Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ALZAS EN TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIDAS ANTE SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LA POBLACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN
- Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
-
ALZAS EN TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIDAS ANTE SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LA POBLACIÓN
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS DE SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES HORVATH, LARRAÍN, MARTÍNEZ, RÍOS Y STANGE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.300, SOBRE BASES DEL MEDIO AMBIENTE, PARA HACER OBLIGATORIA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES O PROYECTOS EN QUE SE LIBEREN ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS O TRANSGÉNICOS AL MEDIO AMBIENTE, Y PROTEGER ÁREAS CON PRODUCCIÓN LIMPIA, ORGÁNICA Y NATURAL (2703-12)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Horvath Kiss
- Jorge Martinez Busch
- Rodolfo Stange Oelckers
- Mario Enrique Rios Santander
- Hernan Larrain Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES HORVATH, LARRAÍN, MARTÍNEZ, RÍOS Y STANGE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.300, SOBRE BASES DEL MEDIO AMBIENTE, PARA HACER OBLIGATORIA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES O PROYECTOS EN QUE SE LIBEREN ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS O TRANSGÉNICOS AL MEDIO AMBIENTE, Y PROTEGER ÁREAS CON PRODUCCIÓN LIMPIA, ORGÁNICA Y NATURAL (2703-12)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 43ª, en miércoles 9 de mayo de 2001
Especial
(De 11:17 a 14:8)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA:
Alza en tarifas de servicios públicos y medidas ante sus efectos negativos en la población
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores ; Secretario General de la Presidencia y de Economía , Fomento y Reconstrucción, Minería Presidente de la Comisión Nacional de Energía; los señores Subsecretario de Telecomunicaciones , Superintendentes de Electricidad y Combustibles y de Servicios Sanitarios, y las señoras Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Jefa de División de Desarrollo de Mercados (Ministerio de Economía) y Jefa del Departamento de Regulación Económica ( Subsecretaría de Telecomunicaciones ).
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:17, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 40ª, ordinaria, y 41ª, extraordinaria, en 2 y 3 de mayo del presente año, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo. (Boletín Nº 2.627-13).
--Queda retirada la urgencia.
Oficios
Uno de la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo. (Boletín Nº 2.627-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso.
Dos de la señora Ministra de Salud:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a la eliminación de los perros vagos en la comuna de Iquique.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la evolución del endeudamiento del hospital de Coyhaique.
Del señor Intendente de la Sexta Región, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a los problemas de agua potable rural de la localidad de San Miguel de los Llanos, comuna de La Estrella.
De la señora Intendenta de la Duodécima Región , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a obras relacionadas con la construcción de la Carretera Longitudinal Austral.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Moción
De los Senadores señores Horvath, Larraín, Martínez, Ríos y Stange, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, para hacer obligatoria la evaluación de impacto ambiental de actividades o proyectos en que se liberen organismos genéticamente modificados o transgénicos al medio ambiente, y protege áreas con producción limpia, orgánica y natural (Boletín Nº 2.703-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (este proyecto no podrá ser tratado mientras el Ejecutivo no lo incluya dentro de la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
ALZAS EN TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIDAS ANTE SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LA POBLACIÓN
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En virtud de lo dispuesto en el número 3 del artículo 67 del Reglamento del Senado, fue convocada la presente sesión con el objeto de ocuparse en las alzas de tarifas de los servicios públicos, y para proponer medidas que tiendan a paliar los efectos negativos que éstas causan en la población.
Solicito la autorización del Senado, para que ingresen a la Sala las siguientes personas: el Subsecretario de Telecomunicaciones , Cristián Nicolai; la Jefa del Departamento Regulación Económica de SUBTEL, señora Rosella Cominetti; la señora Andrea Butelmann, Jefa de la División de Desarrollo de Mercados; la señora Vivianne Blanlot, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía; el señor Sergio Espejo, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el señor Juan Carlos Saldivia, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
--Así se acuerda.
Se encuentra inscrito en primer lugar el Senador señor Carlos Ominami; pero hago presente que el señor Ministro tiene prioridad para usar de la palabra. A la vez, con la autorización de la Sala, pueden intervenir los asesores que lo acompañan, para responder a las consultas específicas que formulen los señores Senadores.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , la citación a esta sesión responde, en primer lugar, a lo que me parece una preocupación generalizada de la ciudadanía por los altos costos y la forma de cobro de muchos de los principales servicios públicos. Se busca también abrir espacios para que se clarifiquen las polémicas muy ásperas que han tenido lugar en el último tiempo, especialmente en lo relativo a la fijación de las tarifas eléctricas.
Tocante a este particular, debo decir que me han parecido extremadamente graves las denuncias formuladas por algunos Diputados. Estimé indispensable dar oportunidad al Gobierno para que, con tranquilidad, clarifique la situación, exponiendo sus razones, que estoy seguro que las tiene.
Yo quiero agradecer la buena disposición de todos aquellos a los cuales solicité su respaldo para convocar a esta sesión. Pienso que la amplitud del arco de Senadores que suscribió la petición de tratar en esta forma el asunto es ilustrativa de la generalizada preocupación que existe al respecto en las distintas regiones del país.
En realidad, señor Presidente, son demasiados los reclamos de la ciudadanía por los montos y la forma de cobro de las tarifas de los distintos servicios públicos.
En un caso que conozco bien, el de los servicios sanitarios, es muy corriente escuchar -aparte las críticas por el alto costo de las cuentas que están recibiendo los usuarios- el reclamo de las personas por el cobro del servicio de alcantarillado en lugares donde éste no existe; porque se les cobra el arriendo de medidores que han sido pagados por ellas mismas, o porque se les hace pagar por reparaciones de medidores que no se han llevado a cabo. Situaciones semejantes ocurren en otros servicios de utilidad pública.
Para no ir más lejos, citaré un ejemplo que tiene que ver con nuestras propias funciones. En el caso de los teléfonos móviles, de los celulares, a una persona -que puede ser cualquiera de nosotros- se le corta una llamada simplemente por falta de cobertura. Y esto no es que ocurra en los altos de la Cordillera de los Andes; puede suceder en muchos tramos de la Carretera 5 Norte, por ejemplo, a menos de 40 kilómetros de distancia de Santiago. Se corta el servicio por falla técnica y el costo de la falla debe pagarlo el usuario, porque, al suceder eso, lo que normalmente se hace es que se vuelva a llamar, lo cual implica que el suscriptor se vea en la necesidad de incurrir en un gasto adicional, originado en una falla de la empresa, y en la que no tiene responsabilidad alguna. Eso no me parece correcto; creo que es un abuso.
Existe la percepción generalizada de que en este sector, constituido fundamentalmente por monopolios naturales, no existe una regulación adecuada, no obstante los esfuerzos hechos para lograrla. Aquí hay demasiados cabos sueltos; se cometen muchos abusos por parte de las compañías, y, punto muy importante, la gente -a mi juicio, con razón- percibe que no existen instancias expeditas en las cuales reclamar. ¡No existen! A la gente se le puede mandar cualquier tipo de cuenta y caramba que es difícil lograr que la compañía rectifique algún cobro y repare un abuso o una injusticia.
Naturalmente, la situación se agrava en momentos de dificultades económicas. Para una familia modesta, cuyo jefe ha perdido el trabajo, el tener que pagar por cobros fijos de agua, luz y teléfono una cifra superior a los 30 mil pesos, sin haber utilizado ninguno de los servicios, representa una enorme dificultad, lo cual se percibe como una gran injusticia.
Se trata, sin duda, de un problema complejo, porque es evidente que las tarifas fijadas por ley deben ser capaces de generar los márgenes de rentabilidad necesarios para asegurar las inversiones. Ésa es la otra cara de la medalla, y es importante dejar eso claramente establecido. Pero no es menos cierto que resulta fundamental que el Congreso se haga cargo de esa dificultad, porque finalmente las tarifas están fijadas por ley. Es decir, de acuerdo a un marco regulatorio aprobado por nosotros mismos.
En esta ocasión, deseo referirme al sector que más he estudiado y en el cual se produce una muy grave violación del espíritu y también de la letra de la ley: el de servicios sanitarios. Junto con varios señores Senadores, algunos aquí presentes, participé muy activamente en la discusión destinada a generar un nuevo marco para el sector sanitario. Y puedo afirmar con conocimiento de causa que la fijación de tarifas respecto de las dos principales empresas en el país, EMOS y ESVAL, vulneró de manera directa la idea esencial establecida en el nuevo marco, a saber, evitar la política del tejo pasado, tanto por parte del regulador como del regulado, a fin de buscar, por el contrario, la promoción de la convergencia en las propuestas de uno y otro. En efecto, toda la discusión sostenida en el Parlamento y en la Sala del Senado en relación con esta materia apuntó a eliminar los incentivos, a extremar los resultados de los estudios tarifarios de las empresas y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en procura de que se obligara a los miembros de la comisión pericial prevista en caso de discrepancia a optar por uno u otro resultado. ¿De qué se trataba? De algo muy simple. De que si existía discrepancia entre el planteamiento de la empresa y el de la Superintendencia, el planteamiento A y el planteamiento B, una comisión pericial, de acuerdo a ciertos parámetros técnicos, dijera: "Mire, A está más cerca de lo que corresponde, o B está más cerca de lo que corresponde". Lo que le estaba prohibido por ley era establecer un promedio entre A y B. Eso lo dice expresamente la legislación vigente. Ahora, por desgracia, en lo que finalmente se terminó fue exactamente lo contrario. La fijación de tarifas, tanto en el caso de EMOS como de ESVAL, reprodujo simplemente el proceso que se buscaba revertir, consistente en establecer un promedio entre el planteamiento de una y otra proposición. Para ser bien gráfico, la Superintendencia -a mi juicio equivocadamente- planteó que las tarifas debían rebajarse, si no me equivoco, en 10 por ciento; y la empresa, con la política del tejo pasado, dijo que debían subir en más de 40 por ciento. El resultado final fue que no bajaron ni 10 ni aumentaron 40: subieron 20 y tantos por ciento. Es decir, simplemente el promedio entre ambas; eso fue lo que ocurrió.
En consecuencia, el objetivo básico de la modificación tarifaria no se cumplió, y eso afecta gravemente a los intereses de los consumidores. La reforma legal no consiguió su propósito en materia de perfeccionamiento tarifado, porque no eliminó los incentivos para extremar los resultados, ni se estructuró tampoco un procedimiento adecuado para que los peritos optaran obligadamente por los resultados de uno u otro estudio. Como lo indiqué fue una comisión de peritos la que terminó por resolver el problema, comisión que, a mi juicio, requiere ser modificada en su conformación. Actualmente, está constituida por tres peritos, uno designado por la empresa, otro por la Superintendencia y un tercero, de común acuerdo. Pues bien, fue el perito designado de común acuerdo el que finalmente resolvió el conjunto del problema y fijó tarifas para los próximos cinco años, las que hoy pesan muy duramente en la vida cotidiana de la gente.
Quiero agregar un antecedente, señor Presidente , el cual, a mi juicio, es importante que se tenga en cuenta, según lo hice presente en su ocasión. De acuerdo a la información de prensa, el grupo propietario de ESVAL hizo, en virtud del procedimiento descrito, una ganancia absolutamente extraordinaria. Me refiero al grupo ENERSIS, propietario en ese entonces, del 72 por ciento del Consorcio Aguas Puerto, que a su vez poseía 40,6 por ciento de ESVAL. De acuerdo a la información de prensa, ENERSIS vendió a Anglian Waters la totalidad de sus acciones en 137 millones de dólares -transacción que se produjo el año pasado-, lo que le significó una utilidad de 48,3 millones de dólares, considerando que ENERSIS compró esa misma participación en 88,7 millones de dólares, que resultan de considerar 99,6 millones de dólares menos 11 millones de dólares correspondientes a una cuenta de ajuste. Para hablar en términos económicos, la tasa de rentabilidad de la inversión inicial de ENERSIS alcanzó al 54, 4 por ciento, y se obtuvo en un período que no superó los 15 meses. ¡No hay ningún negocio en nuestro país que pueda generar una utilidad superior al 54 por ciento en un período de 15 meses! Y es particularmente grave que esas rentabilidades se obtengan en sectores regulados por ley. ¡No puede se! Eso muestra a las claras que algo está funcionando mal.
En relación con este punto, permítaseme una consideración adicional. Como consta en la Versión Taquigráfica del Senado, junto con otros señores Senadores, manifesté mis aprensiones respecto de la privatización en general de las empresas sanitarias, y muy particularmente respecto de esta empresa. Uno de mis argumentos principales se refería justamente a la necesidad de darse un tiempo para analizar el funcionamiento en la práctica del nuevo marco regulatorio. A mi juicio, fue un grave error el haber acelerado la privatización de la empresa, al igual que lo fue el haber privatizado primero y haber fijado las tarifas después, porque tengo la sensación de que esa empresa participó del proceso de privatización, presionando para obtener la mejor tarifa, vulnerándose el espíritu de la ley, haciendo una ganancia extraordinaria -a mi juicio, completamente desmedida-, abandonando posteriormente la propiedad de la empresa -hoy en día no tiene nada que ver con este asunto-, y dejando a la gente simplemente sometida al pago de tarifas del todo desmedidas. Esto no puede volver a ocurrir, y es importante que tengamos presente que tal situación se produjo sobre la base de la aplicación de un marco legal aprobado por nosotros mismos.
El señor HAMILTON .-
¿Me permite, una breve consulta, señor Senador ?
El señor OMINAMI.-
Muy bien, Honorable colega, aunque tengo poco tiempo.
El señor HAMILTON .-
Seré breve.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton .
El señor HAMILTON .-
Simplemente quiero saber si en esa ganancia excesiva que obtiene la empresa, tributa al Fisco y en qué medida.
El señor OMINAMI.-
No sé exactamente cuál habrá sido el nivel de tributación, pero con toda seguridad debió hacerlo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos.
En todo caso, en cuanto a la observación del Senador señor Hamilton , cabe hacer presente que si hay ganancia de capital por venta de acciones, ella está afecta a impuesto. O sea, si fue una venta de acciones, como sucedió con el grupo COPEC, el cual , debido a que un grupo neozelandés compró acciones y luego las vendió, debe pagar hoy un impuesto de 15 por ciento por concepto de ganancia de capital.
El señor OMINAMI.-
Eso significa, señor Presidente, que a los 48,3 millones de dólares se debe restar el 15 por ciento. De todos modos es una ganancia bastante espectacular.
Quiero terminar mi intervención formulando tres proposiciones.
La primera tiene como propósito que el Gobierno considere la posibilidad, como resultado de ésta y de otras discusiones que se realizarán sobre este tema, de designar una alta autoridad que regule los servicios públicos del país, con el objeto de que actúe como máximo representante en materia de fijación de tarifas y de otras decisiones relevantes en ese sector. Dicha autoridad debiera estar constituida por profesionales independientes de gran competencia técnica, los que podrían ser elegidos, por ejemplo, de acuerdo a un procedimiento semejante al empleado para elegir a los directores del Banco Central. Una autoridad de esa relevancia no sólo debiera contar con todos los recursos que le permitan asegurar la realización de estudios de calidad, sino también con los profesionales más capacitados para defender el interés público.
Porque uno de los problemas importantes que enfrentamos en este sector es el notorio desequilibrio y la fuerte asimetría entre los niveles de información y de capacidad técnica de que disponen las empresas, respecto de los que poseen las superintendencias.
Por lo tanto, en mi opinión, aquí habría necesidad de introducir una modificación institucional relevante, para dar garantías al país y a los usuarios en lo concerniente a las formas de fijación de las tarifas de los servicios públicos.
La segunda proposición es para solicitar el patrocinio del Ejecutivo respecto de una moción que estamos proponiendo varios señores Senadores con miras a enmendar las formas de fijación de las tarifas de los servicios públicos, de suerte de que no vuelva a repetirse en los procesos tarifarios hoy en curso lo que ya indiqué: la fijación de tarifas promedio a partir de planteamientos que, evidentemente, vienen con el "tejo pasado" por parte de las empresas y eventualmente también por parte de las superintendencias. Creo que se debe buscar un procedimiento distinto. Por eso, estamos presentando una moción para corregir esas anomalías.
En tercer lugar -y con esto termino, señor Presidente -, quiero reiterar una solicitud. He redactado un proyecto de acuerdo -ojalá sea considerado por los señores Senadores- que, de conformidad con una antigua ley vigente, persigue aumentar de 15 a 20 metros cúbicos el consumo subsidiado de agua potable. El Gobierno posee facultades para incrementar de 15 a 20 metros cúbicos el consumo subsidiado del vital elemento.
Con ello se busca simplemente moderar el impacto de las alzas de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudadanía; en particular, en aquellas regiones que han experimentado modificaciones tarifarias de gran envergadura en el período reciente.
Se trata de una medida que, en el caso de una familia modesta, que paga cuentas del orden de los 9 mil pesos y que recibe un subsidio de 4 mil 100 pesos, permitiría aumentar el margen del subsidio de 4 mil 100 a unos 5 mil 400 pesos. Es decir, hablando en cifras gruesas, más o menos 2 dólares mensuales, lo que se traduciría en un costo anual de 24 dólares, lo que, si se extiende al conjunto de los beneficiarios del subsidio de agua potable -si no me equivoco, son alrededor de 600 mil en el país-, alcanzaría una cifra del orden de los 15 millones de dólares.
Creo que sería una buena medida para los efectos de aliviar a aquellos usuarios que se han visto más perjudicados por alzas, a mi juicio, absolutamente desmedidas e injustificadas en estos servicios.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se hará llegar al Ejecutivo las peticiones formuladas por el señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , quiero plantear una moción de orden.
El Senador señor Ominami ha hecho diversos planteamientos y sería bueno oír la opinión del Gobierno. El señor Senador ha formulado denuncias en cuanto a que no se habría cumplido la ley, por lo que está proponiendo cambios a la normativa vigente, los que, en mi concepto, no serían necesarios, pues ya están establecidos en la ley actual. En particular, la ley sanitaria establece que el Comité Pericial debe optar por una u otra propuesta, pero no por un promedio. Entonces, si no se ha procedido así, no se ha cumplido la ley. Sería bueno que el Ejecutivo aclarara esta situación, que más que legislativa es judicial.
El señor OMINAMI .-
Si el señor Presidente me lo permite, en un minuto puedo precisar al Honorable señor Prat.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El problema es que vamos a abrir un diálogo y tengo que respetar el orden de inscripción de los oradores. Pero, sin perjuicio de los interrupciones que se soliciten dentro del tiempo de los señores Senadores que intervengan, el señor Ministro , como se lo he señalado, tiene preferencia constitucional para solicitar la palabra cuando lo estime conveniente.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor DE GREGORIO ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Quiero sugerir por su intermedio, señor Presidente , que recogiéramos parte del debate, con el objeto de que después podamos hacer una intervención en general y en particular para referirnos a muchas de las inquietudes que han surgido respecto de los sectores de servicios regulados.
Me parece que podríamos utilizar ese procedimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , consideramos muy interesante e importante el planteamiento que debe hacerse en la Sala respecto de un tema que preocupa a toda la ciudadanía. Por ello, nuestras bancadas van a efectuar un planteamiento de orden general y, con posterioridad, el Senador señor Prat se va a referir a los aspectos más concretos, relacionados con los servicios públicos y la fijación de tarifas.
Señor Presidente , preocupan al país las alzas, que ya se están produciendo o que claramente se anticipan, en las tarifas de los servicios públicos. Con mayor o menor intensidad o inminencia, es el caso, entre otros, de la energía eléctrica, del agua potable, de los teléfonos y de la locomoción colectiva.
Se sostiene por algunos que no todas las alzas responden a las mismas causas. Por cierto, cada rubro tiene peculiaridades propias, que inciden circunstancialmente en la tendencia de los precios al público.
No obstante, salta también a la vista que los rubros que preocupan están todos ellos sujetos, en mayor o menor medida, a la regulación o fijación de precios por el Estado. Ello significa que la autoridad política permite a tales precios moverse sólo dentro de ciertos máximos o mínimos que ella misma determina. Y esa autoridad fija y modifica esos rangos por motivos que ella pondera, aduciendo, naturalmente, complejas razones técnicas que la ciudadanía rara vez puede comprender a cabalidad. Por cierto, invariablemente, siempre se aducen razones de resguardo del consumidor.
La falla fundamental del sistema radica en que, por rectamente intencionado que sea el sistema regulador del Gobierno, siempre irá por detrás del progreso tecnológico y de la creatividad de los millones de personas que están tratando de desplegar al máximo su potencial para maximizar su bienestar.
Un Gobierno puede, de una u otra manera, sofocar ese impulso -incluso controlarlo por algún tiempo, como se hizo en el pasado-, pero las realidades económicas tarde o temprano se abren paso y cobran el duro precio de tales distorsiones. Al cabo del proceso, la sociedad termina pagando más y más de lo que habría pagado si desde el comienzo se hubiera enfrentado a los costos reales.
El factor distorsionador lo constituyen, invariablemente, aquellos controladores del aparato estatal que, con buena o mala intención, creen saber más que los millones de personas que conforman una sociedad.
Así sucedió con la producción y distribución de energía eléctrica. Producida la liberación de este sector, el país aumentó sustancialmente la disponibilidad de ese factor vital en la vida contemporánea, sin perjuicio de que el Estado creyó poder garantizar el expedito desenvolvimiento de ese proceso mediante regulaciones, nuevamente crecientes desde 1990, en aras, entre otros, del fantasma de los monopolios.
Aproximadamente ocurrió así, en general, mientras las condiciones fueron favorables. Pero la sequía de 1999 -esto es, la primera dificultad de gran magnitud que debió enfrentarse- puso en evidencia que las regulaciones estatales no sólo no resuelven estos problemas, sino que crean otros.
La reforma de la Ley Eléctrica (Nº 19.613), una vez más, no supo crear los incentivos correctos e introdujo distorsiones: socializó de alguna manera las pérdidas, al establecer que "el déficit registrado en el sistema deberá distribuirse proporcionalmente y sin discriminación de ninguna especie entre todas las empresas generadoras, tomando como base la globalidad de sus compromisos". Esto desincentiva la responsabilidad individual de cada generador al firmar contratos, por ejemplo, con distribuidoras y grandes clientes. Además, distorsiona la situación de los clientes libres, invalidando la vigencia de sus contratos por la distribución indiscriminada del déficit.
Eso empuja hacia el fin de los contratos libres, donde es posible establecer distintas condiciones y respuestas frente a un déficit de energía. Lo peor de esa normativa es que obliga a las generadoras a compensar a todo evento a los clientes regulados, pagándoles el costo de falla, ignorando el caso fortuito o de fuerza mayor. Lógicamente, esto ha desincentivado a las generadoras para establecer nuevos contratos de largo plazo con las distribuidoras. Evitan así asumir compromisos mayores. La exigencia de indemnizaciones a todo evento para clientes regulados, en caso de no cumplir con el suministro contratado, se ha traducido, en la práctica, en un "statu quo" para los contratos de largo plazo entre generadoras y distribuidoras, ya que las primeras no quieren asumir el riesgo de compensaciones millonarias frente a situaciones que no dependen de ellas.
Ésta es una de las muchas razones, y no la menor, que explican la ostensible caída de las inversiones y las proyecciones de desabastecimiento y racionamiento desde el próximo año. El lunes 16 de abril pasado, la Comisión Nacional de Energía reconoció que ya en 1998 se paralizaron las inversiones en nuevas centrales. Esto se representó una y otra vez al Gobierno, cuando se discutió la nueva Ley Eléctrica y todo lo que dice relación a los problemas de carácter ecologista que se han presentado, sin que hubiera habido una reacción oficial congruente.
Así se han paralizado inversiones y proyectos a causa de presiones ambientalistas, que se imponen contra toda razón. Central Ralco , por ejemplo, debía entrar en funciones el año 2002. Sin embargo, no podrá contarse con dicha central sino hasta mediados del 2003, en principio.
El país comienza ya a sufrir las consecuencias. Han transcurrido dos años desde la última crisis de energía eléctrica que obligó a aplicar un plan de racionamiento muy largo en nuestro país, probablemente uno de los más extensos en la historia chilena: 121 días. Sin embargo, por esos mismos dos años las políticas oficiales han hecho que se detengan las inversiones en nuevas centrales eléctricas. Como resultado, se teme que ya en el próximo año se precipite una nueva crisis.
No cabe aquí entrar en el detalle de esta compleja distorsión, pero ante el cuadro que se enfrenta en este campo vital, urge una desregulación eficiente del mercado eléctrico chileno, en el que pasen a regir reglas claras y transparentes, con derechos de propiedad bien definidos.
Debe recordarse que las inversiones que se realizan son concebidas a 20 años plazo. Por este motivo, no dependen exclusivamente de cambios que puedan ocurrir cada seis meses, que es el período en que se hallan vigentes los precios de nudo. Ese plazo se presta para que intereses políticos contingentes, que obviamente no están pensando a 20 años plazo, incidan en los precios. Inversiones de semejante magnitud deben mirar a lo que ocurrirá en el mercado en varios años más, y eso se relaciona, inevitablemente, con la evaluación por el potencial inversionista de la regulación y de la forma como esa regulación se aplicará por el controlador.
La solución lógica y justa es resolver el problema de inversión, dejando que el mercado fije el nivel de precios adecuado. Para eso, debe promoverse una urgente estrategia de desregulación del precio de nudo, que preserve la transparencia en la contratación de suministros por las distribuidoras. Los consumidores chilenos deben enfrentar un precio real y no fijado. Esto puede ser temporalmente muy duro, pero abre soluciones para el futuro, tanto más considerando el enorme aumento de la demanda que supone el desarrollo, incluso en los modestos límites en que actualmente se encuentra.
La regulación estatal, en cambio, sólo ofrece racionamiento y, al cabo de una costosa crisis, la inevitable imposición de los altos precios que trataron de evitarse.
De no rectificarse lo anterior con urgencia, Chile arriesga enfrentar una situación similar a la de California -en la prensa de hoy día incluso se advierte con extremada gravedad-, esto es, un problema de escasez de electricidad, que es consecuencia directa del aumento de la demanda y de una oferta limitada por efecto de las regulaciones estatales, que distorsionan la asignación eficiente de los recursos.
Esa realidad californiana hace imaginable en Chile la existencia de una situación que puede llegar a ser extraordinariamente grave en un plazo no lejano. Evidentemente, eso debe y puede evitarse, si hay voluntad política de desregularizar el mercado.
Ese cambio de políticas es lo que puede resolver el problema de las alzas de tarifas en los plazos mediano y largo. En el corto plazo, los daños acumulados durante la última década de regulaciones equivocadas no pueden evitarse, y, de no traducirse en alzas, lo harán en desabastecimiento. Ése es el lamentable dilema al que, a la postre, conducen siempre ese tipo de políticas.
Lo dicho respecto de la electricidad vale también, en todo lo esencial, para los demás rubros. Para no perpetuar los daños, ha de seguirse un rumbo resuelto de apoyo e incentivo a las inversiones que debe hacer el sector privado. Para progresar, éste tiene que aumentar sus ventas, de modo que el negocio sea rentable, y no lo contrario. Lo real es que sólo se puede ofrecer mejor precio y mejor calidad en un marco de fuerte competencia. Y ésta depende del grado de libertad que haya en el mercado y de apertura de éste a la economía mundial. De no aplicarse estas medidas, puede surgir una actividad muy perversa, en que al empresario le puede resultar más rentable dedicar buena parte de sus esfuerzos a cultivar amistades políticas para obtener subsidios o impedir el ingreso de competidores.
Así se da la espalda al mercado para hundirse en anacrónicas políticas mercantilistas. Es lo que las ciencias económicas modernas diagnostican como "la teoría de la captura", según la cual los contralores o reguladores productivos suelen terminar manejados por los poderosos regulados, que adaptan la política para protegerse de la competencia y así, en ese caso, "explotar" realmente a los consumidores.
Por el contrario, mayor libertad y apertura económicas significa competencia, mucho más intensa y eficaz que cualquier comisión gubernamental al respecto. En ese marco, son los consumidores los que determinan la suerte de los empresarios, y no al revés. En tal sentido, son las personas quienes mandan a los propietarios de las empresas. Para ello, lo único que se requiere es que la competencia sea cada vez más fácil y sencilla, por la apertura creciente de las economías y el progreso técnico, que han ido eliminando lo que en el pasado se denominaban "monopolios naturales".
Ojalá esas evidencias de la economía moderna muevan a dejar atrás todo ese tipo de regulaciones que, a nuestro juicio, han traído trastorno y graves daños al país. Propiciar -como algunos lo han sostenido-más regulaciones, en un vano intento por corregir las distorsiones de las anteriores, no tendrá otro resultado que enmarañar aún más lo que ya existe. El peor perjuicio, a fin de cuentas, no lo sufren los reguladores, sino todos los consumidores.
Las rectificaciones que deben emprenderse, entendemos que no son populares, son muy difíciles de adaptar. Por lo tanto, exige mucho coraje tomarlas, tanto más en un año de elecciones. Pero la preocupación real por los problemas de la población, en especial de los más modestos, obliga a consignar aquí, al menos, cuál es la dirección correcta.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , ante todo, deseo señalar que me parece muy importante que el Senado entre a discutir el tema de las empresas prestadoras de servicios esenciales, las cuales requieren marcos regulatorios. Al respecto, se ha producido -como señaló el Senador señor Ominami - un conjunto de problemas y situaciones discutibles que causan gran impacto en la vida concreta de las personas.
En cuanto a lo recién señalado por el Honorable señor Fernández , cabe hacer presente que, sin duda, como en otras materias, tenemos aquí enfoques bastante distintos. Porque toda la orientación que se desprende de su intervención apunta a que los problemas se resolverían básicamente desregulando y dejando que opere la competencia de las empresas que producen o distribuyen los servicios mencionados.
Eso puede aparecer atrayente en una primera mirada, pero obvia algunos de los problemas centrales de dichas empresas, los cuales al menos son tres, con todas las diferencias que hay entre los sectores de que se trata.
Primero, son sectores que prestan servicios esenciales. Ello no tiene que ver necesariamente con la regulación, pero sí con el planteamiento, no sólo de un problema para la gestión de cada uno de los servicios, sino también de cuestiones sociales sustantivas.
Aquí estamos firmando una moción donde pedimos que se aumente el subsidio al agua potable. Se podría decir que esto no se relaciona con la regulación del precio. Finalmente, algo tiene que ver con el sistema. Porque con el subsidio estamos diciendo que la sociedad debe garantizar a todos los ciudadanos el acceso al agua potable. Ése es un asunto civilizatorio, que no puede regirse por el mercado. Tampoco se puede hacer que la empresa que suministra el servicio, sea pública o privada, pague el costo; eso es evidente.
Y la definición de servicio esencial va cambiando con el tiempo. No se puede sostener hoy, por ejemplo, que es necesidad vital de toda la ciudadanía disponer de telefonía móvil; a nadie se le ha ocurrido subsidiar ese servicio. Pero podría suceder que en 15 ó 20 años más, e incluso en menor tiempo, el acceso al teléfono fuera una necesidad esencial, porque de lo contrario la gente se quedaría fuera de la sociedad que se va construyendo, donde la comunicación es primordial.
Entonces, aquí hay un primer tema. Y si vamos a realizar un debate general sobre este asunto, hay que considerarlo, pues podemos llegar a soluciones técnicamente razonables desde el punto de vista de la gestión de las empresas, pero socialmente insostenibles.
Me parece que el caso del agua potable es el más claro de los que tenemos entre manos.
En el sector sanitario administrado por el Estado, durante las décadas de los años 60 y 70 -no fue la experiencia del último decenio-, finalmente el subsidio lo absorbían las empresas, y terminamos con sistemas públicos ineficientes, etcétera. Y está muy bien que se haya puesto fin a esas políticas.
Por consiguiente -insisto-, aquí hay un primer problema que deseo colocar en el debate más general.
Segundo, no se puede desregular, porque en muchas de estas actividades hay monopolios naturales, en algunas puntas del sistema, o competencias muy limitadas. Es decir, estos no son sistemas donde puedan operar mercados perfectos. Por lo tanto, es imposible aplicar la teoría de los mercados perfectos. Cuando hay competencia perfecta, sí: el mercado fija bien los precios, etcétera.
No veo cómo se podría competir con las sanitarias en el suministro del agua potable. Aún no hay tecnología para sacar agua de las empresas que concurren al suministro domiciliario. Ello, simplemente, no es posible.
Y señalo un último elemento.
Algunos de estos sectores, además, causan impactos de otra naturaleza; básicamente, altos impactos ambientales. Por lo tanto, su desarrollo debe considerar también las regulaciones que tiene la sociedad respecto, no sólo de los precios de los servicios, sino además de los impactos ambientales.
Conversaba recién con el señor Ministro y la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía. En su concepto -ellos son expertos en la materia-, el déficit actual de California tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que, por razones ambientales -no de desregulaciones o regulaciones-, durante muchos años no se hicieron inversiones en el sector eléctrico. Y hoy existe una crisis de suministro relativamente grave, que, según entiendo, provoca apagones en el Estado más desarrollado de Estados Unidos, como los hubo en la Cuba de Fidel Castro hace algunos años. Ello no deja de ser una paradoja y una demostración de cómo, cuando las cosas no funcionan bien, incluso los países más desarrollados pueden pasar bochornos de ese tipo.
Por lo tanto, considero que la idea de la desregulación iría exactamente en la dirección contraria a la que el país debe seguir. Y hago esta observación genérica porque este debate se ha planteado de manera general.
Surgen como interrogantes, entonces, cuál es la calidad de la regulación; cómo se logra que ésta sea lo más limpia y moderna posible y que los entes reguladores tengan el mínimo de discrecionalidad, etcétera. Me parece que eso es lo sustantivo que debemos discutir. Se trata de un debate altamente especializado en un aspecto, sin perjuicio de los elementos políticos que conlleva.
Por ello, estimo indispensable iniciar la revisión de cómo están operando nuestros sistemas regulatorios. Al menos, he dado mi opinión respecto del sector sanitario, al cual he estado más cercano.
Como señaló el Senador señor Ominami , considero que la ley se aplicó mal. No creo que la Superintendencia haya actuado al margen de la legalidad. Pero se produjo una situación donde se violó el espíritu de la ley.
Por eso, es necesaria una corrección jurídica. Ésta no es una cuestión de tribunales, contrariamente a lo que sostuvo un señor Senador al formular una pregunta al Honorable señor Ominami .
A mi entender, el sentido de la ley es establecer el eventual arbitraje sobre dos proposiciones globales que lleven a un resultado: el precio. Sin embargo, no se actuó así, sino que en cada proposición se formuló un conjunto de discrepancias sobre los dos informes -más de una decena, entiendo; casi un centenar, me dicen- y el ente arbitral comenzó a operar sobre cada una de ellas. Entonces, claramente, allí se produjo una distorsión completa del espíritu de la ley.
Ésa es la observación que planteamos un conjunto de Senadores que estamos pidiendo una reunión con el señor Ministro de Economía para solicitar una revisión de la ley, porque, a nuestro juicio, se aplicó de manera contradictoria con el sentido original de que durante el arbitraje no se registre una negociación y, por tanto, de que, supuestamente, el sistema incentive el realismo tanto de la empresa suministradora cuanto de la entidad reguladora.
Concretamente, eso es lo que planteamos en materia de regulación en el ámbito de las sanitarias.
Por último, señor Presidente, estimo indispensable ver en este debate cómo garantizamos mejor los derechos de los usuarios.
Comparto lo señalado aquí. Creo que en materia telefónica se ha llegado a situaciones inverosímiles desde el punto de vista de la mala calidad de los servicios, de errores administrativos en la facturación, de cuentas que se cobran una y otra vez. Y la verdad es que, frente a ese conjunto de irregularidades, los usuarios se hallan en total indefensión.
Por tanto, los mecanismos de defensa de derechos esenciales de los usuarios de servicios básicos en el país son insuficientes. Y me parece que este aspecto también debería formar parte de nuestra discusión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , estimo muy valioso que el Senado se aboque a analizar este tema, en circunstancias de que está siendo administrado con gran espectáculo comunicacional y con un alto riesgo de producir mucho daño en nuestra legislación y en los elementos que se requieren para abordar las inversiones necesarias en estas materias, que son de largo aliento y se fundan en la confianza en la institucionalidad de un país y, especialmente, en la seriedad de sus sectores dirigentes.
Por eso, el que la Cámara Alta aborde este tema sacándolo de los aspectos de la sensibilidad que se administran en los medios de comunicación y realice un análisis serio, a mi juicio, constituye un aporte sustancial para poner las cosas en su lugar y fortalecer una confianza que en muchos aspectos aparece debilitada.
Enfrentamos alzas de precios que, naturalmente, siempre duelen. Y duelen en mayor medida cuando se producen en una circunstancia económica global en que las familias tienen menores entradas y donde hay mayor desempleo y una situación de ingresos castigados. En esos casos, incluso, queda la impresión de que las alzas no condicen con la realidad. Cuando los ingresos de las personas disminuyen o se mantienen muy restringidos y se producen alzas, éstas aparecen hasta como injustas (si pudiera o no haber justicia en las alzas).
Por eso, sería conveniente -así lo espero- que el Ejecutivo nos diera las explicaciones que hay tras estas alzas. Seguramente, muchas se deben a cambios legales, los que en estas materias -ya el Honorable señor Fernández dio una muy completa información al respecto- no son gratis.
Por ejemplo, disponer vía ley que ni siquiera en tiempos de sequía extrema -ello rompe todos los parámetros históricos- puede existir restricción en el aprovisionamiento de energía eléctrica a los consumidores, tiene un costo. Es factible que el legislador sea muy generoso en establecer esa clase de normas; empero, no puede desconocer que ello tiene un costo, que se mide en pesos por kilovatio. Y, probablemente, parte de las alzas que advertimos en el sector eléctrico se deben a disposiciones como ésas, aprobadas en este mismo Senado.
Es posible, asimismo, que esté influyendo la incorporación de nuevos servicios. Porque hay que reconocer que la construcción de colectores, de sistemas de saneamiento de aguas servidas, etcétera, tiene un costo que incide en las tarifas. Entonces, debemos estar atentos a incluir mecanismos de subsidios para atender la situación que provocan a las personas de menores ingresos las alzas originadas por tales obras, con cuya incorporación la comunidad concuerda, pues son una necesidad del progreso, de la salud, e incluso constituyen requisitos internacionales para concretar nuestras exportaciones.
Seguramente, también hay incidencia de los costos de los elementos relevantes. En la fijación tarifaria influyen factores cambiantes, que van desde el precio del dólar hasta el de las nuevas tecnologías y los bienes raíces.
Considero bueno, señor Presidente , identificar de qué manera los marcos regulatorios -que es lo que está a nuestro alcance- han ido perfeccionándose o están estancados o en retroceso en el último tiempo. En ese aspecto, es conveniente precisar falencias, en la vía de poder recoger propuestas de perfeccionamiento.
En primer lugar, hay una debilidad de los ejecutivos reguladores, y me parece que debemos corregirla. Lo planteó aquí el Senador señor Ominami . Yo estaría dispuesto a sumarme inmediatamente a una moción que promueva en esta materia un cambio legislativo que permita avanzar en algo que en la propia Concertación se ha propuesto: la existencia de una superintendencia de superintendencias.
Existe en la actividad de supervisión una sinergia que vale la pena recoger. Porque los modelos de fijación tarifaria, de estudio de los costos pertinentes, son comunes en los sectores sanitario y eléctrico. Por lo tanto, es bueno recoger la sinergia que hay en esa actividad y crear una gran superintendencia, solvente, con personas que estén al margen de los francotiradores existentes en la política, quienes, con el ánimo de figurar y tocar sensibilidades en tiempos electorales, son capaces de, sin detenerse, hacer mucho daño.
En la medida en que esas entidades se sustenten en un mandato por plazo definido, con la aprobación -ojalá- de este Senado y con la destitución también dependiendo de él, creo que las dotaremos de la solvencia que el sistema requiere.
Por consiguiente, sugiero que la propuesta del Honorable señor Ominami salga de esta Sala ya transformada en una moción aprobada o lista para serlo en la próxima sesión, conforme al Reglamento.
En ese mismo sentido, me parece positivo reconocer que en los cambios legislativos hechos hay cosas que vale la pena corregir.
El Honorable señor Fernández acaba de referirse a los costos de falla en el caso eléctrico.
Por su parte, el Senador señor Ominami mencionó una modalidad contenida en el marco regulatorio sanitario que obliga a la comisión pericial a optar por una de las dos propuestas. Esa modificación se hizo con el objetivo de promover la confluencia de las propuestas hacia un punto de equilibrio. Porque la apreciación existente en el marco eléctrico es que todo empuja hacia la divergencia, para que la media, la solución transaccional, en definitiva esté más cerca del deseo original de las partes. En este sentido, es mejor el marco sanitario, pues promueve la conjunción hacia un punto razonable. Y si eso no se está cumpliendo, ya no es problema de la ley, sino más bien de cómo ésta se aplica.
A mi juicio, dentro de lo que es el marco sanitario, hay que identificar ya, hoy día, un error que se produjo: el de definir las cuotas máximas de mercado.
Dichas cuotas se han constituido en un obstáculo para mejor privatizar las empresas menores en las Regiones. Muchas empresas relevantes del país han copado la cuota de mercado aceptada por la ley, y eso les impide participar en licitaciones en otras empresas, perdiéndose de esa forma las sinergias de gran tamaño.
Creo necesario entrar ya a corregir esas situaciones, que nos dejan al margen del perfeccionamiento y de buenos oferentes de inversión, por estar hoy día copadas sus cuotas.
En cuanto a los subsidios, creo que siempre deberían estar siendo revisados, porque se incorporan nuevos servicios que encarecen las tarifas y, también, porque hay cambios socioculturales y económicos que la ley debe recoger.
Demorar las privatizaciones constituiría, a mi entender, un profundo error; sería prolongar la existencia de un obstáculo al desarrollo. Y lo digo representando a mi Novena Región de La Araucanía, donde hay ciudades que tienen prevista, por incapacidad de la ESSAR para llevarla a cabo, la instalación de plantas de aguas servidas a partir del año 2004, en circunstancias de que ciertas situaciones sanitarias ya no pueden sostenerse. La incapacidad de la ESSAR para realizar hoy las inversiones pertinentes constituye un obstáculo al desarrollo y a la calidad de vida de la Novena Región. Por lo tanto, proponer la demora de estas privatizaciones es querer mantener involuntariamente a Regiones como ésa en una situación de postración que no se merecen.
Señor Presidente , en momentos en que el país carece de la confianza requerida para invertir, para activar la economía, para salir de la peligrosa situación en que nos encontramos, creo que es muy importante que las autoridades, entre ellas los congresales y el Parlamento en su conjunto, den señales claras de seriedad.
A mi juicio, Latinoamérica actualmente corre un alto riesgo de caer en una situación de inestabilidad muy grande, y al respecto los dirigentes tienen una responsabilidad enorme. Espero que Chile no se sume a esa corriente que nos hace ver, con preocupación, lo que sucede en países vecinos. Ojalá que acá podamos dar un ejemplo, y que hagamos de ello un factor diferenciador.
Pero, desgraciadamente, las señales que se están dando en estos días no van en esa línea. Y no puedo dejar de referirme a la imprudente recomendación que hicieron asesores (que habría que remover de sus cargos) al Presidente de la República de hablar de homicidio, en circunstancias de que no se ha efectuado la investigación que permita determinar lo acontecido. Imprudencias como la descrita están provocando en los inversores un efecto de desánimo y preocupación, que afecta a todo el país.
Confío en que el Senado entregue, en esta sesión, una señal en la dirección contraria, que traiga tranquilidad a un sector que requiere inversiones de tan grande aliento en el área de los llamados monopolios naturales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , las materias propias de esta convocatoria y las diversas intervenciones expuestas efectivamente nos muestran que estamos ingresando a un mundo muy amplio, a una serie de características de doctrinas, incluso de Administración del Estado, de orden filosófico y tantas otras que corresponden a la acción pública en materias de gran interés e importancia para el país, fundamentalmente para los sectores más modestos.
El Senador señor Gazmuri señaló hace unos minutos -y tiene razón- que el subsidio al agua potable y a otros servicios era muy importante, y no así respecto de la telefonía, menos de la celular, donde a lo mejor podría establecerse. Pero es bueno recordar que hay un subsidio para la telefonía rural, porque se entiende que es un servicio de mucha importancia para ese sector, el cual requiere de ciertos apoyos.
Aquí deseo abordar una materia que, desde mi punto de vista, es la más trascendente en cuanto a la acción de los distintos organismos del Estado y de la institucionalidad para establecer los valores finales de ciertas tarifas, como es el caso del agua. Pido a Sus Señorías especial atención a lo que voy a señalar, ya que repercute en la totalidad de las comunas de Chile.
Ayer discutimos un tema muy delicado relativo a la acción de los alcaldes -no de todos, pero de un buen número-, en cuanto a que había dudas sobre la calidad y forma de administrar los recursos municipales. En este caso, hay desconocimiento y marginación de todas las municipalidades del país respecto de la enorme responsabilidad que les corresponde, en definitiva, en la resolución final del valor del agua.
En 1997 -quiero recordar-, aprobamos una reforma muy importante al artículo 107 de la Constitución, que dejó establecido, entre otros aspectos, que todos los servicios públicos, centralizados o descentralizados, debían coordinar su acción con la municipalidad respectiva. Y ninguna ha puesto en marcha esto. Creo que en algunos casos es por falta de conocimiento -en los más-, y en otros tantos, por falta de interés o temor de enfrentarse a autoridades teóricamente superiores a ellos. Así lo he oído de distintos alcaldes.
También se introdujo en el artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades otro aspecto muy importante, que tampoco es utilizado por ningún municipio del país: se faculta al municipio, al alcalde concretamente, para representar, incluso judicialmente, a la comunidad en materias propias del interés de toda ella.
Por el país se pasean los narcotraficantes; los problemas relativos a la droga son tremendamente grandes; tenemos gravísimas dificultades sociales; también se halla lo tocante a poblaciones cuyas viviendas fueron mal construidas, y ningún alcalde de Chile actúa sobre la base de lo dispuesto por esta norma, que les permite ser verdaderos fiscales de la actividad que se está desarrollando en su comuna y representarla judicialmente.
Y esto es -repito- por ignorancia, por desinterés, por temor. Al respecto, un alcalde me señaló: ¡Para qué me voy a meter en ese lío! En definitiva, la institucionalidad del país se estructura en padrones adecuados, pero las cosas no funcionan.
Y aquí pasamos a los valores del agua.
La Superintendencia actúa según lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 70, con las modificaciones de la ley 19.549, promulgada el 4 de febrero de 1998, el que, en su artículo 13, señala (esto debemos tenerlo muy presente): "La Superintendencia" -se refiere al valor del agua- "deberá informar a través de la publicación en el Diario Oficial que se encuentran a disposición del público y los prestadores, las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas tarifarias del período siguiente, con a lo menos 12 meses de anticipación" -o sea, un año- al término del período de vigencia de éstas. Quienes tengan interés comprometido podrán hacer observaciones a dichas bases dentro de 60 días contados desde la fecha de la referida publicación".
A su vez, otro artículo establece que esta misma publicación corresponderá hacerla en el diario de mayor circulación de la región o de la provincia.
He participado en algunas reuniones con alcaldes y la Superintendencia, y hemos concluido que en la fijación de valores existen tres actores: la empresa, dueña del agua, pública o privada; la Superintendencia; y el usuario. Como éste no puede ir y ser representado en alto número, tiene que hacerlo a través del organismo institucional más cercano a él, que es, en este caso, el municipio.
Hemos sostenido reuniones con alcaldes para que entiendan esta materia y asuman su responsabilidad.
¡Ninguno ha actuado!
Eso hace, entonces, que los valores se resuelvan entre la Superintendencia, entidad ubicada en Santiago (de pronto, a miles de kilómetros de distancia del lugar en que se prestará el servicio) y la empresa, la que naturalmente busca una mayor utilidad. Y el usuario que está al centro, que se encuentra representado por la municipalidad, desaparece de todas estas negociaciones. ¡Y desaparece!
Hoy se está llevando a cabo el proceso para establecer el valor de los precios del agua en los próximos cinco años en la Octava Región (no dispongo de información acerca de si en el resto del país ocurre lo mismo; me dice el señor Superintendente que sí), y los 341 alcaldes de Chile están ausentes de la negociación, en la cual tienen obligación de actuar, porque representan a las comunidades.
Éste es un hecho real, efectivo. Lo señalo para que se tengan presentes normas legales (todos hemos participamos en su elaboración, y el Senador que habla particularmente he sido redactor de varias de ellas) que no se aplican y se termina en conflicto con las distintas entidades públicas, porque los valores no corresponden.
Estoy de acuerdo con lo que señaló el Senador señor Ominami en cuanto a los valores y otras inquietudes; pero los caminos planteados por la institucionalidad no se cumplen: los alcaldes no actúan y, entonces, no existe representación de la comunidad, sobre todo de sus sectores más pobres, en los valores finales que debe pagar el usuario.
Ahora, ¿cuántos son los litros de agua que requerimos con miras a los subsidios? Siempre se plantean consideraciones bastante globales. La Organización Mundial de la Salud señala que todo ser humano requiere de a lo menos 180 litros de agua diarios para su supervivencia: baño, alimentación, utilización de los sistemas sanitarios, etcétera. Según la encuesta CASEN, publicada en 1999, en Chile (esto es interesante) hay 3,86 habitantes por casa. Ése es el promedio. Esto es fantástico, nos estamos acercando a los promedios de países muy desarrollados. Francia tiene un promedio de 2,7 habitantes por casa; o sea, una diferencia de poco más de un punto. Nuestra realidad es que existe un conjunto de casas muy modestas, muy pobres, que están en los patios traseros de otras viviendas un poco mejores, que son de parientes; pero, en fin, el promedio es de 3,86 habitantes por casa.
Pues bien, el requerimiento básico de agua por habitante es de 20,84 metros cúbicos, en promedio, en los sectores más modestos de Chile, cifra muy interesante. Y la petición que se formula es elevar el número de metros cúbicos subsidiados parece muy aconsejable, siempre que exista claridad en términos de que efectivamente se entregue a personas que lo requieren, y no que otros se aprovechen, como siempre ocurre, que empiezan a "agarrar vuelo", como decimos los chilenos, y terminan provocando muchísimos problemas con la distribución del recurso en forma inadecuada.
En cuanto al valor del agua, es obvio que los montos son distintos a lo largo del país. En un estudio realizado en 1989 por la Universidad Católica de Valparaíso, el costo por habitante en cada Región era tal que el Estado gastaba, en la Segunda Región, 22 pesos diarios -son valores de 1989-; en la Octava, 8 pesos diarios; en la Quinta, 6 pesos diarios, y en la Región Metropolitana, 116 pesos diarios por persona. Entonces, esta última terminaba siendo la más cara, a pesar de que en ella se concentra el mayor número de población y, por volumen, su administración debía ser la más barata; pero no era así.
Donde también se observan diferencias es en el costo del tratamiento del agua. En eso no ha existido ninguna disposición o resolución en cuanto a dar subsidios; no los hay. Y cuando exista tratamiento de agua en todo el país las tarifas deberán multiplicarse por dos. Es la impresión que al menos el Senador que habla tiene por lo que ha observado en las comunas donde ya está funcionando el servicio.
Por otro lado, está la discusión de quién es el propietario del agua tratada. Desde mi punto de vista, es el organismo o la sociedad dueña del recurso que está prestando servicios en el área urbana. En esto hay un mundo de alternativas y de acciones que se deben tener presentes.
Para concluir esta intervención, en que he hablado solamente del tema del agua, deseo solicitar que se envíe una comunicación a la Asociación Nacional de Municipalidades, para que nos informe qué se está haciendo con respecto al estudio que -me consta- la Superintendencia respectiva envió a todos los municipios del país. El objetivo era que participaran y se entregaron las informaciones correspondientes en los diarios de circulación local y nacional, como también en el Diario Oficial. Es importante saber qué acciones están desarrollando los municipios.
En definitiva, una buena cuota de mi discurso y de las intervenciones de los Senadores señores Ominami, Gazmuri, Prat y otros que nos precedieron se refieren a acciones que debieron nacer y resolverse en el ámbito municipal, como lo relativo a tarifas y sus valores, y no aquí en el Senado. Eso por un lado.
Un segundo aspecto relevante alude a los programas de tratamiento de aguas servidas que se deberán desarrollar en el futuro. Tengo entendido que el objetivo del Estado chileno es que en los próximos cinco años haya tratamiento de aguas servidas en todas partes, lo que significará multiplicar por dos los valores actuales. Por tal motivo, conviene conocer si en los subsidios programados por el Estado también se incorpora el tratamiento de las aguas servidas, cuyos valores, como señalé, aumentarían en ciento por ciento.
He dicho.
--Se acuerda enviar el oficio solicitado por el Honorable Senador señor Ríos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se ha recibido un proyecto de acuerdo cuyo contenido dará a conocer el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo suscrito por los Honorables Senadores señora Frei y señores Ominami, Zaldívar (don Andrés), Zaldívar (don Adolfo), Cordero, Pizarro, Romero, Aburto, Gazmuri, Zurita, Horvath y Sabag, referido a aumentar el subsidio al agua potable por sobre los 15 metros cúbicos que se otorga actualmente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria siguiente, es decir, para esta tarde, al término del Orden del Día.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , me alegro de haber sido uno de los Senadores que participaron en la convocatoria a esta sesión. Creo que ella es esencial para que de manera seria y responsable se haga un análisis del proceso de modernización de los servicios básicos del país.
Creo sinceramente que la realidad existente en años pretéritos era que las empresas públicas se enfrentaban a situaciones extraordinariamente graves y de mucha trascendencia para la población, lo que hacía indispensable entrar en un proceso modernizador que, por la vía de la privatización de las empresas sanitarias, sea por concesión o por venta directa, consiguiera las inversiones que se requerían para satisfacer de manera clara las exigencias que cada vez más demandaba la población.
El propio mensaje con que el Presidente de la República inició el proyecto que modificó las diversas normas relativas al marco regulatorio de las empresas sanitarias señalaba que, hasta fines de los años ochenta, dichos servicios eran proporcionados directamente por el Estado conforme a un esquema de servicio público parcialmente descentralizado. Señalaba que esta forma de proveer los servicios sanitarios no difería sustancialmente de la utilizada en otros servicios públicos, como el eléctrico y el telefónico, donde el Estado era el principal prestador. La justificación de la participación directa de él en la provisión de éste y otros servicios se basó en el pasado en la característica de monopolio natural que tienen estos servicios básicos, la necesidad de utilizar significativos subsidios a la oferta para desarrollar grandes inversiones de carácter indivisible, o bien, para ampliar la cobertura de zonas de baja densidad de consumo, además de la inexistencia de mecanismos adecuados de regulación y subsidio directo a la demanda.
Si aplicamos esta realidad a la Región que represento, para poder graficarla, nos encontramos frente a un abismo entre lo que era la empresa pública ESVAL y la carencia de extensiones de servicio de agua potable, de plantas de tratamiento de aguas servidas y de un sinnúmero de situaciones que, incluso, alcanzaron la forma de irregularidades, por todos conocidas, como el escándalo del colector del gran Valparaíso.
Frente a esta situación, el Congreso -y me correspondió como Presidente del Senado darle el impulso definitivo- despachó una ley de modernización del sector sanitario, para, por la vía de la concesión, obtener los recursos y mejorar la gestión a través de la eficiencia, lo que, por lo demás, se ha demostrado en todos los países del mundo donde se han vivido situaciones similares. Es en condiciones de eficiencia donde, en el ámbito privado, se desarrollan en mejor forma estas iniciativas, que son necesarias para enfrentar los cada vez más crecientes requerimientos. Sin duda, ello ha quedado muy claramente demostrado por esta realidad.
Una vez que se produjeron estos procesos -particularmente en el caso de la modernización o privatización de ESVAL-, nos encontramos con la dificultad de que una cosa es el desarrollo de las inversiones y la operación del sistema, y otra, la fijación de tarifas. Son cuestiones completamente distintas. Reitero: por un lado están las tarifas, y por otro, la forma de operar, sea a través de propietarios o de los operadores de estas concesiones.
En la nueva ley se estableció un mecanismo de regulación de tarifas, dado que efectivamente estos servicios básicos son monopolios naturales, por definición. Y en este contexto, se pretende confundir a la opinión pública, en términos de decir que privatizar o modernizar es sinónimo de aumento de tarifas, en circunstancias de que, si se hace un rápido estudio de la evolución de las mismas, concretamente de las del agua potable en la Quinta Región -para ello solicito insertar en mi intervención un cuadro relativo a la evolución de las tarifas medias nominales-, se puede demostrar al Senado su variación y probar que las tarifas más altas se determinaron a partir de 1989-1990, modificándose después de acuerdo a la realidad.
Señor Presidente , nos encontramos frente a lo que denomino "efecto perverso", pues el grave problema consiste en que el Estado, vía Gobierno, no está aplicando correctamente una política de subsidios, que es lo apropiado en estos casos. Porque si importantes sectores de la población, particularmente de bajos ingresos, se ven afectados por la no utilización de parte del Gobierno de subsidios directos de las tarifas, se provoca un efecto perverso que tiende de nuevo a la centralización del país, ya que las personas de ingresos reducidos que deben pagar altas sumas por los servicios de luz, agua, teléfono, concluirán que es mejor dirigirse a las grandes ciudades, donde las tarifas medias son más bajas que en sectores rurales o cercanos a las grandes urbes. Y me refiero particularmente a la Quinta Región.
En la actualidad, en dichas zonas se presenta ese grave inconveniente, el cual colabora para que Santiago esté cada vez más centralizado. Porque al existir tarifas de mayor envergadura que en sectores rurales -debido al sistema de la empresa modelo y a la densidad de población, factores con incidencia directa en el valor de las mismas-, es preciso aplicar en forma correcta una política de subsidios directos que nos permita una mayor descentralización y regionalización del país, ya que de otra manera, por la vía de tarifas aplicadas sin una política de subsidio clara, que efectivamente apunte al problema preciso, en la práctica ponemos en jaque las reglas de juego para las inversiones de largo plazo requeridas en esta materia.
Para nadie es un misterio que en esta Región durante 40 ó 50 años no ha existido ninguna posibilidad de realizar inversiones en plantas de tratamiento de aguas servidas. Sin embargo, en la actualidad se encuentran prácticamente en construcción cuatro grandes plantas de tratamiento de aguas servidas, en Los Andes, en San Felipe, en Quillota, en La Ligua. Esto significa que se ha llevado a cabo una inversión muy importante que sólo ha sido posible gracias a la intervención de capital privado. En el pasado no existió ninguna posibilidad de enfrentar el problema. La contaminación, la calidad de vida que afecta a los habitantes de la Región, sin duda será mejorada cuando dichas plantas -cuyo plazo de operación incluso se adelantó en dos años- comiencen a funcionar, lo cual traerá beneficios para todos sus habitantes.
Sin duda que eso puede significar -es obvio-, al incrementarse el costo, un alza de tarifas. Aquí es donde sostengo que el Estado, a través de una política de subsidios correctamente aplicada, puede establecer una diferencia a fin de estar en condiciones de ayudar a las personas de menores ingresos para enfrentar los posibles mayores costos.
Por tal razón, participé firmando el proyecto de acuerdo que aumenta de 15 a 20 metros cúbicos el subsidio que se debería aplicar en zonas rurales, pues permitirá que los sectores de bajos ingresos puedan hacer frente a situaciones de tal naturaleza.
Nosotros no debemos confundir cómo se determinan las tarifas. Ellas se fijan independientemente de quienes son los dueños de la empresa o los operadores. Si deseamos introducir modificaciones a los mecanismos tarifarios, hagámoslo directamente. Efectuemos un planteamiento sobre el particular. Pero no confundamos una cosa con la otra, porque pondríamos en jaque las reglas de juego establecidas y restaríamos seriedad a un proceso que -a mi juicio- en el largo plazo será beneficioso para la nación.
A nuestro juicio, una aplicación correcta de los subsidios -repito-, con el objeto de que las personas de menores ingresos (particularmente las que reciben el salario mínimo) no los vean reducidos prácticamente a la mitad por tener que destinarlos al pago de servicios básicos, posibilitaría que ellas no tengan que emigrar hacia los grandes centros urbanos en procura de pagar menos por tales servicios, cuyos montos tienen gran incidencia en los ingresos mínimos.
Si establecemos una política correcta y distinguimos las cosas, efectuaríamos un aporte significativo. Aquí se trata de una cuestión de principios. Si deseamos modernizar el país, debemos contar con reglas de juego. Y no las podemos quebrar con el pretexto de que en algún momento podría existir falta de definición o de aplicación de una política adecuada de ese tipo de subsidios, que se encuentran expresamente estipulados dentro de la normativa sobre servicios sanitarios o de la ley eléctrica con el fin de que el Gobierno, a través de esos mecanismos, compense o minimice los efectos que en determinado momento se produzcan. Y esto, con el fin de ayudar directa y claramente a quienes pretende beneficiar.
Me parece que ése es el instrumento adecuado. Es lo que corresponde realizar. No podemos continuar utilizando ese tipo de situaciones para acciones populistas o demagógicas que son muy fáciles de expresar, particularmente en procesos eleccionarios. La propia Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía se ha visto afectada por declaraciones que, muchas veces, carecen de base real. He leído atentamente las entrevistas donde pone las cosas en su lugar.
En esta materia hemos de mirar, primero, el largo plazo, y en seguida, el interés del país. Además, tenemos que tratar de mejorar los mecanismos considerados dentro de la propia ley o aplicar correctamente las políticas correspondientes. Pero lo que no podemos hacer es ir en un péndulo, haber avanzado en una materia y después retroceder por una situación circunstancial.
Con franqueza, señor Presidente , creo que estamos en un debate de fondo, ante el cual debemos actuar con seriedad, responsablemente y, en particular, mirando el interés general del país. Las inversiones que en el pasado no existieron, hoy día son realidad. Y si queremos de verdad mejorar la situación de los más desposeídos, hagámoslo en forma directa a través de un subsidio transparente, y no tratando de desmantelar el sistema existente. Ése, a mi juicio, sería el peor error que podríamos cometer.
Termino mi intervención haciendo presente que en la medida en que no tengamos claros esos conceptos, simplemente vamos a desandar el camino. Y es muy importante que el Gobierno observe con atención el efecto perverso que se produce cuando existen servicios básicos con tarifas muy disminuidas en centros urbanos, y mucho más elevadas en zonas cercanas o rurales, pues hace que el atractivo de cambiar a corto plazo su hábitat y emigrar a las grandes ciudades sea una realidad que afectará en definitiva al propio Estado, dado que le resultará mucho más caro construir viviendas, pavimentar e implementar una serie de medidas que, en la práctica, llevan al hacinamiento en las grandes urbes.
Formulo tal planteamiento, señor Presidente, pensando que todos debemos hacer un aporte en tal sentido, y porque creo que no podemos usar el sistema del péndulo para abordar este tipo de planteamientos a largo plazo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley, siguiente inscrito.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , creo que, como lo han expresado otros señores Senadores, el tema requiere mucho mayor atención de la que ha recibido hasta ahora del Congreso, porque toca muy directamente a la opinión pública en forma casi cotidiana.
Y las razones por las cuales la cuestión se ha hecho tan importante en las preocupaciones de las personas diría que son tres, básicamente. Primero, vivimos, como país, una experiencia que en su momento fue bastante inédita y que todavía, probablemente, representa una situación limítrofe, en el sentido de que Chile escogió en los años ochenta un camino con muchos riesgos por ser desconocido, como era privatizar algunos servicios básicos de los cuales depende, en medida no despreciable, el bienestar de la población.
Esa vía no ha sido revertida por los Gobiernos de la Concertación. En algunos casos, y respecto de ciertos sectores, han continuado el proceso de venta de empresas, como las sanitarias, al sector privado.
En consecuencia, nos hallamos en presencia de una política de Estado evaluada muy frecuentemente, como digo, por los usuarios de los servicios, ya que todos los meses reciben cuentas de luz, agua, etcétera. Por tal motivo, ése es un tema central.
Reviste ese carácter, también, porque en el grado de desarrollo de Chile las preocupaciones por la calidad de vida se comienzan a hacer cada vez más gravitantes, respecto de aquellas que simplemente dicen relación a la supervivencia o los niveles de ingreso mínimos que permiten subsistir a una familia. Algunos economistas han realizado estudios comparativos de la evolución del desarrollo económico en distintos países a través del tiempo, habiéndose detectado en alrededor de los cinco mil dólares per cápita, precisamente, un umbral en el que cambia de manera sutil la atención de la opinión pública o la principal presión de la gente sobre el sistema político. En efecto, del deseo de contar con una red mínima de subsistencia en cuanto a ingresos, ya sea obtenidos con el carácter de mínimos o transferidos por el Estado, se ha pasado a otro que apunta a disponer de todos los elementos componentes, más bien, de la calidad de vida, en relación con aquella que se puede lograr en las ciudades, los temas del transporte urbano, las dificultades en seguridad ciudadana y las cuestiones del acceso pronto y oportuno a un servicio básico de buena calidad, con una cobertura razonable, respecto de agua potable, luz, alcantarillado, telefonía, etcétera.
Ésa es la segunda razón. Y la tercera radica en que una vez que los servicios se privatizan tiende a ocurrir en todas las experiencias conocidas que la fijación de tarifas se convierte en un asunto clave. En general, ellos cargan tarifas significativamente más altas que las aplicadas tradicionalmente cuando se encontraban en el sector público. Y, por lo tanto, tratándose del presupuesto de una familia de clase media baja que ahora accede probablemente a un mejor servicio, con más cobertura pero más caro, de agua, luz, teléfono, educación y salud, por mencionar los ítem principales, lo que sucede es que inicialmente se sufre una tensión bastante fuerte y es preciso ir reservando un porcentaje más significativo del presupuesto familiar para cubrir lo que antes eran prestaciones básicas "garantizadas" por el Estado, como quien dice, por lo que había mayor grado de libertad para gastar la plata en otras cosas.
Y lo anterior origina una tensión -de nuevo- en el usuario, respecto no sólo de la empresa, sino también del ámbito político, para que se mantenga la sensibilidad con el objeto de que en el sector ahora privatizado no se cometan abusos, se establezcan tarifas justas y, al mismo tiempo, ellas se concilien, obviamente, con mayor cobertura. La idea de tarifa justa, entonces, supone erradicar el abuso, por un lado, pero también permitir las inversiones que las empresas necesitan para ir aumentando su cobertura y mejorar la calidad del servicio.
Esos tres factores determinan la relevancia de lo que nos ocupa y hacen también crítico el tema de la confianza de los usuarios en que el servicio que se presta responde al bien colectivo, y no simplemente al motivo de lucro por parte de las empresas. En la medida en que esa creencia no se halle cautelada, la legitimidad de un sistema privatizado de servicios básicos se va atenuando y se convierte, como lo mencionaré más adelante, en una presión para revisar toda la política, eventualmente.
Puedo dar dos ejemplos de sectores en los cuales se debilitó la confianza de los usuarios. Y así lo reflejan las encuestas de opinión pública. Uno de ellos es el de las rentas vitalicias. Ayer despacharon las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, el proyecto respectivo, que ha demorado más de cinco años en el Congreso. A través del tiempo se constató que quienes administraban el sistema cobraban, a todas luces, comisiones excesivas, una parte de las cuales correspondía a la empresa o compañía aseguradora y otra era una forma de "licuar", como se dice elegantemente, esto es, de dar liquidez, contra el monto de las pensiones, a la persona que iba a recibir la renta vitalicia. Otros lo han calificado de coima encubierta, para que se compre la renta vitalicia en una compañía y no en otra.
Como resultado, el mecanismo ha sufrido un desprestigio. Las comisiones han llegado -y todavía conforme a las últimas cifras- incluso a 8 y 9 por ciento del monto de la renta vitalicia. Ése no es el tema específico de hoy, pero sí reviste carácter genérico.
Asimismo, se presenta la situación de las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Durante años no pudimos cambiar una estructura en la que también existían comisiones "por debajo de la mesa", determinantes de que fuera extraordinariamente alto el costo de mantener para el usuario la libreta de la administradora.
Y el Senador señor Ominami , en esta sesión, nos ha ilustrado con otro caso: el de las sanitarias. Entiendo que Su Señoría hizo referencia específicamente a la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL). Por mi parte, apoyo y suscribo lo que expresó. Se plantean dos temas con respecto a esa entidad. Uno de ellos es el de los reajustes de tarifas y el otro, como lo mencionó mi Honorable colega, el relativo al diseño inicial de sistemas para fijarlas. Y creo, como el Senador señor Ominami , que esta última no ha sido una buena experiencia y que, por lo tanto, obliga de alguna manera a revisar lo hecho originalmente.
Respecto de las tarifas, es efectivo, como aseveraba recién el Honorable señor Romero , que las relativas a algunas de las sanitarias se comenzaron a reajustar a partir de 1989-90 y que inicialmente los incrementos fueron bastante sustanciales. Entre 1990 y 1995, algunas de ellas casi se duplicaron: aumentaron en 90 por ciento. También es cierto que fue necesario tomar esa medida precisamente porque en la fase inmediatamente previa se encontraban congeladas. De hecho, se había instaurado, por lo tanto, un mecanismo de subsidio vía tarifas, que es la peor forma de materializarlo, porque reviste un carácter indiscriminado y la mayor parte la reciben sectores que pueden pagar por el servicio: los grupos medios y altos, que son los que más consumen.
La política de subsidiar en esa forma corresponde, en realidad, a una noción más populista, vigente en Chile y en América Latina con anterioridad. El resultado de corregir esa situación en el período 1991-95 fue que aumentó sustancialmente la inversión en el sector sanitario, desde unos 25 millones de dólares anuales, en la fase previa a 1989, hasta 130 millones de dólares anuales, en el período 1992-95. O sea, la política tuvo su sentido.
Me parece que el Senador señor Ominami , en lugar de centrar la discusión acerca de si el alza de ESVAL o de EMOS era o no era justificada, señaló con claridad que el procedimiento o método utilizado no es bueno. Su Señoría lo ilustró con mucha claridad.
Si la Superintendencia expresa que la tarifa correcta debe ser 10 por ciento inferior a la que prevalece y la empresa sostiene que debe ser 40 por ciento superior, hay algo que anda muy mal. Obviamente, está ocurriendo lo que manifestó Su Señoría y a lo cual me acabo de referir, esto es, que en el sistema hay un incentivo para extremar resultados. Lo mismo se ha observado en el sector eléctrico y en otras áreas.
En el fondo, ello implica forzar la mano a la empresa para falsificar hacia arriba. Y como la Superintendencia sabe que se encontrará con una empresa que cuenta con una tremenda asesoría y con un gran cuerpo de ingenieros que justificarán "racionalmente" esa alta tarifa, ella va a tratar de sesgar hacia el otro lado, para que finalmente se llegue a un promedio.
Sin embargo, eso no es bueno. Los malos diseños hay que corregirlos. El problema radica en que, una vez fijada la tarifa, ésta se mantiene por cinco años. Y esto significa que habrá un descontento acumulado del usuario por todo ese período, lo que, a mi juicio, es peligroso.
En cuanto al rol de los peritos, tengo conocimiento de que en el caso de ESVAL -y supongo que también de EMOS- aquél no estaba en el espíritu de la ley. Ellos fueron indebidamente presionados por las empresas -digámoslo claramente-, las cuales tienen gran poderío y mucha capacidad para influir en sus decisiones y para cargar la balanza hacia un lado. Eso crea desconfianza en el sistema.
Por lo tanto, suscribo lo manifestado por el Senador señor Ominami en cuanto a que es necesario corregir el mecanismo y que se debe contar a lo menos con una lista de personas intachables -no digo que las otras no lo sean-, cuya independencia esté absolutamente garantizada, o bien, que se pueda disponer de firmas asesoras que den seguridad al usuario en orden a que la fijación de tarifas no será sesgada hacia ningún lado.
Me refiero no sólo a las Superintendencias representadas en esta sesión, sino también, por sobre todo, a las relacionadas con los sectores sociales; vale decir, a las Superintendencias de AFP, de ISAPRES, etcétera, respecto de las cuales existe la percepción -y lo voy a decir con mucha franqueza- que tienen cierta debilidad estructural frente a los sectores que regulan. Esa debilidad se produce por la tremenda asimetría existente en materia de recursos humanos. En efecto, una empresa monopólica cuenta con alrededor de cien ingenieros encargados de analizar el problema tarifario; en cambio, la Superintendencia respectiva sólo cuenta con cinco o seis. Esto, de hecho, implica que existe desigualdad en la "negociación de tarifas".
Por otra parte, en algunos de los casos que he mencionado -por lo menos, está muy claro en el relativo a las rentas vitalicias-, las Superintendencias están sometidas a un "lobby". Sobre el particular, he manifestado a la Asociación de Aseguradores -y lo repito en esta Sala- que a mi juicio esa práctica resulta absolutamente excesiva y raya en lo ilegítimo.
Quizás, algunos han leído las inserciones de prensa publicadas por los aseguradores en los diarios en estos días, los cuales saben que el tema está por definirse en la Comisión de Hacienda del Senado. A ellos les he dicho que ese proceder no es legítimo y que lo único que han de lograr en los legisladores, al menos, será endurecer nuestras posiciones. Si para nosotros ha sido agobiante y difícil resistir esa presión, me imagino cómo lo será para una superintendencia, que debe escuchar a estos señores todos los días en el teléfono, pidiendo entrevistas y ejerciendo presiones.
Por lo tanto, a las proposiciones del Senador Ominami agregaría otra: de una vez por todas legislemos para que el "lobby", que es una actividad legítima, esté regulado con mucha claridad en la ley, y se permita a las superintendencias ejercer una independencia real respecto de influencias que finalmente resultan también nefastas para la propia empresa. Porque en la medida en que el usuario sienta que el poder de esta última es excesivo frente a esas instituciones y pierda su confianza en ellas como protectoras del bien común, se generarán condiciones para que surja una reacción contraria al sistema en su conjunto y para pedir reformas mucho más drásticas respecto de un sector privatizado.
Ahora bien, el foco de la opinión pública, y también de algunos sectores políticos, empieza a cambiar insensible o gradualmente a partir de la idea de mejorar la regulación, hasta llegar al fortalecimiento de los proveedores estatales de los servicios. Esto no sólo ocurre en Chile. El Senador señor Gazmuri -si no me equivoco- expresó que una de las presiones surgidas hoy en el Estado de California y que su gobernador tuvo que aceptar, fue reestatizar algunas empresas distribuidoras de electricidad -por lo menos, transitoriamente-, porque la opinión pública no toleraba el cuadro de escasez de electricidad existente, por un lado, y las presiones para aumentar fuertemente las tarifas, por otro.
Efectivamente, como lo han expresado varios señores Senadores de las bancadas de Oposición, éste es un terreno donde hay que moverse con un gran sentido de responsabilidad. Y la principal responsabilidad es hacer bien las cosas para lograr un buen diseño de estos sistemas y se pueda corregir a tiempo los que son malos.
En cierta oportunidad, el Ministro de Hacienda argentino don Domingo Cavallo me señaló que la experiencia de su país era exactamente igual a la nuestra. Por lo tanto, los errores de diseño inicial cuesta mucho corregirlos, debido al "lobby" de los sectores y a los intereses creados al interior de éste.
En consecuencia, a la proposición específica que nos atañe en nuestra condición de legisladores, creo que sería conveniente agregar otro elemento. Así como existe un mecanismo conforme al cual el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de alguna manera son "fiscalizados" por el Senado respecto de la implementación de una política presupuestaria y monetaria -esto se hace varias veces al año-, me parece que al Parlamento le corresponde cumplir, a través de las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado, un rol más allá del ejercicio de lo que estamos haciendo, con participación del Ministro de Economía y de los Superintendentes pertenecientes a dicha Cartera, incluyendo por cierto a servicios como las Superintendencias de AFP, de ISAPRES y otros. De esta manera, podremos cotejar opiniones, formular comentarios y hacer críticas en forma relativamente regular. A lo anterior debemos agregar la posibilidad de introducir correcciones en la medida en que hayan mecanismos mal diseñados y que estén produciendo resultados negativos, incluso modificando el período de cinco años, aun cuando en algunos casos las tarifas se encuentren congeladas.
A mi juicio, resolver bien estos temas es clave para la confianza de los usuarios y de la gente.
Con respecto al camino escogido en el sentido de que los servicios básicos estén hoy en manos del sector privado, debo señalar que soy partidario de que continúen así, como también lo he sido de que algunos que no pertenecen a él puedan eventualmente ser incorporados. Pero el peso de la prueba corresponde a los legisladores, al Estado y al Gobierno, toda vez que esa forma de gestión debe garantizar a los usuarios la aplicación de tarifas justas, de estímulos adecuados para la inversión de las empresas y una cobertura razonablemente generalizada del servicio y, sobre todo, de la calidad del mismo.
Ése es el desafío.
En mi opinión, el Parlamento tiene que jugar un rol en la materia, cual es estar encima del asunto, fiscalizar, dar y recoger ideas y legislar para que los mecanismos de fijación de tarifas siempre cautelen el interés de los usuarios y permitan, por cierto, que se lleven a cabo las inversiones que necesita el sector.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor DE GREGORIO ( Ministro de Economía , Minería y Energía).-
Señor Presidente , después de mi intervención, me gustaría que los señores Superintendentes pudieran responder algunas preguntas formuladas.
Sin duda, celebramos el hecho de que se puedan discutir aquí estos temas, como también acogemos la proposición de seguir debatiendo en el futuro el asunto y tratar, incluso, de regularizarlo.
En verdad, recientemente ha surgido esa necesidad con motivo de los cambios tarifarios, algunos de ellos motivados por efectos internacionales, por precios o por factores exógenos al sector, como el dólar o el petróleo. Por lo tanto, repetir este ejercicio y hacerlo más frecuente y de manera formal es, sin duda, una propuesta bastante interesante que acogemos.
Creo, además, que los sectores regulados son bastante importantes por la relevancia que tienen en el gasto familiar, en especial en los grupos pobres. De acuerdo a la última encuesta CASEN, a nivel nacional un promedio de 6 por ciento del gasto se destina a los servicios de teléfono, agua y electricidad, pero en el quintil más pobre llega a 10 por ciento. De manera que, sin duda, tal gasto tiene una connotación significativa para la gente con mayores problemas de ingreso.
En materia reguladora, con relación a aquellos sectores donde hay presencia y características naturales de monopolio, nuestra meta consiste en introducir competencia en todos los segmentos donde sea factible, y simular los resultados que arrojaría la competencia en aquellas partes donde las economías de escala y de alcance son tan fuertes que, desde el punto de vista social, no se justifica la existencia de más de una empresa.
¿Qué se conseguirá con eso? Asegurar y simular competencia posibilita precisamente lograr dos objetivos: garantizar que haya incentivos para inversión y desarrollo en el sector, y que los precios sean bastante bajos y lleguen en condiciones de eficiencia a los consumidores.
Para cumplir con tales objetivos, en particular en los sectores regulados, es preciso eliminar las barreras de entrada a la competencia -para que se introduzca, por ejemplo, la integración vertical en segmentos no competitivos del servicio- e implementar en forma muy amplia y efectiva la desagregación de redes, para reducir los "cuellos de botella" o la monopolización de las instalaciones esenciales para dar servicio.
En la medida en que se logre introducir competencia y cuando los avances tecnológicos lo permitan, estaremos en condiciones de liberar las tarifas y terminar con procesos tarifarios costosos, tanto para la empresa como para la autoridad, y que pueden generar incertidumbre en las áreas reguladas.
En los segmentos de prestación de servicios donde sea imposible la competencia, deberemos revisar -y a la luz del presente debate surgen muchos cuestionamientos- si nuestra legislación es mejorable en lo referente a la determinación de los procesos tarifarios.
Es necesario examinar tanto los procedimientos como el modelo de tarificación. Durante años nos hemos apegado al concepto de empresa modelo. Es tiempo de evaluar si efectivamente constituye un buen mecanismo y el mejor concepto y compararlo con otros modelos tarifarios.
En el Ministerio de Economía hemos estado trabajando y, al mismo tiempo, realizando grandes esfuerzos en los últimos meses, para fortalecer las capacidades de regulación; efectuar aportes más contundentes en los criterios de eficiencia económica y análisis de organización industrial e institucional de los procesos tarifarios en los sectores regulados, y formular políticas, leyes y reglamentaciones.
Al respecto, cabe hacer una observación importante: el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de la regulación no debe entenderse como un cambio en las reglas del juego. Nuestra principal regla del juego en materia regulatoria es caminar hacia un óptimo social donde exista efectiva competencia. En la medida en que vayamos corrigiendo esos marcos, deberíamos avanzar.
Una cosa es que las reglas del juego cambien cuando la práctica y los conceptos dejan en evidencia que existen mejores maneras de regular para alcanzar nuestro óptimo social y así reducir las distorsiones que introducen todas las imperfecciones de problemas de información -que sin duda generan desequilibrios en el proceso regulatorio-; y otra cosa muy distinta es que las reglas del juego no sean claras, que se interpreten en forma diferente de un proceso tarifario a otro y que no se explicite y discuta abiertamente la justificación para los cambios. Es decir, las reglas del juego pueden variar, pero hay que hacer esfuerzos fundamentales para reducir la incertidumbre regulatoria. Por ello, es conveniente implementar cambios de envergadura en nuestra institucionalidad regulatoria.
Eso no significa, simplemente, una resignación de funciones entre distintas reparticiones, ni dar más claridad a las atribuciones y objetivos de cada una. Eso implica -y evidentemente aquí se han recogido propuestas bastante interesantes- realizar cambios de fondo en el funcionamiento de las instituciones reguladoras; avanzar hacia un mayor grado de independencia política y económica de las autoridades del sector.
No es admisible que -como se ha manifestado- la capacidad y la independencia económica que deberían tener nuestras Superintendencias para acometer estudios se encuentren tremendamente limitadas y, más aún, sujetas a restricciones presupuestarias globales razonables, las cuales tienen que ver con el contexto macroeconómico.
Por eso, parte de la revisión tendrá que aclarar cómo hemos de avanzar en los dos campos mencionados: reducir la incertidumbre regulatoria y, al mismo tiempo, entregar a los órganos reguladores la suficiente independencia para que lleven a cabo una labor efectiva, a fin de evitar que ocurra lo que se indicó anteriormente en cuanto a la captura regulatoria por uno u otro grupo de interés.
Asimismo, es indispensable alcanzar un mucho mayor grado de transparencia en los procesos regulatorios y de tarificación, con el objeto de facilitar el control externo por parte de la ciudadanía y del Poder Legislativo. Para ello, debemos asegurarnos de que todas las decisiones de las instituciones reguladoras sean apelables ante instancias superiores con conocimiento experto en las materias en cuestión y que den cuenta de sus acciones.
Sobre ese punto hemos tenido discusiones muy largas e interesantes por lo ya dicho con referencia a las comisiones de expertos, cuyas determinaciones en el caso sanitario no son apelables y que desaparecen después del proceso de fijación tarifaria. Por lo tanto, puede haber mucha independencia, mucha calidad técnica, pero no hay posibilidad de dar cuenta. A nuestro juicio, la independencia institucional tiene que ir acompañada de suficientes mecanismos de regulación con la finalidad de dar cuenta, o -como se dice en inglés y se está usando hoy- de "accountability". Eso lo necesitamos.
Como tarea mínima inmediata, es forzoso hacer una comparación. En el Ministerio de Economía estamos analizando los procedimientos de los procesos tarifarios de los tres sectores regulados, con el fin de establecer si se justifican o no de justifican las profundas diferencias existentes entre ellos. Es preciso investigar si hay alguna razón de fondo para esas diferencias y qué fórmula utilizar para reducir los problemas planteados por las asimetrías de información entre empresas y reguladores.
Debemos hacer tal esfuerzo. En ese sentido, recogemos la inquietud de poder discutir este aspecto no sólo en el sector sanitario; de ver cómo avanzar en procesos donde la lógica de la fijación tarifaria sea la misma y en los cuales se puedan reducir las posibilidades de incertidumbre y de captura regulatoria.
De otro lado, es urgente establecer procedimientos de contabilidad regulatoria que permitan un flujo periódico de información entre empresa y regulador, o sea, lo que en teoría económica se denomina "contabilidad regulatoria", consistente en mantener una información debidamente auditada atinente a los procesos de regulación y cuyo falseamiento involucre, por supuesto, costos importantes para las empresas.
En definitiva, debo manifestar que me complace participar en esta discusión. Sin embargo, quiero dejar tiempo para que los Superintendentes y los Subsecretarios del área hagan las clarificaciones del caso para despejar las dudas planteadas.
Es esencial avanzar en profundidad en este aspecto y, en la medida en que los tiempos legislativos y la elaboración de los estudios necesarios lo permitan, definir lo siguiente: primero, los mecanismos de las fijaciones tarifarias en los sectores regulados; segundo, quién resolverá las discrepancias y, en definitiva, las tarifas, porque la idea de que haya una alta autoridad o consejo para abordar estos temas ha estado en la agenda y en el programa de gobierno del Presidente Lagos y queremos impulsarla; y tercero, quién defiende a los ciudadanos y dónde se hallan establecidos sus derechos.
Al respecto, muchas veces hablamos de que el regulador debe tratar de simular competencia entre las empresas, etcétera. Pero ¿dónde está la participación ciudadana? El Senador señor Ríos mencionaba la escasa injerencia, por ejemplo, de los alcaldes en el proceso de fijación de tarifas del sector sanitario. Éste también debe someterse a discusión, con miras a fortalecerlo; determinar el grado de independencia de los Superintendentes, política y económicamente; plantear los subsidios, que constituyen un tema recurrente pero que deben considerarse en el contexto global de todos nuestros servicios regulados.
Finalmente, un asunto que nos preocupa, en el cual hemos ido avanzando y a cuyo respecto seguiremos haciendo cada vez mayor hincapié, para adelantar desde el punto de vista reglamentario de nuestras atribuciones, es el relativo a la transparencia de los procesos regulatorios.
Estamos dispuestos a entregar toda la información pertinente, a fin de que exista un efectivo control externo en los procesos de tarificación.
En seguida, señor Presidente , deseo ceder la palabra a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, con el propósito de que haga algunas aclaraciones sobre el proceso de fijación de tarifas eléctricas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con la autorización de la Sala, puede usar de la palabra la señora Secretaria Ejecutiva .
La señora BLANLOT ( Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía ).-
Trataré de ser muy breve.
En el tema eléctrico, que ciertamente ha estado en tela de juicio en los últimos días, iré primero a lo particular en términos de describir muy brevemente cómo se han elaborado las fijaciones tarifarias en los últimos tiempos, para luego hablar un poco de las materias más generales que se han mencionado acá.
Existen tres niveles de fijación tarifaria en las que participa directa o indirectamente el Estado. A nivel de generación, lo que se llama el precio de nudo es regulado y tiene un objetivo netamente de estabilización a nivel de transmisión y distribución, que son monopolios naturales. La fijación de precios tiene como objetivo evitar la distorsión monopólica que puede darse en ellos.
Durante el último año se han vivido procesos tarifarios en todos estos segmentos. En lo que respecta a precios de generación, hemos seguido fielmente lo que dispone la ley, que consiste en basarnos en las proyecciones de costos marginales. Estos costos están fuertemente influidos por variables externas, como el tipo de cambio de los precios de los combustibles internacionalmente; y, además, por el balance entre oferta y demanda que se produce o se proyecta para los próximos años. En consecuencia, aquí la fijación tarifaria de precios de nudo está abierta al escrutinio público. Hemos entregado los antecedentes no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la Comisión Investigadora, y demuestran claramente que nosotros, más que seguir la ley, no hemos hecho otra cosa que reflejar la realidad del segmento de generación.
Ahora bien, respecto de los segmentos de transmisión y distribución, si existe algún elemento del sistema eléctrico donde la calidad se determina, es justamente en ellos. Son segmentos que requieren de altas inversiones (en particular el de transmisión) y que han estado relativamente abandonados por un marco regulatorio sumamente limitado para poder reflejar sus características.
En distribución, en la última fijación tarifaria se dio por primera vez una reducción promedio, a nivel de todas las empresas de distribución del país, del 6 por ciento, cuando las reducciones anteriores habían sido de 3 por ciento y 4 por ciento en los años 1992 y 1996.
Quiero poner énfasis en que la reducción no fue un logro ni un objetivo político, sino que simplemente el resultado de ir internalizando las economías de escala que tienen las empresas distribuidoras, y que van adquiriendo en la medida que van creciendo con el tiempo, en términos de cantidad de clientes y de densidad de la demanda. Por lo tanto, la fijación tarifaria -y quiero ser muy enfática al señalarlo- generó una reducción de ingresos promedio para todas las empresas distribuidoras; y de tarifas para los consumidores finales, de 6 por ciento, lo que es completamente contrario a lo que se ha tratado de afirmar en las críticas que se han hecho a mi gestión últimamente.
Me referiré ahora a aspectos más generales y de largo plazo del sector eléctrico.
En primer lugar, hemos estado promoviendo desde el 11 de marzo del 2000 una política claramente fundada en aumentar las condiciones de competencia del sector eléctrico en aquellos segmentos en que esta competencia puede existir, pero preocupándonos de bien regular (no de sobrerregular) los segmentos donde existen monopolios naturales.
La legislación eléctrica está hoy absolutamente desactualizada para las necesidades de nuestro país. Fue muy interesante y muy innovadora en su momento, en 1982; pero han pasado más de 18 años, y ese sector se ha modificado radicalmente, no solamente en Chile sino que en el mundo, por lo que requiere un marco que le permita desarrollarse en forma eficiente para los próximos veinte años.
Hemos estado trabajando arduamente en eso. No es simple, pero deben destacarse algunos aspectos importantes del trabajo de proposición regulatoria que hemos hecho.
Debemos entender que, si bien en el sector eléctrico a nivel de generación puede haber competencia, estamos ante mercados que van a ser siempre imperfectos, a menos que cambie muy diametralmente la tecnología. Por lo tanto, el esfuerzo debe centrarse en introducir competencia, entendiendo que ésta va a ser imperfecta; por lo tanto, se requiere algún grado de intervención del Estado en los procesos.
El precio de nudo, cuya desregulación se ha pedido muchas veces, puede ser efectivamente liberalizado, y así lo propondrá el Ejecutivo ; pero para eso se requiere como condición previa, evidentemente, que aseguremos que habrá un nivel de competencia aceptable en ese segmento. Y, para asegurar tal nivel de competencia, lo que se requiere es bajar barreras de entrada, lo que también está contenido no sólo en nuestras políticas, sino también en la propuesta de nuevo marco regulatorio.
Las barreras de entrada que existen en el sector de generación están dadas en gran medida por mecanismos inadecuados -o, diría yo, desactualizados- de operación y coordinación de los sistemas interconectados. Ello, por un acceso abierto que no está garantizado a los sistemas de transmisión y distribución, lo que hace que el mercado tenga obviamente una capacidad muy limitada de introducción de competencia; y, además, por la falta de regulación de las interconexiones internacionales, de las cuales, obviamente, la primera y más importante debiera ser con Argentina. Ésta daría acceso a un mercado mucho más competitivo y con mejores potenciales, justamente por su tamaño y por la escala en la que funciona.
En consecuencia, somos firmes partidarios de liberalizar el segmento de generación a nivel de precios; pero haciéndolo justo en la misma medida en que se introduzca real competencia en el segmento de generación mediante un mejoramiento de la regulación.
Por otra parte, y en lo que se refiere a los segmentos de monopolio natural que deben ser regulados (transmisión y distribución), nuestra política es la de mejorar los procesos regulatorios en una serie de sentidos, todos muy coherentes con lo que antes se planteó acá. Creemos que debe tomarse en cuenta que los procesos regulatorios o los procesos tarifarios en el mundo están siendo discutidos y sometidos a escrutinio, porque no ha sido fácil para ningún sistema desregulado, en donde son empresas privadas las que negocian al otro lado de la mesa, encontrar sistemas que permitan participación abierta, suficiente transparencia, y que ello sea coherente con rigurosidad técnica y con ecuanimidad en los procesos.
Los elementos de más difícil diseño, diría yo, que en estos procesos se pueden mencionar, tienen que ver con los sistemas de resolución de divergencias, que están relacionados con nuestras comisiones de expertos. Y nosotros, en materia eléctrica, consideramos que el rediseño de los procesos de tarificación exige una gran atención. Hemos propuesto en la nueva ley eléctrica un sistema muy distinto de los que hemos visto hasta ahora, lo que debe ser discutido también a la luz de lo que se proponga para los otros sectores.
Específicamente, estamos proponiendo procesos con estudios únicos, abiertos a la participación de instituciones académicas y de organizaciones de consumidores, y sujetos a completo escrutinio público de principio a fin, con sistemas de resolución de divergencias por parte de organismos superiores de características estables.
Quiero insistir en que éste es un asunto de amplio debate en el mundo internacional, al que, a mi juicio, no debemos tenerle temor alguno aquí en Chile. Necesitamos mejorar la transparencia y la rigurosidad en estos procesos.
Se mencionó también que existen limitaciones o distorsiones en la forma en que se regulan o que se prestan algunos servicios complementarios a los sistemas de servicio público. En el sector eléctrico, se está, por primera vez ahora, empezando a trabajar en la regulación de precios y en la regulación de la calidad y de la forma de suministro de una serie de servicios complementarios, como el arriendo y la mantención de medidores, la reconexión de servicios, el mantenimiento del alumbrado público y otros, que, si bien tienen características monopólicas en nuestro país, no estaban regulados hasta ahora, y tanto la Comisión Nacional de Energía como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, están desde ya trabajando activamente en eso.
Lo que ha estado pasando en otros países y que puede parecer el resultado de procesos de desregulación, como en California, son racionamientos y déficit. El fenómeno de California, que es extremadamente preocupante y que, al parecer, se repetirá también en Brasil en términos de posibles racionamientos, no está aislado en esos dos países. Estamos viviendo en el mundo de la energía, a nivel internacional, una cierta escasez de fondos con relación a la demanda. Es así como la demanda por electricidad está creciendo a tasas mayores que las presupuestadas en todo el mundo desarrollado, lo cual tiene mucho que ver con la nueva economía.
En este momento, el área de la inversión en energía se ha visto modificada por un factor de demanda, por una parte, y también por un factor de oferta, que es la introducción de exigencias ambientales y, de alguna manera, la dificultad de compatibilizarlas con la necesaria expansión de los sistemas energéticos.
La suma de los dos factores es lo que generó y está generando los déficit en California. No es la desregulación. Si bien ésta ha incidido en alguna medida porque fue mal diseñada -el tema se puede discutir largamente-, los factores fundamentales han sido un crecimiento desmesurado de la demanda en el mundo desarrollado debido a la nueva economía, y los problemas de oferta que surgen por la dificultad de compatibilizar medio ambiente y energía. Este fenómeno no es privativo de esos lugares; también lo vamos a vivir en Chile, de modo que resulta importante darse cuenta de que la única manera de lograr compatibilizar crecimiento, medio ambiente y, al mismo tiempo, tarifas razonables, es manteniendo lo que consideramos una política tarifaria rigurosa, que no se aparte en ningún caso de los postulados económicos que le dan base y que, obviamente, no ceda a presiones demagógicas.
El señor DE GREGORIO ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , también se han hecho consultas en materia sanitaria. Se podrían aclarar algunas dudas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tengo que cumplir con los tiempos asignados a los señores Senadores, señor Ministro . Pero, si más adelante es necesario, se le concederán algunos minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , me parece importante hacer tres o cuatro reflexiones.
En primer lugar, quiero señalar que los cambios que se han venido dando en nuestro país desde hace 20 años a esta parte, tuvieron el sentido, o más bien -digámoslo claramente- la justificación de que iban a ser mejores para los consumidores o -si queremos ser más amplios- para la gente en general. Sin embargo, es indudable que ese objetivo hoy aparece cuestionado, no sólo por el hecho mismo de que se haya decidido realizar esta sesión, sino también por la correspondencia que uno encuentra con la gente común con la que uno conversa y se relaciona. Sin duda, la situación es preocupante. Porque, si se hace un cambio, se hace para mejor; se hace no sólo por razones ideológicas, y, en mi opinión, no precisamente por razones ideológicas; se debe hacer, más allá de la posición que se tenga en ésta u otras materias, porque beneficia a la gente, beneficia al país.
Después de escuchar a varios señores Senadores y las razones que aquí se han dado, aparece tremendamente claro que ha habido errores, que no se previeron algunas cosas y que, incluso -seamos más abiertos todavía-, ha habido abusos. Y eso es, por cierto, lo que motiva la realización de esta sesión.
Si uno analiza las cosas con objetividad, más allá de los resultados de hoy, quizás precarios en el tiempo, debe concluir que las decisiones adoptadas y la implementación de las políticas obedecieron a razones ciertas, pues no se podría haber enfrentado la situación en la forma como se estaba llevando adelante la satisfacción de los servicios públicos.
Es cierto -nadie lo puede discutir- que se necesitaba más inversión y que, tal como ella se venía dando, no se iba a lograr el nivel deseado. Es cierto que la gestión de los servicios públicos era, en muchos casos, cuestionable, por decir lo menos, y además, si avanzamos al fondo del problema, que la misma justificación de algunas de las medidas tomadas por la autoridad atentaba, a veces, contra una verdadera justicia redistributiva.
Es decir, de haberse seguido resolviendo los problemas con la fórmula de hace 20 años, quizás las inquietudes y demandas de la gente serían hoy mayores y, no me cabe duda, habríamos perdido un tiempo valioso.
Pero nada de eso justifica, a mi juicio, no entrar a revisar los puntos en que ello resulta necesario, a fin de que la decisión de manejar los servicios públicos en la forma como actualmente se está haciendo sea realmente buena. No digo óptima, porque eso siempre va a ser imposible, pero hay cosas que pueden y deben revisarse.
El Senador señor Ominami , con mucha razón, puso un ejemplo que quizás es bastante gráfico de lo que ha pasado. Y ese solo ejemplo -al cual se le pueden sumar otros, por cierto- debería llevarnos a estudiar de verdad la manera de mejorar el sistema regulatorio dentro de un marco legal que permita hacerlo realmente eficiente.
En segundo lugar, es evidente que los derechos de los consumidores, entregados a una cautela o una representatividad por parte de los alcaldes, no han sido cautelados, y que toda la normativa existente sobre la materia no tiene sentido alguno.
Por último, en este mismo orden de cosas, ha quedado claro, tal como algunos lo señalamos cuando se legisló sobre el tema, que las Superintendencias no están en condiciones de ser una debida contraparte para resguardar de verdad los intereses de la comunidad.
Aquí no podemos quejarnos de nada, ni menos, a mi juicio, sostener que lo que ha ocurrido es un abuso por parte de quienes se hicieron del manejo de las empresas. Porque eso es lógico y, diría yo, estaba en las reglas del juego. Ellos están haciendo lo que les corresponde en defensa de sus intereses.
La ingenuidad, o la torpeza -si lo queremos plantear aún más duramente-, no está en las Superintendencias ni menos en las personas que han ejercido los cargos -no pongo en duda su capacidad y, sobre todo, su honestidad-, sino en no darnos cuenta de que si queremos que las cosas se manejen con cierto grado de control o de igualdad, debemos crear y generar las condiciones adecuadas. Pero no podemos pretender que las entidades públicas asuman tareas titánicas o tareas fuera de toda realidad si no las dotamos de todos los elementos que requieren y necesitan.
Esto se dijo y varios lo hicimos presente en el Senado, y, lamentablemente, a muy corto andar, ha quedado demostrado que es una de las situaciones de mayor gravedad.
Por todo lo anterior, señor Presidente , me parece que es necesario efectuar una revisión. Lo que al Senado corresponde, constitucionalmente, ya sea participando en una ley o ejerciendo sus atribuciones, es más bien un planteamiento de esta naturaleza. Las tareas fiscalizadoras debemos dejarlas a quien corresponde; para eso están los Diputados. Lo que nosotros debemos hacer hoy día, utilizando esta sesión y otras instancias, incluso partidarias, es representar la situación al Ejecutivo , con miras a crear un marco regulatorio que modernice y actualice el sistema vigente, el cual considero conveniente, o que por lo menos lo deje en condiciones de operar. No creo que esto pueda ser contrario o dañino para la inversión o para el sector privado.
Incluso, un distinguido Senador formuló aquí un planteamiento que -Su Señoría tendrá que perdonarme por ello- no puedo dejar de representar: no confundamos ni llevemos las cosas a situaciones que nada tienen que ver con la materia que nos ocupa. Plantear acá una actuación presidencial con motivo de un hecho muy lamentable que causó la muerte a un trabajador y mezclarla con este tipo de cosas no es bueno y no lleva a una revisión seria, reposada, moderada e inteligente de una cuestión tan importante para el país como es el buen manejo de los servicios públicos.
En resumen, pienso que en este punto central se debe actuar sin ideologismos; es necesario atenerse a los resultados; hay que estar dispuesto a revisar lo que no ha funcionado, para mejorarlo, y a crear superintendencias adecuadas, con instancias de fiscalización en los planos en que corresponda hacerla.
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Moreno .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con cargo a su tiempo, señor Senador ,...
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Por supuesto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
...tiene la palabra el Honorable señor Moreno .
El señor MORENO .-
Señor Presidente , en la línea del raciocinio hecho en esta Sala por el Senador señor Adolfo Zaldívar y, anteriormente, por los Honorables señores Foxley y Ominami , quiero dar un ejemplo concreto de la necesidad que existe de actuar con absoluta trasparencia y claridad, ante la opinión pública y las poblaciones comprometidas, respecto del sistema de fijación y regulación de tarifas de los servicios públicos.
Represento en el Senado a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, donde se encuentra una central hidroeléctrica de término de río, la central Rapel , la cual, producto de las circunstancias en que fue construida, ha generado un medio de vida para un importante sector de la población. Obviamente, esto está ligado a dos fenómenos que de manera recurrente se presentan allí. Primero, cuando llega el instante de fijar tarifas, se observa en el lago Rapel una circunstancia que para la población es bastante peculiar: se coloca en operación la central en períodos donde no existe la mayor demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, cuando la gente ve que baja el nivel de la cota del lago y se colocan en riesgo la sobrevivencia económica y la permanencia de quienes han hecho un medio de vida de los servicios que otorgan -4 mil a 5 mil personas se hallan en esta situación-, se pregunta por qué en momentos en que no hay un "peak" de demanda de energía eléctrica, en el verano o en meses en que no llueve, la central Rapel la genera. Y los propios lugareños se responden: porque ello incide en la fijación de las tarifas (lo que implica la realización de cálculos, de acuerdo con la Central de Distribución y aplicando el complejo mecanismo existente al efecto), ya que se genera un colchón entre quienes van a utilizar la central hidroeléctrica en el instante en que se da la orden de funcionar y lo que significa la puesta en marcha de las plantas que utilizan gas.
¡Eso piensa la gente que represento en el Senado! ¡Y no hemos sido capaces de dar una respuesta sobre el particular! Porque la ciudadanía sostiene: "Aquí hay intereses que llevan a alterar el mecanismo de fijación de tarifas y que incluso generan el término de nuestra actividad económica".
Junto con agradecer la interrupción que me concedió el Honorable señor Zaldívar , quiero concluir reiterando algo que ya planteó un señor Senador: el tema de los subsidios debe ser visto no sólo desde el punto de vista socioeconómico de la población, sino también desde la perspectiva de la ubicación física de ésta.
Al igual que otros señores Senadores, represento aquí a zonas rurales que están accediendo hoy a un concepto de modernidad y de habitabilidad. Pensar que en ellas se deben pagar tarifas más altas producto de la distancia, de los arranques, de todo el mecanismo necesario para llevarles electricidad, es contradecir el concepto de desarrollo armónico y equitativo en el país, lo cual, obviamente, debe quedar consignado.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se oficie en mi nombre al Gobierno para pedirle que estudie una discriminación positiva respecto de los subsidios en las zonas rurales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
Recupera la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Comparto plenamente lo expresado por el Senador señor Moreno , que, por cierto, complementa bastante lo que he intentado señalar.
Quiero hacer, señor Ministro , una última reflexión, bastante seria.
Algunos todavía no entienden que la geografía de Chile es extraña y curiosa; que en nuestro país no todos han entrado a la vida al mismo tiempo; que los extremos norte y sur tienen particularidades muy diferentes, y que mantiene cierta uniformidad la zona central -de la que tanto nos hablaron-, entre Aconcagua y el Biobío. En el resto del país, señor Ministro , las cosas son distintas y hay más de un problema, como el que muy bien expuso el Honorable señor Moreno .
Mi propósito es plantear al señor Ministro que no se debe actuar con ideologismo -éste hizo mucho mal en nuestro país y siempre es dañino cuando se intenta resolver problemas económicos-, sino con realismo, con nuestras particularidades, con lo que somos.
Por eso, en lo que respecta a la Undécima Región, no caben parámetros valederos para la zona central o reglas generales. Allí necesitamos que el Gobierno, que representa o encarna al Estado en su gestión, actúe con prudencia para generar condiciones, no de excepción, sino de igualdad. Porque no da lo mismo vivir o trabajar en esas latitudes que en el resto del país.
Al respecto, señor Ministro , nos preocupa que no se entienda que el rol subsidiario debe ser creado para permitir a la gente desarrollarse, vivir. Bueno sería que allí la situación fuera similar a la del centro del país. Pero con tan poca población, una empresa de agua potable, por ejemplo, no puede tener tarifas como las de la zona central. Y eso vale también para la energía eléctrica.
Hasta hoy, a la autoridad le cuesta entender eso.
Más aún, ahora se piensa concesionar la Empresa de Servicios Sanitarios de Aisén S.A. (EMSSA).
Desde ya, señor Ministro , le digo que un paso como ése, además de no entender la realidad de la Undécima Región, implicaría un atentado contra la gente y contra cualquier medida seria que deseara adoptarse para el desarrollo de la zona.
Por eso, señor Ministro , le formulo hoy esta prevención. Porque si mañana priman pensamientos burocráticos o ideologismos y aquella tentación no puede cautelar debidamente el bien común, nos vamos a meter en problemas y por mi parte -créamelo- habrá, no sólo una representación, sino también una oposición muy activa.
Si la Undécima Región recibe del Gobierno el debido cuidado, podremos crear condiciones para desarrollar en serio, por ejemplo, la acuicultura. Pero si mañana servicios básicos o primarios como éstos no se dan, nos va a pasar un poco lo que sucede hoy a Chile con el cobre, donde para las grandes empresas el negocio es producir concentrados y que la etapa de fusión y refino se realice en el exterior.
Si mañana tenemos un desarrollo acuícola interesante, no sólo queremos ser simples engordadores de peces, sino también dar trabajo a la gente. Ello se logra sobre la base de tener insumos que lo permitan. El Estado podría mantener una política adecuada en el primer período, afrontando el resto después, cuando las inversiones regionales se materialicen seriamente.
Por eso, señor Ministro , he querido formular esa prevención sobre la materia a que me referí, de tanta trascendencia para la Undécima Región. Mañana, si se dan las condiciones, se pueden crear ahí fuentes de empleo numerosas y adecuadas, sin tener que preocuparnos, como hoy día, de comprar trabajo ante la falta de eficacia o de profundización del modelo.
Por cierto, hago tal prevención no sólo al señor Ministro , sino a todas las instancias decisorias, pues una resolución en el sentido expuesto podría causar un daño muy grande.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , cedo dos minutos de mi tiempo al Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Gracias, Honorable colega.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Secretario dará una información y luego podrá intervenir el Senador señor Larraín.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo en cuanto a solicitar al Ejecutivo la revisión de los sistemas y procesos de fijación tarifaria. Lo suscriben los Senadores señores Gazmuri, Chadwick, Díez, Boeninger, Ominami, Adolfo Zaldívar, Sabag, Bitar, Foxley, Cordero, Larraín, Silva, Prat, Andrés Zaldívar y Zurita.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , ¿puede pedirse que se vote el proyecto de acuerdo en esta sesión y que sea respaldado por la unanimidad de los señores Senadores?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El Reglamento me obliga a dejarlo para el Tiempo de Votaciones...
El señor LARRAÍN.-
Salvo que haya unanimidad de los señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No sé si el Reglamento lo permite. En todo caso, estudiaré la situación y luego resolveré al respecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , deseo referirme en forma muy breve -no quiero agregar comentarios, porque el tiempo es escaso- a la necesidad de tener tarifas reales que permitan una adecuada inversión y no experimentar falta de abastecimiento en algunos servicios básicos, como se presume que puede ocurrir, por ejemplo, en el ámbito de la energía eléctrica. En mi concepto, ello debe ir acompañado de una política de subsidios apropiados. Varios señores Senadores lo han mencionado a propósito de los sectores rurales.
Al respecto, pido enviar al Presidente de la República un oficio que englobe las inquietudes que se han expuesto sobre esta materia.
En el ámbito del agua potable, el Primer Mandatario tiene hoy atribución para extender los subsidios más allá de lo que ya ha dispuesto. Por lo tanto, le solicito una ampliación hasta el tope, a fin de lograr compatibilizar tarifas más reales, probablemente, con un subsidio adecuado y focalizado, dentro de los parámetros que le fija la ley.
En cuanto a los otros servicios, como la energía eléctrica y la telefonía, me parece que debe estudiarse también una política de subsidio orientada en dos sentidos: por un lado, a los estratos de menores ingresos -ello es particularmente relevante hoy día, dada la situación de cesantía- y a sectores con bajas jubilaciones; y por otro, a los sectores rurales (por ejemplo, los costos de telefonía rural en mi circunscripción -estamos hablando de 12 mil a 14 mil pesos por concepto de servicio básico- son inabordables).
Me parece indispensable que la autoridad ejecutiva, conforme a la facultad ya referida, defina una política de subsidios focalizada, que considere niveles de ingreso y localización territorial, especialmente en los sectores rurales, en todos los servicios básicos -agua potable, energía eléctrica y telefonía-, adoptando las medidas necesarias para que el sistema tarifario opere correctamente, sin distorsiones económicas, pero, sí, protegiendo a los sectores de menores recursos.
Reitero, entonces, mi solicitud de enviar al Presidente de la República, en mi nombre -y ojalá en el de todos los señores Senadores-, un oficio que englobe las inquietudes expuestas sobre la materia.
El señor MORENO .-
Pido incluir mi nombre en la petición formulada por el Senador señor Larraín.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Y también el mío.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio en nombre del Senado.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , también me sumé al oficio que se acordó remitir. De hecho, tenía contemplado como punto tercero de mi intervención el establecer por la vía de una modificación legal -es lo procedente- un subsidio a los sectores más necesitados desde los puntos de vista social y territorial, al igual como ocurre con el agua potable, en materia de energía eléctrica y comunicaciones.
Tanto de las intervenciones habidas aquí como de los antecedentes que nos hizo llegar el Gobierno, y en particular la Comisión Nacional de Energía, queda claro que las acusaciones que en su momento se formularon a la Secretaria Ejecutiva, no sólo eran falsas, sino que además estaban mal informadas.
En el informe sobre el cálculo tarifario de la electricidad, en el cual influyen -como lo señaló la Secretaria Ejecutiva- los precios por distribución, hay una rebaja promedio en el país de 5,9 por ciento entre los años 1996 y 2000. Ello, sin duda, se debe fundamentalmente a innovaciones tecnológicas y, también, a una economía de escala. Mas, el alza se debe a los precios de nudo, con sus subelementos, como son potencia y energía, y a las subtransmisiones.
En los antecedentes que se nos hicieron llegar, con relación a las alzas, se dice textualmente: "En lo que respecta a precios de nudo, la Comisión puede demostrar que las reducciones de precio implementadas entre los años 1997 y 1998 implicaron la caída de las rentabilidades esperadas para las inversiones futuras, a tasas entre 5% y 7% siendo ésta la causa principal de la falta de aumento de la oferta de generación, y del peligro de racionamiento en el Sistema Interconectado Central para los próximos años. La CNE considera que para el país y para los consumidores es prioritario que los precios se recuperen a los niveles reales, lo que permitirá la recuperación de la inversión y de la seguridad de suministro. Lamentablemente el esfuerzo de la recuperación de precios se ha acentuado debido a las alzas de los precios internacionales de los combustibles.". Es decir, esto, que era previsible, podría haberse hecho, a nuestro juicio, en forma más gradual.
Por otra parte, en cuanto a los precios de subtransmisión, se señala que "en 1996 la anterior administración se comprometió a revaluar los precios correspondientes, que estaban claramente desfasados al no haberse adaptado al crecimiento de los sistemas desde 1992. Sin embargo, y por razones que se desconocen, la Secretaria Ejecutiva de la época postergó el recálculo en forma periódica, llegándose así a una nueva fijación tarifaria sin que el regulador hubiera cumplido con esa obligación.".
Creo que esos dos puntos merecen una mayor consideración respecto de la materia que nos congrega en esta oportunidad.
Aclarado lo anterior, deseo hacer algunas consultas.
En primer lugar, qué efectos tienen en las alzas tarifarias los conflictos de emplazamiento que se han generado. Al no existir una política y una normativa que regule el ordenamiento territorial, se han postergado proyectos de generación eléctrica. Es el caso de la ampliación de la central Nehuenco, en Quillota, donde hay un manifiesto rechazo a su localización. Una situación similar, con variantes, ha ocurrido en Ralco.
Asimismo, deseo consultar al Gobierno qué políticas de fomento desarrollará en el futuro, sobre todo en las áreas rurales y en las más aisladas, en cuanto a sistemas de generación de energía alternativos. Me refiero a la energía eólica, a la solar o a pequeñas centrales que puedan independizar de las alzas tarifarias a esos importantes sectores y permitir así un desarrollo armónico del país.
La Región de Aisén, señor Presidente -con esto termino-, cuenta con el mayor potencial hidroeléctrico del territorio nacional, debido a su gran disponibilidad de aguas. Sin embargo, por su baja población, sufre el absurdo de tener, no sólo la energía eléctrica más cara de Chile, sino la quinta más cara del mundo. Y lo mismo ocurre con la tarifa del agua potable, que es una de las más altas del país.
En particular, deseo saber por qué los fondos que se obtuvieron al privatizar la Empresa Eléctrica de Aisén no se reinvierten en la Región para abaratar las tarifas de esos dos servicios básicos, sobre todo considerando que más de 75 por ciento del sistema opera en función de centrales térmicas, lo cual, obviamente, es un contrasentido, si bien desde el punto de vista económico y de eficiencia tiene racionalidad, por un problema de escala y de baja demanda.
La aplicación de una política tendiente a fomentar el desarrollo en regiones, desconcentrar y generar, en una evaluación integral, un resultado país muchísimo más positivo, requiere sin duda inversiones en ese sentido.
En particular, respecto de los distintos modos de generación, en la Undécima Región la empresa eléctrica de Aisén se ha excusado ante la autoridad por su retraso en la implementación de la central de Lago Atravesado señalando que las autorizaciones ambientales han impedido iniciar su construcción, pese a que estaba recomendada para 2000 en el plan de obras original propuesto en 1996. Sin embargo, investigada esta situación, la verdad es que la Comisión Regional de Medio Ambiente hizo mínimas observaciones al proyecto y la empresa sencillamente no las contestó, y por esta vía postergó esa inversión para seguir generando electricidad con petróleo diesel y con petróleo IFO-180, que encarece el servicio en la zona austral.
He dicho.
El señor BITAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de mi respaldo a la señora Vivianne Blanlot , Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía , frente a los ataques de que fue objeto durante la semana y que se han comentado en la Sala hoy día. Deseo señalar también que me consta su dedicación y honestidad y, en tal sentido, rechazo las sugerencias que atentan contra su honra y profesionalismo.
El señor OMINAMI .-
Señor Presidente , adhiero a lo planteado por el Honorable señor Bitar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como varios señores Senadores se han sumado a dicho respaldo, se tomará nota de sus nombres.
El señor RÍOS.-
Hagámoslo en nombre del Senado, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Entonces, a ese respaldo adhiere la Sala, en su conjunto.
En el tiempo que resta, tiene la palabra el señor Superintendente para responder algunas consultas.
El señor SALDIVIA ( Superintendente de Servicios Sanitarios ).-
Señor Presidente , por lo breve del tiempo, me referiré solamente a una pregunta relativa a si los problemas asociados a la fijación tarifaria del sector sanitario se originan en una mala aplicación de la ley o si ésta es la que tiene problemas. La verdad es que, obviamente, la respuesta de la Superintendencia se inclina por la segunda alternativa. Y quiero fundamentarla describiendo muy someramente el proceso de fijación tarifaria del sector sanitario.
En primer lugar, se inicia con la elaboración de las bases en torno a las cuales las empresas y la Superintendencia deben hacer sus respectivos estudios. Luego, una vez delineadas esas bases, se emite un fallo definitivo y cada una de las partes realiza su respectivo análisis. En tercer término, las partes intercambian sus estudios, y en la instancia siguiente la empresa formula discrepancias respecto del estudio de la Superintendencia. Posteriormente, esas discrepancias deben ser negociadas entre la Superintendencia y la empresa, y si no hay acuerdo respecto de ellas, se recurre a una comisión de expertos para que las dirima.
La señora MATTHEI .-
¿Me permite una pregunta, señor Superintendente ?
El señor SALDIVIA ( Superintendente de Servicios Sanitarios ).-
Con mucho gusto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
La señora MATTHEI .-
Señor Presidente , me gustaría saber si la negociación de las diferencias se hace una a una o en paquete. ¿Cómo es la regla de decisión? ¿O se opta por la que parezca más razonable en forma global? ¿Nos podría informar acerca del procedimiento?
El señor SALDIVIA ( Superintendente de Servicios Sanitarios ).-
Señor Presidente , no hay metodología establecida legal ni reglamentariamente. En consecuencia, el sistema depende del proceso de negociación tarifaria con cada empresa. Con algunas, se negocia la globalidad del costo total de largo plazo, y con otras, las discrepancias se resuelven una a una. Si no hay acuerdo, se recurre a la comisión de expertos, la que emite un fallo definitivo.
¿Dónde radican los problemas que como Superintendente atribuyo a la legislación? Efectivamente, como se ha dicho en la Sala y lo sostuvo el Senador señor Ominami , incluso el mensaje del proyecto que modificó el marco regulatorio en 1998 establecía que la finalidad de las enmiendas que se pretendía introducir era generar la convergencia entre los estudios de la Superintendencia y los de la empresa. Sin perjuicio de ello, la ley dispuso dos elementos que han permitido que ese objetivo no se cumpla. Básicamente, habla indistintamente de parámetros y resultados. Por otra parte, se establece que la empresa discrepará de los resultados -nótese el plural- del estudio tarifario de la Superintendencia, y acto seguido, que la comisión de expertos se pronunciará sobre cada uno de los parámetros discrepados y deberá elegir entre uno u otro, no pudiendo optar por valores intermedios.
¿Qué pasó en la práctica? En el caso de ESVAL, la empresa formuló 474 discrepancias, y en el de EMOS, cerca de 120, las que apuntaban a niveles muy de detalle de los estudios tarifarios: datos de entrada, valores, dimensionamientos, etcétera, con un segundo elemento que resulta bastante complejo. Como la empresa es la que discrepa, sólo lo hace respecto de aquello en lo cual el estudio de la Superintendencia arroja un resultado inferior al de la empresa, y tocante a cada uno de los elementos que se estudian, discrepa de lo menor. Por ejemplo, si en una solución de tratamiento la Superintendencia dimensiona diez, y la empresa, cinco, ésta no discrepa; pero si la Superintendencia sostiene que vale quince, y la empresa, veinte, ahí discrepa. Entonces, el resultado agregado es que, después de discrepancias, el valor final del costo total de largo plazo es inclusive más alto que el del estudio de la empresa. Por lo tanto, ahí existe un primer problema con la ley.
El segundo problema guarda relación con lo que señalé recientemente, en el sentido de que a través del mecanismo de discrepar de resultados y que los peritos se pronuncian por parámetros, uno a uno, se ha generado una apertura que conduce a que la empresa logra manejar el área de discrepancia en términos que, finalmente, el incentivo instalado para ella apunta a discrepar en todo. Más aún, se abre el estudio en términos tales que -como lo he dicho irónicamente- se discute sobre el valor de cada uno de los pernos que se utilizan en una planta de tratamiento de aguas servidas y no sobre valores económicos, ni mucho menos sobre optimización económica o eficiencia económica.
En resumidas cuentas, esos son los problemas que la Superintendencia ha detectado en el marco regulatorio, en virtud de los cuales se ha producido este problema asociado a la fijación tarifaria.
Valga agregar lo que decía el señor Ministro : que históricamente según la ley de 1989 -y esto no fue modificado por la enmienda de 1998- el fallo de la comisión de expertos, a diferencia de cualquier otro sector regulado, es obligatorio. Por lo tanto, a la Superintendencia y Ministerio de Economía sólo les cabe acogerlo íntegramente. Digo esto porque, a raíz del fallo de la comisión de expertos en el caso de ESVAL -y es bueno dejar constancia de ello-, la Superintendencia presentó un recurso de ilegalidad ante la Contraloría General de la República respecto de la actuación de los expertos. En nuestra opinión, en esa comisión se exacerbó la interpretación de la ley en cuanto a la utilización de información proporcionada por la empresa fuera de plazo y el no cumplimiento de las bases de tal forma de poder acoger las discrepancias. Es decir, a juicio de la Superintendencia, éstas no cumplían con dichas bases, no estaban fundamentadas en información, ni habían sido entregadas en los plazos que la ley determina, etcétera. En fin, se hizo una presentación muy fundada sobre la materia. Sin embargo, la Contraloría estimó que no podía pronunciarse sobre el fallo de los expertos porque éstos emitían una opinión eminentemente técnica.
Con todo, deseo señalar que comparto el juicio de que la ley presenta problemas que pueden y deben ser solucionados.
Por último, ¿qué ha hecho el Gobierno en esta materia? Básicamente, tres cosas. En primer lugar, a través del mecanismo de las bases de fijación tarifaria, se pretendió -y en parte se logró- cerrar bastante la discusión respecto de parámetros y resultados. Y la verdad es que las empresas recurrieron a los tribunales, e inclusive nos acusaron de arbitrariedades por fijar en las bases parámetros que deberían ser resultados de los estudios. Se trata de una discusión bastante técnica, pero que pretendía acotar esta gran diferencia de los resultados del estudio, entre la empresa y la Superintendencia, sobre el valor de los tornillos o de los pernos.
En eso tuvimos relativo éxito. Hoy día las discusiones tarifarias respecto de las empresas que nos corresponde supervisar son más enmarcadas que las que hubo entre la Superintendencia y EMOS y ESVAL, pero no es una solución absoluta y legal, sino de índole administrativa.
En seguida, el Gobierno elaboró un reglamento de funcionamiento de la comisión de expertos, el que fue sometido a la considerasción de la Contraloría General de la República en junio del año pasado, y mediante el cual se pretendía resolver la discrepancia -que, entre muchas otras cosas, es lo más importante- entre parámetros y resultados, asimilando éstos a aquéllos.
Finalmente, se otorga a la Superintendencia la facultad de rechazar discrepancias que no estén fundadas en los estudios tarifarios de la empresa, o que lo estén en estudios posteriores, distintos del que tiene que realizarse en el plazo establecido, o que estén respaldadas en información diferente de aquella que la empresa ha entregado históricamente a la Superintendencia.
Sobre la base de ese reglamento -obviamente, las empresas están haciendo todo lo posible para que la Contraloría lo rechace-, consideramos posible acotar fuertemente el área de discusión o de problemas que tiene la ley. De tal forma que, en el futuro, el nivel entre la Superintendencia y la empresa sea más justo.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley .
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , deseo hacer una consulta. Después que recurren a la Contraloría y ésta dice que no le compete, por ser un asunto técnico, ¿ustedes tienen la posibilidad de recurrir a tribunales?
El señor SALDIVIA ( Superintendente de Servicios Sanitarios ).-
Señor Presidente , la ley dice expresamente que el fallo de peritos no es recurrible. La verdad es que en ese momento se produjo al interior del Gobierno una gran discusión en cuanto a si se podía recurrir del fallo a los tribunales. La interpretación fue que la norma y la intención del legislador eran expresas en esa materia. Cabe advertir que tampoco las empresas recurrieron, pero pensamos que es un campo abierto para que en el futuro -no me cabe ninguna duda al respecto- una empresa disconforme con un fallo de los peritos igualmente intente recursos ante los tribunales. Por lo tanto, ahí hay un segundo nivel de desigualdad entre la autoridad y la empresa. Para la autoridad resulta difícil ir contra texto expreso de ley. Y la empresa no tiene ningún desincentivo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo hacer presente que ha llegado la hora de término, y como no hay quórum para prorrogarla, y ya se ha dado cumplimiento al objeto para la cual el Senado fue citado, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:8.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.
ANEXOS DE SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES HORVATH, LARRAÍN, MARTÍNEZ, RÍOS Y STANGE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.300, SOBRE BASES DEL MEDIO AMBIENTE, PARA HACER OBLIGATORIA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES O PROYECTOS EN QUE SE LIBEREN ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS O TRANSGÉNICOS AL MEDIO AMBIENTE, Y PROTEGER ÁREAS CON PRODUCCIÓN LIMPIA, ORGÁNICA Y NATURAL (2703-12)
Honorable Senado:
Considerando:
l.- La definición de organismos genéticamente modificados o transgénicos: Todo organismo, alimento o materia prima alimentaria que sea o contenga organismos o parte de los mismos a los que se haya introducido material genético, de una manera que no se produce en la naturaleza por multiplicación o combinación natural.
2.- El desarrollo de las investigaciones y aplicaciones de la biotecnología ha adquirirlo un poder efectivo como para cambiar la diversidad de las especies vivas en el planeta obtenidas por largos procesos de selección natural, o dirigida entre las mismas especies para fines productivos.
3.- La conveniencia de valorar las distintas especies vivas de la naturaleza y las relaciones entre ellas y su medio ambiente.
4.- El que Chile es Estado Parte del Convenio internacional sobre Biodiversidad aprobado por el Decreto 1963 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 6 de Mayo de 1995.
5.- La conveniencia de cuidar el que las especies vinculadas a las actividades productivas agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas, realizadas en modalidad de producción limpia, orgánica o natural, no se vean expuestas en sus ciclos y procesos reproductivos con organismos genéticamente modificados.
6.- Los Organismos Genéticamente Modificados utilizados en alimentación tienen riesgos de ocasionar daños a la salud pública como son baja en el sistema inmunológico, producción de alergias, toxicidad y enfermedades crónicas a largo plazo aún desconocidas (informe Ministerio de Salud adjunto).
7.- La conveniencia de que el desarrollo de la investigación biotecnológica asegure la protección del medio ambiente natural, de las tradiciones productivas y el que se realice de acuerdo a normas de bioética.
8.- El que existen en Chile extensas zonas aisladas, rodeadas de montañas, fiordos y canales que pueden constituir áreas de protección ecológica, así como de los sistemas productivos tradicionales y naturales que se realizan en ellas y que tienen un alto valor por el creciente mercado de productos de tipo orgánico y natural (Oficio Nº 150, 26-II-200l del Ministro de Agricultura y conclusiones Seminario-Taller Aysén Por Una Producción Limpia, una Iniciativa para Las Regiones de Chile, Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y Ministerio de Agricultura XIª Región, que se adjuntan).
9.- La certificación de validez nacional e internacional de productos naturales u orgánicos requiere que no haya riesgos de intervenciones que afecten su condición o de que se incorporen organismos genéticamente modificados.
10.- La alta posibilidad de propagación de los organismos genéticamente modificados a través del medio ambiente que en los ciclos reproductivos se convierten en procesos irreversibles.
11.- El derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de velar porque este derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza, según señala el número 8 del art. 19 de la Constitución Política de la República de Chile
12.-La conveniencia de hacer explícita las exigencias de Evaluación de Impacto Ambiental de la ley de Bases Generales del Medio Ambiente de proyectos en los que se puedan liberar al medio organismos genéticamente modificados. Es que venimos en presentar la siguiente:
MOCIÓN MODIFÍCASE LA LEY 19.300 DE BASES GENERALES DE MEDIO AMBIENTE
Articulo lº
Agréguese al artículo 10 la siguiente letra r) "r) liberación al medio ambiente de organismos genéticamente modificados"
Artículo 2º
Agréguese al Art. 11 la siguiente letra g): "g) Riesgo para áreas de producción limpia, orgánica y sin transgénicos y que afecten la biodiversidad".
Artículo 3º
Agréguese el siguiente artículo 39 bis en el párrafo 4º. "Artículo 39 bis.- Por acuerdo de los productores locales en conjunto con las organizaciones vecinales correspondientes se podrán autodeclarar como zonas de producción limpia o zonas sin transgénicos según procedimientos de certificación válidos internacionalmente".
(Fdo): Antonio Horvath Kiss.- Jorge Martínez Busch.- Rodolfo Stange Oelckers.- Mario Ríos Santander.- Hernán Larraín Fernández