Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ANÁLISIS SOBRE FIJACIÓN DE TARIFAS SANITARIAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- ADHESION
- Carmen Frei Ruiz Tagle
- ADHESION
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
-
ANÁLISIS SOBRE FIJACIÓN DE TARIFAS SANITARIAS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 346ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 5ª, en miércoles 3 de abril de 2002
Especial
(De 11:49 a 16:7)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA:
Análisis sobre fijación de tarifas sanitarias.............................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cordero Rusque, Fernando
--Espina Otero, Alberto
--Fernández Fernández, Sergio
--Flores Labra, Fernando
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda , Secretario General de la Presidencia, de Economía , Fomento y Reconstrucción y de Obras Públicas, y los señores Subsecretario de Economía y Superintendente de Servicios Sanitarios.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:49, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 2ª y 3ª, ordinarias, en 19 y 20 de marzo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. (Boletín Nº 2.439-20).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores , con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Romero, relativo a los efectos de la situación económica y financiera que enfrenta la República Argentina y las eventuales consecuencias que podría ocasionar a la economía de nuestro país.
Del señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción y de Energía, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Viera-Gallo, relacionado con la situación internacional del mercado del acero y su repercusión en la industria nacional.
Del señor Director del Instituto Nacional de Deportes , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Moreno, sobre disminución de personal en la institución a su cargo, derivado de la extinción de los Consejos Provinciales de Deportes.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento:
El primero, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. (Boletín Nº 2.705-07), y
El otro, un segundo informe, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal, e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.850-07).
En este minuto han llegado a la Mesa tres nuevos informes:
Uno, de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que precisa el régimen tributario aplicable al mayor valor de la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 2899-05).
Los otros dos, de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 1.640-01).
--Quedan para Tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
ANÁLISIS SOBRE FIJACIÓN DE TARIFAS SANITARIAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Esta sesión especial fue convocada a petición de diversos señores Senadores para tratar la fijación de tarifas sanitarias, en atención a diversas observaciones planteadas en esta Corporación y en medios de comunicación.
Accediendo a la invitación hecha, se encuentran presentes en la Sala tres señores Ministros.
Creo que la única manera de que el debate se desarrolle en forma ordenada es conocer el número de Senadores que intervendrán y el tiempo que el señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción ocupará en su exposición, quien me ha solicitado hacerlo en primer lugar por espacio de veinte minutos. Pero será necesario otorgarle un lapso adicional para que conteste las consultas que se le hagan.
Hasta el momento se han inscrito los Honorables señores Romero , Frei (don Eduardo) , Bombal , Foxley , Ominami , Muñoz Barra , Prokurica , Frei ( doña Carmen) , Ríos, Gazmuri , Coloma , Boeninger , Ruiz-Esquide , Horvath , Lavandero y Sabag .
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen).-
Como sabemos, esta materia reviste especial interés. Sin embargo, dada la cantidad de Senadores inscritos, creo que resultará difícil profundizar los planteamientos. A mi juicio, es malo acortar demasiado el tiempo. Si no se conceden a lo menos diez minutos a cada orador, será imposible efectuar una exposición más o menos completa.
Por eso, sugiero continuar el debate en la sesión de la tarde, cuya tabla no se halla muy sustanciosa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Eso sólo sería posible una vez finalizado el Orden del Día de dicha sesión, en el cual, conforme a lo resuelto ayer por los Comités, deberán analizarse tres iniciativas y destinarse una hora para discutir un proyecto de acuerdo relativo a la situación en el Medio Oriente.
La Mesa no tiene inconveniente en fijar los tiempos que los señores Senadores deseen. Pero en tal caso habría que convocar a una nueva sesión. Es difícil agotar el tema en una sola.
La señora FREI (doña Carmen).-
En vista de la importancia del problema, deberíamos continuar esta sesión especial de 3 a 4 de la tarde.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Hasta las 2 no hay problema; tampoco para reabrirla a las 3. Pero se requiere el acuerdo de la Sala.
El señor PIZARRO.-
Está bien, señor Presidente. Sigamos hasta las 2 y continuemos entre las 3 y 4 de la tarde, si fuere necesario.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , si la sesión va a durar hasta las 2, lo que procede es que una vez terminada la intervención del señor Ministro se calcule cuántos minutos quedan y se dividan por el número de oradores inscritos. De lo contrario, hablarán algunos y otros no. Y que la Mesa sea muy estricta con los tiempos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hay 17 señores Senadores inscritos.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , dado que tenemos algunas cuestiones puntuales que consultar, ¿sería factible -lo planteo con mucho respeto- que el señor Ministro interviniera al final, para que pueda recoger todas las inquietudes que se hagan presentes?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Es factible. Sin embargo, como el Reglamento establece que los Secretarios de Estado tendrán derecho preferente para hacer uso de la palabra, si el señor Ministro de Economía declarara expresamente que renuncia a esa preferencia, no habría inconveniente alguno en cambiar el orden de las intervenciones.
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción)).-
Prefiero hablar al comienzo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Queda zanjado el punto.
Solicito la anuencia del Senado para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Economía, señor Álvaro Díaz, y el Superintendente de Servicios Sanitarios , señor Eduardo Saldivia.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como la sesión durará dos horas, al restar los 20 minutos del señor Ministro -y en el entendido de que éste recogerá las observaciones de los señores Senadores entre 3 y 4 de la tarde- quedan 100, que divididos por 17 oradores dan poco más de 5 minutos para cada uno.
La señora FREI (doña Carmen).-
¡Es muy poco!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Es lo máximo que se puede otorgar.
La señora FREI (doña Carmen).-
Además, hay que adoptar otro acuerdo para proseguir la sesión de 3 a 4 de la tarde.
Insisto en que se necesita más tiempo para tratar un tema de esta envergadura.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Debo ser justo y dar a todos la posibilidad de intervenir.
En consecuencia, si le parece a la Sala, se prorrogaría las sesión hasta las 16, suspendiéndola cuando hayan hablado los Senadores inscritos y reanudándola a las 15.
Acordado.
Ahora, si se plantea realizar otra sesión con el mismo objeto, entonces la mitad de los Senadores puede hablar en ésta y la otra mitad en la próxima.
El señor PIZARRO.-
Comencemos, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , en 1990, al hacerse cargo la Concertación del gobierno del país, la situación sanitaria era lamentable: el 93 por ciento de las aguas servidas se devolvían a nuestros cauces sin ningún tratamiento; muchos campos de hortalizas se regaban con aguas contaminadas. En la costa -especialmente en las visitadas playas de la zona central- era más peligrosa la inmundicia del agua que las condiciones del propio mar. Los pobladores que habitaban en las proximidades de las riberas de los ríos no tenían más alternativa que desarrollar su vida cerca de los desagües malolientes e insanos. ¡Cuántos hogares vivían rogando para que las lluvias no inundaran los pozos negros en sus poblaciones, con la salud de los suyos siempre en peligro! La fiebre tifoidea y la hepatitis eran enfermedades que cualquiera podía sufrir a lo largo de la vida. En 1991-1992 sobrevino una epidemia de cólera que mostró la precaria y vergonzosa situación sanitaria a la que se había llegado por años de inacción gubernamental.
I. Motivación
Desde el punto de vista estrictamente económico, la situación constituía una enorme amenaza para nuestras exportaciones más exitosas: frutas, hortalizas y la incipiente acuicultura. Además, promocionar el turismo con playas completamente contaminadas era una verdadera vergüenza. Resultaba más que evidente que no era posible seguir manteniendo un crecimiento exportador importante de alimentos naturales y frescos a sabiendas de que en los mercados de destino el riesgo de que se usara nuestra situación ambiental para desprestigiar los productos chilenos era obvio.
En 1989 sólo se trataba el 7 por ciento de las aguas servidas; cinco años después este porcentaje se dobló, al tiempo que múltiples inversiones en desarrollo permitieron llegar a 2002 con más de 35 por ciento de las aguas recolectadas tratadas, y en zonas claves para el turismo costero y la producción de hortalizas y frutas, como las Regiones Cuarta, Quinta y Sexta, se ha logrado que, en promedio, más de 80 por ciento de la totalidad de las aguas servidas sean tratadas.
Ese avance se logró con una inversión total, entre 1990 y 2001, de más de 690 millones de dólares. Cabe destacar que casi 34 por ciento de este monto se invirtió en el bienio 2000-2001, una vez consolidado el proceso de privatizaciones. Al año 2005 se alcanzará 83 por ciento de cobertura de tratamiento de aguas y ya para el 2010 esperamos tener una cobertura completa.
En cuanto a los resultados, si bien las campañas de difusión y fiscalización del Ministerio de Salud fueron muy eficaces para terminar con el cólera, el saneamiento de las aguas servidas ha contribuido en forma importante a eliminar los focos de infección. Mientras entre 1990 y 1992 hubo un promedio de 4 mil casos anuales de tifoidea, esa cifra cayó a un mil 255 casos anuales en el trienio 1996-1998, reduciéndose a apenas 722 casos en el último trienio. Resultados similares se aprecian en la incidencia de la hepatitis.
Debe recordarse que los beneficios ambientales de estas inversiones no sólo se limitan a su efecto directo, sino que también introducen buenas prácticas a las fuentes emisoras de residuos industriales líquidos. En efecto, la existencia de plantas de tratamiento de aguas servidas obliga a las fuentes industriales emisoras de residuos a tratar sus desechos líquidos antes de que éstos se viertan en el alcantarillado.
II. Otras inversiones
Además de las significativas inversiones en el tratamiento de aguas servidas, se destinaron grandes sumas al servicio mismo de agua potable y alcantarillado. En la década de los 90 la cobertura de alcantarillado aumentó de 83 a 93 por ciento, y la de agua potable, en 5 puntos porcentuales, completándose el 100 por ciento para la población urbana. Se incrementaron también las exigencias de calidad de servicio a las empresas sanitarias para alcanzar estándares acordes al nivel de desarrollo del país. Es así como se logró mejorar la continuidad del servicio, la cobertura de agua potable y alcantarillado y se incorporaron normas de calidad más estrictas. Las compañías sanitarias debieron invertir más de un mil 336 millones de dólares adicionales en el decenio que finalizó en 2001. Además, más de 48 por ciento de estas inversiones se efectuó durante el trienio 1999-2001.
Todas ellas deben financiarse, y esto se ha hecho a través de los precios de los servicios sanitarios o tarifas, ayudándose a los hogares más pobres con subsidios estatales. Es así como, este año, 600 mil familias deben recibir ayuda directa a través del subsidio al agua potable, como apoyo social solidario.
III. Privatización y know how
El objetivo de mejorar tan fundamental y aceleradamente los estándares ambientales y de calidad de servicio del sistema de agua potable, demanda niveles de inversión difíciles de solventar por el sector público, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones fiscales que nos hemos impuesto, y que nos han permitido lograr gran solidez macroeconómica. Este acelerado proceso en el desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas servidas ha requerido, en términos de recursos, enormes inversiones que han comenzado a ser asumidas por la participación privada en el sector. Esta participación -no está de más decirlo- también ha significado un aporte valioso en la construcción y operación de procesos de tratamiento de aguas servidas.
IV. Alza de tarifas
El mejoramiento en los servicios sanitarios y su puesta al día ambiental ha mostrado, por una parte, el proceso acelerado de inversiones ya mencionado; pero, por la otra, un alza importante en las tarifas.
Ahora bien, más allá de la incorporación de un servicio nuevo como es el del tratamiento de aguas servidas, se ha registrado un alza promedio en las tarifas de los servicios tradicionales de alrededor de 20 por ciento a nivel nacional, para el último proceso tarifario que tiene lugar cada 5 años, y que se dio recién entre 2000 y 2001. En el intertanto, las tarifas se van reajustando de acuerdo a la inflación de costos y en caso de inversiones programadas de tratamiento de aguas, y otras.
V. Subsidios
Las alzas de tarifas, por válidas que sean sus causas en tanto han significado sincerar los costos reales de la producción y distribución de los servicios, amén de posibilitar las mejoras de calidad y medioambientales, han llevado a preocuparse de la situación de las familias más pobres conectadas a la red sanitaria y que sufren estas alzas. Ello se ha concretado a través del subsidio para ayudar a las familias de menores ingresos, el que financia hasta 85 por ciento de una cuenta tipo de 15 metros cúbicos. En el presente año 2002, además de aumentar en 10 por ciento real el volumen total de subsidios, se modificó su estructura para lograr mejor focalización y cobertura del mismo. Así, se han creado dos tramos de subsidios. Por un lado, se financia un porcentaje mayor de la cuenta a los beneficiarios más pobres. Por otro, para los menos pobres habrá un aumento de cobertura, pero una reducción en el porcentaje de la cuenta a financiar. Así, en 2002 se elevaron de 483 mil a 600 mil los cupos urbanos a nivel nacional.
Esta medida permite ayudar efectivamente más a los más pobres, pero es indispensable la máxima colaboración de las municipalidades, las que en definitiva asignan el subsidio a nivel local. El subsidio tiene reglamentada su entrega, pero su manejo es completamente descentralizado, de modo que son las administraciones locales las que sufren la carga directa de su asignación.
Se ha detectado algún grado relevante de subutilización de los subsidios, especialmente este año que se perfeccionó su focalización, así como cierta falta de focalización en la asignación de cupos. Ello tiene que perfeccionarse en el ámbito local. Sin embargo, estamos seguros de que se puede ayudar a través de estrategias comunicacionales enfocadas hacia los sectores más pobres. Es decir: difusión, transparencia y simplificación de los procedimientos de postulación y asignación de los subsidios, a fin de que los niveles de ingreso y educación no constituyan una barrera para acceder a ellos. Creemos que las propias compañías sanitarias deben participar en estas campañas, porque finalmente ayudan a sus propios clientes
VI. Utilidades
Una pregunta que surge, al analizar la evolución de las tarifas, es: ¿cómo afectan estas alzas a las utilidades de las empresas? ¿Están estas compañías generando utilidades sobrenormales?
Las empresas sanitarias, históricamente, han tenido una rentabilidad análoga al promedio de las empresas de la economía. Éste es, justamente, el objetivo de la regulación, ya que un sector regulado no debe aprovecharse de su situación monopólica, aunque sí debe ser capaz de cubrir su costo de capital alternativo. Las tarifas, sean de empresas privadas o públicas, se fijan simulando precios en condiciones de competencia. Así se calculan los costos para una empresa eficiente, los que siempre han resultado menores que los costos reales demostrados por las compañías (en promedio, alrededor de 25 por ciento).
VII. Procesos Tarifarios
Sin lugar a dudas, el proceso tarifario es perfectible. No se ha inventado el proceso tarifario perfecto en el mundo, y, en todo caso, Chile se encuentra en la frontera en cuanto a la precisión de su normativa y la predictibilidad de los resultados de los procesos tarifarios.
Cuando se diseñó la ley, como lo pueden corroborar muchos de los señores Senadores aquí presentes, se buscó un sistema que ayudara a la convergencia de las estimaciones de los costos de proveer el servicio de parte del regulado y del regulador, respectivamente. Tal convergencia ayudaría a eliminar los efectos de la asimetría de información, que es el gran escollo para la optimización de las tarifas. Los efectos de la asimetría de información se ven exacerbados por el hecho de que la empresa puede presentar divergencias con respecto al estudio del regulador, con abundantes recursos para producir estudios que fundamenten su posición. Fue por ello mismo que, para balancear esta asimetría, en 2001 se dictó el decreto que reglamenta el ámbito de acción de los expertos, y que da al regulador la facultad de rechazar las discrepancias que presente la empresa, si no están basadas en sus estudios originales.
Por otra parte, creemos que se debe avanzar en cuanto a la participación ciudadana en el proceso tarifario, para lo cual se deberá reglamentar lo que la ley dispone. Para ello no basta con la exigencia de procesos tarifarios transparentes, ya asumida en la actual legislación, sino que también se debe reglamentar la manera y oportunidad de entregar la información, y de recibir y responder a las sugerencias de los afectados. Además, es imprescindible reforzar técnicamente los órganos representativos de los usuarios, para que puedan participar productivamente en esta etapa de la definición tarifaria.
Creemos necesario, asimismo, transparentar y reglamentar los procesos de licitación pública necesarios para implementar las inversiones y perfeccionar el uso de costos comparados, o "benchmarking". Estimamos que se pueden reducir tanto los costos de inversión como los de administración, y, por ende, las tarifas.
En cuanto a las normas de calidad, se deben implementar buenos métodos para el cálculo costo-beneficio, y definir mejor el concepto de "empresa modelo", a fin de asegurarnos de que los clientes sólo paguen por el mejoramiento de estándares en la medida en que éstos se implementen.
Se debe avanzar, además, tanto en este sector como en todos los regulados, en el tratamiento de los ingresos no regulados que reciben las empresas para que ellos vayan a financiar parte de las inversiones, y así se puedan reducir las tarifas. En este sector, con el aumento del tratamiento de aguas, se generará un ingreso al vender el agua tratada que debe ir a financiar parte del proceso.
Como se puede apreciar, los cambios que sugerimos son más bien precisiones a una metodología que no debe cambiar sustancialmente.
VIII. Cuenta versus Tarifas
Como señalamos anteriormente, más allá de cuánto han subido las tarifas, creemos que tras los reclamos en torno a los pagos por el agua potable hay que reparar en las cuentas de cada cliente, las que no sólo contienen tarifas, como es obvio para todos. Un ejemplo claro es la puesta en marcha de una planta de tratamiento que mejore ambientalmente el servicio. Ella aumentará la cuenta del usuario, aunque las tarifas unitarias permanezcan constantes. La cuenta de agua que paga finalmente cada usuario depende, además de las tarifas, del consumo de los hogares -incluidas las fugas eventuales-, de los cobros por corte y reposición del servicio, de las cuentas atrasadas, otros costos asociados, y descontado el subsidio al agua potable que reciban, en caso de ser beneficiarios de éste.
Un análisis realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios acerca de los factores que han influido en el aumento de las cuentas de 15 metros cúbicos, entre enero de 2001 y febrero de 2002, en siete empresas representativas del 76 por ciento del total de clientes del país, arroja que 97,2 por ciento de las facturas totales están correctamente valoradas; mientras que el 2,8 por ciento restante se continúa revisando, por la eventual existencia de situaciones irregulares o mala aplicación tarifaria. A pesar de que el porcentaje de errores efectivamente detectados es menor, las empresas tienen mucho que avanzar aún para asegurar al suscriptor tranquilidad con relación a su cuenta. Es inaudito e incomprensible, por ejemplo, que sucedan casos (por pocos que sean) en que la cuenta de agua de una familia que siempre ha pagado 5 mil pesos suba repentinamente a un millón, sin que nadie en la cadena de facturación de la empresa lo detecte como anormal. Con los sistemas computacionales disponibles en la actualidad es sencillo evitar estos traumas a los usuarios. Por ello, Su Excelencia el Presidente de la República ha ordenado que las compañías se obliguen a avisar a los usuarios, previo a la facturación definitiva, cuando detecten consumos anormales.
Para las cuentas correctamente calculadas, los factores responsables de su incremento fueron agrupados en: aumento de consumo, saldo anterior, subsidio, corte y reposición y, finalmente, otros cargos. En los casos analizados por la Superintendencia, el factor que más frecuentemente explicaba el incremento en las cuentas era simple y solamente el aumento de consumo (entre 30 y 50 por ciento de los casos). Se cree que éste se explica por múltiples factores: un verano seco, en especial en el sur del país; aumento en la presión de agua relacionado con el mejoramiento en la calidad del servicio, y, por desgracia, fugas de agua, particularmente frecuentes en las viviendas más baratas y que no generan respuesta inmediata de las empresas, porque dichas pérdidas se pagan como si fueran consumo. También, Su Excelencia el Presidente de la República ha ordenado que, en casos de fugas, las compañías reaccionen con prontitud, reparando las redes interiores de las villas afectadas y que cobren en plazos que posibiliten su pago por parte de los pobladores.
Así, nos parece deseable diseñar métodos para financiar la detección y reparación de fugas de agua producidas dentro de una casa, que causan elevados niveles de consumo injustificado. Este ítem es altamente delicado, pues las personas más pobres no pueden financiar las costosas evaluaciones que ofrecen las empresas con cargo al cliente (generalmente alcanzan -al menos- a cuatro veces una cuenta típica promedio). Dado que la empresa sanitaria no tiene ningún incentivo para hacerlo, creemos que la creación de instrumentos que actúen como seguro y que puedan ser financiados por todos los consumidores es una alternativa digna de evaluar.
Por último, el consumo de agua potable, al igual que otros de abastecimiento instantáneo como la electricidad, por ejemplo, está sujeto a tarifas que buscan prevenir su utilización en períodos de escasez, sin que el consumidor esté plenamente consciente de ello porque no paga al consumir, sino al final del mes. Mientras las compañías no tienen ningún incentivo para invitar a consumir menos y los usuarios no adquieren conciencia de que los sobreconsumos se penan con tarifas crecientes, es necesario organizar campañas de comunicación masivas que busquen educar a los usuarios.
Los sobreconsumos detectados en el reciente período veraniego se pueden evitar con campañas comunicacionales que adviertan sobre los efectos en las cuentas de un bajo control de uso del agua en ese período, así como ocurre con la electricidad en el invierno. Al respecto, hemos entregado al Servicio Nacional del Consumidor la misión de organizar con la Superintendencia de Servicios Sanitarios campañas en ese sentido, para evitar al menos parcialmente que se repitan en forma tan masiva reclamos por alzas de cuentas fundadas básicamente en el sobreconsumo estival.
En suma, esperamos que las compañías asuman integralmente su obligación de atender en forma prolija y diligente a sus clientes, lo que, además de la provisión de los servicios sanitarios por los que se están pagando los precios reales del mercado, significa dar respuestas rápidas y claras a los problemas de fugas de agua, así como advertir a los usuarios cuando sus consumos muestren una anormalidad. La buena relación con los clientes es un deber que -estamos ciertos- las compañías integrarán a sus prácticas, si aún no lo han hecho.
Por nuestra parte, seguiremos profundizando nuestra política de subsidios para las 600 mil familias más modestas de Chile y reforzándola si es necesario. Igualmente, fortaleceremos, vía reglamento, la participación de los usuarios en las fijaciones tarifarias y la capacidad de la Superintendencia para defender los legítimos intereses de aquéllos, todo ello naturalmente dentro del actual marco legal.
Finalmente, activaremos el papel del Gobierno o de organizaciones de consumidores para alertar a los usuarios, tanto en agua como en otros consumos de abastecimiento instantáneo, cuando se entre en períodos de sobreprecio, con el objeto de que puedan moderar sus consumos y regular mejor el resultado de sus cuentas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , este debate tiene distintas facetas y me parece que el tiempo nos limitará necesariamente para ir directo al grano.
Pienso que al señor Ministro de Economía le ha faltado tiempo para explicar por qué el Gobierno ha administrado mal este sistema de economía social de mercado y, en particular, por qué el Ejecutivo no ha admitido -como lo hizo públicamente el MIDEPLAN- que las alzas en las cuentas de las tarifas de agua se deben a una ineficiente aplicación del sistema de subsidios por parte del Gobierno.
Este tema es muy de fondo, porque desgraciadamente aquí se ha confundido a la opinión pública respecto de varias materias.
En primer lugar, se ha puesto en duda lo acordado en 1998 por el Senado, en un esfuerzo por modernizar el sector sanitario, sobre lo que el propio Ministro ha dado una visión elocuente en cuanto a cuál era la realidad hasta aquél entonces y a cómo se ha progresado en el tratamiento de las aguas servidas y en mejorar el servicio. Esto se ha confundido con una deficiente focalización del debate; porque -a mi juicio- quienes fijan las tarifas de este tipo de servicios, que constituyen monopolios naturales, son precisamente los Gobiernos, a través del Ministerio de Economía y de un sistema establecido en las reglas del juego de este modernizado sector.
En este aspecto, me parece que al señor Ministro le ha faltado tiempo y espero que al final de la discusión, pueda explicarnos de qué manera el debate público ha puesto en jaque una inversión cuantiosísima en el sector por parte de inversionistas privados, que llega a cifras realmente importantes, pues se ha incrementado la inversión media anual en más de 52 por ciento, con una inversión de 643 millones de dólares.
Estimo que la confusión en el debate público, donde se han puesto en jaque las propias reglas del juego, nos obliga a definir con mucha claridad que -como señaló el señor Ministro - se puede perfeccionar el sistema regulatorio, pero lo existente no es más que una falta de oportunidad y de aplicación correcta de una política de subsidios que el Gobierno tiene obligación de realizar.
Según la ley, el Estado puede subsidiar hasta el 80 por ciento de los primeros 20 metros cúbicos de consumo de una familia por mes. Como el promedio nacional de consumo no supera los 13 metros cúbicos, hasta la fecha ha primado subsidiar sólo hasta los primeros 15 metros cúbicos.
Sin embargo, tenemos antecedentes -incluso hechos públicos por la prensa- de que la política de subsidios ha establecido situaciones en que más de 6 mil cupos disponibles para el subsidio de agua potable no han sido aplicados. De esa manera, nos encontramos con que un número muy importante de chilenos con dificultades para pagar las cuentas no pueden hacerlo, porque se ha fallado -repito- en la aplicación de un sistema de economía social de mercado.
Por otra parte, nos encontramos con situaciones extraordinariamente graves en que las municipalidades no han utilizado 13 mil 818 subsidios asignados sólo en la Región Metropolitana. Esto afecta particularmente a sus comunas más pobres como La Pintana, Cerro Navia y Huechuraba .
Hace algún tiempo, entiendo que en octubre del año pasado, se conoció un informe donde se habría advertido al Gobierno respecto de esta situación, señalándose que entre 25 y 30 por ciento de los clientes se verían afectados por el cambio del sistema de subsidios que el Gobierno ha venido aplicando en estos últimos meses. A ese porcentaje de clientes se les ha subido en más de ciento por ciento las tarifas de agua potable, por una simple definición administrativa de parte del Gobierno.
Resulta que todo lo que se ha beneficiado el país en el tratamiento de las aguas servidas y en la inversión, que ha significado más empleo en la casi totalidad de las empresas privatizadas, se está poniendo en jaque, porque, en definitiva, se culpa al sistema de modernización y privatización de un aspecto en el que, medularmente -y es lo que vengo sosteniendo-, ha sido la mala administración de la economía social de mercado la responsable efectiva de la situación.
Por el escaso tiempo que me queda, señor Presidente , termino aquí mi intervención.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Señor Presidente , quiero destacar que respecto de este tema tan importante y delicado, en las políticas definidas durante mi Gobierno, especialmente en la ley que permitió la incorporación de capital privado en las sanitarias, en primer término siempre cuidamos los intereses nacionales y el desarrollo sustentable de nuestra nación; y, en segundo lugar, nos preocupamos de que los 3,5 millones de familias que debían entrar al siglo XXI tuvieran agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Era indispensable dar un salto cualitativo impostergable en el ámbito del tratamiento de aguas servidas y en la gestión de las empresas sanitarias, y atraer capital y tecnología del sector privado. Los beneficios están a la vista, y de ellos señalaré algunos: proceso de cambio en el rol del Estado, de empresario a regulador; incremento de la cobertura de tratamiento de aguas servidas; facilitación de la participación de Chile en tratados internacionales; impacto económico en el sector exportador; definición de prioridades presupuestarias del Gobierno en otras áreas, como salud y educación; obtención de recursos financieros y, por último, despolitización de la prestación del servicio.
¿Qué ha significado lo anterior en estos poco más de tres años? La caja fiscal ha recibido más de mil 500 millones de dólares, sin considerar los aportes de capital de las empresas, que suman otros 500 millones de la misma moneda.
Además, se han liberado recursos estatales, pues el total de inversiones comprometidas por las empresas alcanzará 2 mil millones de dólares entre 1999 y 2010, con especial mención del tratamiento de aguas servidas. Por lo tanto, el impacto en la caja fiscal representa más de 3 mil 500 millones de dólares.
Quiero señalar que en el caso en que se utilizó el mecanismo de transferencia de acciones al sector privado, el Estado retuvo un porcentaje de títulos que en promedio equivale a más de 40 por ciento de todo el sector, lo que le permite participar en los directorios y obtener recursos líquidos como dividendos. En todos los casos, además, existe un pacto de accionistas que posibilita al Estado el derecho a veto en materias fundamentales.
Por último, en el curso de la incorporación de capital privado, a diferencia del proceso eléctrico, el agua quedó en manos del Estado. Los derechos de agua le pertenecen, así como la propiedad de todos los embalses.
¿Qué trajo consigo eso en el año 2000 -y ya se están conociendo las cifras correspondientes al 2001-? Que el Estado, siendo dueño del 40 por ciento de las empresas -fuera de los mil 500 millones de dólares que recibió, más los 2 mil millones de inversión-, obtuvo, por su participación, de acuerdo con los balances de las empresas, la misma cantidad que percibía cuando era dueño del ciento por ciento, es decir, más de 25 mil millones, cifra que se va a repetir en los balances del año 2001, lo que sería suficiente para pagar todos los subsidios consignados en el Presupuesto de la Nación.
En el aspecto de la regulación, que es fundamental, la ley fortaleció el marco regulatorio y al organismo regulador. A la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que no existía, se le han dado facultades y se la transformó en una entidad similar a las Superintendencias de Bancos y de Valores. Antes de la dictación de la ley, ni siquiera contaba con profesionales, de manera que su presupuesto fue aumentado de 131 mil a 211 mil unidades de fomento, lo que permitió incrementar en 80 plazas su personal técnico-profesional. Desgraciadamente, eso no se ha seguido observando, porque en el período 2000-2001 su presupuesto fue disminuido en 13 mil UF, en vez de subir, que es lo necesario para fiscalizar a las empresas. O sea, a mayor regulación, se requiere más control y fiscalización, y no menos.
En seguida, con referencia al tema de las tarifas -y sobre la base de tomar como parámetro aquellas que existen a nivel internacional- en el debate se ha señalado que aquí pagamos los precios más altos del mundo. No es así. Tengo la tabla de toda América Latina y de Estados Unidos. Chile, entre diez países, aparece en el tercer lugar, a céntimos del segundo y del primero, muy por sobre el resto de las naciones de América Latina y de América del Norte, que superan el dólar. En nuestro país se cobra 0,44 centavos de dólar por metro cúbico.
En el plano interno, cuento con las cifras del costo del metro cúbico de agua en prácticamente las principales ciudades de Chile. Y se observa que todas las empresas que han recibido inversión privada y que han hecho la modernización cobran tarifas más bajas que las entidades públicas, que son las más caras. La situación más trágica se da en Antofagasta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Excúseme, señor Senador, pero me acaba de llegar un acuerdo de los Comités por el cual se da la posibilidad de cederse tiempo entre los Senadores inscritos.
En tal virtud, el Honorable señor Ruiz-Esquide ha cedido el suyo al Senador señor Frei .
Puede continuar Su Señoría.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Agradezco a mi Honorable colega.
Como decía, en el caso de las tarifas medias, la más baja es la de Santiago. Luego vienen las de Concepción, Valparaíso y Rancagua , hasta llegar a la más alta, la de Antofagasta, que supera, incluso, el costo del metro cúbico que se paga en la capital de Estados Unidos.
También he revisado las cifras de morosidad, porque ante todo el escándalo público que se ha generado se podría pensar que aquéllas han aumentado. No es así. Según los cuadros estadísticos que tengo en mi poder, desde 1996 hasta 2001 se han mantenido prácticamente igual. Incluso, a fines de 2001 la morosidad era inferior a la existente en diciembre de 1997, cuando se empezó a aplicar la ley.
¿Cuáles han sido los beneficios del proceso para la comunidad?
Aquí se ha abordado el tema de la salud. Las primeras estimaciones reflejan que el ahorro en salud para el país se sitúa entre 30 y 80 millones de dólares, al disminuir la ocurrencia de enfermedades como tifus, cólera, todas las enfermedades entéricas, etcétera.
En esas cifras no está incluido el costo del aumento sustancial de los desechos químicos en las aguas con que se regaba, productos tremendamente nocivos, en especial para los temporeros. Por lo tanto, en materia de salud hay un ahorro para el país que llegará, a lo menos, a 80 ó 100 millones de dólares al año.
¿Qué ha representado la privatización en cuanto al empleo? Cerca de 10 mil ocupaciones directas en un sector como la construcción, que implica gran movimiento en la economía, por lo que significan los suministros.
Por eso, si se mantiene el programa, podríamos tener ciento por ciento de cobertura de agua potable y alcantarillado y 80 por ciento de tratamiento de aguas servidas el año 2006. Humberto Peña , Director General de Aguas -y tal vez uno de los ingenieros chilenos que más sabe sobre el tema de aguas en nuestro país- señala que ese año, el 2006, cuando se complete el programa, Chile será una de las pocas naciones en el mundo que hayan alcanzado estas cifras.
Y en los informes que aparecen permanentemente en la prensa se constata que estas inversiones no se realizan sólo en las grandes ciudades. En el caso de la Quinta Región, hace pocos días se publicó que ESVAL invertirá 96 mil millones de pesos entre 2002 y 2003, con lo cual se alcanzará una cobertura total en el tratamiento de aguas servidas en todo el valle del Aconcagua. Lo mismo sucede en la zona de Santiago, donde se están construyendo no sólo grandes plantas, sino también trece medianas. Por ejemplo, hace pocos días se inauguraron en San José de Maipo, Paine , Lindero , Alto Jahuel y Buin. Y mientras se debatía en torno del tema sanitario y de los vertederos, veíamos cómo se regaban con aguas servidas 10 mil hectáreas de una zona cuya producción se destina en su totalidad a la exportación. Por lo tanto, difícilmente se iba a poder seguir exportando.
Por último -la información es abundante-, me quiero referir al tema tarifario. Mucho se habla del actual régimen en materia de tarifas, pero no se señala que éstas aumentaron 76 por ciento en promedio y que la empresa de Antofagasta, por ejemplo, incrementó sus precios en 463 por ciento. Ése fue el resultado del aumento tarifario de 1990. En 1995, el promedio alcanzó a 6,9 por ciento, con un máximo de 24 por ciento y un mínimo de uno por ciento. El proceso tarifario 2001, realizado bajo la nueva ley, tuvo un incremento medio del orden del 19 por ciento, con lo cual se desmitifica otro tema.
En cuanto a los subsidios -aspecto que interesa a la gente-, a fines del ejercicio 2000-2001, llegamos a dar aproximadamente 485 mil subsidios como promedio, los que, como ha dicho el señor Ministro a un señor Senador, representaban el 80 por ciento de las tarifas.
¿Qué ocurrió? Se cambió el sistema de subsidios, según lo ha dado a conocer el señor Director de Presupuestos en el informe que nos hizo llegar. Ello significa que hoy en día hay aproximadamente 150 mil familias a las que se les bajó el subsidio de 80 a 40 por ciento. Por lo tanto, han visto duplicadas o triplicadas sus cuentas de agua potable.
Además, la señora Ministra de MIDEPLAN declaró ayer por la prensa que, con motivo del cambio del proceso, 45 mil subsidios no han sido asignados, cuestión que por lo demás ratifica el informe del Director de Presupuestos , al decir que no se ha entregado 29 por ciento del presupuesto para el año.
Voy a dar algunos ejemplos. En la Undécima Región, el cambio del sistema de subsidios significó 216 por ciento de aumento para el 26 por ciento de la población; en la Novena Región, 109 por ciento de incremento para el 16 por ciento de los habitantes; en la Sexta Región, 116 por ciento de aumento para el 11 por ciento de la población, y en la Décima Región 118 por ciento de incremento para el 14 por ciento de los habitantes, no obstante que en esa misma fecha los cambios tarifarios representaron un promedio del orden de 19 por ciento.
El gran problema consiste en que aquí hay 150 mil familias ya afectadas, a las cuales deben agregarse otras 45 mil, que son aquellas que no han recibido subsidio durante estos primeros meses del año. Por lo tanto, la cifra debería ser precisada directamente por la Superintendencia o por medio de un decreto, para saber si son 150 ó 200 mil las familias que están afectadas en una cifra aproximada de 6 mil millones de pesos, pues deben ser pagados por ellas. Ése es el problema de fondo.
Por último, quiero hacer referencia a la pérdida en la red. Cuando se inició el proceso y se aprobó la ley, el promedio de pérdida en la red superaba el 40 por ciento en la mayoría de las empresas chilenas. O sea, entre lo que las empresas entregaban en sus plantas de producción de agua y lo que realmente se facturaba había 40 por ciento de diferencia de pérdida. Ello, sin hacer mención a lo que señaló el señor Ministro , referente a las pérdidas intradomiciliarias, que también son inmensas, en las cuales tendría realmente que participar la Superintendencia.
En resumen, primero se debe resolver el tema de los subsidios a esas 150 mil familias y las cuentas que tienen, aclarándoles si se les va a reducir el subsidio o no lo van a recibir nunca más. Si en cifras estándares se aumenta de 500 a 600 mil el número de subsidios urbanos, habría que incrementar el Presupuesto. De lo contrario estaremos dando menos.
Por otra parte, no se debe dificultar las inversiones. Se están invirtiendo 2 mil millones de dólares, cifra que nos va a colocar en una posición de privilegio en el mundo respecto a las exportaciones, a la salud y al tratamiento de las aguas servidas. No dilapidemos esa tremenda inversión que está haciendo el país. Debemos cuidarla.
Por último, es necesario contar con una Superintendencia fuerte y respetada, que sea capaz de preocuparse de 3,5 millones de clientes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Honorable señor Eduardo Frei ha ocupado 2 minutos del tiempo del Senador señor Sabag.
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , en los últimos 20 años hemos sido testigos de importantes transformaciones en todos los aspectos que involucra la prestación de los servicios básicos, que van desde los avances tecnológicos hasta los cambios en la propiedad de las empresas.
Las innovaciones técnicas y las exigencias derivadas de la protección ambiental, que obligan a la depuración de las aguas residuales, plantean cuantiosas inversiones económicas que el Estado no tiene la posibilidad de enfrentar en el corto plazo, especialmente frente a la actual coyuntura económica y a la focalización de los recursos en las necesidades más apremiantes.
A partir de la década del 90, Chile ha emprendido un pujante proceso de traspaso al sector privado de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, reduciendo de esta forma el gasto público, pero fundamentalmente separando la función de gestión y regulación como parte del proceso modernizador del Estado.
El análisis de la evolución de los procesos de licitación y celebración de los contratos resulta esencial para intentar comprender el proceso privatizador y el punto de inflexión a que hemos llegado con ocasión del creciente descontento de la ciudadanía por cobros que se estiman excesivos y servicios de menor calidad que la esperada.
El servicio de agua potable constituye un monopolio natural y es en tal condición que históricamente ha sido prestado por las empresas del rubro antes y después de la decisión de privatizar. No es exagerado decir que, cuando la propiedad y la gestión de las empresas pertenecían al Estado, prácticamente no había cálculo de costos, y el manejo de las tarifas respondía a objetivos bastante lejanos de los criterios económicos. Así, una política antiinflacionaria podía impedir el alza de las tarifas con el fin de mantener estable el índice de precios.
El giro del negocio hacia el sector privado -que ha corrido paralelo a un vertiginoso proceso de globalización, con sus consecuentes beneficios y dificultades-, se ha desarrollado a un ritmo que supera con creces la capacidad reguladora de la autoridad, demostrando paulatinamente numerosos defectos que afectan directamente a los consumidores.
Podemos citar como ejemplo las dificultades observadas en los procesos privatizadores de otras naciones latinoamericanas, cuyas realidades guardan grandes semejanzas con la nuestra y de las que no parece haberse recogido experiencia alguna.
En México, el proceso privatización se inició tempranamente, en 1982, pasando desde entonces a manos privadas cerca del 80 por ciento de las empresas públicas. Allí las alzas de las tarifas han originado numerosos problemas sociales. En Venezuela, la situación todavía ha sido más compleja, al punto de que se habla del fracaso del primer intento privatizador. En Argentina, el caso de Buenos Aires es ejemplificador de lo que puede llegar a ocurrir en nuestro país. En esa ciudad, ya en el primer año de contrato las tarifas y el cargo por infraestructura habían experimentado un alza considerable y aún hay cuatro millones de personas que no tienen acceso al recurso hídrico.
Es así como más allá de la contingencia que ha dado origen a esta controversia que hoy nos reúne, existe consenso en los especialistas que el mecanismo de fijación de tarifas en los servicios en que se encuentra comprometido el interés público -particularmente, en el caso del agua-, es todavía rudimentario, careciendo, incluso de las garantías básicas en que debe fundarse todo proceso de traspaso al sector privado.
Se ha dicho, no sin razón, que la legitimidad del proceso privatizador debería depender del cumplimiento de tres principios, a saber: equidad, es decir, que quien más consume debe pagar más y que quien más invierte tiene derecho a obtener mayores ingresos; justicia, esto es, que el Estado garantice a los grupos sociales de menores recursos el acceso al servicio, y eficiencia económica, que a su vez supone una ley de tarifas transparentes y una autoridad reguladora fuerte e independiente que garantice la fijación de una tarifa justa. A ello cabría agregar la debida proporcionalidad que debe existir entre la calidad del servicio prestado y su costo.
La aplicación de una real equidad, es decir, la correspondencia entre consumo y costo e inversión y ganancia, que interesa tanto a la empresa como al consumidor, depende directamente del cumplimiento de los otros dos principios, esto es, de una acción decidida y eficiente del Estado en la aplicación de subsidios que garanticen a todos el acceso al vital recurso y, muy especialmente, de la existencia de un marco regulatorio claro, transparente y eficaz y de una autoridad técnica que vele por su cumplimiento.
En relación con lo primero, se estiman en 450 mil las familias que reciben el beneficio del subsidio de agua potable a un costo de 35 millones de dólares. A este respecto parece urgente conocer la verdadera situación en que se están otorgando esos subsidios, fundamentalmente con el objeto de determinar su debida focalización.
La transparencia que suele exigirse a las empresas que gestionan el sistema debe extenderse también a la actuación del Estado en este ámbito. Conocer la forma en que se otorgan los subsidios y los criterios de acuerdo con los cuales se conceden, constituiría un avance notable para el mejor funcionamiento del sistema.
En ese sentido, formulamos un llamado a la autoridad a recoger la denuncia que ha planteado una de las empresas del sector, en el sentido de que el año pasado alrededor del 10 por ciento de las familias beneficiadas con el subsidio no lo habrían recibido en el hecho, lo que explicaría el alza desmesurada en sus facturas.
Otra aspiración en el mismo orden es la revisión de los criterios que informan la concesión de los subsidios. El monto de los recursos comprometidos, el número de beneficiarios y los múltiples reclamos a lo largo de todo el país hacen pensar que no existe una adecuada focalización del beneficio.
Pero la controversia en materia de tarifas está centrada en el segundo aspecto, esto es, en el funcionamiento del marco regulatorio en que se desarrolla el sistema de fijación de las mismas.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, entre diciembre de 1998 y el mismo mes del año 2000, el precio del agua potable experimentó un alza promedio de 53,95 por ciento. Sin embargo, en el caso de la principal empresa proveedora de Santiago, la última fijación tarifaria, que data del año 2000, significó un alza real de sólo 15 por ciento, a lo que habría que sumar el 10 por ciento correspondiente a las inversiones realizadas en El Trebal, como aquí se han mencionado, que es una planta de tratamiento de aguas que traerá un significativo avance en materia medio ambiental.
Frente a las discrepancias surge la legítima interrogante de si la autoridad previó estas alzas y adoptó oportunamente alguna medida para paliar su impacto en los sectores más desposeídos. Hace exactamente un año la Superintendencia de Servicios Sanitarios informó que algunas empresas aumentaron sus tarifas hasta en 51 por ciento en el período comprendido entre diciembre de 1999 y el mismo mes de 2000.
En mayo del año recién pasado y tras una sesión especial en el Senado sobre el mismo tema, el entonces Ministro de Economía afirmó que en dos o tres meses se darían a conocer por el Gobierno los estudios acerca de estas materias y que después enviaría un proyecto con el objeto de mejorar el marco regulatorio que, en palabras del señor Ministro , "demuestra algunas falencias bastante evidentes". De esa iniciativa aún no se tiene noticia.
Para ilustrar el cuestionamiento a la actuación del Ejecutivo en la materia, deseo citar textualmente las declaraciones formuladas por el Senador señor Ominami a un matutino, con ocasión de dicha sesión especial, al señalar: "El reglamento que se utilizó para fijar las tarifas es malo y las personas que estaban a cargo de elaborarlo no hicieron bien su tarea porque tenían que haber sido mucho más puntillosas para haber clarificado allí algunas ambigüedades de la ley".
Entonces, me pregunto: ¿qué responsabilidad cabe al Gobierno en la situación que hoy afecta a miles de familias? ¿Previeron las consecuencias de la aplicación del decreto tarifario? ¿Se tomaron todas las providencias técnicas para elaborar un decreto equilibrado y adecuado a la situación de los consumidores?
Por otra parte, es preciso advertir los riesgos que implica politizar una materia de tan importantes implicancias y en que los conflictos requieren más bien de un riguroso análisis técnico que arroje una solución adecuada a los intereses de todos los actores involucrados.
En relación con este riesgo, un aspecto muy relevante y prácticamente olvidado en esta discusión es el concurso indispensable de las empresas sanitarias para la realización de cuantiosas inversiones no sólo en el perfeccionamiento de las redes y el tratamiento de las aguas, sino también en otros ámbitos estrechamente ligados a éste y que no son de directa responsabilidad de dichas empresas. Uno de ellos es la construcción del sistema de evacuación de aguas lluvias que, según lo informado por el Gobierno en mayo de 2001, requiere una inversión de 611 millones de dólares, lo que hace imposible que sea abordada exclusivamente por el Estado. Se calcula que con el actual presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, tardaría entre 30 ó 40 años en concluir las obras.
Pero más allá de estas consideraciones prácticas, lo que está en juego es la credibilidad y la legitimidad misma del proceso de privatizaciones que con tanta decisión emprendió en su momento el Gobierno del entonces Presidente Frei .
Se ha dicho que los defectos en el marco regulatorio podrían haberse originado en dicha Administración y que eso fue lo que decidió al Presidente Lagos a paralizar el curso de las privatizaciones, optando por un sistema de concesiones. Cualesquiera que hayan sido las razones para tal decisión, lo cierto es que parece haber consenso en la necesidad de introducir importantes modificaciones en esa normativa, especialmente en lo relativo al procedimiento de fijación de las tarifas.
El conflicto no se soluciona con modificaciones menores al sistema, como las efectuadas por el reglamento dictado a mediados del año pasado en relación con la Comisión de Peritos. El problema del agua excede con mucho una filtración o un error en el cálculo de la factura.
El Fondo Mundial para la Naturaleza estima que dos mil millones de personas sufren ya de falta de agua y ha alertado acerca de que en los próximos 25 años habrá grandes problemas de abastecimiento en 60 países, que afectarán a dos terceras partes de la población mundial.
Ante un asunto tan complejo, que exige un rápido aprendizaje para dar solución a las dificultades imprevistas, o a las que debiendo haberse previsto no lo fueron, se hace indispensable tomar conciencia del hecho de que los conflictos deben resolverse entre los interesados y en un marco de principios y valores compartidos que permitan una acción común.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , ante todo, deseo defender la legitimidad de la discusión que ahora llevamos a cabo. En los últimos días hemos leído en la prensa que algunos voceros del sector sanitario, incluso de empresas extranjeras, han intentado inhibir su realización diciendo que aquí se está politizando un debate, que se están exponiendo asuntos que no corresponde plantear, e incluso se ha insinuado que en las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Chile surgiría esta materia, porque no sería posible revisar las decisiones adoptadas previamente por el Estado chileno al respecto. Eso me parece absurdo, inaceptable. Considero esencial mantener la posibilidad de discutir estos temas, porque a fin de cuentas los Parlamentarios representamos a la gente, a los consumidores.
Deseo también afirmar -por lo menos, es mi posición personal- que la política fundamental que se ha definido en materia de obras sanitarias, que describió recién el Senador señor Frei , es un buen instrumento, que en lo esencial está produciendo los resultados que se esperaban en cuanto a inversión, tratamiento de aguas, etcétera. Y me parece que no corresponde revisar la definición fundamental de políticas, sino más bien llevar a cabo el proceso de aprendizaje de un sistema nuevo, que Chile no conoce y respecto del cual pocos países tienen experiencia, en cuanto a cómo fijar tarifas e impedir que ocurran algunos de los hechos acaecidos recientemente.
Paso a revisarlos. Creo que lo que sucedió, las quejas de las personas, los reclamos, las protestas, no son porque los Parlamentarios anden agitando estos temas, sino porque desafortunadamente coincidieron cuatro factores que explican las razones por las cuales la gente está insatisfecha con esta situación. En primer lugar, los decretos tarifarios. Las propias autoridades regulatorias dicen que algunos decretos salieron bien, y otros mal; que en unos el proceso se hizo adecuadamente, y en otros muy sesgadamente a favor de la empresa, como en el caso de ESVAL.
En segundo término, obviamente está lo relativo a las inversiones. Lo que se está haciendo es cargar el costo de la inversión básicamente al usuario vía tarifas. Y eso refuerza el incremento adicional en el decreto tarifario, dado el procedimiento que se halla determinado por ley.
En tercer lugar, existe la estacionalidad. No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos factores, pero algunos tenemos la impresión de que la estacionalidad implica un sobreprecio excesivo en las tarifas, lo cual, de alguna manera, habría que revisar para ver si es lo adecuado o no.
Por último -como bien decía el Senador señor Frei en su momento-, la refocalización de los subsidios a que hizo referencia el señor Ministro , al final, no ha producido buenos resultados. En efecto, hay 150 mil personas que han salido perjudicadas, pues pagan una mayor cuenta de agua al disminuírseles el subsidio. Nadie tenía información sobre el particular. Esa gente simplemente recibió la boleta de consumo y obviamente recurrió a algunos de nosotros para prevenirnos acerca de lo que está pasando.
Por lo tanto, el Gobierno debió haber advertido que aquí había cuatro factores que se reforzaban en un momento, originando un problema serio de desconfianza en el sistema por parte de los usuarios. Nadie previó esa situación cuya consecuencia los Parlamentarios estamos constatando hoy día en distintos sectores o regiones.
En seguida, me referiré a los decretos tarifarios. Hace un momento afirmé que en algunos casos han salido bien y en otros mal. ¿Cuáles son algunos de los defectos que presenta el sistema de fijación de tales decretos? Se dijo que no se iban a promediar los estudios de las empresas, pero los efectuados por la Superintendencia de hecho se están promediando, porque se desagregan los parámetros. Las empresas cuestionan los parámetros que pone el Estado, porque generalmente se traducen en costos más bajos, y debido a ello salen resultados sesgados en esa dirección. No hay simetría. Las empresas pueden discrepar del estudio del Gobierno, pero a éste no le es posible hacerlo respecto del que efectúan aquéllas. Por lo tanto, las empresas objetan los costos bajos y el Gobierno no puede hacer lo mismo con los costos altos.
La Comisión de Peritos es un mecanismo válido, pero yo creo que a estas alturas resulta un poco discutible. Se trata de un organismo conformado por tres personas, de las cuales dos son nombradas por cada una de las partes y la tercera es independiente. Estamos hablando de monopolios naturales, de un sector donde hay empresas muy grandes, poderosas, con mucho respaldo, a menudo transnacionales, con abundantes recursos, que tratan de influir en el perito independiente para obtener un resultado favorable. En algunos casos los peritos resisten, pero en otros no, y los resultados salen sesgados. Por lo tanto, éste es un asunto que se puede mejorar.
En cuanto a las modificaciones -seré muy breve-, me atrevo a plantear algunas sugerencias. En primer lugar, es obvio que existe un problema de información. Al respecto, se señala que por ley toda la información es pública, que todo el mundo puede conocer los estudios, objeciones y discrepancias. En la práctica, no es así. El único antecedente de que se dispone es que la persona recibió en su casa una cuenta de agua que, en el caso de San Fernando, fue 45 por ciento superior a la anterior; en Rancagua, 33 por ciento; en Talca, 20 por ciento; en Concepción, 19 por ciento; en Puerto Montt, 28 por ciento. Por lo tanto, se requiere más información.
En segundo término, me parece que no es buena idea tener dos estudios, porque ocurre que el efectuado por la empresa exagera grandemente los costos y consigue expertos que se los inflen al extremo. Por su parte, el Gobierno trata de plantear valores muy bajos y se termina promediando, lo cual no deja contento a nadie. Yo soy partidario de hacer un solo estudio y que éste se licite a nivel mundial, para que lo realice una consultora internacional, absolutamente independiente y de alta calificación. Y después, en lugar del sistema de peritos, me parece que se debe avanzar en la idea de un tribunal económico de la regulación, que sea similar, por ejemplo, al Consejo del Banco Central. Es decir, un grupo de personas remuneradas, que trabajen a tiempo completo, que sean altamente independientes y calificadas, que reciban los reclamos, las discrepancias y, en un plazo breve, puedan emitir un fallo oportuno. Porque aquí, es cierto, está de por medio la necesidad de tomar decisiones respecto de inversiones que el país necesita, y estos procesos, a menudo, se están "judicializando"; es decir, se convierten en trámites que pueden demorar 5, 6, 7 u 8 años.
Me parece que debemos hacer algo, pues hay problemas en las empresas sanitarias, en el sector de la energía y en el de las telecomunicaciones. Sin embargo, en los tres casos se aplican tratamientos muy distintos. Necesitamos ir hacia la uniformidad de los mismos y crear un tribunal económico de la regulación que tenga competencia para tratar las dificultades de los tres sectores que he mencionado.
Por último, dos temas adicionales. Uno, permitir la participación de los usuarios. Estimo indispensable que dicho tribunal sea una instancia en que la gente tenga la oportunidad de plantear sus inquietudes en forma racional y lógica.
En cuanto al otro aspecto, recojo una observación que hizo la Honorable señora Matthei en la sesión en que anteriormente discutimos esta materia. Considero que el Senado debe tener un rol de supervisión en estas materias. Para ello, Su Señoría propone -lo cual apoyo- que así como el Presidente del Banco Central cada tres meses concurre a la Comisión de Hacienda a informar sobre el avance de la situación financiera del país, que el señor Ministro de Economía haga otro tanto en la de Economía para mantenernos al tanto de la implementación de todas las ideas que aquí ha entregado, más otras que resulten del debate.
A menudo, aquí se hacen sugerencias, el Gobierno simplemente toma nota, pero después no hace nada.
Eso es cuanto quería plantear, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , pienso que el Gobierno tiene toda la razón cuando destaca los cambios tan importantes verificados en este sector durante los últimos 10 ó 12 años. Sin lugar a dudas, se han mejorado sustancialmente las coberturas tanto de agua potable como de alcantarillado y, sobre todo, se está desarrollando un proceso relevante destinado a mejorar la calidad de las aguas.
Me parece que eso no está en cuestión, ni tampoco el hecho de que fue necesario alzar en forma importante las tarifas de esos servicios. Hace un momento, se aludió a las que hubo en 1990. Efectivamente, en esa época se produjeron incrementos muy considerables. Con el Senador señor Foxley fuimos los suscriptores de tales reajustes.
Sin embargo, deseo aclarar lo siguiente: esas alzas buscaban, en primer lugar, corregir el grave desequilibrio que enfrentaban las empresas públicas producto de la política populista -así hay que decirlo- que se practicó durante los últimos años del régimen militar, porque para enfrentar los desafíos electorales de ese período -el plebiscito de 1988 y la elección presidencial de 1989- se mantuvieron políticas tarifarias que simplemente ponían en riesgo la sobrevivencia de esas empresas.
En segundo término, los reajustes de tarifas tenían por objeto salvar a esas empresas públicas, pero en ningún caso permitieron que grupos privados hicieran grandes utilidades, como desgraciadamente ha ocurrido con posterioridad.
Retomando al hilo central de la discusión, el hecho de que se haya mejorado la cobertura y que existan plantas de tratamientos de aguas ¿significa que todo está bien? ¿Quiere decir que las tarifas que hoy día se cobran responden rigurosamente a las nuevas condiciones y que los alegatos de los consumidores y de los Parlamentarios no tienen ningún fundamento?
Quiero responder derechamente que no. Los alegatos tienen fundamento: hay situaciones abusivas y cobros que no tienen justificación. Cabe recordar que esta preocupación no ha surgido en las últimas semanas, sino que nació hace mucho. El miércoles 9 de mayo del año pasado se realizó en el Senado una sesión especial. Hace casi un año. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Quedó de manifiesto una fuerte preocupación por el alza de las tarifas; por la situación que estaban enfrentando, particularmente, los sectores mas pobres de la población, y también por las debilidades del marco regulatorio. Se aprobó, por la unanimidad de los Senadores presentes -que fuimos muchísimos, por lo demás-, un proyecto de acuerdo pidiendo al Gobierno iniciar un proceso de revisión del marco regulatorio.
En dicha sesión demostré categóricamente -no tengo tiempo de hacerlo ahora- cómo se ha vulnerado el espíritu de la ley en los decretos tarifarios. La idea básica de la normativa legal en materia de fijación de tarifas consistía en evitar la política del "tejo pasado". Pues bien, en el caso de EMOS y ESVAL se impuso finalmente esa política.
Un señor Senador manifestó que, al final, es el Gobierno el que fija las tarifas a través de determinado sistema. Ello no es cierto. Por ejemplo, en el caso de ESVAL -que reconocidamente fijó abusivamente las que están pagando los consumidores de la Quinta Región-, un grupo privado que tuvo la propiedad de la empresa durante 14 meses consiguió una ganancia extraordinaria de 49 millones de dólares -¡49 millones de dólares en 14 meses!-. Las tarifas pertinentes no fueron fijadas por el Gobierno ni correspondieron a un sistema tan complejo, sino que, en último término, lo hizo el tercer perito. Ésta fue la persona que dirimió el conflicto, lo cual, a mi juicio, es muy grave.
Desde ese punto de vista, cabe destacar un elemento recordado por el Senador señor Foxley que, por lo demás, fue incorporado en el proyecto de acuerdo que suscribió la unanimidad de los señores Senadores que participamos en la sesión de mayo pasado: la creación de una alta autoridad de los servicios públicos. Porque no es posible que una sola persona termine fijando las tarifas para toda una región, con todos los problemas que ello ha suscitado.
En consecuencia, debemos ser consistentes con los acuerdos adoptados en el Senado. En la sesión mencionada se acordó revisar el marco regulatorio; proponer la creación de una alta autoridad de los servicios públicos, y pedir al Gobierno que analice la posibilidad, establecida en la legislación de 1990, de aumentar el consumo subsidiado, que actualmente es de 15 metros cúbicos en casi todas las regiones, a 20 metros cúbicos. Ello no resolverá todos los problemas, pero puede paliar en parte las dificultades por las que atraviesan los sectores de más bajos ingresos.
Por último, ojalá esta sesión nos permita dar curso a dichos acuerdos; que hagamos una revisión razonable del marco regulatorio, y que evitemos el chantaje de algunas empresas que amenazan con no realizar las inversiones proyectadas si se revisa el que está vigente. Me parece muy importante que tales inversiones se concreten, pero nadie puede pretender que el Congreso Nacional no revise lo que está mal ni opera convenientemente.
En ese cuadro, espero que la Oposición reconozca los errores que cometió cuando discutimos el marco regulatorio. Porque si éste es débil y también lo es la Superintendencia del ramo se debe a que los señores Senadores de Oposición se negaron a otorgarle los recursos que le permitirían tener oficinas regionales, y fueron contrarios a establecer multas disuasivas para que las empresas no cometieran los abusos en que ahora incurren.
Pienso que tenemos una buena oportunidad de corregir todo aquello que es necesario y, más aún, urgente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , al consultar a expertos sobre lo que está ocurriendo con las empresas sanitarias, me manifestaron que para ellos no era ninguna sorpresa, y que si no se tomaban medidas urgentes se producirán consecuencias graves en el corto o largo plazo. La razón que me plantearon fue que el país ha tenido una política insuficiente al respecto en los últimos 20 años.
En efecto, a fines de 1989, se implementa una acelerada privatización, creándose 13 empresas regionales sobre la base de las antiguas empresas del Estado, como las de Santiago y Valparaíso, pero liquidando SENDOS, un servicio público radicado en el Ministerio de Obras Públicas.
En esa prisa por privatizar quedaron pendientes tres materias claves, que son la coyuntura de hoy: el saneamiento de las aguas servidas -no quiero pensar cómo será el grito de los habitantes de Santiago cuando comiencen las obras de construcción de las nuevas plantas de saneamiento de aguas, pues se trata de un servicio que se debe pagar- la situación del agua potable y alcantarillado rurales, y la evacuación de las aguas lluvias. Esos son los problemas existentes.
Lo acertado del sistema fue que se estableció el principio de que el usuario debe pagar por el gasto que efectúa en agua, por el saneamiento de ésta y por el servicio de alcantarillado. En países desarrollados, por supuesto, se cobra el agua que se consume y la que se bota.
Lo anterior significó que en la década del 90 se produjo una verdadera lucha en una población que estaba acostumbrada a pagar sumas irrisorias por estos servicios o simplemente no pagarlos. Es verdad que se subvencionaba a los sectores más pudientes del país. No se advirtió en esa época que la infraestructura que se entregaba a las trece empresas creadas adolecía de graves deficiencias, las cuales, cuando ocurren antes del medidor, son de cargo de la empresa, pero cuando ocurren en el medidor o después de él, afectan directamente al usuario. No olvidemos que hoy día existen medidores digitales que detectan hasta la pérdida de una gota de agua. Son los beneficios y los problemas de la modernización.
En las obras públicas destinadas a atender a las poblaciones que construye el Estado -reconozcámoslo-, para abaratar los costos, se utilizan materiales de menor resistencia y duración, que a veces incluso son inadecuados. En un país productor de cobre se emplean abundantemente cañerías de plástico, que, por supuesto, fallan con mayor frecuencia. Y por eso en los sectores populares se están produciendo cobros excesivos. Las pérdidas por ese concepto -ya lo señaló un señor Senador- y por las conexiones clandestinas superan el 30 por ciento.
La nueva legislación se inspiró en la aplicable a los servicios eléctricos, sin advertir las profundas diferencias existentes entre un servicio y otro.
¿Qué sucedió? En los inicios de sus Gobiernos, la Concertación se preocupó de consolidar estas empresas, de lograr que la población aceptara que el servicio prestado debía pagarse. Por eso, acorde con la modernidad, no se descartó para nada la inversión privada, pero a través de un sistema de concesiones otorgadas por la empresa y que toma el nombre de "gestión con inversión".
En sí misma, la gestión con inversión no tiene grandes diferencias con el sistema de concesiones, que tan exitosamente se está utilizando ahora en carreteras y en otras obras públicas. Posteriormente se pensó que podían privatizarse las empresas mismas, pero a condición de tomar una serie de precauciones y reforzar la Superintendencia respectiva.
Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que hacerse cargo del agua potable rural y de las aguas lluvias.
La verdad es que en el mundo se discuten ambos sistemas, y hay argumentos a favor de uno y otro. La gran ventaja que tiene en Chile la gestión con inversión es que, manteniéndose estatal la empresa, a ésta el Estado le puede exigir que controle a la empresa privada a la que la liga un contrato, que incluso podría ser terminado de haber incumplimiento. Pero si se opta por la privatización total, es indispensable la existencia de un organismo estatal con verdadero poder de fiscalización.
Nadie tiene claro a estas alturas a qué obedece el actual problema de los cobros exagerados que afectan a ciertos sectores, especialmente populares. La falla está justamente ahí: no puede pensarse que el sistema funcione sin que el Estado tenga un servicio público que lo fiscalice y controle. Puede tratarse de una falla tanto de las empresas como del consumidor que descuida las filtraciones. Una pérdida por goteo ya abulta enormemente cualquier cuenta; pero si ella es en una cañería mayor, se puede llegar fácilmente a las cifras estratosféricas que hemos conocido.
Lo que ocurre es que el SENDOS -y lo recuerdo-, cuando era un servicio público, no sólo "producía" y "vendía" agua y alcantarillado, sino que además, como todo ente del Estado, bien o mal, procuraba satisfacer las necesidades de la población en ese ámbito.
La privatización de la empresa en Regiones importantes dejó un vacío que hasta la fecha la Superintendencia del ramo no ha podido llenar.
En definitiva, a estas alturas uno se pregunta quién protege a las personas de pocos ingresos, a la gente más modesta de este país, frente a un posible error o abuso de empresas que, por su naturaleza, son monopólicas.
El hecho es que, más que en cualesquiera otros, en los servicios sanitarios debe haber más de lo que hoy tenemos, por ser ellos insustituibles. Debe haber un organismo del Estado -radicado, por cierto, en Obras Públicas- permanentemente preocupado del tema.
Termino puntualizando que hoy enfrentamos una coyuntura en que vale la pena llegar al fondo. Es imperiosa en la legislación sanitaria una enmienda que implique, guste o no guste, una mayor actividad del Estado. Porque no corresponde a la empresa privada "cuidar" al consumidor. Todo negocio privado tiene como límite la prestación del servicio. Y si éste falla por causas de quien lo recibe, podrá haber una campaña de educación, pero sin ir más lejos.
Distinta es la situación del Estado. Por eso, la privatización de las empresas sanitarias, como se ha hecho en Chile, recibe fuertes críticas en todo el mundo; y en muchos lugares se sigue prefiriendo el sistema de gestión con inversión.
Es deber del Estado -lo recalco- preocuparse de la salud de la población. Y en ella inciden fundamentalmente los servicios sanitarios.
En consecuencia, pienso que no se deben privatizar las empresas mismas; pero si se hace, hay que crear en Obras Públicas un servicio que, además del problema expuesto, se preocupe de las aguas lluvias, del agua potable y del saneamiento rural.
Por último, me parece conveniente dar herramientas y recursos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios o al SERNAC para que cumpla esas últimas tareas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , me alegra que este tema se trate hoy día en el Senado, como asimismo que el Gobierno haya tomado cartas en el asunto. Porque éste no es problema nuevo para la Región que represento aquí. En Atacama lo vivimos por una década. Y en dos oportunidades les solicitamos a los Presidentes de la República correspondientes que implementaran un mecanismo que, a mi parecer, es el que debe requerir el Honorable señor Ominami para revisar las tarifas si considera que presentan dificultades. La normativa vigente prevé ese mecanismo en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, en virtud del cual Su Señoría puede pedir que se revisen las tarifas si estima que hay error.
Empero, no voy a hablar de las virtudes del sistema, pues diversos señores Senadores ya lo han hecho. Más bien quiero referirme a sus debilidades. Y la primera de ellas dice relación a la baja posibilidad de defensa que aquél otorga al consumidor.
¿Cuáles son los entes que protegen al consumidor en materia de distribución del agua potable? El principal, de acuerdo con la legislación vigente, es la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El funcionario que está al frente de ella tiene muchas atribuciones -no voy a leer el texto legal-, pero su debilidad reside en las muy potentes presiones -ya se refirió al punto el Honorable señor Foxley - que pueden ejercer sobre él tanto el sector privado como el público.
Por ello, considero indispensable despachar un proyecto de ley que presentamos hace cuatro años en la Cámara de Diputados -fue aprobado en su Comisión de Obras Públicas, pero no, lamentablemente, en la Sala- para dar más espaldas al Superintendente de Servicios Sanitarios a fin de que cumpla en mejor forma su misión de defender en esta materia a los consumidores y la labor del Estado, como dijo el Honorable señor Muñoz Barra .
En segundo lugar, creo que aquí se produce un doble problema.
Primero, 60 por ciento de las empresas sanitarias son todavía estatales y sus directorios están llenos de dirigentes políticos de la Concertación.
Nada tengo contra esos dirigentes; creo que lo hacen muy bien en la política. Sin embargo, pienso que en esos directorios lo harían mucho mejor técnicos en la materia, atendidos su rodaje, bagaje y experiencia.
Además, las presiones para el Superintendente de Servicios Sanitarios en la fijación de tarifas y en la defensa de los consumidores son muy atenuadas cuando hay dirigentes que tienen línea directa con los Ministros o con las autoridades políticas que efectúan el nombramiento.
He propuesto que el nombramiento y la remoción del Superintendente del ramo sean hechos por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, a fin de que tenga más espaldas para cumplir sus funciones.
Los directorios de esas empresas -como dije- están llenos de dirigentes de la Concertación. De concretarse una eliminación que deseo proponer -aquí están los números-, podrían entregarse 10 mil 700 nuevos subsidios de agua potable a la gente más modesta. Considerando las viviendas que califican para obtener subsidios al agua potable y el total asignado, hay un déficit que bordea los 30 mil subsidios. Por lo tanto, con los nuevos 10 mil 700 sería factible disminuir el faltante en 35 por ciento.
En tercer lugar, me parece que debe existir mayor eficiencia en la asignación de los subsidios. No es admisible que, pese a todas las reclamaciones formuladas en Regiones como la que represento, todavía haya un número significativo de subsidios no adjudicados a sus destinatarios, personas de escasos recursos que efectivamente son las señaladas por la ley para recibirlos.
En cuarto lugar, estimo indispensable aumentar la transparencia del proceso tarifario (entiendo que se encuentra en tramitación un proyecto de ley sobre la materia). Es muy relevante -lo manifestaron otros señores Senadores- que durante el proceso de fijación de tarifas exista publicidad de los antecedentes, de modo que todo el mundo tenga acceso a ellos.
Finalmente, me parece importantísimo determinar en el proceso tarifario alguna instancia donde los "dolientes", que son los consumidores, tengan alguna participación, de cualquier tipo. Hay que discutirla. Es menester otorgarla. No es fácil, pues se trata de una materia muy técnica. Sin embargo, pienso que debe abrirse una instancia de tal índole.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor PROKURICA.-
El Honorable señor Horvath me cedió el suyo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar, Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en cuanto a los subsidios, debe corregirse lo relativo a su colocación, pero también tiene que existir una focalización distinta, por Regiones. La necesidad de agua no es igual en Arica, Copiapó o Vallenar que en Valdivia. Se trata de un problema muy delicado. Por ello, me parece que habría que elevar el subsidio a 20 metros cúbicos en los lugares donde el consumo es mayor.
Ahora bien, si analizamos jurídicamente el convenio que celebra cualquier consumidor con la empresa distribuidora de agua potable, veremos que sin duda es un contrato de adhesión. El consumidor, primero, no elige la empresa; segundo, no fija los precios; tercero, no determina la calidad. Aquí tenemos a un consumidor cuya única obligación consiste en pagar el valor.
¿Qué dice la ley hoy día? Que si el consumidor no cumple (o sea, si no paga la cuenta), la empresa tiene derecho a suspender el suministro; a cobrar corte y reposición, y a aplicar intereses y las penas del diablo.
Pero al contrario, si la empresa no cumple y efectúa un corte no autorizado, sin respetar las condiciones estipuladas, ¿qué pasa con el consumidor?
A ese último respecto, debo recordar que se encuentra radicado en la Comisión de Obras Públicas del Senado un proyecto que presentamos hace cuatro años en la Cámara de Diputados -espero que se tramite- a fin de establecer una compensación para ese usuario, que a mi juicio se halla desprotegido.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , en primer término, considero que el Gobierno y las autoridades aquí presentes han evidenciado desconocimiento, falta de respeto y consideración, y hasta soberbia frente al problema del agua potable, especialmente en lo que concierne a la Región que represento en el Senado.
Se ha sabido -y lo señalo tomando los dos aspectos: los subsidios y las alzas- que la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta (ESSAN) pretende un alza de tarifas que no ha sido consultada ni analizada en su totalidad, de lo cual, según expresan cartas del concejo municipal de Antofagasta y del Intendente, la comunidad y las autoridades no han sido informadas conforme dispone la ley.
En la Segunda Región , el metro cúbico de agua potable tiene un valor de 877,4 pesos. Y el año 2000 ESSAN entregó 9 mil millones de pesos en utilidades al Fisco, y el 2001, 10 mil millones.
Señor Presidente , todo el borde costero de Antofagasta, que comprende 32 kilómetros de ciudad, se halla limpio; allí existe una planta para el tratamiento de aguas servidas y se están iniciando los trabajos pertinentes para la de Calama; se está construyendo la desaladora de agua de mar, y en toda la Región hay un abastecimiento de 90 por ciento de agua potable (sólo algunos pueblos del interior no cuentan con ella) y casi 98 por ciento de alcantarillado.
Por lo tanto, no informar a la gente de un alza de tarifas inminente, cuando se generan utilidades de aquella magnitud y cuando ya están hechas todas las obras mayores, constituye -como manifesté- una demostración de desconocimiento y una falta de respeto y consideración hacia las personas.
Venimos planteando la situación desde hace mucho tiempo. Una región desértica tiene derecho a contar con mayores subsidios. Y el cuadro que nos entregaron ayer es realmente preocupante. Según él, en la Segunda Región los subsidios mensuales al consumo de agua potable y alcantarillado registran cero aumento. No sucede lo mismo en otras Regiones, en algunas de las cuales el servicio se encuentra privatizado. En la Décima, por ejemplo, se contempla un aumento de 27,8 por ciento, lo cual no condice con la situación de la gente que requiere esa ayuda, menos si vemos que en algunos casos el beneficio se está perdiendo.
Ayer nos entregaron una minuta tan enredada que había que leerla veinticinco veces para entenderla. Creo que la hicieron especialmente para que la malentendiéramos o no la entendiéramos.
Allí hablan de grupos tarifarios que enumeran del 1 al 8. Nadie sabe qué a corresponden. Teníamos entendido que estábamos divididos en quintiles. Pero ahí inventaron un nuevo sistema, que además confunde.
Por eso, señor Presidente , digo que hay soberbia al no querer entender los planteamientos que, frente a un problema grave, hemos hecho Senadores, Intendentes y municipios de las distintas Regiones. En la Segunda Región no sólo no pueden aumentar los subsidios, sino que ahora hablan de grupos tarifarios, con lo que, al final, toda el mundo queda enojado, pues, por ejemplo, personas que tienen pensiones mínimas pagan cuentas de agua potable de 15 a 20 mil pesos mensuales.
Recuerdo que el Senado había elevado a 20 metros cúbicos el consumo por subsidiar. Ni siquiera han considerado eso, pues sacan un término medio de 11 metros cúbicos por familia, cantidad a la que a todas luces resulta imposible ajustarse. En la Segunda Región se hacen los mayores esfuerzos para cuidar el agua, pero el Gobierno no muestra ninguna disposición a escuchar lo que dicen la comunidad, el Intendente, los Parlamentarios.
Por eso, me voy a oponer terminantemente -y haré todo lo que esté a mi alcance para evitar que se consume la medida- a que se privatice ESSAN. Porque si opera con los valores que conocemos siendo fiscal, imaginemos a cuánto subirá el precio del agua potable cuando sea privada y monopólica.
Lo único que pido es que haya mayor fiscalización por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que se respete más a la gente de la Región que represento. Me gustaría mucho que las autoridades fueran a ella, hablaran con la comunidad, vieran las cuentas de agua que se deben pagar y constataran cuanto estoy diciendo, que es la verdad. Porque, señor Presidente , se está haciendo un manejo inadecuado de los subsidios, que no llegan a las regiones desérticas, donde la gente los necesita realmente.
Por eso, pido que alguna vez nos escuchen. A pesar de que celebramos esta sesión y hemos hecho mil veces los mismos planteamientos, en privado y en público, hay soberbia y no oyen lo que la gente necesita.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , quiero enfocar mi análisis a través de otro camino, de otra acción, que corresponde a la institucionalidad del país, y también, en los pocos minutos de que dispongo, hacer una brevísima historia con relación a esta materia.
El Senado comenzó en 1997 a preocuparse de los temas propios de la participación de los usuarios en cada una de las acciones inherentes al trabajo del Estado, fundamentalmente en torno a las actividades monopólicas (teléfonos -en muchos de los casos-, agua, electricidad, etcétera), y resolvió entregar a la entidad institucional más cercana a las personas, cual es el municipio, la responsabilidad de representar a los consumidores en todas las cuestiones vinculadas con la fijación de tarifas. Y se hizo una reforma constitucional donde se establecieron dos aspectos muy importantes, en el artículo 107 de la Carta. En primer lugar, mediante el penúltimo inciso se entregó a la municipalidad la facultad de coordinar la acción de todos los servicios públicos en la comuna (y las Superintendencias son parte de ellos), y en segundo lugar, por el último inciso se otorgó la responsabilidad de traspasar funciones públicas a la comuna. Aparte eso, se agregó a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades un artículo 28, nuevo, por el cual se entrega a los alcaldes la facultad de representar judicialmente a los vecinos cuando ello fuere requerido.
Los tres elementos señalados constituían las bases en que debía sustentarse la concreción de los valores en las negociaciones a que se refirió el señor Ministro , que en el sector del agua tienen lugar cada cinco años.
Este proceso tuvo también una modificación bastante sustancial en la ley Nº 19.549, con el artículo 13, nuevo, que señala: "La Superintendencia deberá informar a través de publicación en el Diario Oficial que se encuentran a disposición del público y los prestadores, las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas tarifarias en el período"...
¿Qué hace la Superintendencia (en este aspecto participé mucho, porque llevé a alcaldes para hacer partícipes del proceso a las municipalidades)? Informa a través del Diario Oficial que se inicia la discusión de las bases para determinar las tarifas del agua potable y el alcantarillado correspondientes al período y envía a cada municipio del país una comunicación donde señala el comienzo de ese debate, conforme al mencionado artículo 13 y a los preceptos constitucionales mencionados, invitando, fundamentalmente a los alcaldes, a participar en ese proceso.
Planteo esta situación porque, hasta donde tengo entendido, ningún alcalde de Chile respondió a dicha invitación. ¡Oigan bien, señores Senadores! La ley orgánica constitucional referida dispone la participación en la fijación de tarifas de las entidades del Estado que representan a los usuarios, concretamente las municipalidades, y ninguna se hizo presente.
Ésa fue una comunicación del 1º de septiembre de 2000.
En vista de que no hubo respuesta, la Superintendencia envió un segundo oficio -en el caso de la Octava Región, el 8 de noviembre- a la totalidad de las municipalidades ya no para invitarlas a participar en el debate final de los valores, sino pidiendo información concreta, pues se tenía conocimiento de que algunas instalaciones, como copas de agua, alcantarillado y otras, en áreas importantes les pertenecían, a fin de descontar esas obligaciones a los usuarios de cada comuna.
Pero ningún alcalde respondió.
En virtud de ello, la Superintendencia continuó su proceso sin la participación de los usuarios, tantas veces alegada aquí y bastante reglamentada en las normas que he señalado.
El 9 de mayo de 2001 -como recordaba el Senador señor Ominami - el Senado celebró una sesión especial sobre esta materia y en la cual se plantearon puntos de vista muy parecidos a los expresados hoy; no ha habido grandes modificaciones. De hecho, leí mi discurso y es prácticamente el mismo de ahora.
Luego de fijada la tarifa del agua, con todos los inconvenientes y sin la participación de la institucionalidad municipal dispuesta en la ley orgánica y la Constitución -penúltimo inciso del artículo 107-, la Superintendencia envió a las veinte comunas más importantes del país una carta manifestando su interés en que las potestades de la Superintendencia fueran traspasadas a las respectivas municipalidades para hacerse cargo de los reclamos de los vecinos. A esas cartas contestaron solamente tres alcaldes, firmándose un solo convenio con la Municipalidad de Chillán. Ante ello, la Superintendencia hizo un llamado al resto de los municipios para que se instalen oficinas en todas las comunas del país. Hasta ahora no ha respondido nadie.
¿Qué quiero decir con esto, señor Presidente ? Que a partir de 1997 hemos creado una institucionalidad clara, transparente y definitiva, que otorga funciones muy precisas a la autoridad más cercana a los usuarios -los municipios-, y no las ocupan.
Entonces -con esto termino, señor Presidente -, es básico tener presente este aspecto, porque, si seguimos aprobando normas para que las autoridades actúen y éstas no lo hacen, evidentemente estamos dando la espalda a los usuarios.
Ahora, ¿qué hay que hacer? Extender la acción de la Superintendencia a todas las comunas de Chile y, de esa forma, responder a los problemas de administración de cada una de las empresas de servicios sanitarios.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , en diciembre del año pasado, días antes de las elecciones parlamentarias, la empresa sanitaria de la Región del Maule, en ese momento pública, anunció que en el nuevo tarifado habría un alza de siete por ciento. Esto causó cierta conmoción. Yo, como disciplinado Senador y entonces candidato de Gobierno, defendí a la empresa, porque me parecía que dicho aumento, en una tarifa que se suponía que no se modificaría durante cinco años, era razonable. Incluso opiné que anunciar dicha medida al público en tiempos previos a una elección era una muestra de responsabilidad política de la autoridad sanitaria de la Región.
Sin embargo, en los meses de enero y febrero empezaron a llegar innumerables reclamos de ciudadanos. Tengo en mi poder facturas con alzas absolutamente inexplicables y desmedidas. No daré nombres; pero todas son de poblaciones populares de Talca. Y lo mismo ocurre en Curicó. Muchas de dichas boletas corresponden a consumos de febrero y marzo, vale decir, de meses donde los niveles de uso del servicio son similares. Así, en la población Sector Colines, subió de 7.510 pesos a 11.710; en 8 Sur 10 y 11 Oriente, ascendió de 3.810 a 9.520 (trescientos por ciento de alza); en 1 Norte 9 y 10 Oriente, de 6.690 a 14.230; en la Población Cristi Gallo, de 8.650 a 16.330; en la Cooperativa El Toro, de 18.950 a 31.620, y en otra el aumento aproximado fue de 6 mil a 16 mil pesos. Y nadie en la Séptima Región explicó el hecho. Ninguna autoridad de la empresa o del Estado -absolutamente nadie- ha aclarado un asunto que, aparentemente, no tiene fundamento.
Señor Presidente, señores Ministros, estamos ante un problema muy serio en Chile, que tiene que ver con un derecho esencial de miles de compatriotas.
Me queda poco tiempo, así que sólo señalaré que, en 1996, se debatió una iniciativa que modificaba el régimen jurídico aplicable al sector de servicios sanitarios en relación a su marco regulatorio y al sistema de incorporación de capitales privados; pero no teníamos la experiencia necesaria, la que deberíamos recoger ahora. Leeré lo que en este mismo lugar dije en aquella ocasión respecto del marco regulador y de la capacidad de fiscalización de la Superintendencia, cita que está registrada en la Versión Taquigráfica de dicha sesión:
"Sin embargo, en el debate en las Comisiones unidas del Senado se le introdujeron modificaciones" al proyecto original del Gobierno "que hacen peligrar la capacidad efectiva para establecer un marco regulador adecuado.
"Ello tiene que ver con el rechazo a la forma de financiamiento propuesta por el proyecto para la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que, a mi juicio, es un asunto esencial. La Oposición manifiesta estar de acuerdo con el marco regulatorio; pero cuando se trata de establecer mecanismos que permitan efectivamente realizar la regulación, siempre hay obstáculos y oposiciones. Y es completamente absurdo pretender que opere una regulación sustantiva si no existe capacidad de fiscalización.
"Hoy enfrentamos una situación dramática. La Superintendencia carece de oficinas regionales, en circunstancias de que tenemos una estructura de empresas que sí son regionales. Siendo así, aprobar un marco regulador sin establecer efectivas capacidades para este organismo, de una manera u otra constituye una burla para el país.".
Según lo debatido hace seis años, la responsabilidad inicial es de la Oposición, no del Gobierno. Aquí tengo la lista de cómo se votó el artículo décimo de dicho proyecto.
El señor LARRAÍN .-
Pero hubo mayoría.
El señor GAZMURI.-
No, señor Senador. El artículo, que daba las garantías a la Superintendencia, se rechazó: 18 votos a favor y 21 en contra, entre los cuales está el de Su Señoría.
Por tanto, en el origen hay una responsabilidad de la Oposición que no se puede negar.
En todo caso, también hubo responsabilidad del Gobierno -hay que decirlo claramente- al no corregir este aspecto esencial, adelantando el proceso de privatización.
Termino, señor Presidente, manifestando que debemos avanzar en varios planos. Es esto lo que quiero dejar planteado hoy.
Hay que revisar la ley. Es evidente que ella establece un sistema -y en esto estamos todos de acuerdo- que no asegura una buena fijación de tarifas.
El señor CHADWICK .-
El problema son las oficinas regionales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por favor, Senador señor Chadwick .
El señor GAZMURI.-
También hay que revisar el reglamento. Es claro que en él existen elementos que ayudan a la "sobretarificación". Un ejemplo: el sobreconsumo, que se calculaba considerando doce meses de consumo, ahora se mide sobre los seis meses de menor uso.
Hay que fortalecer la capacidad fiscalizadora de la Superintendencia.
Hay que ampliar la cobertura de subsidios, porque, cualquiera que sea el precio, los pobres no pueden pagar el costo del agua. En tal sentido, me parece contradictorio aumentar la cobertura, pero disminuir los montos del subsidio. Incluso la meta de 600 mil familias no cubre a las más pobres de este país, que corresponden aproximadamente a 900 mil.
Por otra parte, debe establecerse que el suministro de agua es un derecho fundamental que no puede ser quitado. A ninguna familia chilena se le debe cortar el abastecimiento de agua. Se trata de un derecho básico para nuestro nivel de civilización.
Finalmente, hay buenas razones para intentar, en las empresas sanitarias que aún quedan, otros modelos de gestión, para que la mayoría no sea puramente de capital privado. Propusimos esta idea en la primera discusión y de hecho existe un debate en el mundo al respecto. Tengamos varios modelos de gestión. El de mayoría privada es uno y el de mayoría pública es otro. De esa forma, en la práctica se comprobará cuál es el mejor. Quedan pocas empresas, pero en ellas se pueden probar modelos alternativos y, así, en los hechos, verificar cuál es la mejor forma de administrarlas, ya que no se trata de un negocio, sino de un servicio esencial para la vida humana.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , no cabe duda de que nos hallamos convocados debido a una gran preocupación ciudadana por el alza de las tarifas de agua potable que se ha registrado virtualmente en todas las Regiones. Y, obviamente, el asunto presenta muchas aristas. En efecto, se puede hablar acerca del concepto de polarización, como lo han expresado algunos señores Parlamentarios; de la transparencia en la fijación de tarifas; de la publicidad de la información necesaria para determinar cada una de ellas. Me parece que cada uno de esos aspectos, en sí mismo, constituye un tema interesante.
Pero deseo, en estos brevísimos minutos, ocuparme en los silencios gubernativos y los agravios a la fe pública que, a mi entender, han agravado la situación de miles de consumidores y han redundado en una falta de explicación que afecta la credibilidad del sector público.
Respecto de los silencios, estimo que resulta central subrayar al menos dos de ellos. Primero, al consultar la Ley de Presupuestos para ver lo ocurrido en cuanto al subsidio de agua potable, se encuentra que, de 20 mil millones de pesos considerados en el Presupuesto anterior, en el año en curso se contemplan 16 mil millones de pesos. Lo anterior, en lo medular. Puede tratarse de alguna cifra menor. Cuando media tal reducción, es evidente que los consumidores pagarán más. ¿Y en particular quiénes? Los que tienen menos. Pero en el tapete ante la opinión pública no aparece puesto que tuvo lugar una disminución. La argumentación respectiva podrá haberse expuesto en su momento, pero, objetivamente, hay menos subsidios que el año pasado, y ello, como es obvio, bajo la vigencia de un sistema de tarifas. Es lo que dice, por lo menos, el informe que solicité.
En segundo lugar, cabe tener en cuenta otro punto acerca del silencio de quienes determinan las tarifas públicas. Al respecto, me ha parecido interesante lo planteado por el Senador señor Foxley . Por mi parte, fui el lunes a la Superintendencia a preguntar cuántos de los sistemas habían sido fijados por peritos y cuántos por acuerdos de esa entidad. Y, según la información proporcionada -no sé si el señor Superintendente pudo equivocarse-, de 35, entiendo que 31 fueron definidos de común acuerdo con la empresa, que serían los buenos, y solamente 4 con peritos especiales. Entonces, en lo tocante a destacar que el tema de los peritos es como la esencia de las transformaciones llevadas a cabo en ese ámbito, no me parece -por orden de magnitud, al menos- que allí radique el eje del asunto. Puede ser útil discutir lo señalado por el Honorable colega Foxley en lo atinente a la fijación, pero, objetivamente, por las informaciones pertinentes, y aun cuando insisto en que puede existir un error técnico en cuanto a las determinaciones realizadas de común acuerdo, parece que ése ha sido el sistema más utilizado.
En seguida -y coincido con el Senador señor Gazmuri en lo que consignaré-, creo que también hay un tema de fe pública muy delicado particularmente respecto de determinados procesos de concesión. Lo sucedido en la Empresa de Servicios Sanitarios del Maule (ESSAM), que es rigurosamente como ha indicado Su Señoría, resulta de la mayor gravedad. Tengo una fotocopia de las actas del Consejo Regional (CORE) relativas a la concurrencia de la señora Presidenta de ESSAM el 2 de noviembre recién pasado, diez días antes de que se concesionara la entidad, habiendo ella asegurado, ante la preocupación concerniente a las tarifas -leeré textualmente-, que "se registrará un alza de un 7,7%, que se implementará en los próximos meses, la que se mantendrá inalterable por un lapso de 5 años.".
Paralelamente, en la Superintendencia también me entregaron el lunes un cuadro en el sentido de que las tarifas de ESSAM en comunas importantes como Curicó y Talca, que se encontraban negociadas en el mismo período, llegan a 25 por ciento de alza. Entonces, si a una empresa que concurre a concesionar un servicio se le plantea le existencia de una negociación por dicho porcentaje -son documentos públicos- y a la comunidad se le hace referencia a 7,7 por ciento, cuestión en la que coincido con el Senador señor Gazmuri , ¿qué pasa después cuando uno se da cuenta de que no se ha subido en 7,7 por ciento, sino, aparentemente, en bastante más?
Por lo tanto, la duda es razonable, sobre la base de considerar hasta qué medida se dice algo ante la opinión pública y otra cosa distinta respecto de la empresa privada. En lo personal, no soy empresario, pero imagino que el precio pagado por ESSAM tiene que ver con los flujos esperados, y, si se señala 25 por ciento de alza, cabe suponer que ésa habrá sido la magnitud.
Se suscita una cuestión objetiva, en consecuencia, que con justa razón indigna a la comunidad de la Séptima Región, porque, obviamente, se observa una diferencia muy profunda entre lo expresado por los directores de ESSAM antes de la concesión y lo que han resultado las cuotas cobradas con posterioridad. Y ahora se percibe el hecho como algo absolutamente previsto con anticipación.
Adicionalmente, señor Presidente -y en esta parte deseo sumarme a lo planteado por el Honorable señor Prokurica -, como se realizó una privatización, la empresa sigue operando. O sea, los directores de carácter político ya la concesionaron, pero se sigue funcionando como Directorio aparentemente para mantener algunas decisiones menores, se le continúa pagando a éste, se mantiene un Gerente, y estimo interesante plantear si ello es razonable o no.
Y, por último, en una breve respuesta al Senador señor Gazmuri , hago presente que sería inadecuado, a mi juicio, pretender culpar a la Oposición por la legislación respectiva. Hasta donde entiendo, el sistema vigente es al menos de colegisladores. Si al Presidente de la República , de la Concertación, no le hubiera gustado el artículo 10, lo hubiese observado. Y no se registró ningún veto, sino una plena aprobación. O sea, tratar de argumentar públicamente sobre la base del punto de vista que señalo no me parece lo más apropiado para proseguir la discusión.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra por tres minutos el Senador señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , en primer lugar, no me cabe ninguna duda, ante las exposiciones que he escuchado, de que estamos en presencia de una política que, en su marco general, se encuentra bien concebida para el ámbito que nos ocupa.
Segundo, creo que la participación del sector privado, que ha significado inversiones muy importantes, aumentos de cobertura, mejor calidad de los servicios, avances muy grandes en el tratamiento de aguas servidas, se halla plenamente justificada, además de lo cual ha traído ingresos considerables al Estado.
Sin embargo -tercero-, la prosecución de esa política se encuentra francamente amenazada o se dificulta en la medida en que se cometen errores que, aunque sean pocos en número, resultan gravitantes en el impacto de opinión pública que causan. Y, en ese sentido, estimo que el proceso tarifario debe perfeccionarse.
Ciertamente, está claro que el hecho de que la empresa formule discrepancias se traduce en que es la que "raya la cancha" de la discusión. Ella decide los aspectos de los estudios de la Superintendencia que deben ser debatidos y cuáles no. Y, en consecuencia, lo único que se analiza finalmente son aquellos puntos que le interesan.
Y, en cuanto al tema de los peritos, en la práctica hay, como se ha dicho, uno solo de ellos independiente, sobre quien recaen las responsabilidades, lo cual genera peligros. A mi juicio, ese tipo de factores probablemente provocó los aparentemente evidentes errores ocurridos en el caso de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL).
Por otro lado, y en consecuencia, ésos son elementos que se deben perfeccionar. Me parece que la idea de modificar el sistema de peritaje, de hacer más simétrico el procedimiento de los reclamos y de contar, también, con un tribunal económico, que se ha planteado acá, es extremadamente positiva. Lo último ya es discutido en el contexto de la justicia tributaria, para ampliar el concepto.
Luego, considero que ha quedado claro que el sistema tarifario, sin embargo, no permite cobrar por servicios que no se prestan. No es cierto lo que se sostuvo en cuanto al cobro por tratamiento de aguas servidas antes de que el sistema entre en vigencia.
Respecto del asunto de los subsidios, me parece que la cuestión básica radica en que el ritmo de mejoramiento de los servicios -y ello conlleva, por lo tanto, los costos- ha ido más rápido que el aumento de los ingresos reales, sobre todo de las personas modestas. En consecuencia, el problema de los subsidios más bien se ha agudizado y no se ha aliviado.
El total de los subsidios, sin embargo, de 2001 a 2002, aumenta en 11,8 por ciento en el área urbana y del orden de 5 por ciento en el área rural. Pero juzgo evidente que se debe revisar lo relativo a si se amplía la cobertura de los subsidiados o se eleva o se reduce el porcentaje. El ideal sería que, de cara a 2003, se pudiera aumentar a 20 metros cúbicos y se completaran los subsidios de ese modo.
Y, por último -estoy finalizando como Rosa de Arica, señor Presidente-, la verdad es que se debe hacer todo lo posible por resolver lo atinente a las pérdidas de flujo, el no aviso del sobreconsumo, el método de cálculo del sobreconsumo que se ha estado planteando, que constituyen una serie de ripios que agravan las dificultades.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
Cabe recordar que terminarán las intervenciones de los...
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
¿Me permite, señor Presidente?
Es para hacer una aclaración.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Es su derecho, señor Ministro . Pero se había tomado un acuerdo de Sala.
Tiene la palabra.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , es sólo para precisar números. Cuando se compara el monto del subsidio, se puede incurrir fácilmente en un error involuntario, pues la magnitud del beneficio se presupuesta originariamente a través de un decreto inicial, pero se complementa con posterioridad en virtud de un decreto total. Entonces, para aplicar un método riguroso, se debe comparar decreto total con decreto total, o bien, decreto inicial con decreto inicial. Al hacerlo así, nos encontramos con que, en el caso de decreto total contra decreto total, para el 2002 se ha presupuestado un gasto en moneda real de 23 mil 783 millones de pesos, mientras que el del 2001 fue de 21 mil 426 millones de pesos. Esto constituye un incremento real del 11 por ciento en los subsidios, el más alto de los últimos cinco años. Y, efectivamente, hay un aumento del número de beneficiarios de 20 por ciento en el área urbana y superior a 5 por ciento en el sector rural.
Con todo -y ésta es una materia de más largo alcance-, el porcentaje de personas que recibe subsidios es inferior al de las que viven bajo la línea de pobreza. Obviamente, éste es un punto que sería conveniente revisar en su momento.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath por tres minutos.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , no deseo añadir nada más a lo que se ha planteado -entiendo que eso ya está siendo recogido por los señores Ministros-, pero sí quiero poner un énfasis en el proceso tarifario.
Como se ha dicho, éste se fija conforme a una simulación de competencia versus una empresa modelo, porque en la realidad no existen competencias. Sin embargo, si uno analiza esto, podrá observar que no se considera ninguna variación de fondo y que el asunto sólo se traduce en una mayor eficiencia del sistema actual. Ésta es una característica miopía que se da en el país para tener una visión más integral.
Si analizamos, por ejemplo, la incidencia que podría tener un manejo de cuencas en cantidad y calidad de las aguas, aunque, por muy importante que sea el agua potable, constituye esto más o menos el 5 por ciento del consumo total de este elemento en Chile; si observamos la influencia del agua en la electricidad, utilizada ésta normalmente para elevarla y tratarla, como también las aguas servidas; si tenemos en cuenta las implicancias del riego urbano, que es cobrado por concepto de alcantarillado, pues se mide en el consumo de agua, y no en los efluentes; si vemos las fugas del sistema, que las pagan los usuarios, en fin, podremos concluir que todos esos elementos no están siendo considerados en la fijación de tarifas.
Los efectos de lo anterior son bastante claros. Si uno hace la comparación entre las distintas Regiones de Chile, comprobará que el Gran Santiago tiene en el fondo la tarifa más baja del país en agua potable y alcantarillado. Más aún, al multiplicarse esto por el número de habitantes, se produce ciertamente una enorme iniquidad entre las regiones. En Coihaique, por ejemplo, en agua potable se paga 3.69 veces lo de la Región Metropolitana. Al hacer la combinación entre las tarifas de agua potable y de alcantarillado, observaremos que en Antofagasta se paga 3.23 veces; en Coihaique, 3.25; en Iquique, 2.91; en Valparaíso, Arica y Punta Arenas, dos veces más de lo que cobra el sistema en la Región Metropolitana.
Dicha iniquidad, en el fondo, va generando un círculo vicioso y se refleja en algo similar a lo que ocurre en las comunas de Chile. En Chile, las diferencias que se producen en ellas se comparan entre el país más desarrollado del orbe y el más atrasado -lo digo con todo respeto- de África.
Es necesario resolver esa situación, y debe hacerse a través de una política que de alguna manera considere una visión más integral.
Por otra parte, lo relativo a los directorios de las empresas del Estado ha sido un tema bastante bien planteado. En este sentido, me parece que convendría revisar los costos que ellos representan, porque también se presenta un círculo vicioso en cuanto a las asesorías, los arriendos de oficinas y de vehículos, los seguros, en fin. Creo que esta materia está presentada a través de un proyecto de acuerdo.
Por último, estimo del caso insistir en el establecimiento de una superintendencia con presencia real y con poder autónomo en cada una de las regiones de Chile.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero por cinco minutos.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , por la forma como se ha llevado adelante esta sesión, estimo que no necesariamente se cumplirá con los objetivos que algunos nos planteamos. Este debate aparece un poco como un diálogo de sordos, donde los Parlamentarios hablan pero nadie escucha, ni tampoco los Ministros.
Por eso, no sé si podrá cumplirse el propósito previsto para llevar a cabo una sesión que, a mi juicio, es importante.
El problema apunta más allá de que se trate de empresas del Estado o empresas privadas, vale decir, a cómo llega esto a la gente. Nuestra preocupación radica en que se trata de un elemento tan esencial para la vida de las personas como es el agua potable. En la prehistoria, ningún ser humano nacía lejos de un lago o de un río, porque le era imposible subsistir. Por lo tanto, el agua sigue siendo el elemento más indispensable para la vida y el desarrollo humano.
Ahora bien, el asunto radica en cómo tratar un tema tan importante como éste: si desde una perspectiva economicista, o bien, desde el punto de vista de la solidaridad. Ahí está lo esencial.
Señor Presidente , me gustaría que los Ministros pusieran atención a las cifras que mencionaré, por cuanto las estimo medulares. En este sentido, comparto lo manifestado por el Honorable señor Gazmuri , cuya intervención ha sido una de las más certeras en esta mañana.
Según estudios de MIDEPLAN, en mi Región la pobreza llega a 32,7 por ciento, y la indigencia a 11,1 por ciento. Los porcentajes de estos dos segmentos son los más altos que existen en el país. ¿Y de qué manera podemos resolver el problema relativo a un elemento tan esencial como el agua potable y que afecta a esos sectores más pobres de la población? Los subsidios que entrega la municipalidad -sean bien o mal repartidos- apenas alcanzan a cubrir la indigencia. Esto significa que en la Región que represento hay un 20 por ciento de pobres que no percibe ningún subsidio de agua potable -¡ninguno!-, no obstante tratarse del elemento más indispensable.
¿Cuáles son las razones de ello? Poco importan las explicaciones que se puedan dar. Lo que interesa, señores Ministros, es cómo resolver el hecho de que 20 por ciento de los pobres que hay en la Región de La Araucanía no recibe beneficio alguno. Aún más: ocurre que los dos últimos quintiles -sin considerar los subsidios, sino sólo ingresos autónomos- perciben entradas que están por debajo del 4 por ciento del Producto. Esto significa que casi cuatro millones de chilenos ganan, en promedio, menos de 65 mil pesos mensuales. Pues bien, si extendemos esta situación a nivel nacional y si 600 mil hogares recibirían el subsidio, esto significa que un millón 500 mil familias pobres quedan sin ser cubiertas con beneficio alguno.
Por lo tanto, si una empresa -con mucha razón, pues el asunto es mirado con criterio comercial o de lucro- dice: "Tenemos que resolver lo relativo a los costos y repartirlos vinculados al alza de tarifas de agua potable", en circunstancias de que hay familias que no cuentan con subsidio -concretamente el 20 por ciento de los sectores más pobres de mi Región-, el impacto de ese incremento resulta brutal, porque, cualquiera que sea la cifra de aumento (7, 25 ó 30 por ciento), dicha alza constituye un golpe neto para los más pobres.
Ése es el problema que se presenta a lo largo del país y en La Araucanía.
Por ello, como no me bastan las explicaciones dadas, deseo preguntar lo siguiente a los señores Ministros: ¿cómo se cubrirá al menos a ese 20 por ciento de pobres en mi Región que no tiene un subsidio de ninguna especie?
Además, señor Presidente , cabe señalar que algunos costos no se encuentran determinados en las tarifas de agua potable. Al respecto, el titular de Economía mencionó la cifra de cinco mil pesos mensuales como costo para ese consumo. Sin embargo, los datos indican que el valor del corte o reposición de llave de paso es de 2 mil 17 pesos; el del corte o reposición por retiro de pieza de llave de paso, 3 mil 373 pesos; el del corte o reposición de cañería en vereda sin pavimento, 5 mil 187 pesos; el del corte o reposición de cañería en vereda con pavimento, 10 mil 13 pesos; el del corte o reposición de matriz en lugar sin pavimento, 16 mil 304 pesos, y el del corte o reposición de matriz en donde existe pavimento, 104 mil 801 pesos.
Esta situación impacta con mayor fuerza en los sectores más pobres.
Hay otro aspecto que es necesario abordar. El señor Ministro señaló que el subsidio, que financia gran parte de una cuenta tipo de 15 metros cúbicos de agua potable, beneficia a aquellas familias de menores ingresos constituidas por hasta 5 personas. Pero ocurre que en los sectores más pobres el promedio por hogar no es de 5 personas sino de 9, y en las casas con allegados llega a sobre 15. ¿Cómo es posible que para tener derecho a subsidio 15 personas deban vivir con 15 metros cúbicos de agua?
Ésos son los problemas que he detectado en mi Región. Pido al Ejecutivo -que es el que administra el país y regula estos elementos- abocarse a su estudio al menos en los aspectos que he mencionado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha concluido el tiempo de Su Señoría. Le recuerdo que hay otros oradores inscritos y falta poco para la hora de término de la sesión.
El señor LAVANDERO .-
A otros Senadores se les permitió excederse un poco.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No puedo concederle más tiempo, salvo que alguien le cediera una parte del propio.
El señor LAVANDERO .-
Quiero terminar enfatizando lo siguiente: primero, que el subsidio no favorece a todos los pobres, sino sólo a un tercio de ellos, ya que los restantes dos tercios no lo tienen; segundo, que el promedio de personas que conforman los hogares más pobres es superior a cinco y, por lo tanto, es inaceptable que 9 ó 15 personas puedan vivir con 15 metros cúbicos de agua (esto no se contempla en la fórmula para resolver el problema); y tercero, que debe revisarse lo relativo a los servicios conexos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quedan tres señores Senadores inscritos.
Si le parece a la Sala, se prorrogará la sesión hasta el término de las intervenciones pendientes.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, hasta por tres minutos.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que esta sesión es producto de la inquietud y alarma de los usuarios de los servicios sanitarios, interpretadas por los Senadores presentes.
Aquí no se trata de analizar el proceso de privatización ni las utilidades legítimas que le corresponde recibir a cada una de las empresas sanitarias, y que por lo demás se encuentran garantizadas en la ley: un mínimo de 7 por ciento y un máximo de 11 en términos reales. El problema es que la ley y el reglamento contienen vacíos y falencias que permiten a los inversionistas obtener ganancias superiores que las contempladas en dichos cuerpos legales. Me referiré concretamente a las tarifas.
El 25 de junio de 1999 sucedió algo relevante en el sector sanitario, que para la gran mayoría pasó desapercibido pero que, sin embargo, reviste enorme importancia y llama a la reflexión sobre la transparencia de las tarifas sanitarias en Chile.
Mediante oficio Ordinario Nº 1383, la Superintendencia de Servicios Sanitarios fijó en la fecha indicada la realización del "Acto Público" para la obtención de la concesión de servicios sanitarios del sector denominado "Ciudad de Chicureo". Este sector corresponde a un área de mil 444 hectáreas (tres veces mayor que San Carlos de Apoquindo), ubicada en la comuna de Colina, al oriente de Chicureo.
En la concesión se hallaban interesadas tres empresas privadas que operan en la Región Metropolitana: Servicios de Agua Potable Barnechea S.A., Aguas Cordillera S.A. y Aguas Manquehue S.A. De acuerdo a la legislación vigente, la concesión se adjudica a la empresa que, sobre la base de un estudio técnico económico, ofrece menor tarifa. Aguas Manquehue obtuvo la concesión, presentando una tarifa bastante inferior a la de sus dos competidoras, e incluso más baja que la calculada por la autoridad. Todo parece perfecto y el sistema funciona a favor del usuario.
Paralelamente, Aguas Manquehue estaba negociando con la Superintendencia de Servicios Sanitarios sus tarifas para los próximos cinco años respecto de las concesiones en Santa María de Manquehue y Los Trapenses. De acuerdo con el DFL Nº 70, de 1988, que define las tarifas del sector sanitario, la metodología del cálculo tarifario supone la existencia de competencia, para lo cual se crea una "empresa modelo" que compite con la empresa existente, y su resultado es la menor tarifa eficiente sobre la base de esta competencia ficticia. A principios del 2000 Aguas Manquehue llegó a un acuerdo con la Superintendencia obteniendo una tarifa 300 por ciento superior a la de Chicureo, pues aquí la competencia no fue real, sino con una empresa ficticia.
Por eso, estimo que las tarifas deben ser revisadas. Además, concuerdo plenamente con lo señalado aquí en el sentido de que los interesados fundamentales: los usuarios u organizaciones de usuarios, no tienen participación alguna en el proceso.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha finalizado su tiempo, señor Senador.
El señor SABAG.-
Por último, y dado que el señor Presidente me llama la atención en cuanto al término del tiempo de que dispongo, quiero llamarla, a mi vez, hacia el hecho de que se está estudiando la posibilidad de incluir en las tarifas de las empresas sanitarias el proceso de normalización de las aguas lluvias. Esto sería verdaderamente espantoso, por lo que significaría para los usuarios de servicios de obras sanitarias el enorme costo que ello representa.
Eso es todo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , esta sesión no sólo debería ser una catarsis, es decir, una instancia donde planteemos el problema, sino también la oportunidad para proponer soluciones concretas a todos los aspectos que han suscitado la discusión pública existente sobre la materia.
A mi juicio, existe falta de transparencia. En diciembre pasado se dictó el decreto Nº 1.208, que fija el monto del subsidio y su distribución regional; pero, lamentablemente, no se publicó en el Diario Oficial. O sea, está promulgado y no ha sido publicado.
En consecuencia, la ciudadanía no tuvo acceso a los antecedentes de la distribución regional del monto de los subsidios, y entiendo que hasta hoy dicho decreto no se ha publicado.
En Derecho Administrativo hay un principio que establece la obligatoriedad de publicar los decretos cuando afectan a una cantidad indeterminada de personas. Sería conveniente que, en el futuro, Hacienda publicara los decretos relativos a los montos y distribución regional de los subsidios, para su conocimiento por la opinión pública.
De otro lado, entre el sinnúmero de aristas del problema se ha indicado que el alza de las tarifas se explicaría, en parte importante, por las rebajas en los porcentajes del subsidio al consumo de agua potable, las que en algunos casos llegarían incluso a la eliminación del subsidio.
Eso ocurrió por el cambio unilateral de criterio al respecto. ¿En qué se tradujo tal cambio? En que aumentó el presupuesto para los subsidios, pero se elevó mucho más el número de beneficiarios y, por lo tanto, el subsidio per cápita resultó inferior.
Eso es lo que está en juego. La rebaja en los porcentajes y la eliminación de los subsidios sorprendió a los afectados y les generó aumentos en las cuentas de tal magnitud que muchos se han visto en la imposibilidad de cancelarlas, por lo cual se han convertido en deudores morosos. Éstos -como señalaron algunos señores Senadores- llegan a 150 mil.
¿Cuál es el problema de estar catalogados como deudores morosos? La ley Nº 18.778, que crea el subsidio y regula su otorgamiento, dispone que aquellos beneficiarios con tres cuentas sucesivas impagas perderán el beneficio.
Lo expuesto constituye un agravamiento del problema, por cuanto los afectados por un aumento violento en las cuentas y que no han podido pagarlas corren el peligro de perder el subsidio. En caso de perderlo, el monto de la deuda se puede ir incrementando hasta niveles que hagan imposible una solución y, en definitiva, se les corte el suministro.
Señor Presidente , frente a ese problema, esta mañana junto con el Senador señor Coloma presentamos un proyecto de ley a fin de que cuando a una persona se le modifiquen las condiciones del subsidio, sea que se le disminuya el monto o se quede sin él, por lo menos se le informe con tres meses de anticipación, con el objeto de que pueda tomar las providencias del caso y, adicionalmente, tenga derecho a reclamar por su extinción o rebaja.
Esperamos que tal iniciativa tenga un trámite ágil en el Senado, ya que propende a mayor transparencia y a que los afectados sepan cuando les cambian las condiciones, especialmente los beneficiarios del subsidio.
En el tiempo que me resta, señor Presidente , concederé una interrupción al Honorable señor García , con la venia de la Mesa.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , en realidad, el Senador señor Lavandero ha sido muy explícito en cuanto a la pobreza e indigencia que afecta a la población de la Novena Región.
Nos sorprende enormemente que, tratándose de una zona que registra los mayores índices de pobreza, ella muestre una disminución de 11,3 por ciento en los valores proyectados para 2002 en la distribución del subsidio al consumo de agua potable y al servicio de alcantarillado.
Quiero pedir al señor Ministro de Obras Públicas y a los representantes del Ejecutivo que analicen tal situación, y que la corrijan. Ello es necesario, porque, realmente, las mencionadas cifras de pobreza no ameritan en modo alguno que se rebajen los valores reales del subsidio.
Agradezco al señor Presidente y al Honorable colega señor Orpis la interrupción concedida.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , dados lo avanzado de la hora y la ausencia de los señores Ministros -seguramente han debido retirarse a almorzar o a cumplir deberes más importantes, con excepción del Ministro de Obras Públicas , señor Etcheberry , que se encuentra en la Sala-, seré muy breve.
Esta sesión se ha desarrollado sobre la base de que la política de tarifas es buena; que la estructura determinada hace algunos años ha sido positiva, pues ha permitido inversiones y, en fin, que ha conducido al Fisco a realizar una inversión razonable. Por cierto, siempre quedarán vacíos. Pero, por lo aquí dicho, quedo con la impresión de que la política de tarifas y estructura vigente para este servicio sanitario no responde a las necesidades del consumidor. No se pensó desde la perspectiva de éste.
Al consumidor -claro, los cálculos económicos dicen que hay que subir 25 por ciento-, de un día para otro, le comunican un alza en el valor de este servicio básico -situación que se repite en los otros, porque la lógica es la misma en todos-, sin que él pueda entender su justificación. Como lo han dado a conocer algunos Honorables colegas, se trata de alzas inexplicables.
Del mismo modo, se han tomado otras decisiones igualmente absurdas, como la relativa al alcantarillado. Resulta extraño el hecho de que en muchas regiones, como en la nuestra, sea más oneroso evacuar el agua que llevarla a casa. El agua potable, limpia, que va por una red, es menos costosa que su evacuación. Tal situación es ridícula.
También resulta inexplicable la forma de determinar los metros cúbicos de agua que se evacua por el alcantarillado, que corresponden a igual cantidad de la que entra. Tengo aquí el ejemplo de una persona que consumió 134 metros cúbicos: algunos correspondían a tarifa normal y otros, a sobreconsumo. Pero, por uso del alcantarillado, ¡también registró 134 metros cúbicos! ¡Ese consumidor no riega; no utiliza agua para el consumo humano; no pierde nada! ¡Entra una cantidad, y sale el ciento por ciento de la misma! Eso no tiene criterio técnico. Se advierten en el marco regulatorio vacíos tremendos.
Otro ejemplo lo constituyen las personas afectadas por una pérdida de agua, no de su casa, sino en el barrio. ¿Quién paga? El gasto se distribuye entre los vecinos; pero, ¿con qué lógica? En fin, para qué hablar de los cargos fijos o del sobreconsumo, aquí ya citados.
Me parece que estamos frente a una situación que carece de explicación lógica, mirado el problema desde el punto de vista del consumidor, que es quien paga la cuenta.
Es ajena a lo descrito la situación de las empresas privatizadas y de las públicas. Corresponde a una discusión ideológica que, al parecer, confunde. Hoy día enfrentamos un problema grave; y resulta que, por lo menos, más del 50 por ciento del sistema es público, pues se trata de empresas estatales. Por eso no me parece lógico ni justo transferir a tal discusión lo que hoy en día ocurre con el agua potable.
Más todavía: el Honorable señor Coloma ha dicho que de las 34 tarifas fijadas 31 se decidieron de común acuerdo. Y de las cuatro restantes, que se llevaron a peritos, una corresponde al sector público; las otras tres pertenecen al área privada; de manera que, según parece, en esto nada tiene que ver la privatización. Sí el sistema. Y el rol que han jugado las autoridades públicas y la Superintendencia del ramo no han estado a la altura de la situación que se enfrenta.
Hemos presentado un proyecto de ley que ya despachó en general el Senado, sobre transparencia. Aquí hace falta transparencia. Pido al Ejecutivo que fije urgencia al tratamiento del proyecto, por lo que ruego, señor Presidente , que se le envíe oficio en mi nombre, a fin de que lo califique en consecuencia. Ello, para que podamos disponer de antecedentes. La gente no sabe cómo proceder. Si alguien quiere estudiar sobre qué base se determinan las tarifas, no puede hacerlo.
Y por eso, señor Presidente, creo que se necesita que tengamos acceso a todos los antecedentes, tanto de las empresas cuando piden tarifas, como de los criterios aplicados por la Superintendencia o por los peritos para fijarlas. Así podremos formular un juicio sobre la verdad de lo que ocurre y de la necesidad de actuar.
Señor Presidente , el problema no se refiere sólo a tarifas. Uno podría llegar a la conclusión de que la necesidad de pagar los valores fijados es ineludible. Correcto. Que se pague lo que corresponde, porque así debe ser. Sin embargo, hay personas que no pueden afrontar el gasto, o porque están en situación de pobreza, o porque están cesantes, o por muchas otras razones; sin embargo, el sistema complementario, que es el de subsidios, no se ha actualizado de acuerdo a la lógica económica de la fijación de tarifas.
Me parece por ello que deberemos entrar a revisar la política de subsidios. No sólo es un problema de subir de 15 metros cúbicos a 20, cuestión que ya se ha pedido majaderamente por el Senado, sino de una cuestión de focalización. No es igual una región a otra. Es un asunto de criterio el determinar el monto de los subsidios que deberán aplicarse correctamente, para que la gente no tenga problemas. No podemos tomar la decisión de decidir simplemente que a nadie se le cortará el suministro de agua; lo que debe hacerse es saber cómo subsidiar a una persona que no tiene cómo pagar ese consumo, por razones objetivas.
Ese problema amerita, señor Presidente , una revisión de la política de subsidios de los servicios sanitarios. En general, también de otros; pero, por lo menos, del que nos ocupa hoy.
Termino mis observaciones simplemente recordando la situación de ESSAM en nuestra región, no sólo porque nos sentimos engañados (se habló primero de 7,7 por ciento, y el alza real ha sido de 25 por ciento), sino también porque el Gobierno prometió que parte de lo que recibiera volvería a la región. Hasta el día de hoy nada de ello ha ocurrido.
Por eso quiero preguntar a las autoridades cuándo y cómo van a cumplir el compromiso de que parte de lo que recibió el Fisco (que no debería ser inferior a 15 por ciento del total de 161 millones de dólares), vaya a la región. El Ejecutivo debe hacerse cargo de la necesidad de honrar ese compromiso.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , quiero adherir a la petición de formulada por el Honorable señor Larraín, si Su Señoría lo permite, y que el oficio también se envíe en mi nombre.
--Con la anuencia de la Sala, se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Larraín, con la adhesión de la Senadora señora Carmen Frei .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo con lo anteriormente resuelto, se suspende la sesión, la cual se reanudará a las 15:15, con los señores Senadores que estén presentes en ese momento.
)--------------(
--Se suspendió a las 14:12.
--Se reanudó a las 15:22.
)-----------------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , aunque no estaba inscrito y mientras se retoma el tema, quiero plantear algunas inquietudes al señor Ministro .
Primero, me gustaría preguntar formalmente de qué manera y cuándo el Gobierno va a restablecer o reponer los subsidios que fueron reducidos en su monto en una cantidad importante de usuarios, ya que, en la práctica, eso significa que para muchos chilenos las cuentas del agua hoy día sean más caras, pues la baja en ese beneficio hace que cada usuario pague una suma mayor. Entonces, como hemos escuchado opiniones y versiones en la prensa y en los medios de comunicación del propio Presidente de la República , respecto de la cobertura del subsidio -él habló de 600 mil-, quiero saber en qué momento o de qué manera se va a restablecer esa ayuda económica a quienes ya habían accedido a ella.
Lo segundo se refiere a que evidentemente se produce un problema de falta de información o de claridad respecto de por qué las cuentas en determinadas épocas del año son más altas, sobre todo en verano, cuando el agua tiene un costo superior; hay un cargo al mayor consumo y se produce una diferencia con las cuentas correspondientes a los meses de invierno. A mí me parece que el Gobierno, o el Ministerio o la Superintendencia debería desarrollar una campaña de información mayor.
El tercer tema que quiero plantear al señor Ministro es que habría que determinar si el problema anotado se puede resolver a través de una ley o sólo bastaría la fiscalización de las tarifas del sector. Ello tiene que ver con la situación de los ciudadanos que van a reclamar de sus cuentas al mismo ente que cobra. En tal caso, éste se transforma en juez y parte, por lo cual la persona se siente indefensa o sin posibilidad de hacer valer su derecho frente a la empresa que, las más de las veces, lo único que hace es ratificar el cobro sin mayor explicación.
Enseguida, aprovechando la presencia del señor Superintendente de Servicios Sanitarios , quiero preguntar si la Superintendencia ha estudiado la posibilidad de permitir que en las propias regiones se puedan presentar las demandas, reclamos y consultas de los usuarios. Señalo lo anterior, porque hoy en día no existe tal procedimiento. Entiendo que solamente en la Región Metropolitana y en alguna otra existe...
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
En Chillán también.
El señor PIZARRO.-
Muchas gracias, Honorable colega.
Me gustaría saber -el tema ya se discutió años atrás- cuánto significa, en términos de recursos humanos y financieros, que la Superintendencia pueda desarrollar esa labor. Ello fue denegado anteriormente; y reitero que ignoro si el problema debe ser materia de ley o si se puede solucionar por la vía reglamentaria.
Son las consultas que deseaba hacer, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , con la respuesta al Senador señor Pizarro aprovecharé de contestar también algunas de las inquietudes manifestadas por otros señores Senadores.
La Honorable señora Frei se refirió en particular a su región en materia de subsidios. Debo señalar que entre 1991 y 2002 las tres regiones del norte de Chile han aumentado en más de 200 por ciento el número de subsidios, mientras que el resto del país lo ha hecho en alrededor de 45 por ciento. Es decir, esas regiones han sido las más beneficiadas desde el punto de vista de la refocalización del subsidio no sólo en términos relativos, sino absolutos, por cuanto a lo largo del tiempo tanto en número como en el monto del dinero entregado ha ido creciendo.
En relación con la pregunta del Senador señor Pizarro respecto de las familias cuyo subsidio ha disminuido proporcionalmente durante este año -en otros casos, ha desaparecido-, quiero señalar que no está en los planes del Gobierno reponer el nivel de ayuda. Ello, porque la refocalización de los dineros tiene que ver con una apreciación de carácter distributivo, conforme a la cual la mayor proporción de los recursos destinados a subsidios deben ir en ayuda de las familias más pobres. Y precisamente la redefinición de subsidio ha permitido aumentar en 100 mil los hogares que recibirán apoyo este año.
En comparación con el año pasado, se han generado dos tramos del subsidio, uno de hasta el 80 por ciento de la tarifa, y el otro en que el beneficio se reduce a 40 por ciento. El caso de las 150 mil familias cae dentro de la segunda categoría.
Respecto del aumento de las tarifas del agua en verano, debo decir que se trata de desincentivar el consumo en una época en que el vital líquido es más escaso. Con ello se cumple una norma básica de mercado; esto es que cuanto menor la oferta, más caros son los bienes. Se pretende que la gente regule su uso, como ocurre con la electricidad en invierno, la cual también en tal época tiene mayor precio, a fin de que las personas tiendan a disminuir el consumo.
Lo señalado en nuestra intervención tiene que ver exactamente con la noción de que el uso de tales servicios es instantáneo, a diferencia de lo que sucede con cualquier otra compra que se haga, donde se genera un acto directo entre la compra, el precio y la decisión de seguir adelante. En cambio, en el caso del agua, de la electricidad y eventualmente de la telefonía, el pago del consumo es posterior, razón por la cual hay menor conciencia del gasto, si ello se compara con las compraventas habituales. Debido a lo anterior encuentran justificación las campañas masivas de opinión pública tendientes a advertir a los consumidores de agua, por ejemplo, que en verano deben cuidar mucho más su consumo, a fin de que las cuentas no resulten más caras, porque los costos también lo son.
Lo relativo a la posibilidad de reclamar, me gustaría que lo respondiera el Superintendente señor Saldivia.
Respecto de la última pregunta, cabe señalar que los consumidores tienen derecho a recurrir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en caso de que sean mal atendidos por una empresa sanitaria. En las regiones, donde la Superintendencia no cuenta con oficinas, se han suscrito convenios con el Servicio Nacional del Consumidor y con algunos municipios, de manera que ningún usuario debería dejar de ser atendido en su reclamo si la empresa respectiva no da curso a su queja.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con el asentimiento de la Sala, tiene la palabra el señor Superintendente .
El señor SALDIVIA ( Superintendente de Servicios Sanitarios ).-
Señor Presidente , sólo voy a detallar un poco más las expresiones del señor Ministro .
Efectivamente, la normativa vigente establece que los clientes que formulen un reclamo a una empresa y no queden satisfechos con su respuesta tienen el derecho a recurrir a la Superintendencia -la que, por tanto, actúa en una especie de segunda instancia-, sin perjuicio de que quienes acudan primero a ella son atendidos de todas maneras y no derivados a la empresa.
Esto nos lleva a la segunda pregunta, relativa a la presencia regional de la Superintendencia . Hoy, este organismo fiscalizador cuenta con oficinas en Concepción y Puerto Montt, y además ha suscrito convenios con la Municipalidad de Valparaíso y, recientemente, con la de Chillán, en cuya virtud la Superintendencia abre una oficina para atender los reclamos originados en la comuna, colocando el municipio la infraestructura física, y nosotros, el personal y los conocimientos.
Como indicó el señor Ministro , también se ha firmado un convenio con el SERNAC, que ha permitido dar capacitación en todas las oficinas regionales del Servicio, como también en todas las oficinas comunales de orientación al consumidor existentes en el país, que son cerca de 170. Esto significa que los reclamos formulados en tales oficinas son recepcionados por ellas y atendidos por nosotros.
Además, la Superintendencia puso a disposición del público dos líneas 800, de manera que quien desee plantear una queja puede hacerlo llamando gratuitamente a cualquiera de los dos números habilitados y va a ser atendido. Además, contamos con sistemas de grabación de voz y otros adelantos tecnológicos.
En todo caso, la Superintendencia quisiera estar presente en más regiones del país, y es por eso que gracias al presupuesto de este año hemos tenido la posibilidad de suscribir cinco convenios con municipios financiando parte de la operación de las oficinas comunales. Ya celebramos uno con la Municipalidad de Chillán y pronto lo vamos a hacer también con las de Rancagua, Punta Arenas y Arica. Nos queda pendiente otro, que está abierto a postulantes. Para tal efecto, enviamos una oferta a más de 20 alcaldes del país, de los cuales nos contestaron sólo cuatro. Por lo tanto, hay ahí también una deficiencia, pues no siempre las municipalidades se interesan en suscribir estos convenios.
El señor PIZARRO.-
¿Me permite hacer una consulta, señor Presidente , a propósito de lo que acaba de expresar el señor Superintendente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Cómo no, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Me gustaría saber dos cosas. Primero, a qué municipios se les hizo la oferta y cuáles no contestaron; y segundo, qué costo tiene la apertura de una oficina tanto para la municipalidad respectiva como para la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entiendo que esta última debe celebrar convenios con los municipios porque no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo ella sola.
En consecuencia, deseo conocer el costo que significa abrir una oficina comunal, el tipo de personal que se requiere y cuántos fondos debe destinar una municipalidad para esos efectos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Superintendente .
El señor SALDIVIA .-
Señor Presidente , la invitación a postular se cursó a 20 municipalidades, entre ellas la de Coquimbo. Y el costo para cada municipio es, básicamente, el del bien raíz que ocupe la oficina. Todos los demás gastos -en personal, infraestructura tecnológica, materiales, etcétera- los asume la Superintendencia. Lo único que pedimos como colaboración a las municipalidades es un local donde instalar la oficina.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , escuché con atención las palabras del señor Ministro de Economía en el sentido de que no está en los planes del Gobierno reponer los subsidios a las familias que han sido privadas de ellos, o restablecer su monto en los casos en que disminuyeron.
Por eso, quiero insistir en el punto al señor Ministro , en lo que creo interpretar a la gran mayoría de los Senadores presentes, más allá de que sean de Gobierno u Oposición. Porque la verdad es que de no reponer el subsidio a las familias a las cuales se les quitó, y restablecer el porcentaje del mismo a las que se les disminuyó, querrá decir que en esta sesión no hemos avanzado absolutamente nada, pues seguiremos escuchando los reclamos de los afectados, quienes, por perder el subsidio que tenían o porque se los disminuyeron, en definitiva deben pagar cuentas mayores.
Yo sé que el propósito de esta sesión, en gran parte, gira en torno de la regulación tarifaria y el alza de las tarifas, pero el problema pasa también, en buen grado, por un gesto o una actitud del Gobierno en el sentido de flexibilizar una medida inconsulta surgida de MIDEPLAN que nos ha pillado a todos de sorpresa y que, en el fondo, hace que todos estemos soportando la enorme y legítima presión de la gente, que ha visto cómo la cuenta que hoy deben pagar es mucho mayor que la del año pasado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, en primer lugar deseo plantear una cuestión de procedimiento.
Quiero informar que nosotros estamos preparando un proyecto de acuerdo sobre el tema de esta sesión que nos gustaría someter a la consideración del resto de los señores Senadores o a los Comités, de tal manera que al finalizar esta reunión podamos contar con una resolución unánime o mayoritaria que establezca ciertos procedimientos de trabajo entre el Senado y el Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a Su Señoría que ya existe un proyecto de acuerdo presentado por otro sector, el cual, conforme al Reglamento, se debe tratar en la sesión ordinaria siguiente a aquella en que se dé cuenta de él. Como esto último ocurrirá recién en la próxima sesión ordinaria, no podría ser analizado sino hasta la semana entrante.
El señor GAZMURI.-
Entonces, propongo a la Mesa recoger ambas iniciativas para que después sean debatidas por los Comités. Pero no quisiéramos que esta sesión terminara sin un compromiso, por lo menos inicial, en cuanto a que sobre el tema se adoptará un proyecto de acuerdo.
Acerca del conjunto de explicaciones que ha dado el Gobierno en esta oportunidad -hay muchas materias de interés, y nosotros vamos a sugerir, que se establezca una relación de trabajo, con plazo fijo, entre el Ejecutivo y el Senado, a través de su Comisión de Economía-, sólo deseo plantear, para que el señor Ministro , que nos acompaña, transmita la inquietud al Gobierno, que a nuestro juicio se hace indispensable una revisión a fondo y en forma relativamente urgente de la política de subsidios, pues, en realidad, se están produciendo los problemas indicados. El aumento del subsidio -ha quedado claro el número, entregado por el señor Ministro de Hacienda - es menor que el incremento promedio de las tarifas para este año, lo cual, sin perjuicio de cómo se distribuya el beneficio, significa que habrá menos subsidio por consumo. Eso es claro en términos gruesos.
Por otro lado, una cuestión de política social bastante fuerte es que de las cifras que se han dado a conocer también se concluye que no todos los ciudadanos que están bajo la línea de pobreza alcanzarán este año el subsidio. Y eso, para mí, es algo muy serio. Entiendo que las limitaciones presupuestarias son muy sólidas, pero tengo la impresión de que el país tiene que tomar ciertas decisiones básicas.
En mi opinión, ése es el punto. Habría que efectuar el cálculo de manera más precisa. Aquí se ha sostenido que los subsidios se aumentan a 600 mil, lo que significa que entre 250 mil y 300 mil familias en condiciones de pobreza no recibirán el beneficio. Lo anterior, además, implica un problema bien delicado: cómo distinguir entre los pobres; en definitiva, a quién le corresponde subsidio y a quién no. Es un dilema social tremendo. Hay que ver cuáles son los costos y sacrificios que habrá que hacer. Pero, tratándose de un bien de primerísima necesidad -en eso estamos todos de acuerdo y el Gobierno también-, creo que el país debiera estar en condiciones de asegurar a los habitantes más modestos el derecho al agua potable. Ése es el punto. Sé que no lo vamos a resolver en esta sesión; pero se debe fijar un parámetro de políticas, lo cual, a mi juicio, tiene derivaciones presupuestarias. Habrá que ver cómo enfrentarlo. Pero no cabe duda de que esto tiene prioridad, como se ha señalado aquí, desde el punto de vista de la calidad de vida, de la salud, etcétera.
Por eso, quiero dejar planteada mi inquietud en cuanto a que la política de subsidios que estamos aplicando, en mi concepto, no se condice con un Estado que pretende garantizar a todos sus ciudadanos prestaciones mínimas. Creo que ello reviste la mayor importancia, y es un elemento distinto de cómo mejorar los sistemas tarifarios. Ése es otro asunto. De todos modos tendrá que haber tarifas, cualesquiera que sean las que se fijen. Lo medular es que el agua potable es cara y, además, para tratar las aguas servidas, se deben invertir mil o mil 400 millones de dólares. Y no obstante hacer todo eso bien -mejor de lo que lo hacemos-, de todas maneras, al final hay un enorme grupo de chilenos que no están en condiciones de pagar las tarifas del agua potable.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , quiero formular algunas consultas al señor Ministro .
Es evidente que lo que más ha impactado en el debate de hoy han sido las cifras. De la lectura de los recibos de agua se aprecia que se duplican o triplican los valores que deben pagar varios millones de clientes del sistema. Ante eso tratamos de hallar argumentos para justificar ante la opinión pública esa realidad, pero realmente no se encuentran.
Por eso, quiero consultar al Secretario de Estado en cuanto a si es efectivo o no -como me lo informó una autoridad de Gobierno- que para este año se habrían aumentado en 100 mil los subsidios al agua potable. Deseo saber si ello es así o corresponde a una interpretación diferente de las cifras.
En segundo lugar, es necesario focalizar estos beneficios. Sobre el particular, hace tres años se despachó una ley que aumentó de 15 a 20 metros cúbicos el rango para obtener el subsidio. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se ha dictado el reglamento respectivo. De modo que quiero saber por qué no se ha hecho, para que dicha normativa, que aumenta en 5 metros cúbicos el subsidio, sea plenamente implementada.
Finalmente, deseo formular una pregunta más de fondo con relación a las cifras. ¿Cómo se maneja el sentido social -tema del cual hemos hablado todos en esta sesión- por parte de las empresas privatizadas, las cuales, por supuesto, tienen autonomía en lo que concierne a su administración y gestión? ¿Cómo se maneja el sentido social en las empresas licitadas con inversión? ¿Existe la disposición en el Gobierno y en los Ministerios respectivos para que en las empresas que se privatizaron o en las que tienen un régimen mixto de inversión con gestión se cree un organismo público que fiscalice y controle los excesos que puedan producirse -como lo dije en la mañana- por parte de las empresas o de los usuarios? En caso contrario, vamos a estar dando vueltas y vueltas y no vamos a llegar a ninguna parte, porque la solución del problema radica en quién se va a preocupar de defender los intereses de los usuarios, que es el común denominador que ha convocado a la gran mayoría de los señores Senadores a esta sesión especial.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , deseo consultar al señor Ministro de Economía algo que de alguna forma planteó el Senador señor Gazmuri . En mi opinión, la política de subsidio al agua potable actualmente vigente no está dando los resultados esperados.
¿Por qué lo señalo, señor Presidente ? Porque muchas veces -y hay cifras que dan cuenta de ello- no hay una adecuada focalización de esos beneficios. De hecho, en unos antecedentes que nos proporcionaron se señala que el 40 por ciento de ellos estaban destinados a personas que no eran sujetos efectivos del subsidio. Por lo tanto, en mi concepto, es necesario reformular dicha política.
Por otra parte -como muchas veces ocurre-, hay gente que no tiene los medios para pagar lo que no cubre el subsidio y, por consiguiente, al final igual le terminan cortando el suministro de agua potable.
Entonces, creo, como lo señaló el Honorable señor Gazmuri , que tal vez sería bueno estudiar cómo garantizar un consumo mínimo vital por familia, pensando principalmente en las de escasos recursos. Por ejemplo, pagar íntegramente a todos 5 ó 10 metros cúbicos de agua, pero no un porcentaje. Porque está comprobado que cuando se cancela una parte solamente, si no se tiene la diferencia, al final le cortan el agua al usuario. Entonces, más vale fijar un consumo mínimo vital de metros cúbicos por familia respecto del cual se garantice su pago.
En todo caso, me pregunto si es posible replantear este punto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , quiero hacer referencia a lo señalado por el Senador señor Muñoz Barra , en el sentido de que efectivamente aumentó el número de subsidios.
En mi opinión, el punto por dilucidar es otro: el porcentaje que corresponde a cada uno de los usuarios. Ése es el problema. Porque, en general, en el primer tramo no baja, pero en el segundo sufre una caída muy drástica, que muchas veces excede el 50 por ciento en la rebaja que se otorga respecto del subsidio.
Quiero volver a insistir, sobre el tema. Creo que el Senado debe contar con toda la información. Públicamente se ha establecido que MIDEPLAN cometió errores -que hoy reconoce- respecto de los criterios utilizados para otorgar el subsidio. Pero es importante que la Corporación cuente con el documento que consigna los lineamientos para cambiar la normativa pertinente.
Pienso que si un organismo público como el señalado reconoce que ha cometido errores, obviamente, como consecuencia de ello, debe corregir los parámetros con que se otorgaron los subsidios. Para mí ése es el tema en discusión. Es necesario conocer públicamente las razones esgrimidas por MIDEPLAN, repartición que -reitero- reconoce que cometió un error. Pues bien, sobre esa base se debe reestudiar nuevamente cómo se van a hacer las reasignaciones que correspondan. Pero no es posible que un organismo público diga que cometió un error y no haga nada por enmendarlo. ¡No! Si así ocurre, lo lógico es corregirlo y proceder a las reasignaciones correspondientes. Además, no sólo deben hacerse públicos los criterios con que se van a otorgar los subsidios, sino que también deben ser remitidos a la Corporación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , deseo sumarme al planteamiento formulado por el Honorable señor Orpis . La idea de otorgar una especie de subsidio mínimo a cualquier evento está subyacente, como se ha dicho anteriormente, y me parece que sería muy interesante poder evaluarla técnicamente. Porque es muy fuerte que a alguien le corten el agua. Creo que los efectos que se producen son mucho más serios que los que pueden ocurrir en cualquier otra circunstancia. Tal vez podríamos repensar el subsidio con el objeto de que cualquier familia tenga un mínimo garantizado, por así decirlo, en términos adecuados desde el punto de vista de la salud.
Aun cuando intervine en la mañana, quiero preguntar al señor Ministro muy precisamente -porque me sigue quedando la duda- sobre cuál es el estatus jurídico de empresas como ESSAM. Porque aquí hubo un cambio en las reglas de juego. Cuando se privatizaba una empresa, la antigua terminaba, por decirlo de alguna manera. Como estamos en presencia de una concesión, aparentemente, subsiste ESSAM -antes hacía el trabajo, pero ahora es otra la que lo ejecuta-, su directorio sigue vigente, tiene su gerente y sus funcionarios -si me equivoco, que me rectifiquen- son pagados por la concesionaria como parte del precio.
Entonces, me parece bastante extraño lo que ocurre. Porque en el fondo pagan los consumidores.
Por esa vía, disminuyendo un gasto que considero innecesario (puede haber argumentos distintos), en vez de destinar los recursos pertinentes a pagar a los antiguos directores, quizá sería factible llevarlos a un fondo y buscar una fórmula para beneficiar más directamente a los consumidores.
Es un tema nuevo. Porque el sistema utilizado en este caso es diferente del de las privatizaciones. Y como ESSAM -recalco la M porque esa empresa es distinta de ESSAN, que corresponde a Antofagasta- sigue vigente, se trata de una materia susceptible de abordar.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , antes de formular una consulta al señor Ministro , deseo sumarme a la idea de que ojalá se subsidie un consumo mínimo de agua por familia, pues de lo contrario la gente no tendrá cómo pagar la diferencia e igual se le cortará el suministro.
Según el debate y lo que aparece en la prensa, he llegado a la conclusión de que en MIDEPLAN se cometieron errores al calcular los subsidios. Por lo tanto, mi pregunta -un poco dura, tal vez- es quién responde de ellos. Porque hay mucha gente afectada. Incluso, yo diría que, en ese aspecto, el Gobierno ha pasado bastantes malos ratos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía ).-
Señor Presidente , deseo dar respuesta a algunas de las consultas formuladas esta mañana.
El Senador señor Larraín hizo una aseveración relacionada con los estudios tarifarios y sus antecedentes, en el sentido de que eran confidenciales o privados. Debo aclarar que los estudios tarifarios y sus antecedentes son públicos por expreso mandato legal y se encuentran a disposición de cualquier persona, para su consulta, en la Biblioteca de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. De manera que la impresión de Su Señoría no es correcta.
En cuanto a los defectos hallados en uno de los procesos tarifarios, donde se privilegió el planteamiento del perito neutral respecto del efectuado por la Superintendencia y en que posteriormente se recurrió con poco éxito a la Contraloría, debo manifestar que en el reglamento sanitario -vigente desde agosto de 2001- se introdujo un cambio que permite al Superintendente rechazar nuevos estudios aportados por el perito, en la medida en que no sean consistentes con los originalmente presentados por la empresa. De modo que ese problema, que se verificó en el proceso tarifario, ya estaría superado en buena parte.
Asimismo, deseo reiterar que la Ley de Presupuestos aprobada por el Honorable Congreso Nacional representará 11 por ciento real más de subsidios para 2002 y que la nueva modalidad definida al respecto por MIDEPLAN significará la posibilidad de entregar 100 mil nuevos subsidios este año, en comparación con el 2001.
En relación al planteamiento del Senador señor Naranjo , debo expresar que, precisamente por haberse detectado en la encuesta CASEN de 1998 que 40 por ciento de los subsidios de agua potable y alcantarillado era recibido por el tercer, cuarto y quinto quintiles de ingresos -no significan niveles de riqueza ni mucho menos, pero estamos hablando del 60 por ciento del más alto nivel de ingresos de Chile-, MIDEPLAN reestudió su focalización. Así, el nuevo esquema, que en ningún caso puede ser calificado de error, sino de una nueva orientación de los subsidios a la gente que más los necesita, determina los dos tramos nuevos. Pero, en todo caso, hago presente que el Gobierno se halla dispuesto a considerar las solicitudes formuladas esta tarde por varios señores Senadores -imagino que recogen el sentir general de esta Corporación- en cuanto a revisar los subsidios y, si es posible, sacar recursos de otra parte para suplementarlos. Sin embargo, el nuevo planteamiento tiende a establecer un esquema de subsidios más justo, para asistir a la gente más pobre, en lo cual, a mi entender, el Parlamento -y el Senado en particular- debe concordar consensualmente.
Tocante a la inquietud que expuso el Senador señor Muñoz Barra , deseo expresar que el costo de inversión del alcantarillado es 2,5 veces superior al del agua potable. Por eso en las boletas de cobranza figuran cargos importantes por alcantarillado, pues se trata de una inversión muchísimo más cara que la del agua potable, lamentablemente.
Se planteó también la necesidad de que se reglamente la ley para permitir subsidiar hasta 20 metros cúbicos. Debo puntualizar que ya existe reglamentación al respecto y que hoy día es posible subsidiar hasta ese límite. El subsidio de hasta 15 metros cúbicos beneficia a más o menos 60 por ciento de la población chilena, que consume tal cantidad. De manera que aumentarlo a 20 metros cúbicos significa derechamente posibilitar subsidios para sectores más altos en la escala socioeconómica.
El señor MUÑOZ BARRA .-
Excúseme, señor Ministro , pero no le escuché bien: ¿eso se va a poner en práctica ahora?
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía ).-
No, señor Senador. La ley permite subsidiar hasta 20 metros cúbicos y el reglamento hoy día ya habilita para hacerlo. Sin embargo, conforme a la política de subsidios del Gobierno, el beneficio todavía es hasta 15 metros cúbicos, lo que nos posibilita cubrir a sectores en carencia que se encuentran dentro del 60 por ciento de la población más pobre de Chile.
Por último, a través del señor Presidente , solicito autorización para que el señor Superintendente de Servicios Sanitarios , en una breve intervención, se refiera a la pregunta vinculada con el estatus jurídico especial de ESSAM, que, efectivamente, es distinto del de las restantes empresas privatizadas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
Antes de dar la palabra al señor Superintendente, pido el asentimiento del Senado para prorrogar por 5 minutos la hora de término de esta sesión, que fue fijada a las 16.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Superintendente.
El señor SALDIVIA ( Superintendente de Servicios Sanitarios ).-
Señor Presidente , la metodología utilizada para la incorporación de capital privado a ESSAM consiste básicamente -imagino que Sus Señorías lo saben- en la transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias por el plazo de 35 años. Esto significa que la empresa dueña de la concesión sigue existiendo.
Por lo tanto, ESSAM, donde la CORFO es mayoritaria en el capital accionario, continúa existiendo como sociedad anónima, con estructura y directorio propios de una sociedad de esa índole. Y, por otra parte, hay una sociedad distinta, denominada "Aguas Nuevo Sur Maule S.A.", que es la que ejerce el derecho de explotación, en virtud de un contrato con ESSAM, por 30 años.
Al respecto, mayores antecedentes puede aportar el Sistema Administrador de Empresas del Estado, dependiente de la CORFO, que hizo toda la operación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se preguntó adicionalmente -me interesa también el punto- si es necesario que exista un directorio en una sociedad que no está operando el servicio y qué cantidad de personal se precisa, tanto más cuanto que la empresa transfirió todo su patrimonio y la parte operativa.
El señor SALDIVIA ( Superintendente de Servicios Sanitarios ).-
Señor Presidente , ésa no es materia propia de la Superintendencia. Por eso dije que el organismo idóneo para responder es el Sistema Administrador de Empresas del Estado.
Sin perjuicio de ello, la información que manejo es que el contrato de concesión financia la operación de esa empresa estatal. Hay una cuota que debe pagarse a ésta para el financiamiento de su directorio y de su personal.
No sé cuánto personal mantiene, ni tampoco a qué monto ascienden los gastos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¡La plata sale siempre del mismo bolsillo...!
Sobre el particular, quiero hacer presente al señor Ministro de Economía la necesidad de estudiar la conveniencia de que una sociedad que transfirió su patrimonio y su operación mantenga y pague a un directorio y a personal que no se sabe qué está haciendo.
Me parece importante que el Gobierno tome medidas al respecto, porque pueden aparecer otras concesiones del mismo tipo. De modo que me sumo a la inquietud expuesta.
Tiene la palabra el Honorable señor García, en el entendido de que la sesión queda prorrogada hasta las 16:10.
El señor GARCÍA .-
... Presidente , reconozco que los fondos presupuestarios del año en curso para el subsidio del agua potable son superiores en 11 por ciento real a los del 2001. El problema estriba en que ese aumento de recursos va acompañado de un incremento de sobre 20 por ciento -si sumamos urbano y rural- en el número de subsidios. Por consiguiente, los valores promedios de subsidios para 2002 son inferiores a los del año recién pasado.
Hice la división. En el 2001 el promedio del subsidio era de 40 mil pesos al año y en el 2002 es de sólo 37 mil 330 pesos. Y estoy hablando de valores promedios. Porque, obviamente, a un sector de la ciudadanía se le quitó el subsidio, a otro se le rebajó y a un tercero se le mantuvo. Por tanto, el problema afecta a las familias a las que se quitó el subsidio y a aquellas a las cuales se les rebajó.
Señor Presidente , escucho con atención al señor Ministro y celebro sus palabras cuando sostiene que el Gobierno está dispuesto a revisar esta materia, porque es precisamente lo que deseamos: que se reponga el subsidio a quienes se les quitó -en los casos en que se justifique- y que se aumente a aquellos a los cuales se les disminuyó.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, y después, el Senador señor Naranjo.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , me referiré a la rectificación que hizo el señor Ministro respecto de mis afirmaciones en cuanto a que no había transparencia real en los antecedentes utilizados para determinar las tarifas.
Hace varios meses, en agosto del año recién pasado -si no recuerdo mal-, presentamos un proyecto de ley -el Senado lo aprobó en general y se encuentra en la Comisión respectiva para la formulación de indicaciones- con el objeto de dar mayor transparencia al proceso pertinente, pues, conforme a nuestros antecedentes y a otros que nos hicieron llegar, incluso desde la prensa, no había acceso a fuentes de información que permitirían formarse un juicio sobre lo que estaba ocurriendo.
Por eso, me llama la atención la información, como asimismo que se nos entregue ahora, porque el Senado ha estado discutiendo la materia y nunca hemos recibido la opinión del Ministerio. De lo contrario, podríamos haber tenido esa información en el momento oportuno: hace algunas semanas, cuando sesionó esta Sala.
Por otra parte, no se respondió a la inquietud vinculada con el compromiso asumido por el Gobierno respecto de las platas que se deben a la Séptima Región por la concesión de ESSAM.
El señor Ministro , cuando fue a inaugurar la FITAL, se hizo cargo de él en términos generales. Pero, como quiero tener mayor precisión, pues las inversiones en el sector son muy necesarias, le pido que nos señale en este instante el monto y cuándo se hará efectiva la palabra del Presidente de la República , quien en su momento se comprometió a la entrega de los recursos correspondientes.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , sólo deseo puntualizar que el señor Ministro no se refirió al planteamiento que formulé en cuanto a la posibilidad de garantizar un consumo mínimo vital, a si es factible estudiar el reemplazo del actual sistema de subsidios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor RODRÍGUEZ ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , efectivamente, se me pasó la respuesta al planteamiento sobre un consumo mínimo.
Al respecto, debo manifestar nuestra disposición para estudiar el punto. Y en el mundo parlamentario ha surgido la idea de un seguro, costeado quizá a través de la cuenta, que pudiera servir para financiar consumos, por ejemplo, en períodos de cesantía, por determinado tiempo, o, en casos generales, consumos mínimos muy básicos, en forma de no enredarnos con el problema de los cortes cuando se trata de cantidades demasiado pequeñas.
De otro lado, señor Presidente , solicito autorización para que el señor Superintendente , quien está más informado que yo respecto de la cuestión jurídica planteada por el Senador señor Larraín , pueda responder rápidamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con autorización de la Sala, tiene la palabra al señor Superintendente .
El señor SALDIVIA ( Superintendente de Servicios Sanitarios ).-
Señor Presidente , de manera muy breve, insistiré en lo que señaló el señor Ministro .
La ley Nº 19.549, que modificó el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, dispone que los estudios tarifarios y todos sus antecedentes son públicos una vez terminado el proceso de fijación tarifaria.
Dicha norma es cumplida cabalmente hoy día por la Superintendencia, pues los estudios tarifarios y todos sus antecedentes -es decir, el estudio hecho por la empresa, las bases, el estudio realizado por la Superintendencia y cada uno de sus estudios complementarios, más el fallo de peritos, si lo hubiere- son públicos y están a disposición de quien quiera consultarlos.
Tal vez la confusión se presenta por la circunstancia de que la ley es terminante para indicar que los antecedentes son públicos una vez terminado el proceso de determinación tarifaria. Por lo tanto, es factible que alguien haya requerido un dato antes de dicho plazo y no se le haya entregado por no haber concluido el proceso.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 16:7.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción