Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 281 DE CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE ACTUACIONES PREVIAS A JUICIO ORAL
-
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A PERSONAL DE SALUD PRIMARIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Enrique Silva Cimma
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- DEBATE
-
OPERACIÓN DE EQUIPOS DE REGISTRO Y DETECCIÓN DE INFRACCIONES RELATIVAS A VELOCIDAD Y LUZ ROJA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Antonio Horvath Kiss
- Rodolfo Stange Oelckers
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Romero Pizarro
- Mario Enrique Rios Santander
- Alberto Espina Otero
- Jose Garcia Ruminot
- Jorge Martinez Busch
- Julio Canessa Robert
- Carlos Cantero Ojeda
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Antonio Horvath Kiss
- Rodolfo Stange Oelckers
- Baldo Prokurica Prokurica
- Alberto Espina Otero
- Mario Enrique Rios Santander
- Sergio Romero Pizarro
- Carlos Cantero Ojeda
- Jose Garcia Ruminot
- Jorge Martinez Busch
- Julio Canessa Robert
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- DEBATE
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Evelyn Matthei Fornet
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- SITUACIÓN DE LA SALUD EN CHILE
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES LAVANDERO, ABURTO, CHADWICK Y SILVA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE CORREGIR ERRORES DE HECHO DURANTE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA (2971-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- Marcos Aurelio Aburto Ochoa
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Enrique Silva Cimma
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES SILVA, ÁVILA, BOMBAL, PARRA Y VIERA-GALLO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.600, EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN DE DISCAPACITADOS MENTALES (2972-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Silva Cimma
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Carlos Bombal Otaegui
- Cesar Augusto Parra Munoz
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES LAVANDERO, ABURTO, CHADWICK Y SILVA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE CORREGIR ERRORES DE HECHO DURANTE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA (2971-07)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 6ª, en miércoles 12 de junio de 2002
Ordinaria
(De 16:19 a 19:16)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV CUENTA...............................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal, en materia de actuaciones previas al juicio oral (2924-07) (se aprueba en general y particular)..................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que otorga beneficios al personal de la salud primaria (2931-11) (se aprueba en general y particular)........
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a operación de equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja (2904-06) (se aprueba en particular)
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).....................................................
Situación de la salud en Chile (observaciones del señor Muñoz Barra)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia , de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones y de Salud, y los señores Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Subsecretario de Transportes , Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Jefe del Departamento Legal de la Subsecretaría de Transportes y Asesor Jurídico del Ministerio de Salud.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 3ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 4ª, ordinaria, en 4 y 5 de junio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual inicia un proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero (Boletín Nº 2.970-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y a la de Hacienda, en su caso.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que, en sesión celebrada el día 11 de junio en curso, eligió, como Segundo Vicepresidente , al Honorable Diputado señor Juan Pablo Letelier Morel.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo hace presente que ha otorgado su aprobación al informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de reclamaciones electorales y otros aspectos procesales (Boletín Nº 2.810-07).
Con el tercero comunica que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, en lo relativo al consumo en la vía pública (Boletín Nº2948-07).
--Se manda comunicar los proyectos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Larraín, relacionado con eventuales anomalías ocurridas durante la ejecución del proyecto "Pavimento Participativo Población Fernández", en la ciudad de Cauquenes.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la posibilidad de modificar el Reglamento del Servicio de Transporte Público Remunerado de Pasajeros desde y hacia aeródromos y aeropuertos, en ciudades con menos de cien mil habitantes.
Del señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Frei, referido al reconocimiento de los derechos ancestrales del territorio que ocupa la comunidad de Chiu-Chiu (Segunda Región).
--Quedan a disposición de los Honorables señores Senadores.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual solicita a la Sala que disponga la reiteración del oficio enviado a la Honorable Cámara de Diputados, en orden a que se sirva actualizar la nómina de los Honorables Diputados que integran la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (Boletín Nº 660-15).
--Se accede.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal, en materia de actuaciones previas al juicio oral (Boletín Nº 2.924-07).
--Queda para tabla.
Mociones
De los Honorables señores Lavandero, Aburto, Chadwick y Silva, mediante la cual inician un proyecto que modifica la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de establecer la posibilidad de corregir errores de hecho durante la tramitación legislativa (Boletín Nº 2.971-07).
De los Senadores señores Silva, Ávila, Bombal, Parra y Viera-Gallo, mediante la cual inician un proyecto que modifica la ley Nº 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales (Boletín Nº 2972-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Solicitud
De don Carlos Humberto Villamar del Moral, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 616-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Terminada la Cuenta.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Pido la palabra.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
La tiene, señor Ministro.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , deseo solicitar a la Sala que se trate inmediatamente el proyecto informado por la Comisión de Constitución, que modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal en cuanto se elimina una frase relacionada con los registros que se deben enviar a los tribunales orales.
Es un cambio pequeño desde el punto de vista del legislador, pero muy importante por el efecto que producirá en la reforma. Se aprobó por unanimidad en la Comisión e igual pronunciamiento podría adoptarse en la Sala.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo?
El señor PIZARRO.-
Perdón por el lapsus, señor Presidente , no entendí al señor Ministro .
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Está pidiendo incorporar un proyecto en la tabla de hoy.
El señor PIZARRO.-
¿Cuál, específicamente?
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
El que modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal en materia de actuaciones previas al juicio oral y que cuenta con informe de la Comisión de Constitución.
Se ha señalado que sólo modifica una frase, la Comisión propone aprobarlo por unanimidad y no hay oposición.
El señor PIZARRO.-
Tenemos que ponernos de acuerdo.
Se suponía que hoy íbamos a analizar en primer lugar el tema de los fotorradares, pero resulta que el proyecto que otorga beneficios a la salud primaria ha sido calificado con "discusión inmediata", lo cual me parece bien. Ahora se desea incorporar un nuevo asunto al Orden del Día y es posible que después se agregue otro. Entonces, ...
La señora MATTHEI.-
Es muy corto, señor Senador.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Así es.
El señor CHADWICK.-
¡Ya lo deberíamos haber aprobado!
El señor PIZARRO.-
Yo entiendo la sugerencia que se hace, pero tal vez sería conveniente fijar límite de tiempo a la discusión de los dos asuntos que se verían antes del proyecto sobre fotorradares.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se acordó tratar sin debate la iniciativa en cuestión, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
¿Y el proyecto sobre salud primaria, que figura en el primer lugar de la tabla?
En todo caso, doy mi acuerdo.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Por lo tanto, si no hubiera objeción, discutiríamos en seguida el proyecto que modifica el nuevo Código de Procedimiento Penal.
Acordado.
------------------
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Sí, señora Senadora.
La señora FREI (doña Carmen).-
Hoy la Comisión de Gobierno analizó el proyecto sobre recaudación de derechos por transferencia de vehículos motorizados y se estimó que lo lógico era que también fuera visto por Hacienda, de manera que deseo pedir al señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para proceder en esa forma.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Si no hay inconveniente, dicha iniciativa será enviada igualmente a la Comisión de Hacienda.
Así se acuerda.
------------------
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 281 DE CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE ACTUACIONES PREVIAS A JUICIO ORAL
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En conformidad a lo resuelto por la Sala hace algunos momentos, corresponde discutir a continuación el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal en materia de actuaciones previas al juicio oral.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2924-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Fernández, Coloma, Chadwick, Stange y Novoa).
En primer trámite, sesión 12ª, en 7 de mayo de 2002.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 6ª, en 12 de junio de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El proyecto tuvo su origen en una moción de los Honorables señores Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Sergio Fernández, Jovino Novoa y Rodolfo Stange.
Cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento, el cual señala que el objetivo esencial de la iniciativa es eliminar la obligación del juez de garantía de enviar registros al tribunal de juicio oral en lo penal cuando le haga llegar el auto de apertura del juicio oral.
La Comisión aprobó el proyecto, que consta de artículo único, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Aburto, Chadwick y Silva Cimma.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobaría en general y particular el proyecto.
Aprobado.
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A PERSONAL DE SALUD PRIMARIA
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que otorga beneficios al personal de la salud primaria, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2931-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 15 de mayo de 2002.
Informe de Comisión:
Hacienda y Salud, unidas, (verbal), sesión 6ª, en 12 de junio de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, analizaron la iniciativa y fueron autorizadas por la Sala para efectuar un informe verbal.
El objetivo principal del proyecto es otorgar una serie de beneficios al personal regido por la ley 19.378, denominada "Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal". Dichos beneficios consisten en la creación de una asignación de estímulo al desempeño funcionario colectivo; en la incorporación de una bonificación al sueldo base del personal de las categorías d), e) y f) del artículo 5º del referido Estatuto; en el establecimiento de un programa destinado a incentivar el retiro voluntario de los trabajadores -mujeres y hombres de 60 ó 65 años o más, respectivamente-, y en la entrega de un bono, no imponible ni tributable, a todos los trabajadores de la atención primaria municipal, además de otros beneficios complementarios.
Las Comisiones unidas aprobaron en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable señora Matthei (en su calidad de integrante de ambas Comisiones) y Honorables señores Boeninger, Espina, Foxley, García, Ominami (también como integrante de ambas Comisiones) y Ríos.
En cuanto a la discusión en particular, las Comisiones unidas aprobaron, igualmente por unanimidad, el texto remitido por la Honorable Cámara de Diputados, con las enmiendas consignadas en el certificado emitido por dichos organismos.
La Secretaría ha elaborado un documento comparado dividido en cuatro columnas. La primera corresponde a la ley vigente; la segunda, al mensaje con que se dio origen a la iniciativa; la tercera, al proyecto despachado por el Cámara de Diputados, y la cuarta, al texto que proponen aprobar las Comisiones unidas.
Cabe destacar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la iniciativa debe ser discutida en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , voy a intervenir después, porque el Senador señor García primero desea informar la iniciativa en lugar del Presidente de la Comisión de Hacienda , quien no se encuentra presente en la Sala en estos momentos.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Gracias, señor Presidente.
Señoras Senadoras, señores Senadores, el proyecto contempla básicamente cuatro ideas centrales.
La primera consiste en la creación de la "asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo" de los funcionarios de la atención primaria de salud. Esta asignación posee dos componentes: un componente base, que permitirá reajustar las remuneraciones en 5,3 por ciento, y otro relativo al desempeño colectivo, que también posibilitará el incremento de las remuneraciones en un monto que igualmente puede llegar hasta el 5,3 por ciento. Este último queda sujeto al cumplimiento de metas sanitarias, para lo cual se instaura un Comité Técnico Consultivo en cada Servicio de Salud.
La segunda idea se refiere a la nivelación de rentas mínimas. Todos sabemos que hace algún tiempo la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) llegó a acuerdo con el Gobierno en el sentido de establecer, para el último grado de la escala única de remuneraciones, un ingreso mínimo. Hoy, poco más de 2 mil empleados de la atención primaria de salud perciben una remuneración por debajo de aquél. Por lo tanto, se otorgan las bonificaciones necesarias con el objeto de que todos los funcionarios puedan partir del mínimo acordado entre la ANEF y el Gobierno.
En tercer lugar, se concede, por una única vez, un bono de 78 mil pesos a todos los funcionarios, como estímulo al desempeño alcanzado en 2001, pagadero en una sola cuota durante el curso de este año.
La cuarta idea central corresponde al establecimiento de un incentivo para la jubilación de los funcionarios de la atención primaria de salud que hayan cumplido con los requisitos legales.
El costo del proyecto es de mil 650 millones de pesos para el año 2002; de 5 mil 712 millones para el año 2003; de 7 mil 951 millones para el año 2004; de 8 mil 571 millones para el año 2005, y un costo en régimen de 10 mil 810 millones de pesos anuales a partir de 2006.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente, en nombre de las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero entregar algunos antecedentes generales sobre el proyecto, y posteriormente analizar cada uno de los beneficios que se otorgan a los funcionarios de la salud primaria.
En primer lugar, es necesario recordar que la atención primaria de salud en el país registra un total de inscritos atendidos al 2002 de 8 millones 35 mil personas y que su sistema de financiamiento es per cápita, basado en la población inscrita en cada comuna.
Debo llamar la atención sobre el particular porque, al analizar el valor mensual que se asigna por cada persona, desde ya encontramos -y lo saben perfectamente los funcionarios de la salud municipalizada- que es absolutamente insuficiente para cubrir los gastos que ésta tiene. En la zona urbana no pobre, son 922 pesos por persona inscrita; en la urbana pobre, mil 88 pesos; en la rural no pobre, mil 107 pesos, y en la rural pobre, mil 306 pesos.
Ahora, simplemente, quiero representar lo siguiente. Entre una de las materias que contempla el Plan Auge está la resolución del 90 por ciento de las atenciones de salud primaria que se reciben en este primer nivel de atención de salud del país. Y, de acuerdo con los valores que hoy se están cancelando y la infraestructura que poseen los consultorios de atención primaria de salud, es absolutamente imposible cumplir uno de los propósitos expresados en dicho Plan, porque el pago per cápita se encuentra muy por debajo del valor real que se requiere para una adecuada atención de salud.
También debemos tener presente que en la atención primaria de salud existe un total de 23 mil 425 funcionarios. La planta de choferes de atención primaria -algo importante por una de las asignaciones que contempla la iniciativa- está compuesta por mil 116 funcionarios y quienes están en edad de jubilar son 867.
Ahora bien, pasando a examinar cuáles son las asignaciones, bonificaciones o estímulos que establece el proyecto, debo expresar que el primero de ellos se refiere a la integración del bono de la ley Nº 19.429 -que fijó el piso de las remuneraciones mínimas de los funcionarios de la salud pública-, de tal manera que dicho bono se incorpore a los sueldos base mínimos nacionales de las categorías d), e) y f) de la ley que creó el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
Desde ya debo señalar que ello nos parece un cambio justo y correcto, porque viene a corregir una permanente anomalía en la que se incurre con las remuneraciones de los funcionarios públicos en el sentido de que, en vez de asignarse las mejoras, como corresponde, a su sueldo mínimo nacional, se les otorga a través de bonos. Lo anterior en definitiva hace que jubilen con montos muy inferiores a los que realmente les corresponderían si esos valores hubiesen sido asignados en su oportunidad al sueldo base mínimo nacional. Por esa razón, nos parece correcta la primera modificación legal que se propone.
Baste señalar que en el caso de la categoría de auxiliares paramédicos de enfermería la remuneración actual se eleva de 77 mil 882 pesos a 88 mil 490 pesos; en el de los administrativos (secretarias y estadísticos) se sube de 74 mil a 82 mil pesos, y en el de los auxiliares de servicio, de 61 mil 700 pesos a 72 mil 542 pesos. Los funcionarios beneficiados son en total 4 mil 61.
La segunda bonificación dice relación con el otorgamiento de un bono de 78 mil pesos a los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada. En cuanto a por qué se otorga este bono, la respuesta está en lo que es la evaluación del programa de mejoramiento de atención en el nivel primario, en donde se deja claramente establecido que han existido resultados muy positivos en la atención de la salud primaria, al punto de que han aumentado las consultas médicas entre los años 1999 y 2001 en 44 por ciento, y las urgencias odontológicas en 98 por ciento. De tal manera que parece del todo razonable que, frente a una evaluación positiva de estos trabajadores, se les otorgue un bono como el que se les está asignando en este instante.
Respecto del tercer beneficio, cabe expresar que se trata de un incentivo al retiro voluntario de los trabajadores que reúnen los requisitos de edad para jubilar o que los cumplan en el período que dura el beneficio.
Creo que sobre esta materia está de más decir que parece correcto todo incentivo para que los funcionarios que se encuentran en edad de jubilar puedan hacerlo. Se trata de 867 personas que, como incentivo para su retiro, recibirán un mes de renta, calculado sobre la base de las últimas doce rentas percibidas por cada año de servicio, con un tope de nueve meses, y un incremento adicional hasta llegar a los once meses si son funcionarias mujeres, si su remuneración es inferior a 400 mil pesos, si las mujeres tienen 63 o más años, y los hombres, 68 o más.
Además, debo señalar que en este punto existe un aspecto pendiente. A muchos de estos funcionarios, a raíz de su cambio del INP a las AFP, su bono de reconocimiento les significó perder parte importante del monto de los dineros con que van a jubilar. Por lo tanto, es relevante que esta materia, que también afecta hoy a los profesores, vaya siendo resuelta -no obstante las enormes cantidades de dinero involucradas-, para ir corrigiendo tal situación que ha perjudicado a gran número de servidores de la salud, así como a profesores o funcionarios vinculados con la educación.
Debo hacer presente que quienes gocen de este beneficio no podrán ser contratados en las municipalidades por los próximos cinco años. El pago de él es un anticipo del valor per cápita que deberán devolver las entidades administradoras en un plazo máximo de 60 meses, con un descuento de 3 por ciento de la remesa mensual que corresponde hacer a los municipios por ese concepto. De tal manera que también es una norma adecuada.
He dejado para el final, señor Presidente , lo relativo a la asignación de estímulo al desempeño colectivo, que concitó mayor controversia. El proyecto venía redactado en términos que no correspondían en su integridad a lo que es una asignación de estímulo. ¿Por qué? Porque debemos recordar que, en su origen, no era una asignación de estímulo al desempeño colectivo, sino que correspondía a un acuerdo suscrito el 16 de noviembre de 2001 entre la CONFUSAM y el Ministerio de Salud mediante el cual se establecía que constituía un aumento de remuneraciones. El Gobierno debió haber cumplido ese compromiso en los términos pactados en su oportunidad, cosa que no hizo. Posteriormente, a raíz de una negociación efectuada entre la CONFUSAM y el Ministerio de Salud, esta asignación -que, reitero, originariamente era un incremento de remuneraciones- se trasladó para hacerla aparecer como una asignación de estímulo al desempeño colectivo.
No me cabe duda de que el estímulo al desempeño colectivo es un principio sano, que debiera inspirar en el futuro muchos de los aumentos de remuneraciones, sobre todo en momentos en que se requiere mejorar la gestión de los servicios de salud pública, sean municipalizados o dependan directamente de los servicios de salud a través del Ministerio del ramo.
Pero la norma que se nos proponía presentaba una contradicción que era paradójica. En primer lugar, porque establecía un componente fijo, equivalente al 5,3 por ciento del estímulo, y un componente variable, de 5,3 por ciento. Pero ocurre que el componente fijo se pagaba sí o sí, se hubiesen alcanzado o no las metas determinadas en el proyecto de ley. Esto es una evidente contradicción, porque nadie comprende que haya una asignación de estímulo al desempeño colectivo y que un porcentaje de ésta se pague de todas formas, cúmplanse o no las metas, pues, entonces, no estamos en presencia de una asignación de estímulo, sino derechamente de un aumento de remuneraciones.
Sobre el particular, expresamos al señor Ministro de Salud y a las demás autoridades que las cosas las vamos a llamar por su nombre en el Senado. Lo que es aumento de remuneraciones es aumento de remuneraciones, y lo que es asignación de estímulo que se llame asignación de estímulo.
Por esa razón, la Comisión optó por introducir cambios en el proyecto, transformando las cosas en lo que realmente son. El 5,3 por ciento que corresponde al componente fijo dejó de ser parte de la asignación de estímulo al desempeño colectivo y se pagará directamente y de todas formas, haya o no haya convenio respecto de la asignación de estímulo entre las municipalidades y las autoridades respectivas.
Por lo tanto, en esa materia se ha cambiado el nombre por el de asignación de desarrollo, y se mantiene el estímulo al desempeño colectivo como una norma aparte. Creo que ésta es una cuestión de principios muy importante.
Cuando el Parlamento o el Gobierno deseen aumentar las remuneraciones, digámoslo así al país. Y cuando lo que se quiere es crear una asignación de estímulo para que los trabajadores reciban un incentivo económico por cumplir metas sanitarias, llamémoslo por su nombre.
Por lo tanto, este cambio nos pareció fundamental para que las cosas se digan por su nombre durante la tramitación del proyecto en análisis y, sobre todo, como un precedente respecto de los que analizaremos en el futuro.
Además, había que determinar cómo se fijarían las metas sanitarias, para precisar la forma cómo se alcanzará el beneficio de la asignación de estímulo. Para tal efecto, las Comisiones unidas, a nuestro juicio, hizo cambios que son convenientes para que exista una adecuada fijación de metas y, simultáneamente, una efectiva evaluación del cumplimiento de éstas.
En cuanto a las metas sanitarias, se estableció que el Ministerio de Salud fijará, como lo ha hecho siempre, las nacionales, y que el Director de cada Servicio de Salud determinará para cada entidad administradora -las que enfrentan realidades distintas, porque las comunas son diferentes- las metas específicas, con consulta a diversas autoridades, para los efectos de que la decisión correspondiente sea debidamente ilustrada. Pero quien asume en definitiva la responsabilidad sobre el particular es el Director de Salud .
En lo que respecta a la evaluación del nivel de cumplimiento de las metas fijadas, el proyecto original establecía que lo hará el Gobierno a través del Ministerio de Salud, en Santiago. Nos pareció que era un camino equivocado. Y esa norma se sustituyó por una donde quien evalúa es el SEREMI de Salud, el que recibirá toda la información y determinará si se cumplieron o no las metas. La resolución que dicte éste será apelable ante el Ministro de Salud , dentro de los plazos que en ella se indican.
Por último, hubo un punto que en esta materia es crucial. En muchas oportunidades hemos visto que el Parlamento aprueba proyectos de ley que otorgan beneficios y que posteriormente los recursos no llegan a las municipalidades. Y como por ello tales beneficios no se pagan, o si se pagan se hace con recursos destinados a inversión social, solicitamos -durante el mes que demoró la tramitación de esta iniciativa en el Senado- que se nos garantice clara y fehacientemente que los fondos comprometidos en esta iniciativa van a llegar a los municipios. Ése es un punto esencial del acuerdo alcanzado en las Comisiones unidas de Hacienda y Salud. Es decir, que cuando se dicte una ley que implique beneficios para determinado sector, ya sea de la salud o de educación -aquí se trata del primero de ellos-, se tenga absolutamente en claro cómo, dónde y cuándo esos recursos van a llegar para que se pague a tiempo. En este caso, se dejó expresamente consignado que los beneficios que se otorguen, en sus distintas modalidades, se pagarán directamente a través del Ministerio de Salud, con cargo a las partidas correspondientes.
El beneficio correspondiente a la asignación de estímulo, es decir, con su componente variable de 5,3 por ciento, se pagará dependiendo de si se suscribe el convenio respectivo entre el municipio y la autoridad pertinente. En el momento en que éste se firme, el Ministerio de Salud deberá garantizar que los recursos serán puestos a disposición de las entidades edilicias para que los funcionarios reciban sus pagos a tiempo, y evitar que las municipalidades deban hacerlo con dineros destinados a otros objetivos o a inversión social.
Dado que las modificaciones efectuadas al proyecto durante su tramitación en las Comisiones unidas del Senado nos parecen positivas y que van en la línea correcta, lo votaremos a favor.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , me parece que los aspectos fundamentales de la iniciativa ya fueron bien explicados y no vale la pena abundar sobre ellos. Deseo hacer algunos comentarios más bien cualitativos sobre el particular.
En primer lugar, es un proyecto importante que beneficia a 24 mil trabajadores de la atención primaria de salud, quienes se hallan en una situación claramente postergada en cuanto a sus remuneraciones. Se trata aquí de hacerles justicia y reconocerles el tremendo esfuerzo que prestan en nuestro país.
Además, deseo corroborar que durante las cuatro sesiones de las Comisiones de Hacienda y Salud, unidas, su texto fue perfeccionado de manera importante. Yo diría que, dada la forma como hoy día está siendo conocido por la Sala del Senado, estamos probablemente ante un proyecto que inicia el largo y complejo camino de la reforma de la salud chilena, y lo hace en una doble dirección. Por una parte, fortalece financieramente la atención primaria de salud, sector que jugará un papel absolutamente crucial en la reforma de salud que el país está iniciando. Un aspecto clave de esta reforma es la modificación del modelo de atención, el reforzamiento de la capacidad de resolución de la atención primaria. Desde ese punto de vista, me pareció indispensable ir mejorando las condiciones de remuneración y de trabajo en que se desempeña ese importante sector de la salud en nuestro país.
Por otra parte, es muy significativo el hecho de que se establezca una vinculación entre los aumentos de remuneraciones y el desempeño colectivo. Es importante destacar lo anterior, pero también el que se evalúe el desempeño colectivo, y no el individual, como se planteó en algunos proyectos de ley. Creo que esto entrega una señal muy favorable desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones de gestión del sector público de salud.
Otro aspecto que deseo resaltar es la garantía que, luego del trabajo de las Comisiones unidas, podemos dar en el sentido de que no se están creando beneficios que posteriormente no puedan ser financiados por los municipios. Aquí quedó claramente establecido que el componente fijo de dicha asignación, que corresponde a 5,3 por ciento, se pagará a todo evento y que es, en consecuencia, de responsabilidad del Ministerio de Hacienda el entregar automáticamente los recursos a los municipios para tal efecto. Y, a su vez, se dejó expresamente consignado el mecanismo para pagar la asignación variable en aquellos casos en que corresponda. Ésta será también de 5,3 por ciento cuando se cumpla al menos 90 por ciento de las metas previamente fijadas, o de 2,65 por ciento cuando su cumplimiento se sitúe entre 75 por ciento y 90 por ciento.
En consecuencia, considero que se ha hecho un trabajo importante para garantizar que no sean los presupuestos municipales los que en algún momento deban terminar respondiendo financieramente por este proyecto.
Estimo también relevante lo que se ha destacado en la Sala en cuanto a que, a raíz de las discusiones llevadas a cabo en las Comisiones unidas, se dispuso un mecanismo regionalizado para la evaluación del desempeño, y no uno centralizado como originalmente estaba planteado.
Desde ese punto de vista, creo que se ha efectuado un buen trabajo y que estamos en condiciones de respaldar con una amplísima mayoría este proyecto, que -reitero- viene a hacer justicia a un importante sector de trabajadores de la salud en nuestro país.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en primer lugar, me parece muy importante reconocer que hay consenso en el país y en los Parlamentarios que participamos en el estudio del proyecto acerca del hecho de que la atención primaria constituye realmente una base fundamental en la prevención en salud y en una pronta y eficaz atención a las personas con problemas de salud.
En verdad, al observar las cifras, a nadie le cabe duda de que en este segmento los aumentos en el gasto realmente se han traducido en un mejoramiento en la eficacia y eficiencia de las atenciones de salud. Señalo lo anterior porque en otras áreas del sector no ocurre lo mismo.
Hemos sido muy críticos de los aumentos en el gasto de salud que no se traduzcan en incremento de las prestaciones. Sin embargo, en el sector de la salud primaria -que, por lo demás, recibe un porcentaje muy pequeño del presupuesto de salud- realmente se advierte crecimiento en eficacia, eficiencia y en el número de atenciones.
Por eso, entendíamos que se produjo una tremenda frustración entre los trabajadores del sistema de atención primaria de salud cuando no dimos el acuerdo para que el proyecto se tratara en forma urgente, como se pretendió hace tres o cuatro semanas, pues ellos estaban en la creencia de que se habían ganado el derecho a su pronto despacho.
Quiero destacar que, como resultado de una discusión muy rica en ambas Comisiones, el proyecto fue ampliamente mejorado; y es de esperar que el esfuerzo haya valido la pena.
Se aprobó una asignación de 5,3 por ciento, que es básicamente de desarrollo, la cual constituye un reconocimiento al aumento en la eficiencia de la atención primaria. Tal beneficio se entregará a los trabajadores a todo evento. Nunca hubo problemas en aprobarlo; pero sí lo hubo en la denominación de "asignación de estímulo, pues, en realidad, no era tal, ya que se otorgaba a todo evento.
Además, a los trabajadores de la salud primaria se les entrega ese porcentaje como máximo, el cual será variable, dependiendo del cumplimiento de las metas fijadas a nivel de los consultorios o de las municipalidades.
Considero que tal asignación es un beneficio razonable para reconocer el trabajo ya hecho y, al mismo tiempo, para fijar nuevas metas de mejoramiento en la atención primaria.
La Asociación Chilena de Municipalidades deseaba que hubiese mayor componente variable y los trabajadores más componente fijo; pero me parece que el resultado es algo absolutamente racional.
Obviamente, en esta materia nos preocupamos principalmente de que la fijación de metas fuese razonable, transparente y, además, técnicamente correcta. Se otorga la responsabilidad al director del área de salud, pero asegurando un proceso de consultas en el que estarán involucradas las municipalidades y los trabajadores de la salud primaria.
También se mejoró la forma de evaluar el grado de cumplimiento de dichas metas. Tal evaluación será realizada por el SEREMI correspondiente, con la posibilidad de apelarla ante el Ministerio de Salud, lo cual también constituye un mejoramiento respecto del proyecto original.
Asimismo, tuvimos la preocupación especial de no provocar un mayor déficit municipal.
Cabe señalar que en 2001, mientras el Ministerio de Salud destinó 121 mil millones de pesos para la atención primaria de salud, las municipalidades aportaron 42 mil millones de pesos. Es decir, estas últimas han entregado más de la cuarta parte del total -la proporción es de uno a tres-, lo cual nos parece correcto; pero eso significa que también debe estar presente ese dato en el momento de la fijación de metas y cuando se realice este tipo de estudios.
Por otra parte, no teníamos ningún interés en que el proyecto se transformara en un mayor déficit para las municipalidades, porque lo que observamos es que ellas, en general, ya no son capaces de soportar los que las afectan, debiendo, en algunos casos, incurrir en deudas muy cuantiosas. En consecuencia, quisimos que la iniciativa estuviese perfectamente financiada.
Todos quedamos absolutamente conformes con el mejoramiento que tuvo el proyecto en análisis.
Quiero dejar constancia -porque es bueno hacerlo- de que todos reconocemos la labor del Ministerio de Salud en este ámbito, sobre todo, la de los trabajadores de la atención primaria, porque claramente aquí se han hecho esfuerzos en eficiencia, en eficacia y en mejor atención al público.
Como hemos sido muy críticos con el sector salud en general, estimo conveniente que debemos hacer una diferencia respecto de la atención primaria, pues en ella, por lo menos, los beneficios han llegado a la gente.
De modo que aprobaremos el proyecto, en la seguridad de que fue estudiado acuciosamente y que está bien balanceado.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , aunque seguramente resulte un poco odioso plantear una crítica muy profunda al proceso legislativo a que se sometió el proyecto -que, desde mi punto de vista, produce efectos que debemos analizar con mayor profundidad más adelante-, es importante que el Senado, las personas que no participaron en las Comisiones y quienes estén interesados en su resultado final sepan que en la forma como venía aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados no podía ser aplicado en el país. ¡Así de simple!
La iniciativa no consultaba recursos, lo cual es un hecho verdadero. En las Comisiones unidas del Senado establecimos los recursos mediante una indicación preparada por el Ministerio de Hacienda, el que, efectivamente, reconoció que no se habían propuesto en la debida forma y aún más, que ni siquiera se habían consignado.
El texto despachado por la Cámara de Diputados creaba mecanismos, organismos y formas que destruían de manera definitiva la autonomía municipal. Además, contenía un desajuste de fechas en lo que respecta a la acción de la salud primaria, según lo dispuesto por el propio Ministerio del ramo en relación con las fechas que se consideran fundamentales en toda la legalidad de la Administración del Estado, y dentro de ella una ley muy importante: la de Presupuestos de la Nación.
Asimismo, se trataba de un proyecto centralista, pues entregaba al Ministro de Salud la responsabilidad de acceder a los estímulos en los distintos consultorios del país, en circunstancias de que la autoridad lógica y natural es el Director de tal servicio -a lo más, el Secretario Regional Ministerial de Salud -, pero no una persona ubicada a 150, 200, 500, mil o 2 mil kilómetros de distancia.
Señor Presidente , es interesante saber que estamos frente a un grupo formado por los trabajadores de la atención primaria de salud que ha tenido éxito en su gestión. Así lo han reconocido las autoridades del sector salud; algunos personeros que han sido muy contrarios al sistema de centralización de la administración que posee la atención primaria de salud en el país, y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. También reconocieron ese logro -manifestando inclusive interés por conocer la forma, organización y trabajo en la atención primaria de salud- los representantes de países asiáticos que se reunieron en Chile hace algún tiempo.
En consecuencia, cuando nuestro país se ubica en el puesto Nº 14 del ranking mundial en materia de objetivos de salud, significa que existen razones para sostener que ha resultado exitosa toda la estructura organizada hace ya algunos años para que la atención primaria alcance la fortaleza que necesariamente requiere.
Las razones de dicho éxito, desde mi punto de vista, son cuatro:
Primero, ha existido una administración descentralizada que constituye un elemento indispensable que debe tenerse presente no sólo en el ámbito de la salud, sino en la totalidad de la acción pública nacional.
Segundo, la atención primaria de salud tiene factores que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la Administración Pública: una relación social con su entorno, y apoyo a organizaciones fuertes o débiles, por ejemplo, escuelas, colegios, entes sociales. Hay una presencia social interesada en el resultado último de la gestión de su propio consultorio. Es decir, ha habido un conocimiento de los usuarios.
Tercero, cuando existe una relación entre los distintos componentes del sistema y quienes entregan las prestaciones de salud conocen a los usuarios, sin ninguna duda, se alcanza un mayor éxito. Porque las relaciones humanas entre quienes ejecutan las acciones y los que las reciben se fortalecen y crecen en la medida en que se produce un conocimiento mutuo. Y en la atención primaria de salud ello se da en plenitud.
Y, cuarto, hay una relación territorial muy trascendente e importante a través de las visitas que realizan los médicos a los consultorios, a las postas y a otros lugares rurales. Con ello, se va conociendo a lo largo del país, con bastante éxito, la vida social y la estructura orgánica de la familia campesina, industrial y pesquera de Chile.
Por eso entonces, para nosotros es bueno estar discutiendo el proyecto de ley que nos ocupa.
Señor Presidente , deseo reiterar algo que ya sostuve en la Comisión: no me gusta la forma en que se plantea la asignación de estímulo. Yo propuse claramente que las remuneraciones del sector se reajustaran en 10,6 por ciento. ¡Así de simple! Y tengo razones para sostenerlo.
En primer término, porque se incrementan las remuneraciones de un grupo humano que ha tenido éxito en sus funciones y que no ha evidenciado debilidades en torno de su trabajo.
En segundo lugar, porque se establece a través de mecanismos existentes, sin necesidad de crear una fórmula en que participen otros actores, los cuales finalmente resolverán si existe o no existe reajuste en una parte de lo que se está consultando.
Muchas veces me asalta el temor de que se involucren problemas de carácter político con el director de un consultorio o con el personal de otro. Estas cosas deben evitarse en un país preocupado de establecer una estructura institucional más sólida. Y si un grupo de personas ha tenido éxito en sus funciones y se ha constituido en ejemplo para el desarrollo de salud del país, sin duda alguna que, desde mi punto de vista, es merecedor a un reajuste de 10,6 por ciento -al menos, yo lo habría planteado derechamente-, sin necesidad de estos estímulos. Ello porque para los efectos de saber si se están o no se están cumpliendo las metas sanitarias, existen otros mecanismos en las normas legales sobre administración y en todo lo relacionado con las personas que tengan personal bajo su mando, en cualquier nivel, profesionales, de apoyo, etcétera.
Tengo una duda al respecto, señor Presidente, y la voy a plantear por considerar que corresponde hacerlo.
El número 1 del artículo 4º que se propone, dice: "El Ministerio de Salud fijará, antes del 10 de septiembre de cada año, las metas sanitarias nacionales...".
Aquí se produce una situación que vale la pena señalar, porque el de Salud será el primer Ministerio al que se le fijen fechas distintas para dar cuenta de las metas y objetivos que le corresponden. Hasta ahora, todos los Ministerios lo hacen durante la discusión de la Ley de Presupuestos. ¿Y por qué razón en esa oportunidad? Porque existen diversos tipos de recursos, y aun cuando se trate de administraciones autónomas, sus fondos son de carácter público. Una de ellas, cada día más importante, es la administración regional. Y una cuota considerable de los recursos de que disponen las regiones -somos testigos de ello- para la construcción de consultorios, postas, ampliaciones de atención primaria, en fin, de apoyo, vehículos, etcétera, se debe a peticiones originadas en el propio gobierno regional. Y en las Leyes de Presupuestos, sin excepción, se señala claramente que, en todo el país, a partir del 1º de diciembre de cada año, los gobiernos regionales comenzarán a prestar los apoyos necesarios a la atención primaria. Si de acuerdo con esta norma, el Ministerio de Salud ha de fijar sus metas sanitarias antes del 10 de septiembre, estará desfasado respecto del proceso institucional global del país en este sentido.
Por otro lado, el Director del Servicio de Salud dispone de un plazo de más o menos tres meses para que, cada año, antes del 10 de diciembre, se suscriban, a más tardar, los convenios anuales de desempeño entre el servicio de salud respectivo y la entidad administradora.
El hecho que comento indica claramente una situación distinta que, desde mi punto de vista, no se justifica. Lo consulté, pero no hubo respuesta. Ignoro el motivo por el cual se fijó el 10 de septiembre como fecha máxima para que el señor Ministro dé a conocer los objetivos y metas sanitarias. No sé por qué razón es distinta a la establecida para el resto de los Ministerios y organismos del país. Ignoro por qué se desentiende de la Ley de Presupuestos, que es la que proporciona los recursos, entre otras cosas, para que se puedan pagar los beneficios que en este proyecto se proponen.
Ése es un tema que yo particularmente planteo como un hecho negativo en el proceso administrativo relacionado con toda esta acción.
Finalmente, quiero señalar que ante éxitos tan evidentes como los que hemos observado en la atención primaria de salud -por haber dirigido consultorios, conozco su labor-, realmente la fórmula planteada de reajuste, por un lado, y de un estímulo al desempeño colectivo, por otro, es una mezcla que se va a prestar para discusiones en el futuro.
Algunos señores Senadores han manifestado que el proyecto viene a hacer justicia a los trabajadores; pero, en verdad, habría sido preferible darles un 10,6 por ciento de reajuste, porque desde hace bastante tiempo están dando cumplimiento a las metas y objetivos fijados.
--(Aplausos en tribunas).
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Advierto que no se pueden hacer manifestaciones a favor o en contra.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , consulté en la Mesa y me impuse que hay muchos señores Senadores inscritos, por lo cual propongo poner de inmediato en votación el proyecto y que ellos puedan fundar su voto. Además, que fijemos una hora de votación para el proyecto sobre los fotorradares, que se encuentra en el segundo lugar de la tabla y que tiene urgencia calificada de "Suma". Lo planteo, porque tal vez no alcanzaremos a despachar las dos iniciativas, respecto de las cuales hay unanimidad en la Sala para su aprobación. En caso contrario, deberá citarse a sesión mañana para tratar el proyecto de fotorradares, porque vence el plazo para hacerlo. De modo que mi proposición es doble: que se suspenda el debate y se inicie la votación del proyecto de salud, dando preferencia a los inscritos para fundar el voto; y que se fije hora de votación para la iniciativa sobre fotorradares.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en lo referente al proyecto sobre fotorradares, hay indicaciones renovadas que apuntan al fondo del asunto. En consecuencia, creo que, sin debate, la votación no reflejaría todos los antecedentes que se van a entregar a la Sala.
Por lo tanto, propongo resolver el primer proyecto que estamos analizando y después abordar el segundo.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se ha solicitado iniciar la votación.
Quiero informar que están inscritos los Honorables señores Viera-Gallo, Foxley, Ruiz-Esquide y Bombal, cada uno de los cuales tiene derecho a usar de la palabra por quince minutos. De manera que tendríamos una hora más de debate.
Si les parece, les podríamos dar prioridad en el uso de la palabra para fundar su voto, hasta por cinco minutos.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , deseo manifestar mi apoyo al proyecto; reconocer que ha sido muy positiva la actitud del Gobierno al recoger nuestras inquietudes, y que en realidad la iniciativa ha sido perfeccionada.
Sin embargo, hay una materia que me sigue dando vueltas. Al respecto, he consultado al Honorable señor Silva -quien en ésta y en otras muchas cosas, por cierto, sabe más que yo-, y él comparte mi inquietud, motivo por el cual hemos presentado una indicación. Ella se refiere al número 2 del artículo 4º, en la parte que dice: "Sobre esta base se suscribirán, a más tardar el 10 de diciembre de cada año, los convenios anuales de desempeño entre el Servicio de Salud respectivo y la entidad administrativa".
En verdad estamos en presencia de un contrato administrativo, mandatado obligatoriamente por ley y donde, por cierto, no hay autonomía de la voluntad -en este caso, del ente municipal- para poder actuar. Allí hay una anomalía. Si decimos que prima la autonomía municipal, como debiera ser, el día de mañana un municipio podría no firmar el convenio; decir que no está de acuerdo con las metas que se le han fijado y crear un conflicto con el servicio respectivo, sobre todo si se tiene en cuenta que está de por medio una parte del alza del salario de sus trabajadores. Por ello, para salvar el espíritu del proyecto, hemos presentado una indicación que, si mal no recuerdo dice que "sobre esta base se evaluará el desempeño de cada entidad administradora y se harán los traspasos de fondos correspondientes", sin exigir o sin pronunciarse de si se trata de un convenio, sino buscando las fórmulas -que pueden ser de diverso carácter- a través de las cuales el Ministerio de Hacienda, y después el de Salud, procedan a los traspasos que correspondan. Pero sin que haya un contrato administrativo anual entre cada municipio y el servicio de salud respectivo.
Por lo tanto, pedimos la unanimidad de la Sala para tal enmienda.
En el tiempo que me resta, sólo deseo señalar que el alza de remuneraciones es gradual en el tiempo, como está estipulado en el artículo 3º, y que la Comisión logró que la evaluación de desempeño se realice regionalmente, para que no estuviera todo centralizado en Santiago. Al mismo tiempo se fijó en forma más clara el mecanismo para determinar las metas de cada una de las entidades.
Subsiste un punto que me parece importante tener en cuenta -en especial los trabajadores-, al momento de recibir el bono. Y es que cada servicio puede optar por metas en relación con cada entidad administradora, o separadamente con cada consultorio individualizado. Esta opción es muy importante para los trabajadores, porque el desempeño colectivo puede ser de la comuna equis o de cada uno de los consultorios individualmente considerados. Entonces, ésa es una atribución del servicio de salud, según el número 4) del artículo 4º del proyecto.
Además, el Presidente de la República dictará un reglamento dentro de seis meses, que determinará las condiciones en las cuales los servicios de salud ejercerán esa opción, como asimismo los procedimientos destinados a la definición y evaluación del grado de cumplimiento de las metas anuales de los establecimientos de salud municipal.
Dicho reglamento será vital para los trabajadores. Porque es muy distinto que se evalúe a una comuna en su conjunto, a hacerlo respecto de cada uno de los consultorios o postas rurales individualmente consideradas.
Para finalizar, reitero nuestra petición de que se considere en su momento la indicación que mencioné.
Voto a favor.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, deseo destacar dos elementos que me parecen importantes.
En primer lugar, la iniciativa que nos ocupa representa un primer avance hacia una reforma de la salud, donde están ya en germen algunos elementos que considero relevante que prevalezcan después en el concepto del proyecto de mejora de gestión de la salud pública. El primero de ellos dice relación a una mayor descentralización del sistema.
Aquí hay un procedimiento de fijación de metas regionalizadas, de evaluación del cumplimiento de las metas igualmente regionalizadas, y no sólo regionalizadas, sino con participación de las partes (es decir, de la autoridad sanitaria, de la institución de salud que implementa las metas y, también, de los trabajadores).
Aparte el anterior, hay otro elemento que a mi juicio será válido para la reforma de la gestión general del sistema público de salud: incentivos según desempeño. Ése es otro indicio de que ésta es una buena iniciativa.
Desde otro ángulo, de alguna manera el proyecto representa un reconocimiento al significativo esfuerzo realizado por parte de todas las personas que laboran en la salud primaria (trabajadores, médicos, etcétera), que en el plazo de dos años en que se ha estado implementando el programa de mejoramiento de la atención en el nivel primario ha mostrado resultados muy positivos. Considero necesario decirlo, porque todos criticamos al sistema y hemos planteado la necesidad de mejorar la eficiencia, el rendimiento y la disminución de los costos del sector público de salud.
Tengo en mis manos algunos resultados de la aplicación de este programa, que muestra, por ejemplo, 44 por ciento de incremento en las consultas médicas de morbilidad; 35 por ciento en las rondas médicas en salud rural; 90 por ciento en las atenciones odontológicas; el establecimiento de un sistema de extensión horaria en virtud del cual los consultorios han alargado la atención hasta las ocho de la noche, en algunos casos incluyendo el sábado, con horas escalonadas en el día para los médicos. Es decir, ha habido un esfuerzo de toda la gente que trabaja en el sector, lo cual se expresa en resultados -es importante señalarlo-, que son apreciados como positivos por las personas que se atienden en él.
Un informe del Ministerio del ramo muestra que el 64 por ciento de las personas declara sentir que la atención entregada en el consultorio en los últimos meses ha mejorado en general. A mi juicio, esto resulta muy trascendente, por cuanto el esfuerzo no sólo presenta resultados cuantitativos, sino cualitativos en la apreciación que las personas sienten respecto de él.
Naturalmente -como señalé-, éste es un primer paso, porque hay muchos otros temas pendientes de resolución en el sistema de atención primaria y, sobre todo, en su vinculación de éste con la cadena siguiente: los centros de referencia de salud y los hospitales.
Si se va a trabajar en los consultorios -como alguna vez lo planteó el Ministro de Salud , don Osvaldo Artaza , respecto del plan AUGE- los siete días de la semana y las 24 horas del día, es obvio que existe necesidad de personal calificado, sobre todo de médicos en las especialidades que hoy no tienen, y que deberían contar con mayor capacidad resolutiva en atención primaria para descargar la cadena a continuación.
También resultan evidentes los positivos cambios que se han llevado a cabo en el nivel primario. Ojalá ese efecto se contagie al resto de la cadena y que este mismo tipo de motivación, de flexibilización, de mayor autonomía y esfuerzo llegue a los hospitales. Si así fuera, creo que el proyecto en sí mismo estaría muy justificado como un primer paso hacia el tipo de reforma de salud que todos esperamos implementar en adelante y que signifique -como señalé- un aumento muy importante en el número de prestaciones, en la calidad de las mismas y, sobre todo, en su oportunidad.
En consecuencia, voto a favor.
-----------------
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese don Andrés Romero, asesor jurídico del Ministerio de Salud.
--Se autoriza.
-----------------
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente, a mi juicio, el debate ha sido extraordinariamente claro, neto, y por eso votaremos favorablemente el proyecto.
No obstante, quisiera referirme a algunos puntos.
En primer término, es bueno que se reconozca el valor de la atención primaria, tanto desde el punto de vista social como del técnico. Todo el enfoque de la medicina moderna, así como el que se quiere dar a la reforma que Chile necesita, está orientado a acercar lo más posible la red asistencial a las personas, lo que permite ahorro de dinero y -lo más importante- produce una mejor atención y, por último, disminuye el costo, no sólo en el sistema de salud, sino también respecto de las personas.
Por lo tanto, al aprobar en general y particular esta iniciativa, en la práctica, estamos reconociendo un mecanismo de trabajo que en el futuro deberá ser la forma como el país aborde esta materia. De otra manera, si no logramos mejorar la prevención y la atención primaria, cuyo costo relativo es menor al de los centros asistenciales sofisticados, ni conseguimos que llegue menor cantidad de gente a los hospitales, estamos reconociendo una realidad universal, por cuanto, literalmente, ningún país podrá resistir el costo de la salud en la medida en que exista una diferencia entre el aumento de su valor y el crecimiento de las economías particulares o las universales.
Ése es, en mi concepto, el primer valor que tiene el proyecto.
En segundo lugar, quiero referirme, basándome en lo acordado respecto de esta iniciativa por distintos señores Senadores, a lo que ya se ha mencionado: la red de salud integrada.
Durante muchos años se ha discutido el que los servicios municipalizados estén separados de los estatales, sin conexión rápida, clara y evidente. A mi entender, con esta iniciativa se da un paso adelante, por cuanto se logra que ambas partes discutan metas específicas y se produzca una mejor relación entre ellas.
Estoy convencido de que cuando se analice la reforma de la salud, en algún instante tendremos que buscar un mecanismo mucho más claro para la relación entre ambas partes. De no ser así, los cambios que queremos implementar no darán resultado.
Existe, por ejemplo, el caso de profesionales que prácticamente están en guetos municipales de los cuales no pueden salir, lo que contrasta con cierta posibilidad de movimiento que brinda el sistema estatal.
En tercer término, quiero recoger solamente dos planteamientos que se han formulado, el primero de los cuales es el señalado por un señor Senador en el sentido de que con esta iniciativa se terminaría destruyendo la autonomía municipal.
Ciertamente no es así. Creo que eso es exagerar las cosas más allá de lo que el texto del proyecto señala.
El segundo planteamiento es reconocer, con toda franqueza, el aporte al mejoramiento de la iniciativa hecho por los señores Senadores de Gobierno y Oposición, incluida una señora Senadora , que integraron las Comisiones unidas. En mi opinión, es básico destacar este aspecto, porque así se hacen mejores leyes.
En todo caso, lamento disentir de lo aseverado por Su Señoría con relación a la ineficiencia del sector público. Quiero dejar planteado que, cuando se discuta la materia, sea abordando la reforma u otra situación especial, se haga con mucha seriedad, pues esta falta de eficiencia en el ámbito estatal se ha expresado como un dogma.
La verdad es que, desde el punto de vista sanitario, lo que corresponde es medir los resultados obtenidos en Chile dentro de dicha área. Con ellos a la vista, concluiremos en que no se puede hacer una aseveración tan rotunda. Bajo la misma perspectiva, no se puede, a contrario sensu, afirmar la eficiencia del sector privado institucional, luego de medir los logros en ambos universos en los últimos veinte años.
Por eso, señor Presidente, teniendo presente que este debate será muy rico en el futuro y, seguramente, bastante duro, anunciamos nuestro voto favorable al proyecto. Pienso que constituye un avance y una ventaja, además de responder verdaderamente a lo que merecen los trabajadores de la salud primaria.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, votaré a favor de la iniciativa.
A mi juicio, lo más importante que se puede rescatar de la misma es la buena impresión que causa la forma como los trabajadores han planteado sus puntos de vista, no sólo en las negociaciones, sino también en el debate habido en las Comisiones.
Efectivamente, ellos han defendido su posición, desde la perspectiva de los logros conseguidos, frutos del esfuerzo propio, del trabajo y de la complementación que han tenido con los municipios en realidades muy diversas. Cuando la acción de salud se involucra directamente con la gestión municipal, se puede hacer y mejorar mucho, porque se integran distintos organismos de la sociedad.
Precisamente la municipalidad, que es la expresión de la comunidad en la base, apoyada por los técnicos y especialistas que conforman el personal de salud que trabaja en el primer frente de contingencia en la salud privada, hoy día exhibe resultados relevantes, los cuales han merecido que la iniciativa, disquisiciones más o menos, premie o incentive el esfuerzo, de manera precaria todavía, pero rescatando un concepto fundamental. Pienso que ello dignifica muchísimo la importante, difícil y dura tarea que realizan los funcionarios de la salud en nuestro país.
No es fácil trabajar en el ambiente en el que se desenvuelven estas personas, como no lo es la contingencia que viven a diario en los consultorios, particularmente en esta época del año. Por lo mismo, que en tales circunstancias se obtengan logros habla bien de la muy buena disposición y gestión de dicho personal, más allá de los conceptos de administración que se estén implementando.
Desde esa perspectiva, señor Presidente , a mi juicio, el proyecto es un muy buen antecedente para la reforma de la salud que se anuncia. Aquí hay conceptos, criterios y experiencias que espero que se consideren, como decía el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, a la hora de evaluar gestión; hablar de eficiencia o de administraciones que no se han desarrollado de la mejor forma, o al identificar las ineficiencias existentes en otros servicios de salud.
Entonces, el espíritu de la iniciativa evidencia precisamente resultados que el Estado reconoce como fundamentales y que favorecen directamente a quienes los han conseguido, lo cual, a su vez, significa beneficios para los destinatarios últimos de la salud, que son las personas, y constituye un gran antecedente para los proyectos de salud que se discutirán más adelante.
En seguida, señor Presidente , cabe destacar el concepto de descentralización planteado en la Sala a propósito de esta iniciativa. Ojalá dicha idea presida en buena medida los debates que a futuro se efectuarán sobre las reformas a la salud.
Una gestión más descentralizada es una acción que llega más directamente a las personas, lo cual beneficia mucho más a los trabajadores del sector, pues ya no se observará la función de un cuerpo global, sino la ejecución de las tareas de cada uno de los actores en el proceso de la salud, particularmente, de las personas que trabajan en los consultorios de atención primaria. De esa manera, se alienta, dignifica y estimula a quien busca hacerlo mejor, entregándole las debidas recompensas, las que no son sólo de carácter económico, ya que muchas veces tienen relación con la dignidad de quien desempeña una función, sobre todo considerando su medio de trabajo, tan adverso y complejo, donde se vive mucha tragedia, mucho dolor y mucha angustia. Ello naturalmente repercute en la labor que desarrollan estos funcionarios, quienes no están ajenos a esa dolorosa realidad, debido a su gran compromiso con ella.
En consecuencia, los criterios que se plantean en el proyecto y las mejoras propuestas hablan positivamente del sector en momentos en que se levantan muchas críticas al sistema de salud, las cuales obviamente merece; pero tales reproches no bastan si no se buscan mecanismos y criterios para solucionar lo que anda mal. Estimo que el espíritu demostrado en las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, constituye una buena antesala para la reforma.
Comparto los términos de la indicación planteada por el Senador señor Viera-Gallo en las Comisiones unidas y la considero muy atendible. De acogerse esa proposición, quedaría resuelto un problema no menor que se originará cuando un municipio no firme contrato con el servicio de salud respectivo. Estaría en todo su derecho, ya que el convenio puede no resultar conveniente, no sólo para el municipio, sino que para los propios trabajadores.
No sé cómo se decidirá el punto, pero tiendo a pensar que se trata de una idea muy razonable.
Finalmente, señor Presidente , vuelvo a destacar el espíritu con que los trabajadores de la salud expusieron sus puntos de vista y el exhibido por el Gobierno al acoger las enmiendas sugeridas, y espero que ese ánimo también esté presente en las reformas que más adelante estudiaremos.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Señores Senadores, el proyecto se encuentra con urgencia calificada de "discusión inmediata", por lo tanto, se debe discutir en general y particular, a la vez.
Dada la unanimidad manifiesta en cuanto a la idea de legislar, propongo dar por aprobada la iniciativa en general, y en la discusión particular debatir la única indicación presentada.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
--Se aprueba en general el proyecto.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Hay una sola indicación, señores Senadores.
La frase final del número 2) del artículo 4º dice: "Sobre esta base se suscribirán, a más tardar el 10 de diciembre de cada año, los convenios anuales de desempeño entre el Servicio de Salud respectivo y la entidad administradora.".
La indicación formulada por los Honorables señores Viera-Gallo y Silva propone reemplazarla por la siguiente: "Sobre esta base se evaluará el desempeño de cada entidad administradora y se harán los traspasos de fondos correspondientes.".
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , la verdad es que este tema se debatió largamente en las Comisiones de Salud y de Hacienda, unidas, para determinar en qué forma el Ministerio del ramo y los servicios de salud traspasarían los recursos a los respectivos municipios.
Ya lo dijo el Senador señor Espina. Lo que más queremos es resguardar que los legítimos proyectos de mejoramiento de remuneraciones no signifiquen para las municipalidades incrementos en sus costos que no estén debidamente financiados, porque, finalmente, los perjudicados son los propios trabajadores.
En este sentido, prefiero la redacción original, es decir, que las corporaciones edilicias deban firmar un convenio con el respectivo servicio de salud.
El Senador señor Viera-Gallo -por supuesto escucho con mucha atención su opinión jurídica- observa que la disposición de obligar a los municipios a suscribir un convenio podría presentar visos de inconstitucionalidad.
Obviamente, no quisiéramos que así ocurriese. Por lo tanto, votaré favorablemente la indicación, para salvar esa eventualidad. Pero deseo dejar establecido, señor Presidente , que entendemos que en la práctica sucederá que se firmarán los convenios y se cumplirá estrictamente la norma incorporada como inciso final del artículo 3º, que expresa que "Los recursos para el financiamiento de la asignación, serán transferidos a las entidades administradoras de salud municipal a través de los respectivos servicios de salud.". Es decir, queda claro que la medida no significa un mayor costo para los municipios y que los servicios de salud deberán traspasar los fondos para que la asignación, tanto en su componente base como en su componente de desempeño, se cumpla y se pague oportunamente a los trabajadores de la atención primaria.
En ese entendido, me pronuncio favorablemente.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación, con la aclaración formulada.
--Se aprueba, y queda despachado en particular el proyecto.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ARTAZA ( Ministro de Salud ).-
Señor Presidente , en forma muy breve, deseo agradecer la buena voluntad y el alto espíritu con que las Comisiones unidas y la Sala han tratado el tema. Ello aporta enormemente a la reforma de la salud en un componente que estimamos básico, como es la atención primaria.
Para nosotros, el uso y la costumbre se han expresado a través de los convenios tendientes a traspasar fondos a los municipios para todos estos efectos. La indicación que acaba de ser aprobada contribuye, en mi concepto, a que no haya dificultades en este importante paso que damos para fortalecer dicha atención.
Por último, pido nada más que el mismo buen espíritu, la misma altura de miras, para los proyectos venideros, que son mucho más complejos, como los relativos al Plan de Salud, la regulación del sector privado y el mejoramiento del sector público. Hoy anunciamos todas las medidas vinculadas con el cambio de gestión en el sistema público que serán materia de ley, y espero, por el bien de los habitantes del país, la misma generosidad de parte de todos ustedes.
Muchas gracias.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Gracias, señor Ministro , por su intervención.
-------------------
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa una solicitud tendiente a abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre traspaso del Liceo Manuel de Salas desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a la Universidad de Chile, proponiéndose fijar hasta el lunes 17 de junio en curso, a las 12. En ese caso, las indicaciones deberían ser entregadas directamente en la Comisión de Educación.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
-------------------
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión de Hacienda hizo llegar a la Mesa un oficio en el cual se pide recabar el acuerdo de la Sala para que el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios sea tratado en general y en particular.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
-------------------
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Respecto del proyecto que se discutirá en seguida, se solicitó autorización para que ingresen a la Sala los señores Francisco Vidal, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Eduardo Pérez, Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ; Patricio Tombolini, Subsecretario de Transportes , y Lautaro Pérez, Jefe del Departamento Legal de la Subsecretaría de Transportes.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
OPERACIÓN DE EQUIPOS DE REGISTRO Y DETECCIÓN DE INFRACCIONES RELATIVAS A VELOCIDAD Y LUZ ROJA
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la operación de los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja, con segundos informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2904-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 7 de mayo de 2002.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 15ª, en 14 de mayo de 2002.
Hacienda, sesión 15ª, en 14 de mayo de 2002.
Transportes (segundo), sesión 5ª, en 11 de junio de 2002.
Hacienda (segundo), sesión 5ª, en 11 de junio de 2002.
Discusión:
Sesiones 15ª, en 14 de mayo de 2002 (se aprueba en general); 16ª, en 15 de mayo de 2002 (vuelve a Comisión para segundo informe).
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de "suma".
La aprobación en general tuvo lugar el 14 de mayo recién pasado.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja establecido, para los efectos reglamentarios, que el artículo transitorio no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, se debe dar por aprobado, salvo que algún señor Senador solicite someterlo a discusión y votación y que ello sea acordado por la unanimidad de los presentes.
--Se da por aprobado el artículo transitorio.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
En el informe se consignan las demás constancias reglamentarias.
Las modificaciones introducidas por la Comisión al proyecto aprobado en general se describen en el texto que Sus Señorías tienen a la vista, habiendo sido acordadas por la unanimidad de los miembros presentes, con excepción de las efectuadas a la letra b) del artículo 1º, acogidas por tres votos a favor, de los Honorables señores Novoa, Pizarro y Vega, y la abstención del Senador señor Prokurica, en tanto que en lo referente a la letra c) del artículo 2º se registraron tres votos a favor, de los Honorables señores Novoa, Pizarro y Vega, y uno en contra, del Senador señor Prokurica.
Cabe recordar que las enmiendas acogidas por unanimidad en la Comisión, atinentes a las letras d) y f) del artículo 1º y b) del artículo 4º, deben ser votadas sin debate, de conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición respecto de alguna de ellas o que medien indicaciones renovadas.
Los artículos 2º, 3º y 4º revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales y, en consecuencia, requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
La Comisión de Hacienda, por su parte, pronunciándose sobre las disposiciones de su competencia, efectuó modificaciones al texto despachado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, específicamente a la letra b) del artículo 1º y al artículo 3º, las que fueron acordadas por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Viera-Gallo.
La Secretaría elaboró un boletín comparado, dividido en cinco columnas, que consignan los textos de las leyes que se modifican, el texto aprobado en general por el Senado, las modificaciones introducidas por la Comisión de Transportes, las enmiendas incorporadas por la Comisión de Hacienda y el texto final que se propone aprobar.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Terminada la relación
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , intervendré brevemente para informar del tratamiento de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones a las indicaciones presentadas al proyecto de ley que nos ocupa.
Ese órgano técnico se abocó a su estudio en sesión del 5 del mes en curso. Durante el análisis consideró que el objetivo preciso de la iniciativa fue corregir una situación particular suscitada como consecuencia del abuso de un instrumento cuya aplicación se suspendió hasta el 6 de junio recién pasado, por lo que varias de las indicaciones formuladas por diversos señores Senadores fueron rechazadas. O sea, la Comisión no estuvo en contra de ellas, sino que consideró que correspondía efectuar su examen con motivo de otro proyecto modificatorio de la Ley de Tránsito.
En tal sentido, se aprobaron las indicaciones relacionadas con la existencia de equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja y su operación exclusivamente por Carabineros de Chile, y de manera excepcional, por inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas para el cumplimiento de funciones que el propio proyecto de ley indica (plazas de peaje, operación de túneles y obras de reparación y mantención de caminos públicos construidos y explotados al amparo de la Ley de Concesiones de Obras Públicas).
Asimismo, la Comisión aprobó la indicación que destina al Fondo Común Municipal el ciento por ciento de los recursos recaudados por concepto de las multas que impongan los juzgados de policía local a raíz de infracciones a las normas del tránsito detectadas mediante fotorradares.
Como es de conocimiento del Senado, éste es el meollo del asunto, por cuanto la existencia de disposiciones que permitían que los dineros provenientes de multas ingresaran a los municipios generó un círculo vicioso de abuso por parte de municipalidades y de quienes operaban tales instrumentos.
Con la modificación introducida al respecto, se desvincula el uso de fotorradares del municipio que los instala con los recursos que éstos pueden generar y se elimina, en consecuencia, el 18 por ciento de aporte proveniente de las multas a que dé lugar la aplicación de dichos instrumentos destinado al Servicio Nacional de Menores, cuyo presupuesto se consignará anualmente en la Ley de Presupuestos para el Sector Público; se calcula que ello representaba para el SENAME entre 300 y 400 millones de pesos, dineros que ahora deberán consignarse en la mencionada Ley.
Por último, se consigna que un porcentaje de los recursos obtenidos por infracciones a las normas del tránsito detectadas por medios distintos de los equipos de registro de infracciones -fotorradares- será destinado al presupuesto del Servicio Nacional de Menores.
Señor Presidente , ése es el informe relacionado con el tratamiento de las indicaciones formuladas en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Y, en definitiva, el ánimo es despachar el proyecto en los términos en que se propuso a la Sala.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ETCHEBERRY ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente , en vista de la inquietud que existía por la forma como estaban siendo utilizados los fotorradares y por los abusos que se cometían con ellos, el Parlamento, a fines de enero del año en curso, aprobó un proyecto tendiente a suspender por 120 días el uso de dichos instrumentos, con el objeto de dar tiempo al Ejecutivo para el envío de una iniciativa legal que corrigiera esa situación.
Así lo hizo el Gobierno, y, después de los trámites del nuevo proyecto tanto en las respectivas Comisiones de la Cámara de Diputados y la Sala cuanto en las Comisiones del Senado, se llegó a un texto que el Ejecutivo considera bastante satisfactorio.
Me referiré sólo a las ideas centrales, para no repetir lo manifestado por el Honorable señor Pizarro .
Primero, se pretende que la operación de los equipos de fotorradares, que antes estaba en manos de funcionarios municipales, de funcionarios fiscales de Transportes y de Obras Públicas, o de Carabineros, quede restringida sólo a esta Institución, y en forma muy excepcional, a inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas, pero únicamente en el caso de plazas de peajes, operación de túneles y obras de reparación en carreteras concesionadas.
Segundo, sobre la base de la discusión surgida en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, se elevaron las velocidades máximas: en carreteras, de 100 a 120 kilómetros por hora, cuando existan dos o más pistas de circulación en un mismo sentido, y en las ciudades, de 50 a 60 kilómetros por hora.
En consecuencia, se está analizando en la Sala un todo coherente. Por un lado, se perfecciona el empleo de fotorradares para evitar abusos, y por otro, se suben las velocidades máximas, para estar a tono con el progreso tanto en la calidad de los vehículos, que ahora pueden frenar con mayor efectividad y son mucho más seguros, como en las carreteras que cuentan con doble pista.
También se hizo en este proyecto un cambio muy importante en el sentido de que el ciento por ciento de los ingresos provenientes de multas cursadas mediante fotorradares y equipos de registro será destinado al Fondo Común Municipal. De esta manera se acaba un incentivo a nuestro juicio perverso, por cuanto los municipios, al quedarse con todos los fondos, muchas veces abusaban colocando fotorradares en lugares donde, de acuerdo a las normas de seguridad, no correspondía.
Finalmente, se dispone que el Registro de Multas del Tránsito No Pagadas, que en este momento se encuentra concesionado por una empresa privada, será operado y administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación una vez vencido el plazo del respectivo contrato, pues esta entidad se encuentra en condiciones de hacerlo.
Ahora bien, señor Presidente, deseo detenerme en dos aspectos que han sido motivo de discusión en la Cámara Alta.
En primer lugar, algunos señores Senadores y Senadoras han cuestionado la existencia misma de los fotorradares. Nosotros pensamos que, en la medida en que el país progresa, debemos estar abiertos a sistemas que den mayor certeza. En este caso queda un registro de las infracciones y no se requiere la permanencia de personal al lado de los equipos.
En segundo término, diversos señores Senadores y Senadoras sostienen que donde exista un equipo de registro, como el fotorradar, debe haber a su lado un carabinero. A nuestro entender, eso invalida la modernidad del instrumento. Pensamos que los carabineros, recurso muy escaso en el país, resultan tremendamente útiles en la lucha contra la delincuencia y en muchas otras funciones como para tenerlos parados las veinticuatro horas del día o en turnos junto a un fotorradar.
En consecuencia, si queremos un sistema más moderno, debemos tener en cuenta que el fotorradar deja un registro de las infracciones, da la confianza necesaria y, además, debe ser calibrado por Carabineros de Chile, que, conforme a instrucciones del Ministerio de Transportes, decidirá el lugar de instalación.
Ésa esa es, a nuestro juicio, una señal de modernidad que debería dar tranquilidad a la población.
He dicho, señor Presidente.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Tratándose del segundo informe, corresponde votar sin debate todas las normas que no fueron objeto de indicaciones renovadas.
--Se aprueban, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 32 señores Senadores.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de la primera indicación.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Mediante la letra a) del artículo 1º se reemplaza el inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 18.290 por el siguiente: "Para los efectos del inciso anterior, podrán utilizarse equipos de registro y de detección de infracciones, en la forma que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.".
Los Senadores señores Horvath, Stange, Prokurica, Romero, Ríos, Espina, García, Martínez, Canessa y Cantero renovaron la indicación Nº 2, para sustituir el inciso segundo del artículo 4º de la Ley de Tránsito por el que sigue: "Sólo podrán denunciarse las infracciones, contravenciones o faltas que haya sorprendido personal y directamente el funcionario denunciante, pudiendo utilizar para ello equipos de detección y de registro de infracciones que se ajusten a lo dispuesto en los incisos siguientes.".
El señor MUÑOZ BARRA.-
Sería bueno que alguien la explicara.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , ésta y las otras dos indicaciones que renovamos dicen relación a uno de los puntos esenciales del proyecto: el mecanismo por el cual se controlan las distintas disposiciones de la Ley de Tránsito, en este caso la velocidad y lo relativo a las luces rojas.
Reseñaré brevemente algunos antecedentes.
El 22 de agosto de 2001 los Senadores señora Matthei y señores Chadwick , Novoa y Stange presentaron una moción con la cual iniciaron un proyecto tendiente a reformular integralmente el procedimiento por denuncia o infracciones a las normas de tránsito; restringir el uso de fotorradares a los que utilice Carabineros, como radares de puño o portátiles de su propiedad, suprimiendo el fotorradar fijo o emplazado en un poste; aumentar los límites máximos de velocidad tanto en zonas urbanas como rurales y establecer un sistema diferenciado de multas según la gravedad de la infracción.
El 30 de octubre de 2001 los Senadores señores Andrés Zaldívar y Ríos presentaron una moción dando origen a una iniciativa que fue incluida en la convocatoria por el Presidente de la República y que tenía por objeto derogar las normas legales que regulan la forma y los requisitos para cursar infracciones a la Ley de Tránsito mediante la utilización de fotorradares; suprimir este sistema, en razón del uso y abuso que se hizo de las multas, y conceder una amnistía. Su texto fue aprobado unánimemente por el Senado en primer trámite constitucional y se encuentra en la Cámara de Diputados.
El 23 de enero de 2002 llegó un proyecto, originado en mensaje y con urgencia calificada de "discusión inmediata", que suspendía por 90 días el uso de los fotorradares y concedía amnistía por infracciones cursadas mediante ese tipo de registro. Fue aprobado y se transformó en ley. Dicho plazo expiró el 6 de junio recién pasado.
El propósito que persigo recordando estos antecedentes es remover la memoria y la conciencia de los señores Senadores que en su momento se opusieron al uso del fotorradar para determinados fines, lo que constituye la esencia de las indicaciones que renovamos. ¿Por qué? Porque con el desarrollo tecnológico disponemos de una serie de sensores remotos, que son instrumentos instalados a distancia, que funcionan sin la presencia de un sujeto y de los cuales se obtiene información. Se utilizan con distintas finalidades, fundamentalmente para controlar.
La iniciativa que nos ocupa se refiere a equipos cuyo uso debe ser vigilado por un individuo para que la denuncia adquiera legitimidad. Por el contrario, si el registro de la infracción se realiza sin la presencia de alguien que la certifique, se vulnera la garantía constitucional relativa al debido proceso cuando el afectado enfrenta la ley.
En ese sentido, está clara la importancia de la libertad de las personas, la cual obviamente también limita con la libertad de los demás, generándose un pacto social de donde emanan una serie de leyes. Pero eso es distinto de pretender sentar precedentes para tener una suerte de sociedad vigilada mediante instrumentos que registran información y la convierten en denuncia, sin contar con una persona que aplique su criterio para evaluar en qué casos se comete infracción y en cuáles no, porque entonces se entra en un terreno bastante peligroso.
El señor ZURITA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor HORVATH.-
Aunque el tiempo es escaso, con gusto se la concedo, con la venia de la Mesa.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Dentro del tiempo de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Lo planteado por el Senador señor Horvath es como si en las pruebas atléticas se eliminara el fallo fotográfico para determinar quién llega primero y se procediera como antiguamente: al ojo de un juez de llegada.
Lo mismo sucede en este caso. La cuestión es si debemos mantener todo el día un carabinero al lado de un equipo de registro para vigilar quién pasa con luz roja, o sencillamente el control se realiza mediante dispositivos automáticos que informen sobre quién incurre en esa infracción.
Gracias.
El señor HORVATH.-
Bueno, en el caso de los eventos deportivos, lógicamente ellos no terminan en delito, a menos que por sensores remotos se vigile si hay doping o cosas por el estilo. Igual podría procederse en el Campeonato Mundial de Fútbol, para comprobar si los goles fueron bien hechos o no.
Volvamos a la esencia del asunto. ¿Queremos una sociedad vigilada por sensores remotos, que a la larga será robotizada y donde finalmente los jueces ya no tendrán elementos de juicio como para poder fallar? La garantía consagrada en el inciso quinto del Nº 3º del artículo 19 de la Constitución expresa:
"Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.".
A nuestro juicio, en el presente caso no sucede eso. ¿Qué ocurre cuando un fotorradar detecta, por ejemplo, a un vehículo que traslada a un adulto o niño para atención de urgencia en un hospital, o a un bombero que acude a apagar un incendio? El fotorradar no podrá discriminar y el juez tampoco tendrá atribuciones para analizar la situación en conciencia y en definitiva sentenciar de manera distinta.
Hay diversas leyes que contemplan apoyo tecnológico, como la relativa al uso de posicionador satelital en las embarcaciones. Sin embargo, detrás de éste siempre se halla la Armada de Chile o el Servicio Nacional de Pesca, que actúan como testigos de las denuncias y se comprometen con ello.
En la eventualidad de que prospere la fórmula propuesta por la Comisión de Transportes, eso no sucederá. La norma planteada establece que solamente Carabineros podrá operar los equipos. No obstante, en el fondo la operación consistirá en encenderlos y en dejarlos funcionando, y después de firmar denuncias sobre hechos que no han visto, deberán hacerlas llegar los jueces de policía local.
Dicho sistema es realmente pernicioso.
Reitero que la tecnología debe estar al servicio de las personas y éstas tienen que hacerse responsables ante los tribunales correspondientes. Por eso renovamos las tres indicaciones mencionadas, que van en la misma línea.
En lo referente a instrumentos de registro, próximamente se someterá al pronunciamiento de la Sala el proyecto que introduce los tags, vale decir, los dispositivos que se usarán en las vías concesionadas para detectar los tipos de vehículos que circulan y la frecuencia con que lo hacen, para los efectos del cobro de peaje. Este control tiene un sentido económico, no de denuncia, y quien ingrese al sistema concesionado, constituido por vías bien definidas en Chile, deberá someterse a esas reglas del juego. En cambio, la norma en debate es de carácter general para toda la red vial, tanto urbana como rural. Por eso estimamos que esto debe ser revisado por la Sala.
No haré observaciones acerca de otros puntos abordados en la iniciativa, aunque sí quedan algunas dudas, entre las cuales puedo mencionar las siguientes: ¿Quién suscribirá los contratos con los propietarios de los fotorradares? ¿Quién los instalará? ¿Cuál será el procedimiento de pago para ello? No se dice nada al respecto.
Señor Presidente y Honorable Senado, solicitamos reconsiderar los aspectos mencionados y evaluar las indicaciones que hemos renovado, cuyo objeto es evitar que en el futuro se cometan abusos, como de hecho aconteció en el pasado.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , el uso de los fotorradares dio más bien ocasión para perpetrar abusos. Todos sabemos que en los lugares donde se instalaban se fijaban límites máximos de velocidad tan absurdos que nadie los respetaba. Allí se controlaba y se cursaban los partes, y finalmente la municipalidad que había establecido esos bajos límites de velocidad se beneficiaba con la recaudación de las multas. Esa situación ha sido corregida en el proyecto a través de varios mecanismos.
En primer lugar, se fijan límites máximos de velocidad razonables, tanto en sectores urbanos como rurales, que no podrán ser modificados por los municipios ni por autoridad alguna, salvo que un estudio técnico así lo avale, sea por razones de mala visibilidad, reparaciones en la vía, existencia de hoyos, etcétera. Sólo de ese modo será factible alterar los límites máximos de velocidad, que aparte de ser racionales serán uniformes a lo largo de todo el territorio.
En segundo término, los fotorradares siempre serán operados por Carabineros de Chile y sólo en algunas circunstancias -por ejemplo, en plazas de peaje o en zonas donde se estén efectuando reparaciones u obras de mantención de caminos- por inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas. De manera que se eliminan los fiscalizadores municipales que tenían a su cargo tales equipos y que causaron estragos.
En tercer lugar, el dinero recaudado ya no irá al municipio respectivo sino al Fondo Común Municipal. En esta forma se eliminan los incentivos perversos para el mal uso de los fotorradares.
Dadas esas garantías, la cuestión es si resulta conveniente la existencia de esos aparatos de detección de infracciones o no, porque su operación por parte de Carabineros obliga a la permanencia de uno de estos funcionarios al lado de los fotorradares. Y, en este caso, tal vez sería mejor suprimirlos, lisa y llanamente. ¿Para qué tener un sistema de registro de infracciones consistente en una foto y además una persona parada al lado para que dé fe de lo que la máquina informa? O las contravenciones se detectan automáticamente, o bien a través de un carabinero y nos olvidamos del fotorradar.
Lo que sucede es que, bien utilizado, constituye un medio eficaz y eficiente para prevenir accidentes. No es necesario apostar un carabinero durante 24 horas para detectar infracciones. Cuando estudios de expertos (por ejemplo, de CONASET, Corporación Nacional de Seguridad del Tránsito) determinen que en ciertas zonas se producen muchos accidentes, no se respeta la luz roja, es frecuente el exceso de velocidad u otra causa, allí habrá fotorradar, el que podrá funcionar los 365 días del año y las 24 horas del día. ¿Por qué, además, debe contarse con la presencia de un carabinero? ¿Es que todos los registros automáticos no servirán de nada?
Señor Presidente , hay que decidir si se quiere utilizar o no fotorradares. Yo, por lo menos, he sido una opositora tenaz de su mal uso o abuso, pero este proyecto me da absoluta garantía de que ya no los habrá, porque los aparatos serán operados solamente por Carabineros, no por funcionarios municipales; porque las velocidades van a ser razonables, y porque las municipalidades no se enriquecerán con el sistema. A mí me da plena garantía el hecho de que funcionen dispositivos que registren las fallas respecto de las cuales se cursarán los partes correspondientes. Pero sería absurda la permanencia de un carabinero si se dispone de una máquina. ¡Entonces, olvidémonos de la máquina y dejemos al carabinero! Si éste de por sí es ministro de fe , bastaría con su presencia.
Nos oponemos a la indicación, por creer que destruiría un sistema que, bien usado, puede contribuir a la disminución de los accidentes de tránsito, que en nuestro país son demasiados.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , esta indicación debe evaluarse a la luz de un proyecto que ha llegado a la Comisión de Transportes y que tiene que ver con los telepeajes, en vista de que ahora se van a cobrar los derechos de movilización de los vehículos livianos y pesados en las arterias concesionadas, usando, para ello, un sistema electrónico. Entonces, si se aprueba la indicación, habría que admitir que la otra modalidad quedaría del todo obsoleta.
El señor HORVATH .-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor MUÑOZ BARRA.-
El proyecto que llegó, en los términos en que se ha propuesto, proporciona un sistema que cuya aplicación brinda normalidad y ecuanimidad. Se trata de normas de gran trascendencia.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , justamente señalé que el sistema de tarjetas de identificación de los vehículos que entran a las vías concesionadas y que permiten efectuar el cobro sin necesidad de detenerse en plazas de peaje tiene otro objeto. Es más bien un modo económico de racionalizar todo el flujo de vehículos...
El señor MUÑOZ BARRA .-
Se va a sancionar como falta de tránsito...
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos.
El señor HORVATH.-
No, la sanción se aplicará a quien ingrese sin la tarjeta y no esté dispuesto a pagar el peaje. La razón es por completo distinta y absolutamente complementaria.
Insisto: un carabinero o un funcionario fiscalizador de Obras Públicas apoyados por un fotorradar en un área de riesgo, será un complemento importantísimo en la tarea de evaluar y pasar las denuncias al tribunal. No estoy contra eso; al contrario. Hay áreas de riesgo por las cuales pasan innumerable vehículos en tiempos muy breves, respecto de los cuales simultáneamente hay que controlar su velocidad. Por eso, es un instrumento que apoya al carabinero o al funcionario fiscalizador, pero no los puede suplantar ni sustituir.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
A continuación, se votará la indicación.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero solicitar que la Mesa acoja el planteamiento del Senador señor Horvath , en el sentido de votar conjuntamente las tres indicaciones que presentó, en vista de que persiguen el mismo objetivo. Es de completa lógica.
En segundo lugar, me opongo a las indicaciones. Como complemento a la intervención de la Senadora señora Matthei , opino que van en contra de la esencia de la iniciativa, que consiste en la utilización de los fotorradares. Sería extrapolar los argumentos afirmar que su operación requiere la presencia permanente de un carabinero, porque, de otro modo, como lo ha dicho el Honorable señor Horvath , es posible caer en inconstitucionalidad frente a los derechos de los conductores, quienes podrían verse afectados por falta del debido proceso.
Es el juez de policía local -como lo establece el artículo 14 de la ley Nº 18.287- quien aprecia la prueba y los antecedentes de la causa, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y del mismo modo ponderará la denuncia formulada por un carabinero, inspector municipal u otro funcionario que, en ejercicio de su cargo, deba denunciar la infracción.
El artículo agrega: "El solo hecho de la contravención o infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa efecto entre la contravención o infracción y el daño producido.".
A la luz de esta norma legal, no se advierte que pudiera existir inconstitucionalidad. Si Carabineros no opera directa y personalmente un registro de infracciones, en este caso los fotorradares, las imágenes o duplicados en papel que arroje un registro se envían al juzgado de policía local por el denunciante -el carabinero-, con la identidad del denunciante y cargo que desempeña de acuerdo con el número 4 del artículo 4º de la ley Nº 18.287. Y será el juez quien valorará dicho registro como un medio técnico para apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, que es la manera de evaluar la prueba en materia de policía local, de acuerdo con la lógica, el buen sentido y las normas de la experiencia.
Señor Presidente , me parece que estas indicaciones deben rechazarse por las razones de orden técnico y práctico planteadas por la Senadora señora Matthei , y también porque las aprensiones que han hecho presentes los Senadores que firman la indicación en este caso no son aplicables, por cuanto es el juez de policía local quien determina la responsabilidad del infractor y, por consiguiente, la sanción o multa que corresponde.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Para seguir un procedimiento lógico, correspondería pronunciarse sobre la petición.
Si le parece a la Sala, se votarían las tres indicaciones en conjunto.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , tengo la impresión de que la indicación número 2.- y la que sustituye los incisos segundo al séptimo del artículo 4º son parecidas y podrían aprobarse o rechazarse en una sola votación.
Sin embargo, me parece que la que reemplaza la oración final del inciso primero del artículo 3º tiene un trasfondo absolutamente distinto. Por eso, sugiero, respecto de ella, discusión y votación separada.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se procedería en la forma que ha propuesto la Honorable señora Matthei.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , quiero hacer una brevísima aclaración.
¿Se ha dicho por alguien cuántas clases de fotorradares hay y cómo funcionan? No.
Hay fotorradares fijos, móviles, automáticos y accionados por una persona.
El que más ha dado que hablar y el que se quiere suprimir -a pesar de que rija en las Olimpíadas- es el fijo, que está hecho para controlar en lugares de peligro, como son la proximidad de un semáforo o las zonas de escuela. Y ese tipo de fotorradar no necesita un carabinero al lado. A lo sumo requiere de uno que lo cuide de los bárbaros que quieran destruirlo. Nada más. Funciona solo.
Ahora bien, cuando se desea tomar precauciones en el camino, se usan los fototorradares móviles, que son una especie de computador que porta el carabinero. Se instala en un lugar y el rayo de luz que corta la carretera controla la velocidad. El carabinero espera tranquilo. Una vez que han pasado diez o veinte vehículos, revisa la grabación y descubre que, de todos, uno de ellos pasó a 115 kilómetros por hora. Lo registra y cursa la denuncia.
Por último, el de uso más frecuente es el fotorradar móvil de pistola, cuyo rayo de luz corta el parabrisas del auto que viene y detecta su velocidad. Con este mecanismo se pasa el parte a la antigua. Le dicen: "Usted venía a 125 kilómetros por hora. Entrégueme sus documentos, tome esta boleta y vaya a pagar.".
Creo que el fotorradar automático es utilísimo y no necesita un carabinero al lado. Lo que se requiere es que nadie lo derogue y que se ubique en aquellos lugares de peligro.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , deseo recordar que el objetivo del proyecto y de este artículo, así como de la propia indicación en debate, es prevenir los accidentes del tránsito.
La pregunta es cómo se hace. Desde hace algún tiempo, con la aparición de los instrumentos tecnológicos, se fueron incorporando algunos de ellos al uso de los personeros encargados o facultados para efectuar la detección de infracciones y así evitar los accidentes que se pudieran producir por no respetar las leyes del tránsito. Entre ellos surgieron los fotorradares, y efectivamente, como lo ha señalado la Senadora señora Matthei , el uso de esos instrumentos, por distintas consideraciones, por los propios incentivos que contempla la ley vigente, ha sido extraordinariamente negativo.
Por ese motivo, cuando discutimos modificaciones a la Ley del Tránsito hace tres o cuatro años, regulamos el uso de estos fotorradares en la forma como se propone en la indicación que ha presentado el Honorable señor Horvath . Me correspondió presidir la Comisión Mixta en esa oportunidad y pudimos conocer una iniciativa bastante semejante a la que hoy día está proponiendo dicho señor Senador, con la que estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque, dadas las reglas y los incentivos que existían en ese minuto, me parecía inconveniente que se aplicaran los fotorradares de modo automático.
La Comisión ha planteado hoy una fórmula bastante más completa para cambiar esa situación. Y, en verdad, debo admitir que soy escéptico respecto de los fotorradares y que mi inclinación natural sería más bien la de suprimirlos. Quiero creer que lo que se ha trabajado, los cambios introducidos en la iniciativa, la eliminación de los incentivos perversos, van a desincentivar los abusos en la materia.
Señor Presidente , por ese motivo, voy a votar a favor del proyecto de la Comisión, y no de la indicación, no obstante compartir la inquietud subyacente en ésta, haciendo fe, por última vez, de que estos instrumentos tecnológicos ayudan a prevenir los accidentes. Pero observaremos lo que ocurra en los próximos meses o años de aplicación de la iniciativa. Si acaso no se ha corregido el abuso, si los mecanismos preventivos para ello no han resultado eficaces, creo que tendremos que tomar la decisión, fruto de la experiencia, que recomiende la realidad. Si existe abuso, habrá que suprimir los fotorradares, cualquiera que sea su fórmula, y dejar que sólo puedan ser detectadas las infracciones por personas utilizando los mecanismos, pero no en forma automática.
Voy a hacer fe de lo que ha hecho la Comisión, porque ha trabajado. Se ha hecho un esfuerzo por lograr un acuerdo que va mucho más allá; hay modificaciones importantes, como el aumento del límite de velocidad, y eso impedirá que los municipios, que eran los que abusaban, continúen haciéndolo.
Por eso, señor Presidente , quiero ser explícito en reconocer que estoy cambiando un criterio que mantuve, semejante al de la indicación que se ha propuesto. Lo hago sólo pensando en que de buena fe podemos, a través de estos mecanismos, mejorar la prevención de los accidentes del tránsito.
He dicho.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Propongo a la Sala votar las indicaciones números 2 y 5.
Si no hubiera objeciones, así se acordaría.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , simplemente quiero incorporar un elemento nuevo al debate relativo a los fotorradares. No tengo duda de que, como han expresado anteriormente varios señores Senadores, este proyecto es muy superior a lo que existía en el pasado y, por lo tanto, es obvio que muchas de las anomalías que se señalaban hoy ya no se presentan.
Sin embargo, deseo llamar la atención sobre lo siguiente. Es de la esencia de las infracciones del tránsito que exista un ministro de fe en el momento en que se comete la infracción, para los efectos de determinar si aquélla real y objetivamente existió. Para seguir con el ejemplo que utilizó el Honorable señor Zurita , cuando un policía detecta que una persona va a exceso de velocidad y está haciéndole un control a través de lo que él denomina un "fotorradar movible" o "portátil", lo que registra en ese momento es que efectivamente hay una persona a exceso de velocidad. Pero si ésta, por las circunstancias del caso, realmente está en una situación excepcional que amerita que no se le curse la infracción, el policía no se la va cursar. Porque la ley no lo obliga a señalar que siempre y en toda circunstancia el conductor que supere un límite de velocidad comete una infracción. El policía, como ministro de fe , debe calificar en ese momento las circunstancias que llevaron al infractor a andar a exceso de velocidad. Imaginémonos que se trata de una persona que lleva un herido a exceso de velocidad. El carabinero no le va a cursar la infracción; va a evaluar en el momento la situación e, incluso, en muchas oportunidades la ayudará a que llegue rápido al lugar adonde se lleva al herido.
En cambio, si hay un fotorradar sin un ministro de fe, lo que ocurrirá en la práctica es que a la persona se la va a notificar de una infracción del tránsito, aviso que llegará varias semanas después. Y explíquenme cómo le va acreditar al juez de policía local que efectivamente ese día, a esa hora, por esa calle y en esa circunstancia, estaba sujeta a una situación excepcional. Por ello, lo razonable es que las infracciones del tránsito se cursen por un ministro de fe. Y lo único que esta indicación pide no es que se eliminen los fotorradares -ésa es una norma que ya se aprobó-, sino que cuando exista un fotorradar, éste sea acompañado de un ministro de fe que certifique que efectivamente, en las circunstancias objetivas de cada caso, la infracción es real. Incluso, puede ocurrir cuando una persona pasa un disco "pare" sin detenerse, en una situación de emergencia; puede ocurrir cuando alguien, en un momento determinado, incluso pase una luz roja. Lo que aquí señalamos es que hay un elemento objetivo que registra una infracción, sin que la persona, enfrentada a un ministro de fe, pueda entregar los fundamentos de su conducta en ese momento.
Entonces, siento que aquí se está eliminando un elemento esencial de las infracciones graves: que el ministro de fe es quien debe determinar si la infracción realmente se ha cometido o no se ha cometido. La indicación es, pues, razonable, ya que no pretende eliminar los fotorradares, porque ésa es una materia ya resuelta por este Honorable Senado. Sin perjuicio de que muchos de nosotros fuimos partidarios de que no existieran, es un hecho que la mayoría ha querido que existan. Lo único que se está pidiendo es que cuando se opere un instrumento de esta naturaleza haya un ministro de fe que evalúe en el momento las circunstancias de hecho que permitan saber si la infracción existió, o si había otros antecedentes que eliminaban tal contravención.
Por esa razón, señor Presidente , a lo menos yo voy a votar a favor de la indicación. Me parece que constituye una perfección adicional al proyecto y permitirá evitar muchas arbitrariedades que se producen cuando se cursan infracciones en circunstancias excepcionales, en las cuales realmente no era razonable sancionar a la persona por la conducta que en ese momento cometió.
La señora MATTHEI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Todos los que quieran fundar su voto lo podrán hacer en su momento, señora Senadora.
Continúa la votación.
La señora MATTHEI.-
Pero le he pedido la palabra, señor Presidente.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Se la vamos a ofrecer a su turno.
La señor MATTHEI.-
Pero no es lo mismo hablar antes de la votación que después, señor Presidente .
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Señora Senadora, estamos en votación.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, no es lo mismo hablar al inicio de la votación que hacia el final de la misma.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Pido el acuerdo de la Sala para que la señora Senadora pueda fundar su voto ahora.
Acordado.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en primer lugar quiero señalar que en este proyecto de ley también se introduce una graduación de las penas. Hoy en día se puede cursar un parte gravísimo, que puede significar la suspensión de la licencia, por conducir a 81 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido es 80. Sin embargo, con este proyecto eso ya no será posible, pues habrá un margen de tolerancia de hasta 5 kilómetros por hora que impedirá cursar la infracción. Si el exceso de velocidad es menor de 10 kilómetros por hora, se considerará que la falta es menos grave. Sólo podrá calificarse de gravísima si se supera el límite máximo en más de 20 kilómetros por hora.
Por lo tanto, señor Presidente , el exceso de velocidad tendrá un graduación de penas que hoy día no existe.
En segundo lugar, si alguien se ve obligado a circular por encima de los límites permitidos por una circunstancia tan excepcional como la de estar trasladando a un enfermo a la posta, perfectamente puede conseguir un certificado -es lo que yo recomendaría a un conductor que por ese motivo debió transitar a 150 kilómetros por hora- para comprobar que ese día y a esa hora tuvo que llevar de urgencia a una persona al centro asistencial más cercano.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza de que ahora efectivamente funcionen los juzgados de policía local. A raíz del uso indiscriminado de los fotorradares, a veces llegaban a un tribunal hasta 500 partes en un solo día, por lo que resultaba materialmente imposible para el juez escuchar los descargos de los presuntos infractores. En la medida en que dichos instrumentos sean utilizados de manera más razonable, y en la medida en que el exceso de velocidad esté graduado, para que no se produzca abuso, nosotros esperamos que efectivamente los afectados tengan la posibilidad de hablar con el juez, a fin de que sea éste, y no un carabinero, quien determine si en realidad se cometió o no una falta.
Por eso, voto en contra de la indicación.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente ? La Honorable señora Matthei tiene toda la razón. Si un Senador desea fundamentar su voto, debe hacerlo antes de que comience el proceso mismo de la votación. De lo contrario, no tiene sentido entregar argumentos en favor o en contra.
Se hizo una excepción con la Honorable señora Matthei y no veo por qué no se ha seguido con el resto idéntico procedimiento.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Señor Senador , el Reglamento me obliga a tomar la votación en orden alfabético.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Continúa la votación.
El señor GAZMURI.-
Voto en contra, señor Presidente , pues los incentivos perversos que existían para el mal uso de los fotorradares han sido corregidos, y me parece que utilizar estas modernas máquinas de ingenio para garantizar la seguridad en las vías es algo razonable.
El señor HORVATH.-
Apruebo la indicación, señor Presidente , por las razones que ya indiqué.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , efectivamente, uno de los aspectos que se criticaban a los fotorradares era la existencia de empresas que percibían un porcentaje de lo que las municipalidades recaudaban, de acuerdo con la cantidad de infracciones cometidas en lugares de fácil pesquisa debido a los ínfimos límites de velocidad allí establecidos.
Sin embargo, creo que la indicación se excede en cuanto a tales aprensiones. Los sistemas de detección de velocidad e infracciones de luz roja se aplican en muchos países -entre otros, Argentina, Brasil , Chile, Canadá , Estados Unidos, Alemania, Austria , España , Reino Unido, Noruega , Suecia, Finlandia, Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Israel , Malasia , China- con resultados positivos y sin efectos perversos. Estos equipos -que aquí todavía se siguen considerando peligrosos, aun cuando sean operados por carabineros o inspectores fiscales- han permitido reducir, en Canadá, en 25 por ciento las colisiones en el día y en 17 por ciento las colisiones con muerte, y en Australia, en 32 por ciento las colisiones cruzadas y en 10 por ciento los lesionados, para mencionar sólo lo que ocurre en dos de los países que aplican algún sistema de detección.
Creo que la indicación es negativa a la luz de la intención del proyecto y por eso la rechazo.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , aquí se ha argumentado en varias ocasiones que el uso de fotorradares tiene por objeto evitar accidentes. La verdad es que, si somos literales en esta materia, debemos reconocer que este proyecto no fue presentado con ese propósito, sino para precaver los abusos que se estaban cometiendo con dichos instrumentos.
Por eso, a Renovación Nacional le preocupa el tema. Y, si bien es cierto que la iniciativa en discusión es mejor que lo actualmente existente, a nuestro juicio la deshumanización en la aplicación de la ley en esta materia hará que se sigan produciendo abusos con los conductores.
No voy a repetir los planteamientos formulados por los Honorables señores Horvath y Espina, con los cuales estoy completamente de acuerdo, sino sólo agregar que, aparte de que las infracciones serán detectadas por máquinas, se está estableciendo un proceso que no contempla segunda instancia. De manera que si un juez de policía local comete un error y aplica arbitrariamente una sanción, la persona afectada no tendrá otra alternativa que quedarse con esa sanción.
Por eso, aunque es cierto que con esta nueva normativa disminuirán, con respecto a la anterior, los abusos, éstos van a seguir existiendo. Ésa es mi convicción y de ahí la posición que ha respaldado Renovación Nacional.
Finalmente, señor Presidente , me referiré a un tema que planteamos en la Comisión a través de una indicación.
A mí me preocupa que, habiendo en Chile tantos accidentes de tránsito, y lo recaudado con las multas cursadas a los infractores, no se destine un solo centavo -¡ni un solo centavo!- a señales viales, a arreglo de calles, a Bomberos, que son los que intervienen cuando sufrimos un accidente, ya sea para salvarnos la vida o para evitar que se produzcan otros.
En general, tenemos diferencias importantes respecto del proyecto. Creemos que se seguirán cometiendo abusos y que el destino de las multas no está orientado en forma clara a un mejoramiento de las condiciones del tránsito.
Voto a favor de la indicación.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , se ha señalado hasta la saciedad algo que aparentemente sería verdad, en el sentido de que los alcaldes son perversos, y que esa perversidad llevaría a eliminar su autoridad en un tema tan trascendente como éste, entregándola a funcionarios de Carabineros, que no son perversos.
Eso es lo que se concluiría. Y por ello se otorgan recursos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para incrementar su presupuesto -me parece bien-, lo cual hace más fuerte esta especie de "santuario fiscal" que existe en La Moneda, adonde los alcaldes de nuestro país concurren a buscar fondos para la pavimentación de la vereda de alguna población, dejando puesta una plaquita con la frase "Gracias por el favor concedido".
Este hecho, que es verdadero, nos lleva a sostener que el alcalde, representante de la democracia, es perverso, y que un carabinero, que no tiene ninguna relación con la democracia, sino que asciende por méritos, no lo es.
Esto, que pareciera ser una ridiculización, es algo que se manifiesta en forma permanente. Por ejemplo, en la iniciativa que discutimos con anterioridad, le quitamos a la municipalidad la alternativa de ser ella la que dispusiera el reajuste de las remuneraciones de los funcionarios de la atención primaria de salud y se la entregamos a personas no elegidas por el pueblo de Chile.
Y este proceso se avala día a día, aunque quiero decir que en muchas oportunidades se procede así con razón. En lo que respecta a Argentina, un humorista trasandino decía con mucha razón: "Mi país se encuentra en la situación actual por el marketing político, que fijó en la retina de las personas a gente que no es la más adecuada para dirigir la nación".
Yo sé que estas cosas se producen; pero la verdad de las cosas es que no me gusta que se sostenga que un grupo de chilenos son perversos y que otros no lo son.
Finalmente, se procedió a retirar de la actividad fiscalizadora a los fotorradares, porque simplemente no existía un principio básico de justicia; es decir, una persona dotada de voluntad y con todas las capacidades necesarias para iniciar una acción judicial en un determinado juzgado de policía local.
Por otro lado, porque la administración de ese elemento físico, que no tiene voluntad, alma ni sentido de responsabilidad pública, terminaba por ser un abuso, en todo lo que nosotros entendemos por acción de las personas que actúan en el campo de la institucionalidad de Chile.
Por eso, votaré favorablemente la indicación que he suscrito, porque así debe ser. Porque efectivamente el Senado ya se pronunció en favor de la eliminación de los fotorradares. Y yo no cambio mi opinión, señor Presidente.
En la Sala, hace unos meses, hubo encendidos discursos conforme a los cuales había que terminar con tales instrumentos de medición. Junto con el Honorable señor Andrés Zaldívar nos costó bastante poco que se aprobara un proyecto de ley, porque todos los Honorables colegas estuvieron de acuerdo.
Hoy hay confusión y se discute si actúa o no actúa Carabineros; pero, en definitiva, sin ser óptima la indicación, avanza en un proceso en el que la responsabilidad está radicada en personas que han sido preparadas para cumplir esa responsabilidad. Así los hombres y mujeres que conduzcan y que estén sujetos a una situación determinada tendrán la alternativa de explicar las razones que produjeron un eventual exceso de velocidad.
Voto a favor de la indicación.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , efectivamente los Senadores de Renovación Nacional hemos mantenido una línea muy clara y precisa respecto de este tema.
Se trata de una materia que afecta la libertad de las personas. Porque no cabe la menor duda de que los fotorradares instalados arbitrariamente con propósitos distintos a los que originalmente se tuvo en vista -la preservación y resguardo de las vidas humanas-, se convirtieron de pronto en amenaza para las personas. En ese aspecto, creemos importante que todo cuanto atente contra la libertad personal sea removido.
Me sorprende que el Senado de la República esté en un ciclo de cambios. Hace muy poco -ayer, no más- tuvimos que rectificar una norma dictada respecto de una materia en el que el Senado había incurrido en una omisión. Por ello, hubo que efectuar un precipitado cambio en la legislación.
Hoy nos encontramos con que en menos de 30 o de 60 días el Senado está tomando una posición completamente diferente a la que había adoptado, en el sentido de terminar con los fotorradares.
Creo que nosotros no debemos enviar esas señales de confusión a la opinión pública. Esta rama legislativa ha mantenido siempre una línea clara, seria y responsable. En esa virtud, mantendremos la posición que siempre tuvimos y votaremos en favor de la indicación.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , la Comisión presenta un proyecto muy mejorado con relación al que conocimos anteriormente, que viene a recoger en parte el espíritu del Congreso Nacional, el cual por unanimidad había optado por eliminar los fotorradares.
Ahora, estamos en presencia de un sustituto que si bien no los elimina definitivamente, por lo menos, mejora la situación y pretende evitar los abusos que se cometieron con los fotorradares.
La forma en que también se han regulado las velocidades y los márgenes de tolerancia, sin duda, hará disminuir el número de infractores con respecto a la medida.
En cuanto a las argumentaciones dadas por el Honorable señor Espina, debo señalar que los partes cursados lamentablemente en este tipo de situaciones no afectan a quienes conducen los vehículos y sí a los propietarios de los mismos. Por lo tanto, el conductor tampoco es sancionado con la suspensión de su licencia.
Ése es el sistema.
El señor ESPINA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor SABAG.-
Por supuesto.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella.
El señor ESPINA.-
Sólo para decir que la situación es mucho más grave: cuando un policía cursa una infracción, es claro que ella se aplica a quien conduce el vehículo.
En el caso que Su Señoría señala, la situación es mucho más grave, porque la infracción es contra el automóvil, y puede que la persona que lo maneja habitualmente no sea la misma a la que se cursa la infracción con el fotorradar. De modo que me parece más grave la situación que lo que el señor Senador señala.
Gracias por la interrupción.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Continúa con la palabra el Honorable señor Sabag.
Debo advertir a la Sala que no se pueden conceder interrupciones durante la votación.
El señor SABAG.-
En todo caso, así opera el sistema de fotorradares. En las circunstancias modernas, es imposible que Carabineros, aun con los modernos sistemas, pueda oficializar todos los partes. En todo caso, la normativa que estamos aprobando es lo mejor que hemos podido lograr.
Quiero poner de relieve un aspecto muy importante, al cual ya se refirió el Honorable señor Zurita. Me refiero a los equipos de registro de detección de infracciones, del cual se habla en dos partes el proyecto.
Pues bien, deseo dejar en claro para el establecimiento fidedigno de la historia de la ley -porque así lo entendemos todos los señores Senadores- que no se trata de pistolas o de otros instrumentos que manejan carabineros para cursar partes, cuyo producto también debe ir al Fondo Común Municipal, sino de los instrumentos que conocemos como fotorradares y que operan con el sistema aquí señalado. Sólo esas multas tienen como destino el Fondo Común Municipal.
Por las razones expuestas, estamos totalmente de acuerdo con el texto aprobado por la Comisión y votaremos en contra de las dos indicaciones.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , he escuchado detenidamente el debate y me he formado la convicción de que en verdad los autores de la indicación lo que en el fondo plantean es la eliminación de los fotorradares, aunque no lo quieran reconocer. Se trata de un subterfugio. Por lo tanto, voto en contra de las dos indicaciones.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, en verdad el problema es de bastante profundidad.
Me conmueve, por decir lo menos, la cantidad de accidentes fatales que se producen en nuestro sistema vial: dos mil accidentes el año pasado, cincuenta por ciento de los cuales corresponde a peatones. Creo que somos uno de los primeros países en el mundo en materia de accidentes fatales. Ése es el problema que nos debe preocupar.
El fotorradar forma parte de una regulación respecto de la cual ni siquiera debiéramos legislar, porque su sistematización es un problema del Ministerio de Transportes, el que debiera dictar un reglamento muy estricto y actualizado sobre cómo realizar, por ejemplo, las señales del tránsito. Porque éste es un problema de señalética. Sabemos que ésta no está completa ni es técnicamente eficiente en todos los caminos de Chile. Queda mucho por hacer todavía. Pero los diferentes sistemas que integran el transporte nacional son dispares, no son interactivos y no funcionan en forma eficiente.
Contamos con un parque de vehículos de última generación, propio de un país desarrollado. Tenemos un sistema vial todavía en desarrollo. Algunas carreteras licitadas tienen señaléticas bastante aceptables, pero no suficientes para vehículos tan modernos. Y muchos de los conductores no tienen la experiencia necesaria para operar dentro de un parque bastante denso de automóviles, como ocurre en el caso de Santiago.
Entonces, la automatización del sistema obviamente beneficia en forma directa la posibilidad de reducir de alguna forma los dos mil accidentes fatales anuales, en los cuales ninguno tuvo la certificación de un ministro de fe. De modo que no veo por qué tendría que haber un ministro de fe si el sistema se opera y administra en forma eficiente.
Por tal razón, me parece que el sistema de fotorradares y los equipos electrónicos de registro y detección de infracciones que se pretende instalar en las plazas de peaje constituyen un mecanismo de cooperación positivo y muy eficiente para reducir la tasa de accidentes de tránsito que lamentablemente hoy día predomina en el país.
Por lo tanto, rechazo las indicaciones.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , deseo dejar establecido algo que me parece evidente. Me refiero al hecho de que con carabineros o sin ellos lo que indique el fotorradar no constituye plena prueba, sino un elemento de prueba en el tribunal. Ello, por mil razones, entre otras, porque uno puede adulterar la patente, colocar un líquido o plástico que impide el funcionamiento del fotorradar. O sea, así como hay un fotorradar existe también un "antifotorradar". Y es posible que haya muchas otras maneras para burlar lo que hoy parece ser perfecto.
La indicación establece que debe permanecer un carabinero al lado del equipo. En verdad, no hay norma alguna de la Ley de Tránsito que otorgue a Carabineros el carácter de ministro de fe. Los policías uniformados simplemente tienen la condición de denunciantes calificados. Sin embargo, el testimonio efectuado por dichos funcionarios puede ser desmentido ante el tribunal. De lo contrario, el carabinero cobraría la multa en el mismo lugar de los hechos y pasaría a ser juez.
Por lo tanto, al fundamentar mi voto, deseo dejar muy en claro que rechazo la indicación, porque no aporta nada nuevo. Pero, al mismo tiempo, quiero reiterar con mucha claridad que el fotorradar no constituye plena prueba y que un juez, sobre la base de otros antecedentes, puede perfectamente desmentir en su resolución o fallo el antecedente -por así decirlo- dado por dicho equipo.
El señor ROMERO .-
Excúseme, señor Senador. ¿Qué otra prueba puede esgrimirse?
El señor VIERA-GALLO .-
He explicado que se puede falsificar la patente. Es algo simple. Asimismo, hice presente que si se coloca un líquido o un adminículo en la patente el fotorradar no la registra. Esta práctica va a ser masiva en Chile, pues si se aprueba el uso de fotorradares, más gente recurrirá a ella para impedir que éstos registren a los infractores.
Por lo tanto, es evidente que el fotorradar no constituye plena prueba.
Además, debe considerarse que el parte se cursa ¿según entiendo- al conductor y no a la máquina. Y puede ocurrir que la infracción sea notificada no a quien conduce, sino al propietario del vehículo, quien debería pagar una multa que corresponde a otra persona. Porque, de lo contrario, la administración de justicia sería tan simple que bastaría instalar esos equipos y con ello evitar todo el trámite posterior. En tal sentido, no se justificaría la existencia del juzgado de policía local.
Por lo tanto, voto a favor del proyecto y en contra de las indicaciones, dejando claramente establecido que el fotorradar no es palabra santa que no se pueda discutir.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , en mis 58 años de abogado, de los cuales casi 40 los ejercí en cargos judiciales, nunca me tocó conocer de un accidente ocurrido en un lugar con semáforos en que alguno de los partícipes reconociera haber pasado con luz roja. Todos lo habían hecho con verde. Y para ello se recurría a toda clase de testigos: buenos, malos, falsos. Sin embargo, deseo preguntar lo siguiente a los señores Senadores autores y partidarios de la indicación. Si en un lugar donde no hay carabineros se produce un choque, con resultado de muertos o heridos debido a que alguien no respetó la luz roja de un semáforo y el fotorradar nos informa que el auto patente tanto fue el que pasó con luz roja, ¿no le darían valor los señores Senadores?
Por esas simples razones, apoyo el proyecto y rechazo las indicaciones.
El señor ABURTO.-
Señor Presidente, por los argumentos tan convincentes del Senador señor Zurita, rechazo las indicaciones.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , según he escuchado varias veces, algunos señores Senadores se asombran de lo que se está argumentando acá. Comprendo la oposición a que se vayan incorporando tecnologías modernas, pero he llegado al convencimiento de que los fotorradares van a ser una necesidad. En tal sentido, el pretender que al lado de éstos haya un carabinero, me llama a asombro y me parece un absurdo.
Voto en contra de las indicaciones.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , creo que los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra han sido suficientemente elocuentes, por lo que en esta oportunidad -quizás sea muy escasa en el futuro- coincido con ellos.
Voto en contra.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, en verdad, el proyecto tiene un doble objetivo: por un lado, efectivamente busca evitar los abusos que se cometen con el actual sistema; sin embargo, ha predominado en la Sala el criterio de que un medio tan moderno de registro y detección de infracciones como el fotorradar, debe ser bien utilizado.
En segundo término, me parece que no hay ningún tipo de disposición legal que reduzca a cero el riesgo de abuso. Lo más probable es que siempre exista algún nivel de abuso.
En tercer lugar, considero francamente -y coincido con algunas observaciones anteriores, como la del Senador señor Arancibia- que la presencia de un carabinero al lado del equipo mecánico para que opere es matar la posibilidad de su uso efectivo.
Por lo tanto, voto en contra.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , entiendo que toda la discusión se puede reducir a la expresión de que faltan policías y sobran accidentes. Ésa es la verdad. La idea es cómo, desde un punto de vista técnico y sin afectar lo primero, podemos disminuir lo segundo.
Por lo mismo, si faltan policías y sobran accidentes, no es dable despreciar elementos técnicos distintos que no obligan a que tales funcionarios, que son los que escasean, tengan que cumplir funciones laterales.
Por ello, me parece demasiado evidente esta discusión, y si existe racionalidad hay que votar en contra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , pido borrar de la Versión Taquigráfica el término "irracional", porque no lo considero comedido para los Honorables señores autores de la iniciativa.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Estamos en votación, Su Señoría.
El señor ÁVILA.-
No hemos oído en el Senado un ataque tan brutal a miembros del Parlamento, señor Presidente .
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se rechazan las indicaciones renovadas números 2 y 5 (32 votos contra 8 y 3 abstenciones)
Votaron por la negativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Cariola, Coloma, Chadwick, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Larraín, Matthei, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Canessa, Espina, García, Horvath, Martínez, Prokurica, Ríos y Romero.
Se abstuvieron de votar los señores Cantero, Cordero y Stange.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se rechazará. la indicación Nº 23 con la misma votación anterior.
El señor VEGA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , dicha indicación se analizó en la Comisión y, en verdad, no fue del todo rechazada. Se dedujo que no tenía relación directa con el proyecto y quedó pendiente para que se analice cuando se discuta la Ley de Tránsito.
De ello quería dejar constancia.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En consecuencia, como fueron rechazadas las indicaciones Nºs. 2 y 5, habría que aprobar las letras b) y c) del artículo 1º del proyecto, que tiene el carácter de ley simple.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo?
--Se aprueba el artículo 1º.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los artículos 2º y 3º no han sido objeto de indicaciones.
--Quedan aprobados (30 votos a favor y la abstención del señor Cordero ).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Indicación renovada Nº 23, suscrita por los Honorables señores Horvath, Stange, Prokurica, Espina, Ríos, Romero, Cantero, García, Martínez y Canessa, para reemplazar la oración final del inciso primero del artículo 3º de la ley Nº 18.287, que establece los procedimientos ante los juzgados de policía local, por la siguiente: "Con todo, las infracciones o contravenciones a las normas de tránsito por detenciones o estacionamientos en lugares prohibidos que se cometan a menos de cien metros de la entrada de postas de primeros auxilios y hospitales, y las relativas a velocidad y luz roja, sólo podrán ser denunciadas por Carabineros.".
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , es sólo para dar una información.
Esta indicación fue rechazada, por unanimidad, en la Comisión, porque es atingente a la Ley de Tránsito, y la idea es incorporarla en el proyecto tendiente a modificarla. El Senador señor Prokurica también fue partidario de desecharla.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , deseo recalcar que el contenido de la indicación es válido y necesario, sólo que se ha estimado que no es pertinente incluirlo en este proyecto. Por eso se rechaza.
Sin embargo, resulta indispensable aprobar esta idea, pues dado el lugar donde se ubicarían los fotorradares, obviamente las infracciones no podrían ser cursadas de manera automática, sino en forma manual por alguna persona.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo en rechazar la indicación Nº 23?
--Se rechaza.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
En consecuencia, habría que aprobar el artículo 4º.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en esa forma.
--Se aprueba (30 votos a favor y la abstención del señor Cordero), y queda despachado el proyecto en este trámite.
El señor Etcheberry (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, solamente quería agradecer, en nombre del Ejecutivo, el trabajo realizado en las Comisiones y en la Sala, y me parece que el Senado ha despachado un muy buen proyecto.
Muchas gracias.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
------------------------
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
A Su Excelencia el Presidente de la República, referente a RESOLUCIÓN DE CASOS PENDIENTES EN COMISIÓN MÉDICA DE RECLAMOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, SUPRESIÓN DE LA MISMA Y TRASPASO DE FUNCIONES A SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
Al señor Ministro del Interior, sobre INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO SALARIAL A PROFESORES DE TOCOPILLA (SEGUNDA REGIÓN).
Del señor ESPINA:
A los señores Ministro y Subsecretario de Obras Públicas, respecto de AVANCE DE PROTOCOLO DE ACUERDO POR DESVINCULACIÓN LABORAL.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y al señor SEREMI del ramo, tocante a REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO Y CERTIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN TERRENOS DE COMUNA DE VICTORIA.
A la señora Superintendenta de Seguridad Social y al señor Intendente de Regional , con relación a FALTA DE RESPUESTA A PETICIONES DE PENSIONES ASISTENCIALES DE VEJEZ.
Al señor Alcalde de Victoria, relacionado con MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DE COMUNIDAD PELON MAPU, LOCALIDAD DE PÚA.
A la señora Directora Regional del SERVIU, pidiéndole informar sobre POSTULACIONES A PROGRAMAS "SOLUCIONES SANITARIAS" Y "CASETAS SANITARIAS" EN COMUNA DE PURÉN (todos de la Novena Región).
Del señor FERNÁNDEZ:
A los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas , referente a TRAZADO DE CAMINO INTERNACIONAL BAHÍA AZUL-SAN SEBASTIAN POR CERRO SOMBRERO (DUODÉCIMA REGIÓN).
De la señora FREI (doña Carmen):
Al señor Ministro de Obras Públicas , sobre CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE SAN PEDRO DE ATACAMA Y OLLAGÜE (SEGUNDA REGIÓN).
De la señora MATTHEI:
Al señor Ministro de Obras Públicas , respecto de PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRE SALAMANCA Y CHALINGA (CUARTA REGIÓN).
Del señor ROMERO:
A la señora Ministra de Educación , en cuanto a REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMUNA DE LA CRUZ.
Al señor Ministro de Obras Públicas y a los señores Alcaldes de Quintero, Puchuncaví, Zapallar, La Ligua, Petorca, Nogales, La Calera, Hijuelas, La Cruz, Limache, Olmué, Villa Alemana, Quilpué, Llaillay, San Felipe, Rinconada, Calle Larga y Putaendo, en relación con REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESTRUIDA POR TEMPORALES EN COMUNAS DE QUINTA REGIÓN.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo y a los señores Alcaldes de Quintero, Puchuncaví, Zapallar, Papudo, La Ligua, Hijuelas, La Cruz, Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana y Llaillay, acerca de REPARACIÓN DE DAÑOS POR TEMPORALES EN COMUNAS DE QUINTA REGIÓN.
---------------------
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, en el tiempo de los Comités Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, y Renovación Nacional, ningún señor Senador hace uso de la palabra.
Corresponde el turno al Comité Socialista.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , hemos cedido nuestro tiempo al Partido por la Democracia.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
SITUACIÓN DE LA SALUD EN CHILE
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , el tema de la salud es un problema mundial; prácticamente no hay país en que no se discuta. Las razones son muy simples y están a la vista.
En primer lugar, la salud es uno de los problemas que más pueden interesar a los individuos y a la sociedad en su conjunto, porque de ella depende la sobrevivencia de cada uno de sus miembros.
En segundo lugar, tampoco cabe duda de que durante los siglos XIX y XX ha habido un cambio radical en la atención de salud, por los instrumentos que la ciencia y la tecnología les están dando cada día al personal del sector y a los gobiernos para abordar los temas de higiene que crean la situación en que las enfermedades se desarrollan y se transforman en plagas y epidemias diezmando a la población, como ocurría en la Edad Media, y además estableciendo nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento que producen el efecto de encarecer tremendamente los costos de la salud.
Finalmente, el éxito de la medicina ha prolongado la vida casi al doble de lo que eran las expectativas hace apenas un siglo, dando origen a los problemas denominados de la "tercera y cuarta edad", que obviamente requieren más atención de salud que durante la juventud.
Por ello es que cada cierto número de años hay que reformar los sistemas de salud en casi todos los países, y el sector es calificado como un pozo insaciable imposible de llenar, porque la gente cada vez le formula mayores requerimientos. Éstos no tienen límites, y por ello, en China, por ejemplo, que entregaba atención de salud gratuita y universal, se tuvo que empezar a cobrar, pues siendo gratis, la demanda de la población es aún más inagotable.
Éste es un elemento fundamental que debe tenerse presente para abordar el tema: no hay manera de satisfacer ciento por ciento a la población, por más dinero que se coloque en el sistema. Siempre habrá insatisfacción y reclamos. Dicho de otra manera, nunca existirá un sistema que otorgue todo lo que la población pide, pues mientras más se le dé, más se requerirá.
Chile tiene una situación privilegiada al respecto, porque su nivel sanitario es muy superior al que le correspondería de acuerdo al ingreso de la población. En el pasado se ejecutaron grandes tareas sobre el particular, mayormente a través del aparato estatal. Por eso tenemos niveles muy superiores, comparados con otros países en vías de desarrollo, y en muchos aspectos propios de naciones desarrolladas. Por eso me parece equivocado hablar de "subsidios cruzados", confundiendo las atenciones del sector público con las del sector privado.
Este último fue concebido bajo el gobierno militar, y siguiendo la línea marcada por la Constitución de 1980, el inciso tercero del Nº 9º del artículo 19 continúa haciendo recaer en el Estado la mayor responsabilidad, al establecer que "Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.".
Finaliza la disposición señalando que "Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.".
Sin embargo, esto no significa que ellos se transformen en compartimentos estancos, porque el deber fundamental sigue siendo del Estado.
El origen de estas instituciones parece haber generado en algunos sectores del país una antipatía y un rechazo incomprensibles. Se le critica a la medicina privada una serie de factores que no les han sido asignados, porque si el deber preferente es del Estado, ellas son una manera de ejercer las prestaciones de salud y no por eso el Estado abdica o se desliga de su deber. Si hay una epidemia, al Estado le corresponde enfrentarla y no a los distintos prestadores de salud particulares.
El problema del fuero maternal y del pago de pre y postnatal corresponde en parte, por cierto, a salud, y en otra muy importante a la seguridad social. A la salud, en cuanto a los cuidados para la madre y el niño, y más en general, hoy día, para la familia; pero en cuanto a las remuneraciones, obviamente es un problema de seguridad social y como tal debe encararse.
Es la legislación laboral la que obliga al descanso maternal pre y postparto, y es la seguridad social la que debe atender las remuneraciones o compensaciones para las personas que las requieran.
Por ello, resulta absurdo criticar al sector privado que deje en manos de la seguridad social este último rubro, porque para que lo asuma dicho sector es obvio que debería contar con los ingresos respectivos.
Mientras algunas críticas que se le hacen al sector privado son muy justas (por ejemplo, alza de los planes para la mayor edad, problemas de las enfermedades catastróficas, difícil información al público, etcétera), al parecer hay personas que piensan que la salud no puede ser motivo de lucro sino para quienes trabajan en ella. Tienen un rechazo instintivo a que otras empresas ganen dinero por esta vía. Ello se advierte no sólo en Chile, por ejemplo, respecto de los laboratorios que producen los medicamentos; pero también se genera ante clínicas, ISAPRES, laboratorios clínicos, etcétera. La frase "la salud no puede ser negocio" se escucha muy frecuentemente en los círculos ligados al sector.
Existe también una profunda desconfianza del ámbito laboral frente a las privatizaciones. Esa es otra herencia que quedó del gobierno militar, que las hizo en forma clandestina, sorpresiva, sin debate e información, quedando en los trabajadores la convicción más profunda de que ellos son los primeros perjudicados en estos procesos.
Y en este juego de las desconfianzas recíprocas se cae en francas exageraciones y excesos. Hay algunas que descalifican totalmente al sector público, por sus evidentes carencias, y sostienen que, no obstante todo el dinero que se le ha puesto y el que se le va a poner, no hay mejoría alguna en los servicios que presta.
Ello es absolutamente falso, ya que en 1990, la salud pública fue entregada en estado calamitoso, sin equipos, con calderas y autoclaves prácticamente inservibles, edificaciones ruinosas, carencia de los más elementales suministros, remuneraciones increíblemente bajas para su personal, y un estado de desmoralización consecuencial a estas carencias, etcétera.
Es efectivo que el mejoramiento no es proporcional a los recursos nuevos que se han inyectado, pero si hubiera seguido la situación de hace poco más de una década, hoy la salud pública estaría absolutamente colapsada.
No debe olvidarse tampoco que, fuera de las grandes ciudades, no existe otra salud que la pública, por lo que ésta es y será insustituible. La mayoría de su personal trabaja abnegadamente y en condiciones que no son satisfactorias; los abusos e ineficiencias existen sin duda, y ahí es necesario un esfuerzo considerable de gestión, pero no debe olvidarse que la salud pública no puede desaparecer y que, en consecuencia, hay que mejorarla, lo cual, de todos modos, requiere recursos. Lo importante es obtener de ellos el mejor rendimiento posible, porque siempre serán escasos.
Los enemigos de la salud privada deben entender, igualmente, que el Estado no está en condiciones de garantizar una buena atención de salud a los sectores de clase media de este país. El experimento ya se hizo -se llamó SERMENA-, y finalmente llegó a un estado absoluto de falencia económica. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra, y llevar al FONASA a la misma catástrofe.
Debe aceptarse que el sistema privado funciona por la utilidad, y si no, modifiquemos la Constitución y no seamos hipócritas. Debe aceptarse además que sus prestaciones tienen un costo, y ese costo debe financiarse, de manera que si se quiere que el sector privado asuma toda la salud de las personas a quienes atiende, ello significará, de uno u otro modo, que éstas deberán aumentar su contribución al sistema.
En esto no hay milagros: si aumentan los costos, tendrán que aumentar los precios, y si las personas no están en condiciones de pagarlos, emigrarán al sistema público, y en vez de obtener mayor financiamiento para el Plan AUGE, o como se le llame en futuro, sólo tendrán un mayor gasto, reproduciéndose el fenómeno que ya señalamos de la falta de límite del gasto en salud pública.
Además se oculta un hecho que es importante considerar. Con todos sus defectos, y que como hemos dicho son muchos, el sistema privado no atiende sólo a la clase media acomodada del país. Desde luego, los sectores más acomodados pueden reemplazar las ISAPRES por seguros, sin graves inconvenientes para ellos, de modo que si lo que se quiere es liquidarlas, ello repercute en otros sectores, y no en los más acomodados.
Desde luego, siempre se pretende ignorar que hay vastos sectores de trabajadores organizados que, entre los convenios colectivos con las ISAPRES, clínicas, etcétera, unidos a servicios de bienestar, y lo que las empresas convienen con sus sindicatos como contribución al copago, tienen un excelente servicio de salud sin mayores costos para el Estado y los trabajadores.
Por cierto, esto no significa que la salud privada esté exenta de críticas, y que no debe ser mejorada enfrentando las serias deficiencias de que adolece. Pero cuando esto se hace con el ánimo de liquidar a las ISAPRES, es muy distinto de cuando se hace para mejorarlas. Dicho de otra manera, las reformas deben llevarse a cabo con el sector privado, y no en contra de éste, como algunos lo señalan. Las reformas que hasta aquí se han hecho en estos últimos años, no han dado el resultado esperado.
En mi opinión, no hay reforma de salud posible en un clima de conflicto y belicosidad como el que se ha generado por las desconfianzas antes señaladas. Aquí debe buscarse un mínimo consenso entre todos los actores, pero sobre la base de que siempre deberá coexistir un sector público con la total responsabilidad de la salud, pero siempre habrá un sector privado.
Lo que está en discusión exclusivamente es a cuántas personas atenderá éste, y si el sector público, al liquidarse gran parte del privado, estará en condiciones de recibir de vuelta a varios millones de usuarios y darles el mismo servicio que hoy tienen en el sector privado, y teniendo claro, insisto, que los sectores más acomodados del país nunca tendrán problemas de ninguna especie.
Pero el sector privado tiene que entender que deberá corregir sus gravísimos defectos. No puede encerrarse en una especie de castillo encantado en que cualquier crítica o intento de mejoramiento es considerado un ataque y provoca una defensa cerrada que impide las transformaciones que son indispensables.
No hay que confundir a quienes realmente son contrarios al sistema privado de salud con quienes deseamos que contribuya a ella, pero que lo haga dentro de términos razonables, y sin las graves deficiencias que terminan legitimando ante vastos sectores de la opinión pública las críticas que recibe.
Ahora bien, debe considerarse que la reforma de la salud está recién partiendo; que éste es un proceso largo y complejo, en que habrá mucho paño que cortar y mucho que discutir, y donde las proposiciones de hoy tendrán que ser perfeccionadas y maduradas a través del debate parlamentario, so pena de que si en éste se produce un empantanamiento, como ha ocurrido en tantas otras materias, la que se perjudica es la salud, porque existe consenso de que ella requiere una reforma.
Creo que se ha cometido un doble error inicial al plantear el tema del subsidio maternal. Hoy, los enemigos de las ISAPRES cantan victoria, y sus partidarios afilan los cuchillos para combatirías. Los gremios laborales están mirando cualquier cosa que pueda ir en contra de sus aspiraciones. Es el peor clima posible.
El problema del subsidio maternal ha quedado entrampado en esta discusión, por lo cual creo que es una medida de prudencia separarlo del tema de la salud.
Como lo decía al comienzo, son dos problemas distintos: uno es la atención de salud para la madre embarazada, que seguirán prestando la medicina pública y la privada y donde Chile ha alcanzado altísimos niveles, que no están en riesgo con la reforma, pero que hábilmente van a ser presentados como amenazados. Lo segundo está en la protección jurídica, social y económica de la madre embarazada, de la criatura y que hoy nuestro Congreso Nacional ha extendido en ciertas circunstancias a otros familiares. Dentro de esto se encuentran el fuero y los subsidios pre y postnatal. Estos últimos son subsidios estatales y no de salud. Cosa distinta es cómo se financian y cómo se paguen.
Por ello mismo, no es conveniente que se le mezcle con temas tan polémicos como la reforma de la salud y la subsistencia de las ISAPRES. Y hay quienes ya han dicho que deben darse otros pasos "en contra de éstas". Yo no soy su defensor, pero, como decía, creo que se está cometiendo un doble error económico y político. Económico, porque siempre el financiamiento de nuevos recursos para el Estado se prestará para conflictos y, de todos modos, éstos van a ser perjudiciales para una reforma de la salud. Pero lo peor es que, hábilmente, será presentado con la hermosa bandera de la maternidad, y aparecerá en el combate publicitario como una disputa sobre este tema que está obviamente al margen de la discusión.
La protección de la madre y el niño no está en juego, pero sí fácilmente puede entenderse como que hay una amenaza al respecto. Y se llegará al extremo de decir que se trata de un Gobierno que no sólo favorece el divorcio, sino que además combate la maternidad, llevándonos a los extremos de Europa con una disminución drástica de los nacimientos, con la consecuencia de los inmigrantes, y con lo que estamos viendo que hoy ocurre.
Es evidente que no hay la más mínima intención ni posibilidad en tal sentido, y que ha sido un error político fácilmente reparable la forma en que ha sido presentado. Pero al margen de esto, también debe estimarse si es aceptable en la situación actual restarle el aporte estatal a las ISAPRES.
Porque la cotización obligatoria del 7 por ciento es estatal. Es el Estado el que la impone, pero el aporte lo hacen los trabajadores, y si ellos escogieron el sistema privado, no hay razón jurídica ni constitucional alguna para derivar parte de su aporte a otros fines. Pero además, al restarle un 0,6 por ciento disminuye en esa suma los aportes que reciben las ISAPRES, y ello tiene que traducirse en una de tres soluciones: una, que ello salga de economías que efectúen estas entidades, ya sea en sus costos o en las prestaciones que otorgan; dos, que suban el precio de éstas, y tres, que se produzca una fuga masiva hacia el sector público, con las consecuencias correspondientes.
Esto último puede ocurrir precisamente en caso de producirse reducciones en las prestaciones o alzas en los precios. Prohibir por ley esto, es una vieja receta que ha fracasado una y otra vez. Nadie mantiene un negocio para perder dinero, y, por último, si no se puede eludir la prohibición, cosa que además siempre ocurre, se abandona el negocio, porque ningún empresario va a mantenerlo para perder dinero.
En tal caso se rebajarán las prestaciones, se demorarán los pagos, y ocurrirán miles de pequeñas cosas que el país ya probó con el sistema de control de precios. Pero además por una razón muy evidente: los usuarios han entendido el mensaje de que las ISAPRES no son bien vistas por la autoridad, y éstas tampoco gozan del aprecio de gran número de ellos.
Entonces, parece que el camino es obvio: irse al sector público, en cuyo caso éste, lejos de recibir mayores recursos, tendrá que absorber mayores responsabilidades. Es lo que ha ocurrido con las reformas mal concebidas que se han hecho al sistema.
Yo pienso, señores Senadores, que en el debate parlamentario tenemos que encontrar alguna fórmula para sacar adelante algo tan importante para la población como es un cambio en la salud. Pero, además, debemos llegar a algún tipo de entendimiento entre los sectores en pugna, para que aprendan a tolerarse y complementarse mutuamente. Y también el sector privado ha de entender de una vez por todas que nada gana con encasillarse en la defensa de sus intereses y persistir en la amenaza de que, si las reformas no se hacen con él, no se harán, lamentablemente.
Lo único que no puede sacrificarse es la salud de la población. Y tampoco es admisible seguir afectando a sectores de la clase media que, si tienen un mejor pasar, es con su esfuerzo y sacrificio, a veces de varias generaciones. Porque -como señalé- la salud continuará siendo siempre una especie, no de tonel sin fondo, porque lo que se echa a éste se pierde, pero sí un continente que crece cada vez que aumenta su contenido.
He dicho.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, los Comités Institucionales 1, Institucionales 2, Partido Por la Democracia y Demócrata Cristiano no harán uso de su tiempo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:16.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES LAVANDERO, ABURTO, CHADWICK Y SILVA, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE CORREGIR ERRORES DE HECHO DURANTE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA (2971-07)
Honorable Senado:
La normativa constitucional, legal y reglamentaria que regula el proceso de formación de la ley descansa en dos principios fundamentales: el respeto de la voluntad el legislador y la coherencia y armonía de los textos despachados por el Congreso Nacional.
Ahora bien, aún cuando debe entenderse que el trámite legislativo está regulado en su integridad, suele observarse, en la práctica, la ocurrencia -involuntario, por cierto,- de errores en los documentos que comunican los textos en trámite de una Cámara a otra o del Legislativo al Ejecutivo.
En efecto, la complejidad de] procedimiento; los cambios de puntos de vista de los legisladores derivados de las sucesivas discusiones a que se somete todo proyecto; la intervención de numerosos funcionarios -tanto de las Cámaras como del Ejecutivo-; la celeridad que impone en ocasiones las urgencias hechas presentes en el despacho de un asunto, pueden dan lugar a que inadvertidamente se transmita en forma defectuosa la voluntad del legislador.
.Así ocurre, por ejemplo, con textos que contienen referencias internas equivocadas, con citas evidentemente inexactas o con desajustes obvios entre las normas pertinentes y transitorias de una misma iniciativa. De este modo, queda mal transmitida la voluntad del legislador, la que, no obstante, ha sido definida y adoptada en forma clara e inequívoca.
La rigidez del cuerpo de normas que regula el proceso legislativo impide corregir internamente, por la vía administrativa, dichos errores, debiendo entonces, necesariamente, recurrirse a la presentación de una nueva iniciativa, solución a todas luces desproporcionado, que pugna, además, con la debida economía legislativa.
Lo señalado precedentemente plantea la conveniencia de establecer un mecanismo administrativo con capacidad para corregir -hasta antes de su publicación- las anormalidades que presente un texto incompleto, sin sentido o manifiestamente equívoco.
Para ello, sería conveniente dotar de esta atribución a los Presidentes de ambas Cámaras, quienes la ejercerán conjunta o individualmente, contando con la asistencia de los respectivos Secretarios, los que actuarán en su carácter de ministros de fe.
Naturalmente, las proposiciones anteriores no afectarán el fondo del asunto tratado ni la sustancia de los acuerdos adoptados, toda vez que el propósito de esta moción es, simplemente, fa cilitar la corrección de errores administrativos o de hecho.
Con este objeto, vengo en presentar a tramitación ante el Senado, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Agrégase el siguiente artículo 31 bis a la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional:
"Articulo 31 bis. Hasta el momento de su publicación, los Presidentes de ambas Cámaras podrán, actuando conjunta o individualmente y contando con la asistencia de los respectivos Secretarios, efectuar la corrección de los errores administrativos o de hecho que se adviertan en los documentos que comunican los proyectos en trámite.".
(FDO): Jorge Lavandero Illanes.- Marcos Aburto Ochoa.- Andrés Chadwick Piñera.- Enrique Silva Cimma
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES SILVA, ÁVILA, BOMBAL, PARRA Y VIERA-GALLO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.600, EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN DE DISCAPACITADOS MENTALES (2972-07)
A S.E. el Presidente del Senado:
En uso de nuestras facultades constitucionales y legales, venimos en formular el siguiente proyecto de ley, a fin de que sea considerado durante la actual legislatura en el seno de esa H. Corporación.
I. ANTECEDENTES
La ley Nº 18.600, del año 1987, estableció normas sobre deficientes mentales. Sustantivamente la ley dispone normas sobre el rol del Estado frente a esta discapacidad, en los ámbitos educativos, de salud y laborales, sea por la vía de la prestación directa o bien por la vía de la subvención.
En 1997, junto con los Senadores Bombal y Pérez Walker, presentamos un proyecto de ley que tenía por objeto:
a. Establecer en favor de estos discapacitados una curaduría provisoria de pleno derecho, que sería ejercida por las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que los tuvieran a su cargo, en tanto les fuera nombrado un guardador permanente.
b. Que la constatación, calificación, evaluación y declaración de la discapacidad mental, así como la certificación de ella, debería realizarse de conformidad al procedimiento señalado en el Título II de la ley Nº 19.284.
Los fundamentos de este proyecto fueron la circunstancia de que las personas con discapacidad mental, como aquellos que sufren el síndrome de Down, cada día viven más que sus padres, y en consecuencia, muchos de ellos quedan en la más absoluta indefensión, siendo atendidos por personas jurídicas que los cuidan pero que no tenían poder de representarlos. Por la otra, se constató que entre la ley Nº 18.600 y la ley Nº 19.284, sobre discapacidad, existían normas diversas para acreditar la discapacidad mental. Lo que se buscó fue uniformar el criterio, siguiendo para ello lo establecido en la ley últimamente precitada por ser coherente con el actual estado de la discapacidad.
Finalmente, esta iniciativa fue aprobada por el Congreso por unanimidad, y publicada en el diario oficial como ley Nº 19.735.
Sin embargo, existen aún un sinnúmero de falencias en las normas sobre discapacidad mental, tales como las relativas a la interdicción de administrar sus bienes y el límite de edad para las subvenciones a las instituciones que prestan ayuda educacional a los discapacitados. A estas materias se aboca la presente iniciativa legal.
II. EL PROYECTO
1. La interdicción
Según el artículo 1447 del Código Civil, en su lenguaje decimonónico [1], establece que son absolutamente incapaces, y en consecuencia no susceptible de obligarse, los “dementes”.
Esto significa, en el lenguaje de la legislación civil, que aquellos que sufren de discapacidad mental, no son susceptibles de obligarse de ninguna forma, y menos aún de ejercer los derechos que le son propios, sino por medio de sus representantes.
En virtud de ello, el propio Código Civil establece que quienes no puedan dirigirse por sí mismos o administrar completamente sus negocios y que no se hallen bajo la patria potestad de sus padres, requieren del nombramiento de un tutor o curador. (art. 338).
El mismo Código Civil establece que en el título XXV, del Libro I, “Reglas especiales relativas a la curaduría del demente.”. Al respecto señala que “el adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes”. (art. 456).
Respecto del menor “demente” establece que mientras esté bajo la patria potestad, los padres seguirán cuidando de su persona y bienes hasta la mayoría de edad; llegada la cual deberá precisamente provocar el juicio de interdicción. (art. 457).
Es decir, el Código Civil exige, cumplida la mayoría de edad, someter al discapacitado a las reglas de un juicio para comprobar o acreditar algo que todos sabemos: es discapacitado mental, y que regularmente será un estado de carácter permanente.
He aquí el principal conflicto que tiene la familia de discapacitados: Exponerse ante un juicio que no es tal, con el objeto de acreditar que su hijo o familiar es “demente”. Éste es un hecho que profundiza la estigmatización de las familias de los discapacitados, toda vez que el procedimiento es de carácter contencioso y se realiza conforme a las normas del juicio ordinario. De este modo, se inventa una demanda, una contestación, una réplica, una dúplica, un supuesto período de prueba, una etapa para observaciones a la prueba, otra para oír sentencia, y ya cumplimos año y medio o dos años, y habrá sentencia.
La ley exige al juez incluso informarse de la “vida anterior y conducta habitual del supuesto demente, y oirá el dictamen de facultativos de su confianza”, quien será regularmente el Servicio Médico Legal. En consecuencia, ya no sólo la familia debe ir a un Tribunal a pedir que su hijo sea declarado un “demente”, sino que además debe recurrir a un servicio público, que en el mejor de los casos dará hora para una evaluación más que evidente en unos tres a cuatro meses.
Cuando discutimos la ley Nº 19.735, hubo consenso en que debíamos simplificar el diagnóstico y declaración de la discapacidad mental, y en consecuencia establecimos someter esta declaración a las normas del título II de la ley Nº 19.284, derogando las burocráticas y contradictorias de la ley Nº 18.600.
Sin embargo, subsiste el tema de la interdicción. Lamentablemente la discapacidad mental, lo que la ley Nº 18.600 y el Código Civil denomina “dementes”, es una circunstancia permanente y en muchísimos casos evidente mera vista, como aquellas personas que sufren síndrome de Down.
Las esperanzas de vida de las personas con esta discapacidad aumentan todos los días, siendo habitual que excedan con mucho la mayoría de edad. De ahí que sea prioritario para el legislador corregir el absurdo que hemos descrito.
Por ello, mediante el presente proyecto de ley proponemos que con el sólo mérito de la declaración y certificación de la discapacidad mental, de conformidad a las normas del título II de la ley Nº 19.284, se considerará a la persona con discapacidad mental interdicto de administrar sus bienes, pasando a ejercer la curatela sus padres, y a falta o por impedimento de éstos se autoriza a recurrir al juez, en un procedimiento no contencioso, sólo para los efectos del nombramiento de curador y no para la declaración judicial de “demencia”.
De este modo racionalizaríamos los recursos públicos, pero sobre todo se corrige una injusticia y estigmatización en contra de las personas y familias de los discapacitados.
2. Edad máxima de subvención
La ley 18.600 establece a favor de las personas con discapacidad mental una subvención de educación especial, sometiéndolas a las normas que al respecto regula las subvenciones para “educación general de trabajo y hogares de protección para personas con discapacidad mental”.
Por su parte la ley Nº 18.600, permite a las personas jurídicas sin fines de lucro mantener talleres protegidos, en los que las personas con discapacidad mental, desarrollen con fines esencialmente terapéuticos, actividades laborales. En virtud de ello, pueden acceder sólo a beneficios tributarios que señala la ley. Sin embargo, a estos talleres acceden personas con discapacidad mental que han terminado el período máximo para encontrarse en establecimientos educacionales de enseñanza diferencial. Es decir, una vez que estas personas han terminado su enseñanza, el sistema no les otorga otras posibilidades.
Sin embargo, la existencia de los talleres permite una salida a esta situación. No obstante ello, estas instituciones no reciben, pese a la notable actividad que realizan, ninguna ayuda del Estado.
En virtud de lo anterior consideramos adecuado permitir que estos talleres, por la finalidad educativa y laboral que cumplen, sean considerados como establecimientos que impartan educación práctica para adultos y de esa manera acceder, entre otros, a la subvención establecida en el DFL Nº 2 de 1998, sobre subvención a establecimientos educacionales.
En virtud de lo expuesto, venimos en proponer a este H. Congreso, el siguiente:
Proyecto de ley
Artículo Único. Modifícase la ley Nº 18.600, sobre deficientes mentales, del modo como a continuación se indica:
1.— Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 4º.
“Certificada la discapacidad mental, de la manera establecida en el inciso anterior, se considerará para todos los efectos legales como interdicto de administrar sus bienes, sin necesidad de procedimiento jurisdiccional alguno, procediéndose a la inscripción respectiva en el Registro del Conservador. La curatela de sus bienes se deferirá a favor de sus padres. En caso de ausencia o impedimento de ellos, se procederá a la designación de curador de conformidad a lo establecido en el título VI, del libro IV, del Código de Procedimiento Civil”.
(Fdo.): Enrique Silva Cimma.— Nelson Ávila Contreras.— Carlos Bombal Otaegui.— Augusto Parra Muñoz.— José Antonio Viera-Gallo.