Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Hernan Larrain Fernandez
- Hosain Sabag Castillo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A RESPUESTA DE LA CORTE SUPREMA. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR A LA SALA.
- V. ACUERDO DE COMITÉS
- RÉPLICA A RESPUESTA DE LA CORTE SUPREMA. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- VI. ORDEN DEL DÍA
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Jorge Tarud Daccarett
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- DEBATE
- DEBATE
- PAREO
- Lily Perez San Martin
- Edmundo Villouta Concha
- PAREO
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 4ª, en martes 7 de octubre de 2003
(Ordinaria, de 11.05 a 19.26 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel y
de los señores Silva Ortiz, don Exequiel, y
Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDO DE COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
- Réplica a respuesta de la Corte Suprema. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 7
- Autorización para ingresar a la Sala 8
V. Acuerdo de Comités 8
VI. Orden del Día.
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Primer trámite constitucional 9
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santiago el 29 de octubre de 2002. (boletín Nº 3373-10) 109
- (El texto del Mensaje que llegó como cuenta agregada posterior al cierre de la Cuenta de la sesión 31ª, en 14 de agosto de 2003, es el siguiente):
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el que da inicio a un proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus Anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003. (boletín Nº 3318-10) 117
3. Informe de la Comisión Ampliada de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sobre el proyecto de acuerdo, con urgencia calificada de “suma”, aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003. (boletín N° 3318-10) 145
Pág.
4. Informe de la Comisión Ampliada de Hacienda, sobre el proyecto de acuerdo, con urgencia calificada de “suma”, aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003. (boletín N° 3318-10) 271
5. Oficio del Excmo. Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de esta Corporación que, con fecha 30 de septiembre pasado, admitió a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad deducido, por 34 señores Diputados, en contra del decreto supremo N° 56, de 29 de abril de 2003, del Ministerio de Transportes, publicado en el Diario Oficial con fecha 8 de agosto pasado, remitiendo copia de los antecedentes adjuntados 289
6. Oficio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por el cual comunica que, por resolución de 21 de julio pasado, el Pleno de la señalada Corte de Apelaciones acogió la petición de desafuero formulada por el Ministro señor Muñoz, declarando, en consecuencia, que se hace lugar a la formación de causa en contra del Diputado señor Carlos Eduardo Lagos Herrera, por la participación que le pudiere corresponder en los hechos denunciados (163-03) 290
VIII. Otros Documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- Del señor Subsecretario de Planificación y Cooperación mediante los cuales proporciona antecedentes financieros en relación con el Sistema Chile Solidario, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el programa Orígenes Mideplan-BID, todo lo cual según fuera solicitado por los señores Parlamentarios durante la Discusión Presupuestaria del año 2003.
Contraloría General de la República
- Señora Lily Pérez, eventuales responsabilidades en el pago de honorarios a personal de planta del Hospital Sótero del Río.
- Señor Sánchez, denuncias ante los tribunales de justicia, procesos administrativos y fiscalización efectuadas en la Municipalidad de Aysén, Undécima Región.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
- Señor Navarro, material normativo sobre extintores y ascensores.
- Señor Muñoz, ampliación de actividades del almacén de Emaza en Puerto Williams.
- Señor José Pérez, cobro de servicio de alcantarillado.
Ministerio de Justicia
- Señor Venegas, situación de Juzgado de Letras de Casablanca.
- Señor Vargas, creación del Conservador de Bienes Raíces Quintero-Puchuncaví.
Ministerio de Defensa Nacional
- Señor Kuschel, implementación de un sistema policial preventivo en la ciudad de Puerto Montt.
- Señor Navarro, incendio de bus interprovincial en la Sexta Región.
- Señor Navarro, controles y regulación de balatas con asbesto que posee el sector del transporte.
- Señor Navarro, infracciones cursadas a vehículos de transporte público por no contar con extintor de incendio.
Ministerio de Obras Públicas
- Señora Allende, solución al camino lateral ruta 68.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Señor Navarro, terrenos sector La Greda Octava Región.
- Señor Delmastro, pavimentación de calle de la ciudad de Valdivia.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, Marí Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas de la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Ortiz, Exequiel PDC X 53
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín y Hosain Sabag.
-Asistieron, además, los ministros de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear; de Educación Pública, señor Sergio Bitar; de Agricultura, señor Jaime Campos; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Francisco Huenchumilla.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.05 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 39ª de la legislatura Nº 349 se declara aprobada.
El acta de la sesión 40ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
RÉPLICA A RESPUESTA DE LA CORTE SUPREMA. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Jorge Ulloa para ejercer el derecho que le confiere el artículo 34 del Reglamento.
El señor ULLOA .-
Señora Presidenta , en uso del artículo 34 del Reglamento, vengo en ratificar y reiterar las expresiones vertidas por este parlamentario con fecha 5 de agosto del presente año, oportunidad en la que hice presente a la Corte Suprema mi más honda preocupación por las muertes, en extrañas circunstancias, de doce jóvenes, acaecidas en el río Aisén y en otros puntos de la Undécima Región.
Dicha intervención fue objeto de una sensible respuesta por parte de ese poder del Estado, que calificó mis expresiones como “desusada advertencia” y una “amenaza o intimidación inaceptable para este alto tribunal”.
A este respecto, deseo precisar algunos conceptos. En la respuesta del pleno se detallan los procedimientos adoptados por la corte para investigar la muerte de esos jóvenes. Además, se me indica el alcance que tendría una serie de disposiciones del Código Orgánico de Tribunales en esta materia. Pero es evidente que lo que más molestó a los supremos fue el hecho de que expuse en esa intervención la facultad que tiene la Cámara de Diputados en orden a acusar constitucionalmente a los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de deberes, entre otras autoridades del Estado acusables, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional.
Tal como lo señalé en la intervención pasada, la Corte Suprema posee la superintendencia directiva y correccional sobre todos los tribunales de la nación.
Por otro lado, el inciso primero del artículo 76 de la Constitución señala: “Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes..., denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.
Cito esa disposición constitucional ya que intento responder con argumentos legales, con el objeto de evitar que de nuevo el alto tribunal mal interprete mi punto de vista.
Por otro lado, la propia Constitución, en su Capítulo III, “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, en su artículo 19, N° 14º, me entrega la facultad a mí y a cualquiera de los chilenos, al señalar: “El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes;”.
Por ello, en mi concepto, no corresponde una contestación tan desmesurada por parte de la Corte Suprema, que, entre paréntesis, no fue adoptada en forma unánime.
Mi única intención es y será la de manifestar mi más honda preocupación por la muerte de esos jóvenes y, sobre todo, la de esclarecer los hechos en que ocurrieron tan lamentables acontecimientos.
En mi calidad de diputado de la República y en virtud de todas las normas legales, reglamentarias y constitucionales que me asisten, expresé mi inquietud por los canales formales de la Corporación, en términos respetuosos y convenientes, sin el ánimo de intimidar o de amenazar.
En la primera ocasión, ni siquiera merecí respuesta; en la segunda, mi intervención fue considerada una advertencia desusada.
Por todo lo anterior, no comparto el acuerdo de mayoría adoptado por la Corte Suprema y, por sobre todo, exijo respeto a la Cámara de Diputados por parte de ese Poder del Estado. No pidan que, de antemano, me inhiba del derecho de ejercer mis atribuciones, porque así como los altos tribunales de justicia tienen el derecho de terminar con las atribuciones que tenemos los parlamentarios al desaforarnos, nosotros tenemos las propias, y las ejerceremos todas las veces que cada uno de los señores diputados, o la Corporación, lo estime pertinente.
He dicho.
AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR A LA SALA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Solicito la unanimidad para que ingrese a la Sala el director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Osvaldo Rosales, con el fin de que acompañe a la Canciller.
Asimismo, solicito autorización para que ingrese a la Sala el director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa, don Carlos Furche, con el objeto de que acompañe al ministro de Agricultura.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
-La señora Presidenta da la bienvenida a una delegación de la Comisión de Justicia Interior del Congreso de los diputados de España, que se encuentra en la tribuna de honor, encabezada por su Presidente , el Excelentísimo señor Jesús López Medel, cuyos integrantes realizan una visita oficial a nuestra Corporación.
-Aplausos.
V. ACUERDO DE COMITÉS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Debo informar que en una reunión de los Comités de esta mañana, a petición de varios de ellos, se ha acordado ampliar en dos horas el tiempo de discusión del proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Por lo tanto, fuera de los diputados informantes y de las intervenciones a que tienen derecho los ministros, los tiempos para cada Comité son los siguientes:
-Unión Demócrata Independiente: 90 minutos; Democracia Cristiana: 60 minutos; Partido por la Democracia: 52 ½ minutos; Renovación Nacional: 52 ½ minutos; Partido Socialista y Partido Radical Social Demócrata: 45 minutos.
Asimismo, recuerdo una vez más que, por un acuerdo anterior, quedan sin efecto
los tiempos de los proyectos de acuerdo y de Incidentes.
Las sesiones de las Comisiones quedan postergadas hasta el término de la discusión del proyecto y de su votación posterior, salvo que hubiese alguna citada con posterioridad, es decir, por lo menos, entre las 18 ó 19 horas.
Solicito que los jefes de Comités hagan llegar a la Mesa la lista de los señores diputados que intervendrán en el debate.
VI. ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003.
Diputados informantes de la Comisión ampliada de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de la de Hacienda, son los señores Edgardo Riveros y Enrique Jaramillo, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3318-10. Documentos de la Cuenta Nº 2, de esta sesión.
-Informes de la Comisión Ampliada de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 4, respectivamente.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor Edgardo Riveros, diputado informante y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores .
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, especialmente ampliada, por acuerdo de la Sala, para el estudio del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América, informo a la honorable Cámara de Diputados acerca de los alcances generales del tratado, dejando para el debate posterior los puntos especiales que puedan interesar a los honorables colegas, sin perjuicio de la gran cantidad de antecedentes que se entregan en el extenso informe escrito puesto a disposición de los señores diputados.
El mensaje del Presidente de la República destaca que la celebración de este tratado se inserta en el marco de la política comercial chilena, que tiene como objetivo prioritario asegurar y mejorar tanto el acceso de nuestros bienes y servicios a los mercados de mayor relevancia como incentivar la inversión nacional y también la inversión extranjera de nuestros socios comerciales, gracias a la cual Chile ha negociado acuerdos de libre comercio con la mayor parte de sus socios comerciales.
En este contexto, nuestro país ha celebrado tratados de libre comercio, entre 1990 y 1999, con la totalidad de América Latina y Canadá, abarcando cerca del 30 por ciento del intercambio comercial del país.
En este último tiempo, se concluyeron las negociaciones correspondientes a los tratados suscritos con la Unión Europea, la república de Corea, los Estados Unidos de América y la Asociación Europea de Libre Comercio.
Como consecuencia de esta política, actualmente el 75 por ciento del comercio exterior chileno está regido por acuerdos de libre comercio, a los que cabe agregar, según el mensaje, los convenios de promoción y de protección recíproca de las inversiones celebrados con unos cincuenta países, los treinta y siete convenios de transporte aéreo y los trece acuerdos para evitar la doble tributación. Ahora, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América viene a consolidar y a ampliar el acceso de los productos nacionales a la economía más grande, estable e importante en el nuevo orden económico mundial.
Estados Unidos de América -destaca el mensaje-, con un mercado de doscientos ochenta y cinco millones de personas, con un ingreso anual por habitante de 35 mil 400 dólares, con un producto interno bruto que representa cerca del 22 por ciento del producto interno bruto mundial y con una importación de bienes ascendente al 19 por ciento de las importaciones mundiales, es, actualmente, el mayor socio comercial de Chile. El intercambio de bienes alcanzó los 6 mil 234 millones de dólares en 2002. Las exportaciones chilenas de bienes con destino a los Estados Unidos representaron el 19,6 por ciento, como promedio, en el período 1996-2002, y las importaciones chilenas de bienes de origen estadounidense alcanzaron a 21 por ciento durante el mismo período.
Las compras que los Estados Unidos hace a Chile representan el 0,3 por ciento del total de sus importaciones, y sus exportaciones hacia Chile representan, como promedio en el período señalado, el 0,5 por ciento de sus exportaciones totales al mundo.
La expansión exportadora global que se espera como consecuencia de la aplicación de este tratado, una vez alcanzada la desgravación plena, ascendería a 504 millones de dólares, lo que, con respecto al comercio exportador actual, representará un incremento de 15,9 por ciento y el equivalente a 0,7 por ciento de nuestro actual producto interno bruto.
En relación con el impacto de las importaciones procedentes de esa nación, se estima que éstas aumentarán en 348 millones de dólares, lo que representa un incremento de 14 por ciento en las importaciones de dicho origen, y de 2,2 por ciento respecto de la totalidad de las importaciones.
Asimismo, se estima que el 84 por ciento del incremento esperado de dichas importaciones correspondería a desviación del comercio importador chileno; es decir, a importaciones norteamericanas que desplazarían las importaciones que hoy provienen de terceros países que compiten con los Estados Unidos de América, lo que demuestra el carácter complementario y no directamente competitivo de la relación comercial bilateral. Sólo el 16 por ciento restante correspondería a la creación de nuevos flujos importadores, la mayor parte de ellos en insumos especializados y bienes de capital que no produce el país, con lo que se favorece la competitividad de las empresas nacionales.
Alrededor del 30 por ciento del total de la inversión extranjera materializada en el país, en el período 1990-2002, proviene de los Estados Unidos de América, siendo el país con más inversión en Chile, diversificada en sectores como minería, servicios, telecomunicaciones, electricidad e industria.
En este plano, las favorables condiciones de acceso a la economía más grande del mundo y la estabilidad de las reglas contempladas en este tratado, constituyen un atractivo para las decisiones de inversión en Chile de las principales empresas internacionales, tanto americanas como europeas y asiáticas. Además, abrirá importantes oportunidades de inversión en tecnologías de información, propiciando condiciones favorables para que nuestro país se transforme en una plataforma de servicios en este sector. En tal sentido, uno de los objetivos que se pretende alcanzar con este tratado es producir en Chile servicios que reemplacen los que actualmente se prestan en los Estados Unidos o en la región.
Este tratado -destaca el mensaje- constituye una señal de confianza en la calidad de nuestras políticas e instituciones, y genera un escenario propicio para profundizar nuestro desarrollo exportador, diversificando las ventas externas, ampliando el universo de empresas exportadoras e incorporando a las pequeñas y medianas empresas al esfuerzo de modernización e internacionalización.
Este tratado también avanza respecto de una globalización con un rostro más humano y orientada al desarrollo sustentable. Se han incorporado los temas laborales y medioambientales, minimizando el riesgo de que sean utilizados como barreras proteccionistas, pero comprometiéndose el país con el cumplimiento riguroso de la legislación nacional en estas materias, con un espíritu de cooperación y modalidades de solución de controversias acordes a su significación.
Por otra parte, con el efecto favorable sobre el riesgo-país, la mayor atracción de inversión extranjera y la mayor competencia en el sistema financiero, se generarán mejores condiciones para expandir la cobertura y profundidad de la oferta de crédito, incluyendo los segmentos de largo plazo y de apoyo a capital semilla y a innovadores.
En cuanto a los beneficios específicos de este tratado, se sostiene que la sociedad chilena se verá favorecida por distintas vías, como las siguientes:
-Las rebajas arancelarias que significan una reducción neta de impuestos, incluso después de la compensación por la menor recaudación fiscal derivada de la desgravación, aumentarán el ingreso utilizable e incrementarán las oportunidades y la variedad de los bienes de consumo disponibles.
-Generará un mayor crecimiento y, por ende, mejores oportunidades de empleo y de salario real.
-El menor riesgo-país que derivará del tratado se reflejará en menores tasas de interés, incluso en las tasas de los créditos hipotecarios y de consumo, con los consiguientes efectos positivos para el ingreso real disponible.
-La productividad de las empresas chilenas se verá incrementada, al facilitarse la adquisición oportuna de tecnologías más modernas y a menores precios.
-Las empresas chilenas podrán participar en las compras públicas del gobierno federal de los Estados Unidos de América e, incluso, en las compras de treinta y siete gobiernos estatales, lo cual constituye la mejor oferta de acceso concedida en esta materia por los Estados Unidos de América.
-Generará condiciones más propicias para el desarrollo equitativo de las regiones, a través de la expansión exportadora y de la atracción de inversión extranjera.
-La eliminación de aranceles para un conjunto de productos, sujetos a un plazo máximo de desgravación de cuatro años, significará un importante impulso, desde el primer día de vigencia del tratado, para el desarrollo de las siguientes actividades:
De la manufactura minera, desde la Primera hasta la Sexta Región ; de las exportaciones frutícolas, desde la Tercera hasta la Séptima Región; de la industria petroquímica, en la Quinta Región; de la industria química, en las regiones Primera y Segunda; de la agroindustria, en las regiones Séptima, Novena y Décima; de la industria forestal, en las regiones Octava y Novena, y de la industria de la pesca y de los productos del mar, en las regiones Undécima y Duodécima.
En el documento anexo N° 1, adjunto a partir de la página treinta y cuatro del informe de la Comisión, se entrega un pormenorizado estudio titulado “Oportunidades para las regiones”, elaborado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en el que se proporcionan antecedentes sobre el impacto de este tratado en cada una de las regiones.
Respecto de los objetivos, estructura y contenido del tratado, debo señalar que este instrumento establece una zona de libre comercio entre los estados signatarios, de conformidad con el artículo XXIV del Gatt 1994 y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de la Organización Mundial de Comercio. Se trata de una zona de libre comercio sin excepciones, en la que todos los productos gozarán de arancel de 0 por ciento en un plazo máximo de doce años.
La única excepción de facto, según antecedentes proporcionados por la Direcon, se refiere al azúcar, por la vía de la exigencia de ser superavitario en la producción nacional para acogerse a las rebajas del acuerdo.
El tratado consta de un preámbulo y de veinticuatro capítulos, así como de diversos anexos referidos a materias que son objeto de regulación especial.
Por último, se incluyen en la aprobación del tratado notas intercambiadas entre ambos gobiernos para precisar el alcance de las negociaciones celebradas, principalmente, en las siguientes materias: programación en la transmisión televisiva de libre recepción; suministro de servicios de ingeniería del tratado; compromisos sobre comercio transfronterizo de servicios y respecto de instar a las agencias especializadas de ambos países en el sentido de que desarrollen un trabajo técnico y científico con el fin de lograr acceso al mercado para que el comercio bilateral de carne de ave sea mutuamente beneficioso.
En el preámbulo se formulan las declaraciones de propósitos políticos fundamentales que inspiran la decisión de los gobiernos en la celebración de este tratado, entre los cuales dejan constancia de su interés en contribuir a la integración hemisférica y al cumplimiento de los objetivos del Área de Libre Comercio de las Américas, Alca.
El capítulo tres -probablemente el central del tratado-, relativo al trato nacional y acceso de mercaderías al mercado, asegura a las partes contratantes que los bienes del país exportador no podrán ser objeto de discriminación y, en consecuencia, deberán recibir el mismo tratamiento que los bienes del país importador.
En este ámbito, uno de los elementos esenciales de este capítulo es la consolidación de las concesiones unilaterales hechas por los Estados Unidos en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias , SGP, de manera que, para el conjunto de productos favorecidos con el SGP, el arancel será cero de un modo permanente.
Al respecto, se dispone que “Estados Unidos eliminará los aranceles aduaneros de cualquiera mercancía no agrícola originaria que, después de la entrada en vigor del tratado, sea designada dentro de los artículos elegibles para tratamiento libre de derechos incluidos en el U.S. Generalized System of Preferences, a contar de la fecha en que se realice tal designación”.
La desgravación arancelaria convenida permitirá que todos los bienes, sin excepción, tengan arancel cero al término del cronograma de liberación, incluso los productos de los sectores donde existe más proteccionismo a nivel mundial, como son la agricultura y el sector textil.
El cronograma se extiende hasta doce años, pero la mayoría de los bienes se desgrava totalmente al comenzar a regir el tratado o dentro de un plazo de cuatro años. De este modo, más del 85 por ciento de las exportaciones de ambos países gozará de arancel cero desde el primer día de vigencia del tratado; un 87 por ciento de los productos exportados por Chile a Estados Unidos de América gozará de desgravación inmediata, y un 4,5 por ciento de los productos exportados se desgravará en el plazo máximo de diez a doce años.
En cuanto a los productos industriales, el 88,5 por ciento de los exportados a Estados Unidos de América gozará de desgravación inmediata. Sólo el 0,4 por ciento se desgravará en diez años, y ninguno a doce años.
Lo fundamental -destaca el mensaje- es que los concentrados de cobre, textiles, calzado, gasolina, metanol, carbonatos de litio y aceites combustibles destilados, ingresarán libres de arancel y sin cuotas en forma inmediata.
Respecto de los productos del sector minero, prácticamente la totalidad se desgravará el primer día de vigencia del tratado. Los cátodos de cobre bajarán su arancel a 0 por ciento el primer día, en conjunto con una cuota de 55 mil toneladas que gozarán de cero arancel. Se elimina totalmente este arancel al inicio del segundo año.
Además, los productos que gozarán del SGP fueron desgravados en su totalidad.
En lo que se refiere a los productos del sector agrícola, el 84 por ciento de los nacionales exportados a Estados Unidos gozará de desgravación inmediata. Sólo un 13,7 por ciento se desgravará en un plazo máximo de diez a doce años. Un 14,8 por ciento de las importaciones de productos agrícolas desde Estados Unidos se desgravará en los plazos máximos de ocho a doce años.
En síntesis, los productos agrícolas de Chile tendrán igual o mejor acceso al mercado de Estados Unidos que aquellos provenientes de México o Canadá que se benefician con el Nafta.
Para los productos agrícolas sensibles se acordaron plazos más largos de desgravación, con el objeto de permitirles la oportunidad de ajustarse a las nuevas condiciones del mercado que se generan con este tratado. Además, se contemplan normas que protegerán a los agricultores nacionales de alzas súbitas de importaciones agrícolas.
Cabe hacer notar que las partes se comprometen a eliminar los subsidios a las exportaciones sobre cualquier mercancía agropecuaria, destinados al territorio de la otra parte.
El mensaje precisa que Estados Unidos se comprometió a no utilizarlos respecto de los bienes agrícolas que se destinen a Chile. Se refiere a los subsidios a las exportaciones sobre cualquier mercadería agropecuaria. Este tema podrá ahondarse en el debate. Con toda seguridad, la señora ministra de Relaciones Exteriores , aquí presente, quien encabezó la negociación, y el ministro de Agricultura , quien también se encuentra en la Sala, se referirán al tema, y, por cierto, el jefe del equipo negociador, el director de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería , embajador Osvaldo Rosales.
Por lo demás, contamos permanentemente con ellos en la discusión en la Comisión especial.
Sobre la materia, el director de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores ha entregado a la Comisión un informe sobre la ley agrícola de Estados Unidos y ha reiterado que los acuerdos alcanzados obligan a ambos países a eliminar los subsidios a las exportaciones de productos agrícolas en el comercio bilateral, además del compromiso de cooperar en el ámbito multilateral para su eliminación en el ámbito de la OMC y del Alca.
Agregó que en las negociaciones arancelarias, Chile castigó a los productos estadounidenses que reciben apoyos internos u otras medidas equivalentes a los subsidios, que pueden afectar a productos sensibles chilenos, como el trigo, dejándolos para el plazo de desgravación más largo.
Los productos del sector textil se desgravan totalmente desde el primer día de vigencia del tratado. Los subsectores de la industria textil que podrían verse más beneficiados, por su nivel actual de competitividad internacional, son los siguientes: telas de lana, telas de fibra sintética, telas de denim -más conocida como de jeans-; ropa de bebé, de hombre, interior y poleras.
Respecto del escalonamiento arancelario que limita la diversificación exportadora, y que en Estados Unidos se traduce en aranceles de 15, 20 y hasta 32 por ciento a los productos textiles, el tratado contempla la eliminación inmediata para la mayoría de ellos. Chile renuncia a aplicar la sobretasa del 50 por ciento a las mercancías usadas originarias de Estados Unidos.
En cuanto a las medidas no arancelarias, se prohíbe aplicar impuestos a las exportaciones o restricciones no arancelarias, salvo ciertas medidas excepcionales, tales como la restricción chilena a las importaciones de vehículos usados.
Chile se compromete a eliminar, progresivamente, en un plazo de cuatro años, el impuesto al lujo aplicado a los automóviles cuyo valor sea superior a US$ 15 mil 640, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 del decreto ley N° 825, de 1974.
Se prohíbe el uso de mecanismos de reembolso de aranceles aduaneros de insumos importados que se han incorporado a un bien exportado u otro régimen de exención de aranceles aduaneros o diferimiento de dichos aranceles respecto de insumos importados que posteriormente son incorporados a mercancías exportadas. Sin embargo, esta prohibición fue diferida en doce años a partir de la entrada en vigencia del tratado, con un programa de desmantelamiento progresivo que se inicia el octavo año.
En las normas aplicables a los productos distintivos, se establece que Chile reconocerá el Bourbon whiskey y el Tennessee whiskey como productos originarios de Estados Unidos. Por consiguiente, Chile se obliga a no permitir la venta de ningún producto con dichas denominaciones, a menos que haya sido elaborado en Estados Unidos, de acuerdo con las regulaciones estadounidenses.
Por su parte, Estados Unidos reconoce las denominaciones pisco chileno, pajarete y vino asoleado. Por consiguiente, no permitirá la venta de ningún producto con tales denominaciones que no hayan sido producidos en Chile, conforme a la regulación chilena.
A mayor abundamiento, antecedentes proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores permiten señalar los siguientes ejemplos de desgravación agrícola e industrial:
La carne de vacuno, que actualmente no se exporta debido a que el arancel para ingresar al mercado de los Estados Unidos puede llegar hasta un 26,4 por ciento, ingresará libre de arancel en una cuota de mil toneladas durante los primeros cuatro años. Dicha cuota se incrementará en un 10 por ciento cada año, hasta el año duodécimo, en que desaparecerá tanto el arancel como la cuota.
Para las carnes de cerdo, la liberación es inmediata y sin cuotas, al igual que para la carne ovina.
En el sector avícola, Chile otorgará arancel cero en un plazo de 10 años, de manera progresiva, iniciando una desgravación desde su nivel consolidado en la OMC de 25 por ciento. Estados Unidos abrirá el mercado para estos productos en plazos más breves.
Los productos lácteos tendrán una cuota de 3 mil 500 toneladas libres de arancel, la que aumentará en un 7 por ciento anual, hasta el año duodécimo, cuando estarán totalmente libres de aranceles.
Para las paltas se logró una cuota de 49 mil toneladas libres de arancel, que aumentarán en 5 por ciento cada año, hasta lograr el comercio sin cuotas en el año duodécimo.
Las uvas, ciruelas, damascos y frambuesas frescas ingresarán libres de arancel desde el primer día y sin cuotas. Actualmente pagan aranceles que van desde los US$ 0,18 hasta US$ 1,80.
Los duraznos en conserva, que están afectados por un arancel de un 17 por ciento, tendrán una desgravación lineal de 12,5 por ciento anual, y los tomates frescos entre cero y ocho años con la misma modalidad de desgravación dependiendo la temporada de exportación.
La pasta de tomate tendrá una desgravación no lineal, y alcanzará la liberación total el año duodécimo. Actualmente tiene un arancel de 11,6 por ciento.
La miel natural ingresará libre de arancel y sin cuotas desde el primer año.
Productos como los espárragos frescos, aceites de oliva, ajos frescos, cebollas frescas y flores y capullos frescos, que hoy gozan del beneficio del Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, pero que en otras temporadas pagan diversos aranceles, ingresarán libres de cuotas y de arancel una vez que entre en vigencia el tratado.
Importantes productos del sector agroindustrial, como conservas, pulpas y congelados, se ubican en desgravación a doce años. Sin embargo, el sector tendrá ganancias en plazos más breves para los siguientes productos: desgravación inmediata: frutilla, mora; desgravación a cuatro años: pasas, almendras, nueces; desgravación a ocho años; frambuesas congeladas, jugos de uva.
Respecto del vino, Estados Unidos se comprometió a extender al vino chileno el mejor trato que otorgue en sus futuros acuerdos comerciales a otros socios.
En relación con las bandas de precios, Estados Unidos aceptó que Chile aplique el mecanismo que sea acordado en la Organización Mundial de Comercio, OMC. La desgravación del trigo sujeto a banda se realizará en un plazo de doce años. Durante los cuatro primeros años, Chile se comprometió a aplicar un arancel máximo de 31,5 por ciento, vale decir, el arancel consolidado en la Organización Mundial de Comercio, que se reducirá al 21 por ciento lineal en los cuatro años siguientes, para bajar en los últimos cuatro años del 21 por ciento a la desgravación total.
La totalidad de las maderas y productos elaborados de madera se desgravarán totalmente el primer día de vigencia del tratado.
Todos los productos frescos, congelados y ahumados del sector pesquero se desgravarán inmediatamente, mientras que la mayoría de las conservas y preparaciones gozarán de desgravación inmediata o en cuatro años.
Prácticamente la totalidad de los productos químicos se desgravarán el primer día de vigencia del tratado. Destacan en ese sector algunos fertilizantes, el metanol y la sal.
La gran mayoría de los productos exportados por Chile en los sectores cuero y calzado, y metalmecánica, se ubican en lista de desgravación inmediata.
El capítulo cuatro, relativo a las reglas y procedimientos de origen, establece los requisitos mínimos de transformación que deben cumplir los bienes producidos en un país como condición para gozar de las preferencias arancelarias establecidas en el tratado.
En el tratado se logró establecer una importante flexibilización de las normas de origen respecto de las negociadas por Estados Unidos en el Nafta, y así lo destaca el Ejecutivo . En el sector textil se obtuvieron normas más flexibles para ciertas cuotas de importaciones de productos textiles, las que permiten ingresar al mercado estadounidense en condiciones preferenciales.
El sistema de certificación de origen, a diferencia de otros tratados, se basa en la autocertificación, y puede ser realizada tanto por el exportador como por el productor o importador.
El capítulo cinco, relativo a administración aduanera, tiende a facilitar el desarrollo del comercio bilateral. En tal sentido, consagran el compromiso esencial de las partes de dar transparencia y publicidad a su normativa aduanera, profundizando, dice el mensaje, lo que ha estado realizando el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, sin implicar cambios legislativos.
El capítulo seis contempla las medidas sanitarias y fitosanitarias en el comercio bilateral, y dispone que sus objetivos son proteger las condiciones de salud humana, animal y vegetal en los territorios de ambos países; mejorar la implementación del Acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC; proporcionar un foro para abordar las materias bilaterales sanitarias y fitosanitarias; resolver los asuntos comerciales, y, de esta manera, expandir las oportunidades de comercio.
Para tales efectos se establece un Comité sobre asuntos sanitarios y fitosanitarios, compuesto por representantes de cada parte que tengan responsabilidades en dichas materias, como instancia para realizar consultas técnicas sobre problemas que surjan en el comercio bilateral y para el reconocimiento de sistemas de inspección y de certificación para la facilitación del comercio.
El capítulo siete se ocupa de los obstáculos técnicos al comercio. Su objetivo principal es facilitar el comercio, para lo cual se debe evitar que los reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad se transformen en obstáculos innecesarios al comercio.
El tratado prevé la creación de un Comité de expertos, que constituye el foro para abordar los problemas que puedan surgir en el comercio bilateral, relacionados con los obstáculos técnicos al comercio. Además, se incluye la obligación de dar explicaciones cuando las peticiones de una parte no sean aceptadas por la otra en temas de interés para Chile, como son la equivalencia de reglamentos técnicos y la evaluación de conformidad.
El capítulo ocho contempla las medidas de defensa comercial que las partes pueden adoptar en favor de una industria nacional gravemente afectada como consecuencia de la desgravación arancelaria convenida en el tratado y el aumento imprevisto de importaciones del mismo bien, producido por tal industria, o de un bien directamente competidor que de ella deriva. Se trata de las medidas de salvaguardia y de los derechos antidumping y compensatorios.
Las medidas de salvaguardia sólo podrán consistir en una sobretasa arancelaria que no podrá aplicarse por más de tres años y que no podrá exceder el máximo arancelario de nación más favorecida.
Al adoptar estas medidas de salvaguardia, la parte deberá otorgar a la otra una compensación, a través de concesiones equivalentes en el comercio bilateral.
Queda expresamente contemplado en el tratado que, al determinar las causas de un posible aumento de importaciones en Estados Unidos, debe tomarse en consideración que algunos productos chilenos ya estaban libres de arancel en el mercado de ese país previamente a la suscripción de este instrumento, principalmente porque se beneficiaban con el Sistema Generalizado de Preferencias y porque, además, fueron incorporados a la lista de desgravación inmediata.
Tratándose de importaciones de orígenes diversos que producen dificultades graves en determinadas áreas de la producción nacional, Chile mantiene el derecho de aplicar las disciplinas del Acuerdo de Marrakech, en los términos en que nuestra legislación lo ha previsto: sobretasas arancelarias por un plazo máximo de un año, renovable por una vez y por el mismo tiempo máximo. En estos casos, corresponde a la Comisión nacional encargada de investigar distorsiones en los precios de mercaderías importadas, determinar si se reúnen las condiciones para aplicar las sobretasas arancelarias.
El capitulo nueve, relativo a la contratación pública, tiene por objeto reconocer la importancia de realizar la contratación pública de acuerdo con los principios fundamentales de apertura, transparencia y debido proceso, y esforzarse por proporcionar cobertura integral a los mercados de contratación pública de las partes, mediante la eliminación de los obstáculos de acceso a mercados para el suministro de mercancías y servicios, incluidos los servicios de construcción.
Este capítulo, relativo a la contratación pública, constituye, a juicio de los negociadores del tratado, una valiosa herramienta de apoyo en la política de perfeccionamiento de los procesos de contratación pública impulsada por nuestro Gobierno, al ser coincidente con los objetivos planteados a nivel interno.
Por otra parte, la cobertura acordada en el capítulo es amplia. Chile no sólo tendrá acceso a la totalidad de entidades en el ámbito federal, sino que, además, accederá a las adquisiciones de 37 estados y a una serie de empresas públicas, con lo cual logrará, incluso, un mejor acceso que el otorgado a los países del Nafta, impedidos de participar en contratos a nivel subfederal. Asimismo, Chile tendrá mejor acceso en Estados Unidos que otros países, debido a que el capítulo se aplicará a umbrales más bajos, es decir, el monto de las compras a partir del cual rige el tratado es una cifra menor: 50 mil dólares.
Finalmente, el tratado abre a los proveedores chilenos de bienes y servicios un nuevo y enorme mercado público en Estados Unidos. La participación de Chile en el mercado estadounidense es actualmente inexistente, por cuanto, a diferencia de lo que sucede en Chile, donde no existen limitaciones o prohibiciones a proveedores extranjeros para contratar con el sector público, en los Estados Unidos, por mandato legal, las entidades de gobierno sólo están autorizadas a adquirir bienes domésticos exclusivamente de proveedores de los Estados Unidos. Sólo los países que han suscrito tratados comerciales con dicho país están excluidos de tal normativa, excepción que, como consecuencia del tratado en informe, se hará extensiva a nuestros proveedores.
El capítulo diez se ocupa de las inversiones, asegurando en el país receptor de la inversión el trato nacional a los inversionistas de la otra parte; el tratamiento de la nación más favorecida; un trato justo y equitativo, y protección y seguridad a las inversiones.
En esta materia, el tratado no contiene modificaciones sustanciales a las normas nacionales vigentes, ya que, básicamente, se consolidan las obligaciones negociadas con Canadá y México, garantizándose el acceso y la protección de las inversiones a través de disciplinas que, además de los principios señalados, incluyen prohibición de requisitos de desempeño y de nacionalidad para altos ejecutivos de una empresa.
En términos generales, Chile mantuvo la misma apertura que negoció con Canadá y México, recibiendo como contrapartida el mismo trato concedido por Estados Unidos en el Nafta.
El capítulo once se refiere al comercio transfronterizo de servicios, con movimiento del proveedor o consumidor del servicio o sin él, y otorga protección y acceso a la prestación de servicios transfronterizos a través de las disciplinas de trato nacional, nación más favorecida, la no obligación de presencia local y el acceso a mercados.
Su ámbito de aplicación está determinado a las medidas que afecten a la producción, distribución, comercialización, venta y suministro de un servicio; a la compra, uso o pago de un servicio; al acceso y al uso de sistemas de distribución y de transporte o de redes de telecomunicaciones, y los servicios relacionados con el suministro de un servicio; a la presencia en el territorio nacional de un proveedor de servicios de la otra parte, y al otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como condición para la prestación de un servicio.
Entre las medidas disconformes de Chile, cabe resaltar la relativa a la exigencia del Código del Trabajo sobre el mínimo de 85 por ciento de trabajadores chilenos en una empresa, ya que, con el objeto de facilitar las inversiones desde Estados Unidos, se presume la aplicabilidad de la excepción relativa a personal técnico experto, durante un período de dieciocho meses desde el establecimiento del inversionista.
En las normas relativas a los servicios profesionales, se regulan los servicios de consultores jurídicos extranjeros; y se garantiza que se permitirá ejercer o prestar asesorías sobre el derecho del país donde un nacional esté autorizado para ejercer como abogado, y si otorgan licencias temporales para ingenieros civiles y de todas las especialidades que Chile pueda designar.
El objetivo del capítulo doce, referido a servicios financieros, es lograr la liberalización del comercio de estos servicios, distinguiendo entre seguros y servicios relacionados con los seguros, y servicios bancarios y otros servicios financieros.
El mensaje destaca la posibilidad de que el país, con la normativa del tratado, pueda transformarse en el lugar desde el cual las instituciones financieras de los Estados Unidos presten servicios financieros en los demás mercados de América Latina, y los beneficios que obtendrán los consumidores locales ante un eventual aumento de la competencia entre los distintos oferentes de servicios financieros.
Respecto de los seguros y servicios relacionados con seguros, y los servicios bancarios y de valores, se consolida la actual apertura, que permite el establecimiento de compañías de seguros e instituciones financieras extranjeras en el mercado nacional. En relación con los servicios bancarios, no habrá ningún cambio en la regulación de las sucursales de bancos extranjeros en el país.
En lo relativo a la administración de fondos de pensiones, se mantiene la plena libertad para que el Banco Central fije el límite de inversión de estos fondos en el exterior. Se consolida el derecho de establecimiento de empresas de administración de fondos de pensiones de propiedad estadounidense, tal como lo permite actualmente la legislación chilena.
El capítulo contiene una excepción general que permite a todas las entidades reguladoras de los servicios financieros imponer las medidas de carácter cautelar necesarias para proteger a los consumidores de servicios financieros -depositantes, tenedores de pólizas de seguros, etcétera-, así como para mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero y de las instituciones financieras.
Las normas del capítulo catorce, relativas a la entrada temporal de personas de negocios, contemplan facilidades para el otorgamiento de visas a chilenos que deseen ingresar a Estados Unidos en cualquiera de las cuatro categorías de personas de negocios que se contemplan: visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, personal transferido dentro de una empresa y profesionales. Estas facilidades de ingreso en favor de chilenos cobran especial importancia en un momento en que Estados Unidos, progresivamente, adopta nuevas medidas de protección frente a la entrada de extranjeros a su territorio.
En virtud de las normas de este capítulo, no pueden establecerse límites numéricos ni procedimientos previos o certificaciones laborales como condición para el otorgamiento de una visa. En el caso específico de los comerciantes e inversionistas, los chilenos calificarán para la obtención de una visa especial a la que acceden sólo los nacionales de países signatarios de acuerdos comerciales con Estados Unidos.
A diferencia del Nafta o de lo acordado por Chile con Canadá y México , este capítulo crea, para los servicios profesionales, un estándar en reemplazo de una lista taxativa de profesiones, lo que otorgará mayor flexibilidad al sistema.
El capítulo diecisiete regula los derechos de propiedad intelectual. Aquí se incluyen disposiciones sobre marcas de fábricas o de comercio, nombres de dominio en internet, indicaciones geográficas, derechos de autor y derechos conexos, protección de señales satelitales portadoras de programas codificados, patentes, materias que el mensaje califica como de gran complejidad, pero que resultan claves para el desarrollo de la creación e innovación en el país, las que contribuirán a posicionar a Chile como plataforma de inversiones tecnológicas.
Tales normas establecen un equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los consumidores, así como entre los intereses de los titulares nacionales y de los titulares extranjeros de propiedad intelectual, de modo de garantizar el intercambio fluido de conocimientos y evitar trabas innecesarias en el comercio de bienes y servicios con contenidos de propiedad intelectual.
Además, se contempla el compromiso de las partes de adherir y ratificar, dentro de plazos que se fijan, a diversos tratados multilaterales sobre propiedad intelectual, los que, en general, crean mecanismos procesales que ayudarán tanto a los inventores y titulares chilenos y extranjeros a organizar sus recursos, facilitar los trámites de solicitud y crear ambientes seguros para la protección de sus derechos.
Se deja constancia de que ninguna disposición del capítulo irá en detrimento de las disposiciones que, sobre la materia, se han adoptado en el seno de la OMC o de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Ompi.
En el capítulo dieciocho, ambos países se comprometen en forma rigurosa al cumplimiento de su propia legislación laboral en materia de libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil, condiciones de trabajo aceptables relativas a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad social y ocupacional.
El capítulo descarta la homologación normativa y resguarda expresamente el principio de soberanía respecto de modificar la propia legislación o la determinación de las acciones de la administración en materia de fiscalización del trabajo. Asimismo, se resguarda la autonomía del Poder Judicial , en cuanto las disposiciones del tratado no permiten que sean objeto de revisión las decisiones de los tribunales sobre materias pendientes o ya resueltas.
Además, se contempla un mecanismo de cooperación laboral con énfasis en el cumplimiento de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de su seguimiento, y del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre prohibición y la acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
En el capítulo diecinueve, que trata sobre el “Medio Ambiente”, ambos países se comprometen a dar cumplimiento efectivo a su propia legislación, del mismo modo como se convino en materia laboral. Ésta es la única obligación del capítulo, cuyo cumplimiento es exigible a través del procedimiento de solución de controversias del tratado. Cada parte conserva el derecho de establecer sus propios niveles de protección ambiental, políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como de adoptar o modificar, en consecuencia, su legislación sobre la materia.
Este capítulo contribuirá a que Chile sea reconocido y valorado como un país que adhiere firmemente a los principios de desarrollo sustentable -como han destacado los negociadores- y que se esfuerza por armonizar el crecimiento económico con la equidad social y con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
El capítulo veintidós regula los mecanismos de solución de controversias aplicables a las diferencias que se produzcan por la aplicación de todos los capítulos del tratado, salvo los expresamente excluidos, como es el caso de las relativas a asuntos de competencias, monopolios y empresas del Estado.
En los asuntos laborales y ambientales se aplica la regla inversa, ya que está cubierta por este mecanismo sólo la obligación de no dejar de aplicar efectivamente su propia legislación laboral o ambiental, a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte al comercio entre las partes.
El procedimiento general de solución de controversias contempla, en primer lugar, las consultas o negociaciones directas entre las partes y, en segundo lugar, la intervención de la Comisión de Libre Comercio como instancia de discusión y solución de disputas, a través de buenos oficios, mediación y conciliación. Si por estos medios las partes no llegan a acuerdo, pueden recurrir a un tribunal arbitral de tres jueces, que debe determinar si una de las partes ha incumplido con sus obligaciones y, eventualmente, presentar sus recomendaciones.
Cabe hacer notar que la alternativa sería recurrir a un panel en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Pero, una vez que ha hecho uso de esta opción, la parte no podría abandonarla para volver al procedimiento arbitral regulado en el tratado.
Por último, a diferencia de los sistemas clásicos de solución de controversias, el mecanismo previsto en el tratado incorpora como alternativa la opción de pagar una compensación monetaria correspondiente a un porcentaje de los beneficios de efecto equivalente que tendría derecho a suspender la parte demandante. Sin embargo, en materia laboral y ambiental esa compensación constituye una contribución monetaria cuyo objeto es financiar el plan de acción que acuerden las partes en orden a mejorar el cumplimiento de la propia normativa de la parte demandada.
Esto es básicamente el contenido del Tratado de Libre Comercio.
A continuación, me referiré, en forma breve, al trabajo de la Comisión.
La Comisión escuchó a cuatro ministros de Estado , dieciocho autoridades y directivos de gobierno y más de cuarenta y dos representantes de organizaciones nacionales y regionales de las diversas actividades económicas del país, de las cuales se proporciona un completo listado en el informe. Todas manifestaron opiniones favorables a la aprobación de este tratado, con excepción de los representantes del Consorcio Agrícola del Sur y de la Fundación Terram.
El señor Manuel Riesco , presidente del Consorcio Agrícola del Sur, aseveró que en el sur de Chile se considera que el tratado es malo, porque acabará con la banda de precios que protege a los productores de trigo y la agricultura nacional se enfrentará a las agriculturas subsidiadas de Estados Unidos y de Europa. Además, señaló que el tema del trigo obligará a los que cultivaban este grano a producir leche, lo que generará una sobreoferta en un mercado internacional ya muy competitivo.
En cuanto al tema de la carne, explicó que las ganancias que genera la exportación de ese producto a Europa en la actualidad son mínimas. Agregó que, en general, los pequeños y medianos productores no tendrán acceso a los beneficios de este tratado, sino sólo las grandes empresas.
Por su parte, el señor Rodrigo Pizarro , director ejecutivo de la Fundación Terram, además de diversos juicios críticos al tratado, por el resultado de las negociaciones en sus aspectos comerciales, agrícolas, de propiedad intelectual, financiero, cultural, laboral y medioambiental, señaló que, al parecer de la Fundación Terram, este tratado afecta directamente la capacidad de hacer políticas públicas, de tener una política económica autónoma; impide la discrecionalidad y capacidad de generar políticas soberanas, dado que cada parte deberá notificar a la otra de todo lo que considere que pueda afectar, sustancialmente, al tratado. Este juicio no fue compartido por las autoridades del Gobierno. Ellas dieron su argumentación, que está incluida en el contenido del informe.
Finalmente, en esta breve reseña de las opiniones recibidas por la Comisión -he dado a conocer particularmente las críticas, porque la inmensa mayoría de las personas consultadas opinaron favorablemente respecto del tratado-, debo informar que el señor Sergio Amenábar , presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual , opinó que la normativa en implementación es ampliamente satisfactoria para la protección de la propiedad intelectual o industrial. Sin embargo, tuvo dudas de constitucionalidad respecto de los acuerdos internacionales que Chile deberá ratificar en cumplimiento de este tratado, las que, en su momento, fueron respondidas por el subsecretario de Economía , Álvaro Díaz , quien dijo que dichas dudas de constitucionalidad deberán ser planteadas cuando se tramite la aprobación parlamentaria, como paso previo a la ratificación.
En todo caso, en una visión global de las exposiciones favorables y contrarias a la aprobación del tratado, cabe destacar que hubo consenso en que éste constituye un instrumento significativo como fuente de oportunidades para todos los sectores de la economía nacional.
Sin embargo -aquí pido especial atención a los representantes del Ejecutivo-, se sostuvo que será necesario efectuar transformaciones para el aprovechamiento de estas oportunidades, mejorar la calidad de determinados productos o de su certificación, robustecer controles fito y zoosanitarios, adicionar mayor valor agregado a muchas exportaciones con el objeto de disminuir la incidencia del transporte en el valor final de lo exportado, dada la distancia a que se encuentran Chile y su nuevo socio comercial; mejorar sustancialmente distintos aspectos en el sistema educativo nacional, en especial aquello que concierne a las carreras técnicas, entre otros aspectos.
Junto a ello, considero que si bien el tratado abre importantes posibilidades de desarrollo para el sector agropecuario, el pleno aprovechamiento de estas potencialidades, en especial la incorporación de los pequeños y medianos productores a los beneficios de una agricultura rentable y dinámica, requiere de una política sectorial activa y de la adecuada focalización de sus instrumentos.
De igual modo, la modernización y transformación productiva de los sectores más sensibles a la apertura, que debe ocurrir en el período de transición de 12 años que contempla el tratado antes de la plena liberalización de los mercados, necesita contar con los apoyos tecnológicos y financieros que hagan viable la adaptación a este escenario más competitivo.
Por ello, solicitamos formalmente al Gobierno una completa revisión de las políticas e instrumentos de fomento productivo, de tal forma de ajustar su diseño y focalización de acuerdo con las nuevas exigencias que plantea la apertura. Además, solicitamos que en el más breve plazo se revise y, eventualmente, se proceda al rediseño de las instituciones encargadas de apoyar el desarrollo del sector agropecuario, en especial de aquellas orientadas a la pequeña y mediana agricultura, particularmente en lo que dice relación con el financiamiento y con la generación y transferencia de tecnología.
Por otra parte, también hubo consenso en que los efectos del tratado se traducirán en una mejoría gradual que se reflejará en un crecimiento cercano al 1 por ciento del producto interno bruto en el mediano plazo.
También fue mayoritariamente compartida la afirmación de que la importancia fundamental del tratado deriva del aval que se está recibiendo de la primera economía del planeta, en el sentido de que Chile es un país en vías de desarrollo, con una economía
abierta fundada sobre bases sólidas, una burocracia pública eficiente y transparente, y con reglas claras en materia de inversión extranjera, lo que permite que Estados Unidos considere a nuestro país como un socio viable en el camino mutuo del comercio y del desarrollo.
Además, se sostuvo que ésta es una carta adicional de presentación para Chile en el mundo de los mercados internacionales y de la globalización, cuestión que tendrá efectos indirectos sobre nuestro comercio con terceros países y la apertura de nuevos mercados.
En el plano de las normas sobre propiedad intelectual que se incorporan al tratado, también hubo consenso en el desafío que éste plantea a Chile, deficitario en materia de investigación y desarrollo científico y tecnológico, lo que se traduce en el pago de patentes y derechos de invención sin que exista una contrapartida equivalente por la vía del cobro de derechos por tales conceptos.
La industria farmacéutica señaló, por medio de la cámara que la representa, que este tratado incentivará la inversión en el sector e impactará positivamente en el empleo y los salarios. En cambio, la organización de laboratorios farmacéuticos sostuvo que el tratado limitará fuertemente su capacidad de exportar porque la estructura norteamericana no deja entrar productos farmacéuticos para competir en ese mercado.
Se sostuvo que el tratado constituye un instrumento conducente al logro de un proceso de desarrollo sustentable en la medida en que considera los factores medioambientales en el proceso productor y exportador. La producción limpia justifica los esfuerzos que el país tenga que hacer para adaptarse a los estándares del mundo desarrollado.
En materia de desarrollo científico y tecnológico nacional, se reconoció que las oportunidades del tratado son innegables dadas las posibilidades de capacitación para chilenos en la primera potencia económica del mundo.
Finalmente, durante su estudio, la Comisión constató que el tratado es un contenido análogo, en materias sustanciales, a otros, ya aprobados por el Congreso Nacional, como los celebrados con la Unión Europea, Canadá , México y la República de Corea, y que en diversas materias se remite a tratados internacionales multilaterales ya vigentes en el orden interno, como los suscritos en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
La Comisión compartió plenamente los objetivos que animan a los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América en su celebración, según las declaraciones que formulan en el preámbulo del tratado.
De modo que, por lo señalado y atendidos los antecedentes recibidos, la Comisión decidió, por mayoría de votos -21 a favor y 3 en contra- recomendar a la honorable Cámara que adopte el artículo único del proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus anexos, con modificaciones formales que tienen por objeto hacer expresa mención, por razones de certeza jurídica, a las notas intercambiadas entre los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América, el 6 de junio de 2003, para precisar el entendimiento alcanzado por las delegaciones de ambos países en el curso de las negociaciones relativas a las materias a las que dichas normas se refieren.
La Comisión especial, integrada por veinticinco señores diputados, efectuó largas sesiones de trabajo, muchas de ellas extraordinarias. Mi labor como presidente de la Comisión se vio facilitada por la colaboración tanto de los honorables colegas como de quienes tuvieron la voluntad de concurrir a nuestras sesiones.
En el informe que he entregado no mencioné lo relativo al impacto financiero del acuerdo, pues ello corresponde al informe del diputado Enrique Jaramillo, presidente de la Comisión de Hacienda.
Agradezco la oportunidad de presidir la Comisión e informar a la Sala sobre el contenido del acuerdo.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” durante el presente trámite legislativo.
Durante el análisis del proyecto, asistieron a la Comisión la señora María Soledad Alvear , ministra de Relaciones Exteriores ; el señor Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda ; la señora María Eugenia Wagner , subsecretaria de Hacienda ; los señores Osvaldo Rosales , director general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería ; Mario Matus , director de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores , y Raúl Sáez , director de Política Comercial del Ministerio de Hacienda ; la señora Bernardita Piedrabuena , asesora del Ministerio de Hacienda, y los señores Claudio Troncoso , Pablo Arriarán y Aldo Cornejo , y las señoras María José Farías y Adriana Vergara , asesores de la cartera de Relaciones Exteriores.
La finalidad de la iniciativa consiste en la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003.
Dicho tratado establece -lo que es fundamental de este proyecto- una zona de libre comercio entre ambos países, y constituye un acuerdo que incluye todos los aspectos de la relación económica bilateral, tales como el comercio de bienes, las contrataciones públicas, la promoción y protección de las inversiones extranjeras, los servicios transfronterizos y la protección de los derechos de propiedad intelectual. También incorpora materias propias de la nueva economía, como el comercio electrónico y las telecomunicaciones. Además, aborda en forma amplia los temas relativos a asuntos ambientales y laborales.
Por ser éste un tratado comercial, las cifras son parte tanto del presente informe como del de la Comisión especial formada para el estudio del proyecto, cuyo presidente e informante es el honorable diputado Edgardo Riveros.
En cuanto a los principios económicos y comerciales que consagra el tratado, establece la obligación de adoptar medidas que prohíban prácticas monopólicas; propicia un ambiente de sana competencia en el mercado interno, crea mecanismos para defender los intereses comerciales de los agentes económicos de ambos países. Además, se definen mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver los conflictos comerciales, por un lado, instaurando un sistema general de solución de disputas entre Estados, y, por el otro, a través de un sistema de solución de controversias entre inversionistas y el Estado receptor de la inversión.
En relación con los derechos de propiedad intelectual, este tratado prevé un tratamiento con estándares modernos, pero en equilibrio con los intereses de los usuarios y de la comunidad chilena en general.
Los objetivos anteriores se enmarcan en la política comercial de Chile, que ha tenido como finalidad prioritaria asegurar y mejorar el acceso de nuestros bienes y servicios a los mercados de mayor relevancia e incentivar la inversión extranjera de nuestros socios comerciales.
Para Chile, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América implicará consolidar y ampliar el acceso de sus productos a la economía más grande, estable y de indiscutida importancia en el nuevo orden económico mundial.
Estados Unidos representa cerca del 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 19 por ciento de las importaciones mundiales. La población de Estados Unidos asciende a 285 millones de habitantes, con un ingreso anual per cápita de treinta y cinco mil cuatrocientos dólares.
Por otra parte, Estados Unidos es el mayor socio comercial de Chile. El intercambio de bienes alcanzó los 6 mil 234 millones de dólares durante el año 2002. Las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos representaron el 19,6 por ciento, como promedio, en el período 1996-2002, y las importaciones de bienes de origen estadounidense alcanzan el 21 por ciento para el mismo período. El aumento de las exportaciones por efecto del Tratado de Libre Comercio, una vez que se encuentre operando plenamente la desgravación arancelaria, ascendería a 505 millones de dólares, lo que representa un incremento de 13.8 por ciento, es decir, el 0,76 por ciento del PIB, más o menos, 1 mil 400 millones de dólares. Por su parte, el impacto estimado sobre las importaciones desde Estados Unidos es del orden de 341 millones dólares, lo que representa un incremento de 11 por ciento.
La regulación del comercio bilateral entre ambos países se conforma a las normas de la OMC.
En relación con los potenciales beneficios del tratado para nuestro país, cabe destacar que las rebajas arancelarias significaran una reducción neta de impuestos, mayor crecimiento y, por ende, mejores oportunidades de empleo y de salario real, que contribuirán también a incrementar el ingreso real disponible de la población; el menor riesgo-país se irá reflejando en tasas de interés más bajas; la productividad de las empresas se verá incrementada al facilitarse la adquisición oportuna de tecnologías más modernas y a menores precios, y también se podrán generar condiciones más propicias para el desarrollo equitativo de las regiones, a través de la expansión exportadora y de la atracción de inversión extranjera. A propósito de este último punto, se considera que la ampliación del mercado inducida por el Tratado de Libre Comercio traerá efectos sobre la rentabilidad esperada de la inversión a nivel local, debido a las mayores economías de escala y al abaratamiento de equipos y de bienes intermedios producidos en Estados Unidos, y la estabilidad de las normas en las distintas disciplinas comerciales que contempla el tratado incidirá en un menor riesgo-país y, por tanto, en una menor tasa de descuento de los proyectos de inversión extranjera que se realicen en Chile, lo que también apunta a un mayor flujo de esta última.
Cabe señalar que este instrumento internacional consta de veinticuatro capítulos: “Disposiciones iniciales”, “Definiciones generales”, “Trato nacional y acceso de mercancías al mercado”, “Reglas de origen y procedimientos de origen”, “Administración aduanera”, “Medidas sanitarias y fitosanitarias”, “Obstáculos técnicos al comercio”, “Defensa comercial”, “Contratación pública”, “Inversiones”, “Comercio transfronterizo de servicios”, “Servicios financieros”, “Telecomunicaciones”, “Entrada temporal de personas de negocios”, “Comercio electrónico”, “Política de competencia”, “Monopolios designados y empresas del Estado”, “Derechos de propiedad intelectual, laboral y de medio ambiente”, “Transparencia”, “Administración del tratado”, “Solución de controversias”, “Excepciones” y “Disposiciones finales”. Cada capítulo tiene una numeración correlativa de artículos, independiente de los otros capítulos.
Las disposiciones específicas relativas a determinados artículos o párrafos de los mismos se establecen en anexos, los que forman parte integrante del capítulo correspondiente. Además, existen anexos generales sobre medidas vigentes o futuras que una parte puede mantener o adoptar, aunque no sean compatibles con las normas generales previstas en los capítulos sobre inversiones, comercio transfronterizo de servicios y servicios financieros.
Asimismo, el tratado contempla un capítulo sobre excepciones generales aplicables a todos los demás capítulos, que se refieren, entre otros, a balanza de pagos, tributación, seguridad esencial, divulgación de información, la protección de salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, o para lograr la observancia de las leyes.
Entre los aspectos más relevantes del tratado se destacan los siguientes:
El capítulo tres, sobre comercio de bienes, se inspira en el principio de trato nacional, en virtud del cual los bienes del país exportador no pueden ser objeto de discriminación y tienen el mismo tratamiento que los bienes del país importador.
Uno de los elementos centrales de este capítulo consiste en consolidar las concesiones unilaterales otorgadas por Estados Unidos en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias. Para el conjunto de productos favorecidos por este sistema, el arancel será cero de modo permanente.
En materia de desgravación arancelaria, el capítulo tres la contempla respecto del universo de mercancías, es decir, una vez cumplido el período fijado en el cronograma de liberación, todos los bienes, sin excepción, tendrán arancel cero. Esto incluye aquellos sectores donde existe más proteccionismo a nivel mundial, como son la agricultura y el sector textil.
La extensión máxima de dicho cronograma es de doce años, pero la mayoría de los bienes se desgrava totalmente al comenzar a regir el tratado o dentro de un plazo de cuatro años. En efecto, más del 85 por ciento de las exportaciones de ambos países gozarán de arancel cero desde el primer día de vigencia del tratado. Dentro de este porcentaje, cabe señalar que un 87 por ciento de los productos exportados por Chile a Estados Unidos -lo señaló el diputado señor Riveros - gozará de desgravación inmediata y sólo el 4,5 por ciento de los productos exportados se desgravará en el plazo máximo de diez a doce años.
Respecto de los productos industriales, un 88,5 por ciento de los productos exportados a Estados Unidos gozará de desgravación inmediata; sólo el 0,4 por ciento de los productos se desgravarán en diez años, y ninguno a doce años. En el sector minero, prácticamente la totalidad de los productos se desgravará el primer día de vigencia del tratado. En el sector agrícola, el 84 por ciento de los productos exportados a Estados Unidos gozará de desgravación inmediata. Sólo un 13,7 por ciento de los productos exportados se desgravará en el plazo máximo de diez a doce años. El sector textil se desgravará totalmente desde el primer día de vigencia del tratado.
En cuanto a las medidas no arancelarias, el capítulo prohíbe aplicar impuestos a la exportación o restricciones no arancelarias a las importaciones o exportaciones, salvo ciertas medidas excepcionales señaladas expresamente en el tratado, tal como la restricción chilena a las importaciones de vehículos usados. No obstante, en un plazo de cuatro años, Chile se compromete a eliminar de manera progresiva el impuesto al lujo aplicado a los automóviles cuyo valor sea mayor de 15 mil 740 dólares.
El capítulo relativo al programa de devolución y diferimiento de aranceles aduaneros y subsidios a la exportación prohíbe, para los bienes que van a ser exportados a la otra parte, el uso de mecanismos de reembolso de aranceles aduaneros de insumos importados que hayan sido incorporados a un bien exportado u otro régimen de exención de aranceles aduaneros o diferimiento de dichos aranceles respecto de insumos importados que posteriormente son incorporados a mercancías exportadas. Sin embargo, esta prohibición fue diferida en doce años a partir de la entrada en vigencia del tratado, con un programa de desmantelamiento progresivo que se inicia el octavo año. En materia de subsidios a la exportación, Estados Unidos asumió el compromiso de no utilizarlos respecto de los bienes agrícolas que se destinen a Chile.
En cuanto a productos distintivos, Estados Unidos reconoce el “pisco chileno”, el “pajarete” y el “vino asoleado”, lo cual implica el compromiso de no permitir la venta de dichos productos en Estados Unidos a menos que hayan sido producidos en Chile de conformidad con la legislación aplicable a tales productos.
Respecto de las normas técnicas de comercialización agropecuaria y normas de clasificación, el capítulo crea un comité especial para tratar los temas relacionados con los programas de comercialización y calidad de Estados Unidos que afectan especialmente a las exportaciones de frutas. Además, se establece el reconocimiento mutuo de los programas de clasificación para la comercialización de la carne bovina. Chile está cerca de cumplir esos programas.
El capítulo cuatro, sobre reglas de origen, establece los requisitos mínimos de transformación que deben cumplir los bienes producidos en un país como condición para gozar de las preferencias arancelarias establecidas en el tratado. Las formas de calificar el origen varían entre los diferentes bienes.
En materia de administración aduanera, las normas previstas en el tratado consagran como compromiso esencial de las partes la transparencia y publicidad de la normativa aduanera.
Este tratado establece reglas para la aplicación de salvaguardias bilaterales específicas (agrícolas y textiles) y globales.
En materia de medidas antidumping y derechos compensatorios, cada parte mantuvo el derecho de aplicar las normas previstas en el Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio.
Respecto de las barreras técnicas al comercio, se profundizan algunas de las disciplinas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos de la OMC y, al mismo tiempo, se incluyen otros mecanismos de colaboración y facilitación del comercio, con el objeto de evitar que se transformen en obstáculos innecesarios al comercio.
El capítulo sobre la contratación pública otorga a las empresas chilenas acceso al mercado público estadounidense, con lo cual se abre a los proveedores chilenos de bienes y servicios un nuevo mercado.
De suma importancia considero el capítulo diez, sobre inversiones, que pretende fomentar el ingreso de capitales a través de disposiciones que otorguen estabilidad y seguridad a los inversionistas y aseguren un trato no discriminatorio en relación con la inversión nacional o la inversión de terceros países. En consecuencia, no contiene modificaciones sustanciales a las normas nacionales vigentes en la materia.
Por su parte, Estados Unidos reconoce las normas voluntarias en materia de inversión extranjera establecidas en el Estatuto de Inversión Extranjera de Chile, contenido en el decreto ley Nº 600, de 1974. En tal sentido, se establece expresamente la facultad del Comité de Inversiones Extranjeras de decidir, de manera no discriminatoria, si autoriza la suscripción de un contrato de esta clase, y sus condiciones, las que incluyen la exigencia de una determinada relación mínima entre deuda y capital y la restricción de un año para la repatriación del capital.
En materia de expropiaciones, el capítulo establece las condiciones requeridas para llevarlas a cabo, y garantiza a los inversionistas del otro país una compensación justa y adecuada, en caso de que se produzcan. Asimismo, se incluye un anexo, en el cual se aclara el concepto de expropiación indirecta, con el objeto de salvaguardar la potestad regulatoria del Estado. Este anexo, y otros, pueden ser solicitados en las respectivas comisiones.
El capítulo de inversiones contiene el principio de libre transferencia, complementada por un anexo especial relativo a la solución de controversias relacionadas con la imposición de medidas restrictivas con respecto a pagos y transferencias.
La Dirección de Presupuestos, en su informe plantea que el impacto financiero del proyecto comprende los siguientes conceptos relacionados con las finanzas públicas:
a) La menor recaudación aduanera por la reducción progresiva de los aranceles a las importaciones provenientes desde Estados Unidos. Esta pérdida de ingresos alcanza su nivel máximo el primer año, por cuanto la mayor actividad económica impulsada por las condiciones derivadas de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con ese país, proporcionará al fisco mayor rendimiento tributario por la vía de otros impuestos en el mediano plazo.
b) La reducción en las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo, que se traduce en menores traspasos de excedentes al fisco. Este impacto se refleja en menores ingresos de operación, provenientes de la adecuación que tendrá que efectuar la empresa a los precios de venta de los productos que elabora, debido a una menor paridad de importación. Esta adecuación consiste en la incorporación del equivalente a la rebaja arancelaria gradual que se aplicará a los derivados del petróleo crudo provenientes de Estados Unidos, sin una reducción similar de los costos, por cuanto la materia prima proviene principalmente de mercados latinoamericanos.
c) La eliminación, en un plazo de cuatro años, del impuesto al lujo que se aplica a los automóviles cuyo valor aduanero excede de 15 mil 834,65 dólares. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile se compromete a legislar en este sentido.
La pérdida fiscal neta para el primer año de aplicación del tratado y para el último año de rebaja arancelaria alcanzan a 242,3 millones y 33,9 millones de dólares, respectivamente.
Como se puede apreciar en el cuadro que cada colega tiene en su escritorio, las cifras están expresadas en dólares de 2004. En el anexo I, que se adjunta al informe, se describe la metodología empleada en la obtención de esos resultados.
El impacto en los ingresos fiscales, expresado en millones de dólares, el primer año de rebaja es de 242,3 millones menos que recibe el fisco de Chile, y el último año de rebaja alcanza a 33,9 millones.
Se consideró que faltaban antecedentes, motivo por el cual, según oficio N° 933, de fecha 30 de septiembre de 2003, el señor ministro de Hacienda complementó la información precedente, a solicitud de la Comisión, en los términos siguientes:
Se presenta el detalle, año a año, que tendría la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre los ingresos fiscales.
Advierto a los colegas que no debe inducirlos a error el cuadro N° 1, sobre pérdida en la recaudación fiscal por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, expresado en millones de dólares de 2004.
En la parte relacionada con la “pérdida de recaudación”, la primera columna es por rebaja de aranceles; la segunda, por impuesto al lujo, y la última, por las ventas de la Enap. Todas son cifras negativas que alcanzan alrededor de 1 mil 400 millones de dólares al término del período, que corresponde al año 2015.
Pero sí hay un aumento de recaudación, que corresponde al efecto del crecimiento, que también está expresado en millones de dólares y cuyo producto interno bruto es equivalente a un quinto. Es decir, hay una multiplicación de estas cantidades por cinco, lo que representa un crecimiento enorme en el aumento de las utilidades, especialmente del sector productivo.
Se afirma, además, que la compensación de los menores ingresos fiscales se producirá a través de una mayor recaudación fiscal derivada del aumento en la capacidad productiva, esto es de un aumento en el nivel del producto potencial de la economía como consecuencia de la entrada en vigencia del tratado.
Según los estudios empíricos disponibles, los beneficios tradicionales del Tratado de Libre Comercio se traducirían en un aumento en el nivel del producto de entre cero y 1,7 por ciento. Si bien existirían beneficios adicionales relacionados con la apertura de servicios, con la mayor seguridad de acceso a los mercados y, fundamentalmente, con los aumentos en la inversión, las estimaciones disponibles sólo arrojan cifras ilustrativas, ya que los resultados obtenidos en ellas responden a ejercicios de sensibilización y no provienen de la utilización de supuestos respaldados por la evidencia empírica. Tomando en consideración la información anterior, se estima que el efecto del Tratado de Libre Comercio sobre el nivel del producto será de 2 por ciento hacia el año 2015. El impacto positivo de ese mayor crecimiento potencial sobre la recaudación fiscal se muestra en el cuadro N° 1.
Por su parte, el impacto en las finanzas públicas por menores traspasos de excedentes de Enap al fisco fue explicado en la Comisión por el señor Daniel Fernández , gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo. En el Anexo II de este informe, se adjunta un documento entregado a la Comisión por dicho ejecutivo sobre el particular.
La presentación general del proyecto en la Comisión la efectuaron la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Hacienda, de cuyas exposiciones se consignan las siguientes opiniones:
La señora María Soledad Alvear manifestó que este tratado es el primero que suscribe nuestro país en el que se arriba a una desgravación total y que no queda excluido ningún producto. Destacó que, en el caso de las importaciones de productos que compiten con producción nacional, se ha convenido un período de desgravación, cuyo plazo máximo es de doce años, luego de lo cual los aranceles se rebajan a 0 por ciento.
Afirmó que todos los estudios realizados por el sector privado indican que la puesta en marcha del TLC será beneficiosa para Chile, con la salvedad del sector productor de trigo; sin embargo, en este último caso, la Odepa, la Sociedad Nacional de Agricultura y el Ministerio de Agricultura han determinado que su situación dependerá de factores tales como el tipo de cambio y los precios internacionales. En todo caso, en el peor de los escenarios planteados se ha estimado que, a lo sumo, se verán afectados entre el 10 por ciento y el 20 por ciento de las superficies plantadas con dicho cereal. ¿Interrogaciones?, ¿paliativos?
El señor Nicolás Eyzaguirre expresó que si bien el efecto final del impacto de un tratado de libre comercio es difícil de medir con anticipación, no existen dos opiniones en esta materia, en el sentido de que todos los estudios concluyen que, finalmente, desde el punto de vista de país, el efecto es positivo.
Reconoció, sin embargo, que la distribución de los beneficios no es del todo homogénea, razón por la que a las políticas del Estado les cabe jugar un importante rol. Agregó que, en todo caso, dado que desde hace muchos años Chile cuenta con una economía abierta, los sectores perdedores serán muy pocos. En efecto, el único actor que es un claro perdedor es el fisco, por cuanto la baja de aranceles impacta en su recaudación de impuestos y, por tanto, en sus presupuestos. Al respecto, comentó que el problema del libre comercio que vivimos con la apertura al mundo en estos momentos lo sufren todos los países, razón por la que ha sido una de las cuestiones principales que se debatieron en la reciente Ronda de Doha, de la Organización Mundial del Comercio.
Recalcó que el hecho de que el fisco sufra una pérdida por rebaja de aranceles no debe confundirse con que el país, en su conjunto, la sufra, puesto que dichos recursos se distribuyen en el sector privado. Puntualizó que las rebajas arancelarias que significan una reducción neta de impuestos producen un aumento en el ingreso disponible de la población y un incremento en la oportunidad y variedad de bienes de consumo disponibles. Asimismo, un mayor crecimiento y, por ende, mejores oportunidades de empleo y de salario real, contribuirán, también, a incrementar el ingreso real disponible de la población.
Señaló que al considerar los impactos en tal o cual sector en la recaudación arancelaria y de IVA asociado a aranceles, es necesario estimar las ecuaciones de los otros bloques comerciales para cuantificar las desviaciones de comercio que se originan producto de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América. Hizo notar, además, que en estos últimos años los mercados de destino de los productos chilenos han estado constreñidos, generándose una brecha potencial de producción cercana al 5 por ciento, por lo que el incremento en la actividad basado en la capacidad ya instalada no constituye un beneficio neto derivado del tratado, sino que sólo se trata de un efecto del ciclo económico.
No obstante lo anterior, precisó que los efectos del tratado pueden analizarse desde un punto de vista estático, o bien, desde otro, dinámico. Desde el primero, se ha considerado que, dado el tamaño de la economía de Estados Unidos y la cantidad de bienes que allí se producen en relación con lo abierta que es nuestra economía, no se espera una desviación de comercio que implique comprar bienes en aquél comparativamente más caros que en otros países. Por otra parte, la reducción en el valor de los insumos importados estimados como creación de comercio produciría un aumento de entre l,5 por ciento a 1 por ciento del producto interno bruto. Desde un punto de vista dinámico, al bajar los impuestos de internación se producirá un desplazamiento de la actividad hacia donde sea más rentable producir.
Puntualizó que, en cuanto a la disminución del riesgo soberano, el tratado, en sí mismo, no producirá un efecto importante, por cuanto ya es uno de los más bajos del mundo en desarrollo, pero sí habrá un efecto para la clasificación de la deuda privada. Hizo presente que, en el caso del riesgo soberano, lo que más importa son las políticas que aplica el país por un período prolongado, y de allí el éxito chileno. Expresó que el Tratado de Libre Comercio contempla seguridades para la inversión y, por lo tanto, el riesgo tiende a disminuir.
Hizo notar que habrá que mejorar una serie de procedimientos, entre otros los aduaneros, todo lo cual implicará un cambio considerable en cómo hacer las cosas.
No obstante, sostuvo que, sin mediar un cambio de políticas en este ámbito, se espera un crecimiento de hasta 2 por ciento del producto interno bruto.
En el debate de la Comisión participaron diversos señores diputados, quienes formularon opiniones y dudas sobre la conveniencia o no para el país de aprobar el tratado, las cuales, junto con las respuestas dadas por los representantes del Ejecutivo, se consignan en las actas respectivas.
Se hizo presente que el Tratado de Libre Comercio no es una carrera corrida, sino, más bien, una oportunidad, y, por tanto, la tarea de todos es aprovechar las oportunidades que se vayan presentando.
Por otra parte, se explicó que, en relación con los temas laborales y medioambientales, se ha minimizado el riesgo de que sean utilizados como barreras proteccionistas, pero comprometiéndonos como país con el cumplimiento riguroso de nuestra legislación en estas materias, con un espíritu de cooperación y modalidades de solución de controversias acordes a su especificidad.
Se reconoció que el tratado puede producir alguna tensión en ciertos sectores; sin embargo, el efecto país supera con creces los problemas que podría generar.
Se sostuvo que una economía en crecimiento requerirá de mayores bienes públicos, tales como educación, salud y justicia, todo lo cual, probablemente, conllevaría a futuro un alza en la carga tributaria.
Se planteó, asimismo, que la economía ha demostrado que lo peor que se puede hacer para impulsar un sector es entregarle privilegios artificiales, puesto que, a la larga, ello termina por perjudicar al sector que se pretende beneficiar. Así sucedió, por ejemplo, con los esquemas de economía cerrada aplicados durante las décadas de los años 50 y 60.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del tratado, sus anexos y notas.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fue sometido a votación el artículo único del proyecto de acuerdo propuesto por la Comisión técnica, el cual fue aprobado por unanimidad.
Acordado en sesiones de fechas 11 de septiembre y 1 de octubre de 2003, con la asistencia de los diputados señores Claudio Alvarado , Rodrigo Álvarez , Alberto Cardemil , Julio Dittborn , Camilo Escalona , Carlos Hidalgo , Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz , José Pérez , Eduardo Saffirio , Eugenio Tuma , Gastón Von Mühlenbrock y Enrique Jaramillo .
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Soledad Alvear, ministra de Relaciones Exteriores.
La señora ALVEAR, doña Soledad ( ministra de Relaciones Exteriores ).-
Señor Presidente , con mucho agrado intervengo esta mañana en nombre del Gobierno, con el objeto de solicitar la aprobación de los honorables diputados y diputadas al acuerdo alcanzado por nuestro país, luego de un arduo trabajo, a fin de obtener una adecuada negociación.
En una muy breve síntesis, quiero explicitar que este Tratado de Libre Comercio permite acceder a grandes ventajas comerciales, las que para nuestro país se traducen en significativas ganancias en materia de inversión, de acceso a la innovación y de cambios tecnológicos. Además, tal como lo explicaré más adelante, favorece la generación de más y de mejores empleos.
(Manifestaciones en las tribunas).
Desde sus inicios, la iniciativa emprendida por el Gobierno contó con la colaboración de amplios espectros del mundo académico, de parlamentarios, de empresarios -grandes, medianos y pequeños- y de los trabajadores.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas guardar silencio, o me veré en la obligación de hacerlas desalojar.
Continúa con la palabra la señora ministra de Relaciones Exteriores.
La señora ALVEAR, doña Soledad ( ministra de Relaciones Exteriores ).-
Para corroborar la afirmación recién formulada, voy a mencionar el conjunto de reuniones de trabajo sostenidas con organizaciones laborales en relación con este tratado.
El 12 de marzo de 2001 se efectuó un encuentro ampliado de trabajadores, académicos y empresarios en Puerto Montt, con el objeto de recoger las inquietudes de la región en relación con el TLC.
El 10 de abril de 2001 hubo una reunión de trabajo con la directiva de la CUT, a fin de analizar el proceso de negociaciones.
El 15 de abril de 2001, el jefe negociador expuso ante el consejo directivo de la CUT -ante cuarenta dirigentes- acerca de algunas perspectivas...
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
Se suspende por veinte minutos más.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
Recupera el uso de la palabra la ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear.
La señora ALVEAR, doña Soledad ( ministra de Relaciones Exteriores ).-
Señor Presidente , señalaba la importancia que tuvo en el proceso de negociación el trabajo que realizamos como país. Digo esto, porque a cada una de las negociaciones no sólo concurrió el equipo negociador, sino, adicionalmente, los grandes, medianos y pequeños empresarios, como asimismo la CUT, a través de representantes, en lo que denominamos el cuarto adjunto.
En esas ocasiones, los sectores público y privado, en conjunto, al momento de cerrar cada una de las rondas, adoptamos determinaciones que no siempre fueron fáciles. Además, entre una ronda y otra -de las catorce que sostuvimos-, nos reunimos con el objeto de preparar las reuniones siguientes, de manera que pudiéramos contar con las mejores herramientas para resolver adecuadamente cada uno de los aspectos abordados.
Como señalé con anterioridad, además, durante los dos años de rondas de negociaciones desarrollamos 23 encuentros con la Central Unitaria de Trabajadores, en distintas regiones, incluida la Metropolitana, con el objeto de dar a conocer el acuerdo, recoger las inquietudes y, al mismo tiempo, celebrar -quiero decirlo-, cuando concluimos las negociaciones, en diciembre del año pasado, con los empresarios, grandes, pequeños y medianos. También estuvo presente la CUT, y lamento que haya ocurrido lo que hemos visto.
Estoy muy contenta por el logro que obtuvimos como país, porque, precisamente, significa un gran salto. Se trabajó durante muchos años con el objeto de conseguirlo, y me alegra que se debata serenamente en el Congreso Nacional por quienes son representantes de la soberanía popular.
El acuerdo fue factible gracias a la confluencia de un conjunto de factores. Primero, la versatilidad del proceso que se inició con una apertura unilateral, y continuó, luego, con acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales.
Por otra parte, debe reconocerse la capacidad de empresarios y trabajadores para afrontar el proceso de apertura.
Al mismo tiempo, quiero destacar que el riesgo-país es el más bajo de nuestra historia, el menor de todas las economías emergentes. Así lo confirman los indicadores internacionales en materia de transparencia, conectividad, solidez institucional, facilidad para hacer negocios. Chile se encuentra en una posición destacada.
Además, existe consenso nacional en que para una economía pequeña como la nuestra, para un país que tiene poco más de quince millones de habitantes, el mejor escenario para enfrentar las posibilidades de crecimiento y, por ende, de mayor empleo y bienestar, radica en una integración cautelosa de las corrientes dinámicas del comercio, del financiamiento y de las tecnologías internacionales, pero activa.
En este sentido, el acuerdo de libre comercio permite regular esa integración, pero resguardando los sectores más sensibles y adecuando la magnitud y temporalidad de los desafíos a la construcción de las respectivas capacidades institucionales, tanto públicas como privadas.
Una premisa central de tal consenso indica que conseguir mayores tasas de crecimiento, mejorar la cantidad y calidad del empleo, así como las remuneraciones, supone acceder a mayores niveles de productividad y competitividad.
Por ello, avanzar más hacia una modernización productiva con equidad también supone reforzar la inserción internacional. En ese sentido, establecer un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo representa para Chile un paso histórico y, a la vez, necesario para profundizar esta estrategia exportadora que posibilita el crecimiento del país.
En cuanto a sus alcances, este Tratado de Libre Comercio crea una profunda zona de libre comercio, equilibrada, integral, que incluye todos los aspectos de una relación económica bilateral, tales como comercio de bienes, contratación pública, protección y promoción de las inversiones, servicios transfronterizos, protección de los derechos de propiedad intelectual.
También incorpora temas relativos a la nueva economía, como el comercio electrónico, las telecomunicaciones, y establece mecanismos conocidos, transparentes y eficaces que permitirán solucionar controversias comerciales.
Se avanza respecto de una globalización con un rostro más humano y orientado al desarrollo sustentable.
Hemos incorporado los temas laborales y medio ambientales, minimizando el riesgo de que sean utilizados como barreras proteccionistas.
Me permito comentar que hace algunos días, con ocasión de las rondas multilaterales de la Organización Mundial de Comercio que se llevaron a cabo en Cancún, México, que desgraciadamente terminaron mal, tuve la posibilidad de reunirme con los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, así como también con todos los dirigentes sindicales de los distintos países del mundo. Me parece importante destacar que quisieron hacerlo con el objeto de que se valorara lo que sienten. Es el primer paso que se da en este ámbito para vincular normas de libre comercio con normas laborales. Esto fue saludado como un gran avance y un ejemplo de lo que puede significar un acuerdo de libre comercio.
En cuanto a los beneficios comerciales, quiero destacar, en primer lugar, la consolidación del sistema generalizado de preferencia. Este sistema, que se resuelve unilateralmente por parte de Estados Unidos, queda consolidado en este tratado y no va a depender de decisiones unilaterales.
En segundo lugar, existe la posibilidad de realizar exportaciones de productos con mayor valor agregado e incorporar nuevos exportadores. Esto se produce en atención a que en la actualidad existe un escalonamiento arancelario, vale decir, a mayor valor agregado, mayores aranceles. Por lo tanto, al eliminarse en un plazo de doce años, tenemos la posibilidad de agregar valor a nuestras exportaciones.
En tercer lugar, quiero destacar la equiparación de ventajas arancelarias que ya gozan otros países en mercados estadounidenses. Me refiero a México, Canadá e Israel.
Por último, debo señalar la rebaja de costos de insumos, maquinarias y tecnología que, ciertamente, beneficiará a muchos empresarios emprendedores en nuestro país, pues sus requerimientos tendrán costos más bajos, lo que les posibilitará entrar en un círculo virtuoso.
Respecto de los impactos sectoriales, me ahorraré de señalar detalles, por cuanto esta mañana hemos escuchado brillantes presentaciones, formuladas por los presidentes de la comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda de la honorable Cámara. Sólo quiero reiterar algunas cifras muy generales.
Me parece importante destacar que el 84 por ciento de los productos agrícolas, uno de los pilares del desarrollo exportador nacional, tendrá desgravación inmediata. En el sector agrícola, sólo un 13,7 por ciento de los productos exportados se desgravará en el plazo máximo de doce años. Es decir, todos quedarán desgravados en ese plazo, pero la gran mayoría tendrá desgravación cero desde el primer día que rija el tratado.
Por otra parte, con el objeto de asegurar para ciertos productos agrícolas sensibles una oportunidad de ajustarse a las nuevas condiciones, se acordaron plazos de desgravación más largos y disposiciones que ayudarán a proteger a los agricultores de alzas súbitas de importaciones agrícolas. Al cabo de doce años, la totalidad del comercio se llevará a cabo sin aranceles ni cuotas. ¡La totalidad! Éste es el primer tratado de libre comercio en que, al cabo de doce años, se alcanzará el arancel cero respecto de todos los productos.
Gran parte de los productos exportables más importantes del sector quedó en categoría de desgravación inmediata. Ejemplos: uvas frescas, pasta química de coníferas, vino con denominación de origen, manzanas frescas, carne porcina, duraznos, nectarines, algunos jugos de frutas -como frambuesas y moras-, ajos, cebollas, miel natural, etcétera.
Adicionalmente, los siguientes productos, entre otros, consolidan su situación actual de ingreso liberado: celulosa, madera de pino insigne, tableros de mesa de madera, manzanas, kiwis, ciruelas, cerezas, jugo de manzana, etcétera.
Atendiendo un tema de gran sensibilidad, se eliminaron los subsidios a la exportaciones agrícolas en el comercio bilateral y se acordaron consultas en caso de que subsidios de terceros países puedan afectar el comercio entre Chile y Estados Unidos.
Debemos considerar que de nuestras importaciones agrícolas sólo el 7 por ciento proviene de Estados Unidos, al punto de que ese país no es un proveedor importante de ninguno de nuestros productos sensibles. En consecuencia, no constituye una amenaza para los productos nacionales.
Respecto de los productos industriales, que veremos en la imagen siguiente, me parece muy importante mencionar que el 97 por ciento de dichos productos, que se exportan actualmente a Estados Unidos, gozará de desgravación inmediata. Estos productos, por tener mayor valor agregado, por cierto, posibilitan mayor cantidad de empleos y en esta dirección se vislumbra un promisorio horizonte para la industria textil, del vestuario y del calzado.
Una amplia gama de productos industriales exportables, que incluye derivados del cobre, manufacturas de madera, textiles, cuero y calzado, así como gasolinas y aceites comestibles destilados, ingresará libre de arancel, y sin cuotas, en forma inmediata el día uno en que comience a regir este tratado.
Prácticamente la totalidad de los productos químicos se desgravará también el primer día, entre los que destacan los fertilizantes, el metanol y la sal, grupo al cual se agrega la gran mayoría de los productos exportados por Chile en el sector metalmecánico.
Permítaseme señalar en esta ocasión un aspecto que nos alegró sobremanera -quiero reconocerlo- al momento de culminar la negociación. Todos sabemos que, cuando Chile inició el proceso de apertura, años atrás, desgraciadamente, el sector textil sufrió efectos muy severos. Muchas empresas textiles quebraron en nuestro país. El ingreso de estos productos a Estados Unidos es muy difícil, porque, en la actualidad, tienen aranceles muy altos, desde 20 por ciento y hasta 32 por ciento. Pues bien, felizmente, para el sector textil del país se consiguió un cero por ciento de arancel desde el día uno.
En la Comisión Especial y en la Comisión de Hacienda de esta Cámara pudimos compartir, con diputados de la Octava Región, lo que esta medida significa en inversiones -que ya se están realizando- y en más puestos de trabajo, puesto que los empresarios están viendo una posibilidad concreta de llegar a ese enorme mercado, con gran poder adquisitivo, y revivir a un sector que, como consecuencia de la apertura, resultó muy castigado. Ésta es una excelente noticia y podemos hacerla extensiva también para industrias tan importantes como las del cuero y calzado.
En relación con la agroindustria, quiero destacar avances muy significativos en rubros como vinos, lácteos, conservas, jugos y congelados. Son sólo ejemplos. Esta mañana dedicamos un buen tiempo al respecto, refiriéndonos a algunos casos bastante gráficos.
Inicialmente, ingresarán 3.500 toneladas de productos lácteos libres de arancel, cantidad que aumentará en un 7 por ciento anual hasta llegar el año doce con arancel cero y sin cuota. Esto es de gran importancia, especialmente para las regiones agrícolas del país.
Las frutillas y las moras gozarán de una desgravación inmediata. Las pasas, nueces y almendras tendrán un calendario de cuatro años. Los jugos de uva, limones frescos, tomates frescos y las frambuesas congeladas también tendrán desgravación. Los duraznos en conserva, que hoy tienen 17 por ciento, en este caso tendrán una desgravación más larga, pero, sin lugar a dudas, significa, desde el punto de vista de las proyecciones, enormes posibilidades para nuestro país.
Respecto del vino chileno, cuya estrategia de inserción en el mundo ha sido tan exitosa, se desgravará y Estados Unidos se comprometió a extenderle el mejor trato que otorgue en sus futuros acuerdos comerciales con otros socios.
Además, quiero recordar que los avances logrados en este sector deben evaluarse en el contexto de que la mayoría de la agroindustria disfrutará de acceso libre de aranceles al mercado de la Unión Europea en cuatro años, de manera que las proyecciones futuras no sólo deben hacerse en función de este tratado, sino también del que ya está vigente.
El sector industrial forestal, como consecuencia de los incentivos para consolidar su actividad exportadora, tendrá una proyección importante en la especialización de productos con mayor grado de elaboración y en el uso más intensivo de tecnología y conocimiento, ya que el mismo escenario regirá para la totalidad de los productos elaborados a partir de la madera. Todos ellos -como se señala en el cuadro que estamos observando- serán desgravados de manera inmediata.
Con respecto a los productos frescos, congelados y ahumados del sector pesquero, se desgravarán inmediatamente, mientras que la mayoría de las conservas y preparaciones gozarán de desgravación inmediata o en cuatro años.
En cuanto al sector minero, prácticamente la totalidad de sus productos -como veremos en el próximo cuadro- se desgravará el día 1 de vigencia del acuerdo.
Los cátodos de cobre, producto muy emblemático, en el cual Chile estaba en desventaja con respecto a sus principales competidores, bajará su arancel a un 0.5 por ciento el primer día y, al inicio del segundo año, se desgravará totalmente.
Ahora, los productos derivados de la minería que más se van a beneficiar con el tratado son los concentrados de cobre, el carbonato de litio, el cobre refinado, los tubos de cobre, las chapas, las bandas de cobre y las barras y perfiles de cobre que hoy están sujetos al sistema general de preferencias y, por ende, pueden ser cambiados año a año.
De hecho, en lo relativo al impacto importador, el 86 por ciento del incremento global de las importaciones provenientes de Estados Unidos van a corresponder a una desviación del comercio importador. El grueso de la oferta de productos que Estados Unidos tiene hacia nuestro país, más que competitivo, es complementario con la producción chilena, lo cual, por cierto, es importante desde el punto de vista del impacto que puede tener en nuestros mercados.
Señora Presidenta , sé que en esta Cámara existe -y la recojo- sensibilidad con respecto a las pequeñas y medianas empresas. Señalamos que el principal objetivo del tratado, como país, es consolidar el desarrollo exportador, integrando a las pequeñas y medianas empresas a los beneficios del comercio exterior, como asimismo favoreciendo su modernización productiva, acceso a nuevas tecnologías, integración a redes internacionales y el estímulo que debemos dar a su imprescindible asociatividad.
No es un dato menor que, hoy, el 63 por ciento de las empresas chilenas que exportan a Estados Unidos son pequeñas y medianas, y representan el 20 por ciento del total de las exportaciones hacia ese país.
Por consiguiente, el tratado es una piedra angular para el desarrollo industrial exportador, destacándose el impacto favorable de la desgravación y el aplanamiento de los escalonamientos arancelarios aplicados en Estados Unidos sobre una amplia gama de productos, respecto de los cuales las pymes son actores relevantes. Asimismo, concluye el emblemático caso, que recién comentaba, de los textiles y vestuarios, porque sus beneficios se extienden también a los derivados del cobre, las manufacturas de madera, el cuero, el calzado y la agroindustria.
Para aprovechar las oportunidades que abren los tratados de libre comercio, el Gobierno está llevando a cabo un proceso amplio de consulta y debate en las regiones, de modo de incorporar a todas las áreas en esta reflexión, incluyendo, en primer lugar, a las de las líneas de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.
No cabe duda de que el tratado es una valiosa herramienta para el desarrollo equitativo de las regiones. Hemos entregado a las señoras diputadas y señores diputados el documento, que aportamos a la discusión que se llevó a cabo en la Comisión especial y en la Comisión de Hacienda, sobre este tratado de libre comercio respecto de cada una de las regiones de Chile. Es de gran importancia y debe ser un trabajo que también debiera emprenderse, región por región, con el objeto de fortalecer estrategias de desarrollo para cada una de ellas.
La eliminación de aranceles para un conjunto de productos, sujeto al plazo máximo de cuatro años, significa un importante estímulo para el desarrollo manufacturero de la minería, desde la Primera hasta la Sexta regiones.
A fin de no ocupar más tiempo, invito a dar una mirada a lo que el tratado de libre comercio significa para cada una de las regiones. No hay región alguna que no pueda tener un potencial enorme gracias a este avance que hemos logrado como país.
El tratado favorecerá también la obtención de significativas ganancias en inversión, por cuanto contribuirá a reducir el riesgo país, disminuyendo el costo del financiamiento externo. Ello, a la vez, representará la generación de una mayor atracción de inversión extranjera directa y una expansión de la opción de Chile como plataforma de inversiones. Hemos apreciado que existe enorme interés en ese sentido, por parte de aquellos países con los cuales hemos suscrito estos tratados. Nosotros, al negociar, no sólo con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, con Corea del Sur y con la Efta -respecto de la cual esperamos estar en condiciones de trabajar durante las próximas semanas en esta Cámara-, podríamos transformarnos en una plataforma de inversiones para América Latina.
Chile, además, tiene sólidas bases en telecomunicaciones y una institucionalidad económica, lo cual, sumado a los efectos que tendrán los acuerdos en materia de propiedad intelectual, crea buenas condiciones para atraer inversión extranjera directa e intensiva en tecnología e innovación, con vistas a ofrecer servicios calificados al resto de la región.
En cuanto a los beneficios intangibles, ya hemos mencionado lo que significa el certificado de validez internacional, que implica una menor volatilidad en el crecimiento y la generación de mayores espacios para las alianzas empresariales en producción, exportación, distribución y tecnología.
Por último, es importante destacar que el acceso oportuno a las innovaciones tecnológicas va a estimular avances rápidos en difusión y aplicación de banda ancha y comercio electrónico, favoreciendo, además, la modernización tecnológica, en general, y a las pymes, en particular.
Creo necesario destinar algunos minutos para aclarar un tema que, según pudimos apreciar, es de especial sensibilidad en esta Cámara. Me refiero a la capacidad regulatoria y a la soberanía. ¿Qué significa este acuerdo en esta materia? Han existido inquietudes en torno a este tema. Quiero partir destacando que en el tratado se preserva la capacidad regulatoria y la flexibilidad y soberanía en la determinación de nuestra política económica. Los servicios públicos no se verán afectados por este Tratado de Libre Comercio ni su desempeño, ni en su gestión, ni tampoco en la capacidad de ir adoptando las reformas que a nuestro país le parezcan necesarias llevar adelante.
El único compromiso que se asume es el de la no discriminación, que por lo demás no es un compromiso nuevo. Esto está en nuestra actual constitución; por consiguiente, lo que hace el Tratado de Libre Comercio es reiterar una norma que se encuentra en la actual Constitución Política.
Los impuestos -lo digo con absoluta claridad- están excluidos del acuerdo. De modo que si bien el debate iniciado sobre el royalty en minería deberá ser despejado en su propio mérito, no hay nada en este Tratado de Libre Comercio que impida su eventual aplicación. Ni las políticas de cultura y educación ni el ámbito de salud o de los pueblos indígenas se verán afectados por el Tratado de Libre Comercio. Con preocupación, de repente hemos escuchado voces de algunas regiones que han puesto esto en duda, porque, al parecer, no hemos sido lo suficientemente explícitos o nos ha faltado una mejor difusión para tranquilizar en esta materia. Al contrario, la reserva cultural faculta al Estado chileno para adoptar o mantener cualquier medida que otorgue trato diferente a países conforme a cualquier tratado de cooperación internacional bilateral o multilateral, existente hoy o en el futuro, con respecto a las industrias culturales, tales como acuerdos de cooperación audiovisual.
Los programas gubernamentales de apoyo, a través de subsidios, para la aprobación, por ejemplo, de actividades culturales, no están sujetos a las obligaciones del Tratado de Libre Comercio.
Una de las satisfacciones -hay muchas en este proceso- fue recibir el amplio apoyo de todo el mundo de la cultura de nuestro país. Tuvimos especial cuidado en establecer, en este debate tan interesante de identidad del país en el mundo global, que nuestros valores culturales fruto de estas normas pudiesen tener el adecuado tratamiento, lo que terminó con un efecto absolutamente satisfactorio para Chile.
Por otra parte, es importante aclarar que la seguridad social queda excluida del acuerdo. Aunque en la actualidad existen aefepés e isapres de propiedad europea y de Estados Unidos, se excluyen del acuerdo las normativas y las políticas, permitiendo de esta manera que el Estado chileno mantenga plena autonomía para su regulación y para definir las políticas que estime adecuadas.
Finalmente, en el procedimiento de solución de controversias, entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión, se atacan las demandas frívolas y se asumen importantes compromisos en transparencia y participación de la sociedad civil.
Una vez concluida la negociación con Estados Unidos, incorporamos este nuevo enfoque a nuestros acuerdos con Canadá y con México, efectuando los intercambios de notas respectivas que modifican los capítulos de inversión en dichos tratados de libre comercio.
Quiero destacar un punto que también recogimos en el debate de estos días: el encaje.
Como es conocido, Estados Unidos es partidario de evitar cualquier restricción al movimiento de capitales. Sin embargo, este capítulo incorpora algunas restricciones, las que, incluso, posteriormente, fueron adoptadas por Singapur, descansando en nuestra negociación. En este sentido, Chile podrá introducir restricciones al ingreso y a la salida de capitales por lapsos no superiores a un año, sin expresión de causa y sin estar sujetos a controversia. También podrá hacerlo por plazos mayores, pero sujetos a la posibilidad de controversia.
La presencia de este mecanismo, según las autoridades de Hacienda y del Banco Central de nuestro país, en conjunto con el actual mix de política económica, permitirá una adecuada regulación de los flujos externos, el control de los capitales golondrina y una eficaz prevención de eventuales crisis de balanza de pagos.
Respecto de las oportunidades y desafíos, en el escenario más conservador, la expansión exportadora global inducida por el tratado, asumiendo la plena desgravación, ascendería a unos 504 millones de dólares. Esta cifra significa un incremento del 15 por ciento de nuestras actuales exportaciones, y equivale a un 0,7 por ciento del actual producto interno bruto. La anterior es una cifra conservadora por cuanto no incorpora los efectos dinámicos en inversiones y servicios, como tampoco, por ejemplo, los beneficios que derivan del acceso al mercado de compras públicas del gobierno federal de los Estados Unidos, junto con la posibilidad de acceder a los 37 estados y sus importantes mercados.
Durante el transcurso de la negociación y del debate que se llevó a efecto en esta Cámara de Diputados, surgieron inquietudes -que hemos acogido en ambas comisiones- que apuntaron, fundamentalmente, al hecho de determinar cómo aprovechar este desafío y qué hacer, todos, en nuestro país, tanto el sector público como el privado, para asumir el compromiso que implica esta gran oportunidad para Chile. Por eso, la organización que se dé tanto al sector público como al privado reviste gran relevancia. Al respecto, el Gobierno está promoviendo una coordinación activa entre los ministerios y agencias de fomento a fin de lograr una adecuada coordinación a nivel descentralizado y territorial.
Es importante destacar que la semana pasada -esta mañana tuvimos oportunidad de compartirlo como primera expresión de trabajo en la Comisión de Agricultura- se constituyó una comisión interministerial de fomento y desarrollo agrícola que tendrá por misión examinar la actual institucionalidad del desarrollo agrícola a la luz de los nuevos desafíos.
¿Qué duda cabe? Al abrir posibilidades comerciales en mercados tan importantes como los de la Unión Europea, Estados Unidos -una vez que este instrumento comience a regir-, Corea del Sur, Chile ha dado un salto hacia una segunda fase exportadora, lo que obliga al país en su conjunto a asumir este desafío.
Dicha comisión tendrá como finalidad evaluar la eficiencia, eficacia y pertinencia de los actuales programas de fomento agrícola; adecuar las políticas e instrumentos a los actuales desafíos; estudiar el marco regulatorio del sector y su eventual nuevo escenario; precisar iniciativas que permitan sistematizar y simplificar el marco normativo de las exportaciones agrícolas, junto con realizar un ejercicio de focalización de las prioridades en los programas de fomento, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas agrícolas, y en programas especiales de apoyo a la agricultura familiar campesina.
Además, quisiera destacar que, con el objetivo de elaborar un mapa de las oportunidades que se abren con estos acuerdos comerciales para las distintas regiones de Chile, hemos iniciado un trabajo coordinado con los intendentes y con las distintas agencias del Estado relacionadas con este esfuerzo: la Corfo, la Dirección General de Relaciones Económicas de la Cancillería, ProChile, el Ministerio de Agricultura y otros, los que se abocarán a la elaboración de los planes regionales, coordinados, en cada una de las intendencias, con la participación tanto del sector empresarial como del mundo académico y de los diferentes actores involucrados en cada una de las regiones. En este trabajo se podrán apreciar las oportunidades que se abren para cada una de las regiones y permitir la organización adecuada del sector público y privado, que requiere hacer un esfuerzo en esta dirección.
Cada región contará con una carta de navegación para los próximos dos años, en la que se definirán las prioridades del desarrollo exportador territorial, los principales instrumentos de fomento productivo y exportador disponibles y los temas en los que se seguirá trabajando en ese lapso.
Adicionalmente, quiero destacar que, en el marco del trabajo conjunto que están realizando el sector público y privado, existe una tercera iniciativa: el Consejo Público-Privado para el Desarrollo Exportador, el cual está dividido en cuatro grupos de trabajo: facilitación de comercio, fomento productivo, inserción internacional y promoción de exportaciones, inversión y turismo. Estos cuatro grupos están trabajando e informan de su labor tanto a los ministros del sector como a las organizaciones empresariales del sector privado que atienden y entienden que este esfuerzo debe ser hecho por el conjunto del país.
Es importante destacar estas tres iniciativas, pues son una clara señal de cómo debemos organizarnos a fin de afrontar estos nuevos desafíos. Reitero, ellas son el consejo público-privado, que desarrolla acciones concretas en cuatro grupos de trabajo; el grupo interministerial, que dispone de un tiempo de trabajo de sólo ciento ochenta días a partir del 22 de septiembre y, en tercer lugar, el esfuerzo que estamos realizando para que en cada una de las regiones exista una estrategia de desarrollo que focalice su acción en función de este mapa.
Señora Presidenta , el Tratado de Libre Comercio sólo es un instrumento para lograr el desarrollo económico y social de nuestro país, pero es un instrumento muy poderoso, ya que nos permitirá aprovechar las oportunidades que se abren al desarrollo de nuestra economía y al mejoramiento de la calidad de vida de todos los chilenos, gracias a la capacidad y creatividad de nuestros empresarios y trabajadores, al trabajo coordinado de las instituciones públicas y privadas en todas las regiones de Chile, y a la adecuación, a este nuevo escenario, de los instrumentos de fomento que tenemos.
Quiero resaltar que un antecedente valioso a considerar es el efecto que ya tiene el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que se aprobó en el Senado el 15 de enero del presente año y que comenzó a regir el 1 de febrero.
Como podrán recordar, los capítulos de Cooperación y de Diálogo Político requieren la aprobación de cada uno de los quince parlamentos de los países miembros de la Unión Europea. Varios ya lo han aprobado y otros están debatiéndolos en sus respectivos Parlamentos.
En relación con el Capítulo de Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio, que entró a regir casi en su totalidad, hay algunos ejemplos extraordinariamente gráficos en lo relativo al incremento de nuestras exportaciones. Las cifras del Servicio Nacional de Aduanas reflejan que, a la fecha, el crecimiento de las exportaciones ha sido de 15 por ciento. Las exportaciones de uva de mesa han crecido en 45,5 por ciento, especialmente las provenientes de las Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Libertador Bernardo O´Higgins; las de cordero han aumentado en 53,6 por ciento, lo que favorece especialmente a la Región de Magallanes; las de fruta se han incrementado en 25 por ciento, lo que beneficia a las Regiones de O´Higgins y del Maule. Por su parte, las de carne de ave -cuando llegamos a Chile, después de lograr el acuerdo, señalamos que aquí veíamos una fortaleza grande-, provenientes de las regiones de Valparaíso y del Libertador Bernando O´Higgins han tenido un alza de 386 por ciento.
Adicionalmente, es importante destacar que las exportaciones no tradicionales, que excluyen el cobre, como la celulosa y la harina de pescado, crecieron en 23 por ciento.
Igualmente, parece relevante destacar que las exportaciones de bienes de capital desde Europa han crecido en 40 por ciento, lo que está indicando que nuestras empresas se están modernizando e incorporando tecnología europea para mejorar la competitividad de sus productos. En consecuencia, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representa otra enorme oportunidad para Chile.
Considero importante asumir como país el compromiso de avanzar en una dirección que busque, en primer lugar, una mayor cohesión social. Mediante una política pública activa, eficiente y adecuadamente focalizada, las pequeñas y medianas empresas accederán a los beneficios de la apertura del mercado y contribuiremos a que todos los trabajadores puedan beneficiarse con mejores salarios y condiciones laborales debido a los incrementos de productividad que este acuerdo va a generar para la economía chilena.
Ligado a lo anterior, también debemos procurar una mayor integración regional. Para que Chile sea un país más armónico, más equilibrado, más integrado, en definitiva, más justo, necesitamos que las regiones se incorporen plenamente a los beneficios de una economía dinámica y competitiva. Por ello, nos preocupamos específicamente de abrir oportunidades a la producción de carnes, lácteos, semillas, flores, producción forestal y acuícola. Es nuestra responsabilidad trabajar para que estas potencialidades dinamicen y permitan cambiar el rostro de nuestras regiones, especialmente, las del centro y sur del país.
Estamos convencidos de que para materializar las oportunidades que se han abierto, requerimos de políticas públicas activas, de un Estado eficiente y del espíritu de cooperación de los diferentes actores de la vida nacional, similar -y quiero destacarlo una vez más- al que pudimos contar para lograr este objetivo. No fue fácil trabajar simultáneamente, como lo hicimos, realizando un gran esfuerzo como país al negociar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Corea del Sur, con Efta y, al mismo tiempo, suscribir un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Pero lo logramos, señora Presidenta , con un trabajo arduo y activo. Lo dije en su momento, pero siempre quiero destacarlo. Aquí estamos dos de los cuatro ministros que intervinimos en la negociación, el de Agricultura y quien habla, más los ministros de Hacienda y de Economía , y equipos técnicos espectaculares. Lo grafico en quienes han sido la cara visible en la negociación técnica: el señor Osvaldo Rosales, director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores , y Carlos Furche, director nacional de Odepa , quienes se encuentran presentes, pues cumplieron un rol extraordinariamente activo. A través de ellos, quiero agradecer una vez más el inmenso esfuerzo hecho para alcanzar este objetivo.
También hago un reconocimiento a los parlamentarios de todos los sectores políticos que apoyaron este esfuerzo; al sector privado, grandes, pequeños y medianos empresarios, y a la CUT, cuyos representantes -que no estuvieron entre quienes realizaron manifestaciones hace un rato en las tribunas- aprobaron, mayoritaria y formalmente, las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
El tiempo que viene debe destinarse a repensar nuestro desarrollo y a ajustar nuestras políticas y acciones. Estamos en condiciones de dar un nuevo impulso a nuestro desarrollo. Quizás el riesgo mayor radique en no estar a la alturas de las posibilidades que colectivamente hemos ido creando.
Partí señalando que ésta era una tarea de Estado, de país; por ello, solicito el respaldo y la aprobación de la Cámara de Diputados a este tratado y que asumamos el compromiso para que sigamos trabajando con la misma visión de Estado en el desarrollo del país y de cada una de sus regiones, dadas las enormes posibilidades que hoy se nos presentan.
Muchas gracias.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por dieciocho minutos, el diputado Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, antes de referirme al tema que nos convoca, quiero hacer un pequeño comentario.
Me llamó la atención el verdadero espectáculo artístico realizado por el Partido Comunista de Providencia en las tribunas. Parece que no entienden nada de lo que hoy está resolviendo el Congreso Nacional. Pocas veces tenemos la oportunidad de discutir temas tan importantes para el país, como éste.
Sin entrar a las cifras que se han dado a conocer en las intervenciones anteriores, quiero resaltar que este tratado abre un espacio importante al país, cual es un mercado de 280 millones de habitantes. Estados Unidos es el mayor socio comercial de Chile y el mayor inversionista extranjero de nuestro país.
El Tratado de Libre Comercio, en buenas cuentas, consiste en un acuerdo de carácter económico, que favorecerá y facilitará la exportación de productos nacionales al mercado estadounidense.
¿Por qué es posible suscribir hoy un tratado con Estados Unidos?
La principal razón que se puede argumentar en este sentido es la seriedad con que nuestro país ha sido conducido a partir de mediados de la década de los años setenta. La responsabilidad y honestidad con que ha procedido Chile en sus obligaciones internacionales y en su vida interna, que es fruto del esfuerzo, del trabajo y de la participación de todos los sectores políticos y sociales, ha permitido construir una democracia sólida y estable, y una economía que, con sus altibajos, puede exhibirse como una de las mejores de la región.
Sin perjuicio de las legítimas discrepancias que pueden existir al interior de nuestro país sobre las medidas y políticas más adecuadas para acelerar el crecimiento y alcanzar el desarrollo, no cabe duda de que la seriedad institucional y el alto grado de cumplimiento de nuestros compromisos en el ámbito internacional son las piedras angulares que han permitido llevar a cabo este tratado con Estados Unidos.
El difícil y duro camino iniciado a mediados de los años setenta ha venido a rendir sus frutos ahora.
El segundo factor de gran relevancia lo constituye -qué duda cabe- la apertura de nuestro país. A mediados de la década de los años setenta se adoptó en Chile un modelo de economía de mercado abierto al mundo. Gracias a ese modelo, nuestro país emprendió un rumbo que entonces fue bastante incomprendido por muchos sectores, pero que hoy se reconoce como el único capaz de producir un bienestar sólido y sostenible en el tiempo.
En una primera etapa la aplicación de ese modelo supuso una rebaja unilateral de aranceles, lo que dio acceso a los emprendedores nacionales a mejores tecnologías que les permitieron comenzar a producir y exportar productos en los que nuestro país tenía manifiestas ventajas comparativas en relación con otros países de la región.
En una segunda etapa, cuando se había llegado a un nivel arancelario aceptable, Chile comenzó su inserción en la comunidad internacional. De esta manera, nuestro país ingresó a la Organización Mundial del Comercio, en la década de los años ochenta, para garantizar al mundo que seguíamos dispuestos a consolidar una política económica en que primaba un modelo de libre mercado.
En una etapa posterior, se inicia la negociación de una serie de acuerdos comerciales que pretenden liberalizar aún más las trabas presentes en el comercio mundial, que pudieren enfrentar nuestros productores. De esta manera, en la década de los años noventa, se celebraron acuerdos comerciales con la totalidad de América Latina y Canadá, abarcando cerca del 30 por ciento del intercambio comercial total del país.
Luego, en 2002, concluyeron las negociaciones con la Unión Europea, Corea y Estados Unidos, y en el primer trimestre de 2003, con la Asociación Europea de Libre Comercio.
En definitiva, cerca del 75 por ciento del comercio exterior de nuestro país está regido por los acuerdos de libre comercio que se han suscrito.
La apertura económica iniciada hace casi 30 años nos ha permitido acceder a mejores tecnologías que hacen de nuestro país una nación relativamente moderna. En efecto, se puede decir que contamos con un buen nivel tecnológico en telecomunicaciones y, además, tenemos buenos sistemas de transporte, aunque todavía adolecemos de serias dificultades en el ámbito de la infraestructura. Éstas, además de otros inconvenientes y trabas que existen a nivel microeconómico, deben abordarse con prontitud y seriedad, si deseamos convertirnos en una puerta de entrada para el resto de América Latina.
Por último, cabe destacar su gran estabilidad como otro de los factores que han permitido que nuestro país haya podido consolidar su apertura comercial y celebrar los tratados de libre comercio a que nos hemos referido, en particular el que estamos debatiendo.
Cuando destacamos estas características no nos estamos refiriendo únicamente al plano institucional. Por el contrario, estimamos que uno de los hechos que la comunidad internacional ha valorado en Chile ha sido su respeto irrestricto a las reglas del juego, lo que constituye una verdadera garantía para los inversionistas que quieren instalarse en nuestro país. Sin duda, esta confianza es uno de los pilares de la estabilidad a la que nos hemos referido, sin pretender exagerar su importancia. Al mismo tiempo, no puede desconocerse que sin ella de poco servirían los demás factores aquí señalados.
En efecto, la permanencia en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno, de las principales reglas del juego, es uno de los elementos fundamentales que ha permitido que Chile adquiera el prestigio de que goza en el ámbito internacional. Por esto, todos los sectores políticos y sociales deben poner especial énfasis en cuidar este aspecto de la estabilidad de nuestro país, que tanto nos ha costado mantener.
¿Qué significa hoy este tratado para Chile? Las favorables condiciones de acceso a la economía más grande del mundo y la estabilidad de reglas contempladas en este tratado, constituyen un atractivo para las decisiones de inversión en Chile de las principales empresas internacionales, tanto americanas como europeas y asiáticas.
Nuestro país podrá consolidar su inserción mundial, expandiendo sus mercados y transformándose en un verdadero centro de atracción de capitales extranjeros y, por ello, un polo de desarrollo para nuestra nación, y por qué no decirlo, muy probablemente para toda la región.
Se espera que el tratado suscrito con Estados Unidos abra importantes oportunidades de inversión en tecnologías de la información, propiciando con ello condiciones favorables para que Chile se transforme en una plataforma de servicios en este sector, uno de los más importantes para la economía del futuro, según todos los especialistas. En tal sentido, uno de los objetivos de este tratado es producir en Chile servicios que reemplacen los que actualmente se prestan en Estados Unidos o en la región.
El asociarse con la principal economía mundial, entrar en la primera división de las economías del mundo, implica también grandes oportunidades para los emprendedores nacionales que buscan nuevos mercados para darse a conocer. La correcta conducción económica de nuestro país, sumado al gran mercado estadounidense, constituyen excelentes herramientas para explorar nuevas oportunidades. Para que esto se convierta en realidad, será necesario modernizar la estructura exportadora, de manera de eliminar una serie de trabas burocráticas que limitan a los exportadores.
Por otro lado, tanto el gobierno como los privados deberán hacer serios esfuerzos con miras a orientar a los productores nacionales, con el objeto a ayudarlos a encontrar los mejores nichos que se puedan penetrar en los Estados Unidos. No debemos olvidar que nuestro país exporta a nuestro principal socio comercial, principalmente, materias primas, siendo el cobre el principal producto de exportación.
Es indispensable orientar nuestros esfuerzos a productos que tengan un mayor valor agregado, ya que ellos son los que, al tener aranceles más elevados, obtienen un mayor beneficio fruto de este acuerdo.
Sin embargo, esta búsqueda no puede hacernos perder el norte respecto de que el primer objetivo ha de ser encontrar los ámbitos de mercado en que nuestro país tenga efectivamente ventajas competitivas. Ese será, como lo han señalado destacados economistas, el verdadero motor de la generación de riqueza y, por ello, del crecimiento económico.
Chile, al suscribir un acuerdo comercial de esta naturaleza, en el fondo se está comprometiendo, además, a mantener una conducción económica seria y coherente con los principios del libre mercado y la libre iniciativa privada, lo que garantiza que el modelo adoptado hace treinta años deberá mantenerse en el tiempo para los efectos de continuar con un fluido intercambio comercial.
¿Qué viene para el futuro? Oportunidades.
En un máximo de diez a doce años, todas las exportaciones de Chile ingresarán a Estados Unidos sin arancel y sin ningún tipo de restricción o cuota. Las cuotas asignadas crecerán exponencialmente hasta cubrir el ciento por ciento de las exportaciones chilenas del producto respectivo.
A juicio de los especialistas, este nuevo acuerdo económico implicará en nuestro país un mayor crecimiento económico, ya que se abrirán nuevas oportunidades de negocios, las que, en consecuencia, permitirán elevar la tasa de rentabilidad a varias industrias.
Por este mayor crecimiento económico, según lo demuestran determinados estudios, el país debería crecer, al cabo de diez años, entre 2 y 5 puntos, lo que se traducirá en un aumento de la inversión y de las exportaciones, en una mayor recaudación fiscal, en el aumento del consumo y -lo más importante y relevante- en una disminución de la pobreza.
La economía, como toda actividad, tiene que estar al servicio de los hombres y, muy especialmente, al de los más desposeídos.
Si como lo predicen los especialistas y lo indica nuestra experiencia en las últimas décadas, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos contribuye a la disminución efectiva de la pobreza. Querrá decir, entonces, que todo este esfuerzo ha válido la pena con creces.
Nuestro país es esencialmente exportador de recursos naturales, lo que justifica las ventajas comparativas que en estas áreas tiene Chile.
Ahora bien, con la rebaja de aranceles que conlleva el Tratado de Libre Comercio, nuestras ventajas comparativas aumentan, sobre todo cuando se trata de productos con mayor valor agregado. Porque a mayor valor agregado más altos son los aranceles, lo que significa que se abren una serie de oportunidades para los productores nacionales.
Sin embargo, la ratificación de este acuerdo plantea para nuestra economía una serie de desafíos, tanto para el sector privado como para el público.
Entre los desafíos para el sector privado corresponde destacar la necesidad de abrir nuevos nichos y descubrir oportunidades de negocios, maximizar eficiencia, invertir en tecnología y modernizar los sistema productivos.
Para el sector público, por el contrario, se plantea la necesidad de aumentar la flexibilidad en los mercados. En este sentido resulta indispensable abordar derechamente las cuestiones que todavía se encuentran pendientes. Específicamente me estoy refiriendo a la flexibilidad laboral; a la profundización de las reformas al mercado de capitales; a la modernización del sector público y a la indispensable transparencia de la gestión pública; a la necesaria mejora del sistema educacional y de salud pública; al establecimiento de regulaciones sencillas y claras respecto de los sectores claves para la inversión y no sobrerregulaciones que desincentivan la actividad privada y perjudican el desarrollo económico y la superación de la pobreza; a la entrega de incentivos tributarios y de apoyo a la acción de los privados; al avance en obras de infraestructura tales como puertos, carreteras y sistema aduanero, y a la entrega de un monitoreo adecuado del cumplimiento de los términos del tratado.
Todas estas medidas están destinadas a obtener los tan esperados beneficios del acuerdo. Entre estos, cabe destacar el incremento de los volúmenes importados y exportados; la diversificación productiva que hoy enfrenta dificultades de acceso por escalonamiento arancelario; una mayor inversión; la disminución del riesgo país; un incremento en el empleo -que es uno de los problemas más graves que hoy enfrentan muchos chilenos- y, por supuesto, una efectiva e importante disminución de la pobreza.
Vamos a votar a favor del tratado, porque estamos pensando en Chile, en el país y sus perspectivas de futuro, teniendo en vista las ventajas del tratado. Pero también hay desventajas y muchos parlamentarios de regiones tienen que lidiar a diario con ellas. Son muchos los que en sus distritos se sienten presionados por aquellos sectores que se verán afectados por la firma de este tratado con Estados Unidos. Por ello, le han pedido respuestas al Gobierno; respuestas que esperamos las pueda entregar hoy la canciller.
Por ejemplo, piden respuestas con respecto a temas como el desarrollo regional en lo que se refiere a la inversión; solución a los problemas productivos, agrícolas y mineros; inserción regional en el comercio internacional, las pymes, educación y capacitación para enfrentar el desempleo; nueva estructura u organización para enfrentar esta nueva etapa del comercio exterior en el sentido de que hemos firmado 3 ó 4 tratados. ¿Cómo los va a enfrentar Chile? ¿Está preparado nuestro país para ello?
Lo que requerimos hoy del Gobierno, cuando votemos este Tratado de Libre Comercio, es un compromiso público de la política que implantará para resolver esta interrogante que nos ha surgido.
En nombre de la UDI y en mi calidad de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, quiero terminar con una reflexión. Aquí se han dado distintos argumentos frente a este importante paso que está dando Chile. Este acuerdo comercial representa una oportunidad para crecer con cohesión social. Estas palabras no fueron pronunciadas por mí, sino que por el Presidente Lagos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Diputado Moreira, le ruego redondear su idea, porque se agotó su tiempo.
El señor MOREIRA.-
Lo haré, señora Presidenta.
El Presidente Lagos nos habla de crecer con cohesión social. Tomamos sus palabras. Por eso, el país espera que todos estos acuerdos no sólo se conviertan en promesas.
Finalmente, queremos destacar que valoramos en su verdadera dimensión los esfuerzos hechos por el Gobierno de Chile, por todas las autoridades y por la canciller Soledad Alvear , sobre todo por su talento, en la aprobación de este tratado de libre comercio. Aunque la mayoría de quienes vamos a votar afirmativamente entendemos que el país se beneficiará, esperamos respuesta frente a las interrogante. Aquí no pueden haber egoísmos ni cálculos electorales, porque este tratado será muy importante para el futuro de Chile.
Por último, hoy me he sentido grato por la noticia internacional que viene en un diario de la capital, cual es que Estados Unidos, la principal economía del mundo, hoy está a la espera de que el pueblo de Chile apruebe este tratado de libre comercio.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta , señora canciller Soledad Alvear , señor ministro de Agricultura don Jaime Campos , señor ministro secretario general de la Presidencia , ex colega diputado , don Francisco Huenchumilla , embajador Carlos Rosales , director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, señor Carlos Furche , colegas presentes en la Sala:
El 31 de julio de este año fue aprobado el tratado de libre comercio con Chile por el Senado estadounidense, después de pasar por la Cámara de Representantes. Incluso el Presidente George W. Bush puso su firma en el acta de implementación del pacto para que fuera publicado en el Federal Register la versión local del diario oficial chileno. En ese minuto dijo: “Chile es una de las economías más sólidas en el mundo en desarrollo y ahora establece un tratado de libre comercio con la mayor economía del mundo”.
¿Por qué comencé así? Porque, seguramente, en algunos años más, estudiosos de la historia legislativa del país analizarán la importancia que tuvo la aprobación de este tratado en su primer trámite constitucional en nuestra Sala.
El acuerdo comercial con los Estados Unidos permitirá a nuestro país mayores tasas de crecimiento, mejorar la cantidad y calidad del empleo, así como las remuneraciones y acceder a mayores niveles de productividad y competitividad.
Cabe destacar que uno de los grandes sectores favorecidos con este tratado serán las pequeñas y medianas empresas, que tendrán acceso a nuevas tecnologías que les permitirán un mejoramiento productivo y la posibilidad de entrar a ese mercado norteamericano de 285 millones de habitantes.
Actualmente, el 63 por ciento de las empresas chilenas que exportan a los Estados Unidos de América son pymes y representan un 20 por ciento de las exportaciones totales a ese país.
En forma paralela, nuestras regiones, en especial la Octava, se beneficiarán debido a que hay un importante estímulo para el desarrollo de cada una de ellas como consecuencia de la eliminación de los aranceles.
Habrá un importante estímulo para desarrollar los sectores manufacturero y frutícola y diversificar su oferta exportadora.
En este tema quiero hablar con cifras. En 1998, el total de las exportaciones del país llegaron a 14.753 millones de dólares y, en 2002, subieron a 17.676 millones. Eso no es obra de la casualidad, sino de la seriedad con que procedieron los Presidentes, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle , y también el actual Jefe de Estado , señor Ricardo Lagos , los ministros de Hacienda , señores Alejandro Foxley y Eduardo Aninat , y el actual titular de esa cartera, señor Nicolás Eyzaguirre , quienes han tratado de hacer país sin dejarse llevar por populismos ni simplismos. Así lo demuestran los acuerdos de libre comercio suscritos por Chile, en los últimos doce años, con la mayor parte de sus socios comerciales. Entre los años 90 y 99, con Canadá y la totalidad de los países de América Latina, abarcando cerca del 30 por ciento del intercambio comercial total del país; en 2002, con la Unión Europea y, en 2003, con Corea y los Estados Unidos de América.
Adicionalmente, nuestro país ha celebrado aproximadamente 50 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, 37 convenios de transporte aéreo y 13 acuerdos para evitar la doble tributación, lo cual ha significado reducir la situación de pobreza que en 1989 afectaba al 47 por ciento de nuestros habitantes, al 20 por ciento. ¡Esos son avances reales!
En la Octava Región, en 1998, las exportaciones regionales alcanzaron a 1.922 millones de dólares y, en 2002, 2.537 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento económico de 5,4 por ciento, en circunstancias de que el país alcanzó un 2,1 por ciento y, en 2003, aspiramos bordear los 3 mil millones. Este crecimiento significa para la industria textil de Tomé la posibilidad real de que esa comuna vuelva a recuperar el liderazgo que tuvo hace muchos años. Tenemos industria de vestuario, de calzado, de productos químicos. En el tema del plástico se está creando un polo de desarrollo que significará tener capacidad suficiente para acceder al mercado norteamericano. En el sector forestal, la totalidad de las exportaciones madereras serán desgravadas, lo que incidirá en el aumento de puestos de trabajo. Los productos de mar, frescos y congelados, quedan en la misma situación.
Por lo tanto, como ciudadano hijo de Concepción, diputado por el distrito 44, que comprende las comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz y una persona que ama la Octava Región y teniendo presente, además, lo que este acuerdo significará para Chile, anuncio con mucha fuerza que la bancada democratacristiana votará favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque significa desafíos y posibilidades de desarrollo.
Estoy convencido de que tenemos la capacidad para lograrlo y de que, a lo menos en 2004, experimentaremos un crecimiento económico de más de dos puntos, lo que va a significar bienestar para el país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta , indudablemente el tratado comercial con Estados Unidos es importantísimo para nuestro país.
Al efectuar una comparación entre los tratados de libre comercio que firmó ese país con Singapur y Jordania y el que suscribió con nuestro país, puede observarse que en el acuerdo con Singapur se establece que cualquier acuerdo multilateral que firmen las partes y que contenga tratos más favorables sobre comercio, bienes y servicios prevalecerá respecto de éste, lo que deja la puerta abierta a nuevos convenios dentro de la Organización Mundial de Comercio, los cuales, por definición, no quedan cubiertos por dicho organismo, y los acuerdos afines, como el tratado de libre comercio con Chile.
En ese sentido, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Chile nada dice al respecto, por lo que se estima que la cláusula de “nación más favorecida”, que contiene el acuerdo con Singapur, no bastaría. Por lo tanto, me gustaría que los representantes de la Cancillería me señalaran por qué no se consigna dicho aspecto en el acuerdo suscrito con Chile.
En el capítulo Obstáculos Técnicos al Comercio, que, según entiendo, son barreras de un amplio espectro, ya que abarcan ámbitos como la salud, la vida humana, animal y vegetal, así como el medio ambiente, Chile y los países en desarrollo, en general, se oponen a la creación de barreras por el tipo de proceso o método de producción.
Además, el artículo 7.7, que no aparece en el Nafta con Singapur y Jordania, dispone que organizaciones de las partes no gubernamentales participen en la elaboración de las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación. Desde nuestro punto de vista, eso es grave, por lo que sería importante se diera alguna explicación, pues se trata de una cesión inaceptable desde la óptica de la soberanía, aspecto que puede enredar o complicar en gran medida los accesos a mercados. Una cosa es la transparencia y otra tener el adversario dentro de la casa.
Respecto de los métodos de solución de controversias, en los tratados entre Estados Unidos y Singapur y Jordania parecen no incluirse los amicus curie, es decir, terceros que participan en el conflicto con opiniones jurídicas o técnicas, tal como lo hizo Amnesty International en el caso Pinochet, sin representar a nadie y sin que su comparecencia sea necesaria. En el caso mencionado, obviamente eso era atendible, pero sería importante aclarar el punto.
También queda la sensación de que los arbitrajes, sobre todo en servicios financieros y otros, no tienen un ámbito bien definido y que son tan generales, que pueden invocarse los mecanismos de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio para saltarse nuestro ordenamiento jurídico, dándole al derecho extranjero ventajas sobre el nacional y sometiendo a la autoridad chilena a una instancia supranacional, sin haberse agotado los recursos internos. A mi juicio, debería darse una explicación bastante más extensa sobre la materia.
Soy absolutamente partidario del tratado, pero nuestro deber es señalar los aspectos que de él nos preocupan.
En materia medioambiental y laboral, quedan algunas dudas en cuanto a cómo y quién determina las violaciones reiteradas a la legislación. ¿Se requiere de un proceso interno? ¿Dichas violaciones tendrían que tener una decisión judicial o administrativa previa o el tribunal arbitral puede determinar que hubo violaciones graves a la legislación sin haber recurrido previamente a las instancias internas? En ese caso, ¿qué pasaría si hay una interpretación distinta -vía precedentes de la norma ambiental interna- de la que hace el tribunal arbitral? ¿Cuál sería el efecto de una resolución adversa a un productor nacional? ¿Bastaría la sola denuncia, el inicio de consultas o la notificación de la demanda para impedir el acceso al mercado?
Esto sería aplicable a un solo productor o línea de productos. Por ejemplo, Chile no fiscaliza adecuadamente cuotas pesqueras, de producción minera o normas sobre libertad sindical.
Sin entrar a una casuística, solicito que se expliquen estas normas laborales y ambientales a través de uno o más casos en que el Ejecutivo comprometa su interpretación oficial.
Por último, en materia ambiental me interesa mayor información sobre los proyectos del anexo 19-5, algo que, según entiendo, no tiene precedentes en la historia de los acuerdos comerciales. ¿Existe algún caso o una situación similar?
Se parte de la base de que Estados Unidos no tiene problemas en estas materias y que Chile es el país que debe incurrir en costos para reparar los destrozos o daños ambientales.
Me gustaría saber el alcance y significado de la norma, en especial para la minería. En esa área Estados Unidos también debe tener sitios sucios o contaminados; sin embargo, no adquiere ningún compromiso. Aquí hay un tema de dignidad nacional. Estos acuerdos deberían ser recíprocos y tener por objeto favorecer la situación de ambos países.
También sería conveniente que se explicara aquello de que se puede recurrir indistintamente a la OMC o al mecanismo de arbitraje de este acuerdo para solucionar controversias comerciales. Es importante conocer los costos en uno y otro caso y las normas que se deben aplicar.
Finalmente, ¿quién puede invocar los mecanismos de solución de controversias? ¿Los actores económicos, públicos o privados afectados directamente, o debe hacerlo el Estado como parte de este acuerdo? Y si este último fuera el caso, ¿cómo se decidirá cuándo entablar la demanda? ¿Habrá un mecanismo transparente para adoptar decisiones al respecto o se quedará a merced de la discrecionalidad del Estado?
A pesar de mis dudas y consultas, reitero que soy firme partidario del tratado. Creo que Chile ha dado un paso importante en sus relaciones internacionales e ingresa a un mercado enorme. En mi opinión, sólo nos esperan beneficios a partir de la entrada en vigencia de este tratado.
Muchas gracias.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , ¿qué duda cabe de que éste es uno de los debates más trascendentes y, por consiguiente, su votación será una de las más significativas del actual período legislativo?
En efecto, durante estos años el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América ha sido objeto de discusión y negociación. Se han vertido todo tipo de opiniones: de gran satisfacción, de cautela, de gran preocupación.
En este período, el Ejecutivo ha tenido un norte claro y ha actuado con gran entusiasmo para lograrlo. Este es el momento de las definiciones, en que cada uno de nosotros ha alcanzado convicción al respecto.
En mi caso particular -y creo que también interpreto a muchos colegas-, siento que es justo felicitar al Gobierno del Presidente Lagos y a su equipo negociador, de manera muy especial, a quien nos acompaña en el debate, la canciller señora Soledad Alvear.
Quiero saludar también al embajador Osvaldo Rosales , al ministro de Agricultura , Jaime Campos, y a don Carlos Furche , de Odepa.
Para quien habla, presidente de la Comisión de Agricultura de esta Corporación y representante de una de las regiones del sur, como La Araucanía, donde todavía persisten algunos temores, unos más fundados que otros; diputado por comunas con una tradicional impronta cerealera, como Lautaro, Victoria, Vilcún , Perquenco , Galvarino , entre otras, no me resulta atractivo referirme a aspectos del tratado en los cuales las ventajas son más evidentes, como los servicios financieros -aunque en este punto debemos tratar que la descentralización se note más-, los derechos de propiedad, los servicios transfronterizos, el comercio electrónico y telecomunicaciones, la agroindustria. Tampoco me referiré a los plazos de desgravación, que los diputados señores Riveros y Jaramillo , informantes de la iniciativa, han abordado con bastante claridad.
Por consiguiente, mencionaré los aspectos más concretos, como la agricultura, que pueden marcar la diferencia entre un tratado diseñado con una mirada de país que beneficie a todos los sectores o uno que no alcance los efectos esperados porque un sector importante de la economía puede quedar rezagado.
Todos tenemos claro que si hay un sector respecto del cual todavía existen dudas, ése es, precisamente, el de la agricultura.
En consecuencia, nos preocupa que la ley agrícola de Estados Unidos, aprobada el año recién pasado, la más significativa en la historia de ese país en términos de recursos para subsidios a su producción, créditos, garantías para el crédito -especialmente en lo que dice relación con el apoyo a los cereales, azúcar, leguminosas y productos lácteos-, consagre la posibilidad de que la agricultura norteamericana llegue a aportar, en apoyos económicos, una cifra superior a 180 billones de dólares durante la presente década, todo lo cual puede tener efectos negativos sobre la oferta exportable chilena en terceros mercados, en donde compiten los productos norteamericanos subsidiados; sobre las exportaciones norteamericanas que pudiesen alcanzar el mercado chileno en los rubros señalados y, finalmente, perjudicar la oferta exportable chilena en el mercado de ese país.
En segundo lugar, en la misma línea anterior, nos preocupa la focalización de los recursos y programas de apoyo a la agricultura que se hace allá y la que hacemos en Chile. Esto significa que en el país del norte el diez por ciento de los agricultores más grandes recibe dos tercios del total de los subsidios. Hemos constatado en estos meses de discusión del tratado de libre comercio que el Ministerio de Agricultura destina prácticamente el 50 por ciento de sus bonos, subsidios y programas a la agricultura más grande y más competitiva de nuestro país, y el otro 50 por ciento a la pequeña y mediana agriculturas, o sea, las que más necesitan y dan más empleo.
Hay que reconocer que en los últimos cinco años el Ministerio de Agricultura intenta corregir esta histórica desproporción, pero seamos claros: esto no puede continuar así.
En tercer lugar, me preocupa -lo cual se hace más concreto a estas alturas del año, a raíz de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos de la nación- y no constituye una buena señal la reducción del cinco por ciento del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Echo de menos la presencia del ministro de Hacienda para señalárselo directamente. Tampoco es una buena señal que aún se adeuden a esa cartera 102 millones de dólares del acuerdo con el Mercosur de 1996 y de la rebaja de aranceles del año 1997. Si bien las cuotas de los años 2001 a 2003 han sido pagadas, queda pendiente el saldo de los años 1997 a 2000.
Sin esos recursos, poco y nada podemos innovar. Resulta difícil que seamos capaces de establecer programas de fomento pertinentes a la nueva realidad económica que, a partir de este acuerdo, se le abre a Chile.
No puedo dejar de mencionar como una amenaza a la agricultura en general los graves problemas de suelo que se presentan, especialmente en el sur del país, como consecuencia de la alta concentración de aluminio y acidez, así como la erosión de los mismos, entre otras causas.
Tampoco puedo dejar de mencionar otra amenaza que transforma en estructural este daño a los suelos: la imposibilidad de regar en muchos lugares como consecuencia de la incapacidad del Congreso Nacional o, tal vez, falta de voluntad -lo cierto es que hay que decirlo- para modificar el Código de Aguas que hace que algunas empresas y un grupo de particulares inescrupulosos pretenda usufructuar y lucrarse de los derechos de agua que ni siquiera ocupan, cuando históricamente el recurso hídrico era un bien de uso público.
No obstante lo anterior, también hay cosas que nos alientan. Claro, cuesta votar en contra de este Tratado de Libre Comercio cuando uno, como diputado por un distrito de la región de La Araucanía, observa que ésta tiene un potencial enorme en el ámbito forestal y turístico, de nivel internacional. A pesar del precario volumen exportable, el único país que ha crecido como destinatario de las exportaciones de la región de La Araucanía es, precisamente, Estados Unidos, que ha aumentado desde 31 a 40 por ciento en los últimos dos años.
En cuarto lugar, resulta difícil votar en contra del tratado cuando vemos a un enorme grupo de pequeños y medianos productores haciendo un tremendo esfuerzo por consolidar la industria del mueble y la madera u otros sectores empeñados en posicionarse en dicho mercado: en carne bovina, productos lácteos, granos puros o procesados de lupino, avena y centeno. También existen oportunidades en el mercado de Estados Unidos para hortalizas procesadas y deshidratadas. Todo ello además de la potencialidad que representa para La Araucanía el rubro de las hierbas medicinales y aromáticas, las frambuesas, moras y zarzamoras frescas que quedarán libres de arancel en cuanto entre en vigencia el tratado. Para qué hablar de lo que significa hoy la región de La Araucanía en la cadena de producción de salmones al haberse instalado en la zona las principales empresas de crianza de alevines, o del liderazgo alcanzado recientemente en la alimentación de salmones mediante el buen uso de ciertos granos, que son la base de su nutrición. Si se hacen bien las cosas, la cantidad de hectáreas sembradas de trigo puede crecer de manera significativa en las regiones Octava , Novena y Décima en los próximos años.
Sin embargo, no quiero terminar mis palabras sin señalar algunas propuestas y comentarios de carácter general para la agricultura.
En relación con el plan de fomento ganadero que el Ministerio de Agricultura ha elaborado, es necesario considerar una mayor cobertura del bono ganadero para favorecer el mejoramiento genético, los galpones, las salas de ordeña, el acceso a equipamiento, como secadoras y enfardadoras, entre otras.
Del mismo modo, es necesario incorporar al pequeño productor en la dinámica de las buenas prácticas ganaderas que se aplican en todas las economías del mundo, ya que para certificar predios libres de enfermedades requieren de preparación y asesoría.
Creo indispensable la inversión en obras de riego y equipamiento que favorezcan el acceso a derechos de agua, como señalé anteriormente. La situación que hoy se produce con el Código de Aguas no resiste más.
En el marco del Comité Interministerial, conformado por su Excelencia el Presidente de la República para la revisión y pertinencia de los instrumentos de fomento -comunicado a la Comisión de Agricultura esta mañana por la canciller Soledad Alvear y el ministro de Agricultura , lo cual valoramos, pues seguramente concluirá con una reformulación completa de esta Cartera-, nos gustaría que se apuntara al desarrollo hortícola y frutícola, como una posibilidad cierta para quienes quieren diversificar sus cultivos.
Por último, en materia de cereales, como el trigo, durante este año dimos un paso que no se puede desconocer. Las bandas de precios tenderán a proteger el precio de este cultivo prácticamente hasta finales de la presente década. El segundo paso que, por cierto, apreciamos es la decisión del Gobierno -anunciada por el ministro de Agricultura - de crear cinco plantas de Cotrisa, en distintos punto del país para almacenamiento, secado y comercialización de dicho cultivo.
Esperamos que tal iniciativa, al acercar el poder comprador a los agricultores, les proporcione seguridad y rentabilidad en relación con el precio y mercado.
Por todo lo señalado y por haberme formado convicción de que este tratado será beneficioso para el país y sus regiones lo votaré a favor.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Hidalgo.
El señor HIDALGO .-
Señor Presidente , sin duda, concretar un tratado de libre comercio con el país más poderoso del mundo es tremendamente beneficioso para nuestra nación.
En el corto plazo, para algunos sectores de la economía nacional, como el exportador, se abren las puertas a un mercado de más de 200 millones de habitantes. En el mediano plazo, algunos sectores deberán refocalizar sus esfuerzos comerciales y, tal vez, reconvertir sus actividades, por lo cual será un poco más apremiante su camino al éxito.
Pero el mayor beneficio se verá en el largo plazo, especialmente por las futuras generaciones. Nuestros hijos y nietos tendrán la misión y visión de ser talentosos, innovadores y capaces de emprender y continuar la lucha del desarrollo económico, social, político, científico, tecnológico y cultural que lleve a nuestro país a jugar en las grandes lides de la economía mundial.
La clave para lo anterior es mejorar la calidad de la educación. Es el gran salto que debemos emprender desde todo los niveles educacionales, sobre todo en la educación superior, específicamente la técnica-profesional y universitaria. Reconozco los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación y sus logros en infraestructura educacional, pero, a todas luces, por los resultados que estamos viendo, es necesaria una refocalización para mejorar la calidad de la educación: menos gastos en infraestructura, mayor apoyo en la búsqueda de la excelencia en la calidad de la educación.
Al dejarles un legado tan importante y trascendental, como los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos el país necesitará jóvenes técnicos y profesionales, que tendrán la obligación moral de entregar su talento y aporte al desarrollo de la nación. Las futuras generaciones deberán estar preparadas para los intercambios con los dirigentes políticos y comerciales de la Unión Europea y de Estados Unidos. Estos jóvenes serán los que dentro de la globalización en todos los ámbitos y sectores, tanto económicos como científicos y sociales, tendrán por misión y obligación imperativa ser capaces de sacar a nuestro país del subdesarrollo y, por lo tanto, erradicar la pobreza y seguir mejorando la calidad de vida de todas las familias de nuestro querido país.
Espero y confío en Dios en que, a contar de este año, nuestra economía comience a crecer paulatinamente, a fin de sumar a ella el crecimiento que, según manifestó el Ejecutivo , significará la aprobación de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual será gradual, de 0,2 a 2 por ciento del producto interno bruto en los próximos doce años.
Durante los últimos cuatro años, la intervención del Estado en el plano económico, específicamente en el gasto, ha sido mayor, debido al menor dinamismo de la economía o, si se prefiere, del mercado. Quienes estamos convencidos de que el mercado es la herramienta irrefutable, que será capaz de asegurar el crecimiento, desarrollo económico y social de nuestra nación, debemos incrementar nuestros esfuerzos con iniciativas, como las que estamos debatiendo hoy: la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Sé, positivamente, que hay sectores como la agricultura tradicional que necesitarán de un mayor esfuerzo y, por qué no mencionarlo, de apoyo de las autoridades gubernamentales, a través de políticas inteligentes, para cooperar en la reconversión y nuevas direcciones comerciales del sector.
Sin complejos ni egoísmos señalo que para el distrito Nº 15, que comprende la provincia de San Antonio y la comuna de Casablanca, este Tratado de Libre Comercio será tremendamente beneficioso, pues aumentará la transferencia de carga por las importaciones y exportaciones. Por lo tanto, la Empresa Portuaria de San Antonio seguirá siendo la tercera empresa fiscal, si es que no sube de lugar por este incremento de la actividad portuaria, en aportes a las arcas fiscales, pues hoy entrega más de 720 millones de dólares.
En este sentido, espero que el Gobierno entienda la necesidad de dar mayor apoyo a nuestra zona, tal vez una de las más deprimidas y con mayor cesantía del país, con reales y urgentes carencias sociales, al extremo de que Mideplan ha destinado ciertos recursos para hacer un estudio sociológico de lo que pasa con la población de nuestro distrito.
Esperamos, como provincia, ser accionistas del puerto, como lo manifiesta el proyecto de acuerdo votado y firmado por más de ochenta colegas de esta honorable Cámara; esperamos que nos otorguen el apoyo necesario, como subsidio a la compra de terrenos para la instalación de industrias, la adquisición de bienes de capital y la contratación de mano de obra, de manera tal de poder ofrecer a futuros inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, estos beneficios que incentiven su instalación en la zona. Esperamos que junto a la gran accesibilidad a la ciudad-puerto para la importación o exportación de productos o materias primas, podamos transformarnos en la puerta de entrada y salida al mercado del Asia-Pacífico.
Votaré a favor este Tratado de Libre Comercio, pero insisto en que soy partidario del mercado, que entiendo que la globalización está rompiendo las fronteras y convergiendo en un solo idioma: el inglés, en los contratos, las opciones y las normas. También quiero que sepan que es muy necesario que esta economía de mercado sea más social, más humana, capaz de crear una sociedad más justa, que pueda vivir en paz, que sea capaz de legitimar al mercado para que, finalmente, las personas vean y perciban su bienestar, superación, crecimiento personal y familiar.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , señora canciller, honorables colegas:
El siglo 20 ha sido considerado por muchos estudiosos como el siglo de la violencia, en el cual, como nunca, el mundo vio con ojos de asombro cómo era posible acabar con millones de vidas por la fuerza del odio y de la sinrazón.
Como mudos testigos de una locura difícil de explicar vivimos en una sucesión de guerras y de revoluciones que nos hicieron cada vez menos humanos y que nos pusieron, como género, al borde de nuestro propio exterminio. Sin embargo, en medio de la convulsión, siempre estuvo la esperanza de un mundo mejor. La medicina avanzó como nunca al descubrir la cura de enfermedades, la ciencia nos llevó a las estrellas, la música y el arte nos siguieron sorprendiendo. Pero fue a finales de esa centuria cuando acontecieron dos hechos muy notables: el fin de la absurda y violenta utopía comunista y la expansión de la libertad a lo largo y ancho del mundo. Por el mismo espacio que dejó la caída del muro se coló, con fuerza incontenible, la libertad. Es así como Europa se hizo una y las fronteras, día a día, comenzaron a transformarse, más que en un símbolo de división, en un punto de interacción.
Por eso, es motivo de alegría para todos los chilenos que nuestro país asuma los desafíos, minimizando los costos y ampliando los beneficios de integrarse a un mundo de estas características. De allí la importancia de que, como sociedad, seamos capaces de celebrar tratados con los principales bloques comerciales del planeta, el último de ellos con la principal economía mundial: los Estados Unidos de América.
Mucho puede decirse del impacto comercial del tratado, pero la primera pregunta que debemos formularnos es ¿por qué Chile?, ¿por qué, habiendo otros país de mayor peso político y comercial que el nuestro, somos nosotros los invitados a jugar en las “grandes ligas”? La respuesta no es simple. Sin embargo, debemos concordar en que Chile ha dado este trascendente paso por la conjugación de tres valores: visión, consistencia y responsabilidad.
Visión en la aplicación de un modelo exportador formulado hace más de 25 años, implementado por chilenos visionarios, en un contexto histórico que “santificaba” al proteccionismo como única opción viable para alcanzar el desarrollo.
Consistencia en la continuación y profundización del modelo, reflejado en la concreción de tratados de libre comercio con un importante número de países y en la activa participación de Chile en la Organización Mundial del Comercio.
Y por último, por la responsabilidad de la clase política del país, al asumir con visión de Estado la importancia de insertar a Chile en este complejo contexto internacional.
Sin embargo, y a pesar de la relevancia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, este acuerdo constituye sólo una herramienta, y no una solución en sí misma, a los problemas que nos aquejan. Cuando la gente más modesta, golpeada por la cesantía -electores que me honro de representar en esta Cámara-, me pregunta qué significa el Tratado de Libre Comercio, creo que la respuesta más honesta debe ser: una esperanza y una promesa de un futuro mejor.
Por eso, junto con la oportunidad que tenemos frente a nosotros, no dejemos de recordar que también existen los desafíos. En primer lugar, si queremos obtener beneficios de una alianza comercial de esta magnitud, no podemos olvidar que nuestro país y su gente requieren de los medios para competir en igualdad de condiciones. Necesitamos más y mejores caminos que nos conecten entre nosotros y con el resto del mundo; una salud digna y oportuna; comunidades seguras y protegidas del delito, y, en especial, una educación de calidad, que les permita a los ciudadanos acceder al conocimiento y, a través de él, a empleos más estables y de mejor calidad. Sólo así podremos convertir este relevante logro político y comercial en beneficios concretos para nuestros conciudadanos.
Tal como lo señalara un afamado autor, vivimos la tercera ola de la civilización: la ola del conocimiento. Si no sabemos enfrentarla; si nuestros niños no se adaptan a este mundo nuevo que estamos viviendo, nos hundiremos no sólo en la ignorancia, sino también en la marginalidad de la pobreza de este nuevo milenio. Cada día más, los factores tradicionales para generar riquezas, capital financiero y capital físico, son reemplazados por el capital humano. Sólo el conocimiento es capaz de adaptarse a un mundo en constante cambio.
Pero así como preparar el camino para la integración es fundamental, también lo es el proteger las particulares condiciones de nuestras regiones y provincias. No por arribar presurosos a acuerdos comerciales tenemos que afectar la actividad económica del campo o de la pequeña y mediana industria. Ahí no sólo hay miles de empleos, sino también miles de familias que dependen de ello.
Ciertamente, todo acuerdo implica sacrificios de ambas partes para alcanzar un objetivo común que beneficie a los socios, que son Chile y Estados Unidos.
Pero nuestra responsabilidad es prevenir los errores u olvidos y para eso nuestro pueblo nos ha puesto en este lugar para representarlos en momentos como éste.
Por eso, no quisiéramos encontrarnos con sorpresas desagradables, como aquella que hace algún tiempo nos hizo pasar el ministro de Hacienda , quien, luego de anunciar con bombos y platillos este acuerdo, nos puso en la disyuntiva o de financiarlo mediante un alza en los impuestos -que hoy pagan desde hace algunos días todos los ciudadanos-, o, simplemente, el tratado se perdía. Se optó por actuar con la política de los hechos consumados, aplicando un aumento en un impuesto altamente regresivo, que afecta los bolsillos de las familias más necesitadas.
Nos preocupa cualquier error que pudiese haber en un acuerdo comercial que implique desventajas para nuestras empresas y nuestros productores y un perjuicio mayúsculo para quienes están detrás, como son los trabajadores y sus familias. Para ellos no hay tratado que sirva, si no hay empleo; no hay modernidad ni un Chile integrado, si hay pobreza. Del mismo modo, no podemos olvidar -en eso mi zona es emblemática- el enorme valor que tiene la mantención de nuestra identidad.
El caso de Europa es notorio en ello, pues aún cuando las fronteras no existen y la moneda es una sola, cada nación, más aún, cada pueblo se esmera por mantener sus raíces, una conexión con su pasado. En ese sentido, la defensa del campo chileno y de la actividad agrícola es esencial, tanto desde un punto de vista económico como cultural. Económico, por las fuentes de empleo y oportunidades que representa; pero, también, porque el campo alimenta fuertemente la esencia de ser chileno.
Chile es muchas cosas y, a la vez, una sola. En ello el campo ha jugado un rol fundamental. Nuestra música, nuestros fundadores, nuestra comida, nuestros símbolos, incluso nuestro propio carácter, están ligados a la tierra, al olor de la siembra y a la esperanza de la cosecha. ¡No podemos olvidar quienes somos!
El siglo que pasó estuvo marcado por la controversia. Todos estamos comprometidos en que este siglo sea el de la cooperación y el entendimiento, tanto entre los chilenos, como con el resto de los pueblos libres de la tierra. Como muchos, sueño con una nación libre y soberana, donde esos valores no sólo provengan de nuestra historia orgullosa y del ejercicio de nuestros derechos políticos, sino también de la evidencia de que hemos hecho las cosas correctamente y hemos dado oportunidades y dignidad a todos los habitantes de nuestro país.
Así como podemos imaginar que nuestros productos algún día van a ser comercializados libremente en Chicago, en un supermercado de Atlanta o en alguna tienda de Nueva York, ¿por qué no soñar también que nuestros hijos vivirán en un Chile próspero y sin los problemas sociales que a todos nos preocupan?
En síntesis, la oportunidad está a la vista. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con el país motor de la economía mundial, cuyo tamaño es cien veces el de la economía nacional, con un mercado compuesto por más de 250 millones de personas y con un ingreso per cápita que supera los 30 mil dólares. Ahora sólo nos resta tomar las decisiones correctas, tener el coraje para actuar defendiendo siempre a nuestra gente y preparar a nuestro país para enfrentar este desafío.
No quisiera dejar pasar esta oportunidad sin agradecer y felicitar al equipo negociador chileno, compuesto por funcionarios públicos de diversos ministerios, encabezados por la Cancillería, a los funcionarios de la Embajada de Chile en Estados Unidos y a los dirigentes del sector privado y de la sociedad civil, quienes contribuyeron, a veces desde distintas ópticas, a la concreción del acuerdo. Lo anterior constituye un fiel reflejo de la necesidad de trabajar unidos. La política de Estado y los objetivos permanentes de la política exterior de Chile no son patrimonio del Gobierno ni de la Oposición. Por el contrario, deben constituir puntos de encuentro que permitan afianzar nuestro modelo de desarrollo y, por consiguiente, el bienestar de nuestros conciudadanos.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a este Tratado de Libre Comercio con una potencia mundial como es Estados Unidos, porque, en conciencia, creo que es una gran oportunidad y un desafío para nuestro país.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, antes de entrar al punto central del debate, quisiera hacer tres comentarios políticos, dos de ellos vinculados a lo ocurrido en las tribunas y al debate habido en esta Sala.
El diputado Moreira pronunció un discurso muy positivo en general, el cual inició con una afirmación que no quiero dejar pasar. Este Tratado de Libre Comercio es un logro más de la democracia chilena. Los democratacristianos y los concertacionistas no tenemos ningún problema en reconocer el papel que tuvo la dictadura militar en materia de desgravación unilateral de aranceles e, incluso, de desarrollo exportador. Pero un tratado de libre comercio con democracias como la norteamericana o la Unión Europea supone otro estadio cualitativo; supone un régimen democrático, respeto a los derechos humanos y un manejo responsable de la economía, como el que Chile ha tenido después de recuperar su democracia en 1989.
En segundo lugar, hemos visto en esta Sala -y seguramente será la noticia en la televisión de la noche- una manifestación de distintos activistas del Partido Comunista. Con todo respeto le pregunto a los señores del Partido Comunista si creen que Chile tenía mayores niveles de autonomía en medio de la Guerra Fría, cuando este país era una pieza más de un tablero mundial en el marco de una confrontación que, incluso, amenazó con destruir el globo vía el uso militar de la energía nuclear.
En tercer lugar, quiero hacer un comentario personal. Me habría gustado mucho votar favorablemente este Tratado de Libre Comercio con un gobierno norteamericano que se asemejara mucho más al que tuvo ese gran país hace tres o cuatro años con el presidente Clinton . Pero los tratados de libre comercio se suscriben con países, no con gobiernos. Nosotros no elegimos la oportunidad. Por lo tanto, lamento que la democracia americana no haya generado una conducción política distinta en el momento en que se realizaron las elecciones presidenciales.
Entro ahora al tema de fondo.
Las ventajas que este tratado generará para el país son obvias; lo han señalado tanto diputados de Gobierno como de Oposición. Es un tratado de libre comercio celebrado con la mayor potencia mundial. Estados Unidos, nuestro primer socio comercial, va en la punta del desarrollo científico y tecnológico en la era del conocimiento. En el horizonte previsible del siglo XXI, todo hace suponer que Estados Unidos va a mantener esa situación de preeminencia o de hegemonía. Además, las sinergias de este Tratado de Libre Comercio y de los otros que hemos sucrito con la Unión Europea, con Corea, con Canadá y con México, así como los acuerdos de complementación con el Mercosur, son enormes para la economía chilena; lo estamos viendo: ha bajado el riesgo país, hay un clima muy favorable para la inversión y se respira un cuadro de optimismo muy distinto en los últimos meses. Todo esto está, obviamente, asociado a los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, la Cancillería y los ministros de Hacienda y de Agricultura en torno a estos tratados de libre comercio.
Por eso, no nos equivoquemos; la opinión pública es infinitamente sabia: las distintas encuestas nos demuestran que más del 75 por ciento de los chilenos están orgullosos y contentos de que nuestro país vaya a suscribir este Tratado de Libre Comercio.
En segundo lugar, para enfrentar un argumento económico muy relevante, debo señalar que los acuerdos de libre comercio representan oportunidades para Chile. En efecto, hace treinta años el gobierno militar inició un proceso de desgravación unilateral de aranceles que, por supuesto, ha contribuido a estos saltos cualitativos que hemos logrado en democracia, de manera que hoy el promedio de nuestros aranceles es de 2,5 por ciento. Es decir, los competidores de nuestros productores pueden llegar con aranceles muy bajos. Estos tratados de libre comercio otorgan oportunidades a los productores nacionales, pero no afectan, en general, la competencia de países extranjeros, pues nuestro arancel promedio es muy bajo.
Con los tratados de libre comercio somos nosotros quienes ganamos mercados externos.
En tercer lugar, respecto de la situación de La Araucanía, hay sectores claramente ganadores con este tratado de libre comercio. Los enumero: la madera, la industria del mueble, el turismo, polos centrales de la estrategia de desarrollo regional; la ganadería bovina, con carnes y lácteos; la ganadería ovina, en el sector costero y en la zona de la cordillera de los Andes; las flores y las manzanas: Malleco Norte, Angol y Renaico pueden convertirse en un polo frutícola, si hacemos bien las cosas; las papas congeladas y el vino blanco: toda la zona de secano, prácticamente hasta Imperial y la zona de Cholchol, partiendo por los llanos de Nahuelbuta, tienen potencialidades para las viñas.
En el caso del trigo, el presidente de la Comisión de Agricultura , diputado señor Quintana , me ha ahorrado dar una serie de argumentos. Simplemente, quiero señalar que hemos mantenido las bandas del precio del trigo por doce o trece años más y puedo decirles a los agricultores de la Novena Región que doce o trece años es mucho tiempo. Hace doce o trece años todavía existía el muro de Berlín. Estamos hablando de un largo período, sobre todo, considerando los cambios que está experimentando el mundo que estamos viviendo. Estoy seguro de que la agricultura del trigo está en condiciones -están los hombres, la inteligencia y también estarán las posibilidades de incorporar tecnología y maquinaria- de competir eficientemente. Incluso, podemos mantener las bandas de precios o reconvertirnos, en la medida en que incorporemos riego y mejoremos la calidad genética, hacia la ganadería.
Podemos despejar todas las dudas expresadas hace algunas semanas por los pequeños agricultores mapuches en Temuco a los diputados Villouta , Galilea y Bayo, entre otros. No se termina la ley indígena, como se ha dicho; el Estado chileno no renuncia a la posibilidad de implementar políticas de promoción de los sectores más vulnerables, como son los pequeños campesinos y los mapuches. No es cierto que este tratado vaya a dar lugar a que, en definitiva, se pierda toda posibilidad de seguir utilizando las yerbas medicinales mapuches. No es efectivo; nos obligamos a discutir -no a aprobar-, dentro de cuatro años, una legislación sobre patentes.
Respecto del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), hemos estado preocupados de los puntos que plantean. Aprobar un proyecto de ley que modifique la Comisión de Distorsiones: ya aprobamos por unanimidad un proyecto de acuerdo, presentado por los diputados Galilea y el que habla, que representamos a la región de La Araucanía, a fin de que el Ejecutivo legisle sobre la materia. Apoyamos el planteamiento del CAS y hemos estado trabajando en ello. En lo relativo a reorientar los recursos asignados como compensaciones, un proyecto presentado por el diputado Galilea en la Comisión de Agricultura también apunta en ese sentido. Queremos que estos recursos no vayan en beneficio de la zona central, sino que de la agricultura del Maule al sur. Es lo que pide el CAS: fósforo y cal al suelo, regadío, seguros agrícolas sin burocracia y más eficientes; implementar mecanismos de inversión para las pymes. Respecto del Tratado de Libre Comercio con Nueva Zelandia habrá que discutirlo en su propio mérito en el Parlamento.
Celebro que el Gobierno haya creado una comisión, que hemos llamado Furche , en atención al cargo de director de la Odepa de don Carlos Furche . Para la Concertación, con Tratado de Libre Comercio o sin él, apoyar a las pymes y a la pequeña agricultura familiar campesina, potenciar la educación y desarrollar la infraestructura, son tareas que se relacionan con nuestra definición ideológica. Por lo tanto, debemos realizarlas, más allá de cualquiera otra consideración.
Termino anunciando mi voto favorable al tratado, porque considero que con él gana el país y La Araucanía, y porque es un gran logro del Gobierno del Presidente Lagos y de la Cancillería, dirigida por nuestra camarada señora Soledad Alvear .
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , hoy estamos enfrentados a una decisión muy importante.
No cabe duda de que detrás de la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos existe una visión del desarrollo económico nacional que no puede dejarnos indiferentes. En consecuencia, es fundamental una discusión pública transparente e informada.
Sin embargo, desafortunadamente, estamos lejos de aquello. Después de más de dos años de negociaciones formales y de sólo cinco semanas de estudio en la Comisión Especial de esta Corporación, aún no existe claridad sobre los impactos o posibles efectos y compromisos que tendrá o significará este Tratado de Libre Comercio.
Más allá de la retórica, y a pesar de su nombre, éste no es un tratado sobre comercio. De hecho, la liberalización comercial de bienes, con excepción del caso de la agricultura tradicional, es irrelevante para ambos países. Lo han dejado claro los distintos estudios y trabajos entregados por la Cancillería, entre los cuales, quizás, el más emblemático es el de la Universidad de Michigan, que señala que mientras los beneficios para Chile no superan los 500 millones de dólares, en el caso de Estados Unidos apenas superan los 4.000 millones. Es decir, representan un impacto irrelevante para el tamaño de ambas economías.
En consecuencia, el tema central se refiere a las eufemísticamente denominadas “reglas del juego”. Esto significa una serie de compromisos que, en la práctica, constituyen una camisa de fuerza para las políticas públicas, fijando qué puede y no puede hacer el Gobierno chileno. Es decir, el argumento que nos han dado es que el tratado tiene beneficios porque permite estabilizar las actuales políticas públicas y asegurar las “reformas estructurales” o porque constituye un “anclaje institucional”. Dicho de otra manera, el tratado permite asegurar el actual modelo de desarrollo.
Hace pocas semanas presenciamos el fracaso de la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, efectuadas en Cancún, México . Los países en desarrollo no estuvieron dispuestos a realizar nuevas concesiones en el ámbito de la propiedad intelectual y de la protección de inversiones, entre otras, precisamente, temas a los cuales Chile se compromete al suscribir este tratado. ¿Acaso esto no debe ser una voz de alerta?
Economistas de gran prestigio internacional, como Jagdish Bagwati , reconocido gurú procomercio; Joseph Stiglitz , premio Nobel de Economía; Dani Rodrik , de Harvard, e, incluso, el desaparecido Rudiyard Dornbusch , con cuyos textos muchos de nosotros estudiamos en su oportunidad, entre otros, no sólo han manifestado aprensiones, sino posiciones abiertamente contrarias respecto de este tipo de tratados.
La pérdida de soberanía es una de las características centrales de los nuevos procesos de globalización. Sin embargo, este acuerdo trata y regula de modo tan amplio tantos temas, que las implicancias sobre la autonomía económica son sustanciales e, incluso, insospechadas. En esencia, el Tratado de Libre Comercio es un compromiso permanente con la actual estrategia de desarrollo. Por lo tanto, la posición de cada ciudadano respecto del tratado depende de dónde se coloca en el debate de la política pública nacional y del modelo económico.
Me pregunto, ¿cuál es el modelo que se pretende asegurar?, ¿aquel que permitió que el país creciera a una tasa del 7 por ciento anual, pero que, al mismo tiempo, mantuvo enormes desigualdades e injusticias, una salud y una educación deficientes y a un sector importante de chilenos que no logra satisfacer sus necesidades básicas?. Ésas no son las reglas del juego que quiero mantener estables, ni tampoco es el compromiso que asumí con mis electores.
Por lo mismo, no sorprenden los aplausos de los grandes grupos empresariales, especialmente del sector primario exportador. A ellos, que son los ganadores con la actual estrategia, el tratado les asegura las condiciones que les permitieron crecer: un Estado subsidiario, marcos regulatorios permisivos e impuestos prácticamente inexistentes.
Por otra parte, los sectores actualmente vulnerables se mantienen y el tratado nada tiene que ofrecerles. Muchos de ellos estarán expuestos a la extinción, como el caso de las pymes, la agricultura tradicional y el comercio minorista. El problema radica en que el tratado significa impedir políticas activas hacia esos sectores, incluyendo el traspaso de recursos sustanciales, lo que hace inviable cualquier otra estrategia de desarrollo, a excepción de aquélla centrada en el sector primario exportador.
Por lo tanto, estoy convencido de que no sería serio aprobar un acuerdo de libre comercio sin saber cuáles serán las políticas hacia los sectores abiertamente perjudicados.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
¿Me permite señor diputado ?. Ha concluido el tiempo asignado por su bancada.
El señor AGUILÓ .-
Termino señalando que no fui elegido para mantener estables las reglas del juego, sino para cambiarlas. Ése es mi compromiso, y entiendo que el del Partido Socialista y el de la Concertación en su conjunto. Queremos mayor acceso y recursos para la educación, una salud decente, que las transnacionales paguen impuestos y que el cobre pague royalties. Hasta el momento, lo único que han demostrado estos tratados en países en vías de desarrollo es que será más difícil lograr ese país que alguna vez soñamos.
Por las razones expuestas, anuncio que votaré en contra del proyecto.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Tarud .
El señor TARUD .-
Señor Presidente , los gobiernos de la Concertación han dado a Chile la estabilidad política y económica necesaria para entrar a lo que hoy se llaman las “grandes ligas”. Hemos firmado un acuerdo con la Unión Europea, un gran logro para el país -somos el primer país de Sudamérica que lo ha logrado- hecho que condujo a apurar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al que habíamos sido invitados hace muchos años y que hoy se ha materializado.
Todos los países de América del Sur quisieran tener un acuerdo de libre comercio con Europa y con Estados Unidos. Nuestro país lo ha logrado con mucho esfuerzo. Somos una economía pequeña, un país distante de los centros mundiales de decisión; pero lo hemos logrado porque ha habido una estrategia internacional adecuada y porque los líderes políticos han tenido la capacidad necesaria para llegar a acuerdos de esta naturaleza.
En consecuencia, esto representa un enorme desafío. Sería fácil asumir un discurso antiglobalización, ya que, políticamente, es pagador en algunos sectores.
Pero yo quiero un país como el nuestro, dispuesto a enfrentar los desafíos para ser más. La nación chilena se merece más. Todos somos capaces de asumir esos desafíos. Todos somos responsables de ello: la clase política, la clase empresarial, los trabajadores. Y juntos podemos salir adelante.
Ese desafío implica preparar hoy al país para aprovechar las oportunidades. Ello conlleva una gran concentración en nuestros esfuerzos de promoción de exportadores. Tenemos una enorme oportunidad. Es cosa de ver los resultados obtenidos a sólo seis meses de la entrada en vigencia del Capítulo Comercial del tratado con la Unión Europea: nuestras exportaciones han aumentado en 11 por ciento. Y en algunos rubros, como la fruta, de 25 por ciento, hasta alrededor de 40 por ciento, en otros. ¿Qué significa eso? Significa más empleo para chilenas y chilenos; significa mejorar nuestra economía. Pero debemos aprovechar esas oportunidades de mejor forma.
Por ello, como partido, hemos planteado la creación de una subsecretaría de comercio exterior, en la forma profesional como lo han hecho países exitosos en esa área, como los de la Unión Europea, Asia y Oceanía .
Por lo tanto, el desafío es insertar a los emprendedores, sobre todo a los pequeños y medianos, en la red exterior para que puedan vender más productos y dar más trabajo en el país. Ése es el gran desafío.
También ganamos algo muy considerable en el mundo exterior: prestigio como país. La sociedad con Estados Unidos y la Unión Europea significa confiabilidad en lo relativo a la inversión. Esos prestigiosos y grandes conglomerados nos sirven a nosotros. Pero, para ello debemos trabajar, potenciar más a nuestra gente; ir a buscar los mercados. El hecho de que se firme un documento no quiere decir que está todo logrado. Debemos trabajar con mucha intensidad y, sobre todo, promover las exportaciones.
En ese sentido, consideraría un gravísimo error que se le redujera el presupuesto para el próximo año a ProChile, porque es ahora cuando más debemos promover las exportaciones.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, la mayoría de los diputados de la UDI va a aprobar el tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Antes de que nuestro partido existiera como tal, las personas que lo organizaron y, posteriormente, lo lideraron, siempre fueron muy partidarias de la apertura comercial de Chile al mundo.
A nuestro juicio, este tratado de libre comercio es la culminación de un largo proceso de integración al mundo de una economía pequeña y lejana, como es la chilena. Aún más, creemos que este Tratado de Libre Comercio es posible no sólo gracias a los esfuerzos realizados por la Concertación que, sin duda, ha continuado las políticas de apertura, sino también a que durante las décadas de los años 70 y 80 Chile realizó un esfuerzo sistemático de mayor apertura comercial y financiera.
Es verdad que no se hizo a través de tratados bilaterales, porque seguramente es cierto lo que dice el diputado Saffirio : a un gobierno autoritario le habría sido más difícil firmar acuerdos de ese tipo. Pero, los suscritos por la Concertación y que han contribuido a la apertura, han sido posibles gracias a lo que se sembró en las décadas mencionadas, en que un grupo de economistas jóvenes, con el apoyo político del gobierno militar, logró dar los primeros pasos en favor de la apertura comercial.
Y déjenme decirlo, porque me tocó vivirlo: dicha apertura no fue fácil. Los principales opositores eran los industriales chilenos, que creían -como lo afirmaron muchas veces- que Chile era pequeño, subdesarrollado, lejano; que la competencia con algún país desarrollado llevaría a la quiebra total de nuestra industria y de nuestra actividad productiva.
Eso, por una serie de razones que son largas de explicar y a las que no me referiré ahora, resultó ser absolutamente falso. Chile logró abrirse, competir y desarrollar un sector exportador muy exitoso, y si bien ello sólo ha ocurrido a nivel de industrias primarias, existe el propósito de aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones en el futuro.
Todos los procesos de apertura son así. Ningún país empieza su proceso de apertura exportando productos sofisticados y de alto valor agregado. Siempre se comienza con las materias primas, porque es lo que se tiene más a la mano. Ahí están los ejemplos de Corea, Taiwán y tantos otros que con los años fueron añadiendo valor a sus exportaciones.
Somos partidarios del tratado con Estados Unidos porque consideramos que significa la incorporación efectiva de Chile a la primera división de los países del mundo. Dicha incorporación no sólo tendrá ventajas comerciales y financieras -por la mayor integración-, sino que también constituirá una ventaja porque en el futuro se nos verá económicamente serios y estables, lo que nos obliga a continuar siendo serios y estables en nuestras políticas económicas.
En ese sentido, creo que a la Unidad Popular, entre 1970 y 1973, le hubiera sido mucho más difícil llevar a Chile al despeñadero económico, al que lo llevo al adoptar nefastas políticas económicas que tuvieron como consecuencia la hiperinflación, el desabastecimiento y la crisis de nuestra balanza de pagos, si hubiéramos estado insertos en la primera división de los países del mundo y, en consecuencia, obligados a seguir políticas económicas serias.
Por eso, estimado diputado Aguiló, si bien todos valoramos la soberanía, es menester reconocer que hay países que han hecho un uso desastroso de ella. Eso fue lo que ocurrió en Chile en el ámbito económico -para circunscribirlo- durante el Gobierno de la Unidad Popular, que hizo un pésimo uso de su soberanía y lo llevó al despeñadero. A contrario sensu, la República de Panamá, que hace muchos años limitó voluntaria y democráticamente su soberanía monetaria, al sumarse al área monetaria de Estados Unidos -el balboa es una moneda, pero no un billete- y utilizar el dólar, ha logrado una estabilidad financiera y un crecimiento económico que es la envidia de muchos otros países centroamericanos.
En consecuencia, la soberanía es importante, pero también es saber usarla bien. Ese no siempre ha sido el caso de Chile.
Para ser franco, creo que este tipo de tratados efectivamente limita la soberanía en ciertas materias. Desde ya, la limita en la apertura comercial, porque Chile no podrá iniciar un proceso de protección arancelaria, por ejemplo, ya que justamente lo que se logra con esto es disminuir los aranceles aduaneros. En ese sentido, sería difícil imaginar a Chile, en un futuro cercano, iniciando una política de sustitución de importaciones, que fue la clásica política de los años cuarenta y cincuenta.
En aspectos más específicos, tenemos algunas dudas muy concretas que le hemos hecho ver al embajador Rosales . Esperamos que haga algún comentario respecto de ellas. Para no abusar del tiempo, sólo mencionaré una.
Nos preocupa conocer el modo en que se van a distribuir las cuotas de exportaciones que Chile adquirirá con la aprobación de este tratado, especialmente durante los primeros años. Recordemos que Estados Unidos nos otorgará cuotas de exportación para -según entiendo- la carne, la leche, los quesos y otros productos, cuotas que irán desapareciendo hacia el año doce. Sin embargo, no sabemos cómo se van a distribuir esas cuotas durante los primeros años. Es una materia que se puede prestar para corrupción. Recordemos que el propio Congreso Nacional estableció un pésimo sistema de distribución de cuotas de importación de azúcar sin banda, en virtud del cual, el 31 de diciembre de cada año, unos señores desde detrás de un computador intentan penetrar un sitio web para ponerse en una “cola”, de modo de obtener una parte de esa cuota de importación de azúcar sin banda. Dicho sea de paso, ese acto otorga grandes utilidades a quienes logran acceder al sitio web a la hora señalada. Como ya tengo algunas canas, no creo que esto se explique sólo por ese hecho, sino también por la intromisión de manos que distribuyen esa cuota de cierta manera y bajo determinados estímulos e incentivos.
Lo propio podría ocurrir en la distribución de cuotas. No queremos que se repita el mal ejemplo del azúcar. Por eso y aunque no forma parte del tratado, queremos que el Gobierno establezca mecanismos impersonales y objetivos en este sentido. En lo personal, prefiero que se rematen entre los potenciales interesados.
En el tema agrícola, nos preocupa que otros países se sientan afectados por esta negociación, entre ellos los que forman parte del Mercosur, que exigen a Chile, en virtud de las cláusulas de la Aladi, compensaciones, tal como lo hicieron los integrantes de ese mercado con ocasión de la aprobación del tratado de libre comercio con Canadá. Nos preocupa que a solicitud de ese conglomerado, debamos conceder las mismas ventajas que hemos otorgado a Estados Unidos. Debido a los menores costos de flete desde el Mercosur, probablemente ello podría significar una nueva disminución en la rentabilidad y en los precios de los productos agrícolas tradicionales. Quiero saber si esa posibilidad ha sido contemplada, estudiada y evaluada con los afectados.
En cuanto al dumping, ¿por qué no se incluyó una cláusula que permitiera la revisión de esta materia, sobre todo si la OMC ya ha declarado que el procedimiento aplicado por Estados Unidos respecto del dumping es contrario a las normas de esa organización? Me refiero específicamente a la enmienda Bairt , que plantea una reforma a la actual normativa antidumping de Estados Unidos, que establece que la recaudación de los derechos antidumping la percibirán los reclamantes que obtengan una victoria para efectos de compensar sus costos, lo cual, a nuestro juicio, es un nefasto incentivo para el reclamante, por cuanto estos ingresos podrían exacerbar los reclamos.
Finalmente, quiero felicitar al grupo negociador, encabezado por la señora ministra de Relaciones Exteriores , que nos acompaña. Chile ha dado un paso muy importante a fin de consolidar un largo proceso de apertura comercial y financiera que, como señalé, se inició en la década del setenta y que consideramos positivo para el país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , me imagino que el tratado de libre comercio con Estados Unidos será aprobado por una amplia mayoría, pues significa un paso muy importante.
Es legítimo que existan dudas y se hagan consultas. Pero, tal como lo señaló un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, este tratado es sólo un instrumento, ya que depende de nosotros abrir oportunidades a todos los sectores. He ahí lo fundamental a discutir, no las distintas partidas arancelarias y los diferentes artículos del proyecto. Es la oportunidad de debatir la adecuación de una política que permita aprovechar la oportunidad que abrirá.
Por eso, no me gusta hablar de compensaciones, porque compensación significa que hay sectores fuertemente afectados a los que hay ayudar. Las oportunidades están abiertas para todos y, en definitiva, hay que aplicar una política interna coherente con la que estamos llevando a cabo en el marco de las relaciones internacionales.
Quiero felicitar a la canciller y al equipo negociador de todos los ministerios. Han realizado su trabajo y logrado finiquitar un tratado tremendamente positivo en todos los aspectos que uno pueda analizar, como el el aumento del PIB nacional; incluso el aumento del PIB en el sector de la agricultura, respecto del cual se ha manifestado que puede ser impactado por este acuerdo. Por lo tanto, hoy, el trabajo debe ser interno, de este Congreso cuando discutamos el proyecto de ley de Presupuestos durante las próximas semanas.
Entonces, si no es compensación, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Podría decirse que requerimos más recursos en el presupuesto. Todos sabemos sobre los ajustes que se están haciendo en estos días y, por lo tanto, allí tenemos muy poco margen para poder avanzar. Entonces, podría decirse que focalicemos los recursos contemplados en el presupuesto hacia aquellos sectores que necesiten un impulso para insertarse en el marco que este acuerdo va a generar. Pero, en verdad, allí también hay un margen muy estrecho para moverse.
Quiero recordar que, según discusiones presupuestarias anteriores, el Ministerio de Hacienda tiene una deuda importante a raíz de los acuerdos internacionales que hemos firmado, ya sea por la rebaja de aranceles o el Mercosur. Y allí sí que hay una cantidad de recursos que nos permitirían no sólo mejorar los instrumentos que tenemos, sino también recoger instrumentos nuevos que existen particularmente para el sector agrícola.
Voy a dar un ejemplo. Decimos que queremos diversificar nuestras fronteras agrícolas incorporando a las regiones del centro-sur y sur del país, y que existe la posibilidad, por primera vez, de agregar cuotas de leche y de carne a los Estados Unidos, pero eso no es coherente si no aprobamos el plan de fomento ganadero del ministro de Agricultura , que hace poco tuvimos la posibilidad de conocer. Entonces, no hay que decir que queremos compensaciones, sino echar a andar ese plan para que no tan solo la gran industria de la carne tenga la posibilidad de acceder a los mercados de Estados Unidos, sino también el pequeño y el mediano productor. Con un plan de fomento ganadero que haga crecer nuestra masa ganadera puede acceder a esos mercados.
¿Dónde están los recursos? Aquí, en la plata adeudada que se evidenció en las dos últimas discusiones presupuestarias realizadas en este Congreso.
¿Qué más hace falta? La ley de bosque nativo. Ese recurso es de gran importancia y necesita regularizarse; pero también requiere de fomento que permita su explotación con los incentivos que esa ley señala. Allí también se pueden focalizar los recursos que he indicado.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Diputado Silva , ha terminado su tiempo.
El señor SILVA .-
Termino de inmediato, señora Presidenta.
El establecimiento de instalaciones para poder almacenar grano es otro de los grandes problemas que tenemos en el sur de Chile.
En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a aprobar el tratado y a ponernos a trabajar, así como lo hicieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el equipo negociador, para abrir los mercados internacionales, adecuar nuestros instrumentos, poner los recursos en nuevos instrumentos -entre los cuales he mencionado varios ejemplos-, a fin de abordar los problemas que se han dado a conocer por otros colegas e insertar, en este mundo globalizado, a todos quienes hasta hoy no han tenido esa posibilidad, de manera que el día de mañana podamos estar todos aplaudiendo la firma y los resultados de este tratado de libre comercio con Estados Unidos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Francisco Bayo.
El señor BAYO .-
Señora Presidenta , hoy analizamos una de las materias quizá más trascendentes para nuestro futuro desarrollo, como es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la potencia económica más grande del mundo. Dicho tratado se agregara a los ya vigentes con la Unión Europea y Corea del Sur.
No puedo dejar de expresar mis felicitaciones a la Comisión Especial que, por más de un mes y medio, trabajó duramente en la elaboración del informe que hoy ha sido puesto en conocimiento de la Sala. Ojalá todos los colegas parlamentarios estuvieran plenamente informados del contenido de ese informe para poder respaldar su votación en unas horas más.
Este tratado, mirado con visión de país, debe ser aprobado. Así lo exige el hecho de perseverar, en el marco de una estrategia de desarrollo global, al que debe presentarse con una economía abierta, competitiva, exitosa, en un entorno cercano lleno de incertidumbres. Eso no es fácil. Y las falencias aún existentes, especialmente la falta de equidad, no pueden olvidarse y necesitan la integración de esta economía pequeña a otras más poderosas y fuertes, no sólo desde el punto de vista comercial, de financiamiento, sino también tecnológico, de futuro. Y esto adquiere gran importancia en nuestro país por las grandes desigualdades que existen entre las diferentes regiones.
Como representante de La Araucanía, la región más pobre del país, con las tasas más bajas de inversión y menor capacidad exportadora, no puedo dejar de manifestar mi preocupación por la necesidad de considerar estos hechos cuando aparece comprometido, por lo menos en el futuro mediato, el quehacer de una zona eminentemente agrícola.
Es indudable que el aumento de exportaciones será el efecto más visible de este tratado; pero también deberían serlo el aumento de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Varios colegas se han referido a este tema, pero quiero agregar que somos testigos de hechos concretos en relación con el futuro que se avizora con la firma del tratado. Sólo voy a citar dos:
Una agrupación de Osorno debe constituir un capital de alrededor 5 millones de dólares, que le permitirá satisfacer la demanda de leche para el próximo año en el país del norte.
En un viaje reciente en avión a Temuco, vecino nuestro, un grupo de empresarios estadounidenses viajó a Panguipulli para visitar el lugar donde se producía la madera con la cual hacían muebles en Estados Unidos. Pero esas personas venían también a ver la posibilidad de que los muebles se fabricaran en Panguipulli. Lo cuento a guisa de ejemplo de lo que puede ser realidad en el futuro.
Por otro lado, la rebaja en los aranceles permitirá a los consumidores chilenos adquirir bienes a precios más bajos, incentivando la demanda interna. Y, simultáneamente, este tratado amplía y consolida el acceso de productos nacionales al mercado más fuerte del mundo.
Creo que este análisis breve, pero claramente positivo para nuestro país, debe ser complementado con nuestra posición frente a las eventuales consecuencias negativas para algunas regiones del país, especialmente las relacionadas con la agricultura.
Por ello, el Gobierno y este Congreso deben asumir la elaboración y puesta en marcha de una serie de políticas públicas que permita enfrentar estas situaciones negativas. Ésa es la verdad.
En este sentido es imperioso fortalecer el desarrollo regional, especialmente el de las zonas más postergadas, como la de La Araucanía, haciendo realidad un país armónico e integrado.
Es necesario incentivar la inversión regional, ya sea a través de medidas tributarias o de atribuciones municipales. Es preciso facilitar la reinserción regional en el comercio exterior y preocuparse por la verdadera reingeniería del gasto regional. Al respecto, quiero dar dos ejemplos.
Es de gran importancia que los recursos asignados sean bien utilizados en el futuro. Por ejemplo, debería haber mayor influencia del SAG en acciones que hasta hoy realiza ineficientemente el Indap. Esa modificación sería positiva.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Lamento interrumpirlo, señor diputado , pero su bancada me ha señalado que ha concluido su tiempo.
El señor BAYO .-
Termino, señora Presidenta , si a lo anterior agregamos la falta de cumplimiento a los acuerdos convenidos con ocasión del Mercosur, comprobamos la necesidad de actuar imperiosamente en este ámbito. Recuerdo a esta honorable Sala que el Gobierno comprometió recurso adicionales a la agricultura por 612 millones de dólares, de los cuales se han invertido en el país, no sólo en el sur, la suma de 500 millones de dólares. Le hacemos un llamado a cumplir este compromiso y a entregar los 100 millones de dólares restantes para ser invertidos en la novena región en acciones orientadas a la ayuda del pequeño y mediano agricultor en las líneas ya fijadas en los protocolos de entendimiento suscrito en el año 1999. Personalmente, considero que la materialización de importantes obras de regadío, como el canal Victoria-Lautaro y el embalse del río Traiguén constituirían un signo de tranquilidad frente a la incertidumbre que hoy agobia a ese sector.
Si a lo anterior agregamos programas relacionados con la educación y la capacitación adecuada a las necesidades del futuro se estarían dando los pasos necesarios para sacar a la novena región de la situación que hoy se encuentra.
Con este tratado esperamos que todo el país avance y no sólo algunos sectores o algunas regiones. Yo lo veo como una tremenda oportunidad para la Araucanía, que hasta la fecha ha sido permanentemente postergada.
Pero esta oportunidad representa para sus habitantes un gran desafío,l a traducir en aumento de eficiencia, búsqueda de la asociatividad, mirando hacia el futuro y terminando con la somnolencia de la tradicionalidad.
Pero ello exige por parte del Gobierno de reglas claras, precisas que demuestren con hechos su voluntad de entregar las condiciones para enfrentar las áreas inciertas. Un gobierno que cumpla los compromisos contraídos por la Comisión Especial.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señora Presidenta , es evidente que en pocas horas más esta Cámara aprobará el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y es también muy importante que como Poder Legislativo -asimismo a las demás instituciones del país- tomemos conciencia de cómo ello nos demandará actuar, incluso más de lo que hemos hecho hasta ahora, con dignidad, sentido de Estado y visión de futuro.
No cabe duda de que este tratado nos traerá un mar de oportunidades, porque nos abrirá nuevos y grandes mercados. Pensemos en que Estados Unidos representa más o menos el 20 por ciento de la economía mundial, que junto con la Unión Europea alcanzan al 45 por ciento de dicha economía y que todos esos mercados se abrirán para los productos fabricados por trabajadores chilenos. Pero ese horizonte de oportunidades sólo podrá ser aprovechado si tomamos en serio las exigencias que el tratado nos plantea de las cuales señalaré tres.
En primer lugar, no olvidemos que no es exclusivamente un convenio entre dos gobiernos, sino entre dos Estados, y que no significará, en ninguna materia la exigencia de estar de acuerdo con actuaciones del gobierno norteamericano. Mantenemos intacta nuestra independencia para intervenir en política internacional y nuestros gobiernos, el actual y los futuros, deben ser categóricos en defender esto para que nuestras posturas y acciones las decidamos en Chile, como hasta ahora.
Chile, recientemente, se opuso a la guerra de Irak, pese a que algunos decían que debíamos ser más condescendientes, para asegurar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el cual en esos momentos se estaba gestionando. Asimismo, hace pocas semanas, en la reunión de la OMC, en Cancún, nuestra ministra de Relaciones Exteriores criticó las políticas proteccionistas de muchos países desarrollados.
Señalo esos ejemplos porque no debemos olvidar que esas actuaciones fueron claves para que Chile suscribiera tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Si a futuro queremos seguir siendo una nación respetable, que abre mercados, relaciones y oportunidades en el mundo, debemos seguir actuando con la misma dignidad e independencia.
Un segundo aspecto es que el tratado abre oportunidades. Sin embargo, ello constituye un desafío y una exigencia, pues nada asegura que las vayamos a aprovechar. Debemos aplicar políticas efectivas para que Chile aproveche esas oportunidades de manera práctica, para lo cual es clave lo que hagamos en educación.
Paralelamente a la discusión de este tratado, estamos analizando un proyecto fundamental en la materia, que tiene que ver con la acreditación de la educación superior. Nuestros profesionales constantemente deben dar explicaciones en el extranjero porque Chile no cuenta con un sistema que asegure la calidad de la educación superior. Sin embargo, no hay acuerdo suficiente para apoyar la iniciativa legal, pues la Oposición ha manifestado que votará en contra en un tema que es esencial para la inserción internacional de nuestro país y para que este tratado tenga resultados positivos para Chile.
También es clave lo que hagamos con las pequeñas y medianas empresas, en las cuales trabaja la mayoría de los chilenos y se generan más empleos. Tenemos que apoyar con fuerza a dichas empresas con políticas de fomento productivo, no con políticas asistenciales, para que ellas puedan acceder a créditos, a capacitación, a tecnología, para que se asocien y obtengan mejores términos de negociación con las grandes empresas, las que muchas veces las atropellan.
Por otra parte, debemos darnos cuenta de que el tratado nos obliga a ser mucho más rigurosos en el cumplimiento de nuestras leyes laborales y en el respeto a los derechos de los trabajadores. El acuerdo tiene un capítulo laboral que fue logrado luego de mucho diálogo interno con los trabajadores del país. Tal como señaló la ministra de Relaciones Exteriores , en 2001 se llevaron a cabo ocho reuniones sobre este tema; en 2002, diez encuentros; en 2003, cinco, y en la delegación que cerró el acuerdo, la CUT estuvo representada por dos dirigentes, elegidos por dicha organización sindical.
¿Qué se logró en el capítulo laboral? Que los países se comprometieran, en forma rigurosa, al cumplimiento de su propia legislación en temas que se definieron en el tratado, como libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil, condiciones de trabajo aceptables relativas a los salarios mínimos, horarios de trabajo, seguridad y salud ocupacional. Esta es la única obligación cuyo cumplimiento es exigible mediante el mecanismo de solución de controversias al interior del tratado. Por lo tanto, tiene una exigibilidad muy alta por mecanismos claros. No se contempla, sino que se descarta, que se tengan que homologar las normativas. Además, se resguarda el principio de soberanía, para que cada uno pueda modificar su legislación, pero con el compromiso de cada uno de respetar sus leyes y de exigirle al otro el respeto de éstas.
Se establece un consejo de asuntos laborales y un mecanismo de cooperación laboral para el cumplimiento de la declaración de la OIT del convenio sobre la prohibición y acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, punto muy importante que también ha sido analizado y discutido en otros países.
Recientemente, en la reunión de la OMC, en Cancún, nuestro país fue felicitado por organizaciones sindicales de muchos países. De hecho, naciones centroamericanas que están negociando tratados parecidos, nos han solicitado que los asesoremos para obtener cláusulas similares a las conseguidas por nuestro país.
Es de esperar que nos hagamos cargo de lo que esto significa, porque en Chile hay una cultura de mucho relajo con las normas laborales y se actúa en forma muy condescendiente frente a las violaciones de los derechos de los trabajadores. Si queremos ser un país grande y estar realmente en los eventos y organismos internacionales, debemos tomar muy en serio estas materias.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ ( don José ).-
Señora Presidenta , el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, entre un país pequeño y la mayor potencia mundial, sin duda, será una gran noticia en todo el mundo, puesto que son dos naciones muy distintas las que se dan en cuanto a dimensión y capacidad.
Quienes tramitaron este tratado llegaron a un acuerdo. Estados Unidos aprecia que en Chile la gestión macroeconómica sea sólida; que es un país que avanza a paso firme y sereno en democracia; que sus instituciones son estables; que hay una reducción en la pobreza y una transición política ordenada.
No me cabe duda de que muchos sectores productivos del país se verán beneficiados. El sector comercial se verá muy activado, junto con el industrial, el cultural y otros. Ello, porque en el momento de efectuar las negociaciones, quienes representaron a Chile sacaron las cuentas que correspondían. Esto es ventajoso para nuestro país.
Hay muchos aspectos en que obtendremos ventajas. Por ello, se ve con optimismo nuestra participación en este tratado. Pero, como ocurre en todo tipo de negociaciones, sigo convencido de que un sector no tendrá ventajas, sino perjuicios. Me refiero al sector de la agricultura tradicional del sur. En las regiones Octava , Novena y Décima los cultivos son muy escasos, y la gente sólo se dedica al cultivo de la remolacha y del trigo. Sabemos que el cultivo de la remolacha, de aquí a seis años, tiende a desaparecer.
Con la rebaja de aranceles que se aplicará a los productos provenientes de los Estados Unidos, esos excedentes de trigo podrían significar el fin de la producción triguera de nuestra gente. Hay que dejar claramente establecido que involucra a cientos de miles de hectáreas y a decenas de miles de pequeños y medianos agricultores y campesinos. Ésa es mi gran preocupación.
Por lo tanto, el Estado debe llevar adelante programas de desarrollo agrícola. Se debe implementar, al menos, un banco ganadero. Entonces, hay que destinar los recursos del caso.
También hay que preocuparse de aquellos suelos que hoy día tienen problemas de drenaje. Es decir, se debe invertir en el drenaje de los suelos, como también en su recuperación y puesta en riego. En muchos terrenos aún no se ha hecho.
Creo que debemos destinar recursos para compensar este daño a la agricultura sureña, porque no podemos despoblar nuestros campos. No podemos pensar que los suelos cultivables, los suelos de secano, los suelos que se dedican a la agricultura, tengamos que invadirlos con pinos o eucaliptos, porque eso significaría desolar los campos, es decir, trasladar campesinos a la ciudad, los cuales pasarán a ser cesantes de por vida.
Por consiguiente, llamo la atención sobre el particular, como lo hice en las comisiones de Hacienda y de Agricultura a los señores ministros presentes en cada oportunidad, a fin de que el Gobierno de Chile atienda las necesidades de los agricultores del sur.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señora Presidenta , durante los últimos años hemos firmado muchos tratados comerciales. Siempre se ha dicho que hay que aprobarlos por el bien del país, pero me parece injusto cuando el bien del país significa que un sector de nuestra economía pierda, específicamente la mal llamada “agricultura tradicional”. No hay tratado comercial en el cual ella no haya perdido, lo que me parece absolutamente injusto.
Cuando uno piensa, después de la reunión en Cancún, México , que Estados Unidos se opuso a bajar los subsidios agrícolas, se da cuenta de que no tenemos ninguna posibilidad de competir en ese ámbito con ese país.
La supresión de las bandas de precios en el trigo generará en el mediano plazo un serio problema a la pequeña agricultura, que depende muy fuertemente de este cultivo ya que constituye la mitad de la superficie sembrada en Chile, 400 mil hectáreas, para ser más exacto.
Las restricciones a la agroindustria en diversos campos hasta el año duodécimo refuerzan la idea de que durante un largo período se continuará exportando más de lo mismo, con la excepción de algunos rubros, como la carne.
Hace poco más de un mes, presentamos al Ejecutivo una propuesta bien elaborada, bien estudiada y bien trabajada, firmada por más de noventa parlamentarios, entre diputados y senadores, y respecto de la cual esperábamos respuesta. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo y hasta ahora no tenemos ninguna noticia.
Entre las propuestas había políticas de desarrollo regional, de defensa del proteccionismo, de impulso a la pequeña y mediana empresa; políticas en educación y capacitación y una nueva institucionalidad para el comercio exterior.
Fui uno de los presentes cuando entregamos la propuesta a la señora ministra; sin embargo -reitero-, aún no hemos tenido respuesta. Se nos ha dicho que se creó un comité de ministros que elaborará una propuesta de aquí a marzo del próximo año. En verdad, creo poco en los comités y en las comisiones, porque, hasta el momento, no ha habido ninguna -al menos no he sabido de ninguna- que haya llegado a resultados; llegan a propuestas, pero quedan ahí y mueren.
Al mismo tiempo, se ha dado una señal, a mi modo de ver sumamente equivocada, de bajar en cinco por ciento el presupuesto del Ministerio de Agricultura para el próximo año. Si realmente se quiere ayudar a la pequeña agricultura, eso debió haber sido exactamente al revés: se debería haber aumentado.
Me cuesta mucho votar favorablemente este tratado, pese a que mi partido lo va a aprobar casi en forma unánime. Me cuesta votar favorablemente un tratado comercial sin tener primero una respuesta -que exijo- al documento indicado. Mientras no la tenga y si hoy no me la dan en la Sala, no estoy dispuesto a votar a favor de este tratado comercial.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señora Presidenta , ¿puede beneficiar a un país como Chile, con 15 millones de habitantes, la suscripción de un tratado de libre comercio con una nación tan poderosa como Estados Unidos, de 273 millones de habitantes? Más aún, con una economía tan gigantesca, con un per cápita de 36.985 dólares, frente a 4.467 dólares de nuestro país; con un producto interno bruto de tal cantidad de millones de millones de dólares que representa el 21,6 por ciento del producto interno bruto mundial.
Sin duda, para el mundo y para nosotros puede resultar una novedad y un verdadero privilegio suscribir un tratado de esta naturaleza, porque a veces los poderosos absorben y atropellan, aunque no se lo propongan, por la lógica de los mayores medios o recursos; porque estamos negociando con la economía más grande del mundo, la más estable, la más abierta y que lidera la nueva economía internacional.
¿Podemos estar seguros de los beneficios del tratado? ¿Estaremos en igualdad de condiciones?
Según cómo se han manejado las negociaciones, tenemos la seguridad de que así va a ser. Este tratado de libre comercio prestigia a Chile, más aún cuando ya se ha suscrito otro con la Unión Europea, que totaliza 285 millones de habitantes y que en abril del próximo año agrupará a 350 millones. Lo mismo ha hecho con Corea, Canadá y otros países de Latinoamérica.
Nos acogen otros países porque Chile está muy bien consolidado, nos creen y prefieren. De lo contrario, no lo harían y no estaríamos suscribiendo un tratado con una nación tan grande, como es Estados Unidos. La solidez de nuestra economía es fundamental. Damos credibilidad, podemos colocar nuestros productos en un intercambio comercial y se nos permite acceder a sus mercados en condiciones que benefician a los países suscribientes. El tratado es trascendente para Chile porque es el sello de un reconocimiento a su economía consolidada, no obstante las observaciones que se puedan hacer durante la discusión, sobre todo en la parte agrícola.
Las exportaciones hacia Estados Unidos han aumentado en 25,9 por ciento entre 1998 y 2002, lo que indica que estamos en presencia de un mercado creciente de colocación de nuestros productos hacia esa nación. Por ello, el tratado no es otra cosa que la oficialización de una situación en desarrollo; sólo se estaría limitando a concretar y a establecer, en mayor medida, reglas permanentes para este comercio, estableciendo, desde luego, garantías a perpetuidad, con lo que se permite un amplio acceso de Chile al mercado norteamericano, con la presencia de nuevos elementos, como es la desgravación de aranceles. En consecuencia, se hace más fluido el intercambio por la vía de la eliminación de aranceles. Es un compromiso que así se hará. Chile necesita insertarse en la economía global, porque es una necesidad de supervivencia como país, con el objeto de mantener un desarrollo sustentable y reducir la vulnerabilidad externa de la economía en tiempos de grandes crisis, depresiones y turbulencias financieras. Hoy, las naciones necesitan interrelacionarse, porque es peligroso quedarse aislados.
Entendemos que este tratado es equilibrado, integral y total, que ha debido prever los efectos negativos que pudiesen producirse para el país, los que se han tratado de evitar, y que nada puede quedar fuera, porque incluye todas las áreas que intervienen en una relación económica bilateral, para evitar privilegios dentro de un mismo país o que algunos se favorezcan y otros no, como es el comercio de bienes, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones y los temas ambientales y laborales, lo que dará un poderoso estímulo a la inversión, a las exportaciones y al empleo, potenciando el desarrollo de las regiones.
La adquisición oportuna de tecnologías modernas y a menores precios incrementará, por supuesto, la productividad de las empresas chilenas; la eliminación de los aranceles, algunos de los cuales comenzarán a operar en doce años, mientras que otros lo harán antes, es un elemento nuevo y fundamental, que, por un lado, impedirá a Chile percibir millones de dólares por concepto de aranceles; pero, por otro, beneficiará a la economía nacional, al país, con la recaudación de nuevos tributos por aumento del crecimiento.
El tratado involucra una serie de beneficios para el país que sólo se percibirá a largo a plazo.
Respecto del sector agrícola, tenemos aprensiones. Queremos mayor focalización de recursos respecto del SAG, la implementación de un plan de desarrollo ganadero, la protección concreta al pequeño y mediano agricultor, economía tradicional del sur de Chile; queremos que el comité interministerial se ocupe en verdad de estudiar y proponer las medidas para el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura. Tal como lo indica el documento que crea el mencionado comité, queremos que se revise el marco normativo de las políticas e instrumentos de fomento productivo para este sector; también queremos políticas de recuperación del bosque nativo.
Si el tratado implica el aumento de las exportaciones en las cifras que se han dado, y también de lo que Estados Unidos nos envía, y un aumento de la inversión, del empleo y una serie de otros efectos positivos, creo que no hay otra actitud que podamos adoptar que no sea la de aprobar este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , cuando estamos debatiendo un tratado tan importante como éste, hay que hablar con absoluta franqueza.
Se han mencionado todas las bondades que traerá para Chile, pero nadie ha dicho qué productos pueden entrar a nuestro país. Esa parte no la sabemos.
Repito, se habla de las bondades, de la agroindustria, del turismo, de todo; pero, con esa misma franqueza y honradez, debo señalar que habría que tener una mente muy estrecha para no reconocer que habrá sectores que se verán favorecidos ampliamente con este tratado, como los del vino, de la madera, de los muebles, de la agroindustria, lo que me parece bien. Estoy de acuerdo en que se favorezcan, como asimismo todo el país. Pero cuando dicen que debemos votarlo a favor por una visión de país, debemos responder que Chile no llega sólo hasta la Séptima Región, sino que mucho más allá.
Ése es nuestro problema, y tuvimos la oportunidad histórica de haberlo arreglado. Por ejemplo, todos sabemos que el pequeño agricultor no tendrá ningún beneficio con este tratado. Se dice que se empezará a reconvertir, que habrá planes del Ministerio de Agricultura, que habrá inseminación artificial o planes para aumentar la ganadería, pero la verdad es que los resultados de esto sólo se verán en tres, cuatro o cinco años. Para ese lapso pedimos ciertas compensaciones para el pequeño agricultor.
Me pregunto, ¿qué beneficios tendrán los 90 mil pequeños agricultores de la Novena Región que represento? Pero hay quienes dicen: “Con tratado o sin él, esa agricultura siempre va a tener problemas”. Indudablemente, nuestra labor es sacarla adelante. Se trata de 1 millón 200 mil personas que viven de ella.
Tampoco me vengan a decir que el negocio del trigo durará doce años más. ¿Qué pasará después? Son muchos los problemas de estos agricultores. Y pensar que tuvimos la oportunidad real de solucionarlos.
Señora Presidenta , por su intermedio, quiero decir al ministro y a la señora canciller que no puedo llegar a mi zona y decir: “Tengo una visión de país salvaje. Hemos ayudado a que todos tengan dinero, que hagan buenas inversiones y que logren grandes recaudaciones; pero como ustedes sólo son una minoría, un pequeño grupo de agricultores, no importa lo que les pase; así es que voté a favor del tratado”. ¡No, señora Presidenta ! Esos agricultores están clamando que tengamos consideración con ellos.
Todos sabemos que Estados Unidos subsidia su agricultura. Invierte 185 mil millones de dólares en subsidios, es decir, el equivalente a diez años del patrimonio de nuestra patria. Eso gastan en subsidios. El propio Presidente Bush ha dicho: “Veo la oportunidad histórica para que mis agricultores puedan exportar”.
Aquí tenemos un viejo refrán que dice: “Quien pone la plata, pone la música para bailar”. Si alguien pretende que tendremos otra honda de David para derrotar a Goliat, indudablemente está muy equivocado. Por eso estamos peleando.
Tampoco me vengan a decir que el pequeño agricultor de la Octava, Novena o Décima Regiones va a exportar leche o carne, en circunstancias de que todos sabemos que un container de carne se llena con 150 novillos. ¿Qué pequeño agricultor puede exportar esa cantidad? Más aún, ¿qué comunidad indígena tiene 150 novillos para exportar sólo el lomo y el filete? Además, el precio de la carne sólo ha subido porque existe fiebre aftosa en Argentina.
Repito, creo que el pequeño agricultor esperaba una nuestra comprensión.
Por otra parte, se habla de la agroindustria. ¿Saben cuántas agroindustrias tenemos en la Novena Región, que es la más pobre del país, por lo que debemos ayudarla a que salga adelante? No son más de 20 ó 30.
¿Qué queremos para ellos? Se necesitan bonos, como el que entregan algunas normas para la fruticultura, para que los pequeños agricultores y comunidades se asocien para tener una quinta o un huerto frutal. Ellos necesitan ayuda, y eso es lo que estamos pidiendo. No pedimos otra cosa o que le regalen algo al pequeño agricultor para que pueda subsistir. En consecuencia, como están las cosas y como veo que el pequeño agricultor no tiene ninguna garantía con el tratado, no puedo votarlo a favor; lo votaré en contra.
Señora ministra de Relaciones Exteriores y señor ministro de Agricultura y ex colega, se lo digo de corazón: ojalá me equivoque, porque quiero un Chile próspero y de oportunidades, en el que entren a correr todos en igualdad de condiciones. Hoy, los pequeños y medianos agricultores no la tienen, porque no logran créditos en la banca, ni asesoría, ni lo que llamo igualdad para competir con un monstruo, como es Estados Unidos.
Indudablemente, los grandes productores estarán bien: los de la madera, de los muebles, del vino, de la fruta, etcétera; pero nosotros no tenemos esos recursos.
Con el dolor de mi alma, pero pensando en esos miles y miles de agricultores que no tienen voz ni han sido escuchados en este tratado, lo votaré negativamente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señora Presidenta , luego de intensas negociaciones, se hace realidad un proyecto largamente anhelado por el Gobierno chileno, cual es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que viene a sumarse a los acuerdos suscritos con la Unión Europea y con Corea del Sur. Indudablemente, lo anterior significará beneficios enormes, fortalecerá el comercio exterior y traerá mayor crecimiento y riqueza para el país. Esperamos que la riqueza que se generará a través del tratado llegue a todos los rincones de nuestro país.
Desde esa perspectiva, uno de los sectores más beneficiados con el tratado será, precisamente, el sector agroexportador, un área económica altamente competitiva, que le ha significado altas rentabilidades a los empresarios del rubro.
En su intervención, la señora ministra de Relaciones Exteriores señalaba que la exportación de uva de mesa ha aumentado 45 por ciento, solamente con el tratado con la Unión Europea. La de fruta ha subido 25 por ciento. Sin embargo, el éxito del Tratado de Libre Comercio para un sector de la economía no puede estar sustentado en lo que hemos denominado injusticia social, que sufren quienes laboran y producen en ese sector.
Una masa importante de trabajadores, denominados temporeros, que transita entre la Tercera y la Novena regiones, que asciende a 600 mil personas, en que más de la mitad son mujeres, único sector de la economía en que trabajan más mujeres que hombres, hoy está en una situación económica realmente deplorable y éticamente reprochable. Hay que decirlo. El sector agroexportador más beneficiado tiene a sus trabajadores en condiciones indignas. El 50 por ciento está sin contrato de trabajo; no más del 10 por ciento de esos empresarios cumple con su obligación de tener salas cunas u otorga un bono para que la temporera mande a su hijo a una guardería; el seguro de cesantía, que aprobamos hace un tiempo, constituye para el sector un verdadero -perdónenme la expresión- fraude legislativo, porque por seis meses de trabajo reciben 25 mil pesos como seguro de cesantía; es el sector en que trabajan más menores de edad. ¡No hay otro sector en el que trabajen más menores que el sector de la fruta! Se infringe totalmente la ley. Para qué hablamos de los plaguicidas y de los pesticidas.
Por último, estos trabajadores, que laboran en el sector más competitivo, al que mejor le va a ir con el tratado, ni siquiera pueden jubilar, porque tienen que trabajar 50 años para poder cumplir con los 240 meses de cotizaciones que exige el decreto ley Nº 3.500.
En relación con lo expuesto, el Tratado de Libre Comercio le otorga a los temas laborales una especial importancia. Más aún, es el primer acuerdo comercial suscrito por Chile que incorpora este tema en forma amplia, fomentando los mecanismos de cooperación y asegurando -lo dice- rigurosamente el cumplimiento de las normas laborales internas del país.
Manifiesto mi preocupación en este aspecto, por la evidente distorsión que se produce en ese sector de la economía, por la falta de protección de los trabajadores, por la nula fiscalización, por la total desregulación y por el incumplimiento de normas laborales esenciales, básicas. En este sector, los trabajadores ni siquiera se pueden sindicalizar. No hay sindicatos porque el que intente sindicalizarse, simplemente, no trabaja la temporada. Así de simple. Y si esto se mantiene, obviamente, se puede acusar al Estado chileno de competencia desleal, porque al no cumplir con las normas laborales, ofrecerá productos más baratos respecto del estado que, por cumplirlas rigurosamente, tiene precios más elevados. En consecuencia, aquí se produce un dumping social.
Espero que el tratado de libre comercio sea la oportunidad para que en el país, de una vez por todas, se respeten las normas laborales.
Hace un tiempo, la Cámara de Diputados estableció una comisión especial de diputados para revisar el incumplimiento de las disposiciones laborales en el país. En el informe que conoció la Sala quedó lo que estoy señalando. Ni siquiera cumplimos con las normas laborales y queremos celebrar un tratado con Estados Unidos que sí las cumple.
Me preocupa el tema y, a lo mejor, es la oportunidad para que se comience a dar cumplimiento a las normas laborales.
El gobierno se comprometió ante parlamentarios y dirigentes a establecer una mesa de trabajo entre empresarios del sector exportador, trabajadores y gobierno para analizar estos temas y permitir, a partir de ella, el cumplimiento fiel de las disposiciones y el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.
¿Por qué celebro al Presidente Lagos ? Porque hemos firmado un tratado para que la riqueza llegue a todos los chilenos y no a unos pocos. Por esa razón lo votaré a favor.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , hay que tener conciencia de que votar a favor del tratado de libre comercio no significa un juicio respecto de la política estadounidense. Lo instituyo a partir de la nota que nos ha llegado y que se denomina “Carta Abierta a los Parlamentarios de la República”, de la Corporación Representa. Claro, es una mirada muy crítica de la realidad estadounidense y de la política imperialista de ese país. Entonces, si uno fija su posición con relación, por ejemplo, a la actitud que tiene hoy los Estados Unidos respecto de la crisis del Medio Oriente y el respaldo a la intervención de Israel en Siria, no podría sino que estar en contra, pero cometería un grave error. No estamos juzgando los actos de la política exterior de los Estados Unidos. Es cierto que algunas personas, sobre todo de Izquierda, cometen este lamentable error. De la protesta descortés, un tanto destemplada de los militantes del Partido Comunista, que se efectuó al comienzo de la intervención de la ministra de Relaciones Exteriores , claramente se trasluce ello. Trasladar una actitud antinorteamericana al mérito del tratado de libre comercio son dos cosas enteramente distintas.
El tratado es un avance que muchos países quisieran tener y por el cual las fuerzas progresistas durante mucho tiempo han tratado de avanzar, porque significa normas equitativas y equilibradas de intercambio. Incluso, a los amigos del Partido Comunista les recomendaría que pudiesen recuperar algunos discursos de Fidel Castro en que habla del tema del intercambio desigual. O sea, en el tema de las naciones débiles en relación con las poderosas, la idea es ir, paso a paso, avanzando hacia el establecimiento de normas y reglas de convivencia internacional -en particular, respecto del comercio, que es la base material de esas normas- que sean justas y equitativas. A mi juicio, hay un avance notorio de nuestro país en esa dirección.
Más aún, creo que hay algunos errores claves en la nota de la Corporación Representa cuando dice, por ejemplo, que el tratado se centra en exportaciones de materia prima y de recursos naturales. Obviamente, esa afirmación contradice la tendencia de los últimos años. Entre 1996 y 2002, como señala el informe, las exportaciones de productos industriales chilenos crecieron a un promedio anual de 12,7 por ciento. En consecuencia, no estamos hablando de recursos naturales. En el caso concreto de la Octava Región, a la que pertenece el distrito que represento, se exportarán perfiles, molduras de madera, tablas aserradas, puertas y marcos de maderas contrachapadas, aceites combustibles, aceros que permiten la molienda de minerales, productos del mar, etcétera. Se trata claramente de productos que permiten crear las condiciones para que Chile deje de ser simplemente un exportador de materia prima.
Pero si sólo de eso se tratara -no es así, pero me pongo en ese caso-, todo aquello que contribuya a crear empleo en el país debe ser bien recibido, por cuanto la cesantía es el nudo más grave de nuestro desarrollo económico social. Expresiones como: “Esto no va a servir más que para exportar unas cuantas toneladas más de fruta” tienen cierto tono peyorativo respecto de las necesidades del país. Las necesidades del país dicen relación con la posibilidad de crecer para aumentar los recursos disponibles y, de esa forma, invertir en ciencia, tecnología e investigación. Ello nos permitirá dejar de ser un país dependiente exclusivamente de las materias primas y de los recursos naturales.
Existe un conjunto de factores que no tienen por qué hacer que la decisión a través de la cual se apruebe este tratado se tome con complejo. Por el contrario, debe asumirse entendiendo que hay una opción del país frente a la principal tendencia de evolución de la civilización contemporánea, como es la creciente interdependencia y la globalización entre las naciones.
Quiero hacer una última reflexión en ese sentido. Las comparaciones hechas por el diputado Dittborn en relación a lo ocurrido hace treinta años son enteramente arbitrarias. Él señala que no hubiese sido posible el gobierno de la Unidad Popular si hubiesen existido estos tratados. Si nos ponemos a mirar a treinta años atrás, la primera conclusión que habría que sacar es que los tratados internacionales sitúan al país en una posición en la que ya nunca más será posible que ocurra en él un golpe de estado tan sangriento y brutal como el de 1973. ¡Pongamos las cosas en su lugar! La humanidad ha avanzado y hoy existe una interdependencia que posibilita que las naciones operen en un contexto internacional en el que es cada vez más difícil que se puedan establecer regímenes dictatoriales como el que sufrimos durante algún tiempo.
En relación con el tema del proteccionismo, quiero hacer una precisión. El diputado Dittborn también señala que aquí habrían existido algunos economistas que, en el tiempo del régimen militar, tuvieron el mérito de plantear la necesidad de la apertura. Es lógico, como él lo ha reconocido, está hablando de su propia experiencia. A lo largo del siglo XX, efectivamente, en Chile hubo un pensamiento económico dominante, como lo hubo en América Latina y en el mundo, que propugnaba el desarrollo hacia adentro y la sustitución de las importaciones. Ese fue el pensamiento, en general, de todo el sistema político, sobre todo de la Derecha que fue la que más gobernó a lo largo del siglo XX, y, en particular, de la Derecha representativa de la oligarquía terrateniente del país. Entonces, él no debe traspasar a sus interlocutores políticos lo que es su propia responsabilidad o, mejor dicho, la propia evolución que tuvo el pensamiento de la Derecha que él representa en este hemiciclo.
Todos los actores del sistema político en su momento fueron proteccionistas. Hoy el mundo ha avanzado en una dirección distinta y los países que no asumen el tema de la apertura tienen un alto costo. Por ejemplo, a Rusia le costó el 60 por ciento de su producción industrial asumir la apertura. Es lógico, no queremos que nuestro país tenga esos costos. Para ello, se debe avanzar en el camino que, en democracia, el Congreso Nacional ha sancionado legítimamente, como representativo de la soberanía popular. Esa es la razón por la que la comisión política del Partido Socialista, cuyo mandato en esta Sala represento, ha resuelto respaldar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Quiero felicitar a nuestra Cancillería y a los equipos técnicos que, en forma tan destacada, han trabajado en esta materia.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-
Señora Presidenta , aprobar el tratado de libre comercio con Estados Unidos no significa para nada aprobar toda la política norteamericana, especialmente en materia de relaciones exteriores. Eso lo damos por descontado. Pero sí significa aprobar -eso espero- toda la doctrina de libre comercio. Es decir, adherir a ella y desembarazarse, de una vez por todas, de los complejos socialistas que durante tanto tiempo tuvieron a nuestro país atado al subdesarrollo, a la pobreza y a la falta de crecimiento.
El combate por el libre comercio ha sido largo y arduo. Hoy lo coronamos con un tratado como el que nos aprestamos a aprobar. Sin embargo, no podemos olvidar que detrás él hay largas décadas en las que nuestro país luchó por el libre comercio prácticamente sólo contra la opinión de muchos de los que ahora se suben al carro de este libre comercio, de la empresa privada que está detrás y de la capacidad empresarial de las personas que, en última instancia, respaldan estas ideas.
Por eso, hoy quiero rendir un homenaje al esfuerzo realizado, sobre todo, el realizado durante el régimen del Presidente Augusto Pinochet , para sacar adelante estas ideas de libre comercio y desbaratar en Chile los complejos socialistas y las ataduras que nos mantenía, como señalé, en una situación de infinito e indefinido subdesarrollo.
La ministra y el Ministerio de Relaciones Exteriores han jugado un gran papel en la firma del tratado. Pero antes hubo que valorar y llevar adelante lo que significa el libre comercio en Chile, y eso es muy anterior. Por eso, reitero, quiero rendir un homenaje a quien en su momento fue el líder que encabezó la apertura de Chile al libre comercio, el general Augusto Pinochet y su equipo económico.
Al mismo tiempo, lamento que lo que significa el libre comercio y la capacidad empresarial, en este Gobierno, no tenga la misma recepción en otras áreas que no sean la estrictamente comercial o industrial. En nuestro país existen sectores que mantienen el retraso endémico porque no quieren abrirse a la iniciativa privada, y continúan casi como monopolio estatal, me refiero especialmente a la salud y la educación. ¡Qué bien les haría a esos ámbitos que aplicáramos los principios considerados en nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos!
Sin embargo, para terminar, quiero hacer un breve alcance respecto de lo que significa ser socio de ese país.
Sin duda, Estados Unidos es el líder y el campeón en el mundo del libre comercio. Es el libre comercio y sus principios los que también han permitido el extraordinario desarrollo y fortaleza de ese país.
Pero también ha mostrado -y ha sabido hacerlo- lo que denominamos “la hilacha”. Cuando sus intereses se han visto amenazados ha actuado de manera absolutamente contraria a esos principios. Ahí está el caso que nos afectó en 1989, cuando Estados Unidos cerró sus fronteras a la fruta chilena esgrimiendo el argumento falaz y mentiroso de las uvas envenenadas. Posteriormente, impidió, por la inmunidad de Estado, toda posible investigación para determinar la veracidad de los hechos.
Chile, en 1989, estaba en la flor de su empuje empresarial, tanto así que éramos llamados los “jaguares” de América del Sur, cuestión que, al parecer, en Estados Unidos se tomaron en serio. Por eso devino la actitud prepotente y matonesca que impidió la exportación de frutas a ese país, con el consecuente y grave daño para nuestra agricultura y nuestro país.
Lo señalado debe tenerse presente en este momento. Estamos muy contentos de aprobar el tratado, pero quiero recordar especialmente a aquellos agricultores y agroindustriales que se la jugaron en esos días por el libre comercio, pero que recibieron tan descomunal bofetada. No olvidemos ese hecho y tengámoslo como característica del socio que adquirimos en esta ocasión.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señora Presidenta , como han señalado mis colegas, este tratado corresponde a una larga historia de esfuerzos. No obstante, éste, el tratado con la Unión Europea y aquellos cuyo estudio concluiremos en estos días, se deben a un esfuerzo especial y al interés que las actuales autoridades, como el Presidente Lagos y la señora canciller junto a su equipo, han puesto para buscar nuevas oportunidades.
Éste en particular significa oportunidades y desafíos económicos, institucionales, políticos, sociales, culturales, laborales y ambientales. También constituye un estimulante impulso e impactos macroeconómicos, microeconómicos en inversión, crecimiento, empleo, competitividad, remuneraciones y bienestar. Pero debemos acondicionarnos, prepararnos permanentemente para transformar estas oportunidades en realidades, de lo contrario vamos a quedar ante una vitrina de posibilidades, pero nunca podremos acceder a los beneficios. Estas oportunidades y realidades deben llegar y dar beneficios a lo largo y ancho del país. Ahora podremos industrializar y procesar distintos productos que antes manufacturábamos pero que no podíamos exportar elaborados porque estaban afectos a crecientes aranceles a medida que aumentaban el valor. Eso ya no será así.
Vendrá una demanda por energía, por infraestructura, por industria y por empleo. De hecho ya tenemos gente en todas las regiones auscultando posibles negocios.
Ganamos un sistema más confiable de solución de controversias para que no se repitan las lamentables situaciones que mencionaba el diputado Ibáñez .
Esperamos que no se produzcan distorsiones flagrantes como, por ejemplo, que un productor lechero de Estados Unidos reciba dos y tres veces más por litro que un productor chileno, en circunstancias que la leche elaborada en polvo llega al mismo valor a Chile. Eso debe resolverse con el sistema de solución de controversias y el esquema de distorsiones. Nuestro sistema de libre competencia podrá captar, y espero que reparar, estas distorsiones. La ley N°18.525 debe modificarse para que la Comisión de distorsiones sea eficaz y eficiente, a fin de que actúe y opere, lo que no sucede hoy.
En materia agrícola, en las regiones del sur faltan apoyos concretos para aplicar fósforo, calcio y regar la tierra, sin intermediarios ni activistas, porque muchos recursos se pierden en el camino. Las producciones pequeñas pueden organizarse y estandarizarse para incorporarse a las ventajas estos tratados. Nuestro país mantiene una deuda con la agricultura y la ganadería tradicional, particularmente con la del sur, derivada del tratado con el Mercosur.
La Décima Región de Los Lagos necesita reactivar los programas de electrificación rural, paralizados desde hace dos años, porque la intendencia cambió el sistema. El suministro de luz eléctrica se corta pues hay déficit en la transmisión de energía eléctrica a nuestra zona y aún no se aprueba la llamada ley corta de electricidad.
Por último, deseo mencionar que este es un impulso a nuestras necesidades de capital humano, de educación y capacitación para aumentar el rendimiento de nuestros trabajadores, ejecutivos y profesionales en general y así aumentar la productividad, las remuneraciones y el bienestar, que es lo que perseguimos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señora Presidenta , diversos señores diputados han señalado, en términos generales, las ventajas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En los aspectos generales me remitiré a muchas de las intervenciones de los diputados que me han precedido en el uso de la palabra y señalaré sobre todo las ventajas y beneficios que este tratado tendrá para la Quinta Región y los sectores sociales que represento en la Cámara de Diputados.
El Tratado de Libre Comercio será un importante estímulo para la producción minera de nuestra región. La minería primaria y prácticamente todos los productos mineros se verán beneficiados con el desgravamen en forma inmediata respecto de una gran cantidad de minerales que hoy se exportan a Estados Unidos.
Otro sector favorecido de nuestra región será el agrícola, debido a que la producción de Petorca y Quillota también obtendrán importantes beneficios con el desgravamen de diversos productos de ese sector de la economía regional.
El sector agroindustrial de la provincia de Aconcagua se verá igualmente beneficiado, así como la producción vitivinícola, que se ha hecho crecientemente importante en los valles de Aconcagua y Casablanca.
Sin embargo, este Tratado de Libre Comercio también es importante para las actividades fundamentales del centro de nuestra región: portuaria, transporte, turística y cultural, que son características de la Quinta Región, se verán directamente impactadas y beneficiadas.
Mucho más se puede decir sobre el desarrollo universitario y el polo de alta tecnología, que hemos declarado como vocación para nuestra región. En ese aspecto, el Tratado de Libre Comercio mejorará e incrementará la productividad de las empresas chilenas al facilitar la adquisición oportuna de tecnología, de equipos y bienes de capital más modernos y a menores precios, lo que redundará en mejores oportunidades para aumentar el valor agregado de nuestra oferta exportable.
De esa manera el Tratado de Libre Comercio impactará de manera favorable, sólo con algunas excepciones, al resto de las regiones del país.
Desde el punto de vista de su significado para Chile, tiene un gran valor haber materializado un tratado con el país económicamente más importante del mundo. Por esa razón, personalmente, y como bancada, votaremos favorablemente este enorme avance y gran desafío que Chile tiene en su apertura al mundo.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA .-
Señora Presidenta , el año pasado Chile compró alrededor de 2.500 millones de dólares en productos a Estados Unidos. Con este tratado, las importaciones de ese país se incrementarán en aproximadamente 350 millones de dólares. Además, esos bienes van a ser complementarios a los que ya llegan a Chile desde terceros países, de tal manera que no van a competir directamente con nuestra producción nacional.
Por otra parte, es interesante resaltar los beneficios que implica este acuerdo para nuestra población. Por ejemplo, las rebajas arancelarias harán que caigan los impuestos, lo que aumentará el ingreso disponible de cada chileno. Con mayor calidad verá, entonces, la presencia de bienes de consumo, con mayor variedad de la oferta y, por lo tanto -como he dicho-, a un menor precio.
Naturalmente, todo ello disminuirá el riesgo-país, lo que también reducirá el costo de los créditos hipotecarios. En una palabra, habrá más ingreso real disponible y más empleo.
No es menor resaltar esos factores, porque no tienen que ver con un sector determinado de la actividad, industrial, productiva nacional, sino, en general, con cómo va a beneficiar a los chilenos en nuestro país. Porque hay chilenos que habitan en el extranjero que ya se ven beneficiados con tratados como éste.
En la Novena Región hay algunos factores que quiero destacar, por cuanto van a ser especialmente beneficiosos para su actividad productiva.
En el sector pecuario, ganadero concretamente, el arancel que debería pagarse por ingresar carne de vacuno a Estados Unidos es de 26,5 por ciento. Felizmente, un millón de kilos de carne de corte fino podrá entrar cada año, incrementándolo en 10 por ciento anual, libre de impuestos, lo que hará necesario el sacrificio de miles de cabezas de ganado, demanda que a veces pienso que no estamos en condiciones de satisfacer.
Las carnes de cerdo y ovina entrarán sin arancel desde el primer día.
En el sector forestal, la Novena Región verá cómo 90 mil pequeños propietarios de bosque nativo podrán aumentar sus posibilidades de ingreso -sobre todo con la promulgación, ojalá muy pronto, de la ley de Bosque Nativo- y algunos agricultores también podrán diversificar la actividad y exportar muebles a Estados unidos. Al respecto, no existe duda alguna respecto de la calidad de la mueblería chilena, a tal punto que varias fábricas en Temuco ya tienen comprometida toda su producción para el país del norte.
En el tema lácteo, anualmente entrarán 3.500 toneladas sin arancel con lo que el deprimido sector lechero mejorará sus actividades. De hecho, el precio del litro de leche ya está mejorando, lo que augura buenas expectativas.
En el caso del trigo, del que tanto se ha hablado, hace varios días aprobamos la mantención de las bandas de precios, lo que asegura a alrededor de setenta mil pequeños productores una estabilidad económica que no se ve desde hace más de diez años.
Pero no debemos olvidar que la Novena Región también produce espárragos frescos, los que -como señalaron los diputados Quintana y Saffirio - con la aprobación de este tratado tendrán una gran salida al igual que los ajos, las flores, el vino blanco y las frambuesas.
Ahora me quiero referir brevemente a un tema que ya fue comentado y que tiene que ver con los medicamentos.
Una vez que las drogas medicamentosas más caras son patentadas, comienza su uso en pequeños universos de pacientes y deben transcurrir alrededor de diez años antes de que se inicie una utilización masiva de ellas. En ese momento, como ya están fuera de las patentes, comienzan a aparecer los productos genéricos, que son más baratos, más accesibles. Además, la caída de las barreras arancelarias y un tipo de cambio favorable al peso anularán cualquier efecto supuestamente gravoso para el usuario.
Finalmente, voy a dar un mensaje de optimismo: el vaso hay que verlo medio lleno, no medio vacío. Así, por ejemplo, los pueblos originarios mapuches no se verán afectados negativamente por este tratado; por el contrario, sus proyectos se verán beneficiados. El Gobierno de la Concertación ha cambiado en democracia la perspectiva del desarrollo del mundo indígena y su cosmovisión es y será respetada.
La Novena Región está dejando de ser la más pobre del país. Debemos reconocer que se ha abusado de este concepto, ya que durante este segundo semestre el producto interno bruto de la región creció en un 11 por ciento, el desempleo cayó a 6,6 por ciento y entre marzo y julio se crearon más de cuarenta y dos mil nuevos empleos. Este Tratado de Libre Comercio ayudará a la Novena Región y al resto del país a despegar definitivamente.
Felicito a todo el equipo negociador, a la ministra Soledad Alvear , al ministro Jaime Campos , a Heraldo Muñoz , al embajador Osvaldo Rosales , a Carlos Furche y a muchos otros. Sin embargo, los grandes actores del éxito futuro de este acuerdo serán los trabajadores y los empresarios -con su iniciativa- y el Gobierno, que deberán trabajar unidos por un compromiso de país.
Por lo anterior, anuncio mi voto favorable a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señora Presidenta , una vez más, en menos de un año, esta Corporación ha sido convocada para pronunciarse sobre la conveniencia para el país de suscribir un nuevo Tratado de Libre Comercio. Ayer fue con los países de la Unión Europea y con Corea, hoy con la economía más grande y poderosa del mundo, como es Estados Unidos de América, ratificándose de esta forma la estrategia política y económica, definida por nuestro país en la década de los setenta, de apertura comercial al mundo como elemento dinamizador de nuestra economía.
Esto ha sido también un objetivo deseado por los gobiernos de la Concertación. La mejor prueba de ello es -repito- que en el transcurso del último año hemos sido convocado a pronunciarnos respecto de tres tratados de libre comercio.
Por tanto, los méritos de lograr una asociación con Estados Unidos, sus conveniencias económicas y el impacto en nuestras posibilidades de desarrollo y oportunidades comerciales, parecen estar más que evaluadas y más que compartidas, al igual que la conclusión mayoritaria en cuanto a lo altamente deseable y positivo que es para nuestra economía y, por ende, para nuestro pueblo y para la satisfacción de sus necesidades sociales.
Sin embargo, en este debate también han estado presentes aquellos aspectos que representan los costos de estos acuerdos en nuestra economía y su impacto en la calidad de vida de algunos sectores de nuestra sociedad.
Los costos de una apertura a través de acuerdos comerciales -como ha ocurrido con los tratados con el Mercosur y con la Unión Europea y como lo será éste con Estados Unidos- lo deben pagar algunas regiones del país que no han podido adecuar sus posibilidades de producción hacia opciones exportables. Ello sucede principalmente por la falta de alternativas productivas.
Los productores de bienes no transables han sufrido y sufrirán los efectos derivados de una creciente apertura económica sin restricción, sin medidas de mitigación o compensación ante la amenaza que significa enfrentar una competencia desleal, originada a partir de sistemas de producción fuertemente subsidiados por el Estado y que distorsionan enormemente los mercados, generando bajos precios y haciendo caer las rentabilidades para esos rubros en nuestro país.
Las regiones del sur de Chile, básicamente la Novena y la Décima, concentran los efectos negativos de estos acuerdos comerciales. Hoy, nadie podría sostener con seriedad que estos costos se deben a una falta de capacidad empresarial para adecuarse a estas condiciones. Sabemos que no es así. Por el contrario, la reacción de los productores, en especial en la agricultura, ha sido positiva y de adecuación a las nuevas condiciones para sobrevivir. ¿Como se ha enfrentado esta situación? De una manera técnicamente correcta, esto es, disminuyendo los costos de producción y aumentando la productividad y la eficiencia, lo que ha sido decisivo para alcanzar economías de escala y mantenerse en el mercado. Pero esa condición sólo la pueden lograr quienes han demostrado un alto grado de capitalización, innovación en tecnología e incorporación de moderna tecnificación y mecanización. Esto, que constituye la viga maestra para sobrevivir en las actuales condiciones de apertura comercial, en especial con Estados Unidos, lamentablemente no está al alcance de la mayoría de los pequeños y medianos productores de nuestro país.
Por el contrario y ante la imposibilidad de adecuarse a las actuales circunstancias, cae sobre ellos -mañana se sentirá aún con más fuerza- la presión de compra por parte de quienes aspiran a lograr tamaños de escala adecuados, lo que finalmente terminará por desplazarlos del campo. Por otro lado, estos medianos y pequeños productores, ante la desazón de no poder adecuarse a estas exigencias económicas, se desprenderán de su patrimonio y se alejarán del campo.
Estos tratados, que no son otra cosa que un paso adelante en el proceso de globalización en que estamos inmersos, generan -reconozcámoslo- efectos adversos -como los que he sañalado- en algunas regiones del país. Pero nuestra obligación es hacernos cargo de los efectos económicos de la globalización; de lo contrario, ellos pueden transformarse en su propia arma de resistencia interna y en la herramienta política que permita anidar un fuerte espíritu antiglobalización y contrario a las aperturas comerciales y a las economías de mercado, induciendo a la gente a creer que la apertura comercial es inconveniente para el país.
No queremos que los tratados de libre comercio sean la puerta de entrada para los grandes poderes económicos, ni los causantes del dominio del gran supermercado en desmedro del pequeño o mediano comercio; no queremos que el gran capital domine el campo, permitiendo sólo la presencia de los grandes empresarios y el abandono de los pequeños y medianos agricultores. Es nuestra obligación darle sentido a esta agricultura; mantener la vida rural es un imperativo social, regional, y también económico. Cada día debiera tener más y mayor valor económico el hecho de que mucha gente se mantenga en el campo como una forma de vida.
Pero no podemos desconocer que estos tratados generan condiciones para la desaparición del estrato medio de productores, de comerciantes y de pequeños industriales. Por tal razón, hemos propuesto, en forma paralela, la implementación de medidas complementarias que permitan mantener el desarrollo regional y generar incentivos que le permitan a la empresa enfrentar la competencia desleal. Se trata de un documento formal que incorpora medidas concretas en esa dirección, tanto políticas de desarrollo regional, de defensa al proteccionismo exacerbado de los países desarrollados, de impulso a las pymes, de educación, de capacitación y de formación de capital humano. Si sólo nos conformamos con admitir que los altos subsidios de los países ricos, como Estados Unidos, son incontrarrestables e indiscutibles por nuestra escasa capacidad de influir ante esas naciones de gran poderío mundial, estamos condenando a la cesantía a miles de compatriotas que viven de la realidad que hoy he descrito. Es una gran oportunidad para hacer frente a los efectos negativos e indeseados de la globalización; sin embargo, el gobierno no ha admitido esta posibilidad, al menos en este evento.
No puedo ni me siento habilitado moralmente para sumarme a una tarea como esa, pero tengo esperanza y fe en que nuestros productores van a ser capaces de enfrentar esta apertura en la medida en que implementemos las observaciones que he sugerido.
Por lo tanto, en defensa de la pequeña y mediana empresa de estas regiones, que probablemente están llamadas a pagar el costo o a sufrir los efectos negativos de una apertura como ésta, me voy a abstener en la votación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señora Presidenta , sin duda, como lo han dicho los colegas que me han precedido, este Tratado de Libre Comercio podría ser una oportunidad.
Quiero entregar algunas cifras que me preocupan. Cuando uno habla de la pequeña agricultura familiar campesina y de algunos cultivos tradicionales como el trigo, el maíz, la remolacha, el arroz, que corresponden a alrededor de 529 mil hectáreas, hay que indicar que el 46 por ciento pertenece a la pequeña agricultura.
Hoy vemos este Tratado de Libre Comercio como un instrumento que asegura estabilidad económica a los pequeños productores, y al ver a un agricultor de Peumo, de San Vicente, de Las Cabras, de algunas de las comunas que represento en esta Cámara, debo reconocer que estos agricultores van a pasar de una agricultura tradicional, no competitiva, que no está abierta a los mercados, a una agricultura que sí puede tener oportunidades de exportación de paltas, de frutas, etcétera, en los rubros que la ministra ha mostrado que tienen efectivamente una oportunidad. Sin embargo, ¿cuánto necesitan esos agricultores para llevar a cabo un proceso exportador e insertarse de alguna manera en estos mercados internacionales?
Felicito al Ejecutivo porque hoy por fin ha reconocido que tiene que haber una comisión interministerial que aborde estos temas. Es imposible seguir firmando tratados internacionales si no nos preocupamos de lo que está pasando al interior del país, de si efectivamente los desafíos y las oportunidades las van a poder llevar a cabo los ciudadanos chilenos, y aquellos que, como en algunas oportunidades se ha dicho, no pueden subir al avión.
Hoy un agricultor en Estados Unidos recibe más de 14 millones de pesos en subsidio al año. Por lo tanto, como país debemos tener una mirada en esta materia, una mirada de futuro, y para eso quiero formular algunas propuestas.
Voy a formular veinticinco propuestas al ministro de Agricultura -presente en la Sala- y también me gustaría compartirlas con la ministra Alvear , que tienen que ver con cómo abordar la institucionalidad que quiere darse; de alguna manera, debemos proyectar políticas distintas para reactivar el país, a fin de que los tratados internacionales con Estados Unidos, con la Unión Europea y con Corea puedan efectivamente significar una oportunidad.
Quiero mencionar algunas al ministro y a los diputados que les interesa el tema para que reflexionemos con miras a las medidas que la comisión interministerial que el Gobierno va a crear.
1) Es básico crear líneas especiales de financiamiento, de corto y largo plazo, acordes con las características del sector silvoagropecuario.
2) Crear instrumentos que faciliten al Banco del Estado atender con eficiencia a los pequeños y medianos agricultores.
3) Fortalecer y apoyar la bolsa agrícola que, si bien hemos aprobado en la Cámara, hoy no existe como instrumento que facilite el financiamiento del sector.
4) Fortalecer el seguro de riesgo climático orientado a los sectores más vulnerables.
5) Estimular y facilitar la creación de una banca agrícola especializada en la materia, que entregue posibilidades de financiamiento al sector.
6) Crear urgentemente un mecanismo de contabilidad simplificada, que hemos tratado al interior de la Comisión de Agricultura, pero no con la celeridad y posibilidad de implementarlo como nos habría gustado.
7) Acelerar la tramitación de una ley de prendas.
8) Acelerar la tramitación de incentivos para inversión de capitales de riesgo.
9) Crear mecanismos de capacitación, profesionalización y tecnificación para la pequeña y mediana empresa agrícola del país.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
¿Me permite, señora diputada ? Le ruego redondear la idea, porque ha concluido su tiempo.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señora Presidenta , son 25 medidas que la Democracia Cristiana quiere plantear hoy día en pos de la articulación de los distintos servicios que la ministra quiere potenciar para la pequeña y mediana empresa rural y urbana.
Termino poniendo a disposición de los colegas este documento y, al mismo tiempo, anunciando que me voy a abstener, porque debemos progresar en estas medidas. Es un primer paso; pero, lamentablemente, no veo que exista la disposición, en particular a nivel presupuestario, de tener, de una vez por todas, una pequeña y mediana agricultura que sea capaz de insertarse en los mercados internacionales.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA .-
Señora Presidenta , todo tratado internacional de comercio, en este mundo globalizado, es trascendente para el país, siempre que sea negociado convenientemente. Además de pensar en aquellos que ganan con este tratado: la gran empresa e industria, a la que, sin duda, le conviene, es importante no olvidar a sectores y subsectores, como el agrícola, al que represento, que serán perjudicados sin remedio.
No podemos olvidar a las regiones del centro-sur de Chile, que ven con incertidumbre su futuro. Por ejemplo, los agricultores y campesinos del trigo tienen pocas alternativas, ya que con otros tratados anunciados tan brillantemente como éste, entre ellos el del Mercosur y el de Bolivia, vieron desaparecer cultivos como la maravilla y el raps. Además, ¿cómo es posible que un país como Estados Unidos, que gasta más de 73 mil millones de dólares en ayuda directa a la agricultura y que recientemente anunciara 180 mil millones más, paradójicamente nos exija prescindir de toda ayuda o subsidio agrícola? En esas desiguales condiciones, a nuestros agricultores les resulta muy difícil competir; si exige a nuestro país lo que la contraparte no cumple ni hará nunca. Los estadounidenses protegen a su agricultura, y lo mismo debería hacer nuestro Gobierno: proteger a sus agricultores y campesinos, como lo hacen todos los países desarrollados, por ser fuente esencial productora de alimentos y de trabajo.
Todo esto nos lleva a las tristes consecuencias del creciente desempleo en el campo y a la pobreza que arrastran tantas familias de pequeños agricultores y campesinos que ven, cada día, con esta globalización sin humanidad, derrumbarse sus sueños y el de sus hijos, que han elegido el campo y la agricultura como opción de vida. El desarrollo de un país no se logra sólo con el éxito de algunos; debe ir unido al bienestar armónico de todo su pueblo, principalmente el de los más débiles y pobres.
Como una forma de protestar y de actuar en defensa de los miles de agricultores y campesinos a los que represento en la Cámara, anuncio mi voto negativo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por las condiciones desfavorables que representa para nuestro país
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señora Presidenta , ante todo, valoro el trabajo realizado por la ministra, señora Soledad Alvear , y su equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores para firmar tanto este tratado como el acuerdo con la Unión Europea, y, al mismo tiempo, el consenso político general producido al respecto, que, desgraciadamente, con posterioridad se ha visto afectado por los particularismos de cada sector, lo que hace que, de pronto, se pierda la perspectiva respecto de la importancia de este instrumento para la economía nacional y para el país en su conjunto.
Tal como lo hizo el diputado Escalona , también quiero referirme a la oposición ideológica de que ha sido objeto este tratado por parte de determinados sectores, porque considero necesario abrir debate con cierto mundo laboral y político que, a mi juicio, lleva a cabo una crítica más bien ideológica. Incluso, algunas consignas lanzadas esta mañana revelan falta de inserción en la actual realidad mundial y cierta creencia -no ocurre sólo en Chile- de que la globalización sería una especie de opción; que podríamos definir nuestro desarrollo al margen de ella y de la internacionalización de los mercados, y que, de alguna manera, podríamos desarrollar en forma aislada, como país, un proceso productivo, de reindustrialización, sin mirar el mercado mundial.
Cabe destacar que experiencias de este tipo también se dan en Bolivia. Cuando allí se realizan grandes manifestaciones para tratar de impedir la exportación del gas, salga por donde saliera, en el fondo lo que están haciendo es impedir que ese país tenga 1 ó 1,5 por ciento más de producto interno bruto para luchar contra la pobreza y a favor del mundo laboral, puesto que el gas sólo tiene sentido en la medida en que pueda salir a los mercados mundiales.
Este tratado es de evidente interés para Chile, puesto que nos estamos ligando de manera estructural a una economía que representa el 22 por ciento del producto interno bruto mundial, que tiene 300 millones de habitantes, con un ingreso per cápita superior a los de 35 mil dólares, y que representa 148 veces nuestro mercado interno. Además, no sólo hay que mirar la llegada de productos chilenos a la economía americana con arancel cero -que es distinto a lo que ocurre hoy-, sino que también debemos mirar en especial a la minería -sector que me compete directamente-, que podrá acceder a insumos y productos mucho más baratos.
Quiero referirme, también, a una opinión entregada por el diputado Ibáñez . Aparte de reconocer que hemos tenido un acierto, en cuanto a que hemos colocado a la economía nacional en el ámbito de una economía abierta con anticipación respecto de otros países, quiero decir al colega dos cosas: en primer lugar, que los acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea han sido posibles porque hoy existe democracia, porque hay una conducción macroeconómica seria; porque Chile es un país estable, social, política y económicamente, y, básicamente, porque existe un estado de derecho. En dictadura no habría habido posibilidad alguna de lograr un tratado con Europa, y tampoco con Estados Unidos de América y con los otros países con los cuales estamos llegando a este tipo de acuerdo.
En segundo lugar, aquí no sólo se internacionaliza la economía, sino también la justicia. Y se da el caso de que algunos amigos del colega Ibáñez no pueden ir ni siquiera a Mendoza, precisamente, porque también hay una mundialización de valores, de derechos y de persecución de las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes cometidos.
Con la aprobación y puesta en marcha de este Tratado de Libre Comercio vamos a entrar en una nueva fase de inserción en la economía mundial, que significará, potencialmente, una base para nuestro desarrollo estratégico en los próximos decenios, lo que creará la necesidad de abordar una profunda reorganización del sistema productivo y de servicios. En este sentido, hay un desafío económico que el Estado debe enfrentar a través de ayudar a las pymes. Asimismo, hay que preocuparse de los productos con mayor valor agregado, particularmente en el ámbito de las materias primas: cada vez es más conveniente procesar en Chile y exportar cobre refinado. Del mismo modo, debemos abordar los temas relacionados con la educación, la tecnología y la informatización.
Me asiste la misma preocupación que a otros colegas, en cuanto a la necesidad de enfrentar el problema de la responsabilidad laboral y ambiental. No podremos suscribir tratados con países que tienen legislaciones laborales sólidas si en Chile no se cumplen los derechos laborales y si no hay preocupación alguna por el medio ambiente. Cabe citar el caso ocurrido en Cabildo, donde, debido al derrame de un relave, se contaminó el agua que consume la población.
Para terminar, quiero decir que gracias a este tratado la región de Atacama tendrá muchas perspectivas de desarrollo en los ámbitos minero y agrícola, aspectos muy relevantes para sus habitantes que nos están escuchando.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señora Presidenta , el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es, simplemente, un instrumento que se da en un contexto histórico determinado, en una época en que se valoriza el libre flujo de bienes, servicios y capital y en que, por cierto, se rechaza, se limita y se obstaculiza el libre flujo de las personas. Vivimos en una era en que lo que se valora son las cosas y el patrimonio, pero no así el ser humano, que está muy desvalorizado. Ése es el momento que vivimos.
El nuestro es un país pequeño, ubicado en un rincón del planeta, que tiene un desafío: lograr el bienestar y el bien común para nuestra sociedad. Me llama la atención que, a veces, cuando abrimos estos debates, no nos hagamos cargo de lo que decimos.
Por cierto, Estados Unidos es el socio del futuro, el país imperialista que viola el derecho internacional constantemente; es arrollador y abusador no sólo con los demás países del planeta, sino también con sus propios ciudadanos. No podemos decir que es el prototipo de respeto del derecho internacional, cuando observamos lo que ha hecho en Irak y con los ciudadanos afganos presos en la base militar de Guantánamo, en Cuba.
Pero ése no es el tema en debate. Hoy no está en discusión el modelo de globalización que vivimos, con las megafusiones y con el poder de las corporaciones que ponen en peligro los límites de la soberanía nacional, aunque nos gustaría debatirlo e intentar un cambio de rumbo. Por desgracia -aunque, a veces, el colega Recondo me hace pensar de otra manera-, tampoco está en discusión el modelo de desarrollo nacional. Nos haría bien discutir el tema, porque es en estos debates y ocasiones cuando uno se da cuenta de que la Derecha es partidaria de un estatismo espectacular, cuando pide protección, intervención del Estado y medidas compensatorias. ¡Llama la atención cómo pretende reescribir la historia! El colega Ibáñez ha señalado que ellos abrieron el mercado. Sin embargo, quien promovió las políticas proteccionistas en Chile, durante mucho tiempo, no fue el Gobierno de turno, sino una alianza entre empresarios y trabajadores. Era la forma en que se veía el mundo en ese tiempo.
Sin duda, hoy es necesario abrir un debate sobre el modelo de desarrollo agrícola; pero eso nada tiene que ver con el tratado. Me gustaría que fuéramos capaces de generar instancias estatales de apoyo a las pymes y a la comercialización, de reformar la Constitución Política, y que la Oposición nos acompañara en esa tarea, de manera de generar mecanismos públicos que facilitaran la comercialización del pequeño y mediano productor agrícola, tal como lo hacen países como Australia y Nueva Zelanda. Así, estaríamos defendiendo aquello que realmente se debe proteger. Pero el hecho de no abrir ese debate me hace pensar que lo que están haciendo algunos colegas son simples gárgaras con la tragedia de aquellos que no pueden competir en el mercado en buenas condiciones, lo que no tiene que ver con este tratado.
Me gustaría que abriéramos un debate sobre el modelo de desarrollo. Hay algunos que promueven un neoliberalismo con privatizaciones, y otros que creemos en un nuevo desarrollo progresista, en el cual el Estado debe tener un rol muy importante para defender a las pymes, a los trabajadores y al medio ambiente, a fin de asegurar un desarrollo sustentable.
El tratado, sin duda, es bastante mejor que el firmado por Estados Unidos con Canadá y México. Se ha superado el problema del capítulo de inversiones, que restringía la soberanía del país para regular sus mercados. Ese es un gran avance.
Tengo dudas sobre el capítulo relativo al flujo de capitales. No me convencen los argumentos presentados ni la necesidad de regular los compromisos, aun siendo un país tan pequeño. Es posible que hoy no haya problemas, pero en cinco o diez años puede ocurrir otra cosa.
Se ha dado un paso osado, en el sentido de que nuestro resguardo y salvaguardia está en la letra chica, pero no creo que sea bueno para un país pequeño, sobre todo en una comunidad internacional como la que vivimos.
Hay dimensiones que nos deben hacer pensar. Espero que el empresariado de nuestro país se comprometa a fondo.
La inclusión de los capítulos laboral y medioambiental en el tratado de libre comercio significa una oportunidad para nivelar la realidad del mundo del trabajo y nuestros estándares medioambientales hacia arriba. Es importante, porque en los próximos veinte o treinta años habrá, cada vez más, barreras arancelarias laborales y medioambientales.
Debemos aprovechar este tratado, pero se requiere cambiar la cultura del empresariado de nuestro país. Se debe fiscalizar el respeto de las leyes laborales y detectar las irregularidades.
Si queremos competir, como lo ha dicho la OIT, necesitamos una agenda para el mundo laboral, de modo que los trabajos sean decentes y signifiquen mejorar las condiciones de vida, con el debido respeto de las leyes laborales.
El mundo, en particular Estados Unidos, observará si cumplimos con los estándares básicos. Esto es muy sensible en el rubro de exportación hortofrutícola, en el cual no siempre se respetan las normas.
Espero que la Comisión interministerial permita impulsar ciertas políticas de desarrollo nacional, como la ganadera, a que hizo referencia el diputado señor Exequiel Silva , quien ha apuntado a un tema básico del desarrollo agrícola para los próximos veinte años. Necesitamos esa política.
No sirve confundir dos planos. El desarrollo agrícola del país no es homogéneo. Algunos sectores están atrasados porque no tenemos los instrumentos estatales necesarios para viabilizar la comercialización de sus productos en los mercados, no por un tratado o por la apertura económica.
Invito a mis colegas de Oposición que tienen dudas y que dicen que se van a abstener, a discutir, porque ése es el problema que tenemos con algunos sectores.
Voy a votar a favor del tratado. Estoy consciente de lo que significa nuestro socio y también de que la nuestra es una economía pequeña, de apenas 15 millones de habitantes, pero con la posibilidad de acceder a una con más de 200 millones de personas, con un ingreso per cápita alto.
Espero que en los próximos treinta años los estándares de vida de Chile aumenten.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señora Presidenta , el tratado de libre comercio con Estados Unidos ofrece un desafío para Chile de la mayor trascendencia.
Asociarse con la mayor potencia económica mundial no puede entenderse sólo como un honor, sino como una gran responsabilidad y desafío que se debe asumir con mucha prudencia, adoptando todas las medidas necesarias para que sus resultados sean positivos para todo el país y no únicamente para algunas actividades productivas.
El tratado de libre comercio deja libre de aranceles al 87 por ciento de nuestras exportaciones a Estados Unidos, lo que sube a un 94,7 por ciento en cuatro años más, hasta llegar al ciento por ciento el duodécimo año. De un modo similar, ocurre a la inversa con las exportaciones que, de ese país, llegarán a Chile, considerando que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial.
Esta apertura producirá un incremento del intercambio muy relevante, provocando impactos diversos en nuestra economía. Por eso, asociarse con el mercado de Estados Unidos es tremendamente importante para el país. Sin embargo, debemos hacerlo responsablemente, porque no podemos desconocer que habrá sectores perjudicados, como, posiblemente la agricultura tradicional, el mundo rural, los pequeños y medianos agricultores.
También nos preocupan los efectos que tuvo la implementación del Nafta sobre la agricultura y la migración del campo a algunas ciudades en México.
Para solucionar esta problemática, se presentó a la ministra de Relaciones Exteriores un documento en el cual se señala que aprobar el TLC con Estados Unidos obliga a adoptar un conjunto de políticas públicas, tales como:
1. Política de incentivo a la inversión regional.
2. Políticas de ajuste agrícola.
3. Cambio en el ámbito minero.
4. Inserción regional en el comercio exterior.
5. Reingeniería del gasto regional.
6. Política de defensa del proteccionismo.
7. Política de impulso a la pequeña y mediana empresa.
8. Políticas de educación y capacitación.
9. Nueva institucionalidad para el comercio exterior.
Esta propuesta fue firmada por noventa parlamentarios y presentada hace un mes a la ministra, quien quedó de darnos una respuesta, pero he confirmado con el senador Hernán Larraín que, hasta este momento, no la ha habido.
Por su intermedio, señora Presidenta , quiero señalar a la señora ministra que cuando voté a favor del tratado en la Comisión de Hacienda, pensé que antes de que se votara en la Sala, el Gobierno habría recogido la propuesta que le presentamos y llegaría con una señal clara, maciza, con una manifestación de su voluntad política de ayudar a los sectores que sufrirán el impacto negativo de un mayor desempleo en el mundo rural. Lamentablemente, hasta este momento no ha pasado nada. Aun más, ¿cómo nos ha respondido el Gobierno? Ayer escuchamos al ministro de Hacienda anunciar que bajará en cinco por ciento el presupuesto del Ministerio de Agricultura para el próximo año.
Sabemos lo ocurrido en la reunión de Cancún respecto de la OMC. Asimismo, sabemos que Estados Unidos está subsidiando a sus agricultores con 185 mil millones de dólares. Se abren, pero de manera inteligente.
No queremos regalos para nuestra agricultura, sino igualdad de condiciones para que se pueda competir en forma digna.
Si la señora ministra no responde formalmente hoy -no mañana- a nuestra propuesta, lamentablemente me veré obligado, pensando en los sectores a los cuales represento, a abstenerme en la votación de este tratado.
Por su intermedio, señora Presidenta , quiero decir a la ministra que también he hablado en representación del diputado Eduardo Díaz .
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señora Presidenta , ¿qué duda cabe de que los países que están más abiertos al mundo son más resistentes a los ciclos económicos y más democráticos?
En este sentido, es obvio que un tratado nos impulsa en ese camino.
El Ejecutivo nos ha mostrado los muchos beneficios que traerá al país la suscripción de este tratado. He leído libros y documentos que señalan que va a crecer la economía, que se van a generar cien mil empleos, que van a llegar a nuestro país inversiones por 21 mil millones de dólares, que las exportaciones a Estados Unidos aumentarán en más de mil millones de dólares adicionales y que cien mil chilenos superarán la pobreza.
Ignoro cómo se ha llegado a ests cifras ni cómo se proyectan dichas estimaciones, pero vamos a suponer que, entre pitos y flautas, algo de eso es cierto. Eso sí, cabe una duda, porque en la última década hemos firmado once tratados internacionales y ya vemos cómo estamos. Nadie ha visto los resultados de ellos. Pero, en fin, seamos optimistas.
De esta primera conclusión, quiero señalar que estos tratados no son una panacea. Ya lo dijo la ministra: son sólo un instrumento, valioso, pero su éxito dependerá de nosotros. En términos financieros, son un cheque a fecha. Veremos, con el correr del tiempo, si lo pagan o es protestado.
Por lo tanto, no sólo hablemos de los beneficios del tratado. No voy a repetir lo que se ha dicho de las pymes, de la agricultura, de las inversiones estadounidenses; que nos van a utilizar como plataforma hacia terceros -la banca, las aefepes, los fondos mutuos, los fondos de inversión, las compañías de seguros-; que se llega a Chile al sector servicios, no a producir, y se saca las utilidades hacia fuera. Espero que no.
Las pymes sólo exportan el 6 por ciento a Estados Unidos, según los datos de ProChile. En los últimos cuatro años, el promedio anual de exportación de las pymes ha sido 130 mil dólares, la nada misma. De las que están exportando, sólo un 16 por ciento permanece; el resto, entra un año y sale al siguiente.
Es decir, existen varias tareas pendientes. Una de ellas ya la ha acometido el Ejecutivo con la creación del Comité de Ministros para el desarrollo de la agricultura. Vamos caminando.
Hay que dejar establecidas las tareas. La transición tiene problemas. Lo dijo el ministro de Hacienda el otro día. ¿Cómo compensar a los perdedores? Ese es el problema, y todavía no está resuelto. Hay que dejar que los expertos “caminen” y hacer nuestra contribución.
Pero ¿quién protege a los más pobres? Y aquí voy al tema de fondo, al tema de Hacienda . Este tratado, a partir del 2007, no está financiado. ¿Qué dijo el ministro ayer?: “Que al proyectar la carga tributaria esperada para el período 2003-2006, se observa que, aun considerando el alza del IVA, el déficit se mantendrá en el rango observado en 1991”. Por lo tanto, el alza del IVA no compensará totalmente la disminución de la recaudación arancelaria provocada por los tratados.
Más adelante, agrega que ha sido necesario aumentar el IVA para mantener equilibrada las cuentas fiscales y para financiar los programas sociales, el Auge y el Chile Solidario. Se estima importante, al diseñar un sistema tributario, lograr la recaudación necesaria para financiar la agenda social. El objetivo final de toda estructura tributaria consiste en exactamente eso: financiar una agenda social focalizada y mejorar la distribución del ingreso.
Pero eso es lo que me preocupa. Las cifras que nos entregaron difieren un poco de las que nos dieron en el propio Ministerio de Hacienda cuando discutimos el alza del IVA, hace un tiempo. Vamos a esperar que haya algunas afinaciones, pero claramente la eliminación de aranceles tiene un fuerte impacto en las finanzas públicas.
Por lo tanto, enfrentamos, como país, un desafío. A partir de las obligaciones que tenemos con la suscripción de estos acuerdos, se requiere una mejor focalización y un mejor uso de los fondos fiscales.
¿Qué pasa a partir del 2007? Estamos financiados hasta el 2006, considerando el aumento del IVA. Hasta el 2006 se están financiando 1.300 millones de dólares. Están aprobados y existe el financiamiento. A partir del 2007, apelo a quien será el Presidente de la República en ese entonces y a quien será su ministro de Hacienda . Si está en la Sala, se va a asustar.
En los próximos seis años de gobierno, entre el 2007 y el 2012, habrá que financiar 2 mil 42 millones de dólares, es decir, un promedio anual de 340 millones de dólares. Y allí no hay aumento de IVA, porque claramente dijimos que el aprobado es transitorio. Prometimos a la ciudadanía que sería hasta el 2006.
Así, en el siguiente gobierno -espero que sea de la Concertación tanto el que viene como el que sigue-, el ministro de Hacienda tendrá que generar mil millones de dólares en tres años.
Los dos tratados cuestan 4 mil 300 millones de dólares. Lo dijo el ministro : gana el país. Pero alguien pierde. ¿Quién pierde? El fisco. Me preocupa, con la carga tributaria actual que tenemos, que es bajísima: 16.9. Si esto se mantiene, no hay cómo compensar, a partir del 2007. Excepto que entremos en la discusión de fondo: el tamaño del Estado.
Vamos a entregar productividad, crecimiento, desarrollo, ¿a quiénes? Alguien ha dicho que a los grandes empresarios, a las multinacionales; otros han sostenido que también se favorecerá a la agricultura, con las correcciones que se harán; a las pymes, a los microempresarios. Pero ¿qué pasará con los programas sociales? El Gobierno ha hecho todo esto, basado en el Auge, en el Chile Solidario, en el Chile Barrio. ¿Qué hará el próximo gobierno? ¿De dónde obtendrá los ingresos necesarios? ¿O vamos a mantener el alza del IVA? Si soy parlamentario en aquella época, espero que tomemos el compromiso de no mantenerla.
El segundo tema no gusta mucho: Royalty a la minería; puede ser.
Tercer tema: mejor asignación de los gastos. Se puede apretar un poco y lograr más eficiencia; pero esto no funciona, con 300 millones o 400 millones de dólares al año, sin suprimir programas. ¿Qué más podemos hacer? Prohibir las Fuerzas Armadas. Qué susto tenemos, nadie quiere debatirlo. En cuatro años más, agreguen 400 millones de dólares a los 900 millones que se gastan hoy. Pero nadie se atreve; sólo estamos haciendo pequeños “finos”. Este tema tiene que ser trabajado en forma seria y, como no lo va a hacer este Gobierno, menudo problema se le presentará al Presidente de la República y a su ministro de finanzas en el 2006. Tendrán que seguir con los tratados firmados y con 350 millones de dólares menos por año, más gastos por incrementar. Algunos los vamos a poder corregir, ahora, con las distorsiones. Por lo menos, espero que aprobemos los proyectos correspondientes.
Sin embargo, me asusta que, finalmente, paguen quienes menos tienen en Chile. Los programas sociales terminarán pagando los tratados, y si los beneficios de éstos no se reparten equitativamente en todo el país, evidentemente no será el fisco el que pierda, sino los asalariados.
Vamos a votar favorablemente, porque, en suma, el tratado es positivo para el país, pero la tarea recién se inicia. La señora canciller terminó brillantemente su tarea, y ahora comienza la de todos los demás ministros, la del Congreso y la del Presidente de la República , en el sentido de cómo aterrizaremos este instrumento para que recibamos efectivamente sus beneficios y podamos cobrar el cheque a fecha sin que lo protesten.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señora Presidenta , quiero iniciar mi intervención compartiendo algunos párrafos del mensaje que, en enero pasado, emitieron los obispos de México sobre la situación del campo mexicano con la entrada en vigencia del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte .
En su encíclica Populorum Progressio, Pablo VI, afirmaba la enseñanza de León XIII, que aún conserva su validez. Decía que el consentimiento de las partes, si están en situaciones demasiado desiguales, no basta para garantizar la justicia del contrato y la regla del libre consentimiento queda subordinada a las exigencias del derecho natural. El libre intercambio sólo ha de ser tenido por justo cuando se subordine a las exigencias de la justicia social.
Dicho texto nos permite iluminar el debate que se ha intensificado en estos días sobre la justicia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte , especialmente en lo referente al capítulo agropecuario. Valdría la pena preguntarse si en su negociación se consideraron las asimetrías entre la infraestructura, el financiamiento y los apoyos a la producción disponibles entre productores estadounidenses y canadienses, por un lado, y los mexicanos, por otro.
En esa nota se señala que: “es también inadecuado e injusto que se haga responsable exclusivamente a los hermanos campesinos y productores de la situación deplorable que vive el campo mexicano. La realidad que vivimos debe apelar a la conciencia y responsabilidad de todos los sectores, especialmente de quienes diseñan y aplican las políticas gubernamentales”.
Por último, cito otra parte de ese texto: “Por todo lo anterior, debemos afirmar que en el comercio que hoy se lleva a cabo con nuestros socios del norte del continente, en materia agropecuaria, no son justos los apoyos que recientemente aprobó el gobierno de los Estados Unidos, contra los cuales México no puede competir, que modifican la raíz de los supuestos con que se firmó el tratado de libre comercio, hace una década”.
A esto debo sumar el fracaso de la cumbre de Cancún. Las potencias se niegan a desmantelar sus subsidios; no hay voluntad para renunciar a protecciones, y, entendámoslo, es posible que esa falta de voluntad prevalezca todavía por mucho tiempo. Ello consolida una situación de profunda injusticia y desigualdad, y el mejor ejemplo es que Estados Unidos nos exige terminar con cualquier mecanismo que neutralice esa desigualdad, sin dar a cambio ningún paso atrás en su maraña proteccionista de normas y recursos.
Es la imposición del grande al chico. La experiencia de Cancún debiera enseñarnos que nuestros anhelos de competir en igualdad de condiciones no son compartidos por los que hoy aspiran a ser nuestros socios.
Señora Presidenta , frente a la votación que hoy va a verificarse en esta Sala, algunos hemos sido arrastrados a enfrentar una lamentable disyuntiva a raíz del tratado: apostar a un eventual beneficio del país en su conjunto u observar sus efectos en las zonas a las que representamos.
Ante esa disyuntiva, he tomado la determinación de votar en contra, pues siento que mi deber moral es privilegiar a la región y, sobre todo, a la zona que me sentó en esta Cámara. La nuestra es la región más pobre -el 30 por ciento está bajo la línea de pobreza-, la que menos invierte y la que menos exporta -0,2 por ciento del total-. Y esta decisión la tomo más aun cuando el Gobierno, en todo el tratamiento del proyecto, no ha dado ninguna señal ni muestra de voluntad de querer producir los cambios profundos que necesitan las regiones, las que aparecen rezagadas frente al desafío que se les impone.
¿Qué tenemos? Espacios territoriales, actividades económicas y empresarios de diversos tamaños incorporados al proceso exportador, quienes aprovechan los tratados, obtienen ganancias y generan desarrollo. Pero también tenemos, en vastas zonas de las regiones del Maule, del Biobío, de La Araucanía y de Los Lagos, importantes actividades que sustentan esas economías, y miles de pequeños y medianos empresarios; y de campesinos que no están incorporados al modelo exportador, y que, probablemente, obtienen menos ganancias, pero que son trascendentales para la supervivencia de ellas y de su entorno.
Entonces, la pregunta es: ¿Qué surge si el Estado de Chile, que no ha hecho lo correcto ni lo suficiente para que esos sectores rezagados también formen parte del primer grupo, sigue jugando a la apertura y a las exportaciones? En mi región esto es evidente. El Estado ha sido un mal padre de familia, pues, mientras algunos progresan, no crea las condiciones para impulsar las políticas públicas que permitan a todos aprovechar las oportunidades. Aquí hay aspectos en los que bien vale la pena pensar, tales como el concepto de crecimiento con equidad y el desafío compartido de una mejor distribución de la riqueza.
Mi posición puede ser acusada de estatista y, probablemente, de populista; pero creo que para las zonas pobres de Chile es legítimo y, además, conceptualmente correcto, reclamar un eficaz cumplimiento del rol subsidiario del Estado.
Las cosas han andado al revés. Hace poco nos enteramos de la creación del Comité interministerial que revisará las políticas públicas e instrumentos de fomento, precisamente para atender a los rezagados. Pero se hace bastante tarde, pues un mínimo de rigor habría exigido que en todo el transcurso del tiempo que demoró la negociación con Estados Unidos, hubiésemos empezado a preparar las actividades rezagadas de esas regiones con políticas públicas especiales, para que en el momento de verificarse la votación del Tratado de Libre Comercio en esta Sala, nos sintiéramos con la tranquilidad de que el Estado hará lo propio y que el sector privado tiene en él un aliado en quien apoyarse para enfrentar el desafío que presenta este tratado.
Algunos hubiéramos querido, antes de que este proyecto llegara a la Sala, como en tantas otras oportunidades, un acuerdo con el Ejecutivo sobre políticas públicas, instrumentos de fomento, financiamiento a los sectores agrícolas rezagados y a la pequeña y mediana empresa, así como respecto de la modernización y desburocratización de algunos organismos del Estado que no están a la altura del desafío que este tratado involucra. El Gobierno no quiso y se asiló en no otorgar compensaciones que nadie le ha pedido. Cualquier solicitud para avanzar en políticas públicas correctas fue inmediatamente motejada de compensación y, por eso mismo, descartada de plano.
Termino mis palabras con dos cuestiones que me parecen relevantes.
La primera es que, respecto de los señores parlamentarios que van a votar a favor y que representan a zonas con actividades eventualmente sensibles a los efectos del tratado, el Gobierno debe tener conciencia de que sus votos están condicionados por la fe de que se hará un esfuerzo por poner a todos en condiciones de aprovechar esta oportunidad.
La segunda es que si el Gobierno falta a ese compromiso y traiciona esa confianza, espero que a esos señores diputados, que no tomaron suficientes resguardos para que esa promesa se cumpliera, los electores se lo demanden en los respectivos distritos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señora Presidenta , hemos escuchado distintos e importantes comentarios y fundamentos sobre el proyecto. Podría repetir que con Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o sin él, ciertos sectores, especialmente aquellos a los cuales representamos aquí -rurales, campesinos y de pequeños agricultores- seguirán igual o peor con dicho tratado. Obviamente, no tienen la culpa de que se hayan suscrito, ayer, tratados de esta naturaleza con la Unión Europea, Corea o Canadá y, en el caso de hoy, con Estados Unidos. La deuda histórica con esos sectores es responsabilidad del Estado chileno. Tampoco es del 2003. Algunas personas asistieron a las tribunas a demostrar su malestar y a señalar sus puntos de vista, porque creen que, tradicionalmente, América Latina ha sido expoliada por los europeos, por los norteamericanos, y que Chile no ha estado ausente en ese cuadro. Insisto en que acá hay responsabilidad exclusiva del Estado y, al respecto, recojo las palabras del diputado José Antonio Galilea en el sentido de que si sabíamos, hace cinco, seis, siete o más años, que íbamos a suscribir estos tratados con la Unión Europea y con los Estados Unidos, ¿por qué el Estado chileno, aunque tuvo tiempo para prepararse, no participó de una manera distinta o en mejores condiciones?
Insisto en que, con Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o sin él, la agricultura campesina y familiar de la Séptima Región al sur, y, en parte, la de la Cuarta Región, se verá duramente afectada, porque estamos preocupados solamente de cuánto vamos a exportar a países con un enorme ingreso per cápita, y no de cuántos productos van a invadir el mercado chileno. Se dice, por ejemplo, que cuando hay sobrestock de trigo en los Estados Unidos, éste se envía a países del tercer mundo, entre ellos a Chile, a la mitad de precio o mucho menos todavía, porque -como todos sabemos- ese país tiene políticas proteccionistas y otorga fuertes subsidios.
Quiero plantear aquí lo que hemos conversado con la ministra de Relaciones Exteriores y con los ministros de Hacienda y de Agricultura.
Una vez que la Comisión interministerial encargada de estudiar las políticas y programas relacionados con la pequeña, mediana y gran agricultura, tenga un diagnóstico, lo más probable es que nos encontremos con una serie de instrumentos que no han respondido, como también que es importante transparentar y reformular algunas políticas. Ahora, si existe el compromiso y si efectivamente hay voluntad, me encantaría que hoy, antes de votar, pudiéramos consignarlo, al menos en un documento firmado por la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Hacienda , para que nos dé confianza...
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , le ruego que redondee su idea, porque ha terminado su tiempo.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Termino, señora Presidenta .
Si no hay recursos para que la asociatividad del campesino, del pequeño agricultor, sea una forma de enfrentar estos nuevos desafíos, entonces estamos hablando en el desierto. Si no los asistimos técnicamente, estamos hablando en el desierto. Si no reorientáramos algunas políticas, como la ley Nº 18.450, de fomento al riego, de la cual la mayoría de los campesinos no ha sido beneficiario, la verdad es que aquí estaríamos frente a un gran desafío, ante el cual, a mi juicio, el Estado chileno no está preparado; pero, como dije al comienzo, con tratado de libre comercio o sin él, estos sectores seguirán igual. Ojalá estemos equivocados y mejoren.
No sólo nos preocupan los sectores campesinos y la mediana agricultura, sino también los jóvenes que están emigrando del campo a la ciudad.
No es fácil tomar esta decisión.
Termino manifestando que no es fácil votar a favor de este proyecto si no está ni el instrumento ni el compromiso del Gobierno respecto de lo que hemos señalado en esta oportunidad.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señora Presidenta , en mi condición de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión especial encargada de analizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa. Expreso nuestras felicitaciones al equipo negociador, integrado por la ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear , el embajador Osvaldo Rosales y los ministros que con tanta acuciosidad lograron que se firmara este tratado con Estados Unidos, herramienta que dará una tremenda oportunidad a todos los sectores productivos del país y que nos beneficiará en lo económico y en lo social. Sin embargo, también coincido con que el acuerdo implica grandes esfuerzos para que se transforme en un beneficio para todos los chilenos.
Ya se ha señalado que las compras que realiza Chile a Estados Unidos ascienden al 0,3 por ciento, y que las exportaciones norteamericanas hacia Chile alcanzan al 0,5 por ciento. Sin embargo, entre 1990 y 2002 Estados Unidos fue el país que hizo la mayor inversión extranjera en nuestro país, pues alcanzó al 30 por ciento.
De acuerdo con el tratado, quedan con arancel cero productos de sectores tan sensibles como el textil y el agrícola. El 84 por ciento de los productos agrícolas queda con arancel cero de inmediato, y el 16 por ciento restante, en un período de entre diez y doce años. En cambio, algunos productos de Estados Unidos alcanzan arancel cero en un plazo de entre ocho y doce años, con el objeto de que los sectores más sensibles de la agricultura nacional puedan tomar las medidas necesarias para entrar en el sistema competitivo que impone el tratado de libre comercio.
Este acuerdo debe transformarse en una herramienta que permita potenciar la capacidad exportadora en todas las regiones y atraer la inversión extranjera.
En la provincia de Ñuble y en la Región del Biobío -a la que pertenece el distrito al que represento-, el sector frutícola se beneficiará con arancel cero inmediato en productos como uvas, damascos, frambuesas, ciruelas, manzanas, arándanos y cerezos. La miel entrará con arancel cero, al igual que las flores y los capullos. Lo mismo ocurrirá en forma muy importante con las exportaciones tanto de bovinos como de productos lácteos. En este sentido, el informe que entregó la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales señala específicamente que en el caso de Ñuble, la industria Carnes Ñuble es la única planta que está habilitada para exportar a la Unión Europea, pues en este momento tiene una capacidad de 700 toneladas por año, la cual puede aumentar en 500 toneladas por año. En este sentido se señala que las exportaciones tendrán una desgravación inmediata, con un cuota de mil toneladas, las que irán aumentando un 10 por ciento por año hasta quedar con un arancel cero. O sea, es una tremenda potencialidad para los agricultores de Ñuble.
Con respecto al sector forestal, también hay gran interés de los inversionistas extranjeros para instalarse y asociarse con las empresas chilenas, por la potencialidad que existe en nuestra región en lo referente a madera, materias primas y tecnología.
Señora Presidenta , sólo quiero reiterar una vez más que votaremos favorablemente este tratado, que beneficiará a todos los chilenos; pero lo haremos con la aprensión de que es necesaria una política de fomento para todos los empresarios, en especial para los pequeños y medianos, tanto en lo técnico como en lo económico, que les permita competir exitosamente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señora Presidenta , durante la discusión en la Comisión especial se habló francamente de todas las situaciones y realidades que se pueden vivir en Chile por este tratado. Específicamente relaté, en forma decidida, lo que un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significaba para la región que represento. Al analizar este tratado, nadie puede desconocer los beneficios netos para el país. Sin embargo, existen -lo señalé también en la Comisión especial- dos Chile: uno, que puede subirse a este mundo exportador, de crecimiento y desarrollo económico, y otro que se queda debajo de este desarrollo; y agregué que echaba de menos muchas políticas que pudieran lograr suplir esta deficiencia. Pienso que los ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura de alguna forma se sensibilizaron.
En la Comisión especial voté favorablemente el Tratado de Libre Comercio. Hoy en la mañana, en una sesión especial de la Comisión de Agricultura, frente a los ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura , también manifesté que iba a votar a favor. Sin embargo, al terminar la sesión me informaron que el presupuesto del Ministerio de Agricultura disminuirá este año, pues no se tienen treinta mil millones de pesos para aplicar el Plan de Desarrollo Ganadero. A raíz de las preguntas que formularon 90 parlamentarios, se formó una Comisión interministerial que deberá responder en 180 días. Entonces, empiezan a entrar las dudas, pues, por un lado, está el hecho positivo para el país, pero, por otro, están los deberes que nos impone la representación, que tenemos, del sur de Chile, que siempre ha pagado los platos rotos. Ciertamente, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura se sensibilizaron para mejorar sus políticas de focalización de los recursos. Pero ahora dicen que va a disminuir el presupuesto del segundo y, más aún, que el plan de fertilización de suelos degradados, el programa más emblemático de ese ministerio, será disminuido considerablemente. Entonces, el escenario no cuadra completamente porque hace falta un actor importante: el ministro de Hacienda , quien no está presente.
Por lo tanto, ¿cómo competiremos si no contamos con caminos y aeropuertos adecuados, si la educación en la zona es una de las peores de Chile, como es el caso de San Juan de la Costa? Según el último informe de la Unicef, los niños de esa región son quienes tienen los peores estándares de vida y posibilidades de desarrollo en América Latina. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Hoy el ministro comentaba que se iba a focalizar el gasto en agricultura. ¡Pero si lo están disminuyendo! Entonces, la crisis será mucho más dramática. Entiendo que se debe focalizar, pero en forma gradual, sin que ello perjudique a nuestra región. De manera que, si bien, por un lado, el Gobierno procura convencer de las bondades del tratado, por otro, en la realidad, la Décima Región está pagando los platos rotos.
Los pequeños y medianos agricultores, de los cuales tanto se ha hablado esta tarde, ciertamente no necesitan sólo discursos, sino medidas concretas. Por lo tanto, mientras no exista una respuesta a todo lo que se pidió en el documento suscrito por los noventa parlamentarios, que considera regionalización, descentralización y políticas adecuadas para la zona sur, seguiremos centralizando todo en una sola región.
La gente de la Región Metropolitana dice que hay que aprobar el tratado. Pero hay que recordarle que el año pasado aprobamos 1.500 millones de dólares para la extensión del Metro de Santiago. ¿Por qué todos los chilenos tenemos que pagar las nuevas líneas del Metro de Santiago? Por eso, hoy quieren aprobar el Tratado de Libre Comercio sin ninguna objeción. Pero las regiones seguimos pagando la cuenta y se sigue pagando el atraso.
Por eso, si bien el tratado tiene beneficios netos, tengo dudas en cuanto a que se implementen las medidas necesarias para su éxito.
Por lo tanto, como una forma de que el Gobierno se sensibilice, sobre todo el Ministerio de Hacienda, anuncio mi abstención en esta votación.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero referirme al trabajo de la Comisión especial que me correspondió presidir.
La verdad es que no resulta lógico entender algunas expresiones aparecidas en la prensa, incluso -con otras palabras-, reproducidas en esta Sala por más de algún diputado.
No ha existido una aprobación fugaz del tratado. Por el contrario, la Comisión especial que analizó el instrumento internacional dedicó muchas horas para hacer un análisis profundo de éste, en el que se contó con la participación de cuatro ministros de Estado -como señalé en el informe-, de casi una veintena de altas autoridades nacionales, de más de cuarenta representantes de los más diversos sectores del ámbito privado, del mundo laboral y del sector empresarial nacional. De manera que existe un punto por precisar y que dice relación con la profundidad del trabajo y con el análisis aplicado al estudio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y la extensa sesión que hoy estamos celebrando, en la que se han escuchado diversas exposiciones, demuestra, elocuentemente, la forma en que esta Cámara de Diputados analiza el tratado.
Por otra parte, es preciso señalar que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no hay que mirarlo separadamente de la red de tratados de libre comercio que Chile ha suscrito. En efecto, no se debe hacer un análisis separado de este tratado respecto de los suscritos con la Unión Europea, Corea del Sur, México , Canadá u otros países de América Latina para observar sus efectos, sino que de debe considerar como una red que beneficia la política de desarrollo de nuestro país.
Analizando específicamente el tratado a la luz de algunas intervenciones, surge la pregunta de si nuestro país puede prescindir de una relación comercial con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ya que, en promedio, el 18 por ciento de las exportaciones chilenas realizadas entre 1996 y 2002 tuvieron como destino el mercado estadounidense. En consecuencia, ese país es nuestro socio comercial más importante.
Sin embargo, ese comercio se desarrolla en la actualidad con reglas del juego que no son estables. La relación comercial con Estados Unidos se desarrolla dentro del marco del Sistema Generalizado de Preferencias , pero éste queda a la decisión unilateral de Estados Unidos. Por eso, al suscribir este Tratado de Libre Comercio, se logrará estabilidad en las reglas del juego, lo que permitirá planificar a mediano y largo plazo, cuestión que hoy no se puede hacer.
Por lo tanto, el primer gran elemento positivo del Tratado de Libre Comercio es la certeza en las reglas del juego, para no depender unilateralmente de las decisiones de nuestro principal socio en el marco comercial.
Felizmente, Chile tiene diversificado su comercio internacional con la Unión Europea y con países de Asia y de América. Pero es clave desarrollar un buen comercio con Estados Unidos, y con normas estables, lo se logra con este tratado.
Por otra parte, está a la vista la posibilidad de que surjan controversias en una relación comercial como la existente con Estados Unidos. Con el Tratado de Libre Comercio se logra un buen sistema de solución de controversias. Si se produce una en la actualidad, Chile queda a merced de decisiones administrativas o de tribunales de justicia de Estados Unidos. Un diputado que anunció su voto en contra del tratado mencionó el caso de las uvas envenenadas. Debemos recordar que la única posibilidad de solucionar esa controversia era en el ámbito de instancias ofrecidas por Estados Unidos. ¡Cuánto habría servido en esa ocasión un mecanismo de solución de controversias autónomo e idóneo para enfrentar tal situación! Eso se logra con el tratado.
Junto con eso, debemos analizar todo lo establecido respecto del acceso a mercados y a la estimulación de los flujos de inversiones.
Por otra parte, quienes en sus intervenciones han realizado alguna crítica al tratado, han señalado que existe una asimetría entre quienes están en condiciones de aprovecharlo bien y quienes no lo están. Pero si no hay tratado, no surge ningún desafío ni las oportunidades que él ofrece. Por lo tanto, proponer rechazarlo porque el país no estaría en condiciones de aprovechar las oportunidades que ofrece, es de una lógica que no logro entender. Lo que corresponde es aprobar el tratado y adoptar las medidas internas necesarias para resolver la asimetría que hoy existe entre los sectores que pueden aprovecharlo de buena manera, los que son neutros frente al acuerdo y los que podrían quedar atrás en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece.
Por eso, en el informe he incluido un párrafo que, a mi juicio, recoge la discusión que surgió debido a las aprensiones de los sectores más rezagados en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el tratado. No sé si se habrá seguido adecuadamente el debate, pero la señora ministra de Relaciones Exteriores dio respuesta a ese planteamiento formulado en el informe. Seguramente, ahora tendrá necesidad de repetirla.
Reitero que, desde la perspectiva antes indicada, debemos aprobar el tratado para aprovechar adecuadamente las oportunidades que ofrece. En ese sentido, se deben adoptar las políticas públicas e incentivar las políticas privadas para aprovechar sus efectos de manera adecuada, equilibrada y equitativa.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que las comisiones inicien sus sesiones, inmediatamente las suspendan y luego retomen su trabajo, ya que algunas tienen invitados.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
No doy el acuerdo, señora Presidenta .
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , el acuerdo es solamente para que esas comisiones inicien sus sesiones y las suspendan, ya que en la Sala restan no más de 20 minutos de intervenciones. Posteriormente, las comisiones podrán retomar su trabajo y escuchar a sus invitados.
Por lo tanto, recabo nuevamente el asentimiento de la Sala en ese sentido.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señora Presidenta , para un país pequeño, apartado del resto del mundo y no desarrollado, como es Chile, puede ser muy importante lograr un tratado de libre comercio con el país más grande, un gigante del comercio mundial y, sin duda, el más desarrollado y más rico del mundo, como es Estados Unidos de América.
Para muchos países pertenecientes al tercer mundo, seguramente es motivo de envidia el hecho de que Chile pueda alcanzar la calidad de socio comercial de Estados Unidos y, eventualmente, comerciar sus más diversos productos, tal como si fuera una parte del territorio norteamericano.
Los análisis y las proyecciones que han desarrollado los organismos oficiales chilenos sobre las consecuencias de este tratado son claramente optimistas y proponen calurosamente la conveniencia de aprobarlo, por el bien del país y de su futuro desarrollo.
Todo eso está muy bien; pero la gran duda surge cuando la desigualdad de algunos sectores de ambos países es mucho más grande que la existente entre Chile y Estados Unidos. Es el caso específico de la agricultura. Estados Unidos ve a su agricultura en forma totalmente diferente a cómo el Estado chileno ve a la suya. Esa diferencia de visión es mucho más grande que la diferencia de tamaño de ambos países.
Lamentablemente, en Chile tenemos dos países agrícolas distintos, divididos por el río Maule. La agricultura que se realiza al norte de ese río, sin duda será beneficiada y se potenciará significativamente con la aprobación de este tratado. Por el contrario, la del sur, la llamada agricultura tradicional, comparable con su homóloga norteamericana, tiene sus días contados para iniciar el camino hacia el cementerio de las actividades económicas y formar parte del museo de las formas de vida que hubo en Chile en algún momento.
Las medidas anunciadas por el Gobierno, especialmente las enfocadas a la agricultura, son sugerencias a posteriori de la ratificación del tratado. Es el caso del anunciado Comité de ministros, cuyo objetivo es “El estudio del desarrollo de la agricultura nacional en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por Chile”. Es decir, primero firmamos los tratados y luego estudiamos el desarrollo para la agricultura nacional. Esto lo deberíamos haber hecho antes, cuando se iniciaron las conversaciones con Estados Unidos y Europa, no una vez definidas las reglas del juego en los tratados. Eso, respecto de lo agricultura nacional, debieron haberlo tenido muy claro tanto el Estado como el resto del país.
Por otro lado, ojalá que en los próximos meses no tengamos que subir los impuestos nuevamente para compensar la reducción de ingresos fiscales derivada de la entrada en vigencia de este tratado, tal como sucedió con el suscrito con la Unión Europea.
En una reciente visita al Parlamento Europeo, en Estrasburgo, los parlamentarios europeos de la comisión de agricultura señalaron que era intransable la idea de analizar los subsidios a la agricultura en sus países, y menos aún la posibilidad de diminuirlos. Más aún, aseguraron que esos subsidios también se harán extensivos a los países que recientemente se han incorporado a la Unión Europea.
Para europeos y norteamericanos, la protección de la agricultura es algo que está arraigado en el código genético de sus pueblos, porque saben que es una forma de vida que se debe conservar, especialmente porque, a raíz de los diversos conflictos bélicos que han tenido a lo largo de sus historias, saben lo que es pasar hambre y tener carencias.
Por estas y muchas otras razones, anuncio que mi voto será negativo al proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la esperanza de que su eventual aprobación y su posterior aplicación no tenga las consecuencias negativas, que seguramente tendrá, para el campo del sur de Chile y para los miles de agricultores que han abrazado esta forma de vida.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta , los diputados Riveros y Jaramillo ya han informado detalladamente acerca de los aspectos generales y particulares que contiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo que sólo quiero expresar que la ratificación de este acuerdo es como ver cumplido el viejo sueño que todos tuvimos alguna vez: tener el mundo a nuestros pies.
Hace treinta años no nos podíamos imaginar lo que verían nuestros ojos: el sueño de conquistar el mundo se hace realidad. No lo digo en el sentido perverso de Pinky y Cerebro, caricaturas de la serie de Steven Spielberg que salen en las noches a conquistar el planeta, sino en un sentido positivo, esto es, de abrirse a un mundo de posibles buenas realizaciones, seduciendo al planeta como país. ¡Ese sueño lo comenzamos a construir hoy!
Mis colegas han resaltado las diversas potencialidades del tratado; se han analizado largamente sus debilidades y riesgos. Pero la oportunidad está aquí y ahora. Depende de nosotros, de cada uno de las chilenas y de los chilenos, que este sueño se transforme en más desarrollo, más trabajo y más cultura, y no en una pesadilla.
Felicito muy especialmente a todo el equipo negociador, liderado por la ministra Soledad Alvear, que sacó adelante las tratativas.
Me parece relevante llamar la atención acerca de un gran logro alcanzado con el tratado: la reserva cultural. Fue presentada por el Gobierno chileno, con el apoyo de la sociedad civil, de parlamentarios, de académicos y de políticos, con el objeto de proteger, fomentar y desarrollar nuestra industria y nuestra identidad cultural.
La reserva cultural establece que, para mayor certeza, los programas gubernamentales de apoyo a través de subsidios a la promoción de actividades culturales, no estarán sujetos a las limitaciones u obligaciones de este tratado. De este modo, tratándose de la principal y más importante forma de apoyo y fomento al desarrollo de esta industria en el país, la reserva cultural otorga plena autonomía al Estado para regular la aplicación de los subsidios en beneficio de los bienes y servicios culturales.
La industria cultural chilena también se beneficiará del tratado de libre comercio en otros ámbitos, como la rebaja de aranceles para los insumos del sector, la protección del derecho de autor y otras reservas complementarias a la reserva cultural, necesarias para la protección de nuestra industria.
En definitiva, el capítulo concerniente a la reserva cultural pretende recoger las inquietudes de la sociedad civil. Apoyamos con fuerza y esperanza este tratado, herramienta necesaria para abrirnos al mundo sin miedo, haciéndonos cargo de los costos de la reconversión y de los desafíos sociales que tenemos como país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señora Presidenta , en primer lugar deseo señalar que votaré a favor del proyecto.
Se ha hablado en demasía de los beneficios que trae aparejada esta iniciativa para nuestro país, en especial para la inversión y la industria. En tal sentido, hay un sinnúmero de sectores que se verán altamente beneficiados, en particular el exportador.
Con todo, es importante detenernos en las preocupaciones que surgen al analizar este tema, las que deben traducirse en la creación de políticas de Estado que vayan en ayuda de los sectores que puedan verse perjudicados. En este sentido, la eliminación, a largo plazo, de las bandas de precios en el ámbito de la agricultura tradicional puede llegar a ser un tema muy preocupante, sobre todo si se considera que la producción agrícola norteamericana cuenta con subsidios del orden de los 180 mil millones de dólares.
También existe preocupación respecto de la importación de capitales en el sector financiero. La posible acción de capitales “golondrina” o de carácter especulativo puede comprometer una intervención rápida del Gobierno en caso de una crisis externa, a través de mecanismos que han demostrado gran eficacia, como el establecimiento del encaje al capital. Esta puede ser una limitante a la capacidad del Estado para fijar políticas de protección a los vaivenes de capital de corto plazo y abre las puertas a la dolarización, cuyos resultados en otros países de América Latina son conocidos por todos.
Otra preocupación surge en el ámbito de la inversión, ante la posible modificación de cualquiera de las situaciones descritas. El actual marco regulatorio dificulta una acción de cambio respecto de la tributación u otros incentivos a determinados sectores, como la minería.
Otro tema que inquieta se relaciona con la propiedad industrial e intelectual. No nos olvidemos que en el Senado se encuentra radicado un proyecto de ley sobre esa materia, la que probablemente será modificada. Está claramente establecido que los tratados internacionales tienen primacía sobre las leyes internas. Así las cosas, el tema de la propiedad intelectual e industrial puede tener efectos negativos en el plano nacional. Por ello, debemos tener el cuidado suficiente para que no surjan implicancias que dificulten el desarrollo de nuestra industria.
En cuanto a las compras públicas, el tema aparece como beneficioso para Chile. Sin embargo, si se comparan los mercados chileno y norteamericano, la economía a escala hace posible que Estados Unidos tenga mayores facilidades para competir con un mercado como el nuestro.
En definitiva, el tratado establece una serie de normas ambientales y laborales absolutamente beneficiosas para el país. Sin embargo, hay que partir por dar cumplimiento a las exigencias laborales en nuestro país. En este sentido, el sector agroindustrial, en especial el agroexportador, que se verá tremendamente beneficiado con el tratado, debe tener especial cuidado en cumplir con las normas laborales. Es una exigencia que así se haga, fundamentalmente respecto de los trabajadores temporeros.
No sólo debemos ver los beneficios, sino también los problemas que pueda traer la aplicación del tratado. Hay preocupaciones legítimas, respecto de las cuales se debe estudiar algún tipo de compensación. Respecto de la agricultura tradicional, de una parte de las pymes, del comercio minorista, del transporte y de otros sectores que pueden verse afectados con el tratado de libre comercio, deben adecuarse las políticas en materia de compensación, de fondos de reconversión, de fondos especiales de apoyo tecnológico, de manera que se permita avanzar en el tema y recibir los frutos del tratado, que beneficiará al país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señora Presidenta , quiero empezar mencionando que votaré favorablemente, por cuanto, el tratado representa un muy buen instrumento a partir del cual, sobre la base de nuestra capacidad y esfuerzo, tendremos grandes beneficios para el país.
Sin duda, este tratado es la culminación de un proceso de apertura iniciado a mediados de la década de los años setenta. ¡Quién podría dudarlo! Por lo tanto, felicito a la señora ministra de Relaciones Exteriores y a los demás ministros que estuvieron involucrados, así como equipo negociador, porque es un gran avance para todos los chilenos.
Algunos han usado, eso sí, esta tribuna para atacarnos -algo que nos gustaría dejar en el pasado- a partir de esta discusión. Pero voy a pensar en positivo. Quiero valorar el hecho de que muchos socialistas hoy voten favorablemente esta iniciativa. Lo hago porque creo que a ellos les ha costado mucho esta decisión, porque de alguna manera implica reconocer el error en que estuvieron por décadas.
Sin duda, el tratado no va a beneficiar a todas las personas por igual. Aquí hay un gran porcentaje de chilenos que van a subir a un avión y van a volar muy alto. Sin embargo, algunos sectores van a quedar postergados. Es ahí donde se hace carne, de alguna manera, el documento que hicimos llegar a la señora ministra, en el cual queremos que se implementen políticas a partir de los recursos que hoy existen, más los recursos que le deben al mundo agrícola, para buscar las fórmulas a través de las cuales esos sectores se puedan incorporar también a los beneficios del tratado de libre comercio. La despolitización del Indap, así como otros aspectos, son fundamentales para hacer un progreso de verdad en los sectores del secano costero y de la agricultura tradicional.
Una cosa es negociar y aprobar, pero otra es implementar el tratado para que realmente otorgue beneficios. Quiero sacar a colación solamente un ejemplo. Hace cinco años se aprobó el tratado de libre comercio con Canadá, con el objeto de facilitar la exportación de productos de la agroindustria, como aves y cerdos. Lamentablemente, transcurrido ese tiempo, todavía no se ha podido exportar una sola ave ni un solo cerdo.
No es una crítica, pero al implementar los tratados se deben adecuar nuestras reparticiones públicas para que éstas puedan ser útiles, modernas, al servicio de la nueva realidad, de tal forma que se obtengan los beneficios que hoy, con ilusión, esperamos. En este sentido, valoro la creación de una Comisión interministerial que se aboque a estos temas. Espero que se vaya incorporando a todos los chilenos a la globalización, a la exportación y a los beneficios del tratado, especialmente a quienes viven en los sectores agrícolas tradicionales del secano costero.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señora Presidenta , recuerdo como si fuera hoy cuando nos correspondió votar el Mercosur. Quienes tuvimos una posición diferente fuimos, de una u otra manera, estigmatizados. Entre varios calificativos, se nos tildó de estar en contra de la modernidad y del progreso. Y, lo que es peor, se dijo que no entendíamos el proceso globalizador e integrador que estábamos viviendo.
Lamentablemente -y realmente lo lamento-, el tiempo nos dio la razón. Los resultados han sido desastrosos. Y las consecuencias se dejan ver con una estela de cesantía y con fenómenos tales como la migración del campo a la ciudad, que muy pronto continuará engrosando las estadísticas.
Hace algunos días se dieron a conocer los índices de desempleo. Las cifras están ahí y sus resultados muestran que aquellas ciudades cuya actividad económica central es la agricultura -como Chillán- ocupan los primeros lugares. Esos son los efectos del Mercosur, que, precisamente, advertimos en su momento.
Hoy, cuando nuevamente estamos enfrentados a una situación parecida, aunque de una envergadura y proyección infinitamente superior, siento que la situación descrita ayer para votar en contra no ha cambiado sustancialmente. Muy por el contrario, se están profundizando las dificultades y el panorama se vislumbra mucho peor.
No estamos en contra de los acuerdos ni muchos menos de la competitividad o de la libertad económica. De lo que sí somos opositores es de la improvisación y de la falta de compromiso para con determinados sectores que tienen un rol económico estratégico, el cual, como país, no hemos sido capaces de reconocer, valorar ni menos defender.
¡Qué distinta posición tienen nuestros futuros socios respecto de la agricultura! Para ellos es fuente alimenticia y factor de seguridad nacional fundamental. Para nosotros, en tanto, es sólo un concepto folclórico.
Lo que estoy expresando no es antojadizo. Los hechos son elocuentes. Un ejemplo: tengo en mi poder un oficio del Presidente de la República fechado el 22 de septiembre de este año -es decir, de hace sólo 16 días-, mediante el cual crea una comisión de ministros para el estudio de la agricultura nacional, destinada -según expresa- a efectuar una revisión del marco normativo, de las políticas e instrumentos de fomento productivo para el sector y de la institucionalidad pública vinculada al desarrollo sectorial, con especial énfasis en lo que se refiere al desarrollo de la pequeña y mediana agricultura; medidas que deberán estar definidas en un plazo de 180 días.
Tenemos aquí una postura necesaria y fundamental para resguardar nuestra agricultura, visión y objetivo que compartimos. El problema estriba en que es absolutamente extemporánea, porque este trabajo no se instruyó en el momento oportuno. Debió haberse hecho antes, no a las puertas de votar un tratado tan importante como éste, en circunstancias de que el Gobierno está consciente de que, sin determinados resguardos y una política integral o de Estado -como la hemos denominado- para el sector no existe posibilidad alguna de poder competir.
Hay sólo una respuesta: falta de compromiso y de preocupación para con la agricultura tradicional y el sector rural en su conjunto. Lo lamento, porque el tratado beneficia a determinados sectores, entre ellos a los hortofrutícolas.
Tendré que votar en contra, aun cuando algunos sectores avanzan y progresan. Otros no tienen ni remotamente la posibilidad de reintegrarse a la vorágine de un sistema en el cual sólo importa competir sin detenerse en las condiciones en que se hace, responsabilidad que, por cierto, es sólo nuestra, pero que es urgente evidenciar, aunque sea sólo en forma testimonial.
En consecuencia, pensando en el hombre y en la mujer de mi tierra, en el pequeño y mediano agricultor, total y absolutamente desprotegido, votaré en contra del proyecto de acuerdo aprobatorio de este tratado de libre comercio.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , intervengo en esta sesión en representación de la bancada de diputados del Partido por la Democracia, para expresar en este hemiciclo la opinión política de este grupo de parlamentarios y la de su partido.
En cuanto a los contenidos y alcances del tratado, cabe señalar que para el PPD es motivo de especial reconocimiento que Chile, un país pequeño, anclado en un rincón del mundo, tenga la idoneidad internacional suficiente para llegar a acuerdos de esta envergadura, como el que tratamos hoy, con la primera potencia económica mundial. No cualquier país del tercer mundo o en desarrollo medio, como Chile, puede exhibir la estabilidad política y económica que hoy tenemos, la que, en gran parte, es responsabilidad y mérito de los tres gobiernos de la Concertación, que han sido capaces de mostrar a nuestro vecindario y al mundo que las libertades políticas y económicas no sólo pueden coexistir, sino que, aun más, se potencian recíprocamente. Si no fuera por el clima de paz social que hemos construido entre los chilenos y por la responsabilidad en la conducción macroeconómica, alejada de las tentaciones populistas que existieron en décadas pasadas, nada de lo que hacemos ahora sería posible.
Como bien dijo el Presidente Ricardo Lagos , los países compiten en el concierto de las naciones no sólo con sus bienes y servicios, sino, también, con su institucionalidad política, su cultura de respeto a los derechos humanos, su buen nombre -agregamos nosotros- el respeto que se han ganado sus gobernantes en la comunidad internacional.
Bien, entonces, por Chile, por su Gobierno, por la ministra de Relaciones Exteriores, por el embajador Osvaldo Rosales y por el equipo negociador de la Cancillería.
Parte importante de las intervenciones que hemos escuchado hoy en esta Sala se han fundado en el análisis de las oportunidades y amenazas que trae aparejado el tratado. Para quien habla y para el PPD, en esta materia sólo cabe adoptar una actitud realista.
El libre comercio, en general, y este tratado, en particular, no significan, por sí mismos, ni la evidencia de un crecimiento explosivo de nuestra economía -visión que sostienen los exitistas extremos-, como tampoco la pauperización de nuestra economía nacional, ni la condena a la dependencia, como plantean los pesimistas globofóbicos, algunos de los cuales hoy han realizado legítimas protestas en las tribunas.
El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América será, en buena parte, lo que los chilenos queramos que sea. Estoy convencido de que los sectores políticos a los cuales representamos quieren que sea una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo económico y productivo, justo y sostenible en el tiempo.
En la semana recién pasada, en la Novena Región se realizó un encuentro en que participaron agricultores y empresarios. En esa oportunidad, con el senador Espina, quien hizo una brillante intervención, valoramos el nuevo escenario que se da al país y a la Novena Región, que le abre un mundo para emerger y exportar.
Con un gran sentido de responsabilidad, los diputados de la Novena Región queremos expresar nuestra preocupación por la agricultura, pero, también, destacar que está en nuestras manos aprovechar este desafío como una gran oportunidad.
Para lograr lo anterior, debemos sumar esfuerzos para avanzar en una larga agenda, que permita dotar de las estructuras políticas, jurídicas y económicas que sirvan de soporte a la actividad productiva y a estos tratados de libre comercio. Necesitamos no sólo abrirnos a los mercados externos -cuestión que se consolida con este acuerdo y con los recientemente firmados tanto con la Unión Europea como con importantes países del Asía Pacífico-, sino también construir un mercado interno más amplio y profundo, con una densidad mayor, lo que es posible lograr ampliando el número de actores.
Para lo anterior es fundamental mejorar nuestra institucionalidad protectora y promotora del emprendimiento y de la libre competencia. Será necesario asegurar, más y mejor, los derechos de los usuarios y de los consumidores. También requerimos que se establezca una relación más justa entre la administración tributaria y los contribuyentes, lo que nos lleva a estimar de suma urgencia la aprobación del proyecto de ley que crea los tribunales tributarios. Necesitamos, además, agregar valor y seguir diversificando nuestra producción exportable, pues, hasta ahora, seguimos siendo un país exportador de commodities, de materias primas sin procesar, pese a que en este tratado la desgravación de los productos manufacturados está prevista casi al final del período desgravatorio, a doce años plazo. Por lo tanto, tenemos la oportunidad para prepararnos a fin de exportar a ese mercado en los volúmenes de producción exigidos y con la calidad y seguridad estandarizada de nuestros productos.
Por último, no puedo dejar de mencionar algo fundamental: es esencial asegurar la sustentabilidad ambiental y social de nuestro proyecto de desarrollo, como país hoy unido tan estrechamente a la estrategia de apertura a los mercados globales.
Cedo los últimos minutos del Comité del Partido por la Democracia a la diputada señora María Antonieta Saa .
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, por un minuto, la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señora Presidenta , quiero hacer notar que éste es muy importante en otra materia: el cumplimiento de las leyes laborales chilenas, entre las cuales se encuentran las del trabajo infantil.
Debido al mecanismo de solución de controversias establecido en el tratado, tendremos que portarnos bien, como país; de lo contrario, si no cumplimos nuestras propias leyes, se nos puede castigar con una contribución monetaria. Esto es tremendamente importante, porque esa sanción en un primer momento servirá para corregir y hacer planes respecto de las faltas que hayamos cometido. Sin embargo, si eso no se lleva a cabo, el Estado que nos acuse estará facultado para tomar esa contribución monetaria y suspender los beneficios. Así, por ejemplo, si un arancel determinado está en 0 por ciento y antes ascendía a un 6 por ciento, regirá este último porcentaje.
Además, este tratado de libre comercio nos hará mejores en términos de cumplir los derechos laborales, por ejemplo, en contra del trabajo infantil y en otros ámbitos. No nos olvidemos de que en la Cámara de Diputados llevamos a cabo una investigación profunda sobre abusos laborales en Chile, sobre cómo se falta a nuestras leyes. Lo señalo porque con el tratado de libre comercio ese tipo de irregularidades pueden constituirse en un mal para Chile. Por ello, aunque sea por el tratado, es de esperar que se cumplan las leyes laborales en el país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el ministro de Agricultura , señor Jaime Campos.
El señor CAMPOS ( ministro de Agricultura ).-
Señora Presidenta , hemos escuchado con mucho interés las diversas intervenciones de los diputados en relación con el tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos de América.
Es grato constatar, por lo menos a través de lo expresado, que la inmensa mayoría de la Cámara votará favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio de dicho tratado.
Al revisar los planteamientos y los contenidos de los discursos, destacamos que se valoren las que, desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, fueron las cinco líneas argumentales en las que basamos esta negociación, a saber:
En primer término, consolidar nuestra oferta exportadora en el mercado norteamericano, lo que corresponde a un tercio de lo que Chile hoy envía al mundo.
En segundo lugar, incorporar nuevos rubros a esa oferta exportadora, que hoy básicamente están vinculados a la agricultura del sur, como la leche, la carne, los productos del sector forestal con valor agregado, e, incluso, los granos.
En tercer lugar, procurar incorporar nuevos actores, ahora pequeños y medianos propietarios, a este proceso.
En cuarto lugar, haberle dado un tratamiento especial a los productos sensibles de la agricultura chilena.
Y, por último, haber alcanzado una negociación que implica por primera vez desgravación plena, sin exclusiones, a un plazo máximo de doce años.
Sin embargo, con la misma fuerza que destaco el reconocimiento que muchos parlamentarios han hecho en sus intervenciones de estas ideas matrices o ideas fuerza del acuerdo, me preocupa que en la discusión vuelvan a surgir argumentaciones que no se condicen con los antecedentes empíricos de que uno dispone, que, a fuerza de repetirse lentamente, se han ido asentando en el mundo agrícola y para muchos hoy prácticamente son verdades inconcusas.
Se ha dicho que la agricultura tradicional ha perdido en todos los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país, y se pone como ejemplo lo que ocurrió en el acuerdo con el Mercosur. Tengo las cifras. En 1996, el año anterior a su suscripción, Chile producía 1 millón 563 mil toneladas de trigo. El 2002, seis años después de suscrito el acuerdo, Chile produjo 1 millón 797 mil toneladas de trigo, es decir, un 14 por ciento más que el trigo que producíamos antes del acuerdo con el Mercosur.
Respecto del maíz, en 1996 Chile producía 783 mil toneladas. En 2002, en cambio, 1 millón 189 mil toneladas, es decir, un 51 por ciento más que en 1996.
En cuanto a la leche, otro producto sensible, en 1996 producíamos 1.924 miles de litros, y en 2002, 2.190 miles de litros. ¿Qué quiero decir? Que hay información, no del Ministerio de Agricultura, sino de los institutos profesionales, técnicos y estadísticos que manejan estas cifras, que representa una percepción distinta de la que tienen algunos parlamentarios. Por eso, me sorprende que, como argumento para rechazar o abstenerse en la aprobación de este Tratado de Libre Comercio, se invoque lo que ocurrirá con la agricultura del sur, puesto que si hay un sector al cual por primera vez estamos incorporando en el modelo de desarrollo agroexportador, como consecuencia de los acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea, es precisamente al del sur de Chile, porque bien sabemos que, desde el punto de vista productivo, es un mercado de leche, de carne, de granos y de producción forestal.
En tercer lugar, también se ha dicho que en la discusión no se ha hablado de los productos norteamericanos que entrarán, como si fuesen una amenaza, en circunstancias de que los antecedentes que están a disposición de esta Cámara nos indican que la balanza comercial silvoagropecuaria chilena es positiva en diecisiete veces respecto de los productos agrícolas norteamericanos que ingresan a Chile. Exportamos más de 1.800 millones de dólares en productos silvoagropecuarios a Estados Unidos; sin embargo, desde Estados Unidos no nos llegan 100 millones de dólares en productos agrícolas.
La razón es muy simple. Bien sabemos que los costos de un productor norteamericano son varias veces superiores a los de un agricultor chileno. Ésa es una de las ventajas comparativas que, sin duda, utilizarán los productores chilenos respecto de los de Estados Unidos, como ya este año lo han empezado a verificar en lo que se refiere al Acuerdo alcanzado con la Unión Europea.
En cuarto lugar, algunos quieren dar a entender o transmitir la sensación de que la constitución de esta comisión interministerial, conformada, en septiembre, por su Excelencia el Presidente de la República , significa que en nuestro país el Ministerio de Agricultura, en los últimos tres años y medio, nada ha hecho en el tema agrícola.
Como he dicho en otras ocasiones, este sector -que, según algunos, no ha experimentado ninguna transformación en los últimos tres años y medio- ha crecido, en este período, el doble de lo que crece el resto de la economía chilena, y mientras en estos últimos tres años la economía nacional creció un 7 por ciento, el sector silvoagropecuario ha crecido un 15 por ciento.
Este sector, que, según algunos, no ha tenido ninguna transformación durante estos tres años y medio, se ha convertido en el segundo sector exportador, después de la gran minería del cobre, y tenemos una balanza comercial agrícola positiva de 3 mil 900 millones de dólares. Éste sigue siendo el primer sector generador de mano de obra en Chile, con sobre setecientos cincuenta mil empleos directos. En estos tres años, con los programas de riego, este sector ha intervenido más de trescientas mil hectáreas; es decir, durante el Gobierno del Presidente Lagos se ha intervenido el 25 por ciento de la superficie regada en el país. Este sector, que, según algunos, no ha experimentado ninguna transformación en estos años, ha intervenido más de setecientas mil hectáreas con el programa de recuperación de suelo degradado, que es la base de la conformación de la pradera chilena. Este sector, que no ha sufrido ninguna transformación, ha recuperado la tasa de cien mil hectáreas de plantaciones forestales, tanto en el ámbito de la forestación como de la reforestación; es decir, después de muchos años, hemos vuelto a plantar más pinos y más eucaliptos que los que anualmente estamos consumiendo. Este sector, que nada ha hecho durante estos tres años y medio, sigue siendo el país latinoamericano que tiene los estándares fito y zoosanitario más altos. Gracias a ello estamos exportando, y todas las emergencias sanitarias que han ocurrido las hemos controlado en el menor tiempo posible.
Cuando el Presidente de la República plantea la idea de crear la comisión interministerial, no está pensando exclusivamente en lo que el Ministerio de Agricultura y sus servicios puedan hacer, sino en la necesidad de que las espaldas del Ministerio de Agricultura crezcan, con la colaboración de otros ministerios e instituciones que deben coadyuvar al sector silvoagropecuario nacional, como son el Ministerio de Economía, a través de la Corfo; el Banco del Estado, que no depende de este ministerio, o una adecuada coordinación con la Cancillería, etcétera. Ello, con el objeto de aprovechar en plenitud las oportunidades que se abren con motivo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que implica la consolidación del modelo de desarrollo agroexportador.
Por último, en las intervenciones de algunos parlamentarios se ha tratado de vincular la discusión de este tratado con la ley de Presupuestos del 2004, cuya discusión recién se está iniciando en el Congreso Nacional. Espero que cuando esa discusión termine -como tantas veces ha ocurrido-, lo que en definitiva el Congreso Nacional apruebe como presupuesto del sector agrícola para el 2004 dé suficiente cuenta no sólo de los requerimientos del sector, sino fundamentalmente de las enormes potencialidades que se abren.
Quiero terminar señalando algo que también me ha sorprendido. Algunos parlamentarios se han referido a la reunión de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en Cancún, a la que ni la Canciller ni yo asistimos. Dicha reunión no fracasó por el empecinamiento o rigidez de los países industrializados para eliminar los subsidios agrícolas -ellos estaban dispuestos a ponerse de acuerdo para terminar con los subsidios a sus agriculturas-; la reunión de la OMC, en Cancún, fracasó por la rigidez de los países no industrializados que no quisieron incorporar o avanzar en los temas de la agenda de Singapur. Fueron invitados a una reunión muy distinta de la que, en definitiva, ocurrió. Prueba de ello es que todo lo que habíamos avanzado en la subcomisión de Agricultura no se pudo tratar en el plenario como consecuencia de este fracaso previo.
Pero lo importante es otro tema. Mirado ahora como país, ¿qué gran enseñanza se puede sacar de la reunión de Cancún? Precisamente, son estos acuerdos de libre comercio los que protegen, los que blindan a Chile, frente al fracaso de la Organización Mundial del Comercio. A través de estos acuerdos de libre comercio se solucionen dos de los tres problemas que tiene la OMC, como son el acceso a los mercados y la eliminación de los subsidios a las exportaciones. Sólo nos falta solucionar uno: la eliminación de los subsidios domésticos. Pero los países que no han suscrito tratados de libre comercio, como ocurre con la mayoría de los socios de América Latina, siguen sufriendo esos tres problemas. Ellos son los grandes perjudicados por el fracaso de la reunión de Cancún. Chile puede ver esta situación desde una posición distinta. De manera que el fracaso de la reunión de la OMC en Cancún es, si ustedes lo quieren, un argumento adicional para aprobar este tratado de libre comercio si realmente estamos pensando en el interés nacional.
Reitero, lo mejor que le puede ocurrir a nuestra agricultura y a la agricultura sustitutiva de productos de importación es la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como, en su momento, lo fue también el suscrito con la Unión Europea. No me cabe duda de que, en la medida en que sigamos avanzando en esta senda, el sector agrícola seguirá contribuyendo al desarrollo de Chile, como siempre lo ha hecho a través de la historia de nuestra República.
Muchas gracias.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra la ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear.
La señora ALVEAR, doña Soledad ( ministra de Relaciones Exteriores ).-
Señora Presidenta , hemos tenido una jornada extensa. Con mucha atención he seguido las diferentes intervenciones de las señoras y de los señores diputados. Por ello, tan solo quiero tomarme un par de minutos con el objeto de compartir con ustedes tres breves reflexiones.
La primera tiene que ver con una inquietud que ha sido materializada a través de una carta suscrita por varios parlamentarios. Se trata de una solicitud que, explícitamente, ha formulado la Comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Al mismo tiempo, varios señores diputados y señoras diputadas de diferentes bancadas me han planteado algunas preocupaciones en ese sentido. Se han dado cifras; el informe da cuenta de ello. Además, los informes de los presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda, respectivamente, fueron muy claros para reflejar la significación de este tratado. Se entregaron dos documentos que dan cuenta del resumen de este instrumento, y, por otra parte, de las oportunidades que se abren para cada una de las regiones.
Por lo tanto, espero que, desde el punto de vista del país, esté claro lo que significa esta inmensa oportunidad, respecto de la cual existe un gran consenso. Por cierto, sabemos que en democracia hay opiniones diversas. Lo importante es que se manifiesten de manera adecuada y a través de este Congreso.
Sin embargo, reitero, existe un amplio consenso al respecto, y es por algo muy evidente. Chile es un país pequeño, cuyo crecimiento depende mucho de lo que sea capaz de hacer en el mundo externo. Ahora, nuestro país, se inserta audazmente en un mundo globalizado. Diversos parlamentarios me han acompañado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir políticamente temas extraordinariamente complejos, con una participación activa en la OEA y en el mundo comercial. También se han señalado aperturas de carácter unilateral y bilateral, así como acuerdos regionales y multilaterales que, desgraciadamente, como dijo el ministro de Agricultura , fracasaron en la última reunión; pero tengo la esperanza de seguir avanzando en ello.
Sin embargo, qué duda cabe acerca de esta estrategia, que, durante estos años, ha significado un crecimiento para el país, vinculado con políticas de cohesión social que, por cierto, hacen importante este avance y nos permite estar hoy en esta Sala nada menos que con la enorme oportunidad de aprobar un acuerdo que permitirá que Chile pueda dar efectivamente un salto significativo, junto con otras políticas públicas y también trabajos con el sector privado. ¿Qué duda cabe respecto de la necesidad de abrirnos a un mercado como el de Estados Unidos, al igual como lo hemos hecho con la Unión Europea? Hemos visto las cifras, pero, desgraciadamente, tuve la mala suerte de hacer la presentación justo a la hora de almuerzo. Comprendo que hay necesidades que satisfacer a esa hora, que, por lo demás, son muy legítimas; pero tuve la oportunidad de tranquilizar incluso a quienes han expresado su preocupación por lo que ha significado, desde febrero a la fecha, el Acuerdo con la Unión Europea.
No quiero ser reiterativo, pero permítanme señalar sólo algunas cifras importantes. Desde febrero a la fecha, hemos incrementado enormemente nuestras exportaciones agrícolas y de bienes industriales a los países de la Unión Europea. A título ejemplar, las exportaciones de miel han experimentado un crecimiento de 282 por ciento. ¿Por qué me refiero a este producto? Porque, efectivamente, en este caso existe la gran posibilidad de que pequeños y medianos agricultores se asocien para incursionar en ese mercado. Por eso cito este ejemplo. Repito: desde febrero a la fecha, las exportaciones de miel chilena a la Unión Europea se han incrementado en 282 por ciento, pagando un arancel de 17,3 por ciento.
Este ejemplo concreto -no quiero entrar en lo teórico- refleja cómo es posible que los pequeños y medianos agricultores aprovechen una oportunidad, a través de instrumentos públicos -porque aquí también los hubo- que apuntan en esa dirección, como el programa Interpac, en virtud del cual este año se crearon dos empresas exportadoras. Entonces, tenemos que han participado productores pequeños y medianos, que existe el apoyo de una política pública y que se abre un gran mercado. Estoy segura de que podemos exportar mucho más a la Unión Europea y a Estados Unidos, y no sólo este producto, sino muchos otros.
Permítaseme pasar al segundo punto. Se ha manifestado mucha preocupación en torno de cómo organizarnos, a fin de dar una respuesta adecuada al inmenso desafío que hoy enfrentamos. La respuesta pasa por un trabajo realizado en tres direcciones, y quiero decirlo muy claramente.
En primer lugar, hemos creado un consejo público-privado de fomento exportador, que trabaja en cuatro subgrupos: facilitación del comercio, fomento productivo, inserción internacional y promoción de exportaciones, inversión y turismo. Es decir, todas las agencias estatales y el sector privado están trabajando en estos grupos para definir en conjunto lo que debemos hacer a continuación. ¿Por qué? Porque hoy estamos frente a un nuevo escenario que nos ofrece una tremenda oportunidad, lo que exige un trabajo mancomunado.
En segundo término, hay mucha preocupación por las regiones, tal como se señala en la carta, como se ha manifestado en las distintas comisiones y como lo hemos escuchado durante la presente sesión.
¿Qué vamos a hacer? Es indispensable elaborar estrategias de desarrollo, región por región. Aquí tengo un trabajo sólo respecto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; pero debemos considerar también el Acuerdo con la Unión Europea, con el Efta -la aprobación de ese acuerdo nos permitirá potenciar el suscrito con Europa- y con Corea del Sur. Debemos crear estrategias de desarrollo regional, tanto con el sector público como con el privado. Ésa es una tarea fundamental que debemos emprender y respecto de la cual existe un compromiso de los intendentes. Los invito a participar en esa iniciativa, tal como ya lo está haciendo el sector privado.
Cuando menciono al sector privado, me refiero a los grandes, medianos y pequeños productores; a los trabajadores, al mundo académico y universitario; porque una estrategia de desarrollo regional debe ser capaz de potenciar igualmente las posibilidades en función de su desarrollo y del conjunto de los tratados vigentes. No hay que olvidar que, cuando discutimos el Acuerdo con la Unión Europea en esta misma Sala, dijimos que contiene un capítulo de cooperación que permite, precisamente, aprovechar la gran experiencia de los países europeos en materia de pequeñas y medianas empresas.
Quiero afirmar con absoluta claridad que concordamos en la necesidad de perfeccionar las políticas públicas y la acción del Estado, de modo de ampliar los beneficios de la apertura a las pequeñas y medianas empresas, tanto agrícolas como no agrícolas, y también a las regiones. Acogemos con espíritu constructivo las propuestas formuladas aquí; sentémonos a trabajar en un esfuerzo de país. Ya dije en la mañana que si fuimos capaces de aprobar, realizando un esfuerzo agotador, este conjunto de acuerdos comerciales; si fuimos capaces de asumir una tarea de país, de Estado, para concretar estas tareas y lograr tales acuerdos, ¿por qué no vamos a ser capaces, ahora, de materializar en cada una de nuestras regiones, trabajando todos en conjunto, ese esfuerzo?
En tercer lugar, como muy bien dijo el ministro de Agricultura , se constituyó una comisión interministerial de fomento y desarrollo agrícola que, en un plazo muy breve, deberá recoger las distintas opiniones. Por eso, temprano en la mañana, hemos dado una señal para comentar esto en la Comisión de Agricultura de la Cámara. Necesitamos escuchar a los parlamentarios; bienvenidos sean los empresarios y los trabajadores. Es muy importante, porque lo que busca dicha Comisión es, nada más y nada menos, evaluar la eficiencia, la eficacia y la pertinencia de los actuales programas de fomento agrícola; adecuar las políticas y los instrumentos a los actuales desafíos; estudiar el marco regulatorio del sector y su eventual ajuste al nuevo escenario que hoy tenemos; precisar las iniciativas que permitan sistematizar y simplificar el marco normativo a las exportaciones; focalizar las prioridades en los programas de fomento, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Creo que es algo fundamental; es un trabajo que estamos haciendo, pero no encerrados en una comisión interministerial, escuchándonos a nosotros mismos, sino abiertos, con el objeto de recoger opiniones y construir a nuestro país en esta nueva etapa.
Quiero señalar con absoluta claridad en esta Sala que este Tratado de Libre Comercio de ninguna manera viene a menoscabar nuestra capacidad regulatoria, nuestra flexibilidad y nuestra soberanía para determinar nuestra política económica. Sólo a título informativo -ya me referí a ello en mi intervención de la mañana-, los invito a ver la presentación, que dejaré a disposición de la Sala. Los servicios públicos no se verán afectados en su desempeño, pues los impuestos están excluidos del Acuerdo. Nuestro Congreso Nacional mantiene absoluta soberanía para resolver si quiere modificarlos. Esa materia no se modifica para nada con el tratado. Las políticas culturales, educacionales y de salud tampoco se tocan. Hemos escuchado a algunos fantasmas que dicen que se modificará la ley Indígena. ¡Para nada, señora Presidenta ! Se corrigen los errores del Nafta en materia de inversiones. Se ha preguntado qué hemos aprendido del caso de México. Aprendimos lecciones, y lo hemos hecho tan bien que, incluso, ahora queremos modificar los tratados con Canadá y con México, a propósito de esa experiencia.
Por último, queda absolutamente claro en el tratado que Chile puede efectuar restricciones al ingreso y salida de capitales. Precisamente, nos preocupamos de evitar los capitales “golondrina”, que pueden entrar y generar, ciertamente, dificultades a nuestra economía.
Insisto en que estamos frente a una enorme oportunidad para Chile, y que el único riesgo es que todos los que estamos en esta Sala, todos los que tenemos responsabilidades públicas, todos lo que, por una u otra razón, nos hemos sentido tocados por el servicio público, no seamos capaces de aprovechar, en beneficio de nuestro país, esta enorme oportunidad. Ése es el único riesgo que existe: que no estemos a la altura de las circunstancias.
Por eso, quiero invitar a todos los miembros del Congreso Nacional para que nos sumemos, con espíritu constructivo, a esta enorme tarea de país y de Estado que tenemos por delante.
Gracias, señora Presidenta.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar.
Informo a la Sala que se ha comunicado a la Mesa el pareo entre la diputada Lily Pérez y el diputado Edmundo Villouta.
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Señora Presidenta , ¿podría informar sobre el quórum requerido para aprobar el tratado?
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Se requieren 66 votos, señor diputado .
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 8 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Aplausos.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19.26 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1 Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre traslado de nacionales condenados y cumplimiento de sentencias penales, suscrito en Santiago el 29 de octubre de 2002. (boletín Nº 3373-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santiago el 29 de octubre de 2002.
Antecedentes.
En conformidad con las actuales concepciones penitenciarias, el propósito del presente Tratado es facilitar la reinserción social de las personas condenadas, permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país de cual son nacionales.
Tal objetivo está expresamente contemplado en el artículo 10 Nº 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y en el artículo 5º Nº 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969.
Principios de Derecho Internacional y otros instrumentos internacionales sobre la materia.
El Tratado recoge cabalmente los principios del Derecho Internacional en materia de traslado de personas condenadas, y su texto se enmarca en los criterios ya establecidos en precedentes instrumentos internacionales de carácter multilateral y bilateral suscritos por Chile sobre la misma materia.
Tales son:
a. El Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, promulgado por Decreto Supremo Nº 1.316, de 10 de agosto de 1998, y publicado en el Diario Oficial de 3 de noviembre de 1998;
b. La Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, adoptada por la Organización de Estados Americanos en Managua, el 9 de junio de 1993, promulgada por Decreto Supremo Nº 1.859, de 27 de octubre de 1998, y publicada en el Diario Oficial de 2 de febrero de 1999;
c. El Tratado sobre Transferencia de Presos Condenados entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito en Brasilia el 29 de abril de 1998, promulgado por Decreto Supremo Nº 225, de 16 de febrero de 1999, y publicado en el Diario Oficial de 18 de marzo de 1999; y
d. El Tratado con Bolivia sobre Transferencia de Personas Condenadas, suscrito en La Paz el 22 de febrero de 2001, en actual trámite legislativo.
2. Razones para suscribir un tratado bilateral sobre la materia.
La política de nuestro país, en esta materia, es procurar una vinculación basada en los instrumentos multilaterales existentes y negociar tratados bilaterales solamente cuando los terceros países no tengan la voluntad de suscribir las Convenciones multilaterales en vigor.
Así, entonces, luego que se tomara conocimiento de la falta de intenciones del Gobierno argentino en orden a incorporarse a la mencionada Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, se dio curso a las negociaciones que concluyeron en el presente Tratado.
II. ESTRUCTURA.
Este instrumento internacional consta de un Preámbulo, en el que las Partes Contratantes expresan su interés en desarrollar una política de reinserción social de las personas condenadas, y de 16 Artículos Permanentes, en los que se contienen y regulan los mecanismos y condiciones para efectuar el traslado de nacionales condenados y el cumplimiento de sentencias penales que mutuamente se brindarán las Partes.
III. PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL TRATADO.
1. Iniciativa para el traslado.
La persona condenada puede solicitar su traslado al Estado en que se dicta la condena (Estado sentenciador), o al Estado al cual el condenado pueda ser trasladado (Estado receptor).
También tienen iniciativa ambas Partes, siempre que cuenten con el consentimiento de la persona condenada.
2. Condiciones para el traslado.
Seis condiciones son esenciales para que pueda procederse al traslado:
a) Que el delito que ha dado lugar a la sentencia penal sea también punible en el Estado receptor, aunque no exista identidad en la tipificación (doble criminalidad);
b) Que la sentencia sea firme y ejecutoriada;
c) Que la persona condenada sea nacional del Estado receptor;
d) Que el saldo de la pena por cumplir sea de por lo menos seis meses;
e) Que la persona condenada haya cumplido con el pago de multas, gastos de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda índole o que garantice su pago, a satisfacción del Estado sentenciador; y
f) Que la persona condenada preste su consentimiento al traslado.
3. Autoridades de aplicación del Tratado.
Los respectivos Ministerios de Justicia de las Partes serán las autoridades de aplicación de este Tratado.
4. Canales de comunicación.
Todas las solicitudes de traslado y las comunicaciones posteriores que de ellas se originen serán tramitadas por una Parte y comunicadas a la otra a la brevedad, por escrito y por la vía diplomática.
5. Discrecionalidad respecto a la decisión de traslado.
Ambas Partes tienen absoluta discreción para proceder o no a satisfacer la petición de traslado.
Es facultativo para las Partes expresar la causa o motivo de una decisión denegatoria.
6. Principio de “non bis in idem”.
La persona condenada trasladada no podrá ser nuevamente enjuiciada en el Estado receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado sentenciador y su posterior traslado.
7. Jurisdicción.
El Estado sentenciador tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar, o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales.
Sólo el Estado sentenciador podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta.
8. Ejecución de la condena.
La ejecución de la pena de la persona condenada trasladada se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado receptor, incluso las condiciones para el otorgamiento y la revocación de la libertad condicional, anticipada o vigilada o para la aplicación o levantamiento de medidas de seguridad.
9. Gastos del traslado.
Los gastos del traslado internacional de la persona condenada serán de cargo del Estado receptor.
10. Aplicación del Tratado a menores bajo tratamiento especial.
El Tratado también se aplicará a menores bajo tratamiento especial conforme a las leyes de las Partes, con el consentimiento expreso de sus representantes legales.
El cumplimiento de las medidas de seguridad que se apliquen a tales menores se hará efectivo de acuerdo a las leyes del Estado receptor.
11. Disposiciones finales.
Por último, este instrumento internacional contempla una serie de cláusulas usuales referidas a su ratificación, entrada en vigor, duración y denuncia del mismo.
Así, el Tratado tendrá una duración indefinida y comenzará a regir sesenta días después del intercambio de los instrumentos de ratificación. Asimismo, su denuncia producirá efectos seis meses después de la fecha de su notificación.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales”, suscrito en Santiago el 29 de octubre de 2002.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA , Ministra de Relaciones Exteriores ; LUIS BATES HIDALGO , Ministro de Justicia ”.
TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES
La República de Chile y la República Argentina, en adelante denominadas “las Partes”,
Conscientes de los profundos lazos históricos que unen a ambas naciones y deseando traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación mutua en todas las áreas de interés común, especialmente en materia de justicia penal;
Estimando que de acuerdo a las modernas concepciones, uno de los objetivos de la política criminal es la reinserción social de las personas condenadas;
Considerando que para el logro de ese objetivo sería provechoso dar a los nacionales privados de su libertad o en régimen de libertad condicional en el extranjero, como resultado de la comisión de un delito, las posibilidades de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad.
Convinieron lo siguiente:
ARTÍCULO 1º
1. Las penas privativas de libertad o de sumisión al régimen de libertad condicional, o las medidas de seguridad impuestas en la República Argentina a nacionales chilenos podrán cumplirse en la República de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado.
2. Las penas privativas de libertad o de sumisión al régimen de libertad condicional, o las medidas de seguridad impuestas a nacionales argentinos en la República de Chile podrán cumplirse en la República Argentina de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado.
ARTÍCULO 2º
A los efectos del presente Tratado:
a) por “Estado sentenciador” se entenderá la Parte que impuso una sentencia condenatoria a una persona condenada y de la cual ésta habrá de ser trasladada;
b) por “Estado receptor” se entenderá la Parte a la cual la persona condenada habrá de ser trasladada;
c) por “nacional” se entenderá, tanto en el caso de la República de Chile como en el de la República Argentina, a un ciudadano chileno o argentino, según se lo define en la legislación correspondiente de cada Estado;
d) por “persona condenada” se entenderá a una persona que esté cumpliendo una sentencia condenatoria a una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario en el territorio de una de las Partes, o a quien le ha sido impuesta una medida de seguridad en razón de un delito, o que esté sometida al régimen de libertad condicional.
ARTÍCULO 3º
La aplicación del presente Tratado quedará sujeta a las siguientes condiciones:
a) que el delito que ha dado lugar a la sentencia penal sea también punible en el Estado receptor, aunque no exista identidad en la tipificación;
b) que la sentencia sea firme y ejecutoriada, es decir que no esté pendiente de recurso legal alguno, incluso procedimientos extraordinarios de apelación o revisión;
c) que la persona condenada sea nacional del Estado receptor. La condición de nacional será considerada en el momento de la solicitud del traslado. En caso de doble nacionalidad chileno-argentina, será de aplicación en cada caso la legislación sobre nacionalidad vigente en el Estado sentenciador. Asimismo, a los efectos de la doble nacionalidad se tendrá en cuenta, siempre que pueda favorecer la resocialización de la persona, su último domicilio o residencia habitual;
d) que en el momento de la presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo segundo del artículo 5º queden por cumplir por lo menos seis meses de la pena;
e) que la persona condenada haya cumplido con el pago de multas, gastos de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda índole que estén a su cargo incluyendo, de ser posible, la reparación de los daños causados a la víctima conforme a lo dispuesto en la sentencia, o que garantice su pago a satisfacción del Estado sentenciador;
f) que la persona condenada preste su consentimiento al traslado, luego de ser informada de las consecuencias legales del mismo, o que en caso de su incapacidad, lo preste su representante legal.
ARTÍCULO 4º
Los Ministerios de Justicia de ambas Partes serán las autoridades de aplicación del presente Tratado.
ARTÍCULO 5º
1. Las autoridades competentes de las Partes informarán a toda persona condenada nacional de la otra Parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este Tratado y sobre las consecuencias jurídicas que se derivarían del traslado.
2. La persona condenada podrá presentar su petición de traslado ante el Estado sentenciador o el Estado receptor.
3. En caso que lo solicite, la persona condenada podrá comunicarse con el Cónsul de su país quien, a su vez, podrá contactar a la autoridad competente del Estado sentenciador, para solicitarle se preparen los antecedentes y estudios correspondientes de la persona condenada.
4. La voluntad de la persona condenada de ser trasladada deberá ser expresamente manifestada por escrito. El Estado sentenciador deberá facilitar, si lo solicita el Estado receptor, que éste compruebe que la persona condenada conoce las consecuencias legales que aparejará el traslado y que da el consentimiento de manera voluntaria. La manifestación del consentimiento se regirá por la ley del Estado sentenciador. El consentimiento no podrá ser revocado después de la aceptación del traslado por los dos Estados Partes.
ARTÍCULO 6º
1. El traslado de personas condenadas en el ámbito del presente Tratado podrá efectuarse también por iniciativa de cualquiera de las Partes con el consentimiento de la persona condenada.
2. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado deberá interpretarse como un impedimento para que una persona condenada o una de las Partes presente una solicitud de traslado.
3. Todas las solicitudes de traslado y las comunicaciones posteriores que de ellas se originen serán tramitadas por una Parte y comunicadas a la otra a la brevedad, por escrito y por la vía diplomática.
ARTÍCULO 7º
1. Si la persona condenada ha expresado su interés a las autoridades competentes del Estado sentenciador de ser trasladada de conformidad a lo establecido en el presente Tratado, el Estado sentenciador deberá informar a la otra Parte tan pronto como sea posible:
a) nombre, fecha y lugar de nacimiento de la persona condenada;
b) su domicilio, si lo posee, en el Estado receptor;
c) una relación de los hechos sobre los que la sentencia se ha basado;
d) la naturaleza de la pena o medida de seguridad impuesta, su duración, el momento en que se inició su cumplimiento y el tiempo que quedare por cumplir;
e) una copia autenticada y certificada de la sentencia, haciendo constar que es firme;
f) una copia de las disposiciones legales aplicadas;
g) un documento en el que conste el consentimiento de la persona condenada para el traslado;
h) una exposición detallada sobre el comportamiento de la persona condenada en prisión, a efectos de determinar si la misma puede gozar de los beneficios previstos en la legislación del Estado receptor;
i) cualquier información adicional que pueda ser útil a las autoridades del Estado receptor para determinar el tratamiento más conveniente para la persona condenada con vistas a promover su rehabilitación social.
2. Si la persona condenada ha expresado su interés a las autoridades competentes del Estado receptor de ser trasladada de conformidad a lo establecido en el presente Tratado, el Estado receptor deberá informar a la otra Parte y acompañar a la solicitud de traslado tan pronto como sea posible:
a) un documento que acredite que la persona condenada sea nacional de dicho Estado;
b) una copia de las disposiciones legales de las que resulta que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyen también un delito en el Estado receptor;
c) información sobre los factores de incidencia y la probabilidad de que el traslado contribuya a la rehabilitación social de la persona condenada, incluyendo los antecedentes penales de la persona condenada si los tuviere, las condiciones de su salud, la edad, los vínculos que por residencia, presencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, pueda tener con la vida social del Estado receptor.
ARTÍCULO 8º
1. Ambas Partes tendrán absoluta discreción para proceder o no a satisfacer la petición de traslado.
2. El Estado receptor podrá solicitar informaciones complementarias si considera que los documentos proporcionados por el Estado sentenciador no le permiten cumplir con lo dispuesto en el presente Tratado e informará al Estado sentenciador del procedimiento de ejecución que vaya a seguir.
3. Cuando cualquiera de las Partes no apruebe el traslado de una persona condenada, notificará su decisión a la otra Parte, pudiendo expresar la causa o motivo de la denegatoria. Esta decisión denegatoria podrá ser revisada a instancia de la Parte notificada cuando esta última alegare circunstancias excepcionales.
4. La Parte que aprueba la petición de la persona condenada deberá notificar su decisión a la otra a la brevedad por conducto diplomático.
5. Cada Parte deberá adoptar todas las medidas legales pertinentes y, en caso necesario, establecer los procedimientos adecuados con el fin de que, a los efectos del presente Tratado, las sentencias pronunciadas por los tribunales de la otra Parte surtan efectos jurídicos dentro de su territorio.
ARTÍCULO 9º
1. Si se aprobara el pedido, las Partes acordarán el lugar y la fecha de entrega de la persona condenada y la forma en que se hará efectivo el traslado. El Estado sentenciador deberá trasladar a la persona condenada al Estado receptor en el lugar acordado entre las Partes y será el responsable de su custodia y transporte hasta el momento de la entrega. A partir de la entrega de persona condenada el Estado receptor será el responsable de su custodia y transporte hasta la institución penitenciaria o lugar donde deba cumplir la condena. Estarán a cargo del Estado receptor los gastos del traslado internacional de la persona condenada.
2. El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor los testimonios de la sentencia y demás documentación que pudiera necesitarse para el cumplimiento de la condena. Tales testimonios y documentación requerirán legalización, cuando así lo solicite el Estado receptor. En el momento de la entrega de la persona condenada, el Estado sentenciador proporcionará a los agentes policiales encargados de la misma un certificado auténtico, destinado a las autoridades del Estado receptor, en el que consten, actualizados a la fecha de entrega, el tiempo efectivo de detención de la persona condenada y el tiempo deducido en función de los beneficios penitenciarios, si existieren.
3. Si el Estado receptor considera que los informes suministrados por el Estado sentenciador no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Tratado, podrá solicitar información complementaria.
4. El Estado receptor no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos contraídos por el traslado o el cumplimiento de la condena en su territorio. El Estado receptor será responsable de todos los gastos relacionados con una persona condenada a partir del momento en que ésta pase a su custodia.
ARTÍCULO 10
La persona condenada trasladada no podrá ser nuevamente enjuiciada en el Estado receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado sentenciador y su posterior traslado.
ARTÍCULO 11
1. El Estado sentenciador tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar, o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales.
2. Sólo el Estado sentenciador podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta.
3. En caso de que así proceda, el Estado sentenciador comunicará la decisión al Estado receptor, informándole sobre las consecuencias que en la legislación del Estado sentenciador produce la decisión adoptada.
4. El Estado receptor deberá adoptar de inmediato las medidas que correspondan a tales consecuencias.
ARTÍCULO 12
1. La ejecución de la pena de la persona condenada trasladada se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado receptor, incluso las condiciones para el otorgamiento y la revocación de la libertad condicional, anticipada o vigilada o para la aplicación o levantamiento de medidas de seguridad.
2. En ningún caso puede agravarse la pena privativa de libertad o las medidas de seguridad pronunciadas por el Estado sentenciador. Ninguna condena a pena privativa de la libertad, ni ninguna aplicación de medida de seguridad será ejecutada por el Estado receptor de tal manera que prolongue la duración de privación más allá del término de prisión, reclusión o aplicación de medidas de seguridad impuestos por la sentencia del tribunal del Estado sentenciador.
3. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el régimen de condena condicional o de libertad condicional, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena bajo vigilancia de las autoridades del Estado receptor.
4. La autoridad judicial del Estado sentenciador solicitará las medidas de vigilancia y/o seguridad que interesen, mediante exhorto que diligenciará por la vía diplomática.
5. Para los efectos del presente artículo, la autoridad judicial del Estado receptor podrá adoptar las medidas de vigilancia y/o seguridad solicitadas y mantendrá informado al exhortante sobre la forma en que se llevan a cabo y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte de la persona condenada de las obligaciones que ésta haya asumido.
ARTÍCULO 13
1. El presente Tratado se aplicará a menores bajo tratamiento especial conforme a las leyes de las Partes. La ejecución de la medida de seguridad que se aplique a tales menores de edad se cumplirá de acuerdo a las leyes del Estado receptor. Para el traslado se deberá obtener el consentimiento expreso del representante legal del menor.
2. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes puedan tener, independientemente del presente Tratado, para conceder o aceptar el traslado de un menor de edad infractor.
ARTÍCULO 14
Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Tratado.
ARTÍCULO 15
Este Tratado será también aplicable al cumplimiento de las sentencias dictadas con anterioridad a su entrada en vigor.
ARTÍCULO 16
1. El presente Tratado está sujeto a ratificación y entrará en vigor sesenta días después de la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación.
2. Este Tratado permanecerá en vigor por un período indefinido. Cualquiera de las Partes podrá ponerle término en cualquier momento, mediante notificación a la otra, por escrito y a través de la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos seis meses a partir de la fecha de la notificación.
3. En caso de denuncia del presente Tratado, sus disposiciones permanecerán en vigor con respecto a las personas condenadas que hubiesen sido trasladadas al amparo de las mismas hasta el término de las penas respectivas.
Hecho en Santiago, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil dos, en dos ejemplares originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República de Chile.
Por la República Argentina.
Conforme con su original.
(Fdo.): JOSÉ MIGUEL CRUZ SÁNCHEZ , Embajador Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante .
Santiago , 25 de febrero de 2003?.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus anexos, adoptados en Miami el 6 de junio de 2003. (boletín Nº 3318-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus Anexos, adoptados en Miami el 6 de junio de 2003.
I. ANTECEDENTES.
En forma persistente, y con el apoyo de la mayoría de la población, la política comercial chilena ha tenido como objetivo prioritario asegurar y mejorar tanto el acceso de nuestros bienes y servicios a los mercados de mayor relevancia, como incentivar la inversión nacional y también la inversión extranjera de nuestros socios comerciales.
Esta estrategia, compartida por los principales actores económicos y sociales, ha sido exitosa, ya que la apertura a la economía global nos ha permitido obtener altas tasas de crecimiento, las que han sustentado la reducción de la pobreza desde el 47% de la población en 1989, a un 20% en la actualidad.
En los últimos doce años, Chile ha negociado acuerdos de libre comercio con la mayor parte de sus socios comerciales. Entre 1990 y 1999, con la totalidad de América Latina y Canadá, abarcando cerca del 30% del intercambio comercial total del país. Luego, en el año 2002, concluyeron las negociaciones con la Unión Europea, Corea del Sur y Estados Unidos; y en el primer trimestre de este año, con la Asociación Europea de Libre Comercio. Hoy, cerca del 75% del comercio exterior está regido por los acuerdos de libre comercio que el país ha suscrito. Adicionalmente, Chile ha celebrado aproximadamente cincuenta acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, treinta y siete convenios de transporte aéreo y trece acuerdos para evitar la doble tributación.
Estas negociaciones nos han permitido reducir paulatinamente la vulnerabilidad externa de la economía en tiempos de grandes turbulencias financieras y comerciales, consolidar y ampliar el acceso de nuestros bienes y servicios a los principales mercados de exportación, aumentar la captación de inversión extranjera, diversificar las exportaciones y contar con reglas claras y permanentes para el comercio de bienes, de servicios y para las inversiones, que faciliten la toma de decisiones de los chilenos que hacen negocios en el exterior.
La estrategia chilena de desarrollo, basada en una economía abierta al mundo, competitiva en sus productos y equitativa en sus resultados, ha sido construida con el esfuerzo de todos los chilenos durante un período prolongado. Pero la cambiante geometría de la economía global requería que Chile le diera un nuevo impulso a su inserción internacional, y a ese desafío estratégico responden los acuerdos de libre comercio, pieza fundamental de un proyecto país.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implica para Chile consolidar y ampliar el acceso de sus productos a la economía más grande, estable y de indiscutida importancia en el nuevo orden económico mundial.
Cabe destacar que Estados Unidos representa cerca del 22% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y sus importaciones de bienes responden por el 19% de las importaciones mundiales. La población de Estados Unidos asciende a doscientos ochenta y cinco millones de habitantes, con un ingreso anual por habitante de treinta y cinco mil cuatrocientos dólares.
Estados Unidos es el mayor socio comercial de Chile. El intercambio de bienes alcanzó los seis mil doscientos treinta y cuatro millones de dólares durante el año 2002. Las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos representaron el 19,6% como promedio en el período 1996-2002 y las importaciones de bienes con origen estadounidense fue de 21% para el mismo período. Analizado el comercio desde Estados Unidos, las compras que hace este país a Chile representan el 0,3% del total de sus importaciones y las exportaciones con destino a Chile representan el 0,5% de sus exportaciones totales al mundo como promedio durante el período 1996-2002.
La expansión exportadora global que se espera como consecuencia del tratado suscrito con Estados Unidos, una vez alcanzada la desgravación plena, asciende a quinientos cuatro millones de dólares, lo que con respecto al comercio exportador actual representa un incremento de 15,9% y el equivalente a un 0,7% de nuestro actual PIB. Cabe recordar que el aumento de las exportaciones tiene un efecto de arrastre importante en las actividades de servicios que las apoyan, es decir, en las telecomunicaciones, infraestructura portuaria, aeropuertos, transporte marítimo y aéreo (aumento en frecuencia de rutas, nuevos destinos, más vuelos directos; nuevos centros de operación y almacenaje, captación de demanda de fletes de países vecinos, etc.).
Respecto al impacto de las importaciones procedentes de Estados Unidos, se estima que en virtud de este tratado éstas aumentarán en trescientos cuarenta y ocho millones de dólares, lo que representa un incremento de 14% en las importaciones de dicho origen y de 2,2% respecto a la totalidad de las importaciones. Asimismo, se estima que un 84% del incremento esperado en las importaciones de Estados Unidos correspondería a desviación de comercio importador chileno, es decir, importaciones norteamericanas desplazarían a importaciones que hoy provienen de terceros países que compiten con Estados Unidos, lo que demuestra el carácter complementario, y no directamente competitivo, de la relación comercial bilateral. Sólo el 16% restante correspondería a la creación de nuevos flujos importadores, la mayor parte de ellas en insumos especializados y bienes de capital que no producimos, favoreciéndose la competitividad de nuestras empresas.
El tratado suscrito con Estados Unidos crea una sólida y profunda zona de libre comercio entre ambos países y constituye un acuerdo equilibrado e integral, que incluye todos los aspectos de la relación económica bilateral, tales como el comercio de bienes, las contrataciones públicas, la promoción y protección de las inversiones extranjeras, los servicios transfronterizos y la protección de los derechos de propiedad intelectual, y también incorpora temas propios de la nueva economía, como el comercio electrónico y las telecomunicaciones. Además, aborda en forma amplia los temas relativos a asuntos ambientales y laborales, los que han ido adquiriendo una relevancia creciente en la agenda del comercio internacional. Cabe hacer notar que el tratado suscrito con Estados Unidos es un instrumento que desarrolla de manera sustantiva y claramente innovadora tanto los temas ambientales y laborales como el comercio electrónico.
En materia de derechos de propiedad intelectual, este tratado prevé un tratamiento con estándares modernos pero en equilibrio con los intereses de los usuarios y de la comunidad chilena en general. Con esto se pretende incentivar la innovación y la creación en Chile, al otorgar una mayor y más eficiente protección a los derechos que los creadores e inventores tienen sobre sus creaciones, junto con facilitar la difusión y transferencia de tecnología en nuevos sectores intensivos en tecnología.
Además, este tratado establece la obligación de adoptar medidas que prohiban prácticas monopólicas; propicia un ambiente de sana competencia en el mercado interno; crea mecanismos para defender los intereses comerciales de los agentes económicos de ambos países; y se definen mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver los conflictos comerciales, por un lado, instaurando un sistema general de solución de disputas entre Estados y, por el otro, a través de un sistema de solución de controversias entre inversionistas y el Estado receptor de la inversión.
Este tratado refuerza la estabilidad de la política económica y de sus bases institucionales, mejorando aún más la clasificación de riesgo de Chile, rebajando el costo del crédito, consolidando la estabilidad del mercado de capitales y avanzando en su profundización.
Alrededor del 30% del total de la inversión extranjera materializada en el país, durante el período 1990-2002, proviene de Estados Unidos, siendo el país con mayor inversión en Chile. La inversión estadounidense está diversificada en distintos sectores de la economía, tales como: minería, servicios, telecomunicaciones, electricidad e industria.
Las favorables condiciones de acceso a la economía más grande del mundo y la estabilidad de reglas contempladas en este tratado, constituyen un atractivo para las decisiones de inversión en Chile de las principales empresas internacionales, tanto americanas, como europeas y asiáticas.
El tratado suscrito con Estados Unidos abrirá importantes oportunidades de inversión en tecnologías de información, propiciando con ello condiciones favorables para que Chile se transforme en una plataforma de servicios en este sector. En tal sentido, uno de los objetivos que se pretende alcanzar con este tratado es producir en Chile servicios que reemplacen los que actualmente se prestan en Estados Unidos o en la región.
La ampliación de mercado inducida por este tratado, arrastra a su vez a un aumento de la rentabilidad esperada de la inversión a nivel local, debido a dos razones: primero, las mayores economías de escala que inciden en un menor costo unitario de producción; y, segundo, la rebaja de costos que se produce por la importación más barata de equipos y bienes intermedios producidos en Estados Unidos, lo cual tendería a reforzar el menor costo unitario indicado. Además, habría que considerar que un mayor flujo comercial y la liberalización en materia de prestación transfronteriza de seguros de transporte aéreo y marítimo debiesen traducirse en una disminución en los costos de flete.
Con el efecto favorable sobre riesgo-país, la mayor atracción de inversión extranjera y la mayor competencia en el sistema financiero, se generaran mejores condiciones para expandir la cobertura y profundidad de la oferta de crédito, incluyendo los segmentos de largo plazo y de apoyo a capital semilla y a innovadores.
En los últimos años, Chile ha realizado una profunda reforma en materia de servicios, a través de la privatización de muchas industrias del sector de servicios, una flexibilización de su marco regulatorio y una reducción de todas aquellas medidas que discriminan en el trato y el acceso otorgado a proveedores extranjeros de servicios. Existe consenso en que esta apertura ha sido beneficiosa para Chile, permitiendo que los sectores productivos y los consumidores accedan a servicios de mejor calidad y menor costo. Por otra parte, la apertura también ha generado una mayor capacidad exportadora de las industrias chilenas, lo que se ha traducido en un comercio exterior balanceado en materia de servicios.
Las exportaciones de servicios chilenos crecieron desde mil ochocientos cuarenta y nueve millones de dólares el año 1990, a cuatro mil ciento diecinueve millones en 1998, es decir, los servicios registraron una expansión media anual de 10,5%, mientras que las ventas de bienes se expandieron a una tasa media de 7,4%.
La prestación de servicios, en especial los servicios profesionales, financieros, transporte, energía y telecomunicaciones, constituye un sector cada vez más importante en nuestra economía y el que más ha crecido. Como consecuencia de este tratado, los ingenieros, abogados y arquitectos chilenos tendrán mejores oportunidades en el mercado de Estados Unidos y podrán operar en condiciones de mayor estabilidad y transparencia.
Por último, este tratado constituye una señal de confianza en la calidad de nuestras políticas e instituciones, y genera un escenario propicio para profundizar nuestro desarrollo exportador, diversificando las ventas externas, ampliando el universo de empresas exportadoras, e incorporando a las pequeñas y medianas empresas chilenas al esfuerzo de modernización e internacionalización.
II. BENEFICIOS DEL TRATADO.
La sociedad chilena se verá favorecida por distintas vías.
Por una parte, rebajas arancelarias que significan una reducción neta de impuestos, incluso después de la compensación por la menor recaudación fiscal derivada de la desgravación arancelaria, aumentando su ingreso disponible y un incremento en la oportunidad y variedad de bienes de consumo disponibles.
Por otra parte, un mayor crecimiento y, por ende, mejores oportunidades de empleo y de salario real, contribuirán también a incrementar el ingreso real disponible de la población, que es la medida más precisa de bienestar, es decir, descontando el efecto inflación y libre de impuestos.
Igualmente, el menor riesgo-país se irá reflejando en menores tasas de interés, incluso en las tasas de los créditos hipotecarios y de consumo, con el consiguiente efecto positivo para el ingreso real disponible.
En los últimos años ha sido creciente el número de empresas chilenas que han exportado a Estados Unidos, y ha aumentado también el número de productos que se han enviado hacia dicho destino. Especial mención debe hacerse a la circunstancia de que el 42% de dichas empresas son pequeñas o medianas empresas exportadoras, que representan un 29% de las exportaciones totales a Estados Unidos.
La productividad de las empresas chilenas se verá incrementada con este tratado, al facilitarse la adquisición oportuna de tecnologías más modernas y a menores precios, lo que redunda en mejores oportunidades para aumentar el valor agregado de la oferta exportable chilena, impulsando las exportaciones de pequeñas y medianas empresas, y reforzando la presencia de manufacturas y de servicios calificados en las exportaciones.
Las empresas chilenas podrán participar en las compras públicas del gobierno federal de Estados Unidos, e incluso en las compras de treinta y siete gobiernos estatales, lo cual constituye la mejor oferta de acceso concedida en esta materia por Estados Unidos.
Este tratado es una valiosa herramienta para generar condiciones más propicias para el desarrollo equitativo de las regiones del país, a través de la expansión exportadora y de la atracción de inversión extranjera. Sus efectos se extienden a todas las regiones, ya que éste cubre la totalidad del comercio de bienes y servicios.
La eliminación de los aranceles para un conjunto de productos, sujetos a un plazo máximo de desgravación de cuatro años, junto a otras disposiciones que mejoran el acceso al mercado de Estados Unidos, significan un importante impulso para el desarrollo manufacturero de la minería, desde la I hasta la VI Región. Asimismo, el impacto positivo del tratado en el desarrollo exportador del sector frutícola, beneficiará desde la III hasta la VII Región. En la V Región, el principal sector beneficiado será la industria petroquímica, en tanto que las nuevas perspectivas para la industria química tienen un efecto positivo en las regiones I y II. El desarrollo de la VII Región también se verá favorecido por el crecimiento de su agroindustria, así como en las regiones IX y X. Finalmente, se debe destacar que la industria forestal localizada en las regiones VIII y IX, así como la industria de la pesca y de los productos del mar, localizadas en las regiones XI y XII, tendrán grandes oportunidades desde el primer día en que entre en vigencia el tratado.
Finalmente, el tratado también avanza respecto de una globalización con un rostro más humano y orientada al desarrollo sustentable. Es así como hemos incorporado los temas laborales y medioambientales, minimizando el riesgo de que sean utilizados como barreras proteccionistas, pero comprometiéndonos rigurosamente con el cumplimiento de nuestra propia legislación en estas materias, con un espíritu de cooperación y con modalidades de solución de controversias acordes a su especificidad.
III. CONTENIDO DEL TRATADO.
1. Introducción.
Los objetivos de este tratado, tal como se recogen en su artículo 1.2, son los siguientes: estimular la expansión y la diversificación del comercio entre las Partes; eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre las Partes; promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las Partes; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y establecer un esquema para una mayor cooperación bilateral, regional y multilateral con el fin de ampliar y mejorar los beneficios del tratado.
Este consta de veinticuatro capítulos: Disposiciones iniciales, Definiciones generales, Trato nacional y acceso de mercancías al mercado, Reglas de origen y procedimientos de origen, Administración aduanera, Medidas sanitarias y fitosanitarias, Obstáculos técnicos al comercio, Defensa comercial, Contratación pública, Inversiones, Comercio transfronterizo de servicios, Servicios financieros, Telecomunicaciones, Entrada temporal de personas de negocios, Comercio electrónico, Política de competencia, monopolios designados y empresas del Estado, Derechos de propiedad intelectual, Laboral, Medio ambiente, Transparencia, Administración del tratado, Solución de controversias, Excepciones, y Disposiciones finales. Cada capítulo tiene una numeración correlativa de artículos, independiente de los otros capítulos.
Las disposiciones específicas relativas a determinados artículos o párrafos de los mismos se establecen en anexos, los que forman parte integrante del capítulo correspondiente. Además, existen anexos generales sobre medidas vigentes o futuras que una Parte puede mantener o adoptar aunque no sean compatibles con las normas generales previstas en los capítulos sobre inversiones, comercio transfronterizo de servicios y servicios financieros. Asimismo, el tratado contempla un capítulo sobre excepciones generales aplicables a todos los demás capítulos y que se refieren, entre otros, a balanza de pagos, tributación, seguridad esencial, divulgación de información, la protección de salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, o para lograr la observancia de las leyes.
2. Comercio de bienes.
a. Trato nacional.
El capítulo de comercio de bienes se inspira en el principio de trato nacional, en virtud del cual los bienes del país exportador no pueden ser objeto de discriminación y tienen el mismo tratamiento que los bienes del país importador.
b. Sistema Generalizado de Preferencias.
Uno de los elementos centrales de este capítulo fue haber consolidado las concesiones unilaterales concedidas por Estados Unidos en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Para el conjunto de productos favorecidos por el SGP, el arancel será cero de un modo permanente, lo cual permitirá a los empresarios planificar mejor sus posibilidades de inversión para aumentar la escala de producción y de exportaciones hacia Estados Unidos, teniendo certidumbre jurídica de que no habrá cambio en las condiciones de acceso al mercado estadounidense por decisión unilateral.
c. Desgravación arancelaria.
También merece especial mención, como una de sus características principales, que el capítulo contempla la desgravación arancelaria del universo de mercancías, es decir, una vez cumplido el período fijado en el cronograma de liberación, todos los bienes, sin excepción, tendrán arancel cero. Esto incluye aquellos sectores donde existe más proteccionismo a nivel mundial, como son la agricultura y el sector textil.
La extensión máxima de dicho cronograma es de doce años, pero la mayoría de los bienes se desgrava totalmente al comenzar a regir el tratado o dentro de un plazo de cuatro años. En efecto, más del 85% de las exportaciones de ambos países gozarán de arancel cero desde el primer día de vigencia del tratado. Dentro de este porcentaje, cabe señalar que un 87% de los productos exportados por Chile a Estados Unidos gozará de desgravación inmediata y sólo el 4,5% de los productos exportados se desgravará en el plazo máximo de diez a doce años.
Respecto de los productos industriales, un 88,5% de los productos exportados a Estados Unidos gozarán de desgravación inmediata; sólo el 0,4% de los productos se desgravarán en diez años; y ninguno a doce años. Lo fundamental es que, en el sector industrial, los concentrados de cobre, textiles, calzado, gasolinas, metanol, carbonatos de litio y aceites combustibles destilados, ingresarán libres de arancel y sin cuotas en forma inmediata.
En el sector minero, prácticamente la totalidad de los productos se desgravará el primer día de vigencia del tratado. Los cátodos de cobre (un producto emblemático, con agregación de valor, en el cual Chile estaba en desventaja en el mercado de Estados Unidos respecto de sus principales competidores) bajarán su arancel a 0,5% el primer día de vigencia del tratado, en conjunto con una cuota de cincuenta y cinco mil toneladas que gozarán de arancel cero, eliminándose totalmente el arancel al inicio del segundo año. Además, los productos mineros (cobre refinado, renio y artículos de aluminio, entre otros) que gozaban del SGP, fueron desgravados en su totalidad, permitiendo una inversión y planificación de la producción con mayor estabilidad y certidumbre.
En el sector agrícola, el 84% de los productos exportados a Estados Unidos gozarán de desgravación inmediata. Sólo un 13,7% de los productos exportados se desgravarán en el plazo máximo de diez a doce años, pero cabe señalar que muchos de estos productos ya son muy competitivos en Estados Unidos con los aranceles actuales y otros obtendrán, durante el proceso de transición, un tratamiento preferencial para una cuota. Mientras, un 14,8% de las importaciones de productos agrícolas desde Estados Unidos se desgravará en los plazos máximos de ocho a doce años. En síntesis, los productos agrícolas de Chile tendrán igual o mejor acceso al mercado de Estados Unidos, que aquellos productos provenientes de México o Canadá que se benefician con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta).
Por otra parte, con el objeto de asegurar para ciertos productos agrícolas sensibles una oportunidad de ajustarse a las nuevas condiciones, se acordaron plazos de desgravación más largos y disposiciones que ayudarán a proteger a los agricultores de alzas súbitas de importaciones agrícolas.
Por su parte, el sector textil se desgravará totalmente desde el primer día de vigencia del tratado. Este nuevo escenario genera inmensas posibilidades para este sector de la industria chilena, en un gran mercado exigente y de alto poder adquisitivo. Los productos textiles chilenos incorporan un valor agregado significativo, resultado de la incorporación de nuevas tecnologías y calificación de la mano de obra, y son muy competitivos en comparación a producciones similares en países más desarrollados. La eliminación arancelaria inmediata resultante de este tratado dará un nuevo impulso a la inversión productiva, a mejoras tecnológicas, al aumento de las exportaciones con valor agregado y estimula la contratación de mano de obra.
Los subsectores de la industria textil que podrían verse más beneficiados, por su nivel actual de competitividad internacional, son los siguientes: telas de lana; telas de fibra sintética; telas de denim (blue jeans); confecciones de ropa de bebé; confecciones de ropa de hombre (ambos, ternos, pantalones), confecciones de ropa interior (camisetas, panties, medias, calcetines) y poleras. Este resultado es potencialmente muy beneficioso en términos del empleo, ya que la industria textil es intensiva en mano de obra tanto directamente como a través de la subcontratación de pequeños talleres. Esta es una buena noticia para la industria textil y sus trabajadores, que han sufrido un duro ajuste durante las últimas décadas.
Respecto del escalonamiento arancelario (mayor arancel a mayor nivel de procesamiento), que limita la diversificación exportadora y que en Estados Unidos se traduce, por ejemplo, en aranceles a los productos textiles al 15, 20 y hasta el 32%, este tratado contempla la eliminación inmediata para la mayoría de los aranceles escalonados, lo cual permite avizorar en el corto plazo un promisorio horizonte para la industria textil, vestuario y calzado.
Por otra parte, Chile renuncia a aplicar la sobretasa del 50% a las mercancías usadas originarias de Estados Unidos.
d. Medidas no arancelarias.
El capítulo prohibe aplicar impuestos a la exportación o restricciones no arancelarias a las importaciones o exportaciones, salvo ciertas medidas excepcionales señaladas expresamente en el tratado, tal como la restricción chilena a las importaciones de vehículos usados.
En un plazo de cuatro años, Chile se compromete a eliminar de manera progresiva el impuesto al lujo aplicado a los automóviles cuyo valor es mayor de quince mil setecientos cuarenta dólares. Para estos efectos, cada año aumentará la base imponible en dos mil quinientos dólares y, al mismo tiempo, la tasa se reducirá a 63,75% el primer año, a 42,50% el segundo, a 21,25% el tercero y a 0% el cuarto año.
La admisión temporal de mercancías, la reimportación de mercancías que han salido temporalmente para reparación o alteración, y la importación de muestras comerciales y materiales de publicidad impresos, estarán exentas de los derechos aduaneros correspondientes. Por otro lado, resulta de especial relevancia para los pequeños exportadores la eliminación, para las importaciones provenientes de Chile, de la tasa aduanera de Estados Unidos denominada “merchandise process fee”, que corresponde a 0,21% ad valorem con un tope de cuatrocientos ochenta y cinco dólares.
e. Programa de devolución y diferimiento de aranceles aduaneros y subsidios a la exportación.
El capítulo prohibe, para los bienes que van a ser exportados a la otra Parte, el uso de mecanismos de reembolso de aranceles aduaneros de insumos importados que se han incorporado a un bien exportado, u otro régimen de exención de aranceles aduaneros o diferimiento de dichos aranceles respecto a insumos importados que posteriormente son incorporados a mercancías exportadas. Sin embargo, esta prohibición fue diferida en doce años a partir de la entrada en vigencia del tratado, con un programa de desmantelamiento progresivo que se inicia el octavo año. En materia de subsidios a la exportación, Estados Unidos asumió el compromiso de no utilizarlos respecto de los bienes agrícolas que se destinen a Chile.
f. Valoración aduanera de un medio portador.
Es importante destacar que, para los propósitos de definir el valor aduanero de un medio portador que lleve contenido, es decir, discos compactos, cassettes u otros medios que contengan grabaciones de imágenes, sonidos o programas de computación, este tratado establece que su determinación se basará sólo en el valor del medio portador.
g. Productos distintivos.
En lo relativo a productos distintivos, Estados Unidos reconoce el “pisco chileno”, “pajarete” y “vino asoleado”, lo cual implica el compromiso de no permitir la venta de dichos productos en Estados Unidos, a menos que hayan sido producidos en Chile de conformidad con la legislación aplicable.
h. Normas técnicas de comercialización agropecuaria y normas de clasificación.
Finalmente, el capítulo crea un Comité especial para tratar los temas relacionados con los programas de comercialización y calidad de Estados Unidos que afectan especialmente a las exportaciones de frutas (marketing orders, promotion and information program). Además, se establece el reconocimiento mutuo de los programas de clasificación para la comercialización de la carne bovina.
3. Reglas de origen.
El capítulo de reglas de origen establece los requisitos mínimos de transformación que deben cumplir los bienes producidos en un país como condición para gozar de las preferencias arancelarias establecidas en el tratado. Las formas de calificar el origen varían entre los diferentes bienes; así, puede exigirse que los bienes sean totalmente obtenidos en un país, que se haya producido un cambio de clasificación arancelaria, o el cumplimiento de un valor de contenido regional. Respecto del método de cálculo del valor de contenido regional, el tratado establece una significativa simplificación en su forma de cálculo, existiendo la posibilidad de elegir entre dos métodos alternativos: el método de reducción o el método de aumento.
Además de las reglas generales previstas en el capítulo, se prevé una lista con las exigencias específicas que cada producto debe cumplir para efectos de ser considerado originario y acceder a las preferencias del tratado. Con esto se persigue no dejar espacio a interpretaciones ambiguas y facilitar la comprensión y aplicación de estas normas por parte de los exportadores, ya que estos sólo requerirán conocer la regla específica del producto que desean exportar para determinar si puede gozar de una preferencia.
En este tratado se logró establecer una importante flexibilización de las normas de origen respecto de las negociadas por Estados Unidos en el NAFTA. En el sector textil, donde el tratado contempla reglas similares a las del NAFTA, se obtuvieron normas de origen más flexibles para ciertas cuotas importantes de productos textiles, las que permiten ingresar al mercado de Estados Unidos en condiciones preferenciales.
El sistema para la certificación de origen establecido en este tratado, a diferencia del previsto en otros acuerdos de libre comercio, se basa en la autocertificación y puede ser realizada tanto por el exportador como por el productor o importador.
4. Administración aduanera.
Con el fin de facilitar el desarrollo del comercio bilateral, las normas previstas en el tratado relativas a administración aduanera, consagran como compromiso esencial de las Partes la transparencia y publicidad de la normativa aduanera, profundizando lo que ya estaba realizando el Servicio Nacional de Aduanas de Chile y sin implicar cambios legislativos. Asimismo, se establece la obligación de mantener procedimientos simplificados para la liberación de las mercancías, y específicamente de los envíos de entrega rápida, la utilización de análisis de riesgo en los procedimientos de fiscalización, y la debida automatización de todos los procedimientos aduaneros en general. Por último, se determina un procedimiento novedoso para la utilización de resoluciones anticipadas a la importación de mercancías que se pueden solicitar a las aduanas, no sólo en materia de origen, sino también sobre clasificación arancelaria y valoración aduanera.
Respecto de aquellas medidas sobre publicidad y envíos de entrega rápida que requerirán de implementación, Chile cuenta con un plazo de tres años para adoptar las medidas pertinentes. El mismo plazo se acordó para la aplicación plena de las resoluciones anticipadas sobre valoración aduanera.
Se contemplan, asimismo, compromisos de intercambio de información comercial, implementación de leyes y regulaciones aduaneras y de cooperación técnica, que no están previstos en los convenios aduaneros tradicionalmente negociados. Estos compromisos de cooperación quedaron resguardados por las limitaciones de las legislaciones internas en materia de confidencialidad y del contenido de la información a intercambiar.
5. Salvaguardias.
Las salvaguardias son medidas transitorias que un país puede adoptar como resguardo en favor de una industria nacional frente a un aumento imprevisto de importaciones de ese mismo bien o de un bien directamente competidor, cuando éstas causan o amenazan causar un daño grave a los productores locales. En este tratado se negociaron reglas para la aplicación de salvaguardias bilaterales, específicas (agrícolas y textiles) y globales.
a. Salvaguardias bilaterales.
El capítulo sobre defensa comercial permite adoptar salvaguardias aplicables solamente al socio comercial, cuando el daño se deba a un aumento imprevisto de importaciones como consecuencia, justamente, de la desgravación arancelaria establecida en el tratado.
Dichas medidas se pueden aplicar solamente dentro del período de transición de diez años para productos industriales, y de doce años para los productos agrícolas que estén sujetos a un plazo de desgravación de doce años.
Las medidas de salvaguardia bilateral sólo pueden consistir en una sobretasa arancelaria que no podrá aplicarse por más de tres años, incluida cualquier prórroga, y que no podrá volver a adoptarse para un mismo producto. La sobretasa a aplicar podrá ajustarse hasta un máximo arancelario de nación más favorecida. Al adoptar esta clase de medidas se debe otorgar una compensación, a través de concesiones equivalentes en el comercio bilateral. No podrán ser aplicadas en forma simultánea con salvaguardias globales para un mismo producto.
Está expresamente contemplado en el tratado que, al determinar las causas de un posible aumento de importaciones en Estados Unidos, debe tomarse en consideración que algunos productos chilenos ya estaban libres de arancel en el mercado de ese país previo a la suscripción del tratado, principalmente porque se beneficiaban del SGP, y que además fueron incorporados a la lista de desgravación inmediata.
Para la implementación de las disposiciones que regulan las salvaguardias bilaterales, no se requieren modificaciones legales o administrativas, salvo publicar un reglamento que establezca el órgano competente encargado de llevar a cabo las correspondientes investigaciones.
b. Salvaguardias especiales.
El capítulo sobre trato nacional y acceso de mercancías al mercado, contempla dos clases de salvaguardias especiales: una para el sector textil y otra para el sector agrícola. La cobertura de tales instrumentos fue restringida significativamente, sólo para ciertos productos considerados de alta sensibilidad en la producción interna de cada país, los que no habrían podido tener una liberación acelerada si es que no se hubiese previsto un mecanismo de este tipo.
Las medidas de salvaguardia textiles tienen un procedimiento similar al de las salvaguardias bilaterales, es decir, período de transición, máxima duración, techo máximo de nación más favorecida y compensación. Sus principales elementos distintivos son el uso de un concepto menos estricto en la medición del daño, y el organismo encargado del proceso de investigación en el caso de Estados Unidos, que difiere de aquél encargado de las otras salvaguardias. Para la implementación de este mecanismo en Chile, se requiere dictar un reglamento y designar el organismo competente encargado de las investigaciones correspondientes.
Respecto de las salvaguardias agrícolas, cabe señalar que se aplican en forma automática a los productos listados cuando el precio de importación de un embarque sea inferior al precio de referencia para ese producto. El precio de referencia ha sido determinado para cada producto sujeto a esta salvaguardia, de acuerdo al promedio de los dos años en que se registraron los menores precios para la importación de ese producto desde el otro país signatario o desde el resto del mundo. Estas salvaguardias deben revestir la forma de una sobretasa arancelaria, no están sujetas a compensación y pueden aplicarse sólo durante el período de transición. La sobretasa aplicada, sumada al arancel preferencial vigente, no puede ser superior al arancel de nación más favorecida. Además, no pueden ser aplicadas en forma simultánea con otra salvaguardia para el mismo producto.
c. Salvaguardias globales.
Para aquellos casos en que sea necesario defender áreas de la producción en dificultades, debido a un aumento significativo e imprevisto de importaciones de orígenes diversos, Chile mantiene el derecho de aplicar las disciplinas del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), en los términos previstos en nuestra legislación. La legislación chilena permite la aplicación de salvaguardias que consistan en sobretasas arancelarias y por un plazo máximo de un año, que puede renovarse una sola vez por un período que igualmente no sobrepase de un año.
En tales casos, corresponde a la Comisión Nacional Encargada de Investigar Distorsiones en los Precios de Mercaderías Importadas, determinar si se reúnen todas las condiciones requeridas para aplicar sobretasas arancelarias respecto de los productos provenientes de cualquier país, con el objeto de permitir en forma temporal dar un espacio para que la actividad afectada pueda ajustarse a la competencia externa.
6. Antidumping y derechos compensatorios.
Los derechos antidumping son un instrumento de carácter transitorio que busca enfrentar el dumping, que consiste en la venta de un producto en el exterior a un precio menor al precio que se registra en el mercado interno y siempre que cause o amenace causar daño a los productores locales de ese bien. Los derechos compensatorios, por su parte, constituyen un instrumento que se puede aplicar para contrarrestar el daño producido por importaciones subvencionadas. Los subsidios o subvenciones son aquellas contribuciones financieras u otra forma de subvención otorgada por un gobierno u organismo público a una empresa o rama de la producción, mediante la cual le confiere una ventaja.
En este tratado, cada país signatario mantuvo el derecho de aplicar las normas previstas en el Acuerdo que establece la OMC en materia de antidumping y derechos compensatorios.
7. Barreras técnicas al comercio.
Este capítulo se refiere a normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, y su objetivo principal es facilitar el comercio, evitando que tales medidas se transformen en obstáculos innecesarios al comercio.
Se profundizan algunas de las disciplinas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos de la OMC y, al mismo tiempo, se incluyen otros mecanismos de colaboración y facilitación del comercio.
Cabe destacar que el tratado prevé la creación de un comité de expertos que constituya el foro para abordar los problemas que puedan surgir en el comercio bilateral, relacionados con los obstáculos técnicos al comercio. Además, se incluye la obligación de dar explicaciones cuando las peticiones de una Parte no son aceptadas por la otra en temas que son de interés para Chile, como son la equivalencia de reglamentos técnicos y la evaluación de la conformidad.
Como una forma de facilitar el comercio entre las Partes, se plantea la identificación de iniciativas bilaterales que sean apropiadas para asuntos o sectores determinados, las que podrán incluir la cooperación sobre materias regulatorias, tales como la convergencia o la equivalencia de los reglamentos y las normas técnicas, el alineamiento con normas internacionales, la confianza en la declaración de conformidad del proveedor, el uso de la acreditación, así como la cooperación a través del reconocimiento mutuo.
Para la plena implementación de este capítulo, en lo relativo a transparencia, se estableció un plazo de transición de cinco años para realizar los cambios requeridos.
8. Asuntos sanitarios y fitosanitarios.
El tratado establece un comité encargado del seguimiento de la implementación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, con el objeto de contar con una instancia especial para realizar consultas técnicas sobre problemas que surjan en el comercio bilateral y para el reconocimiento de sistemas de inspección y certificación para la facilitación del comercio.
9. Contratación pública.
Este Capítulo otorgará a las empresas chilenas acceso al mercado público estadounidense y mejorará significativamente las disciplinas de contratación pública, sin que ello reste flexibilidad o dinamismo a los procedimientos internos vigentes.
El gasto total del gobierno de Estados Unidos en el año 1998 fue mayor a uno coma cuarenta y tres billones de dólares y para el año 2000, las adquisiciones a nivel federal -sin considerar estados y empresas públicas- fueron del orden de los doscientos tres mil quinientos millones de dólares. Como contrapartida, las adquisiciones en nuestro país durante el año 2001 -sin considerar municipalidades y empresas públicas- ascendieron a tres mil millones de dólares.
En consecuencia, el tratado abre a los proveedores chilenos de bienes y servicios un nuevo y enorme mercado público. En la actualidad, la participación de Chile en dicho mercado es inexistente, por cuanto, a diferencia de lo que sucede en Chile -donde no existen limitaciones o prohibiciones a proveedores extranjeros para contratar con el sector público-, en los Estados Unidos, por mandato legal, las entidades de gobierno sólo están autorizadas a adquirir bienes domésticos exclusivamente de proveedores de los Estados Unidos. Sólo los países con quienes Estados Unidos ha suscrito acuerdos comerciales están excluidos de dicha normativa, lo que permite que sus bienes cumplan con los requisitos para participar en los procesos de contratación, excepción que como consecuencia del tratado se hará extensiva a nuestros proveedores.
La cobertura acordada en el capítulo es amplia. Chile no sólo tendrá acceso a la totalidad de entidades en el ámbito federal, sino que, además, accederá a las adquisiciones de treinta y siete estados y a una serie de empresas públicas, logrando incluso un mejor acceso que el otorgado a los países del NAFTA, impedidos de participar en contratos a nivel subfederal. Asimismo, Chile tendrá mejor acceso en Estados Unidos que otros países debido a que el capítulo se aplicará a umbrales más bajos, es decir, el monto de las compras a partir del cual rige el tratado es una cifra menor (cincuenta mil dólares).
Además, el capítulo consagra los principios de trato nacional, no discriminación y transparencia de los procesos de contratación; se establece la necesidad de publicar, adecuadamente y en un sólo medio, todos los llamados a licitación cubiertos por el capítulo, y de informar oportunamente los resultados de tales licitaciones; se estandarizan los plazos para la presentación de ofertas; se establecen reglas para asegurar estándares mínimos de integridad de los funcionarios públicos involucrados en los procesos de contratación; se establece la licitación pública como regla general de contratación; y se reafirma el derecho a recurrir ante una autoridad jurisdiccional independiente frente a cualquier violación de los principios señalados.
Por último, el capítulo constituye una valiosa herramienta de apoyo en la política de perfeccionamiento de los procesos de contratación pública impulsada por nuestro Gobierno, al ser coincidente con los objetivos planteados a nivel interno.
10. Inversiones.
a. Introducción.
El capítulo sobre inversiones pretende fomentar el ingreso de capitales, a través de disposiciones que otorguen estabilidad y seguridad a los inversionistas y aseguren un trato no discriminatorio en relación con la inversión nacional o la inversión de terceros países.
Este tratado no contiene modificaciones sustanciales a las normas nacionales vigentes en materia de inversiones, ya que básicamente se consolidaron las obligaciones negociadas anteriormente por Chile con Canadá y con México, garantizándose el acceso y la protección de las inversiones, a través de disciplinas de trato nacional, nación más favorecida, prohibición de requisitos de desempeño y de exigir nacionalidad para altos ejecutivos de una empresa.
Sin embargo, se reconoce la existencia de ciertas excepciones a tales compromisos, pudiendo cada país conservar determinadas medidas que resulten disconformes frente a las disposiciones acordadas y que hayan estado vigentes a la fecha de entrada en vigor del tratado, las cuales se encuentran descritas en el Anexo I. Dichas medidas sólo pueden modificarse en el sentido de hacerlas más compatibles con los principios del capítulo. Además, cada país mantiene el derecho de adoptar medidas disconformes, en los sectores y en los términos indicados en el Anexo II.
En términos generales, Chile mantuvo la misma apertura que negoció con Canadá y México, recibiendo como contrapartida el mismo trato concedido por Estados Unidos en el Nafta.
Estados Unidos reconoció las normas voluntarias en materia de inversión extranjera establecidas en el Estatuto de Inversión Extranjera de Chile, contenido en el Decreto Ley Nº 600 de 1974. Se estableció expresamente la facultad del Comité de Inversiones Extranjeras de decidir de manera no discriminatoria si autoriza la suscripción de un contrato de esta clase y sus condiciones, las que incluyen la exigencia de una determinada relación mínima entre deuda y capital y la restricción de un año para la repatriación del capital.
b. Expropiación.
En materia de expropiaciones, el capítulo establece las condiciones requeridas para llevarlas a cabo y garantiza a los inversionistas del otro país una compensación justa y adecuada, en caso que se produzcan. Asimismo, se incluye un anexo que aclara el concepto de expropiación indirecta, con el objeto de salvaguardar la potestad regulatoria del Estado, que ha sido cuestionada en numerosos arbitrajes internacionales en materia de inversión.
c. Transferencias.
El capítulo de inversiones contiene el principio de libre transferencia. Si bien dicha disposición no ha sido reservada como en ocasiones anteriores, ella se ha limitado significativamente a través de la incorporación de un anexo especial relativo a la solución de controversias relacionadas con la imposición de medidas restrictivas con respecto a pagos y transferencias. En dicho anexo se han impuesto diversas restricciones a la capacidad de inversionistas extranjeros de accionar ante tribunales internacionales frente a eventuales infracciones a sus derechos como inversionista, incluido el de libre transferencia. Estas restricciones permiten a Chile mantener la habilidad de protegerse frente a turbulencias financieras que pudiesen hacer necesario imponer restricciones excepcionales a los flujos de capitales.
d. Solución de controversias.
Al igual que en anteriores tratados de libre comercio, se establece un sistema especial de solución de controversias relacionadas con inversiones, en virtud del cual un inversionista puede reclamar contra el Estado receptor de su inversión por el incumplimiento de alguna de las obligaciones sustanciales del capítulo. Además, el inversionista puede iniciar un proceso de arbitraje en el caso que se viole una autorización de inversión, aclarando que a la entrada en vigencia del tratado Chile y Estados Unidos no tienen sistemas de autorización de inversión. Asimismo, el inversionista puede llevar al Estado receptor de la inversión a arbitraje internacional por violación de un “acuerdo de inversión”. La definición de “acuerdo de inversión” prevé una cobertura reducida para Chile y sólo permite impugnar aquellos acuerdos suscritos después de dos años de la entrada en vigencia del tratado.
Conforme a este mecanismo, si las partes contendientes no llegan a una solución de la disputa a través de consultas, el inversionista podrá someter el asunto a arbitraje, siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde que tuvieron lugar los hechos. El inversionista podrá escoger llevar a cabo el procedimiento arbitral conforme a las reglas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi), o las Reglas de Mecanismo Complementario del Ciadi, si uno de los dos países no es miembro del Ciadi, o las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). Si un inversionista elige someter una reclamación conforme al procedimiento establecido en el capítulo, debe renunciar a iniciar un procedimiento ante los tribunales ordinarios del Estado receptor de la inversión y la opción es definitiva.
El capítulo incluye nuevas normas procesales que no se encuentran previstas en anteriores tratados, que establecen un marco de mayor transparencia en los procedimientos, permiten la participación pública en los mismos y tienden a evitar las demandas frívolas. Al respecto, el capítulo dispone, por una parte, que las audiencias ante el tribunal arbitral serán públicas y que los documentos presentados se pondrán a disposición del público y, por la otra, que el tribunal arbitral está facultado para recibir y considerar informes de personas o entidades ajenas a la controversia, denominadas “amicus curiae”. Respecto de demandas frívolas, se establece un procedimiento expedito para que el tribunal resuelva acerca de su competencia y sobre los méritos para continuar el procedimiento, previéndose el pago de todos los gastos del proceso, cuando se estime que una demanda es frívola.
11. Servicios.
El capítulo de servicios regula el comercio de servicios transfronterizos, con o sin movimiento del proveedor o consumidor del servicio. Las inversiones que recaen en empresas que prestan servicios se rigen por el capítulo de inversiones, y los servicios relativos al sector financiero se rigen por el capítulo sobre servicios financieros.
El capítulo otorga protección y acceso a la prestación de servicios transfronterizos a través de las disciplinas de trato nacional, nación más favorecida, la no obligación de presencia local y el acceso a mercados. Se tuvo como referente los respectivos capítulos de servicios contenidos en tratados bilaterales suscritos anteriormente, así como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC.
El capítulo extiende las disciplinas de reglamentación nacional, trasparencia y acceso a los mercados a las inversiones en servicios, pero los inversionistas no pueden impugnar su incumplimiento ante un tribunal arbitral. También prevé una disposición sobre implementación, que consiste en una revisión anual de temas de interés mutuo, incluyendo la posible eliminación de requisitos de nacionalidad y residencia permanente, así como procedimientos para transparentar las mejoras unilaterales que realicen las Partes respecto de las medidas que afectan el comercio recíproco de servicios.
Al igual que el capítulo de inversiones, el capítulo sobre servicios reconoce ciertas excepciones en los Anexos I y II. El Anexo I agrupa todas las medidas existentes que estén en disconformidad con las obligaciones del capítulo; y el Anexo II señala aquellos sectores especialmente sensibles respecto de los cuales las Partes se reservan el derecho de adoptar nuevas medidas disconformes con las obligaciones del capítulo.
Entre las medidas disconformes de Chile, corresponde resaltar aquella relativa a la exigencia del Código del Trabajo sobre el mínimo de ochenta y cinco por ciento de trabajadores chilenos de una empresa, ya que con el objeto de facilitar las inversiones desde Estados Unidos, el Anexo I presume la aplicabilidad de la excepción relativa a personal técnico experto, durante un período de dieciocho meses desde el establecimiento del inversionista.
12. Entrada temporal de personas de negocios.
El capítulo tiene como finalidad disponer de los instrumentos necesarios para hacer efectivos los derechos y obligaciones que se establecen en los capítulos sobre bienes, inversiones y servicios.
Esto se logra mediante compromisos que otorgan facilidades migratorias a los nacionales del otro país que participan en el comercio de mercancías o suministro de servicios, o en actividades de inversión, independientes de las normas internas que regulan al sector específico y, también, a través de normas sobre transparencia que permiten conocer con exactitud los requisitos que se deben cumplir y las actividades que se pueden realizar, acorde con cada tipo de residencia. En consecuencia, con estas disposiciones dichas personas, al momento de ingresar al territorio de la otra Parte, recibirán un trato especial y ventajoso, en relación con el régimen común, que les permitirá aprovechar los derechos garantizados en otros capítulos del tratado.
Se otorgan facilidades adicionales para la tramitación, requerimientos y plazos para el otorgamiento de visas a chilenos que deseen ingresar a Estados Unidos en cualquiera de las cuatro categorías de personas de negocios que se contemplan: visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, personal transferido dentro de una empresa y profesionales. Este acceso mejorado al sistema migratorio estadounidense ocurre en un momento en que progresivamente Estados Unidos adopta nuevas medidas de protección frente a la entrada de extranjeros en su territorio.
Corresponde destacar que, en virtud de este capítulo, no se pueden establecer límites numéricos ni procedimientos previos o certificaciones laborales como condición para el otorgamiento de una visa y que, en el caso específico de los comerciantes e inversionistas, los chilenos calificarán para la obtención de una visa especial a la que acceden sólo los nacionales de países signatarios de acuerdos comerciales con Estados Unidos.
No obstante, en materia de cuotas y de la certificación laboral que Estados Unidos exige para la emisión de visas, el capítulo prevé una excepción relativa a profesionales. En efecto, el tratado establece una entrada preferencial con cupo de mil cuatrocientos profesionales al año, cifra que no incluye las renovaciones de visas, ni las visas de dependientes, esto es, hijos menores y cónyuges.
A diferencia del Nafta o de lo acordado por Chile con Canadá y México , este capítulo crea para los servicios profesionales un estándar en reemplazo de una lista taxativa de profesiones, lo que otorgará mayor flexibilidad al sistema.
13. Telecomunicaciones.
Los compromisos asumidos en este capítulo son coincidentes con aquellos ya adquiridos por Chile en la OMC o con México, Canadá , Unión Europea y Corea del Sur. Además, este capítulo es complementario a los compromisos asumidos sobre inversiones y servicios transfronterizos. Se refiere al acceso y uso de las redes de telecomunicaciones, desarrolla disciplinas aplicables a los proveedores dominantes de servicios públicos de telecomunicaciones, e incorpora disciplinas sobre los servicios de información y otras materias relacionadas con las regulaciones en el sector.
En lo que respecta al ámbito de aplicación, el capítulo prevé una cobertura más amplia que en otros tratados internacionales. En materia de acceso y uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones, se mantuvo el nivel de flexibilidad para aplicar las normas regulatorias que sean necesarias para salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones y proteger la integridad de las redes de telecomunicaciones. El capítulo contiene normas relativas a proveedores dominantes, interconexión, otorgamiento de licencias, asignación de recursos escasos y los servicios universales, que tienen como finalidad salvaguardar la competencia e incorporan conceptos como la racionalidad y la no discriminación. Sobre transparencia, el capítulo pretende que se encuentren públicamente disponibles las medidas relativas a acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones.
14. Servicios financieros.
El objetivo del capítulo es lograr la liberalización del comercio de servicios de naturaleza financiera, distinguiendo entre seguros y servicios relacionados con los seguros, y servicios bancarios y otros servicios financieros.
Además de las oportunidades que se crean para Chile como potencial exportador de servicios financieros, cabe destacar la posibilidad de que el país pueda transformarse en el lugar desde el cual las instituciones financieras de los Estados Unidos presten servicios financieros en los demás mercados de América Latina. Tampoco debe perderse de vista el beneficio que obtendrán los consumidores ante un eventual aumento de la competencia entre los distintos oferentes de servicios financieros.
El capítulo prevé disposiciones sobre transparencia para el desarrollo y aplicación de regulaciones financieras, en la misma línea de lo que ya están haciendo las superintendencias respectivas para establecer mecanismos de consulta y diálogo con el sector privado, al modificar o crear una norma.
Respecto de los seguros y servicios relacionados con seguros, se consolidó la apertura actual en materia de presencia de compañías de seguros, que permite el establecimiento de compañías de seguros extranjeras en Chile. Sin embargo, se acordó que Chile también permitirá su establecimiento bajo la forma de sucursales, las que tendrán las mismas obligaciones de capital y reservas que las compañías establecidas como subsidiarias. Además, se convino que las compañías de seguros de Estados Unidos no establecidas en Chile sólo podrán ofrecer seguros que cubran los riesgos relacionados con el transporte marítimo y aéreo internacionales a clientes residentes en Chile. Por último, se consolidó el consumo en el extranjero de seguros, con la excepción de los obligatorios y los relacionados con la seguridad social, tal como lo permite actualmente la legislación chilena sobre la materia.
En cuanto a los servicios bancarios y de valores, se consolidó la actual apertura a la presencia comercial de instituciones financieras extranjeras en el mercado de capitales de Chile. No habrá ningún cambio respecto de la forma como se regulan las sucursales de bancos extranjeros en nuestro país. También se consolida la prestación de servicios relacionados con la entrega de información sobre los mercados financieros, de procesamiento de datos financieros y de asesorías de inversión por parte de entidades financieras no establecidas en Chile. Al igual que en el caso de los seguros, se consolidó el consumo en el extranjero de estos servicios, aunque no su comercialización en Chile, y sujeto a las normas de cambios internacionales del Banco Central.
En lo relativo a la administración de fondos de pensiones, se mantiene plena libertad para que el Banco Central fije el límite de inversión de estos fondos en el exterior. En el tratado se consolida el derecho de establecimiento de empresas de administración de fondos de pensiones de propiedad estadounidense, tal como lo permite actualmente la legislación chilena.
El capítulo reconoce el derecho de cada país de mantener las medidas que puedan resultar disconformes con las disposiciones acordadas y que estuvieren vigentes a la fecha de entrada en vigor del tratado o, incluso, de adoptar en el futuro ciertas medidas disconformes con el capítulo, las cuales se encuentran descritas en el Anexo III.
El capítulo contiene una excepción general que permite a todas las entidades reguladoras de los servicios financieros, imponer las medidas de carácter cautelar necesarias para proteger a los consumidores de servicios financieros (depositantes, tenedores de pólizas de seguro, etc.), así como para mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero y de las instituciones financieras. De esta manera, se protegen las facultades de las superintendencias respectivas. No obstante, dichas medidas no debieran ser utilizadas como medio para incumplir los compromisos tomados.
15. Comercio electrónico.
El comercio electrónico es aquél que involucra la utilización de internet como medio para el intercambio de productos digitalizados transmitidos electrónicamente. Este es un tema nuevo en el ámbito del comercio internacional; aún no hay un tratamiento internacional a nivel multilateral que dé garantías al desarrollo de esta actividad. El objetivo del capítulo es reconocer la creciente relevancia del comercio electrónico y la importancia de limitar las barreras innecesarias para que éste se pueda desarrollar.
Los “productos digitalizados transmitidos electrónicamente” son aquellos productos que se “descargan” a través del computador. No incluye los que están incorporados en un “medio portador, tales como compact disk o disquetes. Cabe señalar que el concepto de productos digitalizados se refiere a programas computacionales, texto, video, imágenes, grabaciones de sonido y otros productos que sean codificados digitalmente y transmitidos electrónicamente, independientemente de si una Parte trata a dichos productos como un bien o como un servicio, de conformidad con su legislación interna.
El capítulo consagra el compromiso de no aplicar aranceles aduaneros a los productos digitalizados transmitidos electrónicamente. También contempla el principio general de no discriminación para los productos digitalizados en atención a su origen o autor. Sin embargo, dentro del plazo de un año desde la fecha de entrada en vigencia del tratado, una Parte puede presentar una lista de sus medidas disconformes con el principio de no discriminación, con el objeto de poder mantenerlas con posterioridad a dicho plazo.
Aunque Chile no es un productor relevante en este mercado, con este tratado los productores chilenos gozarán de un trato preferente en Estados Unidos, lo cual en si mismo constituye un atractivo en la captación de inversión extranjera en este rubro. Examinando este capítulo en conjunto con el de propiedad intelectual, se refuerza la opción de Chile de constituirse en una plataforma regional de servicios calificados e intensivos en nuevas tecnologías.
16. Política de competencia, monopolios designados y empresas del Estado.
Este capítulo es plenamente compatible con la legislación vigente en Chile en la materia y establece, básicamente, la obligación de mantener o adoptar medidas que prohiban prácticas contrarias a la libre competencia. Además, el capítulo contiene disposiciones relativas a cooperación, con el objeto de profundizar el cumplimiento efectivo de las leyes de competencia en el área de libre comercio y, de esta manera, impedir que prácticas anticompetitivas puedan menoscabar el impacto positivo de este tratado en las economías de ambos países. Sin embargo, el cumplimiento de ninguna de estas obligaciones podrá invocarse en el sistema de solución de controversias del tratado.
El capítulo permite designar monopolios y establecer o mantener empresas del Estado, pero exige que en tales casos deben adoptarse las medidas necesarias con el objeto de que el monopolio o la empresa del Estado actúen de manera compatible con las obligaciones del tratado, tomando sus decisiones solamente bajo consideraciones comerciales y otorgando un trato no discriminatorio en sus adquisiciones y ventas. Estas obligaciones sí son recurribles bajo el mecanismo de solución de controversias del tratado.
17. Propiedad intelectual.
a. Introducción.
Este tratado contempla un extenso capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual -incluyendo disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio, nombres de dominio en internet, indicaciones geográficas, derechos de autor y derechos conexos, protección de señales satelitales portadoras de programas codificados, patentes, productos regulados y observancia- que incursiona en materias de gran complejidad, pero claves para el desarrollo de la creación e innovación en el país, las que contribuirán a posicionar a Chile como plataforma de inversiones tecnológicas.
El capítulo establece un equilibrio entre los derechos de los titulares de propiedad intelectual y los derechos de los consumidores. Aunque contiene normas que mejoran la protección de las creaciones intelectuales, se salvaguarda el derecho de contemplar excepciones y limitaciones a los derechos de propiedad intelectual, con el objeto de reducir las deficiencias del mercado en este ámbito y asegurar la difusión y transferencia de tecnología. En síntesis, se asegura la protección de la innovación pero sin una sobreprotección que dificulte el acceso de la población a obras e invenciones a costos razonables.
El capítulo también establece un equilibrio entre los intereses de los titulares nacionales y los titulares extranjeros de propiedad intelectual, de modo de garantizar el intercambio fluido de conocimientos y evitar trabas innecesarias en el comercio de bienes y servicios con contenidos de propiedad intelectual. Un elemento fundamental que se debe mencionar, es que el tratado respeta los sistemas jurídicos procesales de ambos países y deja a resguardo instituciones propias de nuestro sistema de propiedad intelectual, como son los derechos morales en materia de derecho de autor.
En particular, se consagra la obligación de adherir y ratificar ciertos acuerdos multilaterales de propiedad intelectual que, en términos generales, crean mecanismos procedimentales que ayudarán tanto a los inventores y titulares chilenos como a los inversionistas extranjeros, a optimizar sus recursos, facilitar los trámites de solicitud y crear ambientes seguros para la protección de sus derechos. Se deja expresa constancia que ninguna disposición del capítulo irá en detrimento de las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la OMC (Acuerdo sobre los ADPIC) o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La importancia de esto radica en que muchas disposiciones fueron omitidas en este tratado por estimarse redundantes con disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC o de los tratados de la Ompi.
b. Marcas de fábrica o de comercio.
En materia de marcas de fábrica o de comercio, se admite la posibilidad de registrar marcas sonoras; se fortalece la protección de marcas notoriamente conocidas; se clarifica la relación entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas; se salvaguarda la posibilidad de establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca; y se regulan aspectos del procedimiento de solicitud y anulación del registro de marcas que servirán para modernizar aún más el sistema de propiedad industrial.
c. Nombres de dominio.
En relación con los nombres de dominio en internet, las Partes adquirieron el compromiso de contar con un sistema de solución de controversias, ajustado a estándares internacionales, respecto de problemas de ciber-piratería de marcas para nombres de dominio de país de nivel superior. Además, se adquiere un compromiso de transparencia en cuanto a disponer de una base de datos de acceso público, con información sobre las personas que registran nombres de dominio de país de nivel superior, protegiendo los datos personales de quienes realicen tal registro. Ambas materias ya están debidamente cubiertas por el sistema de administración del nombre de dominio de país de nivel superior correspondiente a nuestro país.
d. Indicaciones geográficas.
El capítulo contempla la obligación de proporcionar medios legales para proteger recíprocamente las indicaciones geográficas, proveer procedimientos de oposición y anulación de indicaciones geográficas y facilitar y publicitar los procedimientos de solicitud y oposición de las mismas. Además, se establece un mecanismo de publicidad respecto de la forma en que se implementarán las disposiciones relativas a indicaciones geográficas.
e. Derechos de autor y derechos conexos.
En materia de derechos de autor y derechos conexos, se protegen los derechos de autores, artistas, interpretes y ejecutantes y productores de fonogramas, preservando ciertas diferencias entre los sistemas de ambas Partes respecto del tratamiento de los derechos patrimoniales y preservando el derecho moral de los autores. Además, se aumentan los términos de protección de los derechos de autor y derechos conexos, acercando los plazos a estándares cada vez más aceptados en el ámbito internacional. Se reconocen derechos ya establecidos en tratados internacionales suscritos por nuestro país y se reglamentan otras obligaciones emanadas de esos mismos tratados. En definitiva, se incorporan disposiciones más acordes con las exigencias de la era digital, manteniendo la posibilidad de limitar los derechos de autor y derechos conexos, de manera que no se impida injustificadamente el acceso del público a las obras.
f. Señales satelitales portadoras de programas codificados.
En lo concerniente a la protección de señales satelitales portadoras de programas codificados, corresponde a cada país sancionar civil o penalmente el tráfico y manufactura de aparatos o servicios que sirvan para decodificar una señal de satélite portadora de un programa codificado sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal. También se debe sancionar a quienes reciban o distribuyan dichas señales sin la autorización del distribuidor de la señal.
g. Patentes y productos regulados.
El capítulo contempla, respecto de patentes y de productos regulados, la obligación de realizar esfuerzos razonables mediante un proceso transparente y participativo, para proteger mediante patentes, a plantas que cumplan con los requisitos generales de patentabilidad.
Mientras que, por un lado, las Partes se comprometieron a extender el plazo de protección de la patente por demoras injustificadas en el otorgamiento de la patente, por el otro, se contemplan mecanismos para autorizar a terceros que usen la materia protegida por una patente, con el objeto de solicitar la autorización de comercialización o permiso sanitario de un medicamento y preparar su entrada al mercado una vez que venza el plazo de la patente.
Junto con disponer de mecanismos que facilitan a los titulares de patentes proteger sus invenciones, se establece la posibilidad de prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos a los titulares, siempre que se tomen resguardos para no perjudicar excesivamente a los titulares de la patente. En materia de productos regulados, se establecen de manera expresa, entre otras, obligaciones ya existentes para Chile desde que se hizo exigible para nuestro país el Acuerdo sobre los Adpic. Es así como las Partes se comprometieron a resguardar, durante cierto período, información relativa a seguridad y eficacia de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que se entrega a entes administrativos, para obtener permiso de comercialización o permiso sanitario, siempre y cuando dicha información cumpla con requisitos claros establecidos en este tratado.
h. Observancia.
En materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual, el capítulo fortalece los mecanismos administrativos, civiles y penales para que los autores, inventores e inversionistas no vean frustradas sus legítimas expectativas de ganancia, sin que ello implique crear sistemas especiales distintos de los existentes en cada país ni destinar recursos adicionales para dicho fin. Además, como manifestación del vínculo de la observancia en propiedad intelectual con los avances en el ambiente digital, el capítulo prevé crear incentivos legales y procedimientos para que los Proveedores de Servicios de internet cooperen con la protección de contenidos amparados por el derecho de autor que transiten o se alojen en sus redes y sistemas.
i. Implementación.
Finalmente, se establecieron plazos razonables de implementación para aquellas materias que se consideraron más complejas y que requerían de mayores ajustes, tanto de la legislación como de la institucionalidad de propiedad intelectual.
18. Asuntos laborales.
El tratado incorpora el tema laboral en forma comprensiva, fomentando los mecanismos de cooperación bilateral, asegurando el cumplimiento de las normas laborales nacionales en lo relativo al comercio bilateral, y resguardando la soberanía de los países en esta materia.
De esta forma, ambos países se comprometen en forma rigurosa al cumplimiento de su propia legislación laboral, respecto de las normas laborales fundamentales que se definen en el texto y que son: libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil, condiciones de trabajo aceptables relativos a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.
Respecto de la normativa laboral internacional, Chile ya se comprometió a su cumplimiento al ratificar los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al suscribir la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, de 1998.
El capítulo descarta la homologación normativa y resguarda expresamente el principio de soberanía respecto de modificar la propia legislación o a la determinación de las acciones de la Administración en materia de fiscalización del trabajo. Asimismo, se resguarda la autonomía del Poder Judicial en cuanto las disposiciones del tratado no permiten que sean objeto de revisión las decisiones de los tribunales sobre materias pendientes o ya resueltas.
En materia de institucionalidad, se establece un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto por representantes de nivel ministerial, para supervisar la implementación y revisión de los acuerdos alcanzados en la materia.
Se establece un mecanismo de cooperación laboral con énfasis en el cumplimiento de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento 1998) y del Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición y la Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999).
Conforme a lo anterior, el Tratado, junto con promover el comercio bilateral, promueve la equidad social a través de mecanismos rigurosos que garantizan el pleno respeto del Estado de Derecho en materia de cumplimiento de la ley sobre derechos laborales fundamentales.
19. Medio ambiente.
Al igual que respecto del capítulo laboral, el tratado aborda el tema medioambiental en forma comprensiva, fomentando la cooperación bilateral y estableciendo un marco para la misma, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales nacionales que incidan en el comercio bilateral y resguardando la soberanía de los países en esta materia.
Es así como ambos países se comprometen a dar cumplimiento efectivo a su propia legislación ambiental. Esta es la única obligación del capítulo cuyo cumplimiento es exigible a través del procedimiento de solución de controversias del tratado. Cada Parte conserva el derecho de establecer sus propios niveles de protección ambiental y políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como de adoptar y modificar, en consecuencia, su legislación ambiental. Cabe resaltar que dentro del concepto de legislación ambiental se excluyen expresamente las leyes o regulaciones relativas a la extracción de recursos naturales.
En materia institucional, se crea un Consejo de Asuntos Ambientales, compuesto por representantes de nivel ministerial, que constituye el foro de discusión especializado de estas materias.
Se afianzan las relaciones de cooperación entre ambos países, mediante proyectos de cooperación -ocho de los cuales ya fueron identificados en el curso de la negociación- y la negociación de un Acuerdo de Cooperación Ambiental, el cual fue suscrito con fecha 17 de junio del año en curso, dentro de cuyo marco se determinarán nuevas actividades de cooperación. Entre los proyectos ya identificados cabe mencionar los siguientes: mejoramiento de la calidad de los combustibles, disminución de la contaminación proveniente de prácticas agrícolas, mejoramiento de la fiscalización ambiental y desarrollo e implementación de alternativas eficientes al uso del bromuro de metilo.
En definitiva, este capítulo contribuirá a que Chile sea reconocido y valorado como un país que adhiere firmemente a los principios de desarrollo sustentable y que se esfuerza por armonizar el crecimiento económico con la equidad social y con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
20. Transparencia.
a. Reglas generales.
Además de las numerosas disposiciones específicas sobre transparencia previstas en otros capítulos, el capítulo sobre transparencia contempla reglas generales aplicables supletoriamente a todas las materias cubiertas por el tratado.
Cada país se obliga a publicar sus normas legales y resoluciones administrativas de aplicación general, notificar al otro país cualquier medida que pueda afectar sustancialmente sus intereses o el funcionamiento del tratado, y responder las preguntas del otro país relativas a cualquier medida vigente o en proyecto.
Acorde con las recientes iniciativas legales promulgadas en Chile dentro de la agenda de modernización del Estado, cada país debe propender a establecer normas que permitan a las personas interesadas comentar sobre las medidas que el Estado pretenda adoptar.
En cuanto a los procedimientos administrativos, cada Parte debe permitir que las personas afectadas reciban aviso del inicio del procedimiento y, cuando sea factible, puedan presentar argumentaciones a sus pretensiones. Asimismo, se dispone que deben establecerse tribunales imparciales para la corrección de acciones administrativas relacionadas con el tratado, dando oportunidad a que las Partes puedan defender su posición y se dicten resoluciones fundadas en las pruebas rendidas.
b. Reglas específicas.
Algunos capítulos establecen normas especiales de transparencia, que consagran compromisos aún mayores entre las Partes y que constituyen un importante complemento de las demás obligaciones contenidas en los correspondientes capítulos.
Respecto de la obligación general de publicar la legislación pertinente, el capítulo sobre administración aduanera establece una exigencia adicional, cual es que la publicación de las leyes, regulaciones y procedimientos administrativos aduaneros se lleve a cabo en internet o en una red de telecomunicaciones computacional comparable. Por otra parte, el capítulo sobre contratación pública dispone que cada país debe mantener bases de datos electrónicas que proporcionen información actualizada sobre las contrataciones cubiertas por el tratado, ya sea a través del internet o de una red informática de telecomunicaciones similar.
Adicionalmente a la obligación prevista en el capítulo de transparencia de responder las preguntas formuladas por el otro país, en los capítulos sobre administración aduanera, servicios, servicios financieros y entrada temporal, se exige establecer mecanismos adecuados para responder a consultas de personas interesadas referentes a regulaciones internas.
El capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio establece que las personas del otro país deben tener la misma oportunidad que los nacionales de participar en la elaboración de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.
Finalmente, en los capítulos sobre obstáculos técnicos al comercio, servicios, servicios financieros y entrada temporal se señala, en grados de obligatoriedad distintos según las materias, que al adoptar regulaciones definitivas deben responderse por escrito los comentarios sustantivos recibidos de personas interesadas con respecto a las regulaciones en proyecto. Además, en el caso del capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio, tales respuestas se deben publicar en forma impresa o electrónica, o poner de cualquier otra forma a disposición del público.
21. Administración del tratado.
La institucionalidad prevista en el tratado es muy simple, con el fin de no burocratizar ni encarecer el sistema.
En primer lugar, el tratado establece que la entidad encargada de su administración es una Comisión de Libre Comercio integrada por representantes de nivel ministerial, que se reunirá a lo menos una vez al año.
Adicionalmente, cada país debe comunicar la oficina encargada de proporcionar asistencia a la referida Comisión y a los grupos arbitrales que se establezcan de conformidad con el tratado. Esta obligación implica tan sólo una notificación del órgano designado para tal efecto, y no crear una entidad nueva o autónoma.
22. Solución de controversias.
Un sistema de solución de controversias eficaz es fundamental para asegurar el adecuado funcionamiento de las normas acordadas en un tratado de libre comercio. Para un país como Chile, muy abierto al mundo y con recursos limitados, contar con un mecanismo de este tipo es la única manera de asegurar que los contenciosos que se susciten con sus grandes socios no sean resueltos por éstos de manera unilateral.
El procedimiento de solución de diferencias de este tratado busca resolver de una manera efectiva, fluida, imparcial y conforme a Derecho, aquellos conflictos que afectan la relación comercial en lo concerniente a las disciplinas negociadas. Este mecanismo tiene una cobertura amplia porque se aplica a las disposiciones de todos los capítulos comprendidos en el tratado, salvo a aquéllas que están expresamente excluidas, como es el caso de algunos artículos del capítulo sobre competencia, monopolios y empresas del Estado. En los capítulos sobre asuntos ambientales y laborales se aplica la regla inversa, ya que está cubierto por este mecanismo de solución de controversias sólo la obligación de no dejar de aplicar efectivamente su propia legislación ambiental o laboral, a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte al comercio entre las Partes.
El referido procedimiento considera varias instancias, la primera de las cuales es la de consultas o negociaciones directas entre las Partes. En segundo lugar prevé la intervención de la Comisión de Libre Comercio como instancia de discusión y solución de disputas, a través de buenos oficios, mediación o conciliación. Si las partes no llegan a un acuerdo satisfactorio, puede recurrirse a la última etapa, que es un grupo arbitral, de naturaleza ad hoc y compuesto de tres árbitros, que deberá determinar si una Parte ha incumplido con sus obligaciones y, eventualmente, presentar sus recomendaciones.
Este tratado contempla ciertas reglas de procedimiento especiales para determinadas materias, como ocurre en los capítulos sobre servicios financieros, medio ambiente y laboral, en que se establecen consultas ante órganos técnicos especializados y listas de árbitros diferentes.
A diferencia de los sistemas clásicos de solución de controversias, que sólo prevén la retorsión cuando el país infractor no cumple con la decisión arbitral, el mecanismo previsto en el tratado incorpora como alternativa la opción de pagar una compensación monetaria correspondiente a un porcentaje de los beneficios de efecto equivalente que tendría derecho a suspender la Parte demandante. Sin embargo, en materia laboral y ambiental esa compensación constituye una contribución monetaria, cuyo objeto es financiar el plan de acción que acuerden las Partes en orden a mejorar el cumplimiento de la propia normativa de la Parte demandada.
Por último, al igual que en el procedimiento de solución de controversias entre un inversionista y el Estado receptor de la inversión, previsto en el capítulo de inversiones, se establece que son públicos los documentos presentados por los países durante el procedimiento y las audiencias ante el grupo arbitral. Ello es sin perjuicio de la protección que corresponda respecto de la información de carácter confidencial. Además, se permite la participación pública de cualquier persona interesada en el procedimiento, siempre que se ajuste a ciertas condiciones mínimas de forma y oportunidad para presentar sus documentos.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébanse el “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y sus Anexos, adoptados en Miami el 6 de junio de 2003.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA , Ministra de Relaciones Exteriores ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ; JAIME CAMPOS QUIROGA , Ministro de Agricultura ; JORGE RODRÍGUEZ GROSSI , Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ; RICARDO SOLARI SAAVEDRA , Ministro del Trabajo y Previsión Social ”.
3. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, especialmente ampliada para los efectos del estudio del proyecto de acuerdo aprobatorio del “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003. (boletín N° 3318-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, especialmente ampliada, por acuerdo de la Sala adoptado en sesión del 29 de julio de 2003, para los efectos del estudio del proyecto de acuerdo aprobatorio del “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003, procede a entregar su informe correspondiente.
Estos instrumentos internacionales son sometidos a la consideración de la honorable Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 17, y 50, N° 1, de la Constitución Política.
Por la extensión de este informe, se ha estimado conveniente dar una visión general de su contenido.
El primer capítulo, proporciona antecedentes sobre las consideraciones de mérito que expone S.E. el Presidente de la República en su mensaje para solicitar la aprobación parlamentaria de este Tratado (A), y describe el desarrollo del proceso de negociaciones que culminaron con la firma de este instrumento, el 6 de junio del presente año (B).
En el segundo capítulo, se hace una reseña general de los objetivos, estructura y contenido normativo del Tratado.
En el capítulo tercero, se informa de las personas escuchadas durante el estudio hecho por la Comisión y de las decisiones adoptadas, destacando las constancias que se hacen respecto de la aprobación del proyecto de acuerdo por 21 votos a favor y tres en contra, y de la necesidad de aprobar este instrumento con quórum orgánico constitucional en virtud de las disposiciones que se contemplan en el artículo 10.8 del capítulo diez “Inversión”, complementado con las del anexo 10-C, Disposiciones especiales de solución de controversias, en la medida en que su aplicación incidirá, eventualmente, en las facultades que el Banco Central de Chile tiene en virtud de su ley N° 18.840, orgánica constitucional del Instituto Emisor, para establecer restricciones a las operaciones internacionales en moneda extranjera.
En el documento anexo N° 1, se adjunta el estudio “Oportunidades para las Regiones”, elaborado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, agosto 2003, en el que se proporcionan antecedentes sobre el impacto de este Tratado en todas las Regiones del país.
En el anexo N° 2 se consigna lo sustancial de las exposiciones recibidas por la Comisión, tanto de Autoridades y funcionarios de Gobierno como de representantes del Sector Privado, y
En el anexo N° 3, se proporciona un listado de las opiniones e informes escritos recibidos por la Comisión, los que quedan a disposición de los honorables diputados en la Secretaría de la Comisión.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
A) RESEÑA DE LAS CONSIDERACIONES DE MÉRITO QUE EXPONE EL MENSAJE SOBRE EL TRATADO EN ESTUDIO.
Previamente a informar acerca de los objetivos, estructura y contenido del Tratado en trámite, el mensaje de S.E. el Presidente de la República , suscrito además por los señores Ministros de Relaciones Exteriores; de Hacienda; de Agricultura; de Economía , Fomento y Reconstrucción; de Secretaría General de la Presidencia , y del Trabajo y Previsión Social, formula diversas consideraciones sobre la inserción de este Tratado en el marco de la política chilena de comercio exterior; acerca de la importancia del mercado estadounidense para el comercio mundial y bilateral, y en torno a los beneficios generales y específicos que este instrumento producirá para nuestro país, las que se pasan a reseñar.
1. Lo sustancial del mensaje acerca de la inserción de este Tratado en la política chilena de comercio exterior.
La celebración de este Tratado se inserta en el marco de la política comercial chilena que tiene como objetivo prioritario asegurar y mejorar tanto el acceso de nuestros bienes y servicios a los mercados de mayor relevancia, como incentivar la inversión nacional y también la inversión extranjera de nuestros socios comerciales, gracias a la cual Chile ha negociado acuerdos de libre comercio con la mayor parte de sus socios comerciales.
En este contexto, nuestro país ha celebrado tratados de libre comercio, entre 1990 y 1999, con la totalidad de América Latina y Canadá, abarcando cerca del 30% del intercambio comercial del país.
En el 2002, se concluyeron las negociaciones correspondientes a los Tratados suscritos con la Unión Europea y la República de Corea y los Estados Unidos de América, y en el primer trimestre de 2003, con la Asociación Europea de Libre Comercio.
Como consecuencia de esta política, actualmente el 75% del comercio exterior chileno está regido por acuerdos de libre comercio, a los que cabe agregar, según el mensaje, los convenios de promoción y protección recíproca de las inversiones celebrados con unos cincuenta países, los treinta siete convenios de transporte aéreo y los trece acuerdos para evitar la doble tributación.
Ahora, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América viene a consolidar y ampliar el acceso de los productos nacionales a la economía más grande, estable e importante en el nuevo orden económico mundial.
2. Lo sustancial del mensaje sobre la importancia del mercado estadounidense para comercio mundial y bilateral.
Informa el mensaje que Estados Unidos de América tiene una población de 285 millones de habitantes, con un ingreso anual por habitante de US$ 35.400. Su producto interno bruto (PIB) representa cerca del 22% del PIB mundial y sus importaciones de bienes ascienden al 19% de las importaciones mundiales. Es el mayor socio comercial de Chile. El intercambio de bienes alcanzó los 6.234 millones de dólares en el 2002. Las exportaciones de bienes chilenas con destino a Estados Unidos de América representaron el 19,6% como promedio en el período 1996-2002 y las importaciones chilenas de bienes de origen estadounidense fue de 21% para el mismo período.
Afirma que analizado el comercio de Estados Unidos, las compras que hace este país a Chile representan el 0,3% del total de sus importaciones y las exportaciones con destino a Chile representan, como promedio en el período señalado, el 0,5% de sus exportaciones totales al mundo.
Sostiene que la expansión exportadora global que se espera como consecuencia de la aplicación de este Tratado, una vez alcanzada la desgravación plena, ascendería a 504 millones de US$, lo que con respecto al comercio exportador actual representa un incremento de 15,9% y el equivalente a un 0,7% de nuestro actual PIB.
Respecto al impacto de las importaciones procedentes de Estados Unidos de América, se estima que aumentarán en US$ 348 millones, lo que representa un incremento de 14% en las importaciones de dicho origen y de 2,2% respecto de la totalidad de las importaciones.
Asimismo, dice el mensaje, se estima que un 84% del incremento esperado de dichas importaciones correspondería a desviación de comercio importador chileno; es decir, a importaciones norteamericanas que desplazarían a importaciones que hoy provienen de terceros países que compiten con Estados Unidos de América, lo que demuestra el carácter complementario, y no directamente competitivo de la relación comercial bilateral. Sólo el 16% restante correspondería a la creación de nuevos flujos importadores, la mayor parte de ellos en insumos especializados y bienes de capital que no produce el país, con lo que se favorece la competitividad de las empresas nacionales.
Agrega el mensaje que alrededor del 30% del total de la inversión extranjera materializada en el país, en el período 1990-2002, proviene de Estados Unidos de América, siendo el país con más inversión en Chile, diversificada en sectores como minería, servicios, telecomunicaciones, electricidad e industria.
En este plano, según el mensaje, las favorables condiciones de acceso a la economía más grande del mundo y la estabilidad de reglas contempladas en este Tratado, constituyen un atractivo para las decisiones de inversión en Chile de las principales empresas internacionales, tanto americanas como europeas y asiáticas. Además, abrirá importantes oportunidades de inversión en tecnologías de información, propiciando condiciones favorables para que nuestro país se transforme en una plataforma de servicios en este sector. En tal sentido, uno de los objetivos que se pretende alcanzar con este Tratado es producir en Chile servicios que reemplacen los que, actualmente, se prestan en Estados Unidos o en la Región.
3. Lo sustancial del mensaje sobre los beneficios generales y específicos para Chile del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América.
a) Los beneficios generales.
El mensaje destaca, que este Tratado constituye una señal de confianza en la calidad de nuestras políticas e instituciones, y genera un escenario propicio para profundizar nuestro desarrollo exportador, diversificando las ventas externas, ampliando el universo de empresas exportadoras, e incorporando a las pequeñas y medianas empresas chilenas al esfuerzo de modernización e internacionalización.
Este Tratado también avanza respecto de una globalización con un rostro más humano y orientada al desarrollo sustentable. Se han incorporado los temas laborales y medioambientales, minimizando el riesgo de que sean utilizados como barreras proteccionistas, pero comprometiéndose el país con el cumplimiento riguroso de la legislación nacional en estas materias, con un espíritu de cooperación y con modalidades de solución de controversias acordes a su significación.
Por otra parte, con el efecto favorable sobre riesgo-país, la mayor atracción de inversión extranjera y la mayor competencia en el sistema financiero, se generarán mejores condiciones para expandir la cobertura y profundidad de la oferta de crédito, incluyendo los segmentos de largo plazo y de apoyo a capital semilla y a innovadores.
Por último, este tratado constituye una señal de confianza en la calidad de nuestras políticas e instituciones y genera un escenario propicio para profundizar nuestro desarrollo exportador, diversificando las ventas externas, ampliando el universo de empresas exportadoras, e incorporando a las pequeñas y medianas empresas chilenas al esfuerzo de modernización e internacionalización.
b) Los beneficios específicos.
Según el mensaje, la sociedad chilena se verá favorecida por distintas vías, como las que se reseñan:
-Las rebajas arancelarias que significan una reducción neta de impuestos, incluso después de la compensación por la menor recaudación fiscal derivada de la desgravación, aumentarán el ingreso disponible e incrementarán las oportunidades y variedad de los bienes de consumo disponibles.
-Generará un mayor crecimiento y, por ende, mejores oportunidades de empleo y de salario real.
-El menor riesgo-país que derivará del Tratado, se reflejará en menores tasas de interés, incluso en las tasas de los créditos hipotecarios y de consumo, con los consiguientes efectos positivos para el ingreso real disponible.
-La productividad de las empresas chilenas se verá incrementada con este Tratado, al facilitarse la adquisición oportuna de tecnologías más modernas y a menores precios.
-Las empresas chilenas podrán participar en las compras públicas del Gobierno federal de Estados Unidos de América, e incluso en las compras de 37 Gobiernos estatales, lo cual constituye la mejor oferta de acceso concedida en esta materia por Estados Unidos.
-Este Tratado es una valiosa herramienta para generar condiciones más propicias para el desarrollo equitativo de las Regiones del país, a través de la expansión exportadora y de la atracción de inversión extranjera.
-La eliminación de aranceles para un conjunto de productos, sujetos a un plazo máximo de desgravación de cuatro años, significarán un importante impulso, desde el primer día de vigencia del Tratado, para el desarrollo de las siguientes actividades:
-De la manufactura minera, desde la I hasta la VI Región;
-De las exportaciones frutícolas, desde la III hasta la VII Región;
-De la industria petroquímica, en la V Región;
-De la industria química, en las Regiones I y II;
-De la agroindustria, en las Regiones VII, IX y X;
-De la industria forestal, en las Regiones VIII y IX, y
-De la industria de la pesca y de los productos del mar, en las Regiones XI y XII.
En el documento anexo N° 1, se adjunta a este informe el estudio “Oportunidades para las Regiones”, elaborado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, agosto 2003, en el que se proporcionan antecedentes sobre el impacto de este Tratado en cada una de las Regiones del país.
B) RESEÑA DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO.
La ministra de Relaciones Exteriores , señora María Soledad Alvear Valenzuela , reseñó la historia de esta negociación en sus diversas etapas, destacando que el Tratado es la materialización de una aspiración nacional que demandó catorce rondas de negociaciones a partir del año 2000, que culminaron en diciembre de 2002.
Desde el inicio de las negociaciones se hicieron reuniones y consultas con parlamentarios, organizaciones empresariales, sindicales, organizaciones no gubernamentales y círculos de profesionales; también se contó con el apoyo del Comité Asesor Político y Económico, integrado por destacados políticos y economistas de todas las tendencias.
Tras la primera ronda de negociación realizada en Santiago, los equipos técnicos chilenos se reunieron con las distintas asociaciones y gremios empresariales, así como con representantes de la pequeña y mediana industria y dirigentes sindicales de los distintos sectores de la producción, para examinar, preferentemente, las materias relacionadas con el acceso a los mercados.
Según antecedentes entregados por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales ( Direcon ), al proceso de negociaciones se incorporó el llamado “cuarto adjunto”, mediante el cual distintos representantes empresariales y laborales recibieron información sobre los avances del encuentro y fueron consultados sobre materias específicas. De este modo, mientras los equipos negociadores celebraban las diversas rondas, miembros de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), así como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Pequeña y Mediana Empresa, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Federación de Productores Avícolas de Chile (Fepach) y la Cámara de Comercio de Santiago se informaron directamente sobre el desarrollo de las negociaciones.
La Direcon recibió aportes y comentarios públicos para las negociaciones con Estados Unidos, de diversas instituciones, gremios empresariales, industrias y organizaciones no gubernamentales. Entre ellas destacan la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Fundación Terram, la Alianza por un Comercio Justo y Responsable, la Asociación Indígena Urbana Pacha Aru, la Industria Azucarera Nacional S.A. (Iansa) y la Asociación de Productores de Leche (Aproleche) Asimismo, se realizaron seminarios en regiones, con todos los sectores interesados, para informar sobre la negociación y recibir puntos de vista e inquietudes.
Por otra parte, el equipo negociador incluyó representantes de los Ministerios de Agricultura; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Educación; de Hacienda; de Interior; de Justicia; de Relaciones Exteriores; de Salud ; de la Secretaría General de la Presidencia , y del Trabajo, y de otras agencias como el Banco Central, el Comité de Inversiones Extranjeras, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
El Jefe Negociador fue el Director General de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Osvaldo Rosales Villavicencio ; el Jefe Negociador Adjunto fue el Director de Asuntos Multilaterales , señor Ricardo Lagos Weber , y la coordinación de la negociación recayó en el Director de Asuntos Económicos Bilaterales, señor Mario Matus Baeza , y en la Jefa del Departamento Alca y América del Norte, señora Alicia Frohmann Steinberg .
II. RESEÑA DE LOS OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL TRATADO.
A) OBJETIVOS.
El Tratado establece una zona de libre comercio entre los Estados signatarios de conformidad con el artículo XXIV de Gatt 1994 y el artículo V del Agcs (artículo 1.1 capítulo uno). Se trata de una zona de libre comercio sin excepciones, en la que todos los productos gozarán de arancel 0% en un plazo máximo de 12 años.
La única excepción de facto, según antecedentes proporcionados por Direcon, se refiere al azúcar por la vía de la exigencia de ser superávitario en la producción nacional para acogerse a las rebajas del acuerdo.
Sus objetivos son los siguientes (artículo 1.2 capítulo uno):
a) Estimular la expansión y diversificación del intercambio comercial bilateral;
b) Eliminar los obstáculos (técnicos) al comercio y facilitar el movimiento transfronterizo de bienes y servicios entre los territorios de los dos países;
c) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
d) Aumentar substancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;
e) Proteger en forma adecuada y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las Partes;
f) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, y
g) Establecer un esquema para una mayor cooperación bilateral y multilateral, con el fin de ampliar y mejorar los beneficios del Tratado.
B) ESTRUCTURA DEL TRATADO.
El Tratado consta de un preámbulo y 24 capítulos, referidos a las materias siguientes:
Capítulo uno: Disposiciones iniciales;
Anexo 2-1: Definiciones específicas para cada país.
Capítulo dos: Definiciones generales;
Anexo 3.2: Tratado nacional y restricciones a la importación y exportación.
Anexo 3.3: Eliminación arancelaria.
Anexo 3.17: Reconocimiento mutuo de programas de tipificación para efectos de la comercialización de carne bovina, y
Anexo 3.18: Listas de mercancías y precios de intervención para salvaguardia agrícola.
Capítulo tres: Trato nacional y acceso de mercancías al mercado, y
Anexo 4.18: Mercancías manufacturadas.
Capítulo cuatro; Reglas de origen y procedimientos de origen.
Capítulo cinco: Administración Aduanera.
Capítulo seis: Medidas sanitarias y fitosanitarias.
Capítulo siete: Obstáculos técnicos al comercio.
Anexo 7.8: Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
Capítulo ocho: Defensa comercial.
Capítulo nueve: Contratación pública.
Anexo 9.1: Sección A - Entidades de gobierno de nivel central; Lista de Chile y Lista de Estados Unidos, y
Sección B - Entidades de gobierno de nivel central;
Lista de Chile y Lista de Estados Unidos.
Capítulo diez: Inversión.
Anexo 10-A: Derecho internacional consuetudinario;
Anexo 10-B: Deuda pública. Chile;
Anexo 10-C: Disposiciones Especiales de Soluciones de Controversias . Chile;
Anexo 10 -D: Expropiación;
Anexo 10 - E: Sometimiento de una reclamación a arbitraje. Chile;
Anexo 10 - F: DL 600;
Anexo 10 - G: Entrega de documentos a una Parte de conformidad con la Sección B. Chile y Estados Unidos, y
Anexo 10 -H: Posibilidad de un órgano/mecanismo bilateral de apelación.
Capítulo once: Comercio transfronterizo de servicios;
Anexo 11.6: Servicios de envío urgente;
Anexo 11.9: Servicios profesionales;
Sección A - Disposiciones generales;
Sección B - Consultores jurídicos extranjeros;
Sección C - Otorgamiento de licencias temporales para ingenieros, y
Apéndice 11.9 - C: Ingenieros civiles.
Capítulo doce: Servicios financieros.
Anexo 12. 5: Comercio transfronterizo;
Anexo 12.9: Compromisos específicos, y;
Anexos 12.11 y 12.15.
Capítulo trece: Telecomunicaciones.
Anexo 13.4 (1), y
Anexo 13.4 (5) (b).
Capítulo catorce: Estrada temporal de personas de negocios.
Anexo 14.3: Entrada temporal de personas de negocios.
Sección A - Visitantes de negocios, y
Sección B - Comerciantes e inversionistas.
Capítulo quince: Comercio electrónico.
Anexo 15.4: No discriminación para productos digitales.
Capítulo dieciséis: Política de competencia, monopolios designados y empresas del Estado.
Capítulo diecisiete: Derechos de propiedad intelectual.
Capítulo dieciocho: trabajo.
Anexo 18.5: Mecanismo de Cooperación Laboral.
Capítulo diecinueve: Medio ambiente, y
Anexo 19.3: Cooperación ambiental.
Capítulo veinte: Transparencia.
Capítulo veintiuno: Administración del Tratado.
Anexo 21.1: Implementación de las modificaciones aprobadas por la Comisión.
Capítulo veintidós: Solución de controversias.
Anexo 22.2: Anulación o menoscabo, y
Anexo 22.16: Fórmula de reajuste inflacionario para contribuciones monetarias.
Capítulo veintitrés: Excepciones.
Anexo 23.3: Autoridades competentes, y
Capítulo veinticuatro: Disposiciones finales.
Separadamente del texto del Tratado, se acompañan los anexos siguientes:
Anexo 3.3: Notas Generales. Lista arancelaria de Chile.
Anexo 3.3: Lista de Chile.
Anexo 3.3: Notas Generales. Lista arancelaria de Estados Unidos.
Anexo 3.3: Lista de Estados Unidos.
Anexo 4.1: Reglas de origen específicas.
Anexo I, reservas en relación a medidas disconformes conforme artículo 10.7 capítulos diez: Inversión, y capítulo once: Comercio transfronterizo de servicios. Lista de Chile y Lista de Estados Unidos.
Anexo II, reservas en relación con medidas futuras, inclusive la lista de Chile y la lista de Estados Unidos (capítulos diez: Inversión, y once; Comercio transfronterizo).
Anexo III: Medidas disconformes de Chile con respecto a Servicios Financieros. Nota Introductoria para la Lista de Chile.
Anexo III: Medidas disconformes de Estados Unidos con respecto a Servicios Financieros. Nota introductoria para la Lista de Estados Unidos.
Anexo III: Lista de Estados Unidos con respecto a los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros).
Anexo III: Lista de Estados Unidos con respecto a Seguros.
Por último, se incluyen Notas intercambiadas entre ambos Gobiernos, con fecha 6 de enero de 2003, para precisar el alcance de las negociaciones relativas a la Sección D del anexo 14,3; a la medida disconforme de Chile en materia de programación en la transmisión televisiva de libre recepción contenida en el anexo I del Tratado; al anexo 11.9 (Servicios profesionales) y el suministro de servicios de ingeniería del Tratado; a los compromisos sobre medidas disconformes en materia de comercio transfronterizo de servicios; al compromiso de instar a las agencias especializadas de ambos países para que desarrollen un trabajo técnico y científico con el fin de lograr acceso al mercado para que el comercio bilateral de carne de ave sea mutuamente beneficioso para ambas Partes, y al anexo 14.3 (Entrada temporal de personas de negocios).
C) LO SUSTANCIAL DEL CONTENIDO DEL TRATADO.
a) Lo sustancial del preámbulo.
En el preámbulo se formulan las declaraciones de propósitos políticos fundamentales que inspiran la decisión de los Gobiernos en la celebración de este Tratado, entre los que destacan su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación bilateral; la convicción común de que un TLC chileno-estadounidense producirá beneficios mutuos en su comercio internacional bajo el sistema multilateral de la OMC, inclusive otros instrumentos multilaterales y bilaterales de cooperación, tanto en materias de propiedad intelectual, como en materias laborales y medioambientales.
Por último, dejan constancia de su interés en contribuir a la integración hemisférica y al cumplimiento de los objetivos del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca).
b) Lo sustancial de la parte dispositiva.
1) Comercio de bienes.
El capítulo tres, relativo al trato nacional y acceso de mercancías al mercado, asegura a las Partes Contratantes que los bienes del país exportador no podrán ser objeto de discriminación y, en consecuencia, deberán recibir el mismo tratamiento que los bienes del país importador (artículo 3.2).
El mensaje destaca que uno de los elementos centrales de este capítulo es la consolidación de las concesiones unilaterales hechas por los Estados Unidos en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), de manera que para el conjunto de productos favorecidos con el SGP, el arancel será cero de un modo permanente. Al respecto se dispone que “Estados Unidos eliminará los aranceles aduaneros de cualquiera mercancía no agrícola originaria que, después de la entrada en vigor del Tratado, sea designada dentro de los artículos elegibles para tratamiento libre de derechos incluidos en el U.S. Generalized System of Preferences, a contar de la fecha en que se realice tal designación.”. (N° 3 del artículo 3.3).
La desgravación arancelaria convenida permitirá que todos los bienes, sin excepción, tengan arancel cero al término del cronograma de liberación, inclusive los productos de los sectores donde existe más proteccionismo a nivel mundial, como son la agricultura y el sector textil.
El cronograma se extiende hasta doce años, pero la mayoría de los bienes se desgrava totalmente al comenzar a regir el tratado o dentro de un plazo de cuatro años. De este modo:
-Más del 85% de las exportaciones de ambos países gozarán de arancel cero, desde el primer día de vigencia del Tratado;
-Un 87% de los productos exportados por Chile a Estados Unidos gozará de desgravación inmediata y un 4,5% de los productos exportados se desgravará en el plazo máximo de diez a doce años;
-Los productos industriales: el 88,5% de los exportados a Estados Unidos gozarán desgravación inmediata; sólo el 0,4% se desgravarán en diez años, y ninguno a doce años. Lo fundamental, destaca el mensaje, es que los concentrados de cobre, textiles, calzado, gasolina, metanol, carbonatos de litio y aceites combustibles destilados, ingresarán libres de arancel y sin cuotas en forma inmediata;
-Los productos del sector minero: prácticamente la totalidad se desgravará el primer día de vigencia del tratado. Los cátodos de cobre bajarán su arancel a 0, % el primer día, en conjunto con una cuota de 55 mil toneladas que gozarán de cero arancel, eliminándose totalmente el arancel al inicio del segundo año. Además, los productos que gozaban del SGP, fueron desgravados en su totalidad.
Los productos del sector agrícola: el 84% de los productos nacionales exportados a Estados Unidos gozarán de desgravación inmediata. Sólo un 13,7% se desgravarán en plazo máximo de diez a doce años. Un 14,8% de las importaciones de productos agrícolas desde Estados Unidos se desgravará en los plazos máximos de 8 a 12 años. En síntesis, dice el mensaje, los productos agrícolas de Chile tendrán igual o mejor acceso al mercado de Estados Unidos que aquellos productos provenientes de México o Canadá que se benefician con el Nafta.
Para los productos agrícolas sensibles se acordaron plazos más largos de desgravación con el objeto de permitirles una oportunidad de ajustarse a las nuevas condiciones del mercado que se generan con este Tratado. Además, se contemplan normas que protegerán a los agricultores nacionales de alzas súbitas de importaciones agrícolas.
Cabe hacer notar que las Partes se comprometen a eliminar los subsidios a las exportaciones sobre cualquier mercancía agropecuaria destinados al territorio de la otra Parte (N° 2 del artículo 3.16). El mensaje precisa que Estados Unidos se comprometió a no utilizarlos respecto de los bienes agrícolas que se destinen a Chile.
Los productos del sector textil se desgravan totalmente desde el primer día de vigencia del Tratado. Los subsectores de la industria textil que podrían verse más beneficiados, por su nivel actual de competitividad internacional, son los siguientes: telas de lana; telas de fibra sintética; telas de denim (blue jeans); ropa de bebé, de hombre, interior y poleras.
Respecto del escalonamiento arancelario que limita la diversificación exportadora y que en Estados Unidos se traduce en aranceles a los productos textiles del 15, 20 y hasta el 32%, este Tratado contempla la eliminación inmediata para la mayoría de los aranceles escalonados. Chile renuncia a aplicar la sobretasa del 50% a las mercancías usadas originarias de Estados Unidos (artículo 3.4).
En cuanto se refiere a las medidas no arancelarias, se prohíbe aplicar impuestos a las exportaciones o restricciones no arancelarias a las importaciones o exportaciones, salvo ciertas medidas excepcionales, tales como la restricción chilena a las importaciones de vehículos usados (artículos 3.11, 3.12 y 3.13).
Chile se compromete a eliminar, progresivamente, en un plazo de cuatro años el impuesto al lujo aplicado a los automóviles cuyo valor es mayor de US$ 15.640, en virtud de lo dispuesto por el artículo 46 del decreto ley N° 825, de 1974 (artículo 3.14).
Se prohíbe el uso de mecanismos de reembolso de aranceles aduaneros de insumos importados que se han incorporado a un bien exportado, u otro régimen de exención de aranceles aduaneros o diferimiento de dichos aranceles respecto a insumos importados que posteriormente son incorporados a mercancías exportadas. Sin embargo, esta prohibición fue diferida en doce años a partir de la entrada en vigencia del tratado, con un programa de desmantelamiento progresivo que se inicia el octavo año.
En las normas aplicables a los productos distintivos se establece que Chile reconocerá que el Bourbon Whiskey y el Tennessee Whiskey como productos originarios de Estados Unidas; por consiguiente, Chile se obliga a no permitir la venta de ningún producto con dichas denominaciones, a menos que haya sido elaborado en Estados Unidos de acuerdo con las regulaciones estadounidenses. Por su parte, Estados Unidos reconoce las denominaciones “Pisco Chileno”, “Pajarete” y “Vino Asoleado”, por consiguiente no permitirá la venta de ningún producto con tales denominaciones que no hayan sido producidos en Chile, conforme a la regulación chilena (artículo 3.15).
A mayor abundamiento, antecedentes proporcionados por Direcon permiten señalar los siguientes ejemplos de desgravación agrícola e industrial:
-La carne de vacuno que actualmente no se exporta debido a que el arancel que existe para ingresar al mercado de los Estados Unidos puede llegar hasta un 26,4%, ingresará libre de arancel en una cuota de mil toneladas durante los cuatro primeros años. Dicha cuota se incrementará en un 10% cada año, hasta el año 12, en que desaparecerá tanto el arancel como la cuota.
-Para las carnes de cerdo la liberación es inmediata y sin cuotas, al igual que para la carne ovina.
-En el sector avícola, Chile otorgará arancel 0% en un plazo de 10 años de manera progresiva, iniciando una desgravación desde su nivel consolidado en la OMC de 25%. Estados Unidos abrirá el mercado para estos productos en plazos más breves.
-Los productos lácteos tendrán una cuota de 3.500 toneladas libres de arancel, la que aumentará en un 7% anual, hasta el año 12, cuando estarán totalmente libres de aranceles.
-Para las paltas se logró una cuota de 49.000 toneladas libres de arancel, que aumentarán en 5% cada año, hasta lograr el comercio sin cuotas en el año 12.
-Las uvas, ciruelas, damascos y frambuesas frescas, ingresarán libres de arancel desde el primer día y sin cuotas. Actualmente pagan aranceles que van desde los US$ 0,18 hasta US$ 1,80.
-Los duraznos en conserva, que están afectados por un arancel de un 17%, tendrán una desgravación lineal de 12,5% anual y los tomates frescos entre 0 y 8 años con la misma modalidad de desgravación dependiendo la temporada de exportación.
-La pasta de tomate tendrá una desgravación no lineal, y alcanzará la liberación total el año 12. Actualmente tiene un arancel de 11,6%.
-La miel natural ingresará libre de arancel y sin cuotas desde el primer año.
-Productos como los espárragos frescos, aceites de oliva, ajos frescos, cebollas frescas y flores y capullos frescos, que hoy gozan del beneficio del SPG, pero que en otras temporadas pagan diversos aranceles, ingresarán libres de cuotas y arancel una vez que entre en vigencia el Tratado.
-Importantes productos del sector agroindustrial se ubican en desgravación a 12 años (conservas, pulpas y congelados). Sin embargo, el sector tendrá ganancias en plazos más breves para los siguientes productos: desgravación inmediata: frutilla, mora; desgravación a 4 años: pasas, almendras, nueces; a 8 años: frambuesas congeladas, jugos de uva. Respecto del vino: Estados Unidos se comprometió a extender al vino chileno el mejor trato que otorgue en sus futuros acuerdos comerciales a otros socios.
-En relación con las bandas de precios: Estados Unidos aceptó que Chile aplique el mecanismo que sea acordado en la OMC. La desgravación del trigo sujeto a banda se realizará en un plazo de 12 años. Durante los 4 primeros años, Chile se comprometió a aplicar un arancel máximo de 31,5% (el arancel consolidado en la OMC), que se reducirá al 21% lineal en los 4 años siguientes, para bajar en los últimos 4 años del 21% a la desgravación total.
-La totalidad de las maderas y productos elaborados de madera se desgravarán totalmente el primer día de vigencia del Tratado.
-Todos los productos frescos, congelados y ahumados del sector pesquero se desgravarán inmediatamente, mientras que la mayoría de las conservas y preparaciones gozarán de desgravación inmediata o en 4 años.
-Prácticamente la totalidad de los productos químicos se desgravarán el primer día de vigencia del Tratado, destacando en este sector algunos fertilizantes, el metanol y la sal.
-La gran mayoría de los productos exportados por Chile en el sector cuero y calzado se ubican en lista de desgravación inmediata.
-La gran mayoría de los productos exportados por Chile en el sector metalmecánico están en la lista de desgravación inmediata.
2) Reglas de origen.
El capítulo cuatro, relativo a las reglas de origen y procedimientos de origen, establece los requisitos mínimos de transformación que deben cumplir los bienes producidos en un país como condición para gozar de las preferencias arancelarias establecidas en el Tratado (artículos 4.11 a artículo 4.11).
El mensaje señala que en este Tratado se logró establecer una importante flexibilización de las normas de origen respecto de las negociadas por Estados Unidos en el Nafta. En el sector textil se obtuvieron normas más flexibles para ciertas cuotas de importaciones de productos textiles, las que permiten ingresar al mercado estadounidense en condiciones preferenciales.
El sistema de certificación de origen, a diferencia de otros Tratados, se basa en la autocertificación y puede ser realizada tanto por el exportador como por el productos o importador (artículo 4.13 a 4.16).
3) Administración Aduanera.
El capítulo cinco, relativo a “Administración Aduanera” tiende a facilitar el desarrollo del comercio bilateral, consagrando el compromiso esencial de las Partes de dar transparencia y publicidad a su normativa aduanera, profundizando, dice el mensaje, lo que ha estado realizando el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, sin implicar cambios legislativos.
4) Medidas sanitarias y fitosanitarias.
El capítulo seis dispone que los objetivos de estas medidas es proteger las condiciones de salud humana, animal y vegetal en los territorios de las Partes, mejorar la implementación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (MSF), proporcionar un foro para abordar las materias bilaterales sanitarias y fitosanitarias, resolver los asuntos comerciales y de esta manera expandir las oportunidades de comercio.
Para tales efectos establece un Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, compuesto por representantes de cada Parte que tengan responsabilidades en dichas materias, como instancia para realizar consultas técnicas sobre problemas que surjan en el comercio bilateral y para el reconocimiento de sistemas de inspección y certificación para la facilitación del comercio (artículos 6.3 y 6.4).
5) Obstáculos técnicos al comercio.
El capítulo siete, se ocupa de los “Obstáculos técnicos al comercio”, y su objetivo principal es facilitar el comercio, evitando que los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad se transformen en obstáculos innecesarios al comercio.
El mensaje señala que se profundizan algunas de las disciplinas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos de la OMC y, al mismo tiempo, se incluyen otros mecanismos de colaboración y facilitación del comercio.
El Tratado prevé la creación de un Comité de Expertos que constituye el foro para abordar los problemas que puedan surgir en el comercio bilateral, relacionados con los obstáculos técnicos al comercio. Además se incluye la obligación de dar explicaciones cuando las peticiones de una Parte no son aceptadas por la Otra en ternas que son de interés para Chile, como son la equivalencia de reglamentos técnicos y la evaluación de conformidad (artículos 7.5, 7.6 y 7.8).
6) Las medidas de salvaguardia y los derechos antidumping y compensatorios.
a) Las medidas de salvaguardia.
El capítulo ocho contempla las medidas de “Defensa comercial”, que las Partes pueden adoptar en favor de una industria nacional gravemente afectada como consecuencia de la desgravación arancelaria convenida en el Tratado y el aumento imprevisto de importaciones del mismo bien producido por tal industria o de un bien directamente competidor que de ella deriva. Se trata de las medidas de salvaguardia y los derechos antidumping y compensatorios (artículos 8.1 y 8.8).
Las medidas de salvaguardia sólo pueden consistir en una sobretasa arancelaria que no podrá aplicarse por más de tres años y que no podrá exceder el máximo arancelario de nación más favorecida (artículo 8.2).
Al adoptar estas medidas de salvaguardia, la Parte deberá otorgar a la Otra una compensación, a través de concesiones equivalentes en el comercio bilateral.
El mensaje informa que está expresamente contemplado en el Tratado que, al determinar las causas de un posible aumento de importaciones en Estados Unidos, debe tomarse en consideración que algunos productos chilenos ya estaban libres de arancel en el mercado de ese país previo a la suscripción de este instrumento, principalmente, porque se beneficiaban con el SGP y porque, además, fueron incorporados a la lista de desgravación inmediata.
El mensaje señala que para la implementación de las disposiciones que regulan las salvaguardias bilaterales; esto es, de las que derivan de la desgravación convenida en este Tratado, no se requieren modificaciones legales o administrativas, salvo publicar un reglamento que establezca el órgano competente encargado de llevar a cabo las correspondientes investigaciones.
Tratándose de importaciones de orígenes diversos, que producen dificultades graves en determinadas áreas de la producción nacional, Chile mantiene el derecho de aplicar las disciplinas del Acuerdo de Marrackech, en los términos en que nuestra legislación lo ha previsto: sobretasas arancelarias por un plazo máximo de un año, renovable por una vez y por el mismo tiempo máximo. En estos casos corresponde a la Comisión Nacional Encargada de Investigar Distorsiones en los Precios de Mercaderías Importadas, determinar si se reúnen las condiciones para aplicar las sobretasas arancelarias.
b) Los derechos antidumping y los derechos compensatorios.
Los derechos antidumping permiten enfrentar el dumping, que consiste en la venta de un producto en el exterior a un precio menor al precio que se registra en el mercado interno y siempre que cause o amenace causar daño a los productores locales.
Los derechos compensatorios, por su parte, constituyen un instrumento que se puede aplicar para contrarrestar el daño producido por importaciones subvencionadas.
En el marco del Tratado en estudio, cada Estado mantiene su derecho de aplicar las normas previstas sobre la materia en el marco de la OMC (artículo 8.8).
7) Contratación pública.
El capitulo nueve, relativo a la “Contratación pública”, tiene por objeto reconocer la importancia de realizar la contratación pública de acuerdo con los principios fundamentales de apertura, transparencia y debido proceso, y esforzarse por proporcionar cobertura integral de los mercados de contratación pública de las Parles, mediante la eliminación de los obstáculos de acceso a mercados para el suministro de mercancías y servicios, incluidos los servicios de construcción (preámbulo del capítulo nueve).
Siguiendo el mensaje, el capítulo regula:
-Los principios de trato nacional, no discriminación y transparencia de los procesos de contratación (articulo 9.2);
-Establece la necesidad de publicar, adecuadamente y en un solo medio, todos los llamados a licitación cubiertos (artículos 9.3 y 9.4);
-Dispone informar, oportunamente, los resultados de las licitaciones (artículo 9.11);
-Estandariza los plazos para la presentación de ofertas
(artículo 9.8);
-Asegura estándares mínimos de integridad de los funcionarios públicos involucrados en los procesos de contratación (artículo 9.12);
-Establece la licitación pública como regla general de contratación (artículo 9.9), y
-Reafirma el derecho a recurrir ante una autoridad jurisdiccional independiente frente a cualquier violación de los principios señalados (artículo 9.13).
El mensaje señala que este capítulo constituye una valiosa herramienta de apoyo en la política de perfeccionamiento de los procesos de contratación pública impulsada por nuestro Gobierno, al ser coincidente con los objetivos planteados a nivel interno.
Por otra parte, indica que la cobertura acordada en el capítulo es amplia. Chile no sólo tendrá acceso a la totalidad de entidades en el ámbito federal, sino que además accederá a las adquisiciones de 37 Estados y a una serie de empresas públicas, logrando incluso un mejor acceso que el otorgado a los países del NAFTA, impedidos de participar en contratos a nivel subfederal. Asimismo, Chile tendrá mejor acceso en Estados Unidos que otros países debido a que el capítulo se aplicará a umbrales más bajos, es decir, el monto de las compras a partir del cual rige el Tratado es una cifra menor (US$ 50.000).
Finalmente, destaca que el Tratado abre a los proveedores chilenos de bienes y servicios un nuevo y enorme mercado público en Estados Unidos (1,43 billones de dólares en el año 1998; y 3.500 millones de dólares en el 2000, sin considerar Estados y empresas públicas). Indica que la participación de Chile en el mercado estadounidense es actualmente inexistente, por cuanto, a diferencia de los que sucede en Chile donde no existen limitaciones o prohibiciones a proveedores extranjeros para contratar con el sector público en los Estados Unidos, por mandato legal, las entidades de gobierno sólo están autorizadas a adquirir bienes domésticos exclusivamente de proveedores de los Estados Unidos. Sólo los países que han suscrito tratados comerciales con dicho país están excluidos de tal normativa, excepción que como consecuencia del Tratado en informe, se hará extensiva a nuestros proveedores.
Este capítulo se aplica a la contratación pública de las entidades de gobierno del nivel central ( Presidencia de la República , Ministerios, Intendencias y Gobernaciones); a las del nivel sub-central (municipalidades); a las Empresas Portuarias de Arica , Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso , San Antonio , San Vicente-Talcahuano , Puerto Montt, Chacabuco y Austral, y a los aeropuertos de propiedad del Estado, dependientes de la Dirección de Aeronáutica Civil (listados de anexo 9.1).
8) Inversiones.
El capítulo diez se ocupa de las “Inversiones”, asegurando en el país receptor de la inversión el trato nacional a los inversionistas de la otra Parte; el tratamiento de la nación más favorecida; un trato justo y equitativo y protección y seguridad a las inversiones (artículos 10.2, 10.3 y 10.4).
En esta materia, dice el mensaje, el Tratado no contiene modificaciones sustanciales a las normas nacionales vigentes, ya que básicamente se consolidan las obligaciones negociadas con Canadá y México garantizándose el acceso y la protección de las inversiones a través de disciplinas que además de los principios señalados incluyen prohibición de requisitos de desempeño y de exigir nacionalidad para altos ejecutivos de una empresa (artículos 10.5 y 10.6).
En términos generales, Chile mantuvo la misma apertura que negoció con los dos países señalados, recibiendo como contrapartida el mismo trato concedido por Estados Unidos en el Nafta.
Agrega el mensaje que Estados Unidos reconoció la aplicación del decreto ley N° 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera, y se estableció expresamente la facultad del Comité de Inversiones Extranjeras de decidir de manera no discriminatoria si autoriza la suscripción de un contrato de esta clase y sus condiciones, las que incluyen la exigencia de una determinada relación mínima entre deuda y capital y la restricción de un año para la repatriación del capital (anexo 10-F).
El mensaje anota que estas restricciones permiten a Chile mantener la habilidad de protegerse frente a turbulencias financieras que pudiesen hacerse necesario imponer restricciones a los flujos de capitales.
Las normas sobre expropiación garantizan la inexpropiabilidad o nacionalización de la inversión, salvo que sea ordenada por causa de utilidad pública, no sea discriminatoria y proceda previo pago de una indemnización liquidable y libremente transferible, correspondiente al valor de mercado determinado en la fecha de la medida, más los intereses a una tasa comercialmente razonable (artículo 10.9).
Cabría hacer notar que se excluye la causal de interés nacional prevista en el inciso segundo del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política y expresamente admitida en los diversos tratados de promoción y protección recíproca de inversiones celebrados por Chile, por ejemplo, con Paraguay, Uruguay , Filipinas, Polonia y Ucrania . Sin embargo, informaciones dadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que en el derecho internacional de las inversiones extranjeras, el concepto de interés nacional está implícito en el de utilidad pública. Con ese alcance se negociaron los TLC con Canadá, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea.
Respecto de la solución de controversias, el Tratado establece un sistema especial de solución de controversias relacionadas con inversiones, en virtud del cual un inversionista puede reclamar contra el Estado receptor de su inversión por el incumplimiento de alguna de las obligaciones sustanciales del capítulo diez, para lo cual se contemplan las consultas y negociaciones y si por estas vías no se llega a solución el demandante podrá someter la reclamación al arbitraje de conformidad al Convenio del Ciadi o las Reglas de Arbitraje de la Cnudmi (artículos 10.15 y siguientes).
Si se decide por el arbitraje, el inversionista debe renunciar a iniciar un procedimiento ante los tribunales ordinarios del Estado receptor de la inversión y la opción es definitiva (N° 2 de artículo 10.17).
9) Comercio transfronterizo de servicios.
El capitulo once que se refiere a esta materia regula este comercio, con o sin movimiento del proveedor o consumidor del servicio y otorga protección y acceso a la prestación de servicios transfronterizos a través de las disciplinas de trato nacional, nación más favorecida, la no obligación de presencia local y el acceso a mercados.
El capítulo extiende las disciplinas de reglamentación nacional, transparencia y acceso a los mercados a las inversiones en servicios, pero los inversionistas no pueden impugnar su incumplimiento ante un tribunal arbitral (artículos 11.2, 11.3 y 11.4).
Su ámbito de aplicación está determinado a las medidas que afecten a la producción, distribución, comercialización, venta y suministro de un servicio; a la compra o uso de, o el pago por, un servicio; al acceso a y el uso de sistemas de distribución y transporte, o de redes de telecomunicaciones y los servicios relacionados con el suministro de un servicio; a la presencia en el territorio nacional de un proveedor de servicios de la otra Parte, y al otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como condición para la prestación de un servicio (N° 1 del artículo 11.1).
Entre las medidas disconformes de Chile, o excepciones al capítulo, contempladas en los anexos 1 y 11, el mensaje resalta aquella relativa a la exigencia del Código del Trabajo sobre el mínimo de 85% de trabajadores chilenos en una empresa, ya que con el objeto de facilitar las inversiones desde Estados Unidos, el anexo 1 presume la aplicabilidad de la excepción relativa a personal técnico experto, durante un período de dieciocho meses desde el establecimiento del inversionista.
En el anexo 11.6, relativo a los “Servicios profesionales”, se regulan los servicios de consultores jurídicos extranjeros, garantiza que se permitirá ejercer o prestar asesorías sobre el derecho del país donde un nacional esté autorizado para ejercer como abogado; el otorgamiento de licencias temporales para ingenieros civiles y de todas las especialidades que Chile pueda designar.
10) Servicios financieros.
El objetivo del capítulo doce, referido a “Servicios financieros”, es lograr la liberalización del comercio de estos servicios, distinguiendo entre seguros y servicios relacionados con los seguros y servicios bancarios y otros servicios financieros.
El mensaje destaca la posibilidad de que el país, con la normativa el Tratado, pueda transformarse en el lugar desde el cual las instituciones financieras de los Estados Unidos presten servicios financieros en los demás mercados de América Latina y los beneficios que obtendrán los consumidores locales ante un eventual aumento de la competencia entre los distintos oferentes de servicios financieros.
Respecto de los seguros y servicios relacionados con seguros y los servicios bancarios y de valores, se consolida la actual apertura que permite el establecimiento de compañías de seguros e instituciones financieras extranjeras en el mercado nacional. Respecto de los servicios bancarios no habrá ningún cambio en la regulación de las sucursales de bancos extranjeros en el país.
En lo relativo a la administración de fondos de pensiones, se mantiene plena libertad para que el Banco Central fije el límite de inversión de estos fondos en el exterior. Se consolida el derecho de establecimiento de empresas de administración de fondos de pensiones de propiedad estadounidense, tal como lo permite actualmente la legislación chilena.
El capítulo contiene una excepción general que permite a todas las entidades reguladoras d e los servicios financieros, imponer las medidas de carácter cautelar necesarias para proteger a los consumidores de servicios financieros (depositantes, tenedores de pólizas de seguro, etc.), así como para mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero y de las instituciones financieras.
11) Telecomunicaciones.
El capítulo trece, relativo a “Telecomunicaciones” contempla compromisos coincidentes con los ya adquiridos por Chile en la OMC, con México, Canadá , Unión Europea y la República de Corea.
12) Entrada temporal de personas de negocios.
Las normas del capítulo catorce, contemplan en esta materia facilidades para la tramitación, requerimientos y plazos para el otorgamiento de visas a chilenos que deseen ingresar a Estados Unidos en cualquiera de las cuatro categorías de personas de negocios que se contemplan: visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, personal transferido dentro de una empresa y profesionales, en un momento en que progresivamente Estados Unidos adopta nuevas medidas de protección frente a la entrada de extranjeros a su territorio.
Destaca el mensaje que en virtud de las normas de este capitulo, no pueden establecerse limites numéricos ni procedimientos previos o certificaciones laborales como condición para el otorgamiento de una visa y que, en el caso especifico de los comerciantes e inversionistas, los chilenos calificarán para la obtención de una visa especial a la que acceden sólo los nacionales de países signatarios de acuerdos comerciales con Estados Unidos.
A diferencia del Nafta o de los acordados por Chile con Canadá y México , este capítulo crea para los servicios profesionales un estándar en reemplazo de una lista taxativa de profesiones, lo que otorgará mayor flexibilidad al sistema.
13) Comercio electrónico.
El capítulo quince regula este comercio, que involucra la utilización de internet como medio para el intercambio de productos digitalizados transmitidos electrónicamente. El objetivo del capítulo es reconocer la creciente relevancia del comercio electrónico y la importancia de limitar las barreras innecesarias para que éste se pueda desarrollar.
El capítulo consagra el compromiso de no aplicar aranceles aduaneros a los productos digitalizados transmitidos electrónicamente. También se contempla el principio general de no discriminación en atención a su origen o autor; sin embargo, dentro de un año, desde la fecha de vigencia del Tratado, una Parte puede presentar una lista de sus medidas disconformes con el principio con el objeto de poder mantenerlas con posterioridad.
14) Política de competencia, monopolios designados y empresas del Estado.
El capítulo dieciséis, dedicado a estas materias, al tenor del mensaje, es plenamente compatible con la legislación chilena y establece, básicamente, la obligación de mantener o adoptar medidas que prohíban prácticas contrarias a la libre competencia.
Entre sus normas generales se dispone:
a) Que cada Parte adoptará o mantendrá leyes de competencia que proscriban las prácticas de negocios anticompetitivas, con el fin de promover la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, y adoptará las acciones adecuadas con respecto a dichas prácticas. Además, nada de lo dispuesto en el capítulo podrá interpretarse en el sentido de infringir la autonomía de cada Parte en el desarrollo de sus políticas de competencia o en la decisión de cómo hacer cumplir sus leyes de competencia (N°s. 1 y 3 de artículo 16.1).
b) Por otra parte, nada de lo dispuesto en el capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte designe un monopolio o mantener una empresa del Estado (N°s. 1 de artículos 16.3 y 16.4).
En estos casos, las Partes deberán adoptar las medidas necesarias con el objeto de que el monopolio o la empresa del Estado actúen de manera compatible con las obligaciones del Tratado, tomando sus decisiones solamente bajo consideraciones comerciales y otorgando un trato no discriminatorio en sus adquisiciones y ventas.
15) Derechos de propiedad intelectual.
El capítulo diecisiete regula los derechos de propiedad intelectual, incluyendo disposiciones sobre marcas de fábricas o de comercio (17.2), nombres de dominio en internet (17.3), indicaciones geográficas (17.4), derechos de autor y derechos conexos (17.5, 17.6, 17.7), protección de señales satelitales portadoras de programas codificados (17.8), patentes (17.9), materias que el mensaje califica como de gran complejidad, pero claves para el desarrollo de la creación e innovación en el país, las que contribuirán a posicionar a Chile corno plataforma de inversiones tecnológicas.
Agrega que tales normas establecen un equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los consumidores, por una parte, y por otra, entre los intereses de los titulares nacionales y los titulares extranjeros de propiedad intelectual, de modo de garantizar el intercambio fluido de conocimientos y evitar trabas innecesarias en el comercio de bienes y servicios con contenidos de propiedad intelectual.
Además, se contempla el compromiso de las Partes de adherir y ratificar, dentro de plazos que se fijan, a diversos tratados multilaterales sobre propiedad intelectual, los que, en general, crean mecanismos procesales que ayudarán tanto a los inventores y titulares chilenos y extranjeros a organizar sus recursos, facilitar los trámites de solicitud y crear ambientes seguros para la protección de sus derechos (artículo 17.1).
Se deja constancia que ninguna disposición del capítulo irá en detrimento de las disposiciones que sobre la materia se han adoptado en el seno de la OMC o de la OMPI.
16) Trabajo.
El capítulo dieciocho se refiere a esta materia. El mensaje señala que ambos países se comprometen en forma rigurosa al cumplimiento de su propia legislación laboral, respecto de las normas laborales fundamentales que se definen en el texto y que son: libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil, condiciones de trabajo aceptables relativas a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad social y ocupacional (N° 2 del ar-tículo 18.1).
El capítulo descarta la homologación normativa y resguarda expresamente el principio de soberanía respecto de modificar la propia legislación o a la determinación de las acciones de la Administración en materia de fiscalización del trabajo. Asimismo, se resguarda la autonomía del Poder Judicial en cuanto las disposiciones del Tratado no permiten que sean objeto de revisión las decisiones de los tribunales sobre materias pendientes o ya resueltas (ar-tículos 18.3).
Se establece un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto por representantes de nivel ministerial, para supervisar la implementación y revisión de los acuerdos alcanzados en la materia (artículo 18.4).
Se contempla, además, un mecanismo de cooperación laboral con énfasis en el cumplimiento de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998) y del Convenio 182 de la OIT sobre Prohibición y la Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999).
17) Medio ambiente.
En el capítulo diecinueve, que trata del “Medio ambiente”, ambos países se comprometen a dar cumplimiento efectivo a su propia legislación, del mismo modo como se convino en materia laboral (artículo 19.1). Esta es la única obligación del capítulo, como lo señala el mensaje, cuyo cumplimiento es exigible a través del procedimiento de solución de controversias del Tratado.
Cada Parte conserva el derecho de establecer sus propios niveles de protección ambiental y políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así corno de adoptar y modificar, en consecuencia, su legislación ambiental (artículo 19.1).
En materia institucional, se crea un Consejo de Asuntos Ambientales, compuesto por representantes de nivel ministerial, que constituye el foro de discusión especializado de estas materias (artículo 19.3).
El mensaje señala que este capitulo contribuirá a que Chile sea reconocido y valorado como un país que adhiere firmemente a los principios de desarrollo sustentable y que se esfuerza por armonizar el crecimiento económico con la equidad social y con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.
18) Administración del Tratado.
El capítulo veintiuno regula esta materia. Establece para la administración del Tratado, en primer lugar, una Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes a nivel ministerial, o por las personas que éstos designen, la que se reunirá, a lo menos, una vez al año (ar-tículo 21.1).
Adicionalmente, cada País debe comunicar la oficina encargada de proporcionar asistencia a la Comisión y a los grupos arbitrales que se establezcan de conformidad con el Tratado (artículo 21.2).
19) Solución de controversias.
El capítulo veintidós regula los mecanismos de solución de controversias aplicables a las diferencias que se produzcan por la aplicación de todos los capítulos del Tratado, salvo los expresamente excluidos, como es el caso de las relativas a asuntos de competencia, monopolios y empresas del Estado (artículo 16.8).
En los asuntos laborales y ambientales se aplica la regla inversa, ya que está cubierto por este mecanismo sólo la obligación de no dejar de aplicar efectivamente su propia legislación laboral o ambiental, a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte al comercio entre las Partes (artículos 18.6 y 19.6.).
El procedimiento general regulado en este capítulo contempla, en primer lugar, las consultas o negociaciones directas entre las Partes; en seguida, la intervención de la Comisión de Libre Comercio como instancia de discusión y solución de disputas, a través de buenos oficios, mediación y conciliación (artículo 22.5); si por estos medios las Partes no llegan a acuerdo, pueden recurrir a un tribunal arbitral de tres jueces (artículo 22.9) que debe determinar si una de las Partes ha incumplido con sus obligaciones y, eventualmente, presentar sus recomendaciones.
A diferencia de los sistemas clásicos de solución de controversias, el mecanismo previsto en el Tratado incorpora como alternativa la opción de pagar una compensación monetaria correspondiente a un porcentaje de los beneficios de efecto equivalente que tendría derecho a suspender la Parte demandante. Sin embargo, en materia laboral y ambiental esa compensación constituye una contribución monetaria, cuyo objeto es financiar el plan de acción que acuerden las Partes en orden a mejorar el cumplimiento de la propia normativa de la Parte demandada.
20) Excepciones.
El capítulo veintitrés se ocupa de las excepciones que las Partes han previsto en beneficio de la aplicabilidad de determinadas normas convenidas en el marco de la OMC; en resguardo de sus intereses esenciales en materia de seguridad y para preservar la vigencia de su régimen tributario y el equilibrio de su balanza de pagos.
En virtud de las excepciones generales vinculadas a la normativa de la OMC, se dispone que para los efectos de los capítulos tres al siete, relativos a trato nacional y acceso de mercancías al mercado, reglas de origen, administración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio, se entenderán incorporadas al régimen de este Tratado las excepciones previstas en el artículo XX del GATT 1994, en las que se permite a los Estados adoptar medidas restrictivas del comercio internacional, no discriminatorias e injustas, por razones de moral pública, de protección de la salud y la vida de las personas, de los animales y de los vegetales, entre otras (N° 1 artículo 23.1).
Análoga disposición se contempla respecto de los capítulos once, trece y quince, concernientes a comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico, en cuanto a la aplicabilidad de las excepciones señaladas a dichos sectores, en conformidad a lo establecido en el artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Agcs).
Las excepciones de seguridad tienen por objeto permitir que las Partes no sean obligadas a entregar información contraria a sus intereses esenciales de seguridad, o impedirles cumplir sus compromisos contraídos en el marco de la ONU con respecto al mantenimiento y restauración de la paz y la seguridad internacionales (artículo 23.2).
En el plano de la tributación interna, se conviene que nada de lo dispuesto en el Tratado afectará los derechos y obligaciones de cualquier Parte que deriven de un convenio tributario, a menos que ello sea incompatible con los principios de trato nacional, acceso al mercado y a impuestos a la exportación, entre otras disposiciones (artículo 23.3).
En el ámbito de las medidas de balanza de pagos, se establece que la Parte que las imponga lo hará conforme a las reglas del Gatt 1994, y sin menoscabar los beneficios relativos otorgados a la otra Parte de este Tratado (artículo 23.4).
21) Disposiciones finales.
Vigencia y denuncia del Tratado
El capítulo veinticuatro se refiere a las “Disposiciones finales”, entre las que adquiere relevancia la relativa a la vigencia de este Tratado. Este efecto se producirá 60 días después de la fecha en que los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América intercambien notificaciones escritas indicando que han completado los procedimientos jurídicos internos necesarios para la aprobación de los Tratados internacionales o en cualquier otro plazo que las Partes acuerden. También se conviene en que cualquier Parte puede poner término a este Tratado, mediante una notificación a la otra Parte, caso en el cual el Tratado dejará de ser aplicable a los 180 días después de la fecha de la notificación.
III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
A) PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISION.
1. Autoridades y funcionarios de Gobierno.
-La ministra de Relaciones Exteriores , señora María Soledad Alvear Valenzuela ;
-El ministro de Relaciones Exteriores (S) señor Cristián Barros Melet ;
-El ministro de Agricultura señor Jaime Campos Quiroga ;
-El ministro del Trabajo y Previsión Social, don Ricardo Solari Saavedra ;
-El Director de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería , embajador Osvaldo Rosales Villavicencio ;
-El Subsecretario de Agricultura , señor Arturo Barrera Miranda ;
-El Subsecretario de Economía , señor Álvaro Díaz Pérez ;
-El Director de Asuntos Económicos Multilaterales de Direcon y Negociador Alterno del TLC con Estados Unidos, señor Ricardo Lagos Weber;
-La Jefa del Departamento América del Norte - Alca de la Direcon, señora Alicia Frohmann Steinberg;
-La Jefa del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio, de Economía Fomento y Reconstrucción, señora Ana María Vallina ;
-El Encargado del Departamento de Acceso a Mercado de la Direcon, señor Andrés Rebolledo;
-El Jefe del Departamento de Servicios, Inversiones y Transportes Aéreos de la Direcon, señor Andrés Bubinic;
-El Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura , señor Igor Garafulic;
-El Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, señor Carlos Furche;
-El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaría de Economía, señor Eleazar Bravo;
-El Director de Asuntos Económicos Bilaterales de Direcon , señor Mario Matus ;
-El Coordinador de Asuntos Internacionales del Banco Central , señor Raúl Sáez ;
-El Gerente de Análisis y Operaciones Internacionales del Banco Central, señor Sergio Lehmann ;
-El Abogado de la Fiscalía del Banco Central, señor Pablo Mattar.
-El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , señor Enrique Marshall ;
-El Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones , señor Guillermo Larraín , y
-El Superintendente de Valores y Seguros, señor Alejandro Ferreiro .
2. Representantes de entidades del Sector Privado.
-El Gerente de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), señor Felipe De la Carrera;
-El Presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (Asoex), señor Ronald Bown;
-El Presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia (Saval), señor Víctor Valentín ;
-El Presidente de los Productores de Leche de Valdivia (Aproval Leche), señor José Llull;
-El Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señor Andrés Santa Cruz ;
-El Gerente de Operaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señor Gustavo Rojas ;
-El Director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), señor Alfredo Behrmann ;
-El Presidente de la Federación de Agricultores de Osorno (Fedagro), señor Enrique Matthei;
-El Presidente de la Asociación de Productores de Leche de Llanquihue (Agrollanquihue), señor Alfredo Mechsner;
-El Presidente de la Asociación de Exportadores de Lácteos, señor Patricio Lyon García ;
-El Presidente de la Federación de Procesadores de Alimentos y Agroindustriales de Chile (Fepach), señor Sergio Araya Uziel;
-El Presidente de la Asociación Gremial de Productores de Deshidratados de Chile (Adech), señor Alberto Montanari Mazzarelli ;
-El Vicepresidente de la Federación Gremial de Productores de Fruta (Fedefruta), señor Domingo Romero ;
-El Gerente de la Federación de Productores Lácteos (Fedeleche), señor Carlos Arancibia;
-El Presidente de la Federación Nacional de Productores de Carne (Fedecarne), señor Alejandro Novoa;
-El Vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Lácteos y Gerente de Marketing de la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Ltda., señor Juan Manuel Ricciulli ;
-El Presidente del Consorcio Agrícola del Sur, señor Manuel Riesco;
-El Presidente de la Asociación de Productores de Quesos, señor Alfredo Albarrán;
-El Gerente de la Cooperativa Peumo, señor Ricardo Danessi;
-El Director Ejecutivo de la Fundación Terram , señor Rodrigo Pizarro ;
-La Gerente General de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Chile (Asilfa), señora María Angélica Sánchez ;
-El asesor experto en propiedad intelectual de Asilfa, señor Jaime Palma ;
-El Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor , señor Santiago Schuster ;
-El Presidente de la Sociedad Chilena de Propiedad Industrial , señor Sergio Amenábar ;
-El Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica , señor José Manuel Cousiño ;
-El Primer Vicepresidente , Comisión Asuntos Nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores, señor Alfonso Lathrop ;
-El Director Ejecutivo de la organización no gubernamental Rides , señor Hernán Blanco ;
-La Vicepresidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), señora Gabriela Flores ;
-El Director de Educación de la Confederación Bancaria , señor Luis Mesina ;
-El Subgerente Corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), señor Pedro Reus ;
-La Directora del Programa de Economía del Trabajo, señora Carmen Espinoza;
-El Presidente de la Comisión Laboral de la Confederación de la Producción y el Comercio, señor Augusto Bruna ;
-El Presidente de la Comisión Ambiental de la Confederación de la Producción y el Comercio, señor Guillermo Donoso ;
-El Gerente de Comercio Exterior de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), señor Hugo Baierlein ;
-La Gerente de Estudios de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), señora María Teresa Arana;
-La Gerente de Administración y Finanzas de la Asociación de la Industria del Salmón, señora Karen Ostergaard ;
-La Gerente de Comercio Exterior de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asimet), señora Alejandra Molina ;
-El Director General de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asimet), señor Patricio Lehuedé ;
-El Vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), señor Haroldo Venegas;
-El Vicepresidente del Comité Internacional de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, señor Andrés Pérez Peña ;
-El Representante de la Asociación Nacional de Exportadores, señor Antonio Oyarzún Marín , y
-El Gerente General de la Asociación de Aseguradores de Chile, señor Jorge Claude.
3. Lo sustancial de las opiniones recibidas por la Comisión.
Las personas escuchadas por la Comisión, tanto de Gobierno como del Sector Privado, manifestaron opiniones favorables a la aprobación de este tratado, con excepción, principal, de los representantes del Consorcio Agrícola del Sur y de la Fundación Terram.
El señor Riesco, don Germán ( Presidente del Consorcio Agrícola del Sur) aseveró que en el sur de Chile se considera que el Tratado es malo, porque acabará con la banda de precios que protege a los productores de trigo y la agricultura nacional se enfrentará a la agriculturas subsidiadas de Estados Unidos y Europa. Además, señaló, que el tema del trigo obligará a los que cultivaban este grano a producir leche, lo que generará una sobre oferta en un mercado internacional ya muy competitivo.
En cuanto al tema de la carne, explicó que las ganancias que genera la exportación de ese producto a Europa, en la actualidad son mínimas. Agregó que, en general, los pequeños y medianos productores no tendrán acceso a los beneficios de este tratado, sino sólo las grandes empresas.
Por su parte, el señor Pizarro, don Rodrigo ( Director Ejecutivo de la Fundación Terram ), además de diversos juicios críticos al Tratado, por el resultado de las negociaciones en sus aspectos comerciales, agrícolas, de propiedad intelectual, financiero, cultural, laboral y medio ambiental, señaló que al parecer de la Fundación Terram, este tratado afecta directamente la capacidad de hacer políticas públicas; afecta la capacidad de tener una política económica autónoma, impide la discrecionalidad y capacidad de generar políticas soberanas dado que cada Parte deberá notificar a la otra de todo lo que considere que pueda afectar, sustancialmente, al Tratado.
Cabe señalar, en todo caso, en una visión global de las exposiciones recibidas, que hubo consenso en que el Tratado constituye un instrumento significativo como fuente de oportunidades para todos los sectores de la economía nacional.
Sin embargo, se sostuvo que será necesario efectuar transformaciones para el aprovechamiento de estas oportunidades, y mejorar la calidad de determinados productos o de su certificación, reconvertir en el mediano o largo plazo zonas de explotación agrícola para incorporar cultivos en los cuales el país presenta ventajas comparativas y competitivas, robustecer controles fito y zoo sanitarios, adicionar mayor valor agregado a muchas exportaciones con el propósito de disminuir la incidencia del transporte en el valor final de lo exportado, dada la distancia a que se encuentran Chile y su nuevo socio comercial, mejorar sustancialmente distintos elementos del sistema educativo nacional, en especial en lo que concierne a carreras técnicas, etc.
También hubo consenso en que los efectos del TLC se traducirán en una mejoría gradual que se reflejará en un crecimiento cercano al 1% del PIB en el mediano plazo.
Por otra parte, fue mayoritariamente compartida la afirmación de que una importancia fundamental del Tratado deriva del aval que se está recibiendo de la primera economía del planeta, en el sentido que Chile es un país en vías de desarrollo, con una economía abierta, fundada sobre bases sólidas, con una burocracia pública eficiente y transparente, con reglas claras en materia de inversión extranjera y bajos niveles relativos de corrupción, lo que permite que los Estados Unidos consideren a Chile como un socio viable en el camino mutuo del comercio y el desarrollo.
Además, se sostuvo que ésta es una carta adicional de presentación del país en el mundo de los mercados internacionales y de la globalización, que puede tener efectos indirectos sobre el comercio de Chile con terceros países y la apertura de nuevos mercados.
En el plano de las normas sobre propiedad intelectual que se incorporan al Tratado, también hubo consenso en el desafío que plantea el Tratado a Chile, el socio más pequeño, que posee una situación deficitaria en materia de investigación y desarrollo científico y tecnológico, que se traduce en pago de patentes y derechos de invención sin que exista una contrapartida equivalente por la vía del cobro de derechos por tales conceptos. La industria farmacéutica señaló, por medio de la Cámara de la Industria Farmacéutica, que este Tratado incentivará la inversión en el sector e impactará positivamente en el empleo y los salarios; en cambio, la organización de Laboratorios Farmacéuticos sostuvo que el Tratado limita fuertemente su capacidad de exportar porque la estructura norteamericana no deja entrar productos farmacéuticos a competir.
Se sostuvo que el Tratado constituye un instrumento conducente al logro de un proceso de desarrollo sustentable en la medida en que considera los factores medioambientales en el proceso productor y exportador. La “producción limpia” justifica los esfuerzos que el país tenga que hacer para adaptarse a los estándares del mundo desarrollado.
Finalmente, en materia del desarrollo científico y tecnológico de Chile, se reconoció que las oportunidades del Tratado son innegables, dadas las posibilidades de capacitación para chilenos en la primera potencia económica del mundo.
En el documento anexo N° 2, se proporciona lo sustancial de lo expuesto por las Autoridades y funcionarios de Gobierno y por los representantes de las entidades del Sector Privado.
B) APROBACIÓN DEL TRATADO EN INFORME.
Durante su estudio la Comisión pudo constatar que este Tratado es de un contenido análogo a otros ya aprobados por el Congreso Nacional, como los celebrados con la Unión Europea, Canadá , México y la República de Corea, y que en diversas materias se remite a tratados internacionales multilaterales ya vigentes en el orden interno, como los suscritos en el marco de la OMC.
La Comisión, además, compartió plenamente los propósitos que animan a los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América en su celebración, según las declaraciones que formulan en el preámbulo del Tratado.
De modo que por lo señalado y atendidos los antecedentes recibidos, decidió, por mayoría de votos, recomendar a la honorable Cámara que adopte el artículo único del proyecto de acuerdo aprobatorio del “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y sus anexos, con modificaciones formales que tienen por objeto hacer expresa mención, por razones de certeza jurídica, a las notas intercambiadas entre los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América, el 6 de junio de 2003, para precisar el entendimiento alcanzado por las delegaciones de ambos países en el curso de las negociaciones relativas a la Sección D del anexo 14.3 (Entrada temporal de personas de negocios); a la medida disconforme de Chile en materia de programación en la transmisión televisiva de libre recepción contenida en el anexo I del Tratado; al anexo 11.9 (Servicios profesionales) y el suministro de servicios de ingeniería del Tratado; a los compromisos sobre medidas disconformes en materia de comercio transfronterizo de servicios; al compromiso de instar a las agencias especializadas de ambos países para que desarrollen un trabajo técnico y científico con el fin de lograr acceso al mercado para que el comercio bilateral de carne de ave sea mutuamente beneficio para ambas Partes, y al anexo 14.3 (Entrada temporal de personas de negocios).
C) TEXTO SUSTITUTIVO DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE POPONE LA COMISIÓN.
El texto del artículo único que la Comisión somete a la consideración de la honorable Cámara es del tenor siguiente:
“Artículo único.- Apruébanse el “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y sus anexos, adoptados en Miami el 6 de junio de 2003, y las Notas intercambiadas entre ambos Gobiernos, en la misma fecha, para precisar el alcance de las negociaciones relativas a la Sección D del anexo 14.3 (Entrada temporal de personas de negocios); a la medida disconforme de Chile en materia de programación en la transmisión televisiva de libre recepción contenida en el anexo I del Tratado; al anexo 11.9 (Servicios profesionales) y el suministro de servicios de ingeniería del Tratado; a los compromisos sobre medidas disconformes en materia de comercio transfronterizo de servicios; al compromiso de instar a las agencias especializadas de ambos países para que desarrollen un trabajo técnico y científico con el fin de lograr acceso al mercado para que el comercio bilateral de carne de ave sea mutuamente beneficioso para ambas Partes, y al anexo 14.3 (Entrada temporal de personas de negocios).”.
Concurrieron con su voto, a la mayoría favorable a la aprobación de estos instrumentos, los señores diputados: Riveros Marín, don Edgardo ( Presidente de la Comisión ); Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro ; Alvarez Zenteno, don Rodrigo ; Barros Montero, don Ramón ; Bayo Veloso, don Francisco ; Hernández Hernández, don Javier ; Ibáñez Santa María, don Gonzalo ; Jaramillo Becker, don Enrique ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio ; Longton Guerrero, don Arturo ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Meza Moncada, don Fernando ; Mora Longa, don Waldo ; Moreira Barros, don Iván ; Muñoz Aburto, don Pedro ; Ortiz Novoa, don José Miguel ; Quintana Leal, don Jaime ; Salaberry Soto, don Felipe ; Tarud Daccarett, don Jorge , y Villouta Concha, don Edmundo .
Votaron en contra de la aprobación de este Tratado, la señora diputada Sepúlveda Órbenes , doña Alejandra , y los señores diputados Aguiló Melo, don Sergio , y Galilea Vidaurre, don José Antonio .
D) SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DE LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE VOTARON EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL TRATADO.
Para los efectos de lo dispuesto en el N° 6° del artículo 287 del Reglamento de la honorable Cámara se proporciona, a continuación, una síntesis de las opiniones de los señores diputados que votaron en contra del proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado en informe:
La señora diputada Sepúlveda Órbenes , doña Alejandra , sostuvo que así como este tratado es un instrumento que genera oportunidades para nuestro comercio exterior, es necesario que al interior del país también haya instrumentos que generen oportunidades. Afirmó que si se basa el crecimiento de Chile sólo en las exportaciones que se quieren realizar, se le estará haciendo un flaco favor al país.
Le preocupan los subsidios que tiene Estados Unidos. Del mismo modo, el hecho de que Chile no tenga un fomento productivo que, efectivamente, pueda acercarse al crecimiento interno. Señaló que Indap ha disminuido en un tercio sus usuarios, y reducido los créditos a la mitad. Afirmó que no existen créditos a organizaciones. No entiende cómo podría llamarse a eso fomento productivo. No existen políticas a favor de las Pymes; no hay políticas crediticias claras para las pequeñas y medianas empresas rurales o urbanas. Es muy larga la lista de aspectos que se debería corregir para que pueda producirse un fomento productivo articulado con los distintos entes del Estado.
Hizo notar que pertenece y representa a una Región exportadora; por eso, declaró conocer las diferencias y desigualdades que allí se dan cuando existen oportunidades para unos, que resultan ser siempre los mismos. Lamentablemente, los pequeños y los medianos, urbanos o rurales, siempre se quedan postergados de estas oportunidades.
Informó que los recursos que se le han entregado para hacer asesorías los ha invertido en el estudio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y cada vez que analiza y se crea alguna hipótesis frente a distintos supuestos, en relación con el Tratado, se da cuenta de que lo único que se está haciendo es aumentar las desigualdades, cuando quienes se benefician son siempre los mismos.
No le cabe duda de que la apertura de nuestro país es un proceso que tiene treinta años; pero en esta larga historia, bastantes han quedado en el camino, fundamentalmente la industria nacional.
Por lo expuesto, su voto es en contra del Tratado.
El señor diputado Aguiló Melo, don Sergio , se congratuló de haber participado en la fase final del trabajo de la Comisión, que honra al Parlamento y que es la más viva expresión de la democracia republicana del país.
Declaró que en un país libre y democrático, las opiniones sobre temas tan fundamentales se vierten con altura de miras, con argumentos y con razonamientos, tal como han sido planteados en la Comisión.
Afirmó que concurría con su voto, porque, no obstante no haber participado en la recepción de la información que aquí se ha expresado, ha tenido la posibilidad, dada la importancia del tema y su interés en el mismo, de leer con mucha acuciosidad los argumentos presentados, entre otros, por el destacado economista señor Rodrigo Pizarro , quien argumentó en nombre de la Fundación Terram.
Sostuvo, que además, ha tenido la oportunidad de leer con particular detenimiento los argumentos y reflexiones del destacado economista norteamericano Joseph Stiglitz , Premio Nóbel de Economía de 2000 . Éste último, como se sabe, no sólo ha tenido la posibilidad de hacer reflexiones y planteamientos acerca de los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha suscrito con otros países, sino también con Chile, una vez conocidos los términos de éste. Del estudio de estos temas, el señor diputado concluye que este Tratado viene a ser algo como una constitución en el campo económico; así como las naciones tienen una constitución en el campo del orden jurídico institucional, esta es una materia que ordena, organiza y establece posiciones, prohibiciones, posibilidades y restricciones por largo tiempo en el país.
Afirmó que este Tratado de Libre Comercio contiene materias de comercio, pero también un conjunto de otras materias, como son las de orden financiero -vinculadas al tratamiento de las inversiones extranjeras y norteamericanas-, de propiedad intelectual y de temas laborales y ambientales que trascienden con mucho al tema estrictamente comercial. Estos temas le han llevado a concluir que, al menos, existe una duda razonable de que se hipoteca o que podría hipotecarse la soberanía de Chile para desarrollar en el futuro estrategias y políticas enteramente libres en el campo económico.
Por lo mismo, y porque es uno de los que piensa que vamos a tener que innovar en materia de estrategia y política económica, si se quiere construir un país que vaya creciendo, pero con igualdad, y que pertenezca y sea asumido por todos los chilenos, esa libertad no puede ser cuestionada por el Tratado de Libre Comercio. Por ello, sin perjuicio de entregar mayor argumentación en la Sala, anuncia su voto en contra.
El señor diputado Galilea, don José Antonio , señaló que durante la discusión de este Tratado, en las largas y numerosas sesiones, estuvo en la disyuntiva de apreciar algo que aparentemente es bueno para el país, en términos generales, pero que, por otra parte, puede afectar, claramente, a ciertos sectores de su Región que no podrán aprovechar los beneficios de un Tratado de estas características.
Manifestó que tampoco puede eludir el hecho de que, por largos años, representa a la Región más pobre del país, pues es la que menos exporta y es aquella en la que menos se invierte. Por lo tanto, ha considerado que su obligación ética y moral es privilegiar los intereses de su zona, aún aceptando que los beneficios generales para el país pueden, eventualmente, no ser discutibles.
Afirmó que, lamentablemente, hasta ahora, el Ejecutivo ha sido extremadamente vago, inexacto y, a su juicio, ha eludido contraer mayores compromisos con aquellas zonas del país que están al margen del proceso exportador y también compromisos con actividades que pueden verse perjudicadas al obtener beneficios de este Tratado.
Recuerda que el embajador Rosales ha sido muy explícito durante todas las sesiones que celebradas en el estudio de este Tratado, en orden a a poner el acento en que se trata de un instrumento que genera una enorme oportunidad para el país; pero, lamentablemente, aquí no ha habido representantes del Ejecutivo que asuman planteamientos, por ejemplo, de apoyo a la mediana y pequeña empresa, a ciertos sectores agrícolas, a zonas marginadas del modelo exportador, a la forma en que vamos a enfrentar las prácticas desleales o a aspectos relativos a la modernización de ciertos organismos del Estado, para poder usar este instrumento y enfrentar el desafío y la oportunidad que genera, etcétera.
Espera que en los trámites posteriores de este Tratado en el Parlamento se produzca una interlocución con autoridades del Ejecutivo que tengan en sus manos el poder de contraer compromisos en estas y otras materias.
Como hasta ahora ello no ha sido posible, manifiesta que se ve en la obligación de votar en contra. Deja constancia que habría preferido que, primero, se hubiesen tenido compromisos sobre la mesa y después haber votado, para hacerlo con la tranquilidad de entender de qué manera el Estado va a preparar a las Regiones -como la Novena- para usar este instrumento y estas oportunidades. Declara que si hubiera cambios en la conducta del Ejecutivo , más adelante, en su momento, podría valor un cambio de su posición. Por ahora, anuncia su voto en contra.
E) DESIGNACIÓN DE DIPUTADO INFORMANTE.
Esta nominación recayó, por unanimidad, en el honorable diputado Edgardo Riveros Marín , Presidente de la Comisión .
F) MENCIONES REGLAMENTARIAS.
1) Necesidad de aprobar el Tratado con quórum orgánico constitucional.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, la Comisión acordó consignar que este Tratado, del mismo modo como ocurrió con los TLC celebrados con Canadá, México y República de Corea, debe ser aprobado con quórum orgánico constitucional, en virtud de las disposiciones que se contemplan en el artículo 10.8 del capítulo diez “Inversión”, complementadas con las del anexo 10-C, Disposiciones especiales de solución de controversias, en la medida en que su aplicación incidirá, eventualmente, en las facultades que el Banco Central de Chile tiene para restringir las operaciones internacionales en moneda extranjera, en virtud de lo dispuesto por la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Instituto Emisor.
2. Conocimiento del Tratado por la honorable Comisión de Hacienda.
En cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, este Tratado, sus anexos y notas, deben ser conocidos por la honorable Comisión de Hacienda, por su incidencia financiera para el Estado y por el alcance de sus normas sobre la economía del país.
-o-
Discutido y despachado en sesiones de los días 13, 25, 27 y 28 de agosto y 1, 2, 4, 8 y 10 de septiembre de 2003, con asistencia del señor diputado Riveros Marín, don Edgardo ( presidente de la Comisión ); de las señoras diputadas González Román, doña Rosa ; Mella Gajardo , doña María Eugenia ; Sepúlveda Orbenes , doña Alejandra , y Soto González, doña Laura ; y de los señores diputados Aguiló Melo, don Sergio ; Alvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Alvarez Zenteno, don Rodrigo ; Barros Montero, don Ramón ; Bayo Veloso, don Francisco ; Dittborn Cordua, don Julio ; Encina Moriamez, don Francisco ; Escalona Medina, don Camilo ; Galilea Vidaurre, don José Antonio ; González Torres, don Rodrigo ; Hernández Hernández, don Javier ; Ibáñez Santa María, don Gonzalo ; Jaramillo Becker, don Enrique ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio ; Leay Morán, don Cristián ; Longton Guerrero, don Arturo ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Meza Moncada, don Fernando ; Mora Longa, don Waldo ; Moreira Barros, don Iván ; Muñoz Aburto, don Pedro ; Ortiz Novoa, don José Miguel ; Quintana Leal, don Jaime ; Salaberry Soto, don Felipe ; Sánchez Grunert, don Leopoldo ; Tarud Daccarett, don Jorge ; Tuma Zedán, don Eugenio ; Villouta Concha, don Edmundo , y Walker Prieto, don Patricio .
También asistieron la diputada , señora Allende Bussi , doña Isabel ( Presidenta de la Cámara de Diputados), y los diputados señores Bauer Jouanne, don Eugenio ; Ceroni Fuentes, don Guillermo ; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano ; García García, don René Manuel ; Letelier Morel, don Juan Pablo ; Letelier Norambuena, don Felipe ; Lorenzini Basso, don Pablo ; Ojeda Uribe, don Sergio ; Pérez Arriagada, don José ; Pérez Lobos, don Aníbal ; Recondo Lavanderos, don Carlos ; Saffirio Suárez, don Eduardo , y Silva Ortiz, don Exequiel ( Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados), todos diputados no integrantes de la Comisión.
Sala de la Comisión, a 10 de septiembre de 2003.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
ANEXO 1
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE-ESTADOS UNIDOS
Oportunidades para las regiones
Agosto 2003
Oportunidades para la I Región de Tarapacá
Oportunidades para la II Región de Antofagasta
Oportunidades para la III Región de Atacama
Oportunidades para la IV Región de Coquimbo
Oportunidades para la V Región de Valparaíso
Oportunidades para la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins
Oportunidades para la VII Región del Maule
Oportunidades para la VIII Región del Biobío
Oportunidades para la IX Región de La Araucanía
Oportunidades para la X Región de Los Lagos
Oportunidades para la XI Región de General Carlos Ibáñez del Campo
Oportunidades para la XII Región de Magallanes
Oportunidades para la Región Metropolitana
ANEXO 2
RESEÑA DE LAS EXPOSICIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN
Estas exposiciones la Comisión las recibió en las sesiones celebradas los días 25, 27 y 28 de agosto; 1, 2, 4, 8 y 10 de septiembre, de 2003, dedicadas, la primera, a un análisis general de los alcances del Tratado, con la participación de la Ministra de Relaciones Exteriores , señora María Soledad Alvear Valenzuela , y el Director General de Relaciones Internacionales , embajador Osvaldo Rosales Villavicencio .
En las sesiones siguientes, la Comisión se abocó al estudio pormenorizado, con participación de autoridades y funcionarios directivos de Gobierno y representantes del Sector Privado especializadas en las materias reguladas en los capítulos relativos a acceso de mercados, normas de origen, procedimientos aduaneros, asuntos sanitarios y fitosanitarios, obstáculos técnicos al comercio, inversiones, servicios, entrada temporal, compras públicas y políticas de competencia, agricultura, salvaguardias y derechos antidumping, propiedad intelectual, comercio electrónico, normas laborales, medioambientales y solución de controversias, y servicios financieros.
Las exposiciones reseñadas en este documento anexo, son las siguientes:
Del Sector Gubernamental
1) De la ministra de Relaciones Exteriores , señora María Soledad Alvear Valenzuela , sobre aspectos generales
2) Del ministro de Agricultura , señor Jaime Campos Quiroga , sobre el tratamiento al sector agrícola, salvaguardias y derechos antidumping
3) Del ministro del Trabajo y Previsión Social , señor Ricardo Solari , respecto de normas laborales, medioambientales y solución de controversias
4) Del Subsecretario de Agricultura , señor Arturo Barrera , sobre el tratamiento al sector agrícola
5) Subsecretario de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Álvaro Díaz , en temas de propiedad intelectual y comercio electrónico
6) Del Director General de Relaciones Económicas Internacionales , embajador Osvaldo Rosales Villavicencio , sobre:
a) Aspectos generales del Tratado.
b) Acceso a mercados, normas de origen, procedimientos aduaneros, asuntos sanitarios y fitosanitarios, y obstáculos técnicos al comercio.
c) Inversiones, servicios, entrada temporal, compras públicas y políticas de competencia
d) Tratamiento a sector agrícola, salvaguardias, derechos antidumping
e) Normas laborales, medioambientales y solución de controversias
f) Servicios financieros
7) Del Director de Asuntos Multilaterales de Direcon , señor Ricardo Lagos Weber , sobre el tratamiento al sector agrícola
8) Del Director de Asuntos Bilaterales de DIRECON , señor Mario Matus , sobre temas de medio ambiente y solución de controversias
9) Del Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, señor Carlos Furche, sobre el tratamiento al sector agrícola
10) Del Encargado de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura, señor Igor Garafulic, sobre el tratamiento al sector Agrícola
11) Del Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda , señor Raúl Sáez , sobre Servicios financieros
12) Del superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , señor Enrique Marshall , sobre Servicios financieros
13) Del Superintendente de Valores y Seguros, señor Alejandro Ferreiro , sobre Servicios financieros
14) Del Gerente de análisis y Operaciones Internacionales del Banco Central de Chile, señor Sergio Lehmann
Del Sector Privado
-Sobre acceso a mercados, normas de origen, procedimientos aduaneros, asuntos sanitarios y fitosanitarios y obstáculos al comercio:
1) Del Vicepresidente de Asexma , señor Haroldo Venegas .
2) De la Gerente de Estudios de Corma, señora María Teresa Arana.
3) Del Gerente de Comercio Exterior de la Sofofa, señor Hugo Baierlein.
4) Del Vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio.
5) De la Gerente de Administración y Finanzas de la Asociación de Industrias del Salmón.
6) Del representante de la Cámara Nacional de Comercio y de la Asociación Nacional de Exportadores e Importadores, señor Antonio Oyarzún .
Sobre temas relacionados con la agricultura,
salvaguardias y derechos antidumping:
1) Del señor Presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, señor Ronald Bown.
2) Del Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, señor Andrés Santa Cruz.
3) Del Gerente de Operaciones de la SNA, señor Gustavo Rojas.
4) Del Presidente del Consorcio Agrícola del Sur, señor Manuel Riesco.
5) Del Gerente de la Asociación de Productores de Aves y Cerdos señor Felipe De la Carrera.
6) Del Vicepresidente de la Asociación de exportadores de Lácteos, señor Juan Manuel Ricciulli.
7) Del Presidente de Fedecarne , señor Alejandro Novoa .
8) Del Presidente de la Asociación de Exportadores de Queso, señor Alfredo Albarrán.
9) Del Administrador de la Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Ltda., señor Ricardo Danessi .
10) Del Director Ejecutivo de la Fundación Terram , señor Rodrigo Pizarro .
Sobre propiedad intelectual y comercio electrónico:
1) Del Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica , señor José Manuel Cousiño .
2) De la representante de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Chile, señora Angélica Sánchez .
3) Del Asesor en Propiedad Intelectual de Asilfa, señor Jaime Palma .
4) Del Presidente de la Asociación chilena de Propiedad Intelectual, señor Sergio Amenábar.
5) Del director General de la sociedad Chilena del Derecho de Autor , señor Santiago Schuster .
Sobre temas laborales, medioambientales
y solución de controversias:
1) Del Primer Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señor Alfonso Lathrop.
2) Del representante de la Confederación de la Producción y el Comercio, señor Augusto Bruna.
3) Del representante de la Confederación de Trabajadores Bancarios, señor Luis Mesina.
4) De la Directora del Programa de Economía del Trabajo, señora Carmen Espinoza.
5) Del Subgerente Corporativo de la Sofofa, señor Pedro Reus.
6) Del representante de la Confederación de la Producción y del Comercio, señor Guillermo Donoso.
7) Del Representante de la Ong. Rides, señor Hernán Blanco.
Sobre temas de Servicios financieros:
1) Del Gerente General de la Asociación de Aseguradores de Chile, señor Jorge Claude.
-o-
Aspectos generales sobre los alcances del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América
La señora Alvear Valenzuela, doña María Soledad ( ministra de Relaciones Exteriores ) explicó la historia de este Tratado en sus distintas etapas, destacando que se tradujo en catorce rondas de negociación entre el 2000 y 2002, culminando el trabajo de este grupo de negociación en diciembre del 2002.
Hizo hincapié que durante todo el período de negociaciones se efectuaron consultas a diferentes actores de nuestro país, tales como parlamentarios, organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones políticas y otros. También se formó un consejo asesor conformado por parlamentarios, académicos y economistas de las distintas tendencias políticas. Adicionalmente, operó el cuarto adjunto, que se conformó con un grupo de empresarios grandes, medianos y pequeños, a los cuales se les consultaba.
Dio a conocer la conformación del equipo negociador y consideró que el logro de la suscripción de este Tratado pertenece al país, que ha actuado como un equipo, lo que ha sido reconocido internacionalmente, de modo tal que se les está pidiendo la asesoría nacional en países que quieren seguir este camino.
Opinó que este Tratado implica consolidar y ampliar el acceso de los productos chilenos a la economía más grande, como también significa contar con reglas bilaterales claras y permanentes para el comercio de bienes y servicios y para las inversiones.
Informó que Estados Unidos, es el mayor socio comercial de Chile con 285 millones de habitantes, siendo su ingreso por habitante de 35.400 dólares -cifra que equivale a ocho veces el ingreso por habitante de Chile- y su mercado equivale a ciento cuarenta y ocho veces el de Chile.
Precisó que en el año 2002 el intercambio bilateral de bienes ascendió a más de 6.200 millones de dólares. El monto de las exportaciones fue de 3.665 millones de dólares, cifra que representa apenas el 0,3 por ciento del total de importaciones de los Estados Unidos. Entre los años 1990 y 2002 el 30 por ciento de la inversión extranjera en Chile fue de los Estados Unidos.
Aseveró que los objetivos fundamentales de este acuerdo son los siguientes:
-Estimular la expansión y la diversificación del comercio que Chile efectúa hacia los Estados Unidos.
-Eliminar los obstáculos al comercio, facilitando la circulación transfronteriza de mercancías y de servicios.
-Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
-Aumentar significativamente las oportunidades de inversión que Chile pueda tener luego de suscribir el acuerdo.
-Adicionalmente, buscar proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual.
-Crear procedimientos eficaces para aplicar y dar cumplimiento a las normas de este Tratado, su administración conjunta y normas de solución de controversias muy importantes.
-El establecimiento de un esquema para lograr mayor cooperación en el ámbito bilateral, regional y multilateral, con el objeto de ampliar y mejorar los beneficios de este tratado.
Explicó que el Tratado consta de veinticuatro capítulos. El primer capítulo es relativo al comercio de bienes. Al respecto, absolutamente todos los productos gozarán de arancel cero en un máximo de doce años, y el 95 por ciento de los productos, correspondiente al 87 por ciento de los montos, que Chile exporta a Estados Unidos, gozarán de desgravación inmediata.
Enfatizó que algunos productos agrícolas sensibles se desgravarán en el plazo más largo otorgado en el Tratado, alcanzando un arancel de cero por ciento en el año doce.
Aseveró que se consolidan las condiciones del sistema general de preferencias y se elimina el escalonamiento arancelario a productos con mayor valor agregado al mercado estadounidense.
Afirmó que, respecto del capítulo de reglas de origen, este sistema se basa en la autocertificación, la que puede ser realizada tanto por el exportador como por el productor o el importador.
Subrayó el hecho de que los productos textiles van a poder ingresar al mercado estadounidense en condiciones preferenciales.
Expresó que se introducen normas sobre administración aduanera que aportan a la facilitación del comercio y a la cooperación en materia aduanera. Se respeta la legislación interna y se otorga a cada país la flexibilidad para que los compromisos puedan implementarse de acuerdo con la realidad de cada uno.
Informó que se establecen reglas para la aplicación de las salvaguardias globales, bilaterales y especiales, entre las cuales están las agrícolas y las textiles.
Relató que el quinto capítulo, está relacionado con las medidas antidumping y derechos compensatorios. En esta materia, cada país mantuvo el derecho de aplicar las normas previstas en el acuerdo que establece la OMC.
En relación con las barreras técnicas, dijo que se profundizan algunas de las disciplinas del acuerdo sobre obstáculos técnicos de la OMC y, al mismo tiempo, se incluyen otros mecanismos de colaboración del comercio. También se establece un comité de expertos que constituye un foro para abordar los problemas que puedan surgir en el comercio bilateral.
Respecto de los asuntos sanitarios y fitosanitarios, señaló que en el Tratado se establece un comité encargado del seguimiento del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, con el objeto de contar con una instancia especial para realizar las consultas técnicas en torno a problemas que surjan en el comercio bilateral y para el reconocimiento de sistemas de inspección y certificación para la facilitación del comercio.
Explicó que en virtud del Tratado se posibilita que las empresas chilenas puedan participar en las compras del Gobierno federal de los Estados Unidos; precisando los términos de este acceso. El mercado público estadounidense alcanza la cifra de 203.500 millones de dólares en el año 2000.
Respecto a las inversiones, dijo que no hay modificaciones sustanciales a las normas nacionales actualmente vigentes. Se mantuvo la restricción de repatriación de capital de un año para las inversiones, según el decreto ley Nº 600. Se clarificó que el inversionista no puede alegar una violación del contrato ley -decreto ley Nº 600- en arbitraje internacional.
Expresó que se acordó la libre transferencia para las inversiones cubiertas por el acuerdo, con algunos resguardos. En este anexo, se han impuesto diversas restricciones a la capacidad de inversionistas extranjeros de accionar ante tribunales internacionales frente a eventuales infracciones a sus derechos como inversionistas, incluido el de libre transferencia.
Precisó que, en materia de inversiones, se definieron requisitos para la expropiación tipo y se incluyó un anexo aclarando el concepto de expropiación indirecta, el cual en el Nafta ha dado pie a demandas que podrían lesionar la capacidad regulatoria del Estado. Las autorizaciones de las inversiones bajo el decreto ley N° 600, de 1974, no están sujetas a este mecanismo. Para limitar el ámbito de aplicación de los acuerdos de inversión, se acordó que solamente los acuerdos firmados de los dos años desde la vigencia del tratado serían reclamables a través de ese mecanismo de solución de disputa.
Expresó que el Tratado también regula la prestación de servicios, en este ámbito las exportaciones de servicios chilenos crecieron desde 1.849 millones de dólares en 1990, a 4.015 millones de dólares en 2001.
Consideró que el capítulo sobre comercio transfronterizo de servicios debe examinarse en conjunto con otros capítulos relacionados; por ejemplo, con la entrada temporal de personas de negocios. Además, se logró incluir una disposición sobre implementación que estipula una revista anual de temas de interés mutuo para ambos países.
Enfatizó que Chile estableció una reserva para la industria cultural, resguardando muy especialmente los intereses y preocupaciones del mundo de la cultura, es decir, libros, películas, videos, música, radio y televisión, entre otros.
Afirmó que se acordó un anexo sobre servicios profesionales que busca promover el reconocimiento mutuo de licencias profesionales. Añadió que se reguló la entrada de personas de negocios. Se establece una entrada preferencial para profesionales chilenos, con un cupo de 1.400 personas al año.
Dio a conoce que en el capítulo donde se aborda el acceso y el uso de redes de telecomunicaciones las disciplinas que se acordaron con Estados Unidos son el reflejo de las políticas regulatorias que ha fijado nuestro país.
En cuanto a servicios financieros, indicó que se liberaliza el comercio de servicios de naturaleza financiera, lo cual abre posibilidades al país como plataforma prestadora de servicios.
Subrayó que en lo relativo a la administración de fondos de pensiones, se mantiene la plena libertad para que el Banco Central fije el límite de inversión de esos fondos en el exterior. Asimismo, se lograron acuerdos respecto de la transparencia de las normas para el desarrollo y la aplicación de regulaciones financieras.
Relató que en el capítulo sobre comercio electrónico, no se aplicarán aranceles a los productos digitalizados y también se contempla el principio general de no discriminación para éstos, en atención a su origen o autor. Al examinar este capítulo en conjunto con el relativo a propiedad intelectual, se refuerza la opción de Chile de constituirse en una plataforma regional de servicios calificados e intensivos en nuevas tecnologías.
Señaló que en materia de política de competencia, se establecen la obligación de mantener o adoptar medidas que prohíban prácticas contrarias a la libre competencia, y disposiciones relativas a cooperación para prácticas anticompetitivas.
Destacó que se dejó expresa constancia de que ninguna disposición del capítulo irá en detrimento de las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio.
Dijo que en el capítulo de propiedad intelectual se regulan las indicaciones geográficas y se establecen mecanismos administrativos, civiles y penales para que los autores, inventores o inversionistas no vean frustrados en sus legítimas expectativas de ganancia.
En materia de normas laborales, afirmó que el Tratado asegura el cumplimiento de las normas laborales nacionales, resguardando la soberanía de los países. Su cumplimiento es exigible a través de un procedimiento de solución de controversias.
Manifestó que, en materia medioambiental, se fomenta también la cooperación bilateral. Se establece el cumplimiento de las normas nacionales en materias que incidan en el comercio bilateral y cada país se comprometió al cumplimiento de sus propias normas medioambientales. Su cumplimiento es exigible a través de un procedimiento de solución de controversias.
Dio a conocer que también hay un capítulo especial en materia de transparencia. A modo de ejemplo, se adquiere la obligación de cada país de publicar sus normas legales y resoluciones administrativas de aplicación general.
Respecto de la administración del Tratado, informó que se establece que la entidad encargada es una Comisión de Libre Comercio integrada por representantes del nivel ministerial, que se reunirá, al menos, una vez al año.
Realza el hecho de que se establece un mecanismo de solución de controversias. Este tiene una cobertura amplia, porque se aplica a las disposiciones de todos los capítulos comprendidos en éste, salvo aquellos que queden expresamente excluidos, como el caso de algunos artículos del capitulo sobre competencia, monopolios y empresas del Estado.
Consideró que los impactos fundamentales del Tratado son los siguientes: se mejora la posición comercial de los productos chilenos; la productividad de las empresas chilenas se verá incrementada al facilitarse la adquisición oportuna de tecnologías más modernas y a precios más bajos; la exportación de productos provenientes de todos los sectores se verá favorecida con este Tratado. En cuanto impacto sobre la expansión exportadora global, asumiendo la plena desgravación, ascendería a más de 500 millones de dólares, lo que respecto del comercio exportador actual representa un incremento de 15,9 por ciento y significa 0,7 por ciento del producto interno bruto de nuestro país. A todo esto se agrega un efecto de arrastre importante en actividades de servicios que apoyan a las exportaciones, como telecomunicaciones, infraestructura portuaria, aeropuertos y otros.
Opinó que la eliminación de los aranceles escalonados, debería hacer crecer la participación relativa de Chile en la cartera de proyectos de inversión en la región y entre las economías emergentes, considerando incluso las oportunidades que se abren en nuestro país para atraer inversiones de otros países sudamericanos.
Expresó que, en cuanto al impacto relativo a oportunidades de inversiones en la industria de tecnologías de información y de comunicaciones, la idea es reemplazar servicios que hoy operen en Estados Unidos o en la región para eventualmente producirlos en Chile.
Sostuvo que, como fruto de este Tratado, se generarán mejores condiciones para expandir la cobertura y la profundidad de la oferta de créditos.
Sobre los impactos sectoriales, acotó que el 97 por ciento de los productos industriales que en la actualidad Chile exporta a Estados Unidos, goza de desgravación inmediata, desde el primer día en que entre a regir el Tratado.
Respecto del sector pesquero, dijo que todos los productos frescos, congelados y ahumados se desgravan inmediatamente, mientras que la mayoría de las conservas y preparaciones van a gozar de desgravación inmediata o a cuatro años.
Precisó que, en el sector minero, prácticamente la totalidad de los productos se desgravan también el primer día de entrada en vigencia del Tratado.
En relación con los productos agrícolas, aseveró que el 86 por ciento va a tener desgravación inmediata y sólo el 4.9 por ciento de dichos productos se va a desgravar en un plazo máximo entre diez y doce años.
En cuanto al impacto importador, estimó que las exportaciones estadounidenses hacia nuestro país se elevarán a 348 millones de dólares, es decir, habrá un incremento de 14 por ciento de las importaciones originadas en ese país. El año pasado Chile compró productos provenientes desde Estados Unidos por un total de 2.569 millones de dólares.
Señaló que diversos estudios chilenos e internacionales tratan de medir los impactos macroeconómicos y sectoriales del Tratado, para lo cual utilizan los llamados modelos de equilibrio general computables, refiriéndose a algunos de ellos. Según estos estudios, los impactos se sitúan entre 0,3 y 0,5 por ciento, y los aumentos de los niveles de bienestar medidos como porcentaje del PIB van del 0,6 -estudio de Michigan- al 1,5, entregado por el estudio del Banco Mundial. Hay un presumible aumento de la inversión que se derivaría del acuerdo, el que podría significar un aumento en la tasa de crecimiento que iría del 0,6 al 0,7 por ciento.
Agregó que también se espera que Chile se convierta en una plataforma de inversiones para la exportación de bienes y servicios hacia los países de la región.
Informó que, desde la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos en 1994, las exportaciones de México hacia Estados Unidos se han más que triplicado -han aumentado 3,27 veces-. La entrada de inversiones directas desde Estados Unidos a México casi se ha cuadruplicado -se incrementó 3,96 veces-, con una tasa de crecimiento acumulativa de promedio anual de 21,7 por ciento en el período comprendido entre los años 1994 y 2001. Más de la mitad de los empleos creados en México, desde 1994 a la fecha, ha correspondido al sector manufacturero de exportaciones.
Sostuvo que en un estudio de la Comisión de Comercio Internacional para el Congreso de Estados Unidos, se concluyó que, en un escenario ideal, se proyecta un alza progresiva del intercambio hasta llegar a un ciento por ciento por sobre el nivel actual para el año 2016, con lo cual el comercio entre ambos países se elevaría por sobre los 12 mil millones de dólares. Para Chile duplicar sus envíos representa el 10 por ciento de su producto interno bruto actual.
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería) destacó que el Tratado se da en el marco de una estrategia de discusión internacional marcada por la apertura, la que ha permitido reducir la pobreza en Chile, desde un 47 por ciento de la población a un 20 por ciento.
Señaló que la red de acuerdos comerciales chilenos permitirá llegar a una red de 1.200 millones de consumidores. Efectuada una encuesta en el país sobre el nivel de apoyo de este Tratado, el 94 por ciento de los consultados cree que este Acuerdo ayudará al crecimiento, las inversiones y favorecerá el empleo.
Hizo hincapié que desde un comienzo trabajaron con una modalidad de negociación muy participativa. Se utilizó no sólo el cuarto adjunto, sino reuniones previas a cada negociación.
Estimó que ampliar la red de acuerdos comerciales implica más opciones de exportación y destacó que en el Acuerdo con la Unión Europea mientras haya hay cuotas, el arancel no se mueve. En cambio, en el de Estados Unidos la cuota va creciendo y el arancel va cayendo hasta llegar a cero.
Aseveró que no se podrá atender las solicitudes que requieran información en el nivel de regiones, de comunas o de distritos, existe la suficiente información estadística. El producto interno bruto en Regiones se moverá entre 0,3 ó 0,5%.
Expresó que es difícil predecir los efectos del tratado en el empleo, no obstante base al crecimiento de tendencia de las exportaciones de Chile a Estados Unidos (7.7) y teniendo presente que, más o menos, se necesitan 25 mil dólares de exportación para generar un puesto de trabajo anual es posible esperar que entre 2004 y 2010 se generen 173 mil nuevos empleos, de los cuales 66 mil se podrían atribuir al efecto TLC y el resto a la tendencia histórica. En otro trabajo, del Instituto Libertad y Desarrollo, esta estimación es llevada a 100 mil nuevos empleos en el lapso 2004-2014.
En materia de equidad social, opinó que nadie puede pretender resolver ese problema a partir de un tratado de libre comercio y consideró que la globalización impone costos y beneficios independientemente de los acuerdos de libre comercio.
Asevera que el North American Free Trade Agreement (Nafta) partió con la crisis del tequila, por lo que es muy difícil separarlo de ese efecto. México, antes del Nafta, tenía una dependencia del mercado estadounidense del orden del 30 por ciento. En la actualidad el 95 por ciento de sus exportaciones va a los Estados Unidos, razón por la que es tremendamente sensible al ciclo económico de ese país. Chile, en cambio, mantiene una estructura muy diversificada. Un tercio de las exportaciones chilenas van a la Unión Europea, un tercio a la unión asiática y un tercio a los mercados de las Américas.
Acceso a mercados; normas de origen; procedimientos aduaneros; asuntos sanitarios y fitosanitarios, y obstáculos técnicos al comercio.
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería ) se refirió a los objetivos generales de negociación, destacando que este Tratado tiene como objetivos, en materia de accesos, consolidar accesos preferenciales ya concedidos, en términos definitivos; compensar accesos preferenciales de terceros países y crear nuevos accesos preferenciales. Además, la eliminación del escalonamiento arancelario, permite avanzar significativamente en diversificación de exportaciones de productos con mayor valor agregado.
Paralelamente, agregó, el Tratado permite limitar barreras no arancelarias regulando materias tales como procedimientos aduaneros, reglas de origen que facilitan que esos bienes puedan aprovechar las preferencias, y los aspectos de normas técnicas y sanitarias asociados.
Sostuvo que la idea de estos capítulos fue reforzar la estabilidad y la certidumbre en las decisiones para exportadores e inversionistas y, en caso de que exista alguna diferencia, contar con un mecanismo de solución de controversias.
Estimó que, por su parte, Estados Unidos utilizó esta negociación como precedente para otras negociaciones en el ámbito regional, como el Alca, o en el multilateral, en el caso de la OMC, como contrapartida Chile obtuvo un acuerdo de libre comercio sin exclusiones, sin cuotas, al final del período de transición.
Precisó que, en cuanto a las medidas Antidumping, la Trade Promotion Authority, señaló que no podía haber la más mínima modificación al mecanismo de antidumping. No obstante, Chile mantiene todos sus derechos y prerrogativas en el marco de la normativa OMC.
Acotó que en materia de acceso en agroindustria la desgravación es a doce años. La contraparte de esto fue el trigo, tema de interés para Estados Unidos. Por otra parte, en la negociación se evitaron cosas tales como la eliminación del decreto ley Nº 600 y la eliminación del límite a la inversión externa de las AFP entre otras cosas.
Expresó que los empresarios nacionales deben ganar su espacio en el mercado americano. Ello plantea desafíos para los distintos sectores productivos en materia de calidad.
En cuanto a acceso a mercado, de los cincuenta principales productos de exportación chilenos, dijo que quedaron con desgravación inmediata treinta y tres, en el caso del acuerdo con la Unión Europea, y cuarenta y tres, en el acuerdo con Estados Unidos. En cuanto a los cincuenta principales productos agrícolas, catorce quedaron con desgravación inmediata en el acuerdo con la Unión Europea, y treinta y cuatro en el acuerdo con Estados Unidos.
En el caso de los rubros industrial, textil, minero y forestal, informó que los cincuenta principales productos de exportación quedaron en desgravación inmediata en ambos acuerdos. En el caso de la pesca, sólo doce quedaron en desgravación inmediata en el acuerdo con la Unión Europea, y cincuenta en el caso norteamericano.
Destacó que el 87 por ciento de las exportaciones nacionales ingresará con arancel cero el primer día de vigencia del acuerdo. Eso tiene como contraparte que el 88,5 por ciento de las importaciones norteamericanas ingresará de igual forma. En el caso del sector agrícola, el 84 por ciento de las exportaciones nacionales ingresará libre de arancel el primer día de vigencia del acuerdo, y, virtualmente, el 89 por ciento en el caso industrial.
Recalcó que en el ámbito de los productos industriales virtualmente el ciento por ciento de los productos tiene un arancel cero en forma inmediata; ídem en materia forestal, ídem en materia de pesca, ídem en materia textil.
Especificó que existe en el Tratado un compromiso explícito de no utilizar subsidios agrícolas; por consiguiente, no existirán exportaciones norteamericanas subsidiadas derivadas del TLC.
Señaló que se crea un comité especial para tratar los temas relacionados con los programas de comercialización y calidad que afectan las exportaciones de frutas.
Afirmó que las normativas de origen, para todos los sectores, son asimilables sin problemas para nuestros sectores productivos. Sin embargo, en los que había alguna dificultad de cumplimiento de la norma, se obtuvieron cuotas preferenciales que son bastante importantes en lapsos de transición de tres años, lo que permitirá que los productores se adecuen a esa normativa. La certificación de origen podrá ser efectuada por el exportador, el productor o el importador.
En cuanto a la administración aduanera, dijo que existe un compromiso fundamental en materia de transparencia y eficiencia. En materia de innovaciones, hubo un compromiso sobre resoluciones anticipadas en materia de clasificación arancelaria y valorización aduanera. Todo esto plantea un desafío de modernización de la aduana nacional. Los compromisos de cooperación que se abrieron en este ámbito aseguran un trato preferencial en un tema como el de la seguridad.
Manifestó que, en materia de normas sanitarias y fitosanitarias, se establece, básicamente, un compromiso de oportuno cumplimiento de las exigencias y normativas previstas en el capítulo pertinente de la OMC y se genera un comité bilateral que dará seguimiento al trabajo que desarrollen las agencias competentes en estas materias, junto con el otro comité de barreras técnicas.
Expresó que se establece un grupo de normas técnicas que contienen mecanismos de cooperación en materia de convergencia o equivalencia con los reglamentos y normas técnicas. Es un desafío masificar el acceso de las Pymes a estas normas de calidad, en función de los programas Corfo , y avanzar en la certificación y las normas internacionales.
El señor Venegas, don Haroldo ( Vicepresidente de Asexma ) afirmó que su organización es partidaria de la apertura unilateral de la economía a través de tratados, en especial con la principal economía del mundo y principal socio comercial de Chile, fundamentalmente porque un tratado de esta naturaleza establece reglas claras y permanentes, cual es uno de los principales beneficios. También se consolida el sistema general de preferencias, lo cual da seguridad a los exportadores y les permite proyectarse al futuro e invertir. A su vez, la eliminación del escalonamiento arancelario permitirá exportar productos con valor agregado.
Dijo no creer que el mercado chileno se sature de productos estadounidenses como fruto de este Tratado, porque ya el arancel de ingreso es bajo y tal no ha sucedido. Además, Chile ha manejado un tipo de cambio prudente que evita tales desajustes.
En cuanto a política exportadora estimó que hay instrumentos que se han ido agotando con el tiempo y organizaciones que han ido perdiendo su rumbo, razón por la cual la promoción se ha debilitado. Las cifras de exportación se han ido aplanando a partir de 1996 ó 1997, lo cual es preocupante.
La señora Arana, doña María Teresa (Gerente de estudios de Corma) expresó que Corma apoya este tratado. La consolidación del sistema general de preferencias que beneficia a su sector, otorga estabilidad y da garantía para invertir. El sector forestal, en un futuro cercano llegará a industrializar grandes cantidades de madera como consecuencia del Tratado, lo que atraerá inversiones muy importantes. Esto adquiere especial relevancia si se considera que actualmente Estados Unidos es el principal mercado receptor de las exportaciones forestales nacionales , ya que recibe el 28 por ciento de éstas, de un total que el año pasado alcanzó a los 622 millones de dólares. Se trata de productos con bastante valor agregado.
Destacó lo señalado por el embajador señor Rosales respecto del comité bilateral en materia fitosanitaria. En esto, sostuvo, se puede llegar a complicar el mercado, de modo que la existencia de un comité que trate en forma fluida el tema es muy importante.
El señor Baierlein, don Hugo ( Gerente de Comercio Exterior de la Sosofa ) dijo que en 1997 se importaban alrededor de 4.300 millones de dólares desde Estados Unidos, cifra que disminuyó en 2002 a 2.500 millones de dólares y manifestó creer que esas exportaciones se van a recuperar.
Consideró que lo que ocurrirá con Estados Unidos es bastante similar a lo que ya está sucediendo con la Unión Europea, esto es, que las exportaciones chilenas de rubros distintos del cobre crecerán en alrededor de 26 por ciento.
La consolidación del sistema general de preferencias, opinó, permitirá que empresarios nacionales puedan efectuar importantes inversiones.
Aseveró que en Estados Unidos existe un potencial para crecer, menciona, a modo de ejemplo, los rubros de calzados, pesquero y forestal.
Afirmó que el ámbito de las exportaciones industriales será un gran beneficiado.
Explicó que las reglas de origen, hay que cumplirlas y se basan en tres principios muy conocidos. Primero están los productos totalmente obtenidos, cosechados, recolectados, nacidos o criados en el país, con una regla bastante clara, que son los productos fáciles de exportar. Después, están los productos que requieren insumos importados para la confección y exportación final, basados en dos principios: los saltos arancelarios y los valores de contenido. Por último, están los productos elaborados exclusivamente con insumos de los países.
Expresó creer que las ventajas obtenidas por los productos industriales está despertando el interés de empresarios sudamericanos para producir en Chile y exportar a Estados Unidos.
Estimó que para exportar a Estados Unidos hay que tener normas ISO y certificaciones. Además, existen normas técnicas, que han ido trabajando y conociendo a través de la labor que está realizando el Ministerio de Economía, y también todo un conocimiento de la empresa respecto de cómo aprovechar el Tratado. Viene una gran labor de difusión de estas medidas y de focalizar los recursos para llegar, mediante, las empresas medianas y pequeñas, a colocar sus productos en Estados Unidos.
El señor Pérez, don Andrés ( Vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio) realzó la importancia y trascendencia de este Tratado, cuyos principales temas enuncia, por los beneficios comerciales que significa para Chile, como también en términos de desarrollo y más empleo, consolidando la política exportadora a través de la red de acuerdos comerciales suscritos, como también significa un aporte a la imagen internacional de Chile.
Estima que se trata de una alianza equilibrada e integral que incluye aspectos relacionados con el comercio bilateral de bienes y servicios e inversiones. Este Tratado es un desafío que el país debe enfrentar, en temas tales como normas de calidad, entre otros. Asimismo, requerirá mayores flexibilizaciones internas en temas laborales, financieros y de inversión.
Destacó que este Tratado se suma al acuerdo de asociación con la Unión Europea y con Corea del Sur, por lo que se refuerza la apuesta estratégica de Chile de constituirse en una plataforma de inversión, aprovechando la red de acuerdos internacionales.
Opinó que la negociación del Tratado se fundamentó en la búsqueda de las mejores condiciones de ingreso de los productos y servicios chilenos al mercado estadounidense y en la obtención de reglas claras y permanentes para el comercio de bienes y servicios, estableciendo fórmulas que permitan defender adecuadamente la posición de los chilenos, a través de mecanismos definidos, transparentes y eficaces para resolver los conflictos comerciales, cuando éstos se produzcan, y estimular flujos de comercio y de inversión entre las partes.
Realzó que Estados Unidos es el primer socio comercial y principal inversionista extranjero de Chile. Así, durante 2001, las exportaciones de Chile a Estados Unidos ascendieron a 3.451,4 millones de dólares, registrando un incremento de 6,3 por ciento respecto del año precedente.
Aseveró que con este Tratado las exportaciones nacionales a la contraparte podrán aumentar en cerca de 18 por ciento.
La señora Ostergaard, doña Karen ( Gerente de Administración y Finanzas de la Asociación de Industrias del Salmón) expresó que esa entidad apoya plenamente el Tratado, porque es una instancia para generar mayor empleo, crecimiento, desarrollo y, por lo tanto, a la larga, mayor bienestar social. Estados Unidos es el principal mercado para la exportación de salmones.
Aseveró que su sector, en términos arancelarios, no tuvo gran beneficio básicamente porque sus exportaciones, en general, estaban en arancel cero. Del mayor flujo de productos hacia Chile por intercambio comercial, se podría eventualmente mejorar la competencia de los medios de transporte y con eso tener una disminución de costo para su sector en este rubro.
Manifestó que su sector tiene algunas inquietudes en cuanto a cómo se manejará más adelante el tema de las controversias, ya que los norteamericanos no estaban dispuestos a tratar el antidumping. En Alaska están interesados en colocar salvaguardias al salmón importado.
El señor Oyarzún, don Antonio (Representante de la Cámara Nacional de Comercio y de la Asociación Nacional de Exportadores e Importadores) opinó que cada vez que Chile ha firmado un tratado se habla de una invasión de productos importados. Sin embargo, ésta no se ha producido, pero sí un mejoramiento del nivel de vida de los chilenos, por una parte, y del nivel de producción de la industria nacional, por otra. Al ver la industria nacional que debía competir con productos importados, los chilenos, en los últimos veinte años, han mejorado su nivel de vida de manera indiscutible.
Inversiones, servicios, entrada temporal, compras públicas
y políticas de competencia
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería ) en cuanto a servicios, señaló que los servicios juegan un rol central en nuestra estrategia de competitividad. Agregó que dentro de la inversión extranjera directa, aquella radicada en servicios, crece más rápido todavía que la que se orienta a bienes. Los servicios son el segmento portador del cambio tecnológico por esencia. La frontera entre servicio y manufactura es tenue. También lo es entre servicio transable y no transable. Hoy los servicios transables son mucho más importantes que lo que lo eran hace cinco o diez años en función de ese ritmo de cambio tecnológico.
Estimó que Chile hace tiempo tomó una opción por la apertura unilateral de servicios, avanzando en energía, telecomunicaciones, seguros y otros ámbitos. Ello ha permitido mayor nivel de competencia en el sector y mejores servicios al usuario. En esta materia se negoció trato nacional, es decir, que el proveedor de servicio no pueda ser discriminado respecto de un nacional; trato de nación más favorecida, es decir, que el inversionista, en este caso norteamericano, no sea discriminado respecto de inversionistas extranjeros de tercer país; transparencia, esto es, que los mecanismos de fijación de políticas estén abiertos a los usuarios, a los actores del proceso, y que las eventuales modificaciones y normas sean informadas con antelación y se recojan los puntos de vista de los actores involucrados.
Añadió que se negoció también, una disciplina denominada “no presencia local”, es decir, no se exige estar radicado físicamente en el país para proveer dichos servicios y, finalmente, normativas que faciliten el acceso al mercado, y normas de reglamentación nacional que faciliten ese intercambio. En los servicios las barreras son las regulaciones.
Indicó que este capítulo otorga protección y acceso a la prestación de servicios transfronterizos a través de dichas disciplinas.
Afirmó que Chile ha replicado, en este tema, normas de sus tratados de libre comercio con Canadá y México , y los compromisos que ha contraído en el marco de la OMC. No obstante, en forma excepcional, en el llamado “Anexo 1”, se agrupan las medidas presentes, que están en disconformidad con el tratado y que el Estado chileno preservará y, el Anexo II, se listan sectores respecto de los cuales Chile, se reserva el derecho de adoptar medidas que sean disconformes con los capítulos.
Realzó el hecho de que existe una reserva importante en este capítulo de servicios, que es aquella relativa a la industria cultural. Es decir, se excluyen del tratado todas las medidas vigentes de protección a las industrias culturales, entre otras.
Indicó que en el ámbito de las telecomunicaciones también se asumen compromisos coincidentes con los que Chile ya ha asumido en sus tratados de libre comercio y ante la OMC, salvo un compromiso adicional en telefonía básica local. Los objetivos básicos que busca este capítulo son resguardar la competencia en telecomunicaciones, asegurar la no discriminación y proveer transparencia en información respecto de medidas relativas al acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Dijo que Chile consolida su política de telecomunicaciones en este capítulo, sin efectuar cambio alguno en su legislación, y la autoridad resguarda plenamente sus facultades regulatorias.
Señaló que en el capítulo de servicios hay también un anexo sobre servicios profesionales, que promueve el reconocimiento mutuo de licencias profesionales, tomando en consideración las diferencias regulatorias y de políticas nacionales.
Enfatizó que en el transcurso de un año, a contar de la vigencia del acuerdo, los Estados Unidos se han comprometido a entregar todas aquellas medidas que afecten la prestación de servicios especializados de ingeniería en aquellos Estados de mayor interés comercial para Chile, especialmente las referidas a nacionalidad o residencia permanente.
El cuanto al tema relativo a la entrada temporal de personas de negocios, relató que se busca favorecer que los derechos y obligaciones que se establecen en los capítulos de bienes, servicios e inversiones, se puedan hacer efectivo, permitiendo a las personas de negocios ingresar a Estados Unidos y obtener autorización para residir en forma temporal en dicho país, en plazos que varían desde seis meses -en el caso de visitantes de negocios- a tres años, prorrogables en los casos necesarios. El capítulo señala que no se pueden establecer límites numéricos ni procedimientos previos o certificaciones laborales como condición para el otorgamiento de una de estas visas.
Expresó que, en materia de cuotas y certificación laboral, Estados Unidos exige la emisión de visas; que el capítulo prevé una excepción, que es la relativa a profesionales, a favor de quienes se establece una entrada preferencial, con un cupo de 1.400 profesionales chilenos al año, cifra que no incluye las renovaciones de visas ni las visas de dependientes.
Estimó que este capítulo fue el aspecto más complicado en la discusión en el Congreso de los Estados Unidos, porque éste estimó que el Gobierno no contaba con la atribución para abordar temas de inmigración, que le corresponden al Congreso. Informó que esta dificultad se subsanó por un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, en virtud del cual este tipo de consideraciones no estará nunca más en un acuerdo de libre comercio.
En cuanto a las inversiones, manifestó que el objetivo intermedio es fomentar el ingreso de capitales con énfasis en inversión extranjera directa, con disposiciones que otorguen estabilidad y seguridad jurídica a los inversionistas, así como un trato no discriminatorio. Por su parte el objetivo de más largo plazo, es contribuir a gestar una plataforma regional de inversión, con inversión extranjera directa que aproveche nuestra red de acuerdos comerciales y nos permita constituirnos en un puente de comercio e inversión entre el sur de América Latina y el Asia-Pacífico.
Indicó que las disciplinas de este capítulo son fundamentalmente dos: no discriminación y nación más favorecida, y que el capítulo establece un espacio específico de controversias entre el inversionista y el Estado. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio tiene un mecanismo de solución global de controversias entre los Estados.
En lo que se refiere a la capacidad regulatoria del Estado chileno, sostuvo que el Estado chileno mantiene plena potestad para regular la actividad económica. La única restricción al ejercicio de dicha potestad es que éstas se efectúen de un modo no discriminatorio y transparente. Además, Chile puede dictar las normas que estime necesarias sin aumentar el nivel de discriminación establecido en las medidas del Anexo I, que son las vigentes disconformes.
En el Anexo II, se establecen las medidas a futuro en que el Estado chileno se reserva la facultad de establecer medidas que no van a ser compatibles con el Tratado, pero no serán motivo de controversias.
Adicionalmente, informó, se explicitan medidas que no constituyen expropiación indirecta, tales como todas aquellas medidas diseñadas y aplicadas para proteger objetivos públicos de salud pública. La medida a de ser no discriminatoria.
Destacó, en lo que se refiere a solución de controversias entre inversionistas y Estado, que se establece un precedente de transparencia. Esto es participación de la sociedad civil, participación de terceros y de los denominados amicus curiae, tales como organismos no gubernamentales.
Subrayó que en este Tratado respecto de las denominadas demandas frívolas, se establece claramente que inversionista es aquél que ha hecho intentos concretos, cuantificables, de inversión. Si se llega a dar el caso de una petición de demanda, el tribunal arbitral deberá examinar si esta presentación tiene mérito o no para proseguir el proceso. Si el tribunal define que la demanda no tiene mérito y, por lo tanto, queda catalogada como demanda frívola, en ese caso, el demandante, tendrá que correr con todos los gastos del proceso.
Explicó que la reprogramación de la deuda externa de Chile queda excluida de la cobertura del capítulo, salvo trato nacional y de nación más favorecida; se preserva la restricción de un año para la repatriación del capital que ingresó vía DL 600, y se explicita que el inversionista norteamericano no podrá alegar una violación del contrato, el DL 600, en arbitraje internacional.
Manifestó que en la solución de disputas, un inversionista podría demandar al Estado receptor de la inversión por incumplimiento de: autorización de inversión; de acuerdos de inversión, y por una violación de las disciplinas del Tratado.
Expresó que se definió que el acuerdo de inversión sería un acuerdo por escrito, un contrato suscrito por ambas partes, con intercambio de derechos y obligaciones y con valor pecuniario. Además, los acuerdos se limitan a aquellos contratos que se hayan firmado a partir de la vigencia del TLC. La ley doméstica será aplicable a los contratos y, además, los decretos y las sentencias judiciales no podrán ser consideradas como acuerdos de inversión. Se excluyen de la posibilidad de controversias las empresas estatales y las concesiones en materia de telecomunicaciones y mineras.
Dio a conocer que en el anexo 10 se establece la posibilidad de que el Estado chileno disponga restricciones tanto al ingreso como a la salida de capitales durante un año, sin ninguna expresión de causa. A partir del año, el Estado chileno tiene la facultad de evaluar si persiste o no con esa medida. Si persiste la medida, corre el riesgo de que algún inversionista norteamericano pueda cuestionar al mercado chileno. Para que ese proceso tenga lugar, habrá que esperar un año para que pase la aplicación de dicha medida. Además, como restricción, en el anexo 10 se establece un listado de los sectores sobre los que esto se aplica y que, por omisión, termina afectando a los capitales golondrina, a los capitales de corto plazo.
Opinó que Chile tiene un tipo de cambio flexible, una política monetaria también flexible y una política fiscal que, con la regla de superávit estructural, permite gastar en función del producto de tendencia y no del producto vigente en el año, por ello existe la certeza que el encaje es mucho menos necesario de lo que fue a inicios de la década de los 90.
En lo que se refiere a las compras públicas, indicó que el mercado chileno de compras públicas es uno de los más abiertos y transparentes del mundo. El portal “chilecompra.cl” es un ejemplo de ello. Este Tratado permite, a nivel de objetivos, el acceso al mercado norteamericano de compras públicas, mercado que equivale al 6 por ciento de PIB mundial. Este acuerdo va a permitir, en este capítulo, el acceso a la totalidad de las entidades federales, a las adquisiciones que realicen 37 estados y a una serie listada de empresas públicas norteamericanas.
Indicó que el umbral a partir del cual opera este capítulo es de 50 mil dólares; y en lo que respecta a la cobertura chilena, están incorporados el gobierno central y los municipios. Este capítulo no implica cambios en la normativa vigente. Sí demanda un esfuerzo de capacitación funcionaria.
Especifica que, en materia de disciplina, se negoció trato nacional, no discriminación, transparencia en los procesos de contratación, así como también la necesidad de publicar todos los llamados a licitación cubiertos por el capítulo, informando, oportunamente, los resultados de tales licitaciones, entre otros aspectos.
Explicó que en el capítulo de competencia, básicamente, se establecen compromisos para asegurar que aquello que se negoció, sea en materia de bienes, servicios o inversiones, no sea limitado o restringido por prácticas no competitivas. Se establecen acuerdos de cooperación entre las partes de manera de intercambiar información sobre políticas prácticas, referidas a combatir prácticas contrarias a la libre competencia. La cooperación buscará profundizar el cumplimiento de la libre competencia, de modo de impedir que estas prácticas anticompetitivas puedan menoscabar el impacto positivo del tratado en las economías de ambos países.
Agricultura, salvaguardias y derechos antidumping
El señor Campos, don Jaime ( Ministro de Agricultura ).- estimó que cualquier acuerdo comercial que se alcance con países del hemisferio norte es bueno para la agricultura nacional, por tener agriculturas complementarias a contraestación y mercados grandes, de alto poder adquisitivo.
Añadió que, desde el punto de vista silvoagropecuario Estados Unidos es el primer socio comercial que tiene Chile. En la actualidad se exportan alrededor de 1.800 millones de dólares en productos agrícolas, pecuarios y forestales, y se importan sólo 99 millones de dólares.
También consideró que este acuerdo es muy positivo porque consolida el sistema general de preferencias (SGP) y el 88 por ciento de la oferta exportadora nacional queda con desgravación inmediata a partir del primer día de entrada en vigencia del acuerdo, es decir, con arancel cero, y sólo el 12 por ciento restante tiene una desgravación parcial, que tarda, en algunos casos, hasta doce años en materializarse.
Explicó que a los “productos sensibles de la agricultura nacional” se les ha dado un tratamiento especial, siendo tales los productos favorecidos por nuestro sistema de bandas de precios y sus derivados, como también a otros, como el arroz y los lácteos. En todos esos casos, las desgravaciones sólo se producen a partir del año doce. Incluso más, en el caso del azúcar.
Sostuvo que la agricultura del sur será beneficiada con este Tratado y que dos criterios inspiraron la negociación en este ámbito, cuales son, en primer lugar, tratar de incorporar la agricultura del sur a la agricultura sustitutiva de productos de importación y al modelo de desarrollo agroexportador, hasta ahora centrado en el Valle Central, y, en segundo lugar, generar condiciones para que la pequeña agricultura, la de carácter familiar campesina, y la mediana agricultura también puedan participar de este proceso.
Se refirió a las perspectivas de la exportación de lácteos, favorecidos con una cuota y destacó que, en el caso de la actividad forestal, la desgravación también considera la incorporación de partes y piezas de muebles, lo que permitirá el desarrollo de la industria forestal y exportar productos con mayor valor agregado.
Valoró el hecho de que en este acuerdo se haya negociado y obtenido la eliminación de todos los aranceles para los insumos de bienes de capital del sector silvoagropecuario, lo que entrega más ventajas comparativas a los productores nacionales.
Hizo hincapié en que este acuerdo elimina el subsidio a las exportaciones y que ambos países adquirieron el compromiso de no exportar productos bajo esa modalidad y añadió que para sacar pleno provecho de este Tratado debe efectuarse un esfuerzo tanto por parte del sector público como del privado, considerando que el sector público trabaja para crear las condiciones adecuadas.
El señor Furche, don Carlos ( Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) consideró que el sector frutícola, obtiene con este tratado una muy buena condición de acceso y que la agroindustria quedó en una situación claramente mejor de la que disfruta hoy y con la perspectiva de quedar dentro de 12 años con el mercado completamente abierto. En cuanto al vino tiene una muy buena condición de acceso en Estados Unidos y goza de una cláusula de nación más favorecida.
En el caso del sector pecuario, estimó que es beneficiado por el Tratado y generará mayor consumo de grano de maíz. Desde el punto de vista del sector pecuario más tradicional, producción de carnes y de lácteos, estimó que existe un interesante potencial exportador si se suman los accesos obtenidos a Estados Unidos y a la Unión Europea.
Señaló, en lo que se refiere al trigo, que se han incrementado las hectáreas sembradas, y el efecto que el Tratado tendrá en el trigo nacional dependerá del comportamiento de los precios internacionales, del tipo de cambio, la relación peso-dólar de largo plazo en Chile, y del incremento de la productividad y mejoría de la competitividad del sector.
Agregó que al nivel de precios actual, la producción nacional de trigo es completamente viable, incluso en una situación de mayor apertura y procede a entregar un conjunto de cifras estadísticas que indican que el 75 por ciento de las veces, en 28 años, el precio del trigo ha sido igual o inferior a los 128 dólares que fija la banda de precios en la actualidad, lo cual parece indicar que el efecto del Tratado es menor al que temen en el sector triguero.
El señor Barrera, don Arturo ( Subsecretario de Agricultura ) afirmó que pocas veces en la historia agrícola de Chile hubo tantas opciones productivas, de las cuales el sur tiene algunas muy significativas y es por ello que ya se están efectuando inversiones en esa zona.
Describió los programas de apoyo a la pequeña agricultura y se refirió al análisis que se está efectuando en torno a posibles reorientaciones de los instrumentos de apoyo existentes para el sector, entregando algunos ejemplos, los cuales en su mayoría, según estimó, están orientados en el sentido correcto.
Opinó que cabía preguntarse si los recursos del Ministerio de Agricultura son de la magnitud adecuada y si están bien focalizados desde el punto de vista de las regiones y fundamentalmente de los actores.
Relató que los recursos que se habían comprometido en el marco del acuerdo con el Mercosur correspondían a un total de 612 millones de dólares. De ellos, aproximadamente 101 millones de dólares no han sido invertidos en programas del Ministerio de Agricultura, el resto ya ha sido destinado en la forma prometida.
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería) aseveró que uno de los objetivos básicos en la negociación que Chile emprendió con los Estados Unidos fue maximizar el acceso del sector agrícola al mercado norteamericano y la protección de los sectores considerados sensibles.
Sostuvo que en virtud de la diferencia de desarrollo entre las contrapartes, los intereses de los Estados Unidos estuvieron en la inversión en servicios, como los financieros, de telecomunicaciones, comercio electrónico y propiedad intelectual. Hubo que demorar la negociación en dichos temas para que hubiera una ganancia agrícola fundamental. Así, si se hubiera determinado un plazo de quince años para la desgravación del trigo, el mismo período hubiera demorado la agroindustria, por ejemplo. Además, se tuvo presente acuerdos que Estados Unidos está negociando con otros países, como Sudáfrica por ejemplo.
Afirmó que numerosas organizaciones del sector agrícola manifestaron estar de acuerdo con los términos de la negociación y que hay potencialidades en regiones para la agricultura. Además, manifestó su acuerdo con las palabras del señor Furche .
Enfatizó que un tratado de libre comercio no es una estrategia de desarrollo; es sólo un componente probablemente importante de la misma. Y que contribuye al desarrollo, el cual depende de numerosas variables.
El señor Bown, don Ronald ( Presidente de la Asociación de Exportadores de Chile ) expresó que para su sector el tratado reúne excelentes características y les permitirá proyectarse en el futuro con una perspectiva de mayor plazo. Si bien es cierto que históricamente han tenido aranceles bajos con Estados Unidos para sus principales productos, no lo es menos que algunos eran de especial preocupación, específicamente en lo que se refiere a las paltas.
Consideró que el sistema de salvaguardia que se aplica implica, a lo más, volver a la situación inicial. Por lo tanto, no es un perjuicio que se produce, sino una pérdida respecto de los beneficios que otorga el acuerdo.
Manifestó que la preocupación de su sector radica más bien en lo que respecta a la ley antidumping norteamericana y piensan que se deben hacer muchos esfuerzos para que, a nivel de la OMC, esta situación se dirima lo antes posible.
El señor Santa Cruz, don Andrés ( Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura ) opinó que éste es un muy buen tratado para la agricultura, no obstante lo cual recalcó que existe un sector que será afectado negativamente, cual es el de los productores de trigo, debido a que con este tratado se acabará la banda de precios que protege a ese sector productivo. En el resto de los sectores, añadió, todos ganan, en especial porque este tratado consolida el sistema general de preferencias, otorga mejores aranceles y regula un mecanismo de solución de controversias,
El señor Rojas, don Gustavo (Gerente de Operaciones de la SNA) complementó los dichos del señor Santa Cruz , explicando el mecanismo de las salvaguardias generales, bilaterales y específicas agrícolas.
Manifestó que a su sector le gustaría que no existieran salvaguardias, pero estando en el Tratado y no habiendo sido posible negociar otra forma mejor, pareciera que no son un gran escollo para que el comercio se desarrolle en forma razonable.
Afirmó que el Tratado no cambia la política antidumping de los Estados Unidos, rigiéndose este aspecto por las regulaciones presentes y futuras de la Organización Mundial del Comercio. Agregó que el Tratado resguarda la posibilidad de tener comercio con productos subsidiados, lo cual es positivo y teniendo presente que aún sin subsidios la agricultura del Mercosur es mucho más competitiva que la de Estados Unidos con ellos.
El señor Riesco, don Manuel ( Presidente del Consorcio Agrícola del Sur) aseveró que en el sur de Chile se considera que el Tratado es malo, porque acabará con la banda de precios que protege a los productores de trigo y la agricultura nacional se enfrentará a las agriculturas subsidiadas de Estados Unidos y Europa. Además, señaló, el tema del trigo obligará a los que cultivan este grano a producir leche, lo que generará una sobre oferta en un mercado internacional ya muy competitivo.
En cuanto al tema de la carne, explicó que las ganancias que generan la exportación de ese producto, a Europa son mínimas. Agregó que, en general, los pequeños y medianos productores no tendrán acceso a los beneficios de este Tratado, sino sólo las grandes empresas.
Finalmente, formuló una crítica al Gobierno por su falta de apoyo, fundamentalmente, en cuanto a créditos y fomentos, para que el sector agrícola se pueda incorporar al modelo exportador.
El señor De la Carrera, don Felipe (Gerente de la Asociación de Productores de Aves y Cerdos) indicó que el consumo de carnes en el país ha crecido y que las exportaciones de su sector han tenido una evolución fuerte, sobre todo en los últimos años. En 2002, alcanzaron a 157 millones de dólares y se pretende llegar a 2005 con 350 millones de dólares entre ambos sectores.
En cuanto a carnes de ave, procedió a explicar el programa de desgravación para las carnes blancas y de la carne de ave trozada, como el sistema de protección que este instrumento contempla para las distorsiones.
Aseveró que los sectores de producción avícola y de porcino consideran que este tratado es de extraordinaria importancia para su desarrollo exportador y destaca el beneficio del ingreso de bienes capital con arancel cero.
Hizo hincapié que para que este Tratado tenga una significación comercial efectiva, es mucho más importante que la desgravación arancelaria lograr una equivalencia sanitaria, que en definitiva posibilite el ingreso de los productos nacionales a Estados Unidos.
El señor Ricciulli, don Juan Manuel (Vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Lácteos) dio su testimonio acerca de los esfuerzos del Gobierno, en especial los Ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura, por apoyar las iniciativas en empresas de su rubro, de forma que puedan desarrollar capacidad exportadora
Manifestó que es responsabilidad de su sector aprovechar los beneficios de este Tratado, el que es bueno, no obstante no ser todo lo que esperaban.
El señor Novoa, don Alejandro ( Presidente de FEDECARNE ) opinó que a su sector se le ha mirado en menos, pero que han hecho un esfuerzo por cambiar esa visión, hasta llegar a un país con potencial exportador de carne, que para desarrollarlo requiere una adecuación de la institucionalidad de apoyo, para poder exportar a mercados rentables
Aseveró que los productores de su sector requieren asesoría para que sus inversiones se hagan en forma correcta y se genere asociatividad, con un criterio empresarial. Además, manifestó preocupación por las características que podría tener el Plan Ganadero anunciado por el Gobierno, el cual debería ser semejante a la política de subsidios forestales.
El señor Campos, don Jaime ( ministro de Agricultura ) sostuvo, frente a consultas formuladas, que los programas de riego del Ministerio de Agricultura no operan adecuadamente por dificultades estructurales para introducir recursos de la ley de fomento del riego en la Novena y Décima Regiones, ya que los agricultores no son los dueños de las aguas, sino que lo son otras personas y empresas, que no tienen relación con la actividad agrícola. En cambio, la ley de fomento del riego ha sido enormemente exitosa, muy especialmente, en las Regiones Cuarta y Quinta. Agregó que los agricultores de la Décima Región, en general, no se interesen por el riego.
Relató que el año pasado la Ley de Presupuestos aprobó para el programa de recuperación de suelos cifras menores que las aprobadas el año anterior. No obstante, se invierte en la materia en la Décima Región.
Sostuvo que se ha dado cumplimiento del ciento por ciento a los compromisos adquiridos con el Congreso Nacional a raíz de los acuerdos Mercosur. Sin embargo, hay un diferencial que proviene de los años anteriores al 2000, puesto que hasta dicho año no se cumplió en ciento por ciento, existiendo cerca de cien millones de dólares de deuda.
En cuanto a adecuaciones estructurales del Ministerio de Agricultura, declaró que hace más de dos años esa Cartera de Estado planteó la necesidad de una reforma estructural y completa del Ministerio. No obstante, para poder concretarse requiere importantes recursos, por lo cual habrá que esperar. Agregando que hay aspectos en los que ya se está trabajando, como el paso de Conaf a ser una persona jurídica de derecho público; la delegación de facultades del Ministerio de Salud al Servicio Agrícola y Ganadero, para contar con una sola entidad certificadora; las inversiones en laboratorio, y las nuevas orientaciones que se están suministrando a INDAP, hacia el fomento productivo y racionalización de sus instrumentos
Manifestó que el Ministerio maneja mucha información que está disponible, incluso vía internet, para aquellos agricultores que deseen comenzar a pensar en exportar.
Estimó que el pequeño agricultor fundamentalmente es el que abastece el mercado interno y destaca los logros del actual Gobierno en materias tales como incremento de la superficie regada y recuperación de suelos degradados, entre otros.
Declaró que la leche y la carne, rubros emergentes de la agricultura del sur, tienen una potencialidad inmensa, y que la clave del desarrollo de estos dos sectores pasa por un acuerdo entre productores e industriales.
En cuanto a la Comisión de Distorsiones, afirmó que es un tema sobre el cual están trabajando los Ministerios de Economía y Hacienda, para adecuarla a las nuevas realidades y desafío.
Opinó que el SAG no está preparado para abordar muchos de los desafíos que hoy debe enfrentar, es por ello que se está trabajando en potenciar más ese Servicio, lo cual implica temas presupuestarios.
Informó que su Ministerio ha elaborado una propuesta del plan de desarrollo ganadero, que comprende no solamente la adecuación del aparato público sectorial, sino que además la implementación de una serie de incentivos.
El señor Barrera, don Arturo ( Subsecretario de Agricultura ) aseveró que trabajar con la pequeña agricultura es difícil porque hay dificultades con la asociatividad, existe una nueva ley de cooperativas que debiera facilitar el tema, al cual debieran incorporarse las universidades efectuando estudios.
Agregó que un segundo ámbito de dificultad es la capacitación en el sector agrícola sobre lo cual se ha conversado con las autoridades del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cuyo sistema no se adapta a la realidad campesina.
Opinó que en la agricultura familiar campesina, hay una tensión permanente entre cobertura e impacto, dado un marco de restricción de recursos.
Afirmó que el 56 por ciento de los recursos que constituían el compromiso con la agricultura están orientados a las Séptima, Octava , Novena y Décima Regiones .
Recalcó que cada nuevo Tratado significa rubros emergentes frente a los cuales hay un período de adaptación del sistema público que apoya a los exportadores, a las nuevas realidades.
El señor Furche, don Carlos ( Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) explicó los resguardos que se tomaron en el Tratado para evitar distorsiones derivadas de la características del mercado de Estados Unidos en el consumo de carnes de ave, mediante una cuota de 8 mil toneladas, de crecimiento anual, y se aprobó un proceso de desgravación lento para quienes quedarán fuera de la cuota, pero, además de elevar el arancel específico, que hoy es de 6 por ciento para estas carnes, al 25 por ciento, el arancel que fue consolidado ante la OMC.
Declaró que en el Tratado se estableció una prohibición recíproca de exportar productos subsidiados y, en lo referido a los métodos de desgravación no lineal, a modo de ejemplo señaló que se estableció un método para los productos con bandas de precios, por el cual no existe desgravación alguna durante los primeros cuatro años; al cabo del segundo período de cuatro años, se desgrava un tercio del arancel, y durante los últimos cuatro años, se desgravan los dos tercios restantes del arancel.
Acotó que, en cuanto a la administración de las cuotas, todos los productos que tienen cuotas para ingresar al mercado norteamericano se regirán por el sistema de que quien llegue primero se lleva la cuota. Por último, en relación con el problema de México, estimó que los principales problemas derivados del Nafta y ese país están acotados al maíz, que constituye el principal producto sembrado en ese país, con más de 7 millones de hectáreas. problemas.
El señor Garáfulic, don Igor ( Encargado de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura ) explicó que en ciertos productos especiales como la carne y los duraznos en conserva, la negociación consistió en que el socio baje lo antes posible sus aranceles y, a la vez, que los propios bajen de manera más lenta. En estos productos se logró una desgravación lineal, porque es igual en los períodos establecidos.
Relató otras experiencias de negociación adquiridas. Así, en la negociación con la Unión Europea, se pudo combinar tanto las cuotas como las tasas a las que bajaban.
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería ) respondió diversas consultas formuladas por los señores diputados. Señaló que la influencia de Estados Unidos en la OMC, siendo relevante, no es en modo alguno determinante porque sus miembros defienden sus propios intereses, citando algunos ejemplos, como el caso de la rebaja impositiva que Estados Unidos aplicaba a las empresas de exportación y que fue cuestionada por la Unión Europea, ganando esta última el panel que se formó al efecto.
Relató que en este Tratado se logró eliminar la exportación de subsidios en materia agrícola. Por su parte, el tema del apoyo interno que sin ser subsidio produce efectos de tal, se va a definir en el ámbito más global de la OMC. Al respecto se explayó sobre la activa participación de Chile en ese Organismo.
Procedió a entregar una completa explicación sobre los efectos del Nafta en la economía mexicana, positivos, con notable incremento de las exportaciones de manufacturas y con superávit a favor de México, aclarando que los problemas de la agricultura mexicana son anteriores a dicho tratado, recalcando que las exportaciones nacionales son dirigidas a mercados mucho más diversificados.
El señor Albarrán, don Alfredo ( Presidente de la Asociación de Exportadores de Quesos ) opinó que este Tratado tendrá efectos positivos para su sector y no todos podrán participar directamente exportando, pero podrán suministrar la materia prima.
Relató la experiencia de la Cooperativa Lechera de la Unión (Colun) en sus exportaciones de queso a México, en incremento y que, en la actualidad, sus exportaciones al mercado norteamericano son relativamente fáciles de realizar, obteniendo su sector una cuota que asciende a algo más de 3.500 toneladas, de las cuales 1.400 corresponden al 3 por ciento de la producción nacional de queso.
Manifestó que su Asociación trabaja con el Ministerio de Agricultura, entre otros entes públicos, para enfrentar este nuevo desafío exportador y solicitó que la institucionalidad que coadyuva al sector exportador se modernice para estar a la altura de estos desafíos. Agregó que están trabajando con el citado Ministerio para diseñar el proceso de asignación de la cuota que le corresponde al sector quesos, explicando que el mecanismo de asignación es voluntario y que la entidad que representa corresponde a quienes producen el 97% del queso en Chile.
El señor Danessi, don Ricardo ( Administrador de la Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Ltda .) relató la historia de la cooperativa que representa, la cual agrupa a más de 400 pequeños agricultores, con más de 3.000 hectáreas dedicadas a diversos cultivos.
Identificó los siguientes problemas que enfrentan los pequeños agricultores para exportar y las soluciones posibles:
1. Alcanzar la calidad requerida para los mercados de exportación.
Se pueden aplicar ciertos instrumentos, como el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) de la Corfo, que aunque normalmente se ha utilizado para la agroindustria, se podría adaptar al sector.
2. Las organizaciones campesinas no tienen experiencia ni contactos internacionales.
Organismo clave es ProChile, mayor porcentaje subsidio para participar en misiones empresariales y mayor difusión de los resultados de éstas.
3. Grado de endeudamiento que enfrentan los pequeños agricultores.
El BancoEstado podría desarrollar un programa de renegociación de deudas de la pequeña agricultura, otorgando créditos a cinco años plazo.
4. Los pequeños agricultores no pueden derivar hacia rubros frutícolas porque no tienen acceso a créditos de inversión.
Podría solucionarse con un crédito de largo plazo o una línea especial de crédito de inversión a 10 ó 12 años plazo, con cuatro años de gracia y con tasas de interés de mercado.
5. Los campesinos no están organizados comercialmente para enfrentar los mercados.
Corfo tiene instrumentos que debiera flexibilizar y acomodar a las organizaciones campesinas.
6. Gran parte de la pequeña agricultura trabaja informalmente.
Se debe iniciar una campaña para formalizar la agricultura campesina, resaltando los beneficios de poder descontar los IVA de compras.
7. Algunos instrumentos campesinos, como los subsidios de riego, todavía mantienen un grado importante de burocracia y tramitación.
Opinó que en su sector hay incertidumbre acerca del efecto del Tratado de Libre Comercio sobre los pequeños agricultores, en especial para los que cultivan maíz. No obstante, existe conciencia de que hay que adaptarse a los nuevos desafíos.
Manifestó preocupación porque los programas de transferencia tecnológica se terminaron, y hasta hoy, desde abril a septiembre, todavía no se sabe qué lo reemplaza.
El señor Pizarro, don Rodrigo ( Director Ejecutivo de la Fundación Terram ) aseveró que las razones por las que se negoció el Tratado fueron el acceso al mercado norteamericano y las políticas públicas, agregando que los tratados se evalúan por sus efectos comerciales y políticos. Añadió que los tratados de libre comercio son, asimismo, un mecanismo para asegurar hegemonía militar; aumentan el poder de negociación de los distintos actores, y aseguran las reformas estructurales.
Afirmó que más del 90 por ciento de las exportaciones chilenas corresponden a recursos naturales de muy bajo procesamiento y que, en la actualidad, el acceso de tales mercaderías al mercado norteamericano es, generalmente, con un arancel promedio por debajo del dos por ciento, razón por la cual concluye que el Tratado no se refiere al acceso y que, en lo que se refiere a la eliminación del escalonamiento arancelario, hay productos, como el vino, que no son afectados por tal sistema.
Agregó que en lo que se refiere a los productos que no exportamos a Estados Unidos y que pudiésemos exportar, como los productos que presentaron las exportaciones de mayor crecimiento entre 1999 y 2000, el arancel para Chile es cero por ciento. Lo mismo sostiene respecto de los productos exportados por primera vez.
Aseveró que la Oficina de Comercio de Estados Unidos señaló que los impactos del Tratado son básicamente insignificantes, tanto en términos comerciales como de bienestar, como también un estudio de la Universidad de Michigan.
Expresó que en las negociaciones del Tratado, Chile eliminó un arancel promedio de 6 por ciento para los productos de la agricultura tradicional, más las bandas de precios. Por su parte, Estados Unidos mantuvo dentro de su negociación más de 180 mil millones de dólares en subsidios agrícolas. Más de las tres cuartas partes de productos agrícolas norteamericanos ingresarán a Chile sin arancel.
Consideró que la conversión de la agricultura tradicional a silvicultura podría eliminar de 182 mil a 175 mil empleos, a lo que se suman los efectos por encadenamiento productivo. Además en esa actividad la distribución del ingreso es más funcional, por lo que el Tratado produciría un efecto negativo en términos de desigualdad del ingreso.
Manifestó que es un Tratado que afecta directamente la capacidad de hacer política pública. Afecta directamente a nuestras instituciones y la capacidad de tener una política económica autónoma. Impide la discrecionalidad y capacidad de generar políticas soberanas, dado que cada parte notificará a la otra de todo lo que considere que pudiere afectar sustancialmente el Tratado.
Sostuvo que, en el ámbito de propiedad intelectual, Chile adquirió compromisos más allá de la Organización Mundial de Comercio, que se refieren a los derechos relativos a softwares y algo similar surge en materia de comercio electrónico.
Dijo que, en cuanto al control de capital especulativo, Chile eliminó el encaje y en términos de inversión, se utilizó en el capítulo 11 del Nafta, el cual está siendo cuestionado a nivel internacional por las demandas hacia el estado que puede generar.
En términos de cultura, citó una declaración de la alianza canadiense de cine, televisión y radios que señala lo lapidario que ha sido para la cultura canadiense el tratado de libre comercio con Estados Unidos y el Nafta.
En el ámbito laboral y ambiental, consideró que no hay un avance en esa materia, para lo cual cita un informe del Instituto Libertad y Desarrollo en el cual se dijo que este Tratado “ayuda a consolidar de manera sustancial el modelo de economía de mercado que se aplica exitosamente desde hace tres décadas.”.
Finalmente, solicitó que, dados los términos del Tratado, debiera compensarse a los sectores afectados y apoyar a las Pymes.
El señor Lagos, don Ricardo ( Director de Asuntos Multilaterales de DIRECON ) alabó los términos precisos y constructivos de la exposición del señor Danessi . En cuanto al Tratado y al tema de las cuotas, dijo que se prefiere no negociar cuotas en los acuerdos de libre comercio. Las cuotas generan dificultades, que en este caso son temporales, porque van a desaparecer al cabo de doce años, para quedar un comercio libre para todos los bienes.
Agregó que, en términos económicos, las cuotas generan renta. La dificultad se da cuando se decide cómo afinar la cuota: si a los importadores o a los exportadores.
El señor Furche, don Carlos ( Director de la Oficina de estudios y Planificación Agrícola) aclaró que existe un número limitado de productos sujetos al sistema de cuotas, las cuales serán asignadas de acuerdo con el orden de precedencia, esto es, el que primero llega al mercado de destino con la cuota, accede al beneficio. Se está estimulando la asociatividad para aprovechar las cuotas, como sucede en el sector lácteo. Respecto de las cuotas de carnes de aves y de cerdos, se estableció un mecanismo de asignación interna de cuotas.
Opinó que los productores nacionales de maíz son muy competitivos, por lo que se estima que la apertura con los Estados Unidos, que está prevista de aquí a dos años, no alterará en nada la situación de importación de maíz para Chile. Agregó que las cuotas de carnes, harán que aumente la demanda interna de maíz.
Propiedad intelectual y comercio electrónico
El señor Díaz, don Álvaro ( Subsecretario de Economía , Fomento Y Reconstrucción) declaró que el tema de la propiedad intelectual es especialmente relevante para la contraparte del Tratado y que su negociación significó una notable coordinación del sector público chileno involucrado, como consultas al sector privado. Se trata de un capitulo de importancia para Chile, que aspira a convertirse en una plataforma prestadora de servicios, especialmente en el ámbito digital.
Expresó que Chile no aceptó aspectos de gran demanda en Estados Unidos, tales como la limitación a las licencias obligatorias saliendo en Chile en mejores condiciones que otros países en similar situación negociadora, como Singapur, por ejemplo.
Aseveró que la protección de los derechos de propiedad intelectual y asegurar su distribución masiva, fueron principios inspiradores de la negociación, por incentivar la innovación y aumentar la eficiencia y el capítulo logra un buen equilibrio entre los derechos de los titulares de propiedad intelectual y los derechos de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas. También se logró un equilibrio entre los intereses de los titulares nacionales y los titulares extranjeros de propiedad intelectual.
Estimó que no basta con la protección equilibrada de tales derechos para que Chile sea una plataforma tecnológica, además requiere desarrollar un esfuerzo muy poderoso en fomentar la investigación y desarrollo,
Dijo que nuestra legislación nacional de propiedad intelectual cumple con la mayoría de las disposiciones que se acordaron. El capítulo tiene un preámbulo en el que se establecen ciertos objetivos y principios que deben orientar las disposiciones. Uno de los aspectos fundamentales es que las partes reconocen los principios establecidos en la declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada por la OMC.
Señaló que en las disposiciones generales se adquiere el compromiso de adherir y ratificar ciertos acuerdos multilaterales de propiedad intelectual que, en términos generales, crean mecanismos procedimentales, que no afectan decisiones sustantivas. Procedió a describir en términos generales este Capítulo.
Acotó que, finalmente, en el capítulo sobre acceso al mercado, las Partes reconocen recíprocamente siete indicaciones geográficas de la contraparte.
En materia de derechos de autor y derechos conexos, expresó que se lograron disposiciones importantes en la protección tanto de autores como de artistas, intérpretes, ejecutantes y productores. Destacó que se aumentan en veinte años los plazos de protección de los derechos de autor y derechos conexos, acercándose a los estándares aceptados en el ámbito internacional. Chile tenía cincuenta años y ahora lo elevó a setenta años de protección.
Indicó que en el tema del software se incrementa su protección, con lo que las posibilidades de piratería se reducen. Añadió que ahora hay programas que se pueden bajar de internet sin costo.
Aseveró que en el tema de las patentes y productos regulados es donde más se hizo evidente los éxitos de la negociación desarrollada, lográndose un equilibrio entre los intereses de los productores nacionales de medicamentos, los laboratorios extranjeros y los derechos de los consumidores. En concreto, se asegura la protección de la innovación, pero sin una sobreprotección que dificulte el acceso de la población a medicamentos a costos razonables.
Manifestó que, en lo relativo a la institucionalidad, Chile concordó en fortalecer la observancia en la protección de la propiedad intelectual, porque la piratería -especialmente aquella que viene en formato digital- está afectando fuertemente la industria cultural. No sólo se ven afectadas empresas extranjeras residentes en Chile, sino también nuestros creadores e inventores.
Consideró que al implementar las medidas de observancia acordadas en el Tratado, el capítulo garantiza que las Partes no están obligadas a crear sistemas especiales distintos del sistema procesal común para la observancia de la propiedad intelectual, ni tampoco destinar recursos especiales para estos fines.
Expresó que en el artículo final se fijaron ciertos plazos de implementación, los que, sumados a otros establecidos a lo largo del capítulo, van desde los seis meses de la entrada en vigencia del Tratado hasta cinco años.
Concluyó señalando que el Gobierno ve en el Tratado, en particular en este capítulo, uno de los esfuerzos más importantes que se están realizando para hacer de nuestro país una economía moderna, acorde con los desafíos que plantea la sociedad del conocimiento.
El señor Cousiño, don José Manuel ( Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica) manifestó que para su sector el tratado tiene una importancia extraordinaria porque incentivará fuertemente la inversión nacional y extranjera, impactará positivamente en el riesgo país y generará mayor empleo y mejores salarios, entre otras cosas.
Estimó que, al asegurarse la comercialización exclusiva de un producto patentado por un tiempo limitado, se incentiva a la industria farmacéutica para que invierta en investigación y desarrollo de nuevos fármacos. En segundo lugar, se asegura que los productores de medicamentos genéricos puedan ofrecer medicinas más baratas, una vez que el periodo de vigencia de la patente expire.
Aseveró que Chile se encuentra en mora con la Organización Mundial de Comercio, porque no ha adecuado la ley N° 19.089 a los acuerdos TRIPS de la OMC y, por otro lado, por que no ha dado aplicabilidad inmediata a ciertas normas contenidas en los artículos 17.9 y 17.10 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
La señora Sánchez , doña Angélica (Representante de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Chile) afirmó que los parámetros establecidos en el tema de propiedad intelectual y, particularmente, en el área de patentes de inversión de medicamentos, sobrepasan a aquellos establecidos en el acuerdo ADPI de la Organización Mundial de Comercio. Parece poco apropiado, reglamentar en forma tan específica lo que ocurre con productos del tipo farmacéutico o agroquímico.
Sostuvo que la adaptación de las normas al ordenamiento jurídico interno deberá preocupar, de manera especial, a nuestros legisladores, de tal forma de no generar contradicciones que podrían alcanzar aspectos de inconstitucionalidad de algunas disposiciones del TLC en análisis.
Señaló que un ejemplo de lo anterior se refleja en la determinación de que eventuales infracciones de patentes de productos farmacéuticos podrían ser traspasados a otros entes administrativos, como el Instituto de Salud Pública, en circunstancia de no ser el ente competente. Debe evitarse que se generen pseudopatentes que afecten innecesariamente un producto, como ocurre en la actualidad, que se hacen patentes sobre tratamiento de moléculas muy antiguas, antes de 1991.
El señor Palma, don Jaime (Asesor en Propiedad Intelectual de Asilfa) expresó que su asociación, respecto al artículo 17.10, tiene algunas observaciones, porque esa norma generaría un link entre patente y registro sanitario que, a nuestro entender, no existiría. La Contraloría General de la República, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han dictaminado que un órgano de la administración central, como el Instituto de Salud Pública, carece de capacidad y competencia para determinar la existencia de infracción a normas de patentes.
Aseveró que las normas del Tratado incidirán en dar mayor fuerza al monopolio que significa una patente.
Opinó que con la compensación de plazos que establece el Tratado, debido a que pueden haber atrasos en la concesión de una patente o de un registro, se está ampliando injustificadamente la vigencia de las patentes, de manera que los monopolios se alargan en el tiempo.
Siguiendo con el artículo 17.9 N° 4, manifestó que hay una limitación fuerte a la capacidad de exportar de la industria farmacéutica nacional. La industria farmacéutica no puede ingresar a Estados Unidos, no por un problema de calidad, sino por la estructura norteamericana que no deja entrar productos farmacéuticos a competir.
El señor Amenábar, don Sergio ( Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual ) opinó que la visación chilena que actualmente se está implementando para la protección de la propiedad industrial les es ampliamente satisfactoria. Sin embargo, tienen dudas respecto de los llamados “Acuerdos internacionales”, que no forman parte del tratado mismo, y que Chile se obliga a adherir o hacer suyos en la negociación. Tratados, de los cuales, al menos cuatro son inconstitucionales.
Relató que en un informe en derecho del jurista José Luis Cea , sobre el llamado Protocolo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas estimó que era inconstitucional, por discriminar a favor de los extranjeros en contra de los chilenos; por romper, por varios otros conceptos, la igualdad ante la ley; por consagrar la delegación facultades legislativas que corresponden al Congreso en la asamblea del tratado; por no considerar el idioma español como idioma de trabajo. Además, consideró que dichos tratados, por versar sobre la regulación de un derecho constitucional, como es el derecho de propiedad, no debían ser materia de ratificación general dentro de un acuerdo de libre comercio, sino que cada uno de ellos debía ser objeto de ratificación específica por parte del Congreso Nacional,
El señor Schuster, don Santiago (Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor) indicó que iba a referirse a los derechos de autor y los derechos conexos.
Afirmó que en materia de derechos de autor la protección se otorga por el solo hecho de la creación, y al crear una obra, inmediatamente ésta tiene derecho a protección. Por su parte, el área de los derechos conexos, está circunscrita exclusivamente a artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas. El tratado no se refiere a otro titular de derechos conexos, que son los organismos de radiodifusión.
Estimó que el gran problema es que Estados Unidos proviene de la tradición del copyright, y que nuestra legislación proviene de la tradición del derecho de autor. Lo que interesa al sistema anglosajón es especialmente la explotación. En el ámbito del derecho de autor, la persona del autor, el creador, es eje dentro de la protección, razón por la cual es muy adecuado el artículo 7°, párrafo séptimo, en que se establece expresamente los derechos de autor de los trabajadores.
Destacó que el Tratado tiene una fórmula interesante y comentada internacionalmente, en el sentido qué legislación será la que establezca cuando un derecho de autor pasa a la titularidad de la empresa que ha contratado al autor.
Manifestó que es positivo que el artículo 17, párrafo sexto, se señala que no se darán más derechos que aquellos que se concedan a nuestros artistas e interpretes y ejecutantes en la legislación norteamericana.
Aseveró que el Tratado simplemente recoge una acumulación de decisiones que el Congreso Nacional ha adoptado en otros tratados internacionales, pero hay algunos aspectos nuevas.
Consideró que las excepciones a nuestro juicio son un tema delicado y no se puede vincular al terrible problema de la piratería que hoy existe en Chile.
En cuanto a las oportunidades que generará el Tratado, señaló que el derecho de autor está en el ámbito de los intangibles y no en el ámbito de la exportación de productos de mercancías. En el futuro, los derechos de autor se van tranzar en el comercio electrónico. Es decir, no habrá importaciones de soportes de discos ni de libros, sino que fundamentalmente serán transferencias a través de las redes originales. Por eso, estimó que Chile tiene una oportunidad que debe asumir.
El señor Díaz, don Álvaro ( Subsecretario de Economía , Fomento y Reconstrucción) manifestó que en lo que se refiere a la protección de información no divulgada, éste es un compromiso de Chile asumido en la Organización Mundial de Comercio, en el tratado sobre los Adpic. En este sentido, como está redactado el Acuerdo con Estados Unidos en esta materia, incluso, perfecciona la legislación y el procedimiento que hoy está operando por parte del Instituto de Salud Pública, porque quien tiene que cuidar la información no divulgada es este instituto. Hoy no hay plazos en esta materia. Acá se establecen plazos, de cinco años para productos farmacéuticos y diez para los agroquímicos. En este caso, se identifica con precisión la materia a proteger, se le denomina: nuevas entidades químicas, esto es, una nueva molécula.
Respecto de la vinculación existente entre el Departamento de Propiedad Industrial y el Instituto de Salud Pública, aclaró que se ha establecido un procedimiento por el cual lo que deberá hacer el Instituto será otorgar permisos sanitarios y no de comercialización.
Respecto de la protección por tiempo, indicó que el plazo contemplado es de cinco años, por demoras debidas a la responsabilidad del Departamento y no de particulares que hayan solicitado esa patente.
En cuanto a si los precios de los medicamentos serán más altos, opinó que lo que interesa es la canasta, la cual está compuesta por tres tipos de medicamentos: los que tienen patentes, los genéricos simples y los genéricos de marca.
Respecto de la protección, indicó que ésta se alarga de quince a veinte años. De acuerdo con la legislación vigente, la protección es de quince años a partir del otorgamiento de la patente. Hoy pasa a veinte años, desde el momento que se inicia el trámite de la solicitud.
Respecto de lo planteado por el señor Sergio Amenábar , señaló que estamos estableciendo compromisos respecto de cuatro tratados: el de cooperación en materia de patentes, el Upov 1991, el de derechos de marcas y el convenio sobre distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite. Chile asume el compromiso de ratificar o adherir a esos tratados.
En cambio, aseveró que el Tratado dice que se harán los esfuerzos razonables para efectos del tratado sobre derechos de patentes, el acuerdo de La Haya sobre el depósito internacional de diseños industriales y el protocolo referente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. El estudio del abogado constitucionalista señor Cea se refiere al protocolo referente al arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas.
Indicó que los tratados no se ratifican de manera automática. Al firmar este acuerdo no se está ratificando el tratado, es más, antes del 1 de enero de 2007 deberán ratificar o adherir a ellos.
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería ) se refirió a la exposición efectuada por el representante de la Fundación Terram, aseverando que todos los sectores productivos consideran que el Tratado plantea grandes oportunidades. Dicha presentación, en primer lugar, subestimó la consolidación del Sistema Generalizado de Preferencias -muy valorado por todos nuestros sectores productivos- y no se entiende que la eliminación del escalonamiento arancelario plantea una oportunidad histórica para la diversificación de nuestras exportaciones en todos los sectores
En materia de acceso a mercados, se aseveró que no basta con la rebaja arancelaria para conseguir espacios relevantes en el mercado norteamericano y que es necesario fortalecer la capacidad tecnológica, profesional y crediticia de las PYMES. Al respecto, manifestó estar de acuerdo, pero ese fortalecimiento -en el que se está trabajando- toma años.
Dijo que el Gobierno está trabajando en la evaluación de los instrumentos de fomento, en reforzar su pertinencia y en eliminar duplicaciones. También lo está haciendo en reforzar la coordinación de las agencias de gobierno en materia de fomento productivo y de exportación. Además, se está trabajando en la incorporación de los gobiernos regionales en el diseño de la política de fomento y en el acopio de los recursos necesarios para su desarrollo.
En lo que se refiere a los límites en la política pública, destacó que, respecto del tema “Capítulo de Inversión”, lo que Chile negoció con Estados Unidos es bastante similar a lo ya acordado con México, Canadá , Centroamérica y la Unión Europea. Además, este capítulo es mejor, toda vez que incorpora el debate habido respecto del capítulo 11 del Nafta, corrigiendo aquellos temas que generaron polémica.
Hizo hincapié que, en materia de regulación, el Estado chileno mantiene plena potestad para regular la actividad económica de modo no discriminatorio y transparente. Chile puede dictar las normas que estime necesarias, sin aumentar el nivel de discriminación existente y establecido en las medidas del anexo 1 y en los sectores listados adicionalmente en el anexo 2.
En lo que respecta a la cultura, subrayó que Chile se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue trato diferente a países. Para mayor certeza, los programas gubernamentales de apoyo a través de subsidios para la promoción de actividades culturales no están sujetos a las limitaciones u obligaciones de este Tratado.
Aseguró que Chile ha preservado absoluta y totalmente su capacidad de definir políticas culturales, subsidiando a su sector doméstico o estableciendo acuerdos de cooperación con otros países, o de suscribir acuerdos futuros multilaterales o bilaterales que puedan surgir.
Expresó que el representante de Terram manifestó que existe ausencia de información y nula participación de los actores relevantes en el proceso de negociación. Para aclarar que eso no es efectivo lee un largo listado del conjunto de las agrupaciones empresariales productivas que fueron consultadas a lo largo de todo el proceso.
Normas laborales, medioambientales
y solución de controversias
El señor Solari, don Ricardo ( ministro del Trabajo y Previsión Social) expresó que el capítulo XVIII, que contiene el aspecto laboral del Tratado y el anexo complementario, que se refiere a los acuerdos de cooperación, a juicio del Ministerio del Trabajo y de quienes participaron en la negociación, constituye una satisfactoria contribución para el desarrollo de este tipo de instrumentos en la relación bilateral.
Agregó que está fundamentado en la participación de ambas naciones en la Organización Internacional del Trabajo y en la suscripción, en el caso de Chile, de los convenios a que da lugar la declaración de principios y derechos fundamentales del trabajo y su seguimiento, de 1998.
Aseveró que se asegura la autonomía de nuestra nación para ejercer sus propias leyes y determinar sus propios cambios y, por tanto, para hacer uso pleno de su propia soberanía. Además, se establece un mecanismo de solución de controversias que libera a Chile del riesgo de este tipo de temática
Afirmó que el Tratado no limita la capacidad progresiva del Estado de Chile a elevar los estándares de modo creciente y que en materia institucional, el Tratado establece como el instrumento de administración de este componente específico un consejo de asuntos laborales, constituido por ambos Ministerios.
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería) afirmó que por el lado de la Confederación de la Producción del Comercio se manifestó la aprobación del capítulo. Por su parte la Central Unitaria de Trabajadores manifestó, en reuniones con el equipo negociador, su aprobación con la idea del acuerdo, en el entendido de que para una economía abierta, como la chilena, el desempeño exportador era fundamental para seguir creciendo, generar más empleos y eliminar la pobreza, agregando que querían evitar a todo evento cualquier mecanismo proteccionista que se inoculase a partir de este capítulo. Asimismo, subrayaron la necesidad de fortalecer la fiscalización y la capacitación en materia laboral. Asimismo, la Central Unitaria de Trabajadores pidió, expresamente, que el capítulo laboral fuese parte del acuerdo y, por lo tanto, quedase sometido al mecanismo de solución de controversias.
Respecto al capitulo mismo aseveró que éste evita filtraciones proteccionistas y genera un excelente instrumento para reforzar el cumplimiento de la legislación laboral de cada parte y que los temas judiciales y administrativos no se ven limitados por este acuerdo.
Opinó que el capítulo laboral, al igual que el capítulo ambiental, es un buen ejemplo de cómo un país pequeño puede ir avanzando en términos de conciliar competitividad y cohesión social, porque la forma de conseguir competitividad no puede ir en desmedro de los derechos de los trabajadores ni de la sustentabilidad ambiental del desarrollo.
Hizo hincapié que no es efectivo que no haya existido un trabajo en conjunto con organizaciones laborales o que haya existido un privilegio hacia las organizaciones empresariales. Lee una lista de alrededor de 29 actividades que el equipo negociador realizó con la CUT.
En cuanto al tema del encaje bancario, afirmó que, en virtud del Tratado, el Estado Chileno podrá aplicar el encaje durante un año, sin dar razón alguna. Más allá del año también podrá aplicarlo, pero en este caso, sujeto a la eventualidad de controversia.
Opinó que no se puede pedir al Tratado más de lo que es, es un tratado de libre comercio, no una discutiendo una estrategia de desarrollo.
El señor Matus, don Mario ( Director de Asuntos Bilaterales de la Direcon ) sostuvo que, en esencia, el capítulo sobre medio ambiente es igual al capítulo laboral, en el sentido de que se tiene la obligación del cumplimiento de las propias leyes medioambientales y no desmejorar los estándares y normas medioambientales.
Subrayó que una característica especial de este Tratado es que los temas laborales y medioambientales son parte integrante del mismo y tienen el mismo sistema de solución de controversias de tratados, el que en esencia es la siguiente:
Primero, el objetivo es solucionar controversias o disputas comerciales. Si no hay forma de solucionar el problema por la vía amigable de la simple conversación, nace lo que se llama la etapa de las consultas, en donde básicamente se conversa, una vez más, entre las partes en conflicto de manera ordenada. Si esta etapa de consultas no tiene un buen resultado y no se soluciona la controversia, el problema pasa a un panel o grupo arbitral compuesto por tres miembros: uno, de nacionalidad chilena; otro, de nacionalidad americana y el presidente deber ser de una nacionalidad distinta de las anteriores. Estos árbitros se nominan sobre la base de una lista de árbitros preestablecida. El proceso culmina en un fallo, laudo o informe final. Frente a un fallo, la primera opción que tienen las partes es cumplirlo, lo cual significa modificar la medida que ha sido cuestionada por la otra parte. Puede que no sea posible cumplir el fallo o modificar la medida. En esa circunstancia, las partes pueden negociar una compensación, vinculadas a mayores procesos de liberalización, a mayor apertura del mercado o a acelerar procesos de liberalización arancelaria. Si eso no ocurre, normalmente, le nace a la contraparte, a la parte ganadora, la llamada sanción comercial que consiste en subir los aranceles. El país ganador elige el producto o los productos en los cuales va a subir el arancel,
Destacó que una de las formas de compensación, además del acuerdo entre las partes, es la contribución monetaria, de hasta 15 millones de dólares en el caso del Tratado, como una forma temporal de cumplimiento de la obligación. Si ello no ocurre, al final hay sanción comercial.
Aseveró que en particular, el tema laboral y medioambiental tiene tres peculiaridades: el objetivo es cumplir la ley laboral y medioambiental; el panel o grupo arbitral lo que decide en estas materias es, básicamente, un plan de acción, esto es, acuerdan entre las partes una forma que tienda al cumplimiento de la legislación laboral o medioambiental; si eso no ocurre, en ese momento se iniciarían las sanciones comerciales correspondientes.
En cuanto a la diferencia con el régimen general, declaró que ésta radica en que, tanto en materia laboral como medioambiental, las consultas, en la primera etapa del juicio, se hacen entre expertos.
Sostuvo que la novedad del sistema de solución de controversias del Tratado radica en que todo es público, transparente. Incluso se permite la posibilidad de los llamados amicus curiae, para que alguien, con algún interés, entregue su opinión por escrito ante el tema que se discute.
El señor Lathrop, don Alfonso ( Primer Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores ) estimó que el cumplimiento de la legislación laboral que tiene algunas dificultades en el país, por lo cual se requiere fortalecer la fiscalización.
Opinó que deben establecerse compensaciones para los sectores que se verán perjudicados por el Tratado, entre ellos, el agrícola y el de cuero y calzado.
De los temas a tratar, señaló que el fortalecimiento de los fondos, investigación para el desarrollo y la capacitación para los trabajadores desplazados también son muy importantes para su sector.
El señor Bruna, don Augusto (Confederación de la Producción y el Comercio) afirmó que para esa Confederación, el capítulo XVIII del Tratado, es una muy buena mezcla de los principios de libertad para las partes y de protección para los trabajadores de las empresas de los países signatarios. Durante la vigencia del Tratado, cada Estado, soberanamente, podrá modificar su legislación laboral en esta materia. En materia de los principios de protección para los trabajadores de las partes, es interesante tener presente que tanto la determinación de la legislación aplicable como su modificación deben encuadrarse dentro de los principios fundamentales de la OIT a que hizo referencia el señor ministro .
Estimó muy relevante que los países se comprometan a respetar sus respectivas leyes internas. Es un aspecto extraordinariamente positivo para todos los empleadores y empresas que, en su actividad productiva, respetan la ley.
Destacó el aspecto relativo a la protección de los derechos de los trabajadores de las partes signatarias es el acceso a la justicia que dispone el capítulo XVIII, que debe ser transparente, equitativo y justo.
Opinó que un aspecto muy importante se encuentra implícito en el texto del Capítulo XVIII: la capacitación de los trabajadores, el cual es un gran desafío.
Afirmó que, en muchos aspectos, la legislación chilena es mucho más exigente y severa que la americana.
Expresó que se debe introducir en nuestra legislación laboral más adaptabilidad y flexibilidad, el cual es un imperativo que se concilia perfectamente con el contenido del Tratado de Libre Comercio.
El señor Mesina, don Luis (Confederación de Trabajadores Bancarios) afirmó que su gremio ha sido escasamente consultado sobre este Tratado y que para su sector, surge del Tratado una cantidad importante de interrogantes que es necesario que las autoridades conozcan en detalle, las cuales son las siguientes:
1. En relación con la inversión extranjera, Chile contaba hasta hace pocos años con una normativa que permitía hacer frente al movimiento de capitales de corto plazo, cual era el encaje, el cual se mantuvo por muchos años el encaje fue eliminado, lo cual representa un riesgo frente a los denominados capitales golondrina.
2. Su sector no visualiza cuáles podrían ser las medidas de peso que hagan suponer mayor incremento del empleo, puesto que ya el movimiento de capitales en nuestro país transita casi sin ningún tipo de regulación. Tiene libertad desde mucho antes de la suscripción de este acuerdo y el empleo en el ámbito bancario ha disminuido.
3. La banca nacional está concentrada fuertemente en manos de extranjeros y no están garantizados los derechos que aquí se anuncian como fundamentales; por ejemplo, no se respeta el derecho a la negociación colectiva.
Afirmó que, si bien la legislación chilena es mucho más severa que la norteamericana en materia de normativas laborales, los derechos de los ciudadanos norteamericanos son mucho más protegidos que en Chile.
Solicitó mayor participación del Estado en el resguardo de los derechos contemplados en la ley, porque en muchos casos ésta no se cumple.
Declaró que en el último congreso efectuado por la Central Unitaria de Trabajadores se acordó el rechazo al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque causa profunda inquietud y desconfianza entre los integrantes de dicha entidad.
La señora Espinoza , doña Carmen (Directora del Programa de Economía del Trabajo) informó que el Programa de Economía del Trabajo, PET, ha estudiado los posibles impactos que tendrán los últimos acuerdos comerciales firmados por nuestro país, específicamente en lo que dice relación con las condiciones laborales de los trabajadores más pobres, entre los cuales hay un alto incumplimiento de la ley laboral. Agregó que el Tratado producirá presiones para tener trabajadores más capacitados y, probablemente, menos rentados.
Opinó que se necesita mayor educación y promoción de la organización sindical y que hay que cambiar los esquemas de capacitación. Hoy no se emplean todos los recursos. Además, los recursos para capacitación se utilizan desde la decisión que toma el empresario.
Afirmó que existe un gran tema vinculado con los aspectos laborales de la gran masa de empleados, que sobrepasa el 40 por ciento en el sector de la microempresa: cual es la posibilidad de acompañar los encadenamientos productivos con protección de los derechos laborales, y también facilitar las certificaciones de origen para que se produzca este encadenamiento.
El señor Reus, don Pedro (Subgerente Corporativo de la Sociedad de Fomento Fabril) afirmó que sin un buen sistema de solución de controversias el Tratado carece de sentido, frente a la asimetría de poderes de los socios.
Declaró que su sector estima que el sistema de solución de controversias de este Tratado es eficaz por las siguientes razones:
-Tiene una cobertura amplia.
-La controversia no sólo se refiere a problemas de aplicación e interpretación del tratado o a medidas que pudieran ser incompatibles con éste, sino también a algunas medidas que pudieran causar menoscabo o anulación de los derechos.
-Es un mecanismo flexible, porque permite a las partes optar por el mecanismo bilateral o recurrir al sistema de diferencias de la Organización Mundial del Comercio.
-Es automático, en el sentido de que el procedimiento y las etapas no pueden ser bloqueadas por ninguna de las partes.
-Es oportuno, en el sentido de que el plazo de duración del sistema es bastante breve -de alrededor de nueve meses-, y que, incluso, puede ser reducido en forma sustancial cuando se trata de mercancías perecederas, de las cuales Chile es un gran exportador.
-Es transparente, por cuanto es un mecanismo que contempla normas de publicidad de las actuaciones de las partes en el procedimiento y la posibilidad de que terceros, amigos de la curia, puedan participar bajo ciertas reglas.
-El cumplimiento es eficaz, por cuanto el mecanismo contempla, en forma sucesiva, diversas opciones, algunas de ellas novedosas, que tienden, en definitiva, a asegurar que el conflicto se resuelva en forma satisfactoria.
Respecto del tema ambiental, estimó que se ha abordado en forma adecuada, porque se reconoce el derecho de cada parte a establecer, internamente, sus propios niveles de protección ambiental y sus políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como adoptar o modificar su legislación ambiental, y porque la eventual aplicación de sanciones a que pudiera dar lugar el tratado, se circunscribe al hecho de dejar de aplicar, efectivamente, la legislación ambiental a través de un curso de acción, o inacción, sostenido o recurrente, siempre que con ello se afecte el comercio entre las partes después de la fecha de entrada en vigor del Tratado.
Asimismo, destacó que la definición de legislación ambiental también deja a salvo el derecho de cada país a decidir, soberanamente, la forma como usará y aprovechará sus recursos naturales.
El señor Donoso, don Guillermo (Confederación de la Producción y el Comercio) manifestó que su sector considera adecuado el tratamiento del tema medioambiental que confiere el tratado, por las mismas razones expresadas por el ser Reus.
Expresó que algunos estudios que se han planteado respecto de potenciales impactos medioambientales negativos asociados al Tratado de Libre Comercio, se han centrado exclusivamente en el efecto productivo tradicional, pero dejan de lado una serie de otros impactos de índole positiva para el medioambiente, como los impactos tecnológicos, regulatorios y de escala.
El señor Blanco, don Hernán (Representante de ONG RIDES) sostuvo que no ha habido una evaluación de impacto ambiental de este Tratado, sistemática o formal o de la sustentabilidad del mismo. Se debería considerar un estudio de monitoreo o seguimiento ambiental permanente del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
Explicó que muchos estudios han señalado el problema existente de la carencia de capacidad de fiscalización de políticas o instrumentos de gestión acordes con la demanda que se está generando.
Sostuvo que hay temas difusos que explorar, por ejemplo los impactos que se pueden producir en el sector transportes producto de un acuerdo comercial.
Se preguntó si Chile está preparado para enfrentar los requerimientos que significa los procesos de certificación que producirá este y otros tratados de libre comercio.
Servicios Financieros
Señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería ) destacó los objetivos de las normas reguladoras de los servicios financieros del Tratado, reconociendo que Chile ya tiene un sistema financiero abierto y que este instrumento mantiene y resguarda las facultades reguladoras del Banco Central.
Sostuvo que el contenido de este Tratado, en materia de servicios financieros es un precedente para las negociaciones de Estados Unidos referentes al Alca, lo cual genera un potencial para Chile.
Valoró el reconocimiento y el prestigio que significa para Chile la regulación de servicios financieros en el Tratado y destacó que se excluyó del mismo al sistema de administradoras de fondos de pensiones e isapres, que continúan regulados por las mismas normas actuales, por ejemplo en el porcentaje de inversión extranjera que pueden efectuar las AFP.
Señor Sáez, don Raúl ( Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda ) explicó que los servicios financieros involucran los bancos, compañías de seguros, a los valores y servicios anexos a los anteriores, como los seguros anexos a los servicios financieros.
Manifestó que el mercado de capitales ya se encuentra abierto en chile, sin límites para la participación porcentual de extranjeros en las instituciones financieras, la política chilena se basa en el principio del trato nacional, por la cual las mismas regulaciones rigen para chilenos y extranjeros.
Señaló que las principales características de la regulación de los servicios financieros en este Tratado, son las siguientes:
La negociación consolidó el acceso de entidades financieras de Estados Unidos conforme a la ley chilena.
No se limitó el número de entidades financieras de Estados Unidos que pueden operar en Chile, las que se regularán conforme con nuestra ley.
Se potenciará la presencia de entidades financieras de Estados Unidos y estimulará la creación de nuevos servicios financieros.
Posibilitará la exportación de servicios financieros y la presencia de entidades financieras en los Estados Unidos.
Se mantiene todos los resguardos y la normativa de regulación del mercado de capitales de Chile. Así, los nuevos establecimientos se regularán por la ley nacional.
Se regulan algunos compromisos específicos: en materia de servicios financieros transfronterizos, se les establece condiciones para asegurar un buen servicio y se permite comprar algunos servicios financieros en el extranjero, conforme a la ley chilena. Asimismo, los servicios financieros que preste Estados Unidos en Chile requieren presencia en el país y se regularán por la ley nacional, salvo las compañías de seguros que podrán ser una sociedad anónima constituida en Chile o una sucursal de una sociedad extranjera, lo mismo se aplica a los bancos.
Señor Claude, don Jorge ( Gerente General de la Asociación de Aseguradores de Chile) manifestó que la entidad que representa estima que la regulación de los servicios financieros es adecuada y que los temores de su sector frente a la prestación de servicios financieros transfronterizos, considerando las legislaciones bastante permisivas de algunos Estados de la Unión, fueron superados por los compromisos específicos asumidos.
Además, manifestó que si las entidades extranjeras se han de establecer y regular conforme a la legislación chilena, no hay motivo para temer en su sector.
El señor Marshall, don Enrique ( Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras), respondió a consultas de los señores diputados, para lo cual expresó que en la ley de Bancos, el plazo para decidir respecto de una nueva licencia bancaria, es de 180 días; el que, en el Tratado, será de 120 días. En esta diferencia de plazo, no vio inconvenientes, ya que si bien hay una diferencia en el número preciso de días, en definitiva se trata de plazos relativamente similares, ya que la Superintendencia decide, muchas veces, en términos más reducidos que los que se contemplan en la ley, salvo que existan antecedentes incompletos y nuevos requerimientos de información a los solicitantes.
El señor Sáez, don Raúl ( Coordinador de Asuntos Internacionales del Banco Central de Chile ) respondió consultas manifiestando que el capítulo “Servicios Financieros” potencia a Santiago como centro financiero para América del Sur en dos sentidos: primero, porque éste es el primer tratado bilateral que los Estados Unidos suscriben con un país de América del Sur en el cual se incluyen servicios financieros. Por lo tanto, una vez aprobado el Tratado, Chile será el único país de Sudamérica en el que los inversionistas estadounidenses tendrán las protecciones que les otorga el Tratado dentro del sistema financiero. Por el momento, ello no ocurre en ningún otro país de América del Sur. En consecuencia, es un incentivo para el establecimiento de instituciones financieras de Estados Unidos en Chile bajo la protección del Tratado, a partir de lo cual se harán operaciones financieras con los países vecinos.
Agregó que otro aspecto que potencia a Santiago como centro financiero es el hecho de que este mismo capítulo puede usarse como modelo en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, con la ventaja de que Chile habrá partido antes que el resto de América del Sur y, por lo tanto, podrá negociar capítulos con las mismas disciplinas con países vecinos, con las ventajas de un mercado financiero competitivo y abierto que permitirá que las instituciones chilenas puedan expandirse al resto de la región.
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de Relaciones Económicas Internacionales ) hizo notar que en este y otros temas hay compromisos de transparencia que, en general, plantean un elevado estándar en materia de exigencias técnicas, humanas y financieras al Estado chileno, pero que están en línea con la política que se viene practicando en el país.
Con estos compromisos, señaló, se quiere dotar de certidumbre jurídica a las decisiones de los exportadores e inversionistas. Desde ese punto de vista, el hecho de contar con un capítulo de servicios financieros en este ámbito sobre transparencia significa que el inversionista norteamericano, europeo o asiático que se quiera instalar en Chile va a contar con un marco jurídico cierto, predecible. Además, la autoridad deberá, en caso de modificar determinadas legislaciones, informar sobre las causales que las motivan. Eso obviamente permitirá recibir comentarios de los actores involucrados en el negocio. Para ello se contemplan plazos y para el Estado la responsabilidad de asegurar que el recurso humano que esté encargado de esa gestión sea el top internacional, de manera que responda acertadamente a consultas que serán bastantes especializadas. Eso nuevamente refuerza el profesionalismo y la calificación del sector y da cuenta de un nuevo activo internacional que será posible a través de la inversión, porque, además de la certidumbre, habrá calidad profesional en la gestión.
El señor Sáez, don Raúl ( Coordinador de Asuntos Internacionales del Banco Central ) respondió a consultas parlamentarias sobre el alcance de la obligación de informar cuando se modifica la legislación o a cuál es el grado de cesión de soberanía en la regulación del sector financiero, para lo cual señaló que la obligación de informar se refiere a normas o regulaciones que emitan únicamente las Superintendencias y el Banco Central, respecto de las instituciones financieras. Es decir, son normas que tienen que ver con el funcionamiento de los bancos, de las compañías de seguros, de las administradoras de fondos colectivos y con los fondos de pensiones. Dichas normas no dicen relación con las facultades que tiene el Banco Central respecto de los movimientos de capitales entre Chile y Estados Unidos; se refiere únicamente a normas de carácter regulatorio que emiten periódicamente las Superintendencias respectivas.
El señor Larraín, don Guillermo ( Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones ) informó que en el mercado de las Administradoras de Fondos de Pensiones hay siete administradoras, cinco de las cuales tienen capitales de inversionistas extranjeros. Uno de ellos, Citicorp, es de origen norteamericano y, junto a la Cámara Chilena de la Construcción, es propietario de la AFP Hábitat, la segunda del sistema, con aproximadamente el 15 por ciento del total de los afiliados en el país.
El señor Rosales, don Osvaldo ( Director General de la Dirección de Relaciones económicas Internacionales) señaló, por su parte, respecto de los alcances de la notificación, que ésta es una práctica habitual en muchos ámbitos del comercio internacional. En aspectos como los sanitarios y fitosanitarios, de normas técnicas y estándares, existe el compromiso de quienes son parte de la OMC de notificar respecto de la posibilidad de modificar alguna norma y recibir comentarios de los actores involucrados, tanto nacionales como extranjeros. Con esto se busca acentuar el carácter no arbitrario y no discriminatorio de las medidas que se vayan a implementar. Como bien se ha señalado en la Comisión, hay una serie de resguardos para, en la medida de lo posible, cumplir con estos plazos, en tanto los antecedentes técnicos, jurídicos y legislativos lo permitan.
En resumen, añadió, no obstante que siempre hay un argumento de buena fe detrás, se trata de impulsar la transparencia en los procesos. Desde ese punto de vista, esto no significa ninguna modificación respecto de la práctica vigente.
El señor Marshall, don Enrique (Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras) complementó los antecedentes entregados por el señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones respecto de su sector.
Con tal objeto, señaló que en el caso de los bancos es importante distinguir dos dimensiones distintas de la integración de nuestro sistema al resto del mundo. Por un lado, está la salida de los bancos chilenos a los mercados internacionales, respecto de lo cual ha habido un proceso de creciente actividad en el transcurso de la última década. Dio como ejemplo, el caso de varios bancos chilenos que han emitido acciones en Estado Unidos, la emisión de bonos en los mercados internacionales, el acceso a créditos en condiciones muy convenientes y, finalmente, la presencia de oficinas o sucursales en otros países, particularmente en los Estados Unidos.
Afirmó que la otra dimensión es la presencia de la banca internacional en nuestro país. En ese sentido, las cifras son las siguientes: de acuerdo con los activos que manejan y las colocaciones que hacen, a principios de la década de los noventa el 15 por ciento de la banca que operaba en nuestro país era de origen extranjero. En la actualidad, entre el 45 y el 47 por ciento de la actividad bancaria está controlada por bancos extranjeros. Ésa es la situación del sector bancario, que está completamente abierto.
Sostuvo que, en ese sentido, el Tratado viene a confirmar que nuestro país cuenta con una legislación moderna, bien consolidada, abierta y adecuada a los estándares internacionales.
El señor Ferreiro , Don Alejandro ( Superintendente de Valores y Seguros) también complementó, en lo que su sector se refiere, la información respecto de la participación extranjera en el sector financiero, señalando que alrededor del 50 por ciento de la participación de mercado de seguros y de las reservas constituidas corresponde a compañías de seguro de origen extranjero, de las cuales alrededor del 20 por ciento son norteamericanas.
Indicó que buena parte de los intermediarios administradores de fondos que participan en el mercado de valores son filiales bancarias, pero en otras instancias la participación nacional de fondos de inversión y corredoras es predominante en relación con la extranjera.
El señor Lehmann, don Sergio (Gerente de Análisis y Operaciones Internacionales del Banco Central de Chile) respondió a consultas de los señores diputados sobre la posible cesión de soberanía financiera, señalando que el Banco Central participó, a modo de asesor, en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así como también lo hizo en los tratados de libre comercio con Europa, con Corea y otros.
Aseveró que el Banco Central apoyó este acuerdo con Estados Unidos en materia de inversiones, servicios financieros y transferencia de capital.
Respecto del uso de restricciones al movimiento de capital, destacó que en la actualidad el Banco Central no mantiene en aplicación ningún tipo de medida restrictiva al movimiento de capitales. Dijo que la economía chilena está completamente abierta al movimiento de capitales. Eso se debe básicamente a que se siguió un proceso gradual de apertura, en el cual se fueron alcanzando etapas relacionadas con el hecho de que se tiene un tipo de cambio flotante, una inflación baja y controlada, un sistema macroeconómico equilibrado, superávit estructural como meta, desde el punto de vista del balance del sector público; un sistema financiero sólido y, además, mecanismos de cobertura, desde el punto de vista del desarrollo del sistema financiero, que permiten a los distintos agentes cubrirse adecuadamente frente, por ejemplo, a movimientos del tipo de cambio.
En este contexto, no se vio necesario la aplicación de ningún tipo de restricción al movimiento de capitales ni tampoco el Banco Central prevé, en ningún caso -al menos en términos generales-, aplicar algún tipo de medida en este sentido.
Sin embargo, de todos modos estimó conveniente -por eso ha quedado considerado de esa manera en el Tratado- dejar un margen para la eventualidad de que la situación financiera internacional o algún tipo de caso excepcional lo exigiera, a fin de tener espacios para aplicar algún tipo de restricción de capitales.
Informó que el Banco Central estima que el tratado resguarda adecuadamente esa situación; es decir, se da espacio para un eventual requerimiento de aplicar las medidas adecuadas que permitan hacer frente, de manera eficiente, a situaciones de carácter excepcional, lo que está bien resguardado.
El señor Sáez, don Raúl ( Coordinador de Asuntos Internacionales del Banco Central de Chile ) respondió a consultas sobre la manutención del derecho de chile de establecer encaje por períodos determinados, señalando que el encaje se dejó de aplicar hace varios años y, en consideración a la consolidación de los sólidos fundamentos macroeconómicos del país de los últimos años, no se vislumbra su reproducción a futuro. No obstante, agregó, en la negociación se actuó con extrema cautela, introduciendo en el Tratado un anexo unilateral -que puede aplicar sólo Chile; Estados Unidos, no- el que mantiene la posibilidad de aplicar el encaje o cualquier otra restricción a los capitales especulativos, si las circunstancias así lo ameritan.
-o-
ANEXO 3
LISTADO DE EXPOSICIONES ENTREGADAS POR ESCRITO
Y DE INFORMES RECIBIDOS POR LA COMISIÓN DURANTE
EL ESTUDIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(BOLETÍN N° 3318-10)
(A disposición de los señores diputados en la Secretaría
de la Comisión)
SECTOR PÚBLICO:
Exposiciones:
Señora ministra de Relaciones Exteriores. Exposición General. Objetivos y Contenidos del TLC con Estados Unidos (exposición power point).
Señor Subsecretario de Agricultura . Ministerio de Agricultura. Compromiso con la Agricultura. Período 1997-2001.Documento de apoyo a su exposición.
Intervención Subsecretario de Economía , señor Álvaro Díaz . Capítulo Propiedad Intelectual.
Embajador de Chile en los Estados Unidos de América, señor Andrés Bianchi Larre . Acciones de la Embajada de Chile en Washington para promover el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América (enero - julio 2003). Se anexan varios cuadros conteniendo cifras de intercambio y de votación comparativa recibida por este TLC en relación a Singapur y Nafta.
Informes:
Aprobar el TLC con Estados Unidos Obliga a Adoptar un Conjunto de Políticas Públicas. Documento suscrito por senadores y diputados.
Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. ¿De qué se trata?. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. (Enero 2002).
“Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos”. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y ProChile.
“Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. Oportunidades para las Regiones”. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y ProChile.
TLC con Estados Unidos: resumen de opiniones sobre materias agrícolas, de propiedad intelectual, certificación y otras. Sección de Análisis y Evaluación Presupuestaria de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados.
Compilación de Estudios Técnicos y Opiniones acerca del TLC Estados Unidos-México. Sección de Análisis y Evaluación Presupuestaria de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados.
Impacto Positivo del TLC. Sección de Análisis y Evaluación Presupuestaria de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados.
Síntesis de los aspectos críticos formulados al TLC con EEUU en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Sección de Análisis y Evaluación Presupuestaria de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados.
Panorama Preliminar de la Agricultura de Exportación. Revisión de Archivos de Prensa. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.
A diez años del Tratado de Libre Comercio México- Estados Unidos. ¿Siempre sí o siempre no?. La polémica sobre el Tlcan en México. Departamento Económico y Comercial de la Embajada de Chile en México. Marzo 2003.
“El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos: su impacto en la oferta exportable chilena y en el empleo(una perspectiva nacional y regional). Consultor Cristián Sepúlveda . 2002. Direcon.
Listado de recortes de prensa relativos al TLC con Estados Unidos, proporcionados por la Biblioteca del Congreso Nacional.
SECTOR PRIVADO:
Exposiciones:
Corporación Chilena de la Madera. “El Acuerdo de Libre Comercio Chile- Estados Unidos: efectos en el sector forestal.”.
Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. Relativa a Servicios Financieros.
Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile. Opinión sobre el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) y Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile (ASPROCER). Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sector avícola y porcino.
Sociedad Nacional de Agricultura. Documento de apoyo a su exposición. Tema Agrícola.
Asociación Chilena de la Propiedad Industrial. Observaciones al Capítulo 17 sobre Derechos de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América.
Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Limitada. Problemas de las organizaciones campesinas ante la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Observaciones de Asilfa A.G. Capítulo 17. Derechos de Propiedad Intelectual. TLC Chile-USA. 4 de septiembre de 2003.
Cámara Chilena de la Construcción. Opinión sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Servicios Financieros.
Asociación de Aseguradores de Chile. Sobre Servicios financieros.
Sociedad de Fomento fabril (Sofofa). Sobre normas relativas a medioambiente y solución de controversias.
Colegio de Profesores de Chile. Directorio Nacional. Observaciones del Colegio de Profesores respecto de las implicancias que tendría en educación la puesta en marcha del TLC Chile y Estados Unidos (08.09.03).
Informes:
“Comentarios Críticos al TLC Chile- Estados Unidos”. Consuelo Silva. Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable.
“Exigibilidad del Tratado de Libre Comercio”. Daniel Álvarez y Alberto Cerda . Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable.
Señales de Mercado. Envíos de manufacturas se alejan del mercosur. Asexma Chile.
Reporte Económico. Envíos de manufacturas a Estados Unidos Aumentaron 11,2%. Asexma Chile.
Impacto de un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos: Un Enfoque de Equilibrio General. Programa de Estudios para el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, Pepalc. J.E. Coeymans y Felipe Larraín.
Informe Final “Impacto Económico del TLC entre Chile y EE.UU.”. Raúl O’Ryan y otros.Universidad de Chile, Departamento de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos y Centro de Economía Aplicada del Departamento de Ingeniería Industrial.
Multilateral, Regional and Bilateral Policy Options for the United States and Japan . Discussion paper N° 1490. School of Public Policy. University of Michigan, 2002.
Computational Analysis of the Accesion of Chile to the NAFTA and Western Hemispheric Integration . Research Seminar on International Economics. Discussion paper N° 432, 1998.Brown et al.
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4. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el tratado de libre comercio entre la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003. (boletín Nº 3318-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” durante el presente trámite legislativo.
Asistieron a la Comisión durante el análisis del proyecto la señora María Soledad Alvear , ministra de Relaciones Exteriores ; el señor Nicolás Eyzaguirre , Ministro de Hacienda ; la señora María Eugenia Wagner , Subsecretaria de Hacienda ; los señores Osvaldo Rosales , Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería ; Mario Matus , Director de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Raúl Sáez , Director de Política Comercial del Ministerio de Hacienda ; la señora Bernardita Piedrabuena , Asesora del Ministerio de Hacienda , y los señores Claudio Troncoso , Pablo Arriarán y Aldo Cornejo y las señoras María José Farías y Adriana Vergara , Asesores de la Cartera de Relaciones Exteriores.
El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus Anexos, adoptados en Miami, el 6 de junio de 2003.
Dicho Tratado establece una zona de libre comercio entre ambos países y constituye un acuerdo que incluye todos los aspectos de la relación económica bilateral; tales como, el comercio de bienes, las contrataciones públicas, la promoción y protección de las inversiones extranjeras, los servicios transfronterizos y la protección de los derechos de propiedad intelectual. También incorpora temas propios de la nueva economía, como el comercio electrónico y las telecomunicaciones. Además, aborda en forma amplia los temas relativos a asuntos ambientales y laborales.
En cuanto a los principios económicos y comerciales que consagra el Tratado se establece la obligación de adoptar medidas que prohíban prácticas monopólicas; propicia un ambiente de sana competencia en el mercado interno; crea mecanismos para defender los intereses comerciales de los agentes económicos de ambos países y, además, se definen mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver los conflictos comerciales, por un lado, instaurando un sistema general de solución de disputas entre Estados y, por el otro, a través de un sistema de solución de controversias entre inversionistas y el Estado receptor de la inversión.
En relación con los derechos de propiedad intelectual, este Tratado prevé un tratamiento con estándares modernos, pero en equilibrio con los intereses de los usuarios y de la comunidad chilena en general.
Los propósitos anteriores se enmarcan en la política comercial de Chile que ha tenido como objetivo prioritario asegurar y mejorar tanto el acceso de nuestros bienes y servicios a los mercados de mayor relevancia, como también, incentivar la inversión extranjera de nuestros socios comerciales.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicará para Chile consolidar y ampliar el acceso de sus productos a la economía más grande, estable y de indiscutida importancia en el nuevo orden económico mundial.
Estados Unidos representa cerca del 22% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y sus importaciones de bienes responden por el 19% de las importaciones mundiales. La población de Estados Unidos asciende a doscientos ochenta y cinco millones de habitantes, con un ingreso anual por habitante de treinta y cinco mil cuatrocientos dólares.
Por otra parte, Estados Unidos es el mayor socio comercial de Chile. El intercambio de bienes alcanzó los seis mil doscientos treinta y cuatro millones de dólares durante el año 2002. Las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos representaron el 19,6% como promedio en el período 1996-2002 y las importaciones de bienes de origen estadounidense fue de 21% para el mismo período. El aumento de las exportaciones por efecto del TLC, una vez que se encuentre operando plenamente la desgravación arancelaria ascendería a US$ 505 millones, lo que representa un aumento de 13.8%, es decir, 0,76% del PIB. Por su parte, el impacto estimado sobre las importaciones desde EE.UU. es del orden de US$ 341 millones, lo que representa un incremento de 11%.
La regulación del comercio bilateral entre ambos países se conforma a las normas de la OMC.
En relación con los potenciales beneficios del Tratado para nuestro país cabe destacar que las rebajas arancelarias significaran una reducción neta de impuestos; mayor crecimiento y, por ende, mejores oportunidades de empleo y de salario real contribuirán también a incrementar el ingreso real disponible de la población; el menor riesgo-país se irá reflejando en menores tasas de interés; la productividad de las empresas se verá incrementada al facilitarse la adquisición oportuna de tecnologías más modernas y a menores precios, y se podrán generar condiciones más propicias para el desarrollo equitativo de las regiones del país, a través de la expansión exportadora y la atracción de inversión extranjera. A propósito de este último punto, se considera que la ampliación del mercado inducida por el TLC traerá efectos sobre la rentabilidad esperada de la inversión a nivel local, debido a las mayores economías de escala y al abaratamiento de equipos y bienes intermedios producidos en EE.UU., y la estabilidad de las normas en las distintas disciplinas comerciales que contempla el Tratado incidirá en un menor riesgo país y, por tanto, en una menor tasa de descuento de los proyectos de inversión extranjera que se realicen en Chile, lo que también apunta a un mayor flujo de esta última.
Cabe señalar que este instrumento internacional consta de veinticuatro Capítulos: Disposiciones iniciales, Definiciones generales, Trato nacional y acceso de mercancías al mercado, Reglas de origen y procedimientos de origen, Administración aduanera, Medidas sanitarias y fitosanitarias, Obstáculos técnicos al comercio, Defensa comercial, Contratación pública, Inversiones, Comercio transfronterizo de servicios, Servicios financieros, Telecomunicaciones, Entrada temporal de personas de negocios, Comercio electrónico, Política de competencia, Monopolios designados y empresas del Estado, Derechos de Propiedad Intelectual , Laboral y de Medio ambiente, Transparencia, Administración del tratado, Solución de controversias, Excepciones, y Disposiciones finales. Cada Capítulo tiene una numeración correlativa de artículos, independiente de los otros Capítulos.
Las disposiciones específicas relativas a determinados artículos o párrafos de los mismos se establecen en Anexos, los que forman parte integrante del Capítulo correspondiente. Además, existen anexos generales sobre medidas vigentes o futuras que una Parte puede mantener o adoptar aunque no sean compatibles con las normas generales previstas en los Capítulos sobre inversiones, comercio transfronterizo de servicios y servicios financieros. Asimismo, el Tratado contempla un Capítulo sobre excepciones generales aplicables a todos los demás capítulos y que se refieren, entre otros, a balanza de pagos, tributación, seguridad esencial, divulgación de información, la protección de salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, o para lograr la observancia de las leyes.
Entre los aspectos más relevantes del Tratado se destacan los siguientes:
El Capítulo Tres sobre comercio de bienes, se inspira en el principio de trato nacional, en virtud del cual los bienes del país exportador no pueden ser objeto de discriminación y tienen el mismo tratamiento que los bienes del país importador.
Uno de los elementos centrales de este capítulo consiste en consolidar las concesiones unilaterales concedidas por Estados Unidos en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Para el conjunto de productos favorecidos por el SGP, el arancel será cero de un modo permanente.
En materia de desgravación arancelaria el capítulo la contempla respecto del universo de mercancías, es decir, una vez cumplido el período fijado en el cronograma de liberación, todos los bienes, sin excepción, tendrán arancel cero. Esto incluye aquellos sectores donde existe más proteccionismo a nivel mundial, como son la agricultura y el sector textil.
La extensión máxima de dicho cronograma es de doce años, pero la mayoría de los bienes se desgrava totalmente al comenzar a regir el Tratado o dentro de un plazo de cuatro años. En efecto, más del 85% de las exportaciones de ambos países gozarán de arancel cero desde el primer día de vigencia del Tratado. Dentro de este porcentaje, cabe señalar que un 87% de los productos exportados por Chile a Estados Unidos gozará de desgravación inmediata y sólo el 4,5% de los productos exportados se desgravará en el plazo máximo de diez a doce años.
Respecto de los productos industriales, un 88,5% de los productos exportados a Estados Unidos gozarán de desgravación inmediata; sólo el 0,4% de los productos se desgravarán en diez años; y ninguno a doce años. En el sector minero, prácticamente la totalidad de los productos se desgravará el primer día de vigencia del Tratado. En el sector agrícola, el 84% de los productos exportados a Estados Unidos gozarán de desgravación inmediata. Sólo un 13,7% de los productos exportados se desgravarán en el plazo máximo de diez a doce años. El sector textil se desgravará totalmente desde el primer día de vigencia del Tratado.
En cuanto a las medidas no arancelarias el capítulo prohíbe aplicar impuestos a la exportación o restricciones no arancelarias a las importaciones o exportaciones, salvo ciertas medidas excepcionales señaladas expresamente en el Tratado, tal como la restricción chilena a las importaciones de vehículos usados. No obstante, en un plazo de cuatro años, Chile se compromete a eliminar de manera progresiva el impuesto al lujo aplicado a los automóviles cuyo valor sea mayor de quince mil setecientos cuarenta dólares.
El Capítulo relativo al programa de devolución y diferimiento de aranceles aduaneros y subsidios a la exportación prohíbe, para los bienes que van a ser exportados a la otra Parte, el uso de mecanismos de reembolso de aranceles aduaneros de insumos importados que hayan sido incorporados a un bien exportado, u otro régimen de exención de aranceles aduaneros o diferimiento de dichos aranceles respecto a insumos importados que posteriormente son incorporados a mercancías exportadas. Sin embargo, esta prohibición fue diferida en doce años a partir de la entrada en vigencia del Tratado, con un programa de desmantelamiento progresivo que se inicia el octavo año. En materia de subsidios a la exportación, Estados Unidos asumió el compromiso de no utilizarlos respecto de los bienes agrícolas que se destinen a Chile.
En cuanto a productos distintivos, Estados Unidos reconoce el “pisco chileno”, “pajarete” y “vino asoleado”, lo cual implica el compromiso de no permitir la venta de dichos productos en Estados Unidos, a menos que hayan sido producidos en Chile de conformidad con la legislación aplicable.
Respecto a normas técnicas de comercialización agropecuaria y normas de clasificación el capítulo crea un Comité especial para tratar los temas relacionados con los programas de comercialización y calidad de Estados Unidos que afectan especialmente a las exportaciones de frutas (marketing orders, promotion and information program). Además, se establece el reconocimiento mutuo de los programas de clasificación para la comercialización de la carne bovina.
El Capítulo Cuatro sobre reglas de origen establece los requisitos mínimos de transformación que deben cumplir los bienes producidos en un país como condición para gozar de las preferencias arancelarias establecidas en el Tratado. Las formas de calificar el origen varían entre los diferentes bienes.
En materia de administración aduanera las normas previstas en el Tratado consagran como compromiso esencial de las Partes la transparencia y publicidad de la normativa aduanera.
Este Tratado establece reglas para la aplicación de salvaguardias bilaterales, específicas (agrícolas y textiles) y globales.
En materia de medidas antidumping y derechos compensatorios cada Parte mantuvo el derecho de aplicar las normas previstas en el Acuerdo que establece la OMC.
Respecto a las barreras técnicas al comercio se profundizan algunas de las disciplinas del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos de la OMC y, al mismo tiempo, se incluyen otros mecanismos de colaboración y facilitación del comercio, con el objeto de evitar que se transformen en obstáculos innecesarios al comercio.
El Capítulo sobre la contratación pública otorga a las empresas chilenas acceso al mercado público estadounidense, abriendo a los proveedores chilenos de bienes y servicios un nuevo mercado.
El Capítulo Diez sobre inversiones pretende fomentar el ingreso de capitales, a través de disposiciones que otorguen estabilidad y seguridad a los inversionistas y aseguren un trato no discriminatorio en relación con la inversión nacional o la inversión de terceros países. En consecuencia, no contiene modificaciones sustanciales a las normas nacionales vigentes en la materia.
Por su parte, Estados Unidos reconoce las normas voluntarias en materia de inversión extranjera establecidas en el Estatuto de Inversión Extranjera de Chile, contenido en el decreto ley Nº 600, de 1974, estableciéndose expresamente la facultad del Comité de Inversiones Extranjeras de decidir de manera no discriminatoria si autoriza la suscripción de un contrato de esta clase y sus condiciones, las que incluyen la exigencia de una determinada relación mínima entre deuda y capital y la restricción de un año para la repatriación del capital.
En materia de expropiaciones, el capítulo establece las condiciones requeridas para llevarlas a cabo y garantiza a los inversionistas del otro país una compensación justa y adecuada, en caso que se produzcan. Asimismo, se incluye un Anexo que aclara el concepto de expropiación indirecta, con el objeto de salvaguardar la potestad regulatoria del Estado.
El Capítulo de inversiones contiene el principio de libre transferencia, complementada por un Anexo especial relativo a la solución de controversias relacionadas con la imposición de medidas restrictivas con respecto a pagos y transferencias.
El informe financiero remitido por la Dirección de Presupuestos plantea que el impacto financiero del proyecto comprende los siguientes conceptos relacionados con las finanzas públicas:
a) La menor recaudación aduanera por la reducción progresiva de los aranceles a las importaciones provenientes desde Estados Unidos. Esta pérdida de ingresos alcanza su nivel máximo el primer año, por cuanto la mayor actividad económica impulsada por las condiciones derivadas de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con ese país, proporcionará al fisco mayor rendimiento tributario por la vía de otros impuestos en el mediano plazo.
b) La reducción en las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo, que se traduce en menores traspasos de excedentes al fisco. Este impacto se refleja en menores ingresos de operación, provenientes de la adecuación que tendrá que efectuar la empresa a los precios de venta de los productos que elabora, debido a una menor paridad de importación. Esta adecuación consiste en la incorporación del equivalente a la rebaja arancelaria gradual que se aplicará a los derivados del petróleo crudo provenientes de Estados Unidos, sin una reducción similar de los costos, por cuanto la materia prima proviene principalmente de mercado latinoamericanos.
c) La eliminación en un plazo de cuatro años del impuesto al lujo que se aplica a los automóviles, cuyo valor aduanero excede de US$ 15.834,65. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile se compromete a legislar en este sentido.
La perdida fiscal neta para el primer año de aplicación del Tratado y para el último año de rebaja arancelaria alcanza a US$ 242,3 y US$ 33,9 millones, respectivamente, como se muestra en el cuadro que se presenta a continuación. Las cifras están expresadas en dólares de 2004. En Anexo I que se adjunta a este informe se describe la metodología empleada en la obtención de estos resultados.
Impacto en los Ingresos Fiscales
Millones de US$
Primer Año de
Rebaja
Último Año de Rebaja
Rebaja Arancelaria 1/
Menor Ingreso de Enap
Eliminación del Impuesto al Lujo
-185,1
-47,8
-9,4
47,1
-64,8
-16,2
Total
-242,3
-33,9
1. Corresponde al impacto de la rebaja de aranceles para los productos importados desde los Estados Unidos de Norteamérica más el Impacto en los ingresos fiscales de la mayor actividad económica resultante de la vigencia del TLC.
Por oficio N° 933, de fecha 30 de septiembre de 2003, el señor ministro de Hacienda complementó la información precedente, a solicitud de la Comisión, en los términos siguientes:
Se presenta el detalle, año a año, que tendría la firma del TLC con EE.UU. sobre los ingresos fiscales.
Cuadro N° 1
Pérdida en la Recaudación Fiscal por TLC con EE.UU.
Millones de US$ de 2004
Pérdida de Recaudación
Aumento de Recaudación
Efecto Total
Por rebaja de aranceles
(1)
Por impuesto
al lujo
(2)
Por Enap
(3)
Efecto
Crecimiento
(4)
2004
-185.2
-9.4
-47.8
0.0
-242.3
2005
-192.0
-13.3
-56.3
41.8
-219.8
2006
-197.8
-15.3
-64.8
79.9
-198.0
2007
-203.5
-16.2
-64.8
114.3
-170.2
2008
-204.1
-16.2
-64.8
145.0
-140.1
2009
-207.7
-16.2
-64.8
171.9
-113.8
2010
-205.3
-16.2
-64.8
195.0
-91.3
2011
-205.9
-16.2
-64.8
214.3
-72.6
2012
-205.9
-16.2
-64.8
229.8
-57.1
2013
-205.9
-16.2
-64.8
241.4
-45.5
2014
-205.9
-16.2
-64.8
249.2
-37.8
2015
-205.9
-16.2
-64.8
253.1
-33.9
Notas:
(1) Es la suma del efecto directo, que corresponde a las importaciones estimadas desde EE.UU. para cada año sin TLC, multiplicadas por la caída del arancel promedio en EE.UU. en el año respectivo; más el efecto de desviación de comercio, que corresponde a la disminución de importaciones desde el resto del mundo estimadas para cada año producto del TLC, multiplicadas por la diferencia de aranceles de EE.UU. con TLC y de aranceles del resto del mundo sin TLC. Se incluye la menor recaudación por IVA asociada a aranceles.
(2) Corresponde a la pérdida fiscal por la reducción paulatina de este tributo a que se compromete el Gobierno de Chile en el TLC.
(3) Corresponde a la pérdida por menores ingresos de esta empresa fiscal derivada de la rebaja arancelaria.
(4) Corresponde al aumento en la recaudación fiscal producto del aumento del nivel del PIB potencial.
Se señala, además, que la compensación de los menores ingresos fiscales se producirá a través de una mayor recaudación fiscal derivada del aumento en la capacidad productiva, esto es, de un aumento en el nivel del producto potencial de la economía como consecuencia de la entrada en vigencia del TLC con EE.UU.
Según los estudios empíricos disponibles, los beneficios tradicionales del TLC se traducirían en un aumento en el nivel del producto de entre 0% y 1,7%. Si bien existirían beneficios adicionales relacionados a la apertura de servicios, a la mejor seguridad de acceso a los mercados y, fundamentalmente, a aumentos en la inversión, las estimaciones disponibles sólo arrojan cifras ilustrativas, ya que los resultados obtenidos en ellas responden a ejercicios de sensibilización y no provienen de la utilización de supuestos respaldados por la evidencia empírica. Tomando en consideración la información anterior, se estima que el efecto del TLC sobre el nivel del producto será de un 2% hacia el 2015. El impacto positivo de este mayor crecimiento potencial sobre la recaudación fiscal se muestra en el cuadro N° 1.
Por su parte, el impacto en las finanzas públicas por menores traspasos de excedentes de Enap al fisco fue explicado en la Comisión por el señor Daniel Fernández , Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo . En Anexo II de este informe, se adjunta un documento entregado a la Comisión por dicho ejecutivo sobre el particular.
La presentación general del proyecto en la Comisión la efectuaron la señora ministra de Relaciones Exteriores y el señor ministro de Hacienda , de cuyas exposiciones se consignan las siguientes opiniones:
La señora María Soledad Alvear manifestó que este Tratado es el primero que suscribe nuestro país en que se arriba a una desgravación total y que no queda excluido ningún producto. Destacó que, en el caso de las importaciones de productos que compiten con producción nacional se ha convenido un período de desgravación; cuyo el plazo máximo es de 12 años, luego de lo cual, los aranceles se rebajan a 0%.
Afirmó que todos los estudios realizados por el sector privado indican que la puesta en marcha del TLC será beneficiosa para Chile, con la salvedad del sector productor de trigo; sin embargo, en este último caso, la ODEPA, la SNA y el Ministerio de Agricultura han determinado que su situación dependerá de factores tales como el tipo de cambio y los precios internacionales. En todo caso, en el peor de los escenarios planteados, se ha estimado que, a lo sumo, se verán afectados entre el 10% y el 20% de las superficies plantadas con este cereal.
El señor Nicolás Eyzaguirre expresó que si bien el efecto final del impacto de un TLC es difícil de medir con anticipación, no existen dos opiniones en esta materia, en el sentido que todos los estudios concluyen que, finalmente, el efecto es positivo desde el punto de vista país.
Reconoció, sin embargo, que la distribución de los beneficios no es del todo homogénea, razón por la que cabe jugar un importante rol a las políticas del Estado. Agregó que, en todo caso, dado que Chile cuenta desde hace muchos años con una economía abierta, los sectores “perdedores” serán muy pocos. En efecto, el único actor que es un claro perdedor es el Fisco, por cuanto la baja de aranceles impacta en su recaudación de impuestos y, por tanto, en sus presupuestos. Al respecto, comentó que es un problema que sufren todos los países en estos momentos, razón por la que ha sido una de las cuestiones principales que se debatieron en la reciente Ronda de Doha (OMC).
Recalcó que el hecho de que el Fisco sufra una pérdida por rebaja de aranceles, no debe confundirse con que el país en su conjunto la sufra, puesto que dichos recursos se distribuyen en el sector privado. Puntualizó que las rebajas arancelarias que significan una reducción neta de impuestos producen un aumento en el ingreso disponible de la población y un incremento en la oportunidad y variedad de bienes de consumo disponibles. Asimismo, un mayor crecimiento y, por ende, mejores oportunidades de empleo y de salario real, contribuirán también a incrementar el ingreso real disponible de la población.
Señaló que al considerar los impactos en tal o cual sector, en la recaudación arancelaria y de IVA asociado a aranceles, es necesario estimar las ecuaciones de los otros bloques comerciales para poder cuantificar las desviaciones de comercio que se originan producto de la firma del TLC con Estados Unidos de Norteamérica. Hizo notar, además, que los mercados de destino de los productos chilenos han estado constreñidos estos últimos años, generándose una brecha potencial de producción cercana al 5%, por lo que el incremento en la actividad basado en la capacidad ya instalada no constituye un beneficio neto derivado del Tratado, sino sólo se trata de un efecto del ciclo económico.
No obstante lo anterior, precisó que los efectos del TLC pueden analizarse desde los siguientes puntos de vista: a) estático y b) dinámico. Desde el primero, se ha considerado que, dado el tamaño de la economía de Estados Unidos y la cantidad de bienes que allí se producen en relación a lo abierto que es nuestra economía, no se espera una desviación de comercio que implique comprar bienes en aquél comparativamente más caros que en otros países. Por otra parte, la reducción en el valor de los insumos importados estimados como creación de comercio produciría un aumento entre 1/5% a 1% del PIB. Desde un punto de vista dinámico, al bajar los impuestos de internación se producirá un desplazamiento de la actividad hacia donde sea más rentable producir.
Puntualizó que, en cuanto a la disminución del riesgo soberano, el TLC en sí mismo no producirá un efecto importante, por cuanto ya es uno de los más bajos del mundo en desarrollo; en cambio, sí habrá un efecto para la clasificación de la deuda privada. Hizo presente que, en el caso del riesgo soberano, lo que más importa son las políticas que aplica el país por un período prolongado y de allí el éxito chileno. Expresó que el TLC contempla seguridades para la inversión y, por lo tanto, el riesgo tiende a disminuir.
Manifestó que el Tratado en cuestión constituye un acuerdo equilibrado e integral, que incluye todos los aspectos de la relación económica bilateral; tales como, el comercio de bienes, las contrataciones públicas, la promoción y protección de las inversiones extranjeras, los servicios transfronterizos y la protección de los derechos de propiedad intelectual, y también, incorpora temas propios de la nueva economía, como el comercio electrónico y las telecomunicaciones.
Hizo notar que corresponderá mejorar una serie de procedimientos, entre otros, los aduaneros, todo lo cual implicará un cambio considerable en cómo hacer las cosas.
No obstante sostuvo que, sin mediar un cambio de políticas en este ámbito, se espera un crecimiento de hasta el 2% del PIB.
En el debate de la Comisión participaron diversos señores diputados formulando opiniones y dudas sobre la conveniencia o no para el país de aprobar el Tratado, las cuales se consignan junto a las respuestas dadas por los representantes del Ejecutivo, en las Actas respectivas.
En términos generales, se hizo presente que el TLC no es una “carrera corrida”; sino más bien una oportunidad. Por tanto, la tarea de todos es aprovechar las oportunidades que vayan presentándose.
Por otra parte, se explicó que en relación con los temas laborales y medioambientales, se ha minimizando el riesgo de que sean utilizados como barreras proteccionistas, pero comprometiéndonos como país con el cumplimiento riguroso de nuestra propia legislación en estas materias, con un espíritu de cooperación y con modalidades de solución de controversias acordes a su especificidad.
Se reconoció que el TLC puede producir alguna tensión en ciertos sectores; sin embargo, el efecto país supera con creces los problemas que podría generar.
Se sostuvo que una economía en crecimiento requerirá de mayores bienes públicos, tales como educación, salud y justicia; todo lo cual conllevaría, probablemente, un alza en la carga tributaria a futuro.
Se planteó, asimismo, que la economía ha demostrado que lo peor que se puede hacer para impulsar un sector es entregarle privilegios artificiales, puesto que, a la larga, ello termina por perjudicar al propio sector que se pretende beneficiar. Así sucedió, por ejemplo, con los esquemas de economía cerrada aplicados durante las décadas de los años 50 y 60.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del Tratado, sus anexos y notas.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fue sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo propuesto por la Comisión Técnica, siendo aprobado por unanimidad.
Sala de la Comisión, a 3 de octubre de 2003.
Acordado en sesiones de fechas 11 de septiembre y 1 de octubre de 2003, con la asistencia de los diputados señores Jaramillo, don Enrique ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Saffirio, don Eduardo ; Tuma, don Eugenio y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se designó diputado informante al señor Jaramillo, don Enrique.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
ANEXO I
Nota Metodológica
Efectos sobre la Recaudación Fiscal del TLC con Estados Unidos
Objetivo
Cuantificar los efectos sobre los ingresos fiscales del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. por concepto de una menor recaudación de aranceles e IVA asociado a aranceles, y otros efectos colaterales.
Metodología
Se considera que el impacto sobre la recaudación proviene de la caída en la recaudación vinculada a aranceles (directo), como también por otros efectos colaterales (indirectos).
Efecto directo
Para evaluar el impacto directo del TLC en la recaudación arancelaria y de IVA asociados a aranceles, se emplearon ecuaciones estimadas con técnicas econométricas robustas para importaciones desde EE.UU. y resto del mundo. Se hace necesario estimar ecuaciones de los otros bloques comerciales para poder cuantificar las desviaciones de comercio que se originan producto de la firma del TLC con EE.UU. Además, el escenario con el cual se efectúa la comparación, asume que ya se encuentra vigente el TLC con la Unión Europea.
En cada ecuación se consideró como variable dependiente las importaciones reales desde cada bloque comercial y como variables explicativas, una medida de ingreso real de Chile (PIB en pesos de 1996); una medida de precio relativo de los bienes externos ajustados por los aranceles correspondientes (tipo de cambio real de Chile con respecto al bloque comercial analizado, multiplicado por la tasa de arancel correspondiente al bloque comercial); y una medida de precio de bienes externos sustitutos ajustados por los aranceles correspondientes (tipo de cambio real con respecto al mundo excluyendo al bloque comercial analizado, multiplicado por la tasa de arancel para el resto del mundo).
La estimación incluyó la pérdida originada por la desgravación de importaciones procedentes de EE.UU. más la pérdida de recaudación por el efecto de reducción de importaciones provenientes del resto del mundo al convertirse EE.UU. en un proveedor de menor costo para Chile. En términos simples, lo anterior puede ser expresado con la siguiente ecuación:
Pt= (MEEUUct - MEEUUUst) x Tt EEUU + (MRct. - MRst) x TRt
Donde MEEUU son las importaciones desde EE.UU. y MR son las importaciones del resto del mundo. El superíndice “c” indica “con tratado” y “s”, “sin tratado”. La letra “T” con el superíndice “EE.UU.” representa la tasa de aranceles que gravan las importaciones de EE.UU., el superíndice “R”, representa la tasa de aranceles que gravan las importaciones del resto del mundo.
También se incluyó la pérdida de IVA asociado a los aranceles, lo que incrementa la pérdida estimada por concepto de menor recaudación arancelaria en un 18%.
En las estimaciones de los efectos directos no se asumieron cambios en las variables macroeconómicas claves para la estimación, esto es, los niveles del PIB, el tipo de cambio real, los precios externos y los precios internos se mantuvieron constantes en el horizonte de proyección. Esto significa que las cifras de pérdida de la recaudación fiscal están expresadas en dólares del 2004.
Efectos indirectos
Se ha supuesto que la firma del TLC generará para el año 2016, un aumento del 2% en el nivel de PIB con respecto al nivel del año 2004. Esta cifra se sitúa dentro del rango de estimaciones de diversos estudios académicos que intentan responder cuál será el impacto del TLC con EE.UU. en términos del crecimiento económico. Empleando una elasticidad Recaudación tributaria a PIB de 1,05 (igual a la utilizada en la elaboración del presupuesto nacional), se estima la ganancia fiscal producida por la mayor recaudación.
Un segundo efecto indirecto se produce a raíz de la eliminación gradual del impuesto al lujo establecida en el tratado con EE.UU.
Finalmente, un tercer efecto considerado es la caída del ingreso operacional de Enap producto de la rebaja de aranceles incorporados en los precios de paridad que esta empresa estatal toma como referencia. Por otro lado, dado que Enap no se abastece de crudo estadounidense, la rebaja de aranceles no disminuye de igual modo sus costos. Todo esto se traduce en menores utilidades para esta empresa.
Las siguientes tablas sintetizan los efectos discutidos para el primer año de vigencia del tratado (2004) y para el año en el cual concluye la desgravación arancelaria (2015):
Pérdida de Recaudación por Tratado de Libre Comercio con EE.UU
Millones de US$ de 2004
Año 2004
Pérdida directa (1)
Desviación de comercio (2)
Impuesto al lujo (3)
Menor ingreso Enap (4)
TOTAL: (1) + (2) + (3) + (4)
EFECTO
-178,7
-6,5
-9,4
-47,8
-242,3
Importaciones desde EE.UU. sin TLC
Arancel EE.UU. sin TLC
Arancel EE.UU. con TLC
2,964
Desviación de comercio
5,65%
Arancel EE.UU. con TLC
0,54%
Arancel Resto del Mundo sin TLC
264
0,54%
2,62%
Año 2015
Pérdida directa (5)
Desviación de comercio (6)
Impuesto al lujo (7)
Menor ingreso Enap (8)
Efecto crecimiento (9)
TOTAL: (5) + (6) + (7) + (8) + (9)
EFECTO
-197,4
-8,6
-16,2
-64,8
253,1
-33,9
Importaciones desde EE.UU. sin TLC
Arancel EE.UU. sin TLC
Arancel EE.UU. con TLC
2,962
Desviación de comercio
5,65%
Arancel EE.UU. con TLC
0,00%
Arancel Resto del Mundo sin TLC
288
Aumento nivel PIB
0,00%
Recaudación como % PIB
2,52%
1,171
21,61%
(1) Corresponde a las importaciones estimadas desde EE.UU. para 2004 sin TLC, multiplicadas por la caida del arancel promedio en EE.UU., en 2004. Se incluye la menor recaudación por IVA asociadas a aranceles.
(2) Corresponde a la disminución de importaciones desde el resto del mundo estimadas para 2004, producto del TLC multiplicadas por la diferencia de aranceles de EE.UU. con TLC y de aranceles del resto del mundo sin TLC. Se incluye la menor recaudación por IVA asociada a aranceles.
(3) Corresponde a la pérdida por eliminación de impuesto al lujo, estimada por Dipres.
(4) Corresponde a la pérdida por menores ingresos de Enap, estimada por Dipres.
(5) Corresponde a las importaciones estimadas desde EE.UU. para 2015 sin TLC, multiplicadas por la caída del arancel promedio en EE.UU. en 2015. Se incluye la menor recaudación por IVA asociada a aranceles.
(6) Corresponde a la disminución de importaciones desde el resto del mundo estimadas para 2015, producto del TLC multiplicadas por la diferencia de aranceles de EE.UU con TLC y de aranceles del resto del mundo sin TLC. Se incluye la menor recaudación por IVA asociada a aranceles.
(7) Corresponde a la pérdida por eliminación de impuesto al lujo, estimada por Dipres. Régimen se alcanza en 2007.
(8) Corresponde a la pérdida por menores ingresos de Enap, estimada por Dipres.
(9) Corresponde al aumento del nivel de PIB estimado (2%) multiplicado por la carga tributaria estimada para 2015.
ANEXO II
EFECTOS DEL TLC EN LOS PRECIOS DE PARIDAD DE
IMPORTACIÓN Y LAS UTILIDADES DE ENAP
LA INDUSTRIA
En Chile no hay un “mercado de petróleo”, sino un mercado para cada producto refinado.
Cada refinado (gasolina 93, gasolina 97, diesel ciudad, diesel, kerosén, gas licuado, etc.) tiene su propio mercado, con su demanda y sus precios. El petróleo es uno de los insumos para producir estos refinados (y no el único).
Enap no es un monopolio. En Chile hay:
-Libertad para explorar, explotar e importar petróleo
-Libertad para instalar y operar refinerías
-Libertad para importar refinados
-Libertad para construir infraestructura logística
-Libertad para distribuir refinados
-Libertad de precios
Enap es una empresa dominante, en un sector sin barreras de entrada. Es dominante debido a:
-Tamaño del mercado pequeño
-Propiedad de 3 refinerías con capacidad para abastecer todo el mercado
-La existencia de economías de escala
Enap no posee red de distribución propia, por lo tanto:
-Depende de que los distribuidores le compren sus productos.
-Las distribuidoras pueden comprar a Enap, importar (corto plazo) o construir sus propias refinerías (mediano plazo).
-Comprarán a Enap si la calidad es la exigida y si los precios son los mejores que pueden encontrar.
-Actualmente, compran a Enap el 85% de sus necesidades. El resto lo importan para:
-mantener una alternativa de abastecimiento abierta.
-aprovechar oportunidades de ofertas puntuales en el exterior.
En la mayoría de los países de América, los precios siguen (con matices) la paridad de importación desde la USGC, dada la profundidad de este mercado, que se refleja en:
-Existencia de 50 Refinerías.
-La capacidad de producción es de 7,5 millones de barriles de refinados por día (45% del total USA y 35 veces la capacidad de Chile).
-Disponibilidad de todas las calidades de productos.
-Comercio abierto, bajos aranceles.
•Fuentes de información de precios confiables.
LOS PRECIOS
ENAP NO FIJA PRECIOS; LOS TOMA DEL MERCADO
Las refinerías Usgc entregan precios diarios para cada refinado.
-Agencias como Reuters, Bloomberg y Platts los reportan.
-Los precios de paridad en cada país se componen de:
precio Usgc + flete desde Usgc+ seguros + aranceles + logística
-Para competir con las importaciones, Enap ofrece a los distribuidores un precio promedio Usgc de los 5 días hábiles de la semana anterior, suma flete, seguros, aranceles y logística.
-Enap publica semanalmente estos precios por cada producto en su Web.
-Los impuestos y el Fepp se aplican posteriormente, y rigen tanto para la producción de Enap como para los productos importados.
-Enap ofrece un descuento de 4% bajo la paridad en Chile a las distribuidoras que comprometan sus pedidos con 90 días de anticipación, bajo la modalidad de contratos anuales.
-90 días es el período que transcurre entre la compra del crudo y la entrega final de refinados a las distribuidoras (90 días aprox., dependiendo del puerto de origen del crudo).
-Esto permite a Enap optimizar la compra de crudo, la refinación, el almacenamiento y la logística, y calzar su canasta de refinados con la demanda.
-Los excedentes de refinados que las distribuidoras no compran a Enap son exportados (Perú, Ecuador, Centro América, USA).
Si Enap se desalinea del mercado (paridad de importación):
Dada la situación anterior:
-Imposible planificar proceso de compra de crudo, refinación, almacenamiento y logística.
-Precios a público serían igual a los de paridad de importación Usgc, dadas las importaciones que harían las compañías desde la Usgc (grandes volúmenes) y a la competencia entre ellas.
-Por qué los productos argentinos no logran marcar precios:
-Volúmenes limitados para especificaciones de calidad del nivel chileno.
-Cuando las compañías distribuidoras compran en Argentina, venden de todos modos a paridad Usgc.
-En Argentina, los precios internos siguen la paridad Usgc.
FEPP
-Creado en enero de 1991, última actualización en julio de 2000.
-Aprobado por gran mayoría del Congreso.
-Impone variaciones semanales.
-Define subsidios o impuestos si la paridad está sobre o bajo la banda de referencia.
-Lo administra la Comisión Nacional de Energía.
-En una curva de precios creciente, el fondo se ha ido agotando.
-Se recuperará cuando ocurra un ciclo descendente.
UTILIDADES DE ENAP
Dependen de:
-Trayectoria y nivel de precio de crudos y refinados (los precios no dependen de las utilidades de Enap, sino al revés).
-Eficiencia y oportunidad en la compra de materia prima (crudo).
-Eficiencia en refinación, logística y entrega a compañías distribuidoras y exportaciones.
-Producción y venta de petróleo propio y gas natural (Magallanes) y fuera de Chile.
-Eficiencia en costos y calidad de gestión.
-Capacidad de mantener sistemas seguros y confiables.
-Evolución del precio del US$.
FACTORES 2003:
-1er trimestre atípico: guerra en Irak, Enap hizo compra anticipada de crudo (utilidades de 132,5 MMUS$).
-Mayor margen en venta de crudo y gas propio, mayor producción de refinados y mayor colocación de exportaciones a mejor precio en mercados regionales (Perú y Centro América).
-2° trimestre: muy baja utilidad (10 MMUS$), por reversión del diferencial de precio entre crudo y refinados.
-Las utilidades del 1er trimestre de las compañías petroleras revelan este efecto de alza de crudo y altos márgenes de refinación.
La baja de ingresos por ventas será mayor para un escenario de precios del petróleo crudo de 30 US$/barril, como el año actual, que para un escenario de precios de 25 US$/barril, pero reportaría mayores ingresos por producción propia de crudo y gas. Dado que no existe certeza sobre el nivel de precios de 2004, existe incertidumbre sobre el monto exacto de los menores ingresos por ventas resultantes de la entrada en vigencia del TLC.
-Se proyecta para el 2004 un mayor volumen de ventas físicas de Enap, por expansión del mercado nacional a consecuencia del crecimiento económico que se prevé para 2004 (crecimiento de entre 4 y 5% del PIB, de acuerdo a la última estimación del Banco Central).
-Habrá menores costos de compra de crudo, ya que Enap ha invertido en preparar a las refinerías para tratar crudos más pesados y, por lo tanto, más baratos.
-Habrá mayores ingresos por “premios de precios” por mejora de calidad en gasolinas y diesel de la Región Metropolitana, al entrar en vigencia especificaciones más rigurosas, de acuerdo al plan de descontaminación de la Región Metropolitana.
-Aumentos de ingresos debido a la reacción comercial que tendrá Enap en función del impacto negativo de ingresos por el TLC, tal como mayores ingresos por exportaciones a mercados en Costa Pacífico.
-Por el lado de los costos, se aplicarán mejoras operacionales y reestructuraciones internas para reducir costos y aprovechar mejor las oportunidades comerciales.
El TLC le significará a Enap una reducción de costos por el menor arancel aplicable a importación de catalizadores, equipos, compresores, etc., que se compran actualmente en los EE.UU. y pagan un 6% de arancel aduanero al ser importados a Chile.
-Estos efectos (y nuestras reacciones) están considerados en el Plan Estratégico de Negocios de Enap desde su formulación en septiembre de 2002.
De todo lo anterior se desprende que la rebaja de aranceles tenderá a compensarse mediante múltiples factores, desdramatizando el impacto definitivo.
5. Oficio del Excelentísimo Tribunal Constitucional.
? Santiago , 30 de septiembre de 2003.
Oficio Nº 1.972
Excelentísima señora Presidenta de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de transcribir a vuestra Excelencia la resolución dictada en los autos rol Nº 388, relativos al requerimiento suscrito por 34 señores diputados mediante el cual solicitan se declare la inconstitucionalidad del decreto supremo Nº 56, del Ministerio de Transportes, de fecha 29 de abril de 2003, publicado en el Diario Oficial con fecha 8 de agosto del mismo año.
“Santiago, treinta de septiembre de dos mil tres.
Con el mérito de la presentación de la parte requirente de fojas 40, se admite a tramitación el requerimiento de fojas 1.
Al primer otrosí por acompañados los documentos que se indican.
Al segundo y tercero otrosí, téngase presente.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 y 42 de la ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este tribunal, póngase en conocimiento del señor Vicepresidente de la República , del Senado, de la Cámara de Diputados y del señor Contralor General de la República , en sus calidades de órganos constitucionales interesados, la presente resolución, acompañándoles copia del requerimiento, de la presentación antes mencionada y de los antecedentes adjuntados.
Acordada la admisibilidad del requerimiento con el voto en contra del ministro señor Juan Agustín Figueroa Yávar , quien fue de opinión de no acogerlo a tramitación por considerar que los diputados que lo suscriben carecen de ligimitación activa para promoverlo, toda vez que, en la especie, se trata de la situación prevista en el artículo 82, Nº 12, de la Constitución Política de la República, y, por lo tanto, sólo son titulares de la acción cualquiera de las Cámaras.
Rol Nº 388.
Esta resolución fue adoptada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, integrado por su presidente don Juan Colombo Campbell , y los ministros señores Hernán Álvarez García , Juan Agustín Figueroa Yávar , Marcos Libedisnky Tschorne y el abogado integrante del Tribunal, don Raúl Bertelsen Repetto . Autorizada por el Secretario del Tribunal , don Rafael Larraín Cruz .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ISABEL ALLENDE BUSSI
PRESENTE”.
6. Oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago.
“Oficio Nº 163-03
Santiago , 30 de septiembre de 2003.
En causa rol Nº 53.486-2002 seguida contra el diputado don Carlos Lagos Herrera , por el delito de estafa y otros, se ha ordenado oficiar a esa honorable Cámara de Diputados que, por resolución de 21 de julio pasado, el Pleno de esta I. Corte de Apelaciones, acogió la petición de desafuero formulada por el ministro infrascrito y declaró, en consecuencia, que se hace lugar a la formación de causa en contra del diputado don Carlos Eduardo Lagos Herrera , por la participación que pudiere corresponderle en los hechos denunciados. Se acompaña copia autorizada de la señalada resolución y del pronunciamiento emitido por la Excelentísima Corte Suprema, en relación a un recurso de apelación impetrado, en su oportunidad, por la parte querellada.
Lo que me permito comunicar a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.): JUAN MANUEL MUÑOZ PARDO, Ministro de Fuero ; MARCELA SOLAR ECHEVERRÍA , Secretaria.
A LA SEÑORA PRESIDENTA
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.