Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Jorge Martinez Busch
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- PERMISO
- Antonio Horvath Kiss
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN DE DISCAPACITADOS MENTALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- DEBATE
-
CREACIÓN DE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN
- Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- INTERVENCIÓN
- Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
-
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN DE DISCAPACITADOS MENTALES
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS: TENTACIÓN POPULISTA O MAYOR CRECIMIENTO SOSTENIDO. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS DE SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ÁVILA, BOENINGER, FREI (DON EDUARDO), SILVA Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA A DON JOSEPH RAFAEL RAMOS QUIÑONES (3031-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Edgardo Boeninger Kausel
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Enrique Silva Cimma
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES COLOMA Y GAZMURI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA AL SACERDOTE TEODORO VAN GRIEKEN BELT (3042-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Gazmuri Mujica
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR APANCIBIA POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA ERECCIÓN DE UN MONUMENTO EN VALPARAÍSO EN MEMORIA DEL DIBUJANTE DON RENZO PECCHENINO RAGGI LUKAS (3040-04)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Patricio Arancibia Reyes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDlGO DEL TRABAJO Y EL ESTATUTO ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR ACUERDOS EN MATERIA DE DESCANSO SEMANAL (3041-13)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ÁVILA, BOENINGER, FREI (DON EDUARDO), SILVA Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA A DON JOSEPH RAFAEL RAMOS QUIÑONES (3031-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 25ª, en martes 3 de septiembre de 2002
Ordinaria
(De 16:20 a 18:51)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 18.600 en lo relativo al procedimiento para declaración de interdicción de discapacitados mentales (2972-07) (se aprueba en general y particular).....................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2944-03) (se aprueba en general)...................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)............................................
Privatización de empresas públicas: tentación populista o mayor crecimiento sostenido. Oficios (observaciones del señor Viera-Gallo)......
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Hacienda subrogante , Secretario General de la Presidencia y de Economía , Fomento y Reconstrucción, y Presidente de la Comisión Nacional de Enegía .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio y don José Luis Alliende Leiva, Prosecretario subrogante.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 22ª y 23ª, ordinarias, y 24ª, extraordinaria, en 20, 21 y 22 de agosto del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero. (Boletín Nº 3.015-05).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "simple", respecto a los siguientes proyectos de ley:
1.- El que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la educación superior. (Boletín Nº 2.964-04), y
2.- El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero. (Boletín Nº 2.970-03).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que dio su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977, en lo relativo al sistema de concesiones de bienes fiscales, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.821-12).
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que acordó designar a los miembros de su Comisión de Hacienda con el objeto de que integren la Comisión Especial Mixta que deberá informar el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2003, sin perjuicio de los reemplazos a que haya lugar, en conformidad al acuerdo general adoptado sobre la materia en sesión del 6 de junio de 1991.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Hacienda , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor García, referido a la distribución de los recursos contenidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público de 2002 para el sector Salud.
Cinco del señor Ministro Secretario General de la Presidencia :
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a la situación que afectaría a ex trabajadores de la minería del cobre;
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto El Bronce de Atacama, Tercera Región;
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Prokurica, tocante a la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto que recoja las ideas contenidas en la moción, de la cual es uno de sus autores, que establece un Consejo Zonal de Pesca en cada una de las Regiones del país;
Con el cuarto responde un oficio enviado en nombre de diversos señores Senadores, acerca de la posibilidad de considerar el envío a tramitación legislativa de un proyecto que introduzca cambios a la Comisión Nacional de Distorsiones, y
Con el quinto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre problemas presupuestarios que afectan a las municipalidades que financian escuelas en sectores rurales con baja densidad de población.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo al proyecto de instalación de agua potable en la localidad rural de Chuyaquén, comuna de Maullín, Décima Región.
Tres de la señora Ministra de Educación:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a la posibilidad de implementar un Liceo Técnico-Profesional en la comuna de Collipulli, Novena Región;
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relacionado con diversas inquietudes que le plantearon trabajadores de la Educación de la Séptima Región, y
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, en cuanto a la existencia de un impedimento para la construcción del puente proyectado sobre el canal de Chacao.
Dos del señor Ministro de Salud:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre sistema de turnos médicos en el Hospital de Cauquenes, y
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la forma como se ha reemplazado la atención que otorgaba el buque médico dental Cirujano Videla en las provincias de Chiloé y Palena.
Del señor Ministro de Obras Públicas , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, acerca de financiamiento para infraestructura portuaria en la comuna de Navidad, Sexta Región.
Cinco del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, respecto de la situación que afecta a un grupo de pobladores de la Villa El Valle, localidad de Quilimarí, comuna de Los Vilos, Cuarta Región;
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relacionado con los trámites que corresponde efectuar para acceder a los beneficios establecidos en la ley Nº 19.807, que autoriza la subdivisión de predios rústicos;
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ominami, tocante a planes habitacionales para adultos mayores;
Con el cuarto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre problema que afecta a familias de las comunas de Puerto Montt y Calbuco, Décima Región, en cuanto al estado de sus viviendas, y
Con el quinto responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la situación de predios de Caleta Tortel, Undécima Región.
Del señor Ministro de Minería , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relacionado con la tributación de las empresas productoras de cobre.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, sobre la normativa que regula el funcionamiento de las empresas sanitarias, particularmente en lo que atañe al servicio de atención al cliente.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, en cuanto al otorgamiento de pensión asistencial de invalidez que indica.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, sobre la aplicación de la ley Nº 17.216, concerniente a la gratuidad del servicio telefónico respecto de los cuerpos de bomberos.
Del señor Director de la Policía de Investigaciones de Chile , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, tocante a la situación que habría afectado a la persona que menciona.
Del señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, concerniente a las obras realizadas en el sector donde se emplazará el proyecto Inmobiliaria Lomaguasi, en Calama.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo a la situación tributaria de la minería del cobre.
Del señor Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, acerca de la incorporación de comuna de Los Sauces en el Programa Bono de Producción Agrícola Familiar 2002.
Del señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a rotulación de los productos transgénicos.
Del señor Director General de Aguas , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en relación con estudios realizados sobre las variaciones de nivel que experimentará Lago Atravesado, Undécima Región, debido a la construcción de una central hidroeléctrica en dicha zona.
Del señor Intendente de la Séptima Región , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referente a los Programas de Empleo de Emergencias Gubernamentales que se han aplicado hasta la fecha en las provincias de Linares y Cauquenes.
Del señor Intendente de la Novena Región , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, acerca de la electrificación de Villa Troyo, comuna de Lonquimay.
Dos del señor Alcalde de Calbuco , por medio de los cuales responde igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Stange: uno relacionado con la placa recordatoria de la inauguración de la carretera V-85, empalme Calbuco, y el otro, con el Plan de Absorción de Mano de Obra de la comuna.
Del señor Alcalde de Castro, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a los programas municipales de empleo previstos para este año.
Del señor Presidente del Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Orpis, respecto al avance de las obras de alcantarillado que se están efectuando en la ciudad de Pisagua.
De la señora Coordinadora Nacional del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre criterios para la asignación de fondos referidos a los proyectos aprobados.
Del señor Jefe del Departamento de Administración Forestal de la CONAF , por medio del que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, relativo al pago de la bonificación forestal que indica.
De los señores Secretarios Ministeriales de Educación de la Cuarta , Octava y Novena Regiones, mediante los cuales contestan oficios enviados en nombre del Senador señor Larraín, concernientes al nombramiento de directores de establecimientos educacionales del sector municipal bajo la vigencia de la ley Nº 19.410.
Del señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Novena Región , por medio del que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a trabajos de mantenimiento de la ruta que une las comunas de Traiguén y Galvarino.
Del señor Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Novena Región , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo al interés de vecinos de la población Ignacio Carrera Pinto, comuna de Purén, en acceder a programas sociales.
De la señora Jefa del Departamento Jurídico de la Intendencia de la Región de la Araucanía , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, referente a la instalación de un teléfono en la localidad de Carén, comuna de Melipeuco.
Dos de la señora Jefa del Departamento Jurídico y cuatro del señor Jefe de Gabinete de la Intendencia de la Región de la Araucanía , mediante los cuales dan respuesta a diversos oficios enviados en nombre del Senador señor Espina, referidos a postulaciones a pensiones asistenciales.
Dos del señor Secretario General de la Superintendencia de Seguridad Social , por medio de los que acusa recibo de igual número de oficios enviados en nombre del Honorable señor Espina, tocantes al otorgamiento de las pensiones asistenciales que señala.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
Del señor Secretario de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados, mediante la cual remite un ejemplar de la publicación que contiene una recopilación del trabajo realizado en el seminario Reforma de la Salud, que tuvo lugar en mayo último.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Oficios reservados
De la señora Ministra de Defensa Nacional , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Frei, relativo a la existencia de un laboratorio bacteriológico en dependencias de la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos.
Del señor Subsecretario de Investigaciones , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referido a una presentación de la señora Brunilda Guerra sobre actuaciones de personal de la Policía de Investigaciones de Chile.
--Quedan a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Corporación.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua la legislación interna a fin de implementar en Chile la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y modifica el tipo penal de cohecho activo, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.828-07).
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración del Estado (Boletín Nº 2.594-06).
Segundos informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Salud, unidas, y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 1.192-11).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.015-05).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables señores Ávila, Boeninger, Frei, Silva y Andrés Zaldívar, mediante la cual inician un proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Joseph Rafael Ramos Quiñones (Boletín Nº 3.031-07).
De los Senadores señores Coloma y Gazmuri, por medio de la que inician un proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Teodoro Van Grieken Belt (Boletín Nº 3.042-07).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Del Senador señor Arancibia, por medio de la cual inicia un proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento en Valparaíso en memoria del dibujante don Renzo Pecchenino Raggi, "Lukas" (Boletín Nº 3.040-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Honorable señor Zaldívar, don Andrés, mediante la cual inicia un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo con la finalidad de permitir acuerdos en materia de descanso semanal (Boletín Nº 3.041-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Honorable señor Martínez mediante la cual inicia un proyecto de ley que otorga protección a los chilenos que, contando con un contrato de trabajo, presten sus servicios en el extranjero.
--Se declara inadmisible, por referirse a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , conforme a lo establecido en el número 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Permiso constitucional
El Senador señor Horvath solicitó permiso constitucional para ausentarse del país a contar del 25 de agosto recién pasado a fin de participar en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, en Johannesburgo, en su calidad de Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Corporación.
--Se accede.
Solicitud
Del señor Pedro Luis Luque Arancibia, por medio de la que pide la rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 634-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría, para referirse a la Cuenta.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , la Mesa acaba de declarar inadmisible una moción que presenté para otorgar protección a los chilenos que, contando con un contrato de trabajo, presten servicios en el extranjero.
Mi proposición es sumamente importante, porque con frecuencia, en los últimos años, muchos trabajadores de nuestro país, por no tener una protección legal a firme, por problemas derivados de acuerdos bilaterales, etcétera, han visto en el exterior amagados sus derechos.
Por ejemplo, hace alrededor de dos meses debió realizarse un movimiento bastante intenso para obligar a una empresa constructora de Barcelona, a través de autoridades españolas, a pagar lo que correspondía a más de cincuenta chilenos que trabajaban en ella.
Solicito que se oficie al Ejecutivo a fin de pedirle el patrocinio pertinente. La moción pretende, sencillamente, que todo contrato firmado por un chileno para laborar en el extranjero quede registrado en la Inspección del Trabajo correspondiente a su domicilio, a los efectos de tener los antecedentes de rigor y, en caso de que aquél no se cumpla, hacer respetar sus derechos a través de nuestro sistema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por el Senador señor Martínez.
--Así se acuerda.
------------------
El señor VALDÉS.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, voy a abusar de esta tribuna para algo personal.
Me siento en la necesidad de agradecer a mis colegas -fueron muchos- por el afecto que me demostraron al interesarse por mi salud durante mi reciente enfermedad. Fue reconfortante sentir que aquí existe amistad entre nosotros.
Estuve muy mal; creí que no volvería. ¡Pero el afecto de tantos me convenció de que debía postergar mi partida...!
Gracias.
--(Aplausos en la Sala).
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en sesión de hoy, resolvieron por unanimidad lo siguiente:
1.- En lo relativo al proyecto sobre reavalúo de bienes raíces agrícolas, volverlo para nuevo primer informe a las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas.
2.- Integrar la Comisión Especial Mixta de Presupuestos con los miembros de la Comisión de Hacienda, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, más dos representantes de la Democracia Cristiana; dos de la Unión Demócrata Independiente; uno de Renovación Nacional; uno del Partido Socialista; uno del Partido Por la Democracia, y uno de los Senadores Institucionales 1.
3.- Respecto a la iniciativa sobre censura cinematográfica, facultar a los Presidentes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para nombrar tres y dos miembros, respectivamente, a fin de que integren la Comisión Mixta que deberá formarse.
V. ORDEN DEL DÍA
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN DE DISCAPACITADOS MENTALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.600 en lo relativo al procedimiento para la declaración de interdicción de los discapacitados mentales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2972-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Ávila, Bombal, Parra, Silva y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 6ª, en 12 de junio de 2002.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 22ª, en 20 de agosto de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa, originada en una moción de los Senadores señores Ávila, Bombal, Parra, Silva y Viera-Gallo, tiene por objetivo permitir al padre o la madre de discapacitados mentales inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad , solicitar al juez, en un procedimiento no contencioso, la declaración de interdicción por demencia de sus hijos y su nombramiento como curador definitivo de ellos. De esa manera se busca evitar que los padres tengan que demandar en un juicio ordinario a sus hijos discapacitados mentales para la obtención de la mencionada declaración.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó en general y particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Aburto, Chadwick, Moreno y Silva.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , por especial encargo de la Comisión de Constitución, vengo en informar el proyecto de la referencia, que modifica el procedimiento para la declaración de interdicción de los discapacitados mentales.
I. Origen e ideas matrices
La iniciativa, como dijo el señor Secretario , tiene su origen en una moción de los Honorables señores Bombal , Parra , Ávila y Viera-Gallo y del Senador que habla.
Su idea matriz es desjudicializar la declaración de interdicción de las personas con discapacidad mental, ya que para ello actualmente se requiere un procedimiento de carácter jurisdiccional, sometido a las reglas del juicio ordinario, en el cual regularmente los padres deben demandar la declaración de "demente" de sus hijos discapacitados. Esto no sólo conlleva una estigmatización social, sino que además obliga a seguir un procedimiento judicial extenso e irracional.
A título informativo, para que Sus Señorías se den cuenta de la monstruosidad de la legislación actual, vigente desde hace más de 150 años, les quiero contar que yo debí demandar a mi hijo para pedir su declaración de demente, y que la sentencia, dictada en juicio ordinario después de dos años, decía, en líneas generales: A fojas cuatro se presenta don fulano de tal, deduciendo demanda en juicio ordinario en contra de su hijo, sin ocupación, de su mismo domicilio, a fin de que se declare su interdicción por demencia.
Éste es el sistema vigente, que, como los señores Senadores comprenderán, constituye sencillamente una monstruosidad en el momento actual. Son miles los padres enfrentados a una situación de esta índole que se ven imposibilitados de pedir tal declaración, por dos razones: primero, por lo que ella significa desde el punto de vista de la estigmatización ante una circunstancia de semejante naturaleza, y segundo, porque en la mayoría de las ocasiones no pueden cubrir el gasto que implica un juicio ordinario.
La primera idea matriz, entonces, consiste en modificar el sistema aplicable en estos casos.
Por otra parte, el proyecto proponía otorgar una subvención educacional a talleres protegidos para discapacitados mentales y mantenidos por personas jurídicas sin fines de lucro. Sin embargo, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , la Comisión, por unanimidad, acordó solicitar al señor Ministro Secretario General de la Presidencia la incorporación de una indicación en ese sentido. Según este alto funcionario, los organismos respectivos aún no han respondido sus requerimientos.
II. Contenido
Como consecuencia de lo anterior, la iniciativa ha quedado reducida a un artículo único, por el cual se agrega un inciso segundo al artículo 4º de la ley Nº 18.600, sobre deficientes mentales.
El precepto dispone que, cuando la discapacidad mental esté certificada conforme al procedimiento señalado en la ley Nº 19.284, el discapacitado será considerado interdicto para administrar sus bienes, sin necesidad de procedimiento jurisdiccional alguno, para lo cual se procederá a la inscripción respectiva en el Registro del Conservador . Añade que la curatela de sus bienes se deferirá a favor de sus padres o, en caso de ausencia o de impedimento de éstos, de la persona que se designe de acuerdo con el Título VI del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, que regula el nombramiento de tutores y curadores y el discernimiento de tales cargos.
Hago presente al Honorable Senado que la declaración de interdicción es fundamental, porque sin ella estos jóvenes quedan huérfanos y totalmente desprovistos de cualquier posibilidad de administrar sus bienes. De allí la urgencia de introducir una modificación como la que se plantea.
III. Opiniones
La Comisión tuvo a la vista los comentarios de la Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS); del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Los Andes don Hernán Corral Talciani, y de la Directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, doña Dora Martinic.
La Secretaria Ejecutiva del FONADIS , en oficio dirigido a la Comisión de Constitución, manifestó las siguientes opiniones:
1.- El proyecto establece un mecanismo de interdicción que impediría al discapacitado integrarse a la sociedad.
2.- La tendencia mundial es a la rehabilitación de las personas con discapacidad, permitiendo su plena autonomía y la administración de sus bienes.
3.- No está claro si se trata de un curador general o sólo de bienes.
El profesor Corral Talciani señaló:
1.- La certificación de la discapacidad mental en vía administrativa debe servir para obtener beneficios y no para limitar derechos, de suerte que debe permitirse, de algún modo, la intervención del juez.
2.- No hay correspondencia entre incapacidad absoluta y discapacidad mental.
3.- La ley Nº 19.735 ya permitió la curaduría provisoria a quienes tengan a su cargo o cuidado personas con discapacidad mental, de manera que no debiera innovarse en la materia y sí continuar en la misma línea.
4.- Pese a la declaración de discapacidad, debe permitirse al pupilo la posibilidad de realizar actos patrimoniales de administración.
5.- Finalmente, propone un texto para permitir la declaración de interdicción sin un procedimiento contencioso, que es precisamente lo que se persigue.
Por su parte, la profesora Martinic , de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, consideró que toda norma que tienda a agilizar el trámite, especialmente a favor de los padres, es altamente conveniente. En ese sentido, el proyecto tiene -dice- una utilidad manifiesta, y es adecuada la remisión que se hace al Título VI del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil para el caso de ausencia o imposibilidad de los padres, por cuanto de esa forma se adoptan las medidas necesarias para cautelar los intereses del discapacitado desde el punto de vista patrimonial.
IV. Opinión de la Comisión
La Comisión de Constitución compartió la inquietud de los autores de la moción en cuanto a la necesidad de facilitar las gestiones necesarias para declarar la interdicción una vez declarada la discapacidad mental de una persona.
En virtud de las observaciones realizadas, la Comisión resolvió contemplar la intervención de un juez que pueda apreciar que efectivamente la persona se encuentra en condiciones de ser declarada interdicta, pero sin que medie juicio ordinario si ya existe calificación administrativa de la discapacidad. Bastaría un acto no contencioso, en que el juez citaría a su presencia a la persona discapacitada y fallaría declarando la interdicción y nombrando curador al padre o la madre que la tuviera bajo su cuidado, cuando la falta de ejercicio de la razón fuera manifiesta. Si el cuidado permanente lo ejercieran los padres de consuno, deferiría la curaduría a ambos. El juez resolvería con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado.
Ahora bien, en caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrían proceder de igual forma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 bis, esto es, de la calidad de curadores provisorios que pueden asumir los directores de establecimientos que tienen a su cuidado personas con discapacidad.
Además, en aquellos casos en que la interdicción por discapacidad mental no alcanzara a ser inhabilitante, se permitiría al pupilo realizar ciertos actos patrimoniales de administración y disposición de sus bienes.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión aprobó el proyecto en general y particular, con las modificaciones indicadas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Aburto, Chadwick, Moreno y Silva.
Es cuanto puedo informar en nombre de la Comisión, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
--Se aprueba en general el proyecto, que, siendo de artículo único y no habiendo recibido indicaciones, queda aprobado también en particular.
CREACIÓN DE TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2944-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1ª, en 21 de mayo de 2002.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 22ª, en 20 de agosto de 2002.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El informe señala que los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:
1.- Precisar que el bien jurídico protegido por las normas y organismos vinculados a la libre competencia es la defensa de ésta como medio para asegurar el derecho a participar en los mercados y promover la eficiencia y el bienestar de los consumidores.
2.- Eliminar la Comisión Resolutiva, las Comisiones Preventivas Regionales y los Fiscales Regionales, y crear el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
3.- Fortalecer el órgano jurisdiccional que estará encargado de resolver conflictos relativos a la libre competencia, consagrando un esquema de separación de funciones con la Fiscalía Nacional Económica y de independencia respecto del Poder Ejecutivo , y
4.- Suprimir el carácter penal de las normas que sancionan conductas atentatorias contra la libre competencia, para evitar incurrir en vicios de constitucionalidad.
El proyecto se aprobó en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Economía, Honorables señores García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis.
El informe incorpora como anexo el oficio de la Excelentísima Corte Suprema con las observaciones y proposiciones que la iniciativa le mereció.
Finalmente, cabe señalar que la aprobación de los números 2), 4), 5) y 7) del artículo 1º y diversos preceptos contenidos en el número 6) del mismo artículo 1º, más las disposiciones transitorias segunda, tercera y quinta, por tener carácter orgánico constitucionales, requieren el voto conforme de 26 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Economía, informaré acerca de los objetivos del proyecto de ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ellos son: precisar que el bien jurídico protegido por las normas y organismos vinculados a la libre competencia es la defensa de ésta como un medio para asegurar el derecho a participar en los mercados y promover la eficiencia y el bienestar de los consumidores; eliminar la Comisión Resolutiva, las Comisiones Preventivas Regionales y los Fiscales Regionales y crear, en su reemplazo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; fortalecer este órgano jurisdiccional, que estará encargado de resolver conflictos relativos a la libre competencia, consagrando un esquema de separación de funciones con la Fiscalía Nacional Económica y de independencia respecto del Poder Ejecutivo , y suprimir el carácter penal de las normas que sancionan conductas atentatorias contra la libre competencia, para evitar incurrir en vicios de constitucionalidad.
La iniciativa está estructurada en dos artículos permanentes. El primero contiene 20 numerales con modificaciones al decreto ley Nº 211, de 1973, y 8 disposiciones transitorias, la última de las cuales se refiere al financiamiento.
Las normas que se relacionan con el proyecto son:
El artículo 19 de la Constitución Política de la República: Nº 3, en lo relativo a la legalidad de los delitos y las penas; Nº 21, sobre libertad económica; Nº 22, sobre no discriminación arbitraria en materia económica, y Nº 24, sobre derecho de propiedad en la parte referente a concesiones mineras.
El decreto ley Nº 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.
El decreto supremo Nº 511, de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
La ley Nº 19.610, que fortalece las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica.
La ley Nº 18.120, sobre comparecencia en juicio.
La ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, Título III, sobre Probidad Administrativa.
Y, finalmente, diversas normas del Código de Procedimiento Civil que son expresamente aplicables o excluidas de esta judicatura especial.
La Comisión de Economía aprobó la idea de legislar por 5 votos a 0.
Es cuanto puedo informar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , el proyecto que hoy se vota en general, originado en una iniciativa del Ejecutivo , se enmarca dentro de los acuerdos alcanzados a propósito de la denominada "Agenda Pro Crecimiento" y tiene como principal objetivo perfeccionar la institucionalidad antimonopolios mediante la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Como expresa el mensaje, el decreto ley Nº 211 respondió a la profunda transformación económica experimentada por el país en los comienzos del Gobierno militar, según la cual el mercado sería el principal y más eficaz asignador de recursos.
Las tres décadas de aplicación de esta normativa han demostrado la importancia de que este sistema se estructure sobre la base de una institucionalidad que vele por la libre competencia de la manera más eficiente posible. El estatuto original, de correcta inspiración, necesitaba ciertos perfeccionamientos para la mejor protección de los agentes económicos y para el funcionamiento más adecuado del mercado.
Los profundos cambios ocurridos en la estructura económica del país; el aumento de la participación privada en sectores básicos y clásicamente estatales; la creciente ola de fusiones y alianzas de negocios a nivel mundial; la inserción de Chile en la economía global, así como el impacto de estos cambios sobre los agentes económicos y las instituciones, han modificado sustantivamente las materias y el escenario en el cual corresponde funcionar a los órganos de defensa de la libre competencia.
El proyecto que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia forma parte de un proceso gradual de perfeccionamiento de la legislación e institucionalidad económicas, el que consiste en fortalecer la institución antimonopolios -organismo que representa el interés público-, o sea, la Fiscalía Nacional Económica, y la entidad destinada a resolver las controversias que surgen en este campo, es decir, la Comisión Resolutiva.
Con la ley Nº 19.610, publicada el 19 de mayo de 1999, se cumplió el primero de los objetivos descritos, al dotar de nuevas atribuciones y mayor presupuesto a la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, durante la tramitación de dicha ley se concluyó que el paso siguiente en este proceso de fortalecimiento de la institucionalidad antimonopolios era la transformación de la Comisión Resolutiva en Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, corrigiendo de esta manera las falencias actuales, radicadas básicamente en la forma de designación de los integrantes del organismo y en el tiempo destinado a esta vital función, así como en la ausencia de recursos propios para desempeñarla.
El actual proyecto es la materialización de los compromisos asumidos a partir del proceso iniciado con la ley Nº 19.610, y corresponde, según se ha dicho, a una de las iniciativas consensuadas por el Gobierno y la Sociedad de Fomento Fabril en la denominada "Agenda Pro Crecimiento".
Para el cumplimiento de dichos objetivos, el proyecto plantea los siguientes cambios normativos:
1) Se reconoce expresamente que el sucesor de la Comisión Resolutiva es un órgano jurisdiccional especial e independiente, de cinco miembros, sujeto a la superintendencia correctiva, direccional y económica de la Corte Suprema.
2) Exigencia de excelencia técnica de los integrantes del Tribunal.
En materia de designación, se innova sustancialmente en relación con el esquema vigente. En primer lugar, se elimina a los actuales jefes de servicios nombrados directamente por los Ministros de Hacienda y de Economía, y se propone en su reemplazo a integrantes que carecen de vínculo de dependencia o relación con órganos del Poder Ejecutivo , lo que fortalece la independencia de sus actuaciones. En segundo término, se generaliza -excepto para el caso del ministro de la Corte Suprema - el mecanismo de selección basado en el concurso público de antecedentes a cargo de los Ministerios señalados y del Consejo de Rectores, enfatizando de este modo la especialidad de quienes resulten designados. Además, se establecen la incompatibilidad con la condición de funcionario público y un procedimiento de destitución que resuelve la Corte Suprema, como elementos que aseguran la independencia en el accionar de los integrantes respecto de la instancia que designó, en particular del Ejecutivo.
La intervención del Presidente de la República en las designaciones no tiene carácter selectivo, sino que, en su calidad de Jefe de Estado , aquél otorga mayor solemnidad al acto de investidura, tal como sucede con los jueces y los ministros de Cortes de Apelaciones , sin que por ello se les atribuya dependencia del Ejecutivo.
Con relación a este tópico, en conversaciones con Senadores de la Comisión, el Gobierno ha convenido en perfeccionar el llamado a concurso de los miembros sujetos a ese régimen de nominación, Dicho concurso será llevado a cabo por el Banco Central, que reemplazaría al Consejo de Rectores, propuesto en este proyecto; de entre los mejores postulantes, a juicio del Consejo del Banco Central, el Ministro de Hacienda y el de Economía escogerían a dos de sus miembros, y ese Consejo, a los restantes.
Con ello, pensamos reforzar aún más la independencia de los miembros de dicho Tribunal.
3) En el nuevo Tribunal se mantiene el carácter mixto que hoy tiene la Comisión Resolutiva, integrada por abogados y especialistas económicos. Desde el punto de vista legal, no tenemos dudas sobre la consistencia de una conformación mixta. Y desde una perspectiva práctica, la experiencia nos muestra que la participación de profesionales con formación en economía ha permitido que los pronunciamientos de las Comisiones estén dotados de una imprescindible solidez técnica.
4) Independencia en la actuación de la Fiscalía Nacional Económica. El Tribunal contará con presupuesto propio y una planta compuesta por un número de funcionarios y profesionales apto para el correcto desempeño de sus labores. De esta manera, el Tribunal dispondrá de un secretario abogado, dos relatores, dos profesionales del ámbito económico, un jefe de presupuesto y oficiales de sala.
La introducción de una planta viene a llenar una de las principales falencias del sistema actual, en que los procedimientos ante las Comisiones Preventivas y la Comisión Resolutiva son tramitados por personal de la Fiscalía Nacional Económica. Como vemos, esta medida contribuye a la separación de funciones entre un órgano y otro.
Por otro lado, junto con este objetivo central, el Ejecutivo aprovechó la iniciativa para mejorar otros aspectos deficitarios de nuestra legislación antimonopolio, tales como:
1) La eliminación de las Comisiones Preventivas. Estos órganos consultores ya cumplieron su función en la institucionalidad antimonopolio. Recordemos que el decreto ley Nº 211 data de octubre de 1973. Por lo tanto, en esa época era necesario contar con estas Comisiones para absolver consultas sobre materias nuevas y sumamente complejas. Habiendo cumplido dicha labor casi pedagógica alrededor de 30 años, hoy no se justifica su mantención, pasando sus funciones a ser ejercidas por el Tribunal.
2) El reemplazo de fiscales regionales por fiscales adjuntos, como una forma de optimizar dichas funciones, atendido el bajo número de requerimientos que se formulan fuera de la Región Metropolitana.
3) La eliminación de la figura penal de la normativa vigente, que tiene carácter de ley penal en blanco, y, paralelamente, el aumento de las multas y el establecimiento de la responsabilidad solidaria de los gerentes y directores de la persona jurídica condenada.
4) Definición del ámbito de aplicación y el bien jurídico protegido en el artículo 1º, para lo cual se deja constancia de que el objetivo de defender la libre competencia no es un fin, sino un medio necesario para desarrollar y preservar el derecho a participar en las actividades económicas y promover la eficiencia y, por esta vía, el bienestar de los consumidores.
Estamos convencidos de que esta materia es casuística y de que la jurisprudencia determinará las conductas atentatorias a la libre competencia, razón por la cual esta norma servirá como guía para resolver los conflictos que se planteen.
5) Por lo anterior, se modifica el artículo 3º, estableciendo como ejemplos de atentados a la libre competencia sólo aquellos casos donde indudablemente exista una infracción a ésta, clarificando la poco feliz enunciación del actual texto, en el cual encontramos como ejemplos de vulneraciones de la libre competencia los actos relativos al transporte y a la libertad de trabajo.
La idea central de esta nueva normativa es que cada caso sea decidido en su propio mérito, de acuerdo con sus peculiaridades y complejidades, sin que existan reglas per se. A modo de ejemplos genéricos se mencionan los carteles, los abusos de posiciones dominantes o monopólicas y las prácticas predatorias.
6) El Tribunal sólo podría actuar a petición de parte o a requerimiento del Fiscal. Hoy día, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, letra a), del decreto ley Nº 211, la Comisión Resolutiva puede conocer de oficio las infracciones a dicho cuerpo normativo. Tal facultad no es propia de un sistema moderno, por cuanto tiende a restar imparcialidad al órgano que debe resolver un asunto sometido a su consideración. Cuando esté comprometido el interés público, la Fiscalía Nacional Económica, de acuerdo con su función básica de representar el interés general de la colectividad -artículo 24, letra b)-, deberá iniciar el requerimiento respectivo. Nuevamente el cambio propuesto sigue la línea de separar las funciones entre el órgano investigador (Fiscal) y el que resuelve las controversias (Tribunal).
7) Se amplía el ámbito del recurso de reclamación a todas las resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Recordemos que actualmente sólo se puede reclamar de aquellas que establecen sanciones, lo cual constituye una restricción severa al derecho de las partes a solicitar la revisión de un asunto judicial.
8) Se consagra un procedimiento simplificado para las materias no contenciosas.
Por estar convencidos de los beneficios innegables de esta proposición para mejor resolver las contiendas vinculadas a faltas a la libre competencia, solicitamos al Honorable Senado su más decidido respaldo a la idea de legislar sobre el proyecto que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , tal como indicó el señor Ministro , este proyecto surge al discutirse la iniciativa que dio origen a la ley Nº 19.610, que otorgó nuevas facultades a la Fiscalía Nacional Económica. Allí nace el compromiso de perfeccionar toda la institucionalidad antimonopólica. A partir de ese momento, grupos de asesores comienzan a trabajar en esta materia, que termina fortaleciéndose con la Agenda Pro Crecimiento.
Sin duda, todo cuanto favorezca la libre competencia constituye un avance y beneficia directamente a la comunidad. Como los temas económicos son cada día más complejos, quienes resuelvan deben ser personas especialistas en la materia.
Por consiguiente, aprobaremos la idea de legislar. Sin embargo, como lo planteamos en la Comisión, nos habría gustado dar un paso decisivo y mucho mayor, especialmente en lo relacionado con la independencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto del Poder Ejecutivo . ¿Por qué llamo la atención sobre este punto? Por estimar que lo concerniente al Tribunal Económico no debe analizarse en forma aislada, sino en conjunto con lo relativo a la Fiscalía.
El Fiscal Nacional en la actualidad es nombrado por el Presidente de la República y es de su exclusiva confianza. Es decir, el Gobierno de turno tiene injerencia directa en la Fiscalía, entidad encargada de investigar.
En esa perspectiva, nos habría gustado un Tribunal completamente independiente, dejando al Ejecutivo , a través de la Fiscalía, la labor investigativa, de manera que la generación de sus miembros se hiciera sin la participación del gobierno de turno, sea del actual o los venideros. A nuestro juicio, ése habría sido un paso decisivo y definitivo en la materia.
Como señaló el Ministro, constituyen un avance el no considerar en ello a los actuales jefes de servicio y que el Presidente de la República, una vez designado un integrante, carezca de facultad para removerlo, debiendo atenerse a las causales establecidas en la propia ley.
Habríamos preferido, sí, que los dos miembros propuestos por el Ejecutivo y los dos designados por el Consejo de Rectores fuesen nombrados por un organismo dotado de las características que hoy tiene, por ejemplo, el Banco Central.
Acabamos de conversar con el señor Ministro para adelantar en lo relativo a los concursos. Pero queremos insistir y dejar claro que para nosotros lo ideal es que la generación del Tribunal sea totalmente independiente, sin que el gobierno de turno tenga injerencia en ella, reservando la investigación -no tenemos objeciones al respecto- al Presidente de la República , a través del Fiscal, personero de su exclusiva confianza.
Nos habría gustado esa separación para que el Tribunal fuera completamente independiente. No obstante, esperamos avanzar lo más posible en esa dirección durante la discusión particular. Por lo tanto, votaremos favorablemente la idea de legislar.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente, puedo hablar de esta materia y pedir la aprobación de la iniciativa con perfecto conocimiento de causa.
Entre 1989 y 1997 fui Presidente de la Comisión Resolutiva antimonopolio. Por consiguiente, conozco plenamente sus éxitos, sus fracasos y la forma en que trabajaba y aquella como debería hacerlo.
Ese órgano tiene una constitución muy sui géneris. El Ejecutivo nombra un representante propuesto por el Ministerio de Hacienda y otro por el de Economía, ambos con carácter de jefes de servicio. Además, se elige por sorteo un Decano de Economía y otro de Derecho entre las universidades facultadas para pedir esta representación. O sea, estamos sujetos al azar, porque la calidad del premiado no se conoce sino hasta después de efectuarse el sorteo.
La calidad de estos representantes hacía al Tribunal dependiente en dos quintas partes del Ejecutivo. Asimismo, éste no tenía ni sede, ni local, ni ninguna estructura material para trabajar. Funcionaba como un allegado -por así decirlo- de la Fiscalía Nacional Económica y dependía, para su trabajo de secretaría, de la colaboración que le prestaba su personal administrativo.
A pesar de eso, se han logrado verdaderos éxitos.
No puedo olvidar que en la competencia económica por las comunicaciones de larga distancia telefónica, ENTEL -que tenía el monopolio y obtenía utilidades que los economistas llamaban "obscenas"- no quería que entrara a competir la CTC, porque ésta tenía todos los teléfonos fijos y, por consiguiente, el mercado cautivo.
Después de largas tramitaciones se logró, no el triunfo de ENTEL ni de la CTC, sino el de los multicarrier, que eran absolutamente desconocidos. Cuando alguien señaló: "Mire, todos pueden tener derecho a la larga distancia", ¿qué dijo ENTEL?: "Me van a pisar el cable, me van a dar el enchufe malo". Y no teníamos idea de cómo se podía conseguir esto. Pero cuando un grupo de ingenieros nos explicó cómo, a través de la computación y de la digitalización, el usuario iba a marcar el carrier por el cual quería hablar y obtener el servicio, se acabó todo el problema y tuvimos en Chile comunicaciones extraordinarias y baratas.
Alguien me aconsejó no llamar a Japón y que le dijera una sola cosa a mi sobrino que vive allí: "El carrier es tal, el número es éste y llámame por cobrar en Chile". ¡La diferencia es notoria!
También se obtuvieron grandes éxitos en la competencia de las generadoras de electricidad. Porque el problema radicaba en que las generadoras, las transportadoras y las distribuidoras en una sola mano producían un monopolio natural que había que disolver.
Se logró que la generación y la distribución fueran compartidas por una empresa, pero no el transporte, porque se prestaba para una preferencia por parte de ella.
También se consiguió una armonización y una competencia de precios normal con las grandes industrias farmacéuticas del mundo en lo relativo a las monodrogas, que son drogas milagrosas, y las imitaciones que de ellas hacían laboratorios chilenos.
Pienso que, como algo se logró, es digna de ser aprobada la idea de crear un verdadero tribunal y no una comisión allegada a la Fiscalía Nacional Económica, teniendo que soportar a algunos fiscales económicos -porque no todos eran como Waldo Ortúzar o como Villablanca- y colaboradores como Julio Dittborn, Hugo Lavados o decanos de universidades medio "callampas", que no era mucho lo que aportaban en cuanto a que su Presidente , que no era más que un Ministro de la Corte Suprema y abogado, pudiera entender esta ciencia infusa que es la Economía.
De todas maneras, me reservo la posibilidad de estudiar más a fondo esta materia, a objeto de hacer más expedita la tramitación de la iniciativa.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , el proyecto que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía. No obstante, en la discusión general se plantearon varios temas importantes que requieren ser analizados en profundidad y, desde nuestro punto de vista, corregidos en el debate particular.
Quisiera referirme a algunos de los aspectos que deberían ser perfeccionados.
En primer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación de la iniciativa legal, las distintas personas que concurrieron a la Comisión señalaron que su finalidad, establecida en el artículo 1º, se encuentra redactada en términos muy amplios, ya que señala que el objeto de la ley es defender la libre competencia en los mercados, como medio para desarrollar y preservar el derecho a participar en las actividades económicas, promover la eficiencia y, por esta vía, el bienestar de los consumidores.
Lo que se planteó como tema por discutir y clarificar es la referencia al bienestar de los consumidores, pues existen una legislación y un marco regulatorio, que es precisamente la defensa de los derechos del consumidor, que tiene un ámbito de aplicación específico y distinto del de una ley de defensa de la libre competencia.
Y ésta no es una discusión teórica o académica, sino que tiene importancia práctica, por cuanto la iniciativa, en su artículo 3º, cuando establece cuáles son los actos que atentan contra la libre competencia, los define también en forma muy genérica al señalar que toda persona que ejecute cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionada con las medidas señaladas en el artículo 17 C.
Obviamente, al establecer en forma tan genérica, como debe ser, un tipo penal -entre comillas, porque no estamos tipificando un delito, sino infracciones perceptibles de ser sancionadas con multa-, se asume la imposibilidad de prever en una ley todas las formas de atentar contra la libre competencia. Y en esto coincido con el proyecto. Por lo tanto, me parece razonable regular la materia en términos generales. Sin embargo, si el objeto es muy amplio, podría darse el caso de que alguien recurriera al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para defender, por ejemplo, bienes jurídicos amparados por la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
También tiene importancia definir el campo de aplicación de la ley, pues no sólo su infracción se establece en términos amplios, sino también la facultad del tribunal que se crea, para determinar si hubo infracción o no la hubo. Dicho órgano jurisdiccional falla en conciencia. Por tanto, es necesario precisar su ámbito, ya que la multa por las infracciones es de un monto elevadísimo.
Me referiré a otro aspecto relevante, que se analizó a fondo en la discusión general en la Comisión.
Actualmente, el límite máximo de las multas bordea los 300 millones de pesos. El proyecto lo establece en 10 mil 300 millones de pesos; o sea, casi 35 veces más.
No me preocupa fijar multas altas, porque muchas veces quienes atentan contra la libre competencia son empresas monopólicas o corresponden a las que deben ser disuadidas de sus prácticas con sanciones que realmente las afecten.
Pero el proyecto no indica ningún parámetro objetivo para establecer el nivel de las multas. Se puede sancionar con 10 mil 300 millones de pesos tanto al director de una compañía como a la empresa misma. Igualmente, se puede castigar -ello dependerá del criterio del Tribunal que, además, no está sometido a rigurosidad alguna en el análisis de las pruebas- a una empresa por una violación no significativa.
Entonces, en la discusión particular debieran incorporarse criterios objetivos para graduar las multas, de manera que tengan relación con la capacidad de pago del infractor y con la gravedad de la falta. Por lo menos, tales parámetros deberían estar contenidos en la ley para evitar sentencias desproporcionadas o injustas.
Por otra parte, también en cuanto a las multas, se establece que el recurso de reclamación sólo procederá cuando se consigne el 50 por ciento de su monto. Esto, evidentemente, puede dejar en la indefensión a personas que no tengan capacidad económica para hacer ese depósito. Tal punto fue observado en su informe por la Corte Suprema, la cual señaló que una disposición de este tipo puede atentar contra las normas del debido proceso.
En nuestra opinión, la consignación no puede importar un impedimento para la reclamación. Más bien, debe ser una garantía de seriedad del reclamo, de manera que, si éste es infundado, quien interponga dicho recurso pierda la consignación, sirviendo esos fondos para pagar, por lo menos, las costas de todo el procedimiento.
En consecuencia, es fundamental establecer un límite para la consignación, a fin de evitar, principalmente, reclamaciones hechas sin mayor justificación. Pero en ningún caso la suma que se deposite puede transformarse en un obstáculo para ejercer el derecho de reclamación.
Cuando estudiemos el proyecto en detalle se verá que, por ejemplo, el Tribunal puede resolver o dictar sentencia basado en indicios de infracciones a la libre competencia. Lo dice la iniciativa. Podemos llegar al absurdo de que, fundado sólo en indicios, se aplique una multa de 10 mil millones de pesos al gerente de una empresa, quien evidentemente no podrá ejercer su derecho si debe consignar 5 mil millones.
Este tipo de observaciones, hechas durante la discusión general en la Comisión, son importantes.
Por lo mismo, al establecer un amplio ámbito de aplicación de la ley y una tipificación muy general de las infracciones y procedimientos que no son tales en Derecho, donde el Tribunal puede actuar y apreciar en conciencia elementos de prueba e incluso indicios, resulta fundamental asegurar la independencia de aquél. Prácticamente todas las personas consultadas por la Comisión hicieron hincapié en este punto.
Concordamos en que la selección de los miembros del Tribunal se haga mediante concurso público. Sin embargo, nos parece que la calificación de dos integrantes por parte de los Ministros de Hacienda y de Economía vincula a dos quintos del organismo que se crea con el Poder Ejecutivo .
La calificación de otros dos representantes por el Consejo de Rectores restablece la acción de un organismo que no necesariamente tiene la competencia adecuada, y excluye a muchas otras casas de estudios superiores, otorgando al referido Consejo una atribución que, a mi juicio, no es conveniente.
Si se trata de un tribunal de defensa de la libre competencia, sería más adecuado que los concursos públicos fueran llamados y calificados, por ejemplo, por el Consejo del Banco Central, el que obviamente registra una mayor preparación técnica para seleccionar a quienes cumplan los requisitos que establezca la ley para ser miembros de una entidad que protege aquélla.
El señor Ministro de Economía , en el debate general, señaló su disposición para avanzar en el perfeccionamiento de la independencia del Tribunal. Esperamos que durante la discusión particular podamos llegar a un acuerdo sobre la materia.
Finalmente, cabe hacer presente que un tema sustantivo que mereció largo debate en la Comisión se refiere a la estructura misma del sistema de defensa de la libre competencia que crea el proyecto. Dicha estructura es simple. Mantiene la Fiscalía Nacional Económica con sus facultades y le agrega una nueva atribución relativa a interpretar administrativamente, en el ámbito de su competencia, las disposiciones legales, dejando al Tribunal la resolución de los conflictos y la dictación de normas obligatorias, e incluso de medidas -llamémoslas así- preventivas, a las cuales deberán someterse o ajustarse los particulares para no infringir la legislación sobre libre competencia.
Se discutieron muchas alternativas, como la de conferir a la Fiscalía Nacional Económica un rol parecido al de las superintendencias para dictar las normas pertinentes, ejercer la fiscalización necesaria y eventualmente imponer, en primera instancia, sanciones que después fueran resueltas por el Tribunal.
En definitiva -y ésta es mi opinión personal-, me inclino por la simple estructura propuesta en la iniciativa, que carece de carga burocrática, mantiene el funcionamiento de la Fiscalía Nacional Económica con sus actuales facultades y radica en el Tribunal, no sólo la resolución de los conflictos, sino también la dictación de ciertas normas obligatorias a las cuales deberán someterse los particulares.
La única objeción fue formulada por la Corte Suprema, en el sentido de que, al establecerse disposiciones obligatorias a las cuales deban ajustarse los actos de los particulares, de alguna forma el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estaría prejuzgando sobre una materia y eventualmente podría considerarse que los ministros que dictaron dicha norma de carácter preventivo se encuentran inhabilitados.
Nos parece que, por las experiencias mundiales en la materia, es perfectamente compatible la facultad de este tipo de tribunales para dictar normas con la de resolver casos específicos o conflictos que se produzcan, sin que exista la implicancia por haber emitido opinión previa. Es cierto que ello genera un margen de duda o de discusión; pero considero que el beneficio que trae aparejado un sistema simple en lugar de una cantidad de otros organismos es superior a los defectos de que pueda adolecer.
Debe considerarse, además, que las resoluciones del tribunal son siempre recurribles ante la Corte Suprema. Al respecto, hay algunos elementos que deben analizarse en el segundo informe, ya que se establece el recurso de reclamación sólo contra sentencia definitiva y no respecto de medidas que se puedan adoptar en el curso del proceso o que sean de tipo preventivo -por ejemplo, declarar nulos algunos contratos o dejar sin efecto ciertas sociedades-, que produzcan daños no susceptibles de ser reparados después del término del proceso y sin posibilidad de reclamo ante el Alto Tribunal.
En consideración a lo anterior, pensamos que es fundamental dar un plazo suficiente para la presentación de indicaciones y concordar algunos aspectos con el Poder Ejecutivo , máxime cuando en la Comisión se discutieron cuestiones importantes.
En general, la Comisión estima necesario avanzar hacia la institucionalización de un nuevo sistema de defensa de la libre competencia y que el proyecto del Gobierno cumple con el propósito de modernizar la legislación vigente en la materia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , el proyecto en discusión no sólo fortalece la institucionalidad económica chilena, sino que también implica un camino de renovación y fortalecimiento de nuestra estructura jurisdiccional. Por eso, a mi juicio, no es bueno que en una iniciativa de esta naturaleza no haya tenido intervención la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Y confío en que, con ocasión del segundo informe, dicha Comisión, junto con la de Economía, unidas, nos entreguen su parecer para orientar el debate.
Actualmente, Chile lleva adelante una audaz transformación estructural de su sistema judicial. Y, en ese contexto, se echan de menos esfuerzos para desarrollar una jurisdicción económica.
Se ha dicho que, con ocasión de las negociaciones entre el Gobierno y el empresariado que dieron origen a la Agenda Pro Crecimiento, este asunto adquirió importancia. Y así es. Pero se debe tener presente que esas conversaciones se realizaron tres años después de despachado el proyecto que modificó el decreto ley 211, en lo relativo a la Fiscalía Nacional Económica. En consecuencia, entre los acuerdos que entonces se lograron en el Senado al tramitarse dicha iniciativa y estos otros a que he hecho referencia, no hay una relación real.
A los agentes económicos en Chile les preocupa, y con razón, que en materia económica no esté suficientemente resguardada la vigencia del Estado de Derecho y que haya una multiplicidad de acciones y de competencias que dificultan el debido resguardo de los derechos. Algunas normas, en aspectos determinados, dan jurisdicción a los juzgados de policía local; otras la confieren a las Cortes de Apelaciones. También está el recurso de amparo económico. Él fue establecido de manera muy curiosa en nuestra legislación: como se recordará, apareció en una ley de 10 de marzo de 1990, y se ha ejercido de manera no insignificante, dada la naturaleza de los asuntos relacionados con el mismo.
Por otro lado, debe considerarse el déficit existente en nuestro país de tribunales tributarios con real independencia, problema que no puede seguir ignorándose. Se ha anunciado que el proyecto que los crea ingresará por fin a trámite legislativo. Yo no puedo separar ese esfuerzo del que se hace mediante el proyecto en debate a través del reemplazo de la Comisión Resolutiva por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Creo que debemos dar pasos más largos, a fin de fortalecer el Estado de Derecho en el ámbito económico; y ésta es una espléndida oportunidad para la creación de los tribunales económicos en Chile.
Por la misma razón, es mi convicción que debiera aprovecharse el momento para crear un órgano jurisdiccional más amplio que el propuesto en el proyecto. Del mismo modo, sería oportuno y conveniente extender considerablemente el ámbito de competencia de la Fiscalía Nacional Económica y de las fiscalías regionales, con cuya desaparición no estoy de acuerdo.
Hay materias que ya han ocupado la atención del Senado en fecha reciente, como las relativas a distorsiones, donde existe una comisión más administrativa que jurisdiccional y en que los organismos de investigación de las que atentan contra la competencia no son suficientemente expeditos o ágiles como para resguardar, entre otras cosas, el interés general.
Quiero, por eso, invitar al Ejecutivo a abordar el tema con una decisión mayor. Y lo hago, además, porque conozco los datos estadísticos respecto del trabajo desplegado por la Comisión Resolutiva, que se va a reemplaza por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ciertamente, es posible aprovechar mucho mejor la capacidad instalada que en esta materia posee Chile.
No se me escapa, señor Presidente , que muchos países del mundo, en el ámbito de defensa de la libre competencia, cuentan con organismos especializados. En una publicación relativamente reciente, de la que es autor un jurista chileno, el profesor de Derecho Económico de la Universidad Autónoma de México don Jorge Witker, titulada "El Derecho de la Competencia", que editó el Fondo de Cultura Económica, se muestra el Derecho Comparado sobre la materia en América. Es verdad que en otras partes hay especialización; pero a la escala de la economía chilena, tal especialización, reducida a la libre competencia, no está suficientemente justificada y nos lleva a desaprovechar oportunidades para responder al anhelo de fortalecer el Estado de Derecho en el ámbito económico.
Con todo, el proyecto representa un claro avance respecto de la legislación vigente. Por lo tanto, en la esperanza de que estas reflexiones sean recogidas, también votaré favorablemente la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , el Estatuto Jurídico de Defensa de la Libre Competencia está contenido en el decreto ley Nº 211, de 1973. Su dictación respondió al cambio en la orientación del proceso económico que se encontraba entonces bajo una fuerte intervención pública. El referido cuerpo legal se orientó en el sentido de lograr una más abierta y flexible actuación del mercado, que comenzaba a cumplir un papel fundamental como mecanismo asignador de recursos.
Desde la aplicación de esa normativa han pasado 30 años. En la actualidad, la estructura económica de nuestro país manifiesta profundos cambios, reflejados en aspectos legislativos e institucionales de carácter económico que nos han permitido competir en un mundo de economía globalizada.
El bien jurídico protegido en este proyecto es "la defensa de la libre competencia en los mercados, como medio para desarrollar y preservar el derecho a participar en las actividades económicas, promover la eficiencia y, por esta vía, el bienestar de los consumidores".
En consecuencia, acorde con los cambios del mercado, debe perfeccionarse la protección de la libre competencia.
La iniciativa que hoy se discute modifica el decreto ley Nº 211 en las siguientes direcciones:
1.- Define la normativa antimonopolios, a fin de preservar el derecho a participar en las actividades económicas orientadas al bienestar de los consumidores.
2.- Crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y dota a la Fiscalía Nacional Económica de nuevas competencias. La instauración de ese Tribunal está inspirada en la independencia, ya que sus miembros serán elegidos por concurso público y, además, por su excelencia técnica.
3.- También el proyecto contempla la descripción de actos que restringen o entorpecen la libre competencia, tales como:
a) Los acuerdos expresos o tácitos entre agentes económicos o las prácticas concertadas entre ellos que tengan por objeto fijar precios de venta o de compra, limitar la producción o asignarse zonas o cuotas de mercado.
b) La explotación abusiva por parte de una empresa o de un conjunto de empresas que tengan un dueño común, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.
c) Las prácticas predatorias realizadas con el objeto de alcanzar o incrementar una posición dominante.
Con todo, las conductas generadas por la actual complejidad del mercado no son fáciles de describir o de predecir. Por tanto, no se puede crear un "tipo" que las abarque a todas. De allí que el proyecto no contempla sanción alguna en lo penal, sino que más bien se refiere a la aplicación de multas.
Por otra parte, en cada caso particular, el Tribunal contará con medios de investigación y será asistido por especialistas en las distintas materias.
Creo interesante mencionar que se han generado nuevos conceptos para percibir el comportamiento del mercado, tales como: "mercado relevante", "disputabilidad de un mercado" e "interacción estratégica entre firmas".
Estoy convencido de que la protección de la libre competencia constituye uno de nuestros mayores patrimonios en materia económica. En los hechos, es lo que con más fuerza ha estimulado el crecimiento del país.
Hace pocos días nos visitó el Premio Nobel de Economía del año 2001, señor Joseph Stiglitz , quien señaló que Chile se había librado del colapso que viven algunos de nuestros vecinos precisamente porque, además de liberalizar recientemente el mercado financiero, ha sido capaz de conciliar las políticas de libre mercado con una agenda social orientada hacia los sectores más pobres. Pero, además, ha sabido mantener una línea de mayor autonomía respecto de los organismos multilaterales.
Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar, entendiendo que quizá sea necesario modificar o mejorar algunos aspectos, caso en el cual estudiaré las indicaciones correspondientes.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , muchas de las afirmaciones que pretendía hacer ya fueron formuladas por el Senador señor Parra , razón por la que me las ahorro.
No cabe duda de que estamos ante un adelanto importante. Sin embargo, pienso que esta iniciativa, para los efectos de su segundo informe, debería ser vista por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que podría funcionar unida con la de Economía.
Cuando la Comisión de Constitución analizó en su momento la modificación a la Fiscalía Antimonopolios, hubo largas discusiones acerca de las atribuciones del Fiscal, etcétera. Por eso, y también por lo que manifestó el Honorable señor Novoa , sería conveniente revisar esa legislación para ver qué papel juega ahora el Fiscal respecto del Tribunal.
Desde luego, hay cosas que me sorprenden, por lo que me gustaría que se efectuara una discusión más amplia.
Como señalaba el Senador señor Zurita , la composición del Tribunal es un poco la herencia de lo que existe, aunque mejorado. Pero no sé si la integración propuesta -que dos de sus miembros sean designados por el Ejecutivo y dos por el Consejo de Rectores- sea la más adecuada. Es raro, constituye algo especial.
Por otro lado, me parece que la supervigilancia del comportamiento de ese órgano jurisdiccional no queda muy resguardada, pues la causal de remoción por notable abandono de deberes sólo opera a petición del presidente del Tribunal o de dos de sus miembros. O sea, si los cinco integrantes -todos, por cierto, muy distinguidos- se pusieran de acuerdo, no serían sujetos de acusación constitucional ni estarían sometidos, a mi entender -puedo estar equivocado-, a las facultades correccionales de la Corte Suprema.
Entonces, me preocupa que haya un organismo con tal grado de autonomía, sobre todo cuando sus atribuciones son tan indefinidas y omnímodas. Porque, como señala el Nº 1) del artículo 17 C, en nombre de la libre competencia puede disponer "de las más amplias facultades, incluyendo la de requerir directamente el auxilio de la fuerza pública". Pero, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué causal?, ¿con qué propósito? Nada de eso está explicitado.
En verdad, so pretexto de la libre competencia, aquí hay un resabio de lo que antes existía: una fuerte intervención del Estado en materia económica. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la fuerza pública, ¿se entiende que es para descerrajar, para entrar a lugares cerrados o para detener? Personalmente, no me queda muy claro.
Ahora, si los agentes económicos leyeran con detención las letras a), b) y c) del Nº 1) del artículo 17 C, se preocuparían, pues el Tribunal está facultado para modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos. También puede ordenar la modificación o la disolución de las sociedades, aplicar multas, etcétera. Pero, además -cosa curiosa-, dictará instrucciones de carácter general a las cuales deberán ajustarse los particulares en la celebración de actos o contratos. Es decir, no sólo resuelve conflictos, sino que también legisla, lo que no ocurre con ningún otro tribunal de la República. Por otra parte, a través del Ministro de Estado correspondiente, puede proponer al Gobierno enmiendas legales.
O sea, aquí existe la mezcla entre un tribunal y las atribuciones de un órgano que, a pesar de su composición mixta, está todavía más bien en el ámbito del Poder Ejecutivo .
Creo, como ha dicho el Honorable señor Parra , que debiéramos dar un paso más adelante y tratar de perfilar mejor ese organismo.
Respecto a la denominación de "Tribunal de Defensa de la Libre Competencia" -puedo interpretar al Senador señor Ávila , después de sus últimas actuaciones públicas-, no considero que ella de por sí sea un valor jurídico. La Constitución, por lo menos, no lo establece así, sino que es más cauta, pues garantiza el "derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad" y asegura la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado en materia económica; pero en ningún lado plantea que la libre competencia sea de por sí un bien.
No es mi deseo, luego de la Conferencia del Partido Socialista, exponer aspectos relacionados con el marxismo, crítico o no crítico, sino que basta con recordar encíclicas papales, donde hay diatribas contra la libre competencia, pues se parte de la base de que ésta no es libre. La competencia se da entre agentes con distinto poder económico, con distinto nivel de información. Es decir, la idea de un mercado absolutamente libre es sólo la conceptualización de una abstracción para desarrollar una ciencia como la Economía. Pero no hay ningún economista serio que parta de la base de que el mercado es libre.
Antiguamente se protegía al mercado del monopolio. Pero una cosa es decir "Yo protejo al mercado del monopolio" y, otra distinta, afirmar que el mercado es libre. A este respecto, la iniciativa contempla un artículo muy vago -al que hizo referencia el Senador señor Novoa -, que señala que "La presente ley tiene por objeto defender la libre competencia en los mercados...", libre competencia que no existe.
¿Qué es la libre competencia en los mercados? ¿Cuándo la hay? El último Premio Nobel de Economía , quien acaba de estar en Chile, ganó dicho galardón precisamente demostrando que ella no existe porque hay distorsión de información.
Sin embargo, la referida norma agrega que la libre competencia es un "medio para desarrollar y preservar el derecho a participar en las actividades económicas". ¡No! Existe el derecho a participar en ellas aunque el mercado sea imperfecto. Así lo contempla la Constitución, ya que esperar el mercado libre puede no ser práctico.
Por lo tanto, tal vez se necesita tener un nombre menos rimbombante. Es decir, que exista un tribunal económico que se preocupe de que no ocurran distorsiones mayores en el mercado y de que las producidas sean sancionadas. Sin embargo, ciertas distorsiones están en la naturaleza humana y no podría pedírsele a dicho órgano jurisdiccional la imposición de medidas.
Supongamos que ello sea tomado con mucho celo y se pretenda que los mercados sean realmente libres. Esto significaría intervenirlos todos o gran parte de ellos. Porque, a diferencia de lo monopólico, donde claramente se cuestiona un tipo de distorsión, aquí se entregan facultades muy vagas a un tribunal, ya que la libre competencia es un concepto bastante poco preciso, si se quiere ser riguroso.
En síntesis, me parece que éste constituye un paso importante. Es bueno que exista un tribunal. Pero -como dijo el Senador señor Parra - debería, en primer lugar, haber una justicia más perfeccionada en materia económica, un Estado de Derecho más claro al respecto. En segundo término, resulta conveniente precisar los contornos de ese organismo, de tal manera que quede encuadrado en nuestro sistema institucional, procurando, por una parte, que los magistrados sean responsables, estén supervigilados por la Corte Suprema y puedan ser objeto de acusación constitucional, y por otra, que sus atribuciones sean ojalá un poco más precisas, para que actúen en beneficio del país.
Es necesario tener en cuenta que hasta ahora el sistema ha sido -como bien señaló el Senador señor Zurita - bastante acotado, muy preciso, y ha ido en buena dirección. Pero aquí se establece una nueva institución, con las características ya mencionadas, y además se dice que el Tribunal va a fallar en conciencia. Supongo que lo hará conforme a Derecho y no señalando: "Creo que esto atenta contra la libre competencia; yo soy el que la defino, fallo e intervengo". Entiendo que procederá con arreglo a la ley y no a su propia conciencia.
Por lo tanto, considero que la iniciativa requiere perfeccionamientos. En este sentido, respaldo la sugerencia del Senador señor Parra de que sea remitida a las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas. Y, por cierto, votaré favorablemente la idea de legislar, pues el proyecto constituye un avance importante.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , sin duda, el proyecto despierta bastante consenso, por cuanto significa un perfeccionamiento de la institucionalidad existente, que busca defendernos de las imperfecciones que hoy día se presentan en los diversos mercados internos. Ellas producen grave daño, sea a los productores, sea a los intermediarios, sea a los propios consumidores.
Cuando hablamos de la defensa de la libre competencia buscamos precisamente que esos mercados imperfectos -y sería lo ideal- no perjudiquen o causen el menor daño posible a productores, intermediarios y consumidores. Asimismo, pretendemos que operen realmente las leyes del mercado -es decir, las de la oferta y la demanda-, con las mínimas restricciones posibles, porque cada una de éstas significa el enriquecimiento de algunos y el empobrecimiento de otros, o bien, que se traslade la riqueza de determinados sectores a otros.
En ese sentido, en Renovación Nacional valoramos este proyecto de ley, pues pensamos que constituye una modernización de una institucionalidad que hasta ahora no ha funcionado debidamente ni con la oportunidad y agilidad que muchos productores, intermediarios o consumidores hubiesen deseado.
Estoy seguro de que en la Comisión Resolutiva hay pendientes materias que fueron sometidas a su consideración hace cuatro o cinco años, por lo menos. A modo de ejemplo, deseo recordar una.
Algunos años atrás, el Fiscal Económico de la Novena Región de La Araucanía elevó al conocimiento de ese órgano una investigación sobre carteles de precios en el caso de las plantas industriales de leche -en esa oportunidad presidía la Comisión el ahora Senador señor Zurita -, pero la verdad es que esa materia se encuentra pendiente de resolución hasta hoy día.
¡Cuántos años han pasado! ¡Cuántos productores han desaparecido desde aquella época!
En consecuencia, para solucionar el problema se necesita precisamente lo que contempla el proyecto: un tribunal compuesto por personas independientes del Gobierno y que puedan pronunciarse con oportunidad y efectividad.
Con esto no estoy diciendo al distinguido Senador señor Zurita que no haya tenido independencia en su accionar. Por supuesto que, en su calidad de Ministro de la Corte Suprema, la tenía absolutamente.
El señor ZURITA .-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor GARCÍA .-
Con la venia de la Mesa, se la concedo con todo gusto, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita .
El señor ZURITA .-
Señor Presidente , el problema de la leche es mucho más complejo de lo que es dable imaginar. Resulta que las plantas la compran a productores chicos y grandes, recogiendo en un camión los tarros que deja en su predio el dueño de una, dos o muchas vacas. Pero no sólo adquieren leche, sino también materia grasa. Por lo tanto, ¿quién determina esta última? El comprador.
En el caso a que se hace mención, no se trataba de un monopolio, sino de un oligopolio, en que el comprador pretendía estrangular a los vendedores.
Además, nos encontramos con que las plantas procesadoras, como Nestlé, Loncoleche u otras, producen leche en Europa y, a lo mejor, a un costo menor que la nuestra. Entonces, el problema es más complejo de lo que parece.
Cuando se habla de libre competencia, efectivamente se pretende evitar que el monopolio maneje la competencia a su gusto y arruine al competidor, para después subir el precio.
¡Eso es lo que se trata de defender!
Perdóneme, Su Señoría, por haberme extendido. Y gracias por la interrupción.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , sin duda, son materias complejas. Y en un mundo de economías globalizadas lo son cada vez más. Frente a ello, necesariamente tenemos que defendernos. Por eso he manifestado que el proyecto apunta en la dirección correcta, sin perjuicio de que deseamos que sea mejorado durante la discusión particular.
Se ha dicho aquí que aplaudimos la independencia del Tribunal. Sin embargo, a nuestro juicio, las normas que procuran establecerla no lo consiguen del todo o no lo hacen en la forma como quisiéramos.
En primer lugar, es discutible -y nos asaltan razonables dudas sobre el particular- que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deba hallarse integrado, entre otros, por un ministro de la Corte Suprema . Porque si será factible elevar las resoluciones de aquél, para su rectificación, precisamente al Máximo Tribunal, al integrarlo un ministro de éste bien podría ocurrir un prejuzgamiento respecto del asunto que se esté considerando.
Tal vez sea preferible la incorporación de un ministro de Corte de Apelaciones, designado por la Corte Suprema, a fin de que, cuando se eleve a ésta una resolución del Tribunal que se crea mediante el proyecto en debate, el fallo sea dictado con absoluta independencia.
El señor ZURITA .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor GARCÍA .-
No tengo inconveniente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA .-
Señor Presidente , creo que no debería meterse a ningún ministro , ni de la Corte Suprema ni de Corte de Apelaciones.
Me desempeñé durante ocho años como Presidente de la Comisión Resolutiva , a la que me referí hace un rato. ¿Saben Sus Señorías por qué? Porque nadie se interesaba en él, pues no era remunerado. Además, ¿qué sabe de economía un ministro de la Corte Suprema ? Y para el ejercicio de ese cargo tenía que aprender, o del representante del Ministerio de Hacienda, o del de Economía , o de los decanos; y si estos últimos sabían poco, menos aprendía yo. ¿Qué hacía, entonces? Escuchaba la opinión de los otros cuatro integrantes y trataba de producir la armonía entre ellos. Sólo eso.
En todo caso, estimo que no debemos seguir metiendo abogados allá. ¡Economistas! Nada más.
Gracias.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Me alegra mucho estar de acuerdo con el Senador señor Zurita.
Sigo, señor Presidente.
En seguida figuran dos integrantes propuestos por los Ministros de Economía y de Hacienda, sobre la base de un concurso público. Es cierto. Pero, en definitiva, serán nombrados por la autoridad política.
Finalmente, hay dos integrantes designados por el Consejo de Rectores. Sin embargo, como éste agrupa a las llamadas "universidades tradicionales", se está dejando fuera a las universidades privadas, que cada vez -y especialmente en cuestiones económicas- están teniendo mayor relevancia en la formación de profesionales altamente calificados en nuestro país.
Por lo tanto, se trata de materias en las que debemos ponernos de acuerdo; tenemos que avanzar en ello, a fin de que quienes integren el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuenten con la independencia suficiente para pronunciarse.
Tocante a las multas, alzarlas en 3 mil 500 por ciento parece algo francamente fuera de lugar. Y también lo parece la obligación de consignar para reclamar de las multas y sanciones. Sin duda, esto constituye un entorpecimiento a la acción de los tribunales. Y ésta es, en último término, lo que nos debe motivar e impulsar a consagrar mecanismos muy sencillos y facilitadores de la manera de hacer justicia.
Por otro lado, si bien la forma de designación del Fiscal Nacional Económico no es materia del proyecto en debate, en lo posible deberíamos entrar a discutirla. Él tiene que ser quien lleve adelante la investigación y finalmente acuse ante el respectivo tribunal cuando se cometan determinados ilícitos o atropellen ciertas normas atentando contra la libre competencia.
A nuestro juicio, si usáramos para el nombramiento respectivo un sistema parecido al que se utiliza hoy para el del Fiscal Nacional del Ministerio Público -esto es, designación por el Presidente de la República con acuerdo del Senado-, tendríamos un Fiscal Nacional Económico premunido de la independencia indispensable para llevar a cabo las investigaciones y acusaciones.
Señor Presidente , hoy corresponde votar la idea de legislar sobre el proyecto que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En tal sentido, nos parece bien pasar de la actual institucionalidad, absolutamente precaria, a una mucho más independiente y que, además, separa la función de la Fiscalía de la del Tribunal propiamente tal, incluso con una planta de funcionarios del todo distinta. Y eso nos parece un avance significativo. Pero, sin duda, hay que perfeccionar esta iniciativa en otros aspectos, como la designación de los integrantes del Tribunal en comento.
Por consiguiente, junto con anunciar el voto favorable de Renovación Nacional en esta oportunidad, ponemos nuestra esperanza en el logro de un buen acuerdo con las demás fuerzas políticas representadas en el Senado, y también con el Ejecutivo , para que tengamos una verdadera modernización en materia de defensa de la libre competencia.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , sin duda, ésta es una iniciativa legal muy importante. Comparto lo que ha señalado el Honorable señor Viera-Gallo . Y mi primera observación se refiere al procedimiento.
Siento que las normas procedimentales propuestas en cuanto al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no son más que la repetición del juicio ordinario, de largo conocimiento, que no sé si hoy en día, con las prácticas jurídicas modernas y el avance veloz de las relaciones comerciales, sea lo más adecuado. Quizá dicho procedimiento constituya un entorpecimiento para la eficacia del Tribunal en comento, y tal vez ésa sea una de las razones por las que los fallos de muchas de las causas de esta índole demoran años.
Los procedimientos de lato conocimiento en Chile, como es el juicio ordinario -aquí se establece un plazo de 15 días para la contestación de la demanda; posteriormente hay un término probatorio, con notificación por cédula, en fin-, no se caracterizan por la agilidad. Quizás habría que estudiar un mecanismo más adecuado a las formas de tramitación de estos procesos en las legislaciones modernas.
Por eso, sin ánimo alguno de entorpecer este proyecto, planteo la necesidad de incorporar disposiciones que den agilidad al procedimiento y no provoquen lo que ocurre en muchas causas en Chile, donde al final de cuentas el gran obstáculo para los tribunales son las normas procedimentales, que amarran con rigidez a los jueces y les impiden avanzar con la celeridad que quisieran, más aún cuando se ha dicho que en este caso se trata de un proceso que debe seguirse de oficio.
Por lo tanto, hago en primer lugar una salvedad respecto de las normas procesales que contiene la iniciativa en debate. Si uno las lee, comprueba que tienen las mismas características que las del juicio ordinario consagrado en nuestro Código de Procedimiento Civil. No sé si es factible flexibilizarlas, de modo tal que el juez no quede sometido a disposiciones extraordinariamente rígidas que, como manifesté, muchas veces obstaculizan la acción del propio tribunal.
En segundo término, si respecto del Fiscal Nacional del Ministerio Público se resolvió que, como máxima autoridad, fuera designado con acuerdo del Senado, no veo argumentación alguna para que en las materias de orden económico -y particularmente tratándose de la libre competencia-, que pueden tener incluso mayor repercusión desde el punto de vista de los graves efectos susceptibles de producirse en la actividad del sector, el Fiscal no sea nombrado de manera similar.
Entiendo que los fiscales adjuntos no sean nombrados con acuerdo del Senado. Pero digamos las cosas como son: ése es un hombre que puede estar sometido a las peores presiones en el ejercicio de su cargo, porque en torno de sus decisiones se van a mover enormes cantidades de dinero. Por lo tanto, que en su nominación figuren dos Poderes del Estado y que, adicionalmente, tenga inamovilidad y sólo pueda ser removido por causales muy específicas, es garantía de que va a llevar adelante las acciones, más allá de las presiones que reciba, máxime cuando todos sabemos que los aspectos económicos tienen hoy una relevancia fundamental para el desarrollo de los países y de las economías.
Un tercer punto -también lo tocó el Senador señor Viera-Gallo - se refiere a las causales de remoción. Pienso que a ese respecto hay, simplemente, una omisión. Resulta incomprensible que un ciudadano no pueda solicitar a la Corte Suprema que, en el ejercicio de su facultad disciplinaria y correccional, destituya por notable abandono de sus deberes a un integrante del Tribunal que se crea. De prosperar la norma respectiva, ése sería el único tribunal donde una acción de ese tipo, de acuerdo a lo que dispone la ley en proyecto, sólo podría ser ejercida por sus miembros. Me parece absurdo. Perfectamente la parte agraviada por un notable abandono de deberes podría requerir a la Corte Suprema las sanciones disciplinarias pertinentes, de lo cual se encontraría inhibida con la disposición en comento.
Y una última consideración, de carácter general.
En Chile tenemos en esta materia dos realidades distintas, que nunca han funcionado coordinada y adecuadamente. Una corresponde a lo que hoy está derivando en la creación del Tribunal a que se refiere el proyecto en debate, que, más allá de la discusión habida en esta Sala, se relaciona con las alteraciones a la libre competencia producidas en nuestro territorio.
Empero, ¿qué ocurre cuando, en un mundo globalizado, tales alteraciones se suscitan con respecto a productos importados, lo que tiende a darse en la mayoría de los casos?
Esas situaciones se hallan reguladas en las disposiciones de la ley Nº 18.525, que creó la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas; y también, en el reglamento del artículo 11 de dicha normativa, donde se establecen las causas que motivan tales distorsiones, se señalan y definen el subsidio y el dumping, y se consigna todo un procedimiento, con un tribunal paralelo al existente.
En mi opinión, la mayoría de los casos de alteración a la libre competencia se da, más que con productos nacionales, con productos foráneos. No me parece correcto, entonces, avanzar en nuestra legislación interna y no hacerlo adecuando lo concerniente a la Comisión de Distorsiones en materia de productos provenientes del exterior.
Señor Presidente , me pidió una interrupción el Senador señor Viera-Gallo , que concedo con mucho gusto.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , sólo quiero respaldar las palabras del Honorable señor Espina y recordar que con el Senador señor Larraín reunimos firmas de varios colegas para pedir al Ejecutivo la introducción de cambios en la Comisión Antidistorsiones; entre otras cosas -no juzgaré los resultados de ese organismo-, porque la mayor parte de sus miembros es de origen gubernamental (se trata de funcionarios que forman parte de los distintos Ministerios). Resulta absurdo que resuelva un órgano considerado independiente pero cuya composición tiene claro tinte gubernamental, pues ello complica incluso al Ejecutivo para la toma de la decisión definitiva.
Por eso -reitero-, comparto totalmente lo que expresa el Senador señor Espina.
Gracias.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , me solicitó una interrupción la Senadora señora Matthei , que también concedo, con la venia de la Mesa.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MATTHEI .-
Señor Presidente , aquí hay dos temas distintos: si la actual Comisión Antidistorsiones está funcionando bien o no y si las personas que la componen son las más idóneas. En este sentido, me parece que puede haber cambios. Sin embargo, creo que deberían ser dos comisiones: una para investigar las distorsiones dentro del país y la otra para hacerse cargo de las alteraciones registradas afuera. Porque las investigaciones, en cada caso, tienen carácter diferente; las normas aplicables son diversas, y las sanciones posibles de aplicar en una y otra situación son también distintas (algunas se rigen por la OMC, existen salvaguardias y medidas arancelarias, etcétera).
Por lo tanto, sin perjuicio de avanzar en la modernización de la Comisión Antidistorsiones, los órganos deben ser dos, pues los ámbitos respectivos difieren absolutamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
No comparto para nada la opinión, muy respetable, de la Senadora señora Matthei , por una razón obvia: todo depende de quienes compongan el Tribunal.
¿Qué dice hoy la ley? Que la Comisión de Distorsiones estará integrada por el Fiscal Nacional Económico -se mantiene su carácter nacional en la nueva legislación-; dos representantes del Banco Central; uno del Ministro de Hacienda ; uno del Ministerio de Agricultura y otro del de Economía; el Director Nacional de Aduanas , y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahora se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuyos miembros -lo manifestó el propio Senador señor Zurita , basado en su experiencia- deberían ser especialistas en materias de orden económico.
Entonces, el problema consiste en elegir a las personas adecuadas para una función u otra. Los procedimientos pueden ser distintos -y en eso la Honorable señora Matthei tiene razón: no es igual investigar infracciones a la libre competencia al interior del país que hacerlo respecto de las producidas en el extranjero-, pero los principios son los mismos.
Históricamente, Chile se ha llenado de cuanto tribunal el legislador ha ideado crear en forma permanente, en vez de tener pocos tribunales, con competencias específicas, jueces calificados y equipos de asesores debidamente preparados, de manera de concentrar tanto las acciones registradas en el territorio nacional como las relacionadas con las que a mi juicio son las principales alteraciones que nuestro país sufre en materia de libre competencia, que, particularmente en el ámbito agrícola, se traducen en los subsidios con que los productores chilenos del sector deben competir. Efectivamente, nuestros agricultores tienen que competir con productos que vienen subsidiados. No hace mucho, Estados Unidos anunció que destinaría miles de millones de dólares -no recuerdo con exactitud la cifra-...
El señor NARANJO.-
Ciento ochenta mil millones de dólares.
El señor ESPINA.-
Exacto. Y ese país no tiene ningún empacho en decir que con tal cantidad va a subsidiar su agricultura.
¡Los productos así protegidos son los que vienen a competir con los de nuestros pequeños agricultores!
La cuestión no radica en rechazar que exista libre competencia, señor Presidente . Lo ridículo es que Chile no defienda como corresponde la libre competencia respecto de otros países.
Entonces, no me parece que por tratarse de materias distintas deba configurarse otro tribunal. Los procedimientos de investigación tienen que ser diferentes -eso es indiscutible-, como también las medidas preventivas. No es lo mismo suspender la aplicación de un contrato celebrado entre dos chilenos por estimar que constituye una situación monopólica, que impedir el ingreso de productos extranjeros por las repercusiones internacionales que ello puede causar. Pero es indudable que las dos cosas van de la mano. Por eso pienso que debería existir un solo tribunal, compuesto por jueces competentes para ambas situaciones, con los respectivos equipos asesores y procedimientos diferentes. Lo importante es que haya modernización en los dos ámbitos.
Mi experiencia, señor Presidente , me indica que ese tribunal tendría harto menos trabajo en el plano interno que el que debería realizar -aun con las facultades de la actual Comisión de Distorsiones, por supuesto perfeccionadas- ante denuncias efectuadas por chilenos que compiten en un mercado globalizado y abierto y donde los productos foráneos de distintos rubros vienen subsidiados e ingresan a nuestro país sin que exista ninguna protección para los nacionales. ¡Ninguna!
Y no se trata de no creer en la libre competencia, señor Presidente , sino de que ella es libre competencia. Y ésta no existe cuando desde el exterior llegan productos subsidiados con dumping.
¡Ésa es la realidad!
Por consiguiente, estimo que en este proyecto debería hacerse un esfuerzo por englobar las dos materias. Eso es lo correcto. De lo contrario, nos vamos a llenar de tribunales distintos, con procedimientos diferentes, con recursos diversos y con la única diferencia de que una situación ocurre dentro de nuestro territorio y la otra, si bien produce sus efectos al interior de él, se basa en un principio de ejecución gestado en el extranjero.
Entiendo las aprensiones de la Honorable señora Matthei , pero no me parecen suficientes para no regular ahora ambas materias.
Hace años que se viene planteando -debe de haber cientos de actas con peticiones en ese sentido- la necesidad de modificar la Comisión de Distorsiones. Esta Comisión -la verdad sea dicha- no funciona ni opera. Y cuando lo hace, ya es demasiado tarde, pues los efectos dañinos se produjeron. Tratándose de una producción agrícola, de una producción textil, si las medidas correctivas se aplican después de dos años, a esas alturas -digámoslo con toda franqueza- los afectados ya están quebrados. Porque en la economía actual los procesos son dinámicos.
Yo no busco medidas proteccionistas, señor Presidente , sino simplemente, igualdad en la competencia. Ni más, ni menos.
Por eso, creo que es posible aprovechar este proyecto para resolver adecuadamente el problema en la Comisión de Economía y hacer concordar las dos situaciones, manteniendo las diferencias en los procedimientos. Si no, vamos a dejar la mesa supuestamente arreglada de una pata -perdóneseme la expresión-, pero coja de otra.
En virtud de lo expuesto, y tal como lo adelantó el Honorable señor García , representante nuestro en la Comisión de Economía, los Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente la idea de legislar.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , me da la impresión de que se está legislando sobre una realidad virtual.
Como apuntaba muy bien el Honorable señor Viera-Gallo , el libre mercado no existe en la realidad. Es una expresión teórica que a cada paso se desmiente a sí misma, porque la concentración del poder está en la lógica del actual modelo económico. Es cuestión de examinar en los diferentes campos de la economía, desde hace unos quince años a esta parte, cuántos actores había en un sector cualquiera y cuántos han sobrevivido hasta hoy. Cada vez su número es más reducido.
Si a los productores de remolacha se les habla de libre competencia, por cierto lo entenderán como ironía o sarcasmo, porque deben vender sus productos a una sola empresa. Todo el esfuerzo desplegado queda sujeto a los caprichos de un ejecutivo.
¡Háblenles de libre competencia a los productores de maíz, o de fruta, o de leche o de carne! En general, toda la agricultura está sumida en la dependencia, crecientemente dramática, de uno o dos compradores que fijan los valores antes de las cosechas y los mantienen hasta que la gente que trabaja en el campo se ve forzada a largar sus productos a precio vil.
¡Ésa es la realidad que se está viviendo en el Chile de hoy!
Por eso, cuando el Tribunal que se crea adquiera vida jurídica, su objeto será inexistente, porque la dinámica del proceso lo va a superar por completo.
Si bien, como señalaba el Honorable señor Viera-Gallo , la libre competencia es simplemente un invento teórico, la competencia ya ha dejado de existir. En los supermercados es más patente que en ningún otro sector la verdadera tiranía que se ejerce de parte del poder económico en relación con los proveedores. Si uno de éstos desea exponer sus productos en una ubicación específica, debe pagar cantidades a veces muy importantes, pero queda sujeto a las variaciones que en definitiva fije el dueño del establecimiento. Y en cualquier momento lo puede obligar a pagar promociones que son propias del supermercado. Incluso tiene que hacerse cargo de gastos de publicidad. Y los proveedores carecen de alternativa. Sencillamente, deben entregar sus productos a quien ya los mantiene cautivos. La competencia ha dejado de ser una realidad.
El proyecto no se refiere a temas mucho más de fondo y, en esa misma medida, se convierte en una suerte de entelequia que el día de mañana no tendrá aplicación práctica. ¡Eso es lo lamentable! Por lo tanto, valiéndonos del texto que se nos propone, debiéramos entrar al análisis de materias fundamentales que afectan a la economía del país, como la falta de un poder regulador efectivo por parte del Estado, sobre todo en la medida en que su incidencia en la economía es cada vez menor y en que quienes imponen las reglas del juego son los que controlan el 80 por ciento del producto. En esas condiciones es muy difícil que una legislación de este tipo tenga algún efecto práctico.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, se han expuesto varios planteamientos realmente interesantes durante esta discusión.
Quiero referirme básicamente a qué significa "competencia en igualdad de condiciones" y a qué sucede con el mercado externo. Por ejemplo, un país vecino puede producir un bien sin ningún tratamiento especial, sin ningún subsidio. Si de pronto se lleva a cabo una devaluación masiva, es obvio que su precio puesto en Chile disminuirá en forma sustancial y que aumentará enormemente su importación. ¿Es eso competencia en igualdad de condiciones? ¿Sí o no? No es fácil determinarlo.
La verdad es que las normas que rigen la aplicación de salvaguardias son muy distintas de la legislación que regula la competencia. Cuando las importaciones de un bien experimentan gran crecimiento o éste es sorpresivo, un país puede defenderse, pero únicamente con medidas temporales, por uno o dos años Y ese incremento pudo generarse, no sólo por fallas de mercado, o por subsidios, o por la intervención de monopolios, sino sencillamente por cambios en el valor relativo de las monedas.
Cuando se habla de competencia en igualdad de condiciones, ¿qué sucede, por ejemplo, con los bienes que se importan desde China, país donde un gerente general gana 100 a 150 dólares mensuales, donde muchas personas trabajan 12 horas diarias, o duermen en las fábricas, o a veces laboran básicamente por un plato de comida? ¿Es eso competencia en igualdad de condiciones? ¿Sí o no? Unos dirán: "No traigamos productos de China, porque en Chile, a diferencia de ese país, rigen leyes sociales que establecen límites a la jornada de trabajo y fijan el salario mínimo". Pero ojo: si se procede así con China, Europa y Estados Unidos podrían señalar: "No importemos bienes de Chile, ya que en nuestros países el salario promedio es muy superior al chileno".
La verdad es que la "competencia en igualdad de condiciones" en el ámbito del comercio exterior constituye un tema sumamente complejo.
Concuerdo en que la Comisión Antidistorsiones, por su composición, no funciona o no es buena. He escuchado a varios señores Senadores manifestar que en general no opera. Pero mi crítica es diferente. Creo que ha operado en dos casos -en el del acero y en el de la fructosa-, básicamente por presiones políticas. Respecto de la fructosa, se impusieron restricciones al comercio exterior, pero no por falta de competencia -está claro que el azúcar de IANSA es un producto distinto de la fructosa-, sino por amenaza de paro de los agricultores de las Regiones Sexta, Séptima y Octava.
Por lo tanto, la libre competencia interna difiere del resguardo de la producción nacional ante la competencia foránea desleal. Y ésta puede darse por leyes sociales distintas, por el tipo de cambio, por la entrega de subsidios o por una reglamentación medioambiental diversa.
Es obvia la diferencia de operar una refinería de cobre observando todas las reglas medioambientales, por ejemplo, de California que hacerlo utilizando carbón, como ocurría en Europa del Este, donde, por los residuos que se expelían, la nieve era negra. Claro que el costo de operación es muy diferente.
Me alegro de que se esté trabajando en la creación de un organismo que procure un mejor funcionamiento de los mercados.
También es obvio que no existe la competencia perfecta. Pero - ¡atención!- toda la legislación moderna señala que la intervención del Estado destinada a corregir supuestas deficiencias en el funcionamiento de los mercados muchas veces significa para el país más costos que beneficios. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. Una vasta literatura en economía así lo demuestra.
Por lo tanto, me alegro de que se esté avanzando en mejorar la regulación de los mercados internos. Insisto -apoyo la idea del Honorable señor Espina y de otros señores Senadores- en la necesidad de procurar una mejor composición para la Comisión Antidistorsiones y de otorgarle reglas más adecuadas.
Reitero: los problemas son de naturaleza tan distinta que no es fácil que los aborde una sola Comisión.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor y una abstención) y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 7 de octubre, a las 12.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Espina, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvo el señor Ávila.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
El Honorable señor Parra y otros señores Senadores han propuesto enviar el proyecto, para segundo informe, a las Comisiones unidas de Economía y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Así se acuerda.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
-------------------
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor NARANJO:
Al señor Ministro del Interior , pidiéndole ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE CESANTÍA EN PROVINCIA DE CAUQUENES (Séptima Región).
Del señor CANTERO:
A las señoras Ministra de Educación y Secretaria Ministerial de Educación de la Segunda Región y al señor Alcalde de la Municipalidad de Calama , solicitándoles la TRANSFORMACIÓN DE ESCUELA BÁSICA DE CASPANA EN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL.
Al señor Ministro de Obras Públicas , exponiéndole PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLOS DE SECTOR ALTO EL LOA y pidiéndole la REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO A CASPANA EN SECTOR RÍO SALADO.
Al señor Director Ejecutivo de Televisión Nacional de Chile , solicitándole INSTALACIÓN DE ANTENA RECEPTORA DE SEÑAL TELEVISIVA EN SECTOR ALTO EL LOA.
Al señor Intendente de la Segunda Región , pidiéndole la MATERIALIZACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PUEBLO DE LASANA, SECTOR ALTO EL LOA (todos de la Segunda Región).
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Obras Públicas , consultándole sobre el TÉRMINO DE TRAZADO DE CAMINO ENTRE COMUNA DE COCHAMÓ Y PASO EL LEÓN (Reiteración de oficio)
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , preguntándole acerca de la REGULARIZACIÓN DE INMUEBLE OCUPADO POR FAMILIA GUTIÉRREZ GARCÍA, DE CHAITÉN (ambos de Décima Región).
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El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS: TENTACIÓN POPULISTA O MAYOR CRECIMIENTO SOSTENIDO. OFICIOS
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , no cabe duda de que Chile y otros países atraviesan por dificultades económicas.
En la página editorial de "El Mercurio" de hoy aparece un interesante artículo escrito por el ex Diputado señor Jorge Schaulsohn . En él señala que ésta es la primera vez, desde 1990, que el crecimiento en Chile no supera el 2 por ciento; que esta cifra se debe casi exclusivamente a las exportaciones, lo que significa que el país se encuentra técnicamente en recesión (quizás sea una exageración); que la demanda interna se halla contraída, y que la falta de crecimiento representa menores ingresos para el Estado, más déficit en sus cuentas y mayor dificultad para el financiamiento de las políticas sociales.
Ante esa situación, es incuestionable que se exacerba la preocupación de los distintos actores políticos y, de una u otra manera, se buscan soluciones. Y una de las principales tentaciones es caer en medidas populistas. Se debe entender por populismo la aplicación de proposiciones efectistas de halago a las apremiantes necesidades de los más desposeídos, que, en vez de resolver sus problemas, los agravan; que encandilan y obnubilan sus conciencias, y que atraen apoyos efímeros que muchas veces van en pos de propósitos contraproducentes para los intereses de esos sectores.
Para graficar lo que estoy señalando recurriré a la figura del Alcalde Joaquín Lavín , quien, luego de haber vendido las aguas del Municipio, usa fondos así obtenidos para pagar cuentas de agua atrasadas correspondientes a personas que no han podido hacerlo. Obviamente, es una ayuda. Pero no cabe la menor duda de que el problema se repetirá el mes siguiente y el subsiguiente. Entonces, ese aporte sólo habrá servido de propaganda para el Alcalde Lavín , quien -es claro- ha usado fondos pertenecientes a todos para beneficiar a algunos en forma pasajera.
Asimismo, hace días ese señor Alcalde publicitó un programa, que está implementando, para dar trabajo que denomina "pololo" y que consiste en pintar los muros de Santiago, borrando los "graffiti", antes del 18 de Septiembre. Y a cada una de esas personas le paga 15 mil pesos.
Obviamente, una señora que apareció en la televisión señaló: "Estoy agradecida, porque antes estos 15 mil pesos no los tenía". Pero no cabe la menor duda de que tampoco los tendrá el mes que viene ni el siguiente.
¿Y qué pasará cuando se acaben los recursos provenientes de la venta de los derechos de aguas de Santiago? Porque éstos no se han usado hasta ahora para implementar la creación de nuevos recursos, sino simplemente para financiar programas sociales mal orientados del municipio capitalino.
Eso es lo que yo llamo "acción populista", que es "pan para hoy, hambre para mañana" y que sólo sirve para generar una popularidad que no tengo claro cuán sólida y duradera será en el tiempo.
Ahora, en el ámbito de la Concertación, reflexiones análogas comienzan a abrirse paso.
En la última reunión del Consejo del Partido Por la Democracia, se anunció que se incluirá en la agenda la discusión de las privatizaciones de empresas públicas.
Hoy, en "La Segunda", se dio cuenta también de declaraciones de otros colegas de la Concertación en el sentido de impulsar privatizaciones, y la situación aparece bastante clara.
El Senador señor Foxley señaló que ellas pueden tener dos finalidades: cumplir el programa social del Gobierno del Presidente Lagos y sentar las bases de un mayor crecimiento sostenido.
Quiero decir con mucha claridad que, si se trata de vender empresas públicas para cumplir el programa social del Gobierno, no veo mucha diferencia con lo que hace el Alcalde Lavín . Si se pretende vender la ENAP para financiar reformas sociales, las preguntas lógicas son qué pasará cuando se acaben esos recursos; cómo van a seguir implementándose esas políticas públicas si no se han generado mecanismos de reproducción con el producto de las ventas, y qué sucederá el día de mañana si hay una nueva crisis y en Chile ya no existen empresas que enajenar (como todos, excluyo a CODELCO). Entonces, ¿qué se hace?
Distinto es lo planteado por el Senador señor Foxley cuando expresa que se trata de sentar las bases de un mayor crecimiento sostenido. O sea, si alguien propone privatizar una empresa -Su Señoría señala el caso de ENAP- y con su venta efectuar una inversión que proveerá de mayores recursos al Estado -esto es, que haga más rentable la operación-, obviamente no estaremos hablando de un enfoque populista, sino -y lo considero un tema de muy legítima discusión- de cómo impulsar el crecimiento y hacer más rentables los activos del Estado.
Si hubiere alguna alternativa más eficaz -hasta ahora no la he visto-, convendría entrar a un debate específico sobre determinada empresa. En el caso de la ENAP lo que ha habido hasta ahora es su desarrollo sobre la base de la asociación entre capital público y capital privado.
Si alguien sostuviera que sería mejor vender toda la parte pública porque con eso se lograría una mayor rentabilidad permanente para el Estado, habría que discutir esa alternativa. Pero si se pretende vender la ENAP para financiar por ejemplo los programas de empleo, como lo hace el Alcalde Lavín dentro de su comuna, entonces multipliquemos los FOSAC por diez y terminemos con la desocupación. ¡Cuánta popularidad para el Gobierno! ¡Qué fantástico!
¿Y qué pasará mañana cuando se acaben los fondos? O sea, no es razonable comerse los propios activos. Ello va contra la lógica más elemental hasta de una dueña de casa.
Considero pésimo el ejemplo del Alcalde Lavín -quien además es economista- cuando alardea en las pantallas de televisión sobre el uso del producto de la venta de las aguas para financiar en forma pasajera programas sociales a sectores de extrema pobreza.
Uno podría preguntarse qué pasaría si el señor Lavín hubiera ganado en la última elección y fuera el Presidente de la República . Seguramente ya habría vendido muchas de las empresas públicas y tal vez tendría todos estos programas marchando. Pero -repito-, ¿qué sucederá cuando se acaben los fondos? Porque un Presidente debe preocuparse, no sólo de la popularidad de su mandato, sino también de los intereses generales de la nación y del Estado.
Pienso que el debate acerca de las privatizaciones, como lo plantearon Jorge Schaulsohn y el Senador Foxley, debiera enfocarse en el aumento del crecimiento, es decir, en hacer más rentable la inversión, pero no para financiar -y aquí tanto Jorge Schaulsohn como el Senador Foxley, al menos en las versiones de prensa, no son suficientemente precisos- la reforma educacional, la reforma de Salud, la reforma procesal penal, etcétera, porque, en este caso -repito- la medida se convierte en dilapidación de recursos públicos por una crisis coyuntural.
Lo principal ante una dificultad económica persistente, como la que vive el país hace cuatro años y medio, es mantener la conciencia tranquila, conservar la serenidad, tener una firme conducción del proceso económico y jamás caer en tentaciones populistas, pues ellas se pagan extremadamente caro, según podemos ver en países vecinos, como Argentina.
Además, señor Presidente , creo que los chilenos y chilenas, especialmente los más pobres, entienden el lenguaje de la verdad. Y lo entienden por dura que ésta sea. Porque éste es un pueblo sufrido, que ha vivido la adversidad; que sabe lo que es padecer la falta de trabajo, la vivienda insuficiente, la educación no satisfactoria o las calamidades de la naturaleza, y que requiere que se le diga cuál es la realidad y se le haga partícipe de las decisiones.
No parece honesto -repito- lo que hace el Alcalde de Santiago , quien -no digo "abusa", porque sería una expresión muy fuerte- aprovecha la necesidad extrema buscando popularidad mediante acciones caritativas, compasivas o de benevolencia, pero que no van al fondo de la injusticia que está detrás de ella.
Por eso, creo que llegó el momento de hacer un llamado de atención a la Oposición, sobre todo a su principal líder (porque muchos de sus dirigentes tienen la cabeza fría en esta materia), y también a algunos personeros de la Concertación, pues el peor remedio ante una dificultad es buscar atajos, escondiéndola, disimulándola para, al mismo tiempo, ganar popularidad.
Por el contrario, pienso -como decía Churchill al pueblo inglés cuando tenía que enfrentar la guerra: que sólo podía ofrecer sangre, sudor y lágrimas (no digo que el caso chileno sea tan extremo)- que a nuestra gente hay que hablarle con la verdad; hay que señalarle que Chile sólo progresará en la medida en que, junto con lograr disciplina económica, mayor trabajo y más productividad, incrementemos los niveles de justicia social.
La venta o no de una empresa pública debiera constituir, al final, un tema de discusión político-técnica, pero jamás la fórmula mágica para esconder, aunque sea por un tiempo, las dificultades del presente.
Por eso, aprovechando los debates que hay en la vida pública nacional sobre estas materias, solicito enviar, por intermedio de un oficio, la presente intervención a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda , quienes son los principales responsables de la conducción del país y -tengo la convicción- están muy lejos de caer en ese tipo de tentaciones.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
--En seguida, ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Institucionales 1, Institucionales 2, Mixto (Partido Por la Democracia), Demócrata Cristiano, Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes y Renovación Nacional, ningún señor Senador hace uso de la palabra.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:51.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXOS DE SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ÁVILA, BOENINGER, FREI (DON EDUARDO), SILVA Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA A DON JOSEPH RAFAEL RAMOS QUIÑONES (3031-07)
Señor Presidente del H. Senado de la República Presente.
Por el presente acto, venimos en presentar ante V.E., para que sea sometida a la tramitación constitucional correspondiente, una moción de ley tendiente a reconocer a don Joseph Rafael Ramos Quiñones por gracia especial, la calidad de ciudadano chileno.
El señor Joseph Rafael Ramos Quiñones nacido en Estados Unidos de Norteamérica, Filadelfia, el 25 de Diciembre de 1938, casado con chilena y padre de dos hijos chilenas, ha vivido en nuestro país durante más de 34 años.
En este largo tiempo, ha prestado importantes servicios a Chile, principalmente en actividades académicas, públicas y privadas, y paralelamente en el campo social.
Doctorado primigeniamente en la Universidad de Columbia Nueva York, se ha desempeñado desde 1968 primero como Profesor visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en cuya Facultad de Economía es en la actualidad profesor titular, después de haber cursado ininterrumpidamente una brillante carrera docente. Recientemente, ha sido distinguido, el 23 de Julio retropróximo, con el nombramiento de Decano de dicha Corporación por el voto del 89% de sus miembros.
Se han honrado así, con esta alta distinción universitaria, merecimientos de una larga vida al servicio de la docencia y de la investigación científica en el campo fundamentalmente de la economía, a la vez que se le confieren actividades importantes al servicio del país en el campo del más elevado nivel.
Así, con sede en Chile se ha desempeñado por más de 10 años en la Organización Internacional del Trabajo y su programa regional de empleo para América Latina y el Caribe, integrando a la par comisiones de asesoría de relevancia en políticas de empleo para la región. Destacan de la misma manera, sus cometidos profesionales como asesor principal del Ministro del Trabajo durante los primeros años del gobierno de Patricio Aylwin.
En la actualidad y paralelamente a su gestión en la Universidad de Chile, es miembro del Consejo Superior de la Universidad Alberto Hurtado,, socio de la Corporación de Investigaciones para América Latina (CIEPLAN), integrante del Consejo Editorial de Cuadernos de Economía de la Universidad Católica de Chile, miembro del Consejo Editorial del Fondo de Cultura Económica de México, profesor de ILADES y del Centro de Estudios laborales Alberto Hurtado.
Tan polifacético gestión académica superior presenta al Profesor Joseph Rafael Ramón Quiñones como un destacado docente y revelador maestro, que han marcado ya dos generaciones de ingenieros comerciales que cuentan en ellos, Ministros de Estado y hombres públicos de alto nivel.
No de menor relevancia ha sido la carrera de investigación del profesor Ramos, quien exhibe entre sus publicaciones libros, monogramas y muchos artículos en revistas especializadas. Merecen menciones al respecto sus "Tres ensayos sobre Desocupación" (Universidad de Chile, 1971), su libro "Neoliberalismo en el Cono Sur" (1989), la monografía "Una estrategia de desempleo a partir de complejos productivos en torno a los recursos naturales", escrito en 1998, tras los cuales además, junto a sus otras múltiples obras, ha tenido tremendo reconocimiento.
No podemos dejar de citar, porque revela una proyección social decidida hacia los sectores más desposeídos de nuestra sociedad, su sacrificado trabajo como Director de la Fundación Solidaria "Trabajo para un Hermano", Director de la Fundación Educacional Barnechea (1998-2000), Director del Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado (1988-1989); y hasta hoy compromete ' su trabajo en múltiples iniciativas de servicio a los sectores más pobres de nuestro país.
Estimamos que una vida tan fructífera y abnegada, honra a nuestro país y hace seguimiento y respeto a tradiciones que tanto en el pasado como en la actualidad han distinguido con la nacionalización, por Ley de especial gracia, a ciudadanos tan eminentes y que no se solicitan sino se otorgan.
Sostenemos que el Profesor Ramos Quifíones merece ampliamente tan distinguidísima gracia especial. Como testimonio de las consideraciones precedentes, acompañamos "Curriculum Vitae" de don Joseph Rafael Ramos Quifíones.
Y vistas las consideraciones precedentes venimos en someter ante el H. Senado, para que siga el curso legal correspondiente, la siguiente moción de ley:
Otorgase a don Joseph Rafel Ramos Quiiíones la nacionalidad chilena por gracia especial en confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 1 0 n' 5 de la Constitución Política de la República de Chile.
(Fdo.): Nelson Avíla Contreras.- Edgardo Boenínger Kausel.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle.- Enrique Silva Cimma.- Andrés Zaldivar Larrain.-
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES COLOMA Y GAZMURI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA AL SACERDOTE TEODORO VAN GRIEKEN BELT (3042-07)
Honorable Senado:
Sin duda alguna, la nacionalidad por gracia constituye el honor mas significativo que se pueda conferir a un extranjero en Chile. Esta particular distinción supone un reconocimiento especial a personas foráneas que se hayan destacado notablemente en nuestro país y sean de algún modo ejemplo de trabajo efectivo y relevante para nuestros conciudadanos.
La sola enunciación de estas características permite entender que el sentido de la norma constitucional que consagra este honor, se inspira en la capacidad de los legisladores de saber apreciar y detectar precisamente a esas personas que ameritan obtener nuestra nacionalidad sin perder la de origen, como reflejo del común reconocimiento al bien que su actividad he entregado al país.
En el caso del Padre Teodoro Van Grieken Belt, pareciera especialmente nítido el cumplimiento sobrado de tales condiciones, pudiéndose decir sin lugar a dudas que ha puesto su vida al servicio de chilenos modestos, haciendo del cuidado de los niños, jóvenes y ancianos desvalidos, su expresión más potente de vida.
El Padre Teodoro Van Grieken Belt, nació en La Haya, Holanda, el día 7 de Agosto de 1916. Concluidos sus estudios básicos, entre los años 1930 y 1937 hizo sus estudios de enseñanza media en el Seminario Menor de la Congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en Bergen op Zoom, en el sur de Holanda.
En Septiembre de 1937 ingresó al noviciado de dicha Congregación de Asten, estudiando Filosofía y Teología en Liebosch y Nymager, siendo ordenado sacerdote en 1944, un mes después del desembarco en Normandía, en plena guerra mundial.
Hace 42 años, el l' de mayo de 1960, luego de diversos trabajos en Holanda y Argentina, llega a Chile, siendo destinado a San Bemardo como Ecónomo y luego Superior del Instituto Sagrado Corazón.
En 1964 fue elegido como Superior de la Congregación en Chile, cargo que ocupó hasta 1970.
Al término de su período de Superior Regional, estuvo dos años como párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción en Vitacura. En 1972 fue trasladado a la Diócesis de Talca, permaneciendo en Curicó durante los últimos 30 años.
I)Algunas de sus obras:
a)Trabajo con los niños
Hogar de Nazaret
Conocedor de la difícil situación de los niños de la calle, el Padre Teodoro dio su apoyo a un nuevo proyecto para atender a los niños sin hogar quienes, además, se veían expuestos a serios riesgos de drogadicción. Para este fin remodeló una antigua casa en la calle Estado y la transformó en un hogar de acogida para estos niños. Posteriormente se trasladó a otra casa en el población Rauquén.
Este hogar, fundado en 1988, es hasta hoy día un lugar de auxilio para los pequeños abandonados, siendo miles de niños de Chile que han encontrado en tal hogar una oportunidad de vida, amparo y desarrollo.
b) Trabajo con jóvenes
Colegio Politécnico San José:
Paralelamente, cuando trabajaba en proyectos vinculados al fortalecimiento de la familia, el Padre Van Grieken quedó impresionado por la situación de tantos jóvenes sin hogar y sin trabajo. junto a un grupo de personas analizó la situación de la enseñanza media en Curicó, detectando que casi no existían establecimientos de enseñanza media científica ni institutos de enseñanza profesional donde los jóvenes pudieran aprender un oficio para ganarse la vida. Los dos establecimientos existentes no daban abasto, ya que sus matrículas sumaban cada año unas 500 plazas, en una ciudad de 100.000 habitantes. Hacía falta un Colegio Politécnico en Curicó y lo más importante, debía ser un politécnico para jóvenes carentes de medios.
Fue entonces cuando el Padre Teodoro, tomando la iniciativa, estructuró un proyecto que presentó al Obispado y al Superior de la Congregación del Sagrado Corazón, y consiguió el permiso para fundar este Colegio. La Congregación se hizo aval para las futuras compras viajando este sacerdote a Europa a conseguir los fondos necesarios para esta gran empresa. Con un importante aporte de la Comunidad Europea regresó a Chile para realizar su sueño.
Hoy día el Colegio Politécnico San José cuenta con 900 alumnos, y es un establecimiento privado y subvencionado de educación media. Su modalidad técnico profesional tiene por finalidad la formación y promoción integral de jóvenes de ambos sexos de los sectores más desfavorecidos y con menos oportunidades en la zona. Imparte las especialidades de Refrigeración y Aire Acondicionado, Construcción Habitacional, Secretariado Ejecutivo y Electrónica.
En 1987 el Colegio participó en el concurso Proyecto Monte Grande del Ministerio de Educación y fue elegido como una escuela modelo por su proyección social, siendo también este establecimiento un camino de esperanza para miles de jóvenes chilenos.
c) Trabajo con ancianos
Hogar de Ancianas San Vicente de Paul
Con el Terremoto que afectó a la zona central de Chile en 1985, la antigua casa que albergaba al Hogar de Ancianos de Curicó local quedó en muy mal estado. Fundada en 1895 por Domingo Correa, tenía desde sus inicios serias deficiencias las que se agudizaron en el tiempo, bastando decir que al final la situación era casi invivible para los ancianos que ahí vivían.
Gracias a los aportes que el Padre Teodoro consiguió en Cáritas de Suiza e Instituciones de Holanda, en 1985 se inició la construcción de un hogar higiénico y moderno, que actualmente alberga a 60 ancianitas atendidas por las hermanas del Buen Samaritano juntamente con las damas de la conferencia de San Vicente de Paul siendo inaugurado el 25 de Diciembre de 1987 y estando hoy en pleno funcionamiento.
d)Trabajo con los más pobres
l)El Hogar de Cristo
Ante la inexistencia de un hogar para los más desvalidos ancianos en Curicó, un grupo de laicos solicitó al Padre Teodoro su ayuda para instalar una filial del Hogar de Cristo.
En Mayo de 1987, se adquirió con aportes tanto del sacerdote como del Hogar de Cristo una antigua casa de fundo en Maule Abajo, iniciándose todos los trabajos para adaptar el edificio para el Hogar de Curicó. En junio de ese año llegaron los primeros habitantes del Hogar, habilitándose posteriormente otras alas para dar cabida a sus numerosos habitantes. En la actualidad una nueva galería sirve como casa de acogida para mujeres maltratadas, estimándose en más de dos mil los más desposeídos que han pasado por su cuidado.
2) Comedores populares:
Preocupado por los grados de pobreza extrema de muchos ciudadanos y en donde muchas veces veía gente sin nada que comer, el Padre Teodoro decidió organizar equipos para dar un sustento diario mínimo a los más necesitados. Así fue como bajo el alero de la Iglesia de la Merced se dió inicio al funcionamiento de los comedores populares, agregando a cientos de personas de muy distintos ámbito y credo para unirse en bien del prójimo. Basta decir a este efecto que durante los últimos años más de 120 personas diarias han sido alimentadas y subsisten por este solo esfuerzo que liderase el Padre Teodoro con su espíritu.
II ) Distinciones
-El 30 de Abril de 1982 en la Embajada de Holanda, se le hizo entrega del nombramiento de Caballero de Orange Nassau de la reina de Holanda.
-El 10 de Diciembre de 1992 fue declarado Ciudadano Ilustre por parte del a Municipalidad de Curico.
-En el año 1998 fue nombrado Hijo Ilustre de la Región del Maule.
-Un conjunto de 110 viviendas básicas y 350 progresivas lleva su nombre en reconocimiento de su permanente gestión social y humanitaria a favor de la Comunidad.
-El 26 de Abril del año 2000 recibe la Medalla Rotary.
Una mera revisión del apretado resumen de esta actividad, nos permite entender que estamos aquí ante un ciudadano extranjero excepcional y que ha hecho del servicio de los más desposeídos y necesitados una vocación excepcional y que a no dudas merece la condición de nacional que, a nuestro entender, deberá otorgársela por Ley de la República.
Es en virtud de todo lo señalado que venimos en someter a vuestra consideración el siguiente Proyecto de Ley.
VISTOS:
Estos antecedentes y considerando lo dispuesto en el art. 10 N' 5 de la Constitución Política de la República, apruébase el siguiente proyecto de ley.
Artículo único
Otórgase al holandés de origen Teodoro Van Grieken Belt la nacionalidad chilena.
(FDO.): Juan Antonio Coloma Correa, Senador.-Jaíme Gazmurí Mujíca, Senador.-
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR APANCIBIA POR MEDIO DE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA ERECCIÓN DE UN MONUMENTO EN VALPARAÍSO EN MEMORIA DEL DIBUJANTE DON RENZO PECCHENINO RAGGI LUKAS (3040-04)
Honorable Senado:
Renzo Pecchenino Raggi, nació en Ottone, en las cercanías de Milán, Italia, un 29 de mayo de 1943. A muy temprana edad, antes de cumplir 2 años de edad, arribó a Valparaíso junto a sus padres. Realizó su educación primaria y secundaria en la Scuola Italiana. Estudió Arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, pero la muerte de su padre lo obligó a abandonar los estudios iniciando así su carrera de dibujante.
En 1958, entró a trabajar al diario "La Unión" de Valparaíso, donde realizó sus primeros dibujos bajo el seudónimo con el cual fue conocido el resto de su vida, "Lukas". A principio de los sesenta, Renzo Peccl-ienino ya vertía su talento simultáneamente en la revista Topaze, El Pingüino y Mampato.
En 1964, contrajo matrimonio con la chilena María Teresa Lobos Koyck, unión del cual nacieron cinco hijos: Giulio, Antonella, Daniella, Renzo y Franco. Dos años más tarde, "Lukas" ingreso a trabajar al diario "El Mercurio" de Valparaíso, colaborando simultáneamente con los diarios "La Estrella" de Valparaíso, "La Segunda" de Santiago, "O'Cruzeiro de Brasil" y "Squire de Estados Unidos", entre otros.
Incursionó exitosamente en el ámbito de la publicidad y literatura, a través, de ediciones especiales y libros históricos a los que aportó sus creaciones. Entre ellos destacan "Apuntes Porteños', “Contando a Chile” y “Bestiario del Reino de Chile”.
Renzo Pecchenino recibió numerosas distinciones tales como el premio especial Círculo de la Prensa de Valparaíso, en 1966; el premio SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) en 1973; el Premio Nacional de Periodismo, en 1981; y en 1987, se le otorgó la Nacionalidad por Gracia, debido a su extraordinaria labor como periodista, pintor dibujante y caricaturista.
Por todo lo expuesto, don Renzo Pecchenino Raggi es amplio merecedor de un monumento en la ciudad que lo acogió en Chile, Valparaíso. Su fino sentido del humor, sus caricaturas y dibujos han sido más que el simple reflejo de una situación particular, transformándose en verdaderos retratos de nuestra idiosincrasia.
Fue un chileno que amó a nuestro país, llegando a percibir el alma y la materialidad de este pueblo, expresándole brillantemente a través de sus obras.
Su identificación con Valparaíso justifica con creces la ubicación del monumento que lo honrará, pues fue un verdadero exponente gráfico de nuestra historia, ¡cono de la identidad porteña.
Su legado gráfico es de incalculable valor histórico, representando y plasmando en cada una de sus obras un periodo de la vida regional y nacional desde fines de la década de los.'50 hasta fines de los años '80, cuando fallece.
Por todas estas razones, erigir un monumento en su memoria es un tributo póstumo que debemos a quien con tanta acertividad nos mostró el verdadero valor e identidad de los habitantes de Chile y, en particular, de los porteños. En razón de ello, es que venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de Ley
"Artículo 1º.- Autorízase erigir un monumento, en la ciudad de Valparaíso, en memoria del dibujante, don Renzo Pecchenino Raggi, "Lukas".
Artículo 2º.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se crea por el artículo 4º.
Artículo 3º.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a)Un Senador y un Diputado, elegidos por la Sexta Circunscripción Costa y el Distrito 13, designados por sus respectivas Cámaras;
b)El Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso;
c)El Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales, y
d)El Presidente de la "Fundación Lukas".
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º.- La comisión especial a que se refiere el inciso anterior tendrá como función determinar el sitio en que se ubicará el monumento y la forma de su construcción.".
(FDO.): Jorge P. Arancibia Reyes, Senador
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDlGO DEL TRABAJO Y EL ESTATUTO ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR ACUERDOS EN MATERIA DE DESCANSO SEMANAL (3041-13)
Honorable Senado:
Uno de los temas que en las últimas dos décadas ha adquirido relevancia en nuestra estructura de relaciones laborales, se refiere a la colisión entre las jornadas de trabajo y los tiempos necesarios para un adecuado desarrollo personal y social de los trabajadores y de sus familias.
En efecto, esta discusión se planteó con fuerza en el marco de la tramitación de¡ proyecto de ley que contenía las reformas laborales (Ley 19.759), a propósito de las propuestas que estaban orientadas a establecer mecanismos de negociación sobre la anualización de la jornada en la empresa, lo que en definitiva significaba una importante reducción de dicha jornada, y la posibilidad de que el trabajador pudiera contar con mayores períodos de tiempo para dedicar a'su familia y a su entorno social.
Como sabemos, la discusión derivó en una reducción general de la jornada de trabajo, de 48 a 45 horas semanales, a partir del mes de enero del año 2005.
Sin embargo, es dable pensar que no solamente la reducción directa de la jornada de trabajo pueda ir en beneficio de los objetivos mencionados; también se orientan en esta dirección los mecanismos que permitan optimizar tanto en el sector privado como para los empleados públicos, el uso de la jornada laboral a través de una solución definitiva al problema que año tras año se presentasen torno a los días. hábiles que se insertan en mitad de un feriado prolongado, como es el caso actual en que el día hábil, viernes 20 de septiembre, que se sitúa en medio de cuatro días feriados, o de descanso, que corresponden a la celebración de fiestas patrias y al fin de semana siguiente.
Por otra parte, tampoco debe ser ajeno a este análisis el hecho de que la situación económica del país no permite ligerezas en el otorgamiento puro y simple de los feriados, ya que ello implica necesariamente, una reducción de la actividad industrial con el consiguiente perjuicio en materia de crecimiento económico, como lo han señalado diversos analistas del área. Asimismo, juega un rol importante en esta línea de argumentación, el hecho que la asistencia y productividad en estos días hábiles baja notoriamente en todos los sectores de la economía, en razón, a nuestro parecer, de la indefinición que existe entre un feriado relativo y una jornada hábil normal.
Es por ello que parece plausible acercarse a mecanismos que permitan el goce de feriados prolongados, pero sin detrimento de los índices económicos. necesarios de salvaguardar.
·Al efecto, la presente propuesta apunta a establecer que los trabajadores, tanto de¡ sector privado como de la administración de¡ Estado, puedan pactar con sus empleadores y jefes superiores de servicio, el otorgamiento de descanso en días hábiles que se encuentren insertos en medio de dos feriados, o bien entre un feriado y un fin de semana. Esta posibilidad, implica que el descanso extraordinario que se otorga, pueda ser compensado o recuperado con jornadas u horas de trabajo adicionales, antes o después de la ocurrencia del feriado de que se trate.
·Para ello, se propone incorporar un segundo inciso nuevo al artículo 35 del Código del Trabajo, que se refiere al descanso semanal, y un inciso segundo nuevo al artículo 104 del Estatuto Administrativo, que se refiere a los días libres que los empleados públicos pueden solicitar a la jefatura con goce de remuneración, durante el año.
Por las razones expuestas, someto a vuestra consideración la siguiente iniciativa legal:
PROYECTO DE LEY
Artículo lº: Agrégase al artículo 35 del Código del Trabajo, promulgado por el D.F.L. 1 de 1994, el siguiente inciso segundo nuevo:
Asimismo, los trabajadores podrán pactar con su empleador que la jornada de trabajo correspondiente a los días hábiles insertos entre dos feriados o un feriado y un fin de semana, pueda ser de descanso, con goce de remuneración, en tanto se recupere con otra jornada u horas de trabajo, realizadas con anterioridad o posterioridad al feriado respectivo."
Artículo 2º': Agrégase al artículo 104 de la Ley 18.834 de 1989, que contiene el Estatuto Administrativo, el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Podrán, asimismo, solicitar que los días hábiles insertos entre dos feriados o un feriado y un fin de semana, pueda ser de descanso, con goce de remuneración, en tanto se recuperen con otra jornada u horas de trabajo, realizadas con anterioridad o posterioridad al feriado respectivo."
(Fdo.): Andrés Zaldívar Larraín.-