El Honorable señor Moreno lo hizo en contra, e ignoro cómo actuará el Senador Larraín.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NARANJO.-
El Senador señor Moreno opinó igual que el Honorable señor García: en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Yo entendí que fue a favor y que aprobaría el proyecto.
En todo caso, son cuatro contra dos.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , yo no pedí adelantar mi intervención, sino que se respetara el orden de los inscritos. Pero como la decisión está dentro de las atribuciones de la Mesa, hablo con mucho gusto si se me ofrece el uso de la palabra.
Respecto del proyecto en cuestión, quienes han leído el informe ya conocen mi opinión. Pero en lo fundamental, antes de entrar a su análisis pormenorizado, debo señalar que el planteamiento de fondo y la propuesta incorporada a la iniciativa -fundamentalmente trabajada en la Comisión de Hacienda- me parecen razonables como opción para mejorar la meta de postergar la vigencia del reavalúo de los bienes raíces rurales. El tope sugerido, así como los distintos mecanismos y gradualidades, corresponden a una filosofía que encuentro adecuada para cuando se deba aplicar el nuevo procedimiento.
Por eso, mi inquietud no se refiere a las técnicas ni a los mecanismos propuestos, sino al problema de fondo abordado en esta ocasión por distintos señores Senadores -como los Honorables colegas García y Moreno -, quienes plantearon la inconveniencia de esta iniciativa por otros motivos, fundamentalmente relacionados con la oportunidad en que esto se realiza y al ámbito en el cual se aplica: el agrícola.
Señor Presidente, quiero precisar las cifras en cuanto al impacto que provoca el proyecto en debate.
Los predios que aumentan su impuesto son 96 mil 704; los que pasan de exentos a afectos, 25 mil 881, y los que suben sus contribuciones, 122 mil 585.
Como lo que hace la iniciativa es revaluar predios -lo que implica que algunos se tasen en una cierta cifra y otros, en una menor-, se produce el efecto inverso. Por eso, ciertos predios pagan menos impuestos: otros pasan a exentos, y algunos los bajan.
Pero, descontado lo anterior, el total neto de predios que aumentan su impuesto -esto es lo que cuenta- son 35 mil 494; y los que en definitiva pasan de exentos a afectos son 17 mil 295. Por lo tanto, el total de aquellos que verán alzado el monto de su contribución es de 52 mil 789.
Ése es el resultado del proyecto en términos de predios afectados.
En cuanto a los montos de las contribuciones por pagar en moneda del mismo valor, llegarían a alrededor de 33 mil 800 millones de pesos. Una vez producido el reavalúo, alcanzarían los 37 mil 100 millones de pesos; es decir, un aumento neto un poco superior a los 3 mil millones de pesos.
En cifras gruesas, no sólo hay una cantidad de predios que suben su contribución, sino que se incrementa lo recaudado por dicho concepto, que es algo más de 3 mil millones de pesos. Esto es lo que nos parece inquietante, y representa el problema de fondo que no podemos soslayar cuando hablamos de una cuestión que afecta al mundo agrícola.
Es cierto -dirán algunos- que los impactos pueden ser pequeños si se consideran los predios en forma individual. En las Comisiones unidas se dijo que algunos subirían sus contribuciones en 4 mil, 5 mil o 10 mil pesos. En ciertos casos, puede ser así. Pero no olvidemos que estamos hablando de la pequeña agricultura campesina, cuyos ingresos anuales alcanzan a 600 ó 700 mil pesos, cantidad con la cual vive un grupo familiar del sector. En consecuencia, esos pequeños montos tienen para ellos un impacto muy significativo.
Por consiguiente, no podemos pensar que no causamos daño a la agricultura. Si el proyecto afectara sólo a los reavalúos, no debería producirse mayor ingreso fiscal. Pero es una iniciativa de reavalúo y reajuste, porque se obtienen más de 3 mil millones de pesos por tal concepto. Si sólo quisiéramos aplicar justicia -porque algunos predios se han valorizado y otros desvalorizado-, no debería haber aumento en las contribuciones y mayores ingresos para el Fisco. Sin embargo, así ocurre; y con los casi 53 mil predios afectados se demuestra que existe un objetivo que va más allá del mero reavalúo.
Cuando una normativa afecta al mundo agrícola, es obvio que uno no puede permanecer indiferente. Bien decía el Senador señor García que cuando uno representa al mundo campesino, a una zona tan rural como la Séptima Región -que es la más agrícola de Chile- y particularmente a la zona sur de ella, donde la incidencia de la pequeña agricultura es muy superior a la de su parte norte -en la cual no se desarrollan con la misma intensidad los cultivos de exportación ni aquellos que permiten obtener mejores rendimientos a los suelos-, obviamente la situación no deja de preocuparnos.
Nosotros estamos asistiendo a una crisis agrícola que se ha hecho crónica en el tiempo. Los precios de los principales productos agrícolas -de la agricultura tradicional fundamentalmente- en 10 años han caído en cerca de 30 ó 40 por ciento en términos nominales. Si a eso se aplica la inflación, se puede observar que el ingreso promedio de un agricultor ha caído. Ahora, si se trata de pequeños productores, evidentemente el impacto es extremadamente duro. Algunos de ellos se encuentran asilados en INDAP. Según este organismo, 250 mil pequeños agricultores tienen derecho a los créditos que él otorga, pero el esfuerzo sólo alcanza a cubrir 100 mil. No quiero hablar de irregularidades o de mal uso de los recursos, porque eso podría desviar nuestra atención. Pero en teoría, ahí ya hay 150 mil pequeños agricultores que no reciben ayuda de INDAP, pese a que tendrían derecho.
Los clientes de INDAP son aquellos con doce hectáreas de riego básico. O sea, un agricultor con 15 ó 20 hectáreas no puede solicitar esa ayuda. ¿De quién estamos hablando? ¿De un latifundista, de un agricultor exitoso, tecnológicamente desarrollado y con patrimonio y capitales muy grandes? ¡No, para nada! Nos referimos a personas de muy bajos ingresos. Esa situación es la que apreciamos todos los días al caminar por la Región. Y de allí hacia al sur se multiplica el argumento.
Señor Presidente , cuesta entender la actual situación agrícola. Ella se genera por la falta de una política nacional, que evite la competencia desleal originada por el proteccionismo extranjero. El problema fundamental de la baja de precios de nuestros productos se debe a que en el mundo la agricultura está intervenida. Los países ricos gastan cientos de miles de millones de pesos en apoyar a sus agricultores pequeños, medianos o grandes. Con ello hacen bajar los precios a nivel mundial, con el consiguiente impacto en el mercado local. De allí también la pobreza rural, que ha crecido de manera significativa en estos últimos años, con un aumento importante de la indigencia.
Estos sectores enfrentan nuevos desafíos, que pueden ser atractivos para el país y para muchas actividades productivas. Pero, ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos cuando en las conversaciones el Gobierno ha entregado las bandas de precios? No tendremos tal mecanismo una vez que se aplique ese instrumento internacional. ¿Qué ocurrirá con el trigo, producto fundamental sobre todo para la agricultura campesina? Estamos hablando de 60 ó 70 mil pequeños productores que se verán afectados con ese Acuerdo, en caso de ser aprobado. No sabemos si Estados Unidos lo hará. Nosotros todavía debemos discutirlo.
Pero ante esa perspectiva, cuando venimos arrastrando una crisis agrícola como la mencionada, me parece que un proyecto de tal naturaleza no debe ser aprobado.
Pareciera racional ajustar los avalúos de los predios campesinos. Sin embargo, en el ámbito agrícola, yo sería partidario de hacerlo si acaso el resultado final es inferior a la recaudación tributaria, porque es la manera que nuestro país tiene de subsidiar a un sector que lo necesita. O a lo menos mantenerla. Pero no se trata de eso, pues aquí, además, se aumenta el tributo. A mi juicio, ello no es justo.
Yo no voy a colaborar a que se aprueben iniciativas de esta especie, relacionadas con acuerdos de libre comercio u otras políticas que perjudiquen a la agricultura nacional, en particular al sector de pequeños propietarios, que es al que en forma mayoritaria represento en esta Alta Cámara porque es el que está más potenciado en mi Región, desgraciadamente para estos efectos, pero afortunadamente en otros aspectos, porque se halla constituido por personas de calidad humana irreemplazable.
Estoy agradecido de esa gente, y no le fallaremos. Votaremos en contra de esas iniciativas, porque implican empobrecer al sector rural. Lo justo es imponer una política de Estado sobre la materia. No la tenemos. Por sus contenidos, la Mesa Agrícola fue un paso adelante en esa dirección, a pesar de que entonces me parecieron insuficientes. Pero los acuerdos logrados en esa instancia no se han llevado adelante en las políticas del Gobierno.
En consecuencia, veo que el futuro rural es más que incierto y las señales que se dan al aprobar este tipo de iniciativas obviamente son en extremo negativas.
Por eso, señor Presidente , no puedo concurrir con mi voto -tampoco lo hice en las Comisiones unidas- a la aprobación íntegra del proyecto. Sin duda, no puedo oponerme a la idea de legislar, porque eso significaría aplicar desde ya los impuestos, los reajustes y los reavalúos, perjudicando aún más al sector agrícola. Inevitablemente, debe aprobarse en general, pero -como lo han anunciado otros señores Senadores- en particular sólo la letra a) del artículo 1º, que posterga la entrada en vigencia del reavalúo.
Como expresó el Senador señor Moreno , con la aprobación total se producirá una circunstancia curiosa, dado que las demás normas que pudieran ser útiles no se aplicarían. Espero que la presión que esto implicará desde el mundo rural logre convencer a las autoridades de Gobierno de que tales normas no se pueden aplicar hasta que la agricultura entre en proceso de recuperación o se dicte una política nacional que verdaderamente favorezca al sector.
Es impensable que eso ocurra en el corto plazo, por los antecedentes de que disponemos y, adicionalmente, por otra consideración: actualmente se tramita en la Cámara de Diputados un proyecto que reajusta las contribuciones de bienes raíces de las propiedades urbanas, cuya vigencia en la iniciativa del Ejecutivo -ruego a los personeros de Gobierno que me corrijan si estoy equivocado-, está propuesta para no antes del año 2005.
Me parece de toda lógica pedir que los dos cuerpos legales de este carácter, que afectan a los bienes raíces rurales y a los urbanos, entren a regir en la misma época y tengan similar gradualidad de ahí en adelante, naturalmente que con sus respectivas especificidades, pues ambos tipos de propiedades son diferentes y deberán consignarse disposiciones propias para cada cual.
Es inadmisible que el reavalúo agrícola entre en vigencia antes de que ocurra lo mismo en el ámbito urbano, donde la situación de los propietarios, desde el punto de vista económico, es más holgada. No digo que estén mejor o bien, ya que todos sabemos que desde 1998-1999 la situación económica nacional es bastante lamentable: el país está paralizado, sin inversiones, con cesantía creciente (actualmente hay más o menos igual cantidad de personas ocupadas que hace 5 años).
En ese cuadro, entiendo que tampoco resultan muy convenientes los reajustes ni los aumentos de impuestos de ninguna especie; pero si hubiere que hacerlos, en todo caso habría que desfasarlos cuanto sea posible. Si el Gobierno propone como fecha de vigencia para los reavalúos urbanos el 2005, no veo por qué haya de ser aceptable que el de los bienes raíces agrícolas empiece a regir ahora, el 2003. No hay coherencia en este aspecto, lo cual me hace pensar que no es justo aprobar la iniciativa.
Hay otro problema. El objetivo del texto original del Ejecutivo era uno solo: postergar el reavalúo de los bienes raíces agrícolas. Sin embargo, su composición ha cambiado, porque incluye diversas otras disposiciones, algunas muy positivas pero distintas de la idea matriz, como la relativa a la contabilidad simplificada.
Señalo lo anterior para poner más dificultades en el camino. Pienso que la única forma de lograr el objetivo original y apoyar a quienes, incluso desde la Concertación, han intentado que el Gobierno posponga la entrada en vigor del reavalúo, es que las autoridades entiendan que hay muchos problemas.
Además, como el proyecto incluye hoy modificaciones de tal envergadura que afectan su idea matriz, me parece que tiene un vicio de constitucionalidad. Por ello, hago expresa reserva sobre el punto.
Por todas estas consideraciones -y como lo hice presente en las Comisiones unidas-, pienso que debe aprobarse en su primera parte la iniciativa, debido a que es necesario postergar la vigencia del reavalúo. Sin embargo, no podemos aprobar su tenor completo por resultar demasiado gravoso para la agricultura y, por lo tanto, inconveniente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se hará la reserva de constitucionalidad solicitada por Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , esta tarde asistimos a una discusión muy interesante, más que sobre el problema de los reavalúos de bienes raíces agrícolas, en lo relativo a la ruralidad y a la precaria realidad de la agricultura en la Región que representamos y en nuestro país, tan diferente a la existente en otras regiones.
Comparto lo señalado por el Senador señor García en orden a que Chile enfrentará una competencia desleal y que en tal sentido las naciones desarrolladas están mucho mejor preparadas. Porque aquí se trata no sólo de un tema de impuestos -lo expresó muy bien el Honorable colega-, sino también de rentabilidad y subsidios que se otorgan en otros países. Es una situación combinada de estos elementos, lo que a un pequeño o mediano empresario agrícola le permite sostenerse en cualquier parte del mundo.
Los agricultores chilenos deberán enfrentar no solamente el alza de los avalúos de sus propiedades, sino también la competencia con países que subsidian sus productos y que tienen agricultura tecnificada y suficientemente capitalizada.
Concuerdo con el Senador señor Moreno en que como aquí algunos técnicos citadinos no conocen la vida rural, ciertamente no saben que en muchos países los minifundios no pagan impuestos, pues representan una forma de vida para muchas personas, y que éste u otros proyectos no van a cambiar la pobreza en que se desenvuelven.
Si quienes se dedican a la agricultura tuvieran una vida regalada, no me explico cómo la población rural ha disminuido tan drásticamente. Si fuera un buen negocio, la gente tendría que haberse quedado en sus Regiones, en sus provincias, en sus comunas, en sus sectores. Prueba de que es un mal negocio y de que la vida en el campo es mala, es que la ruralidad se ha reducido y los campesinos han emigrado a las grandes ciudades.
Señor Presidente , por ser hoy en día tal vez el Parlamentario más antiguo en el Congreso, estoy en condiciones de señalar que desde 1957 a la fecha esta discusión sobre reavalúos agrícolas se ha desarrollado al menos en dos ocasiones anteriores. Una cuando era Subsecretario de Hacienda el actual Presidente del Senado señor Andrés Zaldívar . En esa oportunidad, los funcionarios y técnicos esgrimieron los mismos argumentos que los especialistas dan hoy para justificar un alza en los avalúos. Y fue tal el impacto y el significado de las avaluaciones -entonces yo era Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados- que nos vimos obligados a crear una comisión para recibir los reclamos de miles y miles de personas que habían sido afectadas de la manera más injusta por el reajuste generalizado de los avalúos de las propiedades. A tal punto que se debió considerar algo importante -en esta ocasión no se ha tratado-, como es el hecho de que subieron los avalúos pero bajaron las tasas, para compensar y evitar distorsiones. Sin embargo, ahora hay un reavalúo y las tasas se mantienen. En consecuencia, ello se transforma en algo más delicado aún.
El Senador señor Larraín ha defendido su planteamiento con mucho calor y con bastante razón, habiendo establecido el real peso del asunto, en orden a que el proyecto no sólo implicará un reavalúo, sino que también exigirá una mayor captación de impuestos, los cuales -como expresó Su Señoría- ascenderán a casi 3 mil millones de pesos.
Aquí se han debatido con mucha claridad estos temas. Sin embargo, a los argumentos entregados por los Honorables señores García , Moreno y Larraín , deseo agregar algo. Y pido la atención de los señores Senadores, en especial de los "citadinos" que se encargan de legislar sobre temas del campo, los cuales desconocen. En nuestro país, la mayor parte de la agricultura paga 11 por ciento de renta presunta. Y se dice que eso es un privilegio, que involucra que no se pague nada. Pero deseo preguntar lo siguiente a esos expertos, economistas, técnicos y "citadinos". ¿Saben cuál es la rentabilidad de la agricultura en Francia, por ejemplo, la cual es capitalizada, tecnificada y, además, subsidiada? Entre 4 y 5 por ciento.
¿Y por qué en Chile se paga 11 por ciento de renta presunta, que corresponde al doble de la rentabilidad en Francia, en Estados Unidos o en cualquier otro país, en circunstancias de que la actividad no se halla capitalizada, es poco subsidiada y no se encuentra tecnificada? La respuesta radica en que los avalúos son bajos. Entonces, 11 por ciento de uno de ellos puede equivaler a 4 ó 5 por ciento real, comparativamente.
Por eso, los estudios presentados aquí son absolutamente incompletos. Y ello alterará, al menos, el modo de vida de la agricultura tradicional.
En virtud de lo anterior, considero que el asunto debería ser orientado hacia un solo reavalúo, tanto del sector urbano como del rural, tomando en cuenta la rentabilidad en las tasas impositivas. Y se debería proceder como corresponde: de una sola vez, con mayores antecedentes, en 2005.
Pero hay otros aspectos, señor Presidente , que a lo mejor muchos señores Senadores desconocen. ¿Cómo se clasifica la tierra en Chile? Cabe tener presente, primero, la tierra agrícola, que se divide en dos: de riego y de rulo. Porque presentan avalúos distintos, no son uniformes. Por cierto, en ello inciden la rentabilidad y el clima.
Además, hay otra clasificación: la de terrenos suburbanos y urbanos. Últimamente, los alcaldes de comunas pobres y pequeñas como Cunco, Padre las Casas , en fin, al disponer la municipalidad de pocos recursos para financiarse, han optado por ampliar el plano urbano, pero no sólo a la parte suburbana sino también a la agrícola. Eso ha significado que hoy día se presenten casos -y he recibido los reclamos respectivos- en que los avalúos han subido por sobre 300 ó 400 por ciento. Éste ha sido el subterfugio utilizado por las comunas pequeñas, de bajos ingresos, para contar con más recursos.
Por ello, considero que el tema es delicado. En la Región de La Araucanía, que represento, hay 80 mil propietarios agrícolas, de los cuales 61 mil tienen menos de tres hectáreas de rulo, pero quedará muy afectada una cantidad importante de ellos con menos de 20 ó 30 hectáreas. A ese tipo de pobreza se referían los Honorables señores Moreno y Larraín .
El Senador que habla fue elegido por gente muy modesta, por campesinos que carecen de recursos para educar a sus hijos, quienes, buscando un destino mejor -porque no caben donde habitan sus padres-, llegan a los cordones externos de las ciudades, donde hay delincuencia, prostitución infantil y drogadicción. Ésa es la mayor prueba de la poca oportunidad de los sectores pequeños de la agricultura en el mundo rural.
Quizás, varios señores Senadores se preguntarán cómo es posible que por primera vez aparezcan aquí integrantes de distintas bancadas (Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Democracia Cristiana, etcétera) defendiendo la ruralidad por sobre sus concepciones políticas. ¡Ello se debe a que está en juego la vida del hombre de trabajo en el sector rural! ¡Y eso es lo que estamos defendiendo hoy!
Creemos que éste es un mal proyecto, que es desequilibrado. Pretende una armonía, pero en definitiva no la crea y cae en el plano de las desarmonías, con peores efectos de injusticia que los ya existentes.
Por esa razón, señor Presidente , solicito al Gobierno que se posterguen los avalúos hasta 2005 y que se apruebe la letra a) del artículo 1º.
En lo personal, anuncio que me pronunciaré en contra incluso del artículo 1º, como una señal de protesta en nombre, por cierto, del mundo rural que represento y del que existe en muchas regiones pobres. Sé que es mejor acoger esa norma, pero, aunque me pese y como una señal de protesta, repito, para que el Gobierno pueda renovar y estudiar más a fondo el proyecto, que se debe postergar hasta 2005, votaré en contra.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
En realidad, señor Presidente , creo que esta sesión necesariamente deberá ser analizada por expertos en materia agrícola, porque nunca había escuchado que el aumento en el pago de las contribuciones pudiera tener efectos tan perversos en la política agraria de un país. Alguien deberá darles las explicaciones pertinentes, porque en esta Sala se ha dicho que el asunto provocaría consecuencias en las migraciones rurales, en las políticas regionales, en frenar los subsidios internacionales, incluso.
En verdad, me parece que esta sesión requerirá un análisis más profundo de los expertos agrícolas, porque, al escuchar las distintas intervenciones, me da la impresión de que se trata de una reunión de 1980. Por cierto, en ese entonces no funcionaba el Parlamento, ni ahora están los mismos actores. Pero si uno revisa las actas de ese año, cuando se resolvió el no reavalúo de las propiedades agrícolas, podrá darse cuenta de que fueron dos los criterios seguidos. Primero, en aquella época el avalúo fiscal era prácticamente igual al valor comercial de la propiedad. Y Sus Señorías concordarán conmigo en que hoy en día ello no es así. Actualmente, el avalúo fiscal es 10 veces menor que el comercial.
El segundo criterio tenido en consideración en 1980 se relaciona con la profunda crisis en el sector rural, producto de las políticas de apertura comercial. Ello, lógicamente, hacía recomendable adoptar medidas para proteger de alguna manera a nuestra agricultura, invadida por fuertes importaciones debido a las rebajas arancelarias.
Pero, además, luego de escuchar a algunos expositores, da la impresión de que en estas materias también se quedaron pegados en 1980 y de que ven al sector, al escenario y al paisaje rural como si fueran iguales a los de 2003. En aquélla época -es bueno traerlo a colación-, el país tenía un rendimiento de 20 quintales de trigo por hectárea; hoy día, es de 40 quintales por hectárea. Y nótese que en el peor de los casos a un pequeño propietario puede aumentarle su cuota en 10 mil pesos -es decir, en el equivalente a un quintal de trigo-, pero que su producción se ha duplicado. En 1980, los productores remolacheros obtenían entre 30 y 35 toneladas por hectárea, y hoy día producen sobre 60.
Podría citar diversos otros ejemplos acerca de cómo ha aumentado la productividad en el sector rural.
En consecuencia, no confundamos las cosas. En la actualidad, el paisaje del sector rural es totalmente distinto al que teníamos en 1980. Por ejemplo, el subsidio forestal recién comenzaba a operar. Los Senadores sabemos que muchas de las personas que serán "afectadas", entre comillas, por el reavalúo agrícola se han acogido al subsidio forestal, el cual, por cierto, ha equivalido a "cualquier" reavalúo de la propiedad agrícola.
En cuanto al subsidio habitacional de la pequeña agricultura campesina, por poner otro ejemplo, hay que señalar que en los últimos 10 años se han construido casi 60 mil viviendas rurales y para las mismas personas que aparentemente podrían verse afectadas por el aumento del monto de las contribuciones. ¿Cuánto es el subsidio rural, señor Presidente ? Dos millones y medio de pesos.
Además, los mismos que supuestamente serán afectados se han acogido al subsidio de riego, al de praderas, al bono ganadero.
¡Pongamos las cosas en su lugar! Porque, por mi parte, también averigüé. ¿Y sabe usted, señor Presidente , cuánto paga hoy día el empresario agrícola más grande que podamos imaginar por cada cuota trimestral? ¡Cincuenta mil pesos! Imagínense: un caballero dueño de 400 hectáreas de frutales paga 50 mil pesos trimestrales por toda su propiedad, es decir, 200 mil pesos anuales en contribuciones.
El señor LAVANDERO .-
¡Explique bien el cálculo!
El señor NARANJO.-
Ésa es la situación, señor Presidente . Y si a ese señor se le aplicara el reavalúo pagaría 100 mil pesos. Entonces, no confundamos las cosas, por favor, porque son situaciones diametralmente distintas.
Pertenezco al sector rural. Y soy el Presidente de la Comisión de Agricultura. Pero creo que el proyecto le hace bien a dicho sector. Porque muchos de los productores se quejan de que no consiguen financiamiento para llevar adelante su actividad. ¡Claro! Lógicamente, con un avalúo vigente desde 1980 hasta la fecha, ¿qué institución financiera querría comprometerse?
Algunos señores Senadores expresaron que no comparten la idea del proyecto y que solamente desean la similitud del reavalúo agrícola con el no agrícola en 2005. Deseo recordarles que con ello estaríamos cometiendo una tremenda discriminación, porque las propiedades urbanas fueron revaluadas en 1977 y en 1995. Por consiguiente, no estamos haciendo equivalentes dos situaciones, pues las propiedades urbanas ya sufrieron dos procesos de revaluación. En cambio, en el caso específico que nos ocupa no se ha realizado ninguno desde hace más de 22 años, y por eso pienso que "los cuidados de algunos sacristanes terminarán matando al señor cura".
Me parece que lo más aconsejable y conveniente para el sector rural es dar luz verde al proyecto, señor Presidente , porque permitiremos acceder al sistema financiero a personas que hoy tienen dificultades para hacerlo.
Aquí se han manifestado algunas cosas de manera absolutamente equivocada. ¡El minifundio nunca ha pagado contribuciones! ¡Nunca! Y las que ha pagado la pequeña propiedad -cuando lo ha hecho- son bastante insuficientes. En la práctica, los "pequeños propietarios", entre comillas, que pudieran verse afectados por el aumento de contribuciones pagarán, en el peor de los casos, menos de 5 mil pesos por cada cuota trimestral. ¡Menos de 5 mil pesos!
Es decir, si hoy día un productor agrícola -por muy pequeño que sea- sujeto a contribuciones no está en condiciones de pagar 20 mil pesos al año, que es el impacto que el proyecto le generaría, ¿de qué tipo de productor estamos hablando? Por lo menos, los que conozco están en condiciones de pagar 5 mil ó 10 mil pesos -repito-, en el peor de los casos.
Sin embargo, no tratemos de buscarle las cinco o seis patas al gato, porque estamos ante una iniciativa que efectivamente busca que todo el proceso de modernización de nuestra agricultura durante los últimos veinte años se vea reflejado también en las contribuciones; que todo el inmenso progreso, las transformaciones y los cambios que ha experimentado la actividad repercutan de alguna manera en el aumento del monto de las contribuciones.
Por eso, respaldo la iniciativa, ya que creo que le hará bien al sector y le llevará alivio, particularmente para enfrentar sus desafíos. A diferencia de lo que se ha señalado, en forma equivocada, pienso que el proyecto no es inquietante ni frenará el desarrollo agrícola. Me pregunto si algún experto podría decir que un incremento tan insignificante en las contribuciones de un país puede ser un elemento inhibidor, paralizador del avance en el área. ¡Por favor! Es bueno ir con cuidado en las conclusiones que se sacan.
¡Porque he aprendido que existen nuevos instrumentos, que desconocía, como el de que un pequeño aumento en las contribuciones puede generar modificaciones en las políticas migratorias de un país o procesos de descentralización regional! ¡Son verdaderamente novedosos los argumentos vertidos aquí! ¡Muy novedosos!
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si no hay objeciones, tiene la palabra la señora Subsecretaria de Hacienda .
La señora WAGNER ( Subsecretaria de Hacienda ).-
En primer lugar, deseo aclarar un punto, señor Presidente . El Ejecutivo no pretende aplicar un reavalúo al sector agrícola por un tema de recaudación fiscal. Por lo demás, los recursos que ello genera van a las municipalidades y no son demasiado importantes en términos de gasto fiscal.
Estamos planteando una cuestión de equidad. Hay un grupo importante de predios por los que se pagan más impuestos de lo debido. En concreto, se trata de 61 mil 210 predios.
Votar en contra del reavalúo significa hacerlo en contra de rebajar los impuestos a los 61 mil 210 dueños de esos predios, que equivalen a 10 por ciento del total y a 30 por ciento de los que hoy día pagan impuestos. O sea, cuando se vota que no a la aplicación del reavalúo, se vota que a el 30 por ciento de los predios queden sin rebaja de impuestos.
Si se aprueba el artículo 1º, letra a), y se rechaza la gradualidad, se está favoreciendo la aplicación de un reavalúo más alto para aquellos a quienes se suben los impuestos.
El Gobierno pondrá en marcha el reavalúo en julio de 2003. Su propuesta es que para los casos en que haya un aumento significativo aquél se reduzca, de manera tal que a nadie se afecte con un alza de impuestos relevante.
Voy a poner un ejemplo.
Si el incremento del reavalúo implica que la cuota de contribuciones suba de 10 mil a 40 mil pesos, el Ejecutivo sugiere que ella se eleve sólo a 12 mil pesos; en el mes siguiente, a 13 mil, y así sucesivamente, hasta llegar, en el 2006, a un máximo de 20 mil pesos. Si se vota en contra de esta gradualidad, deberá pagarse en julio de 2003, no 12 mil pesos, como lo plantea el Gobierno, sino 40 mil.
Eso es lo que está en juego en la votación del Senado.
En segundo término, debo aclarar que la iniciativa no aumenta los impuestos a los más pobres y a los más pequeños. Sólo los alza en los casos de las personas más ricas.
Por otro lado, estamos elevando el mínimo exento, hoy cercano al millón de pesos, a cuatro millones. Y tenemos flexibilidad para usar la facultad en forma de dejar exentos a los pequeños, que es lo procedente.
Se ha planteado también que el reavalúo agrícola no debería llevarse a cabo sino a contar del año 2005. Debo recordar que los valores de las propiedades agrícolas no han sido actualizados desde 1980, a diferencia de las propiedades no agrícolas, cuya última revaluación se hizo hace poco tiempo: en 1995. Además, la propuesta del Gobierno con gradualidad implica que el reavalúo total sólo se va a aplicar el año 2006. Por lo tanto, estamos emparejando el reavalúo de los bienes raíces agrícolas con el de los bienes raíces no agrícolas para más o menos la misma fecha, tal como se ha propuesto aquí.
Por último, reitero que el Gobierno comenzará a aplicar el reavalúo en cuestión en julio de este año, porque no permitiremos que 61 mil dueños de predios sigan pagando más impuestos que los que les corresponden. Con el reavalúo, el 30 por ciento de los predios que hoy tributan deberán bajar sus impuestos, lo cual nos parece una medida de equidad absolutamente necesaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor BOENINGER.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador, para plantear una cuestión de procedimiento?
El señor ROMERO.-
Cómo no.
El señor BOENINGER.-
Gracias, Honorable colega.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , he sido informado de que existe el propósito de votar hoy sólo la idea de legislar.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
El proyecto está en discusión general.
El señor BOENINGER.-
Debo recordar que, si bien la Sala no se ha pronunciado sobre la idea de legislar, el proyecto ya estuvo aquí en sesión anterior y volvió a Comisiones justamente para que se presentaran indicaciones, dado que el Ejecutivo manifestó en esa oportunidad su disposición a modificar una serie de normas con el objeto de hacer más gradual el reavalúo y reducir su peso. Sin embargo, por lo que acaba de expresar la señora Subsecretaria de Hacienda , está claro que no habrá nuevas indicaciones gubernativas.
Ésta es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República en todos los aspectos. Entonces, ¿qué sentido tiene, salvo la mera dilación, aprobar ahora el proyecto sólo en general y devolverlo a Comisiones?
Ésa es mi pregunta, señor Presidente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa fue estudiada inicialmente por las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, cuyos informes se conocieron el 3 de septiembre último en la Sala. Ésta, sin entrar al análisis de dichos documentos ni pronunciarse sobre la idea de legislar, acordó reenviar el proyecto a los mismos organismos, esta vez unidos, para nuevo primer informe.
Por consiguiente, en este momento la iniciativa se encuentra en discusión general.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , si las cosas son como señala el señor Secretario , quiere decir que hay un tremendo malentendido, porque me parece que el proyecto fue remitido a las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, en la idea de que se procediera allí tanto a la eventual aprobación en general como al análisis de las indicaciones que se formalizaran en términos del debate particular. Y tan así fue que ello tomó un período muy largo, precisamente para que primero los Senadores de todas las bancadas hiciéramos llegar nuestras observaciones y luego se solicitara al Ejecutivo , tratándose de una materia de su iniciativa exclusiva, que aceptara incorporar los elementos que estimara adecuados. De hecho, el Gobierno así lo hizo, y las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, no sólo aprobaron la idea de legislar, sino que además se pronunciaron sobre cada una de las indicaciones presentadas oportunamente, en el entendido de que lo que correspondía como paso siguiente era que el proyecto sancionado de esa forma pasara a la Sala para ser discutido en general y particular.
Por lo tanto, repetir idéntico ejercicio no tiene ningún sentido, máxime si la ley en proyecto lleva 22 años esperando.
El señor LARRAÍN.-
Pido la palabra.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
¿Sobre el mismo tema?
El señor LARRAÍN.-
Sí.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , creo que la explicación del señor Secretario es la correcta: ésta es la primera vez que la Sala discute en general la iniciativa.
Sin embargo, comprendo que se haya producido la confusión a que alude el Honorable señor Foxley , debido a que efectivamente en las Comisiones se hizo una discusión general y particular, que incluyó el análisis de indicaciones, las que, por la naturaleza de la materia, sólo pueden provenir del Ejecutivo. Y yo entendería que hoy estamos votando en general y en particular, de modo que la iniciativa quedara despachada ahora, sin necesidad de volver a Comisiones. No obstante, por lo avanzado de la hora y considerando que algunos Senadores debemos asistir a la Comisión Especial encargada de estudiar el Tratado con la Unión Europea -a mí, por lo menos, me interesa participar en el debate-, sugiero aprobar hoy el proyecto sólo en general, para comenzar su discusión particular en una próxima sesión, mañana o cuando se determine. Creo que ésa es la única manera de que algunos Senadores podamos participar en la reunión que realizará la referida Comisión Especial a fin de estudiar un asunto muy importante y que, ciertamente, no ha sufrido una espera de 22 años.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Al parecer, ése es el único camino que nos queda, pues, como se autorizó para dejar el voto en la testera, alrededor de 12 Senadores han ejercido ese derecho, pero emitiendo pronunciamiento sólo sobre la idea de legislar.
El señor NARANJO .-
¿Significa eso que el proyecto quedará aprobado en general ahora y que mañana será discutido en particular?
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Exactamente. Salvo que se presentaran indicaciones, la discusión particular se realizaría mañana.
El señor NARANJO .-
No podría haber indicaciones, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Podría haberlas, señor Senador.
En la discusión general, recupera el uso de la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , pienso que este debate es útil, trascendente, oportuno. Y lo cierto es que todos los argumentos que aquí se han dado, en pro o en contra, se caracterizan por reflejar e interpretar los sentimientos que cada uno de los que han participado en él tiene acerca de una actividad y un sector que es, a la vez, un medio y un modo de vida.
Estamos frente a un cambio extraordinariamente radical en cuanto a lo que será la agricultura en el futuro respecto de lo que ha sido hasta ahora. Y me parece importante que nos detengamos un momento a reflexionar sobre ello, pues no me cabe la menor duda de que el escenario que se abrirá a partir de la vigencia de los nuevos tratados internacionales colocará las cosas en un lugar muy distinto del que podemos imaginar.
Siempre he coincidido en que no puede haber sectores que resulten beneficiados excepcionalmente por una norma. Y éste es un punto fundamental para entender a qué nos vamos a enfrentar.
Francamente -y lo he señalado-, creo que la agricultura no puede excepcionarse de recibir un tratamiento en la perspectiva de los demás sectores. Sin embargo, en el concierto global en que vive nuestro país encontramos que actividades agropecuarias de otras naciones sí tienen situaciones excepcionales derivadas de proteccionismos, de subsidios, de características completamente distintas de las que hoy existen en el sector rural chileno.
Entonces, no va a ser posible que racionalmente nos traslademos a un mundo ideal donde no existan subsidios, no haya compensaciones, no se recurra al proteccionismo. Prácticamente, eso es imposible en el mundo rural, sobre todo en los países europeos, en las naciones más desarrolladas, donde se protege a la agricultura por distintas razones: estratégicas, de soberanía nacional, e incluso por aspectos que muchas veces no son muy lejanos a nosotros mismos.
En tal perspectiva, mi primera reflexión se refiere al mecanismo que hoy día existe para clasificar las tierras. El sistema data de hace cuarenta años, a lo menos. Se estableció en 1962, cuando don Julio Philippi, Ministro de Tierras y Colonización en aquel entonces, puso en marcha un sistema -muy novedoso para la época- a fin de clasificar el suelo agrícola chileno y ver cómo valorizarlo. Se empleó la aerofotogrametría, que permitió hacer un trabajo aéreo en todo el país para determinar qué calidad de suelo y de actividad agrícola había. Y -según se ha señalado aquí- se derivó en la existencia de cuatro categorías de riego y ocho de secano, dividiéndose estas últimas en cuatro arables y cuatro no arables.
Eso, que en aquella época era lo que correspondía hacer, hoy día no tiene mayor relevancia, porque la tecnología ha ido superando con mucho el desarrollo de una actividad que no se ha quedado a la zaga en los avances de la modernidad.
Entonces, quiero señalar, en primer término, que el sector agrícola chileno no es primario, retardado o retrasado, sino un sector moderno y que enfrenta un desafío muy significativo: poder competir mano a mano con otras economías agrarias.
El problema que se nos va a venir encima es otro: cómo los sectores que no son productivos dentro de la ruralidad podrán seguir subsistiendo en el futuro si no es sobre la base de una asistencialidad que de todas maneras no tiene que ver con este asunto ni con la actividad productiva misma. Se trata de algo por completo distinto, de una cuestión de Estado que, obviamente, obligará al país a preocuparse del sector asistencial.
Muy por el contrario de lo aquí dicho, el incentivo no está en seguir dividiendo la tierra. Para ser competitivo habrá que fomentar la existencia de una unidad productiva de mayor escala que la actual. Y ello va en dirección inversa de la argumentación acá expuesta en el sentido de si los pequeños agricultores serán tocados o no.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
A mi entender, éste es un debate que requiere antecedentes mucho más profundos que los hasta ahora exhibidos. No me cabe la menor duda de que la cuestión no estriba en determinar cuánto se va a pagar, sino en definir qué agricultura deberá tener Chile en el futuro inmediato, pues el escenario que se abrirá será completamente distinto del actual. Y si no disponemos de esos antecedentes, nos será muy difícil concluir qué regla habrá de aplicarse a esa actividad.
Quiero anticipar, señor Presidente , que no voy a votar este proyecto ni en general ni en particular. No lo haré porque me declaro inhabilitado a raíz de que tengo intereses agrícolas y porque, en este aspecto, en el Senado debemos seguir siempre una línea de conducta muy clara y muy precisa.
Quiero, sí, destacar que cualquier aprobación o rechazo (tampoco pretendo interferir en el debate) habrá de mirarse desde el punto de vista de la agricultura que deseamos para el futuro. Y esa agricultura tendrá bastante que ver con lo que hagamos hoy día. Porque, si vamos a entender que la actividad agrícola es sólo la asistencialidad de organismos añejos como el Instituto de Desarrollo Agropecuario u otros que retardan nuestra incorporación a economías de evolución mucho más moderna y productiva, lisa y llanamente estaremos hablando en otro idioma.
Desde esa perspectiva, señor Presidente -y no quiero cansar al Senado-, reitero que éste es un debate de una profundidad que espero sea comprendida cabalmente.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , escuchamos hoy en día diversos discursos en que se cantan los desastres de la agricultura y se fundamenta el porqué no puede pagarse un mayor valor por concepto de reavalúo tratándose de esa actividad. Sin embargo, creo del caso tener en la mente algunas cifras que permiten calificar todos esos discursos.
En primer lugar, si uno compara las cifras de exportaciones en dicho rubro desde 1980 hasta ahora, observará que han crecido más de cuatro veces.
Si uno sale en auto, puede ver que sectores inmensos de la Quinta Región, de la Cuarta, de la Tercera o de la Sexta que hace veinte o veinticinco años -tal vez cuarenta- eran sólo cerros pelados hoy día se hallan enteramente plantados con viñas, con árboles frutales, con productos de exportación.
En verdad, señor Presidente , no estaríamos viendo el enorme aumento de la superficie agrícola plantada, si no fuera un buen negocio. Nadie arriesgaría la tremenda inversión que significan, por ejemplo, las instalaciones del riego por goteo, los tranques para asegurar el agua, la nivelación del terreno y el mejoramiento de las tierras, si ello no constituyese un negocio rentable.
Ahora bien, cuando uno habla de agricultura no puede referirse a una sola agricultura. Aquí se ha planteado básicamente un problema de la actividad agrícola del sur, de la agricultura tradicional. Pero el mecanismo diseñado es para toda la agricultura.
Bien sabemos que hay muchos rubros muy rentables. Y la rentabilidad, obviamente, ha aumentado en los últimos años a causa del incremento del valor del dólar. Los retornos que están obteniendo los exportadores de fruta, de vino, etcétera, han crecido fuertemente a raíz de tal incremento.
Entonces, señor Presidente , no se puede hacer tabla rasa y hablar de una sola agricultura. Desde 1980 ha habido un aumento enorme en la plantación, en la producción y en la exportación, y nadie puede negarlo.
Se ha hecho referencia a la pequeña agricultura, a las familias que viven sobre la base de una hectárea, de dos hectáreas, etcétera. Empero, debo enfatizar que todas ellas están exentas.
¡No nos amparemos en la pobreza de los sectores rurales pequeños para rechazar una legislación que no los toca! Hoy están exentos y la exención va a aumentar. Mucha gente pobre que actualmente está pagando no seguirá haciéndolo, porque la exención sube de 1 millón de pesos a 4 millones. Saquémosla, entonces, pues este proyecto no la afectará. Y si la tocara, sería solamente para beneficiarla. Porque muchas personas que ahora pagan por tener propiedades con avalúo de un millón y medio de pesos serán favorecidas al fijarse la exención en 4 millones.
¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está el problema real? En mi concepto, básicamente en la agricultura tradicional del sur, que se encuentra muy mal. Ha debido competir con importaciones. También ha tenido problemas con los precios de la leche y ha enfrentado muchas investigaciones sobre si hay o no concertación entre las grandes productoras. La verdad es que en este rubro existen situaciones bastante raras. Por ejemplo, si se vive en determinada zona, sólo puede venderse el producto a cierta productora de leche, pero no a otra. No puede venderse a quien se quiera, porque de alguna manera se tienen asignados los mercados.
También hay problemas con el trigo, con el raps, etcétera. Eso nadie lo niega, pero tampoco nadie niega que se aplican fuertes subsidios internacionales en esos rubros. Pero hay otros productos, como es el caso de la fruta, por ejemplo, que, gracias a los tratados internacionales, no van a pagar aranceles para entrar a Estados Unidos o a Europa y, por lo tanto, tendrán mejores retornos.
Entonces, estamos hablando de diferentes tipos de agricultura. No nos podemos amparar sólo en la pobreza y en la agricultura rural para desechar un proyecto que también involucra a mucha gente que ha desarrollado grandes zonas del país con cultivos que son rentables. De lo contrario, no se metería en ellos.
En segundo lugar, debo señalar -en este sentido, quiero de alguna manera seguir la idea expuesta por el Senador señor Romero , quien habló en términos muy interesantes- que la cantidad de subsidios que se otorga al sector rural es impresionante. El Honorable señor Naranjo también mencionó varios. Por ejemplo, todos los años se entregan al INDAP 110 mil millones de pesos para subsidios agrícolas; hay subsidios a proyectos de fertilización de praderas para riego; ahora estamos apoyando un proyecto para alzar las garantías en el INDAP; los morosos con el Instituto de Desarrollo Agropecuario no aparecen en DICOM, como sucede con los demás chilenos; también se subsidia la telefonía rural, el agua potable rural y, obviamente, la educación. Por ejemplo, hay muchas escuelas a las que asisten sólo 7 niños. El costo de educar a 7 niños en una escuela es mucho mayor que enseñar a 30. Todos esos son subsidios que se financian con la plata de todos los chilenos. Además, están las bandas de precios y hemos aprobado el aumento del arancel consolidado del azúcar.
En fin, la verdad es que la cantidad de ayuda disponible para la agricultura es enorme. Sobre el particular, me gustaría ver algún tipo de subsidio siquiera parecido para la pequeña minería.
En Andacollo, por ejemplo -que está en la Región que represento-, el 90 por ciento de los pobladores se halla cesante. Hay pueblos de Regiones más al norte, como Diego de Almagro y Tierra Amarilla, donde la pobreza es tremenda. Jamás han recibido un subsidio como los que se otorgan en forma importante al sector agrícola. Probablemente, viven en condiciones mucho peores que las de los agricultores del sur. Nunca se habla de ellos, ni de los otros pobres que hay en Chile. Porque en el país existe mucha pobreza en todos los sectores. Si vamos a enfrentar la pobreza, hagámoslo donde se presente. No sólo hay pobreza en las actividades agrícolas, sino también la hay en otras y a las cuales nunca se ayuda.
Además, en mi Región hay un problema muy fuerte como producto de la reforma agraria llevada a cabo hace treinta o cuarenta años. Por ejemplo, una familia con cinco hijos chicos recibió una pequeña propiedad de dos hectáreas. Resulta que los cinco hijos se casaron y de esos matrimonios nacieron a su vez nueve hijos. Con esas dos hectáreas hace treinta años se daba de comer a siete personas. Hoy se las tienen que arreglar de alguna manera para que el predio alcance para vivienda y comida de seis familias.
Por lo tanto, señor Presidente , ¿vamos a seguir tratando de ayudar a estos campesinos a través del INDAP? ¿De verdad es posible que vivan seis familias en dos hectáreas? ¿No debiéramos preocuparnos más bien de darles una educación de excelencia para que esos niños realmente tengan una alternativa distinta en la vida, en lugar de estar apoyando la subsistencia de seis familias en dos hectáreas?
Lo cierto es que todos los subsidios para la agricultura siempre se piensan en el sentido productivo. Nunca se piensa que el subsidio debiera otorgarse a la pobreza rural y que, a lo mejor, lo que debería darse es una buena educación al sector rural para que pueda escapar de las condiciones de pobreza.
Señor Presidente , he visto niños que han egresado de la enseñanza media con promedio 6,8 y 6,9 y terminan cortando fruta como temporeros. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna posibilidad de llegar a un buen liceo en La Serena o Coquimbo. Los internados ya no dan abasto, están llenos. Además, no tienen posibilidad alguna de obtener 450 puntos y de ganarse una beca. Seguimos pensando en que toda la ayuda para los agricultores pobres debe hacerse a través de subsidios productivos. ¿Y quién se preocupa de los jóvenes campesinos talentosos, que a lo mejor podrían realizar su vida en una actividad distinta de la del agro y les podría ir mejor?
Cada vez que escucho a los señores Senadores que representan zonas agrícolas del sur pienso que tienen verdadero deseo de ayudar, pero lo plantean de una manera muy equivocada. Porque, en el fondo, siguen pensando en proteger a esa gente, en un afán proteccionista o paternalista, y no se está dando ninguna oportunidad para que surjan en la vida. Se está condenando a la pobreza a familias y a generaciones completas. Y el abuelo, el padre, los hijos y los nietos seguirán siendo pobres, porque se desea que sigan subsistiendo ahí.
La verdad es que los 110 mil millones de pesos que se entregan al INDAP es el subsidio peor gastado. Nunca he visto a familias que realmente salgan adelante con esos subsidios. Rara vez se ve una cooperativa o una asociación que realmente progrese. Pero se sigue insistiendo en el viejo concepto paternalista, en lugar de tratar de ofrecer otras oportunidades.
Debo hacer presente que hemos trabajado mucho en el estudio de este proyecto. En realidad, sé que existe pobreza en la agricultura, pero también la hay en otros sectores, a los cuales sí les hemos aumentado los impuestos. Pero los verdaderamente pobres no están pagando y con mayor razón no lo harán ahora, porque el tramo exento se cuadruplica.
También debemos pensar en todos aquellos sectores que han aumentado las exportaciones agrícolas en cuatro veces, que han recibido subsidios forestales y que no se les han subido los avalúos en 22 años.
Hemos tenido cuidado extremo en el tratamiento de esta iniciativa. No sólo nos hemos preocupado de que la recaudación global no suba mucho -lo hará en 10 por ciento-, sino que además a ningún predio en particular le aumentará apreciablemente. Asimismo, se ha bajado el límite de 500 a 100, y se hace en forma gradual a través de los años, porque pensábamos que las personas ricas o pobres con algunos ingresos están acostumbradas a ciertos gastos. Cuando éstos suben en un ciento por ciento de un mes a otro, la verdad es que se les presenta un problema muy serio, porque ya tienen comprometidos sus ingresos. Todos gastamos lo que recibimos. Por lo tanto, no sólo pusimos límites individuales, también lo hicimos en forma gradual, a lo largo de varios años.
Señor Presidente, creo que no pudimos haber redactado un proyecto de ley más benéfico para la agricultura que el que estamos despachando.
Tengo claro que hay un problema grave con la agricultura tradicional del sur, que se agravará en 12 ó en 16 años más cuando tenga plena vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por lo tanto, es un sector del cual debemos preocuparnos. Gracias a Dios, hay tiempo para ello. Pero la preocupación debe manifestarse de forma distinta de la existente desde hace tantos años. Porque, al observar las reducciones de los indicadores de pobreza en Chile, uno se da cuenta de que el rural es el sector donde menos disminuye, aun cuando curiosamente recibe más subsidios.
Entendamos de una vez por todas que los subsidios no conducen al desarrollo y que los subsidios mal diseñados no significan que las familias salgan adelante ni que podamos ofrecer mejor calidad de vida a las próximas generaciones. Para lograr todo ello, no solamente se requieren recursos -como contribuyentes, como país y como Estado los hemos aportado en montos considerables-, sino también se debe poner una buena porción de imaginación y de creatividad para comprender que hay que subsidiar a la gente pobre que vive en zonas agrícolas y no a la producción agrícola. Todos los instrumentos aplicados hasta ahora han resultado en profundos fracasos.
Por eso, votaré con mucha fuerza a favor del proyecto. Hemos trabajado en él en forma seria, porque beneficia a mucha gente.
En la Cuarta Región hay mucha ruralidad y no tengo ningún inconveniente en dar la cara a sus habitantes para informarles que efectivamente se aumentará la recaudación por concepto de contribuciones, pero que también nos preocupamos de que la gente pobre que vive en zonas rurales no sea perjudicada.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , con la misma fuerza y entusiasmo con que se ha expresado la Senadora señora Matthei en una muy completa intervención, votaré en contra del proyecto. Y lo haré por una razón muy sencilla.
En el año que llevo como Senador, ningún agricultor de mi zona me ha solicitado protecciones, ventajas indebidas o dejar de competir. Lo único que se pide en esta zona de agricultura tradicional es competir lealmente. Y ello no se puede hacer cuando la agricultura tradicional chilena -de cereales, de carne, de leche- debe enfrentarse a una economía como la norteamericana que otorga por ley 184 mil millones de dólares en subsidios a los productos agrícolas tradicionales. A través de la Ley California se reconoce la entrega de más de mil 500 millones de dólares anuales en subsidios a la producción agrícola.
Comparto lo planteado por la señora Senadora en el sentido de que no resolveremos los problemas de la agricultura tradicional y de las zonas agrícolas sobre la base del asistencialismo o de los subsidios que han sido muy mal distribuidos.
Tengo en mis manos el Informe de Competitividad Regional del año 2001, elaborado por el Ministerio del Interior. ¿Qué mide este informe? Mide las capacidades públicas y privadas que influyen en las Regiones; sus resultados económicos; las empresas involucradas, las personas, la infraestructura, la ciencia, la tecnología, los recursos naturales, el Gobierno. En definitiva -como señala el propio documento-, permite conocer la capacidad de las Regiones para alcanzar niveles de crecimiento sustentables en el tiempo. ¿Y qué dice respecto de las Regiones agrícolas? Según un cuadro estadístico, el índice de competitividad las transforma hoy día, lejos, en aquellas que presentan los mayores índicadores de pobreza e indigencia de Chile.
La Novena Región -que represento en el Senado- tiene agricultura tradicional y registra los peores índices de competitividad del país. Luego vienen las Regiones Séptima, Cuarta, Sexta, Décima, etcétera.
En realidad, las Regiones eminentemente agrícolas se han ido empobreciendo progresivamente por falta de ayuda, de apoyo y de incentivos para generar nuevas formas de productividad.
Al abocarse al estudio de un proyecto de ley, debe decidirse sobre dos aspectos: si se está de acuerdo en el contenido y con la oportunidad. Cuando se señala que los predios agrícolas aún pagan contribuciones que se remontan a 1980, a primera vista parece un absurdo; pero lo cierto es que, mientras nuestras Regiones no reciban incentivos reales para salir adelante, el incremento de tales tributos constituye un profundo error, pues los niveles de pobreza e indigencia en el sector rural son dramáticos.
Se indicó que hay pobres en todo Chile. Es verdad. Por eso los Senadores representamos a Regiones. Por eso sostengo que la representación regional en la Cámara Alta es muy importante. Aquí me corresponde combatir contra la pobreza de los habitantes de la Región que me permitieron llegar al Senado. Y no daré mi aprobación a ninguna proposición si no contempla políticas definidas. Diré "no" al asistencialismo; a políticas productivas que ya han fracasado estrepitosamente, como lo comprobamos al discutir el Programa Orígenes, el que debió ser reevaluado íntegramente por el Gobierno; a iniciativas del INDAP o de la CONADI, que ha repartido tierras, pero que no sólo han terminado siendo inútiles, sino absolutamente improductivas para las comunidades mapuches.
Aprobar hoy normas que signifiquen recargar a familias de nuestras Regiones con un incremento de las contribuciones de bienes raíces revela enorme falta de oportunidad y de sensibilidad política. Habría otra actitud si se viera el desarrollo de políticas importantes y de programas de reconversión en el sector agrícola. Con todo, se comprueba que, cuando pequeños agricultores quieren cambiar sus siembras de trigo por plantaciones de manzanos y, con tal fin, recurren al BancoEstado -que a estas alturas es un banco comercial más-, ninguno recibe ayuda útil. Para ellos resulta muy difícil conseguirla. No hablo de caridad, sino de créditos blandos y con plazos adecuados. No existen. Sólo existen en la imaginación de algunos burócratas de Santiago. Los invito a visitar la Región que represento para demostrar que nada de eso hay.
En consecuencia, cuando observamos los cuadros comparativos del país -por eso entiendo que los Senadores defiendan sus Regiones-, nos damos cuenta de que las políticas de incentivo y de apoyo han sido un fracaso, reconocido incluso por Parlamentarios que las respaldaban. Por cierto que algunas han conseguido buenos resultados.
Asimismo, se puede constatar que siempre, muy cerca de períodos eleccionarios, se entrega un bono agrícola de cien mil pesos destinado, supuestamente, a ayudar a la productividad y al desarrollo agrícola de la Región. Por supuesto, ese dinero se gasta en cosas que nada tienen que ver con la agricultura: en la compra de alimentos para la familia y no de insumos, materiales o productos químicos que hagan más productiva la tierra.
Francamente, estimo que el proyecto es inoportuno.
Entiendo que quienes no destinan sus predios a la agricultura tradicional, sino a la de exportación -actividad en la que han ganado mucho dinero-, tengan una visión distinta. Nosotros representamos a los agricultores de zonas donde 40 ó 50 por ciento de la capacidad productiva de la tierra se sigue orientando todavía hacia la agricultura tradicional. Espero que esas cifras vayan disminuyendo y que, en poco tiempo más, mi Región se transforme en la de la madera y del mueble, al incorporarle mano de obra. En ello estamos trabajando los Senadores de todos los sectores.
Digamos la realidad como es: los pequeños y modestos agricultores viven situaciones dramáticas.
¿Y qué pasa con la globalización, de la que se ha hecho tanta mención? La asociación con el MERCOSUR tuvo efectos negativos gigantescos para nuestra Región. Recuerdo que el entonces Presidente de la República sostuvo que se abrirían los mercados de los países fronterizos para que la agricultura tradicional pudiera exportar. Veamos las cifras de la balanza comercial después de cinco o seis años de vigencia de dicha asociación. El resultado es que la capacidad exportadora se ha visto limitada, no por falta de competitividad de los productos agrícolas chilenos, sino por las trabas, obstáculos y trampas que los países vecinos habitualmente ponen cuando un producto nacional quiere ingresar en ellos.
Es cierto que la economía globalizada implicará -y eso es bueno para el país y el resto del mundo- la celebración y suscripción de tratados de libre comercio con Europa, Estados Unidos, etcétera. Pero me pregunto dónde queda el rol subsidiario del Estado respecto de las Regiones mencionadas. Ésa no es la forma como funciona un modelo de economía social de mercado. En este sistema se entiende que a las Regiones desfavorecidas se les deben otorgar las posibilidades para desarrollarse.
Por lo tanto, tengo la convicción de que el proyecto, en la práctica, significa que las contribuciones de 140 mil familias van a subir. Ésa es la realidad, ésa es la cifra final. Y, a lo menos yo, no estoy dispuesto a votar a favor ninguna iniciativa que implique hacer más gravosa la vida a la gente de nuestra Región, so pretexto de que el mantener la situación actual no resolverá el problema de pobreza e indigencia existente en ella, que llega al 36 por ciento de la población.
Decía un Honorable colega, con toda razón, que hace veinte o treinta años la productividad de las tierras con relación al trigo era de 20 quintales por hectárea. Hoy es de 38 ó 40. Tiene toda la razón Su Señoría; pero las Regiones agrícolas siguen siendo las más pobres de Chile. ¡Continúan siéndolo de acuerdo a antecedentes que no son nuestros, sino del Gobierno! ¡Si el documento donde consta esta información no fue elaborado por la Oposición, sino por el Gobierno de Chile a través del Ministerio del Interior! Dicho estudio compara la competitividad entre las Regiones, y las agrícolas son las que tienen peores índices.
La gente de nuestra Región está absolutamente cansada del discurso oficial que plantea: "Es que necesitamos más educación, más salud...". Es cierto que requerimos eso; pero mientras no existan políticas que en realidad permitan mejorar los niveles educacionales, de salud, de capacitación de los trabajadores, no podemos seguir haciendo la vida más gravosa a familias que apenas viven con una canasta familiar. Algunos sostienen que el aumento es de tres o cuatro mil pesos. ¡Pero si hay gente cuyo núcleo familiar vive con treinta mil pesos al mes! ¡Ésos son los niveles de indigencia existentes!
Entonces, a mi juicio, el proyecto es inoportuno, pues en la práctica significa que muchas familias de pequeños agricultores tendrán que pagar más dinero en momentos en que están pasándolo muy mal y, más aún, en instantes en que enfrentarán una situación muy difícil, producto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Porque tampoco se ha dicho la verdad, pues se sostiene que la agricultura tradicional, en particular el trigo, empezará a sufrir los efectos de dicho Tratado en doce años más, cuando se acaben las bandas de precio. ¡Eso no es cierto, ya que las bandas de precio comenzarán a acabarse dentro de cuatro, pues habrá una degradación cada cuatro años! De tal manera que tampoco es real que el efecto de la competitividad se vaya a producir en doce años más.
Por último, quiero recalcar algo que me parece un profundo error.
Es cierto que podrá haber personas que hablen de protección, de asistencialismo, etcétera. No creo que ese tipo de medidas sea la solución, y comparto plenamente el criterio de las zonas agrícolas. Pienso que esas políticas al final sólo logran mantener y prolongar la pobreza. Sin embargo, hasta hoy no se han implementado estrategias de desarrollo serias que realmente permitan levantar a las Regiones agrícolas, que siguen siendo las peores del ranking a nivel nacional.
Tengo la absoluta convicción de que lo correcto hubiera sido postergar el reavalúo hasta el momento en que fuera acompañado de políticas de desarrollo productivo en las Regiones agrícolas. Mientras medidas de ese tipo no se implementen, se está pidiendo que nuestra Región siga cargando el piano y nunca pueda tocarlo. Y yo no voy a avalar tal política.
Por esa razón, por una cuestión de oportunidad, votaré en contra de todo lo que signifique aumento de avalúos y, por lo tanto, de contribuciones para las zonas agrícolas.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , tengo que votar afirmativamente el proyecto en general, porque contempla la postergación del reavalúo de los bienes raíces agrícolas; en particular, obviamente, votaré en contra, por las razones que mencioné en mi intervención.
El señor GARCÍA.-
En general, voto a favor.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , a los antecedentes señalados por el Senador señor Espina para fundar su votación quisiera agregar que en la Región de la Araucanía, la región costera, se realizó una encuesta en 1995 -que no fue un mal año- que arrojó como resultado que los ingresos per cápita -escúchenlo bien, señores Senadores- eran de mil 700 pesos. ¡Ésa es la pobreza más absoluta, peor que en África!
Hay que darse cuenta de que Su Señoría indicó que existe un 36 por ciento de pobreza; pero es aún peor, porque hay 20 por ciento de indigencia.
Si los subsidios fueran tan malos, como han señalado algunos señores Senadores, ¿por qué se los damos a los viejos que reciben una pensión asistencial de 35 mil pesos mensuales? Si fueran tan malos, ¿por qué en los grandes países desarrollados -cuna de la competitividad- se otorgan estos tremendos subsidios a los agricultores con los cuales nosotros tenemos que competir? No serán tan malos, entonces, porque ellos, países desarrollados, los otorgan en esa magnitud. De manera que acá hay que realizar otro análisis, que tampoco se ha hecho.
En Chile, quienes pagarán impuestos producto de los reavalúos no serán los grandes agricultores, también es cierto que tampoco serán los minifundistas, sino los pequeños y medianos agricultores.
¿Y Sus Señorías saben por qué los grandes agricultores no pagan impuesto, ni les afectará el proyecto en estudio? Porque a éstos, que tienen predios de riego y de exportación de fruta, les devuelven los impuestos, los aranceles, el IVA, todo. Así que les da lo mismo que suban los avalúos porque, aun siendo el factor para cobrar los impuestos, en definitiva se les devuelven como gastos operacionales en sus exportaciones.
Por lo tanto, coincido con el Senador señor Espina en que este proyecto está destinado fundamentalmente, en forma arbitraria, a complicar y perjudicar a los medianos y pequeños agricultores, especialmente a aquellos con tierras de rulo.
Por esa razón, no obstante que en esta ocasión puede hacerse una eximente aprobando en general el proyecto para que quede a firme el artículo 1º, como señal de protesta, aunque sea el único Senador que lo haga, quiero votar en contra totalmente esta iniciativa, en general y en particular.
Voto en contra de este proyecto.
El señor NARANJO .-
Señor Senador , ¿se da cuenta de que al rechazarlo rige inmediatamente el reavalúo?
El señora LAVANDERO .-
Prefiero que nos sinceremos.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , sólo quiero precisar dos cosas.
Primero, no votar a favor de este proyecto significa que automáticamente entra a regir el reavalúo agrícola en nuestro país, porque ni siquiera se está postergando. Entonces, el Senador señor Lavandero está tremendamente equivocado al votar de esa manera, porque les hace un flaco favor a las personas que pretende beneficiar.
En segundo término, pienso que es bueno ya que terminemos con la majadería de que esto afecta a los más pobres. El proyecto no afecta a los más pobres del campo, porque, primero, éstos no pagan contribuciones, no las han pagado nunca porque ni siquiera tienen tierras, así que difícilmente deben hacerlo. El otro sector más pobre, que posee tierras, siempre ha estado exento de pagar contribuciones. Y con esta iniciativa no las pagarán.
A los únicos que les aumentarán las contribuciones es a un número muy reducido de pequeños propietarios campesinos que han reorientado su producción agrícola y hoy día son exportadores de hortalizas, de frutas o se han dedicado a la actividad forestal, producto de los beneficios que muchos de ellos han recibido de parte del Estado.
Entonces, quiero reiterar mi voto favorable al proyecto, por creer que es hora de que la agricultura se sincere. Y la mejor manera de hacerlo es, justamente, mediante un reavalúo de las propiedades de ese ámbito, porque ello permitirá, indudablemente, que el sector muestre cifras mucho más reales que las exhibidas hasta ahora.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y uno en contra, y 4 señores Senadores se declaran inhabilitados).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Foxley, Frei (señora Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votó en contra el señor Lavandero.
Se declararon inhabilitados los señores Cariola, Romero, Sabag y Stange.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se han recibido algunas indicaciones. Desgraciadamente, por no existir quórum suficiente, no podemos fijar plazo para formularlas.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas; Secretario Regional Ministerial de la Cartera de la Undécima Región ; Director Nacional del SERNATUR; Director Regional de la misma repartición en la Undécima Región; a la señora Intendenta Regional de Aisén , y a los señores Director de Aguas del MOP y Director Ejecutivo de la CONAMA , acerca de SITUACIÓN DAÑINA PARA PECES EN CUENCA DE RÍO SIMPSON.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Intendente de la Novena Región , respecto de COMUNIDADES QUE SE BENEFICIARÍAN CON CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO ALLIPÉN (Undécima Región).
Del señor NARANJO:
A los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Hacienda , de Educación, de Justicia, del Trabajo y Previsión Social, de Obras Públicas y de Salud, y a la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado , solicitando detallar resultados de IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE COMISIÓN DE FAMILIA DE CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE EX COLONIA DIGNIDAD, en las materias que a cada Cartera competen y que se detallan.
A la señora Ministra de Defensa Nacional , atinente a EXIGENCIAS EN POSTULACIÓN A ESCUELAS MATRICES DE FUERZAS ARMADAS.
A la señora Ministra de Educación , uno pidiendo lista de ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EXISTENTES EN COMUNAS DE LINARES Y CAUQUENES
(Séptima Región), y otro tocante a PROGRAMAS EDUCATIVOS SOBRE EFECTOS DEL TABACO EN SALUD FÍSICA Y MENTAL.
Al señor Ministro de Justicia y a la señora Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación , acerca de NACIMIENTOS, CASAMIENTOS Y DEFUNCIONES INSCRITOS EN OFICINA DE CATILLO, COMUNA DE PARRAL (Séptima Región).
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , respecto de estado de REGULARIZACIÓN DE TERRENOS y TÍTULOS DE DOMINIO DE PERSONAS QUE INDICA (todos de la Décima Región).
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El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional, que lo ha cedido al Senador señor Parra.
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS. OFICIOS
El señor PARRA .-
Señor Presidente , agradezco al Comité Renovación Nacional la gentileza de haberme cedido su tiempo para hacer una breve intervención referida a un tema que ha adquirido una urgencia extraordinaria en el país, como consecuencia de un reciente fallo de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 20 de diciembre pasado.
Me refiero al tema de los tribunales tributarios, largamente discutido entre nosotros, pero que, por desgracia, hasta hoy no tiene una solución legislativa real.
Con fecha 19 de noviembre pasado, el Presidente de la República envió un mensaje a la Honorable Cámara de Diputados proponiendo la creación de dichos tribunales.
Antes, el 3 de abril del año 2001, me referí a esta materia en hora de Incidentes en el Senado, y con esa misma fecha presenté un proyecto de ley sobre la materia, que fue declarado inadmisible por tratarse de un campo de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. En esa oportunidad llamé la atención sobre la urgencia en crear estos tribunales tributarios, como también acerca de los problemas constitucionales que presenta la legislación vigente.
La Excelentísima Corte Suprema, el 20 de diciembre último, conociendo de oficio de una inaplicabilidad consultada por su Sala Constitucional, emitió un fallo de alcances extraordinariamente graves para los intereses fiscales y para el funcionamiento del Estado de Derecho en Chile.
En efecto, en acuerdo mayoritario estableció que el artículo 116 del Código Tributario, que permite a los Directores Regionales delegar el ejercicio de la facultad jurisdiccional en funcionarios del propio Servicio, era manifiestamente inconstitucional.
El fallo tiene un voto de minoría suscrito por cinco Ministros del Máximo Tribunal , todos los cuales coinciden en que las normas que regulan la existencia de la justicia tributaria entre nosotros adolecen también de inconstitucionalidad. Y en un voto particular el Ministro señor Juica se manifiesta en la misma dirección, argumentando igualmente sobre la inconstitucionalidad de las normas actuales de dicho Código, pero sin concurrir al fallo que declaró la inaplicabilidad de su artículo 116.
Conocido aquél, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, según versiones de prensa, en unas cien causas tributarias ha procedido a anular de oficio las sentencias dictadas por los llamados "jueces tributarios" y a reponer las causas prácticamente al estado de proveerse las reclamaciones interpuestas en su momento, hace ya bastantes años.
En consecuencia, nos encontramos ante una situación extraordinariamente delicada, que hace prever que la generalidad de los juicios tributarios en actual tramitación seguirán la misma suerte, y que problemas suscitados en fiscalizaciones realizadas en aquel entonces y en reclamos oportunamente intentados van a ver retrotraída la situación al estado de inicio del trámite de reclamación.
Quiero, por eso, señor Presidente , sugerir tres medidas urgentes para normalizar tal situación y dar, por fin, salida a esta necesidad pendiente de creación de los tribunales tributarios.
En primer lugar, recomendar al Supremo Gobierno que modifique el proyecto de tribunales tributarios presentado y sometido a la consideración de la Cámara de Diputados, a lo menos, en dos órdenes de cosas: suprimir el artículo 1º transitorio, que estableció un cronograma para la puesta en marcha de esos tribunales, el cual, de despacharse el proyecto en el curso de este año, abarcaría de los años 2004 a 2007. Sólo en este último, con la puesta en vigencia en las Regiones Quinta, Octava y Metropolitana de Santiago , alcanzarían estado de régimen los tribunales tributarios que allí se proponen.
En segundo término, disponer su entrada en vigor inmediata, porque como lo manifesté en la intervención a que he hecho referencia, no existe razón financiera para postergar su puesta en marcha. Los tribunales tributarios existen al interior del Servicio de Impuestos Internos, como lo hace constar la propia Corte Suprema. Hay jueces tributarios a los que el propio Servicio ha dado ese rango y nombre. Hay personal adscrito al desarrollo de la función jurisdiccional en la referida repartición. En consecuencia, los recursos humanos, los medios técnicos y materiales están disponibles. Lo que ha faltado, en estricto rigor, ha sido la voluntad política, y no hay razón objetiva alguna para seguir postergando este paso tan importante en el perfeccionamiento de nuestro Estado de Derecho.
Luego, resulta indispensable agregar una norma transitoria al proyecto en trámite en la Cámara de Diputados para que, simultáneamente con la entrada en funcionamiento de dichos organismos, se abra la posibilidad de celebrar transacciones en todas las causas pendientes en los llamados tribunales tributarios al día de hoy, o al 31 de diciembre de 2002, transacciones que, como ha ocurrido en otras oportunidades, deben consultar, naturalmente, las condonaciones de intereses penales y de multas y la posible suscripción de convenios de pago.
En tercer lugar, atendidas la inconstitucionalidad puesta de manifiesto por la Excelentísima Corte Suprema respecto de los tribunales existentes y la imposibilidad, por lo mismo, de reclamar en debida forma ante ellos; en consideración al hecho objetivo de las dificultades que ha tenido la economía chilena en los últimos años, y a la necesidad de dar a la pequeña y mediana empresa viabilidad futura, cabe plantear una condonación de impuestos hasta cierto monto compatible con la capacidad tributaria de cada PYME.
Señor Presidente , creo que el paso que reclamo es de extrema urgencia, porque se ha creado una situación jurídica muy delicada y lesiva para el interés fiscal y para la imagen de Chile en tanto Estado de Derecho. Por la misma razón, ella requiere de soluciones eficaces y urgentes.
Por eso, pido que, mediante oficios, se transcriba mi intervención al señor Ministro de Hacienda y al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos para su consideración.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
ROL DE CHILE EN CONSEJO DE SEGURIDAD DE ONU. OFICIO
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , nuestro país, a partir del 1º de enero recién pasado y por un plazo de 2 años, ha pasado a ser miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. De esa manera, Chile forma parte de un grupo selecto de 15 países que integran ese organismo: 5 en forma permanente y 10 de modo transitorio.
Entre los numerosos objetivos de dicho consejo figuran: velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial; determinar si existe una amenaza para la paz; instar a los miembros de la ONU a que apliquen sanciones económicas y otras medidas contra un Estado agresor; emprender acciones militares, y ejercer funciones de administración fiduciaria en zonas estratégicas.
Sin lugar a dudas nuestro país enfrenta un gran desafío, no sólo porque el mundo vive momentos difíciles, donde el peligro de una guerra de grandes consecuencias con Iraq es una realidad cierta, sino también porque se puede trabajar para lograr que el Consejo de Seguridad sea un organismo más eficiente, menos burocrático y donde los intereses de las grandes potencias no paralicen su acción.
Señor Presidente , considero que los únicos objetivos y principios que deben guiar la labor de nuestro país como integrante del Consejo de Seguridad de la ONU, como lo ha señalado la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile , señora Soledad Alvear , deben ser: "una preocupación preferente por el respeto a la Carta de las Naciones Unidas; el fortalecimiento del multilateralismo, y la búsqueda de los consensos para salvaguardar la paz y la seguridad en el mundo".
Si bien es cierto que lo acontecido en Chile durante el Régimen militar no puede compararse con una guerra abierta, quienes hemos sufrido en carne propia la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos conocemos bien el enorme sufrimiento que acarrean estos flagelos para las personas, especialmente para las mujeres y los niños. Por eso, hoy tenemos una oportunidad única no sólo para aportar a la búsqueda de la paz, sino también para lograr que, en caso de conflicto, la principal preocupación de la comunidad internacional sea atender a las víctimas civiles que se produzcan.
Indudablemente, el principal desafío inmediato que hoy enfrenta el Consejo de Seguridad de la ONU es una posible guerra con Iraq, sobre todo por la actitud belicista e intransigente de los Estados Unidos.
En efecto, con preocupación vemos cada día cómo Estados Unidos pone dificultades o interpreta a su antojo la conducta de Iraq frente a la labor de las Naciones Unidas a través de los inspectores de armas de destrucción masiva, preparándose para una guerra a toda costa contra su ex aliado. Esta situación, señor Presidente , llevó a que el propio Secretario General de la ONU haya tenido que desmentir en reiteradas ocasiones las afirmaciones del Presidente Bush .
En este sentido, Chile debe actuar con la máxima responsabilidad y soberanía, y por lo tanto no dejarse presionar por la única potencia mundial que realmente existe.
La participación de Chile en el Consejo de Seguridad debe apuntar en una sola dirección: evitar un conflicto armado con Iraq, y de no ser posible, acotar al máximo la intervención de las fuerzas armadas norteamericanas y sus aliados, ya que detrás de Saddam Hussein hay millones de civiles, los cuales, en última instancia, como ocurre en todas las guerras, serán las principales víctimas.
Un segundo aspecto que compromete a nuestro país en lo inmediato y que considero fundamental es haber asumido la Presidencia del Comité de Sanciones contra Afganistán y el grupo terrorista Al Qaeda.
Chile debe apoyar la lucha contra la amenaza del terrorismo mundial. Sin embargo, esto no debe significar un excesivo protagonismo, que nos lleve a quedar en la primera línea de esta lucha y, por tanto, expuestos a ataques de tipo terrorista.
No se trata de tener miedo, sino de ser responsables con la seguridad de nuestro país y de los chilenos, toda vez que no contamos con los elementos necesarios para defendernos de manera adecuada ante Al Qaeda u otro grupo ligado a ella.
Señor Presidente, Chile, como integrante del Consejo de Seguridad, debe plantearse tareas por desarrollar a más largo plazo, tendientes a superar algunas deficiencias que se han hecho patentes durante su accionar.
En primer término, debemos buscar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sea un organismo más eficiente y menos burocrático, ya que miles de víctimas asesinadas en numerosos conflictos nos lo exigen.
En efecto, mientras el Consejo discutía días y semanas acerca de qué plan era mejor desarrollar o era paralizado por los intereses de las grandes potencias con derecho a veto, miles de bosnios, croatas y serbios eran asesinados; mientras discutía por más de dos meses si se desplegaba una fuerza de la ONU en Ruanda, millones de personas eran muertas. Éstos son sólo algunos ejemplos, a los cuales se podrían agregar los casos de Somalia, Timor Oriental y Etiopía.
Por ello, para que las muertes de esas personas inocentes no hayan sido en vano, nuestra principal tarea debe ser justamente luchar por un Consejo de Seguridad ágil y expedito, donde la defensa de la vida sea el único principio que guíe su accionar en la toma de sus decisiones.
En segundo lugar, debemos avanzar en el logro de que el Consejo sea un organismo en el cual no haya países o conflictos de primera y segunda clase. Es decir, que no haya más guerras internas o internacionales, donde los intereses de las grandes potencias primen por sobre los derechos de las personas y donde es mejor callar o no hacer nada, como ocurrió con los casos de los pueblos chechenos y kurdos.
En este sentido, Chile debe promover una clara resolución acerca del genocidio que diariamente práctica Rusia en Chechenia. Los chechenos siempre han existido como nación, por lo cual tienen pleno derecho a hacer realidad uno de los principales fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas, esto es, la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, a pesar de esta innegable realidad histórica, no se les permite su independencia total. Y, lo que es más grave, el Consejo de Seguridad calla y lo considera un asunto interno de la Federación Rusa.
En tercer término, debemos asegurar que las sanciones, económicas o de otro tipo que se apliquen contra algunos países, como Iraq, por justas o necesarias que sean, no tengan consecuencias sobre la población civil. Si una resolución implica la muerte de miles de niños y niñas por desnutrición o falta de medicamentos, como ocurre en el caso iraquí, nos debe causar vergüenza y, por lo tanto, debe ser eliminada, ya que nunca el fin podrá justificar los medios.
En cuarto lugar -y esto lo considero muy importante-, para que las decisiones del Consejo de Seguridad recobren legitimidad en numerosos países, no pueden existir resoluciones de primera y segunda clase; unas que se cumplen y otras que no se cumplen, según la nación involucrada. Serbia e Iraq fueron obligados, incluso mediante el uso de la fuerza, a cumplir ciertos acuerdos, mientras Israel continúa desconociendo numerosas decisiones del Consejo de Seguridad y de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que se tome ninguna medida en su contra.
En quinto término, es necesario hacer conciencia de que debe terminarse con el derecho a veto de los cinco países vencedores en la Segunda Guerra Mundial (Francia, Inglaterra, China, Estados Unidos y Rusia), ya que las condiciones que dieron origen a ese privilegio han quedado superadas. Pero, lo que es más grave aún, tal prerrogativa ha sido utilizada para defender intereses propios. Se debe, por lo tanto, avanzar hacia la democratización del Consejo de Seguridad en la toma de decisiones, acabando con el derecho a veto de esos cinco países, de tal forma que todos los votos de sus integrantes sean iguales y valgan lo mismo.
Señor Presidente, sin lugar a dudas, a la hora de realizar un balance, nadie puede negar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pese a sus numerosas deficiencias, ha servido para mantener "cierta" paz y estabilidad en el mundo, tarea que hoy se acrecienta con la globalización mundial, que cada día avanza a pasos agigantados.
Actualmente es posible estar informados casi al instante de lo que ocurre en cada lugar del orbe, por lo cual ya no es válida la excusa de que "no sabíamos lo que verdaderamente ocurría".
Por tanto, nuestro país tiene por delante una gran responsabilidad, la cual no puede eludir y de la que todos los chilenos debemos estar orgullosos: demostrar que es posible que el Consejo de Seguridad recobre su legitimidad, si es capaz de actuar sobre la base de los principios de la búsqueda de la paz, el pleno respeto de los derechos humanos y, por sobre todo, del derecho a la vida.
Señor Presidente, pido que, mediante oficio, se haga llegar esta intervención a la señora Ministra de Relaciones Exteriores.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Comité Institucionales 1 cedió su tiempo al Honorable señor Muñoz Barra.
Tiene la palabra, Su Señoría.
DISPARIDAD DE RESULTADOS EN PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA ENTRE EDUCACIÓN PRIVADA Y MUNICIPALIZADA. OFICIO
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , realizo esta intervención en mi calidad de miembro de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de esta Corporación y también como Senador de la República . Ella versa sobre un tema que hoy día preocupa al país, la Prueba de Aptitud Académica, acerca de la cual he escuchado libretos que tratan de explicar sus resultados.
Que el 62 por ciento de los estudiantes de los liceos municipalizados no haya alcanzado el puntaje mínimo para postular a las universidades adscritas al Consejo de Rectores es, querámoslo o no querámoslo, un hecho que cuestiona los esfuerzos efectuados en la enseñanza media en cuanto a lograr calidad y equidad, dos de los grandes objetivos de las políticas educativas de los últimos años. En 2001, los estudiantes que no obtuvieron el puntaje mínimo (450 puntos) representaron el 61,2 por ciento del total.
Estos resultados contrastan enormemente con los de la educación privada, donde sólo 16,5 por ciento de los alumnos no logró el mencionado puntaje mínimo.
La enseñanza privada subvencionada también acusó mejores rendimientos que la educación media municipalizada, ya que 48,6 por ciento del estudiantado no obtuvo el puntaje mínimo.
Dicho de otra manera, en forma más puntual, el 83,5 por ciento de los alumnos de la enseñanza privada igualó o superó el puntaje mínimo; el 51,4 por ciento de los de la educación privada subvencionada también lo igualó o superó, y sólo el 38 por ciento de los provenientes de la enseñanza media municipalizada lo hizo.
Estas cifras -¡qué duda cabe, Honorables colegas!- son más golpeantes si se tiene presente que alrededor del 50 por ciento de los estudiantes de la educación media municipalizada no se inscribe para la Prueba de Aptitud Académica. Esto se traduce en que aproximadamente 81 por ciento de los jóvenes que egresan de la enseñanza media municipal no cuenta con el puntaje mínimo de la Prueba de Aptitud Académica, sea porque no se inscribió para darla (50 por ciento) o porque la rindió y no le fue bien.
Pero los porcentajes de alguna manera esconden un problema mayor. Si consideramos el número real de alumnos provenientes de la enseñanza municipalizada que no alcanzó el puntaje mínimo, constatamos que es superior a los 32 mil. En cambio, sólo 3 mil 153 estudiantes de la educación privada no alcanzó esa puntuación. Este hecho responde a que sólo 19 mil 114 alumnos de esta última se inscribieron para la Prueba de Aptitud Académica, contra 52 mil 477 de la municipalizada.
¡Qué grave es, entonces, que de 52 mil 477 jóvenes, 32 mil no hayan obtenido el puntaje mínimo de 450 puntos!
Otra cifra indica que 49 por ciento de la matrícula de la enseñanza media es municipal -¡sumamos la gravedad!-; 34,6 por ciento, subvencionada, y 9,8 por ciento, privada.
Lo anterior significa que los jóvenes de la educación privada que se inscriben para la Prueba de Aptitud Académica tienen garantizado el ingreso a las mejores universidades del país en 83,5 por ciento, según los resultados del último certamen. Esto constituye la expresión más cabal de la iniquidad en el sistema educacional en este momento.
Al respecto, es legítimo preguntarse por qué las políticas y los planes en favor de mejorar la enseñanza y de hacerla más equitativa mantienen estancados los resultados en lo referente a la Prueba de Aptitud Académica. Adicionalmente, entre 1990 y 2000 se incrementó el gasto público en educación en 165 por ciento en términos reales. Asimismo, en igual período el gasto público per cápita en este rubro subió, en términos reales, en 119,5 por ciento. Otro indicador señala que ese gasto en educación se elevó de 2,6 por ciento del PIB en 1989, a 4,2 por ciento en el 2000. También se ha incrementado de modo importante la infraestructura educativa.
Por eso, pienso que los resultados de la Prueba de Aptitud Académica no constituyen el único indicador de la calidad y equidad de la enseñanza en Chile. Por la encuesta CASEN sabemos que se ha incrementado el acceso a la educación, en sus tres tramos, por parte de los quintiles más pobres de la sociedad. Sabemos también que el grado de cobertura ha aumentado en esos tres niveles. Y sabemos que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para entregar libros, alimentos y salud, subvenciones y becas a los estudiantes más pobres. Sabemos, además, que las remuneraciones de los profesores se han incrementado más allá de lo que ha subido el Índice de Precios al Consumidor, en un proceso de recuperación de salarios más dignos, y que se han ampliado extraordinariamente las becas de perfeccionamiento docente. Todas estas medidas son positivas.
A la luz de esos resultados cabe preguntarse, entonces, dónde están las fallas. En este trabajo que he preparado me atrevo a enunciar, modestamente, algunas respuestas.
¿Qué ha incidido en los resultados?
-La profesión docente, una de las más nobles e importantes, está desvalorizada frente a las demás, lo que se expresa en que, no obstante haber estudiado la misma cantidad de años en la universidad, los profesores perciben 40 por ciento menos de remuneración. Este hecho es demostrativo para los docentes y limitativo para su calidad de vida y posibilidades de superación personal.
Con esa realidad, ¿qué joven inteligente, de un hogar acomodado y con vocación de docencia, querrá ser maestro?
-Los colegios particulares son los que mejor pagan a sus profesores y les generan condiciones especiales para el desempeño de su trabajo. En la enseñanza municipalizada las remuneraciones son más bajas y las condiciones laborales no son apropiadas. El promedio de sueldo de profesores con 20 años de servicio y 44 horas de trabajo a la semana, que sólo alcanzan a 30 por ciento del total, no llega a 520 mil pesos.
-La educación privada limita el número de alumnos en cada curso; la pública tiene una cantidad de estudiantes por curso muchas veces superior a la que el docente puede manejar sobre la base de criterios de calidad.
-Un número menor de educandos por curso -¡qué duda cabe!- permite una metodología personalizada, lo que indudablemente redunda en beneficios para aquéllos. En los colegios municipales esto es prácticamente imposible, porque el profesor se ve obligado a recurrir a la clase magistral, la que se sustenta -quiérase o no- en estimar que todos los del grupo tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Ello indudablemente es falso y deja a un número importante de estudiantes al margen de alcanzar un nivel adecuado de conocimientos.
Los colegios privados cuentan con modernas tecnologías computacionales. En los municipalizados también ha llegado la computación, pero de inferior calidad, y el equipamiento es menor en relación con el número de estudiantes.
Los establecimientos privados disponen de suficientes materiales educativos, laboratorios y bibliotecas; los municipalizados, no.
Las limitaciones de los colegios municipalizados les impiden explorar otras metodologías educativas que incorporen, por ejemplo, el trabajo de campo, el uso suficiente de laboratorios, la realización de talleres, todo lo cual hace posible que los estudiantes descubran y apliquen el conocimiento superando la sola asimilación teórica de ese proceso.
La gestión educativa de los colegios municipales tiene debilidades, como la de no ser mayormente especializada y carecer de recursos suficientes. Entre otras, cabe mencionar que hay directores inamovibles, conocidos como "los vitalicios". En efecto, siete de cada diez directores de establecimientos educacionales de las enseñanzas básica y media son a perpetuidad. Así, muchos de ellos llevan veinticinco y más años en el puesto sin que hayan realizado jamás un curso de perfeccionamiento. Eso, evidentemente, rutiniza el ejercicio de la profesión, de las funciones, y tales personas se convierten en retardatarias a los cambios tendientes al objetivo recién mencionado.
Los planes de perfeccionamiento docente, si bien se han incrementado de manera importante, son indudablemente insuficientes. Pero, además, profesores recién capacitados no cuentan con la infraestructura ni el apoyo de recursos educativos para aplicar el aprendizaje adquirido por varios de ellos en importantes centros del extranjero.
¿Quién podría informar al país cuál ha sido el resultado, el aporte, de los miles de profesores que han salido al exterior a realizar pasantías educacionales?
Las estadísticas demuestran que la población más pobre -entre otros de los elementos concurrentes- envía a sus hijos a los colegios municipalizados porque carece de recursos para incorporarlos a centros educativos de mayor calidad. Hay colegios en Santiago cuya mensualidad asciende aproximadamente a 800 mil pesos.
Los deciles de mayor ingreso no envían a sus hijos a los colegios municipalizados, pues tienen capacidad de pago para una educación superior en calidad. A esos establecimientos recurren preferentemente los deciles más pobres de la población.
Se registra, además, Honorables colegas, una influencia importante en el origen socioeconómico de los estudiantes. Se ha demostrado que en los hogares más pobres no existen los mismos estímulos ni las mismas condiciones de apoyo a la educación que en los de mayores ingresos. Las posibilidades de disponer de computador personal conectado a Internet, de acceder individualmente a los libros necesarios para la educación, de contar con el aislamiento requerido para estudiar, de recibir los nutrientes esenciales, abrigo y atención de salud de calidad, marcan una diferencia. Sin embargo, se debe reconocer que un mayor número de estudiantes provenientes de hogares pobres accede hoy a la universidad.
¿Qué hacer?
Pienso que es preciso incrementar el gasto en educación y orientar una parte importante de los recursos al proceso de enseñanza, a las condiciones de infraestructura y a una mejor atención de los estudiantes.
Es urgente continuar con las reformas que apuntan a mejorar la calidad de la educación municipalizada, incluidas las metodologías de enseñanza, y hacer un esfuerzo para garantizar un mejor grado de aprendizaje, que considere la reflexión crítica del estudiante y la creatividad, así como también para rebajar los índices de deserción.
La educación debe enseñar a aprender, a crear, a resolver con autonomía, a hacer, así como a ser, superando el énfasis en la repetición memorística de textos, que es como retener el pasado del conocimiento sin la posibilidad de vislumbrar el futuro.
Es imperativo, entonces, fortalecer los planes de perfeccionamiento del magisterio y mejorar los contenidos curriculares de las carreras docentes impartidas por las universidades. Esos planteles, a mi juicio, no se encuentran al margen de tal debilidad. Las carreras de educación deben tener los mismos niveles de excelencia que las del ámbito de las ciencias sociales, las ciencias exactas y las ciencias naturales.
Es necesario mejorar la gestión educativa de los colegios municipalizados.
La educación es una función estratégica para el país y exige un mayor esfuerzo del Estado y del sector privado. A mejor educación, mejor calidad de los trabajadores profesionales y técnicos y mayor competitividad de las empresas.
Pienso que es conveniente una reflexión crítica, generosa, sin egoísmo, respecto de las actuales políticas públicas en educación, para derivar en el fortalecimiento de los programas que mejoren la calidad y equidad educativas.
No comparto los planteamientos de los autoflagelantes en el análisis, ni tampoco los de quienes se encuentran en una posición exageradamente complaciente.
En mi calidad de miembro y Presidente de la Comisión de Educación, he querido expresar estas ideas en la serenidad del Senado, lo que no siempre es posible hacer en el reducido espacio que entregan los medios de comunicación.
Solicito a la Mesa que se haga llegar mi intervención a la señora Ministra de Educación , como un modesto aporte reflexivo de un Senador de la República que presenta una doble condición, al ser, también, maestro de Estado.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así se hará, Su Señoría, con el objeto de que pueda ser difundida.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como ningún otro Comité hará uso de la palabra, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:7.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción