Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. CUENTA
- DEBATE
- IV. DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS
- V. APROBACIÓN DE TABLAS ORDINARIA Y DE FÁCIL DESPACHO
- VI.
COMPOSICIÓN DE COMITÉS
- INTEGRACIÓN
- Rafael Moreno
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTEGRACIÓN
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Orpis Bouchon
- INTEGRACIÓN
- Alberto Espina Otero
- Antonio Horvath Kiss
- INTEGRACIÓN
- Jaime Gazmuri Mujica
- Jaime Naranjo Ortiz
- INTEGRACIÓN
- Roberto Munoz Barra
- Nelson Jaime Avila Contreras
- INTEGRACIÓN
- Ramon Vega Hidalgo
- Julio Canessa Robert
- INTEGRACIÓN
- Enrique Zurita Camps
- Enrique Silva Cimma
- INTEGRACIÓN
- ACUERDOS DE COMITÉS
- VII.
ORDEN DEL DÍA
-
ATRIBUCIONES A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA FIJACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.039 EN MATERIA DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- DEBATE
-
ATRIBUCIONES A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA FIJACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR PARRA, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.496, SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, A FIN DE AUMENTAR EL PLAZO DE GARANTÍA PARA PRODUCTOS NUEVOS Y DE EXTENDERLA A BIENES DE SEGUNDA MANO (3072-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cesar Augusto Parra Munoz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR PARRA, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.496, SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, A FIN DE AUMENTAR EL PLAZO DE GARANTÍA PARA PRODUCTOS NUEVOS Y DE EXTENDERLA A BIENES DE SEGUNDA MANO (3072-03)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 1ª, en martes 1º de octubre de 2002
(De 16:17 a 17:41)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. CUENTA..........................................................................¿.
IV. DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS...................................................
V. APROBACIÓN DE TABLAS ORDINARIA Y DE FÁCIL DESPACHO...........
VI. COMPOSICIÓN DE COMITÉS.............................................................................
Acuerdos de Comités.................................................................................................
VII. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el DFL. Nº 70, de 1988, Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República atribuciones que se indican (2430-09) (se rechaza, y pasa a Comisión Mixta)...............................................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.039, que establece privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial (2416-03) (se aprueba en general)................................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, y el señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial subrogante , del Ministerio de Economía.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Conforme al artículo 63 del Reglamento, la presente primera sesión de la Legislatura 348ª, Extraordinaria, debe comenzar por la cuenta de las comunicaciones dirigidas al Senado.
III. CUENTA
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Catorce de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, y en uso de las facultades que le confieren el número 2º del artículo 32 y el artículo 52 de la Constitución Política de la República, convoca a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional a contar del día 1º de octubre, a fin de ocuparse en los asuntos legislativos y tratados internacionales que se encontraban en tramitación al 16 de septiembre de 2002.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo comunica que ha resuelto retirar de la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que establece el pago de un derecho por el uso de vías urbanas afectas a congestión vehicular (boletín Nº 433-15);
2.- Proyecto de ley que regula la adquisición, pérdida y conservación de la nacionalidad (boletín Nº 1.105-06);
3.- Proyecto que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, y regula el enlace de transmisiones radiales de concesionarios de distintas zonas de servicios (boletín Nº 2.316-15);
4.- Proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la determinación de los límites máximos de velocidad (boletín Nº 2.781-15);
5.- Proyecto que reforma el decreto con fuerza de ley Nº 120, de Hacienda, Ley Orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia (boletín Nº 2.815-05);
6.- Proyecto de ley que prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio de bienes raíces que ocupen más del porcentaje que indica de la superficie de la provincia en que se encuentren situados (boletines números 2.895-12 y 2.952-12);
7.- Proyecto que modifica la letra a) del artículo 9º de la ley Nº 19.776, sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales en la forma que indica (boletín Nº 2.946-12);
8.- Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 (boletín Nº 2.667-10);
9.- Proyecto de acuerdo referido a la aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la República del Líbano para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones y su Protocolo, suscritos en Beirut el 13 de octubre de 1999 (boletín Nº 2.936-10);
10.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia sobre Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones y su Protocolo, suscritos en Santiago el 7 de abril de 1999 (boletín Nº 2.937-10);
11.- Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, suscrito en Santiago el 5 de agosto de 1999 (boletín Nº 2.940-10);
12.- Proyecto de acuerdo referido a la aprobación del Acuerdo entre la República de Chile y la República Socialista de Vietnam para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, adoptado en Santiago el 16 de septiembre de 1999 (boletín Nº 2.956-10);
13.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelandia para la Promoción y Protección de las Inversiones, suscrito en Santiago el 22 de julio de 1999 (boletín Nº 2.957-10);
14.- Proyecto de acuerdo relativo a la aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Turquía sobre Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones y su Protocolo, suscritos en Santiago el 21 de agosto de 1998 (boletín Nº 2.958-10);
15.- Proyecto de acuerdo referido a la aprobación del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Colombia para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones y su Protocolo y el Acuerdo Interpretativo, suscritos en Cartagena de Indias, Colombia, el 22 de enero de 2000, complementado el último por Notas de 9 y 30 de marzo de 2000 (boletín Nº 2.959-10);
16.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la República Dominicana para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones y su Protocolo, adoptados en Santo Domingo el 28 de noviembre de 2000 (boletín Nº 2.960-10);
17.- Proyecto de acuerdo relativo a la aprobación del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Túnez sobre Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones y su Protocolo, suscritos en Santiago el 23 de octubre de 1998 (boletín Nº 2.961-10), y
18.- Proyecto de acuerdo referido a la aprobación del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Sudáfrica para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones y su Protocolo, suscritos en Pretoria el 12 de noviembre de 1998 (boletín Nº 2.965-10).
--Se toma conocimiento.
Con el tercero hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero (boletín Nº 3.015-05).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los once siguientes hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero (boletín Nº 2.970-03);
2.- El que modifica la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial (boletín Nº 2.416-03);
3.- El relativo al fomento de la música chilena (boletín Nº 2.287-04);
4.- El que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la educación superior (boletín Nº 2.964-04);
5.- El relativo a la transparencia, límite y control del gasto electoral (boletín Nº 2.745-06);
6.- El que adecua la legislación que indica conforme a los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) suscritos por Chile (boletín Nº 2.421-03);
7.- El de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (boletín Nº 2.429-05);
8.- El que prorroga la vigencia de concesiones de radiodifusión sonora que señala (boletines números 2.923-15 y 2.551-15, refundidos);
9.- El que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para permitir la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados , en las condiciones que indica (boletín Nº 2.774-15);
10.- El que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y deroga el Libro Segundo de la ley Nº 17.105 (boletín Nº 1.192-11), y
11.- El relativo a la calificación de la producción cinematográfica (boletín Nº 2.675-04).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de la República, comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 1º y 10 del mes en curso, con el propósito que en cada caso se señala:
-El día 1º, vuelo a Europa;
-Entre los días 2 y 6, visita oficial a la Federación de Rusia;
-Entre los días 6 y 7, visita oficial a la República de Hungría;
-Entre los días 7 y 9, visita oficial a la República de Polonia, y
-El día 10, vuelo hacia el territorio nacional, adonde se llegará en la mañana.
Asimismo, señala que durante el período que dure su ausencia será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , señor José Miguel Insulza Salinas.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, mediante los cuales comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1.- El que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal, en materia de delitos de pornografía infantil (boletín Nº 2.906-07).
2.- El que modifica el Código Penal, en materia de figuras penales relativas a la informática, y deroga la ley Nº 19.223 (boletín Nº 2.974-19).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y el primero de ellos se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Del señor Presidente en ejercicio de la Honorable Cámara de Diputados, con el que remite el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por medio del cual inicia la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2003 (boletín Nº 3.077-05).
Asimismo, y para los efectos de lo establecido en el inciso primero del artículo 64 de la Constitución Política de la República, hace presente que el referido mensaje fue recibido en esa Corporación el día 30 de septiembre del año en curso.
--Pasa a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia dictada en el control de constitucionalidad del proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977, en lo relativo al sistema de concesiones de bienes fiscales (boletín Nº 2.821-12).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual comunica la composición de las Salas a partir del día 23 de septiembre recién pasado.
--Se toma conocimiento.
Dos del señor Ministro del Interior:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Larraín, relacionado con la posibilidad de modificar el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en lo que atañe al ascenso de aquellos que carecen de título profesional, y
Con el segundo acusa recibo de un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido al ejercicio del poder constituyente.
Dos del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, sobre la posible amenaza a las exportaciones de productos forestales chilenos con destino a Estados Unidos de América, y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la producción ganadera de la Región de Aisén.
Dos de la señora Ministra de Defensa Nacional:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantero, relativo a la renovación de concesión marítima que señala, en la comuna de Antofagasta, y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Orpis, sobre la denegación de concesión de acuicultura que indica, en la comuna de Pisagua.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia subrogante , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Viera-Gallo, respecto del crecimiento económico del país.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, con relación al sistema operativo utilizado por la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas en la fijación de precios y la mercadería estipulada para vender en la comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Andrés Zaldívar, referido a una presentación del Presidente de Exonerados Políticos Provincia Cordillera .
Tres de la señora Ministra de Educación:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, en cuanto a la situación que aqueja a la Municipalidad de Punta Arenas debido a la falta de recursos para el pago de la asignación de perfeccionamiento docente;
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Prokurica, relativo a la posibilidad de instalar una línea telefónica, para conexión a la red Internet, en la escuela de Inca de Oro, comuna de Diego de Almagro, y
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre los criterios empleados en la asignación de recursos para ejecución de obras que aprueba el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura.
Tres del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Andrés Zaldívar, referido a una presentación de los productores lácteos de las provincias de Cautín y Valdivia;
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, en cuanto al cultivo y elaboración de productos transgénicos, y
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca de la enfermedad de ovinos y caprinos denominada "Maedi Visna".
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Matthei, sobre la situación de los socios de la Cooperativa Abierta de Vivienda HABITACOOP Limitada.
Tres del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, respecto de la posible explotación de yacimientos mineros ubicados en el denominado "Parque Pumalín";
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, tocante a los lugares de la Duodécima Región a los que se podría extender el beneficio contemplado en el artículo 9º de la ley Nº 19.776, sobre regularización y posesión de inmuebles fiscales, y
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, atinente a la situación de la comunidad indígena de Butachauques, sector de Nayahué, comuna de Quemchi, Décima Región.
Del señor Ministro de Minería , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relacionado con el potencial de recursos mineros en el área denominada "Parque Pumalín".
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de los avances logrados para suministrar gas natural a la Región de Aisén.
Del señor Presidente subrogante del Tribunal Calificador de Elecciones, mediante el cual remite copia de los acuerdos adoptados en la Sexta Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.
Dos del señor Subsecretario de Transportes :
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, con relación al itinerario contemplado en el contrato de transporte marítimo subsidiado del tráfico en el litoral norte de la Región de Aisén, y
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre la reanudación de los viajes del tren de pasajeros entre las ciudades de Temuco y Puerto Montt.
Del señor Secretario Ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Energía, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relacionado con el decreto Nº 1.134, del Ministerio del Interior, de 1999, sobre la hora oficial.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre los derrames de petróleo en las instalaciones de la Refinería de Petróleos de Concón.
Del señor Director Nacional subrogante del Servicio Nacional de Geología y Minería, a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lavandero, en relación con el secreto estadístico.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, en cuanto a la tributación del cobre.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Naranjo, acerca del funcionamiento de las oficinas de atención al cliente por parte de las empresas sanitarias.
De la señora Intendenta subrogante de la Undécima Región , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los programas de electrificación rural de la Región de Aisén.
De la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Aisén , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Larraín, referido al nombramiento de directores de establecimientos educacionales.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía , a través del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre la implementación de un consultorio rural en la localidad de San Antonio, comuna de Victoria.
Del señor Gerente General de la Empresa Metro Regional de Valparaíso Sociedad Anónima, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Romero, tocante al anuncio del futuro cese de operaciones de las estaciones que señala.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia de concesiones de radiodifusión sonora que indica, con urgencia calificada de "simple" (boletines números 2.923-15 y 2.551-15, refundidos).
Segundo informe de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Cariola, Fernández y Larraín y del entonces Senador señor Prat, relativo a la publicidad de todos aquellos documentos que tengan relación con la fijación de tarifas de los servicios sanitarios, eléctricos y de telecomunicaciones (boletín Nº 2.713-03).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Parra, mediante la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre Derechos de los Consumidores, a fin de aumentar el plazo de garantía para productos nuevos y de extenderla a los bienes de segunda mano (boletín Nº 3.072-03).
--Pasa a la Comisión de Economía. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional ).
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Terminada la Cuenta.
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El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se encuentran en las tribunas los miembros de la Comisión de Salud Pública y Política Social del Senado de la República Checa.
Hacemos propicia la ocasión para saludarlos afectuosamente y agradecer su visita.
--(Aplausos).
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El señor RÍOS.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , se acaba de escuchar que el Primer Mandatario "comunica que ha resuelto retirar de la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional los siguientes asuntos:". ¿Esto significa que todos los demás proyectos quedaron en la convocatoria, sin excepción?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Así es, señor Senador.
El señor RÍOS.-
Segundo punto, señor Presidente.
Nos hemos informado, por el diario -y, naturalmente, nos sentimos muy contentos con la noticia-, de que uno de los integrantes del Senado chileno es hoy Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial.
No sé si la Mesa tiene ya la información oficial y los antecedentes que finalmente concluyeron con este resultado, que prestigia al Congreso, en general, y a esta Alta Cámara, en particular.
Nada más.
IV. DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento, corresponde designar los días y horas para las sesiones ordinarias semanales.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El señor Presidente propone fijar los martes y miércoles, de 16 a 20, para celebrar las sesiones ordinarias semanales, sin perjuicio de que se pueda citar a sesiones extraordinarias los días jueves, de 10:30 a 14, cuando ello sea necesario.
--Así se acuerda.
V. APROBACIÓN DE TABLAS ORDINARIA Y DE FÁCIL DESPACHO
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
A continuación, corresponde aprobar la Tabla Ordinaria y la de Fácil Despacho.
Los señores Senadores las tienen sobre sus escritorios.
--Se aprueban.
VI. COMPOSICIÓN DE COMITÉS
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario dará cuenta de la composición de los Comités.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Los Comités quedarán conformados de la siguiente manera:
Comité Demócrata Cristiano: Honorables señores Moreno y Lavandero.
Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes: Honorables señores Coloma y Orpis.
Comité Renovación Nacional: Honorables señores Espina y Horvath.
Comité Socialista: Honorables señores Gazmuri y Naranjo.
Comité Partido Por la Democracia: Honorables señores Muñoz Barra y Ávila.
Comité Institucionales 1: Honorables señores Vega y Canessa.
Comité Institucionales 2: Honorables señores Zurita y Silva
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, reunidos el día de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1º. Con relación al proyecto que modifica el Código de Aguas, abrir nuevo plazo para presentar indicaciones: hasta las 12 del lunes 28 del mes en curso.
2º. Pedir el acuerdo unánime de la Sala para tratar en esta sesión el proyecto modificatorio de la Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios y el que enmienda la ley sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.
3º. Respecto de las iniciativas atinentes a protección y evaluación ante deterioro de la capa de ozono y a creación de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, abrir nuevo plazo para presentar indicaciones: hasta las 12 del 14 del mes en curso.
4º. Solicitar la unanimidad del Senado a fin de destinar en esta sesión una hora para Incidentes.
La señora FREI (doña Carmen).-
En cuanto a agregar una hora de Incidentes, no doy mi aprobación.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
¿Y sobre el resto de las proposiciones?
El señor SABAG.-
Estamos de acuerdo.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se procederá en consecuencia.
VII. ORDEN DEL DÍA
ATRIBUCIONES A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA FIJACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, Ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República las atribuciones que se indican.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2430-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 6 de agosto de 2002.
Informe de Comisión:
Obras Públicas, sesión 27ª, en 10 de septiembre de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa tuvo origen en moción de los Diputados señores Patricio Cornejo, Jaime Jiménez, Pablo Lorenzini, Carlos Olivares y Luis Pareto.
El objetivo del texto despachado por la Cámara Baja es, primero, establecer que las nuevas tarifas de agua potable sean fijadas mediante decreto supremo, el que deberá llevar la firma del Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción; y segundo, otorgar al Presidente de la República , por una sola vez, la facultad de modificar el porcentaje de variación de las tarifas determinado de conformidad con el procedimiento contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988.
El proyecto se encuentra informado por la Comisión de Obras Públicas, la que, luego de analizar las normas constitucionales y legales atinentes a él, acordó rechazarlo en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Cordero, Sabag y Stange.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Obras Públicas, debo informar que el proyecto en debate se inició en moción de varios señores Diputados y tiene por objeto establecer que las nuevas tarifas de agua potable definidas por un prestador sean fijadas mediante decreto supremo propiamente tal y no -como sucede en la actualidad- por decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República ".
Del mismo modo, se pretende otorgar al Primer Mandatario la facultad de modificar, por una sola vez, el porcentaje de variación resultante de los estudios hechos y conducentes a la fijación del tarifado.
La moción pertinente mereció dudas a la Comisión en cuanto a su constitucionalidad y procedencia legal. No obstante, se recabaron opiniones del señor Superintendente de Servicios Sanitarios y del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, cuyos argumentos se reproducen in extenso en el informe respectivo.
En efecto, al tenor de lo expuesto por dicha Superintendencia, el proyecto se aparta de las normas constitucionales, por cuanto la materia sobre la que se pretende legislar mediante moción es de iniciativa exclusiva del Jefe del Estado , en conformidad a lo prescrito en el número 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Igualmente, el proyecto restringe las potestades del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ya que propone que sea el propio Presidente de la República quien fije las tarifas mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía , con lo cual se altera la determinación de las atribuciones o de las funciones de un servicio público, materia que es de exclusiva competencia del Primer Mandatario.
Consecuentemente, tal como se expresa en el informe, el proyecto que se comenta es de iniciativa exclusiva del Jefe del Estado y, por lo tanto, queda de manifiesto un vicio de inconstitucionalidad por incompetencia de la Cámara de Diputados para abordar este tipo de materias.
Por otra parte, al tenor de lo expuesto por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, los decretos tarifarios expedidos "por orden del Presidente de la República " tienen igual validez jurídica que aquellos donde sólo se señala que son de esa Secretaría de Estado, en conformidad a lo prescrito en el artículo 35 de la Constitución Política. De ahí que no habría fundamento para afirmar que en caso contrario se contaría con mayor transparencia administrativa.
Expresa dicho Ministerio que la pretensión de extraer del ámbito exclusivamente técnico el proceso de fijación tarifaria e introducirlo en el político, al otorgar al Presidente la facultad de modificar a su arbitrio el porcentaje de variación de las tarifas determinadas por un procedimiento reglado y legal, afecta el carácter eminentemente técnico de aquel proceso.
Cabe también tener en cuenta, a juicio de dicha Secretaría de Estado, que de algún modo se atenta contra el derecho de propiedad que beneficia a las empresas en cuanto al procedimiento de fijación tarifaria; y, por lo demás, únicamente el Presidente podría intervenir, por una sola vez, antes de dicha fijación, en un proceso que dura cinco años, sin consideración técnica que lo avale.
La Comisión hizo suyas las observaciones planteadas por los órganos administrativos y reseñadas brevemente, toda vez que la modificación propuesta no otorga mayor transparencia al proceso de fijación tarifaria; implica quebrantar la certeza técnica de las fórmulas en uso para tal efecto; crea una atribución que excluye la participación del regulado, la cual se encuentra perfectamente legislada, y, a mayor abundamiento, infringe diversas normas constitucionales, lo que hace aconsejable rechazar en general y en particular la iniciativa.
En razón de lo argumentado, y de acuerdo con lo resuelto por unanimidad en la Comisión, propongo desaprobar el proyecto.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , hay dos elementos que deseo exponer ante la Sala para su análisis, el que, en mi opinión, vale la pena iniciar ahora.
El motivo central del rechazo de la iniciativa -y así lo señaló el Senador señor Stange - es su inconstitucionalidad.
No me pronuncio sobre lo manifestado por la Comisión de Obras Públicas, pero sí creo importante dejar establecida una doctrina.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados; ésta lo consideró constitucional, y en el Senado lo estamos calificando de inconstitucional.
Nosotros, al menos, teníamos resuelto este conflicto de poderes (por decirlo de algún modo) dentro del Legislativo al estimar que, en cuanto a las iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados y que desde nuestro punto de vista eran inconstitucionales, debíamos aceptar su constitucionalidad para luego decidir qué hacer con ellas. Por eso, ni siquiera quedaban en los informes. Y ello es muy importante, porque, en este caso, de la lectura del informe se infiere que la razón fundamental -y prácticamente final- del rechazo del proyecto es su inconstitucionalidad.
Segundo elemento relevante (y yo quisiera que la Sala viera la alternativa de retomarlo).
Cuando se establecieron las tarifas del agua el año pasado -en septiembre, concretamente-, se produjo a nivel nacional un debate bastante intenso sobre la forma de determinarlas. Hubo una serie de condiciones que no se cumplieron: no existió participación de las municipalidades; los alcaldes estaban en campaña, etcétera. Entonces, el tema de las tarifas quedó incompleto. Y hay a lo largo de todo el país una cantidad enorme de inquietudes sobre la responsabilidad de diversas empresas en cuanto a la información que deben entregar a los usuarios, en fin.
En lo tocante al agua, señor Presidente , la cuestión tarifaria no está cerrada; existe algo más grande. La información final que conocemos es que las tarifas han sido autorizadas por bloques o áreas geográficas bastante amplias, donde hay situaciones sociales y costos del servicio muy disímiles. Por ende, en mi concepto, aquello no corresponde a la realidad. Cada comuna tiene su propio sistema de aguas, sus propios procedimientos para resolver los problemas de las aguas servidas. No es admisible, entonces, la existencia de contratos que deriven en que pequeñas comunas -porque así es- subsidien el valor de las aguas de las comunas más grandes.
¿Qué creo, señor Presidente ? Que el proyecto -y ésta es una proposición- nos brinda la oportunidad precisa para resolver el problema futuro de los contratos de aguas. Y, en tal sentido, estimo que debe considerarse a las comunas y no a grandes territorios.
Me parece que si el proyecto vuelve a la Comisión a fin de que revise lo relativo a la constitucionalidad -tiene que hacerlo, porque lo señalado en el informe que nos ocupa quiebra la tradición del Senado a partir de 1990-, puede abrirse en su interior un debate interesante y profundo con el Ejecutivo acerca de las formas futuras de aplicación de las tarifas de las aguas. De esa manera, la iniciativa en análisis, que parece ser tan simple, podría ser transformada en un gran documento que dé satisfacción a los millones de chilenos que claramente demuestran hoy una enorme insatisfacción en el ámbito tarifario.
Por tal motivo, solicito formalmente que el proyecto vuelva a la Comisión pertinente para que revise lo relativo a la inconstitucionalidad y, al mismo tiempo, abra un debate acerca de las formas futuras de aplicación de las tarifas de las aguas.
Nada más, señor Presidente .
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Debo precisar a la Sala que la Mesa no ha declarado la inconstitucionalidad del proyecto ni se ha pronunciado sobre el particular. Sólo pretende poner en votación la iniciativa, que fue objeto de la recomendación unánime de los miembros presentes de la Comisión de Obras Públicas en el sentido de rechazarla en general y en particular.
Ahora surgió una nueva proposición, del Honorable señor Ríos: que el proyecto vuelva a la Comisión.
Previo a una resolución al respecto, pondré en votación el asunto, para ver cuál es el criterio de la Sala. De ello dependerá el destino del proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , en cuanto a la observación del Senador señor Ríos, no sé cuál es la instancia apropiada. Empero, creo que tanto en la Comisión pertinente como en la Sala, si hay elementos de juicio que respalden la decisión, es posible declarar inconstitucional una iniciativa considerada constitucional por la Cámara de Diputados.
Cuando empezamos a conocer este proyecto, lo primero que hicimos fue solicitar el patrocinio del Ejecutivo. Éste dijo que no, que de ningún modo estaba de acuerdo.
Conforme al Nº 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta, el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva para "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados sean fiscales, semifiscales, autónomos, o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.".
La normativa en análisis pretende dar al Jefe del Estado una facultad especial que ya está contenida en la legislación vigente. En efecto, el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, faculta al Primer Mandatario para modificar las tarifas, pero con una diferencia: debe compensar el valor que rebaja. Porque hay una comisión técnica que determina aquéllas. Y eso se halla claramente establecido.
Por consiguiente, aprobar esta iniciativa implicaría quebrantar la certeza técnica de las fórmulas tarifarias, generando incertidumbre y creando una atribución que excluye la participación del regulado, quien no sería compensado ni invitado a participar en la enmienda de dichas fórmulas.
Reitero: en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 70 se dispone categóricamente que el Presidente de la República puede modificar las tarifas establecidas por la comisión referida, con determinados requisitos y siempre que se pague una compensación mensual a los prestadores afectados.
¡Ésa es la diferencia!
O sea, después de que una comisión técnica ha establecido las tarifas de acuerdo con los parámetros legales, el Primer Mandatario , en virtud de la facultad que le da el proyecto y que él no está pidiendo, podrá rebajar las tarifas y determinar las de reemplazo. ¿Pero quién pagará la diferencia? ¿Quién compensará? ¿Cómo se financiarán las empresas afectadas?
Por eso la Comisión de Obras Públicas opina que el proyecto debe ser declarado inconstitucional, más aún si el Ejecutivo se negó a patrocinarlo y, a mayor abundamiento, manifestó que por ningún motivo desea que se le otorgue ese tipo de facultades.
He dicho.
El señor PROKURICA.- Pido la palabra.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , estamos frente a una situación curiosa, porque, en la práctica, la Comisión hace dos cosas: declara inconstitucional la iniciativa y, además, la vota en contra.
En mi concepto, se trata de dos cuestiones distintas. Cuando una Comisión analiza un proyecto y lo considera inconstitucional, no lo vota, no lo tramita, por carecer de patrocinio del Ejecutivo.
Por lo tanto, el Senador informante u otro miembro de la Comisión podría aclararnos si ésta se halla en contra de la normativa planteada. Y sin pronunciamiento sobre su constitucionalidad, se acaba la vida del proyecto. Eso es todo.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Quiero precisar que, formalmente, no se ha declarado la inconstitucionalidad. Se opinó en ese sentido; el proyecto fue votado en la Comisión, y ahora corresponde el pronunciamiento de la Sala.
Por consiguiente, no es correcto insistir en que se declaró la inconstitucionalidad. Eso no ha ocurrido, y la Mesa tampoco lo hará.
Si le parece a la Sala...
El señor LARRAÍN.-
Pido la palabra.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente...
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , convengo en que la Mesa no ha declarado inadmisible el proyecto. Y por eso éste ha sido sometido a tramitación; existe un informe de Comisión, en fin.
Yo, al menos, quiero expresar mi inquietud respecto del criterio sustentado hoy en la Sala. Me refiero a la autolimitación que se ha puesto el Senado en el sentido de que, como la iniciativa ya fue despachada en primer trámite constitucional por la otra Cámara, aquí no podemos declararla inadmisible.
Eso, señor Presidente , no está en ninguna parte de la Carta. Y tal autolimitación es muy discutible. Porque si en determinado momento la Mesa o la Sala llega a la conclusión de que un proyecto es inadmisible, de que no es apto para tramitación legislativa, puede fundar en esas circunstancias la decisión de no tratarlo.
Es factible que aquello genere un conflicto con la Cámara de Diputados. Sin embargo, no se trata de un conflicto que no pueda ser zanjado dentro de la institucionalidad, más aún si recae en un asunto de gran relevancia y que precisa una salida.
En el caso que nos ocupa, la Comisión funda su rechazo, no sólo en la inadmisibilidad -y éste es el otro punto-, sino también en el hecho de que el proyecto en sí no es bueno: contiene demasiadas limitaciones; no logra el objetivo de la transparencia; da carácter discrecional a una decisión técnica; reviste de aspectos políticos una decisión que no debería tenerlos; deja al Presidente de la República sujeto a presiones, en fin. La Comisión entrega una serie de antecedentes que, en mi concepto, avalan la recomendación de rechazar la iniciativa en general y en particular.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor LARRAÍN.-
Subrayo el punto, señor Presidente , porque no quiero que el hecho de no declarar inadmisible un proyecto en estas condiciones se convierta en doctrina o dogma de fe imposible de revisar. En lo que a mí respecta, tengo serias dudas de su legitimidad.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
No se ha hecho ningún planteamiento en tal sentido, señor Senador. Nadie ha indicado que el proyecto no puede ser declarado inconstitucional. Lo que pasa es que, por una cuestión de tradición, de antecedente, las anteriores Mesas han mantenido un criterio de "fair play" -me lo expresa el señor Secretario y efectivamente ha sido así- que no se ha cuestionado. Pero -repito- nadie ha afirmado que estemos inhabilitados en este asunto.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En su segundo discurso, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Todavía no he completado el tiempo del primero, señor Presidente . Sería mi segundo discurso si hubiera hablado quince minutos.
¡Le había dado una interrupción a todo el Senado...!
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Señor Senador, puede hacer uso de su segundo discurso.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , el primer problema de este tipo se produjo tiempo atrás cuando, siendo yo Presidente de la Comisión de Gobierno , declaré inadmisible por inconstitucional un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Eso se debatió en los Comités. Finalmente, el titular del Senado de aquel entonces señaló que la situación debía ser analizada por la Sala, respetando la resolución de constitucionalidad de la otra rama del Congreso Nacional. En la misma forma se ha procedido ahora.
El problema es que, si la Cámara de Diputados aprueba un proyecto y el Senado lo declara inconstitucional, el asunto queda en tierra de nadie, porque no se sabe cómo subsanarlo. Si es rechazado en segundo trámite -puede ocurrir con el que ahora se debate-, debe formarse una comisión mixta que resuelva la divergencia. Y ahí es posible volver a votarlo en contra. Pero si es declarado inconstitucional, ¿qué ocurre? Porque una vez comunicada la inadmisibilidad, la Cámara de Diputados puede estimar que sí es constitucional.
Ése es un tema que debe resolverse antes de adoptar cualquier posición que signifique marginarnos de la responsabilidad que nos cabe en materias constitucionales. Es un asunto pendiente. A pesar de que las anteriores Mesas consideraron que todo proyecto aprobado por la otra rama del Parlamento debe ser tramitado por el Senado, aunque éste lo estime inconstitucional, creo que debe estudiarse el punto para ver si existe otro camino.
Nada más, Presidente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, ...
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, independientemente de la votación, el asunto de fondo es determinar si tenemos facultad para suspender la tramitación de un proyecto que se considera contrario a la Carta, a pesar de haber sido ya aprobado y estimado constitucional por la otra cámara. Me parece que la Comisión de Constitución debería analizar el tema y proponer una solución.
Por lo tanto, pido que ese organismo emita un pronunciamiento sobre el particular.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
No veo inconveniente en proceder en esos términos, señora Senadora, lo cual no obsta a que la Sala vote ahora el proyecto en debate.
El señor FREI (don Eduardo).-
Pido la palabra.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Señor Presidente , no me voy a referir al tema de la constitucionalidad. Me parece bien que la Comisión de Constitución lo estudie.
Sí deseo dejar constancia de que me opongo al fondo del proyecto. Creo que iniciativas de este tipo destruyen todo el sistema regulatorio vigente. Si ya hay un sistema aprobado por ley, con procedimientos para la fijación de tarifas que prácticamente duran un año, facultar al Presidente de la República para cambiar todo lo que se ha hecho significaría, primero, cambiar la ley y modificar todos los mecanismos regulatorios, incluidos los que rigen a los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones; y segundo, someter al Primer Mandatario a presiones imposibles de manejar.
El sistema regulatorio que rige, como bien ha indicado el Honorable señor Ríos, puede ser perfeccionado. Pero terminar con él y dejar que las materias que regula sean resueltas por el Jefe del Estado mediante decreto supremo implica retroceder 20 ó 30 años.
En consecuencia, me opongo al fondo de la iniciativa.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se rechazará la idea de legislar.
Acordado.
Sin perjuicio de lo anterior, si a la Sala le parece, el tema de la constitucionalidad será enviado a la Comisión de Constitución para que emita un pronunciamiento.
Acordado.
Como el proyecto ha sido rechazado en su totalidad, corresponde la formación de una comisión mixta. Propongo que la integren, en representación del Senado, los miembros de la Comisión de Obras Públicas.
¿Habría acuerdo?
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , no es tan claro que proceda ahora la constitución de una comisión mixta. El siguiente paso es comunicar a la Cámara de Diputados la decisión adoptada por esta Corporación, y si esa rama legislativa concuerda con ella, termina la tramitación del proyecto. Ahora, si no está de acuerdo con la resolución del Senado, recién ahí corresponde la formación de una comisión mixta.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
El señor Secretario tiene la palabra.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En este caso, señor Senador , rige el artículo 67 de la Constitución, según el cual el proyecto desechado en su totalidad por la cámara revisora debe ser considerado por una comisión mixta de igual número de Diputados y Senadores.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Está clara la situación.
Entonces, si no hubiera objeción, se designaría para actuar en esa instancia a los miembros de la Comisión de Obras Públicas.
Acordado.
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.039 EN MATERIA DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificaciones a la ley Nº 19.039, que establece privilegios industriales y la protección de los derechos de la propiedad industrial, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2416-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 3 de julio de 2002.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión deja constancia de haber discutido el proyecto sólo en general, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
Los objetivos principales de la iniciativa son:
1.- Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Chile en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos en lo relativo a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.
2.- Adecuar la ley Nº 19.039 al Convenio de París, de 1991.
3.- Corregir la estructura de dicha ley, con la finalidad de incorporarle un lenguaje técnico y jurídico más depurado.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Economía, Senadores señores García, Gazmuri y Ruiz-Esquide, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
El informe señala que la iniciativa deberá ser conocida también por la Comisión de Hacienda en la discusión particular.
Finalmente, cabe destacar que los números 16), letra a) y 17); el artículo 17 bis B, contenido en el Nº 18); los artículos 17 bis C y 17 bis D, incluidos en el Nº 20); el Nº 37); los artículos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, comprendidos en el Nº 52); el Nº 70; el párrafo final del Nº 3 del artículo 77, contenido en el Nº 73); los artículos 97, inciso segundo, y 104, incorporados en el Nº 75); el artículo 107, contenido en el Nº 76), normas todas del artículo único, y el artículo 1º transitorio, son disposiciones de carácter orgánico constitucional y, en consecuencia, requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Rogelio Campusano Sáez, Jefe subrogante del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía .
--Se accede.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, como en esta oportunidad corresponde pronunciarse sobre la idea de legislar, voy a centrarme en los aspectos principales de la iniciativa.
Creo que el proyecto es extremadamente relevante, no sólo en cuanto a su contenido, sino por las consecuencias que se derivarán de los tratados que el país está celebrando ahora con la Unión Europea y pronto con Estados Unidos.
¿Por qué señalo esto, señor Presidente ? Porque Chile es parte de la Ronda de Uruguay. En virtud de los acuerdos adoptados en ella, los Estados que los suscribieron se comprometieron a abrir el comercio mundial y a proteger adecuadamente la propiedad intelectual, asegurando que el respeto a esos derechos no se convierta en obstáculo al comercio legítimo. Tal propósito se consagró en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que, como Anexo 1C de los Acuerdos de Marrakech, se promulgó en Chile mediante decreto supremo Nº 16, del Ministerio de Relaciones, de 1995. Nuestro país debió haber cumplido esa obligación el 1 de enero del año 2000.
En la actualidad, uno de los temas relevantes que protegen los países desarrollados es la propiedad intelectual, lo que permite promover, fomentar y favorecer el desarrollo tecnológico, las inversiones, el comercio, etcétera.
¿Por qué menciono esto con especial relevancia? Porque hoy es evidente que la gran ventaja de los países desarrollados se basa en la protección de la propiedad intelectual. Es prácticamente su única ventaja cuando se produce la apertura del comercio. Antes, ese resguardo radicaba en los bajos aranceles de las materias primas; pero, en la medida en que los países en desarrollo incorporaban a esos mercados productos de mayor valor agregado, se originaba el escalonamiento arancelario, fenómeno que, con los tratados de libre comercio, desaparece. Por lo tanto, su única ventaja será la protección de la propiedad intelectual.
Y lo de fondo -que a mi juicio el proyecto aborda bien- es el "agotamiento de los derechos de propiedad intelectual", entendiendo por tales la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos. Se trata de una institución jurídica relativa al efecto que se produce cuando un titular -directamente o a través de un tercero- introduce un producto protegido, perdiendo la facultad de impedir que posteriormente el producto circule comercialmente en distintos países o en territorio determinado. Hasta aquí no hay problema. Sólo se habla de un concepto. Pero el problema surge cuando de ese concepto se derivan dos tipos de agotamiento del derecho: el nacional y el internacional.
Se está en presencia de agotamiento nacional del derecho de propiedad intelectual cuando el titular que comercializa un producto amparado pierde solamente la facultad de oponerse a que ese mismo producto sea comercializado en el territorio de un país determinado, no pudiendo importarse desde otros países si no se cuenta con la autorización expresa de quien es su titular o autor. Ésa es la tesis que precisamente sostendrán los países desarrollados. Así lo estamos viendo en el Tratado con la Unión Europea -que pronto deberá resolver este Congreso-, donde se establece que en esta materia deberá estarse a la legislación más rigurosa y estricta, que evidentemente es la vinculada con el agotamiento nacional del derecho. Es decir, la comercialización se restringe solamente a aquellos lugares o territorios en que el autor lo permite, pudiendo impedir la importación en forma directa desde otros países.
En cambio, los países subdesarrollados defienden la tesis del agotamiento internacional del derecho, según la cual si el autor de un producto permite que se comercialice en un territorio determinado, automáticamente cualquier país queda facultado para importarlo.
Quiero abordar el tema en términos gráficos. Si se aplica la tesis del agotamiento nacional del derecho, jamás Chile podrá importar de un tercer país un producto farmacéutico patentado, con licencia y que es comercializado en un territorio determinado. O sea, se le impedirá hacer importaciones paralelas, materia que merece debatirse a fondo. Además, creo que será objeto de gran lucha en la negociación de los tratados de libre comercio.
No tengo la menor duda de que en lo que concierne a la propiedad intelectual la redacción quedó vaga en el Acuerdo con la Unión Europea y de que lo mismo va a suceder con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y ello, porque los países desarrollados aplican una protección muy restrictiva de la propiedad intelectual.
Repito: el proyecto aborda el problema de modo correcto, porque consagra expresa e irrestrictamente el agotamiento internacional del derecho. Pero esta normativa puede ser letra muerta si con la Unión Europea y Estados Unidos se aprueba la otra tesis. Entonces, deberemos tener muy presente este tema, para no impedir importaciones de terceros países que beneficien a los consumidores chilenos. Se trata de productos con las mismas licencias, respecto de los mismos laboratorios, que están patentados en otros territorios, pero que se pueden obtener de terceros países de manera más barata.
En lo particular, considero que el proyecto avanza positivamente en una serie de materias: agiliza los procedimientos para solicitar y conceder derechos industriales; eleva considerablemente las multas; aborda -ello se hace por primera vez- el tema de la denominación de origen, y establece regulaciones de medidas precautorias y prejudiciales.
Hay temas que son discutibles y que seguramente darán origen a polémicas durante su discusión. Simplemente me he limitado a advertir que este proyecto no es una mera adecuación a las normas del Acuerdo de Marrakech, sino que apunta a temas de fondo. Y si no se negocian bien los tratados de libre comercio con los países desarrollados, gran parte de su normativa va a ser letra muerta.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SANDOVAL ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción Subrogante).-
Señor Presidente , el 4 de octubre de 1999 el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, sobre protección de derechos de propiedad industrial, vigente desde 1991.
Después de dos años y medio de debate en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue perfeccionada y aprobada en su primer trámite constitucional por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala; es decir, por 76 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. Lo anterior demuestra el alto grado de consenso alcanzado en torno a la normativa en estudio en su primer trámite constitucional.
El fundamento de la iniciativa del Ejecutivo es principalmente la adecuación de nuestra legislación nacional de propiedad industrial a las obligaciones contraídas por el Estado chileno en 1995, en el marco del Acuerdo de Marrakech, que creó la OMC y que estableció el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC en castellano o TRIPS´s en inglés).
Las obligaciones internacionales que Chile asume al suscribir el ADPIC obligan a la adecuación de la ley Nº 19.039, conforme a los requerimientos establecidos por dicho Acuerdo. Tal adecuación debió haberse producido a más tardar el 1 de enero del año 2000, razón por la cual nos encontramos ante un tratado que todavía no hemos cumplido.
Aunque hasta ahora el atraso no ha tenido serias consecuencias, es evidente que tanto el Congreso como el Gobierno deben realizar sus máximos esfuerzos para que el proyecto en análisis sea aprobado en el transcurso del presente año, actualizando así la normativa que rige la protección de la propiedad intelectual de acuerdo con los nuevos estándares internacionales que hoy se hallan en vigor.
Señalamos lo anterior no sólo por el criterio de que Chile debe honrar sus compromisos internacionales, sino porque la modernización de la legislación de la propiedad intelectual traerá varias consecuencias:
1.- Otorgará beneficios directos a nuestras empresas. Ello, por ejemplo, ocurrirá con el sector agropecuario, dado que las indicaciones geográficas se constituirán como nueva categoría de propiedad intelectual.
2.- Hará más confiable y atractivo nuestro país para captar inversiones de alta tecnología.
3.- Facilitará el desarrollo de las negociaciones internacionales y la profundización de nuestro comercio con países desarrollados.
Asimismo, cabe reconocer que la legislación en estudio impondrá nuevos desafíos para un Chile que desea basar su crecimiento cada vez más en la innovación y el conocimiento. Por ello, en opinión del Ministerio de Economía, el proyecto de propiedad industrial que nos ocupa constituye sólo otra pieza de una estrategia más avanzada de desarrollo científico y tecnológico y de innovación orientada al progreso.
En este contexto, deseo delinear el enfoque que el Gobierno está dando a la nueva legislación sobre propiedad industrial.
Chile necesita incentivar la innovación y la creación para construir una economía cuyo crecimiento ya no esté determinado por bajos salarios y ventajas comparativas, sino por la diversificación productiva y capacidad de agregación de valor basada en productividad y calidad.
Por ello, al país debe interesarle definir, proteger y asegurar los derechos de propiedad industrial, dado que ello es una precondición para incentivar la innovación y la creación. Pero, al mismo tiempo, también le interesa distribuir masivamente los frutos de la invención y la creación, porque ello aumenta la productividad y reduce los costos de acceso para los consumidores.
En consecuencia, los derechos de propiedad intelectual deben establecer un balance equilibrado entre objetivos fundamentalmente conflictivos entre sí. Esto es lo que hace el proyecto de ley que presentamos a vuestra consideración. En efecto, ajustándose a los estándares de ADPIC, asegura una adecuada protección de la propiedad intelectual, evitando sobreprotegerla. Porque la literatura económica y la investigación empírica han demostrado que patentes demasiado protegidas y fáciles de otorgar -en un contexto de altos costos de litigación judicial- pueden, por un lado, desestimular innovaciones subsecuentes, en particular las de tipo incremental, que son las predominantes en países como Chile, y por otro, encarecer innecesariamente el costo de acceso a medicamentos, especialmente en tiempos donde el interés general es evitar un escalamiento de los costos de salud.
Ello se manifiesta en varios aspectos.
Primero, el proyecto de ley asegura nuevas categorías de derechos tales como dibujos industriales, esquemas de trazado, indicaciones geográficas, protección de Información no Divulgada, sin determinar la exclusividad de esa información. Sin embargo, no se establecen derechos de propiedad intelectual para nuevos métodos de negocio, como ocurre en otros países.
Segundo, y relacionado con productos farmacéuticos, los mayores derechos de propiedad industrial están contrapesados con la posibilidad legal de que en situaciones de catástrofes, epidemias u otras emergencias sanitarias, se otorguen licencias no voluntarias u obligatorias, con una remuneración razonable para el propietario de la patente. Al mismo tiempo, se adopta el criterio del llamado "agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual", lo que impide la discriminación de mercados y permite, en caso de que los precios en Chile sean superiores a los de otros países, importar fármacos de marca patentados a los valores más bajos prevalecientes en el mercado internacional.
Tercero, la iniciativa racionaliza procedimientos para el otorgamiento de patentes y, al mismo tiempo, fortalece la observancia de los derechos, pues reglamenta acciones civiles, establece medidas precautorias, medidas prejudiciales y disposiciones tendientes a introducir un procedimiento más eficaz y expedito que el actualmente en vigor. Todo ello lo hace en un contexto de acción justa y razonable.
En resumen, podemos señalar que el proyecto de ley en estudio cumple con los compromisos internacionales de Chile y tiene un enfoque equilibrado de protección de los derechos de propiedad industrial. Por lo demás, durante su tramitación en la Cámara de Diputados logró un alto consenso, toda vez que se ha buscado un equilibrio armonizador entre el cumplimiento de los compromisos internacionales válidamente celebrados y la adaptación de nuestra normativa a los nuevos requerimientos del mundo moderno, resguardando, por otra parte, los legítimos intereses de la ciudadanía y de los innovadores de nuestro país.
Por lo anterior, solicitamos al Senado aprobar la idea de legislar para, así, proseguir la tramitación del presente proyecto.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , creo que en esta materia está pendiente un debate bastante más profundo, sobre todo en algunos aspectos que revisten mucha trascendencia, como los de salud.
Soy gran defensor de la propiedad. Me parece que ella es inherente a la naturaleza de las personas. Pero también creo que todo principio y valor individual tiene un valor social. Todo lo que se relacione con el hombre, individualmente, y con la sociedad siempre resulta ser una norma armónica. Ésa fue una discusión que sostuvimos con motivo de la abolición de la pena de muerte. El hombre individualmente tenía derecho sobre la vida de otras personas cuando protegía la propia o la de un tercero, de un niño. La sociedad le ha quitado ese derecho mediante una norma legal, dejando la resolución en manos de un juez (en lo concerniente a la policía, sigue igual). Son materias que siempre admiten debate.
Cuando se descubre una nueva molécula, salvo excepciones muy especiales -en el caso de los fármacos no lo son-, donde se ha gastado mucha plata para investigar, la sociedad ya había hecho muchos aportes para lograrlo. Se ha descubierto que es posible llegar a la luna mediante un avión supersónico, un cohete. Es algo fantástico. Pero cien años antes los hermanos Wright volaron en un aeroplano a cuatro metros sobre la tierra y recorrieron cincuenta metros. Hubo aviones que cruzaron por primera vez el Atlántico, algunos dieron la vuelta al mundo y otros cruzaron sobre el Polo Sur. Es decir, si uno constata todo lo que se ha efectuado previamente para que un ser descubra que avanzando un metro más se puede quedar con todo lo que la humanidad hizo antes, naturalmente, debe admitirse un análisis más profundo acerca de la responsabilidad social de esos derechos.
Señalo lo anterior porque en el caso de salud nos impresionó mucho lo que Sudáfrica hizo respecto de los fármacos para tratar el SIDA. El problema era tan grande, tan delicado, eran tantos los millones de sudafricanos que padecían dicha enfermedad y a los cuales no podían seguir entregando solución de salud con un tratamiento por valor de mil dólares mensuales por persona, que finalmente decidieron fabricar el fármaco correspondiente, que ya era absolutamente conocido, y rebajaron el costo a diez o doce dólares mensuales por cada individuo. La diferencia fue impresionante. Llegaron a un acuerdo con los fabricantes y se resolvió el problema. Es lo mismo cuando uno defiende su propiedad, hasta que de repente hay que hacer un camino y por razones propias de la sociedad se expropia el bien raíz y se sigue avanzando.
Cuando se oye hablar acerca de defensas sobre las patentes, naturalmente surge la inquietud internacional. Nada más. No hay preocupación a nivel nacional. Debemos proceder a través de un convenio con la Comunidad Europea, porque así lo dijo Estados Unidos, o porque así lo señaló tal o cual persona. Pero no hemos penetrado todavía en lo relativo a patentes -reconozco la propiedad de ellas- con un clarísimo beneficio social que supera los porcentajes normales. Si el día de mañana surge una patente que resuelva el problema del SIDA, evidentemente ésta tendrá cierto valor, pero su aplicación no podrá quedar sujeta a una determinación individual, sino que deberá extenderse a toda la sociedad y al mundo, como ocurre con muchas otras acciones.
Por eso, creo que en estas materias falta un elemento que vaya configurando en alguna forma un nuevo estado mundial, sobre todo en el campo de la salud -que es lo que más me preocupa como Presidente de la Comisión de Salud del Senado-, para lograr finalmente una equidad que induzca a desarrollar plenamente la capacidad de los científicos del mundo, pero que al mismo tiempo permita que la investigación realizada sea de beneficio para toda la humanidad.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , deseo anunciar el voto favorable de los Senadores de Renovación Nacional a la idea de legislar, porque Chile está en deuda con el compromiso internacional de adecuar su legislación a las normas de la Organización Mundial de Comercio -teníamos como plazo hasta el 1 de enero de 2000; ya estamos terminando el 2002 y esto todavía se encuentra pendiente-, sin perjuicio de que en la discusión en particular podamos analizar en detalle determinadas situaciones que preocupan y que tienen relación directa, por ejemplo, con el precio de los fármacos, como lo señaló recientemente el Senador señor Mario Ríos .
Sin duda, la adecuación de esta normativa puede significar, en algunos casos, que nos veamos comprometidos a realizar investigaciones bastante caras, o a pagar por ellas, por sus patentes, por los "royalties" o, en definitiva, por los derechos de marca. Y todo eso representaría el encarecimiento a nivel interno de determinados productos, principalmente en el ámbito de la medicina.
Asimismo, en la discusión particular debemos adaptar algunas normas a la reforma procesal penal. Como esta iniciativa lleva bastante tiempo de tramitación en el Congreso, hay disposiciones que con la implementación de dicha reforma procesal penal han ido quedando obsoletas y requieren su adecuación con urgencia.
Por lo tanto, queda pendiente un trabajo bastante riguroso y estricto al analizar y aprobar cada uno de los artículos. Sin embargo, ello no obsta para que hoy día demos el paso importante de votar a favor de la idea de legislar.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , si a alguien satisface a plenitud el proyecto, es precisamente a las transnacionales de la industria farmacéutica. Eso hay que decirlo, por cuanto la retórica engañosa que hemos oído esta tarde no hace sino confundir las cosas.
Chile es un país que no dispone de medios para llevar a cabo una investigación como la que se hace en las naciones desarrolladas y, particularmente, en las empresas que manejan el negocio a nivel mundial.
Es bastante triste señalar que un alto porcentaje de los medicamentos, por cuyas patentes nos cobran un alto precio, provienen de plantas originarias de nuestros países. Las consiguen en su mayor parte en forma gratuita, o bien, a precio vil; pero luego debemos hacer enormes esfuerzos económicos para acceder a esos productos. En realidad, sus fabricantes debieran al menos tener una consideración especial con la gente de nuestros países, habida cuenta de que se obtienen, precisamente, de recursos que nos pertenecen.
Pienso que en la discusión particular del proyecto será posible allegar antecedentes respecto de esta materia, pues se conoce muy poco sobre ella. Confío en que podamos efectivamente disponer de toda la información que, en apariencia, el Ejecutivo no ha analizado en forma conveniente. Y sería útil que el Senado la recibiera, porque es ilustrativa de las enormes injusticias que muchas veces envuelven estas grandes operaciones comerciales, originadas, es cierto, en investigaciones científicas, pero que después representan un altísimo costo para el mundo subdesarrollado.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, continuando con las reflexiones de varios señores Senadores, deseo referirme a materias relativas al proyecto.
Previamente anuncio que votaré a favor de la idea de legislar, porque considero que, en general, es algo positivo para el país.
Respecto de los medicamentos -como señaló el Honorable señor Ríos-, hay un problema real, especialmente en cuanto a los destinados al tratamiento del SIDA.
Y a lo dicho por Su Señoría habría que agregar dos cosas. Una, que la Ministra de Salud de entonces, señora Michelle Bachelet , llegó a un acuerdo con las empresas farmacéuticas chilenas para lograr una rebaja sustantiva en el precio de los medicamentos utilizados en la triterapia antirretroviral, que sirven por lo menos para detener la enfermedad. Y dos, me gustaría preguntar a algún integrante de la Comisión lo siguiente: entiendo que la aprobación de la iniciativa en estudio no supone una clausura de la producción o de la compra de medicamentos llamados genéricos, como los que producen la India o Brasil.
El Senador señor Ríos se refirió al caso de Sudáfrica . Allí hubo un juicio muy famoso entre las transnacionales farmacéuticas y el Gobierno sudafricano, que terminó en un advenimiento. Y en Brasil y en la India se elaboran productos genéricos en forma masiva y no se paga patente.
Ahora, el impacto del SIDA ha sido de tal magnitud a nivel mundial, después de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema, que al menos respecto de esta enfermedad las grandes empresas transnacionales y los gobiernos de los países desarrollados han bajado la guardia en cuanto a exigir el cumplimiento fiel y cabal del pago de las patentes, porque la epidemia en África ha pasado a ser tan grande que, obviamente, no se puede enfrentar con el costo actual de los fármacos.
Es cierto que, como contrapartida, las empresas alegan que no tienen el dinero suficiente para hacer las investigaciones que podrían llevar a descubrir una vacuna o un remedio que ponga fin a la causa de ese mal.
Pero el punto radica en determinar si al aprobarse el proyecto Chile podría o no producir o, eventualmente, comprar fármacos genéricos. Como el Senador señor Ávila , también estimo importante saberlo.
Por último, si votando a favor nos cerramos la puerta a comprar genéricos en Brasil, es mejor estar enterados de ello. Hay que hacer una ecuación y ver qué es positivo y qué es negativo. Pero que no haya engaño en el sentido de que podemos hacer lo uno y lo otro al mismo tiempo.
El Senador señor Orpis me está pidiendo una interrupción.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría, con la venia de la Mesa.
El señor ORPIS .-
Señor Presidente , hasta hace una década, cuando este Parlamento no había aprobado la exigencia de la patente, se podía operar como señala el Honorable señor Viera-Gallo . Sin embargo, hace bastante tiempo se aprobaron normas radicalmente distintas. De tal manera que hoy día debemos actuar por la vía de las patentes.
Ahora, en circunstancias como la planteada por Su Señoría operan las licencias no voluntarias; es decir, en determinadas condiciones se pueden importar ciertos productos cuando, por ejemplo, se descubre algún medicamento relacionado con el SIDA, etcétera. Pero no es a través de lo genérico, sino de las patentes o las licencias no voluntarias, lo cual tendremos la oportunidad de profundizar en la discusión particular.
Es cuanto quería aclarar, señor Presidente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Puede continuar el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , en todo caso -agradezco al Honorable señor Orpis su información-, me gustaría que sobre el punto la Comisión nos preparara un memorándum u otro documento que, en forma clara, precisara algunos conceptos que yo por lo menos no entiendo.
Imagino que Brasil e India han adherido a los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud. Puede que no sea efectivo, pero da la impresión de que sí. Sin embargo, producen genéricos. O sea, al parecer una cosa no excluye la otra.
Ése es un punto.
El otro se refiere a una indicación que presenté en la Comisión y que sus miembros y los representantes del Ejecutivo consideraron acertada. Sin embargo, señalaron que no era el momento de aprobarla -como muchas veces se dice- y que llegaría la instancia del envío de un proyecto de ley para resolver el problema, lo que equivale a decir: "¡El día de San Blando!".
No obstante, por lo menos quiero dar el último "pataleo" en la Sala para plantear la cuestión.
Sucede que las empresas productoras de software exigen patente por cada computador. Entonces, resulta bastante absurdo que pequeñas empresas con dos o tres aparatos deban pagar derechos por cada uno de ellos. Lo lógico sería que las personas pudieran comprar el programa de computación y se hicieran dueñas de él en el ámbito de su casa o en el de una pequeña o mediana empresa -entiendo que debería fijarse un límite-, que puede disponer de cinco o diez computadores. Pero -reitero- es absurdo que haya que pagar una patente por cada computador.
Presenté una indicación en tal sentido. Sin embargo, como indiqué, pese a ser estimada por todos de gran justicia social, nadie la aprobó. De modo que ahora la quiero reiterar en la Sala.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , recién estoy conociendo el proyecto y, por lo que se ha expresado aquí, creo que debemos estudiarlo con mucha rigurosidad, sobre todo con relación a los precios de los medicamentos, porque a veces nos conformamos con los derechos de propiedad de otros países que incluso fabrican -como señaló el Senador señor Ávila - con nuestras materias primas y al final hacen rebotar el producto en Chile con precios increíbles. Me parece que se trata de una cuestión que debemos analizar adecuadamente.
Otro asunto que quiero plantear frente a las autoridades de Gobierno presentes dice relación a lo siguiente.
Permanentemente escuchamos que las industrias farmacéuticas utilizan a ciertos países para probar medicamentos, pues sus habitantes sirven como conejillos de Indias. No sé si lo que señalo sea una cuestión atinente al proyecto; pero, en todo caso, deberíamos ser bastante cuidadosos en la materia, porque cada cierto tiempo la prensa norteamericana anuncia un nuevo remedio que, pese a estar prohibido en Estados Unidos, llega a Chile en cantidades enormes.
El que más sufre este tipo de problemas es África, continente en que por desgracia sus habitantes son usados más que nosotros como conejillos de Indias.
Entonces, pienso -no sé si corresponde hacerlo a propósito del proyecto en debate- que deberíamos dar una señal de alerta en el sentido de precisar qué medicamentos llegan a nuestro país para ser probados y saber si resultan o no resultan, especialmente en enfermedades de alto riesgo, respecto de las cuales todavía se están estudiando fórmulas a fin de determinar su efectividad en una curación definitiva. ¿Qué pasa con esos medicamentos? ¿Llegan al territorio nacional para que los probemos? ¿Tienen sus respectivas patentes industriales, las que muchas veces deben ser pagadas por nosotros?
Por consiguiente, no quisiera que la materia a la cual me he referido quedase al margen de la discusión particular de la iniciativa. No me gusta que seamos utilizados como conejillos de Indias, ni tampoco que materias primas chilenas que consideramos de gran riqueza, después que se exportan, retornen a nuestro mercado con precios increíbles.
Quería dejar planteada estas inquietudes, que volveré a abordar durante la discusión particular del proyecto.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general.
Recuerdo a Sus Señorías que la iniciativa debe ser aprobada con quórum especial.
El señor LARRAÍN.-
Hay acuerdo, señor Presidente .
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 29 señores Senadores.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Propongo el 28 de octubre -al regreso de la semana regional- como plazo para presentar indicaciones.
El señor LARRAÍN.-
Me parece poco tiempo, señor Presidente .
La señora FREI (doña Carmen).-
Sí, es insuficiente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, se fijará el 4 de noviembre, a las 12.
--Así se acuerda.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:41.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR PARRA, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.496, SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, A FIN DE AUMENTAR EL PLAZO DE GARANTÍA PARA PRODUCTOS NUEVOS Y DE EXTENDERLA A BIENES DE SEGUNDA MANO (3072-03)
Honorable senado: haciendo mía una proposición del instituto Raúl Rettig formulo moción para reformar el artículo 21 de la Ley 19.496.
En la actualidad, son demasiados los consumidores que diariamente se enfrentan a montaña engorrosa situación producida por un producto defectuoso, con la consiguiente frustración y gasto innecesario debido a que sus derechos no pueden ser efectivamente resguardados.
Dicho problema ha saltado a la luz pública a partir de la denuncia realizada por el Servicio Nacional del Consumidor ( SERNAC), entidad que ha constatado como es que muchos productos electrónicos comercializados en Chile no cuentan con las más mínimas normas de seguridad en su fabricación y la irresponsabilidad de algunos comerciantes inescrupulosos que con dichos artefactos ponen en juego no sólo el dinero de las personas sino también seguridad personal.
Este problema pone de manifiesto la necesidad de contar con una legislación más protectora de los derechos de los consumidores y que efectivamente prevenga este tipo de situaciones.
Hoy en día la Ley del Consumidor (Nº 19.496) contempla en su artículo 21 un plazo de garantía por la adquisición de un producto de tan sólo 3 meses. Es decir, aquel consumidor final que adquiera un bien, en caso de desperfecto o avería proveniente de defectos de fabricación de dicho producto, sólo cuenta con un plazo de 3 meses para requerir al comerciante su reparación, reposición o la devolución de la cantidad pagada. Este es un plazo muy reducido. No obstante, son varios los comerciantes que ofrecen en el mercado períodos de garantía mayor; pero ello sólo queda al arbitrio y la política comercial de los propios proveedores y además es la garantía Comercial no pocas veces está sometida a condiciones. Existen marcas de autos, por ejemplo, que ya ofrecen más de 2 años de garantía; sin embargo, con esa garantí están obligando a cumplir una serie de requisitos, tales, como pasar revisiones periódicas- que además de ser caras deben hacerse con sus concesionarios.
Pues bien, estimamos que este plazo de garantía mínimo que establece la ley, no se condice con la seguridad en la calidad del producto que debe garantizarse al consumidor. Tan valiosa es la compra de un automóvil, como de una enceradora o una centrífuga. Dichas inversiones familiares no pueden quedar resguardadas durante un plazo tan breve como 3 meses.
Otro problema constatado que dice relación con la situación que se refiere a la aplicación de las normas de derecho común, es decir el código civil, a las ventas de segunda mano. Frente a los desperfectos que afecten a dichos productos, el comprador debe recurrir a los tribunales ordinarios de justicia a fin de hacer vales sus derechos, causas que – en el sistema actual- pueden incluso demorarse años.
Es en razón de todas estas situaciones, especialmente por la necesidad de someter a los proveedores e importadores a una mayor responsabilidad a la hora de ofrecer sus productos- muchos de los cuales incluso se ven beneficiados en sus países de origen por subsidios estatales- que se hace menester establecer un sistema de defensa de derechos de los consumidores más expedito y efectivo.
Es con tales fines que propongo:
Modificar la ley del consumidor, en orden a aumentar el plazo de garantía legal mínima a 1 año para productos nuevos.
En el mismo sentido, creemos necesario ampliar la aplicación de ley de defensa del consumidor, haciéndola extensiva a las comprar de segunda mano, estableciendo al efecto un plazo de garantía de 6 meses. En este aspecto, basta con que el vendedor niegue la existencia del compromiso de garantía convenida con el comprador para que el caso llegue a la justicia ordinaria, con el consiguiente costo para este último, de allí la importancia de establecer una garantía legal mínima dentro de la ley del consumidor, sin perjuicio de la aplicación de las normas de derecho común en caso de que el comprador desee probar vicio de la cosa posteriormente.
Mediante las modificaciones planteadas quedará prohibido a los comerciantes estipular condiciones al momento de ofrecer” garantía comerciales” voluntarias en sus productos.
Finalmente fue este año 2002 la unión europea ha establecido un plazo mínimo de 2 años de garantía legal para productos nuevos; de allí que resulta paradojal que productos importados desde Europa por comerciantes chilenos, en su mercado de origen tengan una garantía de 2 años, mientras que en Chile dicha garantía es de tan solo 3 meses.
Por estas razones propongo las modificaciones al artículo 21 de la ley 19.496 sobre protección al consumidor:-.
a)en el inciso primero se reemplazan las expresiones “ en los 3 meses siguientes” por “ dentro de los 12 meses siguientes “
b)en el inciso sexto, a continuación del párrafo final, : Para estos efectos el proveedor deberá ofrecer el servicio de a lo menos 2 empresas de mantención o información entre las cuales el consumidor elegirá libremente”
c)agréguese el siguiente inciso “operará también la garantía en que se refiere este artículo respecto de bienes de segunda mano vendidos por empresas cuyo fin es la compra y venta de tales bienes, para en tal caso el plazo mínimo en el inciso primero , será de seis meses”
(FDO.): Augusto Parra Muñoz