Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Sergio Bitar Chacra
- Roberto Munoz Barra
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- DEBATE
- IV
CONFERENCIA TRANSATLÁNTICA INTERPARLAMENTARIA SOBRE CONTROL DE DROGAS
- INTERVENCIÓN : Julio Lagos Cosgrove
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
INTERPRETACIÓN DE ARTÍCULO 56 DE LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Julio Lagos Cosgrove
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Julio Lagos Cosgrove
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
-
COMBATE CONTRA COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- DEBATE
-
INTERPRETACIÓN DE ARTÍCULO 56 DE LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jovino Novoa Vasquez
-
POSICIÓN DE DEMOCRACIA CRISTIANA SOBRE LA POLÍTICA AGRARIA
- INTERVENCIÓN : Rafael Moreno
-
SESIÓN DEL SENADO PARA DEBATE SOBRE POLÍTICA AGRÍCOLA Y SITUACIÓN DEL INDAP
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN
- Rafael Moreno
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
-
SITUACIÓN DE PESCA ARTESANAL EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
REMISIÓN DE FONDOS A MUNICIPALIDAD DE TORTEL. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
MAREA ROJA Y PESCA EXTRACTIVA EN COMUNA DE TORTEL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
INTEGRACIÓN DE COMUNA DE TORTEL. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- "MESA DE DIÁLOGO" EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
DEUDA OPERACIONAL DE HOSPITAL DE COYHAIQUE. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
EVALUACIÓN DE CESANTÍA EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
-
EFECTOS DE INVIERNO ALTIPLÁNICO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- ADHESION
- Jorge Martinez Busch
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
-
ALCANCES A DISCURSO DE PRESIDENTE DE CORTE SUPREMA
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
-
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR MARTÍNEZ EN SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PETICIONES DE OFICIOS
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 26ª, en martes 6 de marzo de 2001
Ordinaria
(De 16:24 a 18:53)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
Acuerdos de Comités
IV Conferencia Transatlántica Interparlamentaria sobre Control de Drogas (intervención del señor Lagos)
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que interpreta el artículo 56 del DFL. Nº 382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, relativo a derechos de agua que indica (2325-09) (se aplaza su discusión y pasa a la Comisión de Constitución)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (2290-10) (se aprueba en general y particular)
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
Posición de Democracia Cristiana sobre política agraria (observaciones del señor Moreno)
Sesión del Senado para debate sobre política agrícola y situación del INDAP (observaciones del señor Larraín)
Situación de pesca artesanal en Undécima Región. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Remisión de fondos a municipalidad de Tortel. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Marea roja y pesca extractiva en comuna de Tortel. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Integración de comuna de Tortel. Oficios (observaciones del señor Horvath)
"Mesa de Diálogo" en Undécima Región. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Deuda operacional de hospital de Coyhaique. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Evaluación de cesantía en Undécima Región. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Efectos del invierno altiplánico en Región de Antofagasta. Oficio (observaciones del señor Cantero)
Alcances a discurso de Presidente de Corte Suprema (observaciones de los señores Martínez y Núñez)
Réplica a intervención del Senador señor Martínez en sesión de 12 de diciembre de 2000 (observaciones del señor Núñez)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrió, además, el señor Ministro del Interior.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 27 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 23ª y 24ª, ordinarias, en 16 y 17 de enero del presente año, respectivamente, que no han sido observada.
El acta de la sesión 25ª, ordinaria, en 23 de enero del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia que hiciera presente para el despacho de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que establece normas legales para combatir la evasión tributaria. (Boletín Nº 2.572-05);
2) Proyecto de ley que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles. (Boletín Nº 2.592-15);
3) Proyecto de ley que establece un seguro de cesantía. (Boletín Nº 2.494-13);
4) Proyecto de ley que establece plazos para el procedimiento administrativo y regula el silencio administrativo. (Boletín Nº 2.594-06);
5) Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. (Boletín Nº 876-09);
6) Proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas. (Boletín Nº 855-03);
7) Proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias. (Boletín Nº 1.148-05);
8) Proyecto de ley que reemplaza el Título IV de la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, referido al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. (Boletín Nº 2.436-15);
9) Proyecto de ley que regula la constitución y organización de los equipos de fútbol profesional y establece normas especiales que los rigen. (Boletín Nº 2.148-02);
10) Proyecto de ley que prohíbe el ingreso al territorio nacional de desechos provenientes de terceros países. (Boletín Nº 150-11);
11) Proyecto de ley que extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no exista sala cuna. (Boletín Nº 1.758-13), y
12) Proyecto de ley sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. (Boletín Nº 2.020-11).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los tres siguientes hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que establece un seguro de cesantía. (Boletín Nº 2.494-13);
2) Proyecto de ley que establece normas legales para combatir la evasión tributaria. (Boletín Nº 2.572-05), y
3) Proyecto de ley que reemplaza el Título IV de la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, referido al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. (Boletín Nº 2.436-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los tres últimos hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que establece plazos para el procedimiento administrativo y regula el silencio administrativo. (Boletín Nº 2.594-06);
2) Proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la libre creación artística y elimina la censura cinematográfica, sustituyéndola por un sistema de calificación. (Boletín Nº 2.016-07), y
3) Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. (Boletín Nº 876-09).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco del señor Ministro del Interior :
Con el primero responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señora Matthei y señor Urenda, referido a dos incendios que recientemente afectaron a San Antonio y Valparaíso.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al costo de la energía eléctrica en la Undécima Región.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al cierre de la mina Fachinal.
Con el cuarto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, relativo al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
Con el último responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la aparición del virus Maedi Visna en el ganado ovino de la Undécima Región.
Cuatro del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al eventual ofrecimiento de algunas dependencias marítimas a Bolivia, por parte de alcaldes y concejales de Iquique y Tocopilla.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la situación de catorce ciudadanos chilenos que se encuentran en la Isla Reunión.
Con el tercero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo al impuesto Tobin.
Con el cuarto responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la eventual construcción de una nueva central hidroeléctrica al momento de vender o privatizar la empresa Edelaysén.
Dos del señor Ministro de Hacienda subrogante:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la tramitación del proyecto de ley sobre bosque nativo.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a la posibilidad de contemplar dentro del régimen de asignaciones de zona a los funcionarios de la precordillera de Linares.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Hamilton, relativo al descuento previsional de 4 por ciento a que están sujetas las pensiones del INP.
De la señora Ministra de Educación , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, referido a la posibilidad de que el Liceo San Felipe de Arauco sea sede de las pruebas de admisión a las Universidades.
Siete del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero remite una nómina de los oficios dirigidos por dicha Secretaría de Estado a los señores Parlamentarios, durante el mes de diciembre del año en curso.
Con los dos siguientes responde dos oficios enviados en nombre de los Senadores señores Chadwick y Moreno, referidos al desborde del río Tinguiririca.
Con el cuarto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, relativo al proyecto de un nuevo aeropuerto para la ciudad de Copiapó.
Con el quinto responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido al número de plazas de peaje en la Ruta 5 Sur, entre la ciudad de Santiago y la localidad de Pargua, Décima Región.
Con el sexto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, atinente al aeródromo de Balmaceda.
Con el último responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, respecto del aislamiento que afecta a la localidad de Paso El León.
Dos de la señora Ministro de Salud , con los que contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Larraín, relativos a la conveniencia de efectuar un catastro de los niños que sufren enfermedades catastróficas y a la pertinencia de dividir el Servicio de Salud de la Séptima Región.
Tres del señor Ministro de Salud subrogante:
Con el primero responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor Larraín, referidos a la situación en que se encuentran los hospitales de la zona sur de la Región del Maule.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la radiación ultravioleta en la Undécima Región.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre la situación del consultorio de salud de la comuna de Puyehue.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Hamilton, en cuanto a la pavimentación de la calle Alejandro Navarrete, de la comuna de Viña del Mar.
Dos del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a la situación que ha generado la plaga de la mosca blanca en el Oasis de Pica, Primera Región.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la epidemia de encefalopatía bovina espongiforme.
Tres del señor Ministro de Agricultura subrogante:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, respecto de los productores de raps, especialmente en la provincia de Osorno.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la importación de gansos desde Hungría.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a los productos transgénicos.
Del señor Ministro de Minería , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto al cierre del Laboratorio de Litio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear .
Del señor Ministro de Bienes Nacionales, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Valdés, referido al catastro de los bienes nacionales, dividido por Regiones.
Del señor Subsecretario de Guerra, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, relativo a las solicitudes que indica.
Del señor Subsecretario de Carabineros, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ominami, acerca del accionar de Carabineros de Chile en la Quinta Región.
Del señor Subjefe de la Subsecretaría de Marina , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de establecer una zona de exclusión dentro de las áreas para acuicultura en la Undécima Región.
Del señor Subsecretario de Pesca , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la extracción del recurso hidrobiológico erizo.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, con relación a los problemas experimentados por el servicio telefónico de algunas localidades de las comunas de Coltauco y Doñihue, Sexta Región.
Dos de la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía , con los que responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a los costos de la energía eléctrica en la Undécima Región, y a la posibilidad de proporcionar gas natural a la Undécima Región.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la necesidad de actualizar la cartografía de navegación.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto del transporte de desechos radioactivos por aguas chilenas.
Del señor Nuncio Apostólico de la Santa Sede, con el que acusa recibo y agradece el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado con ocasión de la designación como Cardenal de la Iglesia Católica de su Eminencia Reverendísima Francisco Javier Errázuriz Ossa.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al transporte de desechos radioactivos por aguas chilenas.
Del señor Director General de Aeronáutica Civil, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a los emblemas nacionales.
Del señor Director General de Aeronáutica Civil suplente, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la concesión del transporte de pasajeros desde el aeropuerto de Balmaceda hacia las distintas localidades de la Undécima Región.
Del señor Director de Presupuestos subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de otorgar un subsidio especial al transporte terrestre de gas desde Argentina hacia la Undécima Región.
Del señor Director Nacional de Pesca subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la actualización del registro de pescadores artesanales.
Del señor Director Nacional de Turismo , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto al consumo de erizo en las Regiones Décima y Undécima.
Del señor Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al transporte de desechos radioactivos por aguas chilenas.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, respecto de la lentitud en el acceso a los beneficios estatuidos para los afectados por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, sobre el proceso de revisión de gas de las viviendas de la Duodécima Región.
Del señor Director Nacional de Aduanas subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a las importaciones que consignan precios menores a los reales.
Dos del señor Intendente de la Sexta Región , con el que contesta tres oficios enviados en nombre del Senador señor Moreno, referentes a la necesidad de inspeccionar la multicancha que indica y a la realización de los estudios que permitan evaluar la construcción de las pasarelas peatonales que señala.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros de Chile , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cariola, sobre la posibilidad de instalar un Retén en la localidad de Nontuelá.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Educación de la Primera Región subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, acerca de los problemas que aquejan a la educación municipal de la ciudad de Iquique y a sus docentes.
Del señor Alcalde de San Antonio subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre de los Senadores señora Matthei y señor Urenda, respecto de un incendio que recientemente afectó a dicha ciudad.
Del señor Alcalde de Lago Verde, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los productos transgénicos.
Del señor Alcalde de Cochrane subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a los productos transgénicos.
Del señor Director Ejecutivo de Televisión Nacional de Chile subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, en cuanto a la necesidad de contar con un espacio que permita difundir el acontecer de la provincia de Malleco.
Del señor Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, sobre la posibilidad de extender el servicio de ferrocarriles hasta la ciudad de Angol.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicaciones
Del señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago , con la que comunica la conformación de las Salas de dicha Corte para el año judicial 2001, correspondiéndole presidir dicho tribunal superior, en el presente año, al ministro don Jaime Rodríguez Espoz.
Del señor Presidente subrogante de la Corte Marcial de la Armada de Valparaíso , con la que comunica que dicha Corte continuará presidida, durante el año judicial que se inicia el 1º de marzo, por la Ministra señora Dinorah Cameratti Ramos e integrada por los ministros que indica.
Del señor Contralor General de la República subrogante, con el que remite copia de los informes elaborados en la fiscalización efectuada en la Municipalidad de María Elena, y que dicen relación a las denuncias presentadas por diversos señores Senadores.
--Se toma conocimiento.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana. (Boletín Nº 1.993-11).
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y su anexo, adoptados en París, el 17 de diciembre de 1997. (Boletín Nº 2.290-10).
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad Moción de los Senadores señores Bitar y Muñoz Barra --Se declara inadmisible por contener materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.
Solicitudes
De la señora Magdalena Dariela Hidalgo Niño y de los señores José Raúl Navarro Barahona, Carlos Roberto Ojeda Rozas y José Alfredo Levicoy Gallardo, con las que piden la rehabilitación de sus ciudadanías. (Boletines Nºs. S 537-04, S 534-04, S 353-04 y S 536-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , solicito oficiar al Presidente de la República para pedir su patrocinio a la moción relativa a los concursos para optar al cargo de director de planteles educacionales municipalizados, recién declarada inadmisible por la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, en nombre de los Senadores señores Muñoz Barra, Bitar, Sabag y Parra.
Acordado.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en reunión de hoy día, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1) Incluir en la Cuenta y despachar en esta sesión, si llegare con las firmas reglamentarias correspondientes, el proyecto sobre regularización de la situación de inmuebles de propiedad estatal con el objeto de otorgar reconocimiento legal de su destinación.
2) Incluir en la tabla de esta sesión, y despachar en ella, el proyecto de acuerdo sobre aprobación de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y su Anexo, adoptados en París, en diciembre de 1997.
3) Enviar a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, de Constitución de Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, para segundo informe, el proyecto de ley sobre establecimiento de plazos para el procedimiento administrativo y regulación del silencio administrativo, y prorrogar el plazo para presentarle indicaciones hasta el lunes 2 de abril próximo, a las 12.
4) Tratar, en la sesión ordinaria del próximo martes 13, el proyecto de ley sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohibición de la clonación humana.
______________
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa una solicitud, suscrita por los Honorables señores Andrés Zaldívar, Adolfo Zaldívar, Hamilton, Páez y Moreno, del siguiente tenor:
"Los abajo firmantes solicitamos, de conformidad con lo establecido en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento, que el proyecto sobre evasión tributaria sea tratado, en Comisión, en general y particular, a la vez.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así se procederá, de acuerdo con la norma reglamentaria citada.
El señor LAGOS.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, señor Senador .
IV CONFERENCIA TRANSATLÁNTICA INTERPARLAMENTARIA SOBRE CONTROL DE DROGAS
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , como es de vuestro conocimiento, recientemente concurrí a la IV Conferencia Transatlántica Interparlamentaria sobre Control de Drogas, convocada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, efectuada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra , Bolivia.
Sin duda, ésta ha sido una de las más importante reuniones celebradas sobre el tema y en ella se expuso un completo programa de erradicación de las plantaciones de hoja de coca, el que se está llevando a cabo dentro de todo el territorio boliviano.
Este importante evento estuvo encabezado por el señor Presidente de Bolivia , General Hugo Banzer Suárez y asistieron los integrantes del Congreso boliviano, congresistas del Parlamento Europeo, representantes de organismos internacionales que colaboran en la lucha contra el narcotráfico, como la D.E.A., el F.B.I., personeros del Departamento de Estado Norteamericano, de las Naciones Unidas, el Secretario de la Comisión de Control de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.). También participaron congresistas europeos; asimismo, de Japón y Rusia, y de casi la totalidad de los Parlamentos latinoamericanos y andinos.
Esta importante reunión tuvo como finalidad dar a conocer el plan de reconversión de cultivos de las grandes plantaciones de coca en Bolivia, siendo éste una riesgosa determinación económica y social, ya que se ha dado una fuerte lucha para erradicar definitivamente dichas plantaciones que producían al país una gran cantidad de divisas y, a su vez, una distribución de recursos económicos como el gran puntal de la economía boliviana.
Asimismo, conocimos el plan por la "Dignidad de Bolivia", presentado por el Presidente del Congreso Boliviano y Vicepresidente de la República , don Jorge Quiroga . Mediante su exposición nos adentramos en las políticas económicas y sociales que han debido modificarse para consolidar la sostenibilidad, el éxito y la liberación del flagelo del narcotráfico.
En nombre del Senado chileno, felicité ampliamente al señor Presidente de la República de Bolivia , al equipo de Gobierno, a los congresistas y, en especial, a las policías que trabajan en la selva boliviana por sostener esa constante lucha tan importante para su país, como también para Chile, ya que nos une una amplia frontera de casi mil kilómetros de extensión por donde día a día transitan los narcotraficantes, ingresando la maldita droga que envenena a nuestros pueblos, especialmente a la Primera Región .
Por otra parte, nos trasladamos a la zona selvática de Chapare, donde se hallan asentadas las mayores cantidades de cultivos erradicados. En dicho lugar trabajan los batallones antinarcotráfico y pude apreciar cómo los narcotraficantes desarrollan su ingenio para ingresar la droga hacia diferentes países, en particular, a Chile.
Junto al resto de los congresistas, apoyé las resoluciones bilaterales establecidas en relación con los planes y programas de Bolivia hacia nuestro país, tendientes a unir fuerzas para luchar contra el tráfico de drogas. Igualmente, hice énfasis en que el proceso de integración con los países limítrofes seguirá fortaleciendo su camino para obtener grandes logros.
Finalmente, aseguré que Chile seguirá impulsando instancias para abrir las fronteras y puertos, a fin de expeditar el transporte de carga boliviana hacia el Pacífico, como la producción de frutos, madera y otras especies que están derrotando al cultivo de la coca. De igual modo, manifesté la intención de nuestro país de agilizar la construcción de nuevas vías de transporte más expeditas, con mejores condiciones viales, que vayan de la mano de la modernidad y la seguridad.
Señor Presidente, adjunto la Declaración Final en donde se estipulan los puntos generales acordados entre los representantes de los Gobiernos y organismos asistentes, y doy por cumplido mi cometido en la Conferencia efectuada en Bolivia.
La carpeta que contiene la documentación correspondiente quedará en la Oficina de Informaciones del Senado a disposición de los señores Parlamentarios que se interesen en la materia.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En nombre de la Corporación, agradezco a Su Señoría la participación en la IV Conferencia sobre el Control de Drogas realizada en Bolivia.
Estimo conveniente oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, remitiéndole estos antecedentes.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
INTERPRETACIÓN DE ARTÍCULO 56 DE LEY GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Lagos, que interpreta el artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, relativo a derechos de agua que indica, con informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2325-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 35ª, en 21 de abril de 1999.
Informe de Comisión:
Obras Públicas, sesión 25ª, en 23 de enero de 2001.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El objetivo del proyecto es interpretar la disposición aludida en la reseña, en cuanto a que no se ha privado al Comité de Defensa Agrícola de Matilla o a sus sucesores, de gozar gratuitamente de los derechos de agua y riego y demás derechos reconocidos a dicha entidad por decretos tarifarios.
La Comisión de Obras Publicas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Cantero, Cordero, Frei (don Eduardo) y Urenda, propone a la Sala el archivo del proyecto, fundamentada en las siguientes consideraciones:
1) Porque no se puede otorgar por ley un derecho de aprovechamiento de aguas.
2) Porque la solución al problema de los agricultores de Matilla -según lo estima la Comisión- no pasa a través de una norma interpretativa del artículo 56 del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, sino de la titularidad de derechos de aguas, los cuales no están inscritos y deben inscribirse a nombre de la comunidad agrícola de Matilla;
3) Porque la forma de constituir un derecho de aprovechamiento de aguas, en este caso, es la establecida en el artículo 2º transitorio del Código de Aguas;
4) Porque los usos ancestrales de aguas se han regularizado de acuerdo con el mencionado artículo 2º transitorio del Código de Aguas y se asignan a la comunidad y no en forma individual.
5) Finalmente, porque, de hecho, la comunidad agrícola de Matilla ha interpuesto ante el Juzgado Civil de Pozo Almonte la correspondiente solicitud, siendo los tribunales de justicia quienes decidirán si, en la especie, en este uso de agua, se dan los requisitos del artículo 2º transitorio del mencionado Código.
Con todo, el informe de la Comisión de Obras Públicas hace presente que, de no acogerse la proposición de archivo, el artículo único de la iniciativa tiene el rango de ley de quórum calificado, esto es, que para su aprobación requerirá el voto conforme (en este momento) de 24 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , al formular la iniciativa que nos ocupa hice presente que los 600 habitantes de Matilla en la Primera Región de Tarapacá , se dedican principalmente a la agricultura y han invertido en nuevas tecnologías y mejoramiento de sus explotaciones, con la ayuda de organismos como CORFO e INDAP. Recordé también que dicha localidad es uno de los escasos sectores agrícolas de la Región y se caracteriza por la excelente calidad de sus productos, con los que no sólo se contribuye al abastecimiento de la Primera y Segunda Regiones, sino que, también, se comercializa hasta en Santiago.
Matilla contó tradicionalmente con fuentes de agua que le permitieron desarrollarse como zona agrícola (incluso cuando estos territorios no eran chilenos). Sin embargo, actualmente sus legítimos derechos de este esencial elemento se ven amenazados al desconocerse la situación especial reconocida en el pasado como compensación por el agua de riego que les fue expropiada para abastecer de agua potable a la ciudad de Iquique.
La ley Nº 2.642, publicada el 13 de febrero de 1912, facultó al Presidente de la República para enajenar terrenos salitrales en la provincia de Tarapacá y para que invirtiera parte del producto de dichas enajenaciones en dotar de agua potable a la ciudad de Iquique. Para este mismo efecto, se declaró de utilidad pública para su expropiación las aguas de la quebrada de Chintaguay que fueren necesarias para la realización de dicha obra. Las referidas aguas son las que abastecen el riego de la agricultura de Matilla.
Como por dicha expropiación nunca se indemnizó en dinero a los agricultores de Matilla, que perdieron parte importante de su agua de riego, el Estado, en 1939, les reconoció como compensación el derecho al abastecimiento gratuito de agua de riego. Este derecho se consagró mediante el decreto Nº 744, de 23 de septiembre de 1939, del Ministerio del Trabajo, que les recoció gratuidad por 400 metros cúbicos, los que posteriormente fueron ampliados a 800, mediante oficio del Ministerio de Obras Públicas.
Sucesivos cambios en los organismos públicos encargados de la explotación de las aguas de las vertientes de Chintaguay llevaron en cierto momento a la confusión de considerar que las aguas de riego que el Estado había reconocido a los agricultores de Matilla, como indemnización por la expropiación que habían sufrido, era agua potable. No obstante ello, el referido derecho fue respetado invariablemente en las fijaciones de tarifas de agua que cobraban los Servicios de Obras Sanitarias del país, estableciéndose en ellos una situación especial para el Consejo de Defensa Agrícola de Matilla, actual Asociación Gremial de Agricultores de Matilla, que les reconoció el derecho a un consumo de gracia de 800 metros cúbicos diarios y tarifas preferenciales para cantidades mayores.
Sin embargo, en 1990, en forma sorpresiva, la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá S.A. (ESSAT S.A.), sucesora legal en la Primera Región del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), desconoció en forma unilateral este derecho de gratuidad y tarifas preferenciales.
A raíz de esta situación, y luego de numerosos reclamos y esfuerzos por recibir una explicación, los agricultores de Matilla recurrieron a la Contraloría General de la República a fin de que se les respetara su derecho. Dicho organismo contralor requirió informes a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la Dirección General de Aguas, organismos que atribuyeron el término del derecho de que gozaban los agricultores de Matilla a la nueva normativa aplicable al sector sanitario, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, especialmente a lo dispuesto en su artículo 56, que excluye en general la gratuidad. Ante estos informes, el 9 de abril de 1992, la Contraloría General de la República dictaminó que el beneficio de que gozaba la agricultura de Matilla había quedado derogado en virtud de dicha disposición legal, señalando expresamente que no podía pronunciarse acerca de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de su obligación de entrega gratuita de agua en compensación por el no pago de la expropiación de derechos de agua de la quebrada de Chintaguay a raíz de la ley de 1912.
Efectivamente, el artículo 56 de la Ley General de Servicios Sanitarios estableció que no existirá gratuidad para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, salvo las otorgadas por las concesionarias o usuarios, sin distinción o discriminación alguna y a sus expensas. Pero ello no pudo tener la virtud de privar a los agricultores de Matilla de la compensación consistente en agua de riego que el Estado les había reconocido como indemnización por la expropiación de sus derechos de agua, sin perjuicio de que la autoridad debiera adoptar las medidas administrativas necesarias para adecuarse a la nueva normativa a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones respecto de los agricultores de Matilla.
Ello fue expresamente reconocido por el Ministerio de Obra Públicas, organismo redactor de la Ley General de Servicios Sanitarios, que, por oficio Nº 1405, de 30 de mayo de 1989, representó al Ministro de Economía -al que, según la nueva regulación, le correspondió fijar las tarifas- que se había omitido en el decreto Nº 62, de 1989, de fijación de tarifas de SENDOS, la situación especial del Consejo de Defensa Agrícola de Matilla vigente hasta ese momento. Al respecto, le señaló que por instrucciones del Presidente de la República solicitaba "disponer las acciones necesarias para asegurar la mantención del régimen especial existente para la entidad en cuestión", proponiendo al Ministerio de Economía la dictación de un nuevo decreto "aclarando que el decreto Nº 62 no ha dejado sin efecto lo dispuesto en relación a tarifas para el Consejo de Defensa Agrícola de Matilla".
Concluye el Ministro de Obras Públicas expresando que "Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Nacional de Obras Sanitarias realizará, a la brevedad posible, las acciones que correspondan a fin de procurar que la situación que favorece actualmente a esta entidad de la I Región, se regularice mediante la utilización de los mecanismos legales que correspondan, distintos a los Decretos Tarifarios".
Al debatirse la presente iniciativa en la Comisión de Obras Públicas de nuestra Corporación, el Superintendente de Servicios Sanitarios dijo que la empresa ESSAT S.A. ha manifestado que la gratuidad ha seguido otorgándose al Consejo de Defensa Agrícola de Matilla, consistente en aguas de riego que se obtienen de la quebrada de Chintaguay, sólo que en la actualidad no gozan de 800 metros cúbicos de agua de riego, por cuanto la Quebrada no tiene capacidad para entregarlos. Agregó que, de acuerdo a los antecedentes que ha tenido a la vista, podía concluir que la Comunidad Agrícola de Matilla efectivamente gozaba de un derecho de uso gratuito respecto de los 800 metros cúbicos de aguas de riego sobre la quebrada de Chintaguay. Además, que estos antecedentes le inducen a pensar que dicha situación excepcional de gratuidad habría sido reconocida expresamente por el Estado, así como la intención de mantenerla en el tiempo.
Por su parte, representantes de ESSAT S.A., reconocieron que, mediante acuerdo adoptado por el directorio de dicha empresa, en sesión extraordinaria de 21 de noviembre de 1992, se concedió al cliente denominado "Estanque de Riego de Matilla" una gratuidad de consumo de agua potable de 800 metros cúbicos diarios, que aún está vigente, aunque, por las disminuciones de los caudales provenientes del pozo de este caudal, haya sido imposible de cumplir.
La opinión del Ejecutivo fue manifestada en la Comisión a través del señor Director General de Aguas del Ministerio de Obras públicas, quien reconoció que ESSAT S.A. posee a la fecha los derechos de aguas que fueron expropiados a los pobladores de Matilla, quienes, en virtud de ello, tendrían un derecho personal contra el Fisco por la indemnización impaga, sobre cuya vigencia deberían pronunciarse los tribunales de justicia, aunque la existencia en el pasado de tarifas especiales y aún de gratuidad permiten presumir fundamentalmente que el Fisco reconoció alguna obligación con relación a estos pobladores.
Añadió el señor Director General de Aguas que, con fecha 27 de enero de 2000, el Consejo de Defensa Agrícola de Matilla solicitó la intervención del Ministro de Agricultura , quien requirió informes del Ministro de Obras Públicas . Al respecto, éste señaló que la finalidad perseguida por el Consejo de Defensa Agrícola de Matilla al solicitar la intervención del Ministro de Agricultura es iniciar el procedimiento de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas contemplado en el artículo 2º transitorio del Código de Aguas, procedimiento que fue iniciado a través de una solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio de dicho cuerpo legal, interpuesta por el Consejo de Defensa Agrícola de Matilla ante la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, con fecha 25 de enero de 2000.
Respecto del proyecto de ley en análisis, el señor Director General de Aguas consideró pertinente realizar las siguientes observaciones en la Comisión.
1.- Las aguas de que se trata han sido utilizadas para riego agrícola por los habitantes de la localidad de Matilla, en la Primera Región, y no como agua potable. Por ello, el análisis debe realizarse desde este punto de vista.
2.- Lo anterior aparece reafirmado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, organismo encargado de la fiscalización de los prestadores sanitarios y del cumplimiento por parte de éstos de la normativa sanitaria.
3.- No se trataría de uso de agua potable y, por lo tanto, no sería aplicable la legislación sanitaria; y es menester abordar la situación actual de estos usuarios de aguas a la luz de las normas del Código de Aguas.
4.- Se ignora a qué título los agricultores utilizaban las aguas.
5.- De acuerdo con la información proporcionada por ESSAT S.A. a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los agricultores de Matilla han seguido utilizando recursos de la quebrada de Chintaguay para su actividad agrícola, pero por un caudal menor al que se les habría reconocido originalmente. Por esta razón, desde el punto de vista de la legislación de aguas hoy vigente, la situación en análisis podría encontrar una solución a través del mecanismo regularizatorio de derechos de aprovechamiento de aguas, contemplado en el artículo 2º transitorio del Código de Aguas, en lo que dice relación al caudal de agua efectivamente utilizado hoy en día por los usuarios, y
6.- Con la interposición de la mencionada solicitud serán los tribunales de justicia los que decidan si, en la especie, en este uso de agua, se dan los requisitos de tal norma transitoria.
Señor Presidente , de los antecedentes expuestos se desprende con claridad que el Estado de Chile reconoció, como indemnización compensatoria de la expropiación de derechos de agua de los agricultores de Matilla, el derecho a gozar gratuitamente de 800 metros cúbicos y tarifas preferenciales para agua de riego, y que la norma del artículo 56º de la Ley General de Servicios Sanitarios no tuvo jamás el propósito de privarlos de estos derechos, sino que obligó a los organismos pertinentes a realizar las adecuaciones administrativas necesarias para su mantención, en concordancia con la nueva normativa.
No obstante ello, existen dudas en la interpretación del señalado artículo 56º de la Ley General de Servicios Sanitarios, las que se expresan en el referido dictamen de la Contraloría General de la República y en las opiniones de los representantes del Gobierno en la Comisión de Obras Públicas.
En definitiva, en su informe la Comisión de Obras Públicas propone al Senado el archivo de la moción, por estimar que no puede otorgarse por ley un derecho de aprovechamiento de aguas y porque, a su juicio, la solución del problema de los agricultores de Matilla no pasa a través de una norma interpretativa del artículo 56º de la Ley General de Servicios Sanitarios, sino de la titularidad de derechos de agua vía artículo 2º transitorio del Código de Aguas, lo que la comunidad agrícola de Matilla está haciendo ante el Juzgado Civil de Pozo Almonte .
Respetuosamente, creo que la Comisión incurre en un error, ya que el propósito de la presente iniciativa no ha sido jamás constituir derechos de agua a favor de los agricultores de Matilla, sino aclarar que los derechos que les fueron reconocidos en su oportunidad por el Estado no fueron suprimidos por la Ley General de Servicios Sanitarios, situación que es necesario precisar en atención a que la Contraloría General de la República y otros organismos del Estado le han dado dicho alcance a la citada norma legal, alcance que no tuvo ni pudo tener.
La circunstancia de que dichos derechos deban o no deban someterse al procedimiento previsto en el artículo 2º transitorio del Código de Aguas es una materia completamente distinta, pero que se vería seriamente afectada de rechazarse la presente iniciativa, ya que ello podría ser interpretado en el sentido de que el Congreso Nacional estima que efectivamente la Ley General de Servicios Sanitarios privó a los agricultores de Matilla de sus derechos, con lo que su situación se vería aún más perjudicada de lo que sucede en la actualidad.
Por lo dicho, solicito que, de no aprobarse la iniciativa en debate, se aplace temporalmente su consideración, a fin de no causar perjuicio a los agricultores de Matilla.
Señor Presidente, pido por favor que el proyecto no sea archivado, por los antecedentes que he señalado y por encontrarse pendiente un trámite en los tribunales de Pozo Almonte.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI .-
Señor Presidente , el debate en la Comisión fue bastante extenso y en gran parte lo ha relatado el Honorable Senador señor Lagos; pero los fundamentos de los miembros de la Comisión que por unanimidad solicitamos archivar el proyecto están ampliamente detallados en el informe y no quisiera precisarlos mayormente. Además, el mismo señor Senador ha dado a conocer algunos de los puntos en discusión.
El proceso judicial correspondiente se encuentra actualmente en el juzgado de Pozo Almonte. La Comisión recabó los antecedentes del caso y, de acuerdo con el último dato entregado, la causa estaba para la celebración del comparendo de estilo. Eso fue hacia fines del año pasado.
Por lo tanto, considerando además que algunos informes y estudios pedían declarar inconstitucional el proyecto, preferimos solicitar su archivo, de manera que, una vez que termine el juicio, y si las circunstancias lo permiten, podamos reiniciar su trámite parlamentario. Por el momento, pensamos que la alternativa propuesta es la adecuada, porque de otra forma tendríamos que haberlo declarado inconstitucional.
Como el informe de la Comisión es bastante extenso, no creo que haya más por agregar al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Hago presente al Honorable señor Lagos que podríamos compatibilizar lo que propone la Comisión con lo planteado por él, pues si se archiva el proyecto, Su Señoría o cualquier otro señor Senador tendría derecho de pedir su desarchivo en el momento en que haya claridad desde el punto de vista judicial, sin la obligación de pronunciarnos ahora a favor o en contra de la iniciativa.
Entonces, propongo acoger lo que sugiere la Comisión, en el entendido de que el Senador señor Lagos u otro, en el momento en que estén dadas las condiciones, pueda solicitar el desarchivo de la iniciativa para pronunciarse derechamente sobre ella.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , deseo dejar constancia de que podría haber procedimientos judiciales posteriores, lo que supone más tiempo. En estos momentos el abogado que lleva la causa está agilizando una resolución del tribunal pertinente y lo propuesto podría afectarla. Yo, por lo menos, no veo qué perjuicio habría para el Senado si no se archiva el proyecto y lo dejamos abierto a mayor plazo. Lo pido en nombre de la comunidad de Matilla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , no cabe duda de que la exposición del Senador señor Lagos sobre la moción presentada por él es muy atendible, sobre todo porque ella es de una gran justicia.
Un grupo de agricultores de Matilla fue expropiado de sus derechos de agua. No se los indemnizó y hoy día prácticamente se los está privando de la gratuidad de aquéllos. Cómo podríamos estar en contra de este proyecto o -como señaló Su Señoría- querer perjudicar a los agricultores de Matilla. ¡Por favor! Pienso que ningún señor Senador tiene tal intención; muy por el contrario.
Yo estaría muy llano a buscar la salida necesaria, pero comprendo que los argumentos vertidos por la Comisión de Obras Públicas han sido serios y ponderados. Se consultó a la Contraloría, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Dirección de Aguas. En fin, intervinieron todos los organismos pertinentes y la Comisión llegó a un planteamiento final. Evidentemente, en mi concepto, no podemos establecer por ley un derecho de aprovechamiento ni una gratuidad.
Reconocemos ampliamente los legítimos derechos que los afectados han tenido durante 70 años. Ahora, el Honorable señor Lagos señala, también en forma legítima, que a lo mejor el archivo de la iniciativa podría interpretarse judicialmente como que estamos en contra de aquéllos. Me parece que ése no es el espíritu del Senado. Si fuera posible, convendría que el proyecto, en virtud de algún procedimiento reglamentario, volviese a la Comisión, con el ánimo preconcebido de que pase algún tiempo y no se provoque un perjuicio judicial en el actual trámite legislativo, dado que asiste plena justicia a los agricultores de Matilla. Me duele mucho que, mediando un compromiso, sobre la base de una ley de 1912 y un decreto gubernamental de 1939, en el sentido de reconocerles los derechos de agua, hoy se les esté privando de la gratuidad que los ha favorecido.
Y ello guarda mucha relación, también, con el Código de Aguas, que hemos estado analizando hace poco tiempo. En ese cuerpo legal se establece lo relativo a los derechos adquiridos, disponiéndose que una persona, cuando ha entregado el líquido elemento a otra por unos años, después no puede quitarlo. ¿Y qué pasa con los campesinos de que se trata, quienes llevan setenta años gozando del agua y obteniendo productos agrícolas, a los que se priva de los derechos?
Por lo tanto, estimo de la máxima justicia el punto de vista del Senador señor Lago; pero también considero que, jurídicamente, el planteamiento de la Comisión de Obras Públicas es legítimo y correcto. Entonces, intentemos compatibilizar la vuelta de la iniciativa a Comisión con el ánimo de que pueda transcurrir algún tiempo más y no se cause algún daño judicial a los campesinos de Matilla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Cabe dejar constancia, primero, de que el Parlamento no puede pronunciarse sobre un tema pendiente de fallo en los tribunales, ni en un sentido ni en otro. Debemos ser muy cuidadosos al respecto.
En segundo término, es posible aplicar una norma reglamentaria, tratando de acoger la petición del Honorable señor Lagos. En efecto, el artículo 131, Nº 1, del Reglamento permite aplazar la consideración de un asunto, fijando la fecha en que sea retomado, porque el precepto obliga a precisarlo; en este caso, una vez dictada sentencia de término en la causa pertinente.
Además, me parece conveniente agregar que el proyecto también pase a la Comisión de Constitución, por existir al respecto un aspecto de constitucionalidad.
Si le parece a la Sala, así se acordaría.
Acordado.
COMBATE CONTRA COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse, conforme a lo determinado por los Comités, en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y su Anexo, adoptados en París el 17 de diciembre de 1997, informado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2290-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 4 de abril de 2000.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 26ª, en 6 de marzo de 2001.
Constitución, sesión 26ª, en 6 de marzo de 2001.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La convención tiene por objeto adoptar medidas eficaces para prevenir, reprimir y combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros, en relación con transacciones comerciales internacionales, y fijar un criterio de equivalencia en las acciones que las partes deberán ejecutar al respecto.
El informe de la Comisión de Constitución, luego de reseñar los antecedentes jurídicos y de hecho relacionados con el instrumento internacional en estudio, describe el debate habido en ella y concluye recomendando a la Sala que el proyecto de acuerdo sea aprobado en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. La proposición contó con la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores Aburto, Fernández, Hamilton y Silva.
Por su parte, el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores explica las normas del texto, así como el debate a que dieron lugar, y concluye sugiriendo que la iniciativa sea acogida en la misma forma en que lo hizo la Comisión de Constitución. También tal decisión se tomó por unanimidad, a la que concurrieron los Honorables señores Bombal, Gazmuri, Martínez, Romero y Valdés.
Finalmente, la Comisión de Constitución plantea que el proyecto de acuerdo sea sometido a discusión general y particular a la vez, en conformidad a lo previsto en el artículo 127 del Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , señores Senadores, la Comisión de Relaciones Exteriores consideró la iniciativa y la aprobó por unanimidad.
En realidad, la importancia de la convención de que se trata es extraordinaria, porque abarca una cuestión que presenta dos grandes vertientes. Una de ellas es el efecto en el buen gobierno y en las políticas de los países, y la consecuencia de la imagen que eso proyecta desde el punto de vista internacional, cuando ocurre el cohecho, en relación con miembros de otros Estados que realizan acciones de tipo comercial.
En segundo término, se afecta fundamentalmente al comercio internacional, porque al tener lugar el cohecho se dificulta y prácticamente se hace desaparecer la competencia correcta y legítima entre las partes, que es uno de los elementos fundamentales para poner en práctica el libre intercambio. Lo anterior, por supuesto, se agrava hoy todavía más, cuando la globalización fomenta el comercio electrónico como una manera de realizar más rápido el tráfico de bienes y servicios entre los países.
Analizado el proyecto, se deben hacer presentes algunos aspectos relevantes. Primero, de los diecisiete artículos del convenio, uno de ellos, el 7º hace referencia al delito de lavado de dinero.
Segundo, al 22 de enero de 2001 habían otorgado su ratificación 29 países, todos ellos del área europea y que son los que más exportaciones registran en el comercio mundial. De acuerdo con la Cancillería, el instrumento de que se trata se encuentra en vigencia internacional desde el 15 de febrero de 1999.
Quisiera consignar dos antecedentes adicionales. Una de las objeciones formuladas en el debate fue el hecho de que el Estado de Chile se obliga, una vez acogido el tratado, a emprender acciones efectivas para actualizar los códigos de la República. La observación sobre el particular fue hecha por uno de los señores miembros de la Comisión, quien expuso que se deberá asumir rápidamente, luego de que la aprobación se concrete, si así fuera la voluntad del Senado, la puesta al día de diferentes artículos de los códigos Penal y Procesal Penal.
En seguida, se consagra una amplia y franca colaboración entre los Estados frente a los casos de cohecho sobre funcionarios internacionales. Y esa cooperación es sumamente importante, porque define y reconoce la posibilidad de la extradición y la extraterritorialidad de la justicia de un Estado en otro.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular, a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha terminado la Primera Hora. Hago presente a la Sala que hasta el momento no ha llegado ningún informe que permita ponerlo en el Orden del Día para mañana. Por lo tanto, estamos sin tabla.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CHADWICK:
Al Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Sexta Región, concerniente a CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE LÍNEA DE COLECTIVOS URMENETA 2, en Rancagua.
Del señor HORVATH:
A la Ministra de Salud y al Director del Hospital de Coyhaique, acerca de MUERTE CEREBRAL DE PACIENTE (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor LAGOS:
A las Ministras de Educación y de Salud, con relación a DESPIDO DE PERSONAL DOCENTE Y DE SALUD POR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE IQUIQUE (PRIMERA REGIÓN).
Al Ministro de Obras Públicas , respecto de CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL PARA ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN EN PRIMERA REGIÓN.
A la Ministra de Salud y al Intendente de la Primera Región, en cuanto a FUMIGACIÓN EN TERRENOS TOMADOS EN IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO.
A los Ministros de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, tocante a PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO EN ALTO HOSPICIO y SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA ALLEGADOS.
Al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , al Presidente del Directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá y al Gerente General de la misma, en lo relativo a LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN TERRENOS TOMADOS EN IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO.
Del señor LARRAÍN:
Al Ministro de Obras Públicas , referente a OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LINARES Y CAUQUENES (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor NOVOA:
Al Ministerio de Obras Públicas, sobre CONDICIONES DE CONTRATO PARA OBRA "REPOSICIÓN DE RUTA G-74 MELIPILLA-BOLLENAR" (REGIÓN METROPOLITANA).
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Moreno.
POSICIÓN DE DEMOCRACIA CRISTIANA SOBRE LA POLÍTICA AGRARIA
El señor MORENO.-
Señor Presidente , me corresponde en esta oportunidad dar a conocer la posición de la Democracia Cristiana sobre el tema de la política agraria en curso. Ello como producto del debate que en el día de ayer, lunes 5 de marzo, el Consejo Nacional de mi partido, después de tres horas de discusión, con la presencia del señor Ministro de Agricultura y de otras personas, fijó su criterio al respecto por unanimidad, el que expondré a continuación.
Situación de la agricultura chilena
La situación generalizada de baja rentabilidad de la agricultura chilena tiene su origen principalmente en los bajos precios de los productos agropecuarios a nivel mundial, los que se explican por los subsidios agrícolas en los países desarrollados, que finalmente son exportados a los mercados internacionales. Ello ocasiona una depresión en los mercados internos, favorece la importación de sustitutos e impide, por lo bajo de los precios, incrementar la productividad y competitividad mediante inversión e innovación en las explotaciones agrarias nacionales. Todo lo anterior se vio agravado por un tipo de cambio bajo, como ocurrió hasta hace unos años.
A esos factores se deben agregar los riesgos climáticos inherentes a la actividad, los que se han visto acrecentados con las sucesivas sequías e inundaciones ocurridas en los últimos años y recientemente en la zona norte del país.
Adicionalmente, es necesario señalar como causas de este deterioro del negocio silvoagropecuario la falta de transparencia y eficiencia de los mercados de insumos y productos, lo que perjudica especialmente a los pequeños y medianos agricultores y, en forma muy marcada, a los campesinos.
Por esta razón, se deben crear todas las condiciones necesarias para mejorar el funcionamiento de los mercados silvoagropecuarios nacionales con políticas efectivas, que favorezcan la transparencia, la sana competencia y la protección de las producciones nacionales expuestas a importaciones subsidiadas o bajo condiciones de dumping. Ello implica introducir mejoras en el accionar de la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión Antidistorsiones del Banco Central, a fin de dotarlas de las capacidades necesarias para actuar con eficiencia.
Chile debe protegerse en sus fronteras de los productos subsidiados y con dumping, además de mantener los mecanismos de estabilización de precios para algunos bienes sensibles, como son las bandas de precios, y precaverse de los efectos negativos de los tratados comerciales internacionales o de integración que pudiesen dañar al país.
Asimismo, se debe dotar al Estado de mecanismos expeditos y recursos para la defensa de los mercados de exportación donde nuestros productos sufren la competencia desleal de países que subsidian los suyos.
La Democracia Cristiana constata que en el largo plazo Chile seguirá siendo productor y exportador de recursos naturales renovables, con distintos grados de elaboración y transformación. En este sector es donde se debe invertir sustantivamente, dada la importancia económica que presenta para nuestra nación.
El país requiere de una agricultura fuerte y competitiva, basada principalmente en la pequeña y mediana explotación agrícola, tanto por su importancia económica, social y medioambiental como por su capacidad de articular al territorio y ser el motor de las economías regionales.
La economía de a lo menos seis regiones de Chile se sustenta en la actividad silvoagropecuaria, pudiendo llegar en algunos casos a representar más de 70 por ciento del Producto Interno Bruto en ellas. En cuanto al empleo, el sector de producción primaria silvoagroindustrial y alimentario representa más de 25 por ciento del total de la ocupación en el país. Ahora bien, si a esto se agregan los servicios relacionados, se supera el 30 por ciento de los empleados efectivamente en Chile.
La agricultura es más que un solo sector de la economía, en razón de que posee un rol multifuncional, el que cada vez más se le reconoce a nivel mundial. Es decir, aparte producir alimentos y ser una actividad económica importante, mantiene asentadas poblaciones rurales, generando así la articulación y cohesión territorial, y contribuye a preservar el medioambiente entre sus principales funciones.
Importancia de la pequeña y mediana agricultura
La Democracia Cristiana reconoce la importancia de la pequeña y mediana agricultura y sus posibilidades futuras de desarrollo. En tal virtud, insta a reconocer que en Chile debe seguir existiendo la agricultura familiar y que, además, ella es necesaria y positiva para el país. Al mismo tiempo, reafirma que la política rural es un instrumento del Estado chileno para cumplir su rol subsidiario.
Por lo señalado precedentemente, el Gobierno de Chile requiere de una mejor institucionalidad para los recursos naturales, la agricultura, la pesca, lo forestal y el desarrollo rural.
Por lo anterior, planteamos la necesidad de reestructurar el Ministerio de Agricultura, convirtiéndolo en un efectivo organismo de recursos naturales, agricultura y desarrollo rural. Para esto, proponemos crear definitivamente la Subsecretaría Forestal y fortalecer una CONAF pública y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) como entes reguladores de nuestro patrimonio forestal productivo; trasladar al Ministerio de Agricultura la Subsecretaría de Pesca y sus organismos dependientes, con el objeto de sacarla del aislamiento y orfandad en que se encuentra. Y también planteamos traspasar definitivamente los institutos de la CORFO, como IFOP, CIREN e INFOR, a esa Secretaría de Estado, para así dar coherencia y solidez al accionar institucional.
Consecuente con lo anterior, creemos necesario adoptar, ante las negociaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países o agrupaciones de ellos, una defensa de los productos más sensibles de la agricultura chilena, y excluir de las negociaciones a los que vienen subsidiados de aquellos países que bonifican fuertemente, de manera directa e indirecta, la producción agropecuaria.
Coincidimos en la necesidad de alcanzar acuerdos de libre comercio con países cuyas economías son complementarias a la nuestra, como los asiáticos, teniendo en cuenta la sensibilidad de sectores específicos, lo que permitirá acceder a bienes de capital más baratos y mejorar las exportaciones de los recursos naturales con distintos grados de elaboración. Por el contrario, no propiciamos acuerdos de ese tipo con naciones cuyas economías compiten con la chilena en el ámbito silvoagropecuario, como es el caso de Nueva Zelanda (que subsidió por casi cuatro décadas su sector agrario, dotándolo así de una competitividad necesaria para acceder a los mercados internacionales) y de Australia, entre otros, mientras no exista una real capacidad para competir hoy día con ellas.
Lo relativo al MERCOSUR debe ser evaluado en lo que dice relación a los efectos que producirá en el sector agroalimentario nacional antes de continuar con cualquier tratativa que profundice el acuerdo existente.
Se hace imperioso que el Gobierno adopte una línea global consistente y coherente respecto de las políticas económicas exterior y agraria y que determine los márgenes en los cuales se puede desarrollar cada una de ellas y los sectores productivos involucrados. De esta manera, se generará un marco de referencia claro donde el sector agrario se pueda desenvolver. Luego de este ejercicio de coherencia, será posible determinar los rubros con futuro y los que no lo tienen.
Para la Democracia Cristiana, su compromiso histórico con los productores agrícolas, los campesinos y la agricultura constituye un patrimonio que jamás abandonará. Por ello, reafirmamos nuestra vocación de servicio hacia los pobres del campo chileno, los campesinos y los agricultores y sus familias, ejerciendo nuestro papel en el Gobierno en la búsqueda de soluciones y políticas que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo de este importante sector de la sociedad chilena.
Las nuevas medidas de INDAP
En virtud de esos elementos, y observando las declaraciones que el Gobierno hizo públicamente sobre algunas instituciones -como es el caso del INDAP-, la Democracia Cristiana rechaza la forma y el fondo de la propuesta de reestructuración de dicho organismo anunciada recientemente.
Al respecto, señalamos que tal propuesta constituye un retroceso para los campesinos y el país, y es contraria a la posición histórica de nuestra colectividad en favor de la agricultura chilena y de sus trabajadores del agro.
Por ello, nuestro Partido pide al Gobierno que rectifique su política hacia la agricultura campesina y el INDAP en particular. Para esto, solicitamos que se arbitren todas las medidas y recursos necesarios a fin de mejorar las condiciones de desempeño y desarrollo de este sector.
No existen agricultores viables y no viables
La Democracia Cristiana señala que las decisiones tomadas recientemente en INDAP no son correctas, puesto que van dirigidas a debilitar aún más la agricultura familiar, introduciendo una odiosa división entre agricultores viables -aquellos de mayor escala productiva, a quienes se ofrecen créditos limitados y la banca comercial como alternativa para su desarrollo-, y agricultores inviables, a los cuales propone un bono de 8 mil 333 pesos mensuales como única solución de desarrollo. Esto desconoce de una plumada los grandes avances tecnológicos que hacen del tamaño de la propiedad una cuestión relativa, como lo han demostrado las mujeres con sus flores, los horticultores en distintas partes del país, los frutilleros y los jóvenes que manejan empresas productivas y de servicio.
Hoy la cuestión crucial para el desarrollo es tecnología y capital. Las grandes escalas en el tamaño de las propiedades no son la única variable que explica la mayor competitividad y eficiencia.
Aceptar esta política es una regresión al pasado, cuestión que no deseamos recordar en este debate.
La Democracia Cristiana defiende en forma irrestricta la labor de INDAP y la califica como fundamental para el desarrollo del país, especialmente respecto de sus funciones de apoyo tecnológico y crediticio a la agricultura familiar campesina.
Rechazamos la falacia de la postura de sectores de la Derecha, que sostienen que el Instituto no debería prestar ayuda crediticia y de fomento a los campesinos o, simplemente, hacerlo desaparecer, así como también su deseo de traspasar sus fondos a los municipios para que éstos los administren y de esta manera cerrarlo definitivamente.
La Democracia Cristiana exige con urgencia la reestructuración de INDAP sobre la base de que su misión principal es el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores campesinos y contribuir a la superación de la pobreza rural, para cuyo efecto se le debe dotar de los instrumentos y recursos necesarios.
Solución al endeudamiento campesino
Respecto del endeudamiento del sector campesino con INDAP, la Democracia Cristiana propone implementar una política clara, simple y efectiva de saneamiento de la cartera vencida, que contemple condonaciones, amnistías y repactaciones, según ameriten los casos.
En consecuencia, planteamos renegociar las deudas, condonar los intereses, conceder años de gracia para lograr la rehabilitación de los usuarios y generar una base estable y sólida para el crecimiento de la agricultura familiar. Junto con lo anterior se debe otorgar un bono de capitalización, para crear una mejor base productiva, a cada usuario del Instituto.
Eliminar uso del DICOM
Durante el 2000 INDAP emitió tres resoluciones sobre la materia, no dando respuesta aún al problema del endeudamiento, y al terminar el año quedó con un total de 6 mil 500 millones de pesos sin ejecutar.
Rechazamos el traspaso de los saldos deudores de los campesinos al sistema bancario. Eso significaría, simplemente, acelerar el proceso de exclusión de ellos del acceso a la tierra. Quitar al INDAP la función de crédito es impedir la esencial labor de desarrollo que realiza la institución, privándola de un instrumento básico para cualquier intervención en ese aspecto, especialmente en la agricultura familiar campesina.
Rechazamos la idea de traspasar, en forma parcial o total, la cartera de clientes financieros a la banca comercial privada o al Banco del Estado. La cartera atendida por INDAP debe ser cubierta integralmente con el crédito, la asistencia técnica y el fomento productivo; con los instrumentos clásicos de que la institución dispone y con aquellos que deben introducirse, como por ejemplo el capital de riesgo.
Por lo tanto, sostenemos que el la referida repartición debe continuar con su función crediticia como una política de Estado. Eso no quiere decir que estemos en contra de la idea de que los pequeños agricultores puedan solicitar empréstitos a cualquier banco o institución financiera cuando dichos organismos efectivamente estuvieren disponibles para atender a este sector de chilenos, lo cual hoy no ocurre.
La escasez de recursos financieros debe ser suplida con mayores fondos provenientes de una gestión más eficiente, otras fuentes de financiamiento o reasignaciones presupuestarias intra o interministeriales, pero no sobre la base de recortar los servicios o disminuir los niveles de atención del Instituto.
Rechazamos el uso del DICOM por parte de INDAP en contra de los campesinos. Consideramos impropio usar este mecanismo porque perjudica severamente sus posibilidades de acceder al crédito en otras entidades y, por lo tanto, los daños serían mayores que los posibles beneficios que se pretenda obtener mediante la utilización de ese instrumento.
La Democracia Cristiana se encuentra decidida a realizar una firme defensa del INDAP, de sus funcionarios y de los campesinos chilenos; de los roles y de las funciones de la institución, cuyo objetivo principal es servir los intereses de las familias campesinas del país. Ello nos obliga a separar casos aislados de eventuales malas gestiones o de irregularidades, que jamás ampararemos. En este sentido, la opinión pública no debe dejarse confundir por las campañas publicitarias de desprestigio, que tienen como único propósito perjudicar principalmente las posibilidades de las familias campesinas de seguir siendo sujetos autónomos e independientes económicamente.
La Democracia Cristiana cree firmemente que la agricultura nacional, en un contexto de globalización y apertura de los mercados, tiene la oportunidad de seguir desarrollándose. Las condiciones agroecológicas de nuestro territorio lo hacen particularmente propicio para el cultivo de productos y alimentos sanos, limpios y complementarios con otras agriculturas del mundo. Asimismo, se cuenta con campesinos, empresarios, trabajadores y agroindustria capaces de enfrentar las más duras exigencias impuestas por la competencia internacional. No obstante, se deben dar los pasos necesarios para seguir profundizando nuestra inserción internacional en este ámbito, para lo cual se requiere de nuevos marcos institucionales, legales, presupuestarios y tecnológicos a fin de abordar la tarea y los desafíos presentes y futuros.
El mal de las "vacas locas" ha puesto en crisis el modelo de agricultura industrial seguido por los países desarrollados, debido al desmesurado uso de agroquímicos, hormonas, antibióticos, desechos orgánicos derivados de sus propias producciones, etcétera. Hoy los consumidores de tales naciones no desean ese tipo de productos, sino que buscan otros limpios y sanos. Dado que nuestra tierra presenta las mejores características para proporcionarlos, ésta es una ocasión para transformar profundamente la agricultura nacional y desarrollar un modelo de producción propio, acorde con nuestra experiencia y condiciones naturales.
Dieciocho propuestas concretas
Pensando en Chile y su futuro, el Partido Demócrata Cristiano propone al Gobierno y al país las siguientes dieciocho medidas, que van en la dirección antes señalada:
1.- El cumplimiento de los compromisos con el sector agrícola y el mundo rural contraídos y firmados por el Presidente Lagos, en Chimbarongo y Curicó, en enero de 2000 y en los meses anteriores a esa fecha.
2.- El envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley tendiente a reestructurar y reforzar el rol del actual Ministerio de Agricultura. Éste, aparte constituir una institucionalidad para los recursos naturales, la agricultura, la pesca, la actividad forestal y el desarrollo rural, debe tener una capacidad de coordinación sustantiva en lo relativo a riego, como hemos expresado precedentemente, y hacerse cargo también de coordinar en el sector rural las políticas sociales que las diferentes instituciones del Estado operan en la actualidad.
3.- Crear una Comisión interministerial destinada a establecer en breve plazo la coherencia y consistencia necesarias entre las políticas económica, exterior y agraria del Gobierno que permitan destrabar un conjunto de situaciones complejas, tales como salvaguardias o bandas de precio. Es decir, compatibilizar apertura al exterior, cumplimiento de normas de la OMC y protección o resguardo de los mercados nacionales de productos a precios distorsionados.
4.- Enfrentar el problema del endeudamiento de los pequeños agricultores con INDAP mediante reprogramación, condonación de deudas y asignación de un volumen adicional sustantivo de recursos antes de abril del año en curso, para dejar en estado productivo a decenas de miles de pequeños agricultores que no pueden continuar con sus actividades por carecer de los medios indispensables para ello.
5.- Eliminar el uso del DICOM en la gestión del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
6.- Acelerar el despacho del proyecto de ley sobre bosque nativo y el de nueva institucionalidad forestal y reforzamiento de la CONAF.
7.- Enviar al Parlamento un proyecto de fomento a la organización y asociatividad de los campesinos, incluido su financiamiento parcial o total por el Estado, ya que la organización social favorece y facilita la participación ciudadana en la solución de los problemas y gestión de sus demandas.
8.- Reinstalar el convenio de INDAP con el Banco Mundial y el FIDA u otra institución crediticia multilateral, mediante el cual se financiaba el Programa de Comunas Pobres (conocido como PRODECOP), que fue suspendido en el 2000 y continuado sólo en 2001 con limitados fondos del Presupuesto nacional. Ese programa es tremendamente productivo y efectivo en las zonas marginales y debería ser aplicado en más de 100 comunas pobres del país.
La economía nacional ha experimentado una merma en las inversiones extranjeras. Ello permite el endeudamiento externo a largo plazo, destinado a poner en producción sectores agrícolas pobres con los consecuentes beneficios en empleo y superación de la pobreza de muchas zonas del país.
9.- Refocalizar los recursos derivados de los compromisos del acuerdo con el MERCOSUR y la desgravación arancelaria hacia sectores de la pequeña agricultura, a los que sólo llega el 50 por ciento del total de los recursos asignados.
10.- Poner en marcha un sistema de capacitación en el ámbito silvoagropecuario, destinado a "profesionalizar" a los agricultores que deseen innovar y realizar inversiones de capital en sus explotaciones agropecuarias. A modo de ejemplo, el sector agropecuario es el que menos utiliza actualmente las facilidades del SENCE.
11.- Reforzar el accionar de la Fiscalía Nacional Económica -que ha sido débil- en favor de una mayor transparencia y eficacia de los mercados, favoreciendo así la sana y leal competencia. Lo mismo debe ocurrir con la Comisión Antidistorsiones del Banco Central, que opera cuando hay daño o amenaza de daño. En la práctica, eso significa que interviene cuando las importaciones ya se encuentran en Chile y el daño es un hecho. En este sentido, se deberá:
-Formular indicaciones legislativas que permitan a la Fiscalía Nacional Económica hacer más efectiva y oportuna su labor en favor de la mayor transparencia de los mercados y de la sana competencia.
-Igualmente, introducir modificaciones legales que posibiliten a la Comisión Antidistorsiones hacer más efectiva y oportuna su labor de defensa de los mercados nacionales y sus productores frente a las importaciones bajo dumping o subsidios pesados.
12.- En el plano interno, creemos urgente propiciar la dictación de nuevas disposiciones legales que faciliten la existencia y funcionamiento de las empresas familiares campesinas a través de:
-Modificar la ley de cooperativas y solicitar trámite de urgencia para el proyecto respectivo, a fin de despertarlo de su letargo de diez años en el Parlamento. Éste es un instrumento particularmente útil en el sector agrario, que favorece la asociatividad de los agricultores.
-Iniciar los trámites legislativos para modificar el sistema de pago de facturas en forma similar al sistema de cheques, pues los productores (no sólo los agrícolas, sino también los pequeños y medianos empresarios) deben integrar el IVA en ciento por ciento y al contado antes del día 12 de cada mes, mientras ellos reciben, de parte del exportador o comerciante, el pago por sus mercaderías o por los servicios entregados tres, cuatro o cinco meses después de haber tenido que integrar ese impuesto directamente al Estado. No hay productor agrícola o empresario, mediano o pequeño, que pueda resistir la obligación de cumplir los compromisos tributarios si el Estado no le da facilidades para reprogramar el pago en cuotas de sus propias existencias, ante un valor que se supone recibido.
13.- Aplicar con urgencia una política de financiamiento para la agricultura, en especial destinada a los medianos y pequeños productores agrícolas del país, que resuelva el serio problema de acceso a capitales de operación e inversión que hoy los aqueja. El país espera que el Banco del Estado de Chile vuelva a abrir sus puertas al sector agrícola, como ocurrió en la década del 50 y en parte de la del 60. Hoy esa institución bancaria no trabaja con la agricultura chilena.
14.- Establecer las mesas de diálogo agrario a nivel regional, con participación de intendentes y autoridades concernidas, y con la representación amplia de los productores agrícolas campesinos.
15.- Legislar urgentemente en beneficio de los trabajadores temporeros, dándoles mayores garantías laborales, ya que esto afecta las condiciones de vida de miles de mujeres y hombres en el medio rural y hoy se ha convertido en una precondición para seguir exportando a países que exigen determinados estándares sociales y laborales para que los productos chilenos ingresen en sus mercados.
16.- Reestructurar con urgencia el INDAP, para sacarlo del inmovilismo actual, producido por efecto de políticas contradictorias, y adecuarlo a los desafíos de hoy y a los que deberá enfrentar en el futuro. La reestructuración podría dar origen a iniciativas legales, para lo cual se requiere con premura una nueva propuesta que cumpla los objetivos planteados por el Presidente de la República en Chimbarongo durante su campaña electoral.
Para el cumplimiento de la misión del INDAP se necesita una reestructuración a fondo de su institucionalidad. Los temas más relevantes por resolver son:
-Una radical descentralización de su acción y la regulación de sus procedimientos.
-Fortalecimiento de los consejos asesores en los niveles de regiones y de áreas, con las atribuciones pertinentes para cumplir funciones efectivas.
-Establecimiento del Consejo Directivo Nacional, con la participación del sector público y de los usuarios del INDAP, representados por sus organizaciones.
-Revisión de la planta profesional y de su carrera funcionaria, incluidos los temas remuneracionales, ya que los funcionarios del INDAP y de la CONAF son los que están peor pagados en la Administración Pública.
17.- Descentralizar en forma efectiva el funcionamiento de otros servicios que atienden al sector silvoagropecuario, eliminando burocracia innecesaria.
18.- Finalmente, la Democracia Cristiana exige que el Ministro de Hacienda cumpla el compromiso del Presidente Ricardo Lagos , solemnemente asumido con la Directiva Nacional de nuestro Partido y sus Parlamentarios el 22 de agosto de 2000, en el sentido de acelerar y completar la asignación de las pensiones de gracia pendientes a los campesinos que fueron afectados por el arbitrario decreto ley Nº 208, dictado durante el Gobierno militar. Esas pensiones representan un ineludible imperativo ético para reparar la tremenda injusticia que se cometió con los campesinos que fueron dirigentes durante el proceso de reforma agraria, o las cooperativas, o los asentamientos, o las organizaciones sociales o sindicatos a que estaban adscritos. Su exclusión de la propiedad y de la asignación de tierras fue una venganza contra ellos, porque creyeron -y se jugaron por esa causa- en la transformación de sus propios compañeros y la restitución de su dignidad. En consecuencia, merecen nuestra admiración y nuestro respeto por su enorme sacrificio.
Por lo tanto, la Democracia Cristiana rechaza la respuesta del señor Ministro de Hacienda a la petición que el Senador que habla en nombre de la Democracia Cristiana formuló en esta Sala. Ese Secretario de Estado contestó que tales pensiones se suspenden. La Democracia Cristiana no acepta esa respuesta, pues aquí hay un problema de justicia, de dignidad y de cumplimiento de la palabra empeñada por Su Excelencia el Presidente de la República .
Éste es el planteamiento oficial de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
SESIÓN DEL SENADO PARA DEBATE SOBRE POLÍTICA AGRÍCOLA Y SITUACIÓN DEL INDAP
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , en materias agrícolas, no cabe la menor duda de que el país atraviesa por una crisis bastante sostenida. Nosotros lo hemos venido afirmando desde hace mucho tiempo. Siete años atrás, solicitamos que el Senado celebrara una sesión destinada a tratar los problemas insertos en la realidad agrícola. Ya entonces hicimos un diagnóstico que, si bien no fue compartido por todos, hablaba de la crisis que estaba afectando al campo chileno, a los hombres y mujeres que trabajan en él, y particularmente, a la pequeña agricultura campesina.
Cuando hablábamos de crisis, se nos decía que estábamos haciendo consideraciones políticas. Pero la verdad es que nuestras inquietudes emanaban del conocimiento de la realidad rural: de cómo los productos iban perdiendo valor; cómo la vida en el campo disminuía en calidad; cómo iba aumentando la pobreza rural en Chile.
Por eso, no puedo menos que compartir las inquietudes que trasuntan las palabras que escuchamos recién respecto de la actual situación agrícola, que exige medidas muy fuertes y muy perentorias.
Sin embargo, no puedo dejar de manifestar mi sorpresa cuando advierto que un Partido oficialista, pese a haber formado parte del Gobierno durante once años, hoy parece desentenderse de su responsabilidad en la actual crisis agrícola.
En tal sentido, señor Presidente , ¿cómo puede criticarse al INDAP en nombre de la Democracia Cristiana si el Director de ese Instituto pertenece a ella? ¿Cómo se puede criticar al Banco del Estado por no haberse metido en la actividad agrícola -lo que es cierto-, en circunstancias de que durante más de diez años el Presidente de esa entidad bancaria ha sido un alto dirigente democratacristiano?
Opino que hay que tener coherencia en estas materias. Y, si bien me alegro de ver hoy la voluntad de analizar con mayor crudeza la realidad agrícola, me parece que quienes tienen responsabilidades no pueden desentenderse de ellas a causa de conflictos internos en el Gobierno o de cara a una elección parlamentaria como la que habrá este año.
Por ello, junto con manifestar mi sorpresa a ese respecto, quiero invitar a la Democracia Cristiana, que habló hoy con tanta energía por intermedio del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, a celebrar una reunión en la Cámara Alta para que discutamos la realidad agrícola, y en particular la situación del INDAP; para que sepamos lo que aquí ha ocurrido en estos diez u once años; para que conozcamos los problemas suscitados por la gestión llevada a cabo durante los Gobiernos de la Concertación; para que nos refiramos a las dificultades que enfrentan los dirigentes campesinos, quienes hoy, debido a irregularidades en el funcionamiento del INDAP, están enfrentando graves problemas financieros.
Ayer hablaba con el señor Ministro de Agricultura , por ejemplo, acerca de la situación de directores de la cooperativa Buscando Desarrollo, de Parral, quienes hoy están en DICOM por haber avalado créditos otorgados a toda la entidad mientras ellos ejercían esos cargos; es decir, créditos solicitados no para sí mismos, sino para muchos. Como la cooperativa no los pagó, INDAP se los hizo exigibles a ellos, por lo cual aparecen en DICOM y se hallan sufriendo los rigores de tener antecedentes bancarios negativos que los afectan en forma personal.
No hay soluciones para eso. Sin embargo, quienes hoy son Gobierno no pueden desentenderse, en mi opinión, de la responsabilidad que les compete en esa materia.
Pero, más allá de entrar en ese tipo de disquisiciones o recriminaciones, quiero invitar al Senado a convocar lo antes posible a una sesión donde podamos discutir la política agrícola del actual Gobierno y la situación del INDAP, incluyendo la propuesta de su reestructuración, para ver cómo se va a seguir atendiendo al referido sector.
El señor MORENO .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador , para contestar su invitación?
El señor LARRAÍN.-
Finalmente, aquí se ha dicho en forma inaceptable que la política de la Derecha -aludiendo, supongo, a estas bancas- es la de terminar con el INDAP y traspasar sus recursos a los municipios.
Señor Presidente , esa afirmación constituye una falacia, no tiene asidero. Jamás una persona responsable de nuestro sector ha señalado algo así. Por el contrario, cuando hemos analizado las irregularidades cometidas por el INDAP, hemos dicho que precisamente queremos rescatar a ese Instituto para que los recursos pertinentes se entreguen a los agricultores, a los campesinos, a la pequeña agricultura, a quienes los necesitan.
Por tanto, no es aceptable que se hagan aseveraciones que no corresponden a la realidad.
Asimismo, hemos planteado la conveniencia de que los municipios también puedan, en los ámbitos rurales, asesorar técnicamente a quienes lo requieran. Pero esa propuesta es adicional a la de la mantención del INDAP, como lo hemos señalado reiteradamente.
Que hoy día se sostenga una cosa distinta aquí es inaceptable para nosotros, porque implica tergiversar las cosas, probablemente en el ánimo de confundir en la negociación un ataque dirigido al Gobierno con una afrenta a nuestro sector político.
Manejen como quieran los problemas internos del Gobierno. Pero no nos involucren en ellos. Sean responsables y asuman los errores cometidos en el ámbito agrícola, que todos conocemos, los cuales son atribuibles a las actuales autoridades. No nos pueden imputar esas responsabilidades a nosotros.
Termino, señor Presidente , reiterando mi proposición, en nombre del Comité UDI, de convocar al Senado a una sesión que tenga por objeto discutir la actual política agrícola, la realidad nacional en ese campo, y en particular, la situación del INDAP y su reestructuración.
He dicho.
El señor MORENO.-
Antes de terminar, señor Senador , ¿me permite aclarar un punto con respecto a su invitación?
El señor LARRAÍN.-
Con la venia del señor Presidente, no tengo problema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con cargo al tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Seré muy breve, señor Presidente .
Sólo quiero recordar al Honorable señor Larraín que fue precisamente la Democracia Cristiana, a través del Senador que habla, la que manifestó su voluntad de citar a la Cámara Alta a una sesión especial para discutir el tema. Y en su oportunidad invitamos a recoger la cantidad necesaria de firmas.
Por lo tanto, quiero que Su Señoría tenga, no sólo esa certeza, sino también nuestra disponibilidad para el efecto indicado. Y estamos preparados para realizar de inmediato el debate pertinente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
SITUACIÓN DE PESCA ARTESANAL EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , los planteamientos que voy a hacer reflejan hasta cierto punto las características de las vacaciones de los Parlamentarios, particularmente en un año electoral.
En primer lugar, quiero referirme a la movilización social que se observa en la Región de Aisén a consecuencia de la realidad que vive el sector pesquero artesanal. Se trata de un movimiento con profundas raíces, por la falta de transparencia en la administración pesquera de las cuotas de captura que corresponden a ese sector.
En tal sentido, el movimiento merece ser conocido por las comunidades regional y nacional, y también por las autoridades competentes, pues no obedece a un conflicto entre gremios o sindicatos o entre sindicatos y federación, sino que más bien es reflejo de la posición de los pescadores artesanales con respecto a la manera como se administran los recursos.
De acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura, existe una gran cantidad de funciones y atribuciones que se otorgan en estas materias a servicios públicos, los cuales, por ello, deben participar derechamente en la solución.
La situación se origina porque la Subsecretaría del ramo, a través de la modalidad de pesca de investigación, entrega una serie de facultades a organismos consultores que, a su vez, asisten a la Federación de Pescadores Artesanales. Se hallan involucrados fondos del Gobierno y aportes de empresas, e incluso de los propios pescadores artesanales.
El proyecto que permite la calendarización, la división por sectores, la asignación de cuotas de captura y la actualización de los registros de dichos pescadores, no ha sido bien llevado.
Solicitamos a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca una serie de antecedentes, a fin de que todo el sistema quede absolutamente claro para cada uno de los movimientos, organizaciones y gremios de los pescadores artesanales de la Undécima Región.
En particular, interesa conocer, de parte del Ministerio del Trabajo, la manera como se han generado las autoridades de la Federación de Pescadores Artesanales, en atención a que las Inspecciones del Trabajo actúan como ministros de fe.
Entiendo claramente que los Parlamentarios estamos inhibidos constitucionalmente de participar en conflictos gremiales o en conflictos entre entidades de ese carácter y las autoridades. Por ende, sólo deseo informarme, para saber en qué medida se está aplicando rigurosamente la Ley General de Pesca, en especial lo que corresponde al Ministerio del Trabajo y a las Inspecciones respectivas.
La ley Nº 19.713, publicada el 25 de enero de este año, establece, por un lado, el límite máximo de captura por armador, y por otro, una serie de medidas en beneficio del sector pesquero artesanal. Para este sector, sin embargo, no ha quedado clara la regularización del registro de pescadores artesanales, y en particular, la normativa que permitiría a quienes se hallaban en lista de espera hasta determinada fecha acceder a los recursos que se encontraban en plena explotación o con alguna fórmula de cierre transitorio. Específicamente, los recursos que más actividad económica generan al sector en la Undécima Región son la merluza austral y el congrio, respecto de los cuales aquellos se encuentran impedidos.
Los antecedentes proporcionados por la autoridad al momento de tratar el proyecto que dio origen a la referida ley dejaron en claro ante la Comisión de Pesca y la Sala del Senado que quienes cumplieran con los requisitos podrían ingresar, al amparo de la normativa, al menos a una de las especies señaladas. Si eso no ocurriera, sería bastante grave, porque significaría que no dispusimos de los antecedentes completos. De hecho, según un folleto del Servicio Nacional de Pesca relativo a la regularización del registro de pescadores artesanales, la ley no es aplicable a los recursos merluza del sur, congrio dorado y albacora, y el acceso a ellos sólo se podrá regularizar con posterioridad, a través de los mecanismos actualmente vigentes en la Ley de Pesca y otros que la autoridad pesquera establezca.
Por tal motivo, pido oficiar a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca con el objeto de que den a conocer cuáles serían los otros mecanismos, para poder establecerlos en el más breve plazo y antes de la fecha de vencimiento que fija la propia ley, que es el 25 de mayo de este año.
Asimismo, quedó el compromiso de la autoridad de generar un consejo zonal en la Región de Aisén, sobre lo cual ya estamos de acuerdo con mi colega y vecino el Senador señor Stange . Dada la multiplicidad de aspectos que presentan la pesquería industrial, la artesanal, la pesca deportiva, la acuicultura y el turismo, además de las áreas de reserva marina y parques marinos que se deben establecer, se justifica plenamente crear un consejo zonal con asiento en Puerto Aisén.
Por lo tanto, solicito que el proyecto de ley pertinente, cuya iniciativa corresponde al Ejecutivo y que no significa mayor gasto, sea enviado al Congreso con la mayor brevedad.
Finalmente, me gustaría saber si existe algún tipo de fondos a los cuales los distintos sindicatos y gremios pueden acceder para desarrollar su actividad en forma transparente. Tal vez el Fondo de Fomento para el Pescador Artesanal u otros recursos para capacitación que operan al amparo de los Ministerios de Economía y del Trabajo podrían ser suficientes para que esos sectores puedan manejarse sin estar supeditados a recibir aportes de otras entidades, lo que después hace muy difícil mantener su libertad de acción.
Solicito oficiar a los Ministerios de Economía y del Trabajo, y a la Subsecretaría de Pesca, para que nos remitan los antecedentes del caso.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
REMISIÓN DE FONDOS A MUNICIPALIDAD DE TORTEL. OFICIO
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , no se ha respetado el flujo de caja o el calendario previsto para algunos municipios, situación que afecta notablemente a los más pequeños, como el de Tortel, al que se le restaron 10 millones de pesos en febrero, los que se repusieron en marzo, pero se volvieron a sustraer en abril y se restituyeron en mayo, y así sucesivamente. Es decir, se entrega la cifra de dinero establecida para el año con un calendario distinto, corrido en un mes, lo cual impide a las municipalidades pagar sueldos y salarios y cumplir con los diversos proveedores.
Solicito oficiar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a fin de que vea la manera de regularizar esta situación, que en particular afecta a los municipios pequeños, que no poseen la suficiente flexibilidad económica como para resolverla.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
MAREA ROJA Y PESCA EXTRACTIVA EN COMUNA DE TORTEL. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en la comuna de Tortel se ha efectuado una investigación con aporte municipal para establecer si hay o no hay marea roja, y en particular con el Ministerio de Salud, se ha logrado asegurar que hay importantes áreas en las que no está presente. Por ello se requieren las autorizaciones del caso para la captura de recursos hidrobiológicos bentónicos.
Solicito oficiar a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca a fin de que vean la posibilidad de abrir los registros y fijar una cuota para iniciar la pesca extractiva en la comuna de Tortel, que ya tiene acceso físico a través del Camino Austral hasta Puerto Yungay y el ramal que se está haciendo hasta la misma localidad.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
INTEGRACIÓN DE COMUNA DE TORTEL. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en cuanto al ramal que da acceso a Tortel, que satisface la necesidad de integrar esta comuna, se ha planteado una pugna, conflicto o algún grado de intercambio de diversas soluciones tendientes a no vulnerar su atractivo turístico.
Solicito enviar oficio al Ministerio de Obras Públicas con el objeto de que estudie a futuro una solución para que ese ramal llegue hasta el área de servicio, la escuela y la posta, así como la habilitación de una ruta al aeropuerto con conexión fluvial y que el resto de la integración se efectúe a través de funiculares o algún medio que no dañe el atractivo turístico del sector. Asimismo, a mediano plazo es necesario analizar la posibilidad de conectar el muelle marítimo con un túnel.
Solicito remitir oficio al Servicio Nacional de Turismo para que declare esta localidad como de atractivo turístico, de manera que su ordenamiento comunal también guarde relación con su vocación turística.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
"MESA DE DIÁLOGO" EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en el presente año el Ministro del Interior estableció en la Región de Aisén una suerte de "mesa de diálogo" que, por sus características, cabe señalarla entre comillas, porque, más que un diálogo, en un momento dado parecía el lanzamiento de algunas candidaturas parlamentarias con miras a los comicios de este año. No obstante, las distintas organizaciones plantearon sus aprensiones, así como la necesidad de que el Gobierno de algún modo intervenga o solucione sus problemas. Obviamente, entregaron antecedentes que no sólo son dignos de ser estudiados, sino también de ser resueltos.
Uno de ellos se refiere al grupo denominado de Defensa de la Tierra, que está recopilando todo lo referente al uso y derechos históricos relativos al acceso a los bienes nacionales fiscales. En esta materia, han surgido problemas derivados de los trámites que deben cumplirse para entregar algunas concesiones en cuanto al bosque nativo, por ejemplo, a ciertas empresas para que puedan aprovechar en buena forma los planes de manejo silvicultural.
Sin embargo, en determinadas áreas hay derechos previos sobre veranadas o terrenos que fueron abandonados en su momento por sus pobladores a raíz de los estragos causados por la erupción del volcán Hudson. Me refiero al sector Alto Río Ibáñez, aledaño al camino Río Cajón Cofré . Y habría alrededor de 20 familias más otras siete, que fueron afectadas en 1991 por la erupción y las cenizas de dicho volcán, que hoy desean recuperar sus terrenos.
Solicito enviar oficio al señor Biministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales a fin de que acoja todas estas peticiones y se haga una rápida evaluación del problema. En la actualidad, mediante el empleo de instrumentos como el posicionador satelital este trabajo se puede hacer con bastante acuciosidad y rapidez, pues ya no se requiere efectuar largas, tediosas y difíciles tareas de despeje de sendas para evaluar en terreno las ocupaciones, los derechos y las mejoras realizadas por estos pobladores, de manera de establecer una política y un plan efectivo de entrega de estas tierras a las personas con mejor derecho.
También se planteó por parte de la comunidad del sector del camino Valle Laguna, Lago Portales, Río Blanco, Puerto Aisén -que además representa una ruta alternativa a la principal vía transversal de la Región, Balmaceda-Chacabuco- la necesidad de terminarlo en un trecho de siete kilómetros por la orilla del mencionado lago. En este momento esta obra no tiene financiamiento. La verdad es que de no construirse esos siete kilómetros, este año habría un gran cantidad de inversión que no se aprovecharía en su estricto y real potencial.
Solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que genere un plan comprometido de sendas, balsas y pasarelas que permitan establecer una red secundaria de acceso a la red principal en la estructura de caminos de la Región, que está configurada por el Longitudinal Austral y los caminos transversales; y se conozca el cronograma y la participación de las diversas comunidades para establecer las prioridades en cuanto a las sendas en su estándar más básico.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
DEUDA OPERACIONAL DE HOSPITAL DE COYHAIQUE. OFICIO
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , el Hospital de Coyhaique ostenta la deuda relativa más alta de Chile. Resulta contradictorio que se esté terminando de construir un centro asistencial de primera categoría en lo relativo a infraestructura y no cuente con la dotación y medios necesarios para funcionar.
Sabemos que su personal trabaja con una vocación de servicio notable. Incluso de su propio bolsillo muchas veces aportan los medios para poder atender a la comunidad como se merece. Pero no está en condiciones de resistir una deuda operacional de esta naturaleza. Y ya se están viendo las consecuencias. En la Región, este hospital es la única posibilidad de acceder a atención de salud, debido a la dificultad de llegar a otras zonas de Chile por su condición de alejamiento del resto del sistema existente de Puerto Montt al norte.
Sobre el particular, solicito oficiar a la señora Ministra de Salud para saber cómo se va a regularizar esta deuda operacional.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
EVALUACIÓN DE CESANTÍA EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Por último, solicito enviar oficios al señor Ministro de Economía , al Director del Instituto Nacional de Estadísticas y a la Universidad de Chile en cuanto a revisar la metodología empleada para evaluar la cesantía en la Región de Aisén, que sistemáticamente figura como la más baja, no obstante que se sabe que ello no corresponde a la realidad. Las personas que viven esa situación o la sufren en gran proporción se trasladan a otras regiones de Chile o a Argentina, con lo cual no figuran en las encuestas y, por lo tanto, no se adoptan las medidas necesarias para incentivar el empleo en la Región.
--Se anuncia el envío de los oficios, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Con la venia del Honorable señor Horvath, quiero sumarme a la solicitud de antecedentes respecto de la Ley de Pesca.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , se tendrá en cuenta su adhesión al referido oficio cuyo envío solicitó el Honorable señor Horvath .
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palasbra el Honorable señor Cantero.
EFECTOS DE INVIERNO ALTIPLÁNICO EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA. OFICIO
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , como es de público conocimiento, la provincia de El Loa en la Región de Antofagasta ha sido impactada fuertemente en los últimos días por el "invierno altiplánico", que ha desencadenado precipitaciones que no lograron ser adecuadamente controladas en el cauce del río Loa y que fueron incrementadas por el caudal del río Salado, causando devastadores efectos sociales y económicos en la zona de Calama.
Los principales problemas de la provincia ocasionados por dicho fenómeno son la dificultad en la distribución de agua potable, con el consiguiente impacto tanto económico como social; la vialidad urbana e intercomunal, con efecto permanente en el tiempo, pues será necesario reparar o reconstruir en algunos casos; daños agrícolas, dado que se perdieron cosechas, animales y también desaparecieron parcelas o terrenos porque el río ha cambiado su curso.
Las personas damnificadas son mil 247, de las cuales 120 pertenecen a Ollagüe, 131 a la comuna de San Pedro de Atacama, y 996 a la comuna de Calama. Hay 355 viviendas dañadas con diversa gravedad: algunas experimentaron simples anegamientos y otras la destrucción total de techumbres e, incluso, de la morada misma.
En esta oportunidad, deseo destacar el trabajo que se ha venido desarrollando en la zona afectada por la catástrofe, particularmente la colaboración estrecha entre los diversos servicios públicos. Quiero valorar la conducción de tales labores por parte del Intendente, señor Alfonso Dulanto y del Gobernador provincial de El Loa , señor Francisco Javier Segovia , quienes no han tenido dudas en buscar todo tipo de apoyo para enfrentar adecuadamente esta emergencia y responder con la mayor prontitud a las necesidades de los ciudadanos.
Por ejemplo, empresas estatales como CODELCO, División Chuquicamata , respondieron rápidamente con todo tipo de maquinarias para evitar que la crecida de las aguas que afectó a la ciudad tuviera efectos mayores. Por ello no hay que lamentar pérdidas de vidas humanas. Ese espíritu de ayuda se observó también en las empresas privadas El Abra y Radomiro Tomic . En general, existe un ánimo de colaboración, de sinergia social en la zona.
Sin embargo, deseo hacer resaltar algo que me conmovió, que me ha hecho mirar el futuro con esperanza. Los señores Intendente y Gobernador provincial antes aludidos, a diferencia de lo ocurrido en otros eventos de esta naturaleza en el pasado, como el aluvión de Antofagasta, no dudaron en recurrir a las Fuerzas Armadas al momento de recibir ayuda. Tan así es que, tanto el Intendente regional, señor Alfonso Dulanto , como el Gobernador provincial, señor Francisco Javier Segovia , han expresado públicamente su agradecimiento, beneplácito y orgullo al ver cómo la comunidad nacional, civiles y militares, concurren como un solo cuerpo a enfrentar una emergencia. Ellos pusieron de relieve la forma como la civilidad y las Fuerzas Armadas trabajaron durante toda una noche en las calles para contener el flujo de las aguas y evitar que el lodo entrara con mayor fuerza a la ciudad, protegiendo en definitiva a la comunidad.
Me parece destacable tal actitud. Desgraciadamente, ésa -reitero- no ha sido la tónica en eventos de emergencia anteriores como el aluvión a que hice referencia.
Los soldados, pala en mano, trabajaron en los canales durante la noche, bloqueando el curso del río que se desbordaba, y hoy, cuando ya hay tranquilidad, sus camiones distribuyen agua y la ayuda solidaria llegada desde distintos puntos del país, a fin de atender las necesidades de la gente y normalizar la vida ciudadana.
Creo que ese encuentro, esa búsqueda de comunión, de amistad cívica, entre el mundo militar y el mundo civil, esa apertura y altura de criterios con que han actuado las autoridades, me hacen mirar con optimismo el futuro.
Por ello, deseo adherir a las palabras de los señores Intendente regional y Gobernador provincial, quienes han solicitado declarar a El Loa zona de catástrofe.
Quiero agregar que me parece necesario que el Gobierno destine recursos con oportunidad, por una parte, para paliar el alto costo que ha debido enfrentar un sector de la comunidad, particularmente el que ha sido fuertemente afectado -el agrícola-, y por otra, para recuperar las obras civiles y, sobre todo, establecer medidas de prevención, a fin de que no vuelva a ocurrir dicho desborde.
Con todo, deseo hacerme eco del planteamiento de diversos sectores de la comunidad. Ellos han expresado su preocupación por el manejo del embalse Conchi , toda vez que, con su larga experiencia -se trata de baqueanos oriundos de la zona-, han señalado que la infraestructura de retención de recursos hídricos podría haber sido mejor administrada.
Por esa razón, pido oficiar al señor Ministro de Obras Públicas , a fin de que informe al Senado sobre el manejo e implicancias de esa Secretaría de Estado en la regulación del flujo hídrico en el curso inferior del río Loa, y en qué medida pudo haber sido optimizada esa situación para evitar un daño mayor producto del incremento en tan breve tiempo del caudal de agua que por allí circuló.
Asimismo, deseo enviar comunicaciones al Cuerpo de Bomberos de la provincia de El Loa; a la Cruz Roja; al Director Nacional de la Defensa Civil ; y particularmente al Comandante en Jefe de la Primera División de Ejército , General señor Gilberto Sepúlveda , y al General de Carabineros, señor Jaime Barrientos , expresándoles mi agradecimiento por la prontitud, eficiencia y sobre todo el compromiso cívico que han demostrado al desplegar todas sus capacidades con la anuencia de las autoridades políticas de la zona.
Además, solicito oficiar al señor Presidente de la República , con el objeto de que, en la medida que fuere posible, se readecuen los presupuestos y se pueda destinar recursos adicionales a la provincia de El Loa, a fin de recuperar las obras civiles, como el puente de acceso entre Calama y Chuquicamata o el que permite transitar desde Chiu-Chiu hacia arriba, que se lo llevó la crecida de las aguas, dejando aislado prácticamente al sector denominado "Alto Loa".
Mi intervención ha tenido por objeto destacar el tremendo esfuerzo realizado y hacer notar que, cuando hay amistad cívica y reencuentro entre los chilenos, podemos enfrentar grandes desafíos, incluso sobreponernos a las desgracias o construir una sinergia social que permita a Chile ponerse de pie y avanzar hacia el progreso y desarrollo.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional ha sido solicitado por el Senador señor Martínez y se lo concedemos con mucho agrado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No hay inconveniente.
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , ante todo, deseo adherir a las palabras del Senador señor Cantero, en cuanto al significado de la acción conjunta de fuerzas civiles y militares para recuperar una provincia que ha sido golpeada severamente por el invierno boliviano.
ALCANCES A DISCURSO DE PRESIDENTE DE CORTE SUPREMA
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , con ocasión de las inauguración de las actividades judiciales ordinarias del año 2001, el señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , don Hernán Álvarez , ha dado a conocer a la opinión pública en su discurso del 1º del mes en curso distintos conceptos, que estimo mi deber comentar en esta oportunidad, dada su trascendencia nacional.
En primer lugar, llama la atención el hecho de que sostenga que "la situación que vive y tensiona todavía al país tiene su origen en los graves hechos de violencia, que se produjeron a partir del 11 de septiembre de 1973, con ocasión de la intervención militar y la consiguiente interrupción del sistema democrático.".
Si tales afirmaciones las hubiera emitido una persona que por su juventud no vivió en aquella época, podría entenderse que ellas se deben al desconocimiento de la realidad de entonces. Sin embargo, el actual Presidente de la Corte Suprema , en dicho período, ya era abogado e integraba la judicatura.
Por lo expuesto, no es posible comprender cómo pudo olvidar que en el Congreso del Partido Socialista, celebrado entre el 24 y el 26 de septiembre de 1967, se definió la violencia como instrumento válido para el acceso al poder. Obviamente, en su discurso también se ignoran los innumerables hechos delictivos que dieron forma a este propósito, entre ellos, las escuelas de guerrilleros de Guayacán y del Cajón del Maipo; los atentados con explosivos contra el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, el diario "El Mercurio" de Santiago, el Consulado de los Estados Unidos en la capital, la sede central del Partido Demócrata Cristiano, la residencia del ex Senador señor Francisco Bulnes Sanfuentes , la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, la línea férrea entre Rancagua y Sewell, el Instituto Hebreo y la correspondiente sinagoga judía y la sede vecinal de la Democracia Cristiana en La Pintana; la bomba arrojada en medio de un numeroso grupo de adherentes de esa colectividad en Chillán; el asalto y robo de las sucursales Santa Elena del Banco Londres, de la estación del Banco Edwards, del Banco Continental y la sucursal Vega Poniente del Banco Nacional del Trabajo.
Asimismo, resulta incomprensible su olvido del clima generalizado de odio desatado por los partidos de Izquierda, promovido orgánicamente más tarde por la Unidad Popular al asumir el Gobierno en 1970, el que se expresó violando los derechos humanos de los propietarios de tierras urbanas y agrícolas a través de tomas de terrenos y confiscaciones ilegales de industrias y fábricas. Además, de que en ellos hubo lesiones, secuestros, torturas y muertes de agricultores, por ejemplo, el señor Barahona ; periodistas como el director del diario "La Crónica" de Concepción; servidores públicos como el actual Diputado señor Maximiano Errázuriz , el ex Ministro del Interior , don Edmundo Pérez Zujovic , y personal de las Fuerzas Armadas como el subteniente Lacrampette, entre muchos otros.
Pero lo que resulta increíble es que se olvida del trato que recibió el propio Poder Judicial de parte del Presidente Allende y de funcionarios de su confianza, así como de sus partidarios, quienes incumplieron desembozadamente las resoluciones judiciales e injuriaron nada menos que a la Corte Suprema que hoy preside don Hernán Alvarez . Esta situación forzó a dicho Tribunal a expresar al Jefe de Estado de entonces en múltiples oficios, como los de 30 de octubre de 1972, 26 de mayo y 25 y 26 de junio de 1973, los reiterados actos públicos en los cuales se pretendió difamar e injuriar a sus integrantes; su benevolencia hacia los grupos terroristas y su reiteración, por enésima vez, de la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales "lo que significaba no sólo ya una crisis del estado de derecho, sino un perentorio e inminente quiebre de la juridicidad del país".
Coincidiendo con similar apreciación, los colegios profesionales, los partidos políticos democráticos y la Cámara de Diputados, por acuerdo de 23 de agosto de 1973, representaron al mencionado Presidente el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República y llamaron a las Fuerzas Armadas a poner inmediato término a las múltiples violaciones a los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía, lo que en otras palabras significaba asumir el gobierno de la nación.
En segundo lugar, debo manifestar mi profunda discrepancia con aquellas expresiones del Presidente de la Corte Suprema que, intentando eximirse del cuestionamiento de que ha sido objeto el Poder Judicial en razón del ejercicio de sus facultades jurisdiccionales durante el Gobierno Militar por partidarios de la actual Concertación y el Partido Comunista, sostiene que ello se debe a que las autoridades de esa época llegaron incluso a faltar a la verdad en las respuestas a sus requerimientos.
No me corresponde calificar ni adhiero a las imputaciones que se han hecho al Poder Judicial por este concepto, pero debo señalar, en mi condición de ex Juez Naval y ex miembro de la Corte Marcial de la Armada, que si así hubiere ocurrido, el Poder Judicial tenía expresas atribuciones otorgadas por los decretos supremos Nº 187, de enero de 1976, y Nº 146, de 10 de febrero del mismo año, para visitar todos los lugares de detención, por aplicación de las medidas de excepción constitucional y de las condiciones médicas de los que fueron puestos en libertad.
Por ello, no resultan comprensibles tales imputaciones, pues en el caso de que hubiera existido algún error en las informaciones de esa época -lo que era posible-, éste habría sido prontamente corregido con el ejercicio de los decretos supremos mencionados.
En tercer término, me llama profundamente la atención el hecho de que el señor Presidente de la Corte Suprema no haya planteado en su discurso, como lo ordena el Nº 4º del artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas.
A este respecto, desde el comienzo de nuestra historia republicana hasta el 11 de marzo de 1990 -fecha en que asumió el Gobierno del Presidente Aylwin-, el Poder Judicial tuvo una sola y permanente interpretación de las leyes de amnistía, de la aplicación de la prescripción de la acción penal y la pena y de la cosa juzgada. A contar de esa fecha y no obstante el estupor generalizado de tratadistas, profesores de Derecho, juristas, abogados e historiadores, los tribunales han dictado distintos fallos que, de hecho, constituyen modificaciones e incluso derogaciones en tales temas, causando gravísimas consecuencias en materias constitucionales y legales relativas a la igualdad ante la ley y otros derechos de las personas que prescribe la Carta Fundamental.
La discusión jurídica al respecto ya está agotada e incluso la ciudadanía ha tenido la oportunidad de conocer el pensamiento de distinguidos Senadores, entre los cuales tiene particular relevancia la opinión del Honorable señor Zurita , como ex Ministro de la Corte Suprema , que en sus declaraciones al diario "El Mercurio", de 28 de febrero último, demostró hasta la saciedad los errores de la torcida jurisprudencia de la década recién pasada.
Por lo expuesto, la mencionada omisión en el discurso del señor Presidente de la Corte Suprema resulta inexplicable, particularmente frente al propósito que también manifestara, en cuanto a la necesidad de que los políticos se esfuercen con patriotismo y se sumen a la "urgente tarea de restablecer la ansiada pacificación nacional".
Dicha ocasión habría hecho posible que, incluso hoy día, recogiendo sus palabras, iniciáramos la discusión de un proyecto de ley que interpretara las disposiciones legales mencionadas, superando de paso la insólita situación de que el Poder Judicial , y no el Legislativo, modifique o derogue precisamente las normas legales que aquél mismo debe aplicar.
Finalmente, en mi permanente propósito de ser justo tanto en la crítica como en los aspectos positivos de quienes ejercen el poder, debo expresar mi complacencia y adhesión al propósito manifestado por el señor Presidente de la Corte Suprema , don Hernán Alvarez , relativo a su llamado a escuchar tanto la voz autorizada y el mensaje del nuevo Cardenal, don Francisco Javier Errázuriz , como a las distintas autoridades espirituales de nuestra patria y a muchos hombres de bien, en el sentido de privilegiar el perdón, la paz social y el reencuentro entre los chilenos. Del mismo modo, adhiero a su esperanza de que los distintos actores políticos, ejerciendo al fin su relevante papel de conductores, se esfuercen con sincero patriotismo y se sumen a la urgente tarea de restablecer una ansiada pacificación nacional que beneficie a todos los chilenos, cualquiera haya sido el sector político en que militaron.
A mi juicio, nuestra patria y particularmente nuestra juventud, tienen derecho a un mejor futuro en el milenio que comienza. Como ha ocurrido en muchas de las circunstancias importantes que jalonan la evolución de la humanidad, hoy tenemos una excelente oportunidad para dejar atrás un pasado plagado de rencores y desesperanzas. Aprovechémosla, pues parece injusto y descabellado que, habiendo transcurrido ya cerca de cuarenta años del comienzo de la tragedia cuyo recuerdo nos conmueve, no podamos orientar nuestros esfuerzos y capacidades para hacer de nuestra patria, cada día más, un país desarrollado, justo y solidario.
Señor Presidente , señores Senadores, por todos estos antecedentes y conceptos, vuelvo a llamar a mis pares, Senadores de la República , a que, ante esta gravísima situación, aprobemos una Ley General de Amnistía, que cubra el período comprendido de 1978 a la fecha y en cuyo texto quede salvada la correcta interpretación del Derecho que corresponde aplicar a sus consecuencias, recuperando así principios básicos y fundamentales de la justicia universal.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , reconstruir la historia de nuestro país hace posible que ella sea analizada con la máxima objetividad, a fin de lograr el reencuentro nacional al cual nos convocaron ayer el Presidente de la República y el nuevo Cardenal don Francisco Javier Errázuriz . Son cuestiones muy fundamentales, sobre todo cuando se trata de que esa verdad histórica sea capaz de florecer aquí, en una de las instituciones fundamentales del Estado, como es el Senado de la República.
En ese sentido, las palabras del señor Senador que me antecedió me mueven una vez más -como lo haré a propósito de la intervención a que me abocaré en seguida- a tratar de buscar toda la verdad de lo ocurrido en nuestro país y a conocer todos aquellos elementos que efectivamente estuvieron presentes en el acontecer nacional de aquella época tan particularmente dramática que vivió Chile.
Por eso, he escuchado con bastante atención la intervención de Su Señoría, y espero, en alguna otra oportunidad, poder referirme a ella desde el punto de vista de lo que el Senador que habla y su sector representan.
Como usted sabe, señor Presidente , la intervención que realizaré a continuación quise efectuarla durante el mes de enero, pues está referida a las palabras vertidas precisamente por el Senador señor Martínez Busch en sesión de 12 de diciembre pasado. Deseo contestar a Su Señoría no sólo porque un deber moral así me lo señala, sino porque tengo gran apego a la verdad histórica y porque quiero expresar nuestro pensamiento respecto de las materias a que se refirió en aquella oportunidad.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR MARTÍNEZ EN SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000
El 12 de diciembre pasado, el Senador señor Martínez , ex Comandante en Jefe de la Armada Nacional , realizó una larga exposición motivada por las declaraciones que hizo Carlos Altamirano a un vespertino de la Capital. En dicha entrevista, el ex Secretario General del Partido Socialista señaló que "en la Unidad Popular se cometieron errores pero no horrores".
Esta afirmación, al parecer, irritó al señor Senador , ya que expresó que Carlos Altamirano "puede ser definido como autor de "genocidio frustrado" -figura que, entiendo, no existe en nuestro ordenamiento penal-, a propósito de los acontecimientos que se vivieron al interior de la Armada Nacional en los meses previos al Golpe de Estado de 1973.
Señor Presidente , soy un convencido de que nuestro país requiere abordar su propia historia con la máxima objetividad. No hacerlo significa que por largos años tendremos relatos muy distintos con relación a sucesos concretos ocurridos entre nosotros, lo que hará más difícil el acercamiento de Chile con la verdad, que todos supuestamente buscamos, y más dificultoso el reencuentro nacional con su memoria colectiva.
Por ello, me pareció un deber político e intelectual conocer más sobre las situaciones que estuvieron detrás de los sucesos que relata el ex Comandante en Jefe de la Armada .
Para estos efectos, conversé tanto con Carlos Altamirano como con Oscar Guillermo Garretón , otro de los acusados por el supuesto delito de sedición. Al tercer acusado, señor Miguel Enríquez , Secretario General del MIR , obviamente no pude contactarlo debido a que, como todos sabemos, fue ultimado en un enfrentamiento con agentes de la DINA. Me di el tiempo, además, para leer documentos y diarios de la época, a fin de formarme una visión más cabal y objetiva respecto de aquellos episodios.
Quisiera extraer de la intervención del Senador señor Martínez algunos párrafos que me parecen dignos de mencionar, por la enorme subjetividad e interpretación falaz de los hechos que hay detrás de ellos.
En los primeros párrafos de su intervención, Su Señoría señala que "Dentro de los múltiples sucesos trágicos acaecidos durante el Gobierno de la Unidad Popular y que, como otros, hunden sus raíces en la década de los años 60, se pueden contar los intentos por controlar, dividir o neutralizar a las Fuerzas Armadas.". Agrega más adelante: "Resulta conveniente traer a la memoria de las generaciones presentes la intensa labor de penetración desplegada por el marxismo para infiltrar las instituciones fundamentales del Estado, a fin de que se conozca en forma amplia y específica lo que se hizo en los Institutos de la Defensa Nacional.".
Señor Presidente , considero absurdo que se distorsione de manera tan increíble nuestra propia historia, y se oculten deliberadamente hechos cuando éstos contradicen en lo esencial una afirmación como la señalada. Se tiene el legítimo derecho de interpretar los acontecimientos desde distintos puntos de vista. Pero no se tiene derecho, en mi opinión, a distorsionar los hechos mismos. La falta de ecuanimidad y el intento por ocultar la verdad son mecanismos que se revierten siempre en contra de todos aquellos que la practican.
En efecto, el señor Senador olvida, intencionalmente a mi juicio, que la Derecha política de nuestro país fue la que logró involucrar a personal de las Fuerzas Armadas en todos y cada uno de los hechos más lamentables y violentos que afectaron a nuestra nación desde el momento mismo en que fue elegido Salvador Allende . Existen suficientes testimonios, informaciones y documentaciones clasificadas, etcétera, que dan cuenta de esta verdad irrebatible.
Pruebas al canto.
En el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile General René Schneider participaron como autores, cómplices o encubridores -según lo señaló el Fiscal Militar Fernando Lyon , quien fue nombrado para investigar estos luctuosos sucesos- no solamente el General Roberto Viaux Marambio , el General Camilo Valenzuela y otros militares, sino que junto a ellos cinco o seis personas, todos vinculados a organizaciones derechistas que intentaron subvertir el proceso democrático de nuestro país. Los nombres de estos civiles no se olvidan. Entre ellos figuran el abogado Guillermo Carey, Luis Enrique Arancibia Clavel , Jaime Melgoza , por nombrar sólo algunos.
En el vil asesinato del edecán presidencial, oficial de la Armada, Comandante Arturo Araya, quedó absolutamente establecida la participación de sujetos directamente relacionados con organizaciones de Derecha, y más específicamente con miembros de Patria y Libertad, organización que todos conocemos como de índole terrorista. Sus nombres están registrados en todos los medios de comunicación de la época. No pudieron ser juzgados debido al manto protector que cayó sobre ellos luego del Golpe de Estado.
En la sublevación del Regimiento Blindado Nº 2, conocida como "Tanquetazo", que significó la muerte de 82 personas, dirigida por el Coronel Roberto Souper en julio de 1973, está absolutamente comprobada la participación de Patria y Libertad, organización -como ya señalé- terrorista de ideología fascista, liderada por personajes cuyos nombres se mantienen hasta hoy en la agenda pública, como es el caso de don Pablo Rodríguez , el señor Roberto Thieme y otros que, a propósito de tal alzamiento, en una acción que manifiestamente los comprometía con este intento subversivo, se asilaron en la Embajada de Ecuador.
Por último, está absolutamente comprobado en documentaciones cuya objetividad está fuera de duda, que los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas no solamente complotaron entre ellos para realizar la acción que culminaría el 11 de septiembre, sino que está claro que durante todo este período connotados personajes vinculados a la Derecha y a los grupos económicos nacionales más poderosos golpearon las puertas de los cuarteles de las Fuerzas Armadas para sacarlas de su rol profesional y constitucional.
Hernán Cubillos Sallato , en entrevista a la revista Qué Pasa el 1º de septiembre de 1996, reseñada en el libro de Mónica González "Chile La Conjura", declaró lo siguiente: "La Cofradía" -se refiere a la Cofradía Náutica del Pacífico Austral- "nace como una inquietud que teníamos fundamentalmente Roberto Kelly , Agustín Edwards y yo de crear una especie de punto de encuentro de los civiles a los que nos interesaban las cosas del mar con los marinos profesionales. La evolución hacia los temas políticos fue un proceso natural a medida que se agravaba la situación del país. De ese club fue naciendo una relación que nos permitió ir pasando información a las Fuerzas Armadas e ir recibiendo nosotros sus inquietudes. Más que nada yo" -me refiero a Hernán Cubillos - "me dediqué a conversar con la Marina. El que tenía muchos contactos con el Ejército y la Fuerza Aérea era el entonces director de El Mercurio don René Silva Espejo . Él jugó un papel muy importante en la coordinación del Golpe.".
No era tan distinta la situación que se vivía entre los oficiales de Valparaíso, una zona bajo el control de la Armada.
El General Arturo Yovane -también citado en el libro de Mónica González - aporta antecedentes al hacer una reconstrucción de su ingreso al plan de conspiración en una entrevista publicada por la revista "Cosas" el 15 de junio de 1996, en la cual dice: "Los primeros encuentros, casi inocentes, se iniciaron a mediados de 1972, en Valparaíso. Primero fueron reuniones sociales y de camaradería entre oficiales, a los que poco a poco se fueron sumando algunos empresarios y políticos de derecha. Así fue como entablé relación con los almirantes José Toribio Merino , Patricio Carvajal e Ismael Huerta , y con otros altos oficiales de la Armada y el Ejército, contrarios al gobierno de la Unidad Popular. Entre estos últimos destacaba el coronel Sergio Arellano Stark , comandante del Regimiento Maipo.". Y, a continuación, señala: "A medida que la situación en el país se hizo más crítica, estas reuniones de camaradería dieron paso a la acción. Reunidos en secreto en casa de amigos o parientes comenzamos a planificar el derrocamiento de Salvador Allende.".
No conozco en detalle el ordenamiento jurídico que rige la vida institucional de las Fuerzas Armadas; pero entiendo que éste no hace distingo alguno respecto del origen político de las acciones destinadas a alterar la jerarquía y la disciplina interna de los institutos armados. Salvo que lo realizado por las personas antes mencionadas no sea considerado por el señor Senador como "infiltración" o "instigación a la insubordinación", lo cierto es que estos hechos suficientemente acreditados contradicen la afirmación comentada más arriba.
Deseo, sin embargo, hacer un reconocimiento público a lo que expresara en esa oportunidad el señor Senador Martínez en un acápite de su intervención. Me parece positivo que Su Señoría haya afirmado que "rechazo cualquier forma de violencia, venga de donde venga".
Opino que tal aseveración es importante y podría llegar a ser incluso trascendente si, junto con condenar la violencia de los supuestos "genocidas frustrados" -como él calificó tanto a Carlos Altamirano como a Oscar Guillermo Garretón -, hubiese extendido tal condena a la tortura a la que fueron sometidos los marinos acusados de los delitos relatados por el señor Senador y hubiese rechazado la violencia del propio golpe de Estado. A no ser que no considere como tal el bombardeo a La Moneda; los actos de sangre de la "Caravana de la Muerte"; el asesinato de miles de chilenos; la tortura, la exoneración y el exilio a que se sometió a otros, además de la desaparición de tantos compatriotas por el sólo hecho de no concordar con las ideas de los golpistas.
Los planteamientos anteriormente expuestos revelan que la intervención que comentamos contiene afirmaciones atentatorias al mínimo entendimiento y al sentido común.
Resulta incomprensible e inverosímil que este grupo que "comprometió a una pequeña parte del personal de la Institución" (según las propias palabras del Senador Martínez), haya pretendido "la captura de los buques de guerra fondeados en el puerto de Valparaíso"; "apresar a los oficiales"; "proceder al bombardeo de las reparticiones de tierra, entre otras, la Infantería de Marina y la Población Naval"; además, "simultáneamente, tomar el control de radioemisoras".
Del mismo modo, resulta increíble la afirmación del señor Senador -que en varios pasajes de su intervención señala que dichos marinos preparaban un "autogolpe"- sin precisar qué autogolpe. ¿Uno contra el Almirante Montero ? ¿Uno contra el Gobierno de Allende? ¿Un autogolpe contra quien?
Para una persona alejada de la lógica militar, es difícil comprender cómo este pequeño grupo de la Armada Nacional -compuesto por suboficiales y marineros- haya estado en condiciones de una acción de tal envergadura.
El Senador señor Martínez señala más adelante que en una reunión en la que habrían participado Oscar Guillermo Garretón , Carlos Altamirano y Miguel Enríquez , "el sargento Cárdenas expuso sus planes". Desde luego, conviene señalar que tal reunión conjunta de los tres inculpados jamás existió, de acuerdo a lo establecido en el juicio seguido a Garretón. Sin embargo, lo importante es que, como consecuencia lógica de tal afirmación, quienes tenían planes -según sus propias palabras- eran los que habían invitado a conversar a los mencionados dirigentes y no estos últimos. Por lo tanto, a buen entendedor, pocas palabras. Él mismo es quien desvirtúa la acusación que intenta endilgar a los políticos a los cuales alude.
En otra parte de su intervención, el Honorable señor Martínez recuerda que la sedición se habría iniciado en el mes de enero de 1973. Para luego añadir: "La primera reunión con políticos del Gobierno de la época se efectuó el 31 de julio de 1973". Curiosos estos "cabecillas" -como los denomina el señor Senador-, pues recién siete meses después de iniciados los preparativos de la supuesta sedición, pudieron reunirse con quienes encabezarían el plan e informarlos sobre las acciones que ellos mismos debían ejecutar.
El señor Senador Martínez omite una información clave para entender la situación en la que se vieron envueltos los suboficiales y los marinos acusados. En ninguna parte de su intervención señala que las declaraciones de los involucrados fueron obtenidas bajo apremios ilegítimos y por medio de la tortura.
Diarios de la época, como "La Prensa" (muy alejada por cierto de la Unidad Popular) y el propio "Puro Chile" -que sí estaba vinculado a la alianza de Gobierno-, informaron profusamente tales hechos. Es más, los propios involucrados, poco tiempo después de su detención, enviaron una carta al Presidente Salvador Allende en la que sostenían lo siguiente: "Se nos ha ofrecido no flagelarnos más, inclusive dejarnos en libertad, con tal de que nosotros cooperemos y digamos que los señores Altamirano , Garretón y Enríquez nos dirigían y que nos habían ordenado bombardear Valparaíso , Viña, la Escuela Naval y otras cosas por el estilo.".
El Cardenal Raúl Silva Henríquez y el propio Presidente del Senado de la época don Eduardo Frei Montalva , intervinieron para actuar como mediadores y colaborar en la aclaración de los hechos. Radomiro Tomic junto con el Cardenal hicieron gestiones destinadas a evitar que se siguiera torturando a estos marinos. El propio Presidente Allende en declaración pública señaló: "el gobierno, de acuerdo con su conducta invariable de respeto al Estado de Derecho, no puede ni debe emitir juicio alguno sobre los hechos que se investigan y que se encuentran en estado de tramitación.", agregando más adelante: "En relación con las denuncias públicas sobre flagelaciones a miembros de la marina sometidos a proceso (el gobierno) ha sido informado que algunos de estos han ejercitado las acciones legales ante los tribunales respectivos.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , el Comité Mixto me ha informado que le cede su tiempo.
El señor NÚÑEZ.-
Muchas gracias.
Debo señalar, señor Presidente , que tales declaraciones se encuentran en una publicación del Centro de Estudios Públicos, que obviamente se encuentra muy alejado del pensamiento que sostenemos los Senadores de esta bancada.
Es bueno consignar también que el sargento Cárdenas salió de la cárcel cuatro años después de su detención con rumbo a Suecia (país en el cual reside actualmente) en silla de ruedas y paralítico, producto de las torturas y apremios ilegítimos de que fue víctima.
Todos sabemos, y los últimos hechos vinculados al tema de derechos humanos conocidos así lo confirman, que la tortura fue lamentablemente un medio privilegiado por los golpistas para obtener información. Hubiéramos esperado, en especial de personas tan imbuidas de los valores y enseñanzas de la Iglesia, una condena más concreta, práctica, para tan aberrante situación como la que viviéramos en aquella oportunidad.
En otra manifestación de la falta de objetividad con que analiza los hechos ocurridos al interior de la Armada -desde nuestro punto de vista-, el Senador Martínez omite entregar antecedentes de la sentencia de la Corte Suprema que absolvió a Oscar Guillermo Garretón . Dicha sentencia adoptada por seis votos a cero y suscrita entre otros por Ministros como don Servando Jordán, don Enrique Zurita y el Auditor General del Ejército don Fernando Torres Silva, exculpó a Oscar Guillermo Garretón . Y no sólo eso, sino que además, producto de un recurso de queja, la máxima autoridad judicial de la nación llamó la atención a la Corte Naval, en aquel entonces presidida por el Almirante Martínez Busch , pues como el texto señala "han cometido falta que es necesario enmendar". Dicho de otro modo, fallaron mal.
Señor Presidente, tengo en mi poder la copia de la referida sentencia, la cual solicito sea incorporada a esta intervención.
Debo recordar además que en 1988 Oscar Guillermo Garretón , no obstante saber la injusticia del proceso llevado en su contra, decidió entregarse a las autoridades, lo que le significó estar seis meses preso.
En relación con Carlos Altamirano , debo hacer presente que éste reconoció haberse contactado con los marinos "sediciosos" el 3 de agosto de 1973, con el sólo afán de tener información referida a los planes golpistas que un grupo de oficiales conjurados estaba planeando para derrocar al Gobierno de Salvador Allende.
Por su parte, Altamirano estuvo impedido de defenderse ante la justicia militar por haber recaído sobre él por mucho años una prohibición de ingresar a Chile, tal como ocurrió a miles de compatriotas que vivieron el exilio y la lejanía.
En la misma carta que enviaran a Salvador Allende , los marinos señalan expresamente: "es falso que los señores Altamirano , Garretón y Enríquez nos dirigieran. Es distinto. Nosotros acudimos a distintas personalidades para dar cuenta del golpe de Estado que preparaba la oficialidad golpista coludida con los reaccionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas y partidos políticos de derecha.". Sin embargo, y ante la prueba fehaciente de estos testimonios que los desvinculan de cualquier responsabilidad, Altamirano , Garretón y Enríquez fueron condenados por el tribunal naval el 2 de octubre de 1973, época en la que -como todos sabemos-, no existía en el país Estado de Derecho alguno, lo que no aseguraba, por razones obvias, las garantías procesales mínimas para los inculpados.
Señor Presidente , entiendo que cuando se sale triunfador de un acto de sedición, sus actores e instigadores lo califiquen de positivo. La historia ha confirmado mil veces, desgraciadamente, esta afirmación. Constituye sedición toda aquella que es descubierta, reprimida y juzgada; no lo es aquella que culmina exitosamente con un golpe de Estado. De otra manera, resulta difícil entender cómo el señor Senador no hace mención siquiera a que para perpetrar el golpe de Estado no solamente se recurrió a la violencia física, sino también al desmantelamiento jerárquico de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas. Tampoco aclara por qué para comprometer a la Armada de Chile fue necesario destituir a quien en ese momento ejercía el mando como Comandante en Jefe: el Almirante Raúl Montero .
Como todos sabemos, la sedición denunciada por los marineros ocurrió efectivamente. No se hallaban en un error. Ella culminó con un golpe de Estado que destruyó nuestra democracia por 17 años, tiempo en el cual Chile vivió páginas negras, como aquellas recién divulgadas luego de la decisión de las Fuerzas Armadas de reconocer que se violaron los derechos humanos más elementales, entre ellos el derecho a la vida.
La historia ha demostrado, además, que la sedición y la preparación del golpe de Estado ya se encontraban en curso incluso desde el día mismo en que Salvador Allende ganó la elección presidencial. El Informe Church, del Senado de Estados Unidos, y las sucesivas desclasificaciones de documentos de la CIA así lo ratifican. Pero ello no sólo lo hace ese material, sino también los propios protagonistas del plan de derrocamiento. Las citas de los señores Cubillos y Yovane transcritas anteriormente son más que elocuentes.
Y no sólo en el país se conocían los movimientos de los oficiales que participaron en la conjura. La CIA se hallaba al tanto de los pasos de la planificación, incluso minuto a minuto. En un informe enviado por ese organismo a Estados Unidos el 25 de julio de 1973, extractado también del libro "Chile La Conjura", se consigna que "Los complotados de la Armada y la FACH continúan trabajando juntos en los preparativos de un Golpe de Estado y nadie está planteando una acción unilateral". Sólo quedaba que llegaran el 11 de septiembre y la hora, las 6, momento fijado para asaltar la democracia.
Señor Presidente , esos testimonios permiten de alguna forma rehacer la trama secreta del golpe militar y demostrar que la historia no puede ser reconstituida unilateral y sesgadamente, como ha pretendido, a mi juicio, el Senador señor Martínez , quien incluso, so pretexto de justificar lo injustificable, ha señalado que en Chile se cometió lo que él denomina "genocidio frustrado".
El verdadero genocidio, lamentablemente, no fue frustrado: es el que se cometió a partir del 11 de septiembre de 1973. Las pruebas las conoce el país y se encuentran a la vista. Y aún duelen.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sin el acuerdo de los Comités, no puedo acceder a la petición de Su Señoría en el sentido de incluir en el texto de su intervención la sentencia judicial a que aludió. El asunto será sometido a la consideración de ellos.
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--El documento cuya inserción acuerdan los Comités en 13 de marzo del año en curso es el siguiente:
"Santiago, dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.-
Vistos y teniendo presente:
Que del mérito del proceso rol 3926 del Juzgado Naval de la Primera Zona Naval ( Valparaíso ) que se tiene a la vista se desprende que con los nuevos antecedentes reunidos en esos autos no se acreditan en la especie los requisitos establecidos en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal para someter a proceso a Oscar Guillermo Garretón Purcell como autor, cómplice o encubridor de la figura penal por la cual se le sometió a proceso y al no decidirlo así, los Ministros recurridos han cometido falta que es necesario enmendar por esta vía.
"Y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 540 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se acoge el recurso de queja interpuesto en lo principal de fojas 2 por el mencionado Garretón, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución de siete de marzo del año pasado, escrita a fojas 2590 de los autos a la vista y se decide que acogiéndose el recurso de apelación deducido a fojas 2390 de tales autos se revoca el auto de procesamiento que como autor del delito contemplado en el artículo 274 del Código de Justicia militar lo afectaba, por lo que el aludido Garretón no es reo en esta causa.
"Agréguese copia autorizada de esta resolución en los autos traídos a la vista, y hecho, devuélvanse.
"De conformidad a lo que dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, hágase devolución al recurrente de la suma consignada para interponer este recurso por ser innecesario su depósito. Gírese cheque oportunamente.".
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha terminado la intervención del Comité Socialista.
El Comité Institucionales 2 no hará uso de la palabra.
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
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--Se levantó a las 18:53.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción