Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN Y REQUISITOS PARA ENTREGA DE CUIDADO DEL MENOR A POSIBLES ADOPTANTES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- DEBATE
-
ELECCIÓN DE SENADOR SEÑOR SERGIO PÁEZ COMO
PRESIDENTE DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL
- INTEGRACIÓN
- Sergio Paez Verdugo
- INTEGRACIÓN
-
AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN Y REQUISITOS PARA ENTREGA DE CUIDADO DEL MENOR A POSIBLES ADOPTANTES
- VI
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO
- Antonio Horvath Kiss
- Jovino Novoa Vasquez
- Mario Enrique Rios Santander
- Sergio Romero Pizarro
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ominami Pascual
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- "LA CONCERTACIÓN DE CHILE POR UN DESARROLLO CON JUSTICIA". OFICIOS
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
-
FONDART Y PRODUCCIONES ARTÍSTICAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Munoz Barra
-
DECISIÓN REGIONAL SOBRE INVERSIONES PÚBLICAS
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
-
LIBERTAD DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y MAL USO DE DINEROS FISCALES POR FONDART
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
-
MAYOR DOTACIÓN POLICIAL PARA REGIÓN DE ATACAMA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- ADHESION
- Rodolfo Stange Oelckers
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
-
FOMENTO A PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍAS. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- ADHESION
- Carlos Cantero Ojeda
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- AISÉN: RESERVA DE VIDA DEL PLANETA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- ACUERDO ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y FENPRUSS-AISÉN. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
PROBLEMAS EN SISTEMA DE TRANSPORTE MARÍTIMO
ENTRE DÉCIMA Y UNDÉCIMA REGIONES. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
PROBLEMAS DE PESCADORES ARTESANALES DE AISÉN
POR CONCESIONES DE ACUICULTURA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
POSICIÓN DE CHILE EN CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS ANTE EVENTUAL ATAQUE ESTADOUNIDENSE A IRAK. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Viera Gallo Quesney
-
CRISIS DE FUERZA AÉREA DE CHILE Y CARENCIA DE UN PENSAMIENTO MILITAR EN POLÍTICA
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LAVANDERO, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DFL Nº 523, EN MATERIA DE CRÉDITOS ASOCIADOS A UNA INVERSIÓN EXTRANJERA (3087-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LAVANDERO, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DFL Nº 523, EN MATERIA DE CRÉDITOS ASOCIADOS A UNA INVERSIÓN EXTRANJERA (3087-03)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 3ª, en martes 8 de octubre de 2002
Ordinaria
(De 16:19 a 18:33)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 19.620, relativa a adopción de menores (3022-07) (se aprueba en general)...........................................................
Elección de Senador señor Sergio Páez como Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial ........................................................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)....................................
"La Concertación de Chile por un Desarrollo con Justicia" (intervención del señor Lavandero)..................................................................................................................
FONDART y producciones artísticas. Oficio (observaciones del señor Muñoz Barra)...........................................................................................................................
Decisión regional sobre inversiones públicas (intervención del señor Fernández)...................................................................................................................
Libertad de expresión artística y mal uso de dineros fiscales por FONDART (observaciones de los señores Martínez y Stange)......................................................
Mayor dotación policial para Región de Atacama. Oficios (observaciones del señor Prokurica)..........................................................................................................
Fomento a pequeña y mediana minerías. Oficio (observaciones del señor Prokurica)....................................................................................................................
Aisén: reserva de vida del planeta. Oficios (observaciones del señor Horvath).......
Acuerdo entre Ministerio de Salud y FENPRUSS-AISÉN. Oficio (observaciones del señor Horvath).............................................................................................................
Problemas en sistema de transporte marítimo entre Décima y Undécima Regiones. Oficio (observaciones del Horvath)............................................................................
Problemas de pescadores artesanales de Aisén por concesiones de acuicultura. Oficios (observaciones del señor Horvath)..............................................................................
Posición de Chile en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante eventual ataque estadounidense a Irak. Oficios (observaciones del señor Viera-Gallo)......................
Crisis de Fuerza Aérea de Chile y carencia de un pensamiento militar en política (observaciones de los señores Vega y Canessa)..........................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 27ª, ordinaria, y 28ª, especial, en 10 y 11 de septiembre, respectivamente, y la correspondiente a la sesión 29ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 11 de septiembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 1ª y 2ª de la Legislatura Extraordinaria, en 1 y 2 de octubre, respectivamente, del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República , mediante el cual retira la urgencia, y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero (boletín Nº 2.970-03).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, a través del cual comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Carta Fundamental, deberá formarse respecto del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República atribuciones que indica (boletín Nº 2.430-09).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, relacionado con el Acuerdo suscrito entre la República de Chile y la República Socialista de Vietnam para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Orpis, relativo a la delimitación de espacios marítimos con Perú.
De la señora Ministra de Educación , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de otorgar patrocinio a la entidad internacional de apoyo a la juventud denominada "Operación Raleigh".
Cinco del señor Ministro de Obras Públicas :
Con el primero remite una nómina de los oficios dirigidos en el mes de julio del presente año a los señores Parlamentarios, relacionados con consultas formuladas sobre materias de la Secretaría de Estado a su cargo.
Con los dos siguientes contesta sendos oficios enviados en nombre del Honorable señor Moreno: uno relativo a la construcción de una pasarela en la comuna de Chimbarongo, y el otro, a problemas que afectan a comités y cooperativas de agua potable rural de la Sexta Región.
Con el cuarto da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a obras de integración física entre Chile y Argentina, en la zona austral.
Con el quinto contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, en cuanto al avance del proyecto que permitiría a la comuna de Galvarino contar con un acceso a la doble vía de la Ruta 5 Sur, en dirección norte.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referente a problemas de acceso y de comunicación que aquejan a la comuna de Cochamó, Décima Región.
Dos del señor Ministro de Bienes Nacionales , con los que responde igual número de oficios enviados en nombre del Honorable señor Stange: uno sobre regularización de la posesión del inmueble que señala, y el otro relativo a la situación de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales de Palena , Décima Región.
Del señor Ministro de Agricultura , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, acerca de la posibilidad de incorporar a la Comuna de Los Sauces, Novena Región, en el programa Bono de Producción Agrícola Familiar.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, respecto de antecedentes de un seminario sobre la conveniencia de traspasar la provincia de Palena a la Undécima Región.
Del señor Subsecretario de Agricultura, por medio del cual remite copia del "Estudio del Impacto del Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados", elaborado por la empresa consultora que indica, asociada con la Universidad Austral de Chile.
Dos del señor Director del Servicio de Impuestos Internos , con los cuales responde sendos oficios enviados en nombre de los Senadores señores Cantero y Lavandero, ambos referidos a la actividad de la gran minería, situación tributaria de ésta y labor de fiscalización efectuada por ese Servicio.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual envía el "Anuario de Estadísticas del Medio Ambiente 1996-2000", realizado en el marco de colaboración suscrito entre esa Comisión y el Instituto Nacional de Estadísticas.
Del señor Director Ejecutivo de Televisión Nacional de Chile , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantero, referido a la instalación de una antena receptora de la señal de televisión en el sector de Alto El Loa, Segunda Región.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relativo a los planes de mejoramiento e inversión pública que se contemplan para el sector original o fundacional del pueblo de Alerce, comuna de Puerto Montt.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
De la señora Secretaria del Grupo Interparlamentario Chileno ante la Unión Interparlamentaria, por medio de la cual pone en conocimiento del Senado que, en la elección de Presidente del Consejo Directivo de la Unión Interparlamentaria Mundial , fue elegido el Senador señor Sergio Páez Verdugo.
--Se toma conocimiento.
Informes
Nuevo informe de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica (boletín Nº 2.888-01).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.490, que estableció el seguro obligatorio de accidentes personales causados por la circulación de vehículos motorizados (boletín Nº 2.447-15).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Honorable señor Lavandero, mediante la cual inicia un proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 523, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera, en materia de créditos asociados a una inversión extranjera (boletín Nº 3.087-03).
--Pasa a la Comisión de Economía. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional ).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
----------------
A solicitud del señor Ministro de Hacienda , propongo a la Sala extender el plazo de presentación de indicaciones al proyecto sobre Plataforma de Inversiones hasta las 12 de mañana, 8 de octubre.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN Y REQUISITOS PARA ENTREGA DE CUIDADO DEL MENOR A POSIBLES ADOPTANTES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 19.620, relativa a la adopción de menores, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3022-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Matthei y señor Orpis)
En primer trámite, sesión 18ª, en 6 de agosto de 2002.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 2ª, en 2 de octubre de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El proyecto tuvo su origen en una moción de los Senadores señora Matthei y señor Orpis. Sus objetivos principales son:
1º. Agilizar los procedimientos previos a la adopción destinados a declarar que el menor de edad puede ser adoptado. A este efecto, se amplía el número de tribunales competentes para conocer de ello en la Región Metropolitana de Santiago; se reducen los plazos y se cambian los sistemas de notificación de las resoluciones que se dicten en dichos procedimientos.
2º. Condicionar la posibilidad de que durante esos procedimientos se confíe el cuidado personal del niño a los interesados en adoptarlo al cumplimiento de ciertos requisitos tendientes a evitar que, por oposición o arrepentimiento de los padres biológicos, el menor no pueda ser adoptado.
La iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que le dio su aprobación en general por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Chadwick, Espina, Moreno, Romero y Silva. Asimismo, la aprobó en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Aburto, Chadwick, Espina y Silva, consignándose su texto en el informe pertinente.
Cabe destacar que el número 4 del artículo único del proyecto tiene carácter de norma orgánica constitucional y requiere, en consecuencia, para su aprobación, el voto conforme de 27 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , el tratamiento de esta iniciativa en el día de hoy coincide con un momento doloroso. La opinión pública ha conocido un caso dramático ocurrido en el país, que afecta a la familia Chavarría , a la cual, hace ocho meses, se le entregó la tuición de un niño. Una vez otorgada, la madre biológica se arrepintió.
Cuando las personas reciben en tuición un hijo, lo sienten como propio desde el primer día. En este caso sucede que, después de ocho meses de haber acogido a ese pequeño, que ahora tiene un año, la Corte Suprema dicta una sentencia por la que se ordena devolver el hijo adoptivo a su madre biológica.
Señor Presidente , al final, lo que reflejan las leyes son situaciones humanas que tratan de resolver. Por eso es que hoy, al intervenir en este debate, lo hago con sentimientos contradictorios. Porque lo que tuvo lugar en la familia Chavarría nunca se previó cuando legislamos en materia de adopción hace algunos años. Lo que uno debe preguntarse es por qué sucedió aquello y por qué es posible que vuelva a ocurrir a muchas familias que están exactamente en la misma situación que la hoy afectada.
En este punto, me gustaría partir por plantear el problema de fondo.
¿Cuál fue el gran avance alcanzado por la ley Nº 19.620, en materia de adopción, respecto de la legislación anterior? El gran avance consistía en que el proceso de adopción dejaba de ser contradictorio, donde eventualmente podían verse enfrentados los padres que querían adoptar y la familia biológica. Es decir, transformó la adopción en un proceso no contradictorio.
Por esa razón es que la ley Nº 19.620 divide el proceso de adopción en dos etapas radicalmente distintas, para que deje de ser contradictorio. En la primera, los procedimientos apuntan básicamente a desvincular al niño adoptado de su familia biológica; se busca que no participe la familia adoptante. Esa etapa termina con una sentencia que establece que un niño es susceptible de ser adoptado.
Señor Presidente , esa es la cuestión de fondo que me gustaría profundizar un poco más.
Uno debe preguntarse si el procedimiento de la Ley de Adopción vigente se transformó en contradictorio, o si efectivamente existen dos etapas claramente diferenciadas.
Por desgracia, señor Presidente , todo el trabajo del Parlamento, de muchos años, hoy día es letra muerta. Potencialmente, los procesos de adopción se tornaron contradictorios. Y voy a explicar por qué.
El artículo 19 de la ley en vigor, que -repito- separaba el proceso en dos etapas, contenía una excepción en su mismo texto. El precepto permitía sólo de modo excepcional que, aun cuando no se hubiera dictado la sentencia, los futuros padres adoptivos que manifestaran interés en el niño, obtuvieran su tuición antes de ella.
¿Qué dice expresamente el artículo 19? Que el juez ante el cual se siga alguno de los procedimientos regulados en este título, en cualquier momento en que el interés del menor lo aconseje, podrá confiar el cuidado personal. Pero claramente es una excepción y no la regla general, porque ésta ordena que el proceso se divida en dos etapas.
En relación con el caso de la familia Chavarría , investigué en los tribunales qué habría sucedido si los niños se hubieran entregado antes de la sentencia o después de ella. Me encontré con la sorpresa de que, de los 76 casos analizados en Santiago, sólo en tres oportunidades los menores fueron entregados después de la resolución del juez, esto es, cuando ya los padres biológicos no podían arrepentirse. Dicho de otra manera, sobre la base de la experiencia de la familia en cuestión, en 73 de los 76 casos los padres biológicos podrían haberse arrepentido.
¿Qué refleja lo anterior? Que la ley se interpretó y se aplicó mal. En la práctica, los 73 casos son potencialmente juicios contradictorios, porque los padres biológicos podrían enfrentarse con los que quieren adoptar. En otras palabras, la Ley de Adopción, que representó un avance significativo en la materia, hoy en día es prácticamente letra muerta.
La moción que dio origen al proyecto en análisis se presentó para remediar el problema, porque no podemos permitir que tales hechos sigan ocurriendo.
¿Cómo se encara el primer aspecto? Si los señores Senadores leen el informe, advertirán que el Ejecutivo era partidario de una solución absolutamente radical, en virtud de la cual la tuición de los niños debiera ser entregada después de la sentencia, sin posibilidad alguna de que los padres biológicos se arrepientan.
Yo soy partidario de una solución intermedia, que fue la que en definitiva terminó acogiendo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que apunta a reafirmar que el 19 es un artículo excepcional, no la regla general.
¿Qué establece la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, para reafirmar ese carácter? Para que la entrega de los niños se pueda producir antes de la sentencia, pone cuatro condiciones.
Primera, que sea por resolución fundada.
Segunda, que no haya constancia de oposición de los padres biológicos.
Tercera, que no existan antecedentes plausibles de que el padre o la madre pueda arrepentirse durante el proceso.
Y cuarta, el artículo 19 agrega una condición muy importante: que, en el caso de que efectivamente se verifique la entrega antes de la sentencia, se deberá informar a los adoptantes que hay diligencias pendientes y que, por lo tanto, corren el riesgo de que los padres biológicos se arrepientan y de que no tengan la tuición del niño; pero, frente a una situación de esta naturaleza, los padres adoptivos tendrán pleno conocimiento de lo que eventualmente puede ocurrir.
Me parece una solución satisfactoria, señor Presidente .
Voy a corroborar aún más lo dicho, con otra estadística que también entregué en la Comisión.
Cuando se trata de niños menores especialmente, lo ideal es que ellos puedan integrarse a una familia a la mayor brevedad. El afecto de un padre o una madre en una familia es muy distinto del que les pueda dar una institución, por buena que ésta sea. Por eso, los especialistas señalan que en el caso de guaguas ojalá la vinculación adoptiva se produzca no más allá de los tres meses de vida.
En el análisis de los procesos a que me acabo de referir, en más del cincuenta por ciento de los casos la entrega del menor se estaba realizando a los 6 meses; o sea, el doble de lo conveniente.
Por lo tanto, me parece razonable que, en casos excepcionales y con las condiciones establecidas en el artículo 19, se pueda proceder a la entrega del niño en una fecha anterior a la del dictamen judicial.
No basta con abordar en profundidad el artículo 19 para tratar de solucionar el problema. Paralelamente, deben agilizarse los procesos. Éstos son demasiado lentos. El cincuenta por ciento de ellos en su primera etapa demora más de seis meses, sin considerar el período de adopción propiamente tal. Por consiguiente, junto con profundizar en lo dispuesto por el artículo 19, la moción -de común acuerdo con el Ejecutivo , el Ministerio de Justicia y la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado- se hace cargo de la necesidad de agilizar los juicios correspondientes.
¿Por qué demoraban? Porque había problemas con las notificaciones, especialmente cuando se trataba de personas o familiares sin domicilio conocido. En adelante, conforme al proyecto, aquéllas se harán de manera más rápida.
Otro retardo en la tramitación de los procesos se debía a la facultad de los jueces de ordenar por oficio todo tipo de medidas para mejor resolver. ¿Qué plantean la moción, la Comisión y el Ministerio de Justicia? Que organismos como el SENAME y las instituciones privadas acreditadas por éste -que trabajan durante un lapso largo con la madre que va a entregar en definitiva a su hijo y con los futuros padres adoptivos- deben validar el trabajo de los profesionales de aquéllas mediante un informe, lo que no sucede ahora. Porque, ¿qué valor tienen esos informes en los tribunales cuando éstos piden nuevos antecedentes respecto de la misma materia? Entonces, ¿para qué sirve el tener instituciones acreditadas? Por eso, la moción avanza en el sentido de que esos informes den plena fe de las circunstancias que se acreditan tanto respecto de los padres que van a adoptar como en cuanto al trabajo con la madre que va a entregar a su hijo.
Por ende, este tipo de reformas también apunta a agilizar muchísimo los procesos en ese aspecto.
Señor Presidente , siempre en la idea de agilizar los juicios, se tomó en cuenta que en materia proteccional la ley de adopción solamente entregó competencia a los tribunales de menores. En Santiago, sólo tres tribunales la tienen. No había ninguna razón para no entregarla adicionalmente a los tribunales en causas civiles. Por eso, a fin de agilizar los trámites, la moción da competencia indistintamente tanto a los tribunales de menores dedicados a su protección como a las instancias civiles. ¿Qué significa esto en términos prácticos, por ejemplo, en la ciudad de Santiago? Que de tres tribunales que hoy día tienen a su cargo el tema de la adopción automáticamente se aumenta a trece.
Con tal tipo de medidas, señor Presidente , podemos reafirmar el gran avance que significó la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, puntualizando que no es un proceso controvertido, que la entrega del menor antes de la sentencia tiene carácter excepcional y, paralelamente, que se apura el trámite de los procesos de manera que los niños, sobre todo los de pocos días de edad, puedan a la brevedad ser parte de una familia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , ha sido muy elocuente el Senador señor Orpis al fundamentar la razón de las modificaciones. En realidad, creo que ellas se justifican plenamente.
Hay que decir en favor de la ley Nº 19.620 que han aumentado las adopciones. Recientemente el SENAME ha puesto en marcha una importante campaña publicitaria para impulsar la adopción de niños mayores de 4 años, con un éxito bastante significativo. Porque, uno de los grandes problemas es que los matrimonios chilenos por lo general quieren adoptar niños recién nacidos; pero en los hogares privados o en el SENAME una cantidad enorme de niños mayores sólo son solicitados por matrimonios extranjeros. Por eso el SENAME ha puesto en práctica esa campaña, que seguramente todos hemos visto en los medios de comunicación.
Junto con las enmiendas planteadas en el proyecto, me parece importante aprovechar la ocasión para introducir otras, a fin de perfeccionarlo. Una se refiere a precisar mejor la amplitud de la competencia del tribunal que corresponda. Otra tiene el propósito de que los residentes en el extranjero puedan acreditar su identidad en el procedimiento de adopción pertinente mediante certificado extendido por el consulado chileno respectivo, sin perjuicio de que con posterioridad ratifiquen personalmente en Chile dicha acreditación.
Una tercera se vincula con la necesidad de perfeccionar en mejor forma la homologación que se efectuó entre la adopción simple y la clásica, que existían antes de dictarse la ley que se pretende modificar.
Hago llegar a la Mesa las indicaciones pertinentes, que espero sean acogidas por la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , cuando en la Cámara de Diputados se discutió el proyecto que dio origen a la ley de adopción original, recibimos el testimonio de un joven de 25 años, abandonado por sus padres cuando era muy pequeño. Dio a conocer cómo es y cómo se siente una persona que ha crecido y vivido gran parte de su vida en una institución. Todos quedamos muy impresionados cuando dijo: "Ustedes no saben lo que es crecer sin haber conocido nunca un padre, una madre; sin haber tenido hermanos, ni primos, ni tíos, ni abuelos, ni siquiera vecinos que uno pueda considerar propios".
Ese joven contó que, luego de salir de la institución donde estaba, se casó, pero que le fue mal en el matrimonio. Porque, en realidad, una persona que no crece en una familia ignora todo ese proceso tan complejo de las relaciones humanas, como el aceptar diferencias, tratar de arreglarlas o procurar que las cosas funcionen de alguna manera.
Lo que más recalcó -lo mismo hicieron los sicólogos y los funcionarios de hogares de menores invitados a dar su opinión- fue que los niños deben vivir en una familia, ojalá desde el momento de su nacimiento. Los sicólogos señalaron, por ejemplo, que los niños que crecen en una institución atrasan su desarrollo en el habla, en la motricidad, en todo, básicamente porque no tienen padres que les estén repitiendo mil veces al día "Diga papá", "Diga mamá", esas cosas que son como chocheras, pero que los estimulan a avanzar en los logros propios de su edad.
Por lo tanto, un infante que pasa gran parte de su vida en una institución, no sólo presenta falencias en el aspecto de las relaciones humanas, sino que muchas veces lo alcanza el desarrollo cognitivo e intelectual que le correspondería de acuerdo con su material genético.
Por eso, señor Presidente , cuando se discutió la que sería ley de adopción procuramos que los niños fuesen adoptados en plazos breves.
También reconocimos en esa oportunidad que peor que carecer de una familia es vivir en una durante algún tiempo y luego ser arrebatado de ella. Al efecto, escuchamos el testimonio de matrimonios que, pese a haber acogido a un niño en adopción y haberse encariñado con él, tuvieron que devolverlo por no haberse declarado el abandono, no obstante habían empezado a sentirse como sus padres. Eso, señor Presidente , es algo que rompe el corazón a cualquiera y, más aún, a cualquier niño, el que probablemente no se atreverá después a depositar su cariño en nadie, por temor a ser arrancado de su entorno.
Ésa es la razón por la cual se dejó claramente establecido en la ley que primero debe declararse el abandono, o más bien, que el niño es susceptible de ser adoptado, dentro de plazos muy breves. Porque el tercer punto -también se señaló muy claramente en aquella oportunidad, en los intercambios de opinión que hubo con los actores involucrados- es que los matrimonios chilenos interesados en adoptar -hay una larga lista-, en su mayor parte, prefieren a recién nacidos o a guaguas de muy corta edad. Es muy difícil que adopten a un niño de dos, tres, cinco o diez años. Eso casi no se da. De manera que si un infante no es adoptado dentro de su primer año de vida, probablemente termine por ser criado al alero de una institución, a menos que lo adopte un matrimonio extranjero.
Por lo anterior, los plazos fueron acortados al mínimo, se limitó el derecho de los padres biológicos -se hizo prevalecer el derecho de los niños a vivir en una familia- y se implementaron diversas medidas que, desgraciadamente, no han funcionado.
Señor Presidente , no voy a entrar en el detalle del proyecto, ya expuesto en forma pormenorizada por el Senador señor Orpis ; pero sí quisiera plantear que, después de que se apruebe la iniciativa -espero que la idea de legislar sea acogida-, tal vez el Senado debería acercarse a la Academia Judicial, a las escuelas de Derecho, a la Corte Suprema, a las asociaciones de magistrados, etcétera, a fin de lograr que los jueces reciban la capacitación apropiada en materia de adopción.
Me parece que la urgencia que otorgamos a este tipo de problemas no se condice con lo que sucede en muchos tribunales, en que los juicios son larguísimos y donde se pierde un tiempo precioso, lo que puede impedir que un niño tenga una familia y una vida plena, o que, al contrario, crezca con desafecto, con falta de capacidad para amar, para querer, para relacionarse, transformándose en el futuro en una persona que, en vez de constituir un activo para la sociedad, sea un grave peligro para ella.
Por consiguiente, en mi opinión, no basta con aprobar el proyecto. De alguna manera también deberíamos tratar de transmitir a los magistrados la urgencia de actuar en la materia y la necesidad de dar un trámite rápido al proceso de declarar a un menor susceptible de ser adoptado. De ese modo serán menos los niños que crezcan en una institución y, sobre todo, la gran mayoría de ellos podrá gozar de los beneficios de compartir una familia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, las intervenciones de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra son absolutamente ajustadas a la realidad y abordan situaciones que a todos nos ha tocado conocer.
La adopción suele entenderse como el acto jurídico de Derecho Privado en virtud del cual entre adoptante y adoptado surgen vínculos jurídicos idénticos o al menos análogos a los que resultan entre padres e hijos como fruto de la procreación. Es una de las instituciones más moldeables y cambiantes de la legislación civil contemporánea y, como institución familiar, ha sido objeto de permanentes transformaciones en todas las legislaciones.
Está basada en la naturaleza de las cosas, pues responde, en principio, a la idea de dar un hogar a menores que carecen de él, además de cumplir, por otra parte, el justo deseo de paternidad de los matrimonios infértiles.
Su origen como institución lo encontramos en el Código Civil francés, por decisión personal de Napoleón.
En Chile, la aplicación práctica de la ley Nº 19.620 ha evidenciado falencias, en especial en cuanto a la competencia de los juzgados y al procedimiento de las causas.
La moción de los Senadores señora Matthei y señor Orpis planteó en principio la modificación de algunos preceptos del referido cuerpo legal. Durante el debate en la Comisión se agregaron otras a los artículos 9º, 14, 15, 18 y 19.
Uno de los aspectos sustantivos de la iniciativa apunta a aumentar el número de tribunales competentes en materia de adopción al no exigirse ya a los juzgados de menores que deban tener carácter proteccional. En esta situación se encuentran los de la Región Metropolitana, que de dos se elevarían a trece. Todo ello, tendiente a rebajar la enorme acumulación de causas en este ámbito, a la vez que a agilizar su despacho. Aun cuando el proyecto no lo menciona, esperamos que la competencia también se amplíe en los juzgados de Regiones.
Además, se pretende reducir los plazos y trámites que comprende la declaración del menor como susceptible de ser adoptado. En este sentido, es bueno que se acote el universo de ascendientes a los estrictamente consanguíneos. Se plantea una enmienda respecto de las notificaciones a los padres, disminuyendo el plazo de diez a tres días. Se presume que el padre no compareciente manifiesta tácitamente su voluntad de entregar al menor en adopción. El juez queda facultado para solicitar todos los informes relativos al caso en un plazo máximo de 30 días. La resolución del magistrado se verá respaldada cuando el patrocinio de la causa sea hecho a través del SENAME o de algún organismo acreditado ante éste.
Será competente para conocer la causa el juez de letras de menores del domicilio del menor.
Uno de los temas controvertidos dice relación a la facultad del magistrado de confiar a un matrimonio interesado el cuidado del menor, aun antes de la sentencia definitiva. Para que esta situación procesal funcione adecuadamente, debe existir una relación entre el cuidado personal, reforzado por el interés de los futuros adoptantes, y la situación real y práctica del adoptado. Por ejemplo, en el caso de un bebé, resulta particularmente complicado mantenerlo en un hogar de acogida durante todo el período que dure el procedimiento.
En síntesis, valoramos muy positivamente el presente proyecto, que fue completado con el debate habido en la Comisión.
Votaré favorablemente esta iniciativa, que no sólo cumple una importante función social, sino que se configura como un instrumento de integración familiar.
Me he entrevistado con varios jueces de menores. Sobre la base de los antecedentes que me proporcionaron, oportunamente presentaré las correspondientes indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , la Comisión de Constitución aprobó en forma unánime el proyecto. No abordaré sus fundamentos, porque muy bien los explicó el Senador señor Orpis , pero sí diré algo con respecto a las indicaciones presentadas por el Honorable señor Viera-Gallo .
Cuando analizamos la iniciativa, el Ministerio de Justicia y el SENAME formularon diversas indicaciones con el objeto de perfeccionar otros aspectos de la ley. Pero la Comisión decidió separar las materias, dada la urgencia en despachar la normativa en estudio.
Por ello, si las indicaciones formuladas por el Honorable señor Viera-Gallo no fueran de fácil despacho, quizás sería más conveniente incorporarlas en el trámite que se sigue en la Comisión con respecto a las demás materias, para no entorpecer ni dilatar el despacho del proyecto, pues, como muy bien lo explicó el Senador señor Orpis , los tribunales de justicia enfrentan problemas que requieren un urgente cambio en la interpretación de la ley. De esa manera evitaríamos que la iniciativa volviese a Comisión y este órgano técnico entraría a estudiar las demás materias en las sesiones siguientes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Primero debemos aprobar la idea de legislar, y después, pronunciarnos sobre las tres indicaciones que se han hecho llegar a la Mesa.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto con 36 votos a favor.
--Se aprueba en esa forma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por haberse formulado tres indicaciones, de acuerdo con el Reglamento, corresponde enviar la iniciativa a Comisión, salvo que haya un acuerdo que me libere de esa obligación.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Entiendo la premura que existe, pero creo que con mucha facilidad la Comisión puede revisar las indicaciones. Y el demorar una semana su despacho no es algo tan dramático.
El señor SABAG.-
Yo también voy a presentar indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entonces, fijaríamos plazo hasta el martes próximo, a las 12.
El señor CHADWICK.-
¡Ojalá que no haya otra sentencia como la de hoy...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así lo espero.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , independiente de que se trate o no de mi moción, el tema delicado fue planteado por el Honorable señor Chadwick.
He podido constatar que existen 73 procesos en que puede darse lo ocurrido hoy con la sentencia de la Corte Suprema.
Como la idea es agilizar lo más posible el trámite de esta iniciativa, sugiero concretamente fijar como plazo el jueves de esta semana. Así la Comisión de Constitución podría verlas el próximo martes, y la Sala, despachar la iniciativa la semana que viene.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si les parece a los señores Senadores, se fijará como plazo para formular indicaciones el lunes 14, a las 12.
--Así se acuerda.
ELECCIÓN DE SENADOR SEÑOR SERGIO PÁEZ COMO PRESIDENTE DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como ha terminado el Orden del Día, quiero aprovechar esta sesión para dejar constancia en la Versión Taquigráfica de que uno de nuestros miembros, el Honorable señor Sergio Páez --ya le rendimos homenaje a mediodía-, fue elegido Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial .
Es un honor para el Parlamento chileno, y en particular para el Senado, que, por primera vez en la historia de esa organización un compatriota ocupe tan importante cargo.
Desde ya, agradezco a los diversos señores Senadores que contribuyeron a esa elección, que constituye un éxito corporativo en que a todos nos cabe participación.
De otra parte, manifiesto al Honorable señor Páez que puede contar con el total respaldo del Senado, en particular, y del Congreso Nacional, en general, a fin de que la misión que le corresponderá desempeñar tenga el mayor de los éxitos.
Por lo tanto, en representación de esta Corporación, reitero a su Señoría mis felicitaciones.
--(Aplausos en la Sala).
-----------------
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , la Primera Subcomisión de Presupuestos está citada para mañana, miércoles 9, de 15:30 a 17:30, a fin de escuchar la exposición del Director de Presupuestos .
Por consiguiente, solicito autorización para que ese organismo sesione simultáneamente con la Sala.
--Así se acuerda.
VI INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
-----------------
--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
De los señores CHADWICK, HORVATH, NOVOA, RÍOS, ROMERO y ZALDÍVAR (don Andrés):
Al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole información sobre EVENTUAL CONSTRUCCIÓN DE AERÓDROMO EN ZONA DE BUIN Y PAINE (REGIÓN METROPOLITANA).
Del señor HORVATH:
A Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda , del Trabajo y Previsión Social y de Salud, relativo a INTERPRETACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD SOBRE OTORGAMIENTO DE CONTRIBUCIÓN ESTATAL DE 100% EN PRESTACIONES A MAYORES DE 65 AÑOS.
Del señor NARANJO:
A la señora Ministra de Educación , solicitándole información acerca de BENEFICIARIOS DE CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor OMINAMI:
Al señor Ministro de Salud , solicitando CAMBIO DE INTERPRETACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES DE NORMAS LEGALES SOBRE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS.
Del señor ROMERO:
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura, planteándoles la realización de TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN RÍO PUTAENDO (QUINTA REGIÓN).
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
"LA CONCERTACIÓN DE CHILE POR UN DESARROLLO CON JUSTICIA". OFICIOS
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , hace poco emitimos el documento denominado "La Concertación de Chile por un Desarrollo con Justicia", en el que participaron alrededor de 17 destacados economistas, entre ellos Marcel Claude y Juan Guillermo Espinoza . En fin, 17 expertos en la materia estructuraron un documento cuyo propósito no es atacar al Gobierno ni a las políticas económicas, sino generar un debate nacional acerca de un elemento muy significativo, relacionado con la estrategia del modelo económico. En nuestra opinión, éste se encuentra agotado y sus efectos se ven claramente en distintos países de América Latina, donde comienzan a desarrollarse convulsiones sociales a raíz de la implementación de una estrategia equivocada a ese respecto.
Por cierto, economistas destacados, como Joseph Stiglitz , advirtieron que las recetas del Fondo Monetario Internacional han causado un desastre en todos los países en desarrollo. En Chile, también hemos escuchado a un gran economista democratacristiano, Ricardo Ffrench-Davis , quien se ha referido a estos mismos temas y a un shock reactivador.
Por eso, nos duelen las críticas formuladas por algunos sectores, que demuestran claramente que no han leído el documento.
Algunos señores Senadores han expresado que hasta quien compre una motoneta tendrá que pagar el uno por ciento de impuesto patrimonial. La verdad es que, por afiebrada que sea su mente, en nuestro documento no aparece el impuesto del uno por ciento patrimonial.
Por lo tanto, hay que leer el documento antes de criticarlo. Se trata de un texto serio, bien hecho y adecuadamente estructurado, a la altura de un debate nacional.
Quienes lo elaboramos señalamos en él, en primer lugar -como elemento muy importante-, que en Chile ha bajado el consumo. Ése es el principal efecto de una mala estrategia que, por ende, ha provocado cesantía. El consumo depende del gasto global y éste se encuentra compuesto por el gasto privado y el público. El sector privado, con una capacidad instalada ociosa de alrededor de 20 por ciento, ha expresado, urbi et orbi, no estar dispuesto a invertir porque no cree en las posibilidades económicas del país. Más aún: tampoco desea que el Estado invierta.
La pregunta obvia que todos nos hacemos es cómo se logrará la reactivación si el sector privado no quiere invertir y no permite que lo haga el sector público, en circunstancias de que sabemos que aquélla sólo se obtendrá con mayor inversión.
El sector privado está absolutamente equivocado y debería entender que el gasto público, en la medida en que se realiza hasta completar la capacidad ociosa instalada, constituye un elemento que lo beneficia directamente.
No pretendemos que el Estado invierta más allá del gasto global efectuado el año pasado, sino hasta copar la capacidad ociosa instalada. Ello es importante. Y quienes con insistencia ideológica postulan hoy día un modelo económico proyectado por el Fondo Monetario Internacional -que tan malos resultados ha provocado en el país- debieran tener presente que Chile ha salido mejor parado que el resto de América Latina porque no siempre ha aceptado sus recetas. Y es curioso que Estados Unidos haya aplicado una política anticíclica y encabezado las inversiones a través del sector público. Y lo mismo ha sucedido en Japón, Taiwán y Corea, e incluso en Europa.
Por lo tanto, creo que las cosas no pueden mirarse desde un mismo prisma.
Deseamos que haya un debate nacional donde participen las organizaciones sociales y sindicales, los sectores universitario y académico, a fin de volver el actual modelo económico y su estrategia a las raíces del existente en la Concertación en 1989, para llevar aire fresco a un sistema ya agotado.
En tal virtud, solicito que el documento en referencia sea enviado a algunas universidades, para que emitan su opinión al respecto. El próximo lunes lo haremos llegar a intelectuales y a organizaciones sociales, y con posterioridad, a los actores sindicales del país, para que nos den una respuesta sobre el particular.
Por eso, pido que se oficie en tal sentido, en mi nombre, a la Escuela de Economía, Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, como asimismo a las Universidades de Playa Ancha de Ciencias de la Educación; Católica de Valparaíso; de Concepción; de Los Lagos; Austral de Chile; Católica del Norte (Departamento de Economía ); de La Frontera, y de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS).
Queremos recibir opiniones serias, responsables, como las que se merece un documento que un gran número de Parlamentarios, dentro de la Concertación, ha estudiado transversalmente, de manera acuciosa, con un grupo muy importante de economistas jóvenes que tienen una visión renovadora para plantear un nuevo hito de desarrollo en nuestro país.
No deseamos que las fórmulas reactivadoras que eventualmente surjan terminen donde siempre han ido a parar: en la obtención de resultados económicos para los sectores empresariales rentistas o especuladores. Queremos que la reactivación sirva también a empresarios pequeños y medianos, profesionales, empleados y trabajadores, y que dicho crecimiento alcance con justicia social a las grandes mayorías del país.
Eso es lo que Senadores de distintos partidos políticos de la Concertación -algunos de ellos se encuentran presentes - y numerosos Diputados que crecientemente han ido adhiriendo, hemos desarrollado en el documento referido. En un principio fuimos 15; hoy día somos más de 20, y paulatinamente se han ido incorporando otros Parlamentarios. Por ejemplo, hay que destacar que la unanimidad del Partido Radical apoya el referido documento, al igual que Senadores y Diputados del Partido Socialista, PPD y Demócrata Cristiano.
Gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señores Ávila , Muñoz Barra , Núñez , Naranjo , Parra y Silva .
El señor MUÑOZ BARRA.-
Honorable colega, ¿me concede parte del tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano?
El señor LAVANDERO.-
Con todo gusto, con la venia de la Mesa.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Muchas gracias.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
FONDART Y PRODUCCIONES ARTÍSTICAS. OFICIO
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , no puedo dejar de pronunciarme sobre el debate que se ha suscitado con relación a la obra de teatro, financiada por FONDART, que aborda una concepción distinta de la figura de uno de nuestros grandes héroes: el capitán Arturo Prat . Lo hago como profesor y también en mi calidad de miembro de la Comisión de Educación del Senado.
Debo declararme profundo admirador de Arturo Prat, hombre, soldado y esposo ejemplar. La inmolación de su vida capitaneando una frágil embarcación contra el poderoso Huáscar para defender los intereses de Chile, lo convirtió en héroe. El acto heroico de Arturo Prat no fue producto de una acción espontánea ni casual, sino de una decisión reflexiva que respondía a sus más profundas convicciones, decisión que le llevó a desprenderse de su vida, plenamente consciente de que con ello daba un ejemplo moral que ayudaría a su patria.
Ese acto heroico de Prat fue reconocido por el propio capitán del Huáscar, el Almirante Grau , quien así lo testimonió en carta que hizo llegar a la viuda de nuestro héroe, junto con su espada y otras pertenencias personales que llevaba consigo al momento de caer abatido en la cubierta del más poderoso acorazado que en aquel entonces surcaba las aguas del Pacífico. Digna y caballerosa actitud de Grau frente a nuestro héroe, que le honra por su superioridad ética: no se apropió de la espada del héroe como trofeo de guerra, sino que la devolvió a su esposa con una carta de reconocimiento y condolencia.
El sacrificio de Arturo Prat sirvió al triunfo de la Guerra del Pacífico , porque su visión estratégica, su integridad y su consecuencia moral, expresada en su decisión de entregar la vida por el honor y por los intereses más altos de Chile, repercutieron en fortalecer el sentimiento patriótico y la resolución colectiva de civiles y militares de unirse sólidamente para enfrentar con decisión y entrega a quienes en aquel momento fueron nuestros enemigos.
Ninguna obra de teatro, por muy adversa que sea a su figura, podrá jamás reducir la estatura de héroe de Arturo Prat. Ésta se encuentra fuertemente incorporada en nuestra historia y en nuestra identidad nacional. Me parece, entonces, exagerado entender que una simple obra de teatro pueda significar reescribir la historia patria.
También considero un reduccionismo pensar que la historia patria es esencialmente militar -como se dijo en la sesión pasada-, sin por eso desconocer el rol que las Fuerzas Armadas han cumplido a lo largo de ella.
Ahora bien, el tema en debate tiene otras aristas. Entre otras, la libertad del arte y la relación entre ética y obra de arte.
Ya el filósofo Hegel señalaba que el arte tiene un fundamento moral. Pero advertía que por razones morales no puede atentarse contra la libertad del arte. Y éste es un tema que debe preocuparnos.
El artículo 19, número 25º, de nuestra Carta Fundamental asegura "La libertad de crear y difundir las artes". Éste es un mandato constitucional que hemos de convertir en práctica cotidiana. No debemos desconocerlo, porque de modo contrario estaremos atentando contra la libertad y las bases de la democracia.
El proceso creativo necesita libertad. Por ello, no puede estar sujeto a censura previa, como ha ocurrido a través de las presiones que se han ejercido respecto a la obra de teatro en cuestión, ni tampoco a amenazas, como las que se han hecho a los artistas que participan en la obra en comento. Estas acciones merecen nuestro mayor repudio.
La División de Cultura del Ministerio de Educación ha llevado a cabo una importante tarea de estímulo a la actividad cultural de nuestro país: ¡5 mil proyectos desarrollados, contra 10 que han sido cuestionados!
El hecho de que obras aprobadas por el FONDART no nos gusten o no vayan con nuestras convicciones no puede traducirse en investirnos como censores. Por ello, comparto la opinión de la señora Ministra de Educación en el sentido de que el FONDART "no ejerce ningún tipo de control ni dirigismo cultural, no impone interpretaciones históricas, sociales o culturales..." y de que los proyectos seleccionados exponen visiones y opiniones que dan cuenta de la diversidad cultural de nuestra sociedad.
Creo, asimismo, que tenemos pleno derecho a decir que las obras financiadas por el FONDART no nos gustan y a entregar los fundamentos de nuestra opinión. Esto es pluralismo; esto es ejercer las libertades; ésta es una práctica democrática que ayuda a no tener visiones únicas sobre algo, a enriquecer el debate nacional y a limitar los excesos en que se cae cuando sólo se aceptan visiones sesgadas sobre el arte, sobre la historia, sobre la vida.
Pero me parece peligroso, Honorables colegas, que a partir de una exigencia de calidad nos convirtamos en censores de la libertad de creación artística.
Si pensamos en el creador de obras de arte, debemos entender que reflexiona y procesa la realidad en que vive, traduciéndola en teatro, música o literatura. Su obra es una propuesta que expresa su particular forma de ver el mundo. Esta obra puede pasar al olvido, si es mediocre, o abrir horizontes, si es excelsa.
Cuando Shakespeare nos relata la historia de Hamlet, no podríamos descalificarlo porque está atentando en contra de la fe en el ser humano, el que llega al crimen para alcanzar el poder. O cuando Picasso se hace cubista, no podríamos afirmar que atentaba contra el cuerpo humano. O el hecho de que el público repudiara las primeras obras de Stravinski no significó que la crítica universal no lo considerara el compositor más importante del siglo XX.
Lo que ocurre, señores Senadores, es que el arte siempre ha sido disidente y nos muestra renovadas maneras de ver la vida, la naturaleza y los hechos sociales. La misión del artista no puede estar orientada por la autoridad o por el poder. En libertad, el arte es una propuesta que nos produce placer estético y nos obliga a reflexionar sobre nuestras convicciones y nuestros valores. Cuando la obra de un artista es mediocre, no produce ninguno de tales efectos, porque carece de verdad y de belleza. Lo peligroso es censurar el proceso de creación artística, pues podríamos incurrir en una enorme injusticia.
Shi Huang Ti , el emperador que hizo construir la Muralla China para defender su territorio, ordenó, al mismo tiempo, quemar todos los libros anteriores a él para que no hubiera memoria ni divergencia. El Papa Gregorio IX organizó el Tribunal de la Inquisición, que no sólo llevó hombres y mujeres a la hoguera, sino también libros y sus autores, por el hecho de pensar distinto, asumiendo -como alguien dijo- "el monopolio de su propio discurso, identificándolo abusivamente con la voz de la sociedad".
Debemos superar definitivamente estas experiencias, porque constituyen atentados contra la libertad, además de ser retardatarias del progreso y de la riqueza cultural.
Considero, Honorables colegas, que el FONDART tiene un objetivo válido. ¿Cuál es? "Contribuir al desarrollo de las artes y de la cultura de nuestro país mediante concursos públicos", sin imponer visiones únicas de las artes ni de la cultura.
Sin embargo, me parece válida cualquier preocupación orientada a exigir mayor calidad en la selección de los proyectos concursables.
Estimo que no todas las obras aprobadas han sido de real calidad. Empero, no por ello buscaría imponer mis puntos de vista, convirtiéndome en censor, ni mucho menos recurriría a la amenaza para impedir la libertad de creación de los artistas.
Como decía Voltaire, "Puedo discrepar de su punto de vista, pero daría mi vida para que usted tuviera el derecho a exponerlo".
Solicito, señor Presidente , hacer llegar mi intervención a la señora Ministra de Educación .
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el turno del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
DECISIÓN REGIONAL SOBRE INVERSIONES PÚBLICAS
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , con ocasión de presentar su proyecto de Presupuesto Nacional 2003, el Gobierno anunció que aumentaría durante el próximo año el margen de decisión en las propias Regiones respecto de las correspondientes inversiones públicas.
Sobre el particular, el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo indicó que, por fin, más de la mitad de las inversiones públicas se decidirían en las Regiones desde el año venidero, pues el Ejecutivo aumentaría en 9 por ciento los recursos para proyectos de definición local en la próxima Ley de Presupuestos.
Así planteado, ello confirmaría una tendencia positiva iniciada en 1974, con el comienzo de la regionalización del país, y que todo aconseja acelerar.
Esto ha sido oficialmente celebrado como el cumplimiento anticipado de una meta del Gobierno del Presidente Lagos, que se había planteado para el año 2006 que por lo menos 50 por ciento de la inversión pública fuese de decisión regional.
Conforme a las explicaciones oficiales, lo anunciado significaría el fortalecimiento del poder de decisión de los intendentes y de los consejos regionales para construir obras nuevas o mejorar las existentes, según las prioridades que establezca cada una de las Regiones, de acuerdo con sus necesidades, que nadie conoce mejor que ellas.
Según esas mismas explicaciones, aquello entregaría un mayor grado de autonomía a los gobiernos regionales en la toma de decisiones en los programas de fomento productivo y de inversión sectorial.
Y todo eso ocurriría, en opinión de las autoridades, mediante los instrumentos financieros que contempla la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; esto es, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), la inversión sectorial de asignación regional (ISAR), los convenios de programación y la inversión regional de asignación local (IRAL).
De acuerdo con declaraciones del Gobierno, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que hoy tiene una participación algo inferior al 36 por ciento de la inversión de decisión regional, con la nueva Ley de Presupuestos aumentaría a 40 por ciento.
Como Senador por Magallanes y la Antártica Chilena, me sentiría profundamente satisfecho si todo lo expuesto fuera plena realidad. Lamento mucho, sin embargo, observar que el contenido sustancial de los anuncios oficiales es bastante menos positivo que su apariencia.
Para comenzar, debe recordarse que los recursos que el Gobierno destina a los niveles regional y local, en su mayoría, no se distribuyen mediante la Ley de Presupuestos, sino vía decreto, sin que exista información periódica de las asignaciones y de los criterios utilizados respecto de ellas.
Naturalmente, el decreto supremo es un instrumento centralizado: se pondera y se resuelve en la Capital. En consecuencia, cuanto sea resuelto mediante él no es realmente de decisión regional.
En la práctica, el total de los recursos para Regiones durante el 2002 (30 por ciento; 190 millones de dólares) lo distribuye la Subsecretaría de Desarrollo Regional, desde Santiago.
Así, un estudio de Libertad y Desarrollo muestra que, conforme a la Ley de Presupuestos de 2002 y considerando las partidas de resoluciones regional y local como proporción de la inversión pública, la decisión verdaderamente regional y local alcanza sólo a 25 por ciento del total. Esto significa que estamos apenas a mitad del camino hacia la meta fijada.
Asimismo, si se analizan los años anteriores, tampoco se observa un incremento en el porcentaje de participación regional. Peor aún, no sólo no se ha cumplido la meta, sino que incluso se ha retrocedido en el proceso de descentralización. Y eso se advierte al desglosar los fondos entregados a las Regiones para que ellas mismas determinen en qué se invertirán.
Si bien se habla de recursos para la inversión de decisión regional, en la práctica sólo los que componen la inversión regional libre (únicamente 25 por ciento del total de inversiones de decisión regional para el 2003) son en realidad de plena resolución regional. El resto debe ser invertido en programas que el mismo Gobierno central determina al momento de entregarlos.
Por otra parte, los recursos que conforman la inversión regional libre en gran parte corresponden a asignaciones efectuadas a cada Región a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
La Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional dispone que el FNDR debe buscar la compensación territorial, tratando de conseguir en este ámbito un desarrollo armónico y equitativo.
La ley establece las variables que deben considerarse al distribuir ese Fondo entre las Regiones.
Tales variables se agrupan en dos grandes categorías:
Nivel socioeconómico de la Región, medido por indicadores que reflejen a lo menos la tasa de mortalidad infantil, el porcentaje de pobreza, la tasa de desempleo, el producto por habitante regional y variables relacionadas con la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental, y
Condición particular de cada Región, medido por indicadores que reflejen dispersión de población, ruralidad de los centros de población, deterioro ecológico, diferenciales en el costo de obras de pavimentación y construcción, distancia respecto de la Región Metropolitana y renovabilidad de los recursos naturales que constituyan la base económica de la respectiva Región.
La ley no especifica qué indicadores se considerarán en cada caso ni cuál será la ponderación de cada uno, pero sí estatuye que un reglamento dictado por el Presidente de la República regulará la aplicación de las variables de distribución interregional y los procedimientos de operación del FNDR.
Ese reglamento nunca se ha dictado, y en la práctica la Subsecretaría de Desarrollo Regional calcula y decide por sí misma, año tras año, los montos asignados a cada Región, con una metodología que no es de conocimiento público.
Periódicamente la SUBDERE publica un Índice de Competitividad Regional, el cual incluye gran parte de las variables en función de las que se debe asignar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Sin embargo, al comparar el Índice de Competitividad Regional con el porcentaje de participación regional del FNDR tradicional, no se observa la relación que sería esperable para fines compensatorios, de apoyo a las Regiones más débiles o más lejanas; esto es, una relación en que a menor competitividad regional correspondieran mayores recursos canalizados a través del FNDR tradicional.
Eso significa que, en márgenes impredecibles, las decisiones de asignación de recursos se adoptan por el Gobierno central según sus propios criterios, ajenos al referido Índice y que la ciudadanía no conoce.
Lo anterior coincide con lo mostrado por un estudio que la SUBDERE encargó a la Universidad Austral ("Variables de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Investigación y diagnóstico. SUBDERE 2000"), donde se concluye que la actual forma de distribución del FNDR no cumple con los objetivos para los cuales fue creado. Además, se concluye que existe una alta discrecionalidad en la repartición de los recursos y que las provisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional no se reparten con la finalidad de compensación territorial, sino en función de los niveles de población en cada una de las Regiones.
Una segunda fuente de ingresos para las inversiones regionales son las denominadas "provisiones del Fondo Nacional de Desarrollo", que, en conjunto, representarán el próximo año casi 30 por ciento de las inversiones realizadas por las Regiones.
Esas provisiones no son de libre disposición y los recursos contemplados en ellas deben ser invertidos en los sectores que la autoridad central determina.
La asignación de tales provisiones entre las Regiones no se informa en la Ley de Presupuestos durante su tramitación legislativa y no existe ningún documento de conocimiento público que entregue información desglosada según cada clase de provisión y su asignación regional.
Además de las anteriores, existen otras formas de canalización de recursos a los gobiernos regionales y locales (municipalidades); sin embargo, en la gran mayoría de los casos no hay información relativa a su Distribución por Región o Comuna.
Los criterios empleados para su asignación tampoco pueden ser evaluados, ya que no se entrega la información correspondiente.
Dentro de estos recursos se encuentran los programas IRAL e ISAR y los convenios de programación.
Con todo, si se analiza la distribución de recursos en función del Ministerio responsable de cada programa, se observa que más de la mitad de ellos es asignada por la SUBDERE. De este modo, la escasa transparencia con que se entregan los fondos, así como el propio estudio citado, que encargó la SUBDERE, coinciden en mostrar una asignación altamente discrecional y centralizada.
En la práctica, por lo tanto, lo que se presenta como una loable descentralización de las finanzas públicas se ha desvirtuado en una fuerte dependencia de los gobiernos regionales y municipales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Por cierto, esa falta de transparencia en la asignación de tales fondos dificulta la evaluación de su eficiencia.
Si realmente se quiere descentralizar el gasto público a fin de hacerlo socialmente más eficiente, es indispensable que se entregue la información necesaria para poder evaluar la gestión de los gobiernos regionales.
En todo caso, al analizar la Ley de Presupuestos para el 2003, es inevitable advertir que se ha retrocedido en cuanto a la descentralización.
El Presupuesto aprobado para el 2002 prevé una inversión de decisión descentralizada cercana al 25 por ciento del total de la inversión pública. Para el próximo año, en cambio, esta participación será de únicamente 23,3 por ciento.
Si se mira con mayor atención el desglose de las partidas que conforman los recursos para la inversión asignados a Regiones, se concluye que los únicos fondos de libre disposición regional en términos reales crecerán el próximo año en sólo uno por ciento.
El componente que más fuertemente crece son las provisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en desmedro de los restantes recursos canalizados a los gobiernos regionales.
Pese a que, por las razones resumidas, la realidad es distinta de las declaraciones oficiales, el Gobierno ha anunciado y subrayado que, por cuanto los gobiernos regionales tendrán mayores recursos y funciones, propondrá próximamente al Congreso un proyecto de ley para mejorar la gestión de los intendentes y gobernadores, a los que dotará de más atribuciones.
Aun si se dieran por buenas las cifras y razones que aduce la autoridad, llama la atención en el anuncio relativo a mejorar la gestión que nada se anticipe respecto de los consejos regionales. Porque sería positivo que los intendentes y sus secretarios regionales ministeriales tuvieran mayores atribuciones frente al gobierno central. Sin embargo, no sería igualmente beneficioso que ese necesario fortalecimiento institucional ocurriera en desmedro de la posición relativa del consejo frente al intendente y su gabinete regional. Si así sucediera, se retrocedería a esquemas anteriores a la Constitución Política de 1980, en los cuales la institución del intendente fue relativamente fuerte en la provincia bajo su mando, pero su dependencia del gobierno central de turno era absoluta, en tanto que la voz regional misma carecía de mayores vías de expresión e influencia. Hoy ese tipo de vías ya existe en la forma del consejo regional, y las reformas que se introduzcan sin duda alguna deben orientarse a consolidarlo y fortalecerlo. En modo alguno podrían significar un eventual estancamiento o regresión en su evolución deseable.
Esa evolución, como lo he planteado repetidamente desde 1990 en el Senado, debe ser un avance hacia una instancia normativa regional, pues existen múltiples materias que no sólo admiten sino que también requieren una regulación mucho más ceñida a las realidades locales. Por ejemplo, en Magallanes las modalidades de trabajo, de descanso y de régimen escolar; las necesidades de salud y educación, y problemas de seguridad, de infraestructura y vivienda, son completamente diferentes de los del resto del país.
La uniformación al respecto no es para Magallanes necesariamente una ventaja, sino, con frecuencia, una muy pesada carga.
En materia energética, los penosos ejemplos son de sobra conocidos.
Se da la paradoja de que, en no pocos ámbitos, a la postre la Duodécima Región subsidia a otros que pueden tener menos necesidades o más ventajas.
Evidentemente, lo relativo a relaciones exteriores, defensa y grandes líneas económicas sólo puede ser una decisión centralizada. Pero, virtualmente, en todo lo demás la determinación más cercana a la base poblacional no puede ser suplida con eficiencia por aquella centralizada en la cúpula.
Estoy convencido de que la unidad nacional se promoverá mucho más sólida y espontáneamente si se permite a la comunidad regional asumir sus propias responsabilidades, con los aciertos y costos que ellas conllevan.
En todo caso, el aumento de las decisiones de inversión verdaderamente regionales debería llevar aparejado, a mi juicio, un paralelo incremento de las funciones fiscalizadoras del consejo regional. Sin facultades fiscalizadoras suficientes, las desviaciones y confusiones expuestas, que califican como regional lo que es centralizado de una manera distinta, no podrían ser corregidas y ni siquiera advertidas.
Y, en todo caso, el incremento de las atribuciones y disponibilidades económicas de la intendencia no tendría un adecuado balance en una fiscalización proporcional.
Incluso más allá de la presente discusión acerca de si hay verdadero aumento de las decisiones de inversión regional y local, o si, por el contrario, estamos frente a un juego entre presupuestario y sintáctico, permanece la urgencia de ajustes institucionales que impriman un auténtico e indispensable reimpulso a la regionalización, a mi juicio hoy detenida.
En suma, sería muy positivo para las Regiones y para Chile acoger con entusiasmo los anuncios gubernamentales de mayor descentralización de la inversión pública y de fortalecimiento de la institucionalidad regional.
Para eso, sin embargo, aún faltan elementos que respalden tales pronósticos de modo indiscutible, con cifras trasparentes y con hechos concretos.
He dicho.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, ofrezco la palabra.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , ¿es posible utilizar el tiempo que sobró al Comité Demócrata Cristiano?
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Su Señoría puede solicitarlo y, si lo autorizan,...
El señor FERNÁNDEZ.-
Ocupe el nuestro, Honorable colega.
El señor MARTÍNEZ.-
Solicito al Comité UDI que me conceda algunos minutos de su tiempo.
El señor FERNÁNDEZ.-
Cómo no.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y MAL USO DE DINEROS FISCALES POR FONDART
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , lamento la ausencia del Senador señor Muñoz Barra , porque quiero replicar uno de sus planteamientos.
Yo siempre me preocupo de que mis intervenciones se fundamenten en razones concretas, a fin de evitar interpretaciones desviadas.
Mis críticas al FONDART van dirigidas también a la titular de la Cartera de Educación; es decir, a la señora Ministra del ramo, no a su persona, porque nada tengo contra ella. Y es bueno aclararlas, para que no se presten a malinterpretaciones que den origen a tergiversaciones o confusiones respecto de lo que, en el orden dialéctico -por así decir-, se quiere comunicar. Y como quienes nos manifestamos contrarios a ciertas acciones del Supremo Gobierno no disponemos de sus mismas tribunas, aprovecho esta oportunidad para hacer dos aclaraciones.
En primer lugar, nuestras objeciones no aludieron a la censura. Ningún Senador que se refirió al tema empleó la palabra "censura".
En segundo término, el centro de las críticas fue el mal empleo de dineros fiscales, pagados por contribuyentes sin distingo económico, social o de visión política. Si se pretende desarrollar las artes, el financiamiento no debe beneficiar a obras cuya selección -ésa es la decisión que se critica- obedezca a una utilización de tipo político-ideológico. Se dirá que mi tesis es difícil de probar, pero se deduce claramente de los mecanismos empleados.
Reitero: nuestra crítica no mencionó la palabra "censura". Los que han replicado sí la usaron. Y quiero dejar muy clara esta situación, porque así ocurrió.
Mi principal planteamiento se basa en el mal uso de los dineros fiscales, lo cual es inadmisible en el caso del Ministerio de Educación, sobre todo si se adhiere a las declaraciones de los personeros afectados.
Estamos seguros de que hubo un error, que no se quiere reconocer.
Muchas gracias.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo que resta al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Stange .
El señor STANGE .- Señor Presidente , adhiero a lo señalado por el Honorable señor Martínez . No se trata de poner en tela de juicio garantías constitucionales relativas a la libertad para hacer arte.
La autora de la obra en cuestión es joven; al parecer, estudiante. Entonces, nuestra obligación, como adultos, es preservar las figuras emblemáticas que sentaron las bases de la institucionalidad, para que las futuras generaciones las conozcan.
En consecuencia, reitero lo expresado por el Senador señor Muñoz Barra en orden a que la figura de Arturo Prat es señera en todo sentido.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
MAYOR DOTACIÓN POLICIAL PARA REGIÓN DE ATACAMA. OFICIOS
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la delincuencia constituye uno de los peores males que sufre la sociedad chilena hoy en día.
En un informe estadístico emitido recientemente por la Subsecretaría del Interior, hemos podido constatar que en la Región de Atacama, particularmente en la ciudad de Copiapó, la tasa de delitos contra las personas y la propiedad ha aumentado explosivamente, alcanzando en algunos casos un incremento de 130 por ciento.
Ese negativo balance convierte a Copiapó en una de las ciudades con mayores niveles de delincuencia en el país, lo que irradia, por supuesto, a toda la Región.
Tan elevado índice de comisión de delitos produce grave impacto social en la comunidad atacameña, que ve afectada su seguridad, lo cual la obliga a todo tipo de alteraciones en su diario quehacer. Como la delincuencia se ha apoderado de las calles, los ciudadanos honestos deben atrincherarse en sus casas, rodeándolas de rejas y barrotes.
Como dato ilustrativo, cabe mencionar que en los últimos treinta días se han cometido tres asesinatos, que afectaron a un joven en Vallenar y a dos en Copiapó, quienes fueron muertos de manera abrupta, sin justificación aparente, por elementos antisociales que actuaron motivados por una extrema violencia.
Para subsanar esa anómala situación, resulta necesario desarrollar una intensa acción de carácter preventivo con el fin de disminuir la tasa delictiva, de tan perniciosas consecuencias.
Pero, además, es preciso ayudar en lo relativo a la dotación policial. La de la Región que represento es menor hoy que hace cinco años, por lo cual cumplir la labor que corresponde a Carabineros es bastante más difícil, tomando en cuenta el número de delitos y la violencia con que se cometen.
En virtud de lo expuesto, solicito que se oficie al señor General Director de Carabineros a fin de que evalúe la posibilidad de aumentar la dotación policial en las diversas unidades de la Institución en la Región de Atacama, especialmente en Copiapó. Y pido que se oficie al señor Ministro del Interior con el mismo objeto.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Prokurica, conforme al Reglamento.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange , en tiempo cedido por el Comité Renovación Nacional.
El señor STANGE .-
Señor Presidente , deseo adherir a lo manifestado por el Honorable señor Prokurica respecto de la falta de dotación policial. Y, al mismo tiempo, aclarar que la función básica de la policía uniformada es la preventiva, aquella donde se ve al funcionario de uniforme en la calle.
Es sabido por todos que hay déficit de personal en Carabineros de Chile. Sin embargo, quiero recordar y reiterar una vez más que su Ley Orgánica Constitucional establece que, en caso de ser necesario, con fondos suficientes se podrá contratar temporalmente a funcionarios de diversas categorías, para que desarrollen labores de apoyo a la Institución.
Muchas gracias.
FOMENTO A PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍAS. OFICIO
El señor PROKURICA.-
En seguida, señor Presidente , deseo referirme a la realidad que viven la pequeña y la mediana minerías.
No es un secreto para nadie que la pequeña y la mediana empresas, en todo el país, pasan por uno de sus peores momentos. En el caso de la pequeña y la mediana minerías, de casi 5 mil productores en los años noventa, hoy no hay en todo Chile más de 450, quienes entregan el producto de su trabajo a la ENAMI.
Es evidente que esa última actividad económica casi ha desaparecido. Y lo grave radica en que ella es indispensable para la subsistencia de miles de familias en el norte. A pesar de lo anterior, los recursos destinados en la Ley de Presupuestos a fomentar el sector en la última década -que, en la práctica, provienen de los negocios que la propia ENAMI hace con los mineros y no de los bolsillos de todos los chilenos, como ocurre en otras áreas- se han reducido permanentemente. En efecto, de casi 20 millones de dólares en los años noventa, la Ley de Presupuestos vigente contempla 8 millones 200 mil dólares, y en el proyecto ingresado en la semana en curso la cifra se rebaja a 5 millones de dólares. Ése es un hecho muy grave y constituye, en la práctica, una notificación de que el rubro que nos ocupa no es importante para el Gobierno.
Creo que las mencionadas no son grandes cantidades de fondos, señor Presidente , pero significan, en por lo menos unos cincuenta municipios del norte, una condición básica para poder mantener la mano de obra y evitar las serias dificultades que enfrentan algunas comunas, como Chañaral, con una cesantía superior a 20 por ciento; Vallenar , con 22,9 por ciento -una de las más altas del país-, y varias otras.
En consecuencia, pido que se oficie al señor Ministro de Minería con el propósito de que estudie la posibilidad de mejorar los recursos destinados en la Ley de Presupuestos al fomento del sector, en relación con la Empresa Nacional de Minería.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Por mi parte, también abrigo la inquietud expuesta y suscribo la comunicación mencionada, ante la situación que afecta a la pequeña minería de la Segunda Región , particularmente en Taltal, Tocopilla y Sierra Gorda.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, conforme al Reglamento, en nombre del Honorable señor Prokurica, con la adhesión del Senador señor Cantero .
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
AISÉN: RESERVA DE VIDA DEL PLANETA. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , los días 26 y 27 de septiembre recién pasado se realizó en la Región de Aisén el seminario "El Valor de Aisén como Reserva de Vida del Planeta". La reunión contó con una destacada participación de autoridades de Gobierno, funcionarios regionales, representantes de los sectores productivos, Parlamentarios, consultores, gremios, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales.
La entrega de antecedentes objetivos y de posibilidades de desarrollo, sobre todo respecto de una Región única en cuanto a condiciones de privilegio ecológico -no sólo en Chile, sino también a nivel planetario- y que enfrenta un megaproyecto como el de Alumysa, resulta más que valiosa y oportuna, para poner todas las "alternativas" -por así decirlo- en las instancias de análisis y resolución.
Del trabajo aludido, desarrollado con importante participación incluso de científicos, gente del sector productivo y de todas las áreas mencionadas, señalaré las conclusiones.
1.- Quedan en el mundo muy pocas regiones con condiciones de privilegio ecológico como Aisén. Serán cada vez más valoradas y, por ello, también las actividades compatibles con esa reserva de vida.
La Región desea un estilo de vida propio acorde con esa característica única y natural del mundo.
2.- Existen claras opciones de desarrollo para la Región de Aisén, que son compatibles con su estrategia de desarrollo. Ellas son: el turismo, con una importante participación del ecoturismo; la acuicultura; la pesca industrial y artesanal procesada localmente; la producción agrícola-ganadera limpia, natural y orgánica; la forestal, con forestación y buenas prácticas silviculturales, así como la valoración de su Sistema de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado.
La minería y el aprovechamiento energético deben respetar especialmente la condición de privilegio ecológico de la Región, su estrategia de desarrollo y su proceso de ordenamiento territorial, y la zonificación del borde costero, por los riesgos que conllevan tales proyectos y actividades.
3.- Las opciones de desarrollo señaladas generarán en los próximos cinco años más de 20 mil nuevos empleos, permanentes y sustentables.
4.- La localización del proyecto Alumysa es inadecuada e imposible por la contaminación y los daños y riesgos que ocasionará a la salud humana y los recursos naturales.
No es garantía el señalar en informes que se cumplirán las normas ambientales. Se deben reproducir con procesos de modelamiento situaciones que se dan en la realidad y, además, es preciso asegurar que no se presentarán esos riesgos.
El seno de Aisén es de baja salinidad y no puede disipar las emanaciones del proyecto. El régimen de vientos, el climático y la alta precipitación de ese fiordo y de la bahía de Chacabuco causarán un daño directo a las actividades económicas del sector, como la acuicultura, el proceso industrial de los productos del mar capturados por los pescadores artesanales e industriales, y el turismo, que se beneficia de las condiciones naturales. Las industrias pesqueras han señalado que cerrarán sus plantas de prosperar el proyecto.
5.- Los daños económicos y la reducción de inversiones que implica el megaproyecto son del orden de mil millones de dólares (480 millones de dólares dicen relación al desplazamiento del sector salmonero por pérdida de producción, reinstalación y demora de proyectos de desarrollo, a lo que se debe sumar el cierre y traslado de las plantas de procesos y de proyectos turísticos del área de influencia).
6.- Según los antecedentes de Alumysa, la inversión es de dos mil 750 millones de dólares, con un valor agregado de 467 millones de dólares para Aisén. Con la misma información, sólo 13,5 millones, de esa cifra, quedarían en la Región y 288,15 millones serían para la empresa, los que difícilmente seguirían el mismo destino. Si se suman todos los beneficios indirectos, quedarían apenas 42 millones de dólares. Para evaluar bien, se deben considerar los costos de oportunidad de los proyectos alternativos y los que no se podrán realizar o se verán afectados. Esas alternativas presentan mejor perspectiva para la Región y el país.
7.- Las declaraciones públicas de algunas autoridades, como el Ministro de Economía , atentan en contra de la dignidad de los habitantes de Aisén y no aseguran el que las instituciones ambientales chilenas estén evaluando en forma objetiva, imparcial y transparente el proyecto Alumysa y su impacto.
8.- Se hace un urgente llamado a las autoridades comunales, regionales, nacionales y a los Parlamentarios a fin de perfeccionar la legislación ambiental para asegurar la transparencia en el cumplimiento de leyes, normas y procedimientos, de incorporar la evaluación previa de las localizaciones de los grandes proyectos y de respetar y afianzar legalmente el ordenamiento territorial y la zonificación del borde costero en que ya esté comprometida la Región de Aisén.
Para esta última es urgente y necesaria la evaluación de las alternativas de ubicación de este tipo de proyectos antes de su calificación ambiental. Ellos, en otros países, deben adecuarse a la realidad. En Noruega, por ejemplo, las plantas de aluminio se hallan muy alejadas de los centros ambientales, plantas de pesca y centros de cultivo.
9.- Los participantes nos comprometemos a difundir persona a persona en Aisén -para lo cual, a su vez, se solicita apoyo- todos los antecedentes relevantes vinculados al proyecto Alumysa y sus impactos económicos, sociales, ambientales y culturales, así como también las opciones de desarrollo de la Región y sus habitantes, consistentes con su condición y autodeclaración de reserva de vida.
10.- Se hace un llamado a los medios de comunicación social locales, regionales y nacionales a fin de asegurar el cumplimiento de los principios éticos de informar verazmente y con toda la diversidad posible, para evitar la manipulación de la opinión pública.
11.- La alianza por el desarrollo apropiado de Aisén -que concita el apoyo de las entidades antes señaladas- debe respetar la diversidad de sus integrantes, y ampliarse y articularse con los aiseninos y simpatizantes comprometidos que viven actualmente fuera y con las regiones vecinas, incluidas la provincia de Palena, la Región de Magallanes y las provincias argentinas, a fin de asegurar una Patagonia limpia, natural, para sus habitantes y también para el planeta.
Me permito solicitar que estas conclusiones sean enviadas a Su Excelencia el Presidente de la República ; a los señores Ministros de Economía y Secretario General de la Presidencia -este último es, además, titular de la CONAMA-; a la señora Intendenta Regional ; al señor Gobernador Provincial , y a los Ministerios vinculados con las áreas señaladas, a fin de dar garantías y hacer respetar los acuerdos alcanzados en dicho seminario, donde sólo quedaron excluidos los representantes de la empresa Alumysa , no obstante haber sido invitados.
El evento se realizó con el patrocinio de las Comisiones de Medio Ambiente tanto del Senado como de la Cámara Diputados, con el objeto de poner las cosas en su lugar y asegurar un desarrollo apropiado para Chile y sus Regiones.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
ACUERDO ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y FENPRUSS-AISÉN. OFICIO
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en julio del presente año, a raíz de una movilización, se logró un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS).
Dicho acuerdo contiene un anexo especial para la Región de Aisén, a saber:
Primero, las partes se comprometen a establecer beneficios económicos y sociales destinados a los profesionales dependientes del Servicio de Salud local.
Segundo, entre los mejoramientos que se evaluarán está el otorgamiento de becas para la educación superior destinadas a hijos de funcionarios; de subsidios por traslados en casos determinados, etcétera.
Tercero, la Subsecretaría de Salud efectuará las gestiones necesarias con el objeto de extender la bonificación para la Región de Aisén, lograda por la ANEF, a todos los funcionarios del Servicio de Salud de la zona.
Cuarto, sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría manifiesta su voluntad de resolver y concordar, en breve plazo, una solución final a los problemas planteados por la FENPRUSS-AISÉN, en particular lo relativo a la asignación de residencia, equivalente a la de zona.
Y quinto, se establecerá una comisión, con representantes de esa organización, de la Asociación de Aisén y del Ministerio de Salud, que evaluará y acordará montos, características y condiciones de los beneficios.
Por lo anterior, solicito que se oficie al señor Ministro del ramo para que nos haga llegar los antecedentes relacionados con el cumplimiento de tales acuerdos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROBLEMAS EN SISTEMA DE TRANSPORTE MARÍTIMO ENTRE DÉCIMA Y UNDÉCIMA REGIONES. OFICIO
El señor HORVATH.-
Por otro lado, hemos sostenido reuniones con el Alcalde de Melinka , el consejero regional que representa a esa zona y un funcionario de la municipalidad, quienes nos hicieron saber los serios inconvenientes de que adolecen tanto el sistema de transporte marítimo que opera entre la Décima Región y la de Aisén como el servicio otorgado a las distintas localidades, entre ellas la comunidad de las Guaitecas.
En realidad, las barcazas -subvencionadas- sólo a veces cumplen los itinerarios, pues no tienen cupos suficientes, y entregan a pasajeros, conductores y vehículos un servicio de muy baja calidad. Además, los precios que se cobran a bordo son exorbitantes. Esto se traduce en un freno para la integración física al interior de la Región y también con el resto del país.
En virtud de lo expuesto, pido oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que nos haga llegar los resultados del cumplimiento de los contratos y para que las características del caso sean incluidas en los que se suscriban a futuro.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
PROBLEMAS DE PESCADORES ARTESANALES DE AISÉN POR CONCESIONES DE ACUICULTURA. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , daré a conocer la situación que viven los pescadores artesanales de la Región de Aisén, particularmente en la comuna de Tortel, quienes se han visto sorprendidos por una serie de concesiones de acuicultura entregadas en la zona, las cuales no necesariamente cumplen con la zonificación del borde costero que se ha dado en el área. Además, a pesar de que lo han solicitado por más de cinco años, no se les han otorgado las 30 toneladas del recurso merluza austral (que incluso es la cuota de investigación) para desarrollar todo el potencial que hay en el sector.
Por lo anterior, pido que se oficie a los señores Subsecretarios de Pesca y de Marina para que remitan los antecedentes del caso.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
POSICIÓN DE CHILE EN CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS ANTE EVENTUAL ATAQUE ESTADOUNIDENSE A IRAK. OFICIOS
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , desde la caída de la Unión Soviética hubo en el mundo hubo gran esperanza en que se pudiera establecer un período de paz y colaboración. Desgraciadamente, el orden internacional surgido desde el derrumbe del muro de Berlín no ha sido todo lo auspicioso que pareció ser en determinado momento.
La situación se ve amenazada hoy, en primer lugar, por los gravísimos problemas sociales existentes, que se concentran en el Tercer Mundo, sobre todo en África, y que llegan a los países ricos a través de los flujos migratorios; y en segundo término, por la acción del terrorismo internacional, fundamentado muchas veces en el extremismo religioso, en particular de corte islámico, aunque no exclusivamente.
Todo ello ha dado origen a nuevos y graves conflictos.
En efecto, desde hace tiempo se vive bajo la amenaza de una intervención directa del Gobierno de Estados Unidos en Irak. Y sobre el particular, deseo hacer algunas reflexiones que me parecen oportunas, teniendo en cuenta que a partir de enero Chile ocupará un cargo como Estado miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por lo tanto, tendrá con su voto una responsabilidad especial en la decisión que se adopte respecto de éste y de otros conflictos.
En primer lugar, no cabe la menor duda de que el régimen de Irak no sólo ha cometido gravísimos atropellos a los derechos humanos, cosa que ocurre en muchos países del mundo con su población interna, sino que además ha generado conflictos bélicos: uno, la guerra con Irán, que costó muchos miles de muertos, y el otro, la invasión sorpresiva a Kuwait, que provocó la reacción que todos conocemos como "Guerra del Golfo Pérsico".
Junto con lo anterior, el Gobierno de Saddam Hussein ha reprimido a la población shiita, ubicada al sur del país y, sobre todo, la kurda, que se encuentra al norte del territorio, usando armas químicas y biológicas. Vale decir, estoy hablando de un régimen que ha atropellado principios básicos del orden internacional.
Sin embargo, ante tal situación, el Presidente de Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que, al no cumplir Irak las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su país debería actuar militarmente, sea para desarmar a esa nación, sea para derrocar a Saddam Hussein , o bien, para las dos cosas.
Sobre el particular, parece importante recordar principios básicos del Derecho Internacional que una potencia como Estados Unidos debería ser la primera en respetar, como ejemplo, por la situación que vivimos y por la importancia de ese país.
La Organización de las Naciones Unidas tiene, entre otras finalidades, la de mantener la paz internacional. Y, según el artículo 2 de la Carta que la rige, debe preocuparse por arreglar las controversias a través de medios pacíficos, de tal manera de no poner en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales, ni tampoco la justicia.
El número 4 del mismo precepto señala que "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.".
El artículo 24 expresa: "A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas," -en caso de amenaza o conflicto- "sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad" un papel especial en la resolución de las controversias internacionales.
Esta materia se encuentra reglada en los capítulos VI ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS, y VII ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN. El más atinente a la situación en comento es este último, que en el artículo 39 establece que "El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión" y tomará las resoluciones que estime convenientes.
Esas resoluciones serán de dos tipos. El artículo 41 consigna que podrán ser medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, como las inspecciones ordenadas por organismos internacionales para verificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
El artículo 42 -y éste es el punto- dispone: "Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el artículo 41" -que no implican el uso de la fuerza- "pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas .".
Y desde el artículo 43 en adelante se reglamenta la forma en que se constituirá el Comité de Estado Mayor de esa fuerza internacional para intervenir cuando el Consejo de Seguridad lo considere apropiado.
En síntesis, en la Carta de las Naciones Unidas está previsto que el Consejo de Seguridad, una vez que haya determinado la existencia de una amenaza a la paz, será el encargado de autorizar y organizar el uso de la fuerza para restablecer aquélla.
He hecho este recordatorio, bastante elemental, porque en estos momentos me parece indispensable reafirmar la vigencia del Derecho Internacional.
La situación actual del Gobierno de Estados Unidos plantea un dilema insalvable: o emplea los mecanismos multilaterales contemplados en el artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas para mantener la paz, o adopta medidas unilaterales, sin pasar por la ONU -actuando directamente, con fuerzas propias, o a través de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), y en este caso con ayuda del Reino Unido-, para intervenir militarmente en Irak y desatar una guerra.
Si la acción fuera multilateral, tendría que autorizarla el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Francia, Rusia y China sostienen que tal autorización no es automática, sino que debe decidirse una vez que los enviados a inspeccionar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak rindan su informe.
Ahora, si el Gobierno de Estados Unidos resuelve actuar unilateralmente y quiere que su acción sea legítima, deberá invocar el artículo 51 de la Carta de la ONU. Pero al hacerlo tendrá dificultades, porque dicho precepto estatuye: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.".
O sea, la Carta reconoce que ante un ataque armado inminente -y, más aún, que está siendo realizado- opera el derecho a la legítima defensa, incluso individual. El problema es que para ello Estados Unidos tendría que demostrar que existe un vínculo estrecho, permanente, entre el Gobierno de Saddam Hussein y la organización Al Qaeda, que perpetró los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington. En vez de proceder así, hasta ahora sólo se han dado a conocer, sobre todo por parte del Gobierno inglés, informaciones respecto del rearme que Irak estaría llevando a cabo; pero no hay un ataque armado propiamente tal contra Estados Unidos.
El Gobierno del Presidente Bush, en una nueva estrategia de seguridad, cambiando un poco los términos del Derecho Internacional clásico, ha reivindicado que el derecho a la legítima defensa se extiende a lo que denomina "acciones preventivas". Es decir, postula que puede intervenir cuando quiera, como quiera, donde quiera, según lo estimen sus autoridades, arguyendo que habría una amenaza latente o inminente contra la seguridad del país, por lo cual estaría en el derecho de efectuar una acción preventiva.
En verdad, esa doctrina se aparta abiertamente del Derecho Internacional vigente, como asimismo de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de la letra de su artículo 51, que habla de "ataque armado". Con esta expresión alude a algo que se está realizando, no a una amenaza; de lo contrario diría "amenaza".
Este dilema tiene en vilo a la Humanidad, por cuanto un eventual ataque unilateral estadounidense contra Irak no sólo tendría enormes consecuencias geopolíticas en el área del Cercano Oriente, sino también extraordinarias repercusiones económicas, por el destino del petróleo iraquí y por los consiguientes trastornos que provocaría el alza del precio del crudo.
Esta mañana escuchamos aquí la exposición del señor Ministro de Hacienda , quien justamente señaló que uno de los puntos débiles de nuestra economía o que pueden influir en ella es una posible alza del precio internacional del petróleo. Entonces, se trata de un asunto que afecta a Chile y al resto de los países del mundo.
Además, no cabe la menor duda de que una intervención de tal naturaleza en una zona tan conflictiva y sensible como el Medio Oriente (donde existen fuertes corrientes islámicas que pretenden establecer una suerte de régimen basado en la ley coránica y recurren a la guerra santa -entre comillas- o "jihad" para justificar cualquier acto de violencia) no conseguirá sino azuzar, alentar, estimular acciones terroristas a nivel internacional, con las cuales se buscará reaccionar frente a lo que seguramente ellos considerarán una agresión injustificada, que va más allá del mundo islámico, por una o más potencias.
Es menester recordar que la presencia de tropas de Estados Unidos en Arabia Saudita, la Tierra Santa del Islam, es lo que invoca Osama bin Laden para justificar los ataques terroristas de septiembre del año pasado.
Señor Presidente , me he referido a este tema, que puede parecer lejano a nuestra contingencia, porque estimo que para el Senado no deben pasar inadvertidos el dilema que él implica y el desafío que significa para nuestra política exterior.
Debe tenerse presente -repito- que a partir de enero próximo Chile tendrá que pronunciarse acerca de estos temas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ojalá que para ese efecto nuestro Embajador, señor Juan Gabriel Valdés ; la Ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear , y el Presidente de la República cuenten con el sustento y el apoyo de todas las fuerzas políticas. La posición permanente de Chile ha sido de respeto irrestricto al Derecho Internacional . Y, en este caso, el que se trate del Gobierno de una superpotencia no significa que esté autorizado para burlar la ley o torcer su sentido, no pasando sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En otra ocasión me permitiré hablar de la necesidad de reformar los organismos internacionales a fin de hacerlos más eficaces frente a los desafíos del mundo moderno. Pero ahora son éstas las reglas que nos rigen, y a ellas debiéramos atenernos todos.
Deseo que esta intervención, señor Presidente , se remita a la Ministra de Relaciones Exteriores y al Embajador de Chile en las Naciones Unidas. Y si se estimare conveniente por el Presidente del Senado , o por la Mesa o por los Comités, podría citarse a una sesión especial de la Corporación destinada al análisis de estos asuntos. Creo muy importante que las distintas fuerzas políticas del país se pronuncien al respecto, ya que se trata de cuestiones que de alguna manera van a incidir en las decisiones que debemos tomar, porque están en juego los principios básicos del Derecho Internacional.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Vega.
CRISIS DE FUERZA AÉREA DE CHILE Y CARENCIA DE UN PENSAMIENTO MILITAR EN POLÍTICA
El señor VEGA .-
Señor Presidente , quiero referirme a un problema de principios, pero no en el aspecto internacional -aunque también tiene sus efectos en él-, sino más bien en el local, nacional, lo cual no deja de ser sumamente importante para nuestro presente y futuro.
Todos hemos sido testigos de los problemas que han afectado a una institución permanente del Estado, como lo es la Fuerza Aérea de Chile.
Se han confundido los hechos desde los puntos de vista político y de la comunicación social, lo que, obviamente, confunde a la opinión pública y a los integrantes de la propia Institución, uno de los pilares fundamentales de la Defensa Nacional.
Por esa razón, he creído oportuno reflexionar sobre el problema en relación con el ordenamiento de nuestra institucionalidad, para ubicar exactamente dónde descansan los pilares de las instituciones de la Defensa y mostrar cuál es el punto de vista básico de los principios de sus jerarquías y de su obediencia jerárquica dentro de la estructura de la Nación- Estado.
Tenemos clara conciencia de que la Fuerza Aérea es una organización permanente del Estado. Constituye el origen y la base del sistema aeroespacial chileno, que ha costado mucho construir en un corto tiempo. Su presencia ha llegado a todos los rincones del planeta, por su versatilidad tecnológica, en misiones de paz preferentemente, y ha dado cuenta en todas partes de su profesionalismo y de su eficiencia, lo que dice mucho de la vocación chilena por el problema aeronáutico.
En estos 72 años de historia, ha logrado modernizar sus sistemas de armas -cosa muy difícil- en forma directamente proporcional a la economía y sus presupuestos, con gran competencia y éxito, alcanzando una muy compleja autonomía tecnológica a través de la Empresa Nacional Aeronáutica, por ejemplo.
La Institución ha integrado en breve lapso el territorio nacional, abriendo rutas aéreas hasta el Polo Sur -muy pocos países en el mundo lo han conseguido-, junto con consolidar a la aviación civil y comercial, mediante la Dirección General de Aeronáutica, férrea estructura orgánica del Estado, muy eficiente y reconocida en todo el orbe. Además, ha creado la Feria Internacional del Aire y del Espacio, organización reconocida internacionalmente.
En definitiva, se trata de una institución joven, de gran dinámica profesional y vocacional al servicio de la patria.
Por eso me parece de extrema sensibilidad y gravedad lo que ha pasado, lamentablemente, a partir de numerosas informaciones de prensa, algunas ya desmentidas por las mismas fuentes, y que a la fecha se encuentran en proceso en tribunales, con las consecuencias que todos hemos conocido hoy día. Esto incluye una citación a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de bochornosos e innecesarios incidentes. Tal citación era muy importante, en mi opinión. Se perdió una muy buena oportunidad de haber conversado con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y obtener más detalles de los problemas que a todos nos interesan.
La ofensiva se ha extendido a otros asuntos que nada tienen que ver con el problema original, confundiendo a la opinión pública, la cual siente mucho orgullo por las Fuerzas Armadas, que son muy profesionales (los aviadores en particular) y sensibles a la poca deferencia con que se ha tratado a la Fuerza Aérea de Chile.
Aclaro que este desborde comunicacional no ha sido provocado por los medios, los cuales cumplen con sus legítimas funciones.
Me parece que estas cuestiones de sensibilidad, que involucran específicamente a una institución de la Defensa, deben ser analizadas en su etapa preliminar por los conductos regulares que establecen la Constitución y las leyes, ya que, por su especial formación, a un Comandante en Jefe le es imposible, por ejemplo, polemizar mediante la prensa acerca de insinuaciones de voceros, lo cual está lejos de ser el procedimiento eficiente para fundamentar órdenes superiores, principalmente políticas, las que, atendida su naturaleza, son muy complejas.
Por esta razón, una primera conclusión es la total falta de comunicación técnica entre los dos sistemas de la Nación-Estado. La ausencia de estos vasos comunicantes entre las Fuerzas Armadas y los conductores políticos nos indica que "no existe un pensamiento militar concreto y definido por parte del mundo político para la conducción superior de las instituciones armadas". Esto no es nuevo. Se encuentra en la Historia de Chile, si la analizamos desde los comienzos de la República. El mismo Capitán General Bernardo O´Higgins especificó tales planteamientos en su primera Constitución y al nombrar los primeros Diputados y Senadores.
Estados Unidos, como nación desarrollada, posee este ordenamiento político militar, al igual que los países europeos y en general todas las naciones desarrolladas. Desde la gran política se origina la doctrina de los gastos de Defensa, composición de los altos mandos estructura de la fuerza, industrias militares, dotaciones de paz y de guerra, servicio militar, etcétera.
Otro concepto profusamente difundido, pero muy poco comprendido, es la pérdida de confianza. Se emplea históricamente como fundamento para pedir la renuncia o generar obediencia. Esta afirmación confunde, porque me parece que la confianza de una autoridad política es absolutamente diferente de la confianza de una autoridad militar.
El cono superior del mando del sistema político es dinámico, obedece más a la confianza personal entre integrantes de un partido o agrupación política. Así, por ejemplo, se pudo traspasar a la actual Ministra de Defensa desde la Cartera de Salud sin afectar en nada el sistema de salud. Por lo tanto, la confianza política es una relación directa entre superior y subordinado por su competencia partidista e ideológica. Y en ese escenario el Presidente de la República debe contar con facultades para remover a un Secretario de Estado .
En las Instituciones Armadas no se puede hacer lo mismo. El cono superior de los Altos Mandos de las Instituciones de la Defensa no es intercambiable hacia ninguna otra estructura. Teniendo aquéllas carácter permanente, la misión de su Comandante en Jefe es con el Estado, que también es permanente, y no con partidos ni ideologías, que son coyunturales. Por lo tanto, la confianza a un Comandante en Jefe sólo se debe perder cuando quiebra su relación permanente con el Estado. De allí que la actual Constitución contemple una remoción más estricta. En primer lugar, para que el Presidente deba fundamentar su petición de renuncia, y en segundo término, para no politizar la fuerza, conducta que tradicionalmente ha sido el origen de los quiebres democráticos y de muchos de los cuartelazos.
Por esa razón, a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos, no se puede deducir que la solución a todos los problemas entre el sistema político y el sistema de la Defensa pase necesariamente por eliminar el actual procedimiento de remoción, mal llamado "inamovilidad". No me parece consecuente ni práctico. Estamos ante una cuestión mucho más compleja, que abarca innumerables variables que deben analizarse inteligentemente, por cuanto las Instituciones Armadas han sido un servicio irrestricto y permanente en la historia de nuestra Nación-Estado.
La doctrina de las Fuerzas Armadas para la solución de conflictos es distinta de la política, tanto en el análisis de las crisis como en la forma de enfrentar los problemas. Sus sistemas jerárquicos y de comunicaciones son diferentes y, por lo tanto, para estas Instituciones es incomprensible que asuntos tan importantes que afectan a los Mandos, como la composición de la fuerza o las adquisiciones de armas, sean tratados fuera de los conductos estrictamente regulares correspondientes. Un aspecto relevante es la transparencia, pero sin afectar la eficiencia, que es lo que finalmente otorga la ventaja.
Es natural en la formación de todos los miembros de las Fuerzas Armadas ser prudentes y guardar reserva de la información. No se trata de confabulaciones mal intencionadas, por supuesto, sino de doctrina; de comprender que los militares, los marinos, los aviadores y las fuerzas de seguridad se forman para desempeñarse en un conflicto bélico, en cuyo escenario los aspectos vinculados a la seguridad son esenciales para lograr el éxito.
Es justamente esta debilidad de nuestro sistema de Nación-Estado el origen de la crisis de la Fuerza Aérea en general y de su Alto Mando en particular. Ello me parece de alta sensibilidad e inconveniencia, porque no operaron una serie de instancias intermedias, como las Juntas de los Comandantes en Jefe, la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, la Policía de Investigaciones o los Ministerios encargados en forma puntual. Y en estos momentos continúa en proceso la investigación judicial, iniciada recién en los tribunales -con los efectos sensibles que todos conocemos hoy en día-, siendo aquéllas las organizaciones competentes de nuestro ordenamiento republicano encargadas de analizar responsablemente las informaciones y los problemas, y cuyas conclusiones debieran ser el fundamento de la decisión de Estado que finalmente se adopte.
Por el bien de Chile, señor Presidente , debemos separar lo permanente de lo coyuntural. Ése me parece el principio básico de la Nación-Estado que heredamos. Hoy debemos analizarlo cuidadosamente y cautelarlo para el beneficio de nuestras generaciones presente y futuras.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , me voy a referir a la misma materia de orden institucional que trató el Senador que me precedió en el uso de la palabra, esperando hacerlo con la altura de miras que merecen los asuntos de tal naturaleza.
Tanto la opinión pública como los sectores dirigentes del país fueron sorprendidos por el áspero e inconveniente incidente que hace unos días alteró las relaciones, hasta ayer normales, entre el Presidente de la República y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. Lo que ha ocurrido supera el ámbito estrictamente militar y tendría que preocuparnos, en tanto concierne a esta Corporación todo lo que de una manera u otra daña el respeto mutuo, la armonía y el equilibrio que debieran existir como algo natural entre instituciones fundamentales del Estado, toda vez que se encaminan hacia el cumplimiento de un mismo objetivo nacional.
El Gobierno -hay que decirlo- nunca ha ocultado su posición doctrinaria frente al rol encomendado a las Fuerzas Armadas y Carabineros por el ordenamiento jurídico vigente. La reforma constitucional que hoy tramita el Senado es clara al respecto. El Poder Ejecutivo quiere disponer discrecionalmente del cargo superior de cada Institución Armada. Y digo "discrecionalmente" no en forma arbitraria, pues no es mi intención desfigurar los términos en que se plantea un asunto tan delicado.
A condición de no perder de vista las exigencias del bien común, un hombre de Estado es libre para sostener los principios que estime acordes con tal fin. Pero la dignidad de la posición que ocupa le obliga a ser coherente y a guardar celosamente la proporción entre los medios y los fines, actuando de buena fe y conforme a Derecho.
Y ahí está lo medular de este asunto -al menos desde la perspectiva de un Senador institucional, esto es de una persona obligada a pensar, hablar y resolver al margen de toda conveniencia partidista-, pues resulta especialmente grave que si la autoridad estima que hay un motivo objetivo para remover a un Comandante en Jefe, en lugar de someter el asunto a la instancia prevista al efecto por la Carta, se inhiba -como acaba de ocurrir-, argumentando que no está dispuesto a utilizar las facultades constitucionales del Consejo de Seguridad Nacional, por no concordar con la existencia de aquellas disposiciones.
¡Imagine, señor Presidente , lo que pasaría si cualquier autoridad, civil o militar, decidiera por sí y ante sí no actuar por el canal constitucional porque no le gusta o no sirve a sus propósitos! Indudablemente, la paz de muchos se vería turbada, por decir lo menos.
Advierto una suerte de obsesión en ese afán por volver a un estilo de relaciones de dependencia jerárquica que, más que asemejarse al de una democracia moderna, se parece al que caracterizaba a la monarquía absoluta. El mando militar, subordinado como está al ordenamiento institucional del Estado de Derecho, no depende de la confianza exclusiva del gobernante de turno. El Comandante en Jefe no es, propiamente hablando, un funcionario de su confianza. Tanto su nombramiento como su remoción están regulados por la normativa constitucional, legal y reglamentaria, en la que tanto la carrera militar como la esfera de atribuciones exclusivas del Presidente de la República están claramente definidas y deben ser acatadas y cumplidas.
Si los últimos acontecimientos nos parecen inquietantes porque en este momento desconocemos su desenlace, extrememos la prudencia y, sin esconder nuestras opiniones, demos ejemplo de serenidad y patriotismo. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No rompamos esa regla buscando una piedra para tropezar o -lo que es peor-, como en este caso, fabricando una piedra.
El resultado de todo este episodio, provocado desde el propio Gobierno, es que una vez más ha quedado de manifiesto que no es conveniente modificar la Carta Fundamental en lo que respecta a la remoción de los Comandantes en Jefe y el General Director de Carabineros. Se ha ofendido gratuitamente a una institución del Estado y, de paso, se ha debilitado la Defensa Nacional, pues su pilar esencial es precisamente la cohesión de la nación y sus instituciones.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Los Comités Institucionales 2 y Mixto (Partido por la Democracia) no harán uso de su tiempo.
Habiéndose cumplido su propósito, se levanta la sesión.
Se levantó a las 18:33.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LAVANDERO, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DFL Nº 523, EN MATERIA DE CRÉDITOS ASOCIADOS A UNA INVERSIÓN EXTRANJERA (3087-03)
Considerando que:
Las transnacionales mineras, para aumentar los gastos en Chile y disminuir o eliminar sus utilidades y así evitar de tributar en Chile, alrededor de los dos tercios de la inversión para la instalación y explotación de los yacimientos mineros, la efectúan mediante créditos de filiales financieras de sus propias casas matrices, las que además están domiciliadas en islas de¡ caribe con paraíso tributario, para así poder eludir también de tributar por las utilidades financieras que obtienen en Chile. Con el fin de aumentar aún más los gastos financieros de las filiales mineras chilenas, las tasas de esos créditos, son además muy superiores a los que existen en el mercado financiero internacional.
Es de conocimiento público que La Disputada de Las Condes paga a filiales de Exxon en Bahamas y Bermudas en promedio US$ 70 millones anuales en intereses financieros, lo que es alrededor del 30 % de sus costos de explotación o 20 % de sus ingresos por ventas. Debido a, estos abultados intereses, La Disputada acumula pérdidas por cerca de 700 millones de dólares, de lo que se deduce que hasta que la mina se agote, nunca pagará un sólo dólar de impuesto al Estado chileno.
Las dos mayores empresas mineras extranjeras, a los créditos asociados a la inversión extranjera podemos conocer lo siguiente: Minera Escondida Ltda. en su balance público por el año 2000, a 11 años de haber iniciado su explotación, admite gastos financieros por US$ 112 millones, equivalente al 15,7 % de sus costos de explotación o de 8,6 % de sus ventas. Con un capital de US$ 98 millones, esta empresa tiene una deuda de alrededor de US$ 1.400 millones, y paga además U$ 64,4 millones a SCM Escondida por arriendo de la mina y US$ 70 millones por administración, comisiones por ventas y fletes y seguros a otras empresas relacionadas. Doña Inés de Collahuasi SCM, en el balance publicado por el año 2000, declara pago de intereses financieros por US$ 124,8 millones, lo que equivale al 24 % de sus costos de explotación o 15,1 % de sus ingresos por venta. Su capital social es de US$ 185 millones, pero con un endeudamiento con empresas relacionadas de US$ 1.235,5 millones. Las pérdidas tributarías acumuladas hasta el año 2000 ascienden a U$ 339,3 millones.
Incluso una minera extranjera en la que Codelco es propietaria del 49 % del capital, recurre masivamente a los créditos y evitar tener utilidades y pagar impuesto a la renta. Es así como en la Memoria de Codelco de 1998, se sostiene que SCM El Abra que pertenece en un 49 % a Codelco, pagó en ese año US$ 68,1 en intereses financieros lo que representa alrededor del 23 % de sus costos de explotación o 17 % de sus ingresos por ventas.
La causa principal del pago de estos cuantiosos intereses y pérdidas de estas empresas mineras extranjeras, se debe principalmente a la autorización de invertir con créditos de sus propias filiales financieras domiciliadas en paraísos tributarios, para lo cuál no existe límites en la legislación chilena, por lo que para impedir que se sigan produciendo estas cuantiosas pérdidas para nuestro país, se modifica el DL 600 en el siguiente sentido:
PROYECTO DE LEY
En el DL 600 se modifica la letra d) del artículo 21, en la primera frase y después de la palabra extranjera, agregar la siguiente frase: "que no superen el 25% de la inversión total".
(FDO.): JORGE LAVANDERO ILLANES, SENADOR