Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Evelyn Matthei Fornet
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
-
SENADORES INTEGRANTES DE COMISIÓN PARA ESTUDIO DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON UNIÓN EUROPEA
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Valdes Subercaseaux
- Alejandro Foxley Rioseco
- Rafael Moreno
- Jovino Novoa Vasquez
- Hernan Larrain Fernandez
- Juan Antonio Coloma Correa
- Sergio Romero Pizarro
- Antonio Horvath Kiss
- Ricardo Nunez Munoz
- Jaime Gazmuri Mujica
- Carlos Fernando Flores Labra
- Jorge Martinez Busch
- Enrique Silva Cimma
- INTEGRACIÓN
- Jorge Pizarro Soto
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Edgardo Boeninger Kausel
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE PESCA EN CUANTO A INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR Y REGULACIÓN INDUSTRIAL Y ARTESANAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE PESCA EN CUANTO A INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR Y REGULACIÓN INDUSTRIAL Y ARTESANAL
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- PETICIÓN DE OFICIO : Baldo Prokurica Prokurica
- CASO TUCAPEL JIMÉNEZ. RÉPLICA A SENADORES SEÑORA FREI Y SEÑOR VIERA-GALLO
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
-
CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
-
DESPOBLAMIENTO DE SECTOR RURAL Y MODIFICACIÓN DE LEY DE SUBVENCIÓN EDUCACIONAL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
TRASPASO DE PROVINCIA DE PALENA A UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
DESAFÍOS PENDIENTES PARA INTEGRACIÓN PATAGÓNICA CHILENO-ARGENTINA. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
RESPONSABILIDAD POLÍTICA ANTE CRÍMENES DE RÉGIMEN MILITAR
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
-
AMENAZA DE ESTADOS UNIDOS A SUSCRIPTORES DE TRATADO QUE CREA CORTE PENAL INTERNACIONAL
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
-
RESPONSABILIDAD POLÍTICA ANTE CRÍMENES DE RÉGIMEN MILITAR. RESPUESTA A SENADOR SEÑOR VIERA-GALLO
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- HOMENAJE A LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. OFICIO
- HOMENAJE : Roberto Munoz Barra
-
CRITERIOS APLICABLES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A DETERMINADAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- ADHESION
- Roberto Munoz Barra
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
AMPLIACIÓN A DUODÉCIMA REGIÓN DE BENEFICIOS DE LEY N° 19.776. REITERACIÓN DE OFICIOS.
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
-
VENTA DE DISPUTADA DE LAS CONDES Y EVASIÓN TRIBUTARIA EN CHILE POR EMPRESAS MINERAS EXTRANJERAS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- ADHESION
- Baldo Prokurica Prokurica
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 22ª, en martes 20 de agosto de 2002
Ordinaria
(De 16:19 a 20:7)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE ,
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Senadores integrantes de Comisión para estudio de acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea..........................................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en cuanto a institucionalidad del sector y regulación industrial y artesanal (2970-03) (queda pendiente su discusión general)....................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)...................................................................
Caso Tucapel Jiménez. Réplica a Senadores señora Frei y señor Viera-Gallo (observaciones del señor Novoa)...............................................................................
Creación de Servicio Nacional del Adulto Mayor (intervención del señor Romero).....................................................................................................................
Despoblamiento de sector rural y modificación de ley de subvención educacional. Oficios (observaciones del señor horvath)...............................................................
Traspaso de provincia de Palena a Undécima Región. Oficios (observaciones del señor Horvath)...........................................................................................................
Desafíos pendientes para integración patagónica chileno-argentina. Oficios (intervención del señor Horvath)...............................................................................
Responsabilidad política ante crímenes de régimen militar (observaciones del señor Viera-Gallo)...............................................................................................................
Amenaza de Estados Unidos a suscriptores de Tratado que crea Corte Penal Internacional (observaciones del señor Viera-Gallo)...............................................
Responsabilidad política. ante crímenes de régimen militar Respuesta a Senador señor Viera-Gallo (observaciones del señor Novoa)...............................................
Homenaje a Libertador Bernardo O¿Higgins. Oficio (intervención del señor Muñoz Barra)..........................................................................................................................
Criterios aplicables para asignación de recursos públicos a determinadas expresiones artísticas. Oficios (observaciones del señor Horvath)..............................................
Ampliación a Duodécima Región de beneficios de ley Nº 19.776. Reiteración de oficios (observaciones del señor Horvath)...............................................................
Venta de Disputada de Las Condes y evasión tributaria en Chile por empresas mineras extranjeras. Oficios (observaciones del señor Lavandero)........................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores ; Secretario General de la Presidencia y de Economía , Fomento y Reconstrucción, y Presidente de la Comisión Naciconal de Enegía; el señor Subsecretario de Pesca y la señora Jefa de la División de Desarrollo Pesquero.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 20ª, ordinaria, y 21ª, extraordinaria, en 13 y 14 de agosto del año en curso , respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual inicia un proyecto de ley de modernización y rediseño funcional del Ministerio de Educación. (Boletín Nº 3.026-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Hacienda, en su caso.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para permitir la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados , en las condiciones que indica, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.774-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con el segundo da a conocer la nómina de los señores Diputados que integrarán las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán a Su Excelencia el Presidente de la República de Perú , señor Alejandro Toledo, el jueves 22 del mes en curso.
--Se toma conocimiento.
Con el tercero señala que ha otorgado su aprobación al proyecto de ley que establece normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 3.015-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De la Excelentísima Corte Suprema, por medio del cual emite su parecer acerca del proyecto que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores. (Boletín Nº 3.022-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro del Interior , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, atinente al envío a tramitación de un proyecto de ley que otorgue beneficios a los exonerados políticos.
Del señor Ministro de Economía y Energía , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, sobre la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto que recoja las ideas contenidas en una moción de la que es uno de sus autores, que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.713.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, relativo al proyecto de construcción de un camino que una las comunas de San Pedro de Atacama y Ollagüe, Segunda Región;
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Arancibia, referido a las medidas de mitigación que se ha considerado adoptar en la construcción de la Ruta CH-60, que dividirá el sector denominado "Achupallas", en la comuna de Viña del Mar, y
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, en cuanto a carencia de servicios de electricidad y agua potable en la localidad de Chuyaquén, comuna de Maullín, Décima Región.
Del señor Ministro de Salud, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a la contaminación por plomo detectada en la playa El Carboncillo, de Antofagasta.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referente a los lugares de la Undécima Región a los que se podría aplicar el beneficio contemplado en la ley Nº 19.776, sobre regularización de la posesión y ocupación de inmuebles fiscales.
Dos de la señora Superintendenta de Seguridad Social, con los que contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Espina, relativos al otorgamiento de pensiones asistenciales que indica.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, acerca de diversas inquietudes planteadas por dirigentes de los trabajadores de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta, ESSAN S.A.
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario , a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relacionado con la situación que afecta a un grupo de pequeños agricultores de la comuna de Parral.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, sobre proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero "El Bronce de Atacama", Tercera Región.
Del señor Director Nacional de Turismo , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a laguna Pedro Aguirre Cerda, Undécima Región.
Del señor Secretario Ministerial de Educación de la Sexta Región , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, atinente a nombramiento de directores de establecimientos educacionales efectuados bajo la vigencia de la ley Nº 19.410.
Del señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Séptima Región , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, en cuanto a la posibilidad de financiar con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional el proyecto de construcción de la Escuela G.544 "Marcela Paz", comuna de Longaví.
De los señores Alcaldes de Lumaco y Queilén (Novena Región), mediante los cuales responden sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Espina, relativos a los programas de empleo municipal previstos para sus respectivas comunas en el presente año.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
Del señor Secretario de la Comisión Revisora de Cuentas , en la que informa que, en sesión de 14 del mes en curso, dicho organismo eligió a la Senadora señora Matthei como su Presidenta .
--Se toma conocimiento.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre Transferencia de Personas Condenadas", suscrito en La Paz el 22 de febrero de 2001 (Boletín Nº 2.842-10).
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento:
El primero, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN (Boletín Nº 2.851-07), y
El segundo, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Ávila, Bombal, Parra, Silva y Viera-Gallo, que modifica la ley Nº 18.600 en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales (Boletín Nº 2.972-07).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Boletín Nº 2.944-03).
Uno de la Comisión de Agricultura y otro de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y faculta al Primer Mandatario para dictar el texto refundido y actualizado que indica (Boletín Nº 2.888-01).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en reunión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Con relación al proyecto sobre modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, votarlo en general en la sesión ordinaria de mañana, a más tardar a las 17, y
2.- Celebrar sesión extraordinaria el jueves próximo, 22 de agosto, de 10:30 a 12.
SENADORES INTEGRANTES DE COMISIÓN PARA ESTUDIO DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON UNIÓN EUROPEA
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión que ha de estudiar el Acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea estará formada por los Senadores señores Valdés (Presidente), Foxley, Moreno, Novoa, Larraín, Coloma, Romero, Horvath, Núñez, Gazmuri, Flores, Martínez y Silva.
El señor MORENO.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , respecto de la nómina que acaba de leer el señor Secretario , debo manifestar que el Comité Demócrata Cristiano ha designado como miembros alternos de la referida Comisión a los Honorables señores Pizarro, Lavandero y Boeninger, y eventualmente a algún otro señor Senador o señora Senadora que desee integrarla.
Solicito que quede constancia de ello en la Versión Taquigráfica.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así se hará, Su Señoría.
En todo caso, de acuerdo con el Reglamento, cualquiera de los miembros de una Comisión puede ser reemplazado por quien indique el respectivo Comité. No hay problema.
--------------
El señor PIZARRO.- Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, señor Senador .
El señor PIZARRO.-
Entiendo que Su Señoría convocará a sesión para el jueves.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Fue un acuerdo de los Comités, no de la Presidencia .
El señor PIZARRO.-
¿Para qué?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Para tratar los cinco proyectos que quedaron incorporados a la tabla.
-----------------
Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Pesca, señor Felipe Sandoval, y la señora Edith Saa, Jefa de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría del ramo.
--Se accede.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY DE PESCA EN CUANTO A INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR Y REGULACIÓN INDUSTRIAL Y ARTESANAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2970-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 6ª, en 12 de junio de 2002.
Informe de Comisión:
Intereses marítimos, sesión 20ª, en 13 de agosto de 2002.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de "simple".
En su informe, la Comisión señala que los objetivos principales de la iniciativa son los siguientes:
1.- Reforzar los instrumentos de regulación para la conservación de los recursos hidrobiológicos, resguardando el interés general del país.
2.- Mejorar la forma de asignar los recursos entre cada uno de los sectores involucrados y otorgar mayor estabilidad a dichas asignaciones.
3.- Maximizar el crecimiento económico del sector, incentivando el otorgamiento de un mayor valor a los productos, y aumentar la generación de mejores empleos en la industria vinculada a la pesca extractiva.
4.- Potenciar la actividad económica pesquera artesanal y lograr un mayor desarrollo de su capacidad productiva.
5.- Mejorar y adecuar la participación de los sectores involucrados en el proceso de toma de decisiones.
La Comisión hace constar que la idea de legislar se acogió por tres votos a favor (de los Senadores señores Arancibia, Ríos y Sabag) y dos en contra (de los Honorables señores Ávila y Ruiz).
La aprobación de los Nºs. 30, 31, 40 y 44 a 50 del artículo 1º requiere quórum de ley orgánica constitucional, esto es, el voto conforme de 27 señores Senadores.
Por otra parte, los Nºs. 2, 4 a 9, 11 a 14, 18 a 22, 24 a 28, 35, 36 y 38 del artículo 1º, y los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, 12 y 13 transitorios, deben aprobarse con quórum calificado, es decir, con 24 votos a favor.
La Secretaría elaboró un boletín comparado, que Sus Señorías tienen a la vista, donde figuran el texto vigente de la Ley General de Pesca y Acuicultura y el propuesto por la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , en cumplimiento de la misión que se me encomendó, debo informar que, con motivo del análisis preliminar del proyecto enviado por el Ejecutivo , la Comisión recibió a 10 agrupaciones de pescadores artesanales; a 8 del sector empresarial industrial; a 11 del ámbito laboral industrial, que incluye tripulantes y capitanes, y a 7 representantes del campo científico y académico.
Mediante la presente iniciativa se pretende refundir en una sola normativa la Ley General de Pesca y Acuicultura, dictada en 1991, que creó la figura de la cuota global de captura, y la ley Nº 19.713, complementaria de aquélla, que fijó el límite máximo de captura por armador, o sea, ordenó y distribuyó ese tope entre los distintos actores del sector pesquero.
El proyecto, repito, refunde esos dos cuerpos legales y avanza en determinados aspectos. Sus objetivos ya fueron enunciados por el señor Secretario .
Entre las medidas de administración más importantes consignadas en el articulado puedo mencionar las siguientes:
-Incorpora el concepto de cuota global (contemplada ya en la ley) por doce meses o por temporada de pesca.
-Plantea el fraccionamiento de la cuota entre los sectores artesanal e industrial.
-Establece una reserva de la cuota para fines de investigación;
-Agrega a la veda biológica, la veda extractiva, y
-Perfecciona el concepto de tallas mínimas y pesos de extracción.
En cuanto al proyecto mismo, cabe señalar que tiene un efecto importante en la desconcentración funcional del sistema. Es decir, pretende, a través de una institucionalidad más regionalizada, descentralizar la toma de decisiones. Con ese objetivo aumenta la potestad de la Subsecretaría de Pesca y desconcentra las funciones de ésta en directores zonales respecto de los recursos bentónicos.
Donde el proyecto entra en áreas importantes -ésta es sustancial- es en la definición del límite máximo de captura por armador y en su incorporación a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Lo que hasta el momento estaba definido en la ley Nº 19.713 ahora entra de plano al nuevo proyecto, el cual fija la cuota global y señala que, una vez definida, requiere el acuerdo del Consejo Nacional de Pesca. De no obtenerse éste, la cuota será el mayor valor entre el 80 por ciento de la autorizada para el año anterior y la propuesta por la Subsecretaría.
Por otro lado, el límite máximo de captura por armador tendrá una duración de 15 años a contar de la entrada en vigencia de la ley.
El método de cálculo se basa en lo que se había hecho anteriormente: la historia de las capturas de los cuatro últimos años.
Quedan sometidas a las disposiciones de esta legislación las pesquerías singularizadas en la ley Nº 19.713, donde figura una lista de los sujetos de determinados derechos otorgados con anterioridad.
Se señalan las naves que harán efectivas las capturas, lo que va a permitir de alguna manera que las embarcaciones que se encuentran actualmente en varadero sean transformadas o cambiadas por un certificado en el cual se registre el monto del aporte que hacían a la cifra fijada como límite máximo de captura por armador. En virtud de ello, esa nave podrá venderse, liquidarse o tener otro destino, lo que me parece un paso importante para evitar el actual amontonamiento de chatarra en Valdivia.
También se considera la exclusión de naves de la actividad, las cuales, como dije, se reemplazan por un certificado.
En seguida, se contempla la participación conjunta de armadores, lo que les permitirá sumar sus límites máximos de captura en el caso de que quieran armar una estructura organizacional mayor.
Se incluye la renovación del límite máximo de captura, la cual se hará cada quince años, debiendo replantearse en un plazo que va desde 48 hasta 12 meses antes de la caducación. Es decir, aquel que dispone de un límite máximo de captura asignado deberá empezar a plantear su requerimiento con 48 y hasta 12 meses de anticipación para no quedar fuera. Y el recálculo del límite máximo de captura por parte de la autoridad se hará cada cinco años.
Se establecen también importantes sanciones, aspecto que se incorpora desde la ley chica a la General de Pesca y Acuicultura. Una pesca en exceso va a descontar el triple de lo pescado en exceso al año siguiente.
Los descartes, otro problema complicado en esta área, significarán un descuento del 30 por ciento del límite máximo de captura por armador otorgado durante el año.
Si se omiten los certificados de captura, se aplicará diez por ciento de descuento en el límite máximo.
Quienes efectúen perforaciones a la franja artesanal en los lugares en que no estén autorizados serán sancionados con el diez por ciento de la cuota otorgada como límite máximo.
Si no es posible hacer estos descuentos en peces, se aplicarán en un sentido pecuniario. En efecto, el descuento por este concepto será de dos veces el valor del equivalente en toneladas a la sanción en peces que acabo de señalar.
En lo relativo a las patentes, su costo para naves de hasta 100 toneladas de registro bruto ascenderá a media UTM mensual por tonelada de registro. Las naves que llegan hasta mil 200 toneladas deberán pagar una UTM por tonelada de registro grueso, y las que estén por encima de las mil 200 toneladas, 1,5 UTM.
Se agrega a lo anterior que los titulares de estas naves deberán pagar 55 por ciento más de lo que acabo de expresar, a partir de la publicación de la ley en proyecto, con una consideración: en los dos primeros años tendrán que cancelar solamente el 50 por ciento de esta sobrepatente; pero ésta va a llegar al tercer año al 55 por ciento más de lo que pagan hoy día con estos límites.
La pesca artesanal es otro de los aspectos que son objeto de una consideración especial. El proyecto incorpora una serie de conceptos en esta materia, los que de alguna manera ya se hallaban plasmados en leyes anteriores, pero no habían sido refundidos.
El sector artesanal va a continuar bajo el control de esfuerzo pesquero. Así como hemos aclarado que la pesca industrial se orienta fundamentalmente al límite máximo de captura por armador, la pesca artesanal va a seguir bajo el control de los agentes del Estado en la determinación de la forma, el lugar y los límites con que pueda desarrollarse.
El registro de pesqueros artesanales se perfecciona y se va a dividir en tres grandes categorías: la de quienes están dedicados al esfuerzo pesquero per se, que lo controlan; la de aquellos que contribuyen a que el esfuerzo se materialice, y la categoría de personas jurídicas, conformado por personas naturales inscritas como pescadores artesanales.
Tales son las categorías que van a permitir de aquí en adelante una suerte de promocionalidad dentro del sector. No es un sector cerrado en absoluto. Queda la posibilidad de que se vayan produciendo ascensos y de que entren a la primera categoría pescadores que estaban en la segunda, sobre la base de dos criterios. Primero el llenado de vacantes, que son aquellas que se producen por la caducidad de la autorización que se había otorgado a determinado pescador. Ese llenado de vacantes será cubierto por el pescador del área en que se abre la vacante que tenga una mayor actividad registrada durante los últimos años. En segundo lugar, existe también la posibilidad de que el recambio en la actividad pesquera se produzca por reemplazo, lo cual implica que la persona que se retira podrá designar libremente a su reemplazante.
Para la pesca artesanal se establece, asimismo, una facultad importante: la de ejercer la pesca en zona contigua. Esto es válido para los armadores artesanales que cuenten con posicionador satelital. En todo caso, pesquen donde pesquen, deberán hacer las descargas en su Región de origen.
Del mismo modo, se autorizarán capturas de especies altamente migratorias o demersales profundas en toda el área de distribución de la pesquería. Este es un concepto importante de rescatar, porque responde a una preocupación permanente del sector pesquero artesanal.
Se establecen patentes para las embarcaciones de 15 metros o más. Pagarán 0,45 UTM por tonelaje de registro, lo que antes no ocurría. Y se mantiene el cobro de patentes para áreas de manejo de aquellos que estén en la extracción bentónica, los cuales pagarán una UTM por hectárea o fracción de hectárea asignada.
En la institucionalidad del sector también se introducen importantes modificaciones.
Se perfecciona el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, con una estructura de participación de autoridades nacionales que realmente garantiza que el fomento opere en forma adecuada.
También se perfecciona el Fondo de Investigación Pesquera, otro elemento muy importante por considerar, teniendo en mente que la investigación pesquera hasta el momento se ha estado financiando con recursos de la propia pesca, es decir, con peces. Actualmente esperamos que, si se materializa el proyecto, si se llegan a cobrar las patentes o a hacer las licitaciones que él prevé, se obtengan recursos para poder efectuar la investigación con cargo a dinero, elemento extremadamente importante.
Finalmente, se reestructura el Consejo Nacional de Pesca, el cual, presidido por el Subsecretario del ramo, estará integrado además por el Director General del Territorio Marítimo, el Director del Servicio Nacional de Pesca y el Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero; por cinco representantes del sector empresarial, tres del sector laboral y cuatro del sector artesanal (distribuidos en las cuatro principales regiones pesqueras del país), y por siete consejeros nominados por el Presidente de la República , entre los cuales debe haber al menos un especialista en ecología, un profesional universitario relacionado con las ciencias del mar, un abogado y un economista.
Al Consejo Nacional de Pesca le va a corresponder definir el fraccionamiento, que es otro de los temas que preocupan fundamentalmente al sector. Es decir, cuánto de la cuota global, del límite máximo de captura, se destinará al sector industrial y cuánto al sector artesanal. Para tal efecto, el Consejo tendrá que designar una Comisión compuesta por siete de sus miembros, de los cuales dos deberán ser representantes del sector artesanal, uno del sector industrial, uno del sector laboral y tres consejeros designados por el Presidente de la República .
La propuesta de fraccionamiento deberá ser aprobada por mayoría simple en la Comisión y ratificada por los dos tercios de los miembros del Consejo Nacional.
Reitero que éste es otro de los aspectos de particular preocupación para la actividad del sector.
Por último, me voy a referir a una situación que también es de gran importancia y que viene planteada en los artículos transitorios del proyecto. A partir de la vigencia de la ley, las aguas interiores quedarán definitivamente reservadas para la pesca artesanal, de forma tal que los barcos industriales que hoy cuentan con autorización para pescar en esa zona sólo podrán hacerlo, desde ese momento, en las aguas exteriores situadas al sur del paralelo 47º de latitud sur. Esto es particularmente relevante para la preservación de los recursos y para la buena administración de los pescadores artesanales.
En general, el trabajo de la Comisión se hizo escuchando a todas las personas que quisieron participar en el proceso. La ley, como cualquier acto humano, es perfectible. De manera que, si el Senado ratifica lo obrado hasta el momento, es muy probable que ello pueda lograrse en el estudio posterior.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, me permito solicitar a la Sala que apruebe la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Gracias, señor Presidente .
Agradezco la oportunidad de plantear ante el Honorable Senado las principales razones que impulsaron al Supremo Gobierno a proponer un proyecto modificatorio de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Esta iniciativa es una de las más importantes de la Agenda Pro Crecimiento y tenemos mucha esperanza en que su aprobación dará la estabilidad necesaria al sector, para asegurar su crecimiento y su capacidad de generación de empleo y valor agregado.
Todo el país conoce ampliamente la grave crisis que enfrentó el sector pesquero nacional hace algunos años y lo urgente que fue legislar en el 2000. Era necesario frenar la captura irracional que se estaba dando en el sector industrial y sentar en la actividad pesquera artesanal los cimientos de una nueva forma de administrar.
A los pocos meses de entrar en vigencia la ley Nº 19.713, sus beneficios fueron evidentes. Se logró parar la denominada "carrera olímpica" en el sector industrial, con ventajas económicas que se están haciendo sentir. Los industriales pesqueros comenzaron nuevamente a invertir, esta vez ya no en flota, sino en tratar de dar mayor valor agregado a sus productos, con la consiguiente necesidad de inversión en plantas pesqueras de procesamiento y de generación de empleo estable y formal.
Con relación al sector pesquero artesanal, se regularizaron los registros artesanales de las principales pesquerías del país y se pudo cuantificar este importante sector de la economía chilena.
Con el proyecto de ley que hoy nos convoca, el Gobierno se propone llevar a cabo una modificación integral de la Ley General de Pesca y Acuicultura, basada en los siguientes objetivos:
1º Reforzar los instrumentos de regulación para la óptima conservación de los recursos hidrobiológicos, resguardando el interés general de la nación;
2º Mejorar la forma de asignar los recursos entre cada uno de los sectores involucrados y otorgar mayor estabilidad a las asignaciones;
3º Maximizar el crecimiento económico del sector, incentivando el otorgamiento de mayor valor a los productos, y aumentar la generación de mejores empleos en la industria vinculada a la pesca extractiva;
4º Potenciar la actividad económica pesquera artesanal y lograr un mayor desarrollo de su capacidad productiva, y
5º Mejorar y adecuar la participación de los sectores involucrados en el proceso de toma de decisiones.
Con miras a la consecución de estos objetivos, se ha determinado la necesidad de introducir modificaciones tanto a la regulación pesquera industrial y artesanal como a la institucionalidad del sector pesquero.
Las modificaciones planteadas se insertan en un marco que permitirá el desarrollo sustentable de ambos sectores, cual es la conservación de los recursos pesqueros.
El proyecto también fomenta la transparencia en la toma de decisiones de la autoridad al momento de administrar las pesquerías nacionales.
En efecto, la iniciativa propone modificaciones integrales a la Ley de Pesca -con ello se cumple el compromiso adquirido con el Honorable Congreso hace dos años-, entre las cuales destacan las siguientes.
Con relación al sector pesquero industrial, como consecuencia del estado de situación de las pesquerías reguladas a través de control de esfuerzo en los últimos diez años, y teniendo presente el ordenamiento que produjo la ley transitoria, es posible plantear una modificación con el objeto de incorporar a ésta, como medida de administración en la propia normativa, los límites máximos de captura por armador.
Esta medida de administración, que ha sido eficaz en sus dos años de aplicación, dará la estabilidad necesaria a este importante sector de la economía. En los últimos años, el sector pesquero ha aumentado su aporte al producto interno bruto y al empleo sin incrementar la pesca. El beneficio para el país será evidente. Contar con dicha medida de administración, que ordena eficientemente la actividad de la flota industrial, permitirá operaciones de pesca durante todo el año calendario, otorgando más estabilidad a los empleos que dependen de esa área de la economía y orientando las capturas a la obtención de productos con mayor valor agregado, lo cual redundará en la necesidad de más mano de obra en las plantas de procesamiento. A su vez, los armadores pesqueros industriales tendrán mayor incentivo para la conservación de los recursos hidrobiológicos.
Por otra parte, se incorporan importantes instituciones que traerán aparejada una mayor flexibilidad en la operación de los armadores industriales. Una de ellas es la asociatividad entre éstos, que, además de lo anterior, servirá para proteger a los armadores con bajas asignaciones. Armadores condenados a desaparecer en un esquema de administración de cuota global, como lo demuestran algunas experiencias en el país, podrán permanecer en el sistema al asociarse con otros.
Hemos señalado que el sector industrial tendrá un mayor incentivo por conservar los recursos naturales. Sin embargo, la autoridad debe velar con el máximo celo por este mandato constitucional. Es por ello que en el proyecto de ley se dota al organismo fiscalizador de medidas eficaces, y también probadas en la ley transitoria, como la certificación de capturas por una entidad independiente, con tecnología que certificará cada desembarque del pescador industrial, pudiendo determinar con precisión cuánto y qué especies ha capturado. Igualmente, se mantienen las sanciones administrativas para velar por el fiel cumplimiento de las cuotas establecidas.
Por otra parte, se consagran nuevas facultades de administración y se flexibiliza la aplicación de otras.
Éste es, asimismo, un importante aspecto que ha de destacarse: la forma como se administra determinado recurso debe adecuarse a la manera en que él es extraído. Así, se flexibiliza y perfecciona la facultad de fijar cuotas globales de captura, las que no sólo se podrán establecer por años calendarios, como lo estipula hoy la ley, sino también por doce meses sucesivos o por temporadas de captura.
Al sector industrial, por los supuestos que con el tiempo se han ido logrando en la regulación nacional, le es factible avanzar en la dirección que plantea el proyecto. Sin embargo, esta forma de administrar requiere mayor investigación y control por parte de la autoridad pesquera. Y como este incremento deberá soportarlo el sector pesquero industrial, se propone un alza en las patentes industriales por dos conceptos: primero, pagarán todas las naves que den derecho al límite máximo de captura, y segundo, se deberá adicionar un 55 por ciento a lo que se paga actualmente.
Con relación a la pesca artesanal, hemos indicado que se plantean importantes y profundas modificaciones. En efecto, el cambio sugerido para la forma de administrarla es transversal, debido a que se introducen enmiendas tanto en la forma como se inscriben los pescadores artesanales para desarrollar la actividad como en la manera de administrar los recursos hidrobiológicos.
Por otro lado, se fortalecen instituciones que han sido eficaces durante estos años para el sector pesquero artesanal, como las áreas de manejo.
En lo referente a cómo deberán inscribirse los pescadores artesanales, se sugiere que el Registro Artesanal recoja una regla básica: quién ejerce el esfuerzo pesquero; es decir, quién es determinante en la cantidad de recursos que se extraen del mar. Así, se plantea que el mencionado Registro se divida en tres secciones: en la primera se inscribirán los que ejercen directamente el esfuerzo pesquero; en la segunda, quienes lo ejercen indirectamente, y en la tercera, las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas.
Ese cambio posibilitará administrar la pesca artesanal con realismo, estableciendo obligaciones a quienes ejercen directamente el esfuerzo y flexibilizando a aquellos que no lo efectúan.
Por otra parte, permitirá una fiscalización más adecuada, pudiendo el Servicio Nacional de Pesca concentrar sus esfuerzos en lo que sea realmente determinante al momento de la extracción. De este modo, una nave artesanal, por más que tenga diez tripulantes, no podrá extraer mayores recursos que los determinados por su capacidad. Por lo tanto, la fiscalización se centrará en la nave y no en la tripulación, contrariamente al supuesto de hoy.
Otro efecto transversal es la posibilidad de reemplazo en la inscripción en el Registro Artesanal . En la actualidad el pescador artesanal inscrito en una pesquería tiene que morir con ella. En el proyecto se propone que aquél pueda designar a un reemplazante de dicha inscripción, en cualquier tiempo en el caso de los peces y por incapacidad física en el de los buzos. De esta forma se pretende dar valor a la inscripción en el Registro Artesanal en beneficio del propio pescador.
De otro lado, en la pesca artesanal se plantea una extensión del plazo de las caducidades parciales; esto es, de una lista de recursos inscritos por un pescador, no necesariamente deberá informarlos todos para mantener las inscripciones, sino al menos uno de ellos una vez cada año, y los demás, una vez cada tres años. Esto permitirá adecuar las caducidades a la realidad de esa pesquería, lo que obedece a un criterio de oportunidad más que a la programación de sus capturas.
También se plantean modificaciones en las áreas de manejo, fortaleciéndose esta institución, que ha sido de vital importancia durante estos años.
A través de la reforma de los Consejos Zonales y del Consejo Nacional de Pesca, se otorga mayor participación a los pescadores artesanales. La pesca artesanal es una actividad significativa y muy gravitante en la economía nacional, y debe tener un reconocimiento mediante una intervención mayor y más equitativa.
Varias son las reformas institucionales planteadas que beneficiarán a la pesca artesanal.
La desconcentración de la Subsecretaría de Pesca se propone como una clara señal de acercamiento de la autoridad del ramo a las distintas realidades de la pesca artesanal en las Regiones. De esta forma, la administración de las pesquerías bentónicas será más oportuna, de acuerdo a la realidad local, y con una mayor participación de los pescadores artesanales efectivamente presentes en ellas.
Uno de los principales problemas que se deben abordar en esta reforma a la Ley de Pesca es la manera como se determinará el fraccionamiento de la cuota global de captura entre sectores. Para ello, el proyecto plantea una fórmula de equidad que, integrando las instituciones que intervienen en la decisión pertinente, busca equilibrar la participación de ambos sectores involucrados.
A tal efecto, se crea una Comisión del Consejo Nacional de Pesca, integrada por tres miembros designados por el Presidente de la República, con causales de inhabilidad, y dos representantes del sector artesanal, uno del industrial y uno del laboral.
Otras modificaciones van en beneficio de los dos sectores regulados. Se plantea que ambos tendrán mayor intervención en la administración pesquera, a través de su participación en los Comités Técnicos. Éstos, además, estarán integrados por los técnicos de la Subsecretaría de Pesca, del Instituto de Fomento Pesquero y de las universidades. Así, servirán a la vez para dar mayor transparencia a la información científica que soporta las distintas medidas de administración.
Señores Senadores, es larga la lista de beneficios para el país al momento de aprobar la idea de legislar sobre este importante proyecto de ley.
Respecto de esta significativa actividad económica, parte relevante de nuestra sociedad, se debe depositar la confianza en que nuestro Parlamento quiere dar señales claras de estabilidad para lograr el mayor beneficio, crecimiento económico y bienestar social de sus actores.
Estamos en un régimen democrático que nos permite perfeccionar la propuesta planteada, y en ello concentraremos nuestros mejores esfuerzos. Pero para eso debemos dar la señal positiva de la aprobación de la idea de legislar, que implicará un positivo mensaje a la actividad pesquera chilena.
El sector pesquero requiere reglas claras para operar y proyectarse en el tiempo como actividad económica productiva, sin perder de vista el imperativo de la autoridad, cual es la explotación sustentable de los recursos hidrobiológicos, esto es, resguardando el mandato constitucional de la conservación.
El mensaje al país, entonces, será de optimismo. Significará que el Honorable Senado de la República habrá hecho suyo el clamor de un sector productivo en cuanto a la necesidad de legislar y dar estabilidad para el desarrollo de esa actividad productiva.
En cuanto a los quórum de aprobación que menciona el informe de la Comisión de Pesca del Senado, quiero dejar constancia de que no los compartimos y de que entregaremos una minuta con las observaciones del caso.
Sobre la base de lo expuesto, el Gobierno insta a los Honorables Senadores a aprobar esta iniciativa, que es de vital importancia para el futuro de la actividad pesquera nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , haré diversas consideraciones en cuanto al proyecto en debate.
Reflexiones previas
La demanda de alimentos por el aumento de la población mundial y el conocimiento de los efectos benéficos del consumo de proteínas provenientes de peces han llevado a un peligroso incremento del esfuerzo pesquero, poniendo en serio riesgo los principales recursos, cuyos stocks han sobrepasado largamente su rendimiento, al punto que algunos están en franca amenaza de colapsar.
En consecuencia, nuestro objetivo no debiera ser pescar más, sino obtener mayores beneficios para toda la población de las capturas que razonablemente deben realizarse. Es decir, se debe pescar menos y en forma más selectiva e incorporar al recurso más valor agregado.
Lamentablemente, ese gran objetivo es contradictorio con los propósitos de las grandes flotas industriales, nacionales y extranjeras, que buscan el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Así, en Chile, los grandes industriales, quienes han depredado nuestros mares, buscan la aprobación de una ley que les permita repartirse todos los recursos, excluyendo de la actividad pesquera a cualquier nuevo competidor.
Esos mismos empresarios, para justificar la entrega gratuita de las cuotas de pesca, alegan que con el "límite máximo de captura por armador" han aumentado el empleo, ya que ahora pueden industrializar más recursos para consumo humano. Sin embargo, antes también lo podían hacer, pero no lo hicieron, porque era más fácil convertir la pesca en harina de pescado para mantener la industria del salmón. Y cuando al anterior Subsecretario de Pesca le manifestamos nuestra preocupación por las capturas de recursos finos que se convertían en harina de pescado, nos contestó que, por la alta rentabilidad de la industria del salmón, era más conveniente convertir la pesca extractiva en harina que destinarla al consumo humano.
Ahora, a fin de justificar la aprobación del proyecto en debate, se muestran partidarios de una mayor industrialización destinada al consumo humano. Es decir, el discurso se acomoda a la ocasión para la defensa de los intereses corporativos.
En Europa, los españoles, quienes manejan las flotas pesqueras más grandes, presionaron para incluir el tema pesquero en el Convenio con Chile, ya que en nuestros mares aún existen grandes reservas alimentarias que constituyen un valioso patrimonio nacional y que podrían paliar el hambre de miles de compatriotas que viven en la miseria.
Mañana serán los inversionistas norteamericanos, que buscarán igualar las condiciones obtenidas por los europeos; nuestros recursos estarán en grave riesgo, y con ello, el futuro de una actividad vital para decenas de miles de habitantes de nuestro borde costero y para toda la comunidad.
Por eso esta reforma legal tiene características tan especiales, pues en su contenido se juegan poderosos intereses económicos que no han escatimado esfuerzos para lograr sus mezquinos objetivos. Las presiones y las maniobras realizadas entre bambalinas para acelerar este proyecto así lo demuestran.
Curiosamente, en este debate quienes se manifiestan fervientes partidarios del libre mercado se resisten a la licitación pública, o sea, a que el libre juego de la oferta y la demanda determine la asignación de los recursos. Al contrario, prefieren la intervención del Estado y luchan por legalizar el oligopolio existente en la actividad pesquera industrial.
Errores y contradicciones de ley vigente
La legislación en vigor contiene errores y contradicciones que, sumados a una mala administración pesquera impuesta por los grandes operadores industriales a través del Consejo Nacional de Pesca, han colocado en grave riesgo la sustentabilidad de los recursos y la propia actividad económica.
En primer lugar, el principal mecanismo establecido en la ley para proteger los recursos declarados en plena explotación consiste en limitar el acceso y, por ende, el control que se hace sobre el esfuerzo pesquero. En 1991 prácticamente se cerraron todos los ingresos a las pesquerías declaradas en plena explotación, que eran alrededor de 80 por ciento del total de las pesquerías nacionales.
El error y grave contradicción fue permitir, a través del artículo 3º transitorio de la Ley General de Pesca, de 1991, la incorporación de 50 mil 659 metros cúbicos de bodega para abastecer industrias de San Antonio que aún no se construían y que hoy ya no existen; y luego, mediante la ley Nº 19.245, de 1993, la incorporación de 6 mil 500 metros cúbicos más para responder a las presiones de los pesqueros industriales de la Octava Región, los mismos que actualmente se movilizan para asegurar la mantención de los derechos que se les otorgaron como consecuencia de sus ilegítimas acciones. Esos 57 mil 159 metros cúbicos de bodega aumentados legalmente equivalían a 75 por ciento de la flota autorizada en 1991, que tenía una capacidad de 76 mil 244 metros cúbicos de almacenaje. Y parte importante de ese porcentaje aumentado la componen los buques hoy paralizados en el sur.
En opinión expresada en la Comisión de Pesca por el ex Subsecretario señor Andrés Couve , "La flota está bien parada, ya que la mayoría de esas embarcaciones están obsoletas técnicamente. Terminaron su vida útil". Si ello es así, entonces esto constituye un engaño, una estafa, ya que esas naves originan derechos a sus dueños en la distribución de las cuotas.
Pero, además, existe otro mecanismo en la propia ley. Cuando se declara una pesquería en plena explotación, la normativa vigente, mediante los artículos 27 y siguientes, permite la subasta pública y la adjudicación anual de hasta 5 por ciento de la cuota global, hasta completar, en 10 años, 50 por ciento de la misma.
Es decir, en la legislación en vigor hay un mecanismo para fijar las cuotas individuales transferibles por un plazo de 10 años, pero otorgadas a través del libre juego del mercado. Sin embargo, nunca fue puesto en funcionamiento, por la falta de voluntad política del Gobierno y por la negativa del sector industrial, que prefería tener gratuitamente y en exclusividad el acceso a los recursos pesqueros.
En reemplazo de dicho sistema, el Gobierno intentó establecer un nuevo régimen de pesca con cuotas individuales, transferibles, gratuitas y a perpetuidad. La Subsecretaría de entonces fracasó en este objetivo, pero logró la división de los pescadores artesanales. Luego propuso una iniciativa y logró la aprobación de la ley Nº 19.713, que establece en forma transitoria el llamado "límite máximo de captura por armador".
Ahora, para lograr la aprobación de la ley en proyecto se intenta una nueva división en la pesca artesanal, esta vez entre lancheros y boteros. Con este sistema se terminará con esa pesca o, en el mejor de los casos, ella quedará reducida a su mínima expresión, y con posterioridad los industriales podrán apropiarse tranquilamente de las 5 millas de reserva alegando que en la pesca artesanal no existe capacidad para capturar los recursos existentes en el sector costero.
Como la decisión de abrir una pesquería o de permitir la licitación envuelve medidas administrativas que requieren el acuerdo del Consejo Nacional de Pesca, es obvio que los intereses económicos allí representados impedirán su aprobación y, por ende, el acceso de nuevos competidores.
Una vez aprobada la ley en proyecto, ante cualquier emergencia pesquera que precise la intervención del Estado, éste, para recuperar parte de las cuotas, deberá indemnizar a sus poseedores, ya que el proyecto, en la forma como está redactado, les entrega un verdadero derecho de propiedad sobre parte de los peces.
Por ejemplo, si ante una drástica reducción del stock de una pesquería el Gobierno propone una cuota global anual inferior al 80 por ciento de la del año anterior, se puede encontrar con la negativa del Consejo Nacional de Pesca y no tiene herramientas legales para proteger el recurso.
Una forma más razonable y éticamente aceptable de abordar este problema es hacer funcionar el mercado. Para ello, es posible establecer un artículo transitorio -no para reconocer los mal llamados "derechos históricos", sino para dar estabilidad y continuidad a la actividad pesquera- en virtud del cual se distribuya 50 por ciento de la cuota global anual entre los industriales beneficiados por la ley Nº 19.713, porcentaje que ha de ir reduciéndose hasta extinguirse al quinto año, cuando debe entrar a operar íntegramente el articulado permanente de la ley.
Para ello, junto con otros Senadores propusimos prorrogar por un año la vigencia de la ley Nº 19.713. De esta forma, antes de diciembre de 2003 debe estar promulgada la nueva ley y a partir de 2004 comienza a operar y se puede empezar licitando 50 por ciento de la cuota global anual.
En el articulado permanente debería establecerse un sistema de licitación cada año de hasta 10 por ciento de la cuota global anual correspondiente al sector industrial, lo que permitiría al Estado, si el interés nacional lo requiriera, suspender las licitaciones e ir recuperando año tras año el mismo porcentaje.
La forma como propongo resolver ese problema garantiza a los actuales pesqueros industriales acceder con relativa facilidad a las cuotas que se liciten inicialmente, ya que será muy difícil que nuevos empresarios adquieran y equipen naves para operar en un plazo relativamente breve. Sin embargo, quedará siempre abierta la posibilidad de que se incorporen nuevos empresarios a esta actividad si cumplen con las exigencias de la ley.
Lo más importante es que la asignación de las cuotas no será gratuita, tendrá una duración definida y se hará por un mecanismo transparente.
Algunos han planteado que por esa vía empresarios extranjeros podrán apropiarse de las industrias pesqueras nacionales. La verdad es que ellos ya han participado y aún participan en esta actividad.
