Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTO A LA COMISIÓN ESPECIAL DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
- ARCHIVO DE PROYECTO.
- PRÓRROGA DEL PLAZO A COMISIÓN DE ECONOMÍA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- DEBATE
- DEBATE
- ACUERDO ENTRE CHILE Y BULGARIA SOBRE EXENCIÓN DE VISA PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y ESPECIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- DEBATE
- PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO.
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y PERÚ.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO DE REEMPLAZO DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL. Modificación de la ley general de Pesca y Acuicultura. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- DEBATE
- CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- APOYO A LA TELETÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Carlos Recondo Lavanderos
- Julio Dittborn Cordua
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Montes Cisternas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APOYO A LA TELETÓN.
- VII. INCIDENTES
- CONTAMINACIÓN DE PLAYA SAN MATEO Y BORDE COSTERO DE VALPARAÍSO.
- ANTECEDENTES TÉCNICOS Y LEGALES SOBRE FLUORACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
- MEDIDAS EN FAVOR DE PESCADORES ARTESANALES DE CALETA QUIDICO, COMUNA DE TIRÚA. Oficios.
- AUMENTO DE CÁNCER A LA PIEL Y DE RADIACIÓN SOLAR EN LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
- SITUACIÓN DE PENSIONES ASISTENCIALES Y POR DISCAPACIDAD EN LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Eliana Caraball Martinez
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- REVISIÓN DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN CON FONDOS BID-TURISMO PARA CHILOÉ Y PALENA. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- Edmundo Villouta Concha
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Antonio Leal Labrin
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- OBRAS VIALES EN COMUNAS DE LA SEXTA REGIÓN; CONTRATOS CON TERCEROS SUSCRITOS POR MUNICIPALIDAD DE PEUMO. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Edmundo Villouta Concha
- Enrique Jaramillo Becker
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- HOMENAJE AL CUERPO DE BOMBEROS DE RÍO BUENO EN SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO. Oficio.
- AUMENTO DE PORCENTAJE DE INVERSIÓN DE LAS AFP EN EL EXTRANJERO. Oficios.
- ADHESION
- Felipe Salaberry Soto
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- ENROLAMIENTO DE CAMINOS ISLEÑOS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Felipe Salaberry Soto
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR EL CÁNCER A LA PIEL. Oficio.
- ADHESION
- Felipe Salaberry Soto
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- AVANCE DE ESTUDIO DE MARCO TRIBUTARIO DE LAS GRANDES EMPRESAS MINERAS.
- PROBLEMAS VIALES EN COMUNA DE FRESIA. Oficios.
- EVASIÓN TRIBUTARIA EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- ANEXO SESIÓN
- CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES. Primer trámite constitucional.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 27ª, en jueves 4 de diciembre de 2003
(Ordinaria, de 10.42 a 13.07 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Envío de proyecto a la Comisión Especial de pequeña y mediana empresa 11
- Archivo de proyectos 11
- Prórroga del plazo a Comisión de Economía 12
V. Orden del Día.
- Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Primer trámite constitucional 12
- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Primer trámite constitucional 12
- Acuerdo entre Chile y Bulgaria sobre exención de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales. Primer trámite constitucional 15
- Preferencia para tratar proyecto 17
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Seguridad Social entre Chile y Perú 17
- Suspensión de la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el registro pesquero artesanal. Modificación de la ley general de Pesca y Acuicultura. Primer trámite constitucional 19
VI. Proyectos de acuerdo.
- Apoyo a la Teletón 25
VII. Incidentes.
- Contaminación de playa San Mateo y borde costero de Valparaíso 27
- Antecedentes técnicos y legales sobre fluoración de agua potable en Región del Biobío. Oficios 28
- Medidas en favor de pescadores artesanales de caleta Quidico, comuna de Tirúa. Oficios 29
Pág.
- Aumento de cáncer a la piel y de radiación solar en la Segunda Región. Oficios 31
- Situación de pensiones asistenciales y por discapacidad en la Segunda Región. Oficios 31
- Revisión de proyectos de capacitación con fondos Bid-Turismo para Chiloé y Palena. Oficios 32
- Obras viales en comunas de la Sexta Región, contratos con terceros por municipalidad de Peumo. Oficios 33
- Homenaje al cuerpo de Bomberos de Río Bueno en su centésimo aniversario. Oficio 34
- Aumento de porcentaje de inversión de las AFP en el extranjero. Oficios 35
- Enrolamiento de caminos isleños en la Décima Región. Oficio 36
- Información sobre medidas para evitar el cáncer a la piel. Oficio 36
- Avance de estudio de marco tributario de las grandes empresas mineras 36
- Problemas viales en comuna de Fresia. Oficios 37
- Evasión tributaria en la Décima Región. Oficio 38
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de reforma constitucional que crea el Defensor del Ciudadano (boletín N° 3429-07) 40
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que establece un sistema de autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas (boletín N° 3428-06) 51
3. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha dado su aprobación a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que modifica el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo con el fin de permitir acuerdos en materia de descanso semanal. (boletín N° 3041-13) (S) 62
4. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado con modificaciones el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo relativo al contrato de compraventa de inmuebles y criminaliza conducta constitutiva de estafa en el artículo 470 del Código Penal. (boletín Nº 2694-07) 63
5. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que regulariza el Registro Pesquero Artesanal para la pesquería de la merluza del sur, en las Regiones Décima y Undécima. (boletín Nº 3309-21) 64
Pág.
6. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha dado su aprobación al proyecto, de origen en un Mensaje, que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal por el período que indica (boletín Nº 3427-03) 64
7. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, sin modificaciones, el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000. (boletín Nº 3246-10) 65
8. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado la observación formulada por el Presidente de la República al proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica, y modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. (boletín N° 3248-06) 65
9. Certificado de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, recaído en el proyecto que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal por el período que indica. (boletín N° 3427-03) (S) 66
X. Otros Documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita autorización de la Sala para disponer el archivo de una moción de la ex diputada señora Prochelle, doña Marina, y de los ex diputados señores Prokurica, Elgueta y Fossa, y de la diputada señora Guzmán, doña Pía, y de los diputados señores Mora, Errázuriz, Bertolino, Álvarez-Salamanca y Delmastro, que deroga la disposición que indica de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, boletín 2178-02, por haberse legislado sobre el particular.
- Oficio de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por el cual solicita la prórroga -en 30 días- del plazo inicialmente concedido para cumplir con el mandato de la Cámara de Diputados, que dice relación con el estudio del proyecto de acuerdo N° 218, referido a la franquicia otorgada por el Sence a las escuelas de conductores, que vence el día 16 de diciembre próximo.
Contraloría General de la República
- Señor Juan Pablo Letelier, construcción de central termoeléctrica La Candelaria en Valle Cachapoal, Sexta Región.
Ministerio de Relaciones Exteriores
- Señor Luksic, barco “Fret Moselle”.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
- Señor Rossi, antecedentes de la AG Pequeños Agricultores y Comerciantes de Iquique.
Ministerio de Hacienda
- Respuesta a proyecto de acuerdo 288, petición de exención del IVA a los libros chilenos.
Ministerio de Defensa Nacional
- Señor Monckeberg, pago de quinquenios al personal de Gendarmería de Chile .
- Señor Espinoza, tala ilegal de madera nativa en la Décima Región.
- Señor Norambuena, situación que afecta a un grupo de mujeres encarnadoras de la comuna de Lebu.
- Señor Correa, accidentes de tránsito con participación de ciclistas.
- Señor Muñoz, construcción de edificio institucional en punta Arenas.
Ministerio de Obras Públicas
- Respuesta a proyecto de acuerdo 289, estudios para modernizar los aeropuertos Maquehue de Temuco y Carlos Hott Siebert de Osorno.
- Cuadro resumen de oficios en el mes de octubre de 2003.
- Señor Navarro, condiciones que ha generado Ralco en su etapa de construcción en la inundación de las tierras Pehuenches.
- Señor García, antecedentes sobre construcción de aduana de Puesco y escuela de Reigolil, comuna de Curarrehue.
- Señor Ramón Pérez, construcción de un recinto moderno en la avanzada aduanera de Iquique.
- Señor Navarro, resultados y conclusiones del Encuentro Internacional sobre Aguas Servidas y Contaminación Marina.
- Señor Valenzuela, disminución de recursos de obras públicas para la Sexta Región.
- Señor Masferrer, disminución de recursos de obras públicas para la Sexta Región.
- Señor Muñoz, avance en el proyecto de concesión de Muelle de Cruceros de Magallanes.
Ministerio de Salud
- Señor Cornejo, seguros comprometidos en los activos de los Servicios de Salud.
- Señor Cornejo, seguros comprometidos en los activos de los Servicios de Salud.
- Señor Bayo, mayor equipamiento en la Central de esterilización del hospital de Angol.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Señor Delmastro, urgencia para el despacho de las reformas constitucionales en tramitación en el Senado.
Intendencia de la Décima Región
- Señor Delmastro, pensión asistencial.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (79)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas de la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Alejandro Navarro.
-Asistió, además, el Subsecretario de Pesca , señor Felpe Sandoval.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 22ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 23ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
ENVÍO DE PROYECTO A LA COMISIÓN ESPECIAL DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Para referirse a la Cuenta, ofrezco la palabra el diputado Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señora Presidenta , en el punto Nº 2 de la Cuenta figura el mensaje en que se da inicio a la tramitación del proyecto que establece un sistema de autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes, el cual prácticamente se formalizó en la Comisión Especial de Pequeña y Mediana Empresa, Pymes, y, por lo mismo, confiábamos en que se enviaría también a ella, pero la determinación ha sido otra. Por lo tanto, solicito que la Sala acuerde que el proyecto sea enviado también a la Comisión Pymes.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Efectivamente, en reunión de comités se había acordado que este proyecto fuera enviado a las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, pero creo que hay amplio consenso en que pase también a la Comisión Pymes.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Ofrezco la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , ayer discutimos si el proyecto se enviaba a la Comisión de Gobierno Interior o a la de Economía. Nos pareció lógico que fuera a la primera, por las atribuciones municipales, pero estoy totalmente de acuerdo con que se envíe también a la Comisión Pymes. Finalmente, ¿se enviaría a las dos comisiones?
El señor ORTIZ.-
¡No, a las tres comisiones!
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Así debe ser. Se enviará a las tres comisiones.
ARCHIVO DE PROYECTO.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se aceptará la proposición de archivo formulada por la Comisión de Defensa Nacional, referida a una moción de la ex diputada señora Marina Prochelle y de los ex diputados señores Prokurica, Elgueta y Fossa, y de la diputada señora Pía Guzmán y de los diputados señores Mora, Errázuriz, Bertolino, Álvarez-Salamanca y Delmastro, sobre control de armas y explosivos, que figura en el punto Nº 9 de la Cuenta.
Acordado.
PRÓRROGA DEL PLAZO A COMISIÓN DE ECONOMÍA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga del plazo inicialmente concedido a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo para el estudio del proyecto de acuerdo Nº 218, referido a la franquicia otorgada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a las escuelas de conductores.
Acordado.
-o-
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Recuerdo a los señores diputados el acuerdo tomado ayer en reunión de comités en el sentido de que si la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos entrega su informe respecto del proyecto de ley que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripción del registro pesquero artesanal por un determinado período, que tiene un solo artículo y que fue aprobado en forma unánime en el Senado, se vería hoy en la Sala. De lo contrario, se tratará la próxima semana.
V. ORDEN DEL DÍA
CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que los dos primeros proyectos de acuerdo de la Tabla, referidos al Convenio de Rótterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, y al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, ambos en primer trámite constitucional, sean informados y debatidos conjuntamente, porque son muy similares.
¿Habría acuerdo al respecto?
Acordado.
El diputado señor Francisco Bayo, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, informará sobre ambos proyectos.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3349-10, sesión 38ª, en 9 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 12ª, en 29 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Mensaje, boletín Nº 3348-10, sesión 38ª, en 9 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 11ª, en 28 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 39.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
En discusión ambos proyectos de acuerdo.
Ofrezco la palabra al diputado señor Bayo.
El señor BAYO .-
Señora Presidenta , es pertinente la determinación de la honorable Sala de tratar en conjunto los dos proyectos de acuerdo, ya que el objetivo de ambos convenios es proteger la salud humana y el medio ambiente de productos químicos altamente peligrosos, conforme a los principios de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.
De este modo, ambos tienen el mismo fundamento constitucional, cual es el deber del Estado de velar y tutelar el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación, así como el derecho a la protección de la salud.
Según antecedentes publicados por la Secretaría para el convenio de Rótterdam, el crecimiento espectacular de la producción y el comercio de productos químicos durante los últimos tres decenios ha despertado la preocupación pública y oficial por riesgos que implican su manejo. Los países que carecen de una infraestructura para vigilar la importación y utilización de estos productos químicos están en una situación especialmente vulnerables.
El mensaje señala que el procedimiento de consentimiento informado previo y voluntario, regulado por el Convenio de Rotterdam, ha sido aplicado hasta la fecha en Chile por el Servicio Agrícola y Ganadero, que ha actuado como autoridad nacional designada respecto de los plaguicidas de uso agrícola.
Agrega el mensaje que la aplicación del convenio beneficia a Chile en el establecimiento de registros de los productos químicos utilizados en el país, en el desarrollo de un sistema de traspaso de información para la toma de decisiones administrativas y legislativas respecto de los productos químicos prohibidos y restringidos internacionalmente, y en la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente respecto de los efectos perjudiciales derivados del manejo de esos productos.
Además, el Convenio de Rótterdam es armónico con las normas del Gatt, que ordenan a las partes conducir sus relaciones comerciales en forma no discriminatoria y no crear obstáculos técnicos al comercio, no más que los necesarios para cumplir un objetivo legítimo, como puede ser la protección de la salud y la vida humana, la salud y la vida de los animales o las plantas y el medio ambiente, conforme lo contempla el acuerdo de la OMC sobre obstáculos técnicos al comercio.
Por su parte, el mensaje relativo al Convenio de Estocolmo señala que éste responde a la necesidad de adoptar medidas de alcance mundial en relación con los contaminantes orgánicos persistentes, los que, al poseer propiedades tóxicas, ser resistentes a la degradación, bioacumularse y ser transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales, se depositan lejos del lugar de su liberación y se acumulan en ecosistemas terrestres y acuáticos, produciendo efectos negativos en la salud de las personas, especialmente de las mujeres y, a través de ellas, de las futuras generaciones. Cabe hacer notar que dichos contaminantes pueden alterar la capacidad reproductiva de las mujeres, produciendo, incluso, la esterilidad en muchas de ellas.
En ese sentido, los ecosistemas y comunidades indígenas árticas están especialmente amenazados debido a la biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes, siendo la contaminación de sus alimentos un problema importantísimo de salud pública.
Chile ha sido seleccionado, junto a otras once naciones, como país piloto para desarrollar un plan nacional de implementación para la gestión de los contaminantes orgánicos persistentes.
Estos convenios vienen a complementar la normativa de otros convenios ya aprobados por Chile en el ámbito de la protección de la salud humana y el medio ambiente, como el de Basilea, del cual nuestro país es Estado parte.
Al respecto, llamo la atención sobre un problema que ocupa a la Cámara de Diputados, como es la intoxicación por plomo en Arica, producto, entre otras cosas, de que en esa oportunidad Chile aún no había suscrito el convenio de Basilea. Si lo hubiera hecho, las relaciones con Estocolmo habrían sido totalmente diferentes a las que hoy enfrentamos. Ésa es la importancia de suscribir estos convenios y lo estamos viendo en la práctica.
Durante el estudio de los convenios, la Comisión de Relaciones Exteriores escuchó al jefe del Departamento de Control Ambiental del Ministerio de Salud , señor Julio Monreal , y a los jefes de los departamentos de plaguicidas y agrícola del Servicio Agrícola y Ganadero, señores Arturo Correa y Orlando Morales , respectivamente, quienes proporcionaron antecedentes favorables a su aprobación.
Por lo expuesto, la Comisión acordó, por unanimidad, recomendar a la Sala que dé su aprobación tanto al convenio de Rotterdam como al de Estocolmo, para lo cual sugiere adoptar el único artículo de ambos proyectos de acuerdo en los mismos términos en que han sido formulados en los mensajes respectivos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre ambos proyectos en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional denominado Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, y sus anexos, suscrito el 22 de mayo de 2001.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
ACUERDO ENTRE CHILE Y BULGARIA SOBRE EXENCIÓN DE VISA PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y ESPECIALES. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto aprobatorio del acuerdo entre las repúblicas de Chile y de Bulgaria sobre la exención de requisitos de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Gonzalo Ibáñez.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 3386-10, sesión 11ª, en 28 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 17ª, en 11 de novi9embre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 12.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra al diputado informante .
El señor IBÁÑEZ .-
Señora Presidenta , el proyecto propone aprobar el acuerdo entre Chile y Bulgaria sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales, celebrado en Sofía el 3 de abril de 2003.
El tratado, como otros similares, se fundamenta en el recíproco interés de los gobiernos celebrantes en fomentar el desarrollo de las relaciones bilaterales entre sus países y facilitar el ingreso a su territorio de nacionales del Estado contraparte, sin necesidad de los trámites propios de visado de sus pasaportes, cuando estos documentos de identificación internacional tienen la calidad de diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio, según los casos.
En términos generales, cabe consignar que los gobiernos conceden tales pasaportes a sus nacionales que desempeñan funciones o cargos de alta dignidad o responsabilidad nacional o cuando cumplen misiones oficiales en el exterior. La supresión del trámite de visa les permitirá a sus portadores ingresar libremente a los países con los cuales se celebran estos acuerdo bilaterales, como es el caso que se informa en este acto.
Precisamente, el mensaje destaca que este acuerdo internacional “encuentra su plena justificación en el deseo de ambas Partes de estrechar y promover los tradicionales lazos de amistad entre los dos países, facilitando los viajes entre los respectivos Estados”.
En el plano interno, estos acuerdos internacionales requieren de aprobación parlamentaria, por cuanto sus disposiciones consagran excepciones especiales a la normativa legal y reglamentaria vigente en Chile en materia de extranjería, en la que se exige la visación de los pasaportes como requisito para que los extranjeros puedan ingresar al territorio nacional.
Este acuerdo bilateral consta de siete artículos, cuyo contenido normativo, en lo sustancial, es el siguiente:
Los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio o especiales, según los casos, estarán exentos del requisito de obtener visa para ingresar a Chile o a Bulgaria, pudiendo permanecer hasta el término de tres meses, prorrogables por el mismo período, con derecho a múltiples ingresos y salidas.
Los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o especiales acreditados en las correspondientes misiones diplomáticas y representaciones consulares, acreditados como miembros de su personal, así como los miembros de sus familias, podrán ingresar, permanecer y salir libremente del país receptor durante el período de su misión.
Este tratado establece que la supresión del requisito de visa no exime a los beneficiados de la observancia de las leyes y reglamentos en vigor relativos a la entrada, permanencia y salida de los respectivos países
Cada uno de los gobiernos se reserva el derecho de impedir el ingreso al territorio nacional, en forma discrecional, cuando consideren inconveniente la entrada de una persona determinada.
La Comisión compartió plenamente los propósitos que han llevado a los gobiernos de Chile y de Bulgaria a la celebración del acuerdo en informe -similar al que ha celebrado Chile con otros países-, de manera que, por unanimidad, decidió recomendar a la honorable Cámara que le preste su aprobación, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo con modificaciones formales, de menor entidad, que se salvan en el texto sustitutivo que figura en el informe escrito entregado a los honorables colegas.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo entre la República de Chile y la República de Bulgaria sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señores diputados, si lo tienen a bien, a continuación escucharemos el informe sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República del Perú, el cual votaremos en la próxima sesión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Señora Presidenta , la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos ha concluido el estudio del proyecto de ley que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el registro pesquero artesanal. Su presidente , el diputado señor Darío Molina , está en condiciones de informarlo a la Sala.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , primeramente escucharemos el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores; sobre el primer proyecto, en seguida, según lo dispuso la Sala, el de la Comisión de Pesca.
Acordado.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y PERÚ.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Según lo acordado, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Seguridad entre la República de Chile y la República del Perú.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Carlos Ignacio Kuschel.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 3411-10, sesión 19ª, en 12 de noviembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 25ª, en 2 de diciembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 16.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señora Presidenta , el Convenio de Seguridad Social entre Chile y Perú, suscrito en Santiago el 23 de agosto de 2002, al igual que el firmado con Australia -informado por el diputado señor Tarud -, incide en el ejercicio del derecho a la seguridad social, de manera que para su aprobación se requiere de quórum calificado.
El convenio tiene por finalidad permitir que los trabajadores que han emigrado desde Chile a Perú, o viceversa, puedan continuar cotizando en el país de su nueva residencia y, así, conservar los derechos previsionales que se encuentran en curso de adquisición, originados en el país del cual provienen.
Manteniendo la similitud normativa con el convenio suscrito con Australia, debo señalar que el celebrado con Perú se aplicará a la legislación, actual o futura, que en Chile regula el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, que se basa en la capitalización individual; los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y los regímenes de prestaciones de salud, sólo en el caso de los pensionados.
Por su parte, en Perú se aplicará a la legislación que administra la Oficina de Normalización Previsional, en lo referente a prestaciones de invalidez, jubilación y sobrevivencia; al sistema privado de pensiones, a cargo de las administradoras privadas de fondos de pensiones, y a los regímenes de prestaciones de salud.
En el ámbito de aplicación personal, se establece que este instrumento, conforme al principio de la igualdad de trato, se aplicará a los nacionales de Chile y de Perú, o a nacionales de un tercer país, que estén o hayan estado sujetos a la legislación señalada, y a quienes deriven derechos de dichas personas.
De particular interés son las normas que se contemplan sobre traspaso de fondos previsionales entre sistemas de capitalización, con el fin de que sean administrados por la administradora privada de fondos de pensiones de su elección. Se trata de la transferencia de los fondos de pensiones depositados en las cuentas individuales de los afiliados a entidades gestoras del sistema de capitalización individual del país en donde el afiliado decide residir en forma permanente.
Durante el estudio de este convenio, la Comisión escuchó a la subsecretaria de Previsión Social , señora Macarena Carvallo , quien informó que en nuestro país residen cerca de cien mil nacionales peruanos, con documentación en distintas etapas de tramitación, y cerca de cuatro mil quinientos chilenos en Perú.
Destacó que en ambos países el sistema previsional es de capitalización individual y que, en virtud de este convenio, se podrán transferir los fondos previsionales de un país al otro. Esto involucra las cotizaciones tanto de las capitalizaciones obligatorias como de las voluntarias. Para ello se requieren 60 meses de residencia en el país e igual lapso de cotizaciones en el país donde se reside, lo que comprende tanto a trabajadores como a pensionados.
El superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones , señor Guillermo Larraín , destacó que, al igual que en nuestro país, en Perú existe un sistema de capitalización individual y que en virtud de este convenio una persona podrá pedir que sus fondos se transfieran de un país al otro, siempre que cumpla con el período de residencia mínima establecido en el convenio.
Agregó que la mayoría de la mano de obra peruana en Chile está compuesta por trabajadoras de casa particular, algunas de las cuales no tienen previsión, razón por la cual estima que el convenio estimulará la regularización de su estadía en nuestro país.
La Comisión, además, compartió los propósitos que llevaron a los gobiernos de Chile y de Perú a su celebración, por lo que, por acuerdo unánime, decidió recomendar a esta honorable Cámara su aprobación y sugerir, para tal efecto, sancionar el artículo único del proyecto de acuerdo aprobatorio en los mismos términos en que fue formulado por el Ejecutivo.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Según el acuerdo adoptado, la votación del proyecto se efectuará en la próxima sesión.
Señores diputados, según la tabla de esta sesión, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece excusa legal absolutoria en relación al porte, tenencia y consumo de hoja de coca y alcohol con motivo de celebraciones de índole religiosa en un contexto cultural diverso.
He conversado con los diputados informantes del proyecto, señores Fulvio Rossi y Aníbal Pérez, de las comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y Especial de Drogas, respectivamente, y les he pedido que ambas comisiones se reúnan y traten de encontrar puntos comunes de acuerdo, puesto que sus informes son bastante contradictorios.
Por consiguiente, la Mesa ha estimado no tratar hoy este proyecto de ley y pasar de inmediato a los proyectos de acuerdo.
SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO DE REEMPLAZO DE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL. Modificación de la ley general de Pesca y Acuicultura. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el registro pesquero artesanal.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 3427-03 (S). Documentos de la Cuenta N6, de esta sesión.
-Certificado de la Comisión de Pesca. Documentos de la Cuenta Nº 9, de esta sesión.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que ingrese el subsecretario de Pesca.
Acordado.
Ofrezco la palabra al señor Darío Molina, diputado informante de la Comisión de Pesca , Acuicultura e Intereses Marítimos.
El señor MOLINA .-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que persigue posponer la aplicación del mecanismo de reemplazo en las inscripciones del registro pesquero artesanal, autorizada por la ley N° 19.849, hasta que se establezcan los requisitos y exigencias que se aplicarán para dicho reemplazo.
En efecto, en virtud de la “ley corta de pesca”, que entró en vigencia el 26 de diciembre de 2002, se aprobaron diversas modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura, entre las que se cuenta la incorporación de un nuevo artículo 50 A, que permite el reemplazo de la inscripción pesquera artesanal de que son titulares los pescadores en aquellas pesquerías que se encuentran con su acceso cerrado.
No obstante que ese mecanismo es beneficioso para los pescadores artesanales, pues permite la transferencia o traspaso gratuito de la inscripción del registro artesanal y de sus respectivas embarcaciones, en el caso de los armadores debe contemplar el previo cumplimiento de ciertos requisitos a fin de garantizar que las personas que ingresen a la actividad por esta vía sean efectivamente pescadores artesanales.
Para cumplir con ese objetivo, se encuentra en tramitación en el Senado un proyecto que introduce modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura, que perfecciona y establece los requisitos necesarios para que las inscripciones en el registro pesquero artesanal se hagan en forma correcta, de modo que quienes necesiten realizar el reemplazo cuenten con las garantías adecuadas al momento de gestionar ese trámite.
Atendida esta situación, se presentó el mensaje que dio origen al proyecto en discusión. La idea es proponer la entrada en vigencia del artículo 50A para incorporar las exigencias aludidas, perfeccionar lo establecido en la ley promulgada en diciembre de 2002 y que tanto el Senado como la Cámara de Diputados lo despachen a la brevedad.
El proyecto, en su artículo único, suspende la vigencia del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal por un período de 18 meses, plazo en el que se estima estará terminada la tramitación del proyecto de ley que fijará los requisitos o exigencias aplicables en forma permanente en la ley de Pesca denominada “larga”, que, como señalé, se está tramitando en el Senado.
Además, suspende la tramitación de las solicitudes de reemplazos presentadas entre la fecha de publicación de la ley Nº 19.849 y la de esta ley.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra al diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES .-
Señora Presidenta , en relación con la ley de Pesca y con este proyecto que envía el Ejecutivo , nos parece absolutamente lógico apoyar en este sentido a los pescadores artesanales.
Cuando se tramitó la “ley corta de Pesca”, hace más de un año, uno de los compromisos del Ejecutivo fue apurar la llamada “ley larga de Pesca”, porque en ella se consignarán los artículos que apoyan, en forma lógica y permanente, a todos los pescadores artesanales y a los acuicultores, que, por lo menos en el norte y en la zona que represento, tienen una alta incidencia. Por eso, es fundamental pedir al Ejecutivo que cumpla con el compromiso que suscribió con los parlamentarios para apurar la “ley larga de Pesca”.
Se dijo que después de un año de ingresado el proyecto al Senado lo estaría tratando la Cámara. Sin embargo, transcurrido ese plazo, hoy nos vemos obligados a suspender la vigencia de uno de los artículos de la ley de Pesca para mantener la salvaguarda de los pescadores artesanales.
Se debe dar mayor agilidad a la “ley larga de Pesca” para cumplir con un compromiso adquirido con los pescadores artesanales. Para eso considero fundamental que el Ejecutivo asigne las urgencias necesarias al proyecto que se encuentra en el Senado, para que, de una vez por todas, sea devuelto a la Cámara y, a más tardar en el primer semestre del próximo año, la ley de Pesca esté regulando en forma cierta a los pescadores artesanales en todas las materias que les importan.
Nuestra bancada votará favorablemente, porque el proyecto resguarda a quienes tienen menos posibilidades de defenderse: los pescadores artesanales. Asimismo, queremos que se dé el impulso necesario a la “ley larga de Pesca”, para que, de una vez por todas, se solucionen aspectos críticos de la pesca artesanal.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra al diputado Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , debemos aprobar con urgencia el proyecto porque su artículo único prorroga la entrada en vigencia de una disposición que tenía por objeto permitir movilidad entre los pescadores artesanales en relación con el registro de inscripción. Pero ocurre que, lamentablemente, el espíritu del legislador no quedó plenamente reflejado en la letra de la ley, pues dejamos una ventana abierta que posibilita la transferencia de permisos de pesca desde pescadores artesanales a pescadores industriales. Ello puede traer como consecuencia que, no obstante la larga discusión para fijar porcentajes de pesca de algunos recursos en favor de los pescadores artesanales -como el 80 por ciento de la sardina y la anchoveta- las grandes pesqueras industriales formen flotas artesanales que accedan a esos recursos, incluso dentro de las cinco millas de exclusividad para los artesanales desde la Quinta Región al sur.
Entonces, la prórroga de la entrada en vigencia de esta norma nos permite contar con un plazo razonable -considerando que tenemos otra urgencia, diputado señor Robles , por su intermedio, señora Presidenta - para agilizar el trámite de lo que en su momento se llamó “ley larga de Pesca”, que hoy se encuentra en el Senado.
Debemos resolver ese problema en un tiempo razonable, para que, por un lado, se recoja el espíritu que tuvo la Cámara al aprobar esa ley, cual es permitir la movilidad y el traspaso de los permisos entre los pescadores artesanales y, por otro, evitar dejar una ventana abierta para terminar con los pescadores artesanales en algunos sectores por la vía de la transferencia de esos permisos.
Me parece fundamental aprobar el proyecto, que consta de un artículo único muy simple, porque es de gran trascendencia e impacto en el uso de los recursos, particularmente en el fortalecimiento de la pesca artesanal, objetivo que buscamos a través de la ley, pero que resultó algo muy distinto al momento de legislar.
En nombre de la bancada democratacristiana, anuncio que aprobaremos el proyecto y haremos votos porque el Senado agilice la discusión de la iniciativa y así podamos pronto discutir y despachar un cuerpo legal coherente, moderno y de acuerdo con las necesidades que hoy tiene la pesca.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Darío Molina.
El señor MOLINA .-
Señora Presidenta , sin perjuicio de que la Unión Demócrata Independiente estima necesario concurrir a la aprobación del proyecto, que corrige un error manifiesto que podría traer lamentables consecuencias para nuestra pesca artesanal, especialmente para quienes se han dedicado a esta actividad por generaciones, creemos necesario aprovechar esta oportunidad para lamentar la falta de celeridad en la tramitación del proyecto que se denomina “ley larga de Pesca”, lo que demuestra que tanto el Gobierno como el Congreso han faltado al compromiso que suscribimos el año pasado con el sector artesanal durante la tramitación de la “ley corta de Pesca”, al que le hicimos presente en muchas oportunidades el compromiso de despachar una ley que resolviera los muchos problemas que tiene esa actividad.
Muchas veces se dice, con justa razón, que el Gobierno o el Congreso no tienen preocupación por un sector en particular. Nos comprometimos a despachar esa ley durante este año convencidos de que la urgencia de aprobar la “ley corta de Pesca” que estableciera de manera más estable el límite máximo de captura y permitiera inversión en el sector industrial nos dejaba comprometidos para destinar tiempo a resolver los problemas de la pesca artesanal. Sin embargo, el incumplimiento de ese compromiso y la falta de diligencia para resolver los problemas de dicho sector ha determinado una larga tramitación, pues el Gobierno no ha fijado urgencia al proyecto de ley en el Senado, por lo que hoy nos vemos en la obligación de aprobar una iniciativa en 24 horas, lo que viene a salvar situaciones provocadas por la lenta tramitación del proyecto de “ley larga de Pesca”.
No sólo existe este caso particular. Durante el próximo mes nos vamos a encontrar con la urgencia de modificar, mediante un proyecto tramitado en forma rápida, lo que establece, por ejemplo, la ley general de Pesca respecto de las patentes y áreas de manejo que en marzo deben pagar muchas organizaciones de pescadores artesanales que vienen desarrollando esta actividad durante años.
Hemos podido comprobar que el guarismo de una UTM por hectárea de cada área de manejo, teniendo en vista lo que sucede en la Cuarta Región, donde hay mayor experiencia sobre la materia, constituye un impuesto muy alto; es una patente que no corresponde a la rentabilidad de la actividad.
Por lo tanto, al no aprobarse la ley General de Pesca -el Gobierno se encuentra en conversaciones con las distintas organizaciones, incluso con el Congreso Nacional, a fin de llegar a posibles acuerdos para modificar este punto- los afectados se verían obligados a pagar en marzo lo que hoy se establece, lo cual es, prácticamente, expropiatorio.
En consecuencia, nuevamente nos veremos en la necesidad de aprobar con celeridad un proyecto de ley, seguramente de un artículo, para suspender o modificar el pago de las patentes. Así, es probable que haya otros detalles que se nos hayan ido, los que tendremos que resolver en forma urgente.
Para terminar, quiero señalar que la Unión Demócrata Independiente apoyará el proyecto de ley, que representa una solución puntual al problema, pero dejamos constancia de nuestro malestar y de nuestra preocupación por no aprobar, como Congreso Nacional, por responsabilidad importante del Gobierno, la ley General de Pesca, como lo esperan miles de chilenos que se dedican a esta actividad en la pesca artesanal.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , cuando hablamos de la ley de pesca parece que nos referimos a la del pellizcón, porque todos los meses están mandando un pedacito de ley y no llegamos nunca a la ley que todo el mundo espera. Estamos absolutamente confundidos. En realidad, hay que seguir el proverbio chino que dice: “No hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar”. Claro que de esta manera no podemos enseñar a nadie, porque tiramos el anzuelo y se lo quitamos, tiramos la red y se la quitamos.
Hace pocos días hubo una interesante reunión en Queule. Asistieron varias personalidades de Gobierno, entre ellas el señor Ossandón , del Fosis , y el señor ministro de quien depende la Corfo. Los pescadores artesanales quedaron muy contentos con las palabras, pero vamos a ver si en los hechos pasa lo mismo, porque ya les están rematando los camiones que les dieron la vez pasada.
El colega Tuma me contaba hace poco que los pescadores artesanales de puerto Saavedra también están con bastantes problemas, sobre todo con los barcos pesqueros que no respetan las cinco millas. Es decir, en la Novena Región tenemos varios problemas.
El diputado Díaz me dice que ha mandado varios oficios: que cuando llegan los barcos o si va el helicóptero a Valdivia. O sea, este es un chiste para los pescadores artesanales.
En la citada reunión de Queule, conversé largamente con mi amigo Hernán Machuca , presidente del sindicato. Me gustaría que los colegas se hicieran cargo de algunas de las aprensiones de sus representados. Me pidieron que el registro no sea abierto, porque cualquier persona, en todo Chile, se podría inscribir como pescador artesanal. Habría una movilidad tremenda, lo cual perjudicaría mucho a las personas que han pescado siempre en una zona.
Por lo tanto, fuera de la suspensión, habría que mandar luego el registro pesquero para que sean los sindicatos los que hagan las inscripciones y no gente que nunca ha sido pescador artesanal.
Es claro que estamos legislando de a poco para este sector, ya que es probable que en quince días más debamos abocarnos a estudiar otro proyecto con un solo artículo, con lo cual, finalmente, tardaremos mucho en tener una ley General de Pesca.
Este sector pesquero, denominado “artesanal” en forma muy liviana, es sin embargo sumamente poderoso. Está conformado por un millón 200 mil personas y, por lo tanto, nos preocupa que no se establezcan condiciones claras para que puedan seguir trabajando con tranquilidad.
Estoy convencido de que las cinco millas de zona económica exclusiva más el resguardo a favor de los pescadores artesanales son fundamentales para evitar que se “chacree” esta noble y digna profesión. Es más, como existe el propósito de construir un puerto industrial en Queule, los pescadores artesanales quieren tener reglas claras.
Si la intención es favorecer a los pescadores artesanales, sobre todo de Queule y La Barra, zonas que me interesan enormemente, porque están ubicadas en comunas que represento en este hemiciclo, es necesario suspender la aplicación del mecanismo de reemplazo de las inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal por un período de 18 meses. De esta manera, los pescadores tendrán claridad respecto de cómo será la futura ley de pesca y, sobre todo, que se establezca un profundo respeto por la actividad que desarrollan.
Votaré favorablemente la petición de suspensión que formuló don Hernán Machuca , en representación del sindicato de pescadores de las comunas mencionadas.
Ojalá que esto sirva para que no se abuse de la buena voluntad de los legisladores y se dicte pronto la ley que tanto esperan los sectores artesanal e industrial, a fin de que puedan convivir juntos en este mar que tranquilo nos baña y no se vaya poniendo tormentoso para los pescadores artesanales.
Como este es un proyecto que los favorece -lo repito para que no haya dudas- anuncio que votaré a favor del proyecto.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señora Presidenta , la bancada del Partido Socialista votará a favor.
No obstante, quiero referirme al error originado por la publicación del reglamento de sustitución de embarcaciones artesanales y de reemplazo de inscripción de pescadores en el registro artesanal, el recién pasado 22 de noviembre, lo cual puso en riesgo a los pescadores artesanales, ya que permite inscribirse y comprar las cuotas artesanales a potenciales “palos blancos” del sector industrial. La situación que puede transformarse en un “boomerang”, con graves consecuencias para los miles de pescadores artesanales.
El futuro de la pesca artesanal y de la actividad pesquera en general requiere de políticas serias y coherentes. Por eso, considero -por decir un concepto ajustado a lo que está ocurriendo- que es un tanto impresentable que mientras en el Senado se debatía el tema, el senador Di Giorgio diera a conocer la existencia de ese reglamento.
El artículo 50 aprobado en la “ley corta” permite la transferencia de la inscripción entre artesanales, pero no se podía hacer sin modificar el reglamento.
Existía el acuerdo de no publicar el reglamento hasta que el proyecto de “ley larga de Pesca” fuera aprobado, con el objeto de exigir una determinada antigüedad en el sector a quienes adquirieran la inscripción y para evitar la aparición de “palos blancos”. Dicho acuerdo no se cumplió, pues el reglamento fue publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial, con lo cual se abrió la puerta para que aquellos artesanales prefabricados por intereses industriales entraran al sistema artesanal a comprar y vender cuotas, lo que dejaría a los industriales dueños de pequeñas cuotas y los artesanales prácticamente como sus empleados.
La bancada del Partido Socialista siempre ha estado en favor de los pescadores artesanales, razón por la cual vamos a aprobar el proyecto, pues establece un sistema que logra revertir el grave error cometido y, de alguna manera, soluciona el problema generado -debido a una incongruencia, una descoordinación o motivado por otros criterios- por la publicación del reglamento en el Diario Oficial.
Me parece cuestionable que las veces en que la Cámara ha aprobado proyectos de acuerdo para solicitar al subsecretario de Pesca que actúe en favor de los pescadores artesanales, lamentablemente hayan quedado trabados o guardados en su escritorio por largo tiempo, lo que ha impedido solucionar los problemas de dicho sector. En particular, me refiero al proyecto de acuerdo que, por amplia mayoría, la Cámara aprobó hace casi un año, en el que solicitamos al citado subsecretario de Estado buscar mecanismos para autorizar la pesca de investigación en la Décima Región, a fin de evitar lo que ocurre hoy, pues cuando los pescadores artesanales son sorprendidos con un salmón dentro de sus embarcaciones, son acusados de ladrones, de burlar la ley o de romper las redes-jaula en los sistemas de salmonicultura.
Lamentablemente, iniciativas como la señalada, que buscan beneficiar a esos pescadores, muchas veces se estancan y duermen en los escritorios de personeros de organismos públicos, pero cuando se trata de proyectos como el que estamos debatiendo, debemos aprobarlos en veinticuatro horas.
Por cierto, vamos a apoyar la iniciativa, porque beneficia a los pescadores artesanales, pero debo hacer presente que queda la percepción de que cuando hay involucrados intereses de otro tipo, se actúa con gran rapidez. Debería existir la misma disposición para solucionar los problemas y los legítimos reclamos de los pescadores artesanales, no sólo de los de la Décima Región, sino de los de las demás regiones del sur.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ.-
Señora Presidenta, los miembros de la bancada del Partido Socialista respaldaremos la iniciativa, porque ella tiene por finalidad salvar a los pescadores artesanales, a quienes siempre hemos apoyado.
Sin embargo, quiero hacer algunas precisiones para la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Durante el último tiempo hemos conocido una serie de proyectos relacionados con la actividad pesquera, los cuales no han sido propuestas del Ejecutivo , sino que han tenido origen en mociones parlamentarias. Lo señalo porque quiero aclarar que no ha sido responsabilidad de la Subsecretaría de Pesca enviar, en forma parcelada, proyectos que dicen relación con esta actividad.
El año pasado aprobamos la “ley corta de Pesca”, y en el Senado se encuentra en tramitación la llamada “ley larga de Pesca”, en la cual, supuestamente, se contemplan normas relativas al fomento de la actividad pesquera artesanal.
Respaldaremos el proyecto por diversas razones. Sin embargo, no me parece justo echarle la culpa al Ejecutivo por la demora en la tramitación de las iniciativas, pues ello se debe única y exclusivamente a las posturas existentes en el Congreso.
A mi juicio, el atraso producido en el Senado no es de responsabilidad de la Subsecretaría de Pesca, sino de los parlamentarios que presentaron indicaciones, lo cual ha demorado el despacho del proyecto.
Esperamos que la “ley larga de Pesca” se tramite rápidamente, y que en ella se dicten normas que apoyen a la pesca artesanal, a fin de tener un cuerpo legal que regule la actividad pesquera en todo nuestro país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripción en el Registro Pesquero Artesanal por el período que indica.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
APOYO A LA TELETÓN.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo N° 330, de los señores Egaña, Ulloa, Recondo, Dittborn, García, Bertolino y Montes:
“Considerando:
1. Que todo el país conoce muy bien la inmensa labor de ayuda social y de salud que realiza la Teletón desde sus orígenes. Nadie puede desconocer que esta institución y sus promotores y fundadores han contribuido de manera significativa a transformar a Chile en una nación más justa y con una capacidad solidaria reconocida en el mundo entero.
2. Que, en este contexto, la labor que ha realizado durante tantos años el principal gestor de esta gran obra, don Mario Kreutzberger, no puede sino ser aplaudida y apoyada por todos y cada uno de los ciudadanos que se sienten orgullosos de ser chilenos.
3. Que, por lo expuesto anteriormente, y en consideración a que dentro de un par de días se inicia una nueva campaña nacional de recolección de fondos para miles de niños discapacitados, nos parece que es de una gravedad incalculable el sembrar la duda respecto de la transparencia en el uso que se le da año a año a estos millonarios recursos que van en beneficio de tantas familias. En este sentido, las públicas declaraciones del senador Lavandero apuntan en una peligrosa dirección, toda vez que ha puesto en duda el destino que se le da a estos fondos, de manera totalmente irresponsable y carente de fuentes fidedignas.
4. Que el país ha sido testigo durante el presente año de acusaciones a infundadas que provocaron daño a tantas familias de personas con intachable calidad humana, tal y como ha mostrado y demostrado tener Mario Kreutzberger, por lo que nos parece que llegó el momento de no tolerar más este tipo de irresponsabilidades, que buscan básicamente tribuna pública y que generan más que todo un daño a la honra de personas que, como Mario Kreutzberger, tienen un historial de servicio público simplemente notable.
5. Que, en este mismo orden de ideas, creemos que una denuncia irresponsable puede atentar contra el éxito de esta cruzada de amor, por lo que creemos imperioso restablecer el concepto o bien jurídico de honra y honor, y terminar de una vez por todas con prácticas deleznables, odiosas y mal intencionadas, que en nada contribuyen a la unidad nacional, sino que muy por el contrario van precisamente en la dirección opuesta.
Por tanto, la Cámara de Diputados acuerda:
Entregar el más irrestricto apoyo a la Teletón, y a su principal gestor, don Mario Kreutzberger, y condenar de la manera más enérgica las denuncias irresponsables dadas a conocer por un senador de la República , el cual sin ningún argumento sólido, real o verídico, se hace eco de rumores sencillamente mal intencionados”.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
No sé si los diputados firmantes del proyecto todavía lo sostienen, porque, a estas alturas, la discusión al respecto está zanjada.
¿Habría acuerdo para retirarlo?
Tiene la palabra el diputado Vilches.
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta, vivimos en una vitrina. Las informaciones pueden ser mal recogidas por la prensa y, entonces, es razonable que el proyecto sea retirado por estar a destiempo.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señora Presidenta , sus autores deben estar de acuerdo en su retiro y no están presentes en la Sala. Además, se requiere un quórum mínimo.
Me opongo a que se retire.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Bueno, como el proyecto no puede ser retirado por no estar presentes sus autores, y como nadie quiere hablar ni a favor ni en contra de él, lo único que corresponde, de acuerdo con el Reglamento, es proceder a su votación.
Tiene la palabra el diputado Egaña.
El señor EGAÑA .-
Señora Presidenta , encuentro lamentable que nadie quiera hablar ni a favor ni en contra respecto de un tema que ha estado sobre el tapete en los últimos días.
Lamentablemente, este proyecto fue presentado dos días después de las declaraciones del senador democratacristiano Jorge Lavandero . No se puso en tabla y, desde el momento en que se llevó a efecto la Teletón, el autor de esas irresponsables declaraciones aparece como víctima. Con este proyecto de acuerdo se pretendía apoyar a la Teletón 48 horas antes de que se iniciara, pero eso no fue posible.
Por eso, los autores del proyecto lo mantuvimos para constatar la inconsecuencia de algunos parlamenterios que hacen afirmaciones irresponsables y después esconden la mano. ¿Qué dijo el senador Lavandero en la oportunidad respecto de la Teletón? En primer lugar, formuló un ataque frontal a su conductor, Mario Kreutzberger , al sostener que, basándose en informaciones de una nota que preparó el periodista Marcelo Ruiz -quien, según mis averiguaciones, no existe-, el 25 por ciento de lo recaudado se lo llevaban los artistas y animadores. Pero, lo más censurable de todo fue que, al tratar de saber las palabras textuales pronunciadas por el senador Lavandero , me encontré con que fueron borradas de la versión del acta del Senado. Por lo tanto, como bien dijo el diputado Vilches , aquí nos están mirando y es una buena ocasión para que seamos consecuentes.
Por eso, me opongo a que se retire este proyecto y propongo que lo votemos a fin de que la Cámara se pronuncie al respecto.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 330.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Por no haberse reunido el quórum requerido, se va a llamar a votar por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el proyecto de acuerdo N° 330.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
No hay quórum.
La votación de este proyecto queda pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
CONTAMINACIÓN DE PLAYA SAN MATEO Y BORDE COSTERO DE VALPARAÍSO.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , la comunidad de Valparaíso y de Viña del Mar ha debido enfrentar la desagradable sorpresa de que se vertiera un millón de litros de aguas servidas en la playa San Mateo , ubicada en Playa Ancha, sin que se dieran los avisos correspondientes ni se tomaran las medidas mínimas para mitigar dicha acción, no sólo grave, por lo que implica en sí misma como contaminación de las playas y del borde costero de la zona, sino también insólita, por las circunstancias que la rodean.
Debemos recordar el costo gigantesco que debió asumir no sólo la región, sino todo el país por la construcción del colector de aguas servidas, obra que permitió descontaminar el borde costero y las playas de la región.
La irresponsabilidad que implica este acto es doblemente grave, porque se adoptó sin consulta y sin la mínima transparencia que se requiere para acciones de este tipo. Es cierto que está en juego la construcción del acceso sur a Valparaíso, obra de la máxima importancia, que respaldamos y esperamos que nada entrabe su buena marcha; pero ello no puede servir de pretexto para actos como el que denuncio.
Aquí se han transgredido normas muy claras de nuestra Constitución Política, como las que consagran los números 8º y 9º de su artículo 19, que se refieren a las garantías constitucionales relativas al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y al derecho a protección de la salud de las personas.
Hay una responsabilidad evidente del intendente subrogante de la Quinta Región y gobernador de Valparaíso , señor Iván de la Maza , quien adoptó y autorizó la ejecución de dicha medida.
Vamos a estudiar la presentación de una acusación constitucional para hacer efectiva la responsabilidad política de este funcionario y para que un acto tan extremadamente grave, que afecta la salud de las personas, la capacidad turística de Valparaíso y de su borde costero, y la pesca, actividad muy importante para un amplio sector de nuestra población, no quede sin la debida sanción.
Esta acción constituye una bofetada más en el rostro del puerto de Valparaíso, tan sufrido, tan dañado por la acción de las autoridades locales y regionales en su capacidad de generar nuevas fuentes de trabajo y nuevos recursos. Durante todo este año, Valparaíso ha tenido el triste privilegio de encabezar la lista de las ciudades con mayor cesantía en el país.
Por eso, lo sucedido viene a ser la gota que rebasa el vaso de la negligencia, de la falta de idoneidad, de la incapacidad manifiesta para administrar los destinos de la ciudad.
He dicho.
ANTECEDENTES TÉCNICOS Y LEGALES SOBRE FLUORACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Egaña.
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , con sorpresa hemos tomado conocimiento de la intención del Ministerio de Salud de fluorar el agua potable de la Región del Biobío. Digo con sorpresa, porque esta decisión fue tomada a espaldas de la Región, sin su intervención. En tiempos en que luchamos por una mayor descentralización del país, frente al crecimiento insensato de Santiago, hay todavía autoridades del nivel central que creen saber lo que les conviene a los habitantes de las regiones y, por lo tanto, no están disponibles para consultar la opinión de las autoridades regionales.
Hace aproximadamente nueve años, académicos de nuestra prestigiosa Universidad de Concepción realizaron y dieron a conocer un estudio acerca de los efectos sistémicos del flúor en las personas y en el medio ambiente. Dicha investigación, ampliamente difundida en la región, no ha sido aún rebatida por la autoridad; por el contrario, la medida de fluoración anunciada entonces fue dejada de inmediato sin efecto.
No es el momento de detallar los graves riesgos que, para la salud, significa el uso masivo e indiscriminado del flúor en el agua potable. Tampoco nos parece oportuno explicar las enormes ineficiencias económicas envueltas en una medida como la anunciada.
Baste señalar que esa decisión fue tomada entre cuatro paredes, en una oficina de Santiago, no sólo a espaldas de la Región y del distrito que me honro en representar en esta honorable Corporación -Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz-, sino, más grave aún, a espaldas de la autoridad ambiental de mi región.
Me parece grotesco observar a la autoridad nacional del medio ambiente exigir sendos estudios acerca de proyectos de inversión claramente beneficiosos para las regiones, entre otros motivos, por los impactos en el ambiente y en las personas asociadas a esa actividad. En efecto, hemos visto que se piden estudios e informes sobre tal o cual aspecto puntual cuando se trata de proyectos de inversión; pero cuando se pretende agregar toneladas de flúor al agua potable, que irán directamente al ambiente y generarán un innegable riesgo para las personas que no son objeto de dicho plan de fluoración, es decir, todos los habitantes mayores de siete años, la Conama ha señalado que no se requiere estudio, ni siquiera declaración de impacto ambiental. Subrayo: la Conama, no la Corema de mi región.
Permítaseme recordar a mis honorables colegas que la letra o) del artículo 10 de la ley sobre bases generales del Medio Ambiente dice que están sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos de saneamiento ambiental tales como los sistemas de alcantarillado y agua potable, y sus modificaciones. Hasta donde tengo entendido, dicha ley no ha sido derogada ni modificada por esta honorable Cámara.
Me pregunto, por lo tanto, ¿sobre la base de qué criterio el director nacional de la Conama ha resuelto que una medida como la fluoración del sistema de abastecimiento de agua potable de una región completa puede ser adoptada por la autoridad, sin siquiera haber presentado una declaración de impacto ambiental? En rigor, se requiere un estudio de impacto ambiental, el cual debe ser presentado ante la respectiva Corema del Biobío .
No me asiste la más mínima duda de que nos merecemos una explicación; nuestra región se la merece.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Salud y al director nacional de la Conama, a fin de que nos remitan todos los antecedentes técnicos y legales en que se ha fundado esta insólita medida, adoptada al margen de lo que establece la ley sobre bases generales del Medio Ambiente.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
MEDIDAS EN FAVOR DE PESCADORES ARTESANALES DE CALETA QUIDICO, COMUNA DE TIRÚA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , quiero referirme a un esforzado grupo de gente de mar de la provincia de Arauco, específicamente al sindicato de pescadores artesanales de Quidico, comuna de Tirúa, el cual es encabezado por sus dirigentes señores Sergio Díaz Díaz y Humberto Arévalo -con quienes me reuní hace unos días- y cuenta con 250 socios, distribuidos entre 130 buzos y 120 asistentes. Dichos dirigentes me plantearon una serie de inquietudes que los tienen sumidos en un estado de desesperación, las que corresponden básicamente a temas que deben ser resueltos por las autoridades de Gobierno con competencia en el sector pesquero.
Su problemática se relaciona con las áreas de manejo, no sólo en lo que respecta a la estructura arbitraria en la cual éstas habrían sido repartidas, sino también en cuanto a que ella facilita el robo de especies, del que sistemáticamente alegan ser víctimas.
En efecto, ellos compiten en forma permanente con diversos grupos de pescadores y mariscadores interesados en el área de manejo que les corresponde, incluso con aquellos que adulteran documentos, situación que fue denunciada en reiteradas ocasiones a la autoridad competente, la cual nunca ha tomado cartas en el asunto ni ejercido la fiscalización rigurosa que por ley está obligada a realizar.
Lo anterior no sólo es reprochable por el ilícito que en sí lleva envuelto, sino también porque las infracciones llegan a tal nivel,
que ponen en riesgo la conservación de la biomasa, en circunstancias de que la legislación actualmente disponible sobre el particular -y gran parte de la que se discute en el Congreso Nacional para el futuro- discurre sobre la base de que uno de los factores más importantes por considerar es la mantención del recurso.
Es del caso mencionar que al sindicato en cuestión -Quidico, comuna de Tirúa- le han sido asignadas tres áreas de manejo, de conformidad con los decretos y resoluciones emitidos en 2001 por la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía: la primera, denominada río Paicaví, se ubica al sur del río Lleulleu; la segunda, denominada Cura, se ubica entre el río Lleulleu y la caleta Quidico, y la tercera, denominada caleta Quidico, se sitúa entre esa localidad y El Hoyón, de la comuna de Tirúa.
Los afectados plantean que las áreas de manejo que les fueron entregadas corresponden a un fraccionamiento del mar de carácter arbitrario, puesto que, de acuerdo con las posibilidades de navegación y con la disponibilidad de recursos marinos, en ningún caso resulta pertinente dividirlo en la forma allí dispuesta.
Por lo anterior, el sindicato ha solicitado en varias oportunidades que las autoridades correspondientes estudien esta situación, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.
Modificar dicha división significaría introducir criterios de racionalidad y realismo en la distribución de las áreas de mar, lo que facilitaría la fiscalización y dificultaría las posibilidades de robos u otros ilícitos.
Por otro lado y marcando claramente un punto aparte, plantean que tiempo atrás se iniciaron las obras portuarias de mejoramiento en la caleta Quidico, las que fueron anunciadas con bombos y platillos, y mostradas como uno de los elementos de crecimiento más trascendentales del último tiempo en la zona. Sin embargo, sólo se ejecutaron hasta su primera etapa, y quedaron, luego, literalmente botadas.
Efectivamente y tal como estaba previsto, las obras en cuestión, de llegar a buen término, importarían un verdadero motor de crecimiento y progreso para una zona que, en gran medida, vive de la pesca y sus derivados. Su detención, hasta el momento no explicada por las autoridades correspondientes, no sólo supone un paréntesis en la senda de crecimiento que toda la población espera para su actividad privilegiada, sino, además, una falta de respeto, porque precisamente sucede en una zona donde la gente, toda de un alto nivel de pobreza, se encuentra aburrida de promesas y falsas esperanzas.
Por lo expuesto, solicito oficiar a la Subsecretaría de Pesca para que, a través de esta Corporación, dé conocimiento público de los estudios realizados al efecto, y, en particular, en relación con la posible modificación de las estructuras de las áreas de manejo del sector Quidico. En caso de que no hubiese realizado estudio alguno, que así lo manifieste, y, al mismo tiempo, efectúe las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo los análisis y estudios precedentemente requeridos, para dar respuesta satisfactoria al sindicato de pescadores artesanales de Quidico.
Asimismo, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe acerca del estado de avance de las obras de mejoramiento de la caleta Quidico, las razones por las que aparentemente éstas estarían detenidas y cuáles son los presupuestos necesarios para proceder a reactivar las faenas, con especificación de las fechas estipuladas por ese ministerio para la conclusión de las obras.
Pido que se envíe copia de mi intervención al señor alcalde y a los concejales de la comuna de Tirúa -uno de ellos, el señor Juan Bravo , me acompañó en la visita y reunión con los pescadores artesanales-, así como a los dirigentes del sindicato de pescadores artesanales de Quidico.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de lo diputados que así lo manifiestan.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , ¿está apurado?
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No estoy apurado, señor diputado ; sólo estoy cumpliendo estrictamente con el Reglamento. La Mesa no había sido informada de que algunos minutos disponibles del Comité Unión Demócrata Independiente habían sido cedidos a usted.
AUMENTO DE CÁNCER A LA PIEL Y DE RADIACIÓN SOLAR EN LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , en la Segunda Región, especialmente en las zonas que represento, hay mucha preocupación por el alto índice de cáncer a la piel que se ha registrado en el último tiempo, particularmente en Antofagasta.
He visto algunas estadísticas en las cuales se señala que el cáncer a la piel, tanto en la región que represento como en el país, en los últimos diez años ha aumentado aproximadamente en 110 por ciento. Paralelamente a esta situación, en Antofagasta se han registrado los más altos niveles de radiación solar conocidos en el último tiempo. Se trata de una zona netamente desértica, en la cual muchos trabajadores laboran a pleno sol durante varias horas del día.
Por lo anteriormente señalado, solicito que se oficie al ministro de Salud , con el objeto de que informe sobre las medidas que está tomando su cartera para prevenir el cáncer a la piel, y de que se estudie la realización de una campaña en la que se incentive el uso de los bloqueadores solares para evitar ese mal.
En segundo lugar, pido que se oficie al señor ministro del Trabajo , con el objeto de que esa Secretaría de Estado considere la posibilidad, dentro de la potestad reglamentaria que tiene, de incorporar el bloqueador solar como un elemento de trabajo para quienes laboran a pleno sol, como es el caso de aquellos que se desempeñan en las faenas mineras u otras actividades similares que se realizan en la Segunda Región.
Finalmente, pido que se oficie a la señora ministra de Defensa Nacional, con el objeto de que se contemple la entrega de bloqueadores solares a funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de la Armada de Chile a quienes les toca cumplir patrullajes diarios en la Segunda Región.
Como señalaba anteriormente, mi inquietud se fundamenta en la gran cantidad de radiación solar que en estos momentos experimenta la Segunda Región.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SITUACIÓN DE PENSIONES ASISTENCIALES Y POR DISCAPACIDAD EN LA SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , pido oficiar al ministro del Interior para que, por su intermedio, se solicite al intendente de la Segunda Región que informe a esta Corporación sobre la nómina exacta de personas que solicitan pensión asistencial al Gobierno. ¿Cuántas pensiones asistenciales
se están entregando mensualmente en la Segunda Región? ¿Cuál es el número de quienes forman parte de la lista de espera?
Asimismo, pido se incluyan en dicho informe todos los antecedentes respecto de las pensiones relativas a discapacidad.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Eliana Caraball , y de los diputados señores Carlos Kuschel , Carlos Vilches , Gabriel Ascencio , Enrique Jaramillo y de quien habla.
REVISIÓN DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN CON FONDOS BID-TURISMO PARA CHILOÉ Y PALENA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , quiero llamar la atención sobre el uso inadecuado -por decirlo de una manera más simple- de los recursos asignados a nuestra zona.
A las regiones les resulta difícil conseguir recursos para financiar obras que produzcan actividad económica y que tengan un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que vive en sus provincias.
Así, en Chiloé nos cuesta mucho conseguir recursos. Sin embargo, gracias a un proyecto desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que tiene por objeto ayudar a la reparación de las iglesias de Chiloé, se consiguió, para Chiloé y Palena , un préstamo de alrededor de 10 millones de dólares, que equivalen a unos ocho mil millones de pesos, para proyectos relacionados con el desarrollo turístico de nuestra zona. El resto de los recursos será manejado por el Obispado con el fin de reparar nuestros monumentos nacionales o patrimonios de la humanidad, como se ha calificado a las iglesias en Chiloé.
Hay una cantidad importante de dinero, alrededor de 8 mil millones de pesos, para el desarrollo turístico en Chiloé; pero el Consejo Regional de la Décima Región , a proposición del señor Intendente, ha aprobado una lista de proyectos que me parecen inadecuados, por no decir escandalosos.
En primer lugar, con mucho esfuerzo, nuestros alcaldes y concejales convencieron al intendente y a otras autoridades sobre la necesidad de que la comunidad participara en la definición y priorización de los proyectos, a fin de invertir en buena forma esa cantidad tan grande de recursos. Desde ese punto de vista, se logró aprobar proyectos que presentaron nuestros municipios que, a mi juicio, son muy importantes. Entre ellos, se logró aprobar la construcción de miradores turísticos, iniciativa propiciada por la municipalidad de Castro, con un costo de alrededor de 95 millones de pesos. Curaco de Vélez presentó un proyecto más bien modesto, por 20 millones de pesos, con el objeto de instalar señaléticas turísticas en su comuna. En Ancud, en tanto, está la idea de, por un lado, reconstruir el fuerte Ahui, centro turístico muy importante al cual se le asignaron 250 millones de pesos, y, por otro, construir nuevamente el Mercado Municipal, proyecto al cual se le asignaron unos 500 millones de pesos. Finalmente, en Castro, para la reposición y relocalización del Museo y Archivos de Chiloé se asignaron 300 millones de pesos. En total, suman más o menos 1 mil 165 millones de pesos.
Pero aquí viene lo inadecuado. A espaldas de los concejales y alcaldes, se aprobaron proyectos que tienen que ver fundamentalmente con capacitación. Por ejemplo, para Sernatur se aprobaron 1.500 millones de pesos destinados a ese fin. ¡Sólo para capacitación! De ellos, se destinarán 700 millones de pesos para Chiloé y 800 millones de pesos para la provincia de Palena. Para alquiler de salas de clases, 82 millones de pesos; para honorarios de profesores, 198 millones de pesos; para viajes, alojamiento, comidas de los profesores, 110 millones de pesos; para honorarios de ayudantes de los profesores, 33 millones de pesos; para materiales y otros gastos, 99 millones de pesos, y para varios imprevistos, 64 millones de pesos. O sea, de los 700 millones de pesos destinados a capacitación, se ocuparán unos 500 millones en este tipo de cosas.
La capacitación es importante; muchas instituciones, tanto públicas como privadas, capacitan a su gente. Pero me parece un escándalo que se destinen 1.500 millones de pesos para capacitación en desarrollo turístico. Además, a Conama se le asignaron 70 millones de pesos para capacitar a comunidades del tramo piloto Senderos de Chile, en Palena y Chiloé, donde deben vivir unas 25 personas. Se destinarán más o menos 100 millones de pesos para capacitarlas, a fin de que mantengan los senderos. No sé qué tan importantes serán.
Un diagnóstico para saber dónde instalar los basurales costará más de 450 millones de pesos. Si se tratara de su instalación, estaría bien; pero sólo es un diagnóstico. El levantamiento de una guía cuesta 95 millones de pesos. Por su parte, el Fosis pretende que le aprueben 825 millones para más capacitación en desarrollo turístico en Chiloé y Palena .
En suma, son 3 mil millones de pesos para capacitación, contra 1.165 millones para obras de infraestructura turística. Esos recursos podrían invertirse en el mejoramiento de las costaneras de Quellón, Ancud o Castro, o en tantos otros proyectos de desarrollo turístico. Los criterios empleados no son compatibles con lo que pretendemos hacer en nuestras comunas.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente de la Décima Región , a fin de que someta a una segunda discusión los proyectos de capacitación que serían financiados con el crédito del BID para turismo en Chiloé y Palena; al secretario ejecutivo del Core de la Décima Región, para que solicite al consejo regional que someta dichas iniciativas a una segunda discusión, y al Presidente de la República , a fin de que ordene que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y al Ministerio de Planificación y Cooperación supervigilen, fiscalicen y controlen los proyectos que el intendente pretende que sean aprobados por el consejo regional.
Pido que a los oficios se adjunte copia de mi intervención para mejor comprensión de la materia.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball y Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Araya , Villouta , Vilches , Kuschel , Leal , Espinoza y Ortiz.
OBRAS VIALES EN COMUNAS DE LA SEXTA REGIÓN; CONTRATOS CON TERCEROS SUSCRITOS POR MUNICIPALIDAD DE PEUMO. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , estoy sorprendida por las cifras que nos entregó el diputado señor Ascencio , porque con esos recursos se podrían construir varios puentes en San Fernando, para lo cual estamos pidiendo presupuesto con urgencia.
En primer lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que nos informe cuándo se ejecutarán las obras de mejoramiento del camino que pasa por la localidad de San Roberto, en la comuna de Pichidegua, de gran importancia para esa zona rural, y en qué situación se encuentra la pavimentación de la cuesta Quilicura, en la comuna de Las Cabras. En esa localidad existe un importante sector agrícola de exportación que requiere que esa cuesta sea pavimentada. Los trabajos se han retrasado, al parecer, porque se cambió la empresa que ejecutará las obras. Queremos saber cuáles son las dificultades que provocaron la demora y cómo ha actuado al respecto el Ministerio de Obras Públicas.
En segundo lugar, pido que se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que investigue los contratos suscritos con terceros por la municipalidad de Peumo durante el período 2000-2003. Me interesa conocer el nombre de las personas contratadas, sus rentas y las funciones que debieran desempeñar.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Carlos Vilches , Carlos Kuschel , Pedro Araya , Gabriel Ascencio , Edmundo Villouta , Enrique Jaramillo , Fidel Espinoza y de quien habla.
HOMENAJE AL CUERPO DE BOMBEROS DE RÍO BUENO EN SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , el viernes 29 de noviembre recién pasado estuvo de fiesta la ciudad de Río Bueno, una de las comunas que con tanto orgullo represento en la Cámara de Diputados.
Ese día, la ciudad entera y sus autoridades celebramos, en un clima de alegría y confraternidad, el centenario de una de las instituciones más antiguas y tradicionales de esa zona y del país: el querido Cuerpo de Bomberos de Río Bueno. Con la presencia de la plana mayor de la institución bomberil, encabezada por el presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, don Octavio Hinzpeter , y su gabinete, y en el marco de la solemnidad y marcialidad que le dieron más de setecientos voluntarios que concurrieron desde todas las comunas de la provincia de Valdivia, se conmemoró el centenario de la institución, que llena de orgullo a los caballeros del fuego de Río Bueno y a su ciudad, la que ha visto, a lo largo de un siglo, la forma abnegada y desinteresada en que un conjunto de hombres, sin importar diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas o filosóficas, se unieron para dar seguridad a los habitantes de la comuna.
No puedo sino sumarme a ese homenaje del cual disfrutamos. Asimismo, vibramos con nuestros voluntarios bomberiles, quienes desplegaron en toda su magnitud sus capacidades operativas e hicieron gala de sus conocimientos, destrezas y habilidades en el combate contra el fuego, a la vez que demostraron cómo una institución, a pesar de la estrechez de sus recursos, puede perdurar en el tiempo, modernizarse y perfeccionarse, cuando sus integrantes están unidos por los superiores valores de servicio público, generoso y abnegado.
Ese acto no pudo realizarse con la gallardía y solemnidad con que se hizo, de no ser por la dirección y mirada siempre atenta del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, don Eduardo Hölck Gerdes , secundado por su comandante, don Walter Fonfach , y la oficialidad, quienes recibieron a las autoridades nacionales en la ciudad de Río Bueno, en un ambiente adecuado para tan magno evento bomberil.
Para quien habla, sin duda, el momento más emotivo y que, además, tuvo un especial significado fue aquel en el cual el presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile premió al voluntario más antiguo de nuestro país, don Alberto Fuentes Marzotko , miembro de la institución por más de 75 años continuados. A mi amigo Alberto , hombre nonagenario, mi respeto y admiración, que también le entregaron su provincia, su ciudad y el Chile bomberil. Allí se le rindió homenaje, y esta tarde, a la distancia, en la formalidad de este hemiciclo, su diputado amigo también le entrega su reconocimiento y lo pone como ejemplo a seguir por las generaciones presentes y futuras de esa provincia y del país.
Quiero terminar este homenaje sencillo, pero hecho con el cariño y afecto que sólo se puede sentir por una institución tan noble y generosa como es Bomberos de Chile, reiterando mi saludo y felicitaciones a los voluntarios y a las voluntarias de Cayurruca, a las cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, y a las de Trapi, Vivanco y El Crucero.
Las familias, mujeres, madres e hijos de estos ciudadanos que visten uniforme y dispuestos a salir a la calle de día o de noche, arriesgando sus vidas e integridad física para salvar otras, así como los bienes, conseguidos con tanto esfuerzo por las familias chilenas, están seguros, porque los caballeros del fuego de nuestra región siempre están atentos y vigilantes al enfrentar el peligro.
Al Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, institución ya centenaria, mi saludo, mi homenaje y mi compromiso de trabajo permanente en favor de su consolidación como institución cívica de voluntariado señera y ejemplo de vida para los hijos de esa maravillosa tierra de Río Bueno.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En nombre de la Cámara de Diputados, se hará llegar al Cuerpo de Bomberos de Río Bueno y al presidente nacional de Bomberos de Chile , don Octavio Hinzpeter , el texto del homenaje que acaba de rendir su señoría, con la adhesión de los diputados señores Vilches , Kuschel , Walker , Ascencio , Espinoza , Navarro y de quien preside.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
AUMENTO DE PORCENTAJE DE INVERSIÓN DE LAS AFP EN EL EXTRANJERO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable diputado Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , en primer lugar, pido que se oficie a los ministros de Hacienda y de Economía para que estudien la posibilidad de que las administradoras de fondos de pensiones puedan invertir en el extranjero un porcentaje mayor de sus recursos -hoy es sólo un 25 por ciento-, en atención al actual valor del dólar y a la reactivación internacional que se está produciendo. Ello podría generar beneficios que incrementarían los fondos previsionales, sin perjuicio de que las AFP continúen haciendo inversiones nacionales.
Ahora bien, si se quiere fortalecer el dólar, el ministro podría estudiar una rebaja de impuestos, medida que hace mucho tiempo que no se adopta en Chile. Sería una manera de potenciar esa divisa.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Salaberry , Vilches , Ascencio y Jaramillo .
ENROLAMIENTO DE CAMINOS ISLEÑOS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor KUSCHEL.-
En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que proceda a enrolar los caminos isleños de las localidades de Calbuco y Puerto Montt, en particular los caminos de la isla Tenglo y el camino de circunvalación de la isla Mallén, y en el continente, el camino que va desde Chinquihue a Punta Panitao, para facilitar la llegada de buses y camiones hasta Surgidero. En el caso de Calbuco, en la isla Tabón, a fin de unir las tres localidades principales de Ilto, Mallelhue y El Estero, y los caminos de las islas Quenu y Queullín; en la isla Puluqui, para conectar las ocho localidades principales, y en Huar y Quihua , con el objeto de unir las cinco localidades de cada una de ellas; en Huapi Abtao, el camino longitudinal de la isla, y en Challahué, el camino de Challahué a Punta Arco; asimismo, el camino de la isla Tautil, y al frente de la isla Queullín, el camino que va desde Puelche a Tentelhué para atravesar esa isla. En la comuna de Maullín, el camino de Maullín al estero Amortajado, en la isla Amortajado.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Felipe Salaberry , Carlos Vilches , Gabriel Ascencio y Enrique Jaramillo .
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR EL CÁNCER A LA PIEL. Oficio.
El señor KUSCHEL.-
Por último, solicito que se oficie al ministro de Salud , a fin de que informe sobre las medidas preventivas tendientes a evitar el cáncer a la piel, en particular, respecto de la entrega de bloqueadores solares al personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de otros servicios que desempeñan sus labores y actividades al aire libre, dado que nuestra región se encuentra bajo el agujero de la capa de ozono.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Felipe Salaberry , Carlos Vilches , Gabriel Ascencio y Enrique Jaramillo .
AVANCE DE ESTUDIO DE MARCO TRIBUTARIO DE LAS GRANDES EMPRESAS MINERAS.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo que resta al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , quiero referirme al avance que ha tenido en la Comisión respectiva el estudio del marco tributario que rige a las grandes empresas mineras del país y, además, a la posibilidad de establecer algún tipo de royalty o regalía para que el Estado chileno pueda obtener mayores recursos.
En esa Comisión hemos recibido relevantes aportes de representantes del Consejo Minero y de la Sociedad Nacional de Minería, quienes han destacado la importancia que ha tenido la inversión de la gran minería en el país. No hay duda de que durante los últimos quince años esas empresas han contribuido en forma trascendente al crecimiento de Chile. No cabe discusión sobre su incidencia en la generación de empleos, su apoyo en infraestructura para el país, su preocupación e inversión en salud y en planes de vivienda para todos sus trabajadores, y la enorme ayuda efectuada a la educación.
En la Comisión también hemos recibido informes en derecho sobre la materia, documentos muy importantes en el avance de este estudio. Además, el ministro de Minería , señor Alfonso Dulanto , y la Comisión Chilena del Cobre han entregado antecedentes relativos al tema. Con ellos, los diputados integrantes de la Comisión se han formado una idea del aporte tributario que estas empresas hacen al país.
De la información recibida se desprende que muy pocas empresas han pagado impuesto a la renta de primera categoría en los veinte o treinta proyectos importantes ejecutados en los últimos quince años.
Han hecho un gran aporte al país, por la vía del pago de impuesto a la renta, La Escondida, Mantos Blancos y Pelambres -de la familia Luksic-; sin embargo, otras empresas, contablemente, por la depreciación acelerada no han arrojado utilidades, nunca han pagado impuesto a la renta.
Se trata de un gran tema de discusión en el país. El Senado ha hecho un estudio minucioso, cuyo informe conoceremos en las próximas semanas.
Hago estos comentarios en Incidentes, porque me parece importante comparar realidades. Codelco, empresa del Estado, en los últimos doce años ha aportado sobre 11 mil millones de dólares al erario. Sin embargo, en el mismo período, empresas privadas con una producción equivalente han aportado menos del 10 por ciento de lo proporcionado por Codelco. Es una materia opinable. Se señala que sus situaciones no son comparables, porque Codelco es una empresa del Estado y le entrega todos sus recursos, pero, a mi juicio, son comparables, porque la producción de cobre tiene un costo conocido nacional e internacionalmente que alcanza a 37 ó 38 centavos de dólar la libra; si a ello se agrega la depreciación acelerada, los impuestos locales y los costos de administración y servicio de la deuda de la inversión, no supera los 55 centavos de dólar la libra. En este momento, el precio de venta del metal es espectacularmente bueno, pues supera los 97 centavos de dólar la libra, y durante este año, su promedio ya llega a 79 centavos de dólar la libra.
Con esta información, ¿es posible calcular si existe o no margen para realizar un mayor aporte?
Según los antecedentes entregados por el ministro de Minería , las diez empresas más grandes del país en explotación de yacimientos han tenido una rentabilidad, deducidos los impuestos, de un 18 por ciento en promedio.
Espero que el informe de la Comisión señale que hay márgenes suficientes para realizar un mayor aporte al erario, y, de esa manera, ayudar a todos los chilenos, que, en esta ocasión, están representados, por los clubes de adulto mayor presentes en las tribunas.
He dicho.
PROBLEMAS VIALES EN COMUNA DE FRESIA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El turno siguiente le corresponde al Comité Socialista y Radical.
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , en esta oportunidad deseo referirme a tres temas distintos, pero con un denominador común: defender los derechos de los habitantes rurales de la comuna de Fresia, provincia de Llanquihue, de la Décima Región.
El Gobierno del Presidente Lagos está realizando gestiones, con mucho esfuerzo y en forma cotidiana, para solucionar uno de los principales problemas de las localidades rurales del sur de Chile, el de las comunicaciones. De hecho, se invierten grandes cantidades de dinero en el mejoramiento y conservación de caminos y en la reposición y construcción de nuevos puentes que permitan intercomunicar a localidades rurales con dificultades de acceso.
Sin embargo, hoy nos encontramos ante una difícil situación que afecta aproximadamente a cien familias de escasos recursos, pequeños agricultores de la comuna de Fresia, de los sectores de La Esperanza, El Peuchén y Punta Capitanes, puesto que la Dirección Regional de Vialidad licitó la construcción del puente La Esperanza, al parecer, sin haber tomado todas las precauciones para evitar que los habitantes de esa zona quedaran aislados e imposibilitados para seguir desarrollando su vida en forma normal.
Se trata de pequeños productores de leche que viven de una agricultura de subsistencia. Algunos de ellos son trabajadores que día a día entregan su fuerza laboral en una piscicultura cercana a los lugares antes citados, la que constituye una importante fuente de trabajo. Por lo tanto, de construirse este puente sin que exista un by pass en ese sector que les permita desplazarse normalmente, esas familias quedarán prácticamente aisladas y se verán enfrentadas a graves problemas en producción, abastecimiento, educación y salud.
Hoy se propone la variante del sector El Repil, un camino que, desgraciadamente, no tiene ripio y está en muy malas condiciones, alejado absolutamente de los sectores mencionados.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al director nacional de Vialidad , señor Sergio Galilea , para que, en forma urgente, disponga el estudio de esta situación y encuentre una solución inmediata que permita que la gente de los sectores de La Esperanza, El Peuchén y Punta Capitanes siga su vida normal, y que el progreso, que obviamente se conseguirá con la construcción del puente La Esperanza, no se constituya en un drama para esas familias.
Por otro lado, en Pichimaule se necesitan recursos de emergencia para terminar el camino que empalma con el que va a Huempeleo, imprescindible para la gente que habita en ese sector. Se trata de concluir tres o cuatro kilómetros.
Asimismo, en la localidad rural de Trompetillas, un camino construido gracias a las gestiones realizadas por el ex alcalde de Fresia necesita imperiosamente de recargue en un tramo de tres o cuatro kilómetros. Actualmente se encuentra cortado y requiere, además, la construcción de fosos en sus orillas.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al director nacional de Vialidad para que estudie la factibilidad de dar una solución urgente a los problemas señalados.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría al ministro de Obras Públicas , con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
EVASIÓN TRIBUTARIA EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , por otro lado, solicito que se oficie al Servicio de Impuestos Internos de la Décima Región, para que, con suma urgencia, investigue las denuncias que he hecho respecto de una posible evasión tributaria, por montos gigantescos, en la que incurrirían falsos médicos que se hacen pasar por parasicólogos y engañan a la gente de escasos recursos.
He recibido testimonios tristes, lamentables, de varias personas, sobre todo de sectores rurales, quienes, con el ánimo, la esperanza, el anhelo, el sueño, por ejemplo, de salvar a un ser querido que ha sido desahuciado por los médicos, han pagado sumas millonarias de dinero a esos falsos parasicólogos.
El caso más patético es el de don Iván Coronado , un pequeño agricultor del sector de Pato Llico, provincia de Llanquihue. Con el objeto de salvar a su madre, pagó una cuota de quinientos mil pesos, de un total de tres millones que le habían pedido. Lamentablemente, ella falleció días después.
La evasión tributaria sería gigantesca. Estos señores, que forman parte del grupo Jerónimo , logran recaudar de las personas más humildes de Puerto Montt, montos superiores a los cien millones de pesos mensuales. Entregan una boleta de consulta por cinco mil pesos, pero por debajo reciben suculentas sumas con la finalidad de sanar enfermedades, encontrar seres queridos u otras supuestas acciones de bien social, y estafan a la gente.
Junto al abogado Braulio Sanhueza y a mi asesor jurídico, don Luis Añazco , presentamos cuatro querellas criminales en los tribunales de Puerto Montt para evitar que estos señores sigan burlándose de la gente. Cuando son sorprendidos, estos falsos parasicólogos se trasladan a otras zonas del país y, utilizando medios de comunicación, intentan vender un servicio que, en la práctica, constituye una estafa o una actividad dolosa que empobrece a un gran número de personas.
En consecuencia, solicito que se oficie a la directora del Servicio de Impuestos Internos de la Décima Región , a fin de que disponga que se investiguen estos hechos. Creemos que las cifras son millonarias, y que de esta forma se va a evitar nuevas estafas por verdaderas mafias que operan con facilidades increíbles, ya que incluso obtienen permisos municipales para radicarse en las diversas ciudades de nuestro país.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría al ministro de Hacienda , con la adhesión de los diputados que así lo expresan.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.07 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO.
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que se inicia un proyecto de Reforma Constitucional que crea el Defensor del Ciudadano. (boletín Nº 3429-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
I. ANTECEDENTES.
El Gobierno que presido se encuentra empeñado en un gran impulso modernizador del país, para que en nuestro Bicentenario nos situemos en el umbral del desarrollo.
Uno de los compromisos de modernización del Gobierno es perfeccionar la forma y modo en que el Estado y los particulares desarrollan actividades destinadas a satisfacer las necesidades de la colectividad, denominadas comúnmente actividades de prestación, dotando a la comunidad de mecanismos modernos para el resguardo de sus derechos frente a tales actividades.
Es en este marco, de protección o defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la actividad desarrollada por el Estado o particulares que tiene por objeto la satisfacción de necesidades colectivas, que se encuadra la reforma constitucional que proponemos, que crea el Defensor del Ciudadano.
Este proyecto estuvo en el Senado desde octubre del año 2000. Sin embargo, la recargada agenda del Senado hizo imposible su tratamiento. De ahí que se haya retirado de esa Cámara. Ese mismo proyecto, con ajustes menores, es el que se somete a vuestra consideración.
A continuación se exponen los fundamentos técnicos de nuestra iniciativa, la forma como el tema ha sido enfocado en el derecho comparado y la manera en que proponemos esta reforma constitucional.
II. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.
1. Introducción.
Como se verá, el objetivo fundamental del Defensor del Ciudadano que mediante el presente proyecto se propone crear, será velar por que la actividad de la administración, en particular aquella de prestación, se realice con pleno respeto a los derechos y libertades de las personas. Esta actitud de respeto debe ser compatible con la forma y modo en que hoy, al comienzo de un nuevo siglo, entendemos la actividad administrativa, es decir, una actividad pública al servicio de la persona.
La servicialidad que informa la actividad prestacional no sólo se extiende a la administración pública orgánicamente concebida, sino también a aquellos particulares que prestan servicios de utilidad pública, es decir, servicios considerados básicos y fundamentales para la sociedad. Estas actividades particulares, en la medida que representan la ejecución de un cometido público y se traducen en la satisfacción de un interés público, también se encuentran al servicio de la persona humana, de modo que, sin perjuicio del legítimo lucro o utilidad para el prestador, sus servicios deben ser prestados de una manera regular, continua e igual.
En efecto, la Constitución Política de 1980 aparece estructurada con textura de gran amplitud y modernidad en lo que respecta al ejercicio de la actividad administrativa, aspecto robustecido por las reformas que le introdujeron las Leyes Nº 18.825, de 1989, y 19.097, de 1991. En ellas se concibió a la actividad administrativa como el conjunto de actuaciones que debe cumplir el complejo orgánico que parte del Presidente de la República y que depende o se relaciona con él a través de vínculos organizacionales reconocidos por el derecho, destinado a atender las necesidades de la comunidad nacional, continua e ininterrumpidamente y, de esa manera, propender al bien común.
2. El contenido y características de la actividad administrativa.
La actividad administrativa presenta, en general, diversas notas distintivas.
La primera de ellas es la concreción e implica que se trata de una actividad práctica, un hacer efectivo que tiende a concretar en hechos la voluntad del Estado. En este sentido, tiene por objeto atender de manera inmediata los intereses públicos que el Estado toma a su cargo para realizar sus cometidos. Esto la diferencia de las otras dos funciones del Estado, (legislativa y jurisdiccional) que satisfacen los intereses estatales sólo de forma mediata. La administración debe asegurar que se cumpla la ley. Por eso, se dice que la administración ejecuta la ley.
Este rasgo, que se acostumbra a denominar la concreción de la actividad administrativa, se traduce en que dicha actividad administrativa va dirigida a una persona o personas perfectamente individualizadas. Se administra siempre por vía singular, caso por caso.
En segundo término, la actividad administrativa presenta un rasgo de parcialidad porque cuando el Estado administra, es titular de un interés público. El Estado es un sujeto de derecho que trata de realizar determinados intereses relacionándose con otros sujetos de derecho. El Estado, entonces, es parte de las relaciones jurídicas, es titular de un interés en juego (el interés público) y para su realización utiliza el derecho. Por eso, puede decirse que la actividad administrativa es actividad parcial o interesada.
En tercer lugar, se trata de una actividad subordinada. Administrar es siempre obedecer a un mandato, una actuación de las disposiciones superiores del legislador o de otros. Corresponde a la actividad política de gobierno la dirección suprema y general del Estado; en cambio, la administración tiene por objeto particulares y circunscritos intereses, que quedan en una esfera subordinada a aquella en la cual se desenvuelve el poder político.
3. Actividad administrativa y potestades.
El artículo 24 de nuestra Constitución establece que “el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República , quien es el Jefe del Estado ”, agregando en el inciso segundo que “su autoridad se extiende a todo cuento tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
De este modo, nuestro ordenamiento constitucional vigente, al igual que las Cartas de 1833 y 1925, atribuye a la función administrativa, de un modo genérico, el ejercicio de una potestad pública, de un poder reconocido por el derecho, para imponer a otros una decisión unilateral en beneficio de la colectividad que está llamada a servir y resguardar.
La función de administrar corresponde al Presidente de la República , con la colaboración de los órganos de la Administración del Estado. En el desempeño de esta función, les corresponde a dichos órganos ejercer potestades públicas finalizadas. En efecto, el artículo 24 de la Constitución de 1980 reconoce al Presidente de la República , como Jefe del Estado , la facultad de administrar, dotándolo de todas aquellas atribuciones que son indispensables para el cumplimiento regular de sus funciones.
En virtud de la función genérica del artículo 24, entonces, la función administrativa involucra todos los actos que no impliquen invadir otros poderes del Estado o vulnerar derechos de las personas y que se enmarquen dentro de las potestades y finalidades señaladas en el ordenamiento.
Ahora bien, no obstante que los órganos de la Administración del Estado no pueden actuar si no tienen potestades atribuidas, la función administrativa no se reduce al solo ejercicio de éstas, es decir al uso de poderes jurídicos para imponer conductas omisivas o activas. En efecto, la actividad administrativa no sólo supone ejercer potestades, también implica fijar políticas, planes y programas, algunos de carácter indicativo y otros con fuerza obligatoria.
4. La continuidad y regularidad de la actividad administrativa.
La administración, concebida como actividad del Estado destinada a la promoción del bien común y a la satisfacción de intereses públicos, jamás puede verse interrumpida.
En efecto, la Carta Fundamental señala, en el inciso cuarto de su artículo 1º, que el Estado “está” al servicio de la persona; luego, en el inciso siguiente impone el “deber” del Estado en cuanto a resguardar y promover ciertos valores, para reiterar con idéntico rigor, en el inciso segundo del artículo 5º, “el deber” del Estado. Lo anterior supone que los contenidos sustantivos del accionar del Estado contemplan mandatos obligatorios, permanentes, insustituibles e inobjetables.
Por ello, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado señala, en su artículo 3º, que el complejo orgánico denominado Administración Pública “estará” siempre al servicio de la comunidad, atendiendo necesidades públicas en forma continua y permanente, de modo que a la Administración Pública le es imposible escudarse en causal de justificación alguna y, en consecuencia, debe velar por dar cumplimiento permanente a sus cometidos, aun en la adversidad.
Así, esta misma ley, al definir los servicios públicos, órganos de ejecución de la Administración, expresa que ellos son “órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua.”
Si la Constitución admite una construcción sustancial de la función administrativa radicada en el correspondiente complejo orgánico, cuya característica finalista es el bien común, lícito es indicar que dicho mandato debe realizarse de manera continua y permanente, de modo tal que jamás le afecte interrupción alguna, pues de presentarse generaría responsabilidad, y siempre debe actuar conforme al ordenamiento jurídico.
5. La posición de los “administrados” frente a la actividad administrativa.
Frente a la actividad administrativa se encuentran los ciudadanos, las personas que integran la comunidad nacional, en quienes se singulariza en definitiva la satisfacción de los intereses colectivos que la Administración está llamada a concretizar.
Es precisamente en la protección y promoción de los derechos que los ciudadanos tienen frente a la actividad administrativa, en particular la prestacional, donde viene a insertarse el Defensor del Ciudadano que este proyecto propone crear.
III. POR QUÉ EL DEFENSOR DEL CIUDADANO.
El Defensor del Ciudadano se erige como una garantía institucional de los derechos de las personas frente a la administración, en particular a las prestaciones que ésta debe realizar a las personas con el objeto de satisfacer sus necesidades públicas.
1. Orígenes y fundamentos del Defensor.
Entre las garantías institucionales de los derechos fundamentales y libertades públicas, sobresale, por su importancia y auge actual, la institución del Defensor del Pueblo .
Esta figura encuentra su origen en el denominado Ombudsman, que recogió por primera vez la Constitución sueca de 1809, con la finalidad, en cuanto “mandatario o representante del Parlamento”, de controlar la actividad de la Administración y de los propios órganos jurisdiccionales, velando por el respeto a la ley y por la tutela de las libertades públicas.
El éxito de esta institución determinó que paulatinamente se fuese adoptando también en otras Constituciones, primero en países escandinavos, como Finlandia en el año 1919, Noruega en 1952 y Dinamarca en 1954, para más tarde extenderse, ya de una forma generalizada, a la mayoría de los países europeos. Así lo recogen, entre otras, la Ley Fundamental de Bonn, desarrollada por la Ley de 26 de junio de 1957; la Ley del Comisario Parlamentario de 1967, que instituye la figura en el Reino Unido; y la Ley de 3 enero de 1973, que establece en Francia la institución del “Médiateur”.
Sin embargo y a pesar de su innegable éxito -se ha llegado a hablar de “ombudsmanía”-, la valoración de esta institución por parte de la doctrina no es uniforme. Así, frente a los que ven su positivización como la panacea moderna de las garantías de las libertades públicas, otros autores se han mostrado muy escépticos sobre su conveniencia y funcionalidad.
En todo caso, y con independencia de extremas adhesiones o repulsas hacia la institución, el Defensor del Pueblo desempeña una función de complementariedad eficaz y dinamizadora, junto a las demás garantías de las libertades y derechos fundamentales, sobre todo como control añadido a la creciente actividad de la Administración.
El Ombudsman tiene como misión fundamental la tutela de los derechos fundamentales de los particulares, a través de la fiscalización de la actividad de las autoridades administrativas.
Según esta orientación, el Defensor del Pueblo es una garantía constitucional más, un nuevo control suplementario que, teniendo por objetivo la defensa de los derechos y libertades públicas del ciudadano, incide con especial atención en la supervisión de la actividad administrativa, consecuencia de la creciente hipertrofia de la Administración pública y de su desmesurada burocratización.
En la actualidad, el ciudadano ha tomado conciencia de que en un elevado número de supuestos la Administración violenta sus derechos y libertades, en particular en las prestaciones que debe otorgarle. Cuestión que también aprecia, y con mayor impotencia, respecto de servicios de utilidad pública prestados por particulares. Y ello tanto de una forma activa, porque infringen directamente sus derechos más personales -por ejemplo, actuando con absoluta discrecionalidad en el derecho de acceso a la función pública-, como de forma pasiva, permitiendo o prorrogando la continuación de situaciones contrarias a derechos.
De este modo, el Defensor del Ciudadano puede complementar los clásicos controles de la actividad pública.
En consecuencia, el Defensor , en cuanto “magistratura de opinión y persuasión”, no circunscribe su ejercicio al estricto análisis de la legalidad o ilegalidad de los actos y resoluciones administrativos, sino que también comprende un ámbito de disfuncionalidades más sutiles, como las que encuentran su origen en la discrecionalidad administrativa y en los supuestos de desviación de poder. Su tutela se extiende, en todo caso, tanto a las relaciones ad extra de la Administración con un tercero, de particulares que prestan servicios en nombre del Estado, como ad intra, en el supuesto de las relaciones interorgánicas, siempre que haya violación de los derechos y libertades fundamentales.
2. Elementos.
La defensoría del ciudadano es, en los países en que está consagrada, en primer lugar, una de las manifestaciones de la institución denominada defensor del pueblo que, en pocas palabras, defiende los derechos y libertades individuales y colectivas de la ciudadanía. Es un órgano que tiene por finalidad tutelar los derechos de las personas, vigilando y controlando, en la mayoría de los casos, la actividad de la administración del Estado, atendiendo quejas de la ciudadanía. Tiene amplios poderes de investigación y un rol crítico de las actuaciones administrativas deficientes, teniendo potestad para publicar sus informes. Además, actúa con poder para recomendar, pero no tiene potestad para revocar ningún acto administrativo.
El defensor del ciudadano se configura como un ombudsman con competencia específica y se presenta como una solución a los conflictos generados por la creciente complejidad y aumento de tamaño del aparato estatal.
En efecto, por un lado, la institución permite resguardar los derechos que puedan ser pasados a llevar por el accionar de los órganos de la Administración del Estado. Por otro lado, su acción fiscalizadora permite desarrollar mejoras en el accionar de dichos órganos.
Bajo la primera perspectiva, el defensor es un control que permite fortalecer el Estado de Derecho, reparando injusticias y promoviendo el progreso. Esta institución posibilita la preeminencia del derecho por sobre toda acción administrativa arbitraria, con lo que se asegura el respeto por el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Bajo la segunda perspectiva, este control eleva las exigencias sobre la gestión estatal, en la medida que implica mejorar el desempeño de los funcionarios y la atención, disminuir tiempos de trámites, malos tratos, etc. El defensor puede constituirse en un elemento dinamizador de los servicios públicos y su funcionamiento, dando protección al usuario ordinario, a la persona natural, frente al poder de la Administración.
Este potencial se debe básicamente a que presenta ciertas ventajas frente a otros tipos de controles. En efecto, constituye un medio de control externo, más autónomo e independiente que el control administrativo jerárquico, lo que puede contribuir a su eficiencia y eficacia. Por otra parte, cuenta con un procedimiento informal y de más fácil acceso a los administrados. Adicionalmente, supera las limitaciones del control jurisdiccional y posibilita la participación de la comunidad, en especial de los más pobres, que no pueden reclamar a través de vías jurisdiccionales ordinarias por falta de los recursos necesarios.
Puede afirmarse que el fin esencial del defensor del ciudadano es la protección de los derechos de las personas frente a la actividad de los poderes públicos. La simple observación de la vida cotidiana pone de manifiesto que los mecanismos jurisdiccionales, administrativos y políticos para el control de los actos de la administración no son suficientes para la debida protección de los ciudadanos. Por los intersticios del sistema se producen fugas, que no llegando a cuestionar su validez para el administrado, sin embargo representan menores o mayores atentados a sus derechos. Ante ello debe, para su defensa, recurrir a profesionales y enfrentar interminables e incomprensibles procedimientos o resignarse a su impotencia.
El defensor se construye desde la aceptación del diagnóstico de que los mecanismos jurisdiccionales, políticos y administrativos son insuficientes para garantizar la debida protección de los derechos de los destinatarios de los servicios públicos.
En efecto, en nuestro ordenamiento no existe con alcance general una jurisdicción de lo contencioso administrativo que facilite a los administrados la conducción de sus reclamaciones contra los actos de la administración.
Por otra parte, a diferencia de los otros controles sobre la actividad de la administración, investidos de imperio y potestades punitivas, el ombudsman carece de potestad sancionadora. Es un órgano revestido de autoritas, no de potestad; es una magistratura de disuasión y no de imposición coercitiva. Su sanción es la apelación a la opinión pública, a la sanción social, a la censura pública, al enjuiciamiento de los ciudadanos.
El defensor del ciudadano no es, por tanto, un agente fiscalizador; su poder no es de revocación o de anulación, sino de persuasión e influencia respecto de la autoridad administrativa, o de iniciativa hacia las autoridades administrativas.
Por eso, la legislación comparada le otorga garantías de divulgación amplia, por los medios de comunicación, de sus actividades, informes y relaciones. Debido a que carece de poder resolutivo, para contribuir a su efectividad se requiere una fuerte publicidad de sus actividades y decisiones. Sin una extendida difusión de sus acciones y resoluciones, éstas carecen de importancia y, por lo tanto, pierden su potencial disuasivo en relación a los casos investigados, con lo que se debilita el poder de control de la institución. Por otra parte, esta divulgación promueve la formación de una opinión pública activa para juzgar a los servicios públicos y sus funcionarios; con ello aumenta la participación de la ciudadanía en la gestión pública y las acciones del defensor adquieren mayor relevancia.
Esto implica que los ombudsman sólo son posibles en el marco de una institucionalidad democrática. No siendo una de las instituciones básicas de ella, como el Parlamento, sí es un complemento de la institucionalidad existente, que refuerza el régimen de garantías de los derechos ciudadanos frente al Estado y la transparencia de las actuaciones de éste y sus funcionarios.
El Defensor no sustituye, sino que se apoya en los actuales controles. Es, por decirlo gráficamente, un control de segundo piso.
IV. LOS SISTEMAS COMPARADOS.
En los sistemas comparados que contemplan el Defensor existen diversas formas de designación, competencia y sujetos fiscalizados. El análisis de ellos nos ha permitido establecer ciertos estándares básicos para la existencia de la institución. Sin embargo, como se acreditará, pareciera que existen más bien formas básicas de funciones del Defensor y de sujetos fiscalizados que se repiten sistemáticamente en todos los sistemas.
1. Nombramiento.
En lo relativo a esta materia, existe uniformidad en los sistemas comparados en cuanto a que el defensor es designado por los parlamentos respectivos.
Por ejemplo, en Argentina es elegido por el Congreso por los 2/3 de los miembros presentes de ambas Cámaras (Diputados y Senadores); en España, es elegido por las Cortes Generales; en Perú, es elegido por al menos las dos terceras partes del Congreso de la República; en México, es designado por el Congreso de la Unión; en Costa Rica, la Asamblea Legislativa nombra al Defensor de los Habitantes de la República mediante mayoría absoluta de los diputados presentes; en Holanda, es elegido por la Cámara Baja del Parlamento; en Suecia, el Parlamento elige uno o varios Ombudsman; en Paraguay, es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Senado; en Bolivia, es elegido por el Congreso por dos tercios de votos del total de sus miembros; en Ecuador, es elegido por el Congreso Nacional de fuera de su seno, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.
2. Potestades.
En lo relativo a las potestades que tiene el defensor en los sistemas comparados, existe uniformidad en torno a que le corresponde iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, ante violaciones a los derechos humanos o que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.
Le corresponde también prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.
Esta son las potestades consagradas en países como Argentina, España, Perú, México , Bolivia , Paraguay , Costa Rica , Holanda , Suecia y Ecuador .
3. Sujeto fiscalizado.
En esta materia, es sorprendente la uniformidad que se logra en los países mencionados. En todos ellos, el sujeto que es objeto de las competencias del defensor, es la administración pública, en la acepción amplia que el término tiene, existiendo una tendencia cada vez mayor que extiende las competencias del defensor a personas no estatales que ejercen prerrogativas públicas y a las privadas prestadoras de servicios públicos, en la medida que se han transformado estas últimas en titulares que deben satisfacer las necesidades de la colectividad.
V. EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
El proyecto que someto a vuestra consideración tiene las siguientes notas distintivas:
1. El Defensor es un órgano constitucional de carácter autónomo.
En primer lugar, el Defensor que se propone es un órgano constitucional. En cuanto tal, es una magistratura creada y configurada por la Constitución en sus elementos esenciales.
En cuanto órgano autónomo, por una parte, no se encuentra sometido a la supervigilancia o tutela de ningún otro órgano público, así como tampoco proceden respecto de él poderes de dirección o coordinación.
Es un sujeto de derecho. Es decir, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le permite una gestión financiera independiente, así como un régimen de responsabilidad propio.
2. El objetivo de la Defensoría del Ciudadano.
El proyecto propone la creación de un órgano cuya principal misión es doble.
a. Defensa y promoción de derechos e intereses vinculados a la actividad prestacional.
En primer lugar, corresponde a la Defensoría la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los órganos de la Administración del Estado, en lo relativo a la satisfacción de sus necesidades públicas y a la prestación de ciertos servicios de utilidad pública, sean éstos suministrados por la Administración o por entidades privadas que los prestan en nombre de aquélla.
Por ello, el ámbito de su competencia es la actividad de prestación de esos servicios públicos y de utilidad pública, es decir, los sujetos pasivos de su accionar serán los organismos públicos o las entidades privadas que realizan tales prestaciones. No se extiende su competencia a otros ámbitos de la administración ni de la economía nacional.
Desde la perspectiva de los prestadores de los servicios de utilidad pública, la actividad dirigida al otorgamiento del servicio involucra la explotación de una industria o actividad económica y, por ello, los servicios públicos referidos son retribuidos por el usuario mediante el pago de un precio o tarifa.
La protección que la Defensoría está llamada a otorgar se refiere a los derechos de los usuarios de esos servicios públicos y de utilidad pública. De ahí que estén legitimados para dirigirse a la institución y reclamar su intervención.
Ahora bien, el concepto de prestación, entendido en sentido técnico, se vincula con la existencia de una concreta relación jurídica entre dos sujetos, de cuya relación la prestación constituye el objeto. La prestación, por tanto, es una actividad de hacer que un sujeto debe efectuar en beneficio de otro sujeto, a quien se proporciona una utilidad concreta en virtud de una relación jurídica de naturaleza obligatoria entre las dos partes.
De este modo, la prestación tiene por objeto proporcionar una utilidad concreta a los particulares, sea esta utilidad de orden asistencial o de orden económico. La prestación ha de tener por objeto directo e inmediato la satisfacción, en sí y por sí, de necesidades individuales de importancia colectiva. La actividad prestacional es positiva y material.
La prestación tiene los siguientes principios comunes: continuidad, regularidad e igualdad. Cualquier deficiencia en estos principios produce un impacto negativo en la satisfacción de las necesidades públicas.
En efecto, en primer lugar, la prestación de los servicios públicos debe ser continuada, es decir, no debe ser interrumpida, pues ello contribuye a su puntualidad y regularidad, así como a su eficiencia y oportunidad.
La continuidad puede ser absoluta o sólo relativa. La primera opera respecto de servicios que atienden necesidades permanentes y, por tanto, que deben estar siempre cubiertas, tal como ocurre con el suministro de agua, gas o electricidad. La relativa, en cambio, opera cuando se atienden requerimientos que son intermitentes, es decir, que se presentan en ciertos momentos, pero no en otros.
La continuidad de los servicios públicos se asegura por medio de diferentes mecanismos jurídicos, entre los cuales y para los efectos de estas observaciones cabe destacar la aplicación de una tasa o tarifa que cubre el costo de explotación, tratándose de servicios prestados directamente por la administración.
En segundo lugar, todo servicio público debe ser cumplido de manera regular, es decir se debe cumplir conforme a las reglas, normas y condiciones que hayan sido preestablecidas para ese fin o que le sean aplicables, las cuales determinan, en su conjunto, la forma de prestación de dichos servicios.
No debe confundirse la regularidad con la continuidad, puesto que si la continuidad se refiere a la realización ininterrumpida del servicio público, la regularidad se vincula con su debida prestación, con la manera en que tiene que llevarse a cabo.
Finalmente, la uniformidad o igualdad implica que todos los posibles usuarios de un servicio público tienen derecho a exigir y recibir las prestaciones que éste otorgue en igualdad de condiciones.
Ello no implica una igualdad absoluta, ya que no contradice este principio el hecho de que, en situaciones diferentes entre sí, quepa admitir la prestación del mismo servicio en condiciones desiguales.
La uniformidad o igualdad en los servicios públicos no es más que la expresión del principio de igualdad ante la ley, consagrado por nuestra Constitución.
La igualdad a que está sujeto todo servicio público en su prestación trae dos importantes consecuencias: la generalidad y la obligatoriedad. La primera consiste en el reconocimiento de que todos los habitantes tienen el derecho de utilizarlos, dentro de las modalidades establecidas, sin que se pueda negar a unos, sin causa debida, lo que se concede a otros. La generalidad niega la posibilidad de que haya exclusiones arbitrarias o indebidas.
La obligatoriedad, por su parte, se traduce en el deber de quien tiene a su cargo la realización de un servicio -ya sea la administración pública o un concesionario- de prestarlo necesariamente, cada vez que le sea requerido por cualquier usuario.
Esta obligatoriedad, en consecuencia, no se la debe confundir con la que puede recaer sobre los usuarios, en el supuesto de que se trate de servicios públicos obligatorios, como ocurre -por ejemplo- con la educación básica, máxime cuando existe una mayoría de servicios que son de uso voluntario para los habitantes y que éstos usan cuando sienten la necesidad que el servicio público está destinado a satisfacer.
En razón de esta obligatoriedad de los servicios públicos, quien los presta no tiene la posibilidad de elegir su destinatario, sino que debe cumplirlo -como queda dicho- respecto de cualquiera que los requiera. De ahí la necesidad de asegurar su respeto al derecho.
b. Defensa, difusión y promoción de derechos.
Un segundo ámbito de acción de la Defensoría será la difusión y promoción de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución y asumir su defensa.
La difusión implica realizar acciones para extender o propagar el conocimiento de los derechos garantizados constitucionalmente.
La promoción es el esfuerzo o impulso para procurar el pleno respeto de los derechos, individuales o supraindividuales, asegurados en la Carta Fundamental. Ello se materializa, fundamentalmente, en su defensa jurisdiccional.
Esta segunda tarea del Defensor, sin embargo, no es una competencia exclusiva, pues hay otros órganos dentro de la Administración que tienen esta potestad. Tampoco implica desplazar a los individuos de la defensa de sus propios derechos e intereses. Pero existen ocasiones en que éstos exceden el ámbito individual, pasando a ser supraindividuales, así como casos en que los sujetos no están en condiciones de asumir, por sí mismos, su protección por carecer de medios, desconocer los recursos, etc. Ahí adquiere relevancia el rol del Defensor.
3. Instrumentos de la Defensoría para ejercer su rol tutelar.
a. Investigaciones e informes.
Ahora bien, este rol tutelar de los derechos de los usuarios lo realizará la Defensoría a través de varios instrumentos.
En primer lugar, mediante la investigación de actos u omisiones que puedan afectar los derechos de los ciudadanos en las actividades de prestación que están dentro del ámbito de su competencia.
La investigación es una de las herramientas de intervención que tiene la Defensoría para el cumplimiento de sus fines. El propósito de la investigación es realizar todo tipo de diligencias para descubrir o recopilar antecedentes que permitan a la Defensoría determinar si han existido acciones u omisiones que representen vulneración de los derechos de uno o varios ciudadanos, por parte del órgano de la administración o del servicio de utilidad pública de que se trate.
Las investigaciones no tienen como único propósito determinar la existencia de aquellas acciones u omisiones, sino que esta determinación generará un informe cuyo propósito final es la corrección de las irregularidades detectadas.
Por ello, cuando se ejerce esta facultad, no obstante el carácter no vinculante de su informe y recomendación, las entidades destinatarias están obligadas a informar sobre la adopción de medidas correctivas o, en su defecto, acerca de los motivos que las han impedido.
b. Ejercicio de acciones judiciales.
El segundo instrumento mediante el cual la Defensoría realiza su rol protector de los derechos de los ciudadanos, es ejercer las acciones judiciales establecidas en la Constitución y las leyes, ante actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado que afecten derechos e intereses colectivos o involucren una pluralidad de individuos.
Esta facultad se ejerce tanto respecto de los organismos públicos o entidades privadas responsables de la prestación del servicio de utilidad pública de que se trate, como también respecto de los organismos fiscalizadores de aquellas actividades.
Este mecanismo corresponde exactamente a la naturaleza no resolutiva y no jurisdiccional de la Defensoría. En efecto, su interés no debe ser la constatación de una infracción normativa o la aplicación de una sanción, sino la obtención de medidas correctivas para las situaciones abusivas o lesivas que detecte y, especialmente, para lograr que éstas no se repitan.
c. Sugerencias y recomendaciones.
El tercer instrumento con que cuenta la Defensoría consiste en formular, a las entidades prestadoras de servicios de utilidad pública o a los organismos de la administración, sugerencias y recomendaciones para mejorar la satisfacción de las necesidades públicas.
A diferencia de la facultad anterior, en este caso la Defensoría propone mecanismos de perfeccionamiento o sugiere medidas de carácter general, atendiendo al interés general de los ciudadanos.
Tampoco se trata de obtener medidas correctivas de situaciones puntuales que hayan sido objeto de su investigación, sino de promover el mejoramiento permanente de la prestación de servicios públicos o de utilidad pública.
Por lo tanto, estas recomendaciones o sugerencias pueden ser producto de una investigación o de la evaluación anual de su gestión, como también de un estudio especializado efectuado por la Defensoría o por encargo de ésta.
4. Su naturaleza no resolutiva.
Como se ha dicho, la Defensoría formula recomendaciones y sugerencias, evacua informes no vinculantes y solicita la adopción de medidas correctivas. No tiene atribuciones jurisdiccionales, ni resolutivas, ni sancionatorias. Supone la existencia de competencias normativas, fiscalizadoras y sancionatorias especializadas, radicadas en otros organismos del Estado.
Lo anterior no obsta, sin embargo, a su capacidad o idoneidad para obtener soluciones y resguardos adecuados de los derechos de los usuarios. En efecto, emitido el informe o recomendación, la Defensoría no se desliga de sus efectos, sino que recibe un informe circunstanciado de las medidas correctivas adoptadas o de las razones que las han impedido.
Adicionalmente, tanto durante la investigación como después de emitido su informe, puede convocar a los restantes organismos del Estado que tengan competencia en el ámbito respectivo, requiriéndoles su colaboración. Complementando lo anterior, la Defensoría puede solicitar la colaboración de las entidades privadas concesionarias de servicios de utilidad pública, para el esclarecimiento de las reclamaciones que les afecten.
5. Estatuto del Defensor.
El Defensor del Ciudadano es el jefe superior del órgano Defensoría. Será nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo de la Cámara de Diputados adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.
De esta manera, se continúa con el criterio imperante en nuestro sistema constitucional, en que los nombramientos compartidos con el Parlamento, requieren la participación de sólo una de las Cámaras, atendida la naturaleza de la autoridad que se designa. Así sucede con el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional y otros altos dignatarioa que son nombrados por el Jefe de Estado con el acuerdo del Senado.
Sin embargo, como el órgano que ahora se propone crear tiene facultad de control, se ha estimado conveniente que en este caso sea la Cámara de Diputados, en cuanto órgano de fiscalización del Congreso, la que preste su acuerdo, y no el Senado, como sucede en los otros órganos.
Para ser nombrado Defensor se requiere ser abogado y tener a lo menos diez años de título profesional, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
El Defensor dura cinco años en su cargo, pudiendo ser nombrado por una sola vez para un nuevo período. Cesa en su cargo cuando cumple 75 años de edad.
Para garantizar su independencia, el Defensor del Ciudadano goza de inamovilidad en su cargo, es inviolable por las opiniones que exprese en las sugerencias, recomendaciones y/o informes que emita en el ejercicio del mismo y tiene fuero.
Para contrapesar dicha independencia, el Defensor tiene responsabilidad política y, en consecuencia, es susceptible de ser acusado constitucionalmente por notable abandono de deberes.
Finalmente, nos ha parecido que no podrá optar a cargos de elección popular sino después de cinco años de concluido su cargo, a fin de garantizar concentración y objetividad en su actuación.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
“Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República, en el siguiente sentido:
1. Incorpórase el siguiente capítulo, nuevo, a continuación del actual artículo 89:
“Capítulo IX A
DEFENSOR DEL CIUDADANO.”.
2. Incorpóranse los siguientes artículos nuevos a la Constitución Política de la República:
“Artículo 89 A.- Un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensor del Ciudadano , velará por la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas ante actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado, en lo relativo a la satisfacción de las necesidades públicas. Sin perjuicio de la facultad de otros órganos, le corresponderá también difundir y promover los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 y asumir la defensa de aquellos que tengan impacto colectivo o involucren a una pluralidad de individuos.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Defensor del Ciudadano podrá inspeccionar la actividad de los órganos de la Administración del Estado, pudiendo formular sugerencias, recomendaciones o informes a las respectivas autoridades, los que no tendrán carácter de vinculantes y se orientarán a la adopción de medidas que corrijan o eviten acciones u omisiones que afecten negativamente la regularidad, continuidad e igualdad en la satisfacción de las necesidades públicas a su cargo.
Podrá también incoar las acciones judiciales necesarias para la debida protección de los derechos e intereses supraindividuales que esta Constitución le encarga, incluida, en su caso, la que contempla el artículo 20, como asimismo las pertinentes acciones legales de igual naturaleza.
Las mismas competencias y atribuciones señaladas podrán ser ejercidas por el Defensor del Ciudadano respecto de las personas, naturales o jurídicas, que ejerzan actividades de servicio público o de utilidad pública.
Artículo 89 B.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Defensor del Ciudadano .
Artículo 89 C.- El Defensor del Ciudadano será nombrado por el Presidente de la República con acuerdo de la Cámara de Diputados, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto.
Para ser nombrado Defensor se requerirá ser abogado con diez años a lo menos de posesión de dicho título profesional, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El Defensor durará cinco años en su cargo, sólo podrá ser reelegido por una vez para un nuevo período, y cesará en él al cumplir 75 años de edad. No podrá optar a cargos de elección popular sino después de transcurridos cinco años de concluido su encargo
El Defensor del Ciudadano gozará de inamovilidad en su cargo, será inviolable por las opiniones que exprese en las sugerencias, recomendaciones o informes que emita y en las presentaciones judiciales que formule en el ejercicio del mismo y le será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 58.
El Defensor del Ciudadano , una vez al año, informará sobre la labor realizada en dicho período, así como sobre los resultados de la misma, al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados. Dicha cuenta será pública.”.
3. En el inciso segundo del número 7º del artículo 41, intercálase, a continuación de la palabra “República”, la frase “del Defensor del Ciudadano”, precedida de una coma (,).
4. En la letra c) del número 2) del artículo 48, sustitúyese por una coma (,) la conjunción “y”, agregando a continuación la frase “del Defensor del Ciudadano y”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que se inicia un proyecto de ley que establece un sistema de autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas. (boletín Nº 3428-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que establece un sistema de autorización del funcionamiento de las ferias libres, el régimen de administración de las mismas y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas, cuyos fundamentos paso a exponer.
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
1. Antecedentes Históricos.
Desde la antigüedad, las ferias han tenido enorme significación, tanto para el desarrollo del comercio y la industria, como para el intercambio cultural y el desarrollo cívico de los pueblos. En la Edad Media fueron el espacio público por excelencia, en el cual, además de los productos necesarios para la subsistencia, era posible encontrar las expresiones festivas de juglares y artistas populares, y la transmisión oral de los acontecimientos de otras comarcas. Tempranamente, las ferias se identificaron con la cultura y las fiestas del lugar donde se realizaba, pasando a ser el territorio un elemento distintivo fundamental de ellas.
En nuestro país, y sin perjuicio de los cambios de época y de circunstancias económicas y sociales, parte de esos rasgos perduran. La feria es, en esencia, el lugar en el cual se abastece de alimentos una parte importante de la población, pese a que la aparición de modernos sistemas de distribución alimentaria y de cadenas de supermercados las ha desafiado a modernizarse en todas partes. Las ferias están enfrentando ese problema, pero requieren contar con un marco jurídico que las reconozca institucionalmente y les facilite la tarea. En muchas partes del mundo, la legislación, fuera de este reconocimiento, fomenta su desarrollo como un elemento de identidad cultural de las ciudades y lugares que las albergan.
La expresión más desarrollada son las ferias europeas, ejemplo de cómo pueden utilizarse los espacios públicos de una manera armónica, limpia y eficiente en la venta de productos alimenticios, manteniendo, al mismo tiempo, una identidad cultural que da carácter a barrios enteros.
Para que ello se produzca, es necesario una política pública que impulse desarrollos legales, económicos y urbanísticos, y se generen las condiciones que hagan de las ferias una actividad económica moderna y parte importante del mobiliario de servicios urbanos.
El Gobierno recibió en fecha reciente, de manos de la Asociación de Feriantes de Chile, una petición tendiente a fomentar el desarrollo de las ferias libres en el país, conjuntamente con dos mociones parlamentarias. Una, impulsada por los Honorables diputados Carlos Montes , Eliana Caraball y Carolina Tohá , y otra, por el Honorable diputado Pablo Longueira , orientadas a generar una legislación especial para el sector. Adicionalmente, el Presidente del Senado , don Andrés Zaldívar , ha expresado al Gobierno su interés porque se dicten normas que regulen la actividad. Ello es una prueba del interés que en todos los sectores concita una iniciativa como la presente.
Entre las peticiones que se han efectuado, está la de dotar a las ferias libres de un estatuto jurídico que les permita una mayor certidumbre en su vínculo con el municipio, y una base para acceder a distintos instrumentos de fomento y desarrollo que dispone el Estado.
Las mociones, recogían, cada una, parte de estas aspiraciones. Pero múltiples aspectos y problemas precisan para su solución una visión más integral y la voluntad expresa del Poder Ejecutivo . El Gobierno acogió la demanda y se comprometió a enviar al Parlamento un Proyecto de Ley, que fundado en el trabajo adelantado por la organización gremial de los comerciantes de feria, y por ambas mociones parlamentarias, contemplara una solución para el vacío legal en el cual se desenvuelven actualmente las ferias libres.
El presente Proyecto de Ley es el resultado de esa voluntad gubernamental.
2. La realidad social de las Ferias Libres.
Si bien las Ferias Libres constituyen una actividad económica de carácter comercial en todo el país, sus principales problemas se presentan en las grandes concentraciones urbanas.
En efecto, en la Región Metropolitana existen alrededor de unas 40.000 patentes de ferias libres, las que sumadas a las que se han entregado a lo largo del país, alcanzan un total de 80.000, lo que las transforma en una importante fuente laboral. Una parte fundamental del abastecimiento de productos hortofrutícolas y del mar se hace en la feria libre, constituyéndose en el principal centro de abastecimiento de los sectores más modestos.
Sin embargo, es un sector económico y social que se desenvuelve en medio de enormes carencias. A partir de la derogación, en el año 1976, de la legislación que lo regulaba, la actividad de las Ferias Libres ha quedado sometida a las reglas generales del comercio y, en lo específico, al buen juicio de los Alcaldes, lo que genera incertidumbres e inestabilidades que impiden su desarrollo.
Parte de los problemas tienen que ver con el cambio de competencia de las autoridades políticas locales, originado por el proceso de regionalización y municipalización que, junto con entregar nuevas atribuciones a los municipios, cambió en muchas partes el mapa local, haciendo que un mismo grupo de feriantes debiera relacionarse con dos o mas autoridades municipales para el desarrollo de sus actividades.
La falta de un estatuto jurídico de las ferias libres hace que los enormes esfuerzos desarrollados en los últimos años por sus dirigentes gremiales, así como los programas de capacitación, mejoramiento de imagen y producción limpia realizados con apoyo de entidades gubernamentales como Sercotec y el Fosis, se vean disminuidos en sus impactos.
Es evidente, entonces, la necesidad de un marco legal que entregue las certidumbres necesarias y facilite el uso de instrumentos que requiere el desarrollo futuro del sector. Ello permitirá atender adecuadamente los problemas, entre los que se cuenta la relación con los municipios, la organización económica y administrativa de la feria, las facilidades para el acceso a previsión y salud, el fomento a su actividad, entre muchas otras.
3. El Municipio y las Ferias Libres.
Por otras parte, es necesario que la política de modernización y desarrollo del comercio de ferias libres se haga con una activa participación del Municipio, bajo la convicción que estamos frente a una realidad económica y cultural que va a permanecer como un importante hito en la cadena de abastecimiento alimentario de las ciudades.
Organismos internacionales se han pronunciado sobre estas materias. Así, por ejemplo, la F.A.O, a través de su programa Abastecimiento y Distribución de Alimentos en las Ciudades, ha solicitado a alcaldes, administradores de ciudades y planificadores urbanos que, junto con su natural preocupación por la vivienda, el transporte, la infraestructura y los espacios sociales, atiendan también de manera preferente los sistemas de comercialización de alimentos.
En nuestro país, el hecho de que se impulse al Municipio a asumir el fomento productivo como parte del Plan de Desarrollo Comunal, representa una oportunidad para generar una institucionalidad y reglamentación adecuadas para el desarrollo de las ferias, pues ello forma parte del fomento productivo de nivel local.
Esa orientación se recoge en este proyecto de ley, con disposiciones que dan mayor estabilidad a la relación entre la feria y el municipio, y permiten a la feria y a quienes las integran actuar organizadamente en las materias y áreas que les son comunes, de manera de ser representados no solo ante el municipio, sino, incluso, en la solución de problemas que trascienden las competencias municipales.
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
En razón de lo señalado precedentemente, este proyecto de ley se orienta a los objetivos fundamentales que se indican a continuación:
1. Establecer un marco institucional para el desarrollo de la actividad.
En primer lugar, este proyecto contiene un marco institucional para las Ferias Libres, estableciendo las bases para su consolidación y modernización acorde con los cambios operados en nuestra sociedad en los últimos años.
2. Establecer un modelo de organización de los miembros de las Ferias Libres.
El proyecto, en segundo lugar, crea una forma de administración especial del espacio ferial, concebida específicamente para los comerciantes que desarrollan su actividad en las ferias libres, considerando que si bien existen derechos individuales de éstos, la feria libre, en su conjunto, constituye una universalidad económica, con espacios y actividades que deben utilizarse y ejercerse colectivamente, dentro de un ámbito conformado generalmente por bienes nacionales de uso público en los que éstas se emplazan.
El modelo de administración que se propone es consonante con la capacidad de los comerciantes de autogestionar de manera colectiva parte importante de ese espacio, permitiéndoles una relación más fluida y equitativa con los Municipios.
En esta administración se consagra el derecho de participación de todos los miembros de la feria libre, tanto en la designación de las autoridades como en las decisiones más importantes en materia de derechos y deberes colectivos.
El proyecto, en todo caso, no afecta a las organizaciones que hasta la fecha se han dado los comerciantes de ferias libres, las que para todos los efectos siguen vigentes, de acuerdo a la garantía constitucional de Libertad de Asociación, contemplada en el Nº 15, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.
3. Mayor estabilidad para los comerciantes de Ferias Libres.
En tercer lugar, el proyecto aborda aquellas materias que están en la base de la precariedad en que funcionan las ferias libres y que explican, al menos en parte, las razones de su retraso, desde distintas perspectivas.
a. Por una parte, establece los principios fundamentales que han de regir el procedimiento de postulación y asignación o adjudicación de los permisos, que el proyecto transforma en concesiones, que la autoridad debe otorgar para el ejercicio de la actividad en bienes nacionales de uso público.
b. Enseguida, regula el otorgamiento de una concesión por el mismo período que el establecido para la autorización municipal para la feria libre, renovables, permitiendo incluso su transferencia.
c. También reconoce a las Ferias Libres el derecho a negociar con el municipio respectivo, las modalidades y condiciones particulares que han de regir la instalación, el funcionamiento y la actividad de la feria.
4. Incorporar a los comerciantes de Ferias Libres a los planes nacionales de desarrollo.
El último objetivo del proyecto, es que la existencia de un marco institucional para el desarrollo de las actividades de las Ferias Libres, facilitará la incorporación de los comerciantes de ferias libres a los planes y políticas públicas de fomento de sus actividades, como la capacitación o el financiamiento de proyectos específicos. Para ello, a la organización de los comerciantes que desarrollan sus actividades profesionales en las ferias libres, se les asimila a las asociaciones de micro o pequeños empresarios, a los efectos de canalizar las políticas e instrumentos de apoyo y fomento.
III. DESCRIPCION DEL PROYECTO.
El anteproyecto de ley que establece un sistema de autorización y el régimen de administración de las ferias libres y los derechos de los comerciantes que ejercen sus actividades profesionales en ellas, contiene los siguientes puntos principales:
1. Definición.
Feria Libre es el conjunto de comerciantes minoristas que venden productos alimenticios de origen animal o vegetal, u otros artículos o especies, o prestan servicios, de manera periódica, regular y programada, en un espacio territorial urbano determinado y especialmente habilitado.
2. Plazo.
El plazo de duración de la feria libre será de ocho años, renovables por períodos iguales.
La autorización del funcionamiento de una feria libre en un determinado espacio físico, su traslado y la terminación anticipada, deberá ser acordada por los dos tercios de los concejales en ejercicio del Municipio respectivo.
3. Territorio.
El espacio territorial de emplazamiento de cada feria libre corresponderá a bienes nacionales de uso público o a bienes de propiedad municipal. Se compone de los puestos de feria y de un área de complementación.
El Municipio, al autorizar los lugares en los que puedan funcionar ferias libres, deberá privilegiar aquellos en que se provoquen los menores impactos negativos a los vecinos utilizando para estos efectos, plazas, bandejones, bienes de propiedad municipal u otros. En aquellos casos en que la única opción sea la de usar espacios públicos en áreas residenciales, el municipio debe procurar la adopción de medidas que minimicen dichos impactos en los vecinos que residen en el área comprometida.
4. Consideración como micro o pequeño empresario.
Cada feria libre se considera como una asociación de micro o pequeños empresarios, para efecto de los beneficios individuales o colectivos, de los planes, políticas e instrumentos que organismos del Estado o privados dispongan para el desarrollo empresarial, la capacitación, la modernización y el fomento de la pequeña o micro empresa.
5. Habilitación.
Para instalar una feria libre, el proyecto señala que es necesario:
a. Un decreto alcaldicio. Para la dictación de dicho decreto será menester:
i. Consultar a las Juntas de Vecinos involucradas.
ii. Lograr un informe técnico de la municipalidad.
iii. Obtener un acuerdo del consejo municipal.
b. La autorización de funcionamiento de una feria libre en un determinado espacio físico, su traslado y la terminación anticipada deberá ser acordada por los dos tercios de los concejales en ejercicio.
c. La suscripción de un contrato de Administración entre el Municipio y el Presidente del Directorio de Administración de la Feria.
Dicho contrato debe incluir, entre otras menciones:
i. El régimen que las partes acuerden para el cumplimiento de las funciones públicas relacionadas con la instalación y funcionamiento de la feria, tales como la higiene y salubridad, la recolección y disposición de los desechos y basura, la vigilancia y el control de los estacionamientos.
ii. La determinación exacta de los accesos y el destino de los espacios que componen el Área de Complementación;
iii. Las causales de término anticipado del Contrato.
Concesión.
Sin perjuicio de las autorizaciones específicas que el ordenamiento exija para el expendio de determinados productos o servicios, para ejercer el comercio individualmente en una feria libre autorizada, el proyecto señala que es necesario una concesión municipal. Sus características son las siguientes:
a. La concesión es personal y tiene un plazo idéntico al autorizado para el funcionamiento de la respectiva feria libre.
b. La concesión puede ser transferida tanto a título gratuito como oneroso. Sin embargo, en ambos casos, el adquirente deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para su obtención, lo que será certificado por la respectiva municipalidad, en forma previa a la transferencia. Es considerada nula la transferencia efectuada a un tercero no certificado.
7. Organización.
Cada feria libre tiene dos órganos: la Asamblea General y el Directorio de Administración.
a. Asamblea.
La Asamblea General es la autoridad máxima con relación al ejercicio de los derechos que les otorgue la concesión y al contrato de administración a los comerciantes concesionarios. Corresponde a la Asamblea la administración de la feria libre.
b. Directorio de Administración.
La Asamblea General debe contar con un órgano ejecutivo denominado Directorio de Administración. Está compuesto por un Presidente , un Secretario y un Tesorero, elegidos por la Asamblea General en votación directa, universal y secreta.
Este directorio tiene, de acuerdo al proyecto, entre otras, las siguientes funciones:
i. Aprobar el contrato de administración.
ii. Representar a los comerciantes de la feria ante la municipalidad o cualquier otra persona de derecho público o privado, y relacionarla con las organizaciones vecinales de su comuna, en materias relativas a la administración y funcionamiento de la feria.
iii. Postular a fondos de cualquier tipo destinados a programas de capacitación, asistencia técnica o entrenamiento para las actividades profesionales de sus miembros, o para el financiamiento de sus actividades comerciales; administrarlos y aplicarlos a los objetivos previstos en la postulación.
8. Normas Transitorias.
El proyecto otorga un plazo suficiente y razonable para que las actuales ferias libres se ajusten a la nueva normativa, siendo este de un año desde la publicación de la ley. Junto con ello asegura que los actuales tenedores de permisos puedan convertirlos en las concesiones que crea la ley, si cumplen con los requisitos que para su otorgamiento se señalen en la respectiva ordenanza municipal
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
Normas Generales
Articulo 1º.- El establecimiento, funcionamiento y administración de las ferias libres y la concesión de puestos al interior de ella, se regirá por las normas de la presente ley y por la Ordenanza Municipal de Ferias Libres.
Feria Libre es el conjunto de comerciantes minoristas que venden productos alimenticios de origen animal o vegetal, u otros artículos o especies, o prestan servicios, de manera periódica, regular y programada, en un espacio territorial urbano determinado y especialmente habilitado para tal efecto.
Artículo 2º.- Cada feria libre tendrá una denominación que la identifique, la cual no podrá repetirse en el territorio del municipio respectivo. En caso que dos o más ferias libres lleven la misma denominación, se usará a continuación de la misma un número.
Artículo 3º.- El espacio territorial de emplazamiento de cada feria libre corresponderá a bienes nacionales de uso público o a bienes de propiedad municipal. Se compondrá de los puestos de feria y un área de complementación.
Los puestos de feria corresponden al espacio físico, expresado en metros cuadrados, que a un comerciante minorista se le entrega en concesión municipal al interior de una feria libre para que ejerza un determinado comercio o preste un servicio.
El área de complementación, por su parte, está constituida por los espacios territoriales que sirven de complemento necesario a las actividades comerciales de los concesionarios de una feria, destinados a usos múltiples y variados, tales como vías de tránsito peatonal, estacionamientos, cortinas verdes, servicios higiénicos o de recreación o a actividades culturales.
Cada feria podrá tener una zonificación interna especificada en el respectivo contrato de administración.
Artículo 4º.- Cada feria libre se considerará como una asociación de micro o pequeños empresarios, para efecto de los beneficios individuales o colectivos, de los planes, políticas e instrumentos que organismos del Estado o privados dispongan para el desarrollo empresarial, la capacitación, la modernización y el fomento de la pequeña o micro empresa.
TÍTULO II
De la autorización para instalar ferias libres
Artículo 5°.- El procedimiento para autorizar el funcionamiento de una feria libre o su traslado a un determinado espacio territorial de la comuna, contemplará lo siguiente:
1) Consulta a las Juntas de Vecinos involucradas.
2) Informe técnico del municipio.
3) Acuerdo del concejo municipal.
4) Decreto alcaldicio.
El decreto alcaldicio a que se refiere el número 4), deberá contemplar, a lo menos, los siguientes aspectos:
a) Denominación de la feria;
b) Determinación de los días y horas en que funcionará;
c) Lugar preciso de emplazamiento con especificación de calles, plazas o sitio que ocupará y sus accesos;
d) Número total de concesiones por rubro y la superficie correspondiente a cada puesto de feria;
e) Fecha del inicio y fecha o condición de término del proceso de otorgamiento de las concesiones;
f) Determinación del número mínimo de concesiones otorgadas para proceder a la instalación de la feria;
g) Determinación del área de complementación que tendrá la feria, con especificación de las actividades o funciones a las que podrán destinarse, y,
h) La infraestructura y servicios mínimos, necesarios para su adecuado funcionamiento, y la forma en que los concesionarios deberán contribuir a su ejecución.
En los casos de aprobarse el traslado de una feria, los concesionarios mantendrán su derecho a continuar ejerciendo su comercio en el nuevo espacio físico.
El municipio, al autorizar los lugares en los que puedan funcionar ferias libres, deberá privilegiar aquellos en que se provoquen los menores impactos negativos a los vecinos, utilizando para estos efectos, plazas, bandejones, bienes de propiedad municipal u otros. En aquellos casos en que la única opción sea la de usar espacios públicos en áreas residenciales, el municipio deberá procurar la adopción de medidas que minimicen dichos impactos en los vecinos que residen en el área comprometida.
Artículo 6º.- La autorización para que una feria libre funciones en un determinado espacio físico será de ocho años, renovable por períodos iguales.
La autorización de funcionamiento de una feria libre en un determinado espacio físico, su traslado y la terminación anticipada, deberá ser acordada por los dos tercios de los concejales en ejercicio.
Artículo 7º.- Los espacios urbanos destinados al funcionamiento de ferias libres podrán consignarse, como equipamiento, en los planos reguladores municipales.
TÍTULO III
De las concesiones de puestos en ferias libres
Artículo 8º.- Sin perjuicio de las autorizaciones específicas que el ordenamiento exija para el expendio de determinados productos o prestación de servicios, para ejercer el comercio individualmente en una feria libre autorizada, será necesario una concesión municipal. Dicha concesión se otorgará por la municipalidad respectiva bajo los principios de objetividad, publicidad y transparencia administrativa. La concesión dará derecho al ejercicio del comercio en el puesto de feria y al uso del área de complementación en los términos autorizados. Estos derechos serán indivisibles entre sí.
El procedimiento de asignación de las concesiones se regulará, en cada municipio, en una Ordenanza Municipal de Ferias Libres. En la mencionada ordenanza podrán establecerse preferencias en cuanto a la residencia de los concesionarios, el beneficio de grupos sociales o etáreos o de personas con discapacidades físicas o mentales, sin perjuicio de aquellas relacionadas con el comercio que en ella se tenga en vista establecer.
Artículo 9º.- Ningún concesionario podrá tener más de una concesión en una misma feria.
Será condición para el otorgamiento de la concesión, la afiliación del concesionario a algún sistema previsional.
Artículo 10.- El plazo de las concesiones de puestos de ferias libres se extenderá desde la fecha de la autorización de la feria libre por el respectivo decreto alcaldicio y hasta el término de esa autorización. La renovación de la autorización de funcionamiento de una feria libre involucra la automática renovación de las concesiones individuales por el mismo plazo.
La concesión podrá ser transferida tanto a título gratuito como oneroso. Sin embargo, en ambos casos, el adquirente deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para su obtención, lo que será certificado por la respectiva municipalidad, en forma previa a la transferencia. Será nula la transferencia efectuada a un tercero no certificado.
Artículo 11.- La concesión obliga al concesionario al pago de una derecho semestral, en que se incluirá: el monto que se fije por el puesto de feria; la proporción que corresponda del valor de los servicios municipales que origine el funcionamiento de la feria, sin perjuicio del monto que le corresponda pagar por concepto de patente municipal.
Para efectuar el pago semestral dispuesto en el presente artículo, el concesionario deberá exhibir el pago de sus cotizaciones previsionales personales correspondientes al semestre anterior.
Artículo 12.- Será aplicable al incumplimiento de las normas que rigen a los concesionarios las disposiciones contenidas en la ley 18.287 y en el Decreto Supremo Nº 307, de 1978, del Ministerio de Justicia, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.231.
Para estos efectos, la clausura con que se sancione a un concesionario, dará lugar a la suspensión de los derechos que le otorga la concesión, por un lapso de treinta días.
La concesión podrá ser caducada definitivamente por el Juez de Policía Local , en el caso que el concesionario haya sido dos o más veces sujeto pasivo de la sanción establecida en el inciso anterior, en el período de un año.
El incumplimiento de las obligaciones que impone el Reglamento Interno de la feria será sancionado de conformidad con las disposiciones de éste. En ningún caso, las sanciones que se contemplen en dicho reglamento podrán acarrear el cese de las actividades del concesionario.
Artículo 13.- Dentro de los treinta días siguientes al término del plazo o del cumplimiento de la condición previstos en la letra e) del artículo 5º de la presente ley, se exhibirá la nómina de las concesiones otorgadas, con la individualización completa de sus titulares en la Secretaría Municipal, junto con la convocatoria a la Asamblea General para elegir el Directorio y aprobar el Reglamento Interno. Las votaciones deberán efectuarse con la asistencia de un ministro de fe designado por el Secretario Municipal , y la concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros de la feria registrados, en primera citación, o con los asistentes, en segunda citación.
Artículo 14.- Por decreto alcaldicio se podrá determinar el aumento de las concesiones otorgadas previa consulta a la asamblea de la feria respectiva. La incorporación de nuevos concesionarios se hará mediante el mismo procedimiento establecido en el artículo 8º de esta ley.
La incorporación de nuevos miembros no dará lugar a la renovación del Directorio de Administración, sino sólo al aumento de sus miembros si procediere.
TÍTULO IV
De la organización de los Concesionarios
Articulo 15.- Cada feria libre tendrá dos órganos: la Asamblea General y el Directorio de Administración.
Artículo 16.- La Asamblea General será la autoridad máxima con relación al ejercicio de los derechos que les otorgue la concesión y al contrato de administración a los comerciantes concesionarios. Corresponderá a la Asamblea la administración de la feria libre, de conformidad con esta ley, el Reglamento Interno y el Contrato de Administración.
La Asamblea estará integrada por la totalidad de los comerciantes que tengan una concesión en la misma, y no podrá desarrollar actividades que reemplacen o sustituyan las de los miembros de la feria en el ejercicio de su comercio, y los acuerdos que adopte en conformidad a la presente ley y al reglamento interno, serán obligatorios para todos sus miembros.
Artículo 17.- La Asamblea General contará con un órgano ejecutivo denominado Directorio de Administración, compuesto por un Presidente , un Secretario y un Tesorero, elegidos por la Asamblea General en votación directa, universal y secreta.
Sin embargo, en las ferias con más de 50 concesiones, podrá aumentarse el número de miembros del Directorio a elegir, en uno por cada treinta concesionarios adicionales hasta completar un número que no supere los siete directores. Sólo podrá ser miembro del directorio quien tenga el carácter de comerciante concesionario en la feria.
Los miembros del Directorio podrán ser remunerados si así lo acuerda la asamblea con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. Corresponderá a la asamblea, con el mismo quórum, determinar el monto de dicha remuneración.
Artículo 18.- El Directorio de Administración tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Aprobar el contrato de administración de la feria con la municipalidad respectiva;
b) Representar a los comerciantes de la feria ante la municipalidad o cualquier otra persona de derecho público o privado, y relacionarla con las organizaciones vecinales de su comuna, en materias relativas a la administración y funcionamiento de la feria;
c) Administrar los recursos materiales y financieros que se hayan puesto a su disposición para el funcionamiento de la feria y para el cumplimiento de sus tareas;
d) Proponer a la autoridad municipal, previo acuerdo de los dos tercios de los miembros de la Asamblea General, cualquier modificación al contrato de administración;
e) Postular a fondos de cualquier tipo destinados a programas de capacitación, asistencia técnica o entrenamiento para las actividades profesionales de sus miembros, o para el financiamiento de sus actividades comerciales; administrarlos y aplicarlos a los objetivos previstos en la postulación;
f) Desarrollar cualquier actividad sin fines de lucro, a fin de mejorar las condiciones de trabajo de los miembros de la feria y de protección previsional y de salud para ellos y sus familias, y
g) Convocar a Asamblea General para dar cuenta de su gestión por lo menos una vez al año; y a las asambleas ordinarias o extraordinarias que establezca el Reglamento Interno, o que le sean solicitadas por un número no inferior al diez por ciento de sus integrantes.
Para el desarrollo de su actividad el Directorio podrá realizar todo tipo de actos y celebrar todo tipo de contratos.
Artículo 19.- Corresponde al Presidente del Directorio o a quien lo subrogue, y sin perjuicio de las demás atribuciones que le otorgue el Directorio, las siguientes facultades:
a) Suscribir el Contrato de Administración con la municipalidad respectiva;
b) Representar judicialmente a la feria, de conformidad con lo establecido en los artículos 7º y 8º del Código de Procedimiento Civil, y
c) Suscribir, previo acuerdo del Directorio, todo tipo de convenciones con organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, en el ámbito de sus funciones y atribuciones.
Artículo 20.- El régimen interno de funcionamiento de las Asambleas Generales y su Directorio de Administración, los derechos y obligaciones de los miembros, la responsabilidad de los directores, las elecciones, la adopción de acuerdos y actas, el régimen patrimonial, contabilidad y balances, se regirán por esta ley y el Reglamento Interno que se dicte y, en todo lo no previsto en ellos, por las normas que la ley establece para las asociaciones gremiales.
Copia del Reglamento Interno que se apruebe, firmada por todos los miembros del Directorio y debidamente certificada por el Ministro de Fe señalado en el del artículo 13 de la presente ley, será protocolizada ante Notario Público. También deberán ser protocolizadas las actas de Asamblea, dentro de los cinco días siguientes de haber sido aprobadas.
TÍTULO V
Del Convenio de Administración de Feria Libre
Artículo 21.- Sin perjuicio de la autorización a que se refiere el artículo 5º, entre el Municipio y la Feria Libre, representada por el Presidente de su Directorio de Administración , se suscribirá un convenio de administración, el que deberá contener estipulaciones relativas, a lo menos, a las siguientes materias:
a) Todos los aspectos a que se refiere el inciso segundo del artículo 5º de esta ley;
b) Una descripción de la zonificación u orden interno de la feria, o la constancia de que esta zonificación no existe;
c) El régimen que las partes acuerden para el cumplimiento de las funciones públicas relacionadas con la instalación y funcionamiento de la feria, tales como la higiene y salubridad, la recolección y disposición de los desechos y basura, la vigilancia y el control de los estacionamientos y accesos y, en especial, las contribuciones establecidas en la letra h) del artículo 5º, de la presente ley;
d) La determinación exacta de los accesos y el destino de los espacios que componen el Área de Complementación;
e) Las causales de término anticipado del Contrato, y
f) Las demás que las partes convengan para el buen cumplimiento de los fines de este contrato.
Artículo 22.- La instalación de la feria libre quedará perfeccionada cuando se haya constituido la Asamblea General, aprobado su Reglamento Interno, elegido su Directorio de Administración y suscrito el convenio de Administración respectivo. Si la feria libre no comienza a operar en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que la municipalidad haya cumplido todas sus obligaciones, lo que se dejará constancia en un decreto alcaldicio, la autorización de funcionamiento y las concesiones respectivas caducarán de pleno derecho.
Artículos Transitorios
Artículo 1º.- Dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, las ferias libres existentes a dicha fecha se deberán adecuar a sus disposiciones.
Para proceder a la referida adecuación, cada municipalidad deberá dictar o ajustar, en el caso de poseerla, la Ordenanza Municipal de Ferias Libres. A continuación, deberá dictar los decretos alcaldicios de autorización de funcionamiento y los que reconozcan las concesiones individuales y todos aquellos otros que sean necesarios para garantizar la continuidad de las ferias libres en funcionamiento. En todo caso, sólo se reconocerán los permisos existentes al 1º de octubre de 2003.
Los permisos municipales de ferias libres vigentes se convertirán en concesiones de puestos de feria libres regulados en esta ley, si reúnen los requisitos que, para el otorgamiento de esas concesiones, señale la Ordenanza Municipal de Ferias libres respectiva.
Concluido el proceso establecido en los incisos anteriores, la Municipalidad publicará la nómina y convocará a la Asamblea General a fin de que ésta proceda a elegir el Directorio de Administración, a aprobar el Reglamento Interno y a suscribir el Contrato de Administración.
Artículo 2º.- Con todo, los municipios en cuyo territorio se encuentren actualmente funcionando ferias libres, emplazadas en lugares no aptos para ello, tendrán un plazo de cinco años para establecer los lugares hábiles en que éstas podrán desarrollar sus actividades.
Artículo 3º.- Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 49 de la Ley Nº 19.518, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“Podrán también ser beneficiarios de la modalidad de financiamiento establecida en la letra a) del articulo 46, los pequeños contribuyentes consignados en el artículo 22 de la Ley de Impuesto a la Renta. Dichos contribuyentes quedarán excepcionados de la franquicia tributaria establecida en el articulo 36 de la presente ley, por lo que no les resulta aplicable lo señalado en el inciso segundo del articulo 48 anterior.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; JORGE RODRÍGUEZ GROSSI , Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción; JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro del Interior ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ; LUIS BATES HIDALGO , Ministro de Justicia ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE AUTORIZACIÓN Y EL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LAS FERIAS LIBRES
^@#@^Mensaje Nº 62.349
Mediante este proyecto de ley se busca establecer un marco institucional y un modelo de organización para el desarrollo de la actividad en las ferias libres, permitiendo incorporar a los comerciantes aludidos a los planes nacionales de desarrollo. Sus normas no irrogan mayor gasto fiscal.
(Fdo.): SERGIO GRANADOS AGUILAR , Director de Presupuestos Subrogante ?.
3. Oficio del Senado.
“Nº 23.195
Valparaíso, 3 de diciembre de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a las modificaciones que introdujo esa honorable Cámara al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo con el fin de permitir acuerdos en materia de descanso semanal, correspondiente al boletín Nº 3041-13.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4638, de 13 de noviembre de 2003.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
4. Oficio del Senado.
“Nº 23.198
Valparaíso, 3 de diciembre de 2003.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en lo relativo al contrato de promesa de compraventa de inmuebles, y el artículo 470 del Código Penal, correspondiente al Boletín Nº 2.694-07, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º
Ha sustituido su denominación “Artículo 1º.-” por “Artículo único.-”.
En el artículo 138 bis, propuesto, ha efectuado las siguientes enmiendas:
a) En la primera oración, de su inciso primero, ha intercalado la frase “otorgar estos contratos mediante escritura pública y” entre la forma verbal “deberán” y la palabra “caucionarlos”.
b) En la segunda oración, del mismo inciso, ha intercalado la preposición “de” entre las expresiones “para el evento” y “que el contrato”, y
c) Ha reemplazado su inciso segundo, por el siguiente:
“Los notarios públicos no autorizarán las escrituras públicas de promesa de compraventa a que se refiere el inciso anterior si no se ha constituido la garantía a favor del promitente comprador. En caso de no otorgarse la escritura pública, se presumirá que las estipulaciones de la promesa son las que señale el promitente comprador.”.
Artículo 2º
Lo ha suprimido.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4340, de 5 de junio de 2003.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
5. Oficio del Senado.
“Nº 23.210
Valparaíso, 3 de diciembre de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que regulariza el Registro Pesquero Artesanal para la pesquería de la merluza del sur en las Regiones Décima y Undécima, correspondiente al boletín Nº 3309-21, con las siguientes modificaciones:
Articulo 1º
Ha sustituido la expresión “X y XI” por “X, XI y XII”.
Artículo 2º
Ha reemplazado la expresión “X y XI” por “X, XI y XII”.
Artículo 3º
En su inciso primero, ha sustituido la expresión “30 días” por “45 días hábiles”.
En su inciso segundo, ha intercalado las palabras “deberá ser fundada y” entre la voz “reclamaciones” y el adverbio de negación “no”.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4538, de 10 de septiembre de 2003.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
6. Oficio del Senado.
“Nº 23.209
Valparaíso, 3 de diciembre de 2003.
Con motivo del Mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Suspéndese la vigencia del artículo 50 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece la institución del reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal , por el periodo de 18 meses. Suspéndese, asimismo, la tramitación de las solicitudes de reemplazo presentadas entre la fecha de publicación de la ley Nº 19.849 y la de esta ley.”.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
7. Oficio del Senado.
“Nº 23.208
Valparaíso, 3 de diciembre de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000, correspondiente al boletín Nº 3246-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4522, de 4 de septiembre de 2003.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
8. Oficio del Senado.
“Nº 23.207
Valparaíso, 3 de diciembre de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la observación formulada por su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que impide efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica, y modifica el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, correspondiente al boletín Nº 3248-06.
Hago presente a vuestra Excelencia que la observación fue aprobada, en el carácter de norma orgánica constitucional, con el voto conforme de 33 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4674, de 3 de diciembre de 2003.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
9. Certificado de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
“Valparaíso, 4 de diciembre de 2003.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , que suspende la aplicación del mecanismo de reemplazo de inscripciones en el registro pesquero artesanal por el período que indica (boletín Nº 3427-03), fue despachado por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, con la asistencia de los diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Tuma, don Eugenio , en reemplazo del señor Barrueto, don Víctor ; Galilea, don Pablo ; Melero, don Patricio ; Molina, don Darío ; Silva, don Exequiel , y Venegas, don Samuel .
Concurrió a la sesión el señor Subsecretario de Pesca , don Felipe Sandoval Pretch , quien lo hizo acompañado de sus asesores.
Puesto en votación el proyecto, en general y particular, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala de la Comisión.
La Comisión acordó que este informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó diputado informante al señor Molina, don Darío .
El texto aprobado por esta Comisión, es el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Suspéndase la vigencia del artículo 50 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece la institución del reemplazo de inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal , por el período de 18 meses. Suspéndase, asimismo, la tramitación de las solicitudes de reemplazo presentadas entre la fecha de publicación de la ley Nº 19.849 y la de esta ley.”.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión ”.
ANEXO SESIÓN
CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que los dos primeros proyectos de acuerdo de la Tabla, referidos al Convenio de Rótterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, y al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, ambos en primer trámite constitucional, sean informados y debatidos conjuntamente, porque son muy similares.
¿Habría acuerdo al respecto?
Acordado.
El diputado señor Francisco Bayo, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, informará sobre ambos proyectos.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 3349-10, sesión 38ª, en 9 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 12ª, en 29 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Mensaje, boletín Nº 3348-10, sesión 38ª, en 9 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 11ª, en 28 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 39.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En discusión ambos proyectos de acuerdo.
Ofrezco la palabra al diputado señor Bayo.
El señor BAYO.-
Señora Presidenta, es pertinente la determinación de la honorable Sala de tratar en conjunto los dos proyectos de acuerdo, ya que el objetivo de ambos convenios es proteger la salud humana y el medio ambiente de productos químicos altamente peligrosos, conforme a los principios de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.
De este modo, ambos tienen el mismo fundamento constitucional, cual es el deber del Estado de velar y tutelar el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación, así como el derecho a la protección de la salud.
Según antecedentes publicados por la Secretaría para el convenio de Rótterdam, el crecimiento espectacular de la producción y el comercio de productos químicos durante los últimos tres decenios ha despertado la preocupación pública y oficial por riesgos que implican su manejo. Los países que carecen de una infraestructura para vigilar la importación y utilización de estos productos químicos están en una situación especialmente vulnerables.
El mensaje señala que el procedimiento de consentimiento informado previo y voluntario, regulado por el Convenio de Rotterdam, ha sido aplicado hasta la fecha en Chile por el Servicio Agrícola y Ganadero, que ha actuado como autoridad nacional designada respecto de los plaguicidas de uso agrícola.
Agrega el mensaje que la aplicación del convenio beneficia a Chile en el establecimiento de registros de los productos químicos utilizados en el país, en el desarrollo de un sistema de traspaso de información para la toma de decisiones administrativas y legislativas respecto de los productos químicos prohibidos y restringidos internacionalmente, y en la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente respecto de los efectos perjudiciales derivados del manejo de esos productos.
Además, el Convenio de Rótterdam es armónico con las normas del Gatt, que ordenan a las partes conducir sus relaciones comerciales en forma no discriminatoria y no crear obstáculos técnicos al comercio, no más que los necesarios para cumplir un objetivo legítimo, como puede ser la protección de la salud y la vida humana, la salud y la vida de los animales o las plantas y el medio ambiente, conforme lo contempla el acuerdo de la OMC sobre obstáculos técnicos al comercio.
Por su parte, el mensaje relativo al Convenio de Estocolmo señala que éste responde a la necesidad de adoptar medidas de alcance mundial en relación con los contaminantes orgánicos persistentes, los que, al poseer propiedades tóxicas, ser resistentes a la degradación, bioacumularse y ser transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales, se depositan lejos del lugar de su liberación y se acumulan en ecosistemas terrestres y acuáticos, produciendo efectos negativos en la salud de las personas, especialmente de las mujeres y, a través de ellas, de las futuras generaciones. Cabe hacer notar que dichos contaminantes pueden alterar la capacidad reproductiva de las mujeres, produciendo, incluso, la esterilidad en muchas de ellas.
En ese sentido, los ecosistemas y comunidades indígenas árticas están especialmente amenazados debido a la biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes, siendo la contaminación de sus alimentos un problema importantísimo de salud pública.
Chile ha sido seleccionado, junto a otras once naciones, como país piloto para desarrollar un plan nacional de implementación para la gestión de los contaminantes orgánicos persistentes.
Estos convenios vienen a complementar la normativa de otros convenios ya aprobados por Chile en el ámbito de la protección de la salud humana y el medio ambiente, como el de Basilea, del cual nuestro país es Estado parte.
Al respecto, llamo la atención sobre un problema que ocupa a la Cámara de Diputados, como es la intoxicación por plomo en Arica, producto, entre otras cosas, de que en esa oportunidad Chile aún no había suscrito el convenio de Basilea. Si lo hubiera hecho, las relaciones con Estocolmo habrían sido totalmente diferentes a las que hoy enfrentamos. Ésa es la importancia de suscribir estos convenios y lo estamos viendo en la práctica.
Durante el estudio de los convenios, la Comisión de Relaciones Exteriores escuchó al jefe del Departamento de Control Ambiental del Ministerio de Salud, señor Julio Monreal, y a los jefes de los departamentos de plaguicidas y agrícola del Servicio Agrícola y Ganadero, señores Arturo Correa y Orlando Morales, respectivamente, quienes proporcionaron antecedentes favorables a su aprobación.
Por lo expuesto, la Comisión acordó, por unanimidad, recomendar a la Sala que dé su aprobación tanto al convenio de Rotterdam como al de Estocolmo, para lo cual sugiere adoptar el único artículo de ambos proyectos de acuerdo en los mismos términos en que han sido formulados en los mensajes respectivos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre ambos proyectos en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Ceroni, Delmastro, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leay, Longton, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Robles, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional denominado Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, y sus anexos, suscrito el 22 de mayo de 2001.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Becker, Bertolino, Bustos, Ceroni, Delmastro, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leay, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Robles, Salaberry, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.