Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO EN CUANTO A COBRO ELECTRÓNICO DE PEAJES Y DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL
-
MODIFICACIÓN DE FORMALIDADES DE FINIQUITO
DE CONTRATO DE TRABAJO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- DEBATE
- EXCLUSIÓN DE TAEKWONDO, KARATE Y KENDO DE CATEGORÍA DE ARTES MARCIALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Marcos Aurelio Aburto Ochoa
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
- DEBATE
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- PETICIÓN DE CLEMENCIA A GOBIERNO IRANÍ PARA CATEDRÁTICO REFORMISTA Y APOYO A MEDIDAS SOBRE DERECHOS HUMANOS. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
-
MEDIDAS CONTRA CORRUPCION EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
-
PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE TRANSPARENCIA
Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
-
CESACIÓN DE ACTIVIDADES DE EMPRESA TRANSMARCHILAY. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
RESPALDO A MEDIDAS GUBERNATIVAS CONTRA CORRUPCIÓN Y EJERCICIO DE ABOGACÍA POR SENADOR
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
-
DON MARIANO PUGA VEGA Y LA CHILENIZACIÓN DEL COBRE. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 12ª, en miércoles 13 de noviembre de 2002
Ordinaria
(De 16:20 a 18:24)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE ,
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en tercer trámite, que modifica la ley Nº 18.290, Ley de Tránsito, en lo relativo al cobro electrónico de peajes, y la ley Nº 18.287, que establece procedimientos ante los Juzgados de Policía Local (2921-15) (se aprueba)....¿¿.................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las formalidades del finiquito del contrato de trabajo (2835-13) (se aprueba en general y particular)......................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 18.356, sobre control de las artes marciales, incluyendo al taekwondo y al karate en los deportes que no son considerados artes marciales (2868-02 (se aprueba en general y particular).....................................................................................
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
Petición de clemencia a Gobierno Iraní para catedrático reformista y apoyo a medidas sobre derechos humanos. Proyecto de acuerdo (se aprueba).........
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)...................................................
Medidas contra corrupción en administración pública. Oficio (observaciones del señor Larraín).........................................................................................
Perfeccionamiento de normas sobre transparencia y publicidad de actos de la Administración del Estado. Oficio (observaciones de los señores Romero y Horvath)....................................................................................................
Cesación de actividades de empresa Transmarchilay. Oficios (observaciones del señor Horvath)........................................................................................
Respaldo a medidas gubernativas contra corrupción y ejercicio de abogacía por Senador (observaciones del señor Viera-Gallo)....................................
Don Mariano Puga Vega y la chilenización del cobre. Oficios (observaciones del señor Lavandero)...........................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 9ª y 10ª, ordinarias, en 5 y 6 de noviembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la señora Ministra de Defensa Nacional , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, sobre la contratación de personal en retiro para cumplir funciones de carácter administrativo en Carabineros de Chile.
Del señor Ministro de Agricultura , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, sobre trabajos de encauzamiento y construcción de defensas fluviales en el río Putaendo.
Del señor Subsecretario de Pesca , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a las concesiones de acuicultura y al desarrollo de la actividad industrial de la bahía de Chinquihue, Décima Región.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
Nuevo segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de los animales (Boletín Nº 1721-12).
--Queda para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités solicitan que la Mesa recabe el asentimiento de la Sala para que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en su primer informe, se pronuncie en general y en particular respecto del proyecto que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal, en materia de delitos de pornografía infantil.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO EN CUANTO A COBRO ELECTRÓNICO DE PEAJES Y DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.290, Ley de Tránsito, en lo relativo al cobro electrónico de peajes, y la ley Nº 18.287, que establece procedimientos ante los juzgados de policía local, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2921-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 12ª, en 7 de mayo de 2002.
En tercer trámite, sesión 11ª, en 12 de noviembre de 2002.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 7ª, en 18 de junio de 2002.
Transportes (segundo), sesión 16ª, en 30 de julio de 2002.
Transportes (nuevo segundo), sesión 19ª, en 7 de agosto de 2002.
Discusión:
Sesiones 9ª, en 19 de junio de 2002 (se aprueba en general); 17ª, en 31 de julio de 2002 (vuelve a Comisión para nuevo segundo informe); 19ª, en 7 de agosto de 2002 (se aprueba en particular).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó dos enmiendas al proyecto despachado por el Senado, ambas al artículo 2º, que agrega una oración al inciso tercero de la ley sobre procedimiento ante los juzgados de policía local.
La primera modificación elimina la frase que consideraba como practicada la notificación por carta certificada, en caso de infracciones a las normas del tránsito o de transporte terrestre, por el solo hecho de dejar el documento en un lugar visible del último domicilio anotado en el Registro de Vehículos Motorizados.
La segunda propone agregar, en el caso de infracciones a la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 118 bis de la Ley de Tránsito -esto es, circular en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes sin el dispositivo o el sistema complementario que permite el cobro-, que también se entiende practicada la notificación cuando la carta certificada sea dejada en lugar visible del último domicilio anotado en el Registro de Vehículos Motorizados de la persona que se quiere notificar.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado de tres columnas: la primera consigna los artículos pertinentes de la Ley de Tránsito y de la ley que establece el procedimiento a seguir ante los juzgados de policía local; la segunda, el texto despachado por esta Corporación, y la última, las modificaciones que propone la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Los señores Senadores que estudiaron el proyecto me han señalado que el objetivo de estas modificaciones es mejorar la redacción, precisando que la norma rige únicamente para las infracciones cursadas en vías concesionadas. Sólo en ese caso, y no en otros, se entienden válidas las notificaciones por carta certificada dejada en lugar visible del último domicilio del infractor.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas.
--Se aprueba y queda despachado el proyecto en este trámite.
MODIFICACIÓN DE FORMALIDADES DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y originado en moción de varios señores Diputados, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las formalidades del finiquito del contrato de trabajo, con nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2835-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 7 de mayo de 2002.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 10ª, en 2 de julio de 2002.
Trabajo (nuevo), sesión 11ª, en 12 de noviembre de 2002.
Discusión:
Sesión 11ª, en 3 de julio de 2002 (Vuelve a Comisión para precisar su alcance).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Cabe señalar que la Sala, en sesión del 3 de julio de este año, acordó enviar el proyecto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para nuevo informe, con la finalidad de precisar su alcance.
El objetivo principal de la iniciativa es establecer la obligación a los ministros de fe, en caso de despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refiere el inciso quinto del artículo 162 del Código Laboral y previo a la ratificación del finiquito por parte del trabajador, de requerir al empleador acreditar el pago de determinadas cotizaciones previsionales, dejándose constancia de que el finiquito no producirá el efecto de poner término al contrato si el empleador no ha efectuado el integro de dichas cotizaciones.
El nuevo primer informe hace presente que el Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva al artículo único despachado en el primer informe, la cual se aprobó en general y particular por la unanimidad de los miembros de la Comisión (Senadores señores Boeninger, Canessa, Fernández, Parra y Ruiz de Giorgio).
En consecuencia, la Comisión de Trabajo y Previsión Social propone aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados, con la sola modificación que se consigna en el informe.
La Comisión solicita al señor Presidente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, la iniciativa se discuta en general y particular a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor RUIZ (don José).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , la Sala -como bien señaló el señor Secretario - pidió volver el proyecto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para nuevo informe. Allí se consensuó una enmienda, pero, como carecemos de iniciativa en esta materia, se pidió patrocinio al Ejecutivo , el que, mediante indicación, lo otorgó. Posteriormente, la Comisión la acogió, con pequeñas modificaciones, por la unanimidad de sus miembros.
En definitiva, se establece un plazo de 3 días para la entrega de los certificados de cotizaciones previsionales pagadas, sobre la base de las cuales los ministros de fe ratifican los finiquitos. De lo contrario, puede exigirse el envío de ellos a los organismos competentes. Incluso, a éstos se los puede sancionar por incumplimiento. De esta manera se soluciona el riesgo de eventuales demoras.
Pido a la Sala aprobar esta iniciativa, pues resuelve un problema importante para los trabajadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , el proyecto ya fue discutido en la Sala y se pidió nuevo informe con el objeto de perfeccionar ciertas normas relativas, fundamentalmente, a la forma de acreditar el pago de las cotizaciones.
De acuerdo con las conversaciones sostenidas con el Ejecutivo, se exige al INP y a las AFP el otorgamiento de certificados de cotizaciones previsionales pagadas, a más tardar, dentro de tercero día, evitando los inconvenientes derivados de su retardo.
La otra forma de acreditar ese pago consiste en presentar las respectivas planillas de pago, que obviamente corresponden a las que el empleador tenga en su poder, porque no se lo puede obligar a entregarlas si no constan en sus archivos.
Estimo que, en los términos propuestos, la iniciativa cumple con todos los objetivos planteados. Por eso la Comisión la acogió en forma unánime.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en general y particular.
--Así se acuerda.
EXCLUSIÓN DE TAEKWONDO, KARATE Y KENDO DE CATEGORÍA DE ARTES MARCIALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.356, sobre control de las artes marciales, para incluir al taekwondo, el karate y el kendo entre los deportes que no son considerados artes marciales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2868-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Andrés Zaldívar).
En primer trámite, sesión 25ª, en 22 de enero de 2002.
Informe de Comisión:
Defensa, sesión 11ª, en 12 de noviembre de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa tuvo su origen en moción del Honorable señor Andrés Zaldívar. Se encuentra informada por la Comisión de Defensa Nacional, la que señala que su objetivo principal es incluir al taekwondo, al karate y al kendo entre los deportes que no son considerados artes marciales, con la finalidad de facilitar su difusión y práctica.
La Comisión aprobó el proyecto en general y en particular por 4 votos a favor (Honorables señores Fernández, Flores, Páez y Prokurica) y uno en contra (Honorable señor Canessa).
Finalmente, corresponde indicar que la Comisión propone al señor Presidente del Senado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, que el proyecto sea discutido en general y particular a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , desde los años 70, la legislación vigente -ley Nº 18.356- contempló diversas disciplinas deportivas como artes marciales, asignándoles un régimen especial mediante el cual, por razones obvias (el mal uso que pudiera hacerse de ellas), se les introdujeron instancias de fiscalización para evitar que su práctica se transformara en peligro para la sociedad cuando a sus instructores los guiaran otros objetivos.
Según la ley vigente, se entiende por arte marcial todo sistema, procedimiento o técnica de lucha o combate personal, con propósito de ataque o defensa, sea mediante la utilización de elementos materiales o el solo uso del cuerpo humano.
En virtud de este régimen, tales disciplinas quedaron sometidas a la fiscalización de la Dirección General de Movilización Nacional, organismo perteneciente al Ministerio de Defensa, y a pagos diversos destinados a financiar la administración y fiscalización de aquéllas.
El proyecto que hoy se analiza tiene por finalidad excluir al karate y al taekwondo (posteriormente se agregó al kendo) de la categoría de artes marciales, liberándolos de la fiscalización y de los correspondientes pagos que hoy deben hacer a los servicios administrativos establecidos en la ley Nº 18.356.
Por supuesto, compartimos estos cambios, porque pretenden fomentar y generar mejores condiciones para la práctica del karate, el taekwondo y el kendo; y deben introducirse de tal forma que, consiguiendo este objetivo, no se descuide la seguridad ciudadana, que en esta materia debe ser nuestra principal responsabilidad.
A solicitud de los integrantes de la Comisión de Defensa, la fiscalización de las academias que impartan estas disciplinas quedará cargo de CHILEDEPORTES, lo cual, por cierto, no irrogaría cobro, porque ése fue el planteamiento original de la iniciativa.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , este proyecto añade el karate y el taekwondo al boxeo, la esgrima y el judo o lucha, deportes que para estos efectos no son considerados artes marciales. Lo esencial del debate, por lo tanto, debiera estar orientado a determinar si el taekwondo y el karate son o no artes marciales; esto es, tal como lo define la ley, si constituyen "un sistema, procedimiento o técnica de lucha o combate personal, con propósitos de ataque o defensa, sea mediante la utilización de elementos materiales o del solo uso del cuerpo humano". Todo lo demás -definición de sus reglas, normas de organización, sistema de control, derechos a pagar, etcétera- está subordinado a lo esencial.
En mi opinión, ambas disciplinas son, efectivamente, artes marciales, y el hecho de haber sido incluidas entre las de carácter olímpico no afecta su naturaleza. Por supuesto, en tanto constituyen una actividad deportiva, su práctica está regulada por la Ley del Deporte.
Cosa muy distinta, sin embargo, es el control que ejerce el Estado a través de la Dirección General de Movilización Nacional sobre las personas que cultivan artes marciales y las academias que las enseñan. Gracias al sistema de fiscalización vigente, una actividad que podría ser fuente de desgracias por su peligrosidad y riesgo para terceros se desarrolla, en cambio, con razonable normalidad.
La única consecuencia del proyecto en estudio es que, de ser aprobado, en adelante dejarán de ser fiscalizadas preventivamente el 80 por ciento de las 52 mil 377 personas registradas como deportistas de algún arte marcial y las 170 academias que las enseñan.
Y algo más, señor Presidente .
Ocurre que la opinión pública nos advierte diariamente que una de sus principales preocupaciones es el deterioro de la seguridad ciudadana. ¡Qué sentido tiene, entonces, desmontar un mecanismo que contribuye a fortalecerla! Es como si dejáramos sin efecto la ley de control de armas porque el tiro al blanco es una disciplina olímpica o porque los delincuentes consiguen armas al margen de la ley.
Nada justifica, a mi parecer, innovar en esta materia. En consecuencia, votaré negativamente el proyecto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Senadora señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , este proyecto me interesa en forma especial, porque en la zona norte practican estos deportes más de 800 personas. A nivel nacional, Antofagasta ocupa el tercer lugar en cuanto a acreditación y a premios obtenidos. Sin duda, es importante analizar esta materia aquí, en el Senado.
Se trata de actividades que atraen mucho a los jóvenes. Son deportes puros, porque en su práctica no se usan armas. Estoy de acuerdo en que pueden ser muy peligrosos. Para eso se establecen regulaciones, que los mismos que los enseñan han propuesto. Se reunieron con distintos Senadores y señalaron el propósito de que a estas disciplinas se las considere con toda seriedad. No quieren ninguna interferencia extraña. Además, les interesa establecer cierto control de los gastos. Existen recursos de alguna cuantía que hoy no fiscaliza la Contraloría. De modo que aquí también hay una cuestión que debe esclarecerse. Ellos plantean que a lo largo del país se están recaudando anualmente 350 millones de pesos y no se sabe a dónde van ni quién los controla.
Como se ve, se trata de una materia que afecta a muchas personas.
Las artes marciales captan el interés de los jóvenes, especialmente en la zona norte, no sólo por el aspecto deportivo en sí, sino también por representar toda una filosofía o cultura. La aplicación de sus técnicas les resulta muy seductora, lo que ayuda a alejarlos del alcohol y de las drogas.
Por eso mismo, esta iniciativa debe incluir normas destinadas a fiscalizar la actuación tanto de los instructores de estas disciplinas como de los directores de establecimientos donde se enseñan. Ellos precisamente sugirieron que cada seis años, en un procedimiento parecido al que se sigue para obtener, por ejemplo, la licencia para conducir, sean sometidos a un control destinado a asegurar que la práctica de estas actividades tenga una finalidad provechosa para sus cultores y no se confunda con acciones ajenas a estos objetivos.
Esas mismas personas reconocieron que tal fiscalización, al menos en el norte de nuestro país, la lleva a cabo en forma muy positiva Carabineros de Chile.
Por último, sólo me resta decir que votaré favorablemente el proyecto y que, aunque pareciera que en esta materia nada tendríamos que ver los Senadores, fue buena la idea del señor Presidente de la Corporación al formular la moción que dio origen a esta iniciativa, que -como dije- involucra a muchas personas y constituirá un incentivo para que nuestros jóvenes cuenten con otra alternativa frente a las drogas, el alcohol, las discotecas o los pubs.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , el proyecto surge de la petición de un importante número de personas que en el país practican el karate y el taekwondo. Según nuestra actual legislación, estas disciplinas son artes marciales, lo cual las somete a un organismo perteneciente a la Defensa Nacional, no siendo consideradas deportes, situación única en el mundo.
A partir de 1994 el taekwondo ostenta la calidad de deporte olímpico y desde 1999 igual condición tiene el karate. El Comité Olímpico Internacional ha reconocido estas prácticas como deportes, lo que ameritaría un reconocimiento igualitario en la legislación. Ambas disciplinas estarán sometidas a un control que, en caso de ser aprobado este proyecto, ejercerá CHILEDEPORTES. A mayor abundamiento, el Derecho comparado considera que las artes marciales reúnen las mismas características que otras disciplinas deportivas.
En consecuencia, el proyecto postula que se las incluya en la Ley del Deporte, la Nº 19.712, lo que conlleva, como dijimos, su fiscalización y regulación por parte de CHILEDEPORTES. Además, algo muy importante: hace menos onerosa su práctica. En la actualidad, la Dirección General de Movilización Nacional exige un pago trimestral que anualmente, según se expresó en la Comisión, alcanza a 80 millones de pesos. Al ser catalogadas como deportes estarán eximidas de cualquier tipo de pago, lo que lógicamente aumentará el número de quienes las practican, tanto jóvenes como niños; ayudará a la juventud en riesgo social, y permitirá ampliar su campo de acción, consiguiendo mayores apoyos de entidades públicas y del sector privado y extendiendo su ámbito a colegios y universidades.
Finalmente, contribuirá al mejoramiento de la salud de muchos chilenos y a elevar su nivel de disciplina y autocontrol, todo lo cual redundará en una más completa seguridad ciudadana.
En ambos deportes Chile ha obtenido medallas de oro y plata en diversos eventos internacionales, y ha sido propuesto como sede de los Juegos Sudamericanos del 2006, en los que estas prácticas tendrán gran importancia.
Votaré favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quiero consultar tanto a Su Señoría -por ser el autor de la moción que dio origen a esta iniciativa- como a los integrantes de la Comisión acerca del modo como se llevará a efecto la fiscalización y del significado de los grados y registros de las personas que practican estos deportes, porque entiendo que lo son, siempre y cuando se atengan a ese espíritu y a sus prácticas. Porque, por otro lado, su dominio permite adquirir la capacidad de aniquilar a otra persona. Y por eso se las ha considerado en esta doble condición.
Asimismo, el hecho de no ser catalogadas como artes marciales les evitará una serie de gastos, que es uno de los objetivos de la iniciativa.
Esta materia tiene muchos otros aspectos. Por ejemplo, en el boxeo, como producto de los golpes, una persona puede sufrir un traumatismo encefalocraneano -que en esa actividad es conocido como "knock out"-, lo que hace dudar de considerarlo legítimamente un deporte.
Pero, por lo menos, deseo saber en qué parte del proyecto se abordó lo relativo a la fiscalización.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Con el asentimiento de la Sala, deseo responder desde la testera.
Efectivamente, soy el autor de la moción, pero lo hice más que todo porque así me lo solicitaron diversos representantes de tales deportes, quienes me informaron que estas disciplinas tenían la calidad de olímpicas en todas partes del mundo y que Chile, a pesar de haber participado en muchas competencias donde ellas estaban así consideradas, era el único país sujeto a esta clase de fiscalización de la Dirección General de Movilización Nacional.
Efectivamente, hay involucrado también un aspecto económico, porque actualmente, de acuerdo con los cálculos existentes sobre el particular -lo acaba de mencionar el Honorable señor Sabag-, los derechos que se cobran, por la práctica del taekwondo y el karate por más de 40 mil personas, exceden los 80 millones de pesos anuales.
Concuerdo, por supuesto, en que ése no es el elemento más determinante e importante, sino el que ha señalado el Senador señor Horvath. Y en tal sentido la Comisión me pidió que concurriera a una de sus reuniones, pues yo presenté una indicación destinada precisamente a establecer la supervigilancia, que constituyó una objeción legítima que tuvieron varios señores Senadores. Asistieron representantes de CHILEDEPORTES y del Comité Olímpico, pero principalmente del primero de estos organismos, y tanto el experto en los temas jurídicos como el Subsecretario demostraron que, de acuerdo con la actual normativa -legislación que contribuimos a aprobar-, CHILEDEPORTES es el único órgano que tiene la facultad de regular los deportes reconocidos como olímpicos. Por lo tanto, incluso habría una contradicción entre esta iniciativa y la ley de CHILEDEPORTES ya aprobada.
Sobre la base de tales antecedentes, quedamos satisfechos -incluso los Senadores que habían formulado la objeción- con las explicaciones que nos fueron proporcionadas. Por lo tanto, como dijo el Honorable señor Prokurica , aclarado ese tema, la votación fue favorable al proyecto.
Ésta es la razón por la cual creemos que la iniciativa debe ser aprobada, y porque, como muy bien lo señalaron dichos representantes, los deportes no sólo son controlados por la autoridad, sino también por las respectivas federaciones, que tienen la obligación de autorregularse, sin olvidar tampoco en este sentido a los instructores, quienes preparan a la gente en este tipo de actividades deportivas.
Incluso el Director de CHILEDEPORTES mencionó algo respecto de lo cual no deja de tener razón. Dijo: "Miren, si se trata de riesgos, en el mismo caso se encontrarían diversas disciplinas, como la arquería y el lanzamiento de la jabalina". Y agregó otros ejemplos. El asunto, añadió, no es la actividad en sí misma, pues cualquiera puede transformarla en riesgosa. Una persona que practique el tiro al platillo puede utilizar el arma con intenciones delictuales. Pero ello no es argumento para sostener que el tiro al platillo no debe ser reconocido como deporte.
Sobre la base de todos esos antecedentes, se llegó a la conclusión de que este proyecto era conveniente y necesario. Y, como lo dijo también la Honorable señora Frei, se mencionó que, de un total de más de 200 mil deportistas, 40 mil se dedican a la práctica de estas disciplinas.
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , en la época en que se aprobó esta disposición, el Estado monopolizaba la violencia contra los ciudadanos. Ya terminó, felizmente, aquel estado de cosas. Era lógico, entonces, reconciliarnos con el sentido común y la racionalidad.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, voy a apoyar esta iniciativa legal porque me parece que actualmente no existe ninguna justificación para que deportes como los que estamos viendo -básicamente el taekwondo y el karate- queden excluidos de las normas generales que se aplican en Chile a las otras actividades deportivas.
En cuanto a los hechos delictuales, su fiscalización queda entregada a la policía, porque si alguno de quienes las practican comete un delito, será procesado como cualquiera que incurra en tal conducta. Si transgrede alguna disposición disciplinaria y se trata de un deporte federado, es obligación de su federación sancionarlo como corresponda.
Además -digamos las cosas como son-, la ley Nº 18.356, que establece normas sobre control de las artes marciales, es bastante discriminatoria respecto de estas disciplinas, pues en su artículo 1º, inciso segundo, señala: "se entiende por arte marcial todo sistema, procedimiento o técnica de lucha o combate personal, con propósito de ataque o defensa, sea mediante la utilización de elementos materiales o el solo uso del cuerpo humano.". Pero, a continuación, dice: "Los deportes de boxeo, esgrima, judo o lucha no son considerados como artes marciales". ¿Por qué éstos no y los demás sí? ¿Cuál es la diferencia, según la definición citada, con el judo o la lucha, por ejemplo, si son expresiones esencialmente similares al taekwondo o al karate?
Entonces, no hay justificación para que estos deportistas no sean incluidos en la Ley del Deporte. Entre otras cosas señaladas en el informe de la Comisión, el Presidente del Comité Olímpico de Chile expresó que estas disciplinas están reconocidas por el Comité Olímpico Internacional y que, incluso, a la solicitud del karate y del taekwondo se ha sumado el kendo, cuya Federación se encuentra afiliada a la entidad que preside y también está reconocida a nivel internacional.
Por lo tanto, no veo razón alguna para que quienes practican estos deportes estén bajo normas distintas de las de actividades similares; quizás sea porque, cuando se dictó esta ley en 1984, el taekwondo, el kendo y el karate no tenían el desarrollo que ostentan hoy día.
Asimismo, es ridículo someter estas disciplinas a controles que implican un desembolso de dinero, porque -digamos las cosas como son- aquí hay plata en juego. Hace años conocí la iniciativa de estos deportistas. ¿Por qué se les debe cobrar plata? Sería como suponer que para que los jugadores de fútbol no se excedan en las prácticas ni propicien actos de violencia en los estadios habría que tener una normativa especial y cobrarles para que lleven adelante esa actividad deportiva. Me parece absurdo. No le veo ninguna justificación.
Por supuesto, los afectados van a reclamar, ya que perderán recursos que hoy están recibiendo. Están en su derecho de protestar, y nosotros, en el de pedir que se legisle de acuerdo con las normas que deben regir para los deportistas.
En consecuencia, voy a votar a favor, porque me parece una buena iniciativa.
Tengo, sí, una aprensión.
Me correspondió participar directamente en la discusión sobre la Ley del Deporte, y abrigo dudas sobre la inconveniencia de establecer la obligación a CHILEDEPORTES para que, en un plazo determinado, fije un reglamento de fiscalización, lo que la normativa indicada actualmente no contempla. Según me señalaba el Honorable señor Prokurica , al parecer, en el artículo 163 de la referida ley se establecerían normas de control. Pero no tengo claro que ellas permitan que deportes de esta naturaleza queden adecuadamente fiscalizados.
Entonces, señor Presidente , sugiero que se incorpore una indicación -la acaba de redactar el Senador señor Horvath - en el sentido de entregar a CHILEDEPORTES la obligación de dictar un reglamento de fiscalización de estas actividades deportivas y, como dice el proyecto, que la ejecute en forma gratuita, sin costo, porque se trata de las mismas reglas que rigen para los otros deportes. Si le cobra a uno, entonces deberá hacer lo mismo con todos los demás; pero a éstos no les cobra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador, para aclararle el punto?
No hay inconveniente en agregar la indicación que señala, pero el Director Nacional de CHILEDEPORTES y la persona que lo acompañó en la Comisión dijeron que tenían la facultad para dictar reglamentos y que, una vez promulgada la ley, precisarían cómo hacer la regulación.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , esto aparecería en el artículo 163, y yo no lo he podido encontrar. Por lo tanto, me gustaría que el señor Secretario diera lectura, en su momento, a dicha norma para ver si ella resuelve o no el problema.
Por otra parte, creo que el entusiasmo del Director de CHILEDEPORTES excede lo que la ley establece, ya que el resto de los deportes no tiene las mismas características de los que nos ocupan. El asunto es -fíjense bien- fiscalizar que las federaciones funcionen adecuadamente, sobre todo en lo que se refiere a los recursos que reciben del Estado, que exista transparencia en el uso de éstos y que se supervigilen las platas que provienen de los mecanismos de financiamiento de la Ley del Deporte. Pero una cosa distinta es controlar, por ejemplo -lo que no contiene la ley-, que las personas que practiquen estos deportes certifiquen aspectos básicos -tal como indica el informe-, como presentar certificado de antecedentes, acreditar una práctica regular o constatar que todos estén empadronados, porque estas actividades deportivas son distintas de las demás.
En consecuencia, en esta materia, lo que abunda no daña. Por lo tanto propongo incorporar un reglamento que contenga normas específicas para este tipo de deportes. Si no lo establecemos, a lo mejor no se lleva a cabo. Así que prefiero que nos cubramos en ese sentido para que no haya duda de que esta actividad queda bien fiscalizada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No habría problema.
Sugiero que procedamos a votar, pues está agotado el debate.
Si hubiere acuerdo, aprobaríamos el proyecto con el voto en contra de los Senadores señores Canessa, Martínez y Stange.
El señor MARTÍNEZ.-
Solicito votación nominal, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación nominal.
--(Durante la votación).
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente, me parece altamente inconveniente lo que se está discutiendo hoy día en el Senado, en cuanto a que desaparezca la intervención de la Dirección General de Movilización Nacional en la fiscalización de las actividades en comento.
El no considerar artes marciales la esgrima, el judo, la lucha, el karate y el taekwondo va más allá del cobro o no cobro. El problema es el control de tales disciplinas.
Cuando veo que actualmente en el mundo la tendencia fuerte es a establecer controles sobre todo elemento que pueda contribuir a desarrollar acciones terroristas, me llama la atención que nosotros vayamos en sentido contrario.
CHILEDEPORTES, a mi juicio, no tiene la capacidad -y no la tendrá nunca- de fiscalizar esta materia, como sí lo puede hacer la Dirección de Movilización Nacional.
La iniciativa es una equivocación y no va a traer beneficios.
Lo relativo al pago, a los cobros, etcétera, resulta quizás subalterno. Lo fundamental son el control y los aspectos de seguridad involucrados.
Por esa razón, mi voto es en contra, pues pienso que vamos en el sentido opuesto a la corriente mundial de fiscalización de este tipo de actividades.
El señor PÁEZ.-
Voto que sí.
En la discusión habida en la Comisión se habló de una reglamentación para este asunto, la cual será enviada por el Director de CHILEDEPORTES.
Además, en el artículo 14 de la Ley del Deporte se encuentran establecidos todos los sistemas de control y precaución que deben existir para estas materias.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente, mientras aceptemos el boxeo como deporte, no creo que sea razonable prohibir otros que son la ciencia de la defensa propia.
Permitimos el boxeo como actividad deportiva, cuyo fin es noquear al otro, en circunstancias de que el "knock out" es un traumatismo encefalocraneano, o bien, cuando se gana por puntos, golpear al oponente lo más que se pueda; o sea, meter setenta puñetes contra veinte del adversario.
Entonces, no veo por qué hacer ahora esta excepción, que sería una exquisitez.
Si me dijeran: "Mire, suprimimos el boxeo como deporte", contestaría que sí, porque se trata de una salvajada, que no es terrorismo ni algo que provenga de Gobiernos anteriores. Es una brutalidad inherente al hombre. Y cuando vemos cómo terminan los boxeadores, nos damos cuenta de lo poco que cuesta enloquecer.
Voto a favor.
El señor ABURTO .-
Señor Presidente, tomando pie de las argumentaciones del propio Senador señor Zurita, votaré en contra, por las razones que paso a exponer.
Siempre he sido contrario al boxeo. Si ahora apoyara agregar el karate, estaría contribuyendo a que aquella disciplina se siguiera fortaleciendo como deportiva. A mi juicio, toda competencia donde se trate de triunfar sobre la base de matar al adversario o poco menos, no puede ser considerada deporte.
El Senador señor Espina citó el ejemplo de la esgrima. ¡Si ésta no tiene como objetivo liquidar al contendor...! Al contrario, se recurre a diversos elementos de protección para impedir que el contrincante pueda resultar físicamente herido: trajes especiales, mascarilla; en fin, se adoptan distintas medidas de resguardo y nunca nadie sale lesionado.
Por eso, voto que no.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, junto con pronunciarme a favor, adhiero a la visión negativa entregada respecto del boxeo.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero agregar otros elementos de juicio.
En primer lugar, no estamos dirimiendo -ni tenemos facultades para ello- si una actividad constituye o no constituye deporte. Considero que el Senado, al que tuve el privilegio de ingresar en marzo último, posee muchas atribuciones, pero ninguna lo habilita para efectuar tal calificación. En una sociedad libre, eso corresponde al Comité Olímpico o a las federaciones que agrupan a quienes practican ciertas disciplinas. Podremos juzgar si algo es lícito o ilícito; pero no estamos llamados a decidir si una actividad tiene o no tiene la calidad de deporte.
Es legítimo que los señores Senadores planteen como justificación para rechazar el proyecto el hecho de que no les gusta el boxeo. Sin embargo, no estamos decidiendo si el taekwondo es deporte o no lo es (hay medallas olímpicas tanto en taekwondo como en karate, y su otorgamiento no depende de esta Alta Cámara), sino qué entidad debe supervisar a quienes los practican. Y así como los otros deportistas se encuentran fiscalizados por CHILEDEPORTES y los hechos ilícitos por la policía -como corresponde-, no veo por qué deba excluirse de control a esas dos actividades y que además sean ellas las únicas que paguen y tengan una carga onerosa por concepto de fiscalización. Si el boxeo, la esgrima, el judo y la lucha no la tienen, ¿por qué la deberían tener el karate y el taekwondo? Me parece una arbitrariedad que no resiste análisis si pretendemos legislar con un mínimo de ecuanimidad en esta materia.
Con relación a lo que manifesté anteriormente acerca del reglamento, es cierto lo señalado por el señor Presidente en el sentido de que la Ley del Deporte contiene normas sobre los deportes olímpicos. En efecto, la letra f) del artículo 12 de ese cuerpo legal expresa: "Elaborar las normas preventivas para la práctica del deporte, la prevención del dopaje". En lo relativo al taekwondo y el karate, que son deportes especiales, preferiría que se estableciera específicamente un plazo para el cumplimiento de esa disposición. De no ser así, pueden pasar años antes de que se dicte el reglamento.
Por lo tanto, voto entusiastamente a favor del proyecto.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, como se aludió al boxeo, quiero recordar que incluso ha habido iniciativas parlamentarias tendientes a prohibir o restringir su práctica profesional, donde las peleas se realizan sin protectores de ningún tipo. En el boxeo olímpico se emplean elementos de resguardo y, en consecuencia, no gana quien provoca un traumatismo encefalocraneano al contendor.
En cuanto al proyecto en votación, me pronuncio a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos por la afirmativa, 5 por la negativa y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Cantero, Coloma, Chadwick, Espina, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Lavandero, Matthei, Moreno, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Canessa, Cordero, Martínez y Stange.
Se abstuvo el señor Cariola.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se ha presentado una indicación.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Fue suscrita por varios señores Senadores y tiene por objeto agregar en el inciso segundo del artículo único lo siguiente: "El reglamento deberá contener los procedimientos de prohibición, grados y registros de quienes practican estos deportes.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Podría autorizarse a la Secretaría para adecuar la redacción.
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Estoy totalmente de acuerdo en autorizar a la Secretaría para concordar la redacción con lo dispuesto en la letra f) del artículo 12 de la Ley del Deporte.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No habría problema.
Si le parece a la Sala, se aprobará, autorizando a Secretaría para adecuarla en los términos indicados.
El señor MARTÍNEZ.-
Con mi oposición.
--Se aprueba la indicación en la forma señalada, con el voto en contra del Senador señor Martínez, y el proyecto queda aprobado también en particular.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Puedo fundamentar mi posición, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Aunque la iniciativa ya se votó, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, me pronuncié en contra de la indicación, porque ella implica hacer lo mismo que hoy realiza la Dirección General de Movilización Nacional.
En otras palabras, significa volver a fojas cero, porque elimina un excelente control, que se encomienda a CHILEDEPORTES. Dudo de que este organismo tenga capacidad para ejercer esa fiscalización.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En todo caso, CHILEDEPORTES no cobrará.
El señor MARTÍNEZ.-
El problema es el control.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
PETICIÓN DE CLEMENCIA A GOBIERNO IRANÍ PARA CATEDRÁTICO REFORMISTA Y APOYO A MEDIDAS SOBRE DERECHOS HUMANOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo sobre la materia de la referencia, presentado ayer por el Senador señor Viera-Gallo.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Esta iniciativa tiene por objeto expresar al Parlamento de la República de Irán el apoyo del Senado chileno a las medidas legislativas adoptadas con el fin de asegurar el pleno respeto de los derechos de las personas y, asimismo, dirigirse al Ayatollah Alí Jamenei y al Presidente Mohammed Jatamí a fin de solicitarles clemencia para el profesor universitario y dirigente reformista Hashem Aghajari, abogando por la anulación de su condena a muerte y el pleno respeto de los derechos humanos en Irán.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba por unanimidad.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Subsecretario de Pesca , sobre SUSTITUCIÓN DE "LOBERA 84" POR PESQUERO ARTESANAL.
Al señor Alcalde de Tocopilla , en cuanto a IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEMÁFOROS EN CENTRO DE LA CIUDAD. (Ambos de la Segunda Región).
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Justicia , acerca de DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DE ASISTENTE SOCIAL EN TRIBUNALES DE FAMILIA DE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Al señor Subsecretario de Obras Públicas , reiterando oficio sobre PROTOCOLO DE ACUERDO POR DESVINCULACIÓN LABORAL.
Al señor Presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile , relativo a EXTENSIÓN DE RED ARAUCANÍA TELEVISIÓN NACIONAL A TODA LA NOVENA REGIÓN.
Al señor Gerente General de la Empresa de Correos de Chile , tocante a CIERRE DE OFICINAS DE CORREO EN LUMACO.
Al señor Presidente de la Asociación Chilena de Remo , relacionado con RECHAZO DE INCORPORACIÓN DE SEDE BIOBÍO A ASOCIACIÓN CHILENA DE REMO.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas , respecto de CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE RÍO MALLECO.
Al señor Director del Servicio de Salud Araucanía Norte , reiterándole oficio por CIERRE DE POSTA DE "EL RETIRO", COMUNA DE ANGOL. (Todos de la Novena Región).
Del señor LARRAÍN:
Al señor Secretario Ejecutivo del Servicio del Adulto Mayor , tocante ADECUACIÓN LEGAL DE ESTATUTO TIPO PARA UNIDADES COMUNALES Y COMITÉS DEL ADULTO MAYOR.
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas y a los señores Subsecretario del Interior e Intendente de la Sexta Región , en cuanto a PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL EN TAMBO PRINCIPAL, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA.
Al señor Ministro de Obras Públicas y a los señores Intendente de la Sexta Región y Gobernador de la provincia de Colchagua, sobre PROBLEMAS EN SECTOR AGRÍCOLA DE CHIMBARONGO POR OBRAS EN CARRETERA 5 SUR.
Al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Intendente de la Sexta Región , en lo relativo a PROYECTOS VIALES EN PELEQUÉN. (Todos de la Sexta Región).
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
MEDIDAS CONTRA CORRUPCION EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. OFICIO
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , quiero referirme a una materia que hoy día tiene conmocionada a la opinión pública y que se relaciona con los hechos de corrupción denunciados en el último tiempo.
Aquéllos han ocurrido en algunas dependencias de la Administración Pública y han significado el procesamiento de varios personeros y ex servidores públicos, así como la petición de desafuero de seis Diputados, número no menor y que, según comunicados de la propia prensa especializada en lo judicial, podría ampliarse. Todo ello ha sido, obviamente, motivo de reflexión y preocupación en quienes siguen de cerca esos casos y desean ver en Chile una situación distinta.
Esta decepción ciudadana afecta por cierto a los que están comprometidos de manera más directa con tales hechos, aunque también indirectamente -y debemos admitirlo- a quienes desempeñamos cargos de autoridad, lo cual, a nuestro juicio, obliga a realizar un esfuerzo de reparación serio y profundo.
El Gobierno ha manifestado su voluntad de proceder con fuerza y energía, aplicando el rigor de la ley a los responsables de ello y proponiendo, además, medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Valoramos la disposición de la autoridad y anunciamos nuestro respaldo a las resoluciones que vayan en esa dirección, aunque sí debemos hacer una prevención: no estamos de acuerdo con las declaraciones de algunos personeros de Gobierno, como la del Ministro señor Heraldo Muñoz , quien ha planteado que tales hechos finalmente no comprometen mayormente al Gobierno, sino que más bien parecieran corresponder al ámbito político-partidista de la Concertación.
No compartimos lo anterior, por creer que se trata de un problema serio de Gobierno y de Estado. Por lo tanto, nadie -menos el Ejecutivo- puede marginarse de tal situación.
Con respecto a las medidas propuestas por la autoridad, estimamos que, si bien son positivas y van en general en buena dirección, no resultan suficientes. Por ese motivo, y también como una manera de demostrar un compromiso de nuestra parte contra la corrupción, queremos propiciar la configuración de una suerte de plan estratégico contra ella, el que debería contener, entre otras, las siguientes medidas de corto, mediano y largo plazos.
En primer lugar, estimamos importante que se lleve a cabo una fuerte acción ante los tribunales de justicia. Sin lugar a dudas, lo más sustantivo en estos momentos es que, bajo la conducción de un ministro en visita y la participación del Consejo de Defensa del Estado, se puedan incoar juicios contra quienes aparezcan implicados en hechos que atentan contra la probidad.
En nuestra opinión, la clave del asunto es que los tribunales puedan actuar. Esperamos por eso que lo hagan libres de toda presión o injerencia -lo decimos particularmente por experiencias del pasado-, sin intervención del Ejecutivo. No corresponde que nosotros efectuemos ningún tipo de prejuicios, ni mucho menos que hagamos juicios populares, como simplemente ha ocurrido con las opiniones que se entregan a la prensa. Según nuestro criterio, eso afecta y altera el buen cometido de los tribunales de justicia en una materia tan delicada y donde se debe actuar con rigor pero con justicia.
En segundo término, nos parece relevante que se pudiese realizar una auditoría externa, al menos por una vez, a todos los ministerios y servicios públicos vinculados a asuntos importantes, como los relacionados con manejos significativos de recursos públicos, incluidas las empresas estatales.
Pensamos que la gravedad de lo ocurrido obliga a adoptar medidas de cautela y sinceramiento respecto de todas las situaciones que puedan estar ocurriendo al interior de la Administración Pública. Hacerlo permitirá que se limpie la honra de muchos que hoy, debido a lo acontecido, se encuentran cuestionados sin causa por la opinión pública. Al contrario, no hacerlo y negarse al escrutinio especializado permitiría que siguieran las especulaciones o que se sucedieran las denuncias en forma individual, por tiempo indefinido, creando un pésimo clima que dañaría inevitablemente la imagen del país.
Una especie de escáner de la corrupción realizado en forma rápida evitaría estos males y, en general, serviría para extirpar cualquier tumor maligno que pudiese haber en algún otro lugar de la Administración Pública.
En tercer lugar, consideramos importante analizar el tema de las atribuciones fiscalizadoras y disciplinarias de la Contraloría General de la República, así como lo relativo a sus recursos. Es imperioso ampliar dichas facultades, especialmente las relacionadas con la fiscalización de toda entrega de recursos a entidades públicas o a instituciones como las organizaciones no gubernamentales, y contar con más personal y recursos para un efectivo control del gasto público. Adicionalmente, debe dotársela de capacidad para sancionar a funcionarios con participación comprobada en hechos de corrupción.
Esa facultad de imperio es necesaria. Porque, cuando se detectan irregularidades o se proponen sanciones de destitución u otras, hemos visto en muchos casos cómo los jefes de servicios correspondientes, que son los que tienen las atribuciones hoy día, o no las adoptan o simplemente las rebajan sin justificación alguna.
Por lo tanto, a nuestro juicio, es conveniente revisar esa situación, de manera que la Contraloría pueda en forma permanente ser un organismo que cautele la probidad en el ámbito público.
Además, nos parece relevante evitar las causas que inducen a la corrupción. Hay muchas situaciones, pero entre ellas queremos plantear las siguientes.
Primero, definir una política de desvinculación del Gobierno y las empresas estatales, independientemente de que ellas se privaticen o no se privaticen. Si hay empresas del Estado, deben estar desligadas de la gestión política de los gobiernos de turno.
Segundo, estimamos que la contratación de ejecutivos en las empresas estatales debe ser efectuada por entidades especializadas en la materia. De lo contrario, seguirán siendo fuente -como se dice vulgarmente- de pitutos o de pago de favores políticos, como ha ocurrido en Chile a lo largo de décadas.
Tercero, es fundamental que en dichas empresas haya transparencia en cuanto a información se refiere, porque sabemos cómo cuesta conseguirla. En efecto, hemos visto que los Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, no han podido obtener todos los antecedentes respecto de muchas materias; por ejemplo, en lo referente a las remuneraciones de altos ejecutivos.
Cuarto, creemos que corresponde prohibir toda licitación privada, salvo que se trate de casos de mínima cuantía. Este tipo de licitaciones muchas veces son para favorecer o excluir. Y esto, sin lugar a dudas, se presta también para lo que estamos tratando de combatir: la corrupción.
Quinto, en nuestra opinión, resulta imperiosa la reducción de la discrecionalidad relacionada con las autoridades que administran recursos fiscales, impidiendo así las acciones individuales o las decisiones que quedan al solo arbitrio de una persona, y, por cierto, obligando a transparentar las determinaciones que se adopten.
Sexto, consideramos relevante establecer, en materia de los fondos reservados que otorga la Ley de Presupuestos de la Nación, la obligatoriedad de rendir cuenta. Como lo hemos discutido tantas veces, aunque se haga en forma privada y sólo ante el Contralor General de la República, es un ejercicio que ayuda a la transparencia y evita que recursos de todos los chilenos sean entregados para objetivos diferentes de los que fueron asignados.
Sobre el particular, entendemos que puede haber un ámbito de reserva para el Presidente de la República o para otras funciones. Pero no compartimos la idea de que no se dé cuenta del gasto con cierto detalle, aunque sea en forma reservada, privada, y ante el propio Contralor. Porque dejar el asunto como está, en términos gruesos, no nos parece prudente y se puede prestar también para el mal uso de los recursos fiscales.
Como último punto, estimamos absolutamente necesaria la prohibición de pago de sobresueldos a funcionarios públicos, sea en forma directa o indirecta. Probablemente las malas remuneraciones han sido causal de búsqueda de mecanismos indirectos, algunos de ellos ilícitos o al menos irregulares, como ha sido denunciado ahora a propósito de una empresa (GATE) que estaría involucrada -eso lo tendrá que decidir la Justicia- en este tipo de actividades. Obviamente, ello no favorece la probidad, la honestidad ni la transparencia con que se debe actuar. Se requiere sincerar estas situaciones, revisar la política de pago de honorarios de la Administración Pública y evitar los sobresueldos. Si eso significa revisar lo atinente a las remuneraciones, habrá que hacerlo.
En ese mismo sentido, me atrevería a finalizar mi intervención refiriéndome al tema de los cargos de confianza en la Administración del Estado.
Tal cual se ha señalado, en Chile hay más de cinco mil cargos de confianza en la Administración Pública, cifra muy superior a la de muchos países donde esto se ha abordado debidamente. Según tengo entendido, dentro de las proposiciones del Presidente de la República existe la voluntad de reducir los cargos de designación directa de él o que corresponden a funcionarios de su exclusiva dependencia o confianza, y llamar a concurso para proveerlos. Nos parece positivo y creemos que eso puede cerrar el capítulo relacionado con las materias que he comentado.
Finalmente, estimamos que la voluntad expresada por todos los sectores en cuanto a actuar en esta materia -nosotros también queremos participar- debe concretarse ahora. Nos alegra que haya habido conversaciones y se hayan logrado acuerdos para que en el proyecto de Presupuestos se incluyan algunas de las medidas señaladas, u otras que se puedan idear, para ir avanzando desde ya en esa dirección.
Por de pronto, estamos presentando un conjunto de indicaciones destinadas a garantizar la probidad en la ejecución de la Ley de Presupuestos del año 2003.
A nuestro juicio, esas propuestas representan y reflejan un sentimiento ciudadano del cual nos queremos hacer cargo. No pensamos que haya necesidad de agrandar los problemas, pero tampoco debemos minimizarlos. La ocurrencia de situaciones tan graves como las comentadas origina también la oportunidad para plantear grandes soluciones. Y si hay voluntad de trabajo conjunto, independientemente de lo que pase en los tribunales de justicia, que fallarán respecto de los ilícitos que puedan acreditar, debiéramos unir esfuerzos para proponer medidas y planes que combatan la corrupción en forma global, de modo que nunca la dejen instaurarse en las prácticas de nuestros funcionarios públicos, más todavía en una Administración del Estado que por décadas ha tenido tradición de buen desempeño en este ámbito.
Por todo lo anterior, ruego oficiar, en nombre del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, al señor Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, adopte las medidas a que hice referencia u otras que correspondan, por medio de los Ministerios encargados de estos asuntos, a fin de proceder en la dirección señalada. Y pido, asimismo, transcribirle el texto de mi intervención.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Romero.
PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. OFICIO
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , Chile vive, sin duda, momentos muy difíciles y complejos. Estamos ante una situación que menoscaba nuestra tradición de honestidad y probidad. Creemos que es hora de que el Senado y las demás instituciones reaccionen en la forma que nos es propia, esto es, proponiendo ideas concretas para enfrentar los temas que están en la mesa de debate de la opinión pública.
El año 1995, la Comisión Nacional de Ética Pública emitió un completo informe sobre la situación. Y uno de sus aspectos más sustanciales se refiere al control social y prevención de la corrupción. Para el referido organismo, la promoción del control social tiene por objeto hacer operativas las prácticas exigidas a la sociedad civil para vigilar y evaluar en un proceso continuo las actividades de los agentes e instituciones públicas. Dicho control supone, en primer lugar, información adecuada, oportuna y completa acerca de todo lo que pertenece a la esfera pública y está relacionado con ella.
Dicha Comisión hacía presente en el documento que, no obstante disfrutar Chile de amplias libertades políticas, de opinión, de prensa y de expresión, no existía una legislación que garantizara el acceso periodístico a la información relacionada con la gestión pública, y tampoco una tradición, ni menos la obligación legal, que permitiera hacer exigible el principio de responsabilidad, no estando los órganos del Estado obligados a rendir cuentas públicas y periódicas.
En definitiva, formuló 41 recomendaciones. Una de ellas incluye la necesidad de incorporar los principios de probidad funcionaria a nivel constitucional, estableciendo que toda función pública deberá ejercerse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ellas, sin perjuicio de las materias que, por razones de seguridad o de interés nacional, deban mantenerse en secreto.
A lo anterior se añaden las medidas específicas que propuso en el ámbito del control social, como una ley de acceso a la información pública y la difusión obligatoria y periódica de informes de actividades o balances por parte de los órganos del Estado.
Diversas normas legales han venido poniendo en práctica las recomendaciones de la Comisión Nacional de Ética Pública. Desde luego, en la materia que nos interesa, la ley Nº 19.733, sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, estableció que la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa constituye un derecho fundamental de las personas, precisando que su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.
Pero fue la ley Nº 19.653, sobre probidad y transparencia públicas, la que, entre otras materias, incorporó a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado los principios de transparencia y publicidad administrativas. En dicha normativa se incluyeron, durante la discusión parlamentaria, materias que originalmente habían sido consideradas en otro proyecto, específicamente destinado a regular el acceso a la información administrativa, que se denominó "Acta de Transparencia Pública" y que posteriormente fue retirado por el Ejecutivo . Dicha iniciativa establecía el derecho de toda persona a acceder a los documentos que obran en poder de la Administración del Estado y regulaba pormenorizadamente esta materia y los procedimientos para hacer efectivo ese derecho.
La Ley de Probidad estableció, en definitiva, que la función pública se ejercería con transparencia, de manera que permitiera y promoviera el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones adoptadas en el ejercicio de ella. Agregó, recogiendo los principios contenidos en el retirado proyecto sobre acceso a la información administrativa, al cual hice referencia, que son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y que esta publicidad se extiende a los informes y antecedentes que las empresas privadas que prestan servicios de utilidad pública y aquellas a que se refieren los incisos tercero y quinto del artículo 37 de la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, proporcionen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización, en la medida en que sean de interés público, su difusión no afecte el debido funcionamiento de la empresa y el titular de dicha información no haga uso de su derecho a denegar el acceso a ella, conforme lo establece la misma ley.
Igualmente, para el caso de que la información referida no se encuentre a disposición del público de modo permanente, se consagró el derecho del interesado a requerirla por escrito al jefe del servicio respectivo, estableciendo normas destinadas a resguardar los derechos o intereses de terceros, a quienes les asiste la facultad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados, mediante procedimientos que allí se regulan.
De igual manera, se establecen normas destinadas a dar eficacia al derecho a obtener información por parte de los interesados, contemplándose como únicas causales en virtud de las cuales la Administración puede denegar la entrega de los documentos o antecedentes requeridos, las siguientes: la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; el que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; la oposición deducida en tiempo y forma por los terceros a quienes se refiere o afecta la información contenida en los documentos solicitados; el que la divulgación o entrega de tales documentos o antecedentes afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido, y el que la publicidad afecte la seguridad de la nación o el interés nacional.
La decisión sobre estas materias puede llegar, en definitiva, a ser resorte de los tribunales de justicia -en ciertos casos, la propia Corte Suprema- mediante la formulación de los reclamos respectivos, sea por vencimiento del plazo para la entrega de la documentación requerida sin que haya sido proporcionada, sea que se deniegue la petición por una causal no prevista en la ley.
No obstante el significativo avance que estas disposiciones legales representaron en materia de transparencia y publicidad de los actos de los órganos del Estado, aún subsisten limitaciones que, incluso, han llevado en ocasiones a recurrir a la Contraloría General de la República para obtener la documentación negada por los servicios públicos.
Como ejemplo puede citarse el caso que dio origen al dictamen Nº 35.259, de 14 de diciembre de 2000, del Organismo Contralor:
Un particular se dirigió a dicha entidad haciendo presente que la Subsecretaría de Obras Públicas se había negado a proporcionarle copia de un documento mediante el cual ésta solicitaba a la Contraloría la reconsideración de un dictamen anterior que favorecía directamente al interesado. La Subsecretaría argumentó su negativa sobre la base de que "no existe disposición alguna que establezca la obligación de otorgar copia de las actuaciones que realice esta Secretaría de Estado en sus relaciones con otros órganos de la Administración" y de que la Ley de Probidad no era aplicable en ese caso, ya que la autoridad no había adoptado ninguna decisión relativa a la petición del interesado.
En atención a esta negativa, el interesado solicitó un pronunciamiento de la Contraloría sobre el particular, la cual debió reconocer que la Ley de Probidad reguló especialmente la publicidad de los actos administrativos "decisionales" -esto es, las declaraciones de voluntad mediante las cuales la Administración, en función de una potestad administrativa, manifiesta su decisión en un sentido determinado- y la de los documentos que le sirvan de fundamento. No se encontraba en este caso el documento solicitado por el interesado, por no constituir un acto administrativo decisional en los términos que lo previene la ley citada, ya que no contenía en sí mismo una resolución sobre una materia determinada. Por tanto, la Ley de Probidad no amparaba al recurrente para los efectos de obtener la copia referida.
En consecuencia, la Contraloría debió recurrir a su propia jurisprudencia administrativa, que indica que la Administración activa se encuentra obligada a entregar copia de un documento a un particular que lo requiera siempre que se cumplan dos requisitos: que ese documento "no se refiera a asuntos que revistan el carácter de reservados" y que la información contenida en el antecedente solicitado "afecte directamente al particular o se vincule con situaciones fácticas concretas en que le corresponda intervenir".
En definitiva, el organismo de control concluyó que el documento solicitado no era reservado, por los conceptos señalados en el Estatuto Administrativo, esto es, en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales, y que resultaba claro, además, que decía relación a una materia que afecta de modo directo al particular interesado.
Los antecedentes que he descrito indican que, no obstante el significativo aporte a la transparencia y publicidad de los actos de la Administración que representó la Ley de Probidad, existen en sus normas limitaciones que conspiran contra el pleno logro de las finalidades perseguidas.
Estamos convencidos de que estas finalidades son compartidas por la inmensa mayoría de los chilenos, gobernantes y gobernados, que aspiran a que nuestro país continúe exhibiendo las virtudes cívicas del servicio público honesto que caracterizaron a las generaciones pasadas y que hoy se ven tan seriamente amenazadas.
Creemos, asimismo, que para que ello no ocurra es preciso actuar con prontitud, eliminando cualquier limitación injustificada en el acceso a la información de la gestión administrativa, especialmente franqueando a la prensa un acceso expedito a la información producida al interior del aparato del Estado, porque pensamos, también, que no existe mejor prevención contra la corrupción ni fiscalización más eficaz para reprimirla que la que pueda ejercer una opinión pública bien informada a través de medios de comunicación libres, independientes y responsables.
En virtud de ello, estimamos necesario introducir en la actual legislación perfeccionamientos destinados a remover sus actuales limitaciones y abrir nuevos cauces a la acción de los medios de comunicación y de los particulares en general, para lo cual tiene que ampliarse a todos los actos de la Administración la obligación de publicidad, actualmente limitada a los actos decisionales, y estipularse que, tratándose de medios de comunicación establecidos de acuerdo con la ley, debe presumirse en todo momento que, por su función social, en sus requerimientos de información existe siempre un legítimo interés comprometido, como lo son la transparencia y claridad que el país exige en las actuaciones de los organismos públicos.
Señor Presidente, en el día de ayer se dio cuenta de una moción presentada por el Senador que habla, destinada a dar contenido legal a las ideas que he expuesto.
Solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República transcribiéndole el contenido íntegro de mi intervención, así como el texto del proyecto pertinente, con el objeto de que tenga a bien prestarle su patrocinio, en atención a que estamos en la legislatura extraordinaria. Ello, porque nos parece que reaccionar con prontitud y oportunidad es justamente lo que la opinión pública está esperando.
Quiero señalar que con fecha 7 de noviembre le hice llegar esta presentación al Ministro Secretario General de la Presidencia , don Mario Fernández , solicitándole también el patrocinio del Supremo Gobierno, como corresponde.
Señor Presidente , creo que lo que estamos planteando se halla en la misma línea de acción del Senador señor Larraín , quien me precedió en el uso de la palabra.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Restan 5 minutos al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , hago mías -hablo también en nombre del Comité- las palabras de los Senadores señores Larraín y Romero . La verdad es que los actos de corrupción y las irregularidades por todos conocidas nos deben hacer reflexionar en un amplio sentido y en ningún caso pueden llevar a un distanciamiento entre la Oposición y el Gobierno. La sociedad ha de entender que los medios y los procedimientos tienen que estar muy relacionados con los fines y no desvinculados de ellos.
En Chile enfrentamos importantes cambios de actitud, y también en los valores y comportamiento de nuestra comunidad. En el camino tendiente a asegurar una sociedad sana, sobre todo, en sus distintas instituciones, se ha ido avanzando con paso lento pero seguro, sin perjuicio de los problemas que debemos encarar. Y entre las normativas que se han mencionado en tal sentido se halla la de probidad administrativa.
Debemos garantizar la transparencia; esto es, que no sólo exista información, sino que también haya acceso a la misma de forma responsable por parte de la ciudadanía. Y todo el sistema de Internet y los medios de comunicación hoy en día lo permiten.
Hay un conjunto de mociones en tal sentido. Entre ellas figura la que establece una hoja de vida de los Parlamentarios, que posibilita saber cómo vota cada uno de ellos, cuál es su asistencia, cuáles sus ingresos y los fondos que maneja, cómo es su desempeño con relación a la Región que representa.
A este respecto, en nuestra Constitución -en particular el artículo 57- y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional existen áreas que deben ser mejor explicitadas. De lo contrario, los Parlamentarios se verán inhibidos de llegar realmente con las inquietudes de la sociedad a las autoridades competentes.
Como se ha mencionado, no hay que dejar de insistir en torno a la necesidad de definir adecuadamente los cargos de confianza y los procedimientos por los cuales se llega a ellos. Del mismo modo, se requiere algún grado de restricción en cuanto a los cuoteos que suelen utilizarse para proveerlos. El caso más peculiar es el de los directorios de las empresas públicas, donde las personas que llegan a ocupar estos cargos a veces ni siquiera cuentan con un currículum que los acerque al área en la cual van a tener que tomar importantes decisiones.
La declaración de intereses que hemos hecho los Parlamentarios y otras autoridades también es importante; probablemente hay que sumarle la de los bienes.
La verdad es que en esta materia Chile tiene una larga tradición de austeridad. Las autoridades que ejercían tales cargos normalmente ganaban en experiencia, en canas y en logros, pero nada desde el punto de vista del enriquecimiento personal: salían más pobres de lo que entraban.
Y quiero destacar en esta Sala que, por acuerdo de los Comités de los distintos Partidos y de la Comisión de Régimen Interior, se está trabajando, desde antes de los escándalos de que se ha tenido conocimiento público, en la elaboración de un Código de Ética para nuestra Corporación. Para ello, se han recogido antecedentes de todos los países del mundo. En esta tarea se ha pedido la colaboración del ex Contralor General de la República don Arturo Aylwin y del ex Presidente del Senado don Sergio Díez . El compromiso es dar término a esta iniciativa en un plazo no superior a un mes y medio, de modo de dar pronto un paso adelante en esta importante materia.
CESACIÓN DE ACTIVIDADES DE EMPRESA TRANSMARCHILAY. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , deseo referirme a la privatización de la empresa "Transportes Marítimos Chiloé Aysén S.A." (Transmarchilay), que se creó con mucho esfuerzo en la década de los setenta, para aminorar el grado de aislamiento de la zona austral. Es así como, con fondos nacionales y regionales, se hizo un importante aporte para formar un grupo de barcazas que permitiera, incluso por la vía de la subvención, resolver los problemas de acceso de la zona austral.
A pesar de nuestra oposición, la referida empresa fue privatizada hace algún tiempo, y resulta que ahora se anuncia -y, de hecho, así ha ocurrido- el cese de su funcionamiento, por baja rentabilidad y por los efectos que habría causado el alza del combustible.
La verdad es que a estas alturas la cuestión constituye "leche derramada". Pero cabe recordar que señalamos en más de una ocasión que ahí se encontraban comprometidos recursos de la carretera austral, por los trasbordos que se requieren hoy en día -mientras no se haga el camino que los elimina, proyecto que ya existe-, y también fondos regionales que debieran haber sido devueltos en su oportunidad.
En consecuencia, solicito que se nos hagan llegar todos los antecedentes del caso y que se disponga una pronta solución al problema, a fin de dar continuidad a la mencionada empresa. Para eso, pido enviar un oficio al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , al igual que al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , de la cual han dependido algunas de estas empresas del Estado.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
RESPALDO A MEDIDAS GUBERNATIVAS CONTRA CORRUPCIÓN Y EJERCICIO DE ABOGACÍA POR SENADOR
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , deseo aprovechar la ocasión para respaldar las iniciativas del Gobierno en contra de la corrupción -las estimo oportunas, relevantes, necesarias- y las distintas propuestas de los Honorables colegas que intervinieron con anterioridad.
Junto con ello, me parece importante referirme a algunas críticas recibidas de la Oposición, principalmente del grupo de Diputados de la Alianza por Chile, y a las formuladas hoy en un editorial de "El Mercurio", en el sentido de que el hecho de que el Senador que habla forme parte del equipo de la defensa del Diputado señor Juan Pablo Letelier significa un trastorno en el normal funcionamiento de las instituciones.
Primero, hago presente que ninguna inhabilidad o incompatibilidad se halla establecida en la Constitución o en una norma legal respecto del ejercicio de su profesión por un Parlamentario. Y, en lo que me compete, soy abogado.
En seguida, creo no ser el primer Parlamentario que ejerce la abogacía. Por el contrario, pienso que son muchos los colegas que participan en estudios jurídicos, que exhiben una larga y prestigiosa carrera profesional en dicho ámbito y que, además, desempeñan el cargo de Diputado o de Senador .
En tercer lugar, quiero dejar muy claro que mi participación en la defensa del Diputado señor Letelier no compromete la independencia del Poder Judicial . Ni por mi parte, ni por la de quienes proporcionan esa asesoría, ni por la del Partido Socialista media intención alguna de lesionar la imparcialidad con que los tribunales deben actuar en ese caso o en cualquier otro.
Por lo tanto, rechazamos en la forma más categórica las aseveraciones de un matutino en cuanto a la existencia de una campaña del Partido Socialista para desprestigiar al Magistrado señor Aránguiz . Muy por el contrario: deseamos a éste el mejor de los éxitos en el cumplimiento de sus funciones y no consideramos que puede actuar bajo la influencia de alguien, sino de acuerdo con su real saber y entender en la aplicación de la ley.
Por cierto, juzgamos que dictó una resolución equivocada al demandar el desafuero del Diputado señor Letelier . Y por ello el Partido Socialista ha respaldado a este Parlamentario. Y, en lo personal, participo en la defensa. Pero lo anterior no significa, en modo alguno, cuestionar la total imparcialidad de los órganos judiciales o el derecho que asiste al Ministro señor Aránguiz , a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua y a la Excelentísima Corte Suprema, en definitiva, para resolver tales asuntos.
Al integrar esa defensa, dejo muy en claro que, contrariamente a lo expresado por el editorial de "El Mercurio" en el día de hoy, no se compromete mi independencia de juicio para el momento de ejercer las facultades que la Carta me confiere como Senador respecto del Poder Judicial, sea ante eventuales acusaciones constitucionales, sea cuando mañana se deba emitir un parecer respecto del ascenso de ministros de Corte de Apelaciones a miembros de la Corte Suprema.
Al ser dispuesto para el nombramiento de los altos magistrados del Máximo Tribunal un sistema en que concurren los tres Poderes del Estado se buscó, a mi juicio, un mecanismo suficientemente equilibrado, sólido e inmune a cualquier tipo de interferencia y que implica que el parecer de cualquiera de los miembros de estos últimos que puedan el día de mañana intervenir no sea cuestionado como de alguna manera precondicionado por actitudes de un candidato. Cabe tener presente que es la Corte Suprema la que elabora una quina, que es el Presidente de la República el que propone y que es el Senado en pleno, del cual formaré también parte, el que eventualmente deberá pronunciarse.
"El Mercurio" sostiene que sería conveniente llenar un vacío en la Constitución en orden a prohibir que los Parlamentarios ejerzan la profesión de abogado pleiteando en los tribunales. Por mi parte, hago constar con toda claridad que no me opongo a ello. Estimo que es algo perfectamente estudiable. Pero hoy no existe esa prohibición y no se ha estimado ni necesaria ni oportuna.
En todo caso, señor Presidente , termino puntualizando que al participar en la defensa del Diputado señor Letelier lo hago por una convicción muy simple: pienso que es inocente, que no ha cometido delito ni irregularidad alguna, sino que ha cumplido con su función parlamentaria. Pienso, además, que proviene de una familia que ha sufrido mucho; que, en lo personal, ha debido pasar pruebas muy duras, y que, por lo tanto, no merece acusaciones o imputaciones que consideramos calumniosas e injustificadas, propias, tal vez, de distintos conflictos que se pueden originar al interior de la Sexta Región.
De todas maneras, para que no quede duda alguna al respecto, reitero algo que conversamos con el Diputado señor Letelier desde el primer instante, en el sentido de que no seré yo quien haga los alegatos de rigor ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua o ante la Excelentísima Corte Suprema. Simplemente, participo como una persona más en el grupo que lo asesora en tan difícil trance.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Los Comités Institucionales 1, Institucionales 2 y Mixto (Partido por la Democracia) no intervendrán.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor LAVANDERO.-
Y en el resto del tiempo del Comité Socialista, que me fue cedido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Bien, señor Senador.
DON MARIANO PUGA VEGA Y LA CHILENIZACIÓN DEL COBRE. OFICIOS
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , en esta tarde tibia, soleada y tranquila de primavera, quiero rendir homenaje a un hombre excepcional, que pasó por la política, en especial por la defensa de nuestros recursos naturales, entre ellos el cobre.
No ocurre a menudo que en el Senado se efectúe un reconocimiento a Parlamentarios que en épocas pretéritas jugaron un papel muy relevante en la política nacional -menos aún tratándose de alguien que fue Presidente de la principal colectividad opositora, raíz del actual Partido Renovación Nacional, también opositor- y que el recuerdo de su gran labor lo haga quien podría considerarse adversario político suyo.
Me refiero a don Mariano Puga Vega , abogado, diplomado en la Sorbona, autor de la memoria titulada "La Ley de Cuentas Corrientes, Bancarias y Cheques comentada", asesor jurídico de la Misión de Consejeros Económicos, presidida por el profesor W. Kemmerer , a cuya iniciativa se debió la creación, entre otros entes, del Banco Central y la Contraloría General de la República. Fue miembro de la Misión Financiera designada por el Gobierno en 1935 para negociar la reanudación del servicio de la deuda externa en Europa y Estados Unidos, y le correspondió elaborar el acta de acuerdo.
Fue Diputado por Malleco entre 1951 y 1953; profesor de Economía Política en la Universidad de Chile en 1955; embajador en Washington y ante la Organización de los Estados Americanos; presidente del Partido Liberal en 1962; representante de Chile ante la Comisión de Economía de las Naciones Unidas, y autor de varios libros en defensa de los recursos naturales de Chile, como "El cobre chileno".
Después de ese nutrido currículum, deseo subrayar el papel que jugó don Mariano Puga en lo que se ha denominado "chilenización del cobre".
En el libro antes individualizado aparece en toda su dimensión el arduo trabajo realizado con cada una de las empresas extranjeras dueñas, hasta entonces, de las grandes riquezas del cobre en Chile.
Leeré algunos pasajes sobre las distintas negociaciones que se llevaron adelante a fin de rescatar para Chile el 51 por ciento de su principal riqueza y convertirlo, en la mayoría de los casos, en socio principal, lo que además permitió a nuestro país adquirir el conocimiento necesario para manejar las grandes empresas al momento de nacionalizar adquiriendo el 49 por ciento restante.
En primer lugar, destaco el convenio con Cerro Corporation para la explotación del mineral de Río Blanco por la Compañía Minera Andina.
Señala uno de los párrafos atinentes a la negociación (me parece importante subrayarlo hoy, no sólo para que el pueblo chileno sino también ciertas autoridades de Gobierno tengan presente el significado de la colosal lucha llevada a cabo en tiempos pretéritos por hombres muy connotados que, con su ingenio, inteligencia y capacidad, contribuyeron a la chilenización a fin de rescatar nuestra principal riqueza):
"Las utilidades se repartirán entre los socios en proporción a su aporte de capital, o sea, a razón de 25% para el Estado y75 % para Cerro. A esas utilidades se sumarán para el Estado un impuesto de 15% sobre la renta, en lugar del 30% de aplicación general, y el impuesto adicional común de 30% sobre los dividendos servidos a accionistas extranjeros, lo que totalizará para el Estado una participación algo superior al 55% de la utilidad.".
Estos elementos, señor Presidente , son de extraordinaria relevancia, porque actualmente vemos que estas empresas extranjeras, al ser reprivatizadas -como lo hemos reiterado en diversas oportunidades-, no pagan ninguna utilidad. En efecto, de 47 compañías que explotan la minería del cobre, 44 declaran pérdidas para no pagar impuestos.
Por eso vale la pena tener presente hoy, en este homenaje, la actitud patriótica de personeros políticos que supieron comprender con visión de largo plazo cuál era el destino de Chile a través de nuestra principal riqueza.
De la página 13 del libro "El cobre chileno", de don Mariano Puga, destaco los siguientes acápites:
"La incorporación del Estado a la empresa en el carácter de socio minoritario no presenta ventajas decisivas para el interés nacional y más bien arriesga con coartar las facultades que el Estado tiene como poder soberano. Cabe retener, sin embargo, el provecho que el Estado podrá retirar del conocimiento de la realidad comercial con que va a entrar en contacto y la escuela práctica que sus funcionarios hallarán en la administración industrial y comercial de la nueva entidad.
"Al reconocer al Estado el doble carácter de accionista y de Fisco se le otorga una cuota de las utilidades que supera en más de 10% el impuesto básico de 50% establecido por la Ley 11.828. Por otra parte, el reducido capital de US$6.000.000 asignado a la sociedad presenta para el Estado la ventaja de permitirle adquirir el 25% del haber social y por ende de las utilidades con un aporte moderado que extrae de esta misma negociación.".
Y en la página 14 se expresa:
"Andina se obliga a contratar con Enami la fundición o la fundición y refinación del 25% de los concentrados que aquélla produzca en Río Blanco. Por otra parte, Andina conserva el derecho de vender y/o exportar 25% de sus concentrados sin fundir y/o refinar como un medio de cotejar en el extranjero las tarifas de Enami. Para el tratamiento del resto de la producción de Río Blanco, Andina y Enami se obligan a intercambiar informaciones sobre tarifas, y en caso de divergencias acerca del valor competitivo de las de Enami se recurrirá al arbitraje. Los negociadores prevén que inicialmente Andina refinará en Chile el 67,8% de su producción.".
Más adelante agrega:
"Ya se ha visto que el Convenio ofrece seguridades para que los concentrados de Río Blanco sean refinados en Chile en proporción creciente, incorporando así mano de obra local al producto exportado y generando un aumento de precio que es en la actualidad de 2 ctvs./lb con respecto al concentrado.".
Señor Presidente , también quiero aludir a lo que dice el libro "El cobre chileno" en relación al convenio con Kennecott Copper Corporation para la explotación del mineral de El Teniente por la Compañía Minera El Teniente S.A:
"El objetivo esencial de esta negociación puede sintetizarse diciendo que se proyecta transferir el activo y pasivo de Braden Copper Company, sociedad norteamericana que explota actualmente el mineral de El Teniente, a una nueva sociedad chilena que se denominará Compañía Minera El Teniente S.A y que pertenecerá en un 51% al Estado chileno y en un 49% a Kennecott Copper Corporation . La nueva sociedad, que será administrada por un Directorio en que el Estado tendrá un representante más que Kennecott, aumentará en cinco años la producción de 180.000 toneladas anuales a 280.000 toneladas mediante una inversión adicional aproximada de US$ 200.000.000.".
A este respecto se señala también:
"En virtud del contrato concertado con Enami, El Teniente entrará a refinar electrolíticamente en la planta de Las Ventanas, el equivalente de unas 50.000 toneladas anuales de fino desde que la Refinería de Enami empiece a operar en 1967. Contribuirá así, junto con Anaconda, a elevar del 40,5% al 67% el porcentaje del cobre que se refinará en el país en 1970.
"Nada se dice en el convenio con Kennecott" -comenta el entonces Diputado Mariano Puga Vega- "con respecto a la eventual manufactura del cobre en Chile.".
Es interesante destacar esto último, señor Presidente , porque en esta concepción se tenía muy presente el importantísimo factor de la fundición y refinación de nuestro cobre, no sólo por el valor agregado que involucraba, sino también por la mano de obra que se ocuparía en nuestro país.
En cuanto a tributación, expresa:
"Desde el 1º de julio de 1965 El Teniente dejará de estar sujeto al régimen tributario que establece la Ley 11.828 de Trato del Cobre y a los recargos del 5 y del 8% y pasará a pagar el 20% del impuesto de categoría, exento de recargo, en lugar de la tasa común de impuesto a la renta del 30%. Los dividendos que "se retiren del país" tributarán el impuesto general del 30%. El Estado garantizará la invariabilidad de este régimen sin señalar plazo, por lo que ha de entenderse que sólo podrá ser modificado por acuerdo de las partes.".
Después está el convenio específico con el Grupo Anaconda, sobre el cual don Mariano Puga observa:
"El propósito global de esta negociación puede resumirse sucintamente como sigue:
"a) elevar en seis años la actual producción del grupo Anaconda , de 400.000 toneladas de fino a aproximadamente 600.000 toneladas, en 1970;
"b) refinar en Chile la totalidad de la producción, salvo un 20% que se seguirá exportando como cobre blister para satisfacer las necesidades del mercado. Con esto la cantidad actual de cobre refinado ascendente a unas 390.000 toneladas se elevará en 1970 a unas 600.000 toneladas;
"c) el Estado se asociará con Chile Copper Company en la proyectada sociedad Compañía de Cobre Exótica S.A., que abrirá y explotará el mineral de este nombre perteneciente a Chile Exploration Company y que ésta dará en arrendamiento a la nueva sociedad por el tiempo que dure el yacimiento. Según declaración de Anaconda, este último contiene aproximadamente 153.000.000 de toneladas de mineral con una ley media de 1.35% (compárese con las 1.908.769.353 toneladas de mineral con 1.15% de ley que acusa El Teniente ).".
Referente a la capitalización, indica:
"El Estado, como se ha visto más arriba, hará aportes de capital a la Exótica (25%), a la Explotadora (49%) y eventualmente a nuevas empresas derivadas de Explotadora (66,66% o bien 33,33%). El carácter de socio minoritario que en la mayoría de los casos, si no en todos, asumirá el Estado, resta eficacia a su intervención y" -las siguientes palabras, advierto, son de un representante de la Derecha- "llega a hacer dudosa la conveniencia de semejante asociación. En efecto, el dominio inmanente del Estado sobre los yacimientos mineros y en general su calidad de poder soberano le otorgan en el manejo de las empresas una intervención potencial que no tiene más límites que los que señala la Constitución Política.".
Con respecto a la refinación y manufactura locales, don Mariano Puga declara:
"De acuerdo con el convenio, se estima que el grupo Anaconda , incluyendo Exótica, rebajará desde el año 1965 a unas 120.000 toneladas su producción de cobre blíster para destinar los saldos crecientes de su producción a la refinación electrolítica en sus propias plantas. Para este efecto, el Grupo Anaconda hará inversiones adicionales de US$ 36.351.600 destinadas primordialmente a aumentar la capacidad de refinación de Chilex y Andes y a instalar la refinación de Exótica.
"Por la benéfica influencia que la incorporación de mano de obra nacional tendrá en la demanda de trabajo local y en el aumento del precio, este tópico constituye otro logro de la negociación de que se trata. Esta conquista se suma a la alcanzada en los acuerdos con Cerro y Kennecott para asegurar que en 1970 el 67% de la producción total incrementada será refinado en el país.".
Más adelante señala:
"Cabe observar, por fin, que el convenio da directa y decisiva intervención a Anaconda en "la política sobre reservas mensuales de cobre para la industria nacional" a través del referido Comité Ejecutivo de Política de Ventas que estará constituido, como se ha visto, por dos representantes de cada una de las partes".
¡Qué contrasentido se advierte hoy cuando desde el Gobierno se envían proyectos para eliminar las reservas que permiten a la industria nacional elaborar nuestro propio cobre! Debido a las ventajas que las empresas privadas reciben en Chile, se suprimió el diez por ciento de rebaja correspondiente a las reservas que debían entregarse a los industriales nacionales para elaborar el cobre producido en nuestro propio país.
Y prosigue don Mariano Puga: "Por otra parte no aparece justificada la innovación que consiste en dar a este grupo de empresas una intervención paritaria con el Estado en el manejo de la industria local manufacturera.".
Luego agrega:
"Es el mercado mundial con sus infinitos e impalpables resortes el que atrae o repele un aumento de la producción.". ¡Qué sabias son estas palabras hoy, cuando hemos generado una sobreproducción mundial desde Chile, en contra de las reglas del mercado, en contra de la ley de la oferta y la demanda! ¡Cómo no recordar las visionarias expresiones de Mariano Puga ! Y continúa el texto: "Si así no fuera, resultaría incomprensible que todos los productos primarios mundiales que están actualmente en crisis con perjuicio de las naciones productoras, no fueran manejados por una acción concertada de empresas y Gobiernos para remediar su falencia.".
Más adelante dice:
"El convenio estipula en detalle las franquicias tributarias y otros incentivos que el Estado otorgará por el plazo de veinte años a Anaconda, Exótica, Cordillera y las nuevas Compañías Explotadoras. Se hace especial y minuciosa referencia al régimen de amortizaciones que constituye una eficaz palanca para incrementar los ingresos fiscales.".
¡Qué diferencia entre lo que ocurría entonces y lo que sucede en la actualidad, en que las compañías extranjeras se capitalizan gracias a las amortizaciones aceleradas que se les permiten! Esto hizo posible que Disputada de Las Condes jamás pagara un solo centavo durante 24 años y que esta empresa de la gran minería, que pertenecía a Chile, se convirtiera en una compañía financiera destinada sólo a cancelar intereses y a devolver el capital prestado por estas financieras filiales de la propia EXXON, que es también la casa matriz de Disputada de Las Condes.
Y aquí es donde don Mariano Puga habla del problema del retorno. Ya entonces lo planteaba diciendo: "A Chile no le interesa, en buenas cuentas, producir más cobre, sino convertir su cobre en la mayor cantidad posible de divisas. Este objetivo sencillo y monumental y no otro es el de la política nacional del cobre.
"Ahora bien, como lo demuestran las cifras publicadas por" -y aquí aparece otro gran hombre y economista de su tiempo- "don Raúl Sáez , que representó al Gobierno junto con don Javier Lagarrigue en las negociaciones realizadas por las Compañías desde 1965 a 1970, mientras la producción aumentará en un 70%, la tributación y participación del Estado sólo aumentarán en 46% y los retornos totales se mantendrán en 70%.".
Y continúa: "Ha quedado así pendiente lo que don Raúl Sáez ha llamado "el problema del retorno". Afortunadamente, el propio señor Sáez , después de señalar con justicia las dificultades que encuentra la solución de este problema, declara que prosiguen las conversaciones con las empresas en busca de una fórmula que brinde al país una importante proporción de los beneficios indirectos que el retorno le significaría, y expresa aún la confianza de que expertos de esta materia podrían cuantificar esta ventaja.".
Y así sigue: "Es de confiar, sin embargo, que el actual Gobierno que ha alcanzado logros de trascendental importancia en una negociación que por su cuantía y complejidad figura entre las más grandes que se han transado en los últimos tiempos, completará su obra dilucidando y resolviendo el problema del retorno cuya gravedad crece frente al hecho de que se trata ahora de estabilizar por veinte años las relaciones del Estado con las empresas.".
Yo me pregunto, señor Presidente , frente a esta tremenda salida de capitales para amortizar créditos de las empresas extranjeras multinacionales en las casas matrices que tienen estas financieras en paraísos tributarios, ¿cuál ha sido la preocupación de los tres Gobiernos de la Concertación para resolver este problema, que entonces se vislumbraba y que finalmente se logró resolver con la chilenización del cobre, que significó que el Estado chileno se asociara con tales empresas para evitar un perjuicio colosal, el que hoy día nuevamente ha comenzado a ocurrir en nuestro territorio? Me parece justo que yo pueda trasladar esta pregunta al Gobierno actual.
Más adelante don Mariano Puga señala: "Con la abolición del privilegio y con la ayuda de muchas de las valiosas medidas que actualmente propicia el Supremo Gobierno," -tengo entendido que en esa oportunidad el actual Presidente del Senado actuaba como miembro ejecutivo en la Administración de don Eduardo Frei Montalva ; así que Su Señoría entiende que lo que estoy exponiendo es de la mayor relevancia- "habría desaparecido de Chile no sólo la mayor causa de su pobreza económica, sino una fuente incesante de malestar político. Si se puede hablar entre nosotros de expropiación de la Gran Minería del cobre es debido a la subsistencia de este indefectible privilegio en que las empresas ven un medio de afianzar sus utilidades y el país la causa misma de su ruina.".
¡Qué sabias palabras, señor Presidente , de un hombre de esa época, con esa versación! Creo que uno de los problemas que enfrentamos hoy es que personas de esa envergadura ya no están en las filas de los Gobiernos de la Concertación para volver a salvaguardar esta colosal riqueza, motor principal del desarrollo de Chile.
En una de sus intervenciones en la Cámara de Diputados, titulada "Chile no es un país pobre; es un país que despilfarra su riqueza", destaca -¡cómo no volver a repetir hoy día sus expresiones!: "Se acostumbra decir, señor Presidente , que Chile es un país pobre. ¡Pobre este grupo de individuos que no alcanzan a los 6 millones de habitantes y que posee el monopolio natural del ázoe, la segunda reserva de cobre del mundo, la fauna marítima más exquisita y variada que se conoce en el orbe, yacimientos importantes de carbón y de petróleo e inagotables fuentes de fuerza hidroeléctrica! No, señor Presidente , creo que del estudio que me permitiré desarrollar ante la Honorable Cámara se desprenderá, sin lugar a dudas, que Chile, lejos de ser pobre, es rico; pero es un país rico, pródigo de su riqueza; es un país rico que despilfarra sus bienes.".
¿Cómo no recordar hoy estas palabras al Gobierno del Presidente Lagos, a los Gobiernos de la Concertación?
Yo creo que don Mariano Puga Vega merece un homenaje y un recuerdo cariñoso. Su visión extraordinaria previó, hace cincuenta años, lo que en esta materia pasaría en Chile, evitando tropezar dos veces en la misma piedra. Pero ahora hemos vuelto a tropezar por segunda vez en la misma piedra al promover una privatización de la principal riqueza hasta más de 66 por ciento. Hoy se está viviendo una crisis y una pobreza extraordinarias, no obstante extraer el 40 por ciento del cobre que se explota en el mundo. Pero debo agregar algo aún más importante: estamos entregando más de 65 por ciento del cobre que se comercia en el mundo. En este sentido, potencialmente tenemos el doble de la fuerza que poseen los once países de la OPEP, los que sólo están exportando entre el 35 y 40 por ciento del petróleo que se transa en los mercados internacionales.
Con relación a los aspectos tributarios, señalaba don Mariano Puga Vega : "El impuesto a la renta de Cuarta Categoría, aplicable al cobre de la gran minería, es de treinta y dos y medio por ciento; a esto se agrega el impuesto adicional de 16,9 por ciento, todo lo cual forma un total de 49,40 por ciento sobre la utilidad real proveniente de la gran minería del cobre.", aparte de lo que le correspondía en calidad de participación por ser socio mayoritario en estas empresas.
¡Cómo hoy, señor Presidente , no quisiéramos nosotros, los chilenos, que de este 66 por ciento que explotan las grandes empresas mineras en el país se entregara el 49,40 por ciento de las utilidades al Estado de Chile! ¡Cómo olvidar las sabias palabras de este gran hombre que fue Mariano Puga Vega!
Pero todavía más. Ya entonces se vislumbraba la necesidad de establecer una política minera para Chile, y particularmente para la pequeña, mediana y gran minerías. Señalaba: "Como dije en la primera parte de mi intervención, la solución del problema del cobre no dependerá de la forma más o menos feliz como se resuelva cada una de las cuestiones que él plantea, sino de la solución global o integral que se dé, conjunta y simultáneamente, a todas ellas.".
Frente a la intención de elaborar una política para completar la manufactura del cobre en Chile, ese encadenamiento hacia atrás y hacia adelante de esta principal riqueza -como lo ha expresado Dani Rodrik , doctorado en Harvard-, los países pequeños deben tener uno, dos o tres elementos para que sea la locomotora la que tire el carro.
Pues bien, aquí, en Chile, tenemos las locomotoras que pueden tirar el carro en nuestros recursos naturales tan importantes, no sólo para nuestro país, sino también para el comercio mundial, como son la minería del cobre, la pesca, el sector forestal.
A este respecto, don Mariano Puga , decía: "Las manufacturas de cobre, como lo expresé, cuentan con la ventaja extraordinaria de adquirir, al precio de comisariato fijado para Estados Unidos, en 24,5 centavos de dólar este producto, que ellas venden a su vez al precio del mercado libre mundial que fluctúa alrededor de cincuenta centavos de dólar la libra.".
En seguida, agregaba: "Los chilenos...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
El señor LAVANDERO .-
Contaba con 9 minutos más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ya fueron agregados.
El señor LAVANDERO .-
Deseo terminar este homenaje brevemente, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Que así sea, Su Señoría.
El señor LAVANDERO .-
"Los chilenos tenemos una aspiración legítima, que nadie tiene el derecho de contrarrestar: que los productos de nuestra tierra no salgan al extranjero en estado primario, o sea, que no salgan, como ocurre con el cobre, especialmente, en barras, sino que se envíen elaborados.". Es decir, es necesario que se incorpore al producto de nuestras tierras y de nuestras minas la mano de obra nacional, que así recibirá una retribución proporcional a lo que ella habitualmente gana en el extranjero.".
Señor Presidente , para finalizar, me habría gustado haber leído las conclusiones a que llega don Mariano Puga , porque son muy importantes para las políticas que está desarrollando hoy nuestro país y servirían de lección a muchas autoridades del sector, a fin de que cuando tomen medidas lo hagan de acuerdo con la concepción histórica de la larga lucha que se ha dado en Chile sobre esta materia. En ella me ha correspondido participar desde 1957, cuando fui elegido Diputado por primera vez. Durante las cuatro veces que integré la Cámara Baja, así como en los cuatro períodos en que he sido elegido Senador, me he mantenido incólume hablando sobre este tema, porque creo que constituye el elemento básico para el desarrollo de nuestra patria.
Por eso, solicito que se oficie en mi nombre a los familiares de don Mariano Puga Vega ; a sus hijos, los Puga Concha , y a COCHILCO, para enviarles esta intervención con el fin de que, a través de ella, puedan recibir el bagaje histórico de lo que ha significado el cobre para Chile. Y, por cierto, al señor Ministro de Minería , con el objeto de que se afirme en estos conceptos para desarrollar una política para la minería chilena, tanto para la grande como para la mediana y la pequeña.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo hacer presente al público que están prohibidas las manifestaciones.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:24.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción