Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
SISTEMAS DE PREVENCIÓN ANTE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- DEBATE
-
EXTENSIÓN DE NORMAS SOBRE SANCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS ILEGALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.039 EN CUANTO A PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- DEBATE
-
REGULACIÓN DE USO DE PERROS GUÍAS, DE SEÑAL O DE SERVICIO PARA DISCAPACITADOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
-
CONVENCIÓN SOBRE MINAS ANTIPERSONALES. PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- DEBATE
-
SISTEMAS DE PREVENCIÓN ANTE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 41ª, en jueves 3 de mayo de 2001
Extraordinaria
(De 16:18 a 19:16)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana (2020-11) (se aprueba en general)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias (1402-18) (se aprueba su informe)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que extiende el ámbito de aplicación de normas que sancionan procedimientos de cobranzas ilegales (2490-07) (se aprueba en general y particular)
Proyectos de ley, en primer trámite, que modifican el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial (1033-03 y 1239-03) (se rechazan)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de personas con discapacidad (2595-11) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, relativo a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su destrucción (2209-10) (se aprueba en general y particular)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Lavandero Illanes, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda y Directora del Servicio Nacional de la Mujer ; la señora Subsecretaria General de Gobierno y el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 36ª, ordinaria, en su parte secreta, en 11 de abril; 37ª, ordinaria, en 17 de abril; 38ª, especial, y 39ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 18 de abril, todas del presente año, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que solicita que se disponga lo necesario para que el Congreso Nacional se reúna en Congreso Pleno el 21 de mayo próximo, a fin de abrir el período ordinario de sesiones y de recibir, en esa oportunidad, la cuenta del estado administrativo y político de la nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24 de la Constitución Política de la República. Para tal efecto, propone que la sesión sea convocada a las 10 del día anteriormente indicado.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El Primer Mandatario hizo presente que su discurso tendrá una duración estimada de 90 minutos.
Con ese antecedente, si le parece a la Sala, el Congreso Pleno se reunirá el 21 de mayo, a partir de las 10.
--Así se acuerda.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Continúa la Cuenta.
Oficios
De la señora Ministra de Educación , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a las medidas que se han adoptado para superar las falencias que se exhiben en la prueba SIMCE de cuarto año básico.
Del señor Alcalde de Pudahuel, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la instalación de un relleno sanitario en el sector El Noviciado.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Tesorero General de la República , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referente a la posibilidad de considerar una Tesorería Provincial en la provincia Cardenal Caro, comuna de Pichilemu.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
De la Comisión de Defensa Nacional, con la que solicita dejar sin efecto el trámite de informe de esa Comisión respecto de la moción del ex Senador señor Piñera, con la que inició un proyecto de ley que regula la constitución y organización de los equipos de fútbol profesional y establece normas especiales que los rigen (Boletín Nº 2.148-02).
Lo anterior, en atención a que, en virtud de la ley Nº 19.712, del Deporte, la institucionalidad deportiva ha dejado de estar vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y ha pasado a relacionarse con el Ejecutivo a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
--Se sustituye la tramitación primitivamente acordada, y el proyecto pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Informes
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de la ciudadanía de los señores Marco Antonio Domínguez Garrido y Juan Miguel Letelier Aravena (Boletines Nºs S 522-04 y S 539-04, respectivamente).
--Quedan para tabla.
Solicitud
Del señor Amador Marcelino Paine Tranamil, con la que pide la rehabilitación de la ciudadanía (Boletín Nº S 549-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Terminada la Cuenta.
Señores Senadores, deseo proponer una modificación de la tabla, que consigna en primer lugar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En razón de que dicha materia requiere para su aprobación de quórum orgánico constitucional, la Mesa estima oportuno esperar a contar con número suficiente de Senadores en la Sala.
Luego, figura otro informe de Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, ya aprobado por la Cámara de Diputados, y que también requiere para aprobarse quórum de ley orgánica constitucional.
A continuación, está el proyecto, iniciado en Mensaje del Presidente de la República , sobre delimitación del ámbito de la vida privada frente a la libertad de expresión, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que es de quórum calificado.
En cuarto lugar, se encuentra el proyecto de la Cámara de Diputados sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana.
El planteamiento concreto que formulo a la Sala es partir con este último asunto.
El señor SILVA.-
Quería sugerir lo mismo, señor Presidente .
El señor BITAR.-
De acuerdo.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , apoyo su proposición. ¿Eso significa que el primer punto de la tabla quedaría pendiente para la próxima sesión?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
No, señor Senador. Pediría que se facultara a la Mesa para determinar el momento oportuno en que se tratará dicha materia, es decir, cuando se cuente con el número suficiente de señores Senadores en la Sala.
Entonces, partiremos con el asunto que figura en el número 4 de la tabla, para luego seguir con los que se ubican en los tres primeros lugares.
El señor BITAR.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , ayer los Comités acordaron unánimemente que el proyecto de acuerdo que figura en el número 7, relativo a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, se debatiera hoy con la presencia del señor Ministro de Hacienda .
Dicho personero de Estado se encuentra en el Senado participando en la discusión de la iniciativa de ley sobre evasión tributaria, y esta mañana le hice presente el interés en discutir el asunto en esta sesión, ante lo cual manifestó su disponibilidad para ello.
Por lo tanto, sugeriría a la Sala que respetáramos lo acordado por los Comités, en el sentido de tratar dicha iniciativa en esta oportunidad.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
No hay inconveniente.
Entonces, el proyecto signado con el número 7 de la tabla se trataría en quinto lugar, siempre y cuando se disponga del tiempo suficiente, sin extender el Orden del Día.
Si le parece a la Sala, se procederá según lo señalado.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA
SISTEMAS DE PREVENCIÓN ANTE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2020-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 18 de abril de 2000.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 37ª, en 17 de abril de 2001.
Discusión:
Sesión 39ª, en 18 de abril de 2001 (queda para segunda discusión).
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Recuerdo a los señores Senadores que el debate de esta iniciativa comenzó la semana pasada.
En la segunda discusión, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , informé sobre el proyecto la vez anterior y no repetiré todo lo dicho en esa ocasión. Solamente quisiera reiterar, ante las dudas surgidas en algunos señores Senadores acerca de la necesidad de una ley respecto del tema, que numerosos países en América Latina -y también, por cierto, en Europa- cuentan con un cuerpo legal sobre la prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Son los casos de Argentina, desde 1990; Bolivia , desde 1996; Costa Rica , desde 1998; Honduras , desde 1999; Nicaragua, desde 1996, Paraguay, desde 1991; Panamá , desde 2000, y Perú, desde 1996. Ésos son los antecedentes que tengo a la mano, que quedan a disposición de mis Honorables colegas, si les interesa tal aspecto.
Respecto de la necesidad de una ley en Chile -y fuera de la importancia que puede revestir un marco normativo, jurídico, que dé estabilidad a las políticas públicas pertinentes-, cabe hacer presente que algunas disposiciones del proyecto sólo se pueden concretar por esa vía. Quisiera insistir en ese punto. Las principales de ellas son las siguientes. En primer término, el artículo 1º transitorio, como es obvio, que establece una bonificación equivalente al precio de importación de los remedios no sólo para los portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sino también para todos los afectados por una enfermedad catastrófica.
En segundo lugar, el texto determina con mucha claridad la voluntariedad del examen, como regla general -con sólo tres excepciones, de por sí muy discutibles-, característica que no se da hoy ni en la empresa privada ni en la Administración Pública. En numerosos casos el examen se exige como requisito de ingreso a esta última, y lo mismo pasa, en algunas situaciones, en la empresa privada.
Por último, se dispone con mucha precisión la no discriminación en contra de la persona que vive con el virus, en lo referente al trabajo y a la educación, específicamente, pero, más en general, en cuanto a todos los derechos civiles. Ése también es un aspecto importante.
No cabe la menor duda de que algunas disposiciones definen o concretan normas jurídicas preexistentes, como la relativa a la confidencialidad del examen. Esta última se encuentra ya contemplada en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, pero ahora se consigna con mayor especificidad. Respecto de otras, se establece un marco normativo general de las políticas públicas. Y otras, sin embargo, no se podrían llevar adelante ni implementar sino mediante una reforma legal. Por ello, estimo muy relevante que el Senado, en la segunda discusión, apruebe el proyecto.
Hago presente, además, que en la tribuna se encuentran integrantes de "Vivo Positivo", organismo nacional que agrupa a portadores del síndrome del VIH y que han luchado para que exista la legislación en estudio. Ellos han entregado a los distintos Senadores, al entrar a la Sala, una declaración en que justamente los instan a dictarla.
Es muy importante hacer constar, además, que en la Comisión la iniciativa ha sido aprobada con prescindencia de banderías políticas y que no se han registrado discrepancias al respecto entre fuerzas de Gobierno y de Oposición, sino más bien criterios personales y dudas de algunos Senadores, que esperamos que se hayan podido disipar. Y ojalá que mi intervención haya servido para aclararlas.
Muchas gracias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , comparto, naturalmente, los juicios que acaba de emitir el Senador señor Viera-Gallo . Con Su Señoría, entre otros, me correspondió formar parte de la Comisión de Salud cuando comenzó el estudio del articulado.
En aquella oportunidad, quienes participábamos en ese organismo técnico, junto a los que ahora son sus miembros, analizamos en forma cabal todo cuanto concierne a la necesidad de que el Estado se preocupe fundamentalmente del tema en discusión. Se consideró la índole del síndrome de que se trata y el hecho de que el Estado contrae el deber básico de abrigar una inquietud esencial sobre el particular.
Y, sobre todo, si bien pudieron suscitarse algunas dudas en orden a la calificación de todo el asunto como materia de ley, ello queda zanjado, en nuestra opinión, por los términos del Nº 20 del artículo 60 de la Carta. En efecto, ese precepto dispone que corresponderá tal calidad a todas aquellas normas de carácter general y obligatorio que estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Tal es el caso del proyecto sometido a nuestra consideración.
A nuestro juicio -lo sostenemos modestamente, pero de manera categórica-, lo que se ha querido tanto en la iniciativa que nació en la Cámara de Diputados cuanto por los miembros de la Comisión de Salud del Senado es precisamente que la regulación del caso en análisis pase a constituir un ordenamiento jurídico sustancial, por la motivación determinante de la esencia del texto y conforme a lo percibido como sus finalidades fundamentales.
Por todo lo anterior, señor Presidente, daré mi aprobación al articulado en debate.
Nada más.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente, deseo expresar mi apoyo y voto favorable al proyecto, porque da respaldo político, jurídico, ciudadano, a quienes se encuentran en la condición de sufrir la enfermedad involucrada, generadora de una situación especial, más allá de los efectos meramente médicos. Creo que implica un avance de la sociedad chilena el reconocer algunos principios fundamentales que apuntan al plano de los derechos humanos, del respeto a las personas, cualquiera que sea la realidad de éstas, desde todo punto de vista.
Estimo importante consignar que la normativa no solamente obliga al Estado: también contiene una visión de sociedad. En Chile todavía nos hallamos en un período de desconfianza, de temor, de cierta inseguridad y, en muchos aspectos, de exclusión de ciertos sectores. Si bien normalmente las leyes sólo pueden mandar, prohibir o permitir, el articulado en debate va más allá: conforma un marco jurídico en una sociedad que políticamente, a través del Congreso, acepta ciertas normas respecto del caso de que se trata.
Esas disposiciones deben aplicarse a todas las personas. Pienso que corresponde que el Estado vele por la salud. Aquí me convenzo cada vez más de que tal vez la responsabilidad más grande del Estado moderno, hoy, fuera de dar educación, de proporcionar a todos oportunidades iguales, deriva del hecho de que su obligación en el ámbito de la salud es la primera de todas, porque dice relación a respetar la vida de las personas y su dignidad y proteger ambas.
Juzgo importante, también, promover la investigación científica. Ella se realiza en el exterior, pero no conozco en Chile muchas experiencias al respecto.
Y, después, me parece relevante mantener la confidencialidad y la voluntariedad de los exámenes, porque a través de su obligatoriedad se llegaría a la exclusión o a situaciones odiosas.
Por último, considero trascendental el determinar por ley la prohibición de establecer en los ámbitos laboral, educacional y de salud alguna discriminación acerca de los portadores y los enfermos del SIDA. Porque se debe eliminar cierta actitud en ese sentido que se da en sociedades todavía muy cerradas respecto del tema, en circunstancias de que los afectados son los que realmente merecen más respeto y atención.
Por esas razones, votaré que sí.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , deseo manifestar mi apoyo al proyecto. Resulta fundamental que se implementen en Chile los mecanismos para impedir y controlar la extensión de la enfermedad, pero, al mismo tiempo, que permitan apoyar a las personas que la han contraído, asegurar que serán respetadas en sus derechos y proporcionarles la ayuda que sea posible otorgar para que puedan combatir este mal con remedios eficaces.
Debo señalar que, pese a encontrarnos en la discusión general de la iniciativa, el informe de la Comisión contiene un análisis particular de las distintas normas y prácticamente todas se aprobaron por unanimidad, con una sola abstención en un caso muy especial de exclusión de voluntariedad del examen.
Por lo tanto, la forma en que ella fue tratada y votada en la Comisión nos ahorra el ahondar en los argumentos para aprobarla.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , como ya intervine en la primera discusión seré lo más telegráfico posible en esta oportunidad.
Primero que todo, respecto de la necesidad o no de que exista ley sobre algunos aspectos, los Senadores señores Viera-Gallo y Silva han sido extremadamente explícitos. Sin embargo, debo precisar que hay a lo menos seis preceptos -los artículos 5º, 7º, 8º, 9º y los dos transitorios- que necesariamente obligan a dictar una ley.
Segundo, en el plano general de lo que el proyecto significa como norma para la sociedad, reitero lo que dije la vez anterior en el sentido de que, por tratarse de un problema mayor y que reviste suma importancia para la comunidad, puede constituir tal vez uno de los dilemas más graves para el modelo de salud chileno, que será puesto a prueba tanto en lo que se refiere al sida como a las enfermedades catastróficas y obliga a generar lo que aquí se ha señalado. Es decir, no se trata sólo de una cuestión de salud, sino de un problema que afecta al país en su conjunto, donde se hallan de por medio los temas de educación, de derechos humanos, de la forma como enfrentar en democracia una enfermedad de esta naturaleza, en que el Estado debe resguardar los derechos de las personas y al mismo tiempo las condiciones en que ha de desarrollarse la población.
Tercero, es conveniente despachar urgentemente el proyecto. Si no se presentaren indicaciones, podría quedar aprobado en general y en particular y pasar de inmediato a tercer trámite con el objeto de precisar lo relativo a la definición de los fondos para enfrentar las enfermedades catastróficas, incluido el síndrome sobre el cual estamos legislando.
Y será la primera vez -y es bueno que el Senado lo tenga en cuenta- que en medio de un debate nacional sobre el modelo de salud -que entre otras cosas debe resolver el tema de las enfermedades catastróficas, que tienen un altísimo costo porque, como su nombre lo indica, ellas implican una catástrofe tanto nosológica como financiera- se despache rápidamente una iniciativa de esta naturaleza.
Deseo referirme también a dos aspectos que aquí se han tocado. Es imprescindible dictar una norma general para ratificar que en Chile no hay discriminación, porque, a pesar de todo lo que se ha avanzado en una serie de materias, sigue existiendo un alto índice de discriminación. Días atrás en conversación con algunos sociólogos de un instituto de Santiago les pregunté: "De los 14 ó 15 millones de chilenos, ¿cuántos podríamos considerar que realmente no son discriminados en ningún aspecto?". Y, francamente, son bastante menos que los que uno pensaría. En efecto, se discrimina en todos sus derechos a los enfermos de sida. Se discrimina a los discapacitados, en razón de sus propias debilidades. Se discrimina a la mujer, de manera obvia y reconocida por todos. Se discrimina en forma notoria -seamos francos- a quienes carecen de educación. En fin, la discriminación que sufre toda esta gente requiere estudiar el punto y por eso es valioso lo que estamos haciendo.
De otro lado, es importante ratificar que el examen para detectar el VIH es voluntario. Muchas personas temen que la normativa dé pie a una suerte de obligatoriedad del examen. Y no es así. Si se quiere asegurar que no haya problemas en la aplicación de la futura ley por parte de quienes se sienten afectados en los tres casos excluidos de la voluntariedad del examen, debemos ratificar esa exclusión para hacer posible su obligatoriedad y evitar un posterior rechazo o la presentación de recursos de protección.
Por eso, tal como ya lo han anunciado otros oradores de estas bancas, los Senadores democratacristianos votaremos favorablemente el proyecto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Advierto a la Sala que se han inscrito para intervenir otros señores Senadores, de manera que el debate, que suponíamos sería más breve, se extenderá.
Como se encuentran en tabla dos proyectos de quórum orgánico constitucional y, además, algunos de Sus Señorías deben cumplir un compromiso contraído anticipadamente con la Universidad de Chile, propongo suspender el tratamiento de la iniciativa y reanudarlo una vez despachados aquéllos, aprovechando que en este momento hay quórum suficiente y que, por tratarse de informes de Comisión Mixta, su votación será rápida.
La señora FREI (doña Carmen).-
No, votemos éste primero.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, por el orden de inscripción entiendo que me corresponde ahora usar de la palabra.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En efecto.
El señor BITAR.-
Yo estoy dispuesto a no intervenir -anuncio que me pronunciaré a favor- y sugiero a los señores Senadores inscritos a continuación hacer lo mismo, a fin de proceder a votar de inmediato.
La señora FREI (doña Carmen).-
De acuerdo.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Sí, votemos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sería conveniente conocer la opinión del resto de los Senadores inscritos.
El señor FERNÁNDEZ.-
Por mi parte, renuncio también al uso de la palabra.
El señor DÍEZ.-
Yo necesito dos minutos para fundamentar mi posición.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , votaré favorablemente el proyecto por las razones lógicas y humanitarias que aquí se han señalado. Sin embargo, quiero precisar que ni del articulado ni de su interpretación puede deducirse que se limitan los derechos a la salud respecto de otras enfermedades, aunque éstas no se encuentren sujetas a disposiciones específicas que obliguen a fijar determinada sanción.
No quiero que de la interpretación de esta normativa y frente a otra enfermedad alguien pueda colegir que no se tienen los derechos contemplados aquí, porque éstos se otorgan específicamente a las personas infectadas con el virus del sida.
A mi juicio, la ley en estudio deberá interpretarse exclusivamente como la explicitación del derecho a la protección de la salud consagrado en la Carta Fundamental; a la obligación del Estado de coordinar y controlar las acciones relacionadas con la salud y a su deber preferente de garantizar la ejecución de las prestaciones que se realicen a través de instituciones públicas y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley. De manera que en ningún caso la interpretación de ésta podrá llevar a la modificación del sistema vigente con respecto a las materias regladas por los diversos cuerpos legales que muy propiamente el informe de la Comisión cita en su inicio.
Reitero mi voto favorable.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se han planteado diversas inquietudes. En lo personal tengo varias y las canalizaré mediante la presentación de indicaciones.
Si le parece a la Sala, se aprobaría la idea de legislar.
La señora MATTHEI.-
Pido la palabra.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La tiene, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , el Senador señor Bombal no pudo asistir hoy por tener que participar en una comisión binacional en Argentina. Sin embargo, me solicitó informar que, de haber concurrido, habría votado a favor, tal como lo hizo en la Comisión de Salud.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Quiero hacer igual alcance respecto del Senador señor Moreno . Ayer él se inscribió para intervenir y expresar su aprobación al proyecto, pero se encuentra cumpliendo una misión junto con el Honorable señor Bombal .
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , le ruego considerar también el voto favorable del Senador señor Pérez , quien también se halla en Argentina, y el del Honorable señor Romero .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La Mesa entiende que los señores Senadores han hablado también en representación de sus respectivos Comités.
--Se aprueba en general el proyecto y se fija como plazo para presentar indicaciones el 16 de mayo, a las 13.
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Informe de Comisión Mixta relativo al proyecto que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. (Boletín Nº 1402-18)
--Se autoriza el ingreso de la señora Subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno , señora Carolina Tohá, y del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, señor Francisco Vidal.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1402-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 40ª, en 15 de abril de 1997.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 20ª, en 10 de agosto de 1999.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 11ª, en 7 de julio de 1999.
Mixta, sesión 41ª, en 3 de mayo de 2001.
Discusión:
Sesión 16ª, en 20 de julio de 1999 (se aprueba en general y particular).
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El señor Presidente ha puesto en discusión el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la mencionada ley Nº 14.908.
La controversia entre ambas Cámaras se originó en el rechazo por la Honorable Cámara de Diputados de la totalidad de las enmiendas que el Senado introdujo durante el transcurso del segundo trámite constitucional.
En su informe, la Comisión Mixta deja constancia de haber solicitado la opinión de la Excelentísima Corte Suprema sobre el proyecto aprobado en un principio por la Comisión, en razón de que fue objeto de modificaciones sustanciales respecto de aquél conocido anteriormente por ese Alto Tribunal. Una vez recibido el informe, de fecha 6 de noviembre de 2000, la Comisión Mixta tuvo en cuenta las observaciones que en él se contenían y procedió al despacho definitivo el texto que ahora propone aprobar en el documento que se somete al pronunciamiento del Senado, como proposición destinada a resolver las divergencias que se han producido entre las dos Corporaciones.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista. En la última columna aparece la proposición de la Comisión Mixta. Cabe hacer presente que los acuerdos de ésta fueron adoptados por la unanimidad de los miembros presentes y que la Honorable Cámara de Diputados aprobó íntegramente su informe.
Finalmente, debe destacarse que la aprobación del informe requiere el voto conforme de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, es decir, en este momento, de 27 votos favorables.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez, Presidente de la Comisión Mixta .
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , la Comisión Mixta que se constituyó para resolver las diferencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados desarrolló su trabajo sobre la base de una indicación sustitutiva presentada por el Presidente de la República ; el aporte del Ministerio de Justicia y el del Servicio Nacional de la Mujer; las sugerencias de la Asociación Nacional de Magistrados de Menores y de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia; y la colaboración del profesor de Derecho Civil , don Hernán Corral .
El debate desarrollado a la luz de estos antecedentes durante cinco extensas sesiones llegó a configurar un proyecto de ley que apunta a mejorar la situación jurídica de quienes demandan alimentos o persiguen el pago de los que se adeudan.
Según el Servicio Nacional de la Mujer, un tercio de las causas que llegan a los juzgados de menores corresponde a este tipo de demandas y que se enfrentan hoy con una legislación que podríamos calificar de hostil, especialmente a la mujer peticionaria.
Los problemas de detectar informaciones como el domicilio, la identidad, la renta, etcétera, de las personas demandadas, y las declaraciones de ellos de no tener un trabajo regular, hacían cada vez más difícil el lograr los alimentos a que la ley da derecho. El análisis de esto nos llevó a configurar un proyecto que apunta precisamente a mejorar la situación jurídica de quienes demandan alimentos y de quienes persiguen el pago de los que se les adeuda.
Desde el punto de vista procesal, entre otras medidas, se extiende la competencia de los juzgados de menores para que conozcan ellos, y no los juzgados civiles, de los juicios en que se pidan alimentos para los menores, conjuntamente con parientes mayores. Se ordena aplicar el procedimiento sumario si son mayores de edad quienes piden los alimentos, y no el juicio ordinario; y, si son menores de edad, las reglas especiales de la Ley de Menores. Se obliga al juez a adoptar las medidas necesarias para ubicar al demandado si se desconoce su paradero. Se impone al tribunal el deber de conceder alimentos provisorios una vez notificada la demanda, siempre que exista fundamento plausible del derecho que se reclama, y se ordena que toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el monto y el lugar de pago de la misma.
Se consagra una pensión alimenticia mínima equivalente al 40 por ciento del ingreso mínimo remuneracional que corresponda, según la edad del alimentante, si sólo se pide alimentos para un hijo; y un 30 por ciento de dicho ingreso por cada uno de ellos si se pide alimentos para más de uno. Esta regla se armoniza naturalmente con la posibilidad de la rebaja que la prudencia aconsejare al juez, y que justificare la carencia de medios del alimentante para pagar el referido monto mínimo.
Las innovaciones procesales se complementan con otros cambios destinados a facilitar el pago de las pensiones alimenticias. En este sentido, se establece como regla general de pago la retención por parte del empleador de la suma correspondiente para hacer entero de ella al beneficiario. Se obliga al empleador a dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral, y a retener de la indemnización por años de servicio el porcentaje de ingreso del trabajador retenido mensualmente para entregarlo al alimentario. El alimentante, a su turno, podrá imputarlo a pensiones futuras.
Por otra parte, se robustece la actuación de las Corporaciones de Asistencia Judicial como mediadoras para llegar al avenimiento, al dar mérito ejecutivo a los pactos que se celebren ante los abogados jefes; se sustituye el actual sistema de apremios, consistente en el arresto del alimentante por el arresto nocturno, para no afectar su situación laboral, y se dispone que éste rinda caución si hubiere motivo fundado para estimar que se ausentará del país.
También se innova en cuanto a la responsabilidad subsidiaria de los abuelos, en cuanto ya no recaerá la obligación de alimentos sobre todos los abuelos conjuntamente, sino sólo sobre los abuelos de la línea paterna o materna que no provea lo suficiente de acuerdo con sus facultades.
Cabe destacar que, en busca del necesario equilibrio, surgió de los Senadores que integramos la Comisión Mixta la preocupación por cautelar el derecho de defensa del demandado, de manera que éste tenga posibilidad, en la práctica, de contrarrestar el peso de las presunciones legales que se establecen en su contra, y demostrar, si fuere el caso, su falta de ingresos.
De acuerdo con un estudio efectuado por la Universidad Católica de Valparaíso por encargo del Servicio Nacional de la Mujer, sólo 17,4 por ciento de los demandados cuenta con asesoría jurídica, y de ellos, en un 3,2 por ciento la asesoría es gratuita. Esta circunstancia es coincidente con el hecho de que los organismos que proporcionan asistencia jurídica gratuita patrocinan en general a los demandantes, y se traduce en un mayor número de condenas por aplicación de las presunciones legales que no son desvirtuadas en juicio; pero, en la misma medida, mínimas posibilidades de hacer efectivos estos fallos, incluso recurriendo a las medidas de apremio personal.
Aceptando estas razones jurídicas y prácticas, la Comisión Mixta acordó establecer que, en caso de concurrir el demandante asesorado por un abogado y el demandado no dispusiere de medios para sufragar su defensa, el tribunal nombrará de oficio un defensor, sea de la Corporación de Asistencia Judicial o de otros organismos de asistencia legal, públicos o privados, o de un abogado de turno.
En síntesis, el proyecto pretende contribuir a paliar una situación de hondos ribetes humanos que afecta particularmente a sectores modestos de la población. Y el resultado efectivo de sus disposiciones tendrá que evaluarse en un tiempo más, en una época en la cual esperamos que ya estén funcionando tribunales especializados que permitan abordar, de manera más integral, las dificultades que puedan afectar a la familias chilenas.
En consecuencia, recomiendo a la Sala la aprobación del proyecto en la forma en que fue despachado, por unanimidad, por la Comisión Mixta.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora DELPIANO ( Ministra Directora del SERNAM ).-
Señor Presidente , tal como ha señalado el Honorable señor Díez , ésta es una iniciativa que ha contado, desde su origen, con la participación de Parlamentarios de todas las bancadas. Y efectivamente el último proyecto, que dio lugar a la discusión, corresponde a la moción parlamentaria -hubo cuatro sobre la materia- presentada por la Diputada señora Cristi y copatrocinada por sus colegas señoras Isabel Allende , Martita Wörner y un grupo de personas que ya no tiene la calidad de Parlamentario. Su trámite legislativo se inició en 1994, y desde septiembre del año recién pasado fue abordado por una Comisión Mixta -cuyo trabajo, tan expedito, quiero agradecer en la persona de su Presidente - con el objeto de sacar adelante la iniciativa.
Ésta no viene a beneficiar a las mujeres, sino, de manera fundamental, a los niños de Chile, por cuanto, independientemente de la situación y relación de sus padres, se garantiza una pronta pensión de alimentos, que les permitirá comer todos los días, y no sólo cuando aquélla sea determinada legalmente.
El Gobierno no presentó una indicación sustitutiva propiamente tal, sino que hizo una proposición, aprobada por la Comisión Mixta, para juntar los elementos que estaban presentes tanto en la valiosa discusión realizada en el Senado como en el debate efectuado en la Cámara de Diputados. Finalmente, se llegó a un texto que fue aprobado en ese organismo por unanimidad.
Gracias, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo. Después de la intervención de Su Señoría, la Mesa llamará a votación.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, tal como se ha indicado, el proyecto representa un avance fundamental en la materia, pues facilita el cobro y pago de las pensiones alimenticias.
Sin embargo, una vez que la Comisión Mixta concluyó su labor, se hicieron llegar por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Menores -especialmente al Senador que habla- algunas observaciones prácticas a lo ya aprobado en esa instancia, las cuales me parecen bastante atinadas. Por eso, quiero aprovechar la ocasión para solicitar a la señora Ministra que estudie la posibilidad de un veto -única forma de corregir los posibles errores-, o bien de un proyecto, muy breve, calificado con "discusión inmediata", para solucionar los problemas.
Voy a ser lo más breve posible.
En primer lugar, parece conveniente insistir en la preferencia que deben tener las causas de menores para su vista, dada la trascendencia de las materias que tratan -pensiones que inciden en el pago de alimentación, estudio y otros gastos necesarios para el desarrollo de los menores- y, por sobre todo, por lo ineficaces que se tornarían las resoluciones luego de transcurrido un tiempo. Entonces, parece lógico mantener -cosa que no hicimos- la preferencia de las causas para su vista en apelación.
En segundo lugar, respecto de la competencia del juez que dictó sentencia en los procesos para la rebaja o terminación de los alimentos, cabe hacer presente que la abrumadora mayoría de los usuarios de los tribunales de menores son gente con nivel de ingreso mínimo; de manera que exigirles su traslado a la ciudad donde se inició la respectiva causa de alimentos para hacer variar la pensión haría inviable la aplicación de la ley, pues carecen de los medios económicos necesarios para dicho traslado. Al respecto, conviene destacar que es frecuente que en los juzgados de menores de Santiago y San Miguel se demanden rebajas, ceses o aumentos de pensiones alimenticias fijadas en ciudades extremas como Punta Arenas, Puerto Montt, Arica, Iquique y otras.
En cuanto al monto de la pensión con relación al ingreso mínimo, se deberían tomar en cuenta, necesariamente, los ingresos reales percibidos por el alimentante, y no aquellas sumas de dinero que, si bien se consideran ingreso, no son recibidas materialmente por el trabajador, como es el caso de los emolumentos que deben destinarse obligatoriamente a previsión y salud. Por lo que parece de mayor justicia, para la fijación de las pensiones alimenticias, aplicar el ingreso mínimo no remuneracional, es decir, lo que un trabajador obtiene una vez efectuados los descuentos estrictamente legales a que me he referido.
Por otra parte, si bien resulta pertinente que el juez se pronuncie de oficio acerca de los alimentos provisorios, no se considera adecuado que se establezca un plazo de 10 días después de notificada la demanda, ya que esto demoraría su regulación en la mayoría de los casos.
En consecuencia, señor Presidente , se trata de observaciones mínimas, pero prácticas, que se basan en la experiencia de los magistrados. Creo que el Gobierno debería recogerlas, o por la vía del veto, o bien -si no se estimare oportuna esa modalidad-, a través de un proyecto de ley, muy breve y calificado con "discusión inmediata", lo cual permitiría salvar rápidamente la situación.
Por último, parece lógico que los acuerdos que suscriban las partes se hagan ante el tribunal, porque de lo contrario, como se trata de personas de muy bajos recursos, después sería muy fácil alegar que se usó fuerza o engaño para llegar a tales acuerdos.
Con estas observaciones, que nacen de la Asociación Nacional de Magistrados de Menores, voy a aprobar el informe de la Comisión Mixta, sugiriendo a la señora Ministra -a quien he entregado copia de aquéllas- que las estudie.
Gracias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora DELPIANO ( Ministra Directora del SERNAM ).-
Señor Presidente , efectivamente conversé el tema con el Senador señor Viera-Gallo y vamos a considerar las sugerencias que Su Señoría plantea. Entendemos que este año -así lo esperamos- ingresará al Parlamento el proyecto de ley que crea los tribunales de familia, los cuales tendrán a su cargo todo este tipo de materias y, en especial, los avenimientos. Pero, independientemente de eso y a la espera de que ello ocurra, vamos a estudiar las consideraciones hechas llegar por la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Menores, la cual había sido consultada en su momento, sin emitir pronunciamiento sobre el tema. Por la trascendencia del asunto y por tratarse de cuestiones prácticas, vamos a ver la manera de incorporarlas.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , voy a aprobar el texto que propone la Comisión Mixta. Sin embargo, también he tenido a la vista las observaciones formuladas por los jueces de menores, de las cuales ha dado cuenta el Senador señor Viera-Gallo . Todas me parecen muy atendibles, e incluso creo que su no incorporación podría conspirar contra el éxito y aplicación de la normativa.
Para efectos prácticos, pienso que lo mejor sería aprobar el proyecto y, sin perjuicio de eso, esperar el envío de otra iniciativa con las correcciones correspondientes y con discusión inmediata, a fin de que entrara en vigencia lo más cerca posible de la fecha de publicación de la ley respectiva. De otra manera, nos vamos a encontrar con que ésta, por muy necesaria que sea y por muy bien inspirada que esté, tendrá dificultades para su aplicación, en algunos casos insalvables.
Reitero que me parecen muy atendibles las observaciones planteadas por los jueces de menores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el informe de la Comisión Mixta.
--Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos constitucionales relativos al quórum, de que emitieron pronunciamiento favorable 27 señores Senadores.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Felicitamos a la Diputada señora María Angélica Cristi, aquí presente, por la presentación de la iniciativa.
______________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, continuaríamos con el proyecto que figura en el sexto lugar del Orden del Día.
Acordado.
EXTENSIÓN DE NORMAS SOBRE SANCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS ILEGALES
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de los Diputados señores Encina, Pérez y Tuma, sobre extensión del ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales, informado por la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2490-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 35ª, en 10 de abril de 2001.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión de Economía señala en su informe que la iniciativa tiene como principal objetivo extender el ámbito de aplicación del precepto relativo a la protección del consumidor de algunos tipos de cobranzas abusivas, contenido en el inciso quinto del artículo 37 de la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, a todas las operaciones de consumo regidas por la normativa recién mencionada, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor.
Asimismo, el informe describe los antecedentes tenidos en consideración y el debate suscitado en el seno de la Comisión, y propone aprobar el proyecto con la modificación que figura en la página 8.
Cabe hacer presente que la iniciativa fue aprobada en general por mayoría de tres votos, de los Senadores señores Bitar, Novoa y Zurita, y la abstención de la Honorable señora Matthei.
La aprobación en particular también fue por mayoría de tres votos a favor, de la Senadora señora Matthei y de los Honorables señores Novoa y Zurita, y el voto en contra del Senador señor Bitar.
Finalmente, la Comisión de Economía acordó proponer al señor Presidente que, atendida la naturaleza del asunto, éste se discuta en la Sala en general y particular a la vez.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite una consulta, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
La Sala entendió que se iba a ver el proyecto signado con el número 1, correspondiente a un informe de Comisión Mixta, que se daría por aprobado al acoger o rechazar las dos indicaciones que contiene. De tal manera que, si Su Señoría me permite consultar respetuosa y cordialmente, en realidad no comprendo por qué nos hemos saltado el proyecto signado con el número 6, en circunstancias de que se encuentra aquí también el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señor Senador, la Mesa consultó a la Sala para los efectos de tratar el proyecto signado con el número 6, porque no requiere de quórum constitucional.
En cuanto a las otras iniciativas, estamos a la espera del momento en que exista el quórum correspondiente, porque no es posible iniciar el debate con un número tan pequeño de señores Senadores presentes en la Sala. Por eso pedí el parecer de la Sala y ésta accedió.
Ruego al señor Senador entender que, ante la ausencia de algunos señores Senadores, estamos tratando de ajustar los quórum con el propósito de realizar un debate adecuado sobre normas que son muy trascendentes para el país.
El señor CANTERO.-
Si entiendo bien, señor Presidente , el proyecto se postergó para una sesión próxima.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si existiese quórum en el transcurso de las próximas horas -lo cual veo difícil-, la Mesa pondría en votación la iniciativa.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Puedo hacer una consulta, señor Presidente ? Si no estoy mal informado, lo que sugiere una Comisión Mixta se aprueba o rechaza, sin discusión.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Puede surgir debate, señor Senador.
El señor Secretario acaba de hacer relación de la iniciativa que extiende el ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales.
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Economía, Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , se trata de un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que extiende las normas de cobranza extrajudicial a aquellas cobranzas en las cuales no ha existido o mediado una operación de crédito anteriormente. Esto corresponde a la primera parte de la norma. La segunda hace extensivas las disposiciones relacionadas con la forma general como se deben efectuar las cobranzas extrajudiciales, es decir, no pueden practicarse sino en horas hábiles, ni puede menoscabarse la dignidad de las personas. Además, en esa parte, establece en general garantías para los consumidores respecto de cobranzas provenientes de operaciones de crédito o de cualquier otra índole.
Aun cuando el texto no lo dice en forma expresa, los señores Diputados autores de la moción señalaron respecto de la primera parte su preocupación en cuanto a que servicios públicos, que muchas veces se hallaban involucrados en cobranzas, estuvieran al margen de las normas sobre cobranza extrajudicial, especialmente aquellas que limitan los montos que se pueden cobrar.
Hecho el análisis de la disposición en los términos en que la aprobó la Cámara de Diputados, el representante del Ejecutivo expresó que en lo referente a las cobranzas hechas por los servicios públicos esa materia estaba regida por una ley especial. Incluso, el propio Congreso aprobó una disposición que permitía a las autoridades respectivas fijar los precios, cuando se trataba de operaciones que las empresas concesionarias de servicios públicos realizaban en forma monopólica. Sobre el particular, el representante del Ejecutivo manifestó que, con respecto a las cobranzas de las empresas de utilidad pública, existía una normativa específica, mejor que la establecida en la ley de defensa del consumidor.
Considerando ese factor y, además, que la cobranza extrajudicial no puede ser exigida al deudor -vale decir, si un deudor no acepta las condiciones de la cobranza extrajudicial, nadie le puede exigir en esa cobranza que pague más de lo que debe o que pague recargos-, la persona no está obligada a responder a los requerimientos del acreedor, sino sólo por el monto de la obligación.
En atención a estas dos razones, la Comisión aprobó el artículo, con una modificación que excluye la extensión de las normas de cobranza judicial a otras operaciones, las que precisamente acabo de describir. Pero sí mantuvo la disposición que hace extensivo a toda cobranza lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 39-B y en los incisos segundo y quinto del artículo 37 de la ley Nº 19.496, preceptos que establecen garantías para que cualquier persona que deba pagar una obligación no se vea sometida a acciones vejatorias ni humillantes, ni tenga que recibir requerimientos de pago en lugares que no sean los adecuados o en horas que no sean hábiles.
Por las razones expuestas, la Comisión, por tres votos contra uno, propone aprobar el proyecto de ley con la enmienda que acabo de detallar.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , quiero simplemente dejar constancia de que me abstengo de participar en este proyecto, como también lo hice en su oportunidad respecto de la iniciativa que él modifica, no por obligación reglamentaria, sino por razones de prudencia.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general y en particular el proyecto, con la abstención del Honorable señor Hamilton.
Aprobado, y queda despachado en este trámite.
Mientras estamos a la espera de que el señor Ministro de Hacienda baje a la Sala en algunos minutos más para tratar el proyecto signado con el número 7 en el Orden del Día, que se acordó debatir en el curso de esta sesión, pasaremos a analizar el del número 8.
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.039 EN CUANTO A PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Proyectos de ley, el primero, iniciado en moción de los Senadores señores Ríos y Ruiz-Esquide y de los ex Senadores señores Díaz, Ortiz y Vodanovic, y el segundo, de los Senadores señores Ominami, Ríos y Ruiz-Esquide y del ex Senador señor Cantuarias, que modifican el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre los proyectos (1033-03 y 1239-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
1) Primer proyecto: (moción de los Senadores señores Ríos y Ruiz-Esquide y de los ex Senadores señores Díaz, Ortiz De Filippi y Vodanovic).
En primer trámite, sesión 9ª, en 7 de julio de 1993.
2) Segundo proyecto: (moción de los Senadores señores Ominami, Ríos y Ruiz-Esquide y del ex Senador señor Cantuarias).
En primer trámite, sesión 6ª, en 16 de junio de 1994.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 38ª, en 18 de abril de 2001.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario hará la relación de la iniciativa.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los proyectos tuvieron su origen en mociones de los Honorables señores Ominami, Ríos y Ruiz-Esquide y de los ex Senadores señores Cantuarias, Díaz, Ortiz y Vodanovic.
Ambas iniciativas se encuentran informadas por la Comisión de Economía, la que, luego de reseñar los antecedentes tenidos en consideración y el debate habido, recomienda su rechazo por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables señora Matthei y señores Lavandero, Novoa y Zurita.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , los proyectos en debate fueron presentados tiempo atrás, cuando se modificó el decreto ley Nº 958, sobre propiedad industrial. Dicha enmienda incluyó una norma en virtud de la cual no se hizo extensiva una protección a los medicamentos con patente.
Dado que la norma vigente en el momento en que se modificó el referido decreto ley establecía que se podían patentar procedimientos para la fabricación de medicamentos, los autores de las mociones presentaron una norma tendiente a impedir que, por la vía de proteger un procedimiento, se ampararan medicamentos genéricos que la normativa en vigor -dictada en ese momento- prohibía amparar.
El problema es que, después de haber transcurrido prácticamente 10 años desde que se formularon tales mociones, han ocurrido dos hechos. En primer lugar, no se produjeron las dificultades que se temía; y, en segundo término, como a la fecha de dictación de la normativa que modificó la ley sobre propiedad industrial podían existir patentes con períodos de duración de 5, 10 ó 15 años, en la actualidad serían muy pocas las que podrían ser objeto de lo propuesto en las mociones.
A la Comisión asistieron el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor José Pablo Monsalve , y la abogada asesora de dicho departamento, señora Sabina Puente , quienes señalaron que los proyectos habían perdido vigencia, pues, aunque no tenían información a mano, a juicio de ellos eran muy pocas las patentes que podrían quedar incluidas en el sistema sugerido. Además, expresaron que, en virtud de convenios internacionales suscritos por Chile, se halla actualmente en trámite en la Cámara de Diputados un proyecto sobre marcas y patentes industriales, y que podía resultar inconveniente aprobar las mociones en cuestión, pues no coinciden con los compromisos internacionales firmados por el país.
En razón de esos antecedentes, y lamentando mucho tener que contradecir a los distinguidos colegas autores de las mociones, la Comisión, por unanimidad, decidió rechazarlas.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Conversé con el Presidente de la Comisión de Economía acerca de la materia que nos ocupa y, en determinado aspecto, es cierto lo señalado por él. Sin embargo, no estoy tan convencido de que las mociones deban ser rechazadas, sobre todo por el argumento dado por el representante del Gobierno, en el sentido de que, a raíz del proyecto que se halla en trámite en la Cámara de Diputados, aquéllas quedarán obsoletas y, por ende, no valdría la pena aprobarlas. Es algo que no tengo muy claro.
Por lo tanto, y sin el deseo de alargar la discusión, entiendo que los señores Senadores que tuvieron la gentileza de invitarme a participar en el estudio de los proyectos -a lo cual por distintas razones no pude concurrir- lo hicieron con la mejor intención de no generar una doble legislación que a nada condujera. Sin embargo, por razones de honor personal -como diría alguien-, voy a votar en contra del informe de la Comisión.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En votación.
Si le parece a la Sala, se rechazarán los proyectos.
--Se aprueba el informe, con los votos en contra de los Senadores señores Ruiz-Esquide, Ríos y Pizarro.
______________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, del cual dará cuenta el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El señor Presidente propone incluir en la Cuenta un proyecto de acuerdo, suscrito por los Honorables señores Cantero, Horvath, Pizarro, Cariola, Silva, Vega, Núñez, Ríos, Lagos y Boeninger, sobre políticas de información territorial.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria próxima.
REGULACIÓN DE USO DE PERROS GUÍAS, DE SEÑAL O DE SERVICIO PARA DISCAPACITADOS
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio para personas con discapacidad, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2595-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Matthei y señores Bombal, Ruiz-Esquide, Silva y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 3ª, en 10 de octubre de 2000.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 38ª, en 18 de abril de 2001.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Senadores señora Matthei y señores Bombal, Ruiz-Esquide, Silva y Viera-Gallo.
La Comisión señala en su informe que el objetivo principal del proyecto consiste en asegurar a las personas con discapacidad el libre acceso a lugares públicos o privados abiertos al público, a los medios de transporte y a inmuebles ofrecidos para uso o renta, acompañadas de un perro guía, de señal o de servicio.
Asimismo, agrega que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión, Senadores señores Cordero, Ríos y Viera-Gallo.
En consecuencia, la Comisión propone a la Sala aprobar en general la iniciativa.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , nos ha tocado conocer el caso de una persona -según entendemos es la única en el país- que tiene un perro guía realmente bien entrenado. Ante todo, es preciso señalar que debió traerlo del extranjero, porque en Chile nadie sabe adiestrar un animal de ese tipo. Su enseñanza es extraordinariamente difícil y compleja -sólo algunas razas de canes son apropiadas para cumplir la función de que se trata-, pues, en general, el perro guía no sólo debe obedecer, sino que, de alguna manera -por decirlo así-, aplicar criterio. Por ejemplo, si se le indica que avance y observa una luz verde o roja que alerte sobre el peligro para la vida del amo, no sigue. Es decir, tiene que aprender a desobedecer, a tomar decisiones. Por eso, es difícil y muy caro el entrenamiento de esos perros.
Una persona ciega -que nació con visión, pero que después la perdió-, en dos oportunidades, ha traído desde los Estados Unidos de América, un perro guía. Obviamente, éste le permite gran movilidad y le da la posibilidad de insertarse en la sociedad. Un can de esa naturaleza le cambia la vida a un no vidente. Sin embargo, al intentar acceder a un restaurante le impiden el ingreso con "mascota". En Chile, la gente ignora absolutamente la diferencia entre una mascota y un perro guía. A veces, ha tratado de alojarse en un hotel o de subirse a buses y también se lo han prohibido; en fin, para qué hablar de bancos o de instituciones públicas. Al pretender el ingreso a un Ministerio con un perro guía, probablemente le cerrarían el paso de inmediato.
Por lo tanto, el proyecto procura básicamente proteger el acceso de la persona ciega acompañada de un perro guía a cualquier lugar. Asimismo, tiene por objeto multar a quien entorpezca, discrimine, amenace o impida a un discapacitado que lo acompaña un perro guía y también al que hiera o mate a tal tipo de animal, dado que -como señalé- el costo de su entrenamiento y reposición es extremadamente alto. Tanto es así que en Estados Unidos las instituciones especializadas en ese adiestramiento dan en concesión al perro guía; pero, si el amo no lo trata bien ni se preocupa de mantenerlo en perfecto estado de salud, etcétera, debe devolverlo. Es decir, generalmente tales perros no se donan, sino que se prestan o se entregan en concesión.
En La Serena se formó una institución a cargo de una oftalmóloga, la doctora Luisa Madrid , quien con su marido, se han contactado con organismos del extranjero para averiguar cómo se pueden entrenar los perros para cumplir esa función. Ya tienen contactos con instituciones de España, Inglaterra y Estados Unidos, y están viendo qué entrenador de perros en Chile pueda especializarse en dicha actividad.
En el país la cantidad de ciegos es inmensa; constituye un número realmente muy alto. Tal vez el Senador y médico señor Ruiz-Esquide pueda darnos la cifra. El problema es que, en general, los ciegos no se ven en las calles, porque no salen, y si lo hacen, van acompañados.
Imaginar la vida de una persona no vidente, que no puede desplazarse libremente o que está muy limitada para ello, constituye algo que a todos nos debiera llevar a reflexión. Probablemente, la ceguera sea una de las discapacidades más atroces. Una persona en silla de ruedas se puede desplazar de alguna manera, pero el ciego está en constante peligro al trasladarse de un lugar a otro.
Por ese motivo, deseamos que en Chile se pueda realizar el entrenamiento de los perros guías; que haya respeto por tales animales, y que los no videntes dispongan de uno, a fin de llevar una vida más fácil.
Cabe hacer presente que en el estudio del proyecto participó la doctora Luisa Madrid , de La Serena, quien ha impulsado la iniciativa. Como oftalmóloga, ella dedica gran parte de su tiempo a atender en forma gratuita. La suya es una especialidad de gran demanda y hay pocos médicos de ese tipo en Chile. Aun cuando puede ganar mucho dinero, junto a su marido, atiende a gente pobre.
Esperamos que desde la fundación que se está creando en La Serena -que enorgullece a la Cuarta Región-, salgan los primeros perros guías del país.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , solicito al Senado aprobar sin más trámite el proyecto que presentamos con los señores Senadores ya mencionados.
La Honorable señora Matthei trajo la primera idea, sobre la base -como señaló- de lo que se está efectuando en La Serena.
Considero que la iniciativa en estudio constituye un avance en el afán de complementar y ayudar cada vez más a los discapacitados, en el marco del informe de la Comisión de Salud aprobado hace más o menos quince días.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto y pido a los señores Senadores pronunciarse de la misma manera.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, deseo que se haga una precisión.
Reiteradamente se ha aludido a personas ciegas; pero del texto del proyecto pareciera desprenderse que también debe considerarse la asesoría de perros de señal o de servicio para personas sordas. ¿Es el ánimo de que comprenda ambas clases de perros? ¿Qué la norma se refiera no sólo a las personas ciegas, sino también a las sordas? ¿Es ése el espíritu de la norma? Porque hay disposiciones que podrían ser contradictorias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-.
Efectivamente, señor Presidente, se aplica en ambos casos. La idea es incluir todas las oportunidades en que los perros sirvan de ayuda a quienes sufran alguna discapacidad y que hoy día se ven privados de utilizarlos. Repito que se trata de ambos casos.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Urenda.
El señor URENDA.-
Pido que los autores de la iniciativa me expliquen si es lo mismo el perro de señal que el de servicio.
Es claro que un perro guía acompaña al no vidente; el de señal, a un sordo.
La señora MATTHEI.-
Cuando suena el teléfono, el perro de señal le avisa a su amo.
El señor URENDA.-
Por eso debe quedar claramente señalado, pues en el proyecto no se indica a qué corresponde.
¿Es distinta o equivalente la labor de los perros de servicio y de señal?
La señora MATTHEI.-
No, porque el entrenamiento es diferente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, procederemos a aprobar en general el proyecto y a fijar plazo para formular indicaciones, a fin de que el Honorable señor Urenda y otros señores Senadores tengan la posibilidad de aclarar sus inquietudes. Me parece que la pregunta de Su Señoría es válida y debe ser dilucidada.
El señor PIZARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , lógicamente votaré a favor de la iniciativa, pero deseo consultar en cuanto a las faltas y las sanciones o multas que plantea el texto.
Se indica que "El causante de una herida o muerte a un perro guía, de señal o de servicio, estando el perro cumpliendo sus labores, será castigado con una multa no menor a 60 ni superior a 100 Unidades de Fomento. Además, será obligado al pago de las cuentas veterinarias y costos", etcétera.
En los últimos días ha estado muy de moda la discusión respecto de perros que, en determinado momento, cambian de conducta y agreden a adultos o niños. Uno puede pensar que los perros rottweiller del Colegio Salesiano de Punta Arenas estaban cumpliendo con su labor cuando mordieron a un niño que ingresó al recinto en su huida del grupo que lo seguía, niño que quedó al borde de la muerte; o que también lo hacía el que agredió a una cantante -según entiendo, el perro era de su propiedad-, provocándole diversas lesiones.
Mi consulta apunta en dos sentidos. Primero, ¿por qué se aplican estas penas y cómo se fija la cantidad? ¿A qué son equivalentes? ¿A qué se asimilan? ¿A qué tipo de faltas?
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI .-
La multa corresponde a una fracción de lo que cuesta entrenar un perro, lo que es carísimo. De hecho, cada cuatro animales adiestrados solamente sirve uno. Son sometidos a diversas pruebas y no sólo al entrenamiento, para medir la consonancia con la persona ciega a la que acompañarán, pues debe establecerse una relación que es bastante difícil.
El señor PIZARRO.-
Es decir, la norma está vinculada con la reparación del daño que se causa al impedir que el perro siga cumpliendo con sus labores, debido al alto costo que implica su entrenamiento.
La señora MATTHEI .-
Así es.
El señor PIZARRO.-
Tal vez los Senadores señores Zurita o Aburto pueden aclarar la duda.
Igual debe haber una relación entre las faltas que establece el proyecto y otras similares relativas a diversas materias. Al respecto declaro mi ignorancia en ese campo.
El señor ZURITA .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO.-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZURITA .-
El Senador señor Pizarro con justa razón está confundiendo dos problemas. La herida o muerte provocada a un perro guía es un asunto de daño a la propiedad ajena. La situación del perro rottweiller que muerde con razón o sin ella a una persona constituye un cuasi delito, del cual es responsable su dueño por no ejercer sobre el animal el debido control.
En mi entender, no hay ningún peligro de confundirse entre un perro rottweiller y un perro guía.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Puede continuar el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, entiendo la diferencia.
El punto en cuestión radica en que el artículo 49-1 del proyecto dice: "El causante de una herida o muerte a un perro guía, de señal o de servicio estando cumpliendo sus labores". Dentro de la categoría de servicio -en eso el Senador señor Urenda tiene razón- no sólo cabe el problema de los no videntes. En efecto, un inválido puede decir: "Necesito un perro guardián por si me atacan, pues estoy en la indefensión; o por mi trabajo o actividad, o lisa y llanamente por si me asaltan". Hacia eso apunta mi consulta.
Entiendo claramente el objetivo del proyecto, pero creo que la iniciativa debería ser perfeccionada para evitar que, sobre la base de su encomiable propósito, cualquiera pueda invocarlo y alegar que le es necesario contar con el apoyo de un perro de tales o cuales características, sea para casos de ataque o de defensa, e incluso, si le hacen daño, considerar las multas o las faltas que aquí se establecen.
Tal es la distinción que deseaba hacer presente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, se trata de precisar aquí tres cosas.
En primer lugar, el artículo 25-3 define claramente las características que aquí estamos señalando. En la letra a) se precisa que las tareas del perro de servicio no están limitadas a guiar individuos con deficiencia visual, sino a prestarlas a todos aquellos que de una u otra manera las requieran. Y lo mismo sucede con las otras tres definiciones.
Segundo elemento: aunque parezca extraño tener que insistir en ello, la verdad es que el espíritu con que estamos tratando la presencia de estos animales adiestrados para ayudar a sus amos es muy diferente en el caso de perros guardianes, cuya enseñanza tiene por esencia la agresión.
Tercer elemento...
El señor PIZARRO .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Con todo agrado, con la venia de la Mesa.
El señor PIZARRO .-
Señor Presidente , la letra a) del artículo 25-3 define al perro de servicio como aquel "individualmente entrenado para labores en beneficio de una persona con discapacidad, incluyendo pero no limitado a guiar a individuos con deficiencia visual, alertar a individuos con deficiencias auditivas la presencia de intrusos o ruidos, proveer protección mínima, trabajos de rescate, empujar sillas de ruedas, recoger o acarrear objetos.".
Los conceptos de "alertar" y de "proveer protección mínima" calzan perfectamente con el caso que yo estaba planteando, y eso es lo que me preocupa, porque en la práctica, a raíz de esto, se empieza a justificar o a otorgar una especie de marco legal de protección a todo lo sucedido en este último tiempo. Los sacerdotes salesianos en Punta Arenas justifican la tenencia de los canes aduciendo que deben resguardarse de intrusos, de ladrones o de no sé quién.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Quiero hacer una proposición sobre el tema.
Tengo la impresión de que, en general, hay disposición favorable para aprobar el proyecto, pero sin duda su texto provoca diversas inquietudes. Por ello, propongo a Sus Señorías aprobarlo y fijar como plazo para presentar indicaciones el 16 del mes en curso. De esa forma, los Honorables señores Urenda y Pizarro , y los señores Senadores que deseen hacerlo, pueden hacer llegar a la Comisión sus inquietudes.
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , creo que el proyecto está muy bien elaborado, y que es oportuno y necesario. No se puede mezclar esto con lo que pasó con perros de los salesianos, porque entonces las Comisiones se verían abocadas indefinidamente al estudio de ciertas legislaciones, pues algunos seres humanos hacen cosas peores que lo que hicieron esos perros. Hay perros buenos y perros malos, y gente buena y gente mala. Yo tengo gran respeto por los perros, los que son susceptibles de ser entrenados. Y aquí se está hablando de una cosa distinta: de un servicio esencial que estos animales prestan en todas partes del mundo.
La iniciativa, a mi juicio, está bien redactada, y no veo que dé lugar a problema alguno.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en la elaboración de esta norma se ha recurrido a la legislación comparada. Y, en el fondo, se ha estudiado lo que existe al respecto en algunas zonas de Estados Unidos, en España y otros países.
En realidad, para entender lo que es un perro guía o un perro de servicio hay que leer también la letra e), donde se habla de "Centros de Adiestramiento" donde ellos serán preparados especialmente para el cumplimiento de sus tareas, con entrenadores acreditados. Como ya he señalado, hay normas internacionales a las cuales hay que ceñirse en esta materia, y obviamente lo primero que se ve es la agresividad del perro.
Creo que, en general, el proyecto es adecuado, y guarda estrecho contacto con lo que en este aspecto existe en otros países. Si algunos señores Senadores quieren formular indicaciones, tienen todo el derecho de hacerlo, pero mi impresión es que sólo lograrán retrasar el despacho de un proyecto que está bastante estudiado.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular el proyecto.
Aprobado.
CONVENCIÓN SOBRE MINAS ANTIPERSONALES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados relativo a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, adoptada en Oslo, el 18 de septiembre de 1997. Esta iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Boletín Nº 2209-10)
Debo recordar que los Comités acordaron tratar hoy el proyecto de acuerdo, con la asistencia del señor Ministro de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2209-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 2ª, en 20 de octubre de 1998.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 41ª, en 3 de mayo de 2001.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Convención a que se refirió el señor Presidente tiene como objetivo prohibir el empleo, el desarrollo, la producción, la adquisición, el almacenamiento, la conservación o transferencia, directa o indirectamente, de minas antipersonales; prohibir a los Estados Miembros ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad que no pudiese realizar un Estado Parte, conforme a la Convención, y finalmente, destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonales, de acuerdo con lo previsto en el Tratado.
La iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Relaciones Exteriores, la que, luego de reseñar la Convención en estudio, describe el debate suscitado al respecto y concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes -Honorables señores Gazmuri, Martínez, Romero y Valdés- la aprobación del proyecto de acuerdo, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe recordar que, por acuerdo de la Sala del día 15 de diciembre de 1999, el proyecto de acuerdo iba ser informado también por la Comisión de Hacienda, la cual, posteriormente, por oficio del que se dio cuenta en la sesión de 11 de abril del año en curso, solicitó ser eximida de conocer la Convención en comento, lo que fue aceptado por la Sala. En consecuencia, sólo será considerado el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Antes de dar comienzo al estudio del proyecto de acuerdo, debo señalar que la señora Ministra de Relaciones Exteriores , a través del Honorable señor Romero, ha solicitado contar con la posibilidad de dar a conocer, en alguna próxima sesión, su criterio sobre esta materia.
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , deseo hacer presente que la Comisión de Relaciones exteriores estudió el proyecto de acuerdo con suma detención y que lo aprobó por unanimidad, después de escuchar no solamente al señor Ministro de Defensa , sino también a altos personeros de la Defensa Nacional, particularmente del Ejército, porque en su mayoría las minas antipersonales están ubicadas en la frontera de Chile con países como Bolivia y Argentina, en el norte, aunque también las hay en el sur, pero estas últimas se encuentran más bien bajo la responsabilidad de la Armada.
Después de muchos análisis, se llegó a la conclusión de que Chile debe levantar las minas por estar de por medio un tratado internacional que nos obliga a hacerlo. Ellas cubren una superficie muy amplia y su instalación -no cabe la menor duda- se justificó en su oportunidad, situación que ha cambiado con el transcurso del tiempo. Las minas antipersonales, en todo caso, están produciendo daños irreparables en vidas humanas y dificultades de tránsito, que han sido vastamente analizados por el Senado. La única objeción que se ha dado no es la desprotección que el país puede sufrir si se sacan estas minas, como lo ha dicho concretamente el Ministerio de Defensa, sino el costo que tiene la eliminación de estas artefactos. Frente a la comunidad y a la conciencia internacionales -no digo solamente ante nuestros vecinos- y al derecho de contar con un paso limpio y claro, sin mayores peligros, la única dificultad es su costo. Pero hubo informaciones que llegaron a la Comisión de Relaciones Exteriores que dieron cuenta de países que han logrado construir artefactos que no hacen tan excesivamente cara -por decirlo de alguna manera, aunque el costo siempre es alto- la recolección de estas minas, y sin que ello implique riesgo para las personas que efectúen esa tarea.
Señor Presidente, a nuestro juicio, ha llegado el momento de asumir la responsabilidad que implica la aprobación del Tratado. Tendremos diez años para cumplir con la obligación respectiva, período que podrá prorrogarse después. Pero debemos empezar a cumplir estos tratados internacionales; debemos hacer un esfuerzo.
Me parece que las Fuerzas Armadas están de acuerdo en que, por lo menos, se determinen áreas donde se vayan suprimiendo estas minas, corredores (particularmente en el norte) donde pueda transitarse, sujeto ello a controles aduaneros, pero no con estos mortíferos y -diría- casi criminales artefactos, que no se justifican y cuya ubicación no se conoce bien hoy día.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , en el plano de las más nobles aspiraciones humanas, nadie puede alegrarse por la existencia de los ingenios bélicos, cualquiera sea su especie. Por ello, me sería muy grato recomendar que aprobáramos, sin más, la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción.
Pero quienes hemos servido en las Fuerzas Armadas, aunque sabemos más que nadie cuán terribles y crueles son los efectos de estas armas, también tenemos claro que su razón de ser está ligada a la naturaleza humana y a la defensa del interés de las naciones, por lo que, desgraciadamente, debemos contar con que seguirán usándose.
No pretendo ir en contra de la marea humanitaria que hoy en día parece hacerse universal. Es innegable que la guerra constituye una trágica desgracia, se gane o se pierda. Hay que hacer lo necesario para evitarla; no es otro el sentido de la disuasión.
Sin embargo, antes de pronunciarnos sobre la conveniencia o no de ratificar la Convención en debate, me parece indispensable detenernos en algunas consideraciones. Y las formulo, porque todavía creo que el Senado es, ante todo, un foro donde se debaten las ideas encaminadas al bien común de nuestra comunidad nacional, y no una oficina de mero trámite, encargada de aprobar mecánicamente las convenciones internacionales suscritas por el Ejecutivo en uso de sus facultades.
Con esa intención, quiero destacar los siguientes puntos:
Al Convenio que discutimos no adhieren las potencias militares más importantes, cual es el caso de los Estados Unidos de América, China , India y la Federación Rusa. Quiero indicar con esto que, desgraciadamente, la existencia y proliferación de estos artefactos está asegurada en el mundo y por mucho tiempo.
En una situación teórica, alejada de la realidad, es posible suprimir determinadas armas. En el gabinete hasta es razonable dar por inexistente el arma atómica, por ejemplo.
Sin embargo, al volver a la realidad, salta a la vista que tan pronto un bando lo juzgue indispensable, volverá a fabricar y a usar las armas prohibidas. Basta hojear cualquier libro de historia para darse cuenta de ello.
En el caso de la mina antipersonal, y con mayor evidencia en el de la mina antitanque, se puede afirmar que estamos ante un arma defensiva. Quienes por cualquier circunstancia se encuentran en una actitud defensiva, suelen establecer campos minados para defenderse de una posible agresión. En la práctica, la actitud defensiva se apoya en los campos minados cuando las fronteras son muy extensas y no se cuenta con fuerzas numerosas para contener una invasión en los puntos críticos más vulnerables.
Chile tiene esas dos características: una actitud general defensiva y una frontera de 5 mil kilómetros, una de las más extensas del mundo.
Para los países pobres, el concepto central de su política de defensa consiste en garantizar el máximo de seguridad posible con un mínimo de recursos financieros. En nuestro país siempre se gasta el mínimo posible en defensa. Es un dato que conviene tener en cuenta al pensar en el reemplazo de las minas que se retirarán, porque la verdad es que no existe otro artefacto bélico en que la relación costo-beneficio sea más favorable.
La Convención que nos ocupa es una respuesta humanitaria ante una realidad ciertamente terrible. En efecto, durante los últimos años se sembraron minas en zonas urbanas y agrícolas densamente habitadas en algunos lugares de África y Europa (me refiero a los Balcanes). Desgraciadamente, una vez concluidas allí las hostilidades, quedó en evidencia que era muy difícil retirarlas, porque habían sido sembradas casi siempre por fuerzas irregulares. No es de extrañar, entonces, que hoy ocurran en esos lugares frecuentes accidentes, con trágicas consecuencias para la población civil, muchas veces inocente e inconsciente del peligro.
El caso chileno es diferente. Los campos minados se encuentran lejos de las zonas habitadas del país y fuera de las vías de tránsito regular. Por eso, las desgracias que han provocado en la población civil son poquísimas. Casi siempre los afectados han resultado ser individuos que transitaban por esos parajes para eludir los controles estatales, normalmente narcotraficantes o inmigrantes ilegales. En cualquier caso, no ignoro que ha habido y que más adelante pueden ocurrir accidentes que afecten a otro tipo de personas, pues la manipulación del material de guerra siempre será peligrosa, incluso para los armeros más entrenados.
Repito que está muy lejos de mi ánimo tratar de justificar la existencia de estos mecanismos defensivos a todo trance, convirtiendo un punto técnico en una cuestión de principios. Con esa advertencia previa, invito a considerar, desapasionadamente, el peligro real que para la población y su convivencia normal significa la existencia de campos minados en comparación con otras formas de violencia, como lo es, por ejemplo, una simple bomba molotov lanzada sobre los carabineros por quienes protestan -trabajadores en paro, estudiantes, militantes de agrupaciones políticas acostumbrados a ejercer la violencia, etcétera- o encima de un medio de transporte colectivo o de los transeúntes demasiado curiosos. Estoy seguro de que las bombas caseras han causado en Chile muchas más víctimas que las minas antipersonales.
Finalmente, en este punto, para cuantificar con serenidad el daño que efectivamente ha sufrido la población como consecuencia de accidentes provocados por la activación de minas, podría servir de punto de referencia tener a la vista una estadística de las desgracias cuyo origen está en accidentes de tránsito.
Al resolver sobre la conveniencia de ratificar o no esta Convención, tenemos que reflexionar sobre la responsabilidad que implica una medida que, se quiera o no, tendrá por efecto disminuir la capacidad disuasiva de nuestro país.
Aunque nos desagrade y contraríe ciertas íntimas convicciones, tenemos la obligación de pensar en las razones por las cuales fue necesario establecer los campos minados. Entonces, las preguntas pertinentes son: ¿Qué ha cambiado? Y, mirando el largo plazo, ¿qué podría cambiar tan esencialmente como para tornar definitivamente inútiles tales defensas? Si por una razón de fondo o de simple imagen política -da lo mismo- accediéramos a prometer que en un plazo que hoy nos parece demasiado lejano vamos a levantar los campos minados y que, además, vamos a destruir de inmediato los artefactos que pudiéramos tener almacenados, ¿con qué tropas, con cuál material y a qué precio estamos dispuestos a comprometernos en este acto para reemplazar la función disuasiva que hoy cumplen las minas que vamos a eliminar?
En mi opinión, la Corporación no cuenta todavía con los datos y antecedentes de juicio indispensables para adoptar una decisión definitiva sobre este tema. Es necesario estudiar más a fondo el asunto, ponderando todos los elementos en juego y haciéndonos cargo de las consecuencias que tendrá la decisión que adoptemos en definitiva.
Señor Presidente , en caso de ratificar esta Convención, debiéramos hacerlo muy conscientes de estar comprometiendo al Ejército en una operación larga, riesgosa y cara, que cobrará sus víctimas. También me parece que los fondos extraordinarios que demandará esta operación -cuyo monto oficialmente ignoramos-, así como el costo de reemplazar las minas por otros ingenios que cumplan con su función, debieran ser un dato que formase parte integral de un eventual pronunciamiento afirmativo.
Con todo, ya que la decisión que se adopte podría influir negativamente en la capacidad disuasiva de Chile, me parece indispensable que antes de votar la ratificación del instrumento internacional que nos ocupa se estudien los antecedentes en la Comisión de Defensa. Creo que es el lugar adecuado para conocer la opinión profesional de las instituciones armadas, especialmente del Ejército, tanto respecto del costo que demandará el levantamiento de los campos minados como en cuanto a las nuevas fuerzas con que será imprescindible contar y al costo y naturaleza de los nuevos ingenios tecnológicos que se deberán desplegar en las áreas de protección ya existentes y otras complementarias.
Solicito, señor Presidente, que se resuelva la petición que acabo de formular, es decir, que el tema sea estudiado en la Comisión mencionada.
El señor VALDÉS .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor CANESSA.-
No tengo inconveniente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Hago presente al Senador señor Canessa que el proyecto, relativo a una cuestión internacional, permaneció años en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se escuchó a todos los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y al señor Ministro de esta última Cartera.
Pensé que la objeción a la aplicación del tratado provendría más bien del señor Ministro de Hacienda , aquí presente, porque cuesta dinero, mas no de una persona cuya opinión es muy respetable pero que no se concilia con el hecho de que a la Comisión de Relaciones Exteriores le pareció más actual la de los titulares de cada rama de las Fuerzas Armadas y del señor Ministro de Defensa Nacional.
Gracias.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , efectivamente, el tratado fue firmado por el Ejecutivo en 1997. Por lo tanto, han sido cuatro años los destinados a su análisis exhaustivo por la Cámara de Diputados, que lo aprobó, y luego por esta Corporación, como lo expresó el Senador señor Valdés .
Deseo subrayar -y creo que existe acuerdo al respecto de todos los señores Senadores, en todas las discusiones realizadas- que carece de sentido el exponer a personas inocentes. No basta comparar las muertes que pueden ocurrir por la vía de que se trata con las causadas por accidentes del tránsito. Si éstas fueran más altas, normalmente, que las producidas en las guerras, ello no quiere decir que cabría avalar las guerras porque el tránsito mata gente. El punto principal radica en que se ha afectado a personas inocentes, incluso en parques nacionales. Nosotros contamos con planes de ecoturismo que también abarcarán esas superficies.
Entre los afectados, como sabe muy bien esta Corporación, se encuentra alguien que no puede ser catalogado ni de inmigrante ilegal ni de traficante de drogas: el señor Winter, Embajador Jefe de la Oficina de Asuntos Especiales de la Cancillería. Sus dos piernas fueron voladas, desgraciadamente, por una mina antipersonal.
Incluso, si se tratara del tema de los inmigrantes ilegales, creo que ningún señor Senador juzgaría que esa situación debe cesar a través del tipo de instrumentos a que se hace referencia. Me parece que para ello existen políticas más sofisticadas que la de usarlos.
Todos esos argumentos han sido revisados. En realidad, la posición en que nos encontramos ahora tiene que ver con nuestras políticas internacional y de defensa.
Sobre la primera de ellas sólo deseo expresar que la convención ha sido ratificada por los Congresos de todos los Estados vecinos: Argentina, Perú y Bolivia, además del resto de los países de América Latina.
Y entiendo que se establece un proceso gradual, que tiene lugar a lo largo de diez años, como observaban antes otros señores Senadores. Pero también puede extenderse por un período similar, y luego a otros diez años.
En consecuencia, seguiremos una política de defensa que implique un ritmo de erradicación equivalente y empujaremos a nuestros vecinos, asimismo, a ir cumpliendo del mismo modo que nosotros.
Igualmente, quiero recordar que el propio General Izurieta , Comandante en Jefe del Ejército , en una visita a Bolivia hace un tiempo, se manifestó a favor de la eliminación y erradicación de las minas antipersonales. Y el Comandante en Jefe de la Armada también llevó a cabo recientemente operaciones para demostrar su voluntad en el mismo sentido.
Es imprescindible tener presente, además, que toda la estrategia de expansión del norte de Chile hacia el centro de América del Sur pasa por grandes proyectos de integración. Y ellos, por cierto, deben superar el tipo de mecanismos más bien defensivos, en circunstancias de que como chilenos podemos emprender una acción más ofensiva desde el punto de vista cultural, económico, social y de desarrollo en toda la zona central del continente y en las relaciones con Bolivia.
El punto consignado con más preocupación y que ha motivado la presencia del señor Ministro de Hacienda fue expuesto por la propia Sala, y se refiere más bien a los costos de llevar a cabo la labor, no a la naturaleza misma del tratado, que para todos, o bien, para la gran mayoría, debe ser ratificado. Las cifras respectivas son muy variables. Y entiendo lo de que sea muy difícil una precisión, porque las tecnologías avanzan con bastante celeridad. Pero es obvio que, si se inicia la tarea, en la práctica misma iremos aprendiendo, revisando costos, rebajándolos y planificando todo el proceso, porque se presenta un horizonte largo.
Durante el debate de la Ley de Presupuestos vigente el Gobierno manifestó una clara voluntad en el asunto y, por cierto, se planteó una obligación, ya que es precisamente el que manda al Congreso el instrumento para que sea ratificado. Y así lo han expresado el señor Ministro de Defensa con su apoyo, como también la señora Ministra de Relaciones Exteriores con el suyo.
Hacienda señaló que, al ser aprobada y ratificada la convención, se incluirá en la próxima Ley de Presupuestos una asignación sobre el particular. Ello se irá regulando a medida que avance la precisión del estudio de costos y habrá ocasión de escuchar al señor Ministro de esa Cartera.
Al mediar ese compromiso del Gobierno y la visión internacional señalada, es del todo necesario que Chile siga la línea de la ratificación. Se debe entender que todos queremos una política disuasiva en defensa, con tecnologías modernas.
En la lucha contra la droga en el norte -en la Región de Tarapacá, en particular, limítrofe con dos de los países productores más importantes en el mundo- se deben establecer, desde luego, formas nuevas de combate. Ellas pasan incluso por la instalación de radares, de los que hoy se carece, y que hemos discutido con las Fuerzas Armadas y los Ministerios de Defensa y del Interior.
Me permito recordar, entonces, esos principios rectores.
Cabe alegrarse de que se halle presente el señor Ministro de Hacienda , para que ratifique la posición del Gobierno -es lo que entiendo- en cuanto a que los recursos se encontrarán disponibles para proceder a la erradicación de las minas antipersonales. Claro que ello no se puede efectuar con los fondos regulares del Ministerio de Defensa. Y la idea, también, es que dentro de los planes de modernización de las Fuerzas Armadas se recurra a instrumentos o "ingenios", como ha dicho otro señor Senador, más modernos, frente a los desafíos del futuro y al liderazgo de Chile.
No se me escapa -y termino- que el liderazgo mismo del país en América Latina, su situación sólida frente al mundo en lo relativo a democracia, derechos humanos, economía bien manejada y avance a nivel internacional, requieren una posición no cuestionada. Quiero subrayar que, según las informaciones de que disponemos, la que sustenta Chile es consultada permanentemente en los foros internacionales. ¿Y cómo es posible que, encontrándose todos los demás países del continente en una línea determinada, acá aún no se ratifique un instrumento humanitario de significación?
Por esas razones, creo indispensable proceder a ello en esta oportunidad.
Gracias.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , primero, me alegro de que aquello que el General señor Canessa denominó "marea humanitaria" se expanda efectivamente por el planeta y, entre otras cosas, tienda a la eliminación de cosas tan inhumanas como las minas antipersonales.
En segundo lugar, me parece que ha quedado perfectamente claro que incluso los actuales Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas son partidarios de su eliminación.
Tercero, deploro los ejemplos señalados, porque, como ya se observó, la existencia de inmigrantes ilegales francamente no justifica el cortarles las piernas o matarlos. Y, en consecuencia, es obligación de cualquier política el contar con medios aceptados por la Humanidad para enfrentar determinadas dificultades.
Ahora bien, resulta claro que aquí se trata de un instrumento internacional ratificado, como se ha dicho, por los países vecinos y por una gran cantidad de otras naciones. No es raro que las grandes potencias militares del mundo aún no lo hayan hecho. Eso suele ocurrir con la mayor parte de este tipo de problemas, porque tales potencias tienen sus propios razonamientos y, en definitiva, son empujadas a la suscripción de instrumentos de esta índole cuando la gran mayoría de la humanidad ha terminado por adherir a ellos. De manera que no es un antecedente valedero el que Estados Unidos, Rusia, India o Paquistán todavía no hayan ratificado esta Convención.
Además, creo que cualquier política de defensa contemporánea se encuentra obligada a desarrollar medios eficaces y verdaderamente disuasivos -en esa dirección apunta la nuestra-, pero al mismo tiempo debe erradicar aquellos métodos o artefactos que son rechazados por el mundo entero.
En seguida, quiero corroborar y complementar lo que acaba de manifestar el Senador señor Bitar . En verdad, con relación a este convenio parece innecesaria cualquier otra información para el Senado que no sea dilucidar un punto levantado en la Comisión de Hacienda.
Como se relató al comienzo, ese órgano técnico no informó la iniciativa por estimar que no contenía normas de su incumbencia y que, por consiguiente, no debió remitirse a ella. Sin embargo, tres de sus miembros estuvimos de acuerdo con las explicaciones dadas por el Director de Presupuestos, señor Mario Marcel , en orden a que en las futuras leyes de presupuestos de la nación se consultarían anualmente las sumas necesarias para el desarrollo de un programa de desminado, ya que esas cantidades no podían ser determinadas ahora sin efectuar una serie de investigaciones y análisis respecto de costos alternativos a la tecnología sobre la materia -que son extremadamente diversos entre sus mínimos y máximos, por tratarse de tecnología moderna muy sofisticada-, y ver qué es más compatible con las disponibilidades de recursos de Chile.
Ése fue el motivo por el cual la Comisión, acogiendo las inquietudes de algunos de sus integrantes, pidió a la Sala solicitar la presencia del señor Ministro de Hacienda cuando se discutiera aquí el proyecto de acuerdo, a fin de conocer el criterio de la Secretaría de Estado a su cargo sobre el particular.
Como se ha señalado también, el plazo para desactivar las minas antipersonales es de diez años, renovable por otros diez; o sea es de al menos veinte años, pero en esta clase de problemas internacionales, de sobrepasarse el término fijado, no ocurre nada notable. Lo importante es partir.
A mi juicio, tampoco cabría dilatar la aprobación del tratado para escuchar a la señora Ministra de Relaciones Exteriores , quien ya expuso en la Comisión especializada y cuyo requerimiento, de ser oída, se fundaría solamente en cierta aprensión de que en este Hemiciclo no hubiere opiniones favorables suficientes para aprobar la iniciativa.
Lo que procede es escuchar las explicaciones del señor Ministro de Hacienda. No obstante, repito, para tres miembros de la Comisión del ramo lo expresado por el Director de Presupuestos en cuanto a la destinación de recursos futuros para ese efecto fue plenamente satisfactorio.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , el tema fue bastante discutido en las Comisiones que lo trataron -como lo dijo ya el Senador señor Valdés y pude comprobarlo, porque me tocó participar también en la de Relaciones Exteriores- y en ellas, hasta escuchar hoy aquí al Senador señor Canessa , nunca se expresaron opiniones contrarias al asunto en sí, esto es a la ratificación del convenio. Pero veo que hay una objeción de fondo. Me parece bien que se plantee porque ubica el debate en sus reales términos.
Del análisis de la Convención ha quedado claro que desde la perspectiva de la defensa nacional las minas antipersonales ya no tienen ningún sentido. La mayoría de ellas fue colocada en la década del 70, en momentos en que efectivamente el país vivía tensiones muy agudas con todas las naciones vecinas. En la práctica, estuvimos en situaciones prebélicas tanto con Perú como con Argentina. Ése fue esencialmente el origen de una significativa cantidad de minas antipersonales que se hallan enterradas en distintos puntos de la frontera.
Las condiciones estratégicas de Chile han cambiado considerablemente en los últimos veinte años. Nuestras relaciones en el plano militar están en línea con una política muy abierta hacia los países vecinos. Con Argentina se ha producido un giro dramático incluso a nivel de los vínculos entre nuestros institutos armados. Con Perú hemos resuelto por lo menos los contenciosos históricos pendientes desde la firma del Tratado de Paz de 1929.
Todas las naciones vecinas han firmado la Convención. Desde el ángulo nacional, la circunstancia de que no lo hayan hecho algunas de las grandes potencias no constituye un argumento válido. Lo cierto es que esos "ingenios bélicos" -como denominó a esos artefactos el Senador señor Canessa - son muy primitivos y dañan básicamente a la población civil. Así lo demuestra la experiencia no sólo chilena sino mundial, ya que la detonación de las minas antipersonales ha provocado numerosas muertes o dejado inválidas a muchas personas. Aunque no hay estadísticas precisas al respecto, se sabe que entre las víctimas figuran inmigrantes clandestinos e incluso gente que se dedicaba al microtráfico de drogas.
De otro lado, el emplazamiento de minas antipersonales daña el desarrollo turístico de varios parques nacionales tanto en el norte como en el sur del territorio.
Por lo tanto, la no ratificación del tratado sólo tiene costos en diversos ámbitos: en el de nuestra política exterior, en el del progreso de determinadas áreas, en el humanitario. Incluso, el hecho de ser el último país en ratificar la Convención nos plantea también un costo en el campo de la política internacional.
Por lo demás, se ha producido una movilización mundial en torno del tema. Todos recordamos la imagen de la princesa Diana recorriendo distintas partes del mundo propiciando la erradicación de las minas antipersonales.
La señora MATTHEI .-
¿Desde cuándo le gusta la monarquía, señor Senador?
El señor GAZMURI .-
La monarquía popular me gusta mucho, Su Señoría.
A la Izquierda le atrajeron las monarquías populares durante largo tiempo. En eso la señora Senadora no tiene perspicacia histórica suficiente. Hubo una Izquierda "bismarquiana", por ejemplo, bajo los emperadores alemanes.
Además, a las personas de Izquierda en general nos agrada el Rey Juan Carlos , de España. Y esa princesa humanitaria también nos gustaba a los socialistas, incluido el Primer Ministro británico señor Blair .
Lo concreto es que la mantención de las minas antipersonales no tiene justificación alguna desde el punto de vista de la defensa, ni de las relaciones exteriores, ni del desarrollo de determinadas zonas agroturísticas del país. Sí, conlleva costos. Por eso, invito al Senado a despachar finalmente el proyecto de acuerdo.
En cuanto al financiamiento, el señor Ministro dirá lo suyo como responsable de la hacienda pública. Sólo quiero reiterar que de todo el debate que hemos hecho se concluye claramente que no es posible hacer un presupuesto sobre el costo que eso tendría hoy por las razones que paso a detallar.
Primero, por tratarse de un programa a muy largo plazo: son diez años como mínimo; las partes unilateralmente pueden declarar que lo cumplirán en veinte años, y sobre la base de consultas a organismos internacionales se puede prorrogar por diez años más, lo cual configura un horizonte de tiempo bastante prolongado.
Segundo, los costos son sumamente variables.
Tercero, existen ofertas de cooperación internacional que podrían abaratar el proceso, pero para entrar a negociarlas obviamente debe ratificarse el tratado.
En consecuencia, sería útil para el Senado contar con la garantía del señor Ministro de Hacienda de que para financiar el programa se creará una partida en la Ley de Presupuestos de la Nación, que se discutirá en el Congreso todos los años cuando se envíe el proyecto respectivo.
Indudablemente, el programa no puede elaborarse sin aprobar antes la Convención, que lleva aquí más de un año y que propongo despachar de una vez por todas. Tanto aquí en la Sala como en la Comisión el Gobierno se ha comprometido a destinar una partida anual para llevar a cabo el proceso.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente , este asunto es muy sensible para la Segunda Región, que represento en el Senado. Lo he planteado en hora de Incidentes y en otras oportunidades porque allá se han producido varios accidentes por la explosión de minas antipersonales, con graves consecuencias, a raíz de los cuales muchas personas, especialmente jóvenes, han sufrido amputaciones de extremidades u otro tipo de heridas.
En la Región de Antofagasta se colocó una enorme cantidad de esos artefactos (se desconoce el número exacto de ellos) a lo largo de toda la frontera con Argentina cuando desgraciadamente estuvimos casi en guerra con ese país.
Por otra parte, por efecto del invierno altiplánico o de otros fenómenos climáticos, tales artefactos se han ido desplazando y no se sabe dónde están ahora.
En la Región que represento hay muchos lugares de interés turístico donde letreros advierten del peligro de minas. Así, por ejemplo, en el Valle de la Luna han explotado algunas, por lo que se recomienda no salirse de los caminos indicados. Y se trata de una zona que se destaca por su belleza y que atrae a gran cantidad de turistas extranjeros que llegan hasta San Pedro de Atacama y recorren la Región. Otro ejemplo: el paso internacional de Jama, de acceso hacia Argentina, que está totalmente pavimentado y que muestra en muchos de sus tramos señalizaciones que previenen del riesgo de transitar fuera de la calzada. Además, se está construyendo un centro de radioastronomía, que será el mayor del mundo, justamente entre San Pedro de Atacama y la frontera con Argentina, obra que ha obligado a hacer una enorme inversión en trabajos destinados a rastrear minas y extraerlas, en un radio de alrededor de diez kilómetros.
Entonces, para la Región que represento esta Convención reviste fundamental importancia. No se quiere seguir con la imposibilidad de acceder a lugares de gran belleza debido a los riesgos que ello implica no sólo para los turistas, sino también para los transportistas que trasladan carga desde Brasil, de Paraguay, etcétera, por el Paso de Jama. Los señores Senadores saben la importancia de esta ruta y la gran cantidad de vehículos, especialmente camiones, que diariamente la usan.
Señor Presidente, esta materia me interesa porque he tenido oportunidad de conocer jóvenes que han sufrido graves lesiones en el Valle de la Luna.
Por otra parte, he tomado contacto con instituciones humanitarias que cuentan con recursos para realizar la extracción de minas antipersonales. Para traer alguna tranquilidad al señor Ministro de Hacienda , puedo informar que esas organizaciones se han comunicado con el Centro de Estudios del Desarrollo, que dirige muy brillantemente el Senador señor Valdés , con el objeto de ofrecer tal ayuda. Hasta ahora no ha sido posible aceptarla por no haberse ratificado esta Convención.
Yo pediría no pensar tanto en lo que se va a gastar, porque para atender situaciones de emergencia como ésta existen instituciones humanitarias dispuestas a prestar ayuda tanto en la Región que represento como en otras. Después de conversar con distintas autoridades del Ejército de la Segunda Región , he sabido que no hay catastro o mapas de ubicación de los explosivos, ni puede haberlos, en razón de lo que ya decíamos respecto de la influencia de factores climáticos que los han desplazado. Por consiguiente, para tales autoridades también es motivo de mucha inquietud la posibilidad de que personas, civiles o militares, sean víctimas de accidentes desastrosos para su vida.
Por tales razones, solicito del Senado votar favorablemente este convenio, dado su gran importancia para la Región que represento no sólo en lo turístico, sino también en lo comercial y científico, aspectos que se verían favorecidos si con ello se lograra un territorio limpio.
Además, señor Presidente , todo lo que se haga para que nuestras fronteras queden libres de minas es de un valor fundamental en el mundo de hoy. En mi opinión, hay otros mecanismos que se pueden emplear en materia de defensa. Mantener zonas sembradas de minas en áreas expuestas a posibles conflictos con otros países es permanecer en un mundo que ya pasó. Hoy vivimos la era de la globalización, del acercamiento. Todo lo que sirva para unir fronteras, nosotros, como Parlamentarios democráticos, debemos acogerlo.
Como decía, para tranquilidad del Ministerio de Hacienda y de los señores Senadores, existen recursos suficientes, y en abundancia. Además, como explicaba uno de los Honorables colegas que me antecedió en el uso de la palabra, las tecnologías aplicables se han ido perfeccionando y ya no es tan caro como antes el desminado.
Quisiera contar una anécdota, que más bien es historia. Los norteamericanos, en un experimento de enorme costo, que consistía en depositar en la Luna un pequeño robot que realizaría distintas investigaciones, lo llevaron previamente a una zona cercana al Valle de la Luna, cuyo terreno es muy similar al paisaje lunar. Un día me llamó el Intendente de la Región para decirme que enfrentaba un tremendo problema, porque los científicos estaban haciendo caminar el robot -que, repito, costaba millones de dólares- en terrenos peligrosos, y me pedía que tomara rápidamente contacto tanto con los norteamericanos como con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa para conseguir que detuvieran esos experimentos en la zona. ¡Imagínense la resonancia mundial que hubiera alcanzado el hecho de que el robot hubiera resultado destruido por efecto de la explosión de una mina en la Segunda Región! De modo que se estuvo cerca de provocar un incidente internacional, con el consiguiente daño para la imagen de Chile.
Por las razones expuestas, aprobaré esta Convención.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , se me ha solicitado que me refiera al aspecto financiero de este convenio.
Existen a lo menos tres factores que dificultan la determinación exacta de los recursos públicos necesarios. El primero consiste en los elementos sustitutivos y su costo; el segundo, en la selección de la tecnología adecuada y, el tercero, en la fuente de financiamiento.
Ya se ha repetido que no basta con desminar, sino que, en la medida en que se continúen empleando estrategias disuasivas, se necesitarán elementos o ingenios sustitutivos. En esa materia, se cuenta con pocos antecedentes. Hay un estudio de la Armada que en la primera etapa contempla un gasto estimado de 18 millones de dólares y de unos 3 millones de dólares el costo de los ingenios sustitutivos.
Seguidamente, como se ha destacado, la rapidez de la evolución de las tecnologías es, por decir lo menos, abismante. Por ejemplo, hace un tiempo las cifras estimadas alcanzaban a un monto cercano a 400 millones de dólares; y a principios de este año se hablaba de la mitad, es decir, de 200 millones de dólares.
Obviamente, se nos presenta un problema clave. Así como ocurre con la decisión relativa a cuándo cortar los árboles de un bosque, en este caso habrá que determinar el momento apropiado para comenzar el desmantelamiento, porque es esperable que, debido a las mejoras tecnológicas, el costo vaya disminuyendo.
Nos tranquiliza el hecho de que la Convención, como se ha dicho, establezca un plazo de diez años, prorrogable por otros diez, por lo que no nos amarra el riesgo a incurrir en costos excesivos por falta de tiempo para esperar por tecnologías más baratas.
Por último, como también se ha destacado, es preciso resolver más exactamente el problema de las fuentes de financiamiento, ya que, si se ratifica este acuerdo, organismos internacionales preocupados del tema podrían contribuir con parte del costo. Igualmente, cabría estudiar la posibilidad de analizar las operaciones "offset" relacionadas con la compra de material militar, lo que incorporaría inversión en tecnología de desminado.
Con todo, señor Presidente, el Gobierno asumirá los costos necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos por nuestro país.
Gracias.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , ¿quién podría oponerse a que se limpie de minas el territorio nacional, si se considera el daño potencial, que representan, el cual puede, incluso, llegar a la muerte? A la Comisión de Hacienda concurrió, por ejemplo, el embajador Winter , víctima de una explosión.
Se han manifestado afirmaciones con las cuales no concuerdo en absoluto, como, primero, que el convenio no debió haber pasado por la Comisión de Hacienda. Yo me negué a votarlo, no por estimar que dicha Comisión debía estudiarlo -en lo personal, así lo creía-, sino porque sencillamente no había informe financiero que dijera el costo de la iniciativa, y tanto la Ley Orgánica del Congreso como la Constitución señalan claramente que cuando un proyecto se envía a la Comisión de Hacienda sin ser materia propia de ella, tiene que existir un informe financiero. Por eso no voté este Convenio y se remitió a la Sala sin informe de la Comisión de Hacienda.
Se ha dicho que durante cuatro años se ha realizado un análisis exhaustivo del convenio. Eso es absolutamente falso. Podrá ser efectivo desde el punto de vista de las relaciones exteriores, pero no desde el financiero. Se han dado cifras disparatadas: se habla de costos que varían entre 18 millones de dólares y 400 millones de dólares. Eso lo venimos escuchando desde hace tres años en la Comisión de Hacienda. Yo no puedo pensar que, por tratarse de una materia de largo plazo, no pueda elaborarse un informe financiero. La reforma procesal penal es también de largo plazo y bastante más compleja que este tema y cuenta con un informe financiero muy exhaustivo. Naturalmente, puede presentar errores, pero por lo menos hay un orden de magnitud. En este caso, en cambio, no se tiene siquiera una noción del costo de retirar las minas y de con qué elementos se las reemplazará ni su respectivo costo. Por lo tanto, carecemos de una idea del costo alternativo.
Obviamente, es inhumano que una persona muera o quede inválida por la explosión de una mina antipersonal, pero también lo es que alguien se muera de cáncer por no disponer del dinero para comprar las drogas necesarias. Y hemos visto estos últimos días que eso está ocurriendo en Chile, y la gente está protestando por eso. Es igualmente inhumano que una familia entera muera en un accidente carretero sencillamente porque no hay señalización suficiente. Y eso sucede en todas nuestras vías terrestres. No existen pasos sobre nivel adecuados o los necesarios resguardos en los cruces ferroviarios. Hace poco no más murió una familia embestida por un tren.
Entonces, existen muchas cosas inhumanas en Chile y su solución requiere recursos. Lo que yo alego es que, por favor, nos informen de las distintas alternativas, a fin de establecer un orden de prelación. Veamos realmente cuáles son las más efectivas; con cuánto dinero podemos salvar más vidas y en qué partes. Si la aprobación de esta Convención se necesita como un instrumento de relaciones exteriores, muy bien, digámoslo así: que la señora Ministra obtenga la ratificación del Senado y que pueda exhibirla ante la comunidad internacional. Somos un país que se mueve en todos los ámbitos globales y que exhibe un buen comportamiento. Aprobemos este tratado; pero que no me vengan a decir que de esa manera realmente se van a retirar las minas, porque no veo de dónde saldrán los 400 millones de dólares, o con qué se va a reponer la capacidad disuasiva ni de dónde se obtendrá el financiamiento correspondiente.
Hemos escuchado a un señor Senador afirmar que se quiere establecer políticas disuasivas, pero resulta que su propio partido en masa ha presionado para que no se compren aviones para la Fuerza Aérea, lo que sólo implica reponer material obsoleto. Entonces, me cuesta creer que de verdad se desee implantar políticas militares disuasivas, porque el comportamiento de su partido no lo refleja así.
Por otro lado, es difícil pensar que, si durante cuatro años no ha existido ningún informe financiero y ningún intento serio por demostrar cuánto cuesta retirar las minas, se vaya a tener algún informe de aquí hasta que se elabore la Ley de Presupuestos. Lo que no se ha podido hacer en un par de años difícilmente lo cumplirán en un par de meses. Ojalá lo hagan.
Voy a votar a favor del proyecto de acuerdo, señor Presidente , porque, obviamente, a nadie le gusta tener minas diseminadas en el territorio. Frente a argumentos relativos a que la gente está muriendo, que puede sufrir accidentes, etcétera, se puede decir lo mismo, y a veces con mayor intensidad, acerca de lo que ocurre en variados ámbitos del quehacer nacional, y para estos casos, sin embargo, no hay fondos. Ayer no más hablábamos de una enfermedad que afecta a niños que no pueden asimilar algunas proteínas y, por el hecho de no tener dinero para proporcionarles una alimentación especial, sufren retardo mental. Son niños que nacieron normales, salvo que no pueden procesar algunas proteínas, fruto de lo cual a los siete años presentan retraso mental. Eso es inhumano, mucho más inhumano, quizá, que las minas diseminadas en el norte, sobre todo cuando uno ve las injusticias que aún están sucediendo en Chile. Sobrecoge la cantidad de gente que está sufriendo por cosas mínimas, por carencias básicas.
Por tanto, señor Presidente , si realmente se quiere aprobar este convenio para que sirva como instrumento de relaciones exteriores, perfecto. Pero si realmente se empieza a gastar dinero en sacar las minas, yo, por lo menos, quisiera saber cuál es su costo, los costos alternativos y qué sucedería si esos recursos se destinaran, por ejemplo, a gente que se está muriendo por muchas otras causas.
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , estoy por aprobar esta Convención y no lo hago por moda, ni porque Chile quede bien, ni porque alguien se pueda lucir con esto, sino por una convicción, por principios relativos a la forma como el país se integra en un área y va consolidando una paz no sólo nacional sino regional, que es lo que, en definitiva, puede ayudar a generar el desarrollo de los pueblos y llevar progreso y mejor calidad de vida a toda la población. En conflicto o en áreas polarizadas lo que impera es la miseria, no el progreso ni la riqueza o el desarrollo. Creo que estos convenios apuntan en esa dirección, y esa es la razón por la cual han merecido respaldo casi unánime, incluyendo a las propias instituciones armadas, porque entienden este concepto, el que, por lo demás, forma parte de una estrategia de país.
Sin embargo, con la misma franqueza creo bueno hacerse las preguntas que aquí se han planteado y tratar de llegar a algunas respuestas más concretas, por sentido de responsabilidad, de país. Con la misma lógica con que hablamos de la necesidad de aprobar este convenio, creo que también debemos saber exactamente cuál es su significado cabal.
De partida, en el informe se plantea que el costo de desmantelar una de estas minas fluctúa entre los 600 dólares y 1.000 dólares. Sería muy fácil sacar la cuenta de cuánto costaría desactivarlas a todas si se supiera cuántas son las instaladas, pero, al parecer, por la propia información de las instituciones armadas, sólo se tiene una noción y no una cantidad exacta, ni, menos, el lugar exacto de su colocación, por las razones aquí planteadas de desplazamiento, como ha dicho la Senadora señora Frei ; por variaciones climáticas; por el paso del tiempo; por terremotos, etcétera. Entonces, el tema del costo financiero es muy relevante. Y quiero decir con franqueza que no escuché nada al señor Ministro que se aproximara a una cifra. El habló de un informe que supuestamente entregó la Armada, el cual hablaba de 18 millones de dólares como costo del desminado. Pero, según el informe, el Jefe del Estado Mayor -entiendo que es el único de los representantes de los institutos armados que estuvo en la Comisión, porque los Comandantes en Jefe de las distintas ramas no figuran compareciendo -señala que hay un plan elaborado. Asimismo, en el informe se establece que los costos son muy elevados y que no se dispone de los recursos necesarios. Pero no se especifica la cuantía de los fondos que se requieren.
En seguida, tampoco se ha evaluado el problema del costo humano -al cual también se ha hecho referencia aquí- por el retiro de las minas. Y la pregunta obvia es quién va a llevar a cabo esa tarea. Se ha hablado de voluntarios, como dijo la Honorable señora Frei , y de la cooperación internacional. A lo mejor, pueden venir expertos. Pero básicamente todos entendemos que la labor de desminado la realizarán las Fuerzas Armadas. Y ellas en su informe han planteado que esto tendrá un costo humano, el que está relacionado con el costo financiero, pues a mayor cantidad de recursos hay más prevención y mayores posibilidades de no tener víctimas dentro de las propias Fuerzas Armadas. Por lo tanto, en mi opinión, el tema del costo financiero del desmantelamiento de las minas es sumamente importante, porque hay que ligar los dos elementos.
El gran argumento para desminar esa zona es evitar los accidentes, la muerte de gente inocente y la de cualquier persona que se encuentre en esa zona turística con estos artefactos explosivos; en síntesis, eliminar todas las atrocidades que de ello derivan, como se ha dado a conocer a modo de ejemplo.
Con mayor razón, eso mismo es válido para quienes van a desarrollar la labor de desminado, porque bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas se realizará una acción consciente, en la que participarán jóvenes ciudadanos chilenos.
Por eso, señor Presidente , me parece necesario disponer de más información al respecto. El propio señor Ministro ha mencionado -y es una cifra que hemos escuchado en distintas conversaciones- que el costo de sustituir las minas por otro elemento disuasivo es del orden de los 400 millones de dólares, pero, de acuerdo con las nuevas tecnologías, hoy asciende a 200 millones de dólares, aproximadamente. En todo caso, ignoramos cuánto cuesta y en qué consiste.
Señor Presidente , no obstante estar completamente de acuerdo en aprobar este tratado y en proceder de manera rápida y expedita -creo que es bueno para el país hacerlo-, con la misma responsabilidad, me gustaría acompañar al Honorable señor Canessa en la petición que ha formulado, en cuanto a que la Comisión de Defensa Nacional también analice el tema.
Me ha correspondido participar en las reuniones de la Comisión de Defensa Nacional con los representantes de las Instituciones Armadas, en las que de manera tangencial o circunstancial se ha tocado este punto. Y la preocupación de ellos va en la línea de lo expresado aquí por los Honorables colegas.
Me parece bueno que el Senado también pueda contar con la información de la Comisión técnica en lo referente al plan que supuestamente se encuentra elaborado, tal como lo ha informado acá el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional . En especial, la opinión del Ejército, que será el encargado de llevar adelante esta labor, en cuanto a especificar los plazos y conocer más acerca de lo que significan los planes sustitutivos del efecto disuasivo que generan las minas antipersonales.
Pienso que podríamos fijar un plazo de 15, 20 días o un mes como máximo para despachar el tratado. Mientras tanto, la Comisión de Defensa Nacional tendría la oportunidad de conocer directamente la opinión de los Comandantes en Jefe o de las Instituciones Armadas, que tendrán la responsabilidad de llevar adelante la labor de desminado -ojalá con la cooperación internacional-, con los recursos que otorgue el Estado.
Por otro lado, creo que lo anterior también ayudará al señor Ministro de Hacienda a afinar un poco más los costos. Porque el Secretario de Estado no ha indicado cifras, sino que existe voluntad. Pero esa voluntad también debe expresarse en montos, en tiempo y en quiénes desarrollarán la tarea.
Señor Presidente , considero perfectamente compatible la petición formulada en la Sala con la aprobación del tratado, lo cual nos dejaría bastante más tranquilos a todos.
El señor VALDÉS.-
Yo no estoy de acuerdo con esa moción.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , quizás el punto de vista con que enfoco este tratado es distinto de lo que hemos escuchado aquí.
Chile, por tradición -y es parte de su honor nacional-, es un buen cumplidor de los tratados. Esto es muy importante para nuestra política internacional, y en momentos delicados hemos sostenido que los convenios deben cumplirse de buena fe.
Hemos oído aquí que el plazo para cumplir con la labor de desminado es de 10, 20 ó 30 años, pero no hemos examinado de buena fe lo que estamos firmando. El tratado dice que "Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo jurisdicción o control, lo antes posible,". Eso es lo que estamos conviniendo. De manera que el cumplir el tratado de buena fe nos obliga a tomar todas las medidas para que eso se realice lo antes posible. Pero abrigo el temor de que una vez aprobado el convenio nos olvidemos del tema, como lo hemos hecho durante cuatro años; y no hemos dejado de cumplirlo, porque lo hemos ratificado.
Tengo miedo de que procedamos a su ratificación, y sigamos sin preocuparnos del asunto; de que continuemos haciendo discursos acerca de la humanidad, que nos obliga a desenterrar las minas antipersonales, como si el hecho de firmar o discursear hiciera posible su extracción.
La verdad es que no veo ningún paso en tal sentido. Cuando un Gobierno firma un tratado que lo obliga a sacar minas lo antes posible, tiene la obligación de llevarlo al Senado con un plan que contemple lo que cree que es posible de realizar y el compromiso de ponerlo en práctica.
Pero no se pueden hacer las cosas al revés: firmar primero un tratado, que nos obliga a cumplir lo antes posible, y después dejarlo, como ocurre ahora, debido a que como no tenemos conocimiento del costo vamos a esperar que salga más barato; o porque en adelante la técnica se va a modificar y, a lo mejor, las minas se echarán a perder con el tiempo y resultará mucho más económico no extraerlas, o porque después, cuando hayan transcurrido no sé cuántos años y estén inactivas, se podrán sacar con un arado.
Señor Presidente, me inquieta no ver en el debate en el Senado ni en las esferas de Gobierno preocupación por cumplir de buena fe un tratado internacional que nos obliga a proceder en la materia lo antes posible.
Creo que la tradición de Chile en el cumplimiento de los tratados -cuestión que hemos invocado en circunstancias internacionales- es el principio de la buena fe. No es de buena fe decir: "no me importa nada: borro "lo antes posible", porque no hay sanción y puedo solicitar una prórroga de 10 ó 20 años.".
Por esa razón he querido levantar mi voz, para que por lo menos quede constancia en el debate habido en el Senado de la obligación moral que tiene el Gobierno de Chile, en resguardo del honor y de la tradición nacional, de adoptar todas las medidas tendientes a que esto se realice, como dice el tratado, "lo antes posible".
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , estoy de acuerdo con el tratado. Me parece que propender a la eliminación de las minas antipersonales es un propósito que debe buscarse. Son armas particularmente destructivas y crueles, que pueden afectar a personas inocentes. En algunos casos, es muy difícil evitar que gente inocente sufra los daños que provoca la explosión de estos artefactos. De hecho, en Chile hemos debido lamentar situaciones como ésas.
Ahora, creo que todo proyecto o propósito, por loable que sea, tiene que ser analizado y estudiado seriamente. Me preocupa cierta falta de seriedad en el proceso de aprobación del convenio.
En primer lugar, concuerdo plenamente con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que no podemos estar aprobando un tratado por el cual nos comprometemos a llegar lo antes posible a un objetivo determinado, si simultáneamente estamos dando como argumento que no constituirá mucho problema firmarlo, porque hay un plazo de 10 años, prorrogable a 20 y, eventualmente, a 30 años.
En segundo lugar, no estimo serio decir -y no quiero poner en duda la palabra de algún señor Senador- que las Fuerzas Armadas han opinado sobre este tema, porque, desgraciadamente, ello no nos consta a quienes no hemos participado en la Comisión.
El informe que tiene a la vista la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo, que es el antecedente que permanecerá, deja constancia de que solamente se oyó la opinión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
¿Qué consigna el informe? Éste señala -voy a leer cuatro párrafos- lo siguiente:
"A su turno, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional hizo presente que, en lo inmediato, deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar los accidentes ocasionados por las minas, lo cual constituye una de las finalidades esenciales de la Convención. En todo caso, aclaró, la mayor parte de ellos se producen, hoy en día, a causa de artefactos explosivos que no son minas, sino granadas, obuses, etc.
"Por lo anterior, subrayó, es muy importante que los alcaldes conozcan los sectores minados dentro de sus comunas, de manera de diseñar planes a ese nivel para evitar accidentes.
"Por otra parte, informó que el plan para desminar se encuentra elaborado, pero los costos son muy altos y, en este instante, no se dispone de los recursos necesarios.
"Destacó, además, que para proceder al desminado con medios propios, debe actuarse en forma muy segura, ya que, de lo contrario, serían las Fuerzas Armadas quienes sufrirían las bajas personales. Esto implica, añadió, equipos detectores, equipos de protección, personal médico, hospitales de campaña, medios de evacuación rápida -como helicópteros-, etc.".
Por lo tanto, en mi opinión, la aseveración de que las Fuerzas Armadas están de acuerdo con el Tratado no surge de los antecedentes que tenemos a la vista. Asimismo, la afirmación de que se analizaron en profundidad los elementos alternativos de defensa que deberían considerarse, no emana del informe de la Comisión.
En tal virtud, para quienes no contamos con la posibilidad de otros señores Senadores de participar y de oír a los Comandantes en Jefe en alguna otra instancia -porque, según el informe, éstos no concurrieron a la Comisión-, no resulta del todo serio dar por sentado que dichos puntos fueron analizados a fondo.
Por último, conforme a lo señalado acerca de la incertidumbre respecto del costo, tampoco aparece muy serio asumir un compromiso.
A mi juicio, quienes deberían haber sido más acuciosos en cuanto a estimular un debate a fondo, preparar los informes financieros, son los representantes del Gobierno. Para aquellos que no formamos parte de éste y compartimos los propósitos del Convenio, resultaría más fácil votar a favor dicho instrumento. Sin embargo, hago un llamado a la reflexión a quienes pueden entregar los antecedentes sobre la factibilidad de cumplir con estos compromisos para que indiquen cuánto costaría, efectúen una buena estimación, propongan un plan que, por lo menos, nos oriente y nos diga que el desminado se hará en tres, cinco u ocho años. O, por último, digan que debido a distintas razones no somos capaces de llevarlo a cabo en diez años, pero que nos comprometemos a realizarlo en 20. Éste sería, a mi modo de ver, un planteamiento más razonable y más adecuado.
Creo que citar a la Comisión de Defensa Nacional para que en no más de 15 ó 20 días podamos contar con esa información adicional nos permitiría votar con mayor tranquilidad de conciencia en cuanto a que dimos nuestra aprobación a un Tratado cuyos propósitos compartimos y, al mismo tiempo, a que hemos hecho un esfuerzo por ser muy serios en la aprobación de instrumentos que, como el que nos ocupa, comprometen el honor del país.
El señor VALDÉS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , me siento aludido por lo que ha señalado el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra respecto de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tengo conciencia -ignoro lo consignado en el informe al respecto, porque no participé en su redacción- de haber escuchado las opiniones de los Comandantes en Jefe de la Armada y del Ejército sobre la materia en debate. Lo tengo en la memoria. Fue consultado oficialmente el Ministerio de Defensa Nacional -como corresponde; no puede requerirse información a todo el mundo, pues el Gobierno tiene un Ministro que responde acerca del tema en cuestión- y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien hablaba en nombre de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Conocemos la posición de la Armada en cuanto a la ubicación de las minas y el problema de calcular el costo del desminado.
Ocurre que aquí se ha confundido un poco la actitud de quienes dicen, por un lado, que están de acuerdo en retirar las minas y, por otro, que el Tratado es muy complicado.
Este Convenio da a Chile 30 años para cumplir una obligación internacional, y nadie en esta Sala ni en el mundo dice que no hay que acatarla, porque, en realidad, se trata de elementos de guerra o de defensa inhumanos, que están descartándose incluso en la ética de las guerras, como ocurrió en su momento con los gases tóxicos. Por eso, este instrumento ha sido suscrito por Inglaterra, Alemania , Francia. Por supuesto, China no lo va a firmar; Estados Unidos, por esencia, nunca ha suscrito alguna restricción militar.
Sin embargo, no considero adecuado devolver el proyecto de acuerdo a Comisión y arrastrar su aprobación, por el hecho de ser un compromiso que no sabemos cuánto nos costará. ¡Chile forma parte de un mundo civilizado, y para ser civilizado hay que gastar todo lo que sea necesario en esta materia!
Me avergüenza que nos acusen de que tenemos minas. No sabemos dónde se hallan instaladas, cuántas son, porque cuesta mucho sacarlas y, por último, porque no nos hemos propuesto erradicarlas. El argumento que menos me gusta es el que dio un señor Senador que acaba de retirarse de la Sala, quien dijo que si no firmamos el Tratado no estamos obligados a retirar las minas.
Sin embargo, ¡yo asumo la responsabilidad! Porque si no suscribimos y ratificamos el Convenio, ¡nunca tendremos la obligación de ser un país decente! Aquí estamos frente a un compromiso respecto del cual ningún señor Senador ha manifestado que se puede eludir. Estamos frente a la conciencia del mundo, frente a la vida de nuestra gente. Es cierto que hay otras necesidades -personas pobres, que carecen de recursos para la salud-, que también deben atenderse. Pero éste es un asunto que, realmente, es de responsabilidad internacional. Y el mundo está caminando hacia la paz. ¡La oleada humanitaria que citó aquí el Senador señor Canessa felizmente ha llegado! Y creo que Chile debe asumirla.
Parecería raro que el Senado, por razones de costo -pueden ser 100 millones, ignoro cuál es el valor- no suscribiera el Tratado. La tecnología ha progresado -el señor Ministro lo sabe, yo también lo oí en la Comisión-, hay algunas como la canadiense y otras que se han ofrecido para desmantelar tales artefactos. Lo que expresamos aquí nosotros -que no vamos a gastar el dinero- es la voluntad política de que un tratado con un plazo tan lato como el que nos ocupa -establece en total 30 años- podemos empezar a cumplirlo. Es cierto que debemos hacerlo lo más rápidamente posible. Pero disponemos de 30 años para ello. En tres décadas más seguramente habrá muchos cambios en el mundo. Sin embargo, si no iniciamos esto ahora, no lo haremos nunca. Por lo menos, pongamos una obligación en manos del Ejecutivo , en cuanto a buscar los recursos para limpiar las zonas minadas.
Lamento que el debate se haya enredado en una materia tan necesaria, tan objetiva, tan ansiada por Chile y el mundo entero, que nos da una categoría de país realmente amante de la paz.
Si los campos minados constituyen un medio defensivo, quiere decir que tenemos riesgo de conflicto bélico con los vecinos. ¡Quisiera oír decir en el Senado que estamos ante un conflicto bélico! No parece. No nos conviene. No es ésa la dimensión de América. No es lo que estamos haciendo, ni el Gobierno ni la Oposición. Entonces, busquemos otras alternativas. ¿Cuáles son? ¿Cuánto cuestan? Me parece que es la integración; no son las minas. No es la muerte. Es entendernos con Argentina, y Perú y Brasil en el norte, en términos modernos, como lo hicieron Francia y Alemania después de mil años de guerra.
Ésa es mi preocupación. No es el hecho de que el proyecto vaya a otra Comisión. Aunque eso, y no quiero suponer intenciones, sería una forma de demorar su trámite y de encontrar que el Tratado es muy bueno, pero que no debemos comprometernos.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente , en verdad, me siento plenamente interpretado con las palabras vertidas por el Senador señor Valdés.
Voy a votar a favor, por las mismas razones que ha dado Su Señoría.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, solicito que someta a votación el proyecto de acuerdo.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , me parece que los Senadores que hemos expresado que votaremos a favor del Tratado y que pedimos que algunos de los puntos planteados, que generan legítimas dudas, sean tratados con mayor seriedad, no podemos ser acusados de actuar con una doble intención en esa materia. Sencillamente, en la discusión del tratado, distintos señores Senadores se han referido a varios antecedentes muy atendibles que, desde luego, no figuran en el informe.
No me parece aceptable que, cuando se desea tratar con seriedad una materia importante, se suponga que se persigue un propósito diferente. Si una persona anuncia que votará a favor de un proyecto, es muy fácil comprobar si dice la verdad o no la dice. Basta esperar cómo emite su voto.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , no pensaba intervenir en esta oportunidad, a pesar de tratarse de un tema con el cual estoy vinculado a través de una institución que tengo el honor de presidir: la Fundación de los Derechos del Niño.
Esa institución estudió hace dos años la materia que nos ocupa por una razón muy especial: el número más importante de víctimas de las minas antipersonales y artefactos similares son precisamente niños. Entonces, nos pareció que valía la pena trabajar en ello.
Habría preferido no hablar, pero lo hago debido a la forma como se ha llevado el debate, pues curiosamente se ha desviado hacia lo que no es esencial. Intervengo también para expresar lo que pienso sobre una materia opinable, cómo debemos mirar las cosas, e indicar que tengo muy claro qué es lo principal y qué bien fundamental debemos reforzar o defender en ella.
En mi concepto, modestamente, el tema principal no es el costo de eliminar las minas antipersonales, ni si antes debe ser aprobado el tratado y después hacer la discusión de lo que se debe gastar, ni si el proyecto tiene que ser enviado a tal o cual comisión.
Voy a terminar, Senador señor Bitar , y vamos a votar de inmediato.
Me parece que, a veces, es conveniente que en el Senado también se discutan los puntos importantes de una materia, porque de alguna forma nuestra Corporación genera opinión en el país. Cuando la Cámara Alta empieza a dar la sensación de que lo único importante es cuánto cuestan las cosas y se actúa como fariseos interesados sólo en el procedimiento y no el tema de fondo, yo, por lo menos, deseo rescatar lo que pienso en ese sentido.
Aquí, a mi juicio, lo central, lo básico, lo fundamental, con tratado internacional o sin él, es que Chile debe sacar las minas antipersonales, porque se trata de los elementos más antiéticos que puedan existir en contra de la gente.
Cuando se planteó el tema en la Fundación de los Derechos del Niño, donde participaron las Fuerzas Armadas, nuestra mayor preocupación era saber si ellas consideraban que pedir la eliminación de las minas antipersonales era un agravio o una especie de crítica a lo realizado en el momento en que Chile recurrió a dichas minas para la defensa de un país pobre, donde ellas son precisamente lo más adecuado en términos bélicos. Y no fue así.
Por eso, a la crítica, a la pregunta y a la reserva que hacen hoy día algunos señores Senadores, de muy buena fe, respecto de que no saben lo que piensan las Fuerzas Armadas, me quedo con tres opiniones claras.
En primer término, en un debate realizado aquí, con participación de muchas personas, prohijado por la citada fundación, asistió el Estado Mayor. Consultados los uniformados sobre el tema, informaron oficialmente que estaban por sacar las minas como correspondía a un país civilizado, el cual tuvo que usar un argumento bélico bastante poco conveniente y razonable. Porque en eso estamos todos de acuerdo: una cosa es la guerra y, otra distinta, ciertos métodos que la propia ética exige, como aquí se ha señalado.
En segundo lugar, las declaraciones oficiales del Comandante en Jefe del Ejército , no sólo en Chile en dos o tres oportunidades, sino también en el extranjero, donde naturalmente su cuidado debe ser mayor. En ellas manifestó claramente que estaban por retirar las minas en el mundo nuevo que queríamos crear.
Finalmente, hemos escuchado aquí la palabra del Jefe del Estado Mayor que, a mi juicio, posee la suficiente principalía para ser valorada. Por lo tanto, tal argumento no rige como una reserva para aprobar el convenio.
Por otra parte, estamos presos en una suerte de círculo vicioso. Qué es primero, aprobar el tratado y después se estudia cuánto cuesta; o vemos primero el costo para luego aplicarlo.
La voluntad política del Gobierno, expresada por los anteriores Ministros de Defensa y ratificada por el actual Secretario de Estado al Senador que habla y también públicamente, y por la opinión del señor Ministro de Hacienda entregada en la Sala, es aprobar el tratado.
Por lo tanto, debemos realizar el esfuerzo legislativo para aprobar ahora el proyecto y generar la voluntad de ratificarlo ya. Y, en esas condiciones, estudiar con el señor Ministro de Defensa y el Ejército el costo del mismo, que por lo demás ya se sabe. El Ejército tiene cálculos aproximados de lo que significa, pero no se puede precisar una cantidad exacta. Resulta imposible contar con un informe financiero y es absurdo pedirlo, pues no se sabe cuántas minas existen, dónde están ni cuánto cuesta eliminarlas.
En consecuencia, tenemos que aprobar el proyecto y, después, solicitar la información sobre cuánto se podrá gastar cada año en el futuro por tal concepto.
Un tercer planteamiento, señor Presidente , se refiere a si nosotros podríamos trabajar con el objeto de terminar lo más pronto posible, no en diez, ni en veinte, ni en treinta años. Pienso que eso está expresado en lo ya señalado. Aquí hay voluntad del Senado, del Ejército, de las Fuerzas Armadas, del Gobierno y del sector financiero para decidir que sí debemos cubrir el gasto que ello implica.
Pienso que no estamos acertando al centro de la cuestión, sino que estamos en una discusión en torno de lo periférico, de lo adjetivo y no de lo sustantivo.
Por eso, estimo que aprobaremos el proyecto. Incluso señores Senadores que han planteado críticas al instrumento internacional han manifestado su disposición a votarlo favorablemente.
Cabe observar también que, como lo que discute el Senado y establece como tesis central trasciende el país, me parece que, primero, lo central, básico y fundamental es el rechazo a una forma inadecuada, inaceptable de proteger las fronteras, aun dentro de las normas de la guerra. Segundo, porque conocemos las condiciones del país en que vivimos, entendemos que debido a lo que nos sucedió hace años con nuestros amigos de países vecinos -que nunca debió ocurrirnos- se recurrió a instalar minas antipersonales. Conforme. Y, tercero, esto debe efectuarse ahora, ya, sobre la base de lo señalado.
Lo primero es el comportamiento ético de una sociedad, aun en detalles como éstos -que no son tan detalles- y en materias que tienen algunas aristas difíciles de comprender o de consensuar.
En seguida, con todo respeto, no soy partidario de que el proyecto -y disiento de mi amigo, colega y camarada- vaya a la Comisión de Defensa. Aprobado el convenio, hecho lo principal, expresada la voluntad legislativa que se transforma en una instrucción al Gobierno, el Senado, a través de sus Comisiones de Hacienda y de Defensa, junto con el Estado Mayor o con las Fuerzas Armadas, precisen los términos que aquí se han requerido que deben ser precisados.
Ése es mi punto de vista y, por eso, anuncio que votaré favorablemente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El último inscrito es el Honorable señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , seré muy breve, porque en verdad ya se han dado todos los argumentos.
Éste es un debate absolutamente insólito, porque lo cierto es que prácticamente la mayoría está a favor del proyecto. De modo que hace mucho rato debimos haber determinado lo siguiente. Se han hecho dos planteamientos por parte de igual número de señores Senadores, en el sentido de que esta materia vaya a la Comisión de Defensa. Pero varios opinamos que no cabe dilatar más esta discusión.
Creo que la Mesa debería recabar el asentimiento de la Sala para los efectos de invitar al Secretario de la Cartera a la Comisión de Defensa, a fin de que nos diga exactamente cómo piensa el Gobierno implementar este convenio y, también, informe sobre el costo aproximado de la operación. Asimismo, solicitamos que el gasto sea incluido en la partida correspondiente del próximo Presupuesto de la Nación.
Como podemos advertir, es un tema que podría ser despachado en forma relativamente rápida. La Comisión de Defensa puede solicitar al señor Ministro que nos proporcione toda la información pertinente, y ojalá dedicar una sesión especial al análisis de la materia. Ello es de suma interés para mí, por considerar oprobioso que haya pasado tanto tiempo sin que Chile ratificara el tratado, hecho que no nos llena de estrellas ante la opinión pública internacional.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¿Su Señoría solicita celebrar al respecto una sesión especial del Senado con el señor Ministro de Defensa?
El señor NÚÑEZ.-
Propongo que aprobemos ahora el convenio -entiendo que hay mayoría al respecto- y que ese Secretario de Estado sea convocado a la Comisión de Defensa y que allí explique la política del Gobierno sobre el asunto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La Mesa, además, desea consultar a los Honorables señores Pizarro y Canessa , quienes han propuesto que el proyecto vaya a la Comisión de Defensa. Tengo la impresión de que ese trámite debería efectuarse previamente a su votación final. ¿Es así, señores Senadores?
El señor CANESSA.-
Solicité, señor Presidente , que esta materia vaya a la Comisión de Defensa con el objeto de que rápidamente se reúnan los antecedentes necesarios para adoptar una resolución correcta y bien fundamentada.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Su Señoría solicita, entonces, que ese trámite se realice antes de la votación final.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , pido exactamente lo contrario: que aprobemos el tratado ahora y que después la Comisión de Defensa celebre las sesiones que quiera.
En consecuencia, pido que se vote la proposición de enviar previamente el proyecto a dicha comisión.
El señor VALDÉS .-
Concuerdo con esta última sugerencia.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La Mesa debe someter a votación lo solicitado por el Honorable señor Canessa.
Como sólo hay cuatro señores Senadores que la apoyan, queda rechazada la proposición.
En votación el proyecto de acuerdo.
-(Durante la votación).
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , deseo plantear una opinión muy fundamentada por el hecho de conocer víctimas de minas personales. Creo que tanto estos artefactos como los restos de explosivos existentes en el territorio nacional -que pueden causar daños a personas inocentes y no informadas al respecto- deben ser retirados. Si sólo contamos con un peso para llevar a cabo tal operación, empecemos con un peso, pero debemos hacerlo desde ya. Y para ello es necesario una labor de búsqueda, para lo cual se puede recurrir a sistemas de información geográficos. En consecuencia, hay un proceso que comprende información, establecimiento de prioridades y finalmente su destrucción.
Por ello, voto favorablemente el proyecto de acuerdo.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , mi apoyo a la proposición del Honorable señor Canessa no implica el que no esté de acuerdo en levantar los campos minados. Eso está sumamente claro, y lo mencioné anteriormente. Creo que hay pleno consenso al respecto. Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas han expresado igualmente que es imprescindible hacerlo.
Dicha tarea es muy compleja, como hemos podido comprobarlo por todo lo aquí expuesto, considerando que también hay involucrados aspectos secretos. Por ello, sería muy interesante que quienes conocen el tema en forma puntual y tecnológica proporcionen a la Comisión de Defensa la información respectiva. Ello porque hay diversos circuitos internos dentro de los programas, planes, ubicación y posición de los campos, antecedentes sobre la calidad técnica y distintos tipos de armamentos que se instalaron y que es conveniente conocer. Además los que tienen la responsabilidad de manejarlos saben cómo hacerlo y de qué se está hablando.
Hay dos aspectos que, a mi juicio, provocan cierta confusión. Primero -en eso todos estamos de acuerdo-, que es necesario eliminar estos campos minados, porque nos desenvolvemos en una época de globalización e integración y su instalación ya no se justifica desde hace tiempo. Y, segundo, por la existencia de este convenio, cuyo texto provoca cierta confusión al prohibir almacenamiento, preservación y transferencia de esta clase de armamentos, conceptos que podrían aplicarse a otros muy similares y que forman parte del stock de las instituciones de la Defensa. Este punto también debiera aclararse, porque el convenio se refiere a problemas muy específicos de minas antipersonales.
Deseaba dejar en claro que concuerdo con la eliminación de estos campos, para lo cual existen programas de costos puntuales, mayores de lo que aquí se ha dicho, situación que debiera conocer la Comisión de Defensa en un estudio más profundo del tema.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
La Mesa considera que hay unanimidad para aprobar la iniciativa.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En lo referente a los planteamientos de los Honorables señores Núñez , Vega y otros señores Senadores, sobre la entrega de ciertos antecedentes por parte de representantes de las instituciones de las Fuerzas Armadas en la Comisión de Defensa, debo advertir que, reglamentariamente, el proyecto debe ceñirse a su tramitación regular para su ratificación y envío al Ejecutivo . Sin embargo, por tratarse de un tema de tanta trascendencia, como lo han señalado diversos señores Senadores, la Mesa someterá a la consideración de los Comités la posibilidad de continuar ocupándose en el tema, para conocimiento del Senado y para que las Fuerzas Armadas se impongan de las opiniones que nuestra Corporación pueda tener al respecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , el convenio ya fue aprobado, y en el debate se dijo que no importaban las formalidades, sino el fondo del asunto. Como entiendo que para levantar los campos minados no es necesaria la aprobación del tratado, sugiero que, desde ya, la Sala acuerde que la Comisión de Defensa reciba los antecedentes referentes a la iniciación del proceso de levantamiento de las minas antipersonales, porque si hay que adecuarse al fondo del asunto, hagámoslo en toda la línea, porque si no se realiza tal operación el tratado pasaría a ser una formalidad más. Por lo tanto, se podría encargar a la Comisión de Defensa que informe cuándo se comienza y cómo se hace.
El señor BITAR .-
Señor Presidente , coincido plenamente con esta última opinión.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , como el tratado cuenta ya con la aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados, sólo faltaría la firma del Presidente de la República .
En cuanto a la proposición que se ha hecho, y con la cual estoy de acuerdo, podemos convocar al señor Ministro a la Comisión de Defensa, a lo cual, como su Presidente , me comprometo a hacerlo en el plazo más breve, para que nos explique la forma como el Gobierno pretende dar cumplimiento al convenio.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La Mesa, acogiendo lo señalado por el Senador señor Novoa y otros señores Senadores, propone a la Sala lo siguiente: solicitar a la Comisión de Defensa Nacional que realice un estudio acerca de todos los aspectos referentes a la aplicación del Tratado en el futuro, tanto técnicos como de costo, y que, además, recabe los antecedentes relativos a la vocación de nuestro país por terminar con este problema.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
______________
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde ocuparse en el punto 10 de la tabla.
Al respecto, propongo a la Sala que este proyecto, que actualiza multas establecidas en la ley Nº 11.564, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sea analizado en la sesión del próximo martes.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , ¿hay quórum para votarlo ahora?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
No, señor Senador.
El señor BITAR.-
Además, señor Presidente , la Comisión de Hacienda está citada para reunirse ahora, de modo que algunos señores Senadores debemos retirarnos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Si le parece al Senado, la iniciativa quedará para ser tratada en la próxima sesión.
Acordado.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:16.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción