Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Marco Antonio Cariola Barroilhet
- PERMISO
- DEBATE
- DEBATE
-
DECLARACIONES DE DELEGADO BOLIVIANO EN CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ESTABLECIMIENTO DE SEGURO DE DESEMPLEO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- DEBATE
-
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y EJERCICIO DEL PERIODISMO. VETO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Hamilton Depassier, Juan
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- DEBATE
-
SISTEMAS DE PREVENCIÓN ANTE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- INTERVENCIÓN
- Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- SOLIDARIDAD, COMPRENSIÓN Y RESPALDO A PROCESO DE PAZ COLOMBIANO Y RECHAZO DE LIMITACIONES AL LIBRE COMERCIO INTERNACIONAL. PROYECTOS DE ACUERDO
-
BENEFICIO INDEMNIZATORIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- DEBATE
- SESIÓN SECRETA
-
COMPLEMENTACIÓN DE NORMAS SOBRE DISCAPACITADOS MENTALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 211, DE 1973
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- DEBATE
-
ESTABLECIMIENTO DE SEGURO DE DESEMPLEO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Moreno
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 39ª, en miércoles 18 de abril de 2001
Ordinaria
(De 16:20 a 19:10)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..............................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
Declaraciones de delegado boliviano en Conferencia Interparlamentaria. Oficio (observaciones del señor Lagos)
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que establece un seguro de desempleo (2494-13) (se aprueba su informe)
Observaciones, en segundo trámite, al proyecto de ley sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (1035-07) (se aprueba informe de Comisión de Constitución)
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre sistemas de prevención de infección causada por virus de inmunodeficiencia humana (2020-11) (queda para segunda discusión)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en período que se especifica (2609-06) (se aprueba en general y particular)
Sesión secreta: se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (boletines Nºs. S 535-04, S 521-04 y S 468-04)
Proyecto de ley, en tercer trámite, sobre discapacitados mentales (2192-11) (se aprueba)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el DL. Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales (1824-03) (se rechaza)
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Solidaridad, comprensión y respaldo a proceso de paz colombiano y rechazo de limitaciones al libre comercio internacional. Proyectos de acuerdo
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia ; Secretario General de Gobierno y del Trabajo y Previsión Social, y la señora Subsecretaria de Gobieno.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 36ª, ordinaria, en 11 de abril del año en curso, que no ha sido observada.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 1.402-18).
--Queda para tabla.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a las condiciones sanitarias de las viviendas de villa Los Poetas.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que actualiza multas en la ley Nº 11.564. (Boletín Nº 2.575-07).
2) Observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre libertad de opinión e información y el ejercicio del periodismo, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 1.035-07)
--Quedan para tabla.
Permiso Constitucional
Solicitud del Senador señor Cariola de autorización para ausentarse del país a contar del 19 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debido a que después de mucho tiempo se han acumulado 16 materias en el Orden del Día, la mayoría de fácil despacho, recabo el asentimiento de la Sala para dejar sin efecto la hora de Incidentes a fin de tratar esta extensa tabla. Los Comités me manifestaron su acuerdo, salvo el Honorable señor Martínez, a quien no le he consultado todavía.
Sin embargo, cabe informar que igualmente se enviarán los oficios que soliciten los señores Senadores.
--Así se procederá.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, por algunos minutos, el Honorable señor Lagos para dar cuenta de la participación de la delegación del Senado en la 105º Conferencia Interparlamentaria celebrada en La Habana.
DECLARACIONES DE DELEGADO BOLIVIANO EN CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA. OFICIO
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , hace pocos días se celebró en La Habana, Cuba, la 105º Conferencia Interparlamentaria, a la que asistí formando parte de la delegación del Congreso Nacional.
En dicho evento se produjo un hecho, a mi juicio, de la mayor gravedad, y me siento en la obligación de ponerlo en conocimiento de la Corporación.
Reiterando una conducta que se ha hecho frecuente en los foros internacionales, el integrante de la delegación boliviana, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores de Bolivia y actual Parlamentario, señor Pedregal , formuló graves acusaciones en contra de nuestro país y puso en duda la intangibilidad de los tratados internacionales relativos a las fronteras entre los Estados.
En efecto, el Parlamentario, quien precisó que intervenía ante la Asamblea "en nombre de la delegación boliviana", señaló que en 1879 Bolivia "sufrió una agresión militar no provocada; su vecino la República de Chile, seguramente inspirada por sectores chovinistas y ultraconservadores, invadió nuestro territorio boliviano; desató una guerra fratricida y se apropió, por la fuerza, de una costa marítima sobre el Océano Pacífico y un territorio de 175.000 kilómetros cuadrados, que ambicionaba, para explotar sus recursos, salitre, cobre, fertilizantes naturales que, entonces y, aún, hoy degradan la economía boliviana. Este fait accompli fue ratificado por un tratado impuesto por la amenaza de la hegemonía y, en 1904, Bolivia tuvo que aceptar, por la fuerza, el cercenamiento de los territorios, ya ocupados, el atropello feroz a las personas bolivianas y, desde entonces, sufre un dogal de subdesarrollo y dependencia.".
Luego de estas afirmaciones completamente inexactas, formuló la defensa de una tesis sobre lo que llamó "la renovación y actualización en función del desarrollo del proceso civilizatorio" de la aplicación y cumplimiento de los tratados, a la cual añadió referencias a los principios de igualdad jurídica de los Estados y libertad de los mares.
Lo más grave aún, sin embargo, es que el representante boliviano no sólo puso en duda la intangibilidad de los tratados sobre las fronteras, sino que pretendió nuevamente la intervención de organismos multilaterales en materias que únicamente interesan a Chile y a Bolivia. Para ello planteó que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos podrían intervenir en la consecución de las pretensiones bolivianas.
Al respecto, el delegado boliviano manifestó: "El sistema de Naciones Unidas ha superado asuntos similares a este tipo de padecimientos, ha establecido exhortaciones permanentes, a través de resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, señalando que el problema del enclaustramiento boliviano es un asunto de interés hemisférico permanente y llama a los Estados involucrados a resolver pacíficamente este tema.
"Muchos han sido los intentos para reparar esta injusticia. Chile mantiene una posición esclerosada que corresponde a patrones conceptuales del siglo XIX, que cree que los tratados son fortalezas mineralizadas sin vida y, como tales, deben mantenerse ad perpetum. Bolivia, en esta oportunidad, señala, además, que a consecuencia de este hecho, Chile y Bolivia no mantienen relaciones diplomáticas permanentes desde 1962.
"Nosotros invocamos la doctrina del derecho de gentes rebus sic stantibus que fundamenta el modelo para la paz y el desarrollo armónico entre las naciones, lo cual ha significado en el hemisferio americano una filosofía de vida y de seguridad jurídica y de ética política valiosísima, a través de negociaciones de buena fe y solidaridad.".
Ante la gravedad e impertinencia de estas afirmaciones, ejerciendo mi derecho a réplica, las rechacé ante la Asamblea, formulando una enérgica protesta por el abuso que se hacía del Foro Interparlamentario. Asimismo, entregué la transcripción de la intervención boliviana al señor Embajador de Chile en La Habana.
Señor Presidente , he creído mi obligación informar al Senado sobre la situación descrita, porque, a mi juicio, ella debe ser analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores y por la Cancillería chilena.
Por lo expresado, solicito que se envíe copia de la presente intervención y la transcripción no oficial del discurso del representante boliviano -que entrego a la Mesa- a nuestra Comisión de Relaciones Exteriores y, por oficio, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se adopten las medidas que la gravedad de la situación demanda. La cinta magnetofónica y los videos se encuentran en estos momentos en poder del Senado para su análisis.
Me extraña, sin embargo, que la Cancillería todavía no haya dado señales sobre la materia, a pesar de tener todos los antecedentes en su poder.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento del Senado para autorizar el ingreso a la Sala de la Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de Gobierno, doña Carolina Tohá.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE SEGURO DE DESEMPLEO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece un seguro de desempleo, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2494-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 16 de agosto de 2000.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 35ª, en 10 de abril de 2001.
Informes de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Hacienda y Trabajo, unidas (segundo), sesión 27ª, en 13 de marzo de 2001.
Mixta, sesión 38ª, en 18 de abril de 2001.
Discusión:
Sesiones 10ª, en 14 de noviembre de 2000 (se aprueba en general); 29ª, en 20 de marzo de 2001 (se aprueba en particular).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La controversia entre ambas Cámaras respecto del proyecto se originó en el rechazo, por parte de la Honorable Cámara de Diputados, de una de las modificaciones introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional, específicamente la efectuada al inciso cuarto del artículo 13 de la iniciativa.
El informe de la Comisión Mixta formula en su página 4 la proposición destinada a resolver la diferencia producida entre ambas ramas del Congreso. Dicha propuesta consiste precisamente en no contemplar un inciso cuarto en el artículo 13 del proyecto.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
Finalmente, cabe destacar que la Honorable Cámara de Diputados ya aprobó el informe de la Comisión Mixta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la discusión del informe, tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , se trata de un tema muy simple. En efecto, la Cámara de Diputados, en el artículo 13 del proyecto de ley sobre seguro de desempleo, introdujo un inciso cuarto relacionado con los dos primeros. En ellos se establece que el trabajador despedido por necesidades de la empresa tendrá derecho a la indemnización por años de servicios y que se imputará a esta prestación la parte del saldo de la cuenta individual de cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador. Asimismo, el inciso tercero dispone que en ningún caso se considerarán los aportes del trabajador para los efectos de fijar la indemnización por su despido, de acuerdo con el artículo 161 del Código del Trabajo.
Finalmente, el inciso cuarto -que se encuentra en discusión- consigna que el derecho a imputación a que se refiere el inciso segundo sólo se reconocerá al empleador que pague la indemnización por años de servicio que corresponda dentro del mes siguiente a la fecha del despido.
El Senado consideró este último inciso muy poco flexible para los empleadores y estableció dos excepciones a esta condición: una, que ello ocurriera en la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia judicial, en su caso, si es que había litigio. Y la otra, siempre que dentro de dicho plazo se haya suscrito un finiquito que contemple la obligación de pago de la indemnización, cuyo plazo no podrá exceder de 12 meses.
Tal inciso fue rechazado por la Cámara de Diputados, y el señor Ministro del Trabajo , siguiendo un poco la línea planteada por el Senado, y en una posición muy acertada, sugirió eliminar el inciso cuarto, la condición y las dos excepciones, con lo cual la imputabilidad y el pago se regirían por las reglas generales del Código del Trabajo. Esta proposición fue aprobada unánimemente por todos los sectores representados en la Comisión Mixta, predicamento que solicitamos adoptar también al Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , solamente para expresar mi apoyo al informe de la Comisión Mixta. Sin embargo, me habría gustado que se hubiera mantenido el inciso cuarto, por lo menos la parte que venía de la Cámara de Diputados, porque constituía realmente un incentivo para que los empleadores pagaran efectivamente la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha del despido. Lamentablemente, con el objeto de lograr un acuerdo hubo que llegar a una suerte de transacción entre las dos posturas, y por unanimidad se acordó eliminar el inciso, a lo cual concurrí, y, por lo tanto, solicito la aprobación del informe de la Comisión Mixta.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, y queda despachado el proyecto.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y EJERCICIO DEL PERIODISMO. VETO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde tratar las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre libertad de opinión e información y el ejercicio del periodismo, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (1035-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª., en 3 de octubre de 1995.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 19ª, en 4 de enero de 2000.
Observaciones, en segundo trámite, sesión 36ª, en 11 de abril de 2001.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 42ª., en 16 de abril de 1997.
Constitución (segundo), sesión 2ª., en 1 de octubre de 1997.
Mixta, sesión 2ª, en 7 de junio de 2000.
Constitución (observaciones), sesión 39ª, en 18 de abril de 2001.
Discusión:
Sesiones 45ª., en 6 de mayo de 1997 (se aprueba en general);.8ª.y 9ª., en 22 de octubre y 4 de noviembre de 1997, 5ª., 6ª., 7ª. 8ª. y 9ª. en 7 , 8 , 14, 15 y 21 de abril de 1998, respectivamente (queda pendiente la discusión particular); 10ª., en 22 de abril de 1998 (se despacha en particular); 2ª, en 7 de junio de 2000 (se aprueba informe de C. Mixta).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Por oficio de 10 de abril del año en curso, la Honorable Cámara de Diputados, que es Cámara de origen, comunicó al Senado la aprobación de las referidas observaciones, con excepción de las signadas con los números 10 y 31.
El veto se encuentra informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que propone a la Sala aprobar las observaciones 1 a 9, 11 a 26 y 28 a 30. La Comisión las aprobó por la unanimidad de sus miembros (Honorables señores Aburto, Chadwick, Díez, Hamilton y Silva), con excepción de las observaciones números 19 (aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra del Honorable señor Hamilton) y 23, referida al artículo 39 del proyecto (aprobada por tres votos a favor y dos en contra de los Senadores señores Chadwick y Díez).
Por otro lado, la Comisión propone el rechazo de las observaciones números 10, 27 y 31. La decisión respecto de la primera fue adoptada por la unanimidad de los miembros de ese organismo técnico. En cuanto a la signada con el número 27, el rechazo fue por cuatro votos en contra (de los Honorables señores Aburto, Chadwick, Díez y Hamilton) y el voto afirmativo correspondió al Senador señor Silva. Respecto de la observación número 31, que incorpora dos artículos transitorios, la Comisión rechazó el primero por cuatro votos en contra y uno a favor, también del Senador señor Silva, y el segundo; éste, por la unanimidad de los miembros de ella.
De conformidad con el artículo 188 del Reglamento de la Corporación, estas observaciones tendrán discusión general y particular a la vez, cada una de ellas se votará separadamente y no procederá dividir la votación.
La Secretaría elaboró un boletín comparado compuesto de dos columnas. En la primera figura el texto aprobado por el Congreso Nacional, y en la segunda, las observaciones del Ejecutivo.
Finalmente, cabe hacer presente que, para su aprobación, las observaciones números 3, 18, 25 y 29 requieren del voto favorable de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio, es decir, 26 votos. Y las observaciones números 19, 20, 27, 30 y 31 tienen el carácter de normas de quórum calificado, es decir, para ser aprobadas requieren del voto favorable de 24 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular las observaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , después de siete años de trámite legislativo, el proyecto de ley de prensa está completando su última fase. Se trata de una iniciativa de gran trascendencia, que regula una de las garantías constitucionales más importantes, como es la libertad de opinión y de información.
Al cabo de este largo trayecto, la iniciativa representa un gran avance en las siguientes materias:
a) Sistematización de normas. Este proyecto constituye una regulación completa de los distintos elementos que juegan en torno de las libertades de opinión y de información. En efecto, regula las libertades mencionadas, así como el derecho a fundar medios de comunicación social, y reconoce el derecho de toda persona a ser informada sobre hechos de interés general.
Por otra parte, proporciona definiciones de importantes conceptos como son los medios de comunicación social y los diarios. En seguida, conceptualiza el pluralismo en el sistema informativo, prescribiendo que éste favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.
Regula el ejercicio del periodismo; garantiza el derecho de rectificación o enmienda de las personas aludidas o afectadas por una publicación; establece procedimientos judiciales especiales en este ámbito, más breves y ágiles, y sienta reglas de competencia de los tribunales, resaltando aquella norma general de que será siempre la justicia ordinaria la que conocerá los litigios que surjan en este campo.
Cabe destacar, en este esfuerzo de sistematización, la derogación de la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad.
b) Apoyo a los medios de comunicación regionales y fondos para promover el pluralismo
Se propone contemplar en la Ley de Presupuestos del Sector Público recursos destinados a apoyar programas y espacios de índole cultural o interés regional para ser difundidos por los medios de comunicación social regionales, provinciales o locales. Del mismo modo, se prevé el financiamiento de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional, confiándose la administración de los mismos -debidamente reglada en la ley- a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
c) Estatuto para el ejercicio del periodismo
La iniciativa establece un título especial relativo al ejercicio de tal profesión, realzando el carácter de función pública que ésta tiene.
Con este objeto, se proponen diversas normas para dignificar la profesión, como son la definición de periodista y la obligación para los órganos y empresas del Estado de contratar periodistas titulados para el ejercicio de estas labores. Se contemplan, además, disposiciones referidas al secreto periodístico y a la protección intelectual de este trabajo o cláusula de conciencia.
d) Pluralismo y transparencia informativa
Se propone acrecentar la transparencia en el mercado informativo, el que, además, debe encontrarse sometido a las normas de la libre competencia. En este sentido, se incorporan algunas medidas que deben cumplir los propietarios de los medios de comunicación social y ciertos resguardos para precaver la concentración de la propiedad de los mismos. A este efecto, se introducen normas que clarifican el rol de la Fiscalía Nacional Económica, en relación con los medios informativos.
e) Modificaciones a la Ley de Seguridad del Estado
Se derogan privilegios de ciertas autoridades públicas con relación a los delitos de injuria y calumnia, lo que importa una adecuación de la normativa interna al Derecho Internacional.
Lo anterior se complementa con la modificación del artículo 50, número 2º, del Código Orgánico de Tribunales, con el fin de que un Ministro de Corte de Apelaciones lleve los procesos que se sigan en contra de determinadas autoridades.
Adicionalmente, la derogación de la Ley de Abusos de Publicidad implicará la eliminación de la facultad que tienen actualmente los tribunales de decretar la prohibición de informar respecto de las causas pendientes en ellos.
f) Acuerdos de la Comisión de Constitución en relación con el veto del Primer Mandatario
Prácticamente la totalidad de las treinta y una observaciones del Presidente de la República fueron acogidas por la Comisión, por la unanimidad de sus miembros.
La observación que dice relación al artículo 10 se rechazó por unanimidad, pues ya la Cámara de Diputados la había desechado.
Sólo una observación fue rechazada, junto con el artículo transitorio pertinente. Ella incorpora un artículo 44, nuevo, que modifica el artículo 15 de la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, con el fin de agregar un inciso en virtud del cual ninguna persona que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.
Quienes la rechazamos (cuatro de los cinco miembros), hicimos presente que el inciso propuesto supone un impedimento al acceso de la propiedad de la empresa concesionaria, lo que vulnera el número 23º del artículo 19 de la Constitución. En efecto, tal disposición asegura la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, sin perjuicio de que mediante una ley se puedan establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
Sobre el particular, la Comisión escuchó al señor Claudio Hohmann , en representación de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), la que pidió el rechazo del veto.
El mencionado personero hizo notar que el artículo 15 de la ley Nº 18.838, establece que no podrá adjudicarse concesión nueva alguna a la concesionaria que controle o administre a otra concesionaria de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción en la misma zona de servicio.
El artículo 44 propuesto tiene una disposición más drástica que no se aplica a ningún otro medio de comunicación, y aunque los motivos aducidos -entre ellos, la protección de la libertad de expresión- pudieren justificar determinadas formas de regulación, ello no tendría porqué expresarse en su forma más restrictiva, esto es, en la total prohibición de un canal para participar en la propiedad de otro.
Estimó que la restricción contenida en la ley del Consejo Nacional de Televisión es suficiente para cautelar la libre expresión en la televisión de libre recepción. De hecho, nada en el escenario actual, ni menos en el futuro de la televisión digital, permite concluir que se hace necesaria o indispensable la prohibición de la propiedad.
Mencionó que en Estados Unidos se había eliminado una disposición semejante, e hizo presente que con el sistema digital se tendrán de cinco a diez concesionarias más por canal de televisión.
Los canales de televisión también hicieron presente a los miembros de la Comisión la necesidad de contar con mucho mayor libertad. Porque la prohibición actual es innecesaria y exagerada. Y dieron como ejemplo lo sucedido con el canal 2, en el cual ninguno de los actuales canales de televisión puede comprar alguna parte de él.
Y se citó el hecho de que en muchos países del mundo la televisión más avanzada hace que un mismo canal tenga otros canales para la transmisión de determinados programas o se asocie con otros para determinadas materias.
En este caso, y en presencia del proceso de digitalización, es necesaria una mayor flexibilidad para incentivar la inversión de capitales y, en consecuencia, el trabajo y la participación de las personas en este medio de comunicación, sin que en ello haya ningún riesgo de producir monopolio, no sólo por la existencia de canales públicos o universitarios, sino, también, por la multiplicidad de nuevas alternativas que se van a presentar con el ya vigente sistema de digitalización.
Por esta razón, la Comisión acordó rechazar el artículo 44 y el artículo transitorio pertinente, y aceptar todas las demás observaciones del Presidente de la República .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , coincido con el Presidente de la Comisión en el sentido de que estamos dando término a la larga tramitación de un proyecto que es esencial. Todo lo atinente a la libertad de prensa tiene también relación con la democracia: no hay democracia sin libertad de prensa, y ésta no se da prácticamente en ningún régimen que no sea democrático.
No cabe duda de que el proyecto que nos ocupa es sensiblemente superior a la legislación en vigor, cualesquiera que sean los vicios, errores u omisiones de que pueda adolecer.
Hoy día rige la Ley de Abusos de Publicidad; y -como lo indica su nombre- es una legislación punitiva.
La futura normativa promueve la libertad de información, de expresión y defiende las prerrogativas de la profesión de periodista. Es una ley propositiva.
Ahora, -como se señaló- hay aquí diversas materias que significan un avance fundamental respecto de lo ya existente, como la definición de quiénes son periodistas.
Aquí quiero recordar que la disposición pertinente surgió de la discusión del proyecto en segundo trámite en el Senado a propuesta del Colegio de Periodistas, concretamente del periodista Alejandro Guillier .
Se establece, fundamentalmente en beneficio del periodista, el secreto profesional; se permite el acceso a las fuentes de información en los mismos términos propuestos en la reforma constitucional llamada "Frei II"; se establece un derecho de rectificación, que probablemente sea una de las reglamentaciones mejor logradas en la legislación comparada; se elimina la prohibición de informar de los jueces cuando el proceso se encuentra en estado de sumario, según el procedimiento actual; se elimina la posibilidad de la requisición de libros; se pone fin -como se señaló- a prerrogativas que tienen determinadas autoridades, entre ellas, Senadores y Diputados; se da competencia exclusiva a los tribunales ordinarios de justicia respecto de todas las causas que guarden relación con la ley de prensa que afecte a civiles, aunque haya uniformados involucrados; elimina el delito de difamación -establecido durante el Gobierno del ex Presidente señor Alessandri Rodríguez en la llamada "Ley Mordaza" por los periodistas y que se reprodujo en la Constitución del 80 y en la Ley de Abusos de Publicidad-; facilita la creación de medios de comunicación; sanciona los actos contra la libre competencia, y deroga la Ley de Abusos de Publicidad.
Me parece que todo lo anterior constituye realmente un avance muy significativo.
Su Excelencia el Presidente de la República ha formulado un veto muy especial. No es uno más. La tramitación de la ley en proyecto debió haber terminado con el informe de la Comisión Mixta que se formó para resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado. El respectivo informe, que esta Alta Corporación aprobó por unanimidad, fue lamentablemente rechazado por la Cámara Baja y, en consecuencia, quedó un proyecto incompleto y trunco.
Lo que ha hecho el Ejecutivo , por medio de las treinta y tantas observaciones que formuló, ha sido, en el fondo, reponer el texto del proyecto al estado en que lo dejó la Comisión Mixta. Por eso la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con excepción de una observación, que ha rechazado, aprobó todas las demás. Y propongo, señor Presidente , que reglamentariamente se den por aprobadas todas las propuestas que concitaron la unanimidad en el organismo técnico.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , deseo reiterar la importancia que tiene el haber llegado al final de la tramitación de este proyecto, que se inició en 1993, es decir, hace casi ocho años.
En lo fundamental, se eleva de status a la libertad de expresión en Chile y se pone término a las trabas, objetadas a nivel internacional, especialmente por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, con lo cual el país tendrá el sitial que le corresponde en esta materia.
Junto con eso, se reconocen algunas reivindicaciones gremiales del Colegio de Periodistas, especialmente el derecho a guardar secreto respecto de la fuente informativa e impedir que el medio altere el producto del trabajo periodístico contra la voluntad de quien lo ha realizado.
Además, se define el concepto de pluralismo y se establece que con recursos públicos se verificará la existencia del pluralismo informativo en el país, a fin de detectar sus deficiencias y mejorar ese valor. Al mismo tiempo, se adoptan algunos resguardos importantes para evitar la concentración excesiva en la propiedad de los medios e impedir que pueda generarse una suerte de monopolio que atente contra el pluralismo.
Como explicaron los Honorables señores Díez y Hamilton , el veto aborda diversas materias que estaban consignadas en el informe de la Comisión Mixta y que, desgraciadamente, fueron rechazadas por la Cámara de Diputados en su momento, e introduce algunos perfeccionamientos al proyecto.
Creo que tal cual lo despachó la Comisión, el veto concita el consenso necesario de la Sala. Por cierto que a nuestras bancadas les hubiera gustado que algunas materias, que no fueron aprobadas, estuvieran contenidas en el informe de la Comisión. Una de esas disposiciones, que se "cayó" en la Cámara de Diputados, exigía a los medios de circulación nacional de más de 5 mil ejemplares que señalaran la tirada de los mismos en lugar destacado. Y nos hubiera agradado, también, mantener lo que el Senado aprobó, en el sentido de que una persona que tiene derecho de propiedad en un canal de televisión de libre recepción no pueda poseer otro de igual naturaleza y en el mismo radio de emisión.
Entendemos que está por delante el desafío de la televisión digital. Varias veces hemos planteado al Senado, sin mucho éxito, la necesidad de ocuparse de este asunto. Los Comités lo derivaron a la Comisión de Transportes, y debo decir que ésta no ha sido muy activa en esta materia.
El cambio a la televisión digital es enorme, al variar la forma como la informática llegará a todos los hogares de Chile. Ello supone inversiones cuantiosas de la industria televisiva, pero también de cada familia chilena en cuanto a adquirir un nuevo televisor. En fin, esperamos que esta materia, como ha dicho el señor Ministro , no pase por el lado del Parlamento, sino que en el momento oportuno se envíen a tramitación las iniciativas correspondientes sobre concesiones, etcétera.
Con esas salvedades, pedimos a la Sala que vote en bloque el veto, tal cual fue despachado por la Comisión, aunque nos hubiera gustado -reitero- que contuviera algunas disposiciones que, desgraciadamente, no consigna.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que, por lo manifestado por varios señores Senadores, habría acuerdo para aprobar el informe de la Comisión y abreviar el debate. Esta es una iniciativa que requiere pronto despacho.
Entonces, solicito a quienes están inscritos que abrevien sus intervenciones, para proceder a pronunciarnos cuanto antes.
Advierto que algunas normas requieren quórum especial de aprobación.
El señor OMINAMI.-
¿Señor Presidente , no es posible abrir la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Preferiría que nos pronunciáramos en forma económica en su momento, si la Sala lo tiene a bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , en general, estoy naturalmente de acuerdo en aprobar el informe. Concurrí a su discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, por lo tanto, no puedo menos que concordar con el veto del Presidente de la República .
Quiero señalar que discrepé de la posición mayoritaria de la Comisión, específicamente en lo relativo a la norma que el Ejecutivo , por la vía del veto, introduce en el inciso sexto del artículo 15 de la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión.
No me dejaron satisfecho las razones que se incorporan al documento a que dio lectura el señor Presidente de la Comisión, que en verdad corresponden a las que dio a conocer el señor Hohmann, representante de la entidad privada correspondiente y que, en realidad, nada agregan.
Desde mi personal punto de vista, la observación del Ejecutivo debió aprobarse en los términos en que se explicita, al establecer que ninguna persona que participe en la propiedad de un servicio televisivo de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio. Y tengo cuatro o cinco razones que someramente daré a conocer.
En primer término, ese texto corresponde exactamente al que acogió la Comisión Mixta, aprobación a la cual concurrieron, naturalmente, los señores Senadores que la integraron, en términos de aprobar lo que ahora aparece rechazado por la mayoría de la Comisión de Constitución.
En segundo lugar, tengo entendido que esta norma, desde un ángulo jurídico, es exactamente igual a la que figura en la ley que creó el Consejo Nacional de Televisión, que regula la prohibición de que una misma persona concurra a la administración tanto de una red como de otra. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico no se ve la diferencia que justifique permitir, en este caso específico, la adquisición de parte del patrimonio.
Con el mayor respeto, creo que no hay aquí una invasión de normas constitucionales, porque como muy bien señaló el señor Presidente de la Comisión , la disposición pertinente hace la salvedad respecto de los casos que la ley establezca. Y éste es específicamente uno de ellos, en que por razones que tienen por finalidad evitar la concentración de capitales en las redes de televisión, se formuló, precisamente, el veto en los términos en que se propone rechazar.
A mi parecer, todas estas circunstancias -aparte que, desde el punto de vista de la más elemental norma ética en cuanto a la forma como deben actuar el Consejo Nacional de Televisión y las redes de televisión- indican que es razonable evitar los monopolios en la concentración de capitales que tengan por finalidad adquirir acciones o desarrollar cualquier otro tipo de actividades de índole mercantil en distintas redes de televisión, y aconsejaban que eso se evitara en los términos en que el Ejecutivo lo propuso.
Por eso me permití discrepar y voté por la aprobación del artículo que la mayoría de la Comisión recomienda rechazar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , indudablemente este proyecto, que prácticamente se encuentra en su última instancia de tramitación, nos deja con la satisfacción, pese al tiempo transcurrido, de que hemos contribuido a definir, ordenar y sistematizar las normas relativas a una garantía constitucional tan trascendente como la libertad de informar y de opinar.
Creemos que la sistematización y ordenamiento de la iniciativa obedeció a un planteamiento rector: consagrar una libertad en materias tan fundamentales como las de opinión y de información.
También deseo destacar el apoyo a los medios de comunicación regionales que, por vía presupuestaria, se plantea en el artículo 4º. Porque no cabe la menor duda de que los que hacen periodismo, quienes están detrás de los medios de comunicación regionales, desarrollan una tarea casi heroica para superar las dificultades de financiamiento, tarea que, además, es a veces agobiadora.
Sin embargo, más allá de los antecedentes aquí expuestos, es muy importante a estas alturas destacar la libertad responsable con que siempre han actuado los medios de comunicación nacionales. Cuando uno habla de libertad responsable, necesariamente debe realizar una comparación -lo cual es muy válido- entre la prensa escrita, visual o radial de distintos países. De ella se desprende, sin lugar a dudas, que en nuestro Chile existe una libertad responsable que enorgullece a quienes participamos de las actividades de los medios de comunicación.
Si observamos lo que ocurre en otros países con la prensa amarilla, que incluso en naciones desarrolladas tiene una tremenda cobertura; o con la prensa sensacionalista cuya práctica en algunas naciones vecinas es frecuente para manipular la información, y si hacemos una comparación con los medios de comunicación chilenos, es indudable que los nuestros son destacables desde el punto de vista de la regulación o autorregulación de esa libertad responsable.
Por eso, señor Presidente , con mucho agrado vamos a prestar nuestra aprobación a esta normativa sobre libertades de opinión y de información.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , no corresponde en esta ocasión hacer un debate en general sobre la iniciativa -tal como señaló la Mesa-, y, por lo mismo, no reiteraré conceptos que ya entregamos en otras oportunidades acerca de la importancia de la normativa en comento. No obstante haberse demorado tanto tiempo sin tramitación, considero positivo haber llegado al final del camino, porque ella contribuye al mejor funcionamiento en el país de las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo.
La mayor trascendencia del proyecto -por lo menos la que yo advierto-, no sólo está en la necesidad de que operen las libertades públicas en el país o en que se consolide la democracia de mejor forma, sino en que, gracias a la transparencia que brinda la acción pluralista y mancomunada de los distintos medios de comunicación, permitirá un verdadero -por así decirlo- control ciudadano del ejercicio de la autoridad pública.
A mi juicio, los distintos mecanismos institucionales hoy existentes no nos dan garantía de ese control, ya que, por razones de politización de los mismos o por cualquiera otra, de hecho no resultan eficaces. El más eficiente de todos, el que garantiza el mejor funcionamiento del Estado de Derecho, es el control que la ciudadanía, a través de la información y la opinión que recibe, logra realizar de sus autoridades públicas, sean éstas elegidas o no.
Lo anterior nos da suficiente pie para acoger la norma tal cual viene y, en definitiva, aprobar el veto, porque, si bien a mi juicio era mucho mejor el informe emanado de la Comisión Mixta, aprobado por unanimidad en el Senado, en lo sustancial ha procurado recoger la mayor parte de las propuestas rechazadas por la Cámara de Diputados.
Respecto de los asuntos en cuestión, debo señalar que comparto el rechazo de la Cámara de Diputados a la exigencia de determinado tiraje para los medios de comunicación, fundamentalmente porque causa un daño muy importante a la prensa de carácter regional. Y eso me parece que, aparte otras consideraciones de discrecionalidad o por lo innecesario de llevarlo a cabo por la vía legal, como ocurre en el caso de la televisión abierta, donde existe un acuerdo (al cual concurren entusiastamente los canales) para que se mida la sintonía -algo así debería establecerse para los demás medios de comunicación-, y, además, por lo discriminatorio de la forma como se plantea, es dañino para la prensa regional.
También estoy de acuerdo con la aprobación, en votación dividida, de la norma que incluye la "exceptio veritatis" cuando se trata de injurias que afectan a autoridades públicas. Me parece que en aras de la transparencia, es conveniente, además, que si alguna autoridad o algún hecho de interés público se encuentra debidamente acreditado, porque es verdadero y el medio de comunicación está en condiciones de certificarlo, no se puede impedir que éste utilice la "exceptio veritatis" para demostrar su afirmación y, de ese modo, no caer en la injuria.
Se trata de una materia ciertamente discutible, porque está en el límite de afectar la honra de las personas mientras no transgreda ciertos aspectos que quedan exceptuados de la "exceptio veritatis", como los más íntimos y privados de la autoridad de que se trate, pero permitirá mayor trasparencia, en lo estrictamente contingente, a la actuación de la autoridad pública.
En cuanto a la intervención de la respectiva Comisión Preventiva, ésta nos parece inadecuada fundamentalmente por el informe previo que debe emitir dicho organismo al tenor del inciso primero del artículo 39 propuesto en el veto, que señala que cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad deberá ser informado a la respectiva Comisión Preventiva. A mi juicio, eso todavía no sería dañino. Pero el inciso segundo de dicha norma establece que "tratándose de medios de comunicación social sujetos al sistema de concesión otorgada por el Estado, el hecho o acto relevante deberá contar con informe previo a su perfeccionamiento de la respectiva Comisión Preventiva...", y, a continuación, agrega: "Dicho informe deberá evacuarse dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, en caso contrario, se entenderá que no amerita objeción alguna.".
El último aspecto ("que no amerita objeción alguna") indica que la Comisión Preventiva puede oponer objeciones. Si eso ocurre, quiere decir que no se trata de un informe acerca del impacto que podría tener el acto relevante en el mercado informativo, sino de uno relativo a si él es favorable o adverso. Se manifestó que la intención no era ésa, sino establecer que se entendía cumplido el trámite si no había observaciones. Pero no es eso lo que se deduce. Ello cambia la naturaleza de dicho informe y, a mi juicio, lo hace inaceptable. Por tal razón, votamos por el rechazo de la disposición.
Finalmente, señor Presidente , la otra norma también objetable es la de la observación Nº 27, que señala: "Ninguna persona que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.".
Tal precepto, aparte de generar un conflicto que la tecnología va a superar muy rápidamente, es irreal, tal como manifestaron algunos personeros del sector. Sobre el particular, se señaló como ejemplo el caso del canal 2, que se encuentra -por decirlo de alguna manera- a la venta y no hay interesados. Por eso, la materia es bastante más restrictiva de lo que la gente imagina.
El problema radica en que dicha norma tal cual está formulada implica una restricción al acceso a la propiedad. Y, en ese contexto, entra en un nivel de inconstitucionalidad, porque transgrede los términos en que se puede limitar la propiedad según lo establecido en la Constitución. Es posible regular el ejercicio de la propiedad, imponerle obligaciones, pero limitar el acceso a la propiedad constituye una expropiación. Y eso, a mi entender, resulta inconstitucional.
Por lo tanto, desde ya anticipo reserva de constitucionalidad en caso de que la citada norma llegue a aprobarse, ya que bajo todo concepto es inadecuada por la forma en que está presentada. Aparte del espacio que hay en la televisión, el interés existente y el avance en el desarrollo tecnológico, me parece también que se trata de una disposición innecesaria y basta con los preceptos vigentes hoy respecto de las limitaciones en materia de adquisición o adjudicación de concesiones de televisión establecidas en la ley vigente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor PÉREZ.-
Una moción de orden, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con la venia del Senador señor Bitar, la Mesa podría concederle el uso de la palabra.
El señor BITAR.-
No hay problema, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
En nombre del Presidente de la Comisión de Hacienda , Senador señor Foxley, solicito que se autorice a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, para sesionar a las 18 simultáneamente con la Sala, ya que deben ocuparse en el proyecto sobre rentas vitalicias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Conviene que sean citadas para alrededor de las 19, lo que permitirá tratar en el Hemiciclo los proyectos de quórum especial. De otro modo, será necesario llamar cada vez a los señores Senadores miembros de esos organismos técnicos.
El señor PÉREZ.-
Quisiéramos ahorrar en discursos y poder votar, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para las 19 no se suscitan dificultades.
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , expreso mi satisfacción, como Senador, de poder sumar mi voto a un proyecto de ley cuyo estudio ha tomado muchos años y que importa dar un paso adelante en la libertad de expresión.
Estoy convencido de que una democracia es mucho más sólida cuando se establecen mecanismos de libertad más potentes, que generan más responsabilidad ciudadana, más educación, y cuando también se establecen en una sociedad sistemas de autorregulación. Creo mucho más en ello que en la imposición de restricciones. En ese sentido nos pronunciamos hoy y compruebo con agrado que culmina el proceso de aprobación de la iniciativa en debate.
En particular, deseo mencionar, en el par de minutos que me corresponden, que se termina con controles indebidos, como el que vivimos -el Senador que habla también, como chileno, con vergüenza- al ver que la publicación de un libro no podía ser distribuida y era retenida y que una compatriota periodista ha debido permanecer fuera del país. Me alegro de que, al aprobar hoy el proyecto, podamos tener de vuelta en Chile a una profesional como Alejandra Matus tras un trámite judicial que, entiendo, será breve, y me agrada, asimismo, que no se origine más la misma situación.
También, me complace que termine el privilegio que nos asiste a determinadas autoridades para recurrir a la Ley de Seguridad del Estado en el caso de injurias y calumnias. Constituye un avance. Es cierto que nos hallamos mucho más expuestos, por nuestras responsabilidades políticas y públicas, a ser tratados, a veces, de una manera hasta absolutamente hostil y agresiva, pero considero que la igualdad de condiciones de un Senador y un ciudadano común y corriente afirma la democracia más, en la práctica, que el asignarse privilegios frente al resto de los ciudadanos.
Lamento que no se disponga de una norma establecida y clara respecto de las tiradas, para conocer con transparencia qué pasa en los medios de comunicación, la cual sí contenían los proyectos originales. Entiendo que ha habido una expresión de voluntad del sector privado en el sentido de establecer un sistema que permita a la ciudadanía imponerse de ese antecedente, pero deseo pedir al Gobierno -porque así lo estimo- que si ese mecanismo no funciona se reserve el derecho de mandar un nuevo proyecto de ley con normas que permitan avanzar en la dirección indicada. Confío en que se cumpla el compromiso del sector privado, pero aspiro, en resguardo de la transparencia y la libertad de expresión, a que logremos ese conocimiento todos los ciudadanos por tratarse de un bien público.
Finalmente, habría preferido, al igual que el Senador señor Silva , una norma que limitara la concentración de la propiedad de la televisión en Regiones, como se planteó originalmente, lo que por desgracia no viene en el texto.
Puede aparecer, a veces, como que el progreso tecnológico haría innecesario lo anterior. No lo comparto. Creo que siempre se debe avanzar en disposiciones que garanticen el pluralismo y la diversidad. Ello es sagrado.
Y digo más todavía: en la concesión de un bien público como aquel del cual se trata, y entre los distintos valores cuyo mejor equilibrio para el bien común siempre se debe buscar, coloco a la libertad y el pluralismo en la expresión de los ciudadanos primero que el derecho de propiedad. En ese aspecto no me pierdo. Y deseo dejar establecido, entonces, para fundar mi voto favorable al articulado, ese punto de vista de principios, en mi nombre y en el del Senador señor Muñoz Barra .
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide, último inscrito.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , seré muy breve. He consultado a la Mesa y no existe la posibilidad de votar separadamente algunos preceptos. Por lo tanto, he solicitado intervenir para señalar, respecto del artículo 44,...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí se puede pedir un pronunciamiento por separado, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Conforme, señor Presidente . Pero accedí a su...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Lo que sucede es que había acuerdo, en principio, de votar el informe en conjunto.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
En ese marco, el resultado es el mismo: se resolverá sobre el texto en un solo paquete. Por lo tanto, sólo pedí la palabra para dejar constancia de que prefiero la norma del artículo 44. Es decir, no me basta con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Consejo Nacional de Televisión. No comparto el criterio sobre la posibilidad de cambios tecnológicos, que entretanto no existen, de modo que estimo deseable la seguridad de la primera de las normas aludidas, que no ha sido aprobada.
Tampoco me parece relevante la idea -con todo respeto por quien la planteó- de que porque en un momento determinado un canal no concitó interés se configure un argumento superior al tema de fondo. Este último, para mí, consiste en garantizar que no exista concentración del poder televisivo frente a las Regiones y a la población. En Chile y en el mundo entero, hoy -seamos claros-, el poder recae en quien puede comunicar. Toda concentración de la comunicación limita la libertad y el acceso a la fundamentación adecuada de las distintas posiciones en una sociedad pluralista.
El señor Senador que me precedió en el uso de la palabra formuló una observación que comparto. Frente a la duda acerca de cuál de los dos principios es superior, me quedo con el de la plena y absoluta libertad y la máxima desconcentración del poder comunicacional, frente al acceso a una propiedad que, con franqueza, tampoco es "quod vitam". Nadie se muere por no contar con un segundo canal televisivo, ni pone en riesgo su vida y ni siquiera los derechos esenciales de la persona.
Por lo tanto, señor Presidente , dado que se votará de una manera única, dejo establecido que, no obstante pronunciarme por todo el resto del artículado, no comparto el aspecto a que he hecho referencia.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor HUEPE ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Señor Presidente , expondré brevemente tres observaciones muy puntuales.
Una de ellas apunta a clarificar el sentido del inciso final del artículo 39, por lo cual reitero al Senador señor Larraín lo que conversamos ayer en la Comisión. Al disponer la norma que "Dicho informe deberá evacuarse dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, en caso contrario se entenderá que no amerita objeción alguna", alude solamente a la idea del silencio administrativo. O sea, si la Comisión Preventiva no se pronuncia en ese plazo, se entenderá que no tiene ningún comentario que hacer. No se plantea el alcance expresado por Su Señoría en el sentido de que sería un informe vinculante para una decisión final. Después, la Fiscalía Nacional Económica, por los canales correspondientes, podrá ejercer acciones o no, pero el informe no es vinculante.
La segunda observación es para ratificar lo que expusimos en la Cámara de Diputados cuando se rechazó el artículo 10, que establecía la declaración de circulación, pues cabe esperar que en un período determinado ojalá se cumpla el compromiso inicial de establecer un mecanismo privado. Si no, nos reservamos el derecho de plantear una legislación relativa a la obligatoriedad de ese antecedente.
Y, finalmente, sobre el artículo 44, que ha suscitado alguna discusión, cabe subrayar que es cierto que nos hallamos a las puertas de cambios tecnológicos realmente muy impactantes. Todo el tema de la televisión analógica y la televisión digital requerirá una legislación. Incluso, me dicen que en el Senado se acordó un mandato a una Comisión, hace algún tiempo, para ocuparse en el asunto y analizarlo en profundidad. Nos encontramos abiertos a conocer las opiniones que allí se manifiesten, porque nuestro ánimo es el de juzgar necesario que lo relativo a la digitalización, tanto en la televisión como en la radio, que traerá cambios realmente trascendentales, sea fruto de una legislación. Y nos encontramos estudiando con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio respectivo una normativa sobre el particular.
Ésas eran las tres observaciones puntuales que deseaba formular, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , anticipando que votaré favorablemente el informe, debo recalcar que durante todo el proceso de discusión del proyecto que nos ocupa hemos tenido como orientación muy central asegurar la mayor libertad de expresión, por una parte, y por otra, generar las máximas condiciones de pluralismo informativo, partiendo de la base de que en Chile existe un déficit de pluralismo bastante agudo, particularmente en los medios de comunicación escritos.
En tal sentido, celebro que en esta iniciativa se establezcan mecanismos para el estudio del pluralismo de la prensa escrita. A mi juicio, ello reviste gran importancia, porque significa reconocer que la libertad informativa, que es un derecho esencial, tiene también un correlato de deber. Y el deber del pluralismo está consignado de manera explícita en la ley en proyecto. Pero además, si de aquí en adelante contamos regularmente con estudios objetivos sobre el cumplimiento del deber de pluralismo de los medios, creo que ello puede ser un elemento muy importante a futuro.
En cuanto a la idea de evitar la concentración de la propiedad en los servicios de televisión, lamento el pronunciamiento de la Comisión con respecto al artículo 44. Considero que existe una contradicción entre concentración -que además es cierta tendencia mundial en los medios- y pluralismo. Y pienso que, tratándose de un bien público, la limitación en el sentido de que los privados puedan tener un solo canal de emisión abierta constituye una muy buena señal, que desgraciadamente estamos dejando de dar.
Por otra parte, lamento de veras que la Cámara de Diputados haya rechazado nuestra disposición tendiente a establecer un sistema muy simple para verificar la circulación de la prensa escrita.
En el debate, nadie -¡nadie!- argumentó contra la necesidad -por motivos de transparencia informativa, pues son bienes públicos, e incluso, por razones comerciales, tanto más cuanto que la industria de la prensa escrita está vinculada también a la de la publicidad; por mil razones- de la verificación.
Pero, finalmente, una norma simple, que no representaba costo para nadie, que sólo consagraba la obligación elemental de estampar en la primera página de cada periódico el número de ejemplares -práctica que siguen numerosos diarios del mundo-, fue rechazada en la Cámara Baja.
Entiendo que en la discusión hubo una suerte de compromiso. Porque el único argumento fue el siguiente: por qué el Estado va a hacer esto, cuando en muchas partes lo hacen los privados. Mi contraargumento es muy sencillo: en este país, en los últimos 150 años -o sea, desde la fundación de "El Mercurio" de Valparaíso hasta hoy-, los privados no han efectuado un sistema de verificación. Por tanto, era una razón valedera para consignarlo por ley, la que es simple.
En todo caso, en nombre de nuestra bancada y como un gesto de credibilidad y voluntad, anuncio que esperaremos seis meses para que la Asociación Nacional de la Prensa establezca un sistema creíble de verificación de la prensa escrita, en el entendido de que, si tal no ocurre, presentaremos en el Senado un proyecto de ley que contemple un mecanismo de esa índole.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala...
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Solicito que se me conceda un minuto adicional, porque, con la premura, olvidé hacer un comentario. Simplemente, deseo dejar una constancia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para ese efecto, tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , por la primera observación del Primer Mandatario , se propone incorporar al artículo 1º un inciso tercero del siguiente tenor: "Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.".
Desde el punto de vista teórico o académico, ese tema es muy atractivo. Empero, desde el ángulo práctico, se puede prestar para interpretaciones equívocas, que son las que pretendemos evitar. Porque las leyes no constituyen recomendaciones generales, sino que generan derechos u obligaciones.
¿Cuál es el derecho que se genera a partir de la disposición descrita?
Para evitar la discusión, sólo quiero recalcar lo señalado por la Comisión al explicar el orden de materia en que recae la observación en comento: "En este aspecto, se reconoce el derecho que asiste a las personas a ser informadas sobre asuntos de interés general. Éste se considera parte natural de la libertad de opinión y de información, mas no significa, en ningún caso, que pueda obligarse a alguna persona o a algún medio a entregar determinada información, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional"...
Porque, señor Presidente, existe el temor de que alguien, amparado en dicha norma, sostenga que no ha sido debidamente informado; que informaciones que en su concepto son de interés general no han sido recogidas por los medios, y que, por lo tanto, le asiste el derecho a exigirles su publicación.
Eso fue precisamente lo que el Tribunal Constitucional quiso evitar. Y por ello se dejó la constancia en la Comisión, que deseo reiterar en la Sala, para evitar cualquier equívoco en la interpretación de la norma a que me referí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dejará la constancia pertinente, Su Señoría.
El señor HUEPE ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Está en el mensaje, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señores Senadores, hay una proposición para aprobar el informe de la Comisión, con todos los efectos que ello genera.
¿Habría acuerdo?
--Se aprueba (32 votos).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se reunieron los dos quórum exigidos para la aprobación de las observaciones, las cuales, por lo tanto, quedan despachadas en la forma que señala el informe.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HUEPE ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-
Señor Presidente , en forma muy breve, deseo agradecer al Senado, y también a la Cámara de Diputados, el rápido y expedito despacho del veto, con lo cual se termina un proceso de casi siete años.
Creo que hoy es un gran día para la libertad de expresión y, como lo manifestó un señor Senador, un gran triunfo para la democracia chilena.
Estamos dando un paso importante hacia las libertades públicas. Este veto fue muy trabajado con Senadores y Diputados de todas las bancadas. Ello permitió la aprobación de prácticamente la totalidad de las observaciones del Presidente de la República .
Ahora, me parece que de esta manera sintonizamos al país con la legítima exigencia de las comunidades y organismos internacionales preocupados por las limitaciones que existían en Chile en materia de libertad de prensa.
Sin duda, quedan pendientes otros proyectos que habrán de profundizar todavía más lo relativo a la libertad de expresión. Por ende, surgirán nuevas iniciativas legales sobre la materia.
Muchas gracias.
SISTEMAS DE PREVENCIÓN ANTE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2020-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 18 de abril de 2000.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 37ª, en 17 de abril de 2001.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
La Comisión señala en su informe que los principales objetivos de la iniciativa son:
1.- Impedir y controlar la extensión del sida en Chile, mediante la difusión de información adecuada, la participación y aporte de organizaciones sociales, la promoción de la investigación científica y la elaboración de políticas públicas.
2.- Asegurar el respeto del derecho a la honra y a la dignidad de las personas y de los grupos afectados, y proscribir cualquier forma de discriminación basada en esta pandemia, en los ámbitos laboral, educacional y de atención de salud.
3.- Establecer como regla general el carácter siempre confidencial, voluntario e informado del examen de detección del virus de inmunodeficiencia humana.
4.- Sancionar con multa ciertas infracciones a la ley y otorgar competencia para aplicarlas a los jueces de policía local, sin perjuicio de las atribuciones de los tribunales civiles, penales y aduaneros.
Luego de reseñar los antecedentes tenidos en consideración para el análisis del proyecto, la Comisión describe el debate habido en su seno y consigna que aquél fue aprobado en general por tres votos a favor (Senadores señores Bombal, Cordero y Viera-Gallo) y uno en contra (Honorable señor Ríos).
En consecuencia, propone a la Sala aprobar en general la iniciativa conforme al texto que figura en las páginas 24 a 29 de su informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente, informaré la iniciativa que el señor Secretario puso en conocimiento de la Sala.
La Comisión se preguntó en primer término si es necesaria una ley especial relacionada con el sida y, en caso afirmativo, qué tipo de normativa sería la adecuada para enfrentar el problema.
Estamos en presencia, no sólo de una enfermedad, sino de una pandemia que se viene propagando en el mundo desde hace dos décadas.
La Declaración del Milenio, adoptada por la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, del año 2000, asume el desafío del sida en el mundo y se compromete a invertir la tendencia de expansión creciente para el año 2015.
El diagnóstico actual figura en el primer cuadro inserto a continuación del informe de la Comisión de Salud (Anexo A Cuadros ONUSIDA), donde se consigna lo siguiente:
"Personas que viven con el VIH/SIDA, 36,1 millones
"Nuevas infecciones por el VIH en 2000, 5,3 millones
"Defunciones por causa del VIH/SIDA en 2000, 3 millones
"Número acumulado de defunciones por causa del VIH/SIDA, 21,8 millones".
La inmensa mayoría de esas personas se encuentra en el África sudsahariana. En África viven 70 por ciento de los adultos y 80 por ciento de los niños infectados.
En América Latina, un millón 400 mil personas viven con el virus y cada año se producen 150 mil nuevos casos de infección. Brasil es el país más afectado. Pero, proporcionalmente, la zona más vulnerable es la del Caribe, particularmente Haití , donde 8 por ciento de la población se halla infectado. Sin embargo, en Latinoamérica la mortalidad ha disminuido en 30 por ciento en los últimos años, debido al acceso de los enfermos a medicamentos retrovirales que prolongan la vida humana.
El Anexo B Cuadros CONASIDA se refiere a la situación de Chile. Allí se señala:
"El primer caso de SIDA se notificó en 1984; hasta el 30 de Septiembre de 1999 se han notificado 3.262 enfermos y 3.963 portadores asintomáticos en las trece regiones del país. Se ha informado el fallecimiento de 2.157 personas. La tasa de incidencia acumulada de SIDA en Chile alcanza a 24.5 por 100.000 habitantes.
"El análisis muestra una tendencia al aumento que se mantiene en el tiempo, la caída observada en 1998 y 1999 es artificial, se debe a la latencia del sistema y se corregirá a medida que se reciban las notificaciones pendientes correspondientes a esos años.".
Las tasas de incidencia acumulada más elevadas corresponden a las Regiones Metropolitana, Quinta, Segunda y Primera.
Más adelante se expresa: "El análisis por comuna de residencia de los casos de SIDA, es concordante con lo observado en la distribución de las tasas por región y por Servicio de Salud de ocurrencia. El 75.2% de los casos se concentra en 33 comunas, 28 de las cuales corresponden a la Región Metropolitana, 3 a la V región, una a la II región y una a la VIII región, todas urbanas.
"La comuna con mayor número de casos notificados es Santiago, ubicándose en segundo lugar Valparaíso .".
En resumen, se puede decir: tipología del sida en Chile, incipiente; localización, urbana; no hay marginalización; tendencia a la feminización (esto es, cada día se infectan más mujeres); pauperización en las mujeres (o sea, existe cierta relación entre pobreza y contagio); predominio en hombres homo/bisexuales; con menos seguridad, hay elementos que apuntan a una estabilidad de la distribución etaria en el tiempo.
La distribución por edad es muy relevante, porque muestra que tanto en Chile como en el resto del mundo esta enfermedad afecta principalmente a las personas jóvenes.
O sea, estamos ante una epidemia en pleno desarrollo, que además se transmite por lo más íntimo de la vida humana -vale decir, por el contagio sanguíneo o por la relación sexual-, lo que produce un fuerte impacto en la psicología de las personas afectadas y en las conductas de toda la población. Es un impacto -como se señaló en la Cumbre del Milenio- social, económico, médico y cultural. Ello implica que el sida sea cualitativamente distinto de otras enfermedades que pueden ser igualmente catastróficas y que también producen un impacto social muy fuerte.
Entonces, ¿qué expresa Naciones Unidas como balance de lo ocurrido en estos veinte años?
Primero, que es indispensable hacer visible el problema; no negarlo, sino mostrar que existe y que todas las personas tienen el riesgo virtual de contraer la enfermedad, ya que no se encuentra reducido sólo al mundo de la homosexualidad.
Segundo, que deben coordinarse los esfuerzos a nivel internacional, con la cooperación, pero también a nivel nacional, con políticas públicas y acciones de la sociedad civil.
Tercero, que la prevención es eficaz. Y, al respecto, es interesante lo contemplado en el informe de las Naciones Unidas sobre la materia. En el Nº 116 se expresa que "Los medios de prevención comprenden métodos como la ampliación de la educación sexual y sobre la salud, el aumento del suministro de condones femeninos y masculinos y otros productos, la adopción de más medidas para prevenir la transmisión de la madre al hijo, las medidas de prevención dirigidas a los toxicómanos que se inyectan y un mayor acceso a los servicios de orientación y exámenes médicos voluntarios.". Es decir, existe una gama de materias que tienen que ver con la prevención. En todo caso, deben tomarse en cuenta la cultura de cada pueblo y los valores de cada civilización.
Cuarto, que se puede reducir también la vulnerabilidad de los grupos más expuestos a contraer la enfermedad. Curiosamente, sobre todo en Estados Unidos, los grupos homosexuales, que comenzaron siendo los más afectados, hoy han disminuido su contagio, porque se hallan más conscientes del problema que los afecta.
Quinto, que es indispensable el apoyo social a las personas que viven con el virus.
Señor Presidente , la mayoría de los miembros de la Comisión de Salud estimó oportuno establecer en Chile un marco normativo de las políticas públicas y de la acción social, no por considerar que el problema será resuelto por una ley; no por creer que con un texto legal se despertarán esperanzas que después se pueden ver frustradas, sino porque es imprescindible dar a las políticas públicas una estabilidad y un marco claro de referencia, lo mismo que a la acción social que desarrollan en este campo múltiples organismos no gubernamentales, tanto de inspiración de iglesia como del mundo laico.
La ley en proyecto persigue cuatro objetivos fundamentales:
1. Prevenir la enfermedad.
En este punto, considero mi deber manifestar que el tema más discutido en el seno de la Comisión -llamo a los señores Senadores a reflexionar sobre él, pues aquélla llegó a una solución (quizá no es la más acertada) de mayoría, a la cual contribuí- dice relación al examen que permite la detección de la enfermedad, a su carácter voluntario y a si admite o no excepciones.
Se parte de la base de que el principio general -como expresa Naciones Unidas- es la voluntariedad, pero la Comisión estimó que en tres casos se puede practicar el examen en forma obligatoria.
En primer término, respecto de los recluidos en las cárceles y del personal de Gendarmería.
En segundo lugar, se dice que las Fuerzas Armadas y Carabineros, en cuanto a la voluntariedad del examen, se regirán por sus propias normas internas. La Comisión no se pronunció sobre si en esas instituciones es obligatorio o no el examen. Sin embargo, todos sabemos que sí lo es en algunas ramas de los institutos castrenses, y muy particularmente tratándose de quienes deben cumplir con el servicio militar.
En tercer término, puede ser obligatorio respecto de los trabajadores de los establecimientos hospitalarios o de salud. Ésta es una materia que planteó, con mucha fuerza y convicción, el Senador señor Ruiz-Esquide , quien después podrá dar a la Sala una explicación sobre el particular.
2. Impedir la discriminación.
Se trata de crear normas eficaces que impidan que la persona que vive con el virus sea discriminada en sus derechos por esa sola circunstancia, sabiendo que la única posibilidad de contagio es por vía sanguínea o por relación sexual. Entonces, no hay peligro alguno de que quien se encuentre en esas condiciones pueda trabajar, educarse y vivir como cualquier otra persona, toda vez que existen mecanismos proporcionados por los medicamentos retrovirales que hoy día le prolongan la vida por veinte o más años.
El proyecto incorpora este aspecto en normas que señalaré más adelante.
3. Tratamiento médico.
Seré sintético. Actualmente en Chile el Estado sólo puede dar cobertura de tratamiento al 50 por ciento de los enfermos que lo requieren. El otro 50 por ciento está condenado a morir. Ésa es la realidad. Los médicos se refieren a la forma en que eligen, cuando en una ciudad hay, por ejemplo, 15 ó 20 pacientes que necesitan tratamiento de triterapia retroviral y deben administrarlo a unos sí y a otros no: aplican el criterio objetivo de favorecer a los niños y a las madres; pero, después de eso, la decisión queda al arbitrio del médico tratante. Por suerte, en algunos casos, han intervenido organismos no gubernamentales para que la cobertura aumente.
Ha contribuido también la rebaja de los precios de los medicamentos, porque se importan a través del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Pero aquí la Comisión quiso hacer una petición enérgica al Gobierno en cuanto a buscar una solución más definitiva. Gracias a eso, el Ejecutivo formuló una indicación, en un artículo transitorio que analizaremos después y que es de enorme trascendencia para los enfermos, así como para las personas que viven con el virus, y en general para todos quienes sufren enfermedades catastróficas. Los manifestantes que hace unos días marcharon hasta el Congreso Nacional tal vez desconocían que, al menos en parte, en lo que se refiere a los medicamentos esta Comisión había logrado solucionar el problema.
4. Sanciones.
Por último, el proyecto establece algunas sanciones en caso de que no se cumplan las disposiciones obligatorias.
Si Sus Señorías tienen a mano el texto propuesto, verán que en el artículo 1º hay una definición general de su objetivo. Se encarga al Ministerio de Salud la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en esta materia.
Respecto de la prevención, se dice que el Estado arbitrará las acciones que sean necesarias para informar a la población acerca del virus de inmunodeficiencia humana, sus vías de transmisión, sus consecuencias, las medidas más eficaces para su prevención y tratamiento, y los programas públicos existentes con dichos fines. En otros países, como Colombia, la ley establece la obligatoriedad absoluta de los medios de comunicación de dar a conocer las campañas del Estado. En nuestro caso, ello no se recoge en el proyecto porque contradiría disposiciones de la Constitución. Cada medio puede definir su propio programa y, como vimos la otra vez, Megavisión y Canal 13 decidieron realizar uno propio. Lo importante, sin embargo, es que se haga campaña y que opere una cierta coordinación a cargo del Ministerio de Salud.
Más adelante se expresa que el Estado debe promover la investigación científica.
El punto clave que aludía es el incorporado en el artículo 5º, y guarda relación con el examen que se practica para detectar el virus. El inciso primero garantiza la voluntariedad y confidencialidad del examen. Esto no hace más que reiterar la norma que hoy día existe en la ley Nº 19.628, sobre protección de datos personales, pero con referencia a la confidencialidad de la información médica. Además, lo importante es establecer la voluntariedad. Se especifica que el examen de detección se realizará previa información al interesado acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la infección causada por el virus, así como las medidas preventivas científicamente comprobadas como eficaces. En el sector público existe la consejería -es ésta-; en el sector privado de salud, no. Esto es muy discutible. También lo debatió la Comisión, porque a veces ese servicio puede provocar en la gente un cierto desincentivo para practicarse el examen, si ello implica que deberá entrevistarse con una persona que le explicará una serie de cosas. Por otra parte, se nos insistió mucho por CONASIDA en que es indispensable que haya una consejería, al menos al momento de entregar el resultado, si éste fuera positivo.
En el inciso segundo se contemplan las tres excepciones que cité respecto de la voluntariedad del examen, que sin duda fue el asunto más controvertido. Tanto la Ministra de Salud como CONASIDA fueron partidarios de que no hubiera excepción a la voluntariedad.
Hay un anexo de Gendarmería de Chile, firmado por su Director Nacional, don Hugo Espinoza , donde aboga con bastante elocuencia y fuerza por la obligatoriedad del examen en el caso de Gendarmería. En cuanto a las Fuerzas Armadas y Carabineros, simplemente nos pronunciamos por que eso quedara entregado a cada uno de sus reglamentos. Nos parece indispensable señalar que, si en alguna de estas instituciones se detectara que alguien es portador del virus y fuera apartado de la dotación respectiva, lo lógico sería que el instituto armado correspondiente cubriera al menos el gasto de la enfermedad.
El señor MARTÍNEZ .-
Así se hace.
El señor VIERA-GALLO.-
La información que se nos hizo llegar indica que no en todas las instituciones es igual. Pero eso se podrá precisar durante el debate.
En el artículo 6º se dispone que "El Estado deberá velar por la atención de salud de las personas portadoras o enfermas que vivan con el virus de inmunodeficiencia humana, en el marco de las políticas pública" y que "En todo caso, deberán proporcionarse" "las prestaciones de salud que requieran los beneficiarios de la ley Nº18.469", que es la Ley de Medicina Preventiva.
La asociación "Vivo Positivo", que agrupa a la mayor parte de las personas que viven con el virus, ha presentado numerosos recursos de protección, porque el Estado hoy día no entrega los medicamentos, sino sólo un 50 por ciento de ellos. Pero los han perdido todos en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, porque la forma en que está garantizada la salud en la Constitución Política apunta más bien a la libertad para elegir el sistema de salud que uno quiera y no al derecho a ser atendido en materia de salud. En lo relativo al derecho a la vida, la Corte Suprema ha estimado que tal derecho no llega hasta el punto de que haga obligatorio al Estado entregar los medicamentos que estas personas requieren.
En todo caso, creo importante la disposición del artículo 1º transitorio, que dispone que, a contar de la publicación del reglamento de la ley y hasta el año 2004, "las personas que reúnan los requisitos que más adelante se señalan, podrán solicitar una bonificación fiscal. Dicha bonificación será equivalente al monto de los derechos e impuestos que se hubieren pagado por la importación de los medicamentos de alto costo utilizados en el tratamiento específico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y de otras enfermedades catastróficas determinados mediante decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito además por el Ministerio de Hacienda.". Y se establece todo un complejo mecanismo, que aparece en la página 28 del informe, para hacer efectivo este derecho.
Lo importante es que aquí se obtuvo que los enfermos de SIDA, o que portan el virus, y todos los afectados por enfermedades catastróficas -entre ellas el cáncer, la fibrosis quística (el otro día veíamos el caso de un padre que había ido a protestar a la Embajada de Dinamarca ) y otras-, obtendrán esta bonificación que hará bajar el precio de los medicamentos -según se nos informó- al menos en 30 por ciento.
No me voy a referir aquí, señor Presidente , a la polémica que tiene lugar hoy en el mundo respecto al precio de los medicamentos para combatir el SIDA, que mantiene trenzados en una muy fuerte disputa al Gobierno de Sudáfrica con las grandes transnacionales farmacéuticas. Y las organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos han hecho un "lobby" muy importante ante la opinión pública para que las empresas farmacéuticas bajen los precios de los medicamentos. Al menos dos países venden sustitutos de los medicamentos originales, India y Brasil, lo que permite rebajar el costo del tratamiento. Éste es un debate mayor.
Sobre la no discriminación, es importante destacar que nadie podrá ser privado de su trabajo, ni en el sector privado ni en el público, por habérsele encontrado el virus, y que nadie podrá ser apartado del sistema educacional por el mismo motivo. Asimismo, ningún establecimiento de salud, público o privado, cuando sea requerida su intervención de acuerdo con la ley, podrá negar el ingreso o atención a personas portadoras del VIH o infectadas con él.
El proyecto concluye con el establecimiento de una serie de sanciones.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , me voy a referir sólo a los aspectos esenciales de la iniciativa, por cuanto el informe entregado por el Senador señor Viera-Gallo ha sido extremadamente veraz, consistente y muy claro en cuanto a lo que fue el debate, bastante largo, realizado en la Comisión.
Primero que todo, deseo ratificar las palabras del Senador informante en el sentido de que el sida se ha transformado, tal vez, en el problema de salud más grave de los últimos 30 años, sólo comparable a las grandes pandemias que sufrió el mundo entero en siglos pasados. Ese hecho, sumado a las dificultades de prevención y al costo del tratamiento, hace que realmente estemos en presencia de un problema de salud extremadamente grave, del cual muchas veces no tenemos conciencia. Y es lo que justifica, a mi juicio, su inclusión dentro de los temas de mayor preocupación del Ministerio y la atención de la Organización Mundial de la Salud y ahora la del Senado.
En segundo lugar, las cifras mundiales y nacionales mantienen un nivel creciente. El número de enfermos y de personas contagiadas no ha experimentado una disminución en términos tales que lleve a una actitud de menor cuidado. En algún momento, en los círculos más allegados al ámbito de la salud se llegó a pensar que era posible evitar la expansión del virus. Pero no ha sido así. Es necesario hacer hincapié en esto último, con el objeto de no desincentivar una inversión en el área que permita enfrentar en buena forma el problema.
En tercer término, el debate del proyecto ha posibilitado traer a colación en el Senado la idea central que se desea transmitir y que hemos venido señalando en los últimos años: el carácter multisectorial del problema. El sida no es sólo un asunto de carácter sanitario. No se trata únicamente de la enfermedad, de su tratamiento y del costo de éste. Aquí está involucrada la cultura de la ciudadanía sobre el tema; hay un problema educacional grave en materia de prevención; hay un punto que tiene que ver directamente con el Ministerio de Educación y los organismos educativos; es una cuestión que interesa a la globalidad de la sociedad. Y éste es el criterio con que han trabajado en los últimos años la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
En su etapa inicial, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida fue tratado como un mal que sólo tenía que ver con su tratamiento, lo cual no es así. No sacamos nada con tener un tratamiento adecuado, dadas sus dificultades y su costo, si no somos capaces de crear un sistema de prevención y de ilustración. Las encuestas realizadas en Chile demuestran la absoluta ignorancia existente sobre la materia, la incapacidad de poder transmitir los conocimientos necesarios y el valor de las medidas propuestas, a las cuales me voy a referir más adelante.
Por eso, considero útil tratar el tema en la Sala para que ésta tome nota de aquello en lo que estamos trabajando y, sobre todo, para ver la manera de perfeccionar algunos aspectos bastante discutidos.
En cuarto lugar, deseo poner de manifiesto las ideas centrales de la iniciativa a la luz del informe que ha entregado el Honorable señor Viera-Gallo.
Primero: el informe trasunta algo que para nosotros resulta fundamental en este tipo de materias, tan serias y graves en el ámbito de la salud, como es ratificar el rol esencial del Estado en el campo de la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan a un considerable número de personas en una comunidad. Esto no significa desconocer el papel del sector privado por la vía de la atención particular de salud y de las organizaciones existentes en Chile y en el extranjero. Simplemente, dejamos en claro que el rol del Estado es insustituible, por la magnitud del problema. Y así lo confirma el artículo 1º del proyecto, que se lo impone como una obligación primordial. Aquí no le cabe una actitud subsidiaria, porque la prevención incumbe a todo el país y a toda la comunidad. Creo que cuando se discute un proyecto resulta conveniente dejar sentado este tipo de planteamientos conceptuales, porque se trata de determinar no sólo qué hacemos en medidas concretas, sino también hacia dónde apunta lo que debe hacerse en un país, y esto, creo yo, es un rol esencial e insustituible del Estado, por lo cual hay que darle, mediante las reformas pertinentes, las posibilidades necesarias para que haga bien su tarea en esta materia.
La segunda idea central es cómo el proyecto garantiza la privacidad de los exámenes y del conocimiento de la enfermedad de las personas que la padecen o que se encuentran contagiadas con el virus. Esto no es únicamente una cuestión de carácter sanitario; es parte de la cultura, de los derechos personales que han surgido en el mundo en el último tiempo y que la iniciativa rescata, en momentos en que todavía existe en el país una actitud de cierto rechazo y una reacción un poco emocional frente a lo que significa esta pandemia.
La tercera idea central que busca garantizar el texto legal en estudio es la preocupación por la población, para resguardarla de un mal que en algunos instantes se ha transformado en algo bastante difícil de enfrentar. Por eso, lo que hacemos en el proyecto es, en definitiva, insistir en el carácter preventivo y pedagógico de la forma en que debe ser tratado el problema. Y, en ese sentido, se establece la obligación del Estado de efectuar la prevención correspondiente.
La iniciativa, además, trata un tema que, en general, es nuevo en este tipo de normativas. Consiste en dar mandato específico para que el Estado, las universidades y la sociedad civil avancen en la investigación de las particularidades que la pandemia presenta en Chile. Ello, en razón de que estamos en presencia de un mal que, por lo menos en los próximos años, no va a ser fácil enfrentar. De acuerdo con todos los análisis proyectivos existentes sobre la materia, en el próximo tiempo -8 a 10 años, según lo expresado por el propio Honorable señor Viera-Gallo - no será posible romper la curva de crecimiento de la enfermedad, pese a todas las medidas que pudieran adoptarse.
También se trató el tema de los exámenes; específicamente, su privacidad y voluntariedad. En el marco de la nueva concepción bioética de la medicina, cobra relevancia la autonomía de las personas, esto es, el derecho que les asiste de saber lo que se hará con ellas antes de dar su autorización para que se les practique un determinado examen, estudio o tratamiento. Es por eso que se ha optado por la voluntariedad, con las excepciones que indica el mismo proyecto. La razón para establecer en forma expresa estas excepciones es la siguiente. Si se consagra la voluntariedad y no se especifican claramente las excepciones, alguien podría reclamar y, por lo tanto, no se podría llevar a cabo el examen. Como el Honorable señor Viera-Gallo ya lo ha mencionado y está consignado en el texto, en realidad no es necesario repetirlo.
Lo último es lo más importante y trascendente respecto de la no discriminación, en el sentido de que en la ley se establece un nuevo planteamiento escrito a fin de que, ante ciertas enfermedades, no se aplique el criterio con el cual hasta hace algunos años se trataba este tipo de males. Creo que esto es tan novedoso y tan espectacularmente nuevo para enfrentar el tema, como lo fue en los siglos XV ó XVI encarar la enfermedad como un hecho natural, y no como uno proveniente de un castigo divino.
Finalmente, el aspecto que hemos discutido más largamente es el del financiamiento. No existe hoy en Chile ni en el mundo entero un sistema que sea capaz de resolver lo relativo a las enfermedades catastróficas, debido a la forma como ha aumentado el costo de esos tratamientos, incluido el del SIDA.
Tal como lo he señalado en esta Sala, el crecimiento de las economías mundiales no alcanza más allá de 5 ó 6 por ciento; sin embargo, el incremento del costo de la medicina, a la luz de los nuevos medicamentos y tecnologías, es del orden del 11 ó 12 por ciento. De manera que estamos ante un déficit creciente e insalvable si no buscamos algún modo de enfrentar el problema, que no es otro que por la vía de evitar ciertos costos absolutamente inútiles o que se han dado en llamar "cultura de la muerte", en reemplazo de la "cultura de la vida", y, al mismo tiempo, la prevención versus el tratamiento o terapéutica.
En la iniciativa se establece un apoyo especial de 700 millones de pesos, cifra que para este año es insuficiente. Pero es algo sobre lo cual el Senado tendrá que preocuparse en cuanto a incrementarlo para el próximo año con ocasión del análisis del proyecto de Ley de Presupuestos.
Ya me he referido a los dos grandes problemas. El primero dice relación a la prevención de la enfermedad. Sobre esta materia quiero decir con toda franqueza que aquí no caben sectarismos de ninguna naturaleza. Frente a la gravedad de la pandemia que tenemos, debemos tener mucho cuidado en evitar que nuestra sociedad caiga en una suerte de sectarismo para tratar el tema de la prevención. Me refiero derechamente a la forma como hay que educar y prevenir a la sociedad.
Personalmente, lo digo con franqueza, no me satisface el hecho de que no podamos efectuar una adecuada prevención. Porque de repente se formulan críticas a lo que hoy constituye la prevención de esta enfermedad, que es la abstinencia sexual, la pareja única o el uso de preservativos. El no poder decir eso, el no permitir que la gente sepa que ésa es la manera de hacerlo, dándole libertad para que busque lo que crea mejor, me parece extremadamente preocupante en la medida en que estamos en presencia de un tema no menor de enfermedad, sino de uno de la gravedad del que estamos señalando.
El segundo problema que ya mencioné es el relativo al costo que significa resolver el tema. Sobre el particular, quiero señalar que éste será uno de los puntos básicos que deberemos enfrentar en el nuevo sistema de salud que el país requiere.
Al concluir, señor Presidente , a propósito de lo señalado por el Honorable señor Viera-Gallo sobre el conflicto que existe hoy, quiero solicitar el acuerdo del Senado para que se pida al Gobierno que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su representación en las distintas instancias internacionales, apoye las actitudes y las decisiones -yo diría- que ha tomado la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a ejercer una fuerte injerencia ante las empresas productoras de medicamentos con el propósito de que bajen sus costos. Porque no se trata de que estemos en presencia de un costo exagerado -también lo es el del medicamento-, pero sí de una ganancia exagerada de quienes tienen el monopolio de la fabricación de los fármacos.
También creo que podemos actuar ante la Organización Mundial de Comercio para que, frente a un hecho que de alguna manera tiene que ver con la sobrevivencia de la sociedad, no estemos abocados simplemente a un problema de lucro, frente a una pandemia como la que tenemos.
Por eso, señor Presidente, junto con votar favorablemente el proyecto, solicito que esta suerte de proposición que he formulado sea recogida por el Senado.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , como lo informó el Honorable señor Viera-Gallo , voté en contra del proyecto y lo seguiré haciendo.
Sobre el particular, quiero solicitar a la Sala que efectuemos un análisis constitucional de estas materias porque, desde mi punto de vista -e intentaré demostrarlo-, la iniciativa no se ajusta a las normas establecidas en la Constitución.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Me permite, señor Senador ?
La Mesa se ha preocupado del tema que Su Señoría plantea. Sin perjuicio del derecho que le asiste a hacer todas las alegaciones que considere del caso, no puedo declarar inconstitucional el proyecto porque tuvo su origen en la Cámara de Diputados, la que ya se pronunció sobre él. Por lo tanto, estoy imposibilitado de hacer esa declaración.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Pero al menos podríamos dejarlo "durmiendo". Porque ésa es otra forma de declararlo inadmisible, como ha ocurrido.
Es cierto que existe una suerte de jurisprudencia en el sentido de que, respecto de aquellas normas aprobadas por la Cámara de Diputados, aunque existan clarísimas dudas de inadmisibilidad, el Senado se pronuncia sobre ellas. Eso es verdad. Lo que sucede es que, al margen de que existen disposiciones constitucionales que la afectan claramente, a mi modo de ver, la iniciativa está absolutamente de más. Porque la totalidad de los preceptos que establece ya existen en otros cuerpos legales, propios del Ministerio de Salud. Y aquellos otros que protegen la confidencialidad de los datos e informaciones personales se hallan claramente consignados en la ley Nº 19.628, también despachada por el Senado, que regula y protege la confidencialidad de la información y los datos de cada uno de los individuos de nuestro país.
Por tal motivo, estaríamos dictando una ley sobre otras leyes ya existentes y que tienen plena vigencia en nuestro país. La normativa en debate a lo que más puede acercarse es a un reglamento. Es decir, si nos remitimos a las disposiciones constitucionales relativas a estas materias, nos encontraremos con que el artículo 62 de la Constitución se refiere a las materias que son propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
A su vez, el artículo 60 de la Carta Fundamental señala los asuntos que son materia de ley. Y su número 18), que es el que podría acercarse más a la dictación de esta norma, dice: "Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública;". Es decir, esta disposición establece responsabilidades para el sector salud sobre materias que le son propias, y ya se encuentran en un cuerpo legal mucho más trascendente e importante, que vincula al Ministerio de Salud con todas las acciones que son propias de su campo.
Por su parte, el número 8.º del artículo 32 de la Constitución, relativo a las facultades reglamentarias, señala que es atribución especial del Presidente de la República ejercer las potestades reglamentarias en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes.
Ahora bien, repetiré algunas normas del proyecto en debate ya recordadas por el Honorable señor Viera-Gallo . El artículo 1º del Capítulo I, sobre Disposiciones Generales, señala que la prevención, diagnóstico y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), constituyen un objeto sanitario cultural y social de interés nacional. En realidad, se trata de una declaración de principios que se encuentra contenida en la totalidad de las disposiciones legales, y que corresponde por lo demás a la acción del Estado y de la sociedad, ya recordada en el artículo 1º de la Carta Fundamental.
En seguida, el inciso segundo del artículo 1º del proyecto dispone: "Corresponde especialmente al Estado la elaboración de las políticas que propendan hacia dichos objetivos, procurando impedir y controlar la extensión de esta pandemia,".
Obviamente, el sostener que desde 1984 ningún organismo ha tenido responsabilidad sobre estas materias es simplemente dar vuelta la espalda a una realidad contemplada en diversos cuerpos legales, donde la responsabilidad está muy definida en el área ejecutiva.
El artículo 2º estatuye: "El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia.". Obviamente, siempre las ha tenido. Desde luego, le cabe responsabilidad en las leyes orgánicas que regulan su funcionamiento.
El artículo 3º dispone: "El Estado arbitrará las acciones que sean necesarias para informar a la población acerca del virus de inmunodeficiencia humana,". Eso es lo que el Estado se encuentra realizando, porque es su obligación, conforme se halla establecido en algunas normas legales.
Por su parte, el artículo 4º consigna: "El Estado promoverá la investigación científica acerca del virus de inmunodeficiencia humana,". El Estado no sólo debe promover la investigación de esos aspectos propios de un área de la salud, sino de la totalidad de los problemas de salud existentes en nuestro país.
El artículos 5º preceptúa: "El examen para detectar el virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y voluntario,". Al respecto, el proyecto procura avanzar sobre una materia que -según recuerdo- se halla establecida en la ley Nº 19.628. En efecto, su artículo 4º señala: "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello.". Es decir, se trata de una norma aprobada por el Senado y publicada el 28 de agosto de 1999.
El inciso segundo del artículo 5º del proyecto en debate expresa: "Sin perjuicio de ello podrá ser obligatorio, en la forma que establezcan los reglamentos respectivos," -en cuanto a la información- "respecto de quienes se hallaren privados de libertad; del personal que trabaje en establecimientos hospitalarios o de salud,". Es decir, regula también algunos aspectos de carácter carcelario, etcétera. Por lo tanto, hay una excepción, que nace de la excepción actualmente en vigor. No existe novedad alguna.
El artículo 6º prescribe: "El Estado deberá velar por la atención de las personas portadoras o enfermas"...Pero, ¡por Dios!, desde 1984 el Estado ha tenido esa responsabilidad, y la lleva adelante sin la necesidad de dictar normas legales, porque éstas ya existen y se encuentran vigentes.
El artículo 7º determina: "No podrá condicionarse la contratación de trabajadores, tanto en el sector público como privado, ni la permanencia o renovación de sus empleos, ni su promoción, a los resultados del examen destinado", etcétera. Eso está absolutamente controlado y protegido por las normas que rigen la actividad laboral en nuestro país. Asimismo -lo recuerdo nuevamente-, la ley Nº 19.628 brinda protección a los datos personales de quienes desarrollan un trabajo, salvo las excepciones ya señaladas.
En seguida, en el Capítulo IV, sobre sanciones y procedimientos, el artículo 8º preceptúa: "La infracción a lo dispuesto en el artículo 5º será sancionada con multa a beneficio fiscal de 3 a 10 unidades tributarias mensuales,". Luego, el artículo 9º señala: "La infracción a lo dispuesto en el artículo 7º será sancionada con multa a beneficio fiscal de 10 a 50 unidades tributarias mensuales,". Y a continuación, el artículo 10 dice: "En caso de reincidencia en las infracciones señaladas, los montos mínimos y máximos de las multas establecidas en los artículos precedentes se duplicarán.".
Todas las materias reguladas en estos últimos tres preceptos corresponden a normas actualmente existentes. Y si hay alguna modificación respecto del pago de una multa a beneficio fiscal, que va de 3 a 10 unidades tributarias mensuales, es una materia de carácter absolutamente reglamentario que no corresponde a la dictación de una ley.
El artículo 11 expresa: "Tratándose de los funcionarios de la Administración del Estado, las sanciones establecidas en los artículos anteriores se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pudiere corresponderles,", etcétera. Ello se halla contemplado en el estatuto de la Administración del Estado.
El artículo 12 dispone: "Será competente para conocer de las infracciones tipificadas en este Capítulo el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del afectado, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los juzgados del trabajo" -¡obviamente!- "y al tribunal aduanero o criminal respectivo, en su caso.".
La verdad de las cosas es que -como recordé anteriormente- el artículo 60 de la Constitución establece las materias que son propias de ley. Y el proyecto que nos ocupa no corresponde a ninguno de los 20 numerales de dicho precepto.
En seguida, el artículo 1º transitorio dice: "A contar de la fecha de publicación del reglamento a que se refiere el inciso quinto y hasta el 31 de diciembre del año 2004, las personas que reúnan los requisitos que más adelante se señalan podrán solicitar una bonificación fiscal.". En el fondo, lo que el Ministerio de Salud está haciendo hoy no es sólo bonificar este programa, sino todos los relativos a salud. No hay programa de salud alguno que no sea bonificado por dicha Secretaría de Estado. Aún más: el presupuesto que entregamos al Ministerio de Salud, que este año alcanzó al billón 380 mil millones de pesos, o algo así, está destinado, en su totalidad, a bonificar programas de salud, sin excepción alguna.
Perfectamente, algunas personas podrán preguntarse por qué no hacemos una ley especial para los discapacitados, que bonifique también los fármacos que requieren para mantenerse vivos, toda vez que deben enfrentar situaciones difíciles y amargas para superar sus problemas de discapacidad, que en algunos casos son dramáticos. Asimismo, podremos preguntarnos si las enfermedades de los discapacitados son catastróficas. El mismo artículo 1º transitorio del proyecto señala: "Podrán impetrar el beneficio establecido en este artículo, las personas que reúnan los siguientes requisitos:
"a) que padezcan algunas de las afecciones señaladas en el inciso primero"...Ello es obvio.
"b) que acrediten insolvencia económica en relación con el costo del tratamiento;". Es una norma constitucional. Basta recordar el número 9º del artículo 19 de la Carta y lo establecido en los distintos numerales del mismo. Todos ellos se hallan reflejados en las disposiciones legales que el Ministerio de Salud aplica y pone en ejecución.
"c) que no tengan acceso a los referidos medicamentos a través de los planes de salud públicos o del régimen de salud al que se encuentren afiliadas".
Es decir, a todas las personas que requieran apoyo del Estado, el proyecto les recuerda que tienen derecho a ello.
En verdad, deseo ser muy respetuoso en mis opiniones, pero el proyecto en análisis constituye un conjunto de normas que no corresponde dictar, porque todas ellas se hallan vigentes y en ejecución.
¿Qué nos dice la señora Ministra de Salud al respecto? Porque, si el SIDA es una pandemia, una enfermedad muy grave y catastrófica, por lo menos podría haber estado presente aquí el señor Subsecretario . Ella asistió a un par de reuniones en la Comisión y nos dijo textualmente -hay Senadores que pueden dar fe de ello-: "Todas estas normas, sin excepción, ya están establecidas en la normativa correspondiente al Ministerio de Salud. El problema, señor Senador, es que de repente es bueno dictar una ley para recordarnos nuestras obligaciones.". A lo cual le respondí: "Señora Ministra , eso no se lo acepto. Porque no podemos resolver un problema, que es propio del ejercicio que a usted le corresponde responsablemente, con normas legales que van a ir creando acciones que ya están en sus manos y que no pueden ocultar deficiencias o dificultades existentes en el Ministerio de Salud.".
Enviamos una carta al Servicio de Impuestos Internos pidiéndole que dispusiera -no obstante que hay normas legales que así lo establecen- la exención de tributos al ingreso de fármacos para entidades sin fines de lucro. Sin embargo, dicho Servicio no respondió jamás, porque -me imagino- habría contestado lo que he señalado: "esa disposición existe desde hace mucho tiempo para tales entidades.".
Por lo tanto, ¡cuidado!, no desvirtuemos la labor del Senado. Éste tiene funciones mucho más trascendentes por las cuales preocuparse y no puede, en caso alguno, dictar normas legales inconstitucionales, porque las contenidas en el proyecto en debate son propias de la potestad reglamentaria del Presidente de la República . Además, no corresponde dictarlas, porque ya están en funcionamiento -independientemente de si actúan bien o mal-, bajo la tuición del Ministerio de Salud, que cuenta con los recursos disponibles para administrar lo que está realizando en el área de la salud, conforme dicha Secretaría así lo establezca. Porque la entrega de fondos al Ministerio de Salud en la Ley de Presupuestos es muy amplia, y éste en definitiva está actuando sobre el particular desde 1984 -como recordó el Senador señor Viera-Gallo -, pues ese año se informó por primera vez acerca de la existencia de un enfermo de SIDA en Chile. Y en los 17 años siguientes, con mayores o menores variaciones, se trabaja en ese programa, el cual, con más o menos virtudes, está cumpliendo claramente las disposiciones que el Ministerio de Salud ha establecido para enfrentar ésta y todas las enfermedades existentes en Chile.
Entiendo lo complicada que resulta esta situación para la Mesa del Senado. Sin embargo, estudiemos la alternativa de enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Porque si damos paso al proyecto que nos ocupa, la Cámara de Diputados nos enviará doscientos más que se hallan en tabla o en lista y que tratan sobre situaciones que ya se encuentran claramente normadas por la Constitución.
Por eso, señor Presidente , pido a Su Señoría que los antecedentes -todos verdaderos- que he entregado los vea la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que emita un informe acerca de la admisibilidad del proyecto y pueda ser analizado por las Mesas de las dos Corporaciones para que, en definitiva, tengamos una sola respuesta y un solo tipo de actividad legislativa en ambas Cámaras.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Reitero a Su Señoría que ni la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ni la Mesa están en condiciones de declarar la inadmisibilidad del proyecto, porque ya fue tramitado por la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, había solicitado la palabra primero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Senador señor Martínez se inscribió antes.
Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , deseo hacer dos consultas al Presidente de la Comisión de Salud .
En primer lugar, el artículo 2º transitorio establece que el Fisco aportará 700 millones de pesos para financiar el gasto que irrogue la aplicación de esta normativa, y señala la Partida del Presupuesto de la Nación correspondiente. Sin embargo, en el informe no se indica que el Ejecutivo avale esta disposición, la que no venía en el mensaje. Aquí se dispone del uso de dineros fiscales sin la anuencia del Ejecutivo , que tiene la facultad exclusiva para otorgarlos.
A pesar de que este tema no estaba en discusión y de que yo creo que al Ejecutivo le corresponde la tuición exclusiva sobre el mismo-, deseo consultar en segundo término si en la búsqueda de la creación de un fondo se estudió la posibilidad de que las empresas pudieran hacer donaciones de sus utilidades, conforme a lo establecido en la Ley de Donaciones, a fin de constituir una especie de fondo, con reserva de dinero. Es decir, tal como operan las donaciones a la cultura, crear una especie de fondo de donaciones destinado a la atención de estas enfermedades. Me parece que esto podría ser un comienzo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , cedo mi lugar al Honorable señor Bombal, quien debe salir de la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay problema.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , respecto de las consultas formuladas por el Honorable señor Martínez , efectivamente los artículos 1º y 2º transitorios corresponden a indicaciones del Ejecutivo en la Comisión. En el 2º se señala la Partida de la Ley de Presupuestos que se utilizaría para tal efecto. Probablemente, no está consignado en el informe que se trata de una indicación del Gobierno.
Asimismo, efectivamente no se contempla la posibilidad de donaciones, pero eventualmente podría considerarse la sugerencia del señor Senador.
Señor Presidente , seré breve, porque el tema da para mucho. Pero el completo informe del Senador señor Viera-Gallo y la intervención del Honorable señor Ruiz-Esquide me ahorran muchos comentarios.
Probablemente el Senador señor Ríos tenga mucha razón desde el punto de vista constitucional y reglamentario. Sin embargo, respecto del tema de los discapacitados, por ejemplo, que ayer fue tratado latamente, durante mucho tiempo existieron en nuestra sociedad las mismas disposiciones, y en su momento, hace 10 años, se dictó una ley especial sobre la materia, porque se estimó que todas las normativas vigentes, incluso las derivadas de la potestad administrativa, no daban abasto para atender un problema tan complejo como la discapacidad.
Tengo la impresión de que aquí, frente a esta pandemia, ocurre algo semejante. Debe darse una señal especial por sobre la normativa existente. De hecho, tiene mucha razón el Senador señor Ríos, pues hay demasiadas disposiciones; pero es preciso entregar una señal frente a un problema que está desbordando al mundo. Se habla de países africanos que desaparecerán de aquí a los próximos 15 años, y los informes respecto de América Latina son pavorosos.
Hace un rato me comentó el Honorable señor Valdés que, en una conversación con su hijo, el Embajador de nuestro país ante las Naciones Unidas, le señaló que en dicho organismo se están preparando conferencias urgentes, porque la realidad exponencial de este mal francamente amenaza con desolar continentes completos y, particularmente -como lo manifestó el Senador señor Viera-Gallo -, América Latina es una de las zonas más conflictivas.
Con este proyecto se ha querido advertir al país de la gravedad de esta pandemia. Ya no se trata de una epidemia, ni de un mal, ni siquiera del problema de un grupo de la sociedad. Como se consigna en el informe, hoy día existen miles de mujeres portadoras del virus que lo transmiten a sus hijos. Ellas ni sus hijas mueren, pero sí los hijos que nacen de esas mujeres. De manera que -reitero- ya no se trata del problema de un grupo vulnerable o de una clase de personas, pues se ha extendido a toda la sociedad.
Por consiguiente, a pesar de los elementos que tuvo el Senador señor Ríos para oponerse al proyecto, se estimó conveniente dar una señal al país; y, así como hace diez años, aunque existían normas para enfrentar la discapacidad, dictar una ley para que no se discrimine a los sidosos y se les atienda mejor.
El señor RÍOS.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor BOMBAL.-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RÍOS.-
El Senador señor Bombal recuerda que la discapacidad tuvo un tratamiento distinto. Efectivamente fue así y se creó un organismo especial. Pero aquí no se está creando ninguna entidad especial y se otorgan responsabilidades al Ministerio de Salud. De manera que se trata de dos situaciones absolutamente diferentes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Comprendo al señor Senador . Y, tal vez, el Ejecutivo podría recoger la inquietud de Su Señoría y presentar una indicación para fortalecer la acción de CONASIDA.
Ahora bien, ¿por qué no se crea un organismo? Porque existe CONASIDA, la cual, incluso, se pensó dotarla de mayores atribuciones y recursos.
El proyecto encierra un principio. Resulta interesante la indicación del Ejecutivo que otorga recursos, lamentablemente sólo hasta 2004. Preferiría que la bonificación correspondiente no fuera transitoria y que, por lo mismo, se tratara de obtener más fondos, pues -como se ha dicho-, 700 millones de pesos es muy poco; no alcanzan para nada. Sin embargo, se hace un llamado de atención al Senado y al Congreso Nacional, en el sentido de que en la próxima de Ley de Presupuestos se entreguen mayores cantidades, frente a la gravedad de esta pandemia y a la tragedia que vive no sólo nuestro país, sino el mundo entero.
Por ello, solicito al señor Presidente de la Comisión de Hacienda y a sus integrantes que tengan especial cuidado en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del próximo año, a fin de estudiar con el Ejecutivo la posibilidad de implementar más recursos. Tal como en la sesión de ayer se sostuvo que se requiere más dinero para FONADIS, aquí también se necesitan fondos para enfrentar el problema que nos ocupa. Porque no puede continuar la tragedia de hoy día, donde la mitad de los enfermos tiene la posibilidad de seguir viviendo y la otra mitad de morir. Por lo tanto, aquí el proyecto establece un principio interesante.
Deseo destacar -aparte lo ya dicho por los Senadores señores Viera-Gallo y Ruiz-Esquide- lo dispuesto en el artículo 1º transitorio: "Dicha bonificación será equivalente hasta el monto de los derechos e impuestos que se hubieran pagado por la importación de los medicamentos de alto costo utilizados en el tratamiento específico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y de otras enfermedades catastróficas determinados mediante...".
En esta norma se encuentra un principio muy importante respecto de las enfermedades catastróficas: nace el concepto, recogido por la autoridad, de que tales enfermedades pueden acogerse a este beneficio. O sea, se enuncia algo muy interesante -incluso hoy día la señora Ministra de Salud anunció a los medios de comunicación la reforma al sistema de salud-: la retribución ante las enfermedades catastróficas.
Por lo tanto, también solicito que esta situación se tenga en cuenta al momento de discutir el proyecto de Ley de Presupuestos, con el objeto de otorgar mayores recursos para la atención de tales enfermos.
El proyecto merece una observación, en el sentido de que cuando uno pregunta por qué el SIDA, la respuesta es: por tratarse de una pandemia. ¿Y qué pasa con el cáncer y con otras enfermedades catastróficas? Estamos frente a un principio que se debe desarrollar más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
El señor BOMBAL.-
Para terminar, anuncio mi aprobación al proyecto, porque lo que ocurre es excepcional. Enfrentamos una catástrofe mundial que nos afecta ya, a diferencia de otro tipo de enfermedades que normalmente pueden recibir atención de acuerdo con el ordenamiento legal vigente.
Agradezco al Senador señor Fernández haberme cedido su lugar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que la Mesa desea despachar el proyecto en esta sesión; pero, si el debate se alarga, indiscutiblemente no habrá quórum para ello y se tendrá que levantar la sesión.
El señor BOMBAL.-
¿Ya se está votando, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, señor Senador.
El señor BOMBAL.-
Entonces, procedamos a hacerlo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , yo participo de los argumentos y antecedentes dados a conocer en la Sala acerca de esta enfermedad, de la forma como combatirla y de los medios que deben destinarse para que, en definitiva, todos quienes sufren esta verdadera pandemia, como se la ha denominado, tengan el tratamiento que como personas humanas merecen. Sin embargo, en mi concepto, el proyecto adolece -y en eso concuerdo con el Honorable señor Ríos- de numerosas fallas desde el punto de vista jurídico. Incluso varias de sus normas no tienen ni siquiera la calidad de legales: son declaraciones programáticas, manifestación de buenas intenciones, probablemente más propias de discursos o planteamientos de las autoridades o parlamentarios sobre cuestiones de salud; pero, en la forma como están redactadas, no son propias de la ley.
Por otra parte, ya en aspectos más específicos, hay diversos preceptos que deben ser analizados y revisados porque realmente no se entiende qué sentido puedan tener.
Cuando se habla del Estado como sujeto de ciertas obligaciones planteadas aquí, se está usando un lenguaje más bien constitucional, como si ésta fuera una norma de esa índole; pero, ¿cuál es el sujeto cuando, por ejemplo, se dice en el artículo 3º que "El Estado arbitrará las acciones que sean necesarias para informar a la población"? Éste no es un mandato. No olvidemos que la ley debe constituir un mandato para los efectos de llevar a cabo determinadas conductas. ¿Quién representa al Estado cuando se lo menciona en esa disposición? ¿Es sinónimo de Gobierno, del Ministerio, de los Poderes Públicos? El Estado es mucho más que un Gobierno, y es una concepción distinta: es la personificación jurídica de la Nación. Ése es el Estado. La Constitución, muy apropiadamente, lo señala en numerosas disposiciones, pero una ley que debe mandar, permitir o prohibir determinadas conductas, obviamente no puede referirse en forma tan imprecisa al sujeto que debe cumplirlas, porque sería una norma total y absolutamente imposible de cumplir. Si queremos referirnos al Ministerio de Salud, digámoslo.
Comparto también lo señalado por el Senador señor Ríos en el sentido de que todas éstas son facultades con las que ya cuenta el Ministerio de Salud, motivo por el cual incluso estaríamos perturbando el recto entendimiento que el ordenamiento legal sobre la salud ya tiene, porque se van a confundir facultades y no se sabrá cuál de ellas deberá predominar.
Del mismo modo, se establecen, a mi juicio, normas que deben ser revisadas más profundamente, como el artículo 5º, cuando habla de que "el examen será siempre confidencial y voluntario". ¿Esto quiere decir, contrario sensu, que los demás exámenes no son confidenciales y voluntarios? ¿Hay exámenes que son voluntarios y otros, obligatorios? Como dije, ésta es una materia que debe ser revisada.
El señor VIERA-GALLO .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor FERNÁNDEZ.-
Sí, con el mayor gusto, con la venia de la Mesa.
El señor VIERA-GALLO .-
Sólo para aclarar que, en realidad, todos los exámenes, en general, son confidenciales. De eso no cabe duda, según la ley que protege los actos personales; pero algunos son obligatorios. Por ejemplo, si alguien desea ingresar a la Administración Pública lo obligan a practicarse una serie de exámenes. Lo que aquí se pretende es que, entre esos exámenes, no esté el del SIDA.
Gracias, señor Senador.
El señor FERNÁNDEZ.-
Es que en ese caso el examen no es obligatorio. Vale decir, nadie puede obligar a una persona en ese sentido. Cuando son requisitos para postular a determinados cargos y alguien no está dispuesto a practicárselo, simplemente no es considerado para tal efecto. Pero debe entenderse que no puede existir un examen al que una persona compulsivamente sea obligada. Eso no puede ser.
Por ello, considero que esta norma debe ser revisada. Y, del mismo modo, todas las disposiciones que establecen determinadas regulaciones son, a mi juicio, muy impropias. Por ejemplo, en el artículo 1ºtransitorio -probablemente el que tiene más contenido jurídico, aunque coincido en que también se podría recurrir a la vía reglamentaria- establece lo siguiente: "A contar de la fecha de la publicación del reglamento a que se refiere el inciso quinto...". ¿Será el del artículo 5º? ¿A cuál se está refiriendo?
Lo señalo para demostrar que, desde el punto de vista jurídico, existen numerosas imperfecciones, no obstante la buena intención y su objetivo esencial. Por ello creo que el proyecto debiera tramitarse a alguna Comisión especializada -en lo relativo a la redacción de normas jurídicas-, porque muchas de las disposiciones aquí incluidas no son jurídicas propiamente tales, sino meras declaraciones de principios.
Por tal razón, estimo que la iniciativa debiera ser analizada, por ejemplo, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no para un examen de su legalidad o constitucionalidad -porque ése es otro aspecto-, sino para un perfeccionamiento de las normas, con el objeto de que realmente tengan la calidad de jurídicas y no de otro tipo, las cuales no tienen por qué ser abordadas a través del mecanismo de un proyecto de ley. Si fuera una declaración, un discurso o un planteamiento, obviamente lo compartiría en un ciento por ciento. Pero es de tal manera genérico que muchas de sus disposiciones ni siquiera tienen carácter jurídico. Ellas necesariamente deben ser adecuadas en forma tal que efectivamente impongan una obligación a las autoridades que corresponda, establezcan las facultades del caso y aclaren lo relativo a los exámenes confidenciales y voluntarios. En mi concepto, todos los exámenes médicos deben ser voluntarios y no sólo los que dicen relación al SIDA.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , comparto las inquietudes planteadas por los Honorables señores Ríos y Fernández , pues valoro enormemente la iniciativa. Sin perjuicio de lo anterior, deseo por lo menos participar en la discusión, pero más bien a través de una pregunta.
Como acaba de manifestar el Honorable señor Fernández , quizá las únicas normas que realmente tienen un contenido mandatorio son los artículos 1º y 2º transitorios, porque en ellos se establece una asignación y, presumiblemente, éstas deben ser materia de ley. Sin embargo, hay algo que no entiendo. ¿Por qué, señor Presidente , un problema permanente tiene como solución una bonificación que reviste el carácter de transitoria en un doble sentido: se trata de un beneficio que se concede por ahora y con un plazo determinado, el año 2004.
En verdad, deseo saber cuál es el sentido de todo esto. Porque el proyecto, aun cuando tiene un marco de aspiraciones programáticas de discutible carácter jurídico, también incluye un punto importante: crea una bonificación. Por qué en una disposición transitoria, y por qué sujeta a un plazo, en circunstancias de que, a mi juicio, no es un problema transitorio, sino permanente, el que merece, por lo mismo, una disposición del mismo carácter.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
SOLIDARIDAD, COMPRENSIÓN Y RESPALDO A PROCESO DE PAZ COLOMBIANO Y RECHAZO DE LIMITACIONES AL LIBRE COMERCIO INTERNACIONAL. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para evitar que la sesión se levante debido a un problema de quórum, solicito el acuerdo de la Sala para dar por aprobados los dos proyectos de acuerdos que figuran en el Tiempo de Votaciones, y que fueron suscritos por la inmensa mayoría de los señores Senadores. El primero tiene por objeto expresar la solidaridad, comprensión y respaldo al proceso de paz que busca el Gobierno y el pueblo de Colombia, y el segundo, propone rechazar las limitaciones al libre comercio internacional y las pretensiones de imponer barreras a las exportaciones chilenas.
--Se aprueban ambos proyectos de acuerdo.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde votar el proyecto de ley en discusión, referente a sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana.
Se formuló la proposición de enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , ¿me permite plantear una cuestión reglamentaria?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , por mucho respeto que tengamos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la cual algunos hemos sido miembros, ésta no es un "sancta sanctorum".
En la Comisión de Salud habemos dos abogados.
Puede haber discrepancia de criterios, pero, a mi juicio, nadie podría negar que cuando existe objeción respecto de un proyecto, si éste es enviado a la Comisión de Constitución, ahí se acaba su tramitación. Esto es obvio, porque dicha Comisión tiene demasiado trabajo. Entonces, sería mejor decir francamente que se está en contra de la iniciativa.
Ahora, no existe ninguna razón de fondo como para sostener que ciertas normas no dan pautas de acción al Estado y que, en consecuencia, no pueden ser materia de ley. Existen muchas leyes de esa índole.
Es verdad que el proyecto despachado por la Cámara de Diputados era más declamatorio. Hicimos un esfuerzo serio para que la iniciativa tuviera la mayor consistencia jurídica posible. Pero, por favor, no seamos tan rigurosos con cada proyecto, porque en esa línea no sé cuántos iniciativas podría despachar el Senado.
Señor Presidente, estimo que lo planteado constituye un grave error.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador, puede o no ser un error, pero tengo que hacer valer los derechos de los señores Senadores de acuerdo con el Reglamento, el cual, conforme al artículo 131, número 7º, consigna la posibilidad de pedir que un asunto se envíe a determinada Comisión.
Por lo tanto, corresponde poner en votación la petición formulada.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , pido segunda discusión.
El señor MARTÍNEZ .-
Yo la apoyo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si un Comité solicita segunda discusión, automáticamente debo acordarla.
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Continuamos con el despacho de la tabla.
Debo hacer presente a la Sala que se pidió aplazamiento de la votación respecto de los proyectos signados con los números 4 y 6.
En cuanto al punto 5, cualquier Comité podría solicitarlo también.
Se trata del proyecto que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en el período que se especifica, proyecto que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización lo despachó favorablemente por la unanimidad de sus miembros.
El quórum para aprobarlo es de 26 votos favorables.
¿Habría acuerdo para aplazar la votación de esta iniciativa?
También puede ponerse en discusión, y llamar a los señores Senadores a votar. No habría inconveniente para ello.
BENEFICIO INDEMNIZATORIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en el período que se especifica, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2609) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 11 de abril de 2001.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 38ª, en 18 de abril de 2001.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señor FREI ( doña Carmen) .-
Señor Presidente , la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización despachó el proyecto en forma unánime. A ello se suma el hecho de que la Cámara de Diputados le prestó su aprobación con el voto favorable de 110 señores Diputados.
Se trata de una iniciativa muy corta, conformada por tres artículos. El objetivo es que los funcionarios municipales, que reúnan los requisitos para jubilar, puedan acogerse a un beneficio especial indemnizatorio.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 3º de la ley Nº 19.529, de 1997, estableció un beneficio similar. Desgraciadamente, en esa oportunidad no existían las condiciones de buena rentabilidad de las AFP, y muchos de estos trabajadores no se acogieron al beneficio.
Pero hoy día el Gobierno, en conjunto con la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) y la Asociación Chilena de Municipalidades han concordado en la necesidad de una mayor flexibilidad en cuanto a la oportunidad en que el personal municipal pueda ejercer la opción de jubilación acompañada del beneficio indemnizatorio.
Por eso, se presentó el proyecto.
Se consigna, además, el informe financiero del señor Director de Presupuestos don Mario Marcel , donde se señala que este proyecto no presenta costo fiscal para los años 2001 y 2002, porque el mayor gasto que irrogue este pago de las indemnizaciones será de cargo municipal.
En el articulado se consigna que el referido beneficio alcanzará a un mes de la última remuneración devengada por cada año de servicio o fracción superior a seis meses prestados en la administración municipal, pero con un máximo solamente de seis meses.
También se faculta al alcalde para que, previo acuerdo del concejo municipal, pueda otorgar una indemnización complementaria.
Además, claramente se dispone que el funcionario beneficiado con esta ley no podrá trabajar nuevamente en el sistema municipal. Ello, porque no sería justo percibir esta indemnización, y después volver a trabajar.
Señor Presidente -como señalé-, se trata de un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados con una muy importante mayoría. Incluso, se conversó con el resto de las bancadas y no sería objeto de indicaciones, por lo cual podría votarse en general y particular.
La iniciativa favorece a un número no menor de funcionarios municipales. Además, con él se ayudará a paliar la cesantía, porque obviamente, al quedar muchos cargos disponibles en los municipios, éstos podrán ocuparse con gente nueva.
Por último, anuncio mi voto favorable a la iniciativa, y solicito al Senado que también le preste su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor MORENO.-
Señor Presidente, como -según entiendo- en este caso el pareo no rige, voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular (30 votos).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Canessa, Cantero, Cordero, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Novoa, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Queda despachado el proyecto en este trámite.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En seguida, quiero proponer a la Sala ocuparnos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía signadas con los números 10, 11 y 12 del Orden del Día. Se trata de votaciones secretas, y no requieren quórum especial para su aprobación.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 18:50 y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de los señores Carlos Roberto Ojeda Rozas, Ramón Emilio Silva Hummel y Ricardo Lupercio Villagrán Bastías.
--Se reanudó la sesión pública a las 19:2.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se constituye la Sala en sesión pública.
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , me parece que el proyecto sobre discapacitados mentales, en tercer trámite y signado con el Nº 7 en el Orden del Día, perfectamente puede ser despachado con informe del Honorable señor Silva, porque entiendo que existiría unanimidad para aprobar las enmiendas de la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Será tratado a continuación, Su Señoría.
COMPLEMENTACIÓN DE NORMAS SOBRE DISCAPACITADOS MENTALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre discapacitados mentales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2192-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Silva, Bombal y Pérez)
En primer trámite, sesión 9ª, en 30 de junio de 1998.
En tercer trámite, sesión 37ª, en 17 de abril de 2001.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 30ª, en 8 de septiembre de 1999.
Constitución, sesión 30ª, en 8 de septiembre de 1999.
Constitución y Salud, unidas, sesión 22ª, en 7 de marzo de 2000.
Discusión:
Sesiones 34ª, en 15 de septiembre de 1999 (se aprueba en general); 23ª, en 14 de marzo de 2000 (se aprueba en particular).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa corresponde a una moción de los Honorables señores Bombal, Pérez y Silva.
El Senado la despachó, en primer trámite constitucional, en marzo del año pasado, y en la sesión ordinaria de ayer se dio cuenta del oficio en que la Cámara de Diputados comunicó que la había acogido con diversas enmiendas.
La Secretaría elaboró un texto comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , como acaba de decir el señor Secretario , el proyecto fue aprobado hace ya más de un año por la unanimidad de esta Corporación. En esa oportunidad se tomó también el acuerdo de que se estudiara lo relativo a la discapacidad, motivo por el cual la Comisión de Salud emitió un informe que fue aprobado justamente en el día de ayer.
La normativa es obvia y sencilla. Tiene por exclusiva finalidad -después se le agregaron dos o tres cuestiones accesorias- resolver una situación que se está presentando muy a menudo, en el sentido de que los discapacitados mentales fallecen después que sus padres. Antes no era así, porque su promedio de vida no era mayor de 20 años. Ahora, como consecuencia de que se les ha abierto la posibilidad de alcanzar un nivel normal de edad, se genera el hecho de que quedan prácticamente indefensos.
Entonces, se trata de buscar una solución -y a ello obedece la iniciativa-, para que, cuando tenga lugar el fallecimiento de los padres de un discapacitado mental que quede sin ningún tipo de apoyo, se establezca una curaduría provisoria automática, que recaerá en las entidades que se ocupan en esos casos. En efecto, las instituciones de beneficencia sin fines de lucro y las personas naturales o jurídicas que tienen a su cargo discapacitados asumirían automáticamente, registrada la circunstancia descrita, la patria potestad y la curaduría hasta el nombramiento de un curador legal. De esa manera se evitarían el desamparo y la falta de ayuda, e inclusive se podrían reclamar derechos reconocidos legalmente, como los sucesorios y otros.
En el fondo, señor Presidente , ésa es la disposición acogida, con algunos complementos, como el de definir bien lo que se entiende por discapacidad mental o el de algunas normas cuya finalidad es aliviar el proceso que constituye una exigencia para que las personas en esa condición puedan acceder a determinados beneficios que las leyes les reconocen.
El proyecto -según expresé- fue despachado por unanimidad en el Senado. La Cámara lo aprobó de la misma manera, introduciéndole sólo tres o cuatro modificaciones formales, que persiguen el propósito de mejorar simplemente el articulado desde el punto de vista de su mayor agilidad técnica.
Por ejemplo, en cuanto al reemplazo de las palabras "deficiencia mental" por "discapacidad", nuestro texto se refería a la sustitución en cada uno de los artículos en que aquéllas figuraban. La Cámara Baja, sencillamente, consignó que el reemplazo opera en los siete casos en que aparecen los vocablos en cuestión.
Igualmente, se perfeccionó la norma sobre lo que se entiende técnicamente por discapacidad mental, recurriéndose a una definición explícitamente establecida por la Organización Mundial de la Salud.
Hemos tenido oportunidad de revisar escrupulosamente el proyecto. Así le di cuenta al señor Presidente de la Comisión de Constitución hoy en la mañana, quien manifestó que no tenía ningún inconveniente en dar su visto bueno para que pudiera ser conocido por la Sala. Otro tanto hizo el señor Presidente de la Comisión de Salud . Por ello, creo que puede ser objeto de un pronunciamiento favorable, ya que las enmiendas de la otra rama del Congreso sólo lo perfeccionan desde el punto de vista puramente formal.
Nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
--Se aprueba en esa forma.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente , el proyecto ubicado en el Nº 9 del Orden del Día es relativamente simple, y la Comisión de Economía propuso por unanimidad que sea rechazado. Pienso que se puede tratar de inmediato.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así se hará, señor Senador.
MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 211, DE 1973
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica el decreto ley Nº 211, de 1973, respecto de la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1824-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 6 de julio de 1999.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 35ª, en 10 de abril de 2001.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Honorables Diputados señores Tuma, Aníbal Pérez, Errázuriz y Longton y de los entonces Diputados señora Martita Wörner y señores Armando Arancibia, Hamuy, Sabag y José González.
La Comisión de Economía, luego de reseñar los antecedentes considerados durante su estudio y de resumir el debate habido en su seno, plantea el rechazo en general de la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadora señora Matthei y Honorables señores Bitar, Novoa y Zurita.
Finalmente, la Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, propone al señor Presidente del Senado que la discusión sea en general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , el proyecto procura introducir una modificación al decreto ley Nº 211, que establece normas para la defensa de la libre competencia.
Ese cuerpo legal sanciona al que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención tendiente a impedir la libre competencia, configurándolo como delito. Y su artículo 2º dispone que se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones de esa índole los referentes a la producción, transporte, comercio o distribución, determinación de los precios de bienes y servicios, y, en general, cualquier otro arbitrio cuya finalidad sea eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. Por ende, el texto actual establece una norma muy general y amplia, para que cualquier hecho, acto o convención que apunte a la finalidad expuesta sea sancionado.
En el proyecto se persigue el propósito de contemplar específicamente una letra para agregar entre aquéllos a "Los que se refieran a la discriminación arbitraria o abusiva en las condiciones de comercialización, tanto en la compra como en la venta y distribución de los productos a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, por parte de proveedores a los intermediarios en la comercialización de dichos productos al consumidor.".
Lo anterior se estimó un caso muy específico dentro de los muchos que pueden ser atentatorios contra la libre competencia, y la unanimidad de la Comisión, contando además con la opinión del representante del Ministro de Economía , juzgó conveniente rechazar la iniciativa, porque no vale la pena ir introduciendo todas las situaciones posibles en el ámbito de que se trata.
Ésa es la razón, señor Presidente, por la que se propone el rechazo de la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe.
--Se aprueba y, por lo tanto, queda rechazado el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, corresponde formar una Comisión Mixta.
Para tal efecto, propongo designar a los miembros de la Comisión de Economía.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminó el Orden del Día.
La hora de Incidentes fue suspendida.
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a la señora Ministra de Salud y al señor Superintendente de Seguridad Social, relativo a CALIFICACIÓN DE VIRUS HANTA COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL.
Del señor LAGOS:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre EFECTO DE COBRANZAS EXTRAJUDICIALES DE ESSAT EN CIUDADANÍA DE ARICA.
Al de Vivienda y Urbanismo, acerca de PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO EN CONJUNTO HABITACIONAL LAS DUNAS UNO, DE IQUIQUE (ambos de la Primera Región).
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole la REVISIÓN DE OBRAS EN COMPUERTAS DE RÍO CLARO Y CANAL PRINCIPAL DE RIEGO (COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, SEXTA REGIÓN).
Del señor ROMERO:
A los señores Directores de CONAMA de la Quinta Región y del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, planteándoles la EVALUACIÓN DEL PLAN DE REFINERÍA DE VENTANAS SOBRE DESCONTAMINACIÓN DEL VALLE DE PUCHUNCAVÍ.
Al señor Gerente de la Refinería ENAMI-Ventanas, solicitándole ANTECEDENTES SOBRE ACTUALES NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PLANES Y PROYECTOS DE EXPANSIÓN (todos de la Quinta Región).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:10.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción