Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN EL 55° ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- HOMENAJE : Edgardo Riveros Marin
- HOMENAJE : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- HOMENAJE : Laura Soto Gonzalez
- HOMENAJE : Osvaldo Palma Flores
- HOMENAJE : Juan Jose Bustos Ramirez
- HOMENAJE EN EL 55° ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROMITENTE COMPRADOR DE UN INMUEBLE. Tercer trámite constitucional. Integración de comisión mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Victor Perez Varela
- Jorge Burgos Varela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- REGULARIZACIÓN DE REGISTRO PESQUERO ARTESANAL PARA LA PESQUERÍA DE LA MERLUZA DEL SUR EN LAS REGIONES DÉCIMA Y UNDÉCIMA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y AUSTRALIA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Tarud Daccarett
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO ENTRE CHILE Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS PARA LOS PORTADORES DE PASAPORTES OFICIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- DEBATE
- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROMITENTE COMPRADOR DE UN INMUEBLE. Tercer trámite constitucional. Integración de comisión mixta.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- APOYO A LA TELETÓN. (Votación).
- DEBATE
- SOLUCIÓN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES POR PARTE DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pablo Longueira Montes
- Ivan Moreira Barros
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Eugenio Tuma Zedan
- Jose Francisco Encina Moriamez
- German Becker Alvear
- Exequiel Silva Ortiz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN INGRESO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Sergio Aguilo Melo
- Carlos Montes Cisternas
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Laura Soto Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APOYO A LA TELETÓN. (Votación).
- VIII. INCIDENTES
- RECHAZO A INSTALACIÓN DE PEAJE EN QUEIME, COMUNA DE QUILLÓN. Oficio.
- DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE INTERCONSULTAS DE PACIENTES DE SAN JOAQUÍN Y LA GRANJA. Oficios.
- SUSPENSIÓN DE CONVERSACIONES SOBRE TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON NUEVA ZELANDA.
- INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE FIJACIÓN DE CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE AZÚCAR. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE FONDOS DESTINADOS A REINSERCIÓN DE RETORNADOS. Oficios.
- ALCANCES SOBRE REFORMA DE LA SALUD. Oficios.
- REESTUDIO DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL MILITAR. Oficios.
- INTERVENCIÓN
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN
- IRREGULARIDADES EN MATERIA DE FLUORACIÓN DEL AGUA POTABLE EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- REQUERIMIENTO DE AUXILIAR PARAMÉDICO PARA POSTA DE COMUNA DE CURANILAHUE. Oficios.
- SALUDOS A LA CIUDAD DE COPIAPÓ, EN EL 259° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
- RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA DE SUPRESIÓN DE LAS UNIDADES TÉCNICAS ASESORAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.
- ADHESION
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Edmundo Villouta Concha
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- ELABORACIÓN DE ANTÍDOTO CONTRA PICADURA DE LA RAÑA DE RINCÓN. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Villouta Concha
- ADHESION
- IRREGULARIDADES EN NOTARIA DE TRAIGUÉN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Juan Efrain Ojeda Ojeda
- Edmundo Salas De La Fuente
- Boris Tapia Martinez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 31ª, en miércoles 10 de diciembre de 2003
(Ordinaria, de 10.36 a 13.42 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel y de los señores Silva Ortiz, don Exequiel, y Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala 9
V. Homenaje.
- Homenaje en el 55º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 9
VI. Orden del Día.
- Protección de los derechos del promitente comprador de un inmueble. Tercer trámite constitucional 16
- Regularización de Registro Pesquero Artesanal para la pesquería de la merluza del sur en las regiones Décima y Undécima. Tercer trámite constitucional 23
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre Chile y Australia. Primer trámite constitucional 27
- Proyecto de acuerdo aprobatorio entre Chile y la Federación de Rusia sobre supresión de visas para los portadores de pasaportes oficiales. Primer trámite constitucional 29
VII. Proyectos de acuerdo.
- Apoyo a la Teletón. (Votación) 32
- Solución al pago de contribuciones por parte de establecimientos deportivos 32
- Eliminación de toda forma de discriminación en ingreso a establecimientos de educación superior 35
VIII. Incidentes.
- Rechazo a instalación de peaje en Queime, comuna de Quillón. Oficio 36
- Demoras en la atención de interconsultas de pacientes de San Joaquín y La Granja. Oficios 37
- Suspensión de conversaciones sobre tratado de libre comercio con Nueva Zelanda 38
- Información sobre proceso de fijación de cuotas de importación de azúcar. Oficio 39
Pág.
- Antecedentes sobre fondos destinados a reinserción de retornados. Oficios 40
- Alcances sobre reforma de la salud. Oficios 40
- Reestudio de construcción de Hospital Militar. Oficios 41
- Irregularidades en materia de fluoración del agua potable en Octava Región. Oficios 43
- Requerimiento de auxiliar paramédico para posta de comuna de Curanilahue. Oficios 45
- Saludos a la ciudad de Copiapó, en el 259° aniversario de su fundación 46
- Reconsideración de la medida de supresión de las unidades técnicas asesoras dependientes del Programa Nacional de Agua Potable Rural. Oficio 47
- Elaboración de antídoto contra picadura de la araña de rincón. Oficios 48
- Irregularidades en notaría de Traiguén. Oficios 49
IX. Documentos de la Cuenta.
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales manifiesta que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto de los siguientes proyectos:
1. Sobre Fomento a la música chilena. (boletín N° 2287-04) 50
2. Modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil. (boletín N° 2906-07) 50
3. Moción de los diputados señores Burgos, Bustos, Ojeda, Salas y Tapia, que modifica el Código Penal en materia de tráfico de influencias. (boletín N° 3431-07) 50
X. Otros Documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita autorización de la Sala para sesionar en forma simultánea con ella el próximo día jueves 11, entre las 11:00 y las 13:00 horas, con la finalidad de continuar con el estudio del proyecto que introduce modificaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa con la modernización del mercado de capitales -informe complementario-. Boletín N° 3278-05).
- De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por el cual solicita autorización de la Sala para sesionar en forma simultánea con ella el próximo día jueves 11, de 11:30 a 12:30 horas, para abocarse a la investigación acerca del uso de fondos fiscales destinados a la educación superior, en especial a las instituciones que forman parte del Consejo de Rectores -proyecto de acuerdo 214, de 2003.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual formula un llamado a los señores diputados a inscribirse, dentro del plazo de 15 días, en el Grupo Interparlamentario chileno-marroquí, transcurrido el cual el señor Presidente de la Comisión llamará a sesión constitutiva.
Contraloría General de la República
- Señor Alvarado, proyecto de “Conservación de camino Poyo-Ayacara-Buill”.
- Señor Bertolino, proyectos desarrollados en la comuna de La Serena.
Ministerio del Interior
- Respuesta a proyecto de acuerdo 294, recursos para la mantención de monumentos erigidos en memoria de las víctimas de violaciones a los DD.HH.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
- Señor Jaramillo, enajenación de inmueble denominado planta faenadora de carnes de Porvenir de Sacor Ldta.
Ministerio de Educación
- Señor Ramón Pérez, declaración de Santuario de la Naturaleza para Quebrada de Chacarillas.
Ministerio de Agricultura
- Respuesta a proyecto de acuerdo 304, creación de sistema de inspección único en las plantas faenadoras de aves, cerdos y carnes rojas.
- Señor Jaramillo, proyecto de recuperación de suelos degradados de la décima región.
- Señor Felipe Letelier, plan de fomento a la ganadería.
- Señor Vargas, deslizamiento de relave de cobre de mina Cerro Negro.
Ministerio de Salud
- Señor Alvarado, sanción de profesionales de la salud en Chiloé.
Municipalidad de Vitacura
- Señor Navarro, fiscalización de extintores.
Municipalidad de Corral
- Señor Kuschel, postaciones de maderas en la electrificación rural.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas de la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistió, además, el Subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 25ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 26ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 11 del presente, entre las 11 y las 13 horas, con el objeto de continuar con el estudio del proyecto que introduce modificaciones de índole tributaria e institucional para el fomento de la industria de capital de riesgo y la modernización del mercado de capitales.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 11 del presente, entre las 11.30 y las 12.30 horas, a fin de abocarse a la investigación sobre el uso de fondos fiscales destinados a la educación superior, en especial a las instituciones que forman parte del Consejo de Rectores.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN EL 55° ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde rendir homenaje a los cincuenta y cinco años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS (de pie).-
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas:
En nombre de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, intervengo en esta conmemoración sobre la base de considerar nuestra propia experiencia como país y como un homenaje a quienes han hecho de la causa de los derechos humanos un objetivo esencial de su vida.
Hace cincuenta y cinco años, el 10 de diciembre de 1948, en la Tercera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la resolución 217 A, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su adopción constituyó un trascendental paso en la internacionalización de la protección de los derechos humanos.
Los efectos de la segunda guerra mundial y la tragedia que ésta significó para la humanidad y sus derechos fundamentales, influyeron en la conciencia de las diversas naciones para estimar que la vigencia de dichos derechos no podía estar entregada sólo a las estructuras jurídicas internas de cada Estado, sino que éste es un ámbito que concierne también a la comunidad internacional en su conjunto.
Desde la creación de las Naciones Unidas, en 1945, se consolidó el vínculo entre respeto a los derechos humanos y paz, toda vez que la dignidad y el valor de la persona humana están ligados a la supervivencia misma de la humanidad.
En este sentido, la Organización ha señalado que negar sus derechos a las personas equivale a echar los cimientos de la intranquilidad política y social, lo que se exprese a través de guerras, hostilidad entre las naciones y entre grupos dentro de una nación. Y esa denegación conduce a las demandas urgentes de una vida mejor dentro de una mayor libertad.
Los derechos humanos, lejos de ser un tema abstracto, influyen sobre la vida diaria de todos.
Siguiendo lo señalado por quien fuera Premio Nobel de la Paz, René Cassin , precisamente por su contribución a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por su aporte a la internacionalización de los derechos humanos, esta declaración se compara con un vasto templo, cuyo atrio está formado por el preámbulo, que afirma la unidad de la familia humana, y cuyos cimientos están establecidos por los principios de libertad, de igualdad, de no discriminación y de fraternidad.
Las columnas configuran, en primer lugar, los derechos y libertades de orden personal. Proclaman y defienden los derechos a la vida, a la seguridad y a la dignidad de la persona, a la igual protección ante la ley; a las garantías contra la esclavitud, la tortura, las detenciones, las penas arbitrarias y la consagración de los recursos judiciales contra los abusos del poder político.
La segunda columna se caracteriza por los derechos del individuo y sus relaciones con los grupos de que forman parte y de las cosas del mundo exterior, asumiendo desde la igualdad del hombre y la mujer hasta el derecho a una nacionalidad.
Un tercer pilar es el formado por el ámbito espiritual, de las libertades políticas y de los derechos políticos fundamentales. De esta forma, se consagran las libertades de conciencia, de pensamiento, de creencias, de expresión, de reunión, de asociación; el derecho a tomar parte de la vida política, y, junto a ello, se establece la voluntad del pueblo como fundamento de la autoridad de los poderes públicos.
La cuarta área es aquella de los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a las libertades sindicales, a la educación, a la vida cultural y a la protección de la vida artística.
No descuida la Carta que estos derechos se enmarcan en una relación entre individuo y sociedad. De tal forma, se proclaman los deberes de aquél para con la comunidad, los cuales fijan los límites que las personas no pueden pasar.
Los derechos fundamentales de las personas forman parte del desarrollo del derecho internacional contemporáneo, el cual se caracteriza por estar orientado a la humanización.
De esta forma, las normas contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos han dado un impulso innegable a la noción de ius cogens, esto es, normas imperativas de derecho internacional general aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados, en su conjunto, como normas que no admiten acuerdo en contrario.
Al conmemorar el 55º aniversario de la Declaración Universal, corresponde reconocer que los principios de los derechos humanos son comunes al derecho interno y al internacional y, por tanto, su normativa no puede ser materia exclusiva de estos ámbitos tomados por separado y sin conexión entre ellos, sino un estímulo recíproco entre derecho interno e internacional.
Lo indicado permite concluir lo erróneo que es refugiarse en un arcaico concepto de soberanía para tratar de evitar el escrutinio de la comunidad internacional, cuando en un determinado Estado se violan los derechos humanos, o de boicotear normativas internacionales que buscan perfeccionar la protección de los derechos fundamentales.
La historia da cuenta de que son los dictadores de distintos signos ideológicos los que, además de violar sistemáticamente los derechos humanos, se refugian en ese superado y rígido concepto de soberanía para rechazar el pronunciamiento de los órganos creados por la comunidad internacional para proteger a los seres humanos. Algunos han llegado a utilizar el principio de la autodeterminación, ignorando que no existe un principio de autodeterminación de los gobiernos, sino que el principio consagrado es el de la autodeterminación de los pueblos, que son precisamente los que están maniatados en sus derechos cuando no existe libertad a causa del ejercicio dictatorial del poder.
Hoy, a 55 años de ese 10 de diciembre de 1948, es imperioso renovar nuestro compromiso con los principios y derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con ello, estaremos haciendo una contribución a la paz y a la dignidad de las personas, y sumándonos a la consagración de aquellos derechos que han configurado, sin duda, la historia moral de la humanidad.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock en representación de la Unión Demócrata Independiente.
El señor VON MÜHLENBROCK (de pie).-
Señora Presidenta , estimados colegas, en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, vengo en rendir homenaje a los 55 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Luego de dos guerras horrendas, en las cuales la humanidad mostró el lado oscuro de su genio, con ciudades arrasadas y pueblos exterminados, con la sangre regando los campos y las lágrimas de viudas y huérfanos lavando las calles de tantos pueblos destruidos, los hombres y las mujeres de nuestro planeta, representados por sus gobiernos, arribaron al convencimiento de que, o encontrábamos una nueva forma de entendernos o, como habría dicho Albert Einstein , terminaríamos batallando con palos y piedras. Por eso, no fue accidental que, en 1948, se firmara la Declaración Universal de los Derechos Humanos; era el género humano el que así lo pedía.
Por cierto, la violencia fue siempre un fenómeno que acompañó y aún acompaña la existencia del hombre. Desde tiempos inmemoriales ha sido así, pero nunca como en nuestra época se vio de modo tan descarnado su uso masivo y arrollador.
Los campos de la muerte de los grandes totalitarismos fueron, sin lugar a dudas, la evidencia triste y amarga de lo que un mundo sin libertad podía concebir. Ya fuera la Alemania de Hitler, el Gulag de la Rusia de Stalin o las hambrunas de Pol Pot, el dolor era el mismo, y también el horror, sin importar el color o la razón de la ideología de turno.
Tal como dijera Stalin al ser requerido sobre su visión del genocidio: “Cuando muere un hombre, es una tragedia; cuando son miles, son sólo números”.
Eso es, precisamente, lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos buscó y sigue buscando hasta hoy: que la vida humana nunca más sea considerada sólo una estadística; que cada existencia sea respetada por el valor único e irrepetible que tiene en sí misma. Se podrá discutir cuánto se ha avanzado hasta hoy y cuántas tareas aún quedan pendientes, pero nadie podrá negar que la sola existencia de ella significa un recordatorio permanente de los límites que, como género humano, no queremos ni podemos volver a cruzar.
Desde luego, habrá nuevos intentos por atropellar estos derechos. Vivimos momentos de particular riesgo al respecto. Las armas de destrucción masiva y los terroristas que se esconden tras ellas son, sin duda, uno de los mayores desafíos en este sentido. Por lo mismo, es tarea de la sociedad mundial erradicar esta lacra que nos amenaza a todos, que está latente en cualquier parte y que no conoce de principios éticos, sino sólo de fines.
Pero la defensa de los derechos humanos también se encuentra en otros ámbitos. Por ejemplo, el acceso a la salud de millones de marginados en África, Asia, e, incluso, en nuestra América Latina sigue siendo una demanda fundamental de nuestro tiempo. ¿Cuántas enfermedades tienen cura? ¿Acaso sólo basta la decisión de los grandes poderes de la Tierra para acabar con ellas? Asimismo, la falta de alimentos reviste caracteres de escándalo cuando sabemos, a ciencia cierta, que con todo lo que les sobra a los países desarrollados se podría alimentar a millones de hambrientos a lo largo y ancho del planeta. La desnutrición, en especial la infantil, parece inconcebible en tiempos en que los hombres viajamos a las estrellas y parecemos dominar los elementos; es inconcebible no sólo por absurda, sino también por aberrante e injusta.
Finalmente, más allá de las experiencias dolorosas que todos podemos citar en este hemiciclo, tenemos la convicción de que el respeto de los derechos humanos y de la Declaración Universal que los consagra pasan por desterrar de la actuación política el uso de la violencia y la conversión del adversario en enemigo. Cuando hablamos de esta Declaración no hacemos más que reconocer cuán iguales somos todas las criaturas que vivimos alumbradas por el mismo sol y por las mismas estrellas; que nuestras ideas, por importantes que sean, no cambien nuestra dignidad ni nuestro destino superior, gracias al cual debemos ser respetados siempre, tanto por nuestros congéneres como por las autoridades que nos gobiernan.
De este modo, la violencia política, sea ideológica, estatal o terrorista, no tiene cabida en el futuro que todos soñamos. Nuestras diferencias nunca más deben ser justificación para ello. Precisamente, de eso se trata: sin importar el color de nuestra piel, nuestra condición, ni a quien encomendamos nuestra alma cada noche, lo fundamental es que somos todos humanos, y, básicamente, queremos lo mismo: que nuestros hijos y nuestros descendientes, vivan en paz y en tranquilidad; que todos los niños puedan algún día jugar en los campos de promesas y oportunidades que merecen vivir, y que la paz les permita soñar cada día y buscar su felicidad en la libertad.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto en representación del Partido por la Democracia.
La señora SOTO , doña Laura (de pie).-
Señora Presidenta , honorable Cámara, en nombre de la bancada de diputados del Partido por la Democracia, rindo homenaje a la entrada en vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea de las Naciones Unidas, declaración que marca un hito fundamental en el desarrollo del derecho internacional y de los derechos humanos y en la concepción del hombre como sujeto protegido directamente por el derecho de gentes.
No solamente para los letrados, sino para todos los hombres y mujeres del planeta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el paso más significativo en una larga lucha histórica que se remonta a la alta edad media, lo que ha permitido colocar al ser humano en el centro de las preocupaciones de la res pública y posibilitar su desarrollo integral y trascendente.
Desde el año 400 de la era cristiana, con Boecio, filósofo y teólogo cristiano que dio la primera definición del hombre, entendiéndolo como un ser único, individual y trascendente, hasta la Declaración Universal de las Naciones Unidas, en 1948, han transcurrido 1.500 años de luchas por el reconocimiento, por parte de los príncipes y del poder político, de la dignidad humana y de la intangibilidad de los derechos que emanan de la persona humana.
La Carta de Juan sin Tierra, de 1215, en Inglaterra, pasando por la Carta Magna Danesa, hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, primero, en el Siglo de las Luces en Francia, y luego en los Estados Unidos de América, fueron creando las bases del desarrollo jurídico posterior que hoy conocemos y que se amalgamó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta Declaración Universal, por primera vez en la historia de la humanidad, con un criterio global, logró incorporar a las tradiciones humanistas de las más diversas naciones y civilizaciones del orbe. En ella confluyeron los pensamientos judeocristiano y musulmán, la filosofía de la praxis, etcétera, lo que permitió darle ese carácter universal, que hasta la fecha ha permitido subsistir y transformarse en el soporte de todos los constructos jurídicos y políticos posteriores, como la Convención de las Naciones Unidas y las convenciones y declaraciones americana, europea y africana de derechos humanos.
Con la Declaración Universal, es la humanidad entera la que entra en otro estadio de desarrollo, que es superior y espiritual. Es precisamente ese hecho el que debemos resaltar en estos momentos.
Para el Partido por la Democracia, que se fundó, precisamente, inspirado en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en Chile, que eran conculcados por una dictadura militar, recordar este día es rememorar también las luchas que dio una parte sustantiva de Chile en los tiempos en que la vida y la dignidad humana eran atropelladas a diario por quienes detentaban el poder.
Estimados colegas, esta oportunidad se hace hoy propicia para renovar nuestros votos por la doctrina de los derechos del hombre y por los valores de la democracia y la tolerancia, que son, al fin, los únicos que pueden permitirnos consolidar, a largo plazo, nuestro régimen de libertades civiles y políticas. Sin democracia, no hay respeto por los derechos humanos, y sin derechos humanos, no hay posibilidad alguna de construir una sociedad y una nación justa para todos.
El PPD nunca renunciará a estos valores y principios que forman parte de su ser político más profundo, y sus parlamentarios jamás concurrirán con sus votos para apoyar alguna iniciativa que signifique impunidad para los violadores de los derechos del hombre.
Hoy se abren, además, nuevas dimensiones en el respeto a los derechos humanos. Los derechos de tercera generación: sociales, económicos y culturales, han de ser hoy día un nuevo faro. Su respeto y promociones una tarea urgente que debe inspirar todo nuestro quehacer político. Sólo así podemos crecer, ya no sólo económicamente, sino también humanamente.
La protección de las personas en situación de vulnerabilidad social, como la niñez desvalida; la enfermedad, la vejez o la muerte; el amparo a los ciudadanos frente a la contratación abusiva en el marco de una sociedad de mercado y de consumo; el aseguramiento del derecho a la educación, requisito sine qua non de la igualdad de oportunidades, son demandas sociales urgentes que no pueden desatenderse en el Chile actual.
Finalmente, en este día tan significativo, queremos simbolizar en una persona que recién ha partido y a quien tanto quisimos y respetamos, don Jaime Castillo Velasco, los valores permanentes de la lucha por los derechos del hombre y, a través de su recuerdo, comprometernos fielmente a no dejar nunca de ser lo que fuimos: luchadores incansables por el reconocimiento de la dignidad humana.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
En representación de la bancada del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (de pie).-
Señora Presidenta, en nombre de la bancada de diputados de Renovación Nacional, me corresponde hacer este importante homenaje.
El 10 de diciembre de 1948, hace 55 años, en la gran sala del Palacio de Chaillot, de Paris, se aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su génesis, estuvieron los horrores más crueles que ha contemplado la humanidad, particularmente los conflictos fratricidas de la segunda guerra mundial. Son esas calamidades las que llevan a los hombres a establecer por escrito los derechos fundamentales de todo ser humano. Una paradoja, quizás, por tratarse de algo que debiera ser tan natural y que es olvidado frecuentemente.
Desde su inicio, la historia del hombre se ha traducido en una lucha incesante por sobrevivir. Primero, contra una naturaleza dura e inclemente, y a veces hostil. Después, para defender su vida, su libertad y su dignidad, atacada o amenazada por sus propios segregantes, más agresivos y violentos, incluso, que la propia naturaleza. En muchos lugares y épocas, millares de hombres, mujeres y niños han sufrido malos tratos, privación de su libertad, torturas y asesinatos sin posibilidad de defensa alguna.
La segunda guerra mundial, con sus horrores, generó la reacción multitudinaria de pueblos y hombres visionarios que estimaron imperativo decir basta a estos lamentables hechos.
Recién fundada la Organización de Naciones Unidas, en 1945, uno de los primeros proyectos a los que se abocó fue el de derechos humanos. Era la humanidad doliente, recién salida de la guerra más devastadora de la historia, la que buscaba construir un mundo fundado en la libertad y la justicia, en la tolerancia y el respeto mutuo entre los humanos.
En un hecho sin precedentes en la historia, más de medio centenar de Estados de los cinco continentes se reunieron en un ambiente de fraternidad para apostar por la persona y sus derechos. Hoy, a 55 años de la Declaración, sus principios no se discuten, sino que forman parte del ideario común a que todos los pueblos deben aspirar.
Este documento, cuyas raíces se encuentran en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de America, de 1776, y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, como consecuencia de la Revolución Francesa, de 1789, se ha convertido en la conciencia ética de la humanidad.
A 55 años de la Declaración, se viven hoy momentos que plantean nuevos desafíos para la validez universal de los principios que contiene. Progresivamente, se impone el vínculo entre la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Esta conexión, hoy indesmentible, es fruto de esfuerzos importantes, entre los que resultó fundamental la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sin duda, ella fue un paso importante, pero está lejos de ser el último, pues, no obstante haberse proclamado los derechos humanos y las libertades fundamentales, nos informamos diariamente del uso de la brutalidad y de la discriminación en contra de las personas. Más aun, la pobreza en todo el mundo niega a millones de personas su derecho a vivir en dignidad, a tener igualdad de oportunidades, a alimentarse, a educarse, a tratar sus enfermedades y a tener un trabajo digno.
El mundo ya no puede seguir tolerando las sistemáticas y masivas violaciones de los derechos humanos y la indiferencia ante el sufrimiento de personas. Esta trascendente declaración está aún pendiente, porque sus objetivos todavía no se logran. Es misión de todos seguir luchando hasta que se cumplan.
Este homenaje, más que una conmemoración histórica, debe ser un llamado a seguir luchando por los derechos y las libertades del hombre y de la mujer, hasta ver cristalizados todos los postulados de esta Declaración.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos en representación de la bancada socialista y radical.
El señor BUSTOS (de pie).-
Señora Presidenta , el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su redacción participó un chileno, don Hernán Santa Cruz .
Tras ese acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios.
A lo largo de la historia siempre ha habido una ideología disponible para explicar y justificar las violaciones de los derechos humanos. El genocidio indígena americano, el tráfico de millones de hombres africanos y el colonialismo más cruel y explotador, tuvieron sus ideologías de justificación. Cuando ya no pudo someterse a un pueblo afirmando la superioridad del conquistador o del colonizador sobre la base de la religión, se inventó la antropología para reafirmar que las sociedades colonialistas eran más evolucionadas que las colonizadas, argumento con el que se encubrieron todas las empresas de explotación colonial del siglo pasado.
Entre 1939 y 1945, el conflicto bélico dejó un saldo de millones de muertos y provocó las peores atrocidades. La ideología de Carl Schmitt, arañada de biologismo, dio el discurso de justificación al nazismo hitleriano.
La dictadura del proletariado sirvió de instrumento ideológico de justificación al stalinismo.
La teoría de la necesidad fue la ideología de justificación del aniquilamiento nuclear de poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki.
La doctrina de la seguridad nacional recorrió América Latina. En nuestro país, durante la dictadura de Pinochet, justificó los mayores horrores que jamás habían conocido nuestros pueblos.
Hoy, la teoría del conflicto de civilizaciones permite que, en nombre de la humanidad y de la justicia se cometan atrocidades en Irak, Afganistán y Palestina.
Cada ideología tenía su idea del hombre y decía querer liberarlo. En la medida en que llevaba a cabo sus postulados, todo estaba justificado. De allí que ninguna de ellas pudiera detenerse en obstáculos formales y se orientase por su propio derecho natural.
Al culminar la parte aguda del horror bélico, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos del Hombre, concebida como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Su objetivo fue atribuirse la calidad de ley fundamental universal para la humanidad. La Declaración importa un límite a los derechos naturales. Desde entonces, la Declaración y todo el andamiaje en plena construcción de un sistema internacional de garantías de los derechos humanos, van configurando el límite positivizado que la conciencia jurídica universal pretende imponer a las ideologías que rigen el control social en todas las naciones. Por cierto, ello aún está muy lejos de lograrse, pero dicho documento indiscutiblemente sirve de referencia y es un avance.
Las violaciones de derechos humanos son múltiples, sistemáticas y terribles, lo que es indiscutible; pero lo cierto es que hoy el poder debe cometerlas más abiertamente, pues ya no hay ideólogos serios que se atrevan a postular, sin sonrojarse, un derecho natural que las justifique. Es absurdo pensar que una ley o un límite legal detenga, por efecto mágico, al poder. Pero mucho más absurdo sería negar que ese límite ha servido y sirve para desenmascarar con mayor facilidad el poder arbitrario o de abusos sin límites. Es por eso que surge la necesidad actual de complementar la Declaración con otros instrumentos internacionales que contribuyan a perfeccionar su función limitadora y de garantías. De ahí la importancia y trascendencia del Tribunal Penal Internacional, que viene a dar efectividad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, muchos se oponen, internacional e internamente, a su establecimiento.
La reflexión política después de Auschwitz, del Gulag y de la operación Cóndor, hacen intolerable cualquier concepción que se aparte del principio de que el ser humano, su autonomía y su dignidad no pueden ceder ante ningún proyecto, por muy bien intencionado que se presente. Los derechos fundamentales de la persona humana, proclamados y consagrados en la Carta de 1948, como primera prioridad, son la respuesta a la realidad de los campos de exterminio y a la desaparición forzada de personas.
Por todo lo anterior, en el contexto latinoamericano y en nuestra historia reciente, toda tentativa que pretenda establecer un tratamiento condescendiente para con los crímenes contra la humanidad es sospechosa, porque contraría los principios esenciales de la Declaración Universal y es el inicio de un camino sin retorno hacia la impunidad.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a los 55 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Durante todo el homenaje estuvo presente, en la tribuna de honor, la señora Trinidad Torres, presidenta de la sede regional de Valparaíso de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
-Aplausos.
VI. ORDEN DEL DÍA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROMITENTE COMPRADOR DE UN INMUEBLE. Tercer trámite constitucional. Integración de comisión mixta.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que agrega requisitos a los establecidos en el artículo 1554 del Código Civil, referido al contrato de promesa, y regula la conducta constitutiva de estafa, prevista en el artículo 470 del Código Penal.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, Boletín N° 2694-07, sesión 27ª, en 4 de diciembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 4.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señora Presidenta , en su primer trámite constitucional, el proyecto tuvo un extenso debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, en virtud de hechos que ocurrieron en todo el país y que, además, han sido reproducidos por los medios de comunicación, que dan cuenta de graves estafas a personas de escasos recursos y de clase media que invirtieron todos sus ahorros en la compra de inmuebles “en verde” -según la jerga de la construcción-, los cuales, posteriormente, no les fueron entregados debido a la bancarrota de las empresas o porque éstas se quedaron sin fondos, lo que redundó en que a sus clientes quedaran en la completa inopia y sin la casa que habían soñado.
En otros casos, las personas han sido afectadas por las condiciones en que les han sido entregados los inmuebles, situación que las ha obligado a realizar nuevas inversiones para hacerlos habitables.
En virtud de estos hechos, respecto de los cuales conocemos múltiples casos, tales como el de Habitacoop y el de la empresa Puyaral , en nuestra región, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por unanimidad, introdujo un artículo 138 bis a la ley general de Urbanismo y Construcciones para establecer una garantía que caucione todos los dineros entregados, de modo que, ante la quiebra o insolvencia total de una empresa, el adquirente no pierda sus ahorros y el consiguiente sacrificio y esfuerzo de toda una vida, y pueda recuperar su inversión para aspirar nuevamente al hogar tan ansiado por toda su familia.
Asimismo, con el objeto de que esta iniciativa se concrete y la entrega de la vivienda prometida no se transforme en letra muerta o, simplemente, en una ilusión para las personas, se dispone una figura penal en el número 9º del artículo 470 del Código Penal, en caso de omitirse la cláusula de caución en el contrato de promesa de compraventa. Pero, además, se resguarda a la empresa constructora, en el sentido de que este delito tenga una condición objetiva de punibilidad cuando se produzca perjuicio patrimonial. Es decir, la no inclusión de la cláusula será estimada un engaño para el cliente, siempre que exista un perjuicio de carácter patrimonial.
Sin embargo, el Senado, si bien estableció algunas reglas de mejor carácter, como que la promesa de compraventa se realice mediante escritura pública, en definitiva, deja sin sanciones, al derogar el delito consignado en el número 9º del artículo 470, propuesto por la Cámara de Diputados. Esto es tan claro, que en el inciso final que propone señala expresamente: “En caso de no otorgarse la escritura pública, se presumirá que las estipulaciones de promesa son las que señale el promitente comprador”. Es decir, deja al promitente comprador a merced de la empresa vendedora -que siempre cuenta con excelentes abogados- y sometido a un largo juicio, de quince o veinte años, al cabo de los cuales, ciertamente, habrá perdido toda esperanza de tener su casa tan deseada.
Por eso, la modificación del Senado convierte este proyecto en algo totalmente ineficaz, y con él engañaríamos a todos los promitentes compradores que por largo tiempo han esperado un proyecto que les asegure su dinero y los proteja de los engaños de que pueden ser objeto.
Las modificaciones introducidas por el Senado deben rechazarse, y el proyecto remitirse a comisión mixta, con el objeto de volver al criterio señalado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que aprobó su texto por unanimidad.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señora Presidenta , el tratamiento que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara dio a este proyecto nos parece mucho más pertinente para defender los intereses de quienes realicen la adquisición de su futura vivienda a través de la denominada compra “en verde”.
Las evidencias proporcionadas por personas que han sufrido daño en su patrimonio o se han sentido engañadas por la adquisición de una vivienda que, al final, no pudieron habitar, o por todos los hechos que hemos conocido por la prensa, hacen necesario establecer garantías eficientes para que nadie pueda quedar sujeto, a través de esta clase de contratos, a un perjuicio patrimonial.
No encuentro acertado que el Senado haya suprimido, en el artículo 2º, la referencia al Código Penal. Si hay un daño de carácter patrimonial, las personas tienen el legítimo derecho a buscar responsabilidades penales.
Tampoco es acertado que se incorpore, en el artículo 138 bis, la escritura pública. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sostuvimos un debate en orden a que es necesario garantizar; pero no incorporar, a través de los resguardos, barreras de entrada para adquirir una vivienda “en verde”. Ese mecanismo permite, particularmente a personas de sectores medios, comprar una vivienda cuyo valor, comúnmente, es menor del de una similar ya construida. Por lo tanto, debemos cuidar muy bien los equilibrios.
Por eso, la fórmula que se establece en el texto despachado por la Cámara es más atingente y no incorpora el requisito de la escritura pública, que claramente está de más. A lo mejor, en la comisión mixta se permitirá establecer, por ejemplo, otro tipo de garantías. Cuando en la oportunidad discutimos esta materia, hablamos de pólizas u otras garantías similares. A lo mejor, debe incorporarse derechamente la boleta de garantía para que el interesado en obtener una vivienda la haga efectiva en el momento oportuno y no pierda su dinero. Ése es un elemento central. Reitero que encuentro inadecuado que el Senado haya suprimido el artículo 2º, como también que haya incorporado el hecho de que los contratos de promesa de compraventa se efectúen por medio de escrituras públicas, puesto que ello generará una barrera de entrada a muchas familias o personas que desean adquirir una vivienda.
Por eso, llamo a rechazar las modificaciones del Senado para que el proyecto pueda ser estudiado en comisión mixta.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señora Presidenta , este proyecto fue elaborado de acuerdo con lo señalado por los diputados Juan Bustos y Víctor Pérez , es decir, en atención a la necesidad de proteger a la gente que compra generalmente, el inmueble de su vida.
En la historia del desarrollo inmobiliario, las empresas grandes, serias y con trayectoria, responden. En la llamada compra “en verde”, la familia ilusionada invierte su plata cuando sólo existe el terreno y la caseta de ventas; es decir, cuando todo es simplemente una promesa. Además, la venta “en verde” no la consideramos fraudulenta, ni siquiera inconveniente; por el contrario, es adecuada, buena y necesaria. No queremos impedirla, sino promoverla, pero con seguridad y tranquilidad para el que compra, porque quien vende tiene todas las seguridades. El que compra, en cambio, corre un riesgo, porque lo hace “en verde”, cuando todavía no existe el inmueble, pero hace fe de que quien vende efectivamente se lo va a entregar.
Entonces, se trata de gente que tiene una doble esperanza: la mayoría, de comprar, por primera vez, la vivienda de su vida; la otra parte, de comprar la vivienda que no ve, porque sólo hay un terreno, un dibujo, una propaganda, una perspectiva, un plano y, a veces, una maqueta.
Por eso, muchos creen comprar un posible engaño, lo que ha sucedido con empresas irresponsables, poco serias, que han desprestigiado el sistema de venta “en verde”. Cuando, en cambio, lo han ejercido empresas formales, con tradición, han respondido como corresponde.
El proyecto tiene por finalidad proteger al comprador. Por eso, suscribo plenamente lo señalado por el diputado Víctor Pérez , en el sentido de rechazar las modificaciones del Senado para que en la comisión mixta se perfeccionen las materias que estamos discutiendo.
Por ejemplo, podría establecerse en la comisión mixta que, además de la póliza de seguro, se utilice una boleta bancaria. De lo contrario, podríamos encontrarnos con que una o dos compañías de seguros entreguen este tipo de póliza, lo que constituiría una situación monopólica que encarecería de manera exagerada el valor del inmueble que queremos proteger. Es decir, la idea es que cuando la gente compre “en verde”, tenga la seguridad de que su inversión quedará protegida, aun cuando la inmobiliaria desaparezca, cambie de razón social, abandone el negocio, quiebre, o, incluso, estafe a sus clientes, como ha ocurrido en más de una ocasión. Pero, además, queremos que, al existir seguridad en la venta “en verde”, el posible comprador se entusiasme con ese tipo de compra.
En muchas oportunidades he señalado que ojalá los letreros publicitarios, además de anunciar piscina, gimnasio o portero electrónico, y de indicar que el loteo tiene resuelto el problema de las aguas lluvia y que no hay posibilidad de inundaciones, señalen que si el cliente compra “en verde”, su dinero estará asegurado por póliza o boleta de garantía bancaria.
Algunos ejecutivos o directores de empresas inmobiliarias dicen que estamos agregando una traba más, un trámite burocrático más y un nuevo gasto al proceso de compraventa. No, esto implica un costo muy pequeño, realmente insignificante, en proporción al valor de una vivienda que se compra para toda una vida. Es pagar un poquito por apenas una pequeña póliza de seguros, sobre todo porque se asegura una cuestión tan sencilla. No se está asegurando un evento como un terremoto o un fenómeno natural que dependa de las leyes de la física, sino algo que depende de la buena voluntad de quien está vendiendo. Por lo tanto, se está asegurando algo en que se presume muy buena fe y respecto de un negocio que, se supone, se hizo para cumplir. De esa manera, el riesgo de pagar la póliza es prácticamente inexistente si existe la voluntad seria de construir por parte de la inmobiliaria. Entonces, en esto saldrán perjudicados sólo los que tienen malas intenciones.
Por tanto, el espíritu con que ya partió la discusión en este tercer trámite constitucional -me pareció entenderlo así de las intervenciones de los diputados Bustos y Víctor Pérez - va en la misma línea que señalo: enviar el proyecto a comisión mixta. Como autores del proyecto, queremos perfeccionarlo sobre la base de nuestras observaciones.
Por un lado -como señalé-, está la póliza de garantía. No se trata solamente de una póliza de seguro, sino de una boleta bancaria, ya que esto significa que se tiene la garantía de un banco. ¿Por qué no? ¡Enhorabuena! Si yo tuviera que comprar un inmueble y me dijeran que la plata que puse cuando compré sólo una promesa que estaba en un dibujo, me la va a garantizar un banco, mediante boleta -discúlpenme, no quiero ofender a las compañías de seguros-, estaría más tranquilo. Entonces, me gustaría agregar eso. ¿Pero cómo lo hago si estamos en el tercer trámite constitucional? Lamentablemente, debo hacerlo en conformidad con la fórmula, un tanto agresiva, de votar negativamente las modificaciones del Senado, sólo con el ánimo de que pase a comisión mixta. Creo que en esta Cámara hay un buen espíritu para ello.
En relación con la escritura debemos tener cuidado porque el Senado agrega una letra c), a fin de reemplazar el inciso segundo del artículo 138 bis, por el siguiente: “Los notarios públicos no autorizarán las escrituras públicas de promesa de compraventa a que se refiere el inciso anterior si no se ha constituido la garantía a favor del promitente comprador. En caso de no otorgarse la escritura pública, se presumirá que las estipulaciones de la promesa son las que señale el promitente comprador”. Sí, pero las que señale ¿dónde? ¿En un juicio?, ¿en un tribunal?, ¿en las estipulaciones que tenga que comprobar? También me gustaría discutir ese punto. Entonces, no es que quiera tener una actitud de rechazo respecto de las modificaciones planteadas por el Senado, pero me gustaría discutirlas. Y bien sabemos que en este trámite de la generación de la ley no nos queda otra alternativa que invitar a esta Cámara a votar negativamente dichas modificaciones, sólo con el ánimo de perfeccionar el proyecto en comisión mixta.
Cada vez que queremos introducir mejoras como éstas, algunos creen que lo único que nos anima es un espíritu sobrerregulador. En los próximos días, iniciaremos en la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano la discusión del proyecto de ley sobre calidad de la vivienda. Nuevamente debatiremos ahí otra mejoría de la normativa, por cuanto lo que se ha hecho es un tanto burdo, con la idea de decir: “se responde por tantos años”. Queremos realizar esa discusión para responder más finamente.
Esas también son cosas de ajuste de leyes que a veces han salido de manera reactiva, cuando se ha visto que la gente se siente estafada.
Quizás, no existe para nuestras familias algo que tenga una carga simbólica tan grande en materia de adquisición de bienes, como lo que significa la vivienda. Es, quizás, el bien más preciado. Sin embargo, hay países donde eso no es así; incluso en algunos no se compra el suelo. En Holanda, por ejemplo, específicamente en Amsterdam, se compra la propiedad física y no el suelo, que pertenece al Estado. En nuestro país, la gente adquiere el suelo, y sueña con el inmueble una vez hecho el proyecto; y cuando la compra “en verde”, lo hace confiada en que será propietaria.
Contrariamente a lo que pensaban algunas personas ligadas al rubro inmobiliario, el proyecto no dificultará la venta “en verde”, sino que la estimulará. De este modo, la ciudadanía dirá que los parlamentarios elaboraron una ley que asegurará la tranquilidad total en este tipo de compras. Eso fue lo que sucedió en España y otros países de Europa. Cuando se legisló para dar seguridad al comprador “en verde”, la curva de compra subió. Hoy, en Chile, el comprador debe actuar por olfato o tincadas y preguntarse si la inmobiliaria responderá como es debido. Permanentemente aconsejo a la gente que debe revisar el historial de la empresa para ver si ha cumplido con sus obligaciones y si entrega plenas garantías respecto de la transacción.
Señora Presidenta , cuando este proyecto se convierta en ley, la gente terminará dándoles las gracias a los parlamentarios, pues tendrá la garantía de que cuando compre “en verde”, la ley velará por los dineros invertidos en la esperanza del inmueble propio.
Por lo anterior, llamo a votar en contra, de modo que el proyecto pase a comisión mixta para perfeccionarlo en la línea señalada por los diputados que han hecho uso de la palabra.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señora Presidenta , el proyecto en debate será revolucionario desde el punto de vista del mercado de la construcción. Así, por lo demás, lo señalan los indicadores internacionales.
Por otra parte, se ha producido consenso entre los actores fundamentales del mercado de la construcción -la Cámara Chilena de la Construcción, las compañías de seguros y el sistema financiero-, a fin de encontrar la forma de que quienes compren su vivienda “en verde” o de contado, a través de una promesa de compraventa, cuenten con una protección. Desgraciadamente, faltó mayor interlocución entre el Senado y la Cámara de Diputados. La responsabilidad es nuestra, pues no pudimos asistir a las sesiones a que fuimos invitados. En tal sentido, tanto el Senado como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizaron un esfuerzo interesante para mejorar el proyecto. Sin embargo, lo óptimo sería introducir, sobre la base de acuerdos, algunas modificaciones en la comisión mixta, de modo de contar con un mejor instrumento. Quizás nos demoremos treinta días más en despachar la iniciativa, pero ella incorporará los elementos señalados por algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra, con quienes estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, sería positivo aumentar el monto de la boleta de garantía, pues se trata de un instrumento tan valioso como la póliza. Además, la ley general de Urbanismo y Construcciones contempla sanciones. El proyecto debería especificarlas o hacer alusión a ellas. Los temores del sector de la construcción respecto de las especificaciones técnicas no se relacionan con la calidad de la vivienda, sino con las características fundamentales del bien que se compra, como la cantidad de metros cuadrados.
En la comisión mixta se podrán aclarar estos temas. El despacho del proyecto demorará un poco más, pero diseñaremos un mejor instrumento. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Vivienda y las comisiones de Vivienda del Senado y de la Cámara de Diputados tienen la mejor disposición para actuar en ese sentido, de modo de no volver a lamentar que una familia, a pesar de haber dado un pie, una garantía o pagado el valor total de un inmueble, pierda ese bien, quizá el único importante que adquiere en su vida.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta , me llama profundamente la atención el entusiasmo de nuestro colega Patricio Hales, autor de proyectos vinculados con el sector inmobiliario, como el que se encuentra en debate, que se relaciona con la compra “en verde”.
No podría dejar de estar de acuerdo con la petición del autor de la iniciativa, y se prevé, por todos los comentarios aquí anunciados, que será la comisión mixta la que dilucide de una vez por todas las diferencias existentes en las modificaciones introducidas por el Senado.
Es sabida la acción de terceros inescrupulosos en las compraventas, quienes, aprovechándose de la necesidad de las familias, en la firma de los contratos exigen adelantos con cargo al precio de la futura compraventa; pero finalmente no se les responde, perdiendo dinero los adquirentes y, lo que es peor, transformándose en meramente ilusorio el deseo de obtener la casa propia, como decía muy bien el diputado Juan Bustos .
Hago esta referencia porque es el argumento que esgrimí en su oportunidad para apoyar el proyecto, y lo reitero una vez más para rechazar estas modificaciones del Senado. En el primer trámite constitucional, se establecían dos resguardos para los promitentes compradores, o sea, los particulares que buscan adquirir una casa con esta modalidad. El primero era un resguardo de carácter civil, que se obtenía mediante una modificación a la ley general de Urbanismo y Construcciones, en virtud del cual en las escrituras a que diera lugar el contrato de promesa de compraventa, se debía estipular la existencia de una cláusula de garantía. Hoy señala el diputado Hales que el resguardo podría consistir en una boleta de garantía bancaria por el valor pagado por el promitente comprador.
En segundo lugar, el proyecto establecía un resguardo penal cuando se daba la figura de estafa residual, con la finalidad de sancionar al propietario de una empresa constructora o inmobiliaria que no cumpliere con su obligación de garantizar, en la escritura de la promesa, la devolución de los dineros pagados por el promitente comprador. A mi modo de ver, es inaceptable que esto se haya suprimido.
En el Senado se han introducido cambios muy drásticos, con lo cual se ha dado lugar, la verdad sea dicha, a un proyecto que en caso alguno se condice con el estudio de la iniciativa primaria, nacida en la idea del diputado y colega Patricio Hales . En la cámara alta ha primado un criterio que, en los hechos, no da seguridad a la gente más modesta y más débil en cuanto a este tipo de relaciones comerciales y jurídicas, y, por lo mismo, merece nuestro rechazo más tajante. Sé que así va a ser.
De partida, se deroga la figura penal; pero lo más grave es que la solución buscada va por el camino de la obligación de escrituración, cuestión absurda, pues nuestra jurisprudencia, desde hace décadas -me corregirán los colegas si no es así-, ha establecido que la promesa debe constar por escrito y el contrato definitivo debe ser otorgado por escritura pública. Sobre esta materia, por supuesto, he pedido a mis colegas abogados que estudien el punto que estoy señalando.
Por lo tanto, esta recomendación me trae un triste recuerdo del caso de Habitacoop en mi zona, en la Décima Región de Los Lagos, donde hubo muchas situaciones irregulares con motivo del incumplimiento de dicha empresa.
Recuerdo que en el tratamiento de esta materia en el Senado, una abogada experta del Ministerio de Vivienda dijo, respecto de este proyecto, que la indicación del senador Novoa en nada corresponde con la idea matriz de la iniciativa -no sé si me corregirá el diputado Hales -, de buscar una protección de los vecinos que, de buena fe, ven en el contrato de promesa una vía a la soñada casa propia.
Por lo expuesto, y confiado en que va a comisión mixta, que deberá formarse para el efecto, espero que se busque una solución acorde con las necesidades de la población y, por qué no decirlo, también con la realidad del sector inmobiliario y de la construcción, que hoy experimentan un auge en el país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto que agrega requisitos a los establecidos en el artículo 1554 del Código Civil, referido al contrato de promesa, y regula la conducta constitutiva de estafa en el artículo 470 del Código Penal.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 86 votos. No hubo abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Rechazada las modificaciones del Senado.
Si le parece a la Sala, la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre el Senado y la Cámara respecto del proyecto recién despachado, quedaría integrada por los diputados señores Juan Bustos, Nicolás Monckeberg, Patricio Hales, Víctor Pérez y Jorge Burgos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
REGULARIZACIÓN DE REGISTRO PESQUERO ARTESANAL PARA LA PESQUERÍA DE LA MERLUZA DEL SUR EN LAS REGIONES DÉCIMA Y UNDÉCIMA. Tercer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que regulariza el Registro Pesquero Artesanal para la pesquería de la merluza del sur en las regiones Décima y Undécima.
Solicito la unanimidad de los señores diputados para que pueda ingresar a la Sala el subsecretario de Pesca.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 3309-21, sesión 27ª, en 4 de diciembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 4.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO .-
Señora Presidenta , propongo la aprobación de estas modificaciones, al contrario de lo que sucedió con las modificaciones relacionadas con el proyecto que se trató anteriormente, respecto de las cuales se solicitó su rechazo.
Se trata de modificaciones bastante sencillas, que tienen que ver con un proyecto simple, pero muy importante para los pescadores artesanales en las regiones Décima y Undécima , y tiene que ver con la regularización propuesta, que consistirá, de acuerdo con lo que se señala en la iniciativa, en que “...por una o más resoluciones de la Subsecretaría de Pesca, se establecerán, conjunta o separadamente, las nóminas de pescadores artesanales y de embarcaciones artesanales y sus armadores correspondientes a las regiones X y XI, habilitadas para operar en la pesquería merluza del sur”.
Las modificaciones se relacionan con dos materias. La primera, que parece sustancial, es que se agrega la región Duodécima a las favorecidas por el proyecto; o sea, toda la Región de Magallanes, la que no pudimos incluir en su momento, cuando aprobamos la iniciativa en la Cámara, por un nivel de discrepancia y una mayor complejidad que existían frente a este tema. Pero eso ha sido resuelto, por lo que se está incorporando a la Duodécima Región a esta regularización.
Además, el Senado ha formulado dos modificaciones bastante menores, las cuales tienen que ver con el artículo 3°, en relación con el artículo 2°.
El artículo 2° establece la forma en que se realizará este procedimiento. Su inciso segundo dice:
“Las nóminas indicadas sólo comprenderán las embarcaciones artesanales y pescadores artesanales que cumplan los siguientes requisitos:
“a) Contar con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal;
“b) Haber participado en las pescas de investigación autorizadas sobre la pesquería según corresponda a cada región...” etcétera.
El artículo 3°, que establece un procedimiento de reclamo, dice: “Los armadores y pescadores artesanales que, cumpliendo los requisitos señalados, no hubieren sido incorporados en la nómina respectiva, podrán interponer un recurso de reclamación ante el Ministerio de Economía, Foimento y Reconstrucción en el plazo de...” La Cámara propuso treinta días, pero en el Senado se amplió a 45 días hábiles.
Con respecto al mismo tema de las reclamaciones, el Senado propone intercalar, en el inciso segundo del artículo 3°, entre la voz “reclamaciones” y el adverbio de negación “no”, las palabras “deberá ser fundada y”. De manera que dicha norma quedaría redactada de la siguiente forma: “El Ministerio resolverá las reclamaciones en el plazo de 30 días. La resolución que resuelva las reclamaciones deberá ser fundada y no será susceptible de recurso administrativo alguno,...”.
Por lo tanto, las modificaciones del Senado son, como dije, bastante simples: se incorpora a la Región de Magallanes a esta regularización; se aumenta el plazo de reclamación a 45 días hábiles, y se dispone que la resolución que resuelva las reclamaciones deberá ser fundada.
En consecuencia, solicitamos a la Cámara aprobar el proyecto, a fin de que sea promulgado como ley lo antes posible y, de esa manera, regularizar el trabajo que los pescadores artesanales dedicados a la pesquería de la merluza del sur están haciendo en nuestras regiones.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Recondo.
El señor RECONDO .-
Señora Presidenta , igual que en su primer trámite constitucional, manifestamos nuestro apoyo al proyecto, esto es, a la necesidad de contar con un instrumento que permita cerrar el Registro Pesquero Artesanal de la especie merluza austral, fundamentalmente porque este recurso está declarado en plena explotación. Luego del trámite de la ley de Pesca corta en la Cámara de Diputados, se estableció un fraccionamiento de la cuota de pesca de esta especie, tanto para los industriales como para los artesanales. Sin embargo, subyace la dificultad para que la autoridad pueda regular el registro de los pescadores artesanales. Por lo tanto, si bien considerábamos un logro importante haber conseguido el fraccionamiento de la cuota por ley, como ocurrió en la ley de Pesca corta, esta fracción de cuota que correspondía a los artesanales no evitaba que, en la práctica, se declarara una verdadera “carrera olímpica”, con los perjuicios que eso significa para el recurso y para la situación socioeconómica de los propios pescadores artesanales.
Por lo tanto, el cierre del registro, como se establece en el proyecto, permitirá implementar, con los pescadores que califiquen y que queden registrados como habilitados para participar de esta pesca, medidas de administración que les entreguen mayores beneficios.
Nuestra bancada apoyará las modificaciones del Senado, que, en primer lugar, incorporan a la Región Duodécima, medida justa por cuanto está en situación similar a la de las regiones Décima y Undécima , y, en segundo lugar, establecen otras medidas, más bien administrativas, que permiten garantizar a los pescadores artesanales un mayor plazo para interponer reclamos cuando no son aceptados en el registro.
Tal como ha sido la línea que hemos seguido en la tramitación de la ley de Pesca corta, ahora queremos otorgar un beneficio real a los pescadores artesanales, implementar medidas de administración que les permitan y faciliten su labor y, especialmente, asegurar el resultado económico de su gestión, de su trabajo, así como resguardar el recurso merluza austral, que es muy valioso y que requiere ser bien administrado.
Por lo tanto, nuestra bancada apoyará las modificaciones del Senado, y esperamos que la tramitación del proyecto sea lo más breve posible, a fin de que se convierta en ley en el corto plazo.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , la bancada de la Democracia Cristiana dio a conocer su posición oficial, a través de mi distinguido amigo y colega Gabriel Ascencio , que consiste en apoyar todas las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley que regulariza el Registro Pesquero Artesanal para la pesquería de la merluza del sur en las regiones Décima y Undécima , a las que se agregó la Duodécima, lo que es justo.
La semana pasada, tramitamos un proyecto de ley que detiene la inscripción de pescadores artesanales por dieciocho meses y regulariza su situación, de común acuerdo con el Gobierno, representado por el subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval.
La aprobación del proyecto de ley de Pesca corta, el año pasado, fue una clara demostración de que el Gobierno cumple los compromisos contraídos. Lo mismo ocurre en el caso del proyecto recién citado, despachado por el Congreso la semana pasada, que está en manos del Presidente de la República para su promulgación y en los próximos días será publicado en el Diario Oficial para convertirse en ley de la República.
Durante la discusión del proyecto de ley de Pesca corta, muchos parlamentarios le prestamos aprobación porque creímos que era lo mejor para la actividad pesquera, pues se crearían más fuentes de empleo y se daría término a la “carrera olímpica”, que pudo haber comenzado a contar del 1 de enero de este año.
En los hechos, en la Octava Región ya quedaron demostradas las bondades de esa iniciativa, porque crecieron las inversiones y aumentó el número de empleos, En suma, existe una visión positiva y optimista, sobre todo porque aumentó el volumen de exportaciones de productos de mar. En efecto, a pesar de que se ha permitido una captura menor, a los recursos se les ha otorgado mayor valor agregado, es decir, más mano de obra.
Este proyecto también va por ese camino.
Me parece adecuado lo que el subsecretario de Pesca expresó la semana pasada respecto del proyecto de ley de Pesca larga, que se encuentra en estudio de la Comisión técnica del Senado y se espera que pronto pase a la Sala de la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.
Digo esto por estimar que son positivas las señales que están dando todos los actores de la actividad pesquera y, en especial, para acallar las críticas en contra el Poder Legislativo. Es bueno que la gente que ve el canal de la Cámara de Diputados sepa todo lo que hemos hecho en estos días en bien del país, lo cual ha significado abrir mercados, adquirir mayor tecnología y realizar más inversiones.
Por lo señalado, vamos a votar favorablemente las modificaciones del Senado, con el objeto de que el proyecto sea promulgado a la brevedad por el Presidente de la República y se convierta prontamente en ley de la República.
Formulamos votos por que el proyecto de ley de Pesca larga, radicado actualmente en el Senado, pueda ser tratado por la Cámara de Diputados a más tardar en marzo de 2004.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación las modificaciones del Senado al proyecto que regulariza el Registro Pesquero Artesanal para la pesquería de la merluza del sur en las regiones Décima y Undécima.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y AUSTRALIA. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre los Gobiernos de la República de Chile y de Australia, suscrito en Canberra el 25 de marzo de 2003.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Jorge Tarud.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3405-10, sesión 14ª, en 4 de noviembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de RR.EE., sesión 25ª, en 2 de diciembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 15.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Jorge Tarud.
El señor TARUD .-
Señora Presidenta , me corresponde informar a la honorable Cámara sobre el Convenio de seguridad social entre los Gobiernos de la República de Chile y Australia, suscrito en Canberra el 25 de marzo de 2003.
Sus normas, por incidir en el ejercicio del derecho a la seguridad social, requieren de quórum calificado para su aprobación, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del número 18° del artículo 19 de la Constitución Política.
La finalidad primordial de este tipo de convenio es permitir que los trabajadores migrantes, en este caso chilenos o australianos, puedan beneficiarse de las cotizaciones previsionales que hayan efectuado en Chile o en Australia, manteniendo, de esta forma, la continuidad de su historia previsional, fundamento básico que les permitirá acogerse a los regímenes de seguridad social de uno u otro país.
Como se ha señalado en otras oportunidades, ocurre que los trabajadores migrantes suelen enfrentar dificultades para conservar sus derechos previsionales en curso de adquisición, que tuvieron mientras trabajaron en uno u otro Estado, debido a la discontinuidad de sus cotizaciones como consecuencia de su residencia en el extranjero, problema que se busca resolver mediante convenios bilaterales como el que Chile ha celebrado con Australia.
Todos estos tratados se orientan por principios jurídicos de universal aceptación -y, en este cso, que sirven de base al Convenio celebrado con Australia-, tales como igualdad de trato entre los nacionales de las partes contratantes, mantenimiento de los derechos previsionales adquiridos en uno de los Estados, la conservación de los derechos previsionales en curso de adquisición y colaboración administrativa entre las instituciones previsionales de los Estados.
El convenio se aplicará a la legislación, actual o futura que regula el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, que se basa en la capitalización individual; los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, INP, y los regímenes de prestaciones de salud sólo en el caso de pensionados.
En Australia será aplicable a la legislación que regula las pensiones de vejez y de invalidez y a la superannuation, entendida esta última, según lo define el mismo convenio, como el sistema en el cual un empleador paga contribuciones a un fondo aprobado para hacer provisiones para la jubilación de un empleado o a la muerte del mismo.
En el ámbito de aplicación personal, se establece que este instrumento, conforme con el principio de igualdad de trato, se aplicará a todas las personas que sean o hayan sido residentes en Australia o en Chile; a quienes estén o hayan estado sujetos a la legislación de Chile y, asimismo, a quienes deriven derechos de dichas personas.
El derecho y el pago de los beneficios no se negarán ni podrán ser negados o ser objeto de reducciones, suspensiones o supresiones por el hecho de que el titular resida en el territorio de la otra parte contratante.
Se precisa que el objetivo de estas normas es garantizar que tanto los trabajadores como los empleadores que estén sujetos a la legislación de Chile o a la de Australia, no tengan una doble obligación desde el punto de vista de la legislación del otro país en relación con un mismo trabajo desempeñado.
La regla general en esta materia indica que el trabajador se regirá por la ley del Estado contratante en que ejerza su actividad laboral.
El personal de las embajadas y de los consulados se regirá por las normas que establecen las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.
Los trabajadores de naves y aeronaves quedarán sujetos a la legislación del país en que resida el trabajador.
Las disposiciones contempladas en los títulos III a V regulan los procedimientos aplicables y los requisitos exigibles para determinar las prestaciones que podrán impetrar los beneficiarios del convenio, entre las que se comprenden, principalmente, pensiones de vejez y de invalidez, y prestaciones de salud.
Corresponderá al ministro del Trabajo y Previsión Social , en representación de Chile, celebrar con las autoridades competentes de Australia los acuerdos administrativos necesarios para la aplicación de este convenio, y designar a los organismos de enlace que deberán intervenir para facilitar su cumplimiento.
Para el estudio del convenio, la Comisión escuchó a la subsecretaria de Previsión Social , señora Macarena Carvallo , quien informó que los chilenos residentes en Australia que potencialmente pueden resultar beneficiados con el convenio, podrían ser 30 mil, mientras que los australianos en Chile alcanzarían aproximadamente 1.880.
`Agregó que el sistema previsional australiano se basa en la residencia en el territorio de ese país y en los ingresos que percibe el solicitante, y que para tener derecho a los beneficios se toman en consideración todos los ingresos que percibe la persona. No se consideran, para estos efectos, las pensiones de gracia, las otorgadas a exonerados políticos y las pensiones de reparación.
Además, la Comisión compartió lo afirmado en el mensaje, en cuanto a que este instrumento internacional constituye un cuerpo armónico y cohesionado, orientado fundamentalmente a la protección de los derechos de orden previsional, reconocidos como una derivación del esfuerzo laboral e impositivo de los beneficiados con sus normas, por lo que, por acuerdo unánime, decidió recomendar a la honorable Cámara su aprobación y sugerir, para tal efecto, que se adopte el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad que se salvan en el texto sustitutivo.
Para quien habla constituye un privilegio haber sido designado informante del proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio de seguridad social en comento, el cual beneficiará a miles de compatriotas. Conozco el tema, porque me correspondió participar como negociador en la materia cuando ocupé el cargo de embajador de Chile en Australia.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Muchas gracias, señor diputado.
Hago presente a la Sala que al señor Jorge Tarud, diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, le correspondió, como embajador, iniciar las negociaciones tendientes a suscribir este importante Convenio para nuestros compatriotas.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia, suscrito en Canberra, el 25 de marzo de 2003, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de 54 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO ENTRE CHILE Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS PARA LOS PORTADORES DE PASAPORTES OFICIALES. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre supresión de visas para los portadores de pasaportes oficiales, suscrito en Moscú el 4 de octubre de 2002.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Arturo Longton.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3419-10, sesión 21ª, en 18 de noviembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 29ª, en 9 de diciembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 10.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Me permito informar a la Sala que el canciller de la República de Rusia visitará nuestro país el próximo viernes.
El Gobierno de Chile tiene previsto un encuentro con él, al que asistirán los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Además, pueden adherir a la recepción los señores diputados que se interesen.
Tiene la palabra el diputado informante, señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, informo sobre el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre supresión de visas para los portadores de pasaportes oficiales de la República de Chile y portadores de pasaportes de servicio de la Federación de Rusia, suscrito en Moscú, el 4 de octubre de 2002, y sometido a la consideración de la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, sin urgencia.
Por lo general, este tipo de convenios se celebra para eximir del trámite de visa tanto a los pasaportes diplomáticos como a los oficiales, especiales o de servicio otorgados por las partes contratantes.
Sin embargo, el sometido a la consideración de la Cámara se limita sólo a los pasaportes oficiales extendidos por Chile y a los pasaportes de servicio otorgados por la Federación de Rusia, ya que la supresión de visa para los pasaportes diplomáticos entregados por ambos países ha sido aprobada en el convenio correspondiente, celebrado el año 1995, ya sancionado por el Congreso Nacional e incorporado al orden jurídico interno mediante el decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 1.260, de 1996, publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre del mismo año.
Cabe consignar que dichos pasaportes los gobiernos los conceden a sus nacionales que desempeñan funciones en el exterior, y la supresión del trámite de visa permite a sus portadores ingresar libremente al país con el cual Chile ha celebrado un convenio como el que se ha propuesto aprobar.
Conforme con la reglamentación vigente, establecida por el decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 428, de 1978, nuestro país sólo otorga pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales. Los pasaportes de servicio los otorgan algunos gobiernos extranjeros a sus nacionales que viajan al exterior a prestar servicios menores en sus misiones diplomáticas y consulares.
En el plano interno, estos acuerdos internacionales consagran excepciones especiales a la legislación de extranjería vigente en Chile, contenida en el decreto ley Nº 1094, de 1975, y en el decreto supremo Nº 597, de 1984, del Ministerio del Interior, que exige la visación de los pasaportes como requisito para que los extranjeros puedan ingresar al territorio nacional.
Por último, cabe consignar que, en los últimos años, Chile ha suscrito acuerdos internacionales, con esta misma finalidad, con Croacia, Costa Rica, El Salvador , Eslovenia, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel , Nicaragua, Polonia, Reino de Tailandia, República Dominicana, República Helénica , Turquía , y, recientemente, con Bulgaria.
En sus aspectos fundamentales, esta Comisión establece que los titulares de pasaportes oficiales y de servicio, según el caso, estarán exentos del requisito de obtener visa para ingresar a la República de Chile o al territorio de la Federación de Rusia, pudiendo permanecer hasta el término de tres meses, prorrogables por el mismo período, con derecho a múltiples ingresos y salidas
Igualmente, los nacionales de ambos países que se desempeñen en las correspondientes misiones diplomáticas y representaciones consulares, y que sean portadores de los mencionados pasaportes, así como los miembros de sus familias, podrán ingresar, permanecer y salir libremente del país receptor durante el período de su misión.
El tratado establece que la exención del requisito de visa no exime a los beneficiados de la observancia de las leyes y reglamentos en vigor relativos a la entrada, permanencia y salida de los respectivos países.
Cada uno de los gobiernos se reserva el derecho de impedir el ingreso, en forma discrecional, cuando se considere inconveniente la entrada al país de una persona determinada; lo mismo que el derecho de suspender, completa o parcialmente, la ejecución del convenio por motivos de orden público, seguridad o protección de la salud de la población.
Las partes contratantes se comprometen a intercambiar, por la vía diplomática, modelos de los documentos de viaje que son motivo del convenio.
El convenio tendrá una duración de cinco años, entendiéndose tácitamente renovado por períodos iguales y sucesivos si ninguna de las partes lo denunciare con, a lo menos, seis meses de antelación a la fecha en que expire el respectivo período.
La Comisión pudo constatar que el convenio es del todo análogo y complementario respecto del celebrado entre Chile y la Federación de Rusia para eliminar el requisito de visa a los portadores de pasaportes diplomáticos, suscrito el 14 de febrero de 1995, y publicado en el Diario Oficial del 13 de noviembre de 1996, y, en consecuencia, compartió plenamente los propósitos que han llevado a los gobiernos a celebrarlo, que se traducen en extender los lazos de amistad entre ambos países y simplificar los procedimientos aplicables en la materia.
En mérito de los antecedentes expuestos y atendido el contenido normativo de la convención expuesta en el informe, la Comisión decidió, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo, para lo cual sugiere adoptar su artículo único en los mismos términos formulados en el mensaje.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Continúa la sesión.
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre la República de Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre supresión de visas para los portadores de pasaportes oficiales, suscrito en Moscú el 4 de octubre de 2002.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos y
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
APOYO A LA TELETÓN. (Votación).
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 330.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
SOLUCIÓN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES POR PARTE DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 331, de los diputados señores Longueira, Moreira, Hales, Tuma, Encina, Becker y Silva:
“Considerando:
Que los establecimientos deportivos fiscales, municipales y privados se encuentran, en la actualidad, parcialmente obligados a pagar contribuciones territoriales, en conformidad con la legislación vigente, pero en abierta contradicción con el criterio de favorecer la práctica del deporte, a la luz de los múltiples beneficios y efectos positivos que esta actividad implica tanto para las personas como para la sociedad en general.
Que, para la realización de las actividades deportivas, es esencial que los establecimientos destinados a estos efectos cuenten con instalaciones que, aunque no amparen por sí mismas actividades deportivas, sí las sustenten y apoyen, como es el caso de casinos, salones y otros espacios destinados al descanso y recreación. Ejemplo de lo anterior es el casino del Estadio Nacional de Santiago.
Que, en conformidad con la actual interpretación de la ley Nº 17.235, que utiliza el Servicio de Impuestos Internos (SII), los establecimientos deportivos deben pagar, por los metros cuadrados de sus instalaciones funcionales, el impuesto territorial, con total desconocimiento de la funcionalidad que los espacios aledaños significan para el desarrollo de las diferentes prácticas deportivas que allí se realizan.
Que es imperioso aclarar el concepto de lo que, para efectos del pago de contribuciones, se considera como ‘exclusivamente dedicado a la práctica del deporte’, ya que la situación actual no se condice con la finalidad primordial que prestan las instalaciones que apoyan, en el interior de los establecimientos deportivos, la práctica del deporte.
Que el sentir de las agrupaciones de establecimientos deportivos refleja desconcierto y una suerte de abandono de sus realidades en el momento de plantearse y redactarse las modificaciones que a este respecto se han introducido en el debate del denominado proyecto de ley Rentas II, actualmente en tramitación en el Senado, por lo que se hace urgente reconocer la trascendencia que estos establecimientos implican para el desarrollo del deporte.
Que, en último término, la situación de los establecimientos deportivos ya es bastante precaria, luego de que, en conformidad con las directrices del Título V del Plano Regulador Metropolitano de Santiago, modificado en última instancia en junio de este año, se lo declaró como áreas verdes, con el consecuente daño patrimonial que ello involucra. A mayor abundamiento, la facultad de disponer sobre los bienes es un atributo esencial del dominio, por lo que la limitación impuesta por la autoridad al atributo de libre disposición se ha transformado, en la práctica, en un gravamen excesivo y que justifica, para los establecimientos deportivos, la exención del pago de contribuciones como forma de compensación y apoyo al trascendental rol que cumplen.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que se sirva impartir al Servicio de Impuestos Internos (SII) las instrucciones necesarias para dar pronta solución al problema que afecta a los establecimientos deportivos fiscales, municipales y privados respecto del pago de contribuciones que deben efectuar, toda vez que tanto la interpretación actual de la ley N° 17.235, que realiza el SII, como lo que preceptúa el denominado proyecto de ley Rentas II, en tramitación legislativa, no consideran las instalaciones complementarias a las áreas de deporte como funcionales a los recintos dedicados a su práctica, ni toman en cuenta los perjuicios patrimoniales causados a estos establecimientos, como fruto de las directrices impuestas por el Plano Regulador Metropolitano de Santiago”.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra al diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo es bastante simple, pero no por ello menos justo, pues tiene que ver con el cambio de criterio con que el Servicio de Impuestos Internos está aplicando lo relativo al pago de contribuciones de los recintos deportivos a partir de la discusión en el Congreso del proyecto de ley de Rentas II.
Antes de iniciar la tramitación de dicho proyecto de ley, los estadios deportivos municipales, fiscales y privados no pagaban contribuciones sobre el total de la propiedad. Sin embargo, cuando se anunciaron sus contenidos y la forma en que se gravarían con contribuciones aquellos espacios que no lo estaban y cómo se incorporarían ahora para que el fisco también pagara sus contribuciones, se dijo que los recintos deportivos pagarían contribuciones por aquellos espacios que no estaban destinados directamente a la actividad deportiva. La iniciativa no modificó la ley, pero sí el criterio del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, a partir de ese momento se notificó a todos los estadios privados -léanse también estadios de colonias residentes en Chile- que deberían pagar contribuciones sobre espacios de apoyo a la actividad deportiva.
Si el espíritu del legislador es promover la actividad deportiva, nos parece muy negativo gravar con contribuciones aquellos espacios destinados al apoyo de esas actividades. Es más, la mayoría de estos estadios se financian en un punto de equilibrio. No son rentables y tampoco tienen fines de lucro, de tal manera que, a nuestro juicio, el Servicio de Impuestos Internos debería cambiar el criterio que está aplicando en materia de pago de contribuciones a este tipo de recintos.
Por ello, estamos solicitando oficiar al Presidente de la República para que imparta al Servicio de Impuestos Internos las instrucciones necesarias a fin de dar una pronta solución al problema que afecta a estos establecimientos deportivos fiscales, municipales y privados, pues la interpretación actual que realiza dicho Servicio de la ley Nº 17.235, como de lo que preceptúa la ley de Rentas II, no considera las instalaciones complementarias como funcionales a los recintos deportivos.
De mantenerse tal interpretación, muchos de estos estadios tendrán que cerrar sus puertas. Además, a la mayoría de ellos se les ha impuesto un gravamen adicional, de mantener áreas verdes sin que obtengan una renta, lo cual resulta mucho más injusto aún. Esta sería otra justificación para interpretar que debe quedar exento todo el espacio destinado al apoyo de actividades deportivas, pues no pueden realizar ninguna actividad de renta, ni desarrollo, ni crecimiento por mantener los pulmones para Santiago .
Por las razones expuestas, apoyaremos el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra al diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , este proyecto se ha conversado con parlamentarios de todas las bancadas, porque consideramos que el Servicio de Impuestos Internos está interpretando en forma equivocada una norma que impone un verdadero castigo a estos pulmones verdes, a estos lugares donde se trata de promover el deporte, lo cual, obviamente, los afecta en su situación económica.
Esperamos que el gobierno actúe en forma inmediata y que solucione el tema, mediante algún tipo de exención de contribuciones a todos estos estadios que tanto aportan a nuestro país.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN INGRESO A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 332.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 332, de los diputados señores Bustos, Aguiló, Montes, Ascencio, González, don Rodrigo y Ceroni y de la diputada señora Laura Soto.
“Considerando:
Que las prácticas discriminatorias, abusivas y arbitrarias que diversas universidades y centros educionales, cuyos reglamentos académicos expresan que “los alumnos deberán poseer salud compatible con las exigencias de la carrera o programa y con el desempeño de su profesión”·, afectan a muchos estudiantes. Tal norma, ciertamente, es inconstitucional, pues afecta al principio de igualdad establecido en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política.
Que, en particular, esta situación afecta a una estudiante de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, la cual padece de una enfermedad conocida como trastorno bipolar, situación que estaba en conocimiento de las autoridades de esa casa de estudios superiores desde su ingreso a la carrera.
Que, aunque enfermedades como estas están consideradas como una discapacidad, y actualmente son tratadas con éxito en la mayoría de los casos.
Que con el criterio planteado por la citada universidad habría sido imposible acceder a cursos de nivel superior a individualidades de la envergadura de Winston Churchill, Abraham Lincoln, Ernest Hemingway, Vincent Van Gogh, Wolfang Amadeus Mozart y Virginia Wolf. Por estos motivos se han presentado distintos proyectos de ley para excluir la discriminación en nuestra legislación.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados acuerda:
1. Oficiar al ministro de Educación y Consejo de Rectores para que, dentro del ejercicio de sus facultades, lleven a cabo todas las medidas necesarias para poner término a esta situación reglamentaria y otras semejantes.
2. Oficiar al defensor ciudadano para que realice todas las investigaciones que sean necesarias sobre estos hechos y proponga las recomendaciones que corresponda”.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente , el proyecto se quiere hacer cargo de un problema muy común, cual es que personas que presentan distintos tipos de enfermedades -se hace alusión al caso específico de una estudiante de terapia ocupacional, que padece de trastorno bipolar-, son excluidos por los establecimientos de la posibilidad de estudiar, porque se considera una carga darles las condiciones para que puedan desarrollar sus estudios de manera normal.
De acuerdo con nuestra Constitución Política, la educación es un derecho. Cuando se trata de enfermedades compatibles con la actividad estudiantil, no debiera haber este tipo de discriminaciones.
El proyecto propone oficiar al Defensor Ciudadano, al ministro de Educación y al presidente del Consejo de Rectores para que adopten las medidas pertinentes en orden a impedir que se siga produciendo esta discriminación.
Es una iniciativa que la Sala debiera respaldar.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , sumándome a las palabras de la diputada señora Tohá , es fundamental que plasmemos en nuestros discursos la importancia de integrar a los grupos excluidos, como son los discapacitados, a nuestra sociedad en los más diversos ámbitos. Uno de los ámbitos de inclusión y de integración más importantes que promueve el desarrollo humano de esas personas es la educación.
Sin embargo, en muchas universidades se exige un límite de edad como requisito para postular a un curso de posgrado o de capacitación, lo que me parece una discriminación y una barrera para quienes quieren seguir profundizando sus estudios, pero que ya no tienen 30 ó 33 años de edad, como ha ocurrido en diversos centros educacionales.
Ojalá que junto con oficiar al Defensor Ciudadano , al ministro de Educación y al presidente del Consejo de Rectores , el proyecto tenga por finalidad eliminar toda forma de discriminación en el acceso a los centros de educación superior.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
En votación.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Por no haberse logrado el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la sesión de mañana jueves.
VIII. INCIDENTES
RECHAZO A INSTALACIÓN DE PEAJE EN QUEIME, COMUNA DE QUILLÓN. Oficio.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
El primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra, por seis minutos y medio, el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , hace unos días pedí que se oficiara al ministro de Obras Públicas , pero no he obtenido respuesta.
Por eso, quiero fundamentar y reiterar mi petición de oficio.
En el acceso a la ciudad Concepción, en el camino antiguo Quillón-Concepción, está el peaje de Chaimávida, respecto del cual se ha anunciado que existiría la intención de trasladarlo al sector de Queime . Sin embargo, se me ha informado que la idea sería dejar el actual peaje de Chaimávida e instalar otro en el sector de Queime, en la comuna de Quillón.
Me parece discriminatorio y hasta odioso que en una comuna pequeña, como es Quillón, donde no existe una carretera -se trata de un camino antiguo, lleno de curvas y en mal estado-, construyan un peaje o trasladen el de Concepción.
Ahora bien, valdría la pena pagar ese tributo si me dijeran que servirá para mejorar la carretera en el camino que va desde Quillón a Concepción, o que irá en beneficio de modernizar y dará mayor eficiencia a la infraestructura de la comuna. Pero no es el caso; no traerá ningún beneficio. Éste es un municipio pobre, pequeño, y que hoy hace grandes esfuerzos para mejorar la agricultura, especialmente la vitivinicultura. Tampoco ayudará respecto del turismo de la zona, ya que la gente de Concepción, potenciales visitantes de Quillón, no irán a la comuna si a su ingreso se le instala un peaje.
Por eso, quiero reiterar la petición de oficio para que el ministro de Obras Públicas reconsidere esta situación y no se construya el peaje en el sector de Queime, por discriminatorio y porque irá en desmedro de la comuna, y que también se deje sin efecto la idea de trasladar el peaje de Chaimávida desde Concepción hacia ese sector, en la comuna de Quillón.
A la vez, solicito a mis colegas que adhieran a esta petición.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE INTERCONSULTAS DE PACIENTES DE SAN JOAQUÍN Y LA GRANJA. Oficios.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra a la diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , si bien es cierto que el país ha cambiado al abrir sus puertas al mundo, también es cierto que, en materia de salud cierra sus puertas a quienes no pueden optar entre un sistema privado y otro público.
Al respecto, se ha querido hacer prevalecer el concepto de igualdad de oportunidades, pero, parafraseando al poeta Neruda , esa voz -la igualdad- no alcanza a quienes la escuchan desde lejos. La igualdad de oportunidades se transforma en frase recurrente cuando la persona espera una acción efectiva en su esperanza de mejoría. Es la espera la que afecta a quienes necesitan imperiosamente salir de un campamento, pero que no tienen cómo hacerlo, porque las puertas están siempre cerradas pues la discriminación así lo han querido. Es la espera la que impide a cientos y miles de chilenos levantar su tímida voz para decir lo que piensan, pues cualquier cosa que se diga o se haga les puede hacer perder el tiempo esperado. Es el retardo el que generalmente castiga a quienes centran su única expectativa en esa espera y, a la vez, demora, revelándonos todos los días y a cada momento a quienes tenemos ese contacto una vieja y sabida premisa: una promesa y una espera que genera personas dependientes, que depositan su esperanza y sus expectativas en esa promesa que no les dejan hacer lo que pueden llevar a cabo con sus propias manos.
Cuando la necesidad de atención de salud de una persona -por supuesto son muchas más- no es atendida, estamos frente a un problema grave. Por una parte, estamos frente a una coyuntura que pretendemos solucionar con el plan Auge y, por otra, tenemos problemas como éstos: que una persona demora ocho meses en conseguir hora con un oftalmólogo y que los especialistas tardan entre ocho meses y dos años en atender a los pacientes. Esa espera puede traer graves consecuencias a la salud. Es sobre eso que estoy llamando la atención.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los alcaldes de las municipalidades de San Joaquín y La Granja a fin de que nos informen acerca de la cantidad de interconsultas tramitadas durante el año en curso, especificando el tipo de especialidad de que se trata.
Asimismo, que se oficie al ministro de Salud a fin de que nos informe respecto del número de interconsultas prestadas por los hospitales públicos que atienden a los habitantes de las comunas señaladas, porque he recibido algunas denuncias de personas que han debido esperar demasiado tiempo para ser atendidas por problemas de salud.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SUSPENSIÓN DE CONVERSACIONES SOBRE TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON NUEVA ZELANDA.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra al diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , hace algún tiempo, recibí con mucha preocupación la noticia del inicio de las conversaciones con el gobierno de Nueva Zelanda, tendientes a concretar un acuerdo comercial con dicho país.
Desde el primer momento advertimos sobre las nefastas consecuencias que tendría para la economía nacional, en particular para el sector de la agricultura tradicional del sur, un eventual acuerdo comercial con una verdadera potencia lechera, como es ese país de Oceanía. Nuestra experiencia y conocimiento, ganados en largas décadas de trabajo en el sector agrícola, nos permitían advertir la imposibilidad que tendrían nuestros productores de competir mínimamente con los productores agrícolas y lecheros de ese país. Sería -por decir lo menos- una aberración para la Décima Región de Los Lagos, que tengo el honor de representar en la Cámara.
Por fortuna, nuestras advertencias han sido escuchadas recientemente por la Dirección de Relaciones Comerciales de la Cancillería, Direcom. El parlamentario que habla ha recibido del embajador Osvaldo Rosales , director de Relaciones Económicas Internacionales , la noticia de la suspensión de las negociaciones con Nueva Zelanda, atendido el hecho de que no existen condiciones mínimas para asegurar que un acuerdo con ese país no provocaría un grave e irreparable daño a nuestra economía agraria.
La realidad de la agricultura se ha ido transformando en una preocupación permanente de nuestra Cancillería -lo cual aplaudo- y, en general, de todos los países en vías de desarrollo y del Tercer Mundo.
La razón es sencilla. Luego de la Ronda de Doha, la Organización Mundial del Comercio se ha visto impedida de avanzar en el proceso de desmantelamiento del sistema de protección -extrema en algunos casos- que los países desarrollados prestan a su agricultura, imponiendo, muchas veces, barreras insalvables para el libre comercio, situación que siempre termina perjudicando a los países con menor poder económico.
Recientemente, una publicación de prensa indicaba que, sólo en subsidios agrícolas, Estados Unidos gasta 70 mil millones de dólares, es decir, tres veces nuestro producto interno bruto. Ello refleja no sólo la importancia que esos países asignan a su agricultura, sino también nuestra imposibilidad de avanzar en esa materia, sin caer en la tentación de arriesgar lo poco que hemos logrado construir y consolidar en estos años; en el caso de la agricultura del sur, la ganadería y la lechería.
Quiero expresar mi satisfacción por la decisión del Gobierno de suspender las conversaciones tendientes a concretar un tratado de libre comercio con Nueva Zelanda y, tal como lo he hecho hasta ahora, comprometo mi atención permanente en esta materia.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE FIJACIÓN DE CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE AZÚCAR. Oficio.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra, por cinco minutos, el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , cuando el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley de bandas de precios, que incluía cuotas de importación de azúcar y mezclas de azúcar libres de arancel, equivalentes a 105 mil toneladas, lo hizo claramente con el espíritu de que el mecanismo de asignación de la cuota operaría con total transparencia e igualdad de condiciones para todos los agentes importadores del producto.
Sin embargo, tengo información de que el sistema no está operando sobre la base de ese espíritu y, eventualmente, se estaría burlando el mecanismo de asignación de porcentaje de la cuota libre de arancel, lo que podría estar perjudicando a algunos en beneficio de otros.
En la discusión de dicho proyecto quedó claro que las mezclas y el azúcar líquida no califican para ser consideradas en el registro histórico de consumo de azúcar para los efectos de la posterior asignación de cuotas. La resolución N° 4.062 del Servicio Nacional de Aduanas establece que la cuota de 105 mil toneladas de azúcar será asignada a los postulantes en octubre, conforme a su consumo histórico, de la partida 1.701, de julio de 2002 a junio de 2003. De lo anterior se desprende que, si un postulante no importó azúcar, sino sólo mezclas, no tiene derecho a cuota, ya que no tiene consumo histórico de azúcar de dicha partida.
Me he informado que postularon alrededor de 67 empresas a la cuota convenida, por un total aproximado de 260 mil toneladas. Como la cuota es de sólo 105 mil toneladas, se entiende que el porcentaje asignado a cada postulante fue del orden del 40 por ciento.
A partir de la información entregada a la Comisión de Agricultura sabemos cuánto importan algunas empresas, tanto de mezclas como de azúcar, y el consumo total de edulcorantes de algunas empresas, lo que nos permite deducir que en más de un caso la cuota asignada no cuadra con el consumo histórico.
Por otra parte, la mencionada resolución establece que el azúcar consumida por una empresa postulante debe ser utilizada como materia prima de productos que se comercialicen en el mercado nacional, y aquello que puedan exportar no debería ser considerado como antecedente histórico de la respectiva empresa.
Si los antecedentes expuestos son efectivos, es importante dejar pendiente el proceso de asignación de cuotas libres de arancel y garantizar la transparencia y equidad, conforme al espíritu de la ley que aprobó el Congreso Nacional. Lo peor que podría ocurrir es que existiera inequidad en la forma en que el Servicio Nacional de Aduanas asigna
la cuota, y en la forma en que las empresas se comportan. De modo que lo que se pretende cautelar es un bien superior.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Hacienda a fin de que el director nacional de Aduanas nos informe en detalle sobre el proceso de asignación de cuota de las 105 mil toneladas libres de arancel. En particular, me interesa conocer la cuota postulada y asignada a cada empresa, los antecedentes históricos, en forma desglosada, lo relativo a azúcar y a mezcla de azúcar, y los criterios que se están utilizando en el caso del azúcar líquida.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan y de quien habla.
ANTECEDENTES SOBRE FONDOS DESTINADOS A REINSERCIÓN DE RETORNADOS. Oficios.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra, por tres minutos, al diputado señor Alfonso Vargas .
El señor VARGAS .-
Señor Presidente , el lunes 24 de noviembre, el Presidente de la República afirmó que dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados nunca probaron irregularidades en el manejo de los fondos alemanes destinados a la reinserción de los retornados, lo que es total y absolutamente falso ya que las comisiones mencionadas sí comprobaron irregularidades cometidas por el Gobierno, en representación del Estado de Chile, a través del Banco del Estado y por la Fundación Faret.
Una tercera comisión, más suave en sus conclusiones, reitera claramente que la Fundación Faret fue administrada de manera poco transparente, existiendo serias dudas acerca de la licitud de sus actuaciones, principalmente en relación con la forma en que fueron administrados los recursos públicos provenientes de Alemania y de Chile.
Cabe hacer notar que las comisiones fueron obstaculizadas en su desempeño por las autoridades de Gobierno. Los informes correspondientes así lo señalan.
El 8 de julio de 1998, de acuerdo con lo establecido en el número 1 del artículo 48 de la Constitución Política, la Cámara acordó enviar al Presidente de la República oficio N° 959, con el objeto de solicitarle antecedentes sobre el destino del crédito alemán. Su respuesta fue imprecisa, evasiva y carente de explicaciones satisfactorias.
Por lo expuesto, solicito que se oficie nuevamente al Presidente de la República sobre la materia a fin de que la actual administración dé respuesta y, también, para que el Presidente Ricardo Lagos pueda corregir su error.
Asimismo, solicito que se oficie a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado y al contralor general de la República, a fin de que informen a la Cámara acerca de las acciones que realizaron sobre la base de los antecedentes que sobre esta materia les fueron remitidos por nuestra Corporación.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional.
ALCANCES SOBRE REFORMA DE LA SALUD. Oficios.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , Chile ya no entiende nada. Ve que en materia de salud se cambia una y otra vez; lo que se dice un día, se cambia al siguiente. Existe preocupación por lo que está pasando en ese sector.
No deseo criticar nada ni a nadie en particular; sólo quiero hacer notar que lo que el país observa es incomprensible. Como digo, no se entiende nada; vemos que, una y otra vez, se cambian los rumbos. Muchos chilenos piensan que esto se debe especialmente a presiones corporativas.
Las respectivas comisiones de la Cámara y del Senado han trabajado por meses. Ambas han tenido como objetivo fundamental al usuario, al paciente, y han buscado solucionar sus problemas, porque nadie puede discutir que eso es lo importante. Cuando se llega a acuerdos para que los recursos del sector salud, tanto público como privado, se usen con eficiencia en bien de ese paciente, en los últimos días se ha borrado con el codo lo que en la Cámara de Diputados se había aprobado con la mano. Para ello se aduce nuevamente una probable privatización del sector público, un desplazamiento de camas para beneficiarios de isapres, olvidando que todo lo acordado estaba siendo considerado con una base técnica, no política.
En esa materia, se falta a la verdad y se mezcla el número insuficiente de camas hospitalarias con el problema del Auge. Las camas hospitalarias tienen que ver con el proyecto de autoridad sanitaria, que tiende a dar satisfacción a la demanda de ellas, en especial en las regiones, a fin de que los recursos sean mejor administrados, porque todo Chile sabe que los destinados a salud han sido” mal administrados.
Ahora, se cambia eso y se agrega la falacia de las camas hospitalarias. Se dice que en Chile faltan camas. ¡Mentira! En Chile sobran camas. El índice ocupacional en el sector público fluctúa entre 70 y 72 por ciento en los hospitales 1 y 2, y alcanza a alrededor de 60 por ciento en los hospitales 3 y 4. Se dice que faltan oftalmólogos. ¡Mentira! Lo que sucede es que están mal distribuidos y los recursos médicos son mal usados.
No me referiré al show según el cual existiría un pacto secreto entre en Ministerio de Salud y los parlamentarios de la Alianza.
Finalizo mi intervención haciendo un llamado al ministro de Salud para que mantenga una posición técnica por sobre una político-ideológica. Para llevar adelante la salud deben evitarse las presiones corporativas. Así no sucederá lo que ocurrió durante la gestión del ex ministro señor Jiménez , situación que lamentamos todos los médicos que sabemos de salud.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al ministro de Salud .
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REESTUDIO DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL MILITAR. Oficios.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Socialista y Partido Radical, ofrezco la palabra al diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , a propósito de las camas hospitalarias, ayer “El Mercurio” publicó una editorial que lleva como título “Nuevo Hospital Militar”. Se trata de un tema muy interesante de abordar.
El editor señala que “las dificultades de la licitación del Hospital Militar por parte del Ministerio de Obras Públicas, MOP, pueden ser ocasión propicia para discutir con altura de miras la actual justificación de que los institutos militares continúen teniendo hospitales propios”. En verdad, me parece muy importante iniciar esta discusión, pues se está licitando un hospital de un costo de 130 millones de dólares, 88 mil metros cuadrados, ocho pisos, 1.200 estacionamientos, 330 camas, 87 consultorios, nueve pabellones, etcétera. Mal que mal, se trata de recursos del Estado para desarrollar una infraestructura que, a mi juicio, no se necesita.
Las instituciones de las Fuerzas Armadas han desarrollado en el país una red asistencial compuesta por muchas instalaciones, entre ellas el Hospital Militar de Santiago, el Hospital Militar de Antofagasta, el Hospital Naval de Viña del Mar, el Hospital Naval Almirante Adriazola, de Talcahuano; el Hospital de las Fuerzas Armadas Cirujano Guzmán, de Punta Arenas; el Hospital Naval de Puerto Williams, el Hospital Clínico General Raúl Yazigi, de la Fuerza Aérea, además de los consultorios y centros médicos de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y los dos hospitales que pertenecen a Carabineros.
Las fuerzas armadas cuentan con una dotación aproximada de 60 mil personas, cada una con 2,5 cargas familiares, aproximadamente, lo que da un total de 150 mil personas beneficiarias directas.
Los pensionados son cerca de 60 mil, con un promedio no superior a una carga familiar por cotizante, lo que suma un total de 120 mil personas más.
Finalmente, si se agregan las 30 mil personas que cumplen anualmente con el servicio militar obligatorio, resulta un número total de beneficiarios aproximado a 360 mil personas.
La infraestructura hospitalaria de las fuerzas armadas alcanza, a lo menos, la cantidad de 1.600 camas, lo que arroja un índice de 4,4 camas por mil beneficiarios, mientras que el índice general del país, incluidas todas las camas de hospitalización disponibles y toda la población, es de 2,68 camas por mil habitantes. Del índice general calculado se excluyen los beneficiarios de los recursos de camas hospitalarias de las fuerzas armadas, que es de 2,63 camas cada mil beneficiarios.
En consecuencia, los sistemas de salud de las fuerzas armadas disponen de una capacidad instalada de camas de hospitalización superior en un 68 por ciento a la que dispone el conjunto de los restantes sistemas de salud del país, tanto públicos como privados, para iguales cantidades de beneficiarios, cifra que podría aún ser incrementada si se considera que el contingente que efectúa su servicio militar es, además, beneficiario del sistema público, y tanto ellos como el personal activo de planta de las fuerzas armadas han sido seleccionados por su buen estado de salud.
Por lo señalado, existe una gran disponibilidad de recursos excedentes para atender a los pacientes de las fuerzas armadas, la que sumada a los incentivos que propicia la ley para obtener recursos propios, lleva a que hoy los establecimientos de las fuerzas armadas estén, en forma creciente, atendiendo pacientes privados bajo condiciones económicas desfavorables para el Estado y de subsidios a los privados no beneficiarios.
Me parece muy especial, por no decirlo de otra forma, que se construya un nuevo hospital militar en Santiago mientras se genera un debate por las camas hospitalarias. Lo cierto es que 130 millones de dólares perfectamente pueden ser invertidos en otras necesidades sociales que tiene el país. Considero más que suficiente la capacidad y la infraestructura que tienen hoy las fuerzas armadas para dar atención a sus beneficiarios.
De hecho, creo que debemos desarrollar una estructura sanitaria pública-privada que no tenga los sesgos que muestra el actual Hospital Militar en Santiago.
Finalmente, pido oficiar a la señora ministra de Defensa y al señor ministro de Salud para que iniciemos un diálogo sobre este tema. Me parece que la decisión de construir un nuevo hospital militar debiera ser revisada, con altura de miras, tal como propone el editor de “El Mercurio”, porque pienso que hoy existen suficientes formas de solucionar los problemas de salud de la población y que no se requiere una nueva infraestructura sólo para un grupo tan menor -por así llamarlo- de beneficiarios como los que este hospital podría atender.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra al diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , lamento que se haya retirado de la Sala el diputado Robles, quien recién hizo uso de la palabra. Básicamente, me habría gustado reiterarle algo que expresó el diputado señor Bayo. En primer lugar, sobre la farsa que existe un llamado pacto secreto en materia de salud.
En segundo lugar, el diputado señor Robles carece de antecedentes básicos o mínimos para referirse al sistema de salud de las fuerzas armadas, el cual fue modificado hace algunos años. Como me correspondió participar en el estudio respectivo, puedo dar fe que los hospitales institucionales de las fuerzas armadas significaron un aporte notable para el sistema de salud público en Chile. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la cantidad de usuarios que atienden va más allá del personal militar y su familia, cosa que el diputado Robles no señaló, porque también atienden a otros civiles.
En cuanto a los recursos, debo decir que todos los hospitales debieran administrarse correctamente. Quizás ahí esté centrada la mayor dificultad.
IRREGULARIDADES EN MATERIA DE FLUORACIÓN DEL AGUA POTABLE EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , por otro lado, hace algunos años, en la Octava Región, el Ministerio de Salud intentó fluorar el agua potable, en circunstancias de que sus habitantes se han caracterizado por estar en contra de dicha medida, no política ni partidistamente, sino porque una cantidad importantísima de estudios, particularmente de la propia Universidad de Concepción, encabezados por médicos tan notables como la ya desaparecida doctora Vivaldi , determinaron lo pernicioso que es el flúor en el agua potable.
Hace algunos días, por el diario “El Sur” me enteré que el Ministerio de Salud había determinado fluorar el agua potable, pasando por encima de la ley de Bases del Medio Ambiente, que en su artículo 10 dispone que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y después, luego de enumerar una larga lista, en la letra q) señala: “Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas”.
Además, su artículo 11 establece que los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, el agua y el aire.
Solicito que se oficie al ministro Secretario General de la Presidencia para protestar, de la manera más enérgica, porque la ley de Bases Generales del Medio Ambiente ha sido violada, al menos, en dos de sus artículos por la decisión del Ministerio de Salud de fluorar el agua potable.
Además, que esa medida es discutible, porque hace varios años países como Italia, Alemania y Suecia, entre otros más, han prohibido por ley la fluoración del agua potable porque sus efectos nocivos.
Lo más relevante es que dos estudios recientes, uno de la propia Universidad de Concepción, mediante el cual se señala que la fluoración del agua, el uso sistémico del fluoruro, genera efectos en las personas y en el medio ambiente.
¿Qué efectos? Primero, incremento en la prevalencia y severidad de la fluorosis dental que puede desembocar en un aumento de la incidencia de caries secundarias a las lesiones fluoráticas.
Segundo, aumento del riesgo de incidencia de fracturas óseas, preferentemente de caderas, tanto en hombres como en mujeres, patología que implica una elevada morbilidad y un alto costo en salud.
Tercero, probable aumento del riesgo de cáncer óseo, particularmente, del osteosarcoma, tumor muy maligno que afecta principalmente a jóvenes de sexo masculino, menores de 20 años de edad, y un aumento significativo de la contaminación ambiental por floruro.
La Empresa de Servicios Sanitarios de Biobío, Essbío , también realizó otro estudio y, junto con arribar a los mismos resultados de la Universidad de Concepción -que acabo de leer- agrega otro tipo de males si se aplica el flúor en dosis importantes: trastornos digestivos, enfermedades metabólicas que agudizan el síndrome de Gilbert, absorción renal, diabetes, cardiopatías, daños enzimáticos, etcétera.
La pretensión del Ministerio de Salud en cuanto a fluorar el agua potable en la Octava Región no sólo es resistida por científicos, sino también por gran parte de la comunidad porque en nuestra región existe clara conciencia de que este tema no está resuelto. Además, por la siguiente cuestión básica:
La idea de fluorar el agua potable apunta, principalmente, a colaborar para que no tengamos niños, entre cero y siete años, con problemas dentales. En verdad, si se quiere buscar sólo ese objetivo, hay múltiples formas mediante las cuales puede ser tomada una medida como ésta: discriminar en mejor forma. Del total de agua que se consume por persona, el 80 por ciento no se bebe. Es decir, esa agua va a los alcantarillados y su fluoración significará contaminación ambiental, de todas formas.
Mucha gente se pregunta si tras esta medida hay negocio. Creo que no. Sí está claro que, a juicio de los académicos, de los investigadores de la Universidad de Concepción y, en general, de la Octava Región, es perniciosa. Pero, más que nada, es inconsulta. Han “pasado por el aro” -perdón por la expresión- a la Comisión Nacional del Medio Ambiente y eso me parece extraordinariamente serio.
Pido que en el oficio que se envíe al ministro Secretario General de la Presidencia se le comunique que países más avanzados, como Alemania, por ejemplo, suspendió la fluoración del agua en 1971, después de 18 años de experimentación; Bélgica, finalizó dicha experimentación en 1978; China fluoró algunas regiones desde 1965 hasta 1983; en Dinamarca se suspendió el programa; en Finlandia, se suspendió en 1993; en Francia jamás se ha considerado esencial para la salud; en Holanda se suspendió en 1976, después de 23 años de experimentos; en Italia, las plantas que fluoraban se discontinuaron en 1978; en Portugal, el programa fue suspendido después de 1978; en Suecia se prohibió, por ley, en 1979, después de 10 años de experimentos.
A juicio de Suecia, no hay ninguna evidencia que haya sido presentada en términos de mejoramiento de la salud. Por el contrario, las severas dudas del daño que provoca hace que esta intervención sea remitida al señor ministro Secretario General de la Presidencia , como asimismo al ministro de Salud a fin de que se arbitren las medidas que estimen convenientes para que nuestra región sea respetada en el sentido de no ser afectada por una medida que personalmente no aceptamos.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Carlos Vilches .
REQUERIMIENTO DE AUXILIAR PARAMÉDICO PARA POSTA DE COMUNA DE CURANILAHUE. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente , la directiva de la junta vecinal N° 18, del sector Colico norte, comuna de Curanilahue, Octava Región, encabezada por su presidente , señor José Troncoso Castillo , me han planteado recientemente algunas inquietudes respecto de un problema de salud pública que afecta fuertemente a este ex campamento minero de la zona del carbón, donde viven cerca de doscientas cuarenta personas.
En efecto, siempre ha habido en el sector una posta rural y la correspondiente casa habitación para el auxiliar que la deba atender. En un principio, ésta era atendida por un practicante de Carabineros de Chile; sin embargo, en 1977, trasladaron el retén a otro lugar y quedaron abandonadas la posta y la casa.
En 2002, el municipio de Curanilahue recuperó el inmueble con la intención de beneficiar a los vecinos que allí viven. Sin embargo, desde entonces ha habido innumerables obstáculos para dotar al referido centro asistencial de un auxiliar paramédico. Según los dirigentes gremiales, las razones que la autoridad ha expuesto son las siguientes:
Que San José de Colico, sector distante a tres kilómetros de Colico norte, tiene una posta que bien podría atender a sus habitantes; que en Colico norte no viven suficientes personas que justifique aquella inversión, y que la posta rural de Colico norte no está reconocida por el Ministerio de Salud.
Más allá de las razones técnicas explicitadas, nos parece que los argumentos planteados no sólo son fácilmente desvirtuales, sino, además, denotan que, simplemente, no hay intención de favorecer a los pobladores de ese esforzado y necesitado sector rural, al menos en este ámbito.
La distancia que separa ambas localidades no es mucha, razón por la cual no pasa movilización colectiva, de modo que quien desea transitar de un lugar a otro debe caminar o recurrir a la buena voluntad de los camioneros forestales que recorren la zona, cuestión que pudiere parecer frecuente y hasta natural en nuestra ruralidad, pero la situación se torna dificultosa cuando quienes deben realizar esa travesía pueden ser, también, ancianos y mujeres embarazadas.
Al parecer, no son muchas las personas involucradas, pero tampoco hablamos de un número insignificante que pueda no ser considerado, de buenas a primeras, por las autoridades de Gobierno. Por lo demás, cuando se trata de la vida y de la salud de las personas, es preciso realizar todos los esfuerzos necesarios. Ninguno sobra y, en este caso, de no atenderse este requerimiento, claramente se está poniendo en riesgo aquel esencial tesoro que es la vida. ¿Estarían acaso las autoridades de Gobierno dispuestas a asumir el costo político que implica la pérdida de una vida humana por la simple inactividad del Estado?
Finalmente, se sostiene que dicha posta no estaría autorizada por el Servicio de Salud, cuestión que desde ya parece extraña, pues dicha posta tiene una antigüedad mayor que la de San José de Colico, en el otro sector, que sí está autorizada. Sin embargo, más allá de todo, aquél es un problema administrativo de fácil solución si existe la voluntad política. De hecho, los vecinos del sector sienten que han sido objeto de una verdadera burla, por cuanto se gastan alrededor de 800 mil pesos en reparar la posta para luego decir que, por las razones señaladas, ésta no puede funcionar.
No es mucho lo que los vecinos de Colico norte solicitan al Ministerio de Salud si se considera el beneficio social que obtendrían de acceder la autoridad a su planteamiento. Lo único que requieren -en esos términos lo han planteado, precisamente con el propósito de mostrar una actitud de condescendencia con la autoridad- es que se instruya a un auxiliar paramédico para que cubra las necesidades de salud existentes. Insisto en que la petición no parece exagerada, pero su concreción constituiría un gran logro para una ciudad tan postergada como Curanilahue.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Salud para que, en consideración a los antecedentes expuestos, haga uso de las facultades legales que le son propias y ordene, a quien corresponda, que acoja la petición contenida en esta presentación, de manera de satisfacer las necesidades de atención médica en el sector Colico norte, de Curanilahue.
Además, pido que se oficie al señor alcalde de esa comuna para que nos dé a conocer su opinión respecto de este problema.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a los dirigentes de la unidad vecinal de Colico norte, Curanilahue.
Señor Presidente, mi Comité ha cedido el tiempo que me resta a la bancada de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
SALUDOS A LA CIUDAD DE COPIAPÓ, EN EL 259° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra, por un minuto y cincuenta segundos, al diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , desde esta tribuna de la Cámara de Diputados, rindo homenaje a la ciudad de Copiapó, con motivo de celebrarse, el 8 de diciembre pasado, el 259° aniversario de su fundación, período en el cual esa ciudad, pujante y valerosa, se ha transformado en la cuna de la pequeña minería del país.
Deseo saludar a su alcalde, señor Marcos López , y a todos sus colaboradores, quienes han hecho de esa comuna una gran ciudad, orgullo para todos los que la hemos escogido como lugar para vivir.
Asimismo, quiero señalar que, en esta ocasión, el señor alcalde entregó un gran reconocimiento al profesor John Horsley Brito , quien fue declarado ciudadano ilustre de Copiapó, honor que tenía muy merecido.
¡Felicidades para todos los habitantes de la hermosa ciudad de Copiapó!
Agradezco, señor Presidente, la oportunidad que me ha brindado para entregar este saludo.
He dicho.
RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA DE SUPRESIÓN DE LAS UNIDADES TÉCNICAS ASESORAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra al diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , también saludo a Copiapó, desde la distancia.
Como se sabe, en la actualidad se construyen autopistas, se utiliza telefonía de alto nivel y muchos otros adelantos, como la televisión por cable. Sin embargo, ¿qué pasa con el mundo rural? Parece que nos olvidamos de que existen comunas que no son urbanas, que no tienen acceso a la modernidad que afectó a otras del nuevo Chile que estamos construyendo.
Acabamos de ser testigos, en estos días, de la supresión, por parte del Ministerio de Obras Públicas, de las unidades técnicas de asesoría dependientes del Programa Nacional de Agua Potable Rural. Sin lugar a duda, el programa más exitoso de los gobiernos de la Concertación para incorporar a esta gente al mundo moderno ha sido el del agua potable rural. Sin agua, no hay luz, no hay escuelas, no hay salud, no hay vida.
El agua potable rural se consigue por las gestiones de los comités y cooperativas en que se organiza y participa la comunidad. Ellos crean estos comités y el agua potable rural.
No alego por que no haya plata para el agua potable rural, sino por que no hay plata para asesorar a la región del Maule.
Hay más de doscientos servicios de APR. Se acaba de despedir a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que asesoraban y a quienes se podía acudir en consulta.
En Chile, los dirigentes aprenden a tomar decisiones en el camino y a hacer sus propias empresas. Sin embargo, éstas se van a quedar sin asesoría del Estado, porque con el modernismo la palabra que está en boga es “privatización”.
Ahora, en los servicios externos, las empresas -las mismas sanitarias- van a ofertar en una licitación, y se van a ganar un “billetón”, porque el costo que puede significar para Obras Públicas, región del Maule, es, por ejemplo, de 80 ó 100 millones de pesos.
En las licitaciones vamos a ver cuánto va a venir por esta asesoría. Me parece que hay un despropósito. Vamos a dejar a las cooperativas, a estos dirigentes, sin respaldo.
Usted conoce a los técnicos, a los burócratas, cuando son pagados. Llegan, están dos minutos, y hasta ahí llega la cosa.
Es una manera muy elegante de decir, a quienes hicieron el esfuerzo en los últimos doce años, que creyeron en las grandes políticas de los ex Presidentes Aylwin y Frei y en la actual del Presidente Lagos , que hoy, en Obras Públicas se asustan, porque las platas se fueron para otro lado y no tienen la culpa de que las platas se hayan ido a los bolsillos de quienes no la merecían.
Estamos terminando con el sistema. Me parece que es una aberración. El Gobierno debería repensar el tema.
En Chile, la gente más leal, la de más corazón, está en el mundo rural, en las pequeñas poblaciones, que no podemos dejar desvalidas.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que reconsidere la medida de eliminar las unidades asesoras. Más aún, cuando contamos con los consejos regionales donde se conversan estos temas.
Por lo menos, la región del Maule estaría dispuesta, con recursos propios, a financiar el mantenimiento del estiércol del Ministerio de Obras Públicas, y la asesoría a las comunidades de agua potable rural.
No pedimos plata, sino crear la glosa correspondiente para destinar unos pocos recursos a mantener este sistema.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Patricio Cornejo, Edmundo Villouta, José Miguel Ortiz y diputada señora Eliana Caraball.
ELABORACIÓN DE ANTÍDOTO CONTRA PICADURA DE LA RAÑA DE RINCÓN. Oficios.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente , en Incidentes escuchamos las intervenciones de los diputados señores Robles , Bayo, Ulloa y Norambuena respecto de problemas sanitarios y camas hospitalarias. Además, se defendió el sistema sanitario de las fuerzas armadas; también se pidió una posta rural.
En mi calidad de médico y de miembro de la Comisión de Salud, quiero intervenir sobre un problema sanitario emergente. Si bien se han presentado pocos casos, tiene una connotación muy relevante. Me refiero a la picadura de la araña de rincón, que genera un cuadro de gravedad muy importante y significativo. Produce una necrosis importante en la piel, en el lugar de la picadura, pero cuando la persona es más susceptible y tiene menos defensas, la picadura avanza hasta producir lo que se llama loxocelismo visceral, o sea, compromiso de vísceras, pulmones, corazón y riñones. Se produce, entonces, una insuficiencia renal aguda, y la persona puede fallecer en un lapso de tres a cinco horas. Es el caso de Rodolfo Díaz Flores, un niño de Limache que está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gustavo Fricke, producto de la mordedura de una araña de rincón que le tiene debatiéndose entre la vida y la muerte.
El loxocelismo sería fácilmente manejable si los servicios de urgencia de los diferentes hospitales, tanto públicos como privados, contaran con el suero antiloxocélico, antídoto que desgraciadamente no se fabrica en Chile.
El Instituto de Salud Pública de Chile podría ordenar su elaboración para distribuirlo a los diferentes establecimientos de salud. Sin embargo, el producto se importa del Instituto de Salud Pública del Perú, país que tiene alta incidencia de loxocelismo.
Hago hincapié en que los equipos médicos de urgencia de los diferentes establecimientos de salud deberían estar suficientemente premunidos como para enfrentar todas las emergencias que se les presenten.
A pesar de que entre 1985 y 1995 sólo se produjeron 43 muertes por loxocelismo, éste no es un problema menor, pues si se hubiera dispuesto del antídoto correspondiente esas muertes se habrían evitado.
Solicito que se oficie al ministro de Salud y a los 28 servicios de salud regionales y subregionales del país, para que en los establecimientos hospitalarios dispongan del suero antiloxoceles y, así, los pacientes aquejados por este mal sean tratados a tiempo.
Asimismo, al Instituto de Salud Pública para que adopte las técnicas que permitan fabricar el suero antiloxoceles, las que son de fácil implementación en el país.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores José Miguel Ortiz y Edmundo Villouta .
IRREGULARIDADES EN NOTARIA DE TRAIGUÉN. Oficios.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra, por cuatro minutos, al diputado Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , lamento intervenir para referirme nuevamente a la notaria de Traiguén, doña Ana María Munizaga , a quien he aludido en varias oportunidades, como lo hago hoy en que se celebra el aniversario de los 180 años de la Corte Suprema.
Esta persona, a pesar de todos los llamados de atención y de las sanciones, sigue actuando con un despotismo y una sinvergüenzura verdaderamente increíbles, llegando al extremo de no recibir borradores de escritura de los abogados que han intervenido en la acusación en su contra.
Lamento que la situación se enfrente con una demora increíble y que aún no se resuelva. En agosto pasado entregué copia de una información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, relacionada con una elevada deuda tributaria de esta persona. Sé que firmó un convenio para pagar parte de su deuda y que estaría cancelada la primera cuota.
El Ministerio del Trabajo ha informado de su continua y permanente infracción a todo tipo de leyes y le ha aplicado multas. Señala, por ejemplo, que no se encuentran declaradas las cotizaciones provisionales y de salud correspondientes al período comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2003, o sea, casi tres años que no tiene libro de firmas, y que las remuneraciones de julio
de este año no fueron pagadas oportunamente. Es una secuencia, en extremo, de infracciones que no deberían aceptarse.
Por lo tanto, pido que se envíe copia de mi intervención a la Corte de Apelaciones de Temuco, a la Corte Suprema y al Ministro de Justicia , por cuanto estimo que esta persona no se ríe de mí, ni de los abogados y de los usuarios que deben pagar valores tremendamente altos, correspondientes a siete veces de su valor normal, sino de la Corte de Apelaciones de Temuco, y de algunos de sus ministros que la han apoyado, a pesar de ser indigna de toda confianza, y de la Corte Suprema. Por un lado, la Corte de Apelaciones pide una suspensión de cuatro meses y, por el otro, la Corte Suprema la reduce prácticamente a una medida amonestatoria que casi no tiene ninguna validez legal, considerando todas las que ya tiene.
Espero que, de una vez por todas, las cortes respectivas tomen las medidas del caso a fin de resolver esta situación, porque deja en muy mal pie el prestigio de una institución, como la notarial, que requiere la confianza de todo el país.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará copia de su intervención a las tres instancias a que se ha referido su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.42 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 4629, de fecha 13 de noviembre de 2003, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley sobre fomento a la música chilena. (Boletín Nº 2287-04).
En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 4656, de fecha 20 de noviembre de 2003, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil. (Boletín Nº 2906-07).
En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de Presidencia ”.
Moción de los diputados señores Burgos , Bustos , Ojeda , Salas y Tapia .
Proyecto de ley para modificar el Código Penal en materia de trafico de influencias. (boletín N° 3431-07)
EXPRESIÓN DE MOTIVOS:
Nuestro código penal ha sancionado jurídicamente el delito de cohecho cometido por funcionarios públicos en el entendido que implican una inaceptable confusión entre los intereses generales de la sociedad y de los particulares, confusión que se estima de una entidad necesaria de sancionar penalmente.
Aun cuando la regulación punitiva del delito de cohecho se mantuvo inalterada por más de cien años desde la vigencia del código, se realizaron algunas modificaciones, la primera de ellas a través de la ley Nº 19.645, publicada en el Diario Oficial de fecha 11 de Diciembre de 1999, que modificó sustancialmente la regulación del cohecho, en el sentido de anticipar la punición de este delito a la solicitud, aceptación u ofrecimiento de un beneficio económico con el fin de cumplir o dejar de cumplir un deber propio del cargo de un funcionario público.
Posteriormente, la ley Nº 19.829 publicada en el Diario Oficial del 8 de Octubre del año 2002, donde se introdujeron otras modificaciones importantes en esta materia. El primer objetivo de la ley fue cumplir con las obligaciones contraídas por Chile como adherente de la "Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales". Por otro lado se persiguió perfeccionar la figura penal del cohecho activo en la legislación interna. Con este fin se agregaron dos nuevos artículos, el 250 bis A y 250 bis B, el primero de los cuales tipificó una nueva infracción, que castiga el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales el segundo, a su vez incorporó una definición de funcionario publico extranjero para los efectos de lo que disponía el artículo anterior.
Así es como el artículo 248 bis del código Penal comprende todos los comportamientos abusivos y de prevalimiento de los cargos públicos que deben ser sancionados penalmente.
Antes de la dictación de la ley 19.645 el Código distinguía entre el cohecho activo y, que es el realizado por el particular que ofrece y el cohecho pasivo, que es el llevado a cabo por el funcionario que recibe. Este último se denominaba cohecho impropio cuando la aceptación de dádiva o promesa era para la realización de delitos funcionarios y cohecho propio cuando se aceptan dichas ventajas para la ejecución de actos funcionarios que debían llevarse a cabo gratuitamente. Estas formas de cohecho comprendían también la conducta omisiva en que incurría el empleado en relación a un acto debido propio del cargo.
El artículo 248 bis amplió la conducta típica distinguiendo una forma simple de otra agravada.
La figura simple se perfecciona en el caso que el empleado público solicite, acepte o reciba un beneficio económico para sí o para un tercero, sea para omitir o para por haber omitido un acto debido o propio del cargo, sea para ejecutar o haber ejecutado un acto o infracción a los deberes de su cargo. La pena en este caso es de reclusión menor en su grado mínimo a medio, además de la inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en cualquiera de sus grados y una multa del tanto al duplo del provecho pedido o aceptado.
El concepto de tráfico de influencias, como se advierte, no está incluido en la forma simple de cohecho, el que ha sido consagrado en el artículo 248 bis inciso 1. Considerada como una infracción a los deberes propios del cargo del funcionario, el tráfico de influencia se inserta de manera expresa en el inciso 2 del referido precepto que consagra una forma agravada de cohecho.
El tipo penal en este caso se satisface en el caso del funcionario que infringe los deberes propios del cargo consistentes en ejercer influencia en otro empleado público con la finalidad de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado. La pena en este caso se agrava ya que, no obstante que la privativa de libertad y la pecuniaria se mantienen la pena de inhabilitación especial o absoluta para cargo u oficio público, perpetua y no temporal.
Se trata de un delito de mera actividad, el que no requiere de un resultado lesivo identificado con el beneficio perseguido.
Sin embargo, al analizar la actual normativa penal en lo referente a la conducta de funcionarios públicos, queda en evidencia que la normativa penal no se encuentra completa, toda vez que de las acciones que se sancionan queda excluido el actuar de particulares que pretenden, mediante acciones claramente reprochables, obtener ventajas de significación patrimonial, mediante ofertas o recompensas, de la autoridad o funcionarios públicos.
Es menester comprender que las ofertas que se tipifican en este nuevo delito no son aquellas destinadas a obtener el convencimiento de la autoridad mediante razones basadas en acciones o exposiciones de carácter mediático, pues, quien comete tráfico de influencias, utiliza otro tipo de relaciones, como las de carácter social, familiar o de otro orden.
Creemos que con este proyecto se viene a completar un vacío existente en nuestra legislación penal, que al presente sanciona al funcionario público que comete delito de cohecho en cualquiera de sus formas, pero no sanciona al agente particular promotor de corrupción de los funcionarios y autoridades públicas.
En virtud de lo expuesto, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Articulo único: En el Código Penal, agréguese el siguiente artículo 248 ter, nuevo:
"Articulo 248 ter: El particular que prevaliéndose de las relaciones que le liguen con funcionarios o autoridades públicas, influyere mediante la oferta de dádivas, promesas, ofertas, regalos o beneficios para obtener una resolución que, directa o indirectamente le pueda reportar favores o ventajas patrimoniales, sea para si o para un tercero, será castigado con la penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio, inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio público y multa equivalente al doble del beneficio o ventaja obtenida.”.”.