Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
ABOLICIÓN DE PENA DE MUERTE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- SESIÓN SECRETA
-
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- DEBATE
-
ABOLICIÓN DE PENA DE MUERTE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR MUÑOZ BARRA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE MATERNIDAD O LACTANCIA (2692-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Munoz Barra
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR MUÑOZ BARRA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE MATERNIDAD O LACTANCIA (2692-07)
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 36ª, en miércoles 11 de abril de 2001
Ordinaria
(De 16:24 a 19:59)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que deroga la pena de muerte (2367-07) (se rechaza)
Sesión secreta: se adopta resolución sobre proposición para designar integrantes del Consejo Nacional de Pesca (S 543-05)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a nuevas modalidades de contratación, a derecho de sindicación y a derechos laborales del trabajador (2626-13) (se aprueba en general)
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia ; de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, y el señor Subsecretario del Trabajo .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 28 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 32ª, ordinaria, en 3 de abril del año en curso; 33ª, especial, secreta, y 34ª, ordinaria, ambas en 4 de abril del presente año, que no han sido observadas.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que retira la urgencia que hiciera presente respecto del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y de concejales. (Boletín Nº 2.035-06).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en el período que se especifica. (Boletín Nº 2.609-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo comunica que los Diputados señora Pía Guzmán Mena y señores Francisco Bartolucci Johnston, Juan Bustos Ramírez, Sergio Elgueta Barrientos y Zarko Luksic Sandoval, integrarán la Comisión Mixta que debe resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que deroga la pena de muerte, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.367-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último hace saber que ha dado su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, con las excepciones que indica, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 1.035-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Director Nacional de Estadísticas , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la evaluación de la cesantía en la Región de Aisén.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
De la Comisión de Hacienda, con la que solicita que el proyecto de acuerdo relativo a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, sea eximido del trámite ante dicha Comisión. (Boletín Nº 2.209-10).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ésta es una materia que requiere el pronunciamiento de la Sala.
Al respecto, deseo sugerir a Sus Señorías -si hubiere objeción, habría que votar- que acojamos la solicitud en orden a eximir al proyecto de acuerdo del trámite de Comisión de Hacienda en la medida en que ésta deje expresa constancia de que la iniciativa no contiene normas que sean de su competencia. Porque, si contempla disposiciones de carácter económico o financiero, es su obligación emitir informe de acuerdo con la ley y el Reglamento.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , los miembros de la Comisión de Hacienda estuvimos unánimemente de acuerdo en que el proyecto no debía ser analizado por este organismo. Se dijo que había sido enviado allí de manera impropia, innecesaria. Por eso, se resolvió enviarlo directamente a la Sala con recomendación de aprobación, pero sin informe. Hubo diferencia de opiniones. Mientras algunos señores Senadores sostuvieron que, reglamentariamente, no procedía votar, otros estimaron que ello sí era posible. Y se dejó constancia de las dos posiciones.
Pero -repito- hubo unanimidad entre los miembros de la Comisión -tal como se expresa en el oficio enviado por su Secretario , señor César Berguño- en cuanto a que resultaba innecesario que el proyecto de acuerdo pasara por ese órgano de trabajo.
El señor CHADWICK.-
Hay un problema de gasto.
El señor BOENINGER.-
Pero es un gasto potencial, porque el tratado que se aprueba por medio de la iniciativa no tiene una temporalidad fija, sino sólo una extensión en el tiempo. Las partidas correspondientes se deberán fijar en la Ley de Presupuestos. No hay ninguna obligación...
El señor VEGA.-
Eso es, precisamente, lo que tenía que definir la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , decía que eso era, precisamente, lo que tenía que definir la Comisión de Hacienda, esto es, de dónde y en qué forma se iban a proveer los fondos, porque de lo contrario el tratado que se pide firmar no tendría ningún sentido.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , es muy fácil acordar que el proyecto no pase por la Comisión de Hacienda. Pero se requieren fondos para llevar a cabo las tareas, de por sí muy onerosas, que supone la aplicación de la Convención. Es algo que no podemos aprobar así, porque después puede ser muy grave.
El señor BOENINGER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger, y a continuación, la Honorable señora Matthei y el Honorable señor Díez. Con la intervención de Sus Señorías queda cerrado el debate.
El señor BOENINGER.-
He pedido la palabra de nuevo, señor Presidente , para hacer algunas aclaraciones.
Primero: como el instrumento no establece un plazo definido ni obliga asignar cantidades específicas y sólo se está aprobando un tratado a partir del cual deberán consignarse recursos en el momento oportuno -estamos hablando de un plazo de 10 años, prorrogables-, hubo concordancia en los miembros de la Comisión de Hacienda en cuanto a que no era necesario que el proyecto de acuerdo respectivo pasara por dicho organismo.
Adicionalmente, cabe destacar que la Dirección de Presupuestos indicó que no le era posible elaborar un informe financiero -fue lo que formalmente, y con razón, se estaba pidiendo en la referida Comisión; al final, sólo hubo una información verbal del Subdirector de esa repartición- mientras el tratado no estuviera ratificado, lo cual permitiría contratar la asesoría técnica necesaria para determinar costos, los que alternativamente presentan diferencias enormes: oscilan entre 50 y 200 millones de dólares. De manera que, por el momento, desde ese punto de vista esta materia no es susceptible de ser objeto de un informe financiero. Si se exigiera dicho informe a la Comisión de Hacienda, estaríamos dando vueltas en un círculo vicioso.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , lo lógico es que el tema se dilucide cuando se tenga a la vista el convenio. Pero en este momento no se nos puede preguntar si la Comisión de Hacienda tiene o no tiene competencia, porque no conocemos los términos del tratado.
Chile es un fiel cumplidor de sus compromisos internacionales. Si en este caso el Senado ratifica, debe tenerse un plan para remover las minas, lo que deberá analizarse a la luz de la Convención. De manera que considero extemporáneo pronunciarnos ahora. El señor Presidente puede ponerla en tabla y, cuando se discuta, se verá si se envía a la Comisión de Hacienda o si la Sala la resuelve de inmediato.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para información de los señores Senadores, quiero recordar que en una sesión anterior se manifestó que la Comisión de Relaciones Exteriores encargó a su Presidente , Honorable señor Valdés, que "hiciera presente a la Sala la necesidad de que el proyecto de acuerdo sea conocido también por la Comisión de Hacienda, debido a la magnitud de los recursos financieros que involucra el cumplimiento del tratado.". Por lo tanto, creo que es un asunto que debe ser considerado por la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , en estricto rigor la Comisión de Hacienda debería estudiar la materia, pero ocurre que no se puede votar sin un informe financiero. Lo dice la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y el Reglamento del Senado.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores nos manda muchos embajadores para decirnos que esto es fundamental para las relaciones exteriores de Chile. Sin embargo, hace más de un año que seguimos con el mismo informe verbal -no escrito- que dice que sólo la extracción de las minas cuesta entre 40 y 400 millones de dólares. Y nadie nos señala tampoco con qué tipo de tecnologías se removerán, cuáles son y cuánto valen.
Entonces, me parece una falta de seriedad absoluta proceder en estos términos, pues se ha tenido un año para presentar un informe financiero, un plan. Y si ese informe financiero no existe, yo por lo menos me niego a votar esta materia en la Comisión de Hacienda, que no es el órgano técnico principal, sino la de Relaciones Exteriores. Si va a la Comisión de Hacienda es justamente para analizar los aspectos financieros: cuánto cuesta y de dónde vamos a sacar la plata. Pero si no contamos con ese informe, no podemos votar el tratado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , creo que aquí estamos en desventaja porque no conocemos el texto de la Convención. Por lo tanto, se está opinando anticipadamente e incluso adelantándonos a su discusión. En cambio, si tuviéramos su texto a la vista, a lo mejor podríamos resolverlo. En eso comparto el criterio expresado por el Honorable señor Díez, en el sentido de conocer la iniciativa para ver si se está en condiciones de despacharla con o sin informe financiero. Si no se contará con éste, obviamente, como dice la Honorable señora Matthei, debe ir a la Comisión de Hacienda para que evacue su informe. Pero si se trata de una Convención respecto de la que hay un compromiso genérico que se va a cumplir luego, cuando la Ley de Presupuestos asigne los recursos -si es que se asignan-, podrá celebrarse. Pero estamos anticipando un debate -repito- en circunstancias de que no se disponen de todos los antecedentes para pronunciarnos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, sugiero discutir y resolver el tema en la Sala.
Este asunto fue ratificado por el Gobierno chileno en 1997. Fue enviado al Parlamento y la Cámara de Diputados lo aprobó. Después pasó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la que lo acogió señalando que, como las cifras son variables, debía pasar a la Comisión de Hacienda.
Pues bien, ha transcurrido casi un año. La Comisión de Hacienda analizó el convenio, hubo un intenso debate entre sus cinco integrantes y se envió el oficio al cual hizo mención -entiendo- el Honorable señor Boeninger. Cuando se discutió la Ley de Presupuestos, yo mismo planteé la conveniencia de consignar algunos fondos, y tanto el señor Ministro de Hacienda como el Director de Presupuestos expresaron en la Sala que, una vez ratificado el tratado, de inmediato se consultarían algunas partidas en el Presupuesto del año que viene; pero que, si no se ratificaba, no se podría disponer de dichos fondos. Esos antecedentes, más el hecho de que las cifras son muy variables y que el convenio dura 10 años extendibles por otros 10, nos llevó a tres de los cinco miembros de la Comisión de Hacienda a aprobarlo. Los otros dos integrantes manifestaron lo que recién señaló la Honorable señora Matthei; y, finalmente, se acordó remitirlo a la Sala para que ésta resolviera.
Entonces, si este asunto vuelve de nuevo a Comisión, en el fondo se está diciendo que no se quiere aprobar el convenio. Por eso prefiero -y lo sugiero aquí- ponerlo en tabla, con el objeto de discutirlo y ratificarlo. Si se requiere la presencia del señor Ministro de Hacienda , podemos pedirle que venga de nuevo. Pero debo recordar a los señores Senadores que dicho Secretario de Estado así como el Director de Presupuestos señalaron que, una vez ratificado el convenio, se consignarían los recursos necesarios en la Ley de Presupuestos del año que viene.
Sabemos que las cifras son muy variables. En este momento las investigaciones tecnológicas señalan que el costo de extraer una mina fluctúa entre 100 y 1.000 dólares, dependiendo de la región y de si se han movido por efecto del invierno altiplánico.
Por esas razones, sugiero poner en tabla el convenio para que la Sala lo vote. Si el Ejecutivo lo firmó y lo envió al Congreso, es porque, como responsable de la política exterior, de la de defensa y de la presupuestaria, cuenta con los recursos necesarios.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo hacer presente a la Sala que se está ocupando mucho tiempo en resolver un asunto procesal. No debe olvidarse que hoy debe despacharse el proyecto sobre reforma laboral. Por lo tanto, creo que cuanto antes la Sala debe determinar el procedimiento por seguir.
El señor BOENINGER.-
¿Puedo hacer una propuesta?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , creo que es difícil buscar una solución a la luz de lo que ha sucedido en las Comisiones. Pero quiero que la Sala entienda que, más allá de ese tema, se está frente a uno de los problemas más graves de varias regiones del país por el número de niños y jóvenes que ha afectado.
Sugiero que el señor Presidente , en uso de sus atribuciones, cite a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, unidas, o a la de Defensa -como se estime conveniente- para que se formule una propuesta concreta al Senado. Hasta la fecha -si entiendo bien, señor Presidente - hubo un acuerdo del Senado que aprobó lo informado por la Comisión de Relaciones Exteriores; en seguida, se envió a la de Hacienda, organismo que tuvo duda en cuanto a si informar o no informar.
Y no hay informe financiero. Y no sólo es un problema de la Comisión de Hacienda, sino también de la de Defensa o de los mandos que deben señalar cómo se va a hacer esto. Dadas las diferencias de opiniones que existen en cuanto al costo, lugares y dónde se debe hacer, es necesario buscar una salida razonable. Entonces, a la Comisión de Relaciones Exteriores o la de Hacienda o ambas unidas les corresponde evacuar un informe, y a nosotros, votarlo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , quiero decir una cosa muy simple. Creo que no tiene ningún objeto ni es esperable ningún resultado positivo volver este asunto a la Comisión de Hacienda o a Comisiones unidas.
La Comisión de Hacienda no variará lo que ya ha hecho, porque tiene la convicción de que el tratado no debió serle remitido.
En consecuencia, me parece que la única solución es poner en tabla el convenio y, con la presencia del señor Ministro de Hacienda , discutir su aprobación en la Sala. Ahí se verán las dudas financieras respecto de los plazos, financiamiento, etcétera. Porque lo cierto es que la Comisión de Hacienda no va a poder hacer ya nada más de lo que ya hizo, y la Comisión de Relaciones Exteriores, tampoco, porque ya lo aprobó.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , la solución es muy sencilla y ya la ha sugerido el Honorable señor Bitar: si se aclara que éstos son fondos especiales del Estado y que las instituciones harán sus planes de desminado en cumplimiento de las políticas de defensa, el problema está resuelto. Por lo tanto, sugiero terminar con esta discusión. Porque, si quedó claro -y deseo dejarlo expresamente establecido en la historia de este debate- que los fondos deben ser aportados por el Estado en forma especial, y no a costa del presupuesto de las Fuerzas Armadas, el problema está solucionado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sugiero poner en tabla el proyecto de acuerdo, citar al señor Ministro de Hacienda y dejar constancia de lo expresado por el Senador señor Martínez en el sentido de que si se aprueba el Convenio, por tratarse de una normativa legal, el Gobierno deberá contemplar en la Ley de Presupuestos los recursos necesarios para solventar los gastos que involucre el cumplimiento de dicho instrumento. Tal mecanismo...
La señora MATTHEI.-
No es sólo para retirar las minas, sino para reemplazarlas....
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No estamos discutiendo el Convenio mismo, sino una cuestión procesal.
Tal mecanismo -como decía- es de la naturaleza misma de las obligaciones contraídas por el Estado.
Por lo tanto, ¿habría acuerdo para proceder en tal sentido?
Acordado.
Continúa la Cuenta.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sustituye la denominación de la comuna de Navarino por Cabo de Hornos y establece una agrupación de comunas. (Boletín Nº 2.621-06).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que consagra el derecho a la libre creación artística y elimina la censura cinematográfica, sustituyéndola por un sistema de calificación, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.016-07).
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que deroga la pena de muerte, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.367-07).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Muñoz Barra, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que garantiza la no discriminación por razones de maternidad o lactancia. (Boletín Nº 2.692-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (Este proyecto no puede ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria, mientras no sea incluido en la Convocatoria).
Permiso Constitucional
Del Senador señor Lavandero, con el que solicita autorización para ausentarse del país, a contar del 15 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , la Comisión Mixta acaba de aprobar por unanimidad su informe sobre el proyecto que deroga la pena de muerte, y acordó insistir en el criterio del Senado, que entrega la calificación de la libertad condicional, una vez transcurridos 40 años de presidio efectivo, a la Corte Suprema.
Por lo tanto, dado que esta materia fue aprobada por unanimidad en tres ocasiones por el Senado, pido a Su Señoría -ya que en este momento se cuenta con el quórum especial requerido- recabar el asentimiento de la Sala para dar por aprobado el informe sobre tabla.
V. ORDEN DEL DÍA
ABOLICIÓN DE PENA DE MUERTE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
--Los antecedentes sobre el proyecto (2367-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Hamilton).
En primer trámite, sesión 14ª, en 14 de julio de 1999.
En tercer trámite, sesión 32ª, en 3 de abril de 2001.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 35ª, en 10 de abril de 2001.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 1ª, en 3 de octubre de 2000.
Constitución (nuevo), sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
Constitución (segundo), sesión 15ª, en 5 de diciembre de 2000.
Constitución (tercer trámite), sesión 34ª, en 4 de abril de 2001.
Mixta, sesión 36ª, en 11 de abril de 2001.
Discusión:
Sesiones 2ª, 3ª, 4ª, y 5ª, en 4, 10, 11, y 17 de octubre de 2000 (queda pendiente su discusión general); 7ª, en 31 de octubre de 2000 (se aprueba en general);19ª, en 19 de diciembre de 2000 (se aprueba en particular); 35ª, en 10 de abril de 2001 (se despacha el tercer trámite).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en aprobar el informe de la Comisión Mixta?
El señor HAMILTON.-
Sí, señor Presidente . Los Comités están de acuerdo.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejando constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron voto favorable 36 señores Senadores.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:45, y adoptó resolución acerca de las proposiciones del señor Presidente de la República para designar como integrantes del Consejo Nacional de Pesca a los señores Carlos Alfonso Moreno Meier, Andrés Ignacio Couve Rioseco, Claudio de los Sagrados Corazones Arteaga Reyes, Pablo José Serra Banfi, Domingo Víctor Jiménez Olmo, Andrés Nicolás Galanakis Tapia y Pablo Ihnen de la Fuente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la sesión secreta.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:54.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión pública.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador y otras materias que indica, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, urgencia calificada de "simple" y discusión general pendiente.
Los antecedentes sobre el proyecto (2626-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 13ª, en 28 de noviembre de 2000.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 32ª, en 3 de abril de 2001.
Discusión:
Sesión 35ª, en 10 de abril de 2001 (queda pendiente su discusión general)
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la discusión general del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , le agradeceré ofrecer la palabra a otro señor Senador , pues aún no puedo empezar mi intervención.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, nos encontramos reunidos para discutir en general el proyecto de ley sobre reformas laborales. Parece, sin embargo, que todo estuviera dicho, pues los Parlamentarios hemos hablado de esta reforma más en la prensa que en el propio Congreso Nacional.
Cuando uno quiere modificar algo o iniciar una reforma, sustantiva o no, es porque está convencido, sobre todo en el derecho, de que los marcos regulatorios existentes son insatisfactorios, ya porque no dan cuenta de las complejas realidades que pretenden regular, o bien, por tratarse de instrumentos susceptibles de perfeccionarse por otros de mayor garantía.
Si bien ello es cierto, ninguna reforma debe ni puede ser refundacional, pues, entonces, deja de ser reforma y pasa a transformarse en una nueva cuestión o estructura.
Considero que estas reflexiones son necesarias, pues no debemos olvidar que con el proyecto estamos introduciendo modificaciones, en la forma y en el modo, en cuanto a como se dan y desenvuelven nuestras relaciones laborales.
Como primera cuestión, que me parece esencial, y partiendo de la base de que estamos en la discusión general, si bien es cierto que el número 16º del artículo 19 de la Constitución Política no consagra como derecho fundamental el derecho al trabajo, sino la visión liberal decimonónica de la libertad de trabajo, mirada como libertad contractual, la Carta Fundamental sí establece como garantía básica, en su propia estructura fundacional, la dignidad de la persona humana, como consta en su artículo 1º.
En efecto, como ha dicho el propio Tribunal Constitucional: "El artículo primero de la Carta Fundamental establece uno de los pilares de nuestro ordenamiento constitucional estructurado sobre la base de ciertos valores esenciales entre los cuales se destaca el que los derechos de las personas son anteriores y superiores al Estado, y por ello se encuentra incluido dentro del Capítulo I que denomina "Bases de la Institucionalidad". En efecto, el inciso cuarto de la referida disposición establece el principio de que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución reconoce y asegura a las personas. Es decir, la Constitución está señalando al legislador que su labor fundamental debe realizarla desde la perspectiva de que los derechos de las personas están antes que los derechos del Estado y que éste debe respetar y promover los derechos esenciales garantizados por ella conforme al inciso segundo del artículo 5º. En consecuencia, toda la legislación que se aparte o ponga en peligro el goce efectivo de las libertades y derechos que la propia Carta Fundamental reconoce y asegura, adolece de vicios que la anulan al tenor de sus artículos 6º y 7º.". Hasta aquí lo expresado por el Tribunal Constitucional.
¿Y por qué centramos el tema en la dignidad humana? Simplemente, porque el trabajo es fruto de dicha dignidad. Así lo declara expresamente el Artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Decreto Nº326, de 1989, plenamente vigente en Chile, al declarar "Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho a toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomará las medidas adecuadas para garantizar este derecho".
Si enfatizo tanto estos elementos, lo hago porque creo que el debate ha estado centrado sobre la base marginal del derecho al trabajo. En efecto, se pretende justificar esta reforma en las necesidades de establecer medidas que permitan reactivarlo. Otros señalan, en cambio, que normas de esta naturaleza impiden dicha reactivación. Los últimos dicen "queremos reformas laborales, pero no cualesquiera, sino aquellas con las que nosotros concordamos". Otros, indican que estas reformas afectan la certeza, pues no se puede invertir si no hay certezas. Bajo tal argumento, parece evidente que no podría realizarse reforma alguna ni ninguna ley podría ser modificada, porque quienes ostentan el poder económico quieren siempre, y previamente, certeza.
A mi juicio, las reformas laborales deben ser entendidas e interpretadas desde la perspectiva de su contenido natural. El derecho del trabajo no está hecho para proteger primordialmente a los empresarios. Las garantías laborales no están destinadas para quien ejerce el poder en una relación laboral, sino que están dirigidas precisamente al que se encuentra en una posición más débil, la que proviene naturalmente de la no detentación del capital. De modo que cuando se utilizan argumentos de mercado para atacar o defender las reformas, se genera una distorsión. Es cierto que el mundo ha variado. Es cierto que en el ámbito informático las relaciones no son como antes. Sin embargo, el núcleo básico de la relación laboral no cambia. Aquí no hay libre mercado. Hay un derecho de garantías.
Estas reflexiones me parecen básicas, pues es necesario ilustrar el debate en el punto de su naturaleza.
Votaré favorablemente en general estas reformas, pues creo que muchas de ellas están destinadas a las garantías. Hay otras que abiertamente me son insatisfactorias. No obstante, espero que en el transcurso del debate se perfeccionen. Y abrigo dicha esperanza, porque al escuchar a distinguidos señores Senadores, he podido apreciar que ellos están dispuestos a introducir enmiendas y modificaciones al proyecto que se ha sometido a nuestra consideración.
Declaro, desde luego, que estoy a disposición para suscribir esas indicaciones y otras que tengan por finalidad fundamental mejorar un proyecto que, a mi juicio, en la búsqueda de garantías que son elementales para los trabajadores, en lo general adolece, a mi modesto entender, de muchas fallas.
Quiero hacer presente, además, que el Honorable señor Parra me acompaña en estas conclusiones. Él no podrá hacer uso de la palabra, pues lo aqueja una disfonía muy marcada, que lo privará de ello. Asimismo, quiero dejar testimonio de que en el debate habido en la Comisión expresó sus puntos de vista coincidentes en la necesidad de aprobar la iniciativa para legislar, y nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento del Senado para autorizar el ingreso a la Sala del Subsecretario del Trabajo, señor Yerko Ljubetic.
Acordado.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , no sé si ya les ha sido entregado a los señores Senadores un set informativo con un paper escrito por don Sebastián Edwards y doña Alejandra Cox, y en el que aparecen algunas cifras referentes a empleo y fuerza de trabajo. Si no es así, ruego tomar las medidas tendientes a su distribución.
Señor Presidente , creo que todos los presentes queremos que las personas más desprotegidas en Chile pueden optar a un trabajo estable y a una remuneración digna. Estudios efectuados por economistas de la propia Concertación señalan que el 80 por ciento de la disminución de la pobreza en nuestro país se ha originado en el acceso de las personas a un trabajo estable. Solamente el 20 por ciento de la disminución de la pobreza se debe directamente a la ayuda social por parte del Estado. Por lo tanto, pienso que todos convenimos en que el acceso a un trabajo es fundamental en la lucha contra la pobreza.
Desde que la Concertación llegó al Gobierno, ha tratado por la vía legislativa de entregar más poder de negociación a los trabajadores. En el fondo, ha creído que se puede forzar por ese medio un alza de salario, que es a lo que todos optamos. No me cabe duda de que la Concertación, obviamente, ha estado inspirada en el deseo de mejorar la situación de los trabajadores. Sin embargo, cualesquiera que sean las medidas que se adopten, ellas tienen beneficios pero también, costos.
Se ha argumentado que en anteriores ocasiones en que se ha modificado la ley laboral, la Oposición ha señalado que las enmiendas producirían sustitución de trabajo por capital, y finalmente que menos contratación de trabajo significa aumento de la tasa de cesantía.
El Honorable señor Ruiz ha sostenido también que no hay datos y cifras para probar que efectivamente ha habido una disminución en la generación de empleos. Y he querido proporcionar a Sus Señorías cifras que demuestran que lo anterior sí ha sucedido.
Si observamos una cifra que aparece bajo el título "Crecimiento del Empleo desde el año 1987 hasta el 2001", comprobaremos que el ritmo de creación de empleos ha disminuido claramente desde los años 92-93 en adelante. Mientras que antes de esos años teníamos cifras de creación bastante altas, posteriormente el crecimiento ha sido notoriamente más bajo.
¿Por qué lo anterior no se tradujo en aumento del desempleo? Principalmente, por dos razones. Primero, la economía estaba creciendo a un ritmo sumamente rápido, porque todos los años entraban aproximadamente cinco mil millones de dólares por concepto de inversión extranjera. Con ese tipo de ahorro externo inyectándose a nuestra economía, es lógico que ésta pueda soportar muchas variables sin que ello se traduzca necesariamente en desempleo.
La segunda razón podemos encontrarla en el gráfico relativo a cómo aumenta la fuerza de trabajo. Los señores Senadores podrán advertir que, en la misma época -en los años 93-94-, la fuerza de trabajo, en vez de seguir el ritmo de crecimiento que tenía, empieza a mantenerse e incluso a declinar.
Sucede que en Economía no se pueden hacer las cosas que en las ciencias más exactas son posibles. En ellas se mantienen todas las variables constantes y se mueve una sola de ellas para ver cuál es el efecto en el total. En Economía, por ser una ciencia que se da en la práctica, están actuando muchas variables a la vez, y no es fácil afirmar que porque no ha aumentado el desempleo, las medidas que adoptamos en un momento dado en cuanto a reformas laborales, no hayan tenido impacto alguno. Es cierto que el desempleo no aumentó, pero también lo es que la creación de empleos empezó a disminuir fuertemente
Por otra parte, los efectos de los cambios en la legislación no son inmediatos, sino paulatinos. Cuando se modifica la legislación laboral y se encarece la contratación de mano de obra, obviamente que las empresas no despiden a todos los trabajadores. Ocurre que, en la medida en que una empresa tiene que tomar una nueva decisión sobre inversión, probablemente, entre la gama de posibilidades que tiene optará por aquellas tecnologías que utilizan más capital, más máquinas y menos mano de obra. Es lógico; pero eso se va produciendo a lo largo del tiempo y no de un día para otro.
Por otra parte -como señalé-, en Economía nunca se da el cambio de una sola variable manteniendo las otras constantes, sino que, en el fondo, van cambiando muchas cosas. Y mediante métodos de econometría hay que tratar de aislar el efecto que tuvieron en la generación de empleo las modificaciones de la legislación.
En este sentido, también he hecho llegar a todos los señores Senadores un resumen de un trabajo realizado por los economistas de gran prestigio internacional Sebastián Edwards y Alejandra Cox , ambos de la Concertación y muy críticos del Gobierno militar, cuestión que todo el mundo sabe. Pero en el paper que ha circulado en revistas especializadas de economía, quedan claros los efectos benéficos que tuvieron sobre la creación y persistencia de empleos las reformas laborales que se efectuaron en la década de los ochenta. Algo analizan también en cuanto a los costos en la generación de empleo de las reformas hechas con posterioridad durante los Gobiernos de la Concertación.
Señor Presidente , a mí me llama la atención el hecho de que cuando tratamos cosas tan importantes, como la generación de empleo y, por lo tanto, la disminución de la pobreza, muchas veces hablemos más con el corazón que con la razón. Porque no me cabe duda de que todos los señores Senadores presentes en la Sala, sin excepción, queremos lo mejor para la gente de más escasos recurso; que, ojalá, no haya personas desempleadas, que estén sufriendo pobreza, sino que puedan acceder a un trabajo con una remuneración digna, porque sin ella de nada sirve el trabajo.
El tema es que para eso hay buenas y malas recetas, las cuales, en Economía, se hallan muy probadas. Y pueden comprobarse -de hecho así ha sucedido- con cifras para Chile y, también, para muchos otros países.
El drama es que el Gobierno presenta las indicaciones un día, al siguiente se exige a la Comisión que despache el proyecto e inmediatamente viene a la Sala para su votación en general.
A las Comisiones de Trabajo o de Hacienda no ha concurrido ningún buen economista para explicar cuáles son los efectos de cada una de las medidas que ha presentado el Gobierno.
A mi juicio, esto lo tendremos que corregir durante la discusión particular. Porque, si bien todos queremos llegar a lo mismo, obviamente, no puede ser que estemos legislando sin una asesoría razonable de economistas de prestigio que entiendan cuáles son los costos que generan las medidas que adoptamos.
También es evidente que en nuestro país no solamente han tenido efecto las modificaciones a la legislación laboral hechas con anterioridad. También ha habido una política de aumentos del salario mínimo, que han sido bastante mayores que la evolución del resto de las remuneraciones del mercado. Y eso quita posibilidad a los trabajadores con menos capacitación para encontrar por lo menos un trabajo legal. Muchas veces lo que consiguen son "pololos" o trabajos ilegales, que nadie puede controlar.
Igualmente están influyendo en esta materia los cambios tecnológicos, que cada vez son más acelerados y facilitan la optimización de relación trabajo-capital en la producción en forma cada vez más rápida. O sea, ante cambios en los costos laborales, cada día es más fácil ir reemplazando trabajadores por mayor capital.
Creo que los cambios tecnológicos por sí solos no explican un aumento del desempleo. Porque es clara la experiencia de Estados Unidos para darse cuenta de que en ese país es donde más se producen los cambios tecnológicos y, sin embargo, generalmente poseen una tasa de desempleo muy baja.
Pero el cambio tecnológico combinado con la inflexibilidad laboral que se ha introducido en Chile y con un salario mínimo que ha crecido más que el salario de mercado, en mi concepto, es una mezcla explosiva que ha significado tasas más elevadas de desempleo, las cuales -desgraciadamente- estoy segura están para quedarse en Chile. No creo que, como están las cosas hoy día, vayamos a volver nuevamente a índices de cesantía razonables. Si sumamos todo el costo que esto significa en cuanto a movilizaciones sociales y peticiones al Gobierno y sumado ello a los tres años seguidos de elecciones, conformará una combinación fatal para nuestro país.
Chile está cayendo en una ola de exigencias que ya el Gobierno no puede manejar, lo cual hará que el país se torne cada vez más difícil de gobernar. Este problema hoy afecta al Presidente Ricardo Lagos , de la Concertación, pero el día de mañana perjudicará a cualquier otro.
Cuando una nación entra en la dinámica de tener baja tasa de crecimiento económico y alto nivel de cesantía, se aproxima a una situación en que la demagogia es cada vez más fácil, las movilizaciones sociales se hacen más violentas y el país se torna progresivamente más ingobernable. A mi juicio, por desgracia, estamos cayendo en ese tipo de dinámica.
Señor Presidente , debiéramos hacer un esfuerzo por realizar una discusión no politizada ni ideologizada en esta materia.
Trabajos como el de Sebastián Edwards y Alejandra Cox hay varios.
Citaré otro artículo -que muchos han leído, pues ha salido en la prensa- donde la economista española Carmen Pagés demuestra que, en términos de nivel de costos laborales, Chile es comparable a países típicamente muy inflexibles en legislación laboral, como Grecia. La mayor causante de ello es la indemnización por años de servicio, cuyo tope aumentó de 5 a 11 meses hace algunos años.
Ahora, si vamos al detalle del proyecto -cuestión que no alcanzaré a hacer, pero me interesaba tratar de establecer el marco general de lo que por lo menos a mí preocupa-, veremos que en realidad existen muchos problemas. La definición de empresa, obviamente, es uno de ellos.
Existe una inamovilidad encubierta (se dice que no la hay, pero sí se presenta) vía aumento sistemático de los fueros laborales tanto en términos de la duración de éstos como del número de trabajadores con derecho a fuero. Debe hacerse notar que, incluso, hay algunos fueros laborales que el empleador no conoce, por su carácter retroactivo, respecto a la fecha en que se informan.
Hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, que las multas se fijen de acuerdo al número de trabajadores de la empresa, y no al de trabajadores afectados, lo cual, obviamente, es una invitación a no contratar. Si una empresa es objeto de una multa y ésta aumenta mientras mayor sea la cantidad de trabajadores que tenga, la conclusión es obvia: adquirir mayor tecnología y menor cantidad de trabajadores.
Se aumentan los costos para el reemplazo de trabajadores en huelga, lo cual es fatal para las empresas que exportan. En efecto, si una de ellas no puede cumplir con los encargos del extranjero, producto de una huelga o por cualquier otra cosa, se le cierra el mercado, porque quienes han solicitado ciertos productos los necesitan en un momento dado y en determinada cantidad. Si no llegan, el proveedor se vuelve poco confiable y, por lo tanto, se lo reemplaza por otro.
Además, existe un costo para reubicar incluso a los trabajadores dentro de una misma empresa, lo cual también aumenta la inflexibilidad, haciendo que el descuelgue sea prácticamente inviable.
Se establece una verdadera dictadura del sindicato, porque se deroga la facultad otorgada al 10 por ciento de los trabajadores involucrados en la negociación colectiva para que convoquen a una votación, a fin de pronunciarse sobre la posibilidad de someter el asunto a arbitraje, respecto de un nuevo ofrecimiento del empleador o de revisar el inicio de la huelga.
En fin, señor Presidente , en algún otro momento tendremos la oportunidad de discutir en detalle la iniciativa.
Lo único sobre lo cual llamo la atención es acerca de que las cifras demuestran que las modificaciones introducidas a la legislación laboral, si bien no se tradujeron en mayores tasas de desempleo, sí afectaron a la creación de nuevos puestos de trabajo, a la sustitución de más capital, en lugar de más trabajo. Y, finalmente, a lo que llevarán, será a un país muy difícil de gobernar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , en 1980 se realizó la reforma laboral que rige hasta el día de hoy. Veintiún años después, el Parlamento chileno discute algunas modificaciones a esa normativa que ha estado vigente a lo largo de este período.
En primer término, quiero destacar, no con el ánimo de polemizar, ni menos de politizar la conversación, que a nadie escapará en esta Sala, o a quien lea la Versión Taquigráfica con posterioridad, que no es lo mismo realizar una reforma laboral en un período en el cual no existen libertades públicas, ni Parlamento, ni organización sindical reconocida; cuando había elementos de desincentivo y coerción respecto de quienes asumían la representatividad de sus compañeros, que hacerlo en un momento en el cual el país vive no sólo un ambiente democrático pleno, sino que hay la posibilidad para que Oposición y Gobierno debatan libremente esa reforma.
El punto que planteo al inicio de mi intervención no es menor, porque es lo que marca las posibilidades de hacer algo. Y dentro del cuadro en que nos encontramos, en un debate que, en forma pública y desafortunadamente, se ha ideologizado más allá de lo conveniente, hemos visto cómo las propuestas de reformas laborales que ha sometido el Ejecutivo a la consideración del Parlamento se han convertido para algunos en una especie de freno o disuasivo para que el país siga creciendo, y para otros, en frustración frente a las expectativas de que un Gobierno como el que respaldamos pudo haber caminado en forma más resuelta hacia el restablecimiento de algunos derechos de los trabajadores.
Cualquier posición es legítima; pero corresponde fijar nuestros criterios sobre los puntos centrales y mirar el presente y el futuro del país a la luz de lo que significa la relación entre quienes deben subsistir con un salario y los que invierten para generar riqueza, o contribuir, junto con los trabajadores, al desarrollo de Chile.
Los Senadores de estas bancadas siempre hemos sido partidarios de que la organización de la gente constituya un motor del desarrollo. Nunca hemos fallado en ser leales a ese concepto, que no es político-partidista. Es una valoración de lo que significa el individuo en la sociedad, sobre todo los más débiles, quienes, sobre la base de la unidad entre ellos, logran, no diría una posición de equilibrio, pero por lo menos una de reconocimiento dentro de lo que significa ese equilibrio en la sociedad.
Por lo tanto, queremos dejar establecido que, hace 30 años, el 28 por ciento de la fuerza de trabajo chilena estaba organizada en sindicatos. Reitero: 28 por ciento de los trabajadores, en 1973, formaban parte de los sindicatos. En la actualidad, quienes pertenecen a una organización sindical no alcanzan a 10 por ciento de la fuerza laboral, con un contingente mucho mayor de personas que están en la categoría de trabajadores. Por lo tanto, ésta es una conclusión que uno debe aceptar, nos guste o no.
Además, ha habido un desincentivo a la afiliación sindical. ¿Y cuál ha sido la razón? Que el instrumento de que dispone un trabajador cuando se asocia, la negociación, está absolutamente disminuido, cercenado, y no, como hemos escuchado en algunas intervenciones en esta Sala, exagerado para entrabar el crecimiento y el desarrollo de una empresa. Es exactamente lo contrario. Somos testigos, sobre todo quienes representamos zonas donde existe gran número de trabajadores, de cómo la Dirección del Trabajo, no obstante el esfuerzo que realiza, es nada más que un mudo testigo de situaciones que no logra reparar, y menos consigue corregir arbitrariedades, injusticias e, incluso, ilegalidades. Es un mudo testigo, no un actor.
No estamos diciendo que sea posible retomar lo que fue la conducción de la Dirección del Trabajo en años pretéritos. No, los tiempos han cambiado; pero debe dejarse establecido que la negociación colectiva funciona en forma muy disminuida.
Es cierto que existe libertad sindical. ¿Quién podría decir que no la hay? A nadie se lo encarcela o amenaza con la cárcel por formar o intentar formar un sindicato; pero la libertad sindical está condicionada por los parámetros que el mecanismo permite. ¿Qué significa esto? Que la formación de un sindicato en la actualidad es un proceso fatigoso, más aún cuando las condiciones de funcionamiento de la economía han cambiado la estructura de muchas empresas y creado un universo muy vasto y difundido de pequeñas y medianas unidades, donde el número de trabajadores es sensiblemente menor que el existente cuando había grandes empresas, fueran estatales, transnacionales o compañías extranjeras, que tenían un contingente muy numeroso de empleados.
Por otro lado, se ha introducido otro fenómeno, que es necesario anotar: producto de la diversificación económica, empresas que tradicionalmente podían ser una sola entidad -es uno de los problemas planteados en las indicaciones del Gobierno-, se subdividen con el objeto de evitar que exista un contingente numeroso de trabajadores para formar un sindicato. Soy testigo, en la zona que represento, de que algunas empresas deben dividirse por razones de eficiencia de funcionamiento, no por escapatoria a la ley. Tampoco con el objeto de evitar condiciones determinadas, sino porque no es lo mismo el transporte de cientos de productos, que la producción de los mismos; no es lo mismo la limpieza de plantas industriales, que la preparación del terreno para producir en la fase original del mismo bien en la cadena industrial.
Por lo tanto, se trata de un elemento no menor dentro del desarrollo económico, que ha dado origen a muchos vicios e injusticias. No estamos proponiendo -y lo digo respecto del caso concreto de dos de los fenómenos que anoto- lo que se denomina "outsourcing", o delegación de funciones con el objeto de prestar servicios; o en el caso del enganche de trabajadores respecto de lo que significan trabajos temporales o transitorios, donde obviamente gran cantidad de empresas medianas, e incluso pequeñas, trabajan bajo este concepto. Y eso tiene que ver con el problema de la afiliación, la negociación y con aquel en el cual se da el mecanismo de equilibrios.
Dicho esto, creo que el proyecto del Gobierno satisface varios de estos aspectos; no los resuelve todos. Más aún, hay puntos que no sólo no los resuelve, sino que pueden generar incluso complicaciones adicionales. Y citaré dos o tres que están en el debate público.
Actualmente se discute la definición de empresa. El proyecto propone eliminar o cambiar su denominación. Personalmente lo considero un error. Prefiero que se defina con claridad lo que es una empresa, a dejar esto en la incertidumbre para que alguien pueda calificar posteriormente lo que se entenderá por tal. Es un punto que estimo necesario precisar objetivamente. Eso en primer término.
Segundo, y ligado a lo anterior, se discute la negociación interempresa. Se ha hecho gran caudal de ello. Los sindicalistas dicen: "Queremos la negociación por rubro de actividad; que los sectores del cuero y del calzado negocien un paquete; que los trabajadores de supermercados hagan lo propio en la cadena a nivel nacional; que los trabajadores del rubro del trigo y la remolacha negocien lo suyo".
Eso no es posible en la actualidad. Y lo digo leal y claramente: no es posible. La diversidad y la complejidad de la economía no permiten eso.
Por lo tanto, señor Presidente , no acompañaré con mi voto -aunque alguien diga que ése es un elemento que no potencia la negociación sindical- la creación de un mecanismo de negociación que, según mi parecer, genera más perjuicios que beneficios, sobre todo en los empresarios pequeños y medianos. Un solo ejemplo -sin ánimo de establecer comparaciones que puedan molestar a alguien-: si se negocia solamente un contrato colectivo en el rubro cadenas de supermercados, ello significa que ahí se fijarán salarios, horarios, mecanismos de trabajo, vacaciones, compensaciones, bonos. En la práctica, esto implica eliminar del mercado a los chicos. Porque basta que la empresa se ponga de acuerdo con el sindicato poderoso para aumentar los salarios, y deja fuera del mercado a todos los supermercados pequeños, sobre todo a los de Regiones o de pueblos de provincia, lo cual, obviamente, significa cesantía, desprotección e ineficiencia.
¿Qué otra materia se plantea en la discusión? La relativa a los reemplazos. No hay cosa más odiosa que el hecho de que un grupo de trabajadores decide una paralización, porque están claros en que arriesgan su trabajo, su seguridad e incluso, muchas veces, hasta su libertad. Se trata de una verdad que conocemos los que hemos acompañado movimientos sindicales a lo largo de nuestra vida, pues se encuentra dentro de lo que es la psicología. El trabajador que vive de su salario requiere gran coraje para decidir una paralización, sobre todo tratándose de una paralización indefinida. La situación es muy distinta cuando se es estudiante que cuando se es empleado con personas bajo su dependencia.
Por lo tanto, el sistema de los reemplazos se visualiza siempre como un peligro, pues introduce mayor grado de inseguridad.
Estimo innecesario explicar aquí la imposibilidad absoluta del reemplazo en algunas actividades que no resisten una paralización de actividades, porque no sólo se echa a perder el trabajo del año, como en el caso del rubro frutícola o del agrícola, sino que podría destruirse una actividad que ha requerido inversiones de cinco o diez años, con un esfuerzo patrimonial enorme.
En consecuencia, ése sería otro de los asuntos en que haremos valer nuestra opinión.
El tercer punto central que deseo señalar, sobre todo por lo que represento en el Senado, es el relativo a los temporeros y temporeras. En dicho ámbito existen problemas complejos: el primero radica en saber cuál es la extensión y la remuneración real de la jornada de trabajo, y el segundo, en conocer cuáles son las condiciones de seguridad en las que esas personas se desenvuelven. A mi juicio, el proyecto no resuelve esas dudas, porque deja en la ambigüedad materias que, por un lado, podrían llevar al abuso enorme de las jornadas de trabajo (de más de doce horas diarias y no consideradas como horas extraordinarias), y por otro, podrían significar que ese contingente de hombres y mujeres no pueda acogerse a las normas del Código del Trabajo.
Sobre el particular, propondremos algunas indicaciones para intentar perfeccionar la normativa.
Pero que quede claro, señor Presidente : hoy día la realidad económica de Chile obliga al trabajo de temporeras y temporeros. Y quien piense que es necesario crear ciertos mecanismos -argumento legítimo- tendientes a proteger la capacidad de organización, puede estar haciendo un daño muy grande, porque mucha gente puede verse desincentivada a contratar a dichas personas en sectores que hoy tienen gran capacidad de empleo. En el caso de la zona que represento, que actualmente es una de las que tienen menor desempleo en el país, ello se debe a la gran cantidad de temporeras y temporeros que hoy cuentan con empleo, situación que, desgraciadamente, terminará a fines del presente mes.
Había otras materias que me hubiese gustado desarrollar, como las referidas a los fueros sindicales, a los quórum para la constitución de sindicatos, al tipo de sindicatos. Sobre esta última, deseo formular una observación al pasar. Creo necesario que el señor Ministro o el Gobierno nos expliciten a qué se refieren con el término "entre otros" en relación con los sindicatos. ¿A algún tipo de sindicato? Los Senadores tenemos derecho a saber de qué estamos hablando. Si existen sindicatos nuevos a raíz de la actual fórmula económica, que se nos informe al respecto. Pero dejar en la ambigüedad una nomenclatura de tal naturaleza puede prestarse para abusos mañana, no para proteger a los trabajadores, sino que incluso para perjudicarlos. Y ése es un elemento que nosotros debemos cautelar.
Termino, señor Presidente , anunciando que votaré favorablemente el proyecto, y que presentaré indicaciones en varios de los temas a los cuales me referí con el objeto de ayudar a que pueda existir una legislación laboral más moderna, más ágil y, en lo posible, más equitativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, he escuchado atentamente todas las opiniones aquí vertidas por distinguidos profesionales (expertos, doctores, profesores) sobre la materia, y creo que realmente nos encontramos en un punto sin retorno.
El inicio de este nuevo milenio no llegó gratis, sino con una mochila cargada de variadas consecuencias tecnológicas, científicas, laborales, por efecto de la globalización mundial. Por esa razón, ha sido inevitable tener que integrarnos a dicha globalización y tratar de controlar esos ámbitos para modernizarlos de acuerdo a las tendencias de carácter mundial.
En relación con lo anterior, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos del proyecto en estudio.
El crecimiento del comercio de las materias primas en el ámbito mundial alcanzó al uno por ciento anual en la última década. En cambio, el comercio relacionado con la tecnología y sus productos asociados creció un 10 por ciento.
Es lógico esperar, entonces, que economías basadas en la producción de bienes y servicios y asociadas al desarrollo tecnológico, generen más empleo y utilidades que las estructuradas sobre la base de la explotación y exportación de recursos naturales, cuyo crecimiento del producto llega a 5 ó 6 por ciento anual, y tienen una elevada demanda de trabajo y una tasa de desempleo de 8 ó 9 por ciento prácticamente invariable. Todas esas economías son propias del subdesarrollo, con sus debilidades e inestabilidades asociadas, y, por supuesto, con indefensión absoluta ante alteraciones económicas, como se pudo apreciar a raíz de la crisis asiática. Mientras tales condiciones no cambien, esas tasas se mantendrán generando problemas laborales ya históricos en países subdesarrollados.
Chile, con un sistema productivo entrando en una segunda fase exportadora, debe incorporar valor agregado a sus materias primas para proteger sus recursos naturales, perfeccionando tecnológicamente industrias, y, por sobre todo, mejorando sistemas de capacitación y de educación. Tales factores son esenciales para competir globalmente, donde las certificaciones ISO o los niveles de precisión SIGMA son exigencias que necesariamente deberemos cumplir.
Nuestro mercado laboral hoy cuenta con una fuerza de trabajo que alcanza casi a 6 millones de chilenos y chilenas, con un nivel de desempleo de 8,4 u 8,6 por ciento, y con distintos grados de flexibilidad en la relación entre empleador y trabajador, su sindicalización y sus herramientas de negociación.
Desde una perspectiva objetiva, nuestro sistema laboral puede ser catalogado como eficiente en la Región, pero por razones políticas, generadas en las primeras décadas del siglo pasado, éste no se encuentra estructurado ni perfeccionado de acuerdo a la tecnología y a las exigencias de la compleja globalidad presente, desde el punto de vista laboral. Por supuesto, fueron otros comienzos, así es que tal globalidad inevitablemente ha cambiado.
En consecuencia, si aspiramos a desarrollar una economía moderna, debemos contar con normativas laborales mucho más flexibles, por lo que justifico su perfeccionamiento en el marco de nuestra realidad como nación en desarrollo y de esta dinámica de cambio globalizado absolutamente fuera de nuestro control.
Los acuerdos o relaciones laborales, obviamente, son responsabilidad de empresarios, de políticos y de trabajadores. El modelo económico es muy técnico y sensible, está muy globalizado. Por lo tanto, hay numerosas vinculaciones nacionales e internacionales que respetar. Y ése debe ser, a mi juicio, nuestro propósito.
En tal contexto, me parece esencial el papel que juegan los empresarios, para quienes, según sus propias declaraciones, los indicadores macroeconómicos no son la única razón que les impide reactivar con mayor celeridad sus empresas. Sus preocupaciones se hallan centradas principalmente, también, en las reformas laboral y tributaria, que generan incertidumbre en tanto no se materializan.
La empresa diseña sus estrategias de mediano y largo plazo para cinco a diez años. De ahí la importancia de la iniciativa en debate como factor de estabilidad en el sistema. Japón y Australia, entre otros países, cuentan con Ministerios encargados de analizar y generar políticas de convergencia con el Estado, de 30 o más años.
En cuanto al texto que nos ocupa, la indicación sustitutiva del Ejecutivo constituye una versión distinta del proyecto original de 1995 o de la versión Arrate-Thayer posterior, que fue más consensuada, con algunos buenos aspectos no incluidos en el presente articulado. Éste contiene un sinnúmero de normativas técnicas que se deberán revisar en detalle, ya que en la práctica se trata de una nueva iniciativa. El Senado cuenta con distinguidos docentes, profesionales y especialistas en un tema tan fundamental, por lo que no dudo de que su conclusión será la mejor.
Se inicia el proyecto con una declaración puntual, referente a la adecuación del ordenamiento interno a las exigencias de los convenios internacionales en el ámbito laboral, aunque el mensaje se refiere sólo al Convenio Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo.
En lo atinente a convenios y sus principios, pienso, en primer lugar, que es preciso cumplir con las obligaciones contraídas, sin perjuicio de preocuparnos de aquellos preceptos que el Estado, si lo estima necesario, debe corregir. Carezco de experiencia puntual al respecto, pero es la opinión jurídica de expertos a quienes he consultado.
Por ende, se debe considerar si estas reformas satisfacen los compromisos internacionales ratificados y vigentes. Sería un error si, aprobado el proyecto, fuera necesario otro para dar cumplimiento a normativas ya ratificadas. Y me refiero particularmente a las que guardan directa relación con las propuestas en la iniciativa. Cabe señalar, por ejemplo, el Convenio Nº 87, relativo a la libertad sindical; el Nº 98, acerca de la aplicación de los principios del derecho de sindicación; el Nº 135, en cuanto a la protección y facilidades que se deben otorgar a los representantes de los trabajadores; el Nº 151, sobre la protección del derecho de sindicación y las condiciones de empleo en la Administración Pública.
Sin embargo, un aspecto que estimo delicado, independiente de esos instrumentos internacionales o tal vez relacionado tangencialmente con ellos, se refiere a la nueva redacción del artículo 294 del Código del Trabajo, que, unida al ambiguo texto del nuevo artículo 297, amplía el monto de las sanciones por prácticas antisindicales e introduce la norma de la reincorporación inmediata del trabajador separado de sus funciones, aunque no se trate de un aforado. Si el precepto se interpreta de esa forma, es altamente probable el riesgo de que por cualquier despido se alegue la causa de intencionalidad antisindical. Son disposiciones susceptibles de crear un antagonismo artificial entre sindicato y empresa, y, por lo tanto, fuente de innumerables dificultades si no se suprimen o no se modifican.
Según estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, existen en el país más de 500 mil empresas. De ellas, 80 por ciento registra menos de 9 trabajadores; 15 por ciento, entre 10 y 50; 2 por ciento, entre 50 y 200, y uno por ciento, más de 200. A la luz de esas cifras, pienso que el fortalecimiento de la capacidad negociadora de los sindicatos debe incluir un componente de mayor racionalidad. No son el tamaño o las facultades que la ley otorga a dichas organizaciones los factores que harán exitosos sus procesos de negociación, sino una mayor tecnificación y profesionalismo de estos últimos. No olvidemos que su propósito es apoyar verdaderamente al trabajador en su negociación más directa, de modo de evitar influencias de grupos de presión ajenas a las legítimas dinámicas laborales y que provocan finalmente que las reales demandas de los trabajadores pierdan su naturaleza, su fuerza o su significado. Es la razón por la cual un alto porcentaje de los trabajadores, especialmente de la pequeña y mediana empresas, prefieren una negociación individual, más directa.
Respecto de la indicación que sustituye el artículo 39 del Código del Trabajo en el sentido de reducir la jornada laboral a 2 mil horas anuales, es decir, 40 horas semanales, juzgo que es una proposición que se traducirá en rigidizar el mercado, por cuanto implica inevitablemente un alza de costos. Por tal razón, esa potencial flexibilidad de jornada llevará a rigidizar el procedimiento actual si no se establecen previamente procesos de innovación tecnológica, los cuales deben incorporar mayor productividad, capacitación y aumento de remuneraciones.
Esas condiciones no deben ser fijadas por ley, en mi opinión. Son una propiedad natural de la empresa, que, sobre la base de sus exigencias de expansión o de contracción, determina la forma de adaptarse a la permanente dinámica de cambios, con las amortizaciones, seguros y garantías para ella y sus dependientes. Por ejemplo, Volkswagen redujo su jornada laboral de 44 a 36 horas, pasando por 40, luego de una innovación tecnológica a su cadena productiva que duró cuatro años, en la década pasada, incluido el natural proceso de capacitación. Y se logró incrementar la productividad y las remuneraciones de los trabajadores sin que fuera necesario realizar despidos ni legislar al respecto.
Señor Presidente , como lo expresé, el proyecto en discusión ha generado diversas y fundamentadas opiniones, muy legítimas. No podría ser de otra manera: constituye un tema laboral, de larga historia y sensibilidad. Sin embargo, es absolutamente necesario enfrentar la cuestión, por cuanto el complejo escenario presente obliga al análisis respectivo y a lograr un consenso para despejar preocupaciones e incertidumbres en el sistema laboral, motor esencial de nuestro desarrollo económico.
Gracias.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , el proyecto de reforma laboral presentado por el Ejecutivo y la indicación sustitutiva no responden a la necesidad imperiosa de incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo y tampoco, adecuadamente, a los desafíos actuales de la industria, que requieren mayor flexibilidad en las relaciones laborales y en las jornadas convenidas. Representan, en cambio, un entorpecimiento para las empresas, a las que limitan su capacidad de ser competitivas e impiden su adaptación a los cambios tecnológicos de una industria inserta en un mundo cada vez más globalizado.
La legislación propuesta por el Gobierno vuelve, quizás, a antiguas prácticas de los años setenta. A veces parece incentivar los conflictos al interior de las empresas. Establece una suerte de inamovilidad laboral y vuelve a dar más importancia a las dictaduras de los sindicatos que a la libertad de los trabajadores. Pero, por sobre todo, es una reforma imprecisa en numerosos aspectos, lo que a muchos nos plantea la interrogante de si no puede ser usada de acuerdo con la vieja práctica de legislar mediante resquicios.
En la indicación gubernativa, algunos puntos del proyecto original son mejorados, tales como las disposiciones que otorgaban facultades jurisdiccionales a la Dirección del Trabajo y las atinentes a discriminación. En cambio, se mantienen otras normas identificadas como muy negativas y se incluyen nuevas y profundas modificaciones a la legislación actual que, en mi concepto, no favorecen a quienes se encuentran sin trabajo.
Concuerdo en gran parte con lo expresado en el discurso del Senador señor Boeninger. Y, además, aprovecho la oportunidad para agradecerle el haber enviado el texto a mi oficina. Espero que en la discusión particular podamos ponernos de acuerdo en temas sustanciales.
Las disposiciones que considero más negativas son, entre otras, las siguientes. Primero, la relativa a la definición de "empresa". El concepto de empresa contenido en el inciso final del actual artículo 3º del Código del Trabajo -entre las definiciones de empleador, trabajador y otros conceptos que identifican a los sujetos de la relación laboral-, y que se pretende suprimir, habla de "toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada". De modo que la empresa ha sido definida ampliamente, enmarcándosela dentro de una individualidad legalmente determinada.
De acuerdo con informaciones recogidas en fuentes que originaron esta iniciativa, parece que esa característica es la que más preocupa a la Dirección del Trabajo, motivo por el cual incluyó en el primer proyecto de reforma una definición distinta, que reemplazaba la frase "bajo una dirección" por "bajo la dirección de un empleador", en la idea de responsabilizar de las prestaciones laborales a quien actuaba efectivamente como patrón. Sin embargo, ante la resistencia de algunos sectores, la disposición pertinente fue eliminada.
Sin definición, es posible adjudicar la condición de empleador a quien en los hechos se desempeñe como tal, sin atender al que jurídicamente suscribe el contrato de trabajo en esa calidad.
Con esta indefinición, la Dirección del Trabajo puede pretender poner atajo a situaciones donde la empresa elude responsabilidades laborales por la vía de subcontratar servicios, aun los más propios de ella, con sociedades externas.
No creo que legislar para casos determinados sea un mecanismo adecuado, pues se puede prestar para arbitrariedades. Si se desea regular tales conductas o terminar con ellas, parece preferible establecer responsabilidades subsidiarias o, derechamente, prohibir la contratación respecto de ciertas labores y en determinadas empresas.
No olvidemos que hoy, de acuerdo con la Constitución, la empresa, como grupo intermedio, tiene una libertad garantizada, al igual que las organizaciones sindicales, y que la especialización y la modalidad del trabajo contemporáneo motivan que muchas funciones consideradas propias de una empresa sean llevadas a cabo por otra. Por ejemplo, labores propias de la agricultura, como la mantención de una lechería, ordinariamente se subcontratan. Igual ocurre con el laboreo, la siembra, la cosecha, la recolección del forraje, que hasta hace algunos años eran tareas típicas de una empresa agrícola.
En la actualidad, la especialización permite que las empresas de servicios asuman cada vez más y con mayor eficacia y mejor rendimiento labores propias de las industrias.
Por lo tanto, la limitación debe ser estudiada cuidadosamente, para no navegar contra la corriente en lo que se refiere a la especialización, al cambio de las formas de trabajo y a la diversificación.
Por otra parte, señor Presidente, la iniciativa contiene muchas disposiciones que envuelven una especie de inamovilidad encubierta. Pareciera que de alguna manera volvemos al concepto de los años 60 sobre la propiedad del empleo.
Tanto el proyecto primitivo como la indicación sustitutiva importan modificaciones en torno a los fueros laborales. Se multiplican dichos fueros, como también las ocasiones de ellos y su extensión.
Además, resulta especialmente preocupante -como lo manifestaron aquí Senadores no precisamente de estas bancas- que ninguno de los dos textos señale la obligación de informar a tiempo sobre los fueros laborales, que no exista al respecto la transparencia necesaria en una organización sindical. No es admisible mantener el misterio para quien está obligado a respetar aquéllos. Sin embargo, se imponen sanciones (algunas, cuantiosas) al empleador que no los respete o al que no efectúe los descuentos por concepto de aportes sindicales.
Hay numerosos casos -no cansaré a los señores Senadores leyéndolos- de trabajadores que gozan de fueros mal reglamentados.
Ahora bien, si a lo anterior agregamos la facultad de la Dirección del Trabajo de ordenar la reincorporación de los trabajadores con fuero despedidos y la norma que obliga a los tribunales a disponer la reincorporación de los despedidos a raíz de prácticas antisindicales -concepto, en nuestra legislación, aún de contenido genérico, e incluso, vago-, nos encontramos ante disposiciones que sin duda pueden interpretarse como un conjunto normativo tendiente a consagrar la inamovilidad laboral, con todas las consecuencias perniciosas que ello implica.
La violación de las leyes laborales debe conllevar el castigo de multas, aunque sean fuertes, para los infractores. Empero, opino que no puede obligarse a una empresa a tener trabajadores que no desea, pues eso significa interferir gravemente en la libertad de aquélla para tomar decisiones y constituye un camino del todo equivocado.
De otro lado, con respecto a la negociación colectiva, el proyecto contempla una serie de reformas relacionadas especialmente con la huelga. En este sentido, se prohíbe contratar reemplazantes, a menos que la última oferta del empleador incluya un bono de reemplazo por cada trabajador contratado en esa calidad, suma que se pagará por partes iguales a los involucrados en el conflicto dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que éste haya finalizado.
Es posible no objetar la existencia de un bono, pero no parece correcto el destino que la ley en proyecto le otorga: entregarlo a los huelguistas. En lugar de ello, podríamos explorar otras normas de carácter general que beneficien a todos los trabajadores: bono de escolaridad, servicio de bienestar, etcétera.
Dicho bono ha sido presentado como un factor encarecedor del reemplazo de los trabajadores en huelga, pero también repercute en otras decisiones al interior de la empresa. En efecto, la oferta de él, además de condicionar la posibilidad de contratar personal externo en caso de huelga, constituye también un requisito para reemplazar a los trabajadores en conflicto con otros de la misma empresa -es decir, con la reubicación-, para la reintegración individual a partir del decimoquinto día de hacerse efectivo aquél -ordinariamente, el descuelgue- y para que el empleador pueda realizar nuevas ofertas una vez votada la huelga.
Además, la indicación sustitutiva deroga la facultad que permite al 10 por ciento de los trabajadores involucrados en una negociación colectiva convocar a una votación a fin de pronunciarse sobre la posibilidad de someter el asunto a arbitraje, o de votar un nuevo ofrecimiento del empleador, o a falta de éste, su última oferta.
Señor Presidente , como está terminando mi tiempo, deseo insistir únicamente en las normas de inflexibilidad. Al igual que algunos señores Senadores que me precedieron, creo que ésta es una de las partes más graves del proyecto.
Resulta incomprensible que, habiéndose aceptado que la jornada contemplada en el Código del Trabajo es extremadamente rígida, no se hayan adoptado medidas para modificarla introduciendo flexibilidades en el mercado. Por el contrario, se crean jornadas alternativas, con múltiples y mayores regulaciones e inflexibilidades. Desde luego, se agrega una limitación a la actual jornada del personal que está exceptuado de la jornada ordinaria de 48 horas semanales, incluyéndose a trabajadores de hoteles, restaurantes y clubes, en orden a que ella sólo podrá distribuirse en cinco días a la semana. En este caso, simplemente, se añaden mayores costos a las empresas, en circunstancias de que muchas veces se trata de labores desarrolladas dentro de una jornada donde el movimiento es notoriamente bajo en gran parte de ella.
Sin fundamento, se restringe la facultad de la Dirección del Trabajo para autorizar, en casos calificados y mediante resolución fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descanso, atendidas las especiales características de la prestación de servicios.
Particularmente grave es la restricción que impone el proyecto en cuanto a que la Dirección del Trabajo no podrá autorizar jornadas de trabajo continuo por períodos superiores a 12 días, en circunstancias de que en la práctica, por razones de conveniencia recíproca de empleadores y trabajadores, se han permitido jornadas continuas por más de 12 días, sobre todo en los sectores minero, salmonero, de montaje y otros.
Lo anterior es aún más grave si se considera que, sin fundamento alguno, se deroga el precepto por el cual un empleador puede convenir con su personal (sin pedir autorización) un sistema bisemanal de trabajo, y que es del siguiente tenor: "En los casos en que la prestación del servicio deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, las partes podrán pactar jornadas ordinarias de hasta dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deberán otorgarse los días de descanso compensatorios de los días domingo o festivos que hayan tenido lugar en dicho período bisemanal, aumentados en uno.".
Se autoriza la anualización de la jornada de 48 horas semanales, que según las normas vigentes deben ser distribuidas en no menos de cinco días ni en más de seis, y que arroja una base anual de 2 mil 472 horas. No obstante, la disposición propuesta fija un máximo de 2 mil horas anuales, de forma que la flexibilización importa para la empresa perder hasta 20 por ciento de trabajo al año con el mismo costo de remuneraciones.
Las enmiendas sobre vacaciones a mi juicio resultan inentendibles.
Señor Presidente , el debate habido en el Senado nos permite abrigar la esperanza de que muchas de estas materias sean corregidas. Esperamos también que, junto con perfeccionar la libertad para constituir sindicatos, lo relativo a la información en casos de huelga y algunas disposiciones extremadamente perjudiciales para los trabajadores en la negociación colectiva, podamos llegar a un acuerdo en otros aspectos: por ejemplo, incorporar realmente los conceptos de libertad y de flexibilidad en el trabajo, en nuestras fuentes laborales. Esto es lo que necesitamos principalmente para combatir el desempleo que hoy tenemos.
Los Senadores de estas bancas nos abstendremos en la votación del proyecto en esta etapa. Pero en la siguiente, sumaremos nuestros votos si el Senado es capaz de cumplir con la tarea en la forma en que tradicionalmente lo ha hecho y se corrigen aquellas normas defectuosas, algunas de las cuales alcancé a citar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente que a contar de este momento Sus Señorías pueden comunicar a la Mesa la forma en que se pronunciarán; pero el debate continuará hasta agotar las inscripciones.
Como restan aún ocho oradores, más el señor Ministro , sugiero prorrogar la sesión hasta el término de las intervenciones.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Supongo que podremos fundar el voto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Durante la votación nominal cada señor Senador podrá hacer uso de su derecho a fundamentar su posición.
--Se acuerda prorrogar la sesión hasta el despacho del primer informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor SOLARI ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , quiero tomar pie en la intervención del Senador señor Vega para expresar por qué es importante que se apruebe la idea de legislar en este proyecto.
Independiente de los distintos juicios o consideraciones de orden técnico que podamos tener sobre cada una de las materias abordadas, lo esencial es cerrar un ya largo capítulo de debates sobre la legitimidad del Código del Trabajo. Por eso, nuestra principal inquietud al someter la iniciativa a consideración del Honorable Senado consistió en resolver uno de los problemas pendientes de un período en donde no hubo funcionamiento democrático ni la posibilidad de que los sectores sociales más relevantes del país se pronunciaran acerca de los asuntos que los afectaban.
Ésa es, sin duda, la primera razón por la cual presentamos la iniciativa.
En segundo lugar, pensamos que tan importante es lograr un acuerdo básico con relación a esas materias como el hecho de poner nuestra legislación interna en convivencia plena y armónica con los tratados y convenios internacionales suscritos por el país.
Hay un tercer aspecto que justifica el que nos encontremos realizando esta discusión y que llamemos a votar favorablemente la idea de legislar. Paso a exponerlo.
Tenemos la convicción de que es plenamente posible vincular el crecimiento económico con niveles de cohesión social cada vez mayores. El desarrollo económico requiere de un conjunto de esfuerzos en el campo de la modernización general de nuestras estructuras económicas y educacionales; y la cohesión social, del establecimiento de normas que permitan a los distintos actores productivos hacerse parte de los frutos del crecimiento.
Lo anterior significa que necesitamos mayores niveles de sindicalización y de negociación colectiva; más oportunidades para que las personas puedan acceder a diferentes puestos de trabajo; jornadas laborales que den a las trabajadoras la posibilidad de combinar el cuidado infantil con el acceso a un empleo, y, además, que los jóvenes puedan conciliar sus estudios con inserciones en trabajos de jornada parcial.
A propósito de la nueva economía, hay una transformación bastante radical del mundo del trabajo. La legislación laboral debe hacerse cargo de ella, más aún cuando también está ocurriendo en el campo económico.
Por ello, resulta tremendamente singular que seamos capaces de reconocer los cambios, pero no la necesidad de modernizar y poner a punto las leyes.
La dificultad de armonizar con la legislación el mundo nuevo existente en el campo económico, constituye un desafío que el Senado y el Congreso en general deben procurar resolver sobre la base del diálogo democrático. Estimamos que ésta es una buena ocasión para acometerlo. Y hay que hacerlo con rigor, con prontitud y sobre la base de poner en discusión todas las ideas planteadas aquí.
Como ya señalé, los ejes esenciales del proyecto apuntan, básicamente, a mejorar las condiciones y la protección de los trabajadores y a combinar esta última con las nuevas posibilidades que emergen de una economía en transformación.
No es efectivo -como se afirmó en esta Sala- que los cambios tecnológicos tengan necesariamente efectos negativos sobre el empleo. ¡No es así! Los últimos desarrollos económicos en los países de América del Norte y de Europa demuestran la factibilidad de que la innovación tecnológica sea acompañada por incremento del empleo.
De otro lado, en Chile es viable seguir creciendo en materia de ocupación y, al mismo tiempo, que las personas ganen dignidad y tengan mayores oportunidades en sus lugares de trabajo. Es totalmente factible aumentar la productividad de la empresa y también, en forma significativa, la capacidad de los trabajadores de hacerse parte del progreso de ella. Desde nuestro punto de vista, el desarrollo de un derecho laboral protector no es incompatible con el desenvolvimiento de la economía.
El proyecto en debate presenta una novedad respecto de los anteriores. En la génesis de su elaboración introdujimos un proceso de diálogo social: invitamos a empleadores y trabajadores a participar en la discusión. Los resultados no fueron satisfactorios. Pero eso no significa que las reformas laborales no se hayan confeccionado sobre la base de la idea -contemplada igualmente en nuestra gestión de Gobierno- de que los actores sociales deben intervenir en el debate de los principales temas que los preocupan.
Por eso, deseo responder lo sostenido ayer por el Senador señor Valdés en cuanto a la demora de la iniciativa en llegar al Parlamento. Su envío se retrasó porque hicimos un esfuerzo de diálogo social. Pero en el futuro, el mecanismo de interlocución directa entre empleadores y trabajadores constituirá la forma de resolver problemas que hoy son superados por la vía de la ley. Mientras eso sea así, mientras no establezcamos esa cultura del diálogo y la cooperación, la ley habrá de procurar los estándares mínimos para el buen funcionamiento y protección de los derechos básicos.
Repito: el proyecto demoró en llegar al Congreso porque hicimos un esfuerzo de diálogo social. Y continuaremos efectuándolo, pero obviamente requerimos que estas reformas se discutan para concluir el proceso y cerrar, por tanto, la transición en materia laboral.
Las empresas más exitosas de Chile tienen sindicatos fuertes; las que en mayor medida han sido capaces de elevar su productividad son aquellas cuyos sindicatos dialogan con sus autoridades y donde hay buenas prácticas laborales. Así que nosotros no tenemos miedo a ese mundo que se nos viene, que -pensamos- contará con trabajadores capaces de organizarse, de dialogar con sus empleadores y de hacer posible empresas fuertes y competitivas.
Ése es el país al que aspiramos. Por eso iniciamos esta discusión haciendo una convocatoria a aprobar el proyecto. Creemos que la Oposición no puede prescindir de hacerse parte de este proceso. Su abstención, en el fondo, significa rechazar una vez más la posibilidad de lograr un Código del Trabajo que sea producto de un acuerdo entre nosotros. Estamos optimistas en cuanto a que la idea de legislar se acoja; pero, por sobre todo, pensamos que con esto se cierra un ciclo iniciado hace veinte años, sobre la base de que es posible lograr un código laboral que cumpla con el requisito de haberse aprobado en la sede de un Parlamento democrático.
He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Antes de seguir ofreciendo la palabra, y para evitar que más tarde se presente algún problema de quórum que impida tomar acuerdos, hay que fijar plazo para formular indicaciones. Sobre la base de consultas hechas a varios Comités y al señor Ministro , sugiero el 30 de abril, a las 12. Así, la Secretaría tendría tiempo suficiente para recoger las indicaciones y la Comisión iniciaría su trabajo el martes 2 de mayo.
El señor BOENINGER .-
Señor Presidente , sobre ese punto quisiera hacer una sugerencia algo distinta.
En vista de que a la semana próxima le sigue la de trabajo en Regiones y luego viene el 1º de mayo, soy partidario de establecer como plazo el 7 de mayo. Se trata de un proyecto muy extenso con muchas materias que podrían ser objeto de indicaciones, y se necesita tiempo para estudiarlas con tranquilidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en ese sentido?
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , tengo una duda acerca de lo que plantea el Honorable señor Boeninger .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego a los señores Senadores no abrir debate sobre un asunto procesal.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , no hay que olvidar la importancia de que este proyecto salga rápido. Ya lo hemos discutido bastante, y creo que hay una maduración suficiente como para presentar indicaciones.
El señor BOENINGER .-
Pero es muy distinto debatir materias contenidas en una normativa que formular indicaciones específicas, que deben ser muy precisas. En mi opinión, una cosa no quita lo otra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se fijaría plazo para formular indicaciones el 7 de mayo, a las 12.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , quisiera relacionar de algún modo el proyecto en discusión con otro que conocimos la semana pasada denominado de evasión tributaria. Lo digo, porque ambas iniciativas son importantísimas dentro de lo que se consideran las grandes reglas del juego que deberían regir una sociedad en su desarrollo social y económico. Y frente a ese tipo de normativa no cabe duda de que debe aplicarse un pensamiento de Estado, de país, y no necesariamente un pensamiento político.
Los "ruidos" que ha producido la reforma laboral durante los más de cinco años en que se ha venido arrastrando su tramitación -etapa que desgraciadamente ha coincidido con períodos electorales- la han presentado ante la opinión pública con la imagen de un problema político y no propiamente laboral; o sea, no como atinente a algo esencial de las relaciones entre empresarios y trabajadores. Esta circunstancia lamentable -me refiero a la politización- también surge hoy cuando desde estas bancas hemos planteado con mucha claridad el significado y los fundamentos de nuestra abstención, que apunta a estar abiertos para encontrar caminos de grandes acuerdos también en esta materia. Lamento que el señor Ministro haya hecho una interpretación política de nuestra abstención. No me parece adecuado que después de nuestras intervenciones -particularmente de la del otro Comité de Renovación Nacional, el Senador señor Díez -, atribuya ese sesgo político a nuestra abstención. Eso es volver a jugar con conceptos que no hacen bien al país.
Sinceramente creo que, cuando se hace presente un planteamiento -así lo hicimos en la reforma tributaria, como consta al Ministro señor Álvaro García , que se encuentra presente-, con el cual abrimos una puerta para que de algún modo haya una señal, una nota, de un posible acuerdo, no me parece propio que el señor Ministro , o el Gobierno, dé un portazo. Espero que más adelante el señor Ministro nos aclare su posición, porque no es recíprocamente leal ni generoso que, luego de manifestar nuestras expresiones, él las califique.
Y esto me parece una cuestión de fondo. No es posible que nuestros dichos, que responden a un planteamiento serio -no reiteraré los argumentos acerca de la inflexibilidad; de la discrecionalidad en la interpretación de normas, etcétera-, sean calificados, en circunstancias de que no sólo pertenecen a nosotros, la Oposición, sino también a Senadores de otras bancadas que en periódicos de la tarde aparecen señalando visiones racionales, razonables y con sentido de futuro.
Hago presente que las intervenciones de muchos señores Senadores dan pie para buscar fórmulas razonables y caminos de encuentro. Entonces, nos agradaría mucho que el señor Ministro aclarara sus términos, porque no me parece correcto que, frente a la permanente actitud exhibida por nuestra bancada, se nos responda de la manera como se ha hecho.
Lo digo claramente y con mucha autoridad, porque el Senado ha sido un lugar de encuentro para alcanzar grandes acuerdos y no para utilizarlo en confrontaciones. Afortunadamente, las elecciones están bastante lejos todavía, y esto es una señal favorable y una buena posibilidad de realizar un buen trabajo.
Yo quiero reforzar la organización sindical; yo creo en la organización sindical y creo en las relaciones laborales. Durante veintiún años he sido miembro titular del Consejo Rural de la Organización Internacional del Trabajo, de modo que tengo alguna experiencia en esta materia. Lo digo porque en la práctica, en el momento de producirse conflictos laborales, sabemos muy bien que, cuando una empresa es progresista, moderna y desarrollada, sostiene un diálogo permanente con sus trabajadores.
Nosotros creemos efectivamente en eso. En lo que no creemos es en la utilización de las relaciones laborales como elemento político y de confrontación. Eso es lo que ha dañado más fuertemente al país en la década de los años 60 y en parte de la de los 70. Transformar, entonces, este debate en una deliberación sin carácter social y de futuro, es simplemente ocioso.
En la sesión de ayer escuché atentamente referencias a que debíamos imitar el Estado de Bienestar europeo. Pero ello no es sino desconocer lo que está sucediendo hoy en la Europa moderna. En la década de los 60 probablemente hubo una tremenda presencia de la centralización y de búsqueda de beneficios sociales, los que terminaron quebrando todo el sistema del Estado de Bienestar.
Entiendo la admiración que pudo haber provocado en el pasado una situación de esa naturaleza. Lo que hoy día existe, y lo dice el Senador señor Boeninger en su intervención, es un Estado de Bienestar que está buscando fórmulas completamente diferentes de las que hubo en el pasado. Nosotros queremos que Chile se inserte en el futuro, y no en el pasado. Deseamos reformas laborales que sirvan para el año 2001 y de ahí en adelante, y no unas que ejemplifiquen el fracaso y los conflictos de las relaciones en el pasado.
En mi opinión, nos encontramos bien encaminados cuando hacemos un planteamiento honesto en esta materia. Y lo deseable sería que el Gobierno nos ayudara a encontrar los grandes acuerdos, y no que califiquen de política nuestra abstención. No nos fue fácil abstenernos en este proyecto, ni tampoco en el anterior, y lo saben los señores Ministros presentes. No fue nada de fácil. Es mucho más simple, más nítido, políticamente hablando, rechazar un proyecto, que abstenerse. El abstenerse tal vez puede interpretarse como una falta de opinión. Nosotros tenemos una opinión, y la hemos fundado. Hemos dicho que queremos este tipo de relación...
El señor VIERA GALLO .-
¿Me permite una breve interrupción, señor Senador ?
El señor ROMERO.-
En seguida, con la venia de la Mesa.
Porque a veces uno no entiende qué proyecto de reforma laboral se está aprobando, cuál es la idea de legislar. No lo sabemos porque, escuchando a los señores Senadores de la Concertación, nos encontramos con que hay opiniones divididas, confrontadas. Lo entendemos, porque es perfectamente racional que existan diferencias respecto de esta materia, y de muchas otras. Yo me alegro de que exista aquí un cambio transversal en los enfoques. Eso es importante. Nos tenemos que acostumbrar a ello. En lo valórico también se da, como en muchas otras materias. Lo importante es que sepamos escucharnos, respetarnos y que no se nos diga que nuestra abstención tiene como propósito obstaculizar el proyecto, o el rechazo de la idea de legislar. Sus Señorías tienen los votos; pueden aprobar la iniciativa. Si les faltan, avísennos porque podríamos ayudarles con alguno.
Pero lo que importa es lo que finalmente este Senado pueda hacer, y para ello creo que tenemos que sacarnos la máscara con que nos presentamos ante el público y decir la verdad. Cuando hay una definición de empresa que no corresponde y se la vamos a entregar a la Inspección del Trabajo o a la Dirección del Trabajo, parece que no existe certeza jurídica respecto de la materia, no hay claridad. El día de mañana puede sentarse una jurisprudencia completamente anómala. De allí que, con mucho agrado, anuncio hoy mi abstención a la iniciativa.
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Senador señor Viera-Gallo, a quien veo deseoso de intervenir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo , con cargo al tiempo del Senador señor Romero.
El señor VIERA-GALLO .-
Me parece muy importante que el Senador señor Romero aclare el sentido político que siempre tiene un voto en el Senado. Si el de abstención que la Oposición ha hecho significa que está dispuesta a colaborar para que el proyecto salga perfeccionado en la discusión en particular, lo encuentro muy positivo. Porque también se podría entender, ya que la abstención puede interpretarse de distintas maneras, que de alguna forma los señores Senadores de esas bancas se están restando a un debate. Pero, al contrario, si la intención es participar positivamente, sobre todo en la discusión en particular, me parece muy bien, porque así podemos obtener finalmente lo que ha dicho el señor Ministro , esto es, una legislación mejor y de consenso; de modo que considero muy buena la aclaración hecha por el señor Senador.
Ahora, que el señor Ministro califique de político un voto en el Senado es lo más normal del mundo, porque por esencia aquí los votos son políticos.
Gracias.
La señora MATTHEI .-
¿Alguna vez no hemos colaborado?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Recupera la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
En verdad, me sorprende la interrupción del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, porque lo cierto es que el Honorable señor Díez fue muy perentorio y claro cuando dijo que la abstención significaba que nosotros no nos restábamos. Por el contrario, deseamos que haya una reforma laboral flexible, que de verdad se avenga con los términos de una economía social de mercado, la cual efectivamente requiere de un instrumento y de un marco apropiado en la relación laboral. ¿Cómo alguien se puede negar a una cosa tan obvia? Yo estoy absolutamente abierto a concordar grandes acuerdos.
Aquí he puesto ejemplos de señores Senadores que han planteado situaciones muy claras respecto del término de la inflexibilidad en las jornadas de trabajo, en los horarios, en una serie de situaciones a las que podría dar lectura, pero no me parece adecuado mencionarlas solamente por la vía de enunciarlas. Desde luego, la limitación de la jornada actual del personal que está exceptuado del período ordinario de 48 horas semanales, entre los cuales se incluye a trabajadores de hoteles, restaurantes y clubes, en orden a que la jornada sólo pueda distribuirse en cinco días a la semana. En ese caso simplemente se están agregando costos.
Otro ejemplo: sin fundamento se restringe la facultad de la Dirección del Trabajo para autorizar, en casos calificados y mediante resolución fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y descanso. ¡Eso va en contra de lo que hoy día están haciendo en los países desarrollados! ¡Hay gente que está trabajando en sus casas, desde su computadora, y no requiere ir a la empresa! Y nosotros, en vez de ir con el reloj de la historia, estamos yendo en contra del mismo.
Podría enumerar muchos ejemplos, pero creo que a estas alturas del debate no vale la pena seguir insistiendo en los temas que nosotros querríamos que se perfeccionaran. Simplemente deseo formular un llamado para que el Senado se vuelva a convertir en lo que siempre ha sido: un lugar de encuentro, de grandes acuerdos. No nos dejemos llevar por la pasión respecto de determinadas situaciones del pasado.
Por las razones positivas que he dado, señor Presidente, anuncio que me abstendré.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , desde luego, debo celebrar que respecto de este tema tan importante estemos realizando por lo menos dos sesiones. Para analizar el proyecto de evasión tributaria, en cambio, de tanta relevancia como éste, apenas dispusimos de una sola, y todavía tenemos muchas cosas pendientes sobre esa materia.
Nuestro país, desde hace algunos años, ha debido emprender la difícil tarea de la modernización. Uno de los mejores ejemplos lo constituye la modernización del Estado.
En otras materias, como las económicas, se ha incidido en temas como las OPAS, la securitización o las rentas vitalicias. En este mismo sentido, el Banco Central ha ido bajando paulatinamente los intereses bancarios hasta récords históricos, con la finalidad de aliviar el endeudamiento y estimular el consumo. Todo ello forma parte de los acelerados cambios que nos impone el fenómeno de la globalización. Éste se encuentra presente a la hora de tomar decisiones, ya sea por las autoridades del Gobierno como por las empresas que generan la riqueza del país. En años recién pasados, Chile fue golpeado fuertemente por la crisis relacionada con la baja del precio del cobre y la reducción de nuestras exportaciones. Era una consecuencia lógica que ello, además, impactara en el mundo laboral.
Éste se ha visto afectado por un aumento del desempleo, que aún no hemos logrado superar. El desempleo no sólo puede explicarse por los cambios tecnológicos, las crisis externas, sino además por un escenario que ha inhibido la voluntad de los inversores, situaciones a la que se suma claramente la inflexibilidad laboral, que justamente por medio de este proyecto pretendemos mejorar. Efectivamente, existe una tendencia hacia un menor ritmo en la creación de empleo. Con todo, el crecimiento de la economía se ha sostenido. Sin embargo, no ha sido capaz de absorber las demandas de los que buscan trabajo, en especial del sector más joven.
Todo ello justifica y fundamenta que el actual Gobierno, en busca de una solución, nos presente este nuevo proyecto modificando las modalidades de contratación, el derecho de sindicación y otras materias. En el proceso de discusión previo al proyecto se intentó buscar consensos entre las diversas partes por medio del diálogo social. Sin embargo, no se logró éxito en este intento, sobre todo en materia de negociación colectiva.
Encuentro perfectamente respetable que el Gobierno haga esfuerzos para alcanzar acuerdos previos a un proyecto, sobre todo en materias tan delicadas como éstas. Sin embargo, la verdadera instancia de opinión sobre cualquier asunto legislativo debe ser siempre el Poder Legislativo, que es el verdaderamente representativo de las distintas tendencias de la opinión pública, manifestadas por los diversos partidos políticos que conviven en un marco democrático.
En consecuencia, es nuestra responsabilidad como legisladores el analizar en profundidad la propuesta del Ejecutivo, intentando alcanzar una legislación laboral moderna, cuyo eje central sea ante todo el "pro-empleo", esto es, crear mejores condiciones para luchar contra la cesantía, de tal modo que nos permita enfrentar la situación laboral actual con perspectiva de futuro.
Debemos tener como marco referencial los Convenios suscritos por Chile con la OIT, a fin de integrarlos en la legislación chilena. Además, hemos de tener presente que la economía mundial ha introducido importantes cambios en la forma del comercio internacional, los que exigen poner el acento en la competitividad de las empresas, sin desconocer por supuesto los derechos de los trabajadores.
Nuestro país necesita hoy más que nunca de nuevas alianzas económicas en los mercados internacionales, como, por ejemplo, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, el MERCOSUR, etcétera, que demandan a su vez instrumentos capaces de generar relaciones armónicas en lo laboral. Aquí surge el tema de las normas proactivas para la contratación, las que deben equilibrar y compatibilizar los intereses de la empresa con los derechos de los trabajadores.
Tal vez, una de las mayores carencias del proyecto la constituye la eliminación del concepto de "empresa" que consultaba el antiguo Código del Trabajo para efectos laborales y de seguridad social, lo cual genera un vacío, por cuanto no se sustituye ese concepto, que aparece en la mayoría de los artículos de la iniciativa. Asimismo, abre la posibilidad de conceptualizaciones equívocas sobre el particular. No debemos olvidar que el citado Código hace referencia al término "empresa" en más de cien oportunidades. ¿Qué ocurrirá en la práctica en el momento de interpretar una relación laboral cuando una de las partes -la empresa- ha desaparecido? Debería ser interpretada por la Dirección del Trabajo o los tribunales, en cada caso en particular. En el evento de una o más empresas, tal interpretación queda entregada a la autoridad, lo que a mi
entender da un enorme poder discrecional que puede desembocar en decisiones arbitrarias o contradictorias. Creo que este problema puede traer serias consecuencias en el futuro para la negociación colectiva, ya que para ser eficiente y justa debería realizarse al interior de la empresa.
También resulta confuso el reemplazo del concepto de "empleo" por el de "relación laboral".
Otro tema que considero controvertido consiste en obligar a la totalidad de las empresas a dictar un reglamento interno, con todas las formalidades que el Código señala. Me pongo en la situación de algunos de los miles de empresas que cuentan con cuatro o cinco trabajadores. Recién señaló el Honorable señor Vega que, de las 500 mil empresas existentes en Chile, 80 por ciento tiene menos de 9 trabajadores. Y se las estaría obligando a crear un reglamento, lo que de por sí burocratiza la gestión y encarece los costos. No encuentro necesaria ni justa esta obligación, pues antes estaba referida sólo a empresas con más de 25 trabajadores.
El proyecto contiene aspectos positivos, como es el de la definición de la discriminación, donde se reconoce el derecho de elegir en razón de las capacidades, lo que incentivará la necesaria capacitación laboral. También es importante la eliminación de ciertas facultades de la Dirección del Trabajo, que son más bien propias de los tribunales, a los cuales se trasladan.
Comparto la opinión de otros señores Senadores en cuanto a que la iniciativa representa un paso significativo y relevante en dos materias muy complejas, como son la contratación de reemplazantes en caso de huelga y la negociación interempresas. También aquí -reitero- debe tomarse muy en cuenta la situación particular de las PYMES, a las que hoy el Gobierno desea apoyar de diversas maneras, renegociándoles sus deudas previsionales y también las bancarias.
Debo señalar que la negociación interempresas constituye para nosotros una preocupación fundamental. ¿Cómo van a ser dirigidas cuando son de tan diversa índole? Si fuera por los índices de productividad, a lo mejor podría resultar equitativo en el caso de aquéllas con un mismo nivel de producción, como los supermercados, a los que se refirió el Honorable señor Moreno . Pero qué decir de empresas madereras, algunas de las cuales producen 20 mil metros cúbicos mensuales, contra otras que ni siquiera llegan a los 500. Si se va a llevar a una negociación interempresas y se coloca a los pequeños empresarios en el mismo nivel de las grandes empresas, éstos quebrarán de inmediato, pues no podrán competir con las grandes, que cuentan con el capital y la tecnología.
Quiero señalar en esta Sala mi preocupación por los intereses de los pequeños empresarios. Cuando hablo aquí, siempre me refiero a los pequeños y medianos empresarios. Los grandes se defienden solos en lo tributario y laboral. Pero los pequeños no están en condiciones de enfrentar tantas exigencias. El 80 por ciento de las empresas, como dijo el Senador señor Vega , tiene menos de 9 trabajadores, y el 15 por ciento, entre 10 y 50. El hecho de llevar hoy a una negociación interempresas considerando solamente la calidad de trabajador por área representaría el suicidio de muchas de las pequeñas empresas, las que tendrían lisa y llanamente que liquidar en forma inmediata a su personal.
Hoy veo con mucha preocupación, señor Presidente , que los pequeños empresarios se han ido desligando de sus trabajadores. Tienen miedo de contratar gente. Un médico veterinario que iba a vacunar donde muchos pequeños campesinos, acompañado sólo de su maletín, me relataba que esos pequeños propietarios le han manifestado ahora que debe llevar un ayudante, porque ellos, que tenían uno o dos trabajadores, los habían despedido. Y es mucha la gente que antes daba trabajo a una, dos o tres personas y que hoy no las tiene, justamente por las diversas inflexibilidades que presenta la ley laboral. Por eso, estamos preocupados por que esta iniciativa se despache lo mejor posible.
Votaré a favor de la idea de legislar y, junto con otros señores Senadores, presentaremos indicaciones para perfeccionarla ostensiblemente.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , me parece muy importante hacer al menos algunas precisiones sobre el tema.
¿Por qué el Gobierno presentó las reformas laborales? Por dos razones, como se ha dicho aquí con bastante claridad: primero, para poner al día nuestra legislación por la cambiante situación económica del mundo, y segundo, para reforzar los derechos de los trabajadores. Porque si vamos a estar en un mundo que exige mayor flexibilidad laboral, es indispensable que los trabajadores dispongan de mejores condiciones para defender sus derechos, y no queden simplemente sometidos a las leyes del mercado o del más fuerte. Ése es el sentido último que tiene el Derecho del Trabajo.
Todos nosotros hemos recibido hoy día un comunicado de la Confederación de la Producción y del Comercio en el que fija su posición ante la indicación sustitutiva del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo. Y se dice en ese documento que de lo que se trata es de lograr un criterio central, que sería el justo equilibrio que debe existir entre la inspiración tutelar de la legislación laboral y la flexibilidad que el nuevo orden internacional exige. Lo expresado es lo mismo que el Gobierno busca y que está en el trasfondo de esta discusión.
En primer lugar, debo señalar que no advierto ninguna relación entre la campaña ideológica que las organizaciones empresariales han lanzado en contra del proyecto, diciendo que la reforma es un estorbo para el equilibrio económico y para el crecimiento de la economía, y el tono de este documento y las observaciones que se hacen, algunas de las cuales me parecen adecuadas; otras no. Pero no existe relación entre este documento, que constituye una contribución concreta al debate, y, en cambio, las posiciones como de confrontación que se han lanzado sobre esta materia.
En segundo término, considero importante señalar que, respecto de la discusión de las reformas laborales, si bien el señor Ministro ha dicho con justa razón que hay que poner de acuerdo a las partes sociales en su discusión, tal vez ella se ha prolongado demasiado. Porque esto arranca de aquella encuesta que hizo el entonces Ministro del Trabajo del Presidente Frei , señor Arrate , para ver si había o no había satisfacción en el mundo laboral respecto de la aplicación de la legislación. Desde entonces, por años, el país se ha venido dando vueltas en torno de este tema. Habría sido de desear que hubiéramos tenido una solución más rápida en el tiempo.
En tercer lugar, creo que la discusión ha sido muy ideológica. La Honorable señora Matthei lo expresó en sentido contrario al que lo dirá el Senador que habla. Su Señoría considera muy ideológicos a quienes defienden la reforma. Yo, en realidad, creo que son muy ideológicos quienes se oponen a ella. Pero, por angas o por mangas, el hecho es que el debate no se ha centrado tanto en artículos específicos o en su contenido, sino que en una interpretación global del tema, o bien, en una explicación a veces abusiva de lo que podría significar una determinada frase llevada a una interpretación al absurdo. Unos, para demostrar que tal vez esta legislación es muy débil respecto de los trabajadores; otros, para evidenciar, por el contrario, que la normativa en análisis amenazaría la subsistencia de la empresa.
Me parece que el debate ha servido, al menos, para decantar posiciones y que hoy día, tal vez, el voto del Senado, con la abstención de la Derecha -que no calificaré, para no herir sensibilidades- y con el pronunciamiento favorable de la Concertación -pese a que hay opiniones diferentes sobre un artículo u otro-, demuestra que el proyecto entra a una discusión normal en el Parlamento.
Personalmente, tengo dos aprensiones generales que deseo dejar establecidas esta tarde. En primer lugar, creo que el momento para discutir esta materia, cuando la economía no logra recuperar o retomar el ritmo acelerado de crecimiento que había alcanzado, puede ser no muy adecuado, toda vez que se está tocando un punto neurálgico para la vida de la empresa. Por eso, ojalá este asunto se zanje rápidamente.
En segundo término -si entiendo bien-, desgraciadamente nuestra legislación laboral no hace una distinción tan clara y nítida entre pequeña y mediana empresa y la empresa grande. Muchas de las cosas que son muy justas para esta última, pueden ser perjudiciales para las primeras.
Por eso, espero que en la discusión particular este punto se pudiera clarificar, a fin de que la gran empresa -que a veces abusa, incluso se subdivide (como expresó el Senador señor Moreno ) en forma artificial para evadir la legislación laboral- no se ampare en la situación de la pequeña empresa para justificar elusiones, evasiones o transgresiones directas a la normativa del trabajo.
Me parece que ése es un aspecto que debe aclararse bien.
Deseo referirme a las observaciones formuladas por la Confederación de la Producción y del Comercio.
En cuanto al concepto de "empresa", creo que sería conveniente -lo han señalado varios señores Senadores- que se clarificara el punto. No veo problema alguno en que ello se hiciese y se zanjara tal circunstancia.
Respecto de la reducción de 72 a 48 horas de la jornada diaria del personal que trabaja en hoteles, restaurantes, en empresas de telégrafo, teléfonos, télex, luz, agua, teatro, etcétera, creo que la Confederación de la Producción y del Comercio no tiene razón al señalar que ello es equivocado. Porque, si bien tal rebaja va a aumentar el costo de los respectivos empleadores, me parece que las compañías de teléfonos, telégrafo, télex, luz, agua, en general las nuevas cadenas de teatro, cine, y hoteles, se hallan en condiciones más que suficientes para establecer una jornada de trabajo racional y más humana que no sea la de 72 horas.
Acerca de las horas extraordinarias, el proyecto dispone diversas normas muy discutibles, que pueden crear inquietud en los empresarios, pero también en los trabajadores. Porque, de mantenerse el articulado en la forma establecida en el proyecto, quienes gozan del pago de horas extraordinarias dejarán de hacerlo. Por lo tanto, ahí se puede producir una dificultad.
Sobre las jornadas especiales, la Confederación de la Producción y del Comercio no tiene razón en su planteamiento. Me parece que se va a perfeccionar la fórmula para establecerlas sin mayor problema.
En lo que concierne a la flexibilidad laboral para fijar las horas de trabajo, creo que al establecer un piso fijo, claro, que resguarde el derecho del trabajador -que es la parte débil-, habría que confiar en una negociación colectiva, en que los empresarios y los trabajadores puedan fijar con mayor libertad jornadas de trabajo satisfactorias para ambas partes, siempre y cuando se lleve a cabo en una negociación colectiva, de modo que sea un sindicato -uno fuerte- el que negocie con el empresariado y pueda establecer la flexibilidad. No me parece que pueda haber flexibilidad laboral en cuanto a horario si no hay un sindicato, pues, el desnivel entre el patrón y el empleado es demasiado grande. Esto mismo vale para la jornada parcial.
A mi juicio, la objeción que formula la Confederación de la Producción y del Comercio respecto de la obligación de pagar una compensación al trabajador cuando se transforma su contrato de jornada completa en uno de jornada parcial, está equivocada. Porque se trata de compensar aquella parte de indemnización que después va a dejar de percibir.
En cuanto al contrato de trabajo-formación, evidentemente, hay que clarificar el punto. Porque de lo que se trata es que haya cada vez más posibilidad de capacitación de la mano de obra. Ése ha sido todo el sentido de la reforma del SENCE. La fórmula establecida en la iniciativa quizás no sea la más adecuada.
La Confederación de la Producción y del Comercio no tiene razón al oponerse a la reglamentación que establece la indicación del Ejecutivo respecto de las empresas de servicios transitorios y contratos de servicios transitorios. Todos sabemos que ello es cada vez más frecuente y que muchas veces se usa para burlar la legislación laboral.
Asimismo, no parece lógico exigir un reglamento interno a las pequeñas unidades productivas de igual manera que a las grandes. Aquí cabría hacer la distinción a que me referí al comienzo.
Sobre el aumento de los fueros sindicales, el planteamiento de la Confederación de la Producción y del Comercio carece de fundamento, porque se razona el absurdo. Dicha entidad señala que si se establecen tantos sindicatos, negociaciones y otras materias en cada empresa, al final todos los trabajadores van a tener fuero. Sin embargo, ello no se da nunca en la realidad. Me parece que ahí simplemente hay un sensibilidad excesiva de la parte patronal.
En cuanto a los despidos por prácticas antisindicales, debe consignarse con mucha claridad cómo se establece la práctica antisindical. Porque, evidentemente, cualquier trabajador despedido podría decir que lo fue por práctica antisindical. Por lo tanto, debe determinarse con bastante precisión la causal y el mecanismo adecuado para poderla invocar.
Acerca del peligro que reviste la obligación del empresario de informar al sindicato para la negociación colectiva, dicha entidad dice que "resulta inconveniente incluir en ella los antecedentes financieros de la empresa". Al respecto, deseo señalar que ello es totalmente equivocado. Hoy, cuando una empresa está en dificultad, lo primero que hace es informar al sindicato respecto de tal circunstancia, a fin de que éste recurra a los parlamentarios, a los Ministros o al Banco del Estado, para pedir ayuda política con el objeto de salvar la empresa. Por lo tanto, al sindicato debe informársele cuándo la empresa está mal y cuando, bien. Obviamente, puede existir un tipo de información que ayude a otras empresas a competir, ante lo cual el empresario no tendría por qué estar obligado a entregarla.
Por último, sobre el reemplazo en caso de huelga, cabe hacer presente que, según el artículo 381 del Código del Trabajo, la circunstancia en que pueden contratarse reemplazantes es bastante específica, excepcional. Habría que preguntar al señor Ministro del Trabajo o al señor Subsecretario si el contrato de trabajadores de reemplazo durante la huelga es, en la práctica, algo normal. Según lo que yo he visto, en huelgas de empresas del sector privado de la circunscripción que me toca representar, no es lo común. Normalmente, durante la huelga hay una negociación, pero no se contrata tan fácilmente personal de reemplazo, entre otras razones, porque la empresa moderna posee una tecnificación mayor, en que el obrero cada vez se parece más a un técnico. No es algo simple reemplazar trabajadores para manejar máquinas de computación bastante sofisticadas en una determinada empresa.
Por lo tanto, hacer toda una discusión ideológica sobre el reemplazo durante la huelga, cuando se trata de algo muy particular y excepcional, me parece poco adecuado. Creo que la fórmula establecida en la indicación del Ejecutivo es pragmática y que busca lograr un consenso, cuya existencia habrá que verificar en la Comisión.
En cuanto a la negociación interempresas, siempre estuvo claro -salvo que me equivoque-, desde el proyecto que envió el Presidente Frei , que dicha negociación, al final, nunca iba a ser obligatoria para el empresario. Éste se hallaba obligado a contestar lo que le planteaba el sindicato interempresas; pero, después, negociaba con las personas de su propio sindicato. Lo anterior es lógico, por el problema, del cual tanto se habla, relativo a la distinta productividad de las empresas. Sin perjuicio de ello, en algunas actividades, como la de los panificadores por ejemplo, existe la posibilidad de negociar incluso por ramas, lo cual puede ser perfectamente lógico y no representar ningún peligro para la economía. Porque los sindicatos interempresas no desean que quiebren las empresas. La gente no es tan ciega, tan absurda; sino que, por el contrario, tratarán de que ellas tengan un piso común de funcionamiento y que, después, la inmensa mayoría tenga éxito. Si no, dicho sindicato interempresas va a desaparecer. Y es natural que así sea.
En consecuencia, señor Presidente , estimo que debemos apoyar la iniciativa y despacharla luego. Lamento que el plazo para presentar indicaciones sea el 7 de mayo, porque, entonces, su aprobación demorará más. Pero, en fin, ya se fijó esa fecha.
Pienso que debe hacerse una discusión particular lo menos ideologizada posible, en que cada uno plantee su opinión y donde ojalá se logren acuerdos cada vez mayores. No hay que temer, porque éste no es un proyecto "revolucionario", que va a producir la emergencia de la dictadura de los sindicatos, como escuché a algún señor Senador , sino, por el contrario, se trata de tímidas reformas laborales que en algo mejoran la situación del trabajador en un mundo donde el capital tiene todas las de ganar, debido a la globalización y al mercado libre en que estamos inmersos.
Lamentablemente, esta reforma coincide con la difícil situación económica que nos afecta. Además, no siempre se hace una diferencia entre pequeña, mediana y gran empresa. Ojalá que alguna vez ella se establezca claramente.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , deseo hacer algunas reflexiones generales sobre un proyecto que es de suma importancia, y guardar para la discusión artículo por artículo los planteamientos que, a mi entender, habrá que formular.
Pero, en general, quiero destacar que el proyecto -que espero se convierta en ley- es, sin lugar a dudas, un conjunto de normas fundamentales con que debe contar nuestra sociedad.
Ahora bien, esta iniciativa que reviste enorme trascendencia e importancia, a mi juicio, debe marcar, en primer término, correspondencia con el mundo y con el cambio ocurrido durante los últimos años.
En efecto, asistimos quizás a uno de los cambios más grandes sufridos por la humanidad en todo lo referente al aparato productivo. Estamos en presencia de lo que algunos llaman la sociedad de la información, del conocimiento y de la era tecnológica.
El cambio que se está desarrollando ante nuestros ojos es más profundo e imperceptible que el que afectó a la sociedad industrial, el cual, por cierto, marcó capítulos realmente trascendentes en toda la relación jurídica. La mayoría de las legislaciones laborales que perduraron por más de un siglo, de alguna forma, tienen su origen y razón de ser en esos acontecimientos.
Pues bien, ahora, ante un cambio mayor, de más profundidad, no se debe temer, sino abrirse y entrar en una época de reforma de nuestra legislación. Si partimos así, estaremos de acuerdo en que ella debe efectuarse. El problema es determinar qué tipo de enmienda se requiere. Y respecto de esta situación deseo manifestar dos o tres ideas centrales.
La primera, apunta a que el trabajo humano tiene una dignidad tal, porque el hombre es un cocreador. No es cualquier cosa la que tenemos en nuestras manos cuando debemos definir conceptos fundamentales, sino que nos encontramos en presencia, a mi juicio, de algo fundamental, según la visión que cada uno tenga del hombre y de la sociedad.
Para quienes compartimos la idea de que el hombre es un cocreador, por cierto esta iniciativa legal debe guardar correspondencia absoluta con aquel principio.
Situadas así las cosas, tenemos que darnos cuenta de que si colocamos esta legislación dentro del campo valórico que corresponde, ella debe guardar plena armonía con la sociedad en la cual regirá.
Por eso, considero de enorme importancia el planteamiento formulado ayer por el Senador señor Boeninger , en cuanto a que la economía chilena o Chile -si se quiere pensar así- es algo muy especial. Hoy día, 40 por ciento o más del Producto Geográfico Bruto tiene que ver con exportaciones e importaciones. Es decir, somos un país que apunta hacia fuera, donde el dinamismo está marcado por dicha orientación.
Lo que está ocurriendo yo diría que es la consecuencia de la razón de ser de Chile. Durante el siglo pasado, cuando se alcanzó un alto grado de desarrollo, nuestro país fue marcado por una economía dirigida hacia el extranjero, por una economía exportadora.
Nuestro país posee una economía pequeña, y carece de los rasgos de una nación autosuficiente. Nunca los tendrá. Es decir, conviene tener presente esta característica de la economía chilena cuando regulemos las relaciones laborales. Más aún, si consideramos que Chile se halla inserto en un proceso de globalización, donde, además, nos marca una competencia nunca antes vista, obligatoriamente debemos crear las condiciones para que el aparato productivo nacional pueda superar esos desafíos. De modo que la reforma en discusión y los términos de las relaciones laborales que establezcamos deben estar en plena consonancia.
Por eso, cuando legislamos sobre tales materias, es importantísimo tener siempre presente el modelo por el cual el país transita actualmente y que le permite crecer como pocas veces lo ha hecho en la historia.
Por consiguiente, desde ese punto de vista, no me parece bueno ni acertado que algunos señores Senadores "casualmente" planteen como única forma de estar en consonancia con el resguardo de los derechos de los trabajadores conceptos o principios que tuvieron valor hace 30, 40, 50 ó 100 años.
Hoy día la situación es muy distinta, porque hay que ser flexibles y abrirse a nuevas relaciones laborales, donde los trabajadores sean realmente los beneficiados y obtengan una mayor y más justa participación.
Además, es fundamental contar con una buena y fuerte organización sindical. Pero ella tiene que ser fruto de esta nueva economía, donde se reconozcan las diversas etapas que perfectamente deben y pueden darse dentro de la misma, y no ser producto de una sindicación ideologizada, con parámetros de confrontación o de división que nada tienen que ver con la situación actual.
Deseo dar un ejemplo que, en mi opinión, es bastante gráfico. En los preludios de la época industrial, cuando en Inglaterra los trabajadores veían con desesperación cómo eran eliminadas sus fuentes laborales con el ingreso de máquinas que sustituían el trabajo manual en los telares, se rebelaron, y con razón, porque perdían sus fuentes de ingreso. Pero ello fue producto no sólo de la introducción de una maquinaria, sino también porque a Inglaterra, en esos años, se le cerraban los mercados tanto en Estados Unidos como en el continente europeo. Y esto tuvo como consecuencia el que un trabajador, que fue famoso por su apellido, destruyera las máquinas y diera comienzo a un proceso que se conoció como el "ludismo", donde muchos cientos de maquinarias fueron destruidas.
Mirada en la perspectiva del tiempo, esa reacción natural, aparentemente explicable desde cierto punto de vista, sin duda que no lo era si la analizamos teniendo en vista el desarrollo de una Inglaterra moderna que sentó las bases de sistemas de producción que terminaron beneficiando a los trabajadores.
Tal circunstancia selló la suerte de otras actividades que tuvieron bastante importancia en el siglo XIX. Por eso, creo que mantener hoy una visión estática de este proceso podría llevarnos a repetir acciones que el tiempo se ha encargado de demostrar que eran equivocadas.
Personalmente, y lo digo con toda tranquilidad, tengo la mejor disposición para aprobar el proyecto en debate, pero desde ya debo precisar que algunos de sus conceptos no van en la dirección correcta, como sucede con la negociación interempresas, respecto de la cual plantearé mis argumentos durante la discusión en particular, como también sobre la contratación o recontratación para evitar o enfrentar una huelga, en la forma como la que actualmente está consagrada en nuestra legislación.
Finalmente, considero muy importante advertir que algunas de las facultades que hoy se entregan a la Dirección del Trabajo se apartan también de lo que debe ser una buena legislación laboral. A la Dirección del Trabajo le corresponde aplicar la ley, pero no debe tener facultades jurisdiccionales. Para eso están los tribunales del Trabajo. Creo que todo lo que se aparte de las funciones propias de esa Dirección, va por un camino equivocado y nos puede conducir a situaciones muy diferentes de las que pretende el legislador.
Por eso, me declaro partidario de aprobar en general la iniciativa, y también de la posibilidad de analizar durante la discusión en particular algunas de las disposiciones que, a mi juicio, no van en el sentido que hoy se necesita para contar con un potencial de desarrollo y una fuerte organización sindical en el país. Y estimo que aquí un cambio laboral debe ir acompañado de otras enmiendas necesarias en la sociedad chilena, que permitan a los trabajadores el acceso a una mayor especialización y capacitación. Lo anterior implica un cambio sustancial en otros ámbitos de nuestra sociedad, cambio cuya materialización es fundamental, porque, en caso contrario, por muy buena que sea la legislación que tengamos al respecto, nos vamos a ver enfrentados a situaciones sin solución. Necesitamos de un cambio social profundo para que haya equidad; necesitamos, en una época donde cada día hay mayores y nuevos desafíos, contar con una economía competitiva. Para ello, Chile debe fundamentalmente incurrir en cambios tales que permitan a la sociedad chilena aspirar realmente a una economía desarrollada, gracias a la fuerza y capacidad de su gente, no basada solamente en la exportación de materias primas o de productos secundarios. Todo esto debe constituir un haz de medidas que, en conjunto con una legislación adecuada, nos permita entrar con mucha fuerza en este siglo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente , se encuentran en debate las modificaciones al Código del Trabajo que, entre otros aspectos, establecen nuevas modalidades de contratación, novedosas características al derecho de sindicación y a lo que se refiere a la negociación colectiva. Esto último es lo más relevante.
Es necesario puntualizar que nuestra actual Carta Fundamental asegura a todos los habitantes de la República la libertad de trabajo y su protección. También especifica que la forma de normar la negociación colectiva entre empresas y trabajadores es atribución legal exclusiva del Presidente de la República .
En el proyecto en análisis, se amplía notablemente el espectro de trabajadores que pueden acogerse a ese eventual beneficio de agruparse en sindicatos, pues en la actualidad solamente el 10 por ciento de la fuerza de trabajo se encuentra sindicalizada y con la capacidad suficiente para establecer una negociación colectiva válida y beneficiosa para ambas partes intervinientes.
A fin de legislar de manera adecuada, es imprescindible tener presente las situaciones por las cuales atraviesan la economía nacional y las del mundo actualmente globalizado. Con el proyecto en análisis, se pretende dar la posibilidad de iniciar negociaciones colectivas que tenderán necesariamente a encarecer el producto de las empresas, no solamente de las grandes, sino, quizás, con mayor repercusión, de las medianas y pequeñas.
Permítaseme recordar que en su oportunidad, durante la Administración del Gobierno Militar, se implementó la legislación del Código del Trabajo incorporando a nivel de garantía constitucional la facultad para asociarse laboralmente, modificando entonces la Constitución de 1925.
Debido a la desorientación ideológica de esa época, el Gobierno, Militar, al asumir el poder -cada uno podrá interpretarlo como quiera-, ejerció su legítimo derecho de aplicar las normas legales, siempre orientadas para recuperar el nivel socioeconómico tan profundamente deteriorado como consecuencia de la efervescencia política desbocada.
Igualmente, nunca dejó de reconocer el principio básico del derecho a la sindicalización. Cierto es que lo limitó, pero jamás lo negó. No se ampliaron esos derechos en ese entonces, pues ello no era aconsejable frente a la situación económica que vivía el país, y haciendo una evaluación del panorama económico mundial, dividido entonces ideológica y materialmente en dos bloques antagónicos.
Después de diez años de Gobierno de la Concertación, y habiéndose escogido el peor momento por el que atraviesa la economía nacional, en forma abrupta se pretende legislar sobre materia de tanta trascendencia. Recordemos que el Ejecutivo elaboró un proyecto al que, en plena tramitación, le sustituyó por otras algunas ideas matrices. Y ahora, a esta iniciativa se le asigna "simple urgencia".
Mayores pormenores sobre el proyecto no son materia de esta intervención. No estoy en contra de los derechos de los trabajadores -todo lo contrario-, pero debe sopesarse el equilibrio entre la clase laboral, la empresarial y el momento socioeconómico que vive el país.
El Gobierno, como empleador, no tiene nada que temer de sus dependientes, pero debe considerar el impacto que disposiciones legales, quizás poco apropiadas, pueden producir en inversionistas o empresas nacionales o extranjeras.
Los Estados que compiten en producción se rigen por normas laborales flexibles. En cambio, con este proyecto, si no se lo modifica sustancialmente, se logrará una rigidez que no fomentará ni el empleo ni la buena relación entre quienes invierten y aquellos que ejecutan labores productivas. Si producimos poco, en forma costosa, con interrupciones amparadas por la ley durante el período de trabajo, obviamente no vamos a poder competir con Estados que cuentan con empresas desarrolladas, tecnificadas y con costos menores de producción.
El proyecto trata de incorporar determinadas disposiciones con el evidente propósito de politizar la situación sindical, actitud que, de no examinarse con detenimiento en el Senado, puede provocar inquietud en el campo del trabajo, similar a la que vivimos hace treinta años. No podemos olvidar que los trabajadores agrícolas quedan sujetos a estos mismos principios legales.
Cabe considerar la ausencia de una cultura cívico-laboral que forme criterios equilibrados y que no vea en la sindicalización una forma de lucha entre el capital y el trabajo. Debido a la ausencia de la suficiente preparación de aquello que denominé "cultura laboral sindical", fluye como consecuencia lógica que, en estas circunstancias, son unos pocos, los más audaces, quienes se benefician ante la pasividad de la mayoría.
Finalmente, quisiera decir que existen instituciones creadas en el proyecto que son muy rescatables y podrán ser analizadas en la discusión particular, si se aprueba la iniciativa en general.
Desde luego, estaré siempre dispuesto a revisar el proyecto y buscar la mejor solución para los trabajadores, los empresarios y el país. Pero, por ahora, mi voto será de abstención.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente , los nuevos desafíos que el siglo XXI nos impone obligan a estar permanentemente revisando la legislación vigente para mantenerla acorde a las necesidades y requerimientos de estos nuevos tiempos, para que, de esta manera, el ordenamiento jurídico constituya una vía eficaz y eficiente que responda, en forma adecuada y oportuna, a los problemas de la época actual.
Es así como el campo laboral clama por una urgente modernización de distintos tópicos tan básicos y esenciales como la incorporación y regulación de las nuevas formas contractuales y el fortalecimiento de los derechos fundamentales del trabajador, teniendo como criterio central el equilibrio y equidad de las relaciones laborales.
La urgente modernización de la legislación laboral se hace presente en reiteradas ocasiones, en las que ha quedado de manifiesto que el actual sistema es insuficiente e incapaz de amparar las garantías laborales básicas, promoviendo la falta de confianza en el sistema por parte de los trabajadores, lo que, sumado a la coyuntura económica actual, al proceso de globalización de la economía y a la falta de generación de empleos, hace urgente esta reforma.
Conjuntamente con lo anterior, cabe destacar que nuestro país presenta ventajas importantes en el campo laboral, como la existencia de relaciones armónicas en el sector privado y público, con un nivel bajo de huelgas y remuneraciones acordes con el mercado, todo lo cual se ha desarrollado en el marco de una economía sólida con altos índices de crecimiento.
En este contexto, que es optimista, de que la reforma en debate traerá modernización, equidad y resguardo a los derechos laborales, junto con un aumento en la generación de empleo, apoyaré esta iniciativa, pues ella envuelve una serie de aspectos positivos dignos de destacar.
En primer término, el proyecto establece una política de fortalecimiento, promoción y mejoramiento de los estándares de la negociación colectiva al interior de las empresas, ampliando su ámbito de cobertura a la llamada flexibilidad pactada, en donde tanto el empleador como el trabajador puedan extender esta modalidad a materias que van más allá de la negociación colectiva, transformando esta instancia en un campo de cooperación y no de confrontación, destacando, además, la incorporación a este tipo de negociaciones a los trabajadores transitorios y eventuales, tan marginados de la actual legislación.
Asimismo, la nueva propuesta adecua la legislación laboral al Convenio Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile, declarando contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación en contra de los trabajadores, ya sea por raza, color, sexo, sindicación, religión, etcétera.
La incorporación de nuevas modalidades de contratación, producto de las crecientes transformaciones del mercado laboral, como el contrato de teletrabajo y el contrato de trabajo formación, constituye una respuesta a las nuevas exigencias del mercado.
Otro aspecto positivo es la regulación de las empresas de servicios transitorios, que contratan a trabajadores para suministrarlos a terceros para actividades transitorias, lo que hará posible identificar con claridad al responsable del cumplimiento de las leyes laborales.
Finalmente, aspectos como la flexibilización y adaptabilidad de la jornada de trabajo, que permitirá una mayor incorporación de la mujer al campo laboral; la protección contra las prácticas antisindicales; y el establecimiento de mecanismos idóneos para el adecuado ejercicio de los derechos laborales constitucionales por parte del trabajador, constituyen aspectos positivos de la iniciativa, los cuales contribuirán a una mayor legitimación del sistema jurídico laboral vigente.
No obstante lo anteriormente expresado, deseo hacer algunas observaciones a ciertos elementos contenidos en el proyecto que resultan perjudiciales para los objetivos perseguidos por él mismo, pero que, sin embargo, pueden ser subsanados en los futuros trámites legislativos.
En efecto, en primer término, no comparto la eliminación del concepto de empresa contenida en el proyecto, puesto que genera un vacío legal peligroso, en circunstancias de que el articulado actual, que contiene dicha definición, no ha dado lugar a dificultades.
Asimismo, es inconveniente considerar como una sola empresa los predios agrícolas que sean explotados por un mismo empleador, cualquiera que sea el lugar donde éstos se encuentren, pues ello podría traer efectos indeseables y peligrosos.
Por otra parte, la forma de pactar las horas extraordinarias; la rigidez establecida para pactar las jornadas especiales, quedando esta facultad entregada completamente a la Dirección del Trabajo; la limitación injustificada de la jornada parcial; el pago de compensación por la transformación del contrato de jornada completa a parcial; el pago extraordinario del tiempo destinado a la capacitación de los trabajadores, y el pago de un bono por la contratación de reemplazantes en una huelga, constituyen tópicos que restan conveniencia a estas figuras, incrementan los costos del empleador y traen, por consecuencia, un impacto negativo en la competitividad de las empresas.
Por último, el aumento exagerado de los fueros y multas; las excesivas formalidades exigidas a los convenios colectivos; el alcance preocupante de las llamadas prácticas antisindicales, constituyen, a mi modo de ver, aspectos que ponen obstáculos a las relaciones laborales, lo que entrabaría la generación de empleos, objetivo tan anhelado por esta iniciativa.
Votaré a favor el proyecto, esperanzado en que la presente reforma asegurará un buen nivel de bienestar económico y social a los trabajadores, puesto que un equilibrio adecuado entre las relaciones empleador-trabajador es la piedra fundamental de estabilidad en el campo laboral, otorgando ganancias para el empleador y dignidad para el trabajador, situación esencial para el desarrollo de una economía fuerte y creciente.
Termino esta intervención invitando a seguir convocando a los distintos sectores sociales a participar en el proceso de diálogo social con la finalidad de lograr acuerdos necesarios que puedan contribuir en forma fundada a lograr una legislación ecuánime, justa y con un alto grado de legitimación del ordenamiento jurídico laboral, que deje conforme y satisfechos a empleadores, trabajadores y al país entero.
Votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El último Senador inscrito para intervenir es el Honorable señor Núñez, a quien dejo con la palabra.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , lamento no haber podido participar en la discusión que ayer sostuvo el Senado respecto de esta materia. De modo que varios de los temas a que me referiré en forma breve y tangencial, seguramente han sido abordados por los demás Senadores de estas bancadas.
Estoy francamente preocupado por el debate que se ha desarrollado en el país en el último tiempo a propósito de esta materia.
Entiendo que pueden existir muchas y grandes diferencias -lo cual es perfectamente legítimo- entre empresarios y trabajadores. También éstas pueden darse en las bancadas de Oposición y de Gobierno. Es saludable que en democracia existan diferencias. Pero no me parece conveniente que muchas veces se digan cosas que no corresponden a la verdad, o por lo menos a la que uno teóricamente cree que efectivamente se ha ido construyendo en el país.
Una de esas afirmaciones es que los trabajadores en general son contrarios a la modernidad, al desarrollo del país y de las empresas. Lo cierto es que se deja a un lado un hecho que es de pública notoriedad y que, seguramente, quedará grabado en el país: Chile ha llegado en los últimos diez años a tasas que se han logrado no sólo por la capacidad empresarial existente en el país, por el respaldo que las políticas económicas generaron al mundo empresarial, sino, también, gracias a los trabajadores.
Si no hubiésemos aumentado la productividad como lo hemos hecho en nuestro país, donde actualmente tenemos trabajadores mejor calificados, donde empresas tan importantes como CODELCO están en los primeros niveles del mundo en materia de productividad, es indudable que no habría existido un proceso de modernización -lento o avanzado, da lo mismo; a lo mejor tenemos visiones distintas respecto de ese fenómeno- si los trabajadores no hubieran contribuido de manera decisiva al desarrollo del país.
Otra afirmación: los trabajadores no se interesan en el crecimiento económico de Chile, no entienden lo que es la globalización.
Lo cierto es que, cuando uno conversa con ellos -uno entiende que los Senadores de Oposición no dialoguen mucho con los trabajadores y que, normalmente, éstos vengan a nuestras bancadas; puede que algunos hablen con Parlamentarios de las bancadas de enfrente-,...
La señora MATTHEI .-
¡Sería bueno que Sus Señorías se contactaran también con empresarios!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego evitar los diálogos.
El señor NÚÑEZ.-
...percibe que la mayor parte tiene una concepción muy clara sobre el fenómeno de la globalización. No es efectivo que no entiendan lo que está sucediendo en el mundo, y particularmente, lo que significan las economías competitivas.
He participado en Chile en seminarios organizados por entidades de otros países acerca de cómo se entiende el sindicalismo en el mundo globalizado, en este proceso tan complejo y difícil que se está viviendo universalmente y cuyos esquemas de futuro a veces son impredecibles.
Se ha dicho que en nuestro país tenemos una legislación laboral casi modelo en América Latina. Pero eso no corresponde a la verdad.
Atentamente, he leído artículos publicados en diarios y revistas nacionales y escuchado a altos dirigentes empresariales. Y mi conclusión es que no conocen el desarrollo que han tenido las relaciones laborales modernas en otros países de Latinoamérica, como México, Argentina, Uruguay , donde sin mayores traumas se han generado condiciones bastante distintas de las existentes en Chile.
En consecuencia, lamento que se hagan afirmaciones que, al menos en mi concepto -por decirlo de manera suave-, no son correctas.
Se ha sostenido en los últimos días, y particularmente en el debate de esta tarde, que ha habido una discusión poco elevada, poco seria, acerca de las relaciones laborales existentes en nuestro país y que más bien se ha tendido a ideologizar el tema.
Convengo en que a lo mejor ha habido posiciones ideológicas. Empero, señor Presidente , creo que no se debe temer a las ideologías, pues son sanas, en la medida en que no interfieran en el análisis riguroso y en el diagnóstico justo que se deben hacer respecto de lo que tenemos en este momento en Chile en materia de relaciones laborales.
¿Existe objetivamente libertad sindical en Chile, al menos la establecida en los Convenios Nos. 87 y 98 de la OIT?
Si se analiza seriamente lo que ocurre en nuestro país en esta materia, se infiere que tal libertad puede hallarse consagrada en el papel, incluso en el Código del Trabajo, pero en la realidad no se está ejerciendo plenamente. Los trabajadores son mucho más perseguidos que en otras épocas de nuestra historia. Son perseguidos en empresas pequeñas y grandes; en éstas, menos que en aquéllas (¡y para qué hablar de las medianas!). Y ello ocurre no sólo en los sectores más débiles de la economía del país, como el agrícola, sino también en otros bastante más poderosos desde el punto de vista de sus implicancias en la economía nacional, como el minero.
¿Se respeta el fuero sindical?
En la Región que represento recibo semanalmente a dos o tres dirigentes sindicales que dicen estar a punto de ser despedidos.
Pero hay algo peor: a muchos de ellos se les compra el fuero sindical. Y me duele que no pocos lo vendan. Ello, porque se ven en una situación tal que saben perfectamente que si la negociación falla, si tienen algún desliz, seguramente no seguirán siendo dirigentes sindicales y perderán el fuero. En consecuencia, lo primero que hacen es venderlo. Y eso, naturalmente, ha generado una situación lamentable respecto de cómo se está manejando esta maeria en nuestro país.
¿Existen prácticas antisindicales en Chile?
Señor Presidente , lo cierto es que -basta observar- a diario, a cada momento, trabajador que desea organizar un sindicato, en cualquier empresa, normalmente es echado si no está resguardado en debida forma por la Dirección del Trabajo, organismo que -digámoslo con franqueza; aquí se halla presente el señor Ministro del ramo- no tiene la capacidad requerida para fiscalizar a la enorme cantidad de empresas pequeñas, medianas y grandes existentes. Habitualmente, cuando un empresario o un gerente sabe que se va a formar un sindicato, quien lo está organizando es despedido. ¡Así de simple!
Hay otras prácticas antisindicales, como la de dividir artificialmente los sindicatos. El hecho objetivo es que, si uno de ellos reúne demasiados socios, para generarle contradicciones internas se le divide, por decisión, no de los trabajadores, sino fundamentalmente de la empresa. Ello motiva que a veces, sin razón alguna, existan hasta cuatro sindicatos en una empresa con un solo rubro de producción.
Durante los últimos días hemos tenido un gran debate respecto del derecho de huelga. Y uno escucha decir, por ejemplo, que tal derecho forma parte del pasado; que no debe existir en una economía competitiva como la nuestra, sobre todo cuando 80 por ciento de la capacidad productiva está comprometido en las exportaciones; que no ha de facilitarse su ejercicio.
Sinceramente, considero que esas aseveraciones constituyen un retroceso. Nunca había oído decir que la huelga es un factor que puede perturbar -entre comillas-, no sólo las relaciones sociales, sino también la vida económica del país. Eso no ha sucedido en naciones muy importantes del mundo. En Francia, España e Inglaterra, países bastante más desarrollados que el nuestro, normalmente se producen huelgas. Y a nadie se le ocurre poner trabas a éstas. Y son naciones -repito- harto más avanzadas que Chile, que han vivido la globalización de manera más intensa que nosotros y que, por cierto, tienen una enorme disposición a enfrentar este tipo de desafíos desde otra perspectiva.
Ahora bien, no me gusta la idea del reemplazo. ¿Por qué, señor Presidente ? Porque mediante los mecanismos "chilensis" comúnmente utilizados, se trata de "buscar las cinco patas al gato" para evitar que un derecho pleno que asiste a los trabajadores se ejerza de manera decisiva. El reemplazo, en la forma como está planteado, no me convence. Lo estudiaré con mayor detenimiento. Lo he conversado con el señor Ministro y, también, con dirigentes sindicales. Empero, lo cierto es que en la práctica el reemplazo existe...
La señora MATTHEI .-
¡Falta que Su Señoría converse con Sebastián Edwards!
El señor NÚÑEZ.-
Lo haré, Honorable colega. No tengo ninguna relación amical con él, pero entiendo que fue militante de mi Partido (¡que alguna vez tuviéramos un Edwards...!).
¿Existe una jornada laboral justa y humana en Chile?
¡Por favor! Los últimos informes de la OIT -y no lo inventamos en estas bancas- señalan que Chile es uno de los dos o tres países donde más se trabaja.
No es para enorgullecernos que aquí normalmente se labore 12 horas diarias (y no sólo en los restoranes). ¡12 horas al día! La gran lucha que dieron mi padre, mi abuelo y, seguramente, mis otros más cercanos ascendientes fue por la jornada de ocho horas. Pero en Chile se trabaja hasta 12 horas diarias.
Es cierto que se requiere mayor flexibilidad. ¿Pero es justo y humano, por ejemplo -están presentes un señor Diputado y una señora Senadora que representan a la zona norte-, que en algunas empresas mineras se trabaje a veces siete por cuatro o quince por seis?
¡Eso es inhumano, señor Presidente ! ¡Significa destruir la familia! A todos aquellos que levantan banderas en su defensa les digo que por ese solo hecho se está destruyendo crecientemente la familia en nuestro país. Lo vemos en el norte, en la zona minera, donde un trabajador normalmente debe permanecer hasta 15 días metido en una mina, a 4 mil metros de altura. Y, obviamente, su familia -especialmente los hijos- no soporta tal situación.
Ése es un tema humano. No se trata sólo del Código Laboral, cualquiera que sea. Es un hecho real. Y no lo inventamos en estas bancas. ¡Seguramente, la OIT...! Pero es cierto y existe. Es cosa de que cada uno de nosotros vaya al norte y converse con los trabajadores sobre lo que eso les implica en términos de salud, no sólo ocupacional, sino también sicológica.
Se ha abierto un gran debate respecto de la negociación interempresas. Yo quisiera que ella existiera, y que no fuera voluntaria, sino obligatoria. Pero sucede que hay una realidad muy grave en Chile: no existen sindicatos con capacidad efectiva de negociación interempresas, pues vastos sectores de la economía nacional no se hallan sindicados. Porque los grandes, al final, igual negocian, ya que tienen peso (los pocos que lo tienen).
No se trata, pues, de armar aquí una gran discusión respecto del tema. Pero lo cierto es que en mi concepto, si deseamos relaciones laborales justas, equitativas, la negociación colectiva interempresas no debe ser algo que nos lleve poco menos que a suicidarnos como país, dado que tendrá lugar un descalabro económico, que Chile retrocederá veinte años, en fin. Ello es absurdo: implica no observar el mundo, no saber lo que sucede en naciones bastante más desarrolladas que la nuestra.
Me pronunciaré a favor de la idea de legislar, señor Presidente . Sé que la tramitación venidera será bastante difícil. Ojalá que se abran posibilidades de llegar a acuerdos muy sustantivos. Por mi parte, tengo la disposición de trabajar bien el tema del reemplazo, el de la negociación colectiva, el de la flexibilidad. Comparto la crítica en el sentido de que el proyecto no precisa claramente un concepto de empresa que permita, no sólo definirlo en términos del Código, sino también hacerlo instrumental para los efectos de las negociaciones.
Estimo muy importante que en el próximo período, en las tres semanas con que contamos, podamos llevar a cabo un gran debate, y no únicamente centrado en la Comisión de Trabajo, pues creo que el asunto, por desgracia, ha trascendido los límites de un organismo técnico como ése. Espero, en consecuencia, que todos mis Honorables colegas puedan participar más activamente en la labor de esa Comisión.
Por tales razones, voto favorablemente la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde que el señor Secretario tome la votación nominal de los señores Senadores cuyo pronunciamiento aún falta.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , quisiera destacar en mi fundamentación algunos elementos que juzgo necesarios.
Primero, hago notar que no es incompatible que el Gobierno impulse un diálogo social antes de traer los proyectos al Congreso. Ello no limita a los Parlamentarios para exponer su opinión, ni tampoco la búsqueda de los acuerdos que se pueden lograr en el Senado. Por lo tanto, creo que no surge tal impedimento, a diferencia de lo que escuché a algunos Honorables colegas, quienes estimaban la situación poco menos que nefasta. Me parece que es al revés: el hecho de conseguir que un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo exhiba cierto nivel de consenso o acuerdo es un paso importante para su legitimidad.
Segundo, preocupa que en el mundo globalizado, donde el movimiento sindical se encuentra tan débil, se vaya registrando dentro de la relación laboral un abuso susceptible de generar una tensión social muy fuerte, la cual puede traer consecuencias negativas para el país, porque viene acompañada de la violencia, y ésta origina, desde luego, inestabilidad.
Deseo aclarar, también, algunos antecedentes dados a conocer aquí sobre la creación de empleo.
La Honorable señora Matthei , entre otros Senadores, planteó que desde 1987 se observó en aquel ámbito un ritmo bastante superior a lo ocurrido a partir de 1990. Es absolutamente cierto. El país vivió en la primera mitad de la década de los ochenta una crisis económica de envergadura, en que retrocedió alrededor de 17 por ciento, llegando a una cesantía de 10 por ciento. Y, como es natural en un proceso económico, existió en los primeros años posteriores una recuperación lógica: se recobraron puestos de trabajo perdidos con anterioridad. Por lo tanto, tuvo lugar una creación de empleo bastante fuerte producto de que se venía saliendo de la crisis económica. De allí que habría sido interesante que los cuadros proporcionados comprendieran unos cinco años hacia atrás, con lo cual se habrían explicado por sí solos.
A mi juicio, cuando se expresa que los empresarios deberán optar entre una nueva tecnología y contratar nuevos trabajadores, no es así. Tenderán a la tecnología nueva porque es razonable que la incorporen si quieren competir. La diferencia entre países como el nuestro y los desarrollados se halla en que en aquéllos el punto radica en la educación. En Europa, en Estados Unidos, es bastante más fácil que en Chile preparar a un trabajador para las nuevas tecnologías. Y, por ello, el procedimiento que usan aquí los empresarios cuando deben incorporar una transformación tecnológica es despedir personal y contratar trabajadores nuevos, ya que la exoneración les sale muy fácil. La legislación laboral es muy abierta para permitirlo.
Por último, señor Presidente , deseo manifestar mi preocupación -y no me referiré a la gente de la bancada opositora, pues conocía su argumento- por las intervenciones de algunos Honorables colegas que apoyaron el proyecto. Ellos dejaron en claro que harán indicaciones que, desde mi punto de vista, presentan un inconveniente bastante grave para el éxito de la iniciativa, porque, en el tono en que las han planteado, coincidirán con la apreciación que la Oposición sustenta sobre el texto. Y mi temor es que del Senado salga un proyecto de ley bastante distinto del que ingresó, que ya no satisface, como lo dije ayer, las aspiraciones de los trabajadores. Si efectivamente se formulan esas indicaciones y son aprobadas, creo que se enfrentará una dificultad muy seria: la normativa defraudará a quienes esperaban algo de ella.
Espero que el Gobierno reponga, de todas maneras, lo que fue su intención original en la Cámara de Diputados y que se pueda realizar a la postre un debate en la Comisión Mixta. Sin embargo, la situación augura un trámite bastante complicado, más difícil de lo que algunos podían pensar.
En todo caso, tal como lo anuncié ayer, voto que sí.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, me pronunciaré a favor de la idea de legislar.
Valoro lo que se ha hecho en la discusión en orden a analizar cómo podemos resolver mejor el tema de la relación entre el trabajo y el capital, lo que se halla ligado directamente con la empresa, en definitiva.
La posición a que adherimos los Senadores de estas bancas nació en su momento con miras al respeto de una vinculación armónica de esos dos factores, en medio de la lucha entre ambos en aquel entonces, y para abordar algo que parecía propio de nuestra filosofía, en el sentido de ocuparse de la conciliación entre el bien común, el capital y el trabajo, velando siempre por lo que nos parecía esencial: en esa complementación, el eje central era el trabajo. Lo demás constituía un instrumento para que este último fuera una forma de dignificación del hombre y de la mujer, y, por lo tanto, se debía buscar el modo como en esa estructura la remuneración también lo fuese.
Alguien podrá decir que ésa es una visión antigua, obsoleta. La verdad es que los tiempos han cambiado, pero el valor básico del trabajo, frente a los otros elementos en el proceso económico, sigue siendo lo esencial, por lo menos para quien habla y para el resto de los Senadores democratacristianos. Y así lo sostenemos.
Por tal razón, asumimos la necesidad de introducir un cambio en la realidad legal que hoy rige la relación aludida, que no nos satisface. Con prescindencia de cualquier otra aseveración que se formule, sea por una teoría economicista, sea por un análisis coyuntural de algunos aspectos o pensando en qué es mejor para producir más, sobre la base de asignar prioridad a la producción y no a lo que constituye el eje central del proceso, que no es otra cosa que el valor del hombre insertado en el crecimiento, nadie puede negar un desmedro de los trabajadores en la economía abierta, habiéndose dictado en años pasados, además, una legislación que durante mucho tiempo los limitó y transformó la relación entre ellos y el empresariado de mayor fuerza en algo absolutamente desligado de los grados de equidad que quisiéramos.
Votaré favorablemente en virtud de esas consideraciones. porque espero que lleguemos a los acuerdos aquí mencionados, para mejorar la legislación. Pero también deseo señalar con mucha claridad que tales concordancias no pueden forzar ninguna factibilidad de un proyecto que termine por ser contrario a las ideas matrices expuestas, en cuanto a que la ley laboral debe significar una mejoría en la situación de los trabajadores y no sólo una mayor capacidad de producción. Porque si ello ocurre se invertiría, a nuestro juicio, la legitimidad de cómo deben llevarse a cabo los procesos en una sociedad moderna y solidaria.
Finalmente, no me parece razonable que se peyorice la discusión cuando se habla de ideas o de ideologías, o se plantee la necesitad de buscar una fórmula puramente técnica respecto de lo que debe hacerse, sin entender algo que para mí es clave: la relación entre el mundo del trabajo y el del dinero. La actividad económica en una sociedad donde ella resulta esencial y es mucho más fuerte de lo que era antiguamente, en un mundo que más que una cultura universal parece una fábrica universal, debe construirse sobre la base de ideas y de criterios.
La política -y cuando se habla de politización se usa la palabra- es el arte de construir las ciudades, las sociedades y el mundo, todo lo cual se hace sobre la base de ideas y prioridades. Para nosotros, la ley laboral debe resguardar fundamentalmente el rol de trabajador, y si se plantea la duda técnica en cuanto a dónde debe apuntar la norma, si al que cuenta con mayor capacidad económica o a quien no tiene otra cosa que su propio trabajo, no vacilamos, aunque en un momento determinado pudiera pensarse en su rediscusión. No somos poseedores de toda la verdad, ni tampoco creemos que lo que señalamos es la razón. Pero hay criterios que nos movilizan.
En lo que a mí concierne, si tengo una duda de esa naturaleza, me quedo con los dichos de Santo Tomás, que no pierden su vigencia. En la duda técnica sobre quién tiene la razón, si el pobre, que no cuenta con nada, o si alguien que lo tenga todo, opto por el primero. Tal vez me equivoque, pero es probable que, a la luz de mi visión cristiana y humanista, lo haré menos veces que si me inclinara por la otra alternativa.
Señor Presidente , esta iniciativa permitirá desarrollar un debate -que ya se ha iniciado-, y espero que su resultado apunte hacia lo que estamos señalando, para lo cual es importante recoger la opinión de todos los sectores.
Sin embargo, para ser franco, no es el crecimiento el que da dignidad al trabajador, sino que éste, laborando con equidad y dándosele la posibilidad de participar en ese crecimiento, alcanzará el desarrollo que hoy todos buscamos.
Voto que sí.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , la realidad laboral también es función de la actividad económica y de las realidades sociales y culturales de Chile. Ciertamente, todos estamos buscando condiciones de dignidad y oportunidades de trabajo. En el contexto de la desocupación, estos planteamientos tienen una connotación distinta de los que pueden expresarse respecto de una situación más cercana al pleno empleo.
Si se revisan las diferentes alternativas que hoy se dan en el país, particularmente en el área de los recursos naturales -bosque nativo, forestación, acuicultura-, se verá que prácticamente todas las actividades productivas están entrabadas.
En el sector pesquero, a través de la ley que estableció un límite máximo de captura por armador, en alguna medida se dieron reglas claras para un mejor sustentación al empleo. Pero se trata de una norma transitoria cuya vigencia es de dos años. Por su parte, el sector pesquero artesanal, que reúne a más de 80 mil familias en Chile, está bastante desmedrado y complicado.
Si a lo anterior se suma la falta de un ordenamiento territorial que asegure usos compatibles e incompatibles del suelo, así como también los cuerpos de agua y borde costero, podrá apreciarse que los grandes proyectos están siendo frenados por un inadecuado emplazamiento y porque los procesos de evaluación de impacto ambiental inducen a que tales proyectos se vayan "judicializando", por así decirlo. Y como no se llevan a cabo, finalmente las inversiones se van a otro lado.
En lo que respecta al sector de las industrias y servicios, sucede lo mismo.
Por lo tanto, si se analiza esa situación, más las condiciones en que se encuentran las zonas extremas, donde faltan leyes activadoras reales, es posible concluir que hoy día, considerando que las metodologías utilizadas no reflejan en forma exacta la realidad, las cifras indican que más de 488 mil personas están desocupadas. En todo caso, este análisis corresponde hacerlo en otro momento.
Dentro de esa cifra están las áreas que experimentan decrecimiento en la ocupación, y se desglosan de la siguiente manera: industria manufacturera, 6,7 por ciento; electricidad, gas y agua, 5,2 por ciento; agricultura, caza y pesca, 3,4 por ciento; servicios comunales, sociales y personales, 3,4 por ciento; comercio, 2,3 por ciento; minas y canteras, 1,2 por ciento.
A lo descrito, cabe agregar que las oportunidades de capacitación en el país no están siendo bien aprovechadas. En efecto, los recursos del SENCE son muy poco utilizados.
Si a lo anterior se superpone otra dimensión, y que preocupa normalmente a todos los trabajadores, como su futuro y las condiciones de los pensionados, ellos derechamente no las ven positivas. Incluso se mantienen algunas condiciones respecto de las cuales el Estado está profitando, porque si no cumplen el mínimo de las 1.044 semanas de cotizaciones, ni siquiera se les paga algo proporcional. Y, curiosamente, en las zonas extremas, como Aisén, ha aumentado notablemente el índice de suicidios en la tercera edad, debido a su pesimismo y a cierto grado de depresión en que se encuentra ese segmento de la población.
Es necesario buscar una normativa que tienda al equilibrio y armonía entre empleadores y trabajadores, ya que no pueden estar en sectores totalmente distintos o antagónicos. Deben fijarse bases para que, junto con los riesgos que se corren, haya confianza mutua.
Sin embargo, en este proyecto es posible apreciar la introducción de rigideces, aumentos de costos y otros aspectos que benefician a los sindicalizados, en circunstancias de que los no sindicalizados tienen también los mismos derechos establecidos en la Constitución. Daré algunos ejemplos: se entraba de tal manera el desempeño de las empresas de servicios auxiliares o transitorios que las hace casi inoperables; se afecta el derecho de un porcentaje menor de trabajadores de aceptar la mejor oferta del empleador, entregando el monopolio de una decisión a la dirigencia sindical; se agregan costos, que efectivamente hay que evaluar, al reemplazo de los trabajadores en huelga y que pueden constituir un incentivo a la existencia de huelgas; se rigidizan las jornadas especiales de trabajo precisamente en sectores productivos importantes, como la minería, el turismo, la construcción y actividades en zonas aisladas; el término "empresa" queda bastante vago y, por tanto, los alcances de las negociaciones al interior de la misma pueden tener algunos efectos que resulta necesario precisar.
Lo descrito está relacionado con aspectos nuevos.
Entre los antiguos, cabe destacar los siguientes: una mayor burocracia con la obligación de contar con reglamentos internos; algunos conceptos relativos a los fueros laborales; las inamovilidades, y las prácticas antisindicales, que obviamente deben ser definidas en mejor forma.
Por otra parte, se echa de menos lo que hasta la fecha se venía haciendo: estas iniciativas eran el producto de acuerdos en que participaban no sólo el Gobierno y los trabajadores, sino que además los empresarios. Cuando una mesa tiene al menos tres patas no se cae. Y aquí vemos problemas en este sentido.
El Código del Trabajo -insisto- debe contemplar derechos y reglas del juego mínimas que aseguren la dignidad y la compensación correcta al trabajo y la participación no sólo física, sino además creativa de los empleados.
En el proyecto hay aspectos positivos, como el de incluir a los temporeros, algunos casos de fuero y algunas instancias de capacitación.
Creo necesario generar también más fondos relativos a la actividad sindical, de manera que los viajes de sus dirigentes, su participación en foros, etcétera, estén debidamente financiados, y no por las empresas, porque ahí se crean condiciones irregulares o poco transparentes.
Por las razones expuestas, me abstengo, lo cual permitirá introducir perfeccionamientos a la iniciativa durante la discusión particular.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero dejar en claro mi posición en el sentido de que siempre resulta necesario modernizar las relaciones laborales, pero no dejarlas estáticas o rígidas, como desgraciadamente se desprende del debate general del proyecto.
Segundo, estimo de justicia aclarar los argumentos de algunos señores Senadores que descalificaron lo realizado por el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden en materia laboral. Incluso el Ejecutivo así lo hace. Y esto lo considero particularmente peligroso. Se ha sostenido que la discusión se ha efectuado de manera ideologizada. Pero, en verdad, el señor Ministro del Trabajo fue quien lo hizo.
Me ha llamado la atención lo que él expresó en la Comisión, especialmente lo siguiente: "La reforma se situó en un contexto especial, lo que trajo consigo dos carencias: primero, no existió ningún procedimiento de consulta al mundo social y, segundo, se dio en una época de receso parlamentario. Por ello, siempre ha existido un cuestionamiento a la legitimidad del orden laboral surgido en ese momento, ya que no se dieron supuestos que son básicos en este tipo de transformaciones en un sistema democrático, y esos problemas de origen son los que, fundamentalmente, se busca solucionar a través de reformas como las que se vienen planteando en esta oportunidad.".
Aquí está la raíz del asunto y demuestra que se ha ideologizado.
Me preocupa sobremanera el hecho de que a través de esas frases se deje planteado un cuestionamiento completo al orden, al Estado de Derecho que nos rige. Porque después de esto se podrá entrar a discutir todo el sistema general de leyes dictado por intermedio de la Junta de Gobierno -que asumió las funciones de Parlamento-, que es completamente legítimo.
La reforma laboral de esa época fue emprendida con un criterio amplio, moderno, y consultada con diversos actores sociales. Gracias a su realismo y sus principios fue posible enfrentar los problemas y contribuir al espectacular crecimiento experimentado por Chile hasta 1997.
No me parece apropiado impulsar una sindicalización a ultranza, ni tampoco conceder poderes excesivos a los sindicatos. Si así ocurriere, no hay duda de que a poco andar se convertirán en una base potencial de acción política que rompa definitivamente la armonía entre trabajadores y empresarios que exige el mundo moderno.
Por otra parte, es un hecho que a mayor rigidez laboral, mayor es el reemplazo de mano de obra por capital, dejando afuera a las personas con menos capacitación, que son las más débiles.
No quisiera ver aquí una concepción añeja que recrea la vieja visión de que toda la actividad laboral se puede reducir a una lucha de clases. Desgraciadamente, así aparece. El discurso de algunos líderes políticos y sindicales así lo da a entender.
Sabemos que la realidad del mundo contemporáneo es contraria a esa visión. La suerte de unos y de otros -de trabajadores y de empresarios- está en la suerte común de la empresa, y que ésta es más eficiente en la medida en que el binomio trabajador-empresario labora en forma integrada y participativa, produciéndose el efecto adicional de la competitividad. Y ésta es una demanda exigente del mundo de la globalización que se nos viene encima.
Desafortunadamente, ese tipo de situaciones no se refleja en todo el contexto de las reformas propuestas. Espero que las ideas señaladas y otras que se vayan incorporando en la discusión detallada del articulado contribuyan a aclararlas.
Por las razones expuestas, me abstendré de votar. En el debate en particular apoyaré lo que considere más positivo y rechazaré lo negativo o restrictivo.
Hoy la competitividad nos obliga a una mayor flexibilidad y libertad para que las relaciones entre trabajador y empresario sean absolutamente positivas y de beneficio común para ambas partes. Separarlas resultaría sumamente peligroso frente a la demanda de competitividad del mundo moderno.
Me abstengo.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , aunque no puedo votar por haber convenido un pareo con el Honorable señor Pizarro , quiero aprovechar la oportunidad para contestar algunas afirmaciones de los Senadores señores Ruiz De Giorgio y Ruiz-Esquide.
El primero de ellos sostuvo que el crecimiento de la ocupación con posterioridad a 1987 se habría debido a la recuperación de plazas de trabajo perdidas durante la crisis.
Efectivamente, la crisis se produjo en los años 1982-1983. Sin embargo, pese a todas las predicciones de economistas -que hoy son personeros de Gobierno e incluso Senadores, pero que entonces eran de la Oposición-, publicadas en todos los diarios de la época, en el sentido de que Chile no tendría una tasa de desempleo normal sino hasta el 2000, ésta se logró ya en 1987.
Por lo tanto, las cifras de 1987 en adelante que mencioné se refieren a creación de empleos cuando la desocupación había alcanzado porcentajes normales. En consecuencia, en ellas se encuentra corregido ese efecto.
Ahora bien, las mismas personas que señalaban que el empleo no se recuperaría hasta el año 2000 son las que actualmente proponen modificar la legislación laboral. Por desgracia, con tales enmiendas sí demoraremos unos diez años en recuperar el empleo. A mi juicio, ello no se conseguirá hasta que haya cambiado el Gobierno y se vuelva a dictar una ley laboral más flexible.
El Senador señor Ruiz-Esquide aludió a la opción por los pobres. ¡Estoy absolutamente de acuerdo! De hecho, la razón que he tenido para participar en política es, básicamente, una preocupación muy fuerte por los pobres, por su situación económica. La pobreza en Chile es algo desgarrador e inaceptable.
En consecuencia, todos compartimos esa opción por los pobres. La cuestión es si para ayudarlos empleamos buenas o malas recetas. Porque el corazón puede dictar una cosa, pero a veces la razón indica otra. Lo que yo demando y pido es ver qué recetas han probado ser exitosas en otros países y no copiar aquellas que han fracasado en todas partes.
Lamentablemente, con este proyecto -que no puedo sino calificar como pésimo- nos estamos moviendo en la dirección incorrecta: hacia aquellas recetas que durante muchos años en Europa originaron tasas de cesantía muy altas (más elevadas aún que en Estados Unidos), a pesar de tener indicadores de crecimiento relativamente razonables. Porque el crecimiento económico por sí solo no garantiza nada. Lo único que asegura es que pueden crearse puestos de trabajo si las reglas laborales son suficientemente flexibles.
Se ha comprobado que lo único que realmente beneficia a los trabajadores, porque les permite acceder a más y mejores empleos y percibir mayores remuneraciones, es lo siguiente: primero, educación (en cualquier texto sobre cómo crear empleo y mejorar las condiciones de trabajo la educación es clave); segundo, capacitación (capacitar no es lo mismo que educar); tercero, leyes laborales muy flexibles, y cuarto, alto crecimiento.
Esos cuatro elementos en conjunto nos permitirán derrotar la pobreza. Desgraciadamente, a uno de ellos: la flexibilidad en la legislación laboral, lo estamos destruyendo con este proyecto.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos por la afirmativa, 15 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido respecto del artículo 152 bis I.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Cordero, Foxley, Gazmuri, Hamilton, Lavandero, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvieron los señores Bombal, Canessa, Cantero, Chadwick, Díez, Fernández, Horvath, Larraín, Martínez, Pérez, Prat, Ríos, Romero, Stange y Urenda.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Queda despachado el primer informe de la iniciativa.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por nueve señores Senadores, tendiente a respaldar el proceso de paz propiciado por el gobierno y el pueblo de Colombia.
Queda pendiente para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria próxima.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CHADWICK:
Al señor Ministro de Obras Públicas , acerca de CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO CODEGUA.
Al Tesorero General de la República , sobre INSTALACIÓN DE OFICINA DE TESORERÍA EN COMUNA DE PICHILEMU.
Al Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización , SERVIU, acerca de RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CODEGUA (todos de la Sexta Región).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Hacienda y de Economía y al Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción , atinente a REDUCCIÓN DE BENEFICIOS PARA CONTRATAR MANO DE OBRA EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Ministro de Agricultura , al Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal y al Vicepresidente de la Fundación Chile , respecto de INCLUSIÓN DE REGIÓN DE AISÉN EN PROYECTO DE SECURITIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORESTACIÓN.
Al señor Ministro de Agricultura , al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, al Director Nacional de la CONAF y al Vicepresidente de la Empresa Nacional de Petróleos , concerniente a DECLARACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA DE SECTOR DE BAHÍA LOMAS (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Minería , a la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y al Vicepresidente de la ENAP , referente a COSTO DE COMBUSTIBLE DIESEL-CIUDAD.
Del señor LAGOS:
Al señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia , con relación a PLANES DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAR INVIERNO ALTIPLÁNICO EN PRIMERA REGIÓN.
Del señor LARRAÍN.
A la señora Ministra de Educación y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , relativo a SUBVENCIÓN DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES RURALES.
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro del Interior , con referencia a CONCESIÓN DE VISA DE RESIDENCIA TEMPORARIA.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , sobre INCLUSIÓN DE JUBILADOS DE FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS EN PROYECTO DE TÉRMINO DE SOBRECOTIZACIÓN PREVISIONAL.
A los Alcaldes y Concejos Municipales de la Quinta Región , tocante a DISTRIBUCIÓN DE CUPOS EN PROGRAMAS DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS EN SU ELABORACIÓN.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ningún Comité ocupará su turno de Incidentes.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:59.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR MUÑOZ BARRA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE MATERNIDAD O LACTANCIA (2692-07)
HONORABLE SENADO:
l) Existe cierto consenso en la actualidad en torno a la idea de que la comunidad debe establecer mecanismos eficaces que garanticen la protección laboral de sus miembros, en virtud de los cuales logra generar un ambiente proclive al pleno desarrollo de las capacidades personales y a la participación provechosa de los individuos en la vida productiva.
2) A las autoridades les compete articular las condiciones que permitan fortalecer los mecanismos de protección del trabajo, sin que ello signifique afectar el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes para fijar las modalidades del contrato respectivo.
En consecuencia, se trata de la capacidad de las autoridades políticas para decidir un marco regulatorio que cautele el trato igualitario de todas las personas en sus posibilidades de acceso al mundo laboral. Proceder de esta manera constituye, por una parte, un imperativo social que destaca como característica preferente el estricto apego al Estado de Derecho y, por otra, es un elemento que contribuye a afianzar nuestra democracia como un modelo societario y de estilo de vida dado que coloca a las personas como el centro de las decisiones colectivas,
3) En ese orden de ideas, el Numeral 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, luego de garantizar la libertad de trabajo y su protección, prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados eventos.
Pues bien, este principio de no discriminación debería reforzarse para el caso específico de las mujeres que son madres o se encuentran en período de lactancia materna.
En efecto, ambos casos configuran la más típica y difundida discriminación que sufren las mujeres que intentan acceder al mundo laboral. Hasta la fecha el mandato constitucional se ha mostrado insuficiente para evitar esta situación, no obstante que Chile ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los que se ha comprometido a eliminar toda forma de discriminación contra ¡a mujer, así, por ejemplo, con motivo de la Convención suscrita en la materia en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979, promulgada por decreto supremo Nº 789, del Ministerio de, Relaciones Exteriores, de 1989; a propósito de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, promulgada por decreto supremo Nº 830, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1990, y con ocasión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", adoptada el 22 de noviembre de 1969, y promulgada por decreto supremo Nº 873, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991.
4) Debe tenerse presente que en el problema está involucrado un porcentaje relevante de mujeres que han sido madres adolescentes y que pretenden ingresar por primera vez al mundo del trabajo.
Las alarmantes cifras que se manejan hoy permiten suponer que habrá en los años venideros altos índices de cesantía femenina. Al efecto, debe tenerse en cuenta que mientras en 1960 el 15,9% del total de los nacidos era ilegítimo, en 1990 ese total era de 34,3%. En 1994 dicha cantidad se elevó al 39%. En 1990 la incidencia del embarazo adolescente en los porcentajes consignados correspondía al 61% de los nacimientos.
Además, de los cuarenta mil niños que nacen cada año de mujeres menores de veinte años, aproximadamente trece mil trescientos son hijos de estudiantes adolescentes, debiendo advertirse que las tasas más altas de embarazos están asociadas a sectores rurales y de escasos recursos.
Existe una relación evidente, en nuestra opinión, entre el embarazo adolescente y la pobreza, pero, también, hay una clara relación entre la maternidad y las dificultades para acceder a un trabajo mejor remunerado o de mejor calidad.
A lo anterior, se agrega el hecho de que las mujeres que han sido madres solteras sufren serios trastornos efectivos que se traducen en una relación maternal deficitario que afecta en última instancia al hijo. Si la legislación nacional no se ocupa en especial de estas personas, procurando mecanismos de apoyo y de resguardo para las duras condiciones de vida que les toca en suerte, podríamos estar arriesgando el futuro de nuestra convivencia nacional y de nuestras instituciones democráticas.
5) De la lectura concordada y razonada de los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos, entendidos hoy como el mínimo ético de las democracias modernas, se colige que debe darse a la expresión ' "discriminación en el ámbito de¡ trabajo" la interpretación más amplia posible, lo que supone incluir todas las desigualdades de trato que afectan a las personas en esta esfera, así, las relativas a raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro carácter, nacionalidad, origen social, posición económica u otra condición.
El concepto de discriminación laboral, por lo mismo, está íntimamente vinculado al principio de igualdad de trato entre las personas. No sería un derecho abstracto a la igualdad, sino un derecho con contenido preciso.
6) Por lo expuesto, es indispensable incorporar en la Constitución Política una disposición que garantice a las mujeres trabajadoras que no serán perturbadas, privadas o amenazadas en el ejercicio de su derecho al trabajo por motivo alguno que implique discriminar en desmedro de los derechos esenciales que emanan de la propia naturaleza humana, lo cual, a fin de cuentas, no sería más que una explicitación de los criterios consagrados en el inciso segundo del artículo 50 de la Carta Fundamental.
Si el espíritu del constituyente está imbuido del ánimo de proyectar a Chile al estatus de una comunidad radicada firmemente en la modernidad, caracterizada por los valores superiores de una sociedad democrática, como la justicia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la tolerancia de todos los credos y opiniones, así como el fin de los discursos sociales excluyentes y autoritarios, se encuentra en el trance histórico de consagrar normas que reflejen ese espíritu.
Lo dicho se inscribe en el propósito de propender a otorgar una efectiva igualdad de oportunidades a todos los chilenos en materia laboral, en armonía con los fundamentos de un orden social inserto en la modernidad y respetuoso de los valores, tradiciones, sentido de identidad y fortaleza de las instituciones democráticas.
En mérito de lo anterior, y en virtud de las facultades que la Constitución Política de la República me confiere, vengo en presentar el siguiente
Proyecto de reforma constitucional:
"Artículo único.- Intercalase en el inciso tercero del Numeral 160 del artículo 19 de la Constitución Política, entre la expresión lo personal" y la coma que la sigue (,), la siguiente frase, precedida de una coma (,): "en especial aquella que se funda en razones de maternidad o lactancia".".
(FDO.): Roberto Muñoz Barra, Senador.-