Pero, además, deseo recordar a los Honorables colegas que, una vez ratificado por el Parlamento el Tratado con la Unión Europea, empresarios de esa Comunidad podrán acceder a la totalidad de la propiedad de las empresas pesqueras nacionales, incluidas sus flotas. Si aprobamos la ley en proyecto en los términos propuestos por el Ejecutivo , la venta total o parcial de estas últimas reportará un magnífico negocio para los empresarios industriales que sean beneficiados por las cuotas individuales, cuyo valor será más importante que las instalaciones industriales o las naves. Todo ello, sin que las transferencias de las naves, que incluyen las cuotas gratuitas, generen ventaja alguna para el país.
Por eso, prefiero el mecanismo de la licitación pública, que es transparente, permite el funcionamiento del mercado, con las regulaciones que se estimen necesarias para resguardar los derechos de los pequeños industriales pesqueros, y coloca límites a las cuotas que pueda adquirir un armador, para evitar excesiva concentración y virtual monopolio en la explotación de los recursos marinos.
Parece extraño que los liberales acepten que el mercado pueda funcionar en las sanitarias, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, las vías urbanas, la salud, la educación, la previsión social, pero no en la pesca. ¿Tan poderosos son los intereses industriales pesqueros que esta política de mercado les permite marginarse de la competencia?
Otro error grave o -quizás sea más apropiado decirlo así- grave falencia en las políticas pesqueras implementadas en estos años ha consistido en no abordar el desarrollo de una política de Estado en materia de investigación pesquera, que es el principal instrumento para conocer, proteger y explotar racionalmente los recursos pesqueros y, por ende, para incorporarse al desarrollo. El logro de este vital objetivo requiere el aporte de quienes lucran con la explotación de dichos recursos naturales.
Al respecto, la Presidenta de la Asociación de Profesionales Pesqueros de Chile , doctora en Oceanografía Biológica, expresó en la Comisión de Pesca: "En Chile no se está invirtiendo en investigación como corresponde. Lo que estamos haciendo son simples estudios, estamos en los niveles básicos.".Y esto ocurre, señores Senadores, en uno de los países más importantes del mundo en materia pesquera, que exporta más de dos mil millones de dólares anuales en productos del mar.
Al actual Instituto de Fomento Pesquero le es prácticamente imposible realizar y promover la investigación que Chile necesita en este ámbito si para subsistir debe financiarse, precisamente, con trabajos de investigación que esta misma entidad lleva a cabo. En consecuencia, propongo transformar el IFOP en un Instituto de Investigación Pesquera autónomo y con financiamiento propio establecido a través de la Ley de Presupuestos y que cuente con profesionales de alto nivel, de manera que mantenga la necesaria independencia de los intereses económicos en juego en este importante sector. El Consejo Directivo de este organismo debería estar constituido por académicos propuestos por las universidades públicas y privadas que tengan escuelas relacionadas con las ciencias del mar, especialmente las orientadas a la administración de pesquerías. El nombramiento debiera hacerlo el Presidente de la República con acuerdo del Senado.
La protección de los recursos marinos es un bien superior que no puede quedar entregado a las presiones de grupos económicos, políticos o sociales, como ha sucedido en estos años, sino a la autoridad pesquera, con las limitaciones que impone el conocimiento científico de dichos recursos. Por lo tanto, los informes técnicos de la Subsecretaría a que hace mención la ley Nº 19.892 deben ser reemplazados por informes técnicos del Instituto de Investigación Pesquera antes mencionado, y las decisiones respecto de la administración pesquera tiene que tomarlas la Subsecretaría, pero con sujeción a los límites técnicos fijados por el Consejo Directivo de dicho organismo.
Por último, la ley vigente presenta otra grave contradicción: el artículo 50 permite la libertad de pesca para el sector artesanal, en circunstancias de que el resto del articulado lo somete a serias limitaciones, ya aumentadas en el actual sistema. Por ejemplo, se cierran los registros artesanales y se autorizan perforaciones de las cinco millas por la flota industrial, aduciéndose que los artesanales carecen de la capacidad para cubrir todos los espacios marítimos costeros. ¿Por qué, entonces, no se abren los registros artesanales hasta lograr un adecuado equilibrio entre los recursos existentes y las naves artesanales?
Por ello, estimo que los elementos generales que deben considerarse en una reforma a la ley Nº 18.892 son, entre otros, los siguientes:
1. Debe derogarse la norma que permite la perforación de las cinco millas, como una manera efectiva de proteger los recursos pesqueros y los derechos de los pescadores artesanales.
2. La pesca artesanal tiene que contar con un régimen de libre acceso a todos los recursos pesqueros.
3. En las pesquerías declaradas en plena explotación, compartidas entre industriales y artesanales, en que se hayan licitado cuotas individuales al sector industrial, el fraccionamiento de la cuota global se debe hacer considerando la capacidad de captura de la flota artesanal, dejando el excedente para ser licitado por la flota industrial. Cuando en estas pesquerías el stock de recursos disponibles alcance el límite de la capacidad extractiva de la pesca artesanal, se debe prohibir la operación de naves industriales, hasta que dicho stock se recupere y sobrepase la capacidad extractiva de la flota artesanal, a lo menos, en 50 por ciento.
En resumen, el proyecto en debate no plantea las reformas que requiere la ley vigente para corregir los graves errores de que adolece ni resuelve el tema de la propiedad de los recursos marinos, que deben ser declarados propiedad de la nación, con acceso regulado y limitado por la ley, en beneficio de toda la comunidad nacional. En cambio, lo que se propone sólo busca hacer permanentes las disposiciones de la ley Nº 19.713, lo que a los actuales beneficiarios permitiría obtener, en forma indefinida y casi gratuita, una cuota de pesca, cerrando el acceso a cualquier otro ciudadano que desee desarrollar esta actividad económica.
Tampoco la normativa propuesta soluciona el problema del fraccionamiento entre la pesca industrial y la artesanal, lo que se vincula con la subsistencia de la fuente de trabajo de decenas de miles de trabajadores del mar y de orilla.
Además, se plantean reformas contrarias a las exigencias de desarrollo social y económico armónico de la actividad pesquera. Por lo mismo, parece imposible que vía indicaciones se cambie el articulado para hacerlo coherente con las medidas que se requieren para asegurar la protección de los recursos, garantizar debidamente los derechos de los pescadores artesanales y hacer transparente y eficiente la administración pesquera. Ello, porque parte importante de las enmiendas cuya incorporación se desea es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , el que ha rechazado nuestras propuestas.
Por lo anteriormente expuesto, rechazo la idea de legislar.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego al público asistente a las tribunas no hacer ningún tipo de manifestación.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , nada está más lejos de mi ánimo -lo digo al empezar mi intervención- que tratar de obstruir el proyecto del Gobierno. Señalo lo anterior, porque, según el señor Ministro -lo dijo con fundamento-, sus disposiciones son muy plausibles para los intereses del Estado. Sin embargo, el estudio de una materia de tanta relevancia y las reflexiones del Senador señor Ruiz De Giorgio me causan profunda inquietud.
En el fondo, se presentan dos tendencias -por así decir- perfectamente diáfanas: una concerniente al sistema de legislar propiamente tal respecto de la pesca, y otra relativa a la conceptualización orgánico-constitucional o funcional de la estructura que se ha querido dar a los órganos del Estado, a los cuales se pretende encomendar determinadas funciones.
Me referiré al segundo punto, que corresponde a mi especialidad.
Ante todo, no puedo dejar de recordar que el Ejecutivo ha manifestado su inquietud, muy justificada, por la modernización del Estado. Al respecto, tuve la suerte de asistir esta mañana a una reunión, presidida por el Honorable señor Boeninger , en que se destacó desde un punto de vista novedoso la importancia que para la modernización reviste la entronización sincronizada y armónica de la tecnología. Pero el Ejecutivo , no obstante hacer presente tal inquietud -que el Senado recoge-, y so pretexto de modificar o perfeccionar determinadas instancias, paralelamente presenta diversos proyectos tendientes a propiciar modernizaciones o reformas que de alguna manera, a mi modesto juicio, contradicen el contenido de leyes esenciales y, muy especialmente, de normas constitucionales.
Desde ese perspectiva, la iniciativa en análisis presenta falencias graves.
En primer término, es preciso recordar -son normas fundamentales- que la Constitución Política confiere al Presidente de la República la condición de supremo administrador del Estado, materia que regula el artículo 33, en el sentido de que, para el cumplimiento de tal cometido, sus colaboradores directos e inmediatos son los ministros. Y no obstante que el artículo 3º dispone que en el orden administrativo se propenderá a la descentralización y a la desconcentración, los ministros y los ministerios se mantienen como entidades esenciales y cooperadoras de la función presidencial de administrar el Estado.
Si se analiza el proyecto, se advierte el hecho sorprendente de que prácticamente el ministro respectivo desaparece. No se le menciona casi para nada. Por excepción aparece conociendo reclamaciones sobre resoluciones que dicte el subsecretario. Pero, en cambio, se crea una subsecretaría transformada -o magnificada, diría yo- en un superministerio.
La Comisión de Pesca, naturalmente, no se preocupó de esta materia, porque en cierta medida exorbitaba su cometido específico.
Por eso -lo planteo con el mayor respeto-, sería útil que esta iniciativa pasara también a la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Porque contiene a lo menos tres o cuatro aspectos de muy dudosa constitucionalidad.
Desde luego, ¿puede una subsecretaría transformarse en una entidad orgánica fundamental que reemplace al ministerio respectivo? ¿Cuál es la norma que desde el punto de vista constitucional da origen a algo contrario a la conceptualización de la estructura administrativa en Chile?
Eso es peligrosísimo, porque constituiría un muy mal ejemplo. Lo señalo para que el Senador señor Boeninger lo tome en cuenta en su estudio -que tan bien está haciendo- sobre la modernización del Estado.
Además, por tal camino se pretende algo todavía más sorprendente. Se dice que de la Subsecretaría dependerán las Direcciones Regionales de Pesca. Al respecto, me permito recordar al Senado que hay una Dirección Nacional de Pesca de la cual hasta ahora dependen las Direcciones Regionales, las que, si hipotéticamente se aprueba la norma respectiva, dependerán jerárquicamente del Subsecretario.
Me pregunto: ¿qué pasa con el Director Nacional de Pesca? Fue pasado a llevar automáticamente, como si no existiese, sobre la base de sostener que la Dirección Nacional realiza una función fiscalizadora.
En el fondo, ¿qué se pretende? Que un órgano del Estado supervigile de alguna manera.
Señor Presidente , una vez más me permito recordar el peligro de que desaparezca la regulación o se haga mal uso de ella, como tuve ocasión de demostrarlo hace algunas sesiones al referirme al caso ENRON.
En este momento Chile se enfrenta al grave mal uso de determinadas instituciones. El que ahora debatimos es un proyecto que, a mi modesto juicio, sobrepasa las potestades del Presidente de la República y del Ministro respectivo, que es el de Economía, y crea algo de extraordinaria potencia, de un poder indiscutible, a pretexto de que se quiere perfeccionar el sistema. Estoy de acuerdo con ello, siempre que su establecimiento se ajuste a las disposiciones de la Carta Fundamental. Y ésta no se ha modificado. Hasta el momento nada aconseja reemplazar a los ministros por los subsecretarios. A esa realidad se llegaría si se empezaran a aplicar extensivamente normas como las que propone la iniciativa en debate.
Termino anunciando que votaré favorablemente en general, porque la idea de legislar sobre la pesca es una de las cosas buenas del proyecto. Tengo la esperanza de que por la vía de las indicaciones se retorne a la emblemática constitucional, que no ha sido modificada. Según entiendo, hasta el momento no se han presentado iniciativas para enmendar la colaboración directa de los ministros y ministerios al Presidente de la República .
Por último, cabe recordar que la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece expresamente que los subsecretarios serán colaboradores de la misión que compete a los respectivos ministros, y que, a su vez, éstos cooperan con el Primer Mandatario en la administración del Estado.
Pero eso no tiene nada que ver con que, so pretexto de perfeccionar o agilizar normativas, sencillamente se pretenda hacer desaparecer instituciones que hasta el día de hoy, en mi opinión, no han funcionado mal.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , la ley Nº 19.713 incorporó la facultad de fijar un límite máximo de captura por armador dividiendo en cuotas individuales la cuota global que se hubiera establecido en una pesquería en plena explotación.
Como se sabe, esa medida puso término a la llamada "carrera olímpica", en virtud de la cual cada armador salía a capturar la mayor proporción posible de la cuota global, generando su agotamiento en pocos meses, con la consiguiente fluctuación e inestabilidad en el empleo, además de un exceso de inversión realizada con el propósito de ganar dicha carrera, lo que provocaba enorme ineficiencia en el sector. No es casualidad que, producto de dicho ordenamiento, en el 2001 -si no me equivoco- el sector pesquero fue el que más creció y el segundo en crear más empleo en el país.
Por otra parte, con la dictación de la citada ley se logró el control efectivo de las cuotas asignadas al sector industrial, haciéndose realidad también los propósitos de conservación que siempre se han planteado.
El éxito evidente de la aplicación de la ley transitoria hace del todo aconsejable convertirla en norma permanente de administración pesquera, razón suficiente para aprobar la idea de legislar. Si por desacuerdo con algunos preceptos ésta se rechazara, sería urgente aprobar una nueva prórroga de la ley Nº 19.713, por un plazo breve, con la consiguiente precariedad mantenida en el sistema de administración pesquera y la incertidumbre que afectaría a los actores.
La ley Nº 19.713 posibilitó también regularizar los registros pesqueros artesanales, sobre cuya base se puede abordar -lo hace el proyecto- una mejor ordenación permanente de este sector para lograr mayor desarrollo de su capacidad productiva. A fin de conseguir una administración más eficiente y flexible, la autoridad podrá definir cómo se extraerá la cuota fijada por áreas, caletas o tamaño de las embarcaciones.
El ordenamiento del registro artesanal, dividiéndolo en tres secciones, supera la dificultad de distinguir entre quienes ejercen el esfuerzo pesquero y quienes no lo hacen, y además busca la forma de llenar las vacantes mediante transferencias de personas de un registro a otro.
Asimismo, parece conveniente la norma que establece que los armadores artesanales con embarcaciones de más de 15 metros de eslora paguen patente, deban usar posicionador satelital y certificar sus capturas al momento del desembarque. De este modo, los hoy día pequeños productores se transformarían en verdaderos emprendedores, es decir, en empresas formales, de tamaño pequeño y mediano, como ocurre con toda empresa exitosa y que crece.
De otro lado, con relación a la cuota global de captura, se flexibiliza su administración, facultándose a la autoridad para fijarla por año calendario, por doce meses sucesivos o por temporada de captura, atendiendo a los ciclos propios de cada especie hidrobiológica. Además, se le permite establecerla por más de un período, fórmula adecuada respecto de especies más estables, como es el caso de las demersales, con la correspondiente ganancia, estabilidad y certeza para los actores.
Se incorpora, asimismo, la posibilidad de que el fraccionamiento de la cuota global entre los sectores artesanal e industrial se determine por más de un período, no permitiéndose su modificación. Lo propuesto es del todo conveniente para dar estabilidad y eliminar situaciones conflictivas en las relaciones entre ambos sectores. A este respecto, hay quienes sostienen que la política pesquera debiera estar orientada al crecimiento persistente del porcentaje correspondiente a la pesca artesanal, reduciendo progresivamente el de la pesca industrial. A mi parecer, tal enfoque es equivocado, porque esta última está ligada a las plantas de procesamiento, y es, por consiguiente, la que genera más empleo y divisas, aparte la mayor productividad asociada a escala. Lo que se requiere compatibilizar es la necesidad de ampliar el ámbito y asegurar el desarrollo y florecimiento de la pesca artesanal y su posibilidad de crecimiento -como señalé hace un momento-, con el espacio indispensable para la actividad económica de mayor escala.
En relación con el límite máximo de captura por armador y la fijación de cuota global, se plantea una vigencia de 15 años para la medida, una vez decretada, período adecuado -a la luz de los avances técnicos- para recuperar las inversiones necesarias destinadas a conferir mayor valor agregado a la captura, siendo complementaria de la fórmula del límite máximo de captura individual.
De particular importancia parece ser la alternativa ideada para el caso de que el Consejo Nacional de Pesca no apruebe la cuota global que le proponga la autoridad. De ser así, dicha cuota será el mayor valor entre el 80 por ciento de la establecida para el año anterior y la planteada por la Subsecretaría. De ese modo, sólo si ésta sugiere una cuota inferior a tal porcentaje se desestimaría su propuesta. Esta eventualidad es altamente improbable, porque una variación mayor de un período a otro es normalmente marginal. Las variaciones de más envergadura producidas por el comportamiento de las especies se evidencian con suficiente antelación para una adaptación gradual que no genere trastornos serios a la industria.
La fijación de las cuotas individuales en actual operación será transferida por un artículo transitorio a la nueva legislación, y se basará en la captura histórica, eliminándose la norma que se aplicó por una vez a las especies pelágicas, debido a las complejidades de las asignaciones de cuotas producidas entre 1993 y la aprobación de la ley transitoria.
En el sistema propuesto, cada armador determinará las naves con que hará efectivo su límite. El control de las mismas se limita a que sólo pueden entrar nuevas embarcaciones por sustitución, política que obedece al exceso de capacidad instalada producida a través del tiempo. Esta norma podría flexibilizarse en la discusión legislativa, dada la conveniencia de favorecer la innovación tecnológica. Lo importante es que se respete el límite de captura.
En la misma línea de flexibilidad relativa, se permite que dos o más armadores se asocien, sumando sus respectivas cuotas, así como también excluir definitivamente una nave de la pesca extractiva. Respecto de este punto, podría ser conveniente posibilitar su venta para la utilización por otra pesquera, si sus características resultaran más adecuadas que las de algunas de sus propias naves para el titular de derecho interesado en adquirirla.
Si en el lapso de cinco años un armador -ésta es otra disposición importante- captura menos de 90 por ciento de su límite, se rebajará de su propia cuota el porcentaje no capturado, distribuyéndose el excedente entre los restantes asignatarios de cuotas individuales. Aquí existe la posibilidad de que, en vez de proceder simplemente a una distribución del excedente entre los demás armadores con cuotas asignadas, se abra espacio -si el excedente fuera más o menos significativo- a un proceso parcial de licitación, permitiéndose el ingreso de nuevos actores. Si el sistema no posibilita esto, ello constituye, evidentemente, una limitación al modelo de administración pesquera que se propone. Y, de paso, yo diría que la lógica de que se otorguen derechos por 15 años y de que en ese lapso no exista una licitación, salvo el caso que acabo de señalar, está dada porque el tiempo de recuperación de la inversión es muy largo. La obsolescencia de una nave se mide en períodos de 15 a 20 años, de manera tal que en plazos más cortos sería imposible recuperar el valor de la inversión.
No se trata de ser ciegamente partidario del Estado o del mercado, sino de que cada una de las actividades de este mundo tiene su propia lógica, en que el Estado o el mercado tendrán mayor o menor racionalidad de intervención.
Por último, me referiré a las modificaciones institucionales.
Considero importante destacar que el Consejo Nacional de Pesca se creó para hacer efectiva la participación de los agentes del sector pesquero a nivel nacional en materias relacionadas con la pesca. La composición modificada que se propone se caracteriza por su diversidad y por la capacidad de arbitraje del Ejecutivo.
En efecto, el organismo será presidido por el Subsecretario de Pesca , contará con un total de cuatro funcionarios públicos, incluido dicho personero, y estará integrado por siete consejeros nominados por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado. Suponiendo que esto requiere acuerdo político, se completa con ocho personeros cercanos al Ejecutivo , y tres profesionales, posiblemente vinculados a la Oposición política del momento pero desvinculados de los intereses pesqueros, por las inhabilidades expresas que se establecen en el artículo 146, Nº 5, de la Ley de Pesca.
En segundo lugar, el Consejo estará integrado por cinco representantes de organizaciones gremiales del sector empresarial, los que, si bien comparten intereses y visiones fundamentales, tienen propósitos concretos diversos, según las pesquerías en que concentran sus actividades.
Luego se contemplan tres consejeros de organizaciones laborales, que representarán a los oficiales de naves pesqueras, a sus tripulantes y a los trabajadores de plantas de procesamiento de productos del mar. Vale decir, personas también con intereses diversos y a menudo contrapuestos.
Finalmente, se consideran cuatro representantes del sector artesanal.
En resumen, el Consejo Nacional de Pesca estará conformado por 23 miembros, de los cuales entre 8 y 11 serían representantes del Ejecutivo; entre 5 y 8 estarían asociados al sector empresarial o serían intérpretes del mismo, y unos 7 de los sectores artesanal y de trabajadores.
Digo todo esto porque, dado su peso relativo y la diversidad de intereses de los miembros provenientes de los diferentes estamentos, tal composición permite combinar la representatividad de la enorme diversidad de intereses y sectores que existen en el ámbito pesquero, con una capacidad de mediación y arbitraje del Ejecutivo, y la real factibilidad de llevar adelante una orientación gubernativa, o sea, una política pesquera, en un órgano legitimado por la presencia de todos.
Sin duda alguna, se puede variar tal composición del Consejo, pero considero que la propuesta combina de mejor manera la participación de los actores involucrados con una capacidad de orientación y dirección política, en el sentido de política pública. Por lo tanto, no se trata de entregar la pesca a los intereses específicos de algún sector, sino de tomarlos en cuenta a todos, arbitrar, pero también mantener una capacidad de dirección importante.
A mi juicio, cuestionar el Consejo Nacional de Pesca implica el serio riesgo de destruir una estructura que ha operado sin grandes contratiempos, que es perfectible, y sin que se avizore una viable de reemplazo.
Por su parte, la Subsecretaría tiene la iniciativa en la determinación del fraccionamiento de la cuota global de captura entre los sectores industrial y artesanal, pues en caso de que su propuesta no sea acogida, o de que no se acepte concurrir a un acuerdo negociado en la Comisión que se crea por el artículo 147 A, seguirá vigente el fraccionamiento del período inmediatamente anterior. Además, cabe resaltar el hecho de que, para determinar el fraccionamiento de cuota entre ambos sectores, se nombra la Comisión a que se refería el señor Ministro , formada por siete miembros, la que, en definitiva, permite nuevamente una decisión con participación de todos y con un arbitraje claro del Poder Ejecutivo , a la vez que posibilita llevar adelante las políticas.
Por último -no me voy a extender, porque se me acaba el tiempo-, en mi opinión, este mismo tipo de razonamiento (participación, capacidad de orientación y formación de políticas) se repite en la propuesta referida a la nueva conformación de los consejos zonales. Mirado desde una óptica distinta de la muy legítima planteada por el Senador señor Silva , el cambio de dependencia de los directores zonales y las mayores facultades a la Subsecretaría están bajo la lógica de contar con una administración pesquera más eficiente, y no creo que ello afecte en modo alguno la regulación.
En todo caso, cualquier duda a este respecto deberá ser resuelta en la discusión particular del proyecto, ya que se trata de un asunto opinable.
En consecuencia, señor Presidente , anuncio mi disposición favorable a aprobar la idea de legislar.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego a las tribunas guardar silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en lo relativo al mar, uno de los grandes temas es la propiedad común respecto de los peces. Y, en este concepto, debe aparecer -guste o no- la potestad del Estado, con su autoridad para regular, vigilar y normar las capturas y la conservación de la biomasa, especialmente porque constituye un bien común de toda la nación.
Pero, por otro lado, una materia importante en cuanto a la eficiencia de las empresas del sector es que la propiedad individual en la captura de los peces es parte de la legítima retribución obtenida por las inversiones en capital que se han realizado.
La pregunta, entonces, es cómo congeniar ambos elementos.
Indudablemente, la única forma de conciliarlos es mediante una ley que los equilibre, sin dejar de resguardar el interés del país, pues la pesca -lo han manifestado algunos señores Senadores- es un bien estratégico de la mayor relevancia para el desarrollo del Estado y especialmente de nosotros, porque somos un país esencialmente marítimo. De manera que el perfeccionamiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura es una idea absolutamente positiva.
Sin embargo, ante los alcances de detalle de la iniciativa, hay que entender que el procedimiento es lograr un acuerdo de las partes en la Comisión, cuando se presenten las indicaciones o se reciban nuevas proposiciones del Ejecutivo.
Al respecto, es importantísimo destacar dos cosas: primero, deben tenerse en cuenta los intereses tanto del Estado como los de los pescadores artesanales e industriales y los de toda la nación. Luego, ello obliga a un equilibrio, el que ha de buscarse naturalmente en la discusión particular, donde el Ejecutivo debe enviar ciertas indicaciones que, a petición de quienes están analizando la materia y escuchando a los sectores afectados, perfeccionarán el texto propuesto y compatibilizarán adecuadamente este juego de intereses.
Lo segundo es un aspecto que quiero agregar. Chile se encuentra con un enorme espacio marítimo al frente, el cual es ocupado por peces y especies que transitan por él. Se encuentra adyacente a la zona económica exclusiva y es el espacio de alta mar. Pero éste es un nombre genérico y, por tanto, no se podría normar la pesca en él sin poner límites. Por esa razón, la ley vigente incorporó el concepto de mar presencial, pero no en el sentido de indicar solamente propiedad espacial. No es así. La idea fundamental es que ciertos peces puedan ser capturados tanto en las 200 millas como en el mar presencial, y que la actividad correspondiente se someta a la legislación nacional.
En tal sentido, es fundamental tener presente que, para realizar estas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, que la tienden a modernizar, deben considerarse también las obligaciones internacionales que se están generando, como, por ejemplo, lo que ocurrirá cuando los cuatro países miembros de la CPPS aprueben el Acuerdo de Galápagos. Es decir, estamos en presencia de un proyecto que debe mirar más allá de las 200 millas marítimas, ya que allí hay peces y actividad económica que ayudarán a que este bien general, este bien de todos, que es la pesca, sea mejor explotado, pero, también, más equilibrado en su extracción.
El Ejecutivo debiera entender que esta materia es susceptible de perfeccionarse y de discutirse más en detalle en la Comisión. Apelo a la buena voluntad del Gobierno para aceptar proposiciones sugeridas por los diferentes interesados, a fin de mejorar la iniciativa.
Por ejemplo, me llama la atención algo fundamental, que ya planteó uno de los señores Senadores: la disociación que se produce en el concepto de Administración del Estado cuando los directores zonales se someten a la dependencia de la Subsecretaría de Pesca. Escuché con atención tales planteamientos, y confirman lo que había pensado en cuanto a que estaríamos en presencia de un Ministerio de Pesca y Acuicultura disfrazado, lo que es un aspecto muy interesante para tener presente. ¿Es eso lo que se pretende? Porque, en la práctica, si se aprobara el proyecto tal como está, convertiríamos a la Subsecretaría de Pesca en un ministerio. Digámoslo claramente. Eso es algo distinto, obedece a otro concepto e introduce una visión diferente.
Otro aspecto que deseo hacer presente es que cuando se habla de los directores zonales y se plantea que ellos deberán cumplir las directrices de la Subsecretaría de Pesca, aparece naturalmente el juego entre el Consejo Nacional de Pesca, los consejos zonales y los consejos regionales. Entonces, ¿por qué no se aceptó la idea, ya que se trata de un bien común, de que estos consejos sean tripartitos en su esencia? Igualdad para los estamentos pescador artesanal, pescador industrial y Estado. O sea, con la igualdad de los tres grupos interesados, para lograr una interacción más equitativa, estaríamos reflejando el claro concepto de que la pesca es un bien de toda la nación.
Pienso que estos elementos, tal como figuran en el proyecto, deben modificarse.
Sin embargo, lo esencial es que éste es un problema de Estado. Estoy de acuerdo con el perfeccionamiento de la ley, pero siempre teniendo en mente el futuro de Chile, porque la demanda por los bienes pesqueros se está incrementando. La protección de los espacios marítimos y el libre uso de ellos en beneficio económico de los nacionales son una obligación del Estado.
Votaré favorablemente la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , el pez en el agua no es de nadie en particular. Tampoco tiene precio. Con la captura, instante en que se hace efectiva la propiedad, comienza recién a tener un valor económico. Después se le suman el trabajo, materiales, energía, capital, etcétera.
A este recurso de todos es el Estado el que define el acceso, ya sea libre o cerrado. El proyecto se inclina por lo último, y a una cuota global añade cuotas individuales. Éstas últimas, asignadas sobre la base de capturas históricas, que constituyen un sistema de alto costo de fiscalización. Además, producen el efecto perverso de aumentar el descarte, para imputar a la cuota individual sólo los pescados que generan mayores beneficios económicos. Y por último, se presta para el falseamiento de las cantidades extraídas.
Así es como se han ido formando los registros estadísticos con los cuales se pretende estrenar la nueva ley. De este modo se premia, precisamente, a los responsables del colapso de las pesquerías. De paso, se priva a la sociedad del beneficio de un patrimonio que le pertenece.
En Islandia, la Corte Suprema proclamó inconstitucional la legislación que estableció cuotas individuales transferibles a favor de un grupo de empresarios. En realidad, éstas vulneran tres condiciones básicas de una política pesquera: la parte biológica, la razón económica y el aspecto social.
El proyecto no reconoce la propiedad pública sobre los recursos contenidos en las 200 millas de uso exclusivo. Con la introducción de los llamados "límites máximos de captura por armador", como he dicho, se legaliza un traspaso patrimonial de todos los chilenos al sector privado. Esto se produce al consagrar el derecho de los armadores industriales sobre su cuota. La contradicción entre propiedad común y realización efectiva de la misma, a partir de la captura de los peces, se resuelve a favor del empresariado en las mejores condiciones que éste podía esperar. Se estima en mil millones de dólares el valor del traspaso de patrimonio público a la pesca industrial a través de la asignación gratuita de cuotas individuales por un plazo de 15 años.
Un atisbo de lo que viene se da en la asignación de las cuotas para la Primera Región y la Segunda. Allí se consideran dos criterios. Uno, la pesca histórica, y el otro, la capacidad de bodega corregida. Sobre todo este último factor, ¡quedó hecho a la medida de don Anacleto , quizás porque tiene más de un santo en ésta y en otras cortes...!
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego guardar silencio en tribunas.
El señor ÁVILA.-
El nerviosismo por acelerar al máximo la tramitación de este proyecto se debe al próximo acuerdo con la Unión Europea. Al respecto, ya se aprecia el drástico aumento en las acciones del sector pesquero industrial. Y es lógico. Al poseer cuotas individuales asignables a sus naves, obviamente el valor de los activos sube de manera vertiginosa.
Sin duda, el mejor mecanismo de asignación, desde el punto de vista de la eficiencia y equidad distributiva, es la licitación abierta. Además, quienes van a transar derechos en el mercado deben obtenerlos bajo las mismas reglas que tan ardorosamente reclaman, cuando les conviene. Al respecto, el Fiscal Nacional Económico, en un informe muy poco difundido, de 9 de noviembre de 2001, expresa que "al asignar cuotas por cada unidad de pesquería, se establece un claro límite a la libre competencia en los respectivos mercados".
Es preciso tener muy en cuenta que el sector social vinculado a la pesca artesanal es el más numeroso y el que más empleos genera, tanto directa como indirectamente. Constituyeron, hace diez mil años, los primeros asentamientos humanos en la costa del Pacífico. Su cultura se desarrolló en íntima relación con el mar. Forma parte de ella el uso sustentable de los recursos marinos. Éstos siempre fueron concebidos para garantizar la vida y el progreso de las comunidades.
La situación de discriminación y desmedro que hoy viven los artesanales se ve perfectamente retratada en la aplicación de limitantes respecto del sector industrial.
Así se aprecia en el siguiente detalle:
1.- Tamaño y capacidad de las embarcaciones. Pesca industrial: sin límites. Pesca artesanal: no más de 18 metros de eslora y 50 TRG.
2.- Cantidad de embarcaciones por armador. Pesca industrial: sin límites. Pesca artesanal: no más de dos por armador.
3.- Permisos de pesca. Pesca industrial: permanentes y transables, transmisibles. Pesca artesanal: meramente formales y sin valor.
4.- Artes y aparejos. Pesca industrial: libres. Pesca artesanal: regulados.
5.- Pesca de arrastre. Pesca industrial: libre. Pesca artesanal: regulada.
6.- Movilidad de la flota. Pesca industrial: libre. Pesca artesanal: sectorizada.
7.- Registro pesquero. Pesca industrial: nacional. Pesca artesanal: regional.
8.- Participación en los consejos. Pesca industrial: mayoritaria. Pesca artesanal: casi nula.
9.- Cuotas pesqueras. Pesca industrial: 80 por ciento. Pesca artesanal: 20 por ciento.
Los objetivos básicos por plasmar en la nueva ley deberían ser:
1.- Propiedad pública sobre los recursos dentro de las aguas bajo jurisdicción chilena. Acceso restringido en aras del bien común.
2. Libre acceso a las pesquerías por parte de los pescadores artesanales. Ellos no atentan contra la biomasa y generan mayor empleo.
3.-Establecimiento de un área de reserva pesquera con fines de sustentabilidad.
4.- Control social sobre los recursos para asegurar respeto a la legalidad y transparencia en materia de regulaciones.
5.- Preservación de los asentamientos humanos, proporcionando oportunidades de empleos seguros y atractivos.
6.- Impedimento de integración vertical del sector industrial, que tiende a monopolizar la actividad.
7.- Distribución equitativa de las cuotas globales de captura, garantizando el acceso a todos los recursos pesqueros.
Tales criterios son coherentes con una responsable política de preservación.
Ahora bien, dada la precariedad de las instancias reguladoras, ha de ponerse el acento muy especialmente en la utilización de artes de pesca selectivos.
En relación a la biomasa, un portaaviones con espineles es totalmente inofensivo al lado de una embarcación menor pero con redes de arrastre o cerco industrial. El problema no está en las naves, sino en los métodos que éstas emplean. De ahí la importancia de regular con criterio conservacionista antes que estrictamente económico.
Por fin, creo que llegó la hora de legislar en aras de un desarrollo sustentable para nuestro país y no en función de los intereses que sistemáticamente han resultado favorecidos hasta ahora.
En razón de que el contenido de este proyecto resulta completamente contradictorio con los objetivos básicos que plantea, no puedo pronunciarme a favor de la idea de legislar y, por lo tanto, me opongo.
He dicho.
--Aplausos en tribunas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quiero hacer presente que, si se renuevan las manifestaciones, me veré en la necesidad de ordenar el desalojo de las tribunas, porque está prohibido hacerlas durante el transcurso de una sesión del Senado.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , pienso que el debate más interesante sobre este proyecto de ley, si es que se aprueba -como estimo que va a ocurrir-, estará radicado fundamentalmente en el estudio de las indicaciones. Porque muchas de las expresiones que hemos oído en el debate de esta tarde -algunas provienen de ciertos señores Senadores que a lo mejor van a votar en contra del proyecto- son compartidas por gran parte de los colegas.
Estamos frente a una iniciativa legal muy interesante -sin duda alguna, debió haber sido analizada hace algún tiempo; con ello este proceso sería más tranquilo y pacífico-, y en fecha próxima habrá que resolver sobre la existencia de la actual normativa que rige los procedimientos de pesca a lo largo de nuestras costas.
Se trata de un cuerpo legal que pretende avanzar lo más adecuadamente posible en la administración de las distintas pesquerías de nuestro país y de manera eficiente en la administración de los actores principales, que adoptan distintos nombres, pero que son empresarios. Se les llama "industriales y artesanales", pero son todos empresarios, con diferentes características en cuanto a capitales y, a lo mejor, objetivos.
En verdad, estamos enfrentados a una situación muy atractiva desde el punto de vista del requerimiento mundial. Chile, con sus productos pesqueros, es capaz hoy día de alimentar a una población de cien millones de personas o más. Pero debemos llegar a los mercados en la forma más adecuada posible, con alta industrialización, entendiendo que esa enorme y maravillosa responsabilidad recae en todos nosotros y no en otros actores.
El Senador señor Ávila ha planteado algunas cosas que, sin duda alguna, son de interés; pero, desde mi punto de vista, vale la pena aclarar otras. Por ejemplo, lo relativo a la propiedad pública.
La totalidad del país -sea en su tierra, en su mar o en sus cielos- pertenece a un solo propietario: el Estado chileno. Lo que ocurre es que éste, a través de distintas normas -algunas surgidas de la tradición, y otras, de imposiciones de la ley-, va estableciendo a quienes entrega derechos de propiedad para la administración de determinados bienes, obligaciones, tales como contribuciones, patentes, tributos y otras cargas impositivas. Y quienes no tienen tales obligaciones carecen de otras responsabilidades que también impone el Estado.
Hoy en día, en el ámbito de la agricultura, los dueños de tierras o de campos tienen derechos sobre éstos, pero deben pagar por ello. Pero también es cierto que deben asumir las responsabilidades y obligaciones impuestas por los organismos del Estado en lo que dice relación a las normas vigentes para la explotación de sus propiedades.
Lo mismo ocurre con las industrias, la minería y la totalidad de las actividades en que se desenvuelven tanto el mundo laboral como el económico y financiero, sea éste público o privado.
Por eso, sin duda alguna, la propiedad del mar corresponde al Estado chileno, el cual entrega derechos para que puedan actuar determinadas empresas, sean medianas, grandes o pequeñas. Así también ocurre en la totalidad del territorio nacional con la agricultura, con la minería y con la actividad aeronáutica.
El Estado, a su vez, debe cumplir su responsabilidad sobre el control social de los recursos. Si no lo hace, no está cumpliendo con su obligación. Por eso hoy día estamos legislando acerca de esta materia.
La preservación de los asentamientos humanos es una responsabilidad ancestral del Estado chileno, a través de todas las formas de desarrollo social, que han estado llevándose a cabo con mucho éxito en algunos momentos y con poco éxito en otros.
Sin embargo, señor Presidente, no advierto una dicotomía profunda entre la responsabilidad u obligación y la propiedad de un derecho. Y en esto pongo especial acento.
Después de haber leído muchas veces el proyecto en debate, como también la ley vigente, y de escuchar las opiniones e intervenciones emitidas esta tarde, tengo una sensación. Ya lo recordaba el Presidente de la Comisión: cerca de cincuenta personas representantes de distintos organismos aludieron a ciertas situaciones que se presentan en la realidad. Se trata de diferencias que producen desigualdades y que son absurdas.
En efecto, diversos elementos pueden favorecer directamente a un sector empresarial que tiene clara propiedad sobre determinado derecho, y no así a otro. Aún más, para determinados grupos de personas que trabajan en el mar no existe el derecho de herencia, del cual gozan sólo algunas. Éste es un hecho que en la normativa legal en proyecto debemos resolver, porque, independientemente de que haya pescadores grandes, algunos más pequeños y otros medianos, la sociedad siempre será así. El día que tengamos igual capacidad, una misma forma laboral y similares objetivos, en verdad habrá terminado el sentido de esta sociedad -o de cualquier otro grupo humano- que pretenda alcanzar metas que armonicen cada uno de los principios y valores que comúnmente la sustentan.
Y debo reconocer que los principios y valores de esta iniciativa legal -los cuales se encuentran sujetos a las normas constitucionales, aspecto que hoy día no está en discusión- representan un paso para generar un gran debate con motivo de las indicaciones.
En ese sentido, me atrevo a adelantar una opinión sobre el particular. Presentaré una indicación -he invitado a otros señores Senadores a suscribirla a fin de que el derecho de propiedad tan arraigado respecto de algunos bienes también exista para los pescadores artesanales. Me parece que esto es importante, por cuanto no hay razón alguna para que ese derecho -que es hereditario exclusivamente en la acción y en el trabajo- se transmita únicamente a los herederos cuando un pescador artesanal muere en alta mar. Sólo así se genera la herencia; pero, si el deceso del causante se produce en tierra por situaciones distintas o por enfermedad, el derecho de propiedad y las obligaciones conexas a él terminan o desaparecen. Esto no es lógico; provoca un daño en la armonía, tan necesaria para el desarrollo de la gestión y acción de un sector de la sociedad que también es miembro de un mismo Estado.
Señor Presidente , me parece que no discutir en profundidad esta iniciativa legal con motivo de las indicaciones sería un gravísimo error para Chile; un error para las personas que trabajan en el mar; un error para quienes están lejos de éste y no conocen realmente los aspectos trascendentes que involucra; un error para nuestras políticas de exportación y para la economía nacional. Vale decir, implicaría un error si se adopta una posición contraria a analizar a fondo esta materia.
Igualmente, constituiría un error el que la Comisión de Pesca no estudiara en detalle las observaciones -algunas ya fueron manifestadas verbalmente y otras se presentarán por escrito- de los distintos gremios, instituciones y personas, con el objeto de ir consensuando en la mejor forma los resultados de una normativa legal que reúna las defensas de la imaginación creadora de las personas, las fortalezas de quienes están llegando con sus productos al mundo entero, la necesidad lógica y natural de crecer y el hecho de hacer entender a los trabajadores más modestos que todo chileno puede usufructuar del mar, porque es patrimonio del Estado.
Votaré favorablemente la idea de legislar. Y lo voy a hacer pensando en que el gran debate surgirá a raíz de las indicaciones. Me parece que, aun cuando la ley avanza en el proceso de descentralización, es interesante profundizar más en la expresión colectiva relacionada con los derechos y obligaciones, e incluso en lo relativo a la detención de un individuo por haber infringido la veda impuesta respecto de un recurso marino.
Por otra parte, creo que en todos nosotros existe la idea de que, siendo nuestro mar inmensamente rico, aún no se ha podido investigar concienzudamente lo que ocurre en él con las distintas variedades de peces. Hay recursos económicos para ello. Se hizo presente que se destinan al año cerca de 10 millones de dólares para investigación. Pero si se conoce lo que sucede al respecto en otras naciones, donde la cifra para ese objetivo es inmensamente más alta, pareciera que no debiéramos estar conformes con lo que se hace en Chile.
A veces es lógico pensar que existen razones para sostener esa disconformidad, porque en el pasado nuestra pesca se traducía en muchos millones de toneladas de captura de distintas especies, pero hoy día se sobrepasa apenas el millón. Esto demuestra que hubo falta de investigación, de análisis y de observación acerca de los recursos.
Por lo tanto, señor Presidente -y con esto termino-, considero que estamos abriendo las puertas a un análisis muy profundo, para que los derechos de unos puedan también hacerse extensivos a otros y se logren de esta forma caminos que permitan un desarrollo armónico, teniendo presente que la pesca en Chile se transforma y es una de las bases de la Agenda pro Crecimiento, una de las herramientas más trascendentales para el mejoramiento económico y el desarrollo social en nuestras costas.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, estamos frente a un proyecto de ley de indudable importancia económica y social para Chile.
Nació de una necesidad muy evidente, cual es que el sistema establecido en la Ley de Pesca anterior consistía en que, al ser declarada una pesquería en plena explotación, la cuota global favorecía la carrera olímpica entre distintas empresas, provocando inestabilidad en el empleo y, al mismo tiempo, escasa preservación del recurso.
En razón de ello, con los Senadores señores Boeninger y Sabag propusimos hace tiempo una fórmula tendiente a regular de mejor manera nuestro sistema de pesca.
Como representante de la Región del Biobío, debo expresar que estamos en presencia de una actividad económica esencial para el país y que la mayor cantidad de pesca se realiza entre los puertos de Coronel y Tomé. Por lo tanto, se trata de algo fundamental tanto para mi Región como para Chile.
Esta iniciativa, sin embargo, que fija límites máximos de captura, genera inquietudes y perplejidades conceptuales en unos y en otros -vale decir, en todos-, porque en nuestro país hay escaso desarrollo en cuanto al derecho pesquero. En efecto, pese a que la pesca es una actividad tan importante, en el derecho que la regula no existe un desarrollo común que sea comparable, por ejemplo, con el derecho minero.
En primer lugar, el fundamento constitucional del derecho pesquero se basa en las normas generales del dominio, porque la Carta Fundamental contiene normas especiales relativas a los derechos minero y de aguas, no así al de pesca.
Sería conveniente plantear -yo, por lo menos, lo estoy estudiando- un proyecto de reforma constitucional a fin de dar fundamento claro y sólido al derecho de pesca.
En segundo término, el artículo 596 del Código Civil y la Convención del Mar establecen que el Estado tiene soberanía para explotar y conservar los recursos marítimos en el mar jurisdiccional. Pero esta norma no es clara jurídicamente. ¿Qué significa "soberanía para explotar"? ¿Es equivalente al dominio del Estado sobre las minas, o es otro tipo? La norma no habla de propiedad, sino de soberanía para explotar. Se ha entendido que el Estado tiene soberanía para regular la explotación que pueden hacer él mismo o los particulares.
Respecto de los peces propiamente tales, son cosas -como establece el Código Civil- que no pertenecen a nadie y el modo de adquirir su dominio es la ocupación. Distinto es el caso, por ejemplo, del derecho minero, con el cual siempre hago una comparación.
Lo que ha suscitado mayor controversia jurídica es qué tipo de derecho hay implícito en la autorización o permiso de pesca. Según algunos, se trataría de aquello que se llama "derecho sobre cosas incorporales", ya que, conforme al Código mencionado, sería una suerte de dominio. Otros no opinan así. Entre ellos, la Comisión de Constitución del Senado, que en un informe al respecto (boletín 2.274-03) expresa que "en la actualidad los armadores que operan en pesquerías declaradas en régimen de plena explotación, lo hacen en base a autorizaciones de pesca otorgadas por la autoridad administrativa", y que "tales autorizaciones no configuran propiamente derechos que se hayan incorporado a sus respectivos patrimonios.".
Dicha Comisión considera que se trata de permisos administrativos habilitantes y que, por tanto, la autoridad administrativa tendría pleno derecho para cancelarlos sin necesidad de expropiar o de pagar a las personas que resultaran perjudicadas.
Expongo estas consideraciones de orden general para aclarar ciertos conceptos, porque no cabe duda de que después influirán en las normas específicas del proyecto.
Teniendo en cuenta que todos pretendemos buscar un equilibrio adecuado entre pesca industrial y artesanal; fomentar la explotación pesquera industrial; dar mayor valor agregado a los productos que se sacan del mar; aumentar las fuentes de ocupación; crear mayores empleos, y, al mismo tiempo, resguardar los recursos hidrobiológicos, que pueden ser escasos, ¿cuáles son las objeciones que se formulan a la iniciativa?
Entiendo que el principal reparo no es tanto al límite máximo de captura, como a por qué no se licita. ¿Y por qué no se contempla la licitación? ¿Por qué los actuales armadores o industriales pesqueros tendrían ese derecho por quince años -ya no por dos-, garantizado por ley? A mi juicio, éste será uno de los puntos más controvertidos durante la discusión en particular.
Hay dos razones que me mueven a pensar que resultaría muy difícil efectuar un proceso de licitación.
Primera, la estabilidad económica y laboral. Conociendo el sector industrial de Talcahuano, por ejemplo, me puedo imaginar fácilmente lo que significaría el que mañana se dijera: "Todos estos permisos deberán licitarse". Quedarían en completa inestabilidad tanto la propiedad industrial como la fuente laboral. Esta observación habrá de pesar mucho al momento de resolver.
Y segunda, la discusión jurídica -puede ser interminable- sobre la naturaleza de los derechos de quienes hoy explotan con permisos de pesca. Si bien la Comisión de Constitución estableció que se trata de permisos administrativos habilitantes, habrá tantos informes jurídicos como se desee para sostener lo contrario: vale decir, que, al igual que en la concesión minera o respecto de los derechos de agua, tales permisos constituyen una suerte de propiedad y, en consecuencia, la cancelación de ellos implicaría una expropiación.
Todo eso, más la urgencia de que la ley en proyecto entre pronto en vigencia, no por motivos económicos tales como que suban o bajen las acciones (lo que también será preciso examinar), hacen aconsejable obviar la licitación.
En la eventualidad de que a los actuales empresarios se les concediera por quince años un permiso de pesca -tan lucrativo como aquí se ha indicado-, debería hacerse efectiva la hipoteca social que pesa sobre cualquier propiedad privada. En este sentido, durante la discusión particular deberíamos revisar a fondo el sistema de patentes, para el cual el proyecto enviado por el Ejecutivo contempla ya un aumento.
Pienso que a la patente que debe pagar una nave y que da determinados derechos debería agregarse una segunda, equivalente a un royalty, por el derecho a capturar.
Así como se ha planteado cobrar un royalty en la actividad minera, igual exigencia debería hacerse en el sector pesquero respecto del permiso por el máximo de captura. O sea, que en éste, aparte pagar patente por la nave, se pague otra patente o un royalty por la autorización para pescar.
Los mayores recursos que el Estado percibiría como contrapartida de haber entregado, sin licitación, esos permisos por quince años, deberían destinarse tanto a la investigación pesquera como al fomento de la pesca artesanal. Esto, ciertamente, sin perjuicio de los tributos generales que corresponde pagar a las empresas pesqueras.
Otra objeción al sistema propuesto es que se presta para la especulación. Efectivamente, alguien podría comprar una empresa con su permiso de límite máximo de captura y no explotarla. Así ocurre en el ámbito minero, donde se puede denunciar una pertenencia y no explotarla. Pero en el caso de la pesca se dejaría cesantes a los trabajadores y se perjudicaría al Estado, y en definitiva a todo el país, porque no se pagarían los tributos respectivos.
Por eso el Ejecutivo propuso una norma en virtud de la cual cada cinco años se evaluará si el dueño de un permiso de pesca ha hecho uso de hasta el 90 por ciento del límite máximo de captura. Si así no fuere, caducaría el permiso.
Sinceramente, creo que cinco años es mucho. ¡Es mucho! Porque si -como han señalado aquí algunos señores Senadores, entre ellos el Honorable señor Ávila -, a través del futuro convenio con la Unión Europea, se abriera la actividad y llegaran a Chile inversionistas españoles y compraran empresas pesqueras, podrían paralizar la pesca nacional al no explotarlas. ¿Para qué? Para aumentar los precios internacionales o realizar distintas especulaciones.
Considero que el Estado debe contar con capacidad fiscalizadora y atribuciones para hacer efectiva la sanción antes de los cinco años.
En síntesis, es necesario equiparar los permisos de pesca por quince años, con hipoteca social, con la mayor patente, y por otra parte, con la fiscalización estatal, para evitar la especulación.
Hay un aspecto que me parece demasiado débil: el concerniente a la actividad pesquera de transformación. Está regulada en un solo artículo, en circunstancias de que es vital. Si algún mérito tuvo el proyecto de ley que promovimos con los Senadores señores Sabag y Boeninger , fue que aumentó considerablemente el valor agregado en las empresas extractivas. Y hoy existe mayor mano de obra ocupada, como se puede apreciar en Talcahuano.
Por lo tanto, la presente iniciativa debería profundizar más en la actividad pesquera de transformación y facilitarla, incentivarla, porque al final dará mayor valor a nuestras exportaciones y aumentará los requerimientos de mano de obra.
Los trabajadores industriales aspiran a algo que parece muy sensato: que los permisos de pesca puedan utilizarse regularmente en el tiempo, a fin de que haya estabilidad laboral para los obreros. Desgraciadamente, no logro imaginar cómo establecer esto en una ley; pero eso sería lo lógico. Hasta ahora, sin embargo, el mercado ha resuelto la materia sin que se hayan producido despidos masivos ni concentración en el uso del permiso de pesca en algún tiempo muy limitado.
Respecto a la pesca artesanal -otro capítulo esencial-, el proyecto establece importantes conquistas. Por ejemplo, cerrar la franja artesanal de cinco millas desde la Quinta Región al sur. Podrá discutirse por qué no extenderla a todo el país; ello me parece justo, pero para eso está el segundo informe. Se trata de un problema muy serio, que habrá que analizar; pero es un avance que la iniciativa contemple por lo menos dicha zona.
El proyecto también posibilita el trabajo en común de los pescadores artesanales de zonas adyacentes. Además, establece una diferencia lógica entre el pescador artesanal propiamente tal y el armador artesanal que tiene determinado número de trabajadores a su costa y naves de suficiente magnitud. Por tanto, hablamos de una dimensión económica bastante diferente y mayor.
A mi juicio, lo más importante son el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y el Fondo de Investigación Pesquera.
La Constitución Política prohíbe establecer impuestos para determinado fin, lo cual es una sana norma de administración económica, como bien lo sabe el señor Presidente , por haber sido Ministro de Hacienda . Pero el Gobierno, respecto a otras leyes, no ha cumplido su palabra cuando ha dicho "Todo lo que se recaude por este rubro lo destinaré a este otro". Por ejemplo: "Todo el IVA de los libros lo destinaré al Fondo de Desarrollo del Libro y la Lectura". Y no ha sido así.
Entonces, nos asalta la duda de que los recursos obtenidos por concepto de mayores tributos y patentes, y que, según se manifestó, se destinarán a investigación pesquera, o al Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, se diluyan después en el buen manejo administrativo del Estado y no lleguen al sector.
No observo un mecanismo legal real para que aquello ocurra. Y, obviamente, el compromiso de los Ministros -no por cierto del de Economía, que nos acompaña, ni tampoco del Subsecretario, quienes honran su palabra. (espero...), sino de otras Carteras-) no ha sido suficiente. Por eso, pienso que este punto habrá de aclararse solemnemente en la Comisión.
En tal virtud, por la Región del Biobío, por los pescadores artesanales y por la estabilidad de la actividad industrial y de los trabajadores industriales, anuncio que votaré a favor de la idea de legislar.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Honorable señor Sabag es el último Senador inscrito.
Habiéndose agotado el tiempo del Orden del Día, propongo prorrogarlo hasta el término de la intervención de Su Señoría.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, el principal objetivo de este proyecto es dar estabilidad al sector de la pesca extractiva.
En efecto, la base de la conservación -ella se sustentaba en el control del denominado "esfuerzo de pesca" y se traducía en limitar el acceso a las pesquerías- se cambia por el control efectivo sobre las capturas, imponiéndose a los diferentes agentes una nueva medida de administración, que limita a un máximo lo que cada cual puede capturar, de acuerdo a su historial y capacidad autorizada. Ésta ha sido la tendencia histórica en un importante número de países pesqueros, y Chile no ha sido la excepción.
Puede afirmarse que los efectos de la ley Nº 19.713, llamada "Ley Transitoria del Límite Máximo de Captura", constituyen el cambio más importante en la legislación pesquera de la última década. En efecto, han sido beneficiosos en tres aspectos que deseo señalar.
Primero, tras un necesario ajuste del sector debido al desmedido crecimiento de las capturas en los últimos años, con la aplicación del límite máximo de captura por armador se produjo estabilidad en el empleo y mejoramiento de la calidad de los mismos.
Segundo, se ha avanzado en forma importante en el incremento del valor agregado de la producción pesquera, aprovechándose mejor las capturas e introduciéndose nuevas formas de procesos de apertura de nuevos mercados. Esto adquiere aún mayor relevancia, ya que se realizó sin necesidad de aumentar la captura de los años anteriores, y el mayor valor agregado a sus productos representa un incremento de alrededor de 19 por ciento.
Tercero, disminuyeron notablemente los accidentes laborales, al terminarse la carrera olímpica. Ésta hacía competir desmedidamente a las embarcaciones por la cuota global, para capturar más y más antes que su vecino, lo que acarreaba serios problemas laborales y de conservación.
La nueva forma de administrar los recursos pesqueros por medio del "Límite Máximo de Captura", concepto básico del proyecto que analizamos ahora, se inspiró en la experiencia internacional, pero se basó en la realidad chilena, incorporando elementos que la distinguen y diferencian de las denominadas "cuotas individuales transferibles", utilizadas en otros países, las que son de duración permanente, con las características plenas de la propiedad y libremente transferibles.
En nuestro caso, se conciben como herramientas para el manejo y ordenamiento pesquero, prevaleciendo en todo momento la autorización de pesca como título principal para realizar la actividad pesquera y, por lo tanto, mantienen el carácter de concesiones o derechos administrativos de uso, sujetas a causales de caducidad, y su transferibilidad sólo es posible con la nave, lo cual se establece en la Ley General de Pesca y Acuicultura, de 1991, en su artículo 23. Se despejan con estas características los fantasmas del lucro fácil o las especulaciones a que pueden dar origen la transferibilidad total, la concentración en pocas manos de las cuotas de pesca y la entrega permanente de derechos de pesca solamente a un grupo de personas.
El proyecto propone extender este nuevo régimen por un período de años tal que permita a los agentes productivos estructurar su actividad sobre bases sólidas, y al mismo tiempo, como contraprestación por esa exclusividad, eleva el valor de la patente pesquera que tendrán que pagar los propietarios de las naves, activas o pasivas, que originen derechos de pesca.
La iniciativa que hoy analizamos contiene otras materias igualmente importantes. Entre ellas cabe destacar, en primer término, relevantes innovaciones a la pesca artesanal referidas a la toma de decisiones sobre administración; registro pesquero artesanal; áreas contiguas; áreas de manejo y Fondo de Fomento. Sin embargo, lo más importante es que recoge una realidad que se ha desarrollado con una marcada tendencia en los últimos años, consistente en la aparición en este sector de un importante grupo de micro y pequeños empresarios dueños de lanchas, los que conviven con el pescador de bote amarillo sin cubierta, a remo o con motor fuera de borda.
Es perfectamente posible la coexistencia de estos dos grupos. Para el primero, dueños de lanchas, el proyecto propone su plena incorporación a las exigencias de ordenamiento, tales como las obligaciones de pagar patente, utilizar posicionador satelital y certificar sus desembarques. Creemos, igualmente, que este importante grupo de pescadores lancheros debe incorporarse en forma paulatina a regímenes que les otorguen asignaciones individuales y participar plenamente del ordenamiento pesquero. Esto, de modo que no exista en el país un sector industrial con un tipo de ordenamiento y uno artesanal donde se mantiene la carrera olímpica, lo que provoca indefectiblemente el término anticipado de sus cuotas.
Ésa es la esencia del problema que deriva frecuentemente en protestas callejeras, de todos conocidas. Deseamos terminar con esto. Pensamos firmemente que hay espacio para todos en nuestro mar. Es un asunto de ordenamiento y respeto por las medidas de conservación.
Otra de las materias importantes que aborda el proyecto se refiere a la institucionalidad del sector, la que se ajusta al nuevo escenario pesquero del país, manteniéndose básicamente los Consejos de Pesca y creándose los Comités Técnicos.
El Consejo Nacional de Pesca, en sus diez años de funcionamiento, ha resultado ser un organismo eficaz para hacer efectiva la participación de los agentes en la administración pesquera del país. Ha colaborado eficientemente con la autoridad, sesionando en más de setenta oportunidades desde su creación, abordando y enriqueciendo las resoluciones en materias para las cuales tiene facultades asesoras y resolutivas. Las decisiones sobre cuotas globales y las relacionadas con la plena explotación han sido aprobadas, por abrumadora mayoría, en concordancia con las propuestas de la Subsecretaría de Pesca, reflejando así la constante preocupación del Consejo por la conservación de los recursos pesqueros del país.
No nos parece conveniente debilitar las atribuciones del Consejo Nacional de Pesca. Por el contrario, estimamos que constituye el lugar apropiado para analizar todas las cuotas que la autoridad propone y no sólo aquellas ligadas a las pesquerías en plena explotación.
Los consejos zonales de pesca, sin embargo, no han funcionado como hubiésemos querido, por lo cual ameritan, a nuestro juicio, una reingeniería, que el proyecto recoge parcialmente. Por tal motivo, durante la discusión particular formularemos indicaciones en tal sentido.
La iniciativa, además, crea los comités técnicos, como órganos auxiliares de carácter consultivo en materias de su competencia, que estarán integrados por profesionales idóneos. Ello, sin lugar a dudas, contribuirá a mejorar las decisiones en el ámbito de la administración y la conservación pesqueras.
El proyecto trata otros temas de enorme importancia, como los planes de manejo, que requieren ser revitalizados, y la desconcentración funcional, en virtud de la cual se otorgan atribuciones especiales a los directores zonales, que éstos podrán utilizar sin necesidad de recurrir al nivel central; incorpora asimismo nuevas medidas de administración, y adopta los principios precautorio y ecosistémico, que permitirán modernizar nuestra legislación y ponerla al más alto nivel internacional.
La actual Ley de Pesca, pese a haber sido concebida como normativa transitoria, ha alcanzado relevantes logros y una gran eficiencia en su aplicación. Ha cumplido plenamente los objetivos que nos propusimos en su oportunidad.
Por ser dicha legislación un éxito ya probado, parece conveniente acoger la iniciativa en debate, que llevará estabilidad, seguridad e inversión al sector, y dará plena garantía y equilibrio a todos los actores involucrados, con pleno resguardo de los recursos pesqueros del país.
Por tales razones, señor Presidente, voy a votar favorablemente la idea de legislar, sin perjuicio de plantear en su momento las indicaciones que considere pertinentes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha terminado el tiempo correspondiente al Orden del Día.
En conformidad a los acuerdos de Comités adoptados hoy, el debate general continuará en la sesión ordinaria de mañana, hasta las cinco de la tarde. A partir de esa hora, los Senadores que deseen intervenir deberán hacerlo dentro de los cinco minutos de que disponen para fundamentar su voto.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Acaba de llegar a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por los Honorables señores Zaldívar (don Andrés), Naranjo, Viera-Gallo, Flores, García, Vega, Prokurica, Páez, Muñoz Barra, Moreno, Lavandero, Cordero y Parra, mediante el cual se propone la creación de una comisión especial destinada a estudiar los proyectos referidos a los cuerpos de bomberos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Este proyecto debe quedar para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de mañana.
El señor NARANJO.-
¿Por qué no se vota de inmediato, señor Presidente , dada la amplitud de bancadas que lo respaldan?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para ello se requiere acuerdo unánime.
Yo prefiero que quede para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de mañana, a fin de dejarlo abierto y, con ello, posibilitar que quien desee adherir lo haga.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Quiero expresar mi adhesión, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Los Senadores que deseen adherir podrán hacerlo en Secretaría.
--El proyecto de acuerdo queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria del miércoles 21 de agosto.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas y a los señores Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas e Intendente de la Sexta Región , acerca de FINANCIAMIENTO PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE COMUNA DE NAVIDAD.
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , solicitándole CALIFICACIÓN DE "TURÍSTICA" PARA COMUNA DE LA ESTRELLA (SEXTA REGIÓN).
Del señor NARANJO:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , pidiéndole información sobre OBLIGACIÓN DE COLOCAR EN MICROBUSES Y TAXIBUSES DE SANTIAGO NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA HACER RECLAMOS.
Al señor Director del Servicio Nacional del Consumidor , en cuanto a INCIDENCIA DE PUBLICIDAD COMERCIAL EN CUENTAS DE SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE.
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro Secretario General de Gobierno , preguntándole cuáles son los MEDIOS DE PRENSA USADOS EN TERCERA REGIÓN PARA DIFUNDIR PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD.
A la señora Ministra de Educación , consultándole sobre fecha de INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA PARA INTERNET EN ESCUELA DE INCA DE ORO (TERCERA REGIÓN).
Al señor Director del Servicio Nacional de Turismo , en cuanto a INCLUSIÓN DE REGIÓN DE ATACAMA EN CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
CASO TUCAPEL JIMÉNEZ. RÉPLICA A SENADORES SEÑORA FREI Y SEÑOR VIERA-GALLO
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , en la hora de Incidentes de la sesión del martes de la semana recién pasada fui aludido con motivo de intervenciones referidas al caso Tucapel Jiménez .
Al respecto, señalaré lo siguiente.
En primer lugar, quiero destacar que, después de 20 años y tras una larga investigación judicial, el Ministro Sergio Muñoz , cuyo trabajo es encomiable y cuya rectitud como juez no deja lugar a dudas, llegó a determinar con absoluta precisión quiénes tuvieron participación en el alevoso crimen de Tucapel Jiménez, sea como autores, cómplices o encubridores.
La exhaustiva investigación, durante la cual fueron citados a declarar ministros y otras autoridades de la época, concluyó sin establecer responsabilidad alguna para ningún funcionario de Gobierno. Y ello, no porque no se haya podido probar responsabilidades o porque se omitieron diligencias, sino porque, simplemente, aquéllas no existieron.
Yo y el Senador Fernández prestamos toda nuestra colaboración al señor Ministro , a quien manifestamos que no invocaríamos fuero alguno. Personalmente, le expresé que no tenía nada que ocultar; que procediera a efectuar la diligencia con la más absoluta libertad, sin consideración alguna a rango o fuero, y que me ponía a su disposición para lo que él estimare conveniente.
Aun cuando estoy consciente de que el proceso se halla sujeto a apelación ante instancias superiores, el trabajo efectuado por el señor Ministro me parece contundente y esclarecedor.
En segundo lugar, y precisamente por la acuciosidad de la sentencia, debo manifestar mi más enérgico repudio a la actitud de quienes, no obstante la claridad de ella, insisten, con motivaciones que prefiero no calificar, en vincular a autoridades de la época con aquel deleznable crimen.
Quienes, para aparentar dar seriedad a todo tipo de elucubraciones, citan partes del fallo o intentan demostrar conocimiento del proceso, no reparan, o deliberadamente lo silencian, en el hecho más que elocuente de que al Senador que habla y al Honorable señor Fernández ni siquiera se les menciona en la extensa resolución del Ministro Muñoz .
Señor Presidente , ni una línea y ni una sola palabra del fallo permiten suponer relación alguna entre los Senadores que fuimos aludidos y aquel repudiable delito. Aun más, habiendo prestado declaración en la causa, ni siquiera somos nombrados en la sentencia. No obstante, se insiste, de manera oblicua, velada, artera, en sembrar dudas.
En tercer lugar, quiero responder derechamente a la Senadora Frei -lamento que no se encuentre en la Sala-, quien señala que le impresiona que las autoridades de la época nada supieran ni sospecharan del plan para asesinar a Tucapel Jiménez. Y se refiere, entre otros, a mí, expresando que como Subsecretario General de Gobierno , del cual dependía la Secretaría Nacional de los Gremios, debí haber sabido o sospechado algo.
A la señora Senadora le digo que nada supe ni sospeché. Basta revisar el fallo, ver quiénes fueron condenados y las circunstancias que rodearon el hecho para concluir que nada podíamos saber quienes desempeñábamos funciones de Gobierno.
Lo que me impresiona es que después de un fallo tan categórico, en el que ninguna persona de la Secretaría Nacional de los Gremios -a la que aludió la Senadora Frei- aparece como responsable, a pesar de haberse investigado ampliamente, se insista en tal vinculación, con el claro propósito de intentar enlodar la imagen de quienes hoy ocupamos cargos de representación popular.
Finalmente, señor Presidente , deseo referirme a las expresiones del Senador Viera-Gallo, quien, a raíz de la intervención de la Senadora Frei, aprovecha la ocasión para lanzar infundios y acusaciones de extrema gravedad, haciéndolo en la Sala y, por lo tanto, amparándose en su fuero.
El Senador Viera-Gallo habla de valentía para enfrentar responsabilidades. Sin embargo, a diferencia de la actitud de quienes concurrimos a declarar ante el Ministro Muñoz despojándonos de cualquier privilegio, lanza infundios o calumnias encubiertas, pero, naturalmente, se cuida de hacerlo revestido de inviolabilidad.
El Senador Viera-Gallo , al contestar a los Honorables señores Fernández y Canessa , considera lamentables sus exculpaciones y, junto con decir que no tiene ningún antecedente para afirmar la culpabilidad de ellos (imagino que diría lo mismo de mí; por eso hago causa común con estos colegas), señala que los sancionados por el Ministro Muñoz fueron los autores materiales, pero no los intelectuales, los cuales dicho Magistrado no pudo identificar. Y agrega, para que no quepa duda de cuál es su imputación: "Entonces, lo hecho por la Senadora Frei fue algo muy simple: sacó a relucir las responsabilidades políticas de personas que en esa época ocupaban cargos de responsabilidad..."
Esas afirmaciones, en el contexto en que fueron hechas, son de extrema gravedad, sobre todo si provienen de un abogado.
El Senador Viera-Gallo sabe, o debiera saber, que los autores intelectuales son tan autores como los materiales y que el juez en lo penal tiene la obligación de agotar la investigación, lo que ciertamente un ministro competente como el Ministro Muñoz hizo. Su Señoría sabe, o debiera saber, que después de su acuciosa investigación el referido Magistrado determinó autorías intelectuales y aplicó las respectivas condenas. Si no estableció otras, fue sencillamente porque no las había.
Por último, el Senador Viera-Gallo sabe, o debiera saber, que, frente a un delito específico, mal podría hablarse de responsabilidades políticas. Si algún funcionario de Gobierno o cualquier otra persona hubiese instigado, conocido, amparado o, de cualquier otra forma, participado en la comisión de ese delito, antes del hecho o después de él, no tendría responsabilidad política: tendría responsabilidad penal, como autor, como cómplice o como encubridor.
El pretender sacar a colación supuestas responsabilidades políticas frente a una crimen específico es una forma artera de aprovechar políticamente una situación desgraciada. Hacer acusaciones sin fundamento alguno, insinuar vinculaciones con hechos delictuales, dar a entender que existen responsabilidades pero que no se ha podido probarlas, son prácticas inaceptables; contribuyen a enrarecer el clima de convivencia que necesitan el Senado y la democracia; constituyen prácticas que en el pasado causaron mucho daño a nuestra patria.
Ha sido también una nefasta práctica mentir y mentir con la intención de que algo quede, o destruir o intentar destruir la honra de personas. Edmundo Pérez Zujovic fue una víctima de tales prácticas; el Senador Jaime Guzmán también lo fue.
Sólo queda esperar, señor Presidente , que tales prácticas no reaparezcan en nuestro país.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Restan 13 minutos al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes.
No los ocupará.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Romero.
CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , quiero referirme al proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
En mi opinión, es fundamental que una iniciativa de tal naturaleza sea conocida, difundida, analizada y reflexionada, porque no cabe la menor duda de que hoy día los adultos mayores son parte de una sociedad que cada vez les da mayores espacios dentro de sus actividades.
En tal sentido, me parece del caso hacer una síntesis de la normativa en comento.
Se establece en la ley en proyecto que el Servicio Nacional del Adulto Mayor velará por la plena integración de éste a la sociedad, por su protección ante el abandono e indigencia y por el ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen.
Principales aspectos del proyecto
Se asignan al Servicio Nacional del Adulto Mayor las siguientes funciones:
1.- Estudiar y proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas que deban efectuarse para diagnosticar y contribuir a la solución de los problemas del adulto mayor, velando por su cumplimiento y ejecución.
2.- Incentivar la participación del sector privado en la atención de las necesidades del adulto mayor y en la solución de los problemas derivados del proceso de envejecimiento.
3.- Fomentar la integración del adulto mayor en el seno de su familia y de la comunidad, y promover su inserción de forma que se mantenga activo en beneficio propio y de la comunidad.
4.- Prestar asistencia técnica y supervisar a organismos privados, con o sin fines de lucro, que brinden acogida y atención integral al adulto mayor.
5.- Desarrollar y mantener un sistema voluntario de información de carácter público relativo a los servicios que se presten al adulto mayor.
Para cumplir lo anterior, se establecerá un registro de personas naturales y jurídicas que presten servicios remunerados y no remunerados a los adultos mayores. El respectivo reglamento deberá regular la forma en que él será confeccionado.
6.- Realizar, por sí o a través de terceros, programas de capacitación y difusión tendientes a lograr el desarrollo integral del adulto mayor en sus distintas áreas y niveles.
7.- Realizar, por sí o a través de terceros, estudios que tengan por objeto mantener un permanente diagnóstico sobre la diversidad de situaciones que caractericen al adulto mayor.
8.- Incentivar la descentralización de las políticas sociales en favor de los adultos mayores a través de la participación activa en la gestión y aplicación de ellas por los gobiernos regionales, provinciales y comunales.
9.- Fomentar y promover la inserción del adulto mayor en el mundo del trabajo.
De la organización del Servicio
La administración y dirección superior del Servicio del Adulto Mayor corresponderán al Director Nacional, quien será nombrado por el Presidente de la República .
Entre las funciones y atribuciones del Director Nacional cabe destacar las siguientes:
1) Establecer la organización interna del Servicio.
2) Contratar estudios técnicos relacionados con los objetivos del Servicio.
3) Preparar el programa anual de acción y el proyecto de presupuesto del Servicio y sus modificaciones.
4) Presidir el Comité Consultivo del Adulto Mayor.
5) En general, ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena marcha del Servicio.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Director Nacional podrá requerir de los ministerios, servicios y organismos de la Administración del Estado y de las municipalidades la información y antecedentes que estime necesarios que digan relación al adulto mayor. Será obligatorio para los referidos entes proporcionar oportuna y debidamente la información y antecedentes requeridos.
Del Comité Consultivo del Adulto Mayor
También habrá un Comité Consultivo del Adulto Mayor, que tendrá por objeto asesorar al Director Nacional en todo lo relativo a las acciones, planes y programas del Servicio, y en general, dar su opinión acerca de las materias en que se solicite su colaboración.
El Comité será presidido por el Director Nacional del Servicio y estará formado por siete académicos universitarios con amplia trayectoria en materias relativas al adulto mayor; cuatro personas provenientes de asociaciones de adultos mayores que se encuentren inscritas en un registro que llevará el Servicio, todos los cuales serán designados por el Presidente de la República y se mantendrán en sus cargos mientras cuenten con su confianza; y cuatro representantes elegidos por las personas o instituciones inscritas en el registro respectivo.
Los miembros del referido Comité no percibirán remuneración por el desempeño de sus funciones; deberán sesionar a lo menos una vez al mes; durarán dos años en sus cargos, y podrán ser reelegidos. Sus acuerdos no serán obligatorios, sino que constituirán recomendaciones para el Director Nacional .
De los Comités Regionales
También habrá Comités Regionales. Y esto es fundamental, porque se enmarca dentro de los planes de descentralización que siempre hemos estado impulsando.
Los Comités Regionales para el Adulto Mayor estarán encargados de realizar todas las acciones encomendadas por el Servicio tendientes a la implementación de la política nacional del adulto mayor; administrar el Fondo Concursable para el Adulto Mayor , y asesorar al intendente en la promoción y aplicación a nivel regional de los planes y programas que beneficien a los adultos mayores.
Los Comités serán presididos por el secretario regional ministerial que nombre el intendente y estarán integrados, además, por los SEREMIS que dicha autoridad designe.
Asimismo, se integrarán a los Comités los representantes de las municipalidades y de las organizaciones civiles de la región que presten servicios o realicen trabajos directos con los adultos mayores. El mecanismo y porcentaje de representación serán determinados por el intendente, de acuerdo a criterios objetivos.
Del Fondo Nacional del Adulto Mayor
También habrá un Fondo Nacional del Adulto Mayor. Se crea un fondo concursable de financiamiento de iniciativas de apoyo directo al adulto mayor. Un reglamento deberá definir el modo de operar de dicho fondo.
El Servicio pondrá los recursos pertinentes a disposición de cada una de las regiones a través de comités regionales, los que se asignarán a organizaciones de adultos mayores o a aquellas que trabajen con éstos y que postulen proyectos.
La transferencia de fondos a cada Región se deberá sujetar a criterios de objetividad, como concentración de población adulta mayor, índices de pobreza y carencia de la población total, así como del grupo etario adulto mayor y/o nivel de asociatividad de adultos mayores en cada Región.
Regionalmente, la priorización de los proyectos deberá llevarse a cabo en conformidad a parámetros objetivos que consideren variables como, entre otras, número de beneficiarios, sustentabilidad en el tiempo de los proyectos presentados, capacidad de aprendizaje instalada, programas cuyos objetivos tiendan a fomentar la gestión de las organizaciones de adultos mayores, asociatividad de éstos, intersectorialidad de los diversos servicios u organismos del lugar en que las actividades planeadas se desarrollarán.
Con todo, cada Comité Regional para el Adulto Mayor podrá fijar criterios objetivos para la selección de proyectos, de acuerdo con su realidad regional, debiendo sujetarse la selección al respectivo reglamento.
Por otra parte, cuando se trate de actividades permanentes de mantención, apoyo y promoción de adultos mayores indigentes abandonados desarrolladas por instituciones públicas, entre ellas las municipalidades o entidades privadas sin fines de lucro que dispongan de la infraestructura y personal necesarios para el adecuado cumplimiento de dichas actividades o funciones, tales instituciones podrán ser objeto de financiamiento directo por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, a través de convenios de hasta dos años, renovables, entre dicho Servicio y la institución beneficiaria.
Señor Presidente , el espacio que poco a poco se han ganado los adultos mayores en nuestra sociedad actual requiere apoyo concreto y específico de las instituciones del Estado y del Congreso Nacional. En este sentido, nuestro aporte como legisladores será siempre el de velar por que la legislación, en su desarrollo y aplicación, sea eficaz, oportuna y adecuada al respeto, admiración y cariño que nuestros adultos mayores merecen.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath .
El señor HORVATH .-
Señor Presidente , como Comité Renovación Nacional respaldo la intervención del Honorable señor Romero.
DESPOBLAMIENTO DE SECTOR RURAL Y MODIFICACIÓN DE LEY DE SUBVENCIÓN EDUCACIONAL. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, deseo hacer notar la crónica falta de presupuesto de las municipalidades para financiar las escuelas de los sectores rurales con baja densidad poblacional.
Si se revisan las cifras del censo de 2002, se verá que en Chile la población rural ha disminuido a 13,3 por ciento del total. Si bien este fenómeno obedece a cierta tendencia mundial, en nuestro país la gente se traslada del sector rural al urbano dejando a aquél sin desarrollo y alimentando directamente al sector terciario de la economía, sin agregar valor a los recursos naturales. Y en este proceso el sector rural, incluso, queda deteriorado.
En ese sentido, la educación rural juega un papel muy importante para afianzar positivamente la población. En tal caso, la ley sobre subvenciones a establecimientos educacionales vigente no cubre todos estos criterios en forma amplia y efectiva.
Por ello, me gustaría contar con todos los antecedentes de que respecto de esta materia dispongan el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Es importante revisar la citada ley de subvenciones con miras a modificarla según criterios de ubicación geográfica, densidad poblacional y aspectos de mínima soberanía. Así, en los distintos rincones de Chile no se generarán espacios vacíos, que finalmente redundan en problemas sociales en las grandes urbes.
Por lo tanto, solicito que, en mi nombre, se oficie a los Ministerios de Educación, del Interior y Secretaría General de la Presidencia , y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, pidiéndoles el envío de los antecedentes señalados.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
TRASPASO DE PROVINCIA DE PALENA A UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en la Región de Aisén se celebró una suerte de seminario -entre comillas- exploratorio, de carácter muy cerrado, para prospectar los antecedentes que marcarían la conveniencia del traspaso de la provincia de Palena desde la Décima Región a la Región de Aisén.
La verdad es que un seminario exploratorio cerrado no tiene sentido. La investigación debe hacerse en forma amplia, con datos requeridos de manera clara y conociendo oportunamente los pros y los contras, a fin de avanzar en la concreción de la idea.
En todo caso, tal planteamiento ha creado algunos elementos positivos, como el aumento del presupuesto que la Décima Región destina a la provincia de Palena.
Solicito oficiar al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con el objeto de que se me envíen los antecedentes expuestos en dicho seminario exploratorio, además de otros de que dispongan sobre la materia.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
DESAFÍOS PENDIENTES PARA INTEGRACIÓN PATAGÓNICA CHILENO-ARGENTINA. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , el fin de semana pasado sostuve en Chubut una reunión de trabajo con la Senadora señora Marta Raso , quien representa a esa provincia en el Congreso Nacional argentino.
Entre los temas tratados se encuentran los corredores bioceánicos, la integración del gas y la necesidad de que la Patagonia - tanto la chilena como la argentina- sea limpia y no nuclear.
En la zona austral, lo relativo a corredores bioceánicos está llegando a situaciones muy críticas. Para decirlo en términos gráficos, ellos no son más que dos letreros que los señalan como tales.
Durante más de 10 años se han efectuado largas reuniones y muchos viajes de Chile a la Argentina, y viceversa. Pero, en verdad, actualmente esos corredores no están funcionando, por no haberse hecho en el país vecino las obras comprometidas, trabajos que hoy son más difíciles de efectuar, debido a la crisis económica y social imperante, aunque hace ocho años otra era la situación. En esa oportunidad las autoridades chilenas publicitaron en forma exagerada los acuerdos alcanzados con las de Argentina.
He sido testigo de cómo los camiones que viajan a Chile quedan sistemáticamente "pegados" en el lado argentino y deben ser sacados con las escasas máquinas de vialidad del país vecino a fin de asegurar en alguna medida su paso.
En este sentido, con la Senadora señora Raso acordamos hacer esfuerzos para que al menos se realicen con urgencia obras básicas de saneamiento de alcantarillas, cunetas y drenajes, y una ripiadura a las vías, lo que permitirá mantenerlas en condiciones de transitabilidad permanente. El pavimento, obviamente, es deseable, como el que puso Chile; pero para Argentina, dada su actual condición, ello se ve muy lejano.
La conservación en buen estado de esa red caminera representa beneficios claros para las partes desde el punto de vista del turismo y del intercambio económico y social, y también desde la perspectiva del ingreso de moneda chilena al país transandino.
Es particularmente importante el caso del corredor bioceánico entre Comodoro Rivadavia , en el Océano Atlántico, y Puerto Chacabuco, en el Pacífico. La ruta de Río Mayo-Lago Blanco es prácticamente intransitable durante los largos inviernos, y también en primavera, por los deshielos.
Situación similar presenta el camino que une Gobernador Costa y San Martín , en Argentina, con Lago Verde, en Chile, que también registra condiciones deplorables.
La referida señora Senadora mostró el máximo interés por esta materia, obligándose a asumirla en el Congreso Nacional de su país, sobre la base de lo planteado; es decir, por etapas y según la realidad económica que viva Argentina.
En cuanto al gas, hay un compromiso presidencial de hacer realidad este proyecto el próximo año o, a más tardar, en dos años más. Para ello, es muy importante sumar esfuerzos de empresas privadas chilenas -incluyendo a ENAP- y argentinas, ya que las localidades beneficiadas con esta integración gasífera son muchísimas en ambos lados de la cordillera, como Río Mayo, Doctor Rojas, Aldea Beleiro , Puertos Fronterizos, Balmaceda , El Blanco, Valle Simpson, Coihaique, Puerto Aisén y Chacabuco, además de todos los futuros ramales en desarrollo. Estos antecedentes deben analizarse junto con la posibilidad de usar energías alternativas -y también la hidroeléctrica- para la Región de Aisén. En este sentido, se harán esfuerzos conjuntos. La idea es que la Cancillería y la Comisión Nacional de Energía chilena me hagan llegar todos los antecedentes con que se cuente hasta la fecha.
Y, finalmente, se abordó la necesidad tanto de asegurar por vía legal y política la condición de privilegio ecológico de la Patagonia chilena y argentina como de oponerse sistemáticamente a proyectos de carácter contaminante, en especial los vinculados con residuos radiactivos en la zona austral chileno-argentina. Cabe destacar que con cierta reiteración se ha planteado la instalación de depósitos o repositorios -así los llaman los argentinos- para residuos radiactivos. lo que es un gran negocio, entre comillas, ya que muchos están dispuestos a pagar para que esas sustancias nocivas, cuya toxicidad dura miles de años, se emplacen en lugares ajenos al país que las produjo.
Asimismo, se proyecta reciclar residuos radiactivos australianos en Argentina, en las proximidades a la frontera chilena. Y se han planteado también otras iniciativas de esta naturaleza.
En mi opinión, es posible impedir la concreción de proyectos de carácter contaminante por la vía de acuerdos bilaterales y de la aprobación en ambos países de legislaciones que garanticen productividades limpias y condiciones ambientales más atractivas, no sólo para los habitantes, sino también para los visitantes de la Patagonia chilena y argentina.
Por ello, solicito que las materias mencionadas se pongan en conocimiento de la Cancillería chilena, del Ministerio de Obras Públicas, de la Comisión Nacional de Energía y, obviamente, de la CONAMA, para que me hagan llegar los antecedentes que he requerido.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminó el tiempo del Comité Renovación Nacional.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA ANTE CRÍMENES DE RÉGIMEN MILITAR
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , pensaba referirme a otra materia, pero después de las palabras del Senador señor Novoa debo hacer algunos comentarios.
Primero, deseo señalar muy claramente que en la sesión anterior formulé una crítica política, que es perfectamente legítima en el Parlamento.
Segundo, efectivamente la Senadora señora Frei se refirió a los autores intelectuales del crimen de Tucapel Jiménez, pero en ningún momento dijo quiénes eran, ni podía hacerlo, porque no lo sabe. Y yo, en mi intervención, jamás señalé o insinué que fueron tales o cuales personas. Lo que sí hice fue una crítica política en el siguiente sentido. Después de escuchar las intervenciones de los Honorables señores Fernández y Canessa , consideré que debía haber una actitud más clara para aceptar responsabilidades políticas en lo que había ocurrido.
Me voy a explicar en términos simples.
Cuando era Subsecretario del Presidente Allende se indultó, entre otros presos, a los dos hermanos Rivera Calderón , del grupo VOP. Ambos salieron de la cárcel y al mes asesinaron a Edmundo Pérez Zujovic . Por cierto, me sentí políticamente responsable, pese a que no tenía la más mínima relación con dicho crimen. ¿Por qué? Porque cometimos el error de indultarlos.
En mi concepto, a quienes desempeñaban cargos altos en el Gobierno militar cuando los aparatos del Estado cometieron crímenes, obviamente, les corresponde responsabilidad política. Con ello no se les está imputando responsabilidad penal.
Tercero, me extrañó que en las intervenciones pertinentes sólo hubiera exculpación individual y no defensa del Régimen militar, en cuyo contexto se cometieron esos crímenes.
Por lo tanto, es una crítica política legítima. Con ella no creo incitar a nada. Lo que expresé me pareció lo más razonable, sobre todo por tratarse de crímenes no aislados, sino reiterados.
En el Gobierno de Allende, el único crimen no imputable ni a la Administración, ni al Presidente , ni al Ministro del Interior , ni -como se insinuó- al Director de Investigaciones , etcétera, fue el de Pérez Zujovic. Pero hubo una torpeza política.
En cambio, durante el Régimen militar se produjo reiteración de crímenes. Ése es el problema. Porque esto empezó -para qué voy a hacer la lista; pero se pueden mencionar los grandes crímenes- con el asesinato de Prats y su señora -en virtud del proceso incoado, ahora se pide el desafuero del General Pinochet- y siguió con otros. Son muchos. Y no eran crímenes ocasionales, perpetrados por bandas delictuales comunes o por grupos aislados, sino por gente que pertenecía al aparato del Estado, la que, por motivos equis, por convicción política, en fin, por mil razones, formó parte de ese Régimen.
Entonces, hay responsabilidad política. No me refiero a responsabilidad penal, a autoría. Jamás he sostenido eso.
Recuerdo dos anécdotas a propósito de lo manifestado por el Senador Novoa. Una, de Albert Speer , el arquitecto de Hitler -cuyas Memorias recomiendo leer; lo digo honestamente, no con afán polémico-, quien, después de ser condenado tal vez injustamente en Nüremberg, escribió: "Yo no sabía que pasaba" tal o cual cosa; "Yo no sabía...". En fin, todo lo que ocurrió. Sin embargo, agrega: "Yo no podía dejar de saber. Ésa es mi responsabilidad".
Me parece que a quienes desempeñaron altos cargos en el Régimen militar les era imposible no preguntarse, por lo menos, acerca de lo que pasaba. Ése es el punto. Y me gustaría escuchar de ellos palabras en cuanto a que tenían esa interrogante o que la tienen. Las intervenciones de los Senadores señores Fernández y Canessa fueron defensas individuales: "Yo no tuve nada que ver". Pero, ¿y el Gobierno en el cual participaron? Ése es el punto.
La segunda anécdota se refiere -para que no se diga que soy unilateral- a los crímenes de Stalin. Cuando Kruschev los denunció en el XX Congreso del Partido Comunista, se oyó una voz anónima en la sala que dijo: "Y usted, señor Kruschev , ¿dónde estaba cuando se cometían esos crímenes?". Entonces, Kruschev expresó: "¡Que se levante el que hace esa imputación o esa alegación!". Y como nadie se levantó, Kruschev manifestó: "¿Ve? Yo estaba sentado donde mismo se halla usted ahora".
Tal vez las personas que desempeñaban cargos en ese Régimen se encontraron en esa situación, en que tampoco podían pararse y decir: "Esto no se hace más". Puede ser.
Eso requerirá mayor reflexión y explicación. A mi juicio, no se trata de decir: "Aquí se encuentran los autores intelectuales". Sería verdaderamente una irresponsabilidad. No lo hizo ni la Senadora señora Frei ni quien habla. Pero sí formulé una crítica política, no sólo respecto de esos Senadores, sino de todos los que formaron parte del Régimen militar o lo apoyaron. Ellos podrán tener razones para explicar su actitud. Pero yo manifesté mi crítica sin el afán de imputar nada en particular.
AMENAZA DE ESTADOS UNIDOS A SUSCRIPTORES DE TRATADO QUE CREA CORTE PENAL INTERNACIONAL
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , el Congreso está estudiando la posibilidad de ratificar el Tratado que crea la Corte Penal Internacional, refrendado por más de 70 países y que entrará en vigencia en los primeros días de enero del próximo año.
El Gobierno de Estados Unidos ha hecho circular una nota en la cual se hace presente a los países -con exclusión de sus aliados de la OTAN, de Corea del Sur y de dos o tres naciones más- que ojalá no suscriban el Tratado y que, si lo firman, se comprometan, en la eventualidad de que haya tropas americanas en sus territorios, a no entregarlas en caso de que dicho Tribunal lo requiera. De lo contrario, se amenaza con suspender la asistencia militar.
En primer lugar, no cabe duda de que Estados Unidos es una superpotencia. Sus gastos militares hoy día equivalen al de los nueve o diez países que lo siguen en esta materia. O sea, la diferencia entre su poderío militar y el del resto del mundo es abismal. Y qué decir respecto de un país como Chile. Sin embargo, cabe esperar que la política exterior y militar de esa superpotencia se ajuste a Derecho y su fuerza no se use en forma unilateral o al margen del Derecho Internacional, porque ello deslegitima las causas que motivan el empleo de ese poder.
Es lamentable que el Gobierno del Presidente Bush haya retirado la firma de su país al Tratado que crea la Corte Penal Internacional, que fue suscrito por Clinton al final de su mandato. Asimismo, es deplorable que haga una campaña internacional en contra de dicho instrumento, suscrito por la Unión Europea y por países como Australia, Nueva Zelandia, Canadá y todos los de América del Sur, salvo Chile, y que sobre ellos ahora pese la amenaza de suspender la asistencia militar.
La posición norteamericana trasluce un desconocimiento del contenido del Tratado, pues para que la Corte Penal Internacional entre en funcionamiento es fundamental agotar la vía judicial interna en cada caso.
En la eventualidad de que tropas americanas invadieran Afganistán o Filipinas, por ejemplo, y en el futuro la Corte presentara un requerimiento en su contra, lo primero que debería hacer el fiscal de dicho organismo sería saber si se han agotado todas las vías judiciales internas de cada Estado; en este caso, del de Filipinas o Afganistán y del propio Estados Unidos. De no ocurrir ello, la Corte no podría entrar en funcionamiento. Y si así sucediera, obviamente, lo primero que haría el Gobierno de Estados Unidos sería alegar ante la propia Corte la incompetencia de ésta por tal o cual causa. Con ello pasaría un tiempo bastante prolongado, dentro del cual el Gobierno de Estados Unidos, respecto del grupo militar específico que se pidiera capturar (desde luego, no es admisible solicitar la captura de 10 mil soldados, sino de un general, un coronel, etcétera), podría llamarlo a su país, con lo cual los inculpados quedarían completamente fuera de la jurisdicción de la Corte.
Por tanto, resulta impensable que la Corte Penal Internacional, por su estatuto jurídico, actúe -para entendernos- de una forma similar a la del juez Garzón . O sea, que pueda emitir de modo escondido, sin advertencia, una orden de captura para que la Interpol inmediatamente la ejecute. Eso no ocurre así.
Entonces, la precaución que está adoptando Estados Unidos es innecesaria, según el propio estatuto de funcionamiento de la Corte.
Obviamente, esta actitud lesiona la soberanía de los Estados, sobre todo la de un país como el nuestro, cuyo Gobierno no sólo ha comprado armamento a Estados Unidos y restablecido buenas relaciones entre las Fuerzas Armadas chilenas y norteamericanas, sino que, además, quiere llegar a suscribir un tratado mutuo de libre comercio.
Por ello, parece completamente fuera de lugar que Estados Unidos condicione un acto soberano de la política exterior chilena diciéndonos: "Señor, usted tiene que hacer" tal o cual cosa.
Por otra parte, no creo que el Gobierno estadounidense suspenda la ayuda militar a Colombia o Brasil si no suscriben un acuerdo con él para dar mayores garantías a sus respectivas tropas. Porque estimo que las necesidades militares y los intereses geopolíticos de Estados Unidos van mucho más allá de tal exigencia, la que más bien responde a problemas de política surgidos dentro del aparato del Departamento de Estado, pero que después pueden cambiar, cuando se abra paso a una mayor reflexión sobre los intereses permanentes de una superpotencia como aquélla.
Entonces, y para finalizar, quiero dejar constancia del rechazo que me merece la actitud norteamericana en este punto y, a la vez, respaldar la posición del Presidente de la República , de la Canciller y de la Ministra de Defensa Nacional, en el sentido de que Chile sigue empeñado en lograr la ratificación de la Corte Penal Internacional, una vez modificada nuestra Constitución, ya que no corresponde una presión de Estados Unidos para condicionar una decisión del Parlamento.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el turno del Comité Institucionales 1, ofrezco la palabra.
El señor VEGA.-
El Senador señor Novoa nos ha pedido que le cedamos nuestro tiempo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA ANTE CRÍMENES DE RÉGIMEN MILITAR. RESPUESTA A SENADOR SEÑOR VIERA-GALLO
El señor NOVOA .-
Seré muy breve, señor Presidente . No quiero entablar una polémica, sino precisar dos o tres cosas.
En primer lugar, la Senadora señora Frei no habló de autores intelectuales. Lo que sí planteó fue que cómo era posible que determinadas personas, a las cuales nombró, no supieran lo que había ocurrido. Y por eso, frente a una pregunta concreta, se da una respuesta específica a lo que se estaba preguntando.
En segundo término, quien habló de autores intelectuales fue el Senador señor Viera-Gallo , aunque no en la misma forma como lo hizo ahora. Hubo una concatenación de afirmaciones: se castigó sólo a los autores materiales; autores intelectuales los hay, pero no se pudo probar. Entonces, a la Senadora señora Frei no le queda otra cosa que establecer responsabilidades políticas.
Es distinto un planteamiento así, referido específicamente a dos Senadores que antes habían intervenido, de lo que Su Señoría expone ahora en la Sala.
En tercer lugar -y esto es lo más grave-, resulta muy difícil hablar de responsabilidades políticas de un Régimen respecto de una cantidad de cosas y vincularlo a un hecho específico. Acá no se ha atacado al Gobierno militar. Lo que se pretendió fue vincular a personas determinadas con un hecho preciso, hecho que está esclarecido y cuyos responsables han sido sancionados.
Con respecto a lo acaecido en Chile de 1973 en adelante, nuestra posición política es muy clara: jamás hemos amparado violaciones a los derechos humanos y reconocemos que las hubo. Pero me parece que, frente a un hecho histórico de la magnitud del que ocurrió en nuestro país, donde las responsabilidades son múltiples, el momento de debatir el tema no es cuando se efectúa el análisis de un crimen muy particular, respecto del cual las responsabilidades son individuales.
Si de alguna forma, en cualquier actitud nuestra, se hubiera dado pábulo para que ese crimen se cometiera, por cierto que se debiera exigir responsabilidad política.
Como señalé, pienso que lo más probable es que ahí se configurara siempre una responsabilidad penal. Pero si no la hay, no tenemos por qué aceptarla.
Si se quiere debatir sobre lo sucedido en Chile, la crisis institucional y todas las consecuencias que derivaron del quiebre de nuestra institucionalidad, estamos dispuesto a hacerlo, porque jamás hemos negado cuáles han sido nuestras posiciones, y hemos sido muy claros en defender lo que es posible de ser defendido y condenar aquello que merece ser condenado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde el turno al Comité Institucionales 2.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , el Comité Institucionales 2 me cedió su tiempo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
HOMENAJE A LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. OFICIO
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , integro la Comisión de Educación del Senado y tengo el honor de presidirla. Por eso, estimé de mi responsabilidad en alguna medida referirme al acontecimiento que se celebra en Chile este día, como es el natalicio del Padre de la Patria , el Libertador Bernardo O´Higgins.
La mayoría de los Senadores presentes fuimos invitados hoy a actos públicos en nuestras Regiones, pero no pudimos concurrir por la responsabilidad que nos compete en el Senado.
Por ello, frente a la debilidad existente en los planes educacionales de Chile, y talvez también dentro de la responsabilidad que nos cabe como nación, quiero recordar datos biográficos de este insigne patriota, porque, a mi juicio, no tiene el marco que debería conferirle, agradecido, el país.
Como profesor, podría referirme a materias trascendentes relacionadas con este chileno de excepción. Pero quiero tocar algunos aspectos que no siempre están -diría- planteados en nuestra enseñanza pública o en los libros tradicionales que se refieren a esta personalidad.
Señor Presidente , pertenezco a ese Chile clásico de los tiempos coloniales. Y quiero plantear que, desde esa ubicación en el tiempo, he sentido desde joven, al igual que la gran mayoría de los chilenos -o la totalidad-, una simpatía y una admiración por este prócer, quien jamás abandonó el vínculo fundamental con su tierra y con el pueblo aborigen, al que también represento en el Parlamento. Y resulta curioso, en alguna medida, lo que estoy señalando, porque O´Higgins fue probablemente el chileno que recibió la mejor educación de su época, primero en los establecimientos del imperio español, en América, y después en la academia de Richmond, en la vecindad de Londres, para concluirlos con el mejor maestro político de su tiempo, como fue el precursor Francisco de Miranda .
O´Higgins amaba al pueblo indígena, que actualmente constituye un universo poblacional superior al doble del que existía a la llegada de Pedro de Valdivia, y cuya problemática social comienza a irrumpir ahora, precisamente, porque nadie siguió las directrices inspiradoras del héroe de El Roble y de Chacabuco.
En efecto, desde sus primeros pasos en el colegio "de naturales", de Chillán, el prócer sintió un aprecio singular por el pueblo heroico que describiera Ercilla en "La Araucana". Él mismo se calificaba de araucano, como una identificación simbólica con el pueblo esencialmente más amante de la libertad de América. Aprendió muy temprano su lengua, el mapudungun, que no olvidó en sus años limeños, ni en la época londinense, ni mucho menos en su madurez de gobernante o como exiliado en el Perú.
Imagino a O'Higgins en las noches de neblina de Londres, en la biblioteca de Miranda, cuando éste preparaba a los jóvenes americanos para que fueran como las centellas que dispararía al mundo colonial, con el fuego de la libertad y la independencia. Miranda leía y releía a sus discípulos el texto ercillano, y creemos que en más de una ocasión, para asombro de los contertulios revolucionarios, el joven conocido entonces como Bernardo Riquelme , les dio a conocer el idioma de Lautaro, que el Abate Molina, cuyas obras deleitaban a Miranda, siempre calificó como una lengua dulce y armoniosa.
De allí nació, seguramente, la idea de dar a los grupos revolucionarios el nombre de Logias Lautarinas , como tributo a la lucha del joven héroe nativo contra la dominación colonial.
La misma inspiración haría surgir, mucho después, nuevos actores -criollos esta vez-, que asentaban sus raíces en una fuerte convicción americanista. Mientras el pueblo, formado por una población eminentemente agraria o artesanal, vivía con la resignación del sometimiento al dominio español, algunos jóvenes pertenecientes a los estratos sociales altos, formados en lecturas furtivas de textos prohibidos por el poder inquisitorial, fueron captando las nuevas ideas que trascendían hacia América del Sur desde los estados independientes de Norteamérica, o desde Francia. De este modo, ellos advirtieron la posibilidad de una ruptura con la tradición, que en todos los ámbitos subordinaba el español americano a los españoles peninsulares, estableciendo una diferenciación profundamente discriminatoria, que hizo decir a don Manuel de Salas que el criollo estaba marcado por un "pecado de territorialidad".
Durante los cinco años -de 1805 a 1810- en que vivió regularmente entre Los Ángeles y la hacienda Las Canteras, la relación de O'Higgins con la vecindad nativa fue siempre amable y cordialísima. Los caciques de las cercanías de la estancia eran sus amigos, y departía con ellos con la familiaridad que facilitaba el uso de la lengua común.
Más tarde, como Jefe de Estado , elevó a la calidad de chilenos a todos los individuos de las etnias originarias que entonces sobrevivían, representando a las razas autóctonas. Al crear y oficializar la nacionalidad chilena, por resolución del año 1818, señaló: "Respecto de los indios, no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos".
En el palacio presidencial de Santiago , donde vivía como Director Supremo , había acogido a dos niñas pequeñas, que probablemente eran Petronila Riquelme , pariente de doña Isabel , y Patricia , calificadas como "araucanas" por la ilustre viajera inglesa María Graham . Don Bernardo dialogó con ambas en mapudungun, con el afán de hacer oír a la autora del "Diario de mi Residencia en Chile" la lengua vernácula.
Como Jefe de Estado , vivió la preocupación por elevar la dignidad de los pueblos originarios. No una, sino repetidas veces, puso en evidencia una visión distinta de ellos, condoliéndose de su miseria y desamparo, siempre con un sentido de respeto, de no discriminación y de justicia social notables.
Este comportamiento del prócer constituyó una postura distinta a la conducta manifestada por los hombres de la Colonia respecto del nativo, al que consideraron siempre en el nivel de la bestia de carga. En ello influyó notablemente, por cierto, la lectura de la obra de Ercilla, como una tendencia asociada al proceso mismo de la lucha contra el poder imperial español.
Efectivamente, este sentimiento de empatía con los araucanos nació de modo paralelo al surgimiento del compromiso revolucionario, y comprometió a un buen número de jóvenes criollos que tomaron "La Araucana" como texto inspirador, según lo hace notar acertadamente Simón Collier : "Otra señal de este patriotismo ascendente fue, a mi juicio, una nueva tendencia a idealizar al indio araucano, tendencia que más tarde llegará a ser un rasgo importante en la mística de la revolución.".
A su vez, en sus "Apuntes Autobiográficos", Francisco Antonio Pinto escribe lo siguiente: "Por la primera vez leí en ese tiempo La Araucana de Ercilla y nos reuníamos en corrillos para saborear su lectura...Esta obra fue la que comenzó a despertar en nuestros corazones, amor patrio, sentimientos guerreros, sed de gloria y un vago conato por la Independencia. No era posible considerar las grandes acciones de Caupolicán, Colo Colo , Lautaro y otros colosos de nuestra historia, sin sentir arder el corazón en deseos de imitarles, y de tener una patria a quien consignar nuestros servicios.".
Los jóvenes encontraban su inspiración de libertad en los héroes de Arauco. Pero O'Higgins no sólo idealizó al indígena, como los demás, sino que procuró transformar estos sentimientos en expresiones reales. Darles, pues, la plena condición de chilenos y mantener con ellos una relación dignificadora, fue una constante en su vida.
Creo conveniente recordar la existencia de una carta, tal vez un tanto confusa en su redacción, pero solidaria, de un indígena hacia O'Higgins. Me refiero a la que le dirigió el cacique Venancio Coñuepán , en los días previos y amargos de su exilio, en la que le dice: "Mientras la sangre exista de tu impar Venancio y demás seres araucanos, será poco el derramarla por un genio digno de ser elevado, no por las expresiones vulgares, sino más allá de las ideas que pueda el hombre elevarlo...Sólo te diré que por ningún evento decaigas de ánimo y cuando no tengas otro asilo cuenta con tus araucanos.".
El cacique sabe que su amigo está abatido por la ingratitud y le aconseja: "por ningún evento decaigas de ánimo". Sabe, además, que no siempre se encuentra el asilo esperado, y le dice notablemente: "Cuando no tengas otro asilo cuenta con tus araucanos".
Creo que O'Higgins debe haber recibido estas palabras como expresión de la mejor elocuencia nacida del corazón del pueblo araucano. Sin duda que ese aprecio fue ganado por el prócer gracias a que nunca usó con nadie el lenguaje embustero de los halagos y los oportunismos.
Al recordar estos hechos, veo con profunda preocupación el enorme problema social desencadenado por las luchas reivindicacionistas de esta gente discriminada, consecuencia únicamente de la sistemática usurpación de sus tierras y de las políticas de incomprensión y de equivocadas valoraciones del pueblo mapuche que se han seguido, tan distintas del espíritu e inspiración de O'Higgins.
Recordemos hoy, en este 20 de agosto, la condición parlamentaria del Padre de la Patria , el primer y único propulsor del Congreso Nacional. Sin su persistencia, sin su presión sobre Martínez de Rozas , no se habría constituido el Parlamento de 1811. El recuerdo vivo del Parlamento inglés lo llevó a propiciar tal creación, aunque siempre tuvo la visión exacta de que pocos comprenderían la importancia de la institución y su significado fundamental para una república. Era, pues, necesario aprender y "cuanto antes mejor", sostenía O'Higgins.
En un ejercicio parlamentario de escasos tres meses, con toda la inexperiencia del juego democrático y con una mínima agenda como Diputado por Los Angeles , O´Higgins participó en el patrocinio de muchos proyectos de ley.
En 1805, fue Alcalde de Chillán , y después, elegido Subdelegado de Los Angeles, convirtiéndose inmediatamente en jefe del grupo de diputados revolucionarios, lo que hoy en día equivale a jefe de bancada parlamentaria.
Señor Presidente , después de una lectura que hice para presentar el libro, me interesaron algunos capítulos que su autor -el ex parlamentario Jorge Ibáñez Vergara - dedicó a los aspectos menos conocidos de la vida del prócer, entre los cuales destaca la vida de agricultor de O´Higgins y su condición de pionero en Chile por la implementación de nuevas técnicas de explotación agraria -divulgadas en diferentes textos, que traducía al inglés para sus amigos-, y pionero también en Perú, por la creación de nuevas modalidades en la explotación de la caña de azúcar. En definitiva, se trata de un novedoso material histórico.
O´Higgins vivió la época de las grandes transformaciones industriales y económicas de Europa, principalmente en Inglaterra. Conoció los "apotreramientos" de las grandes extensiones agrarias. Ya como hacendado, junto con dividir buena parte de las canteras en secciones, fue bautizando los potreros a la manera tradicional, como "Las Ánimas", "Las Totoras", "El Quillay", etcétera.
Introdujo la rotación de los cultivos y comenzó en Chile la utilización del arado de fierro, mejorando notablemente las cosechas. En poco tiempo, montó una importante crianza de ganado cabrío y de ovejas, y los vacunos superaban las 10 mil unidades hacia 1810.
Pero si notable fue su administración de la estancia, más significativo nos parece el trato completamente nuevo que dio a sus numerosos trabajadores: mejoró sus viviendas, construyó un molino en beneficio de ellos y les entregó animales, como vacas lecheras para su subsistencia y bueyes para trabajar los terrenos que les asignó, a fin de que ellos mismos los explotaran.
Con un sentido de tolerancia notable, O´Higgins satisfizo la petición de su madre, su hermana y de los propios campesinos, construyéndoles una iglesia en la que oficiaba las misas dominicales su antiguo profesor, el padre Gil Calvo .
Señor Presidente , en este día tan especial, he querido recordar algunos antecedentes del insigne libertador de nuestro querido país, porque ha sido tan trascendente en la formación de nuestra nacionalidad, en la organización de esta república que tanto amamos; porque es ejemplo de generosidad y de desinterés patriótico, y, también, porque nos entregó una lección de profundo amor por la tierra en que nació.
Fue O´Higgins el primer soldado de Chile, el creador de las fuerzas armadas profesionales, mediante el establecimiento de los institutos básicos que sirvieron de fundamento a las dos fuerzas que conquistaron nuestra independencia: el Ejército y la Marina.
Señor Presidente , solicito hacer llegar esta modesta intervención al señor Comandante en Jefe del Ejército, para que tome conocimiento de que en el Senado valoramos las mejores tradiciones del Ejército chileno.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicito, conforme al Reglamento, en nombre del Senador señor Muñoz Barra, con las adhesiones de los Comités Demócrata Cristiano, Renovación Nacional e Institucionales I.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El siguiente turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor HORVATH.-
Excuse, señor Presidente , pero pedí algunos minutos al Comité Mixto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No estaba informado sobre el particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath, con cargo al tiempo del Comité Mixto.
CRITERIOS APLICABLES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A DETERMINADAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quiero levantar la voz como una forma, no sólo de protesta, sino también de preocupación por la manera en que se está administrando el Fondo de Desarrollo de la Cultura y de las Artes -ya llegará el proyecto respectivo al Senado-, pues no deja de llamar la atención el hecho de que recursos públicos sean destinados a expresiones artísticas que podrían desarrollarse en forma privada. No soy nadie como para limitar ese tipo de iniciativas; sin embargo, estoy en desacuerdo con expresiones artísticas que, en el fondo, atentan contra determinados valores.
Recuerdo una situación parecida que vivimos con la figura de don Arturo Prat, pues la obra artística de que se trata, financiada con recursos estatales, cuestionaba el acto de sacrificio que el héroe naval hizo por las generaciones de chilenos presente y futuras.
Hoy día tenemos el caso de una exposición financiada con recursos públicos que muestra como obras de arte perros embalsamados y mutilados. Tal circunstancia conlleva una suerte de familiarización con actos de crueldad, aunque se trate de perros atropellados -como dice la noticia-, pues finalmente conduce a una actitud de poca valoración por la vida misma y repercute contra el ser humano.
También planteamos hace algún tiempo lo sucedido en una exposición realizada en el Museo de Arte Contemporáneo: Los Observadores -entre comillas- tenían la posibilidad de triturar delante de los espectadores peces vivos colocados previamente en una licuadora.
Por tales motivos, deseo que se oficie al Ministerio de Educación y a las personas encargadas del FONDART solicitándoles información acerca de los criterios utilizados para asignar fondos a proyectos relativos a las artes y cuáles son las consideraciones valóricas respecto de situaciones como las que he planteado.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, conforme al Reglamento, en nombre del Honorable señor Horvath, con la adhesión del Senador señor Muñoz Barra.
AMPLIACIÓN A DUODÉCIMA REGIÓN DE BENEFICIOS DE LEY N° 19.776. REITERACIÓN DE OFICIOS.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en segundo lugar, me referiré a la respuesta del Ministro señor Ravinet al oficio Nº 20.218, que pedí enviar durante una intervención que realicé en el Senado, la cual sólo se refiere a la obtención de títulos de dominio gratuitos en la Región de Aisén.
En verdad, mi planteamiento iba más allá. En todo caso, agradezco la información que nos hizo llegar el señor Ministro a través del documento Nº 660. Pero deseo insistir en lo originalmente requerido: que también se pueda acoger la Duodécima Región a los beneficios de la ley Nº 19.776.
Agradezco al Comité Mixto los minutos cedidos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El siguiente turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
VENTA DE DISPUTADA DE LAS CONDES Y EVASIÓN TRIBUTARIA EN CHILE POR EMPRESAS MINERAS EXTRANJERAS. OFICIOS
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , se encuentra programada la venta en mil 300 millones de dólares por parte de Exxon Móvil a la multinacional Anglo American , de la Compañía Minera Disputada de Las Condes Limitada.
Exxon Minerals International Inc., que durante el año 2000 cambió su nombre a Exxon Móvil Minerals, compró el ciento por ciento de las acciones de Disputada de Las Condes a la Empresa Nacional de Minería en sólo 97 millones de dólares, en 1978, por lo que existe una utilidad bruta no actualizada de mil 203 millones de dólares por la venta de esas acciones.
La Ley de la Renta establece que se debe cobrar impuesto por el mayor valor en la venta de acciones o derechos sociales; y ese tributo tiene que pagarse independientemente de donde se realice y se materialice la transacción, pues Disputada de Las Condes es un bien chileno. Y al respecto, el artículo 16 del Código Civil establece en forma muy explícita: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile.".
En consecuencia, no existiría ninguna necesidad de adoptar una nueva normativa para que Exxon tenga que pagar los impuestos que corresponde por las utilidades obtenidas en la venta de sus acciones en Disputada de Las Condes.
Por otro lado, la reciente ley Nº 19.738 -conocido cuerpo legal contra la evasión tributaria-, en su artículo 2º, letra e), agrega al número 3 del artículo 31 de la Ley de la Renta un nuevo inciso, conforme al cual no podrán deducirse las pérdidas generadas antes del cambio de propiedad de más del 50 por ciento de las acciones o capital social de una empresa, de los ingresos generados con posterioridad a dicho evento.
En virtud de esa ley, las pérdidas tributarias de Disputada de Las Condes no podrían deducirse de futuras utilidades que ella pudiera generar, teniendo nuevos propietarios con más de 50 por ciento de su capital. Si esto no fuera así, me gustaría saber, señor Presidente , cuál es el sentido de haber aprobado la referida disposición en la ley Nº 19.738.
Por lo demás, el artículo 19 del decreto ley Nº 1.349, de 1976, señala que "las nuevas empresas de la gran minería del cobre deberán constituirse como sociedades anónimas". Esta disposición se encuentra vigente desde 1976. Y hemos podido apreciar que la venta de ENAMI fue en 1978, de manera que esta situación le es aplicable a Disputada de Las Condes.
Como Diputado , en 1967 me tocó participar en la discusión de los proyectos que se convirtieron en la ley Nº 16.624, relativa a la industria del cobre, que fija el texto refundido y definitivo de la ley Nº 11.828, de 5 de mayo de 1955, y en la Nº 16.425, de 25 de enero de 1966. El cuerpo legal de 1967 fija claramente en su artículo 1º las condiciones a las que debe sujetarse Disputada de Las Condes: "Para los efectos de la presente ley, son empresas productoras de cobre de la Gran Minería las que produzcan, dentro del país, cobre "blíster", refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera de sus formas, en cantidades no inferiores a 75 mil toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales o asociados. Las empresas que actualmente están comprendidas dentro de la Gran Minería del Cobre, o las que en el futuro lleguen a tener esta calidad, no perderán su condición de tales aunque posteriormente su producción sea inferior a 75 mil toneladas métricas anuales.".
La producción de Disputada de Las Condes sobrepasa ampliamente esa cifra, por lo que debe ser considerada como empresa de la gran minería. Por escritura pública protocolizada en la notaría del señor Jaime Morandé el 2 de noviembre de 1998 y que rola a fojas 26.758, Nº 21.418, del Registro de Comercio , con un capital de 466.044.539 dólares, Disputada de Las Condes se transformó de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.
Por tal motivo, quisiera saber por qué, si la ley no lo permitía, ni COCHILCO, ni el Comité de Inversiones Extranjeras, ni el Servicio de Impuestos Internos rechazaron tal transformación ni la impugnaron, contrariando lo preceptuado en la norma a que acabo de dar lectura.
En reciente comunicación a la prensa, el Presidente de Disputada de Las Condes , señor Stephen Terni , afirmó que se han invertido en esta empresa más de 1.800 millones de dólares durante los últimos 24 años. Esta confesión del señor Terni no concuerda con un informe del Comité de Inversiones Extranjeras -lo acompaño a esta intervención-, en el que se indica que los contratos de inversión extranjera destinados a Disputada de Las Condes, suscritos con el Estado de Chile, con Exxon Overseas Investment Company , de Islas Bermudas, Exxon Financial Services Company Limited de Islas Bahamas, Exxon Holding Latin America Limited de Islas Bahamas, filiales de Exxon Mobil, fueron de 4.086 millones de dólares hasta 1999. Esto querría decir que se habrían contabilizado intereses por los 4.086 millones de dólares de inversión materializada por el DL 600, pero que de ellos se habrían invertido en Disputada de Las Condes sólo 1.800 millones de dólares. Además, es necesario saber qué se hizo con los otros 2.286 millones, que pese a haber ingresado no se invirtieron en esa empresa. Es decir, habrían entrado al país 4.086 millones y salido limpiamente 2.286, como amortización de deuda.
El Servicio de Impuestos Internos debe investigar, fiscalizar y sancionar tal situación, porque en este caso el impuesto a los intereses por esos 2.243 millones sería de 35 por ciento, y no de 4 por ciento. ¿Cuál es la respuesta del Comité de Inversiones Extranjeras sobre esta colosal diferencia?
Disputada de Las Condes también ha pagado intereses por sobregiros obtenidos en bancos en el extranjero, pero no ha tributado el 35 por ciento que establece el artículo 59 de la Ley de la Renta, ni tampoco ha constituido el encaje que fija la ley. ¿Ha sancionado estas prácticas el Banco Central, señor Presidente?
En recientes declaraciones, reproducidas en la prensa, el señor Alfonso Dulanto , Ministro de Minería , afirma que sólo dos de todas las empresas mineras extranjeras de la gran minería que operan en Chile pagan el impuesto a la renta: Escondida y Mantos Blancos. Las otras no lo hacen, no por carecer de utilidades, sino porque no las declaran. Según el mismo señor Dulanto , estudios del Gobierno indican que la rentabilidad promedio de estas empresas es de 25 por ciento cuando el precio es bajo. Y la rentabilidad, según afirmaciones anteriores del señor Villarzú , sería de 35 a 50 por ciento cuando la libra de metal se ha cotizado por sobre un dólar.
Esto quiere decir que el señor Dulanto reconoce implícitamente que las empresas mineras extranjeras están evadiendo su tributación en Chile, pues, primero, el Gobierno chileno reconoce una importante rentabilidad y, por lo tanto, las cuantiosas utilidades de las minas y empresas extranjeras; y, segundo, aunque tardíamente, el mismo Gobierno reconoce públicamente que la casi totalidad de esas empresas no pagan el impuesto a la renta en el país. Por consiguiente, se puede y se debe considerar que las declaraciones a la renta que se hacen conforme al formulario 22, presentadas por tales empresas, son maliciosamente falsas.
El artículo 200 del Código Tributario establece que el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de fiscalizar las declaraciones de los contribuyentes de los últimos seis años cuando son maliciosamente falsas.
Por lo expuesto, y en razón de las declaraciones del señor Ministro de Minería , es necesario que el Servicio de Impuestos Internos proceda a fiscalizar con el mayor celo posible la contabilidad de todas las empresas mineras extranjeras de los últimos seis años y aplique a éstas el máximo de las penas consignadas en nuestras leyes.
Ello deja también al descubierto que nuestras leyes tributarias adolecen de defectos que permiten eludir su cumplimiento. Y, en este aspecto, las indicaciones que presentamos en proyecto a la UDI -a petición de tal partido-, dan lugar a normas que considero muy eficientes para evitar en gran medida la evasión tributaria por parte de las empresas mineras. Las enviaré mediante oficio al Ministerio pertinente, precisando que con ello, por cierto, las hago públicas.
En el oficio Nº 47 del Comité de Inversiones Extranjeras, de fecha 6 de marzo del año 2000, y que obra en mi poder, dicha institución se refiere en términos claros a la forma inaceptable en que han actuado la Exxon y Disputada de Las Condes en Chile.
Pido adjuntar al oficio solicitado el documento a que me refiero, enviado por el señor Eduardo Moyano Berríos , Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras , al señor Hernán Llanos González , Jefe de la División Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República .
Ese documento del Comité de Inversiones Extranjeras, de hace más de dos años, es extraordinariamente duro, y anticipó lo que ha ocurrido ahora con Disputada de Las Condes, Y, lo que es más grave, señala cómo otra filial de la Exxon en Chile -la ESSO Petroleum- traspasaba a la Disputada de Las Condes 169 millones de dólares de sus utilidades para que los sacara vía amortización acelerada y a través de intereses, eludiendo el 35 por ciento de pago adicional que le correspondía efectuar.
Creo que vale la pena enviar también el oficio, adjuntando esta intervención, al Comité de Inversiones Extranjeras, al Banco Central, a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y, por cierto, al Servicio de Impuestos Internos. Además, sería bueno remitírselo a la SONAMI, que en este último tiempo ha intervenido notoriamente, descalificando a los Parlamentarios que hemos defendido de manera patriótica la principal riqueza, que es el cobre.
Deseo recalcar a la SONAMI que, antes de que fuese chilenizado el cobre nacional, las empresas privadas extranjeras pagaban impuestos que fluctuaban entre 45 y 55 por ciento, conforme a un estricto sistema de fiscalización. Pero aun con este control, eludían hasta en 38 por ciento el pago de impuestos.
Por cierto, en esa época las empresas, antes de ser chilenizadas, daban un contingente de trabajo extraordinariamente importante. Entonces, sería necesario que esto se remitiese a la propia COCHILCO, para que revise el número de trabajadores que se desempeñaban en la gran minería del cobre, antes de que la minería fuera nacionalizada o después de esa fecha, hasta 1984 ó 1985. Así podríamos apreciar que la cantidad de trabajadores era más del doble de la que hoy día se ocupa.
Por lo tanto, es falso el argumento de que esas empresas han llegado aquí a dar empleo. Actualmente, salvo tres de ellas, no pagan impuestos, han reducido los puestos de trabajo -como lo he señalado-, no refinan el cobre en Chile y hacen gala de situaciones impresentables y absolutamente poco transparentes, como las descritas. Ello induce a pensar en lo inconveniente de haber privatizado nuestra principal riqueza, ya que la parte de ésta que no lo fue está hoy en manos de CODELCO, asciende sólo al 32,6 por ciento del cobre producido en Chile y paga más impuestos que todas las empresas privadas, incluidas las del metal rojo.
Es decir, el 66,04 por ciento del cobre producido por las empresas extranjeras en Chile -salvo una ínfima parte, relacionada con la Escondida y Mantos Blancos, cuyos impuestos son escasos- no paga absolutamente nada.
Tales denuncias las vengo efectuando con reiteración desde hace seis años, y sólo hoy comienzan a aparecer públicamente los hechos.
He destacado una situación simbólica: la de la Disputada de Las Condes. Pero podría mencionar el caso de la Compañía Minera El Indio, perteneciente al consorcio Barrick Gold , que era una de las mejores minas de oro que había acá. Desde hace dieciséis años esa mina, que es de gran riqueza en su ley de fino, ha declarado pérdidas para no pagar impuestos. Además, hemos visto hoy que Barrick Gold ha cerrado El Indio, dejando un hoyo en Chile, pues nunca ha pagado un solo peso de impuesto.
Por eso, hoy día señalamos que, de 47 empresas que explotan las minerías del cobre y del oro, 44 declaran pérdidas. ¿Cómo es posible que el Gobierno acepte una situación de esta naturaleza? Hace una semana conocimos las declaraciones del propio Ministro de Minería , en momentos en que el precio del cobre está por debajo del existente el año 2000 y la rentabilidad es de 25 por ciento anual. Hace cinco años, época de don Juan Villarzú , cuando el precio estaba alrededor de un dólar la libra, la rentabilidad era de entre 35 y 50 por ciento.
Lo anterior significa que dichas empresas debieron haber pagado el total del capital invertido y sus créditos a los tres o cuatro años. No es posible que el Presidente de la SONAMI , o el Presidente del Consejo Minero o incluso el propio Ministro de Minería digan que se trata de proyectos que van a comenzar a madurar. No sé si alguno de los señores Senadores presentes podría imaginar que en algún país del mundo una empresa, por calificada que sea, resista trabajando por veinticinco años a pérdida. ¿Alguien podría creer que una empresa ha trabajado sostenida y permanentemente durante veinticinco años a pérdida, como la Disputada de Las Condes, o dieciséis años a pérdida, como la Compañía Minera el Indio, del consorcio Barrick Gold?
Señor Presidente , estos antecedentes nos han hecho reclamar con insistencia una y otra vez. Sin embargo, hasta hace poco hemos visto -yo diría, con frustración, con desilusión- la nula respuesta de algunas autoridades de Gobierno.
Por eso, me felicito -también felicito al Parlamento chileno- por el hecho -lo celebro- de que la Cámara de Diputados haya aprobado hoy un proyecto de acuerdo que establece regalías o una patente minera a la producción, el cual será enviado al Presidente de la República .
Contrariamente a lo afirmado por el Presidente del Consejo Minero o por el propio Ministro de Minería , quienes han dicho que dos o tres países establecen tales regalías, debo manifestar enfáticamente lo siguiente, que no emana de estudio alguno realizado por el Senador que habla o por un Parlamentario de Izquierda, ni de la Democracia Cristiana, ni del actual Gobierno, sino de un experto, el abogado don Juan Luis Ossa . Este profesional ha señalado que el 99 por ciento de los países tiene aprobado los royalties o regalías para los productos no renovables, siendo el cobre uno de los que se encuentran en esta lista.
Hasta el último país de América Latina ha establecido una regalía, al igual como lo han hecho Canadá y Estados Unidos, en varios de sus Estados (este país tiene además regalías comunales). También las hay en Australia, Nueva Zelandia, Japón ; prácticamente en todos los países del mundo.
Hace un momento, cuando tratamos la legislación pesquera, pudimos observar que un señor Senador planteó la conveniencia de establecer una patente a la producción.
Ciertamente, la pesca es un elemento crítico, pero renovable; no así el cobre, mineral que se agotará. Por eso, para prevenir este agotamiento los países establecen en sus legislaciones que parte de la explotación les pertenece.
Se ha dicho acá que CODELCO, que paga más impuestos que cualquier empresa, entrega una regalía a las Fuerzas Armadas, que alcanza a 10 por ciento de las exportaciones de cobre, y, además, entrega utilidades al Estado chileno. Sin embargo, dichas empresas -para asombro de todos los señores Senadores- no producen utilidades. Así ha ocurrido durante 25 años en el caso de la Disputada de Las Condes, y durante 16 años en el de El Indio, de la Barrick Gold. De 47 compañías mineras, 44 declaran pérdidas para no pagar impuestos.
Señor Presidente , me he quedado hasta el final de la sesión pese a las precarias condiciones de salud en que me encuentro, a fin de levantar mi voz para pedir que se oficie, adjuntando esta intervención, entre otros organismos, a la Cámara de Diputados -y especialmente a su Comisión de Minería- por el acto relevante acaecido hoy allí al aprobarse, por la gran mayoría de los sectores, el proyecto de acuerdo a que me referí, que honra al Congreso Nacional.
¡La Cámara Baja ha sacado la cara por todos los parlamentarios!
Es menester recordar que las leyes de nacionalización del cobre fueron aprobadas en el Congreso por la totalidad de quienes en ese entonces éramos Diputados o Senadores. Y cuando la gran minería del cobre fue traspasada al Estado, en los diez años siguientes éste recibió 17 mil millones de dólares más que cuando aquélla pertenecía a las antiguas multinacionales: la Anaconda, la Kennecott, etcétera.
Repito: por ese solo hecho, por la verificación de la transparencia, Chile recibió en la década siguiente 17 mil millones de dólares más que antes.
Es bueno que la SONAMI y el Consejo Minero sepan que la situación actual es tan intolerable que, de no mediar un cambio de actitud, en el sentido de que las empresas del sector paguen impuestos como lo hacen todos los ciudadanos, nos obligarán a recorrer el país para denunciar este hecho y pedir una solución.
Nadie pretende elevar los tributos. Sólo demandamos que las empresas en comento paguen los impuestos a que todos los chilenos se hallan afectos. Si no lo hacen, nos impulsarán a buscar nuevamente la nacionalización de nuestro principal recurso: el cobre.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, y con la adhesión del Senador señor Prokuriça, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:07.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción