Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE USUARIOS POR USO DE TARJETAS DE CRÉDITO EXTRAVIADAS, HURTADAS O ROBADAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- DEBATE
- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE EXTRAVÍO, HURTO O ROBO DE CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- DEBATE
- SANCIONES POR MANEJO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. Modificación de la ley Nº 18.045 y del Código Penal. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- DEBATE
- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE USUARIOS POR USO DE TARJETAS DE CRÉDITO EXTRAVIADAS, HURTADAS O ROBADAS. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ESTUDIO DE EVALUACIÓN PARA OPTAR POR CONCESIÓN HOSPITALARIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Osvaldo Palma Flores
- Pablo Galilea Carrillo
- Patricio Melero Abaroa
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Sergio Ojeda Uribe
- Lily Perez San Martin
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Eduardo Saffirio Suarez
- Marcelo Forni Lobos
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECURSOS PARA LA MANTENCIÓN DE LOS MONUMENTOS ERIGIDOS EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Eugenio Tuma Zedan
- Osvaldo Palma Flores
- Laura Soto Gonzalez
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Felipe Salaberry Soto
- Alejandro Navarro Brain
- Guido Girardi Lavin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTUDIO DE EVALUACIÓN PARA OPTAR POR CONCESIÓN HOSPITALARIA.
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES PARA LA ESTACIÓN DE VICTORIA Y FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE TREN DE ACERCAMIENTO PARA EL TRAMO VICTORIA-TEMUCO. Oficio.
- ENCUESTAS SOBRE DESEMPLEO EN COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- COBRO ANTICIPADO DEL AUMENTO DEL IVA EN CUENTAS DE SERVICIOS BÁSICOS. Oficios.
- EXPROPIACIÓN DE AGUAS DE CANALES DE RIEGO DE LA REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INFORMACIÓN GEOLÓGICA SOBRE PIRQUENES DE COMUNA DE CORONEL. Oficio.
- DEFENSA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUERELLADOS POR METALPAR. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN LA EMBAJADA DE CHILE EN CUBA. Oficio.
- RECHAZO A SANCIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE CHILOÉ. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CULTURA. Oficio.
- PREUNIVERSITARIO PARA GRUPO JUVENIL “EVOLUCIÓN URBANA”, DE LOS ÁLAMOS, OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- INVESTIGACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES EN PROGRAMA APOYO A FUNDACIÓN “FRIEDRICH EBERT”, DE PUERTO MONTT. Oficios.
- CREACIÓN DE CARGOS DE JEFES PROVINCIALES DE CHILEDEPORTES. Oficio.
- MEDIDAS EN FAVOR DE MADRES CON HIJOS MENORES DE EDAD. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jaime Mulet Martinez
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 21.
- HOMENAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN AL CONMEMORARSE 453 AÑOS DE SU FUNDACIÓN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 3ª, en jueves 2 de octubre de 2003
(Ordinaria, de 10.42 a 13.44 horas)
Presidencia de los señores Silva Ortiz, don Exequiel, y
Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Archivo de proyectos 11
V. Orden del Día.
- Limitación de responsabilidad de usuarios por uso de tarjetas de créditos extraviadas, hurtadas o robadas. Primer trámite constitucional 11
- Exención de responsabilidad en caso de extravío, hurto o robo de cédula nacional de identidad u otro documento de identificación. Primer trámite constitucional 23
- Sanciones por manejo indebido de información privilegiada. Modificación de la ley Nº 18.045 y del Código Penal. Primer trámite constitucional 28
VI. Proyectos de acuerdo 33
- Estudio de evaluación para optar por concesión hospitalaria 34
- Recursos para mantención de los monumentos erigidos en las víctimas de violaciones de los derechos humanos 37
VII. Incidentes.
- Información sobre inversiones para la estación de Victoria y factibilidad de implementación de tren de acercamiento para el tramo Victoria-Temuco. Oficio 39
- Encuestas sobre desempleo en comunas de la Décima Región. Oficio 40
- Cobro anticipado del aumento del Iva en cuentas de servicios básicos. Oficios 40
- Expropiación de aguas de canales de riego de la Región del Maule. Oficios 41
- Información geológica sobre pirquenes de comuna de Coronel. Oficio 43
- Defensa de funcionarios públicos querellados por Metalpar. Oficios 45
- Información sobre participantes en la celebración de Fiestas Patrias en la embajada de Chile en Cuba. Oficio 46
- Rechazo a sanción de profesionales de la salud de Chiloé. Oficio 46
- Información sobre financiamiento de celebración del Día de la Cultura. Oficio 47
- Preuniversitario para grupo juvenil “Evolución urbana”, de Los Álamos, Octava Región. Oficios 48
- Investigación sobre utilización de recursos municipales en programa de apoyo a fundación “Friedrich Ebert”, de Puerto Montt. Oficios 49
Pág.
- Creación de cargos de jefes provinciales de Chiledeportes. Oficio 50
- Medidas en favor de madres con hijos menores de edad. Oficios 51
- Inconstitucionalidad de decreto con fuerza de ley N° 21 51
- Homenaje a la ciudad de Concepción al conmemorarse 453 años de su fundación 52
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Informe de la Comisión de Familia acerca del proyecto que restablece la facultad del Servicio Nacional de Menores para hacerse parte en procesos por pedofilia (boletín N° 3271-18) 54
2. Moción del diputado Muñoz, que modifica la ley N° 18.681, extendiendo la Beca Primera Dama de la Nación a estudiantes que deban trasladarse a continuar sus estudios al interior de la Región de Magallanes (boletín N° 3372-04) 60
IX. Otros Documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano por el cual requiere la autorización de la Sala para disponer el archivo de los siguientes proyectos, por las razones que en cada caso se señalan:
a. Moción del diputado señor Alberto Cardemil, que modifica los artículos 57, 58, 59 y 62 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, con objeto de precisar el alcance del congelamiento de los terrenos cuyo uso no se conforma con un nuevo plan regulador (Bol. 1923-14). Se legisló sobre el particular por medio de la ley N° 19.744, publicada en el Diario Oficial de 10 de agosto de 2001, que flexibiliza el congelamiento de terrenos, y mediante el proyecto de ley signado como boletín N° 3247-14, que modifica el artículo 59 de la ley General de Urbanismo y Construcciones, con objeto de establecer la caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores, y
b. Moción de las diputadas señoras Eliana Caraball y Lily Pérez, y de los diputados señores Maximiano Errázuriz, Pablo Galilea, René Manuel García, Patricio Hales, Pedro Muñoz, Samuel Venegas y Patricio Walker, que obliga a notificar a vecinos modificaciones de las normas sobre edificación o uso de suelo de los planes reguladores (Bol. 2250-06). Se legisló sobre el particular mediante la ley N° 19.778, publicada en el Diario Oficial de 10 de diciembre de 2001, que modifica entre otras materias, la ley General de Urbanismo y Construcciones, con objeto de establecer en el artículo 43 un procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes reguladores comunales.
Ministerio del Interior
- Señor Navarro, estado de avance acuerdos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con la Municipalidad de Florida.
Ministerio de Hacienda
- Respuesta a proyecto de acuerdo N° 225, estudiar un proyecto de ley que permita a los jubilados del país obtener la devolución del IVA.
Ministerio de Defensa
- Señor Leal, factibilidad de implementar el Plan Cuadrante en la ciudad de Copiapó.
- Señor Navarro, denuncia a Carabineros de Chile en relación con la acción de la Forestal Hawarden.
Ministerio de Obras Públicas
- Respuesta a proyecto de acuerdo N° 224, estudio de un proyecto de ley que permita traspasar el 10% de la propiedad de las empresas portuarias estatales a las municipalidades de las provincias en cuyo ámbito geográfico se encuentren.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
- Señor Masferrer, enajenación de inmuebles fiscales.
Ministerio de Salud
- Respuesta a proyecto de acuerdo N° 196, residuos sólidos generados en establecimientos de atención de salud.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Señora Vidal, expropiación nuevo acceso sur a Santiago.
- Señor Ortiz, informa presupuesto 2004 proyectos de Vialidad, Octava Región.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Señor Navarro, antecedentes de instalación de una planta de reciclaje de equipos electrónicos en Chile.
Ministerio de Bienes Nacionales
- Señor Ramón Pérez, terrenos ubicados en la comuna de Arica.
Ministerio Secretaría General de Gobierno
- Respuesta a proyecto de acuerdo N° 248, transmisiones televisivas del fútbol profesional chileno.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Respuesta a proyecto de acuerdo N° 226, implementación de un plan especial para las localidades de Tocopilla y Taltal.
Corporación de Fomento de la Producción
- Señor Norambuena, aumento del presupuesto para la adquisición de carbón de pirquineros por parte de la Empresa Enacar.
Ministerio Público
- Señor Molina, información sobre causas investigadas en Illapel y situación ocurrida en Monte Patria.
- Señor Sánchez, información sobre causas investigadas en la Undécima Región.
Municipalidad de Penco
- Señor Navarro, bloques de departamentos emplazados en población Baquedano.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (95)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, Marí Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas de la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Lepoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Ortiz, Exequiel PDC X 53
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Juan Pablo Letelier.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
El acta de la sesión 38ª de la legislatura 349ª, ordinaria, se declara aprobada.
El acta de la sesión 39ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).- La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano solicita el acuerdo de la Sala para archivar los siguientes proyectos:
a) El que modifica los artículos 57, 58, 59 y 62 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de precisar el alcance del congelamiento de los terrenos cuyo uso no se conforma con un nuevo plan regulador, y
b) El que obliga a notificar a vecinos modificaciones sobre normas de edificación o uso de suelo de los planes reguladores.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE USUARIOS POR USO DE TARJETAS DE CRÉDITO EXTRAVIADAS, HURTADAS O ROBADAS. Primer trámite constitucional.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Eduardo Saffirio.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 3129-03, sesión 21ª, en 14 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 39ª, en 10 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, originado en una moción de los diputados señores Jorge Burgos , Patricio Walker , Exequiel Silva, Iván Paredes , Esteban Valenzuela , Fidel Espinoza , Patricio Hales , José Miguel Ortiz , Camilo Escalona y del diputado que habla, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas.
I. Constancia previa.
Al proyecto de ley en informe no se le ha hecho presente la urgencia.
No contiene normas de quórum calificado ni de ley orgánica constitucional.
II. Antecedentes generales.
En nuestro país, la regulación del sistema jurídico de las tarjetas de créditos se encuentra en las normas del Banco Central de Chile y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Es decir, en el ordenamiento jurídico tienen un nivel inferior a las normas legales.
Para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, tarjeta de crédito es “cualquier documento que le permita a su titular o usuario, disponiendo de un crédito del emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos afiliados al correspondiente sistema, sin perjuicio de las prestaciones adicionales al titular”.
En el sistema de tarjetas de créditos es posible determinar la presencia de a lo menos cuatro sujetos, a saber: administradora o empresa operadora de tarjeta de crédito, empresa o ente emisor de la tarjeta, usuario de la tarjeta de crédito o tenedor, cliente, titular, y establecimiento comercial adherido.
De acuerdo con el capítulo III. J.1, del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, empresa operadora de tarjeta de crédito “es la empresa jurídica que, en virtud de un contrato con el emisor que así lo determine, proporciona a este último los servicios administrativos que se requieran”.
Empresa o ente emisor de la tarjeta es “la persona jurídica que emite y pone en circulación una o más tarjetas”. Normalmente, corresponde a un banco o a una entidad financiera.
Usuario de la tarjeta de crédito, tenedor, cliente o titular son los poseedores de las tarjetas de créditos, que pueden utilizarlas como medio de pago de bienes y/o servicios en cualquier establecimiento afiliado al sistema. Puede ser una persona natural o jurídica, debiendo en este último caso indicarse la persona natural autorizada para operar con ella.
Establecimiento comercial adherido son personas naturales o jurídicas que se comprometen, a través de la celebración de un contrato con el emisor u operador de las tarjetas, a aceptar el pago de sus ventas de bienes o servicios mediante el uso de la tarjeta y la firma del comprobante respectivo.
La afiliación de los establecimientos a un sistema de tarjeta, con el objeto de que la acepten como instrumento de pago, será obligación de las empresas emisoras de las tarjetas.
En el sistema jurídico que rige a las tarjetas de créditos existen diversos contratos, pero destacan, nítidamente, tres: aquel que vincula al emisor y al usuario, el que cumple igual fin entre el primero de los mencionados y el establecimiento de comercio y, finalmente, las relaciones jurídicas del usuario y el establecimiento.
Contrato entre emisor y usuario o contrato de apertura de crédito.
El objeto comercial de este contrato es la posibilidad de dar crédito como bien económico y mediante el cual el emisor se compromete a asegurar al titular la adquisición de bienes o servicios a través de la utilización de la tarjeta en los establecimientos afiliados al sistema, pagando posteriormente el titular o usuario al emisor el importe de los correspondientes cargos en los períodos concertados.
Las características jurídicas del contrato de apertura de crédito son las siguientes:
Contrato de adhesión, definitivo, bilateral, de ejecución continuada si los retiros o la utilización del crédito por el cliente se hace en sucesivas etapas. No tiene dicho carácter si se pacta que su uso se hará en una sola oportunidad.
Los elementos de este contrato son:
-El cliente cuenta con disponibilidad de obtener crédito en dinero, ya sea dentro de cierto tiempo o en forma indefinida.
-Es un contrato que permite satisfacer las futuras expectativas de contar con dinero para pagar y no sólo las necesidades actuales.
Las obligaciones que se derivan del contrato hay que analizarlas desde la óptica del banco y del cliente.
Las obligaciones básicas del banco son:
-Mantener el crédito otorgado a disposición del cliente en forma y tiempo determinado, y efectuar entregas de dinero comprometidas.
Las obligaciones básicas del cliente son:
-Pagar las comisiones y el interés pactado, y
-Reintegrar el capital en los plazos estipulados.
De acuerdo al Compendio de Normas Financieras del Banco Central, “los emisores celebrarán con cada titular de tarjeta un contrato de afiliación al sistema y uso de la tarjeta. En éste se deberá establecer el monto máximo de las adquisiciones que podrán realizar con cargo al crédito concedido a la tarjeta, sea en moneda nacional o extranjera”.
Según estas normas, el contrato se perfecciona una vez que se haya entregado la respectiva tarjeta a su titular, correspondiendo al emisor la prueba de su entrega.
El compendio establece normas sobre el pago de lo adeudado por el uso de la tarjeta, fecha de emisión de los estados de cuenta, porcentaje mínimo que debe pagarse, el pago de intereses por el saldo insoluto de la deuda, la posibilidad de efectuar abonos o de girar en dinero efectivo con cargo al crédito convenido, etcétera.
El compendio establece el contenido de las cláusulas mínimas del contrato, que debe comprender lo siguiente:
-Plazo de vigencia del contrato, que podrá ser indefinido.
-Plazo en que se hará exigible la obligación de pago del titular de la tarjeta por las adquisiciones que se realicen con cargo a la misma.
-Costo que represente para el titular la mantención de la tarjeta y la oportunidad de su cobro.
-Determinación del recargo por mora que se aplicará y en qué situaciones.
-Modalidad de tasa de interés aplicable al crédito o avance en efectivo que pueda otorgarse y períodos de pago, y
-Procedimiento y responsabilidades en caso de robo, hurto o pérdida de la tarjeta, que es justamente materia de esta moción.
El contrato entre emisor y establecimiento afiliado al sistema se encuentra regulado por las normas del mismo compendio y en aquello no regulado operará la libertad contractual, principio reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
El objetivo de este contrato es que “el establecimiento comercial se obliga a aceptar la tarjeta de crédito que presenta el titular o cliente como medio de pago, para la adquisición de bienes o el pago de servicios vendidos o prestados por él, previa firma del comprobante o boleta de resguardo. El emisor u operador, por su parte, se hace responsable de los pagos, en los plazos convenidos con el establecimiento afiliado, previa deducción del porcentaje de la comisión”.
Características jurídicas del contrato.
Innominado, atípico, consensual, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo y ejecución continuada; en el hecho, es un contrato de adhesión.
De los contratos existentes en el mercado se infiere que el emisor tendrá los siguientes derechos:
-Modificar las cláusulas del contrato de afiliación al sistema, comunicando este hecho al establecimiento adherido, quien tendrá un plazo estipulado en el contrato para aceptar o rechazar las modificaciones.
-Poner término de inmediato al contrato, sin aviso previo, ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que tiene el establecimiento adherido.
-Poner término al contrato de afiliación en el evento que el establecimiento cayere en notoria insolvencia o fuera declarado en quiebra, y
-Exigir, por parte del establecimiento la devolución de toda documentación y materiales de operación que haya recibido con relación al contrato en el evento de que se le ponga término.
La obligación que se deriva del contrato de afiliación es pagar en los plazos convenidos un monto igual al importe de los comprobantes de ventas o consumo suscritos por los titulares de las tarjetas, por la suma de bienes y servicios que se le suministran, menos las comisiones pactadas sobre las ventas realizadas.
Entre otras disposiciones, el citado compendio señala que el contrato deberá contener las disposiciones que las partes determinen, tendientes a precaver el uso indebido de la tarjeta, ya sea porque no se encuentra vigente o por otras causas y que el emisor no podrá eximirse de la obligación de pago al establecimiento por las ventas que éste realice sin cumplir con los requisitos convenidos cuando se haya recibido el reembolso de la respectiva transacción.
Por último, el contrato entre usuario y establecimiento de comercio es el vínculo jurídico que justifica la existencia de todos los otros actos y contratos que forman parte del sistema jurídico de las tarjetas de créditos.
Esta relación jurídica, en definitiva, se traduce en diversos contratos celebrados entre usuario y establecimiento, como por ejemplo, compraventa, transporte, arrendamiento, seguro, hospedaje, etcétera.
Ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley en informe.
Los diputados autores de esta moción señalan que en la actualidad, con motivo de los avances de la tecnología y del mayor acceso a los mismos por parte de la población, es posible concebir un sinnúmero de formas de realizar operaciones de compra y venta a través del llamado dinero plástico, es decir, a través de tarjetas bancarias de crédito o de débito, como también tarjetas de establecimientos de comercio que permiten efectuar operaciones, sea de compras o de acceso a créditos en dinero efectivo, tanto por el titular de la tarjeta como por los clientes adicionales de las mismas.
Pero, junto con establecerse estas nuevas formas de operar mediante el uso de tarjetas que permiten acceder al crédito o al consumo -hoy cada vez más masivas-, surgen nuevas circunstancias a las que el derecho debe responder, sea regulando las formas de acceso al mismo, sea mediante regulaciones que establezcan una manera de limitar responsabilidades para el usuario tarjetahabiente que, actuando de manera responsable, cumple con dar noticias al ente administrador de las mismas con el objeto de evitar perjuicios derivados su mal uso.
Agregan los señores diputados autores de la moción que el actual sistema de notificaciones de extravío, hurto o robo de una tarjeta está regulado en los contratos que deben firmar quienes desean operar con este tipo de documentos, contratos que se definen como de adhesión, esto es, contratos en los cuales el cliente, futuro tarjetahabiente, tiene como exclusiva posibilidad aceptar o rechazar la oferta que se le hace en formularios preimpresos y no puede negociar las condiciones particulares del referido contrato.
Por lo anterior, precisan los diputados autores de la moción, que, en estos casos, la normativa del Banco Central de Chile señala que el operador de las tarjetas debe proveer al usuario un medio expedito para que éste pueda dar noticia de la pérdida de la tarjeta, tras lo cual se le asigna una clave con indicación de la hora de la comunicación, a efectos de probar el cumplimiento del trámite de notificación de pérdida.
Sin embargo, normativas de otros países, con rango de ley, establecen limitaciones de responsabilidad para el usuario de la tarjeta de crédito que cumpla con realizar las notificaciones pertinentes, limitación que opera, por ejemplo, en el caso de la legislación de Estados Unidos de América, cumpliéndose ciertos requisitos que la misma ley señala, y cuando las sumas comprometidas en el consumo son superiores a 50 dólares, ya que en caso de ser inferiores a la suma antes señalada y ser una tarjeta aceptada por el sistema, la responsabilidad es del usuario. Norma similar existe en las recomendaciones de la Unión Europea, limitando la responsabilidad a 135 euros.
Finalmente, manifiestan que es urgente la necesidad de legislar en esta materia para proteger los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito en el rango jurídico que corresponde.
IV. Observaciones de las personas que concurrieron a la comisión.
El señor Enrique Marshall Rivera , superintendente de Bancos e Instituciones Financieras señaló que la regulación del Banco Central de Chile sobre tarjetas de crédito indica que los contratos deberán establecer los procedimientos y responsabilidades en caso de robo, hurto o pérdida de la tarjeta y que las partes deben convenir contractualmente las medidas tendientes a precaver el uso indebido de la tarjeta, ya sea porque no se encuentre vigente o por otras causas.
Las normas de la Superintendencia contemplan que en caso de hurto o robo de una tarjeta de crédito, el titular debe comunicar de inmediato este hecho al emisor u operador, según corresponda, debiendo dicho emisor u operador realizar las diligencias necesarias para que la tarjeta quede bloqueada, con lo cual las transacciones posteriores que pudieren efectuarse se regirán por los acuerdos especiales de responsabilidad que deben indicarse en el contrato.
La cláusula contractual que se utiliza por lo general plantea que en caso de extravío, hurto o robo de la tarjeta de crédito, el usuario queda obligado a formular denuncia penal y dar aviso inmediato por escrito a las oficinas del banco. El usuario asume la responsabilidad por todas las compras que se hagan con la tarjeta extraviada, hurtada o robada, pero esa responsabilidad cesa a partir del día subsiguiente de aquel en el que se materializa el aviso.
En general, estos mismos criterios se aplican a las tarjetas de débito. Las normas para estas tarjetas están contenidas en el Capítulo 2-15 de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Éstas exigen al emisor u operador contar con los medios adecuados para informar oportunamente a los establecimientos afiliados sobre las tarjetas que, por cualquier causa, no se puedan utilizar. El emisor debe facilitar los medios para que los titulares puedan notificar durante las 24 horas del día la pérdida, hurto, robo o falsificación de sus tarjetas.
La tecnología permite hoy contar con sistemas en línea. Sin embargo, no todas las transacciones se realizan efectivamente en línea, en parte importante por razones de costo. Probablemente, con estas nuevas normas, los emisores de tarjetas procurarán que todas las transacciones se realicen en línea, lo que puede traducirse en mayores costos para determinados sectores, especialmente durante el proceso de transición.
Se entiende, agregó el señor superintendente, que el proyecto de ley cubre tanto a las tarjetas bancarias como a las no bancarias, esto es, a las de las casas comerciales, dado que la moción original no distingue.
Se comprende que la referencia a estos instrumentos es en cuanto medios de pago y no por el eventual crédito que puede o no estar asociado a ellos.
Parece conveniente que el texto se utilicen los mismos términos que se usan en otros cuerpos legales. En tal sentido, se recomienda el uso de los conceptos de emisor y operador de tarjetas de crédito, que son los utilizados en el artículo 2º de la ley General de Bancos, y luego en las normas del Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El señor Enrique Sepúlveda Rodríguez , jefe de la División Jurídica Legislativa del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción.
Expresó que nuestra legislación no regula el sistema de relaciones asociado a la operación de las tarjetas de crédito y de débito. La ley de Bancos y otras solamente se limitan a mencionarla, pero no las han definido ni reglamentado en su detalle operativo.
Como ya se dijo, la regulación jurídica de estos instrumentos están en normas con rango inferior al de ley.
En la normativa antes señalada, agregó, se encuentran también los conceptos y definiciones de este sistema, y también, entre otras, disposiciones relativas al extravío, hurto, robo y falsificación de las señaladas tarjetas, mediante el cual las autoridades instruyen a los emisores y operadores de tarjetas sobre el procedimiento a aplicar en esos casos, el cual es bastante similar al que se propone en la moción en comento.
El ámbito de aplicación del proyecto queda referido a los usuarios de tarjetas de crédito, débito u otras que permitan realizar operaciones de crédito de dinero.
Sobre reglas que limitan la responsabilidad, el punto uno del proyecto contempla las situaciones de extravío, hurto o robo de la tarjeta, ante las cuales se pretende dejar a salvo la responsabilidad del titular de la tarjeta.
Sobre reglas que limitan la responsabilidad, el señor Sepúlveda dijo que el punto uno del proyecto contempla la situación de extravío, hurto o robo de la tarjeta ante los cuales se pretende dejar a salvo la responsabilidad del titular de la tarjeta. Parece conveniente considerar, además, los casos de apropiación o retención indebida de la tarjeta o pérdida de la posesión o tenencia de la misma debido a cualquier otra causa ajena a la voluntad del usuario.
Asimismo, el señor Sepúlveda sostuvo que el sistema propuesto no sólo debería alcanzar a los casos de pérdida de la posesión o tenencia material de la tarjeta, sino también a aquellos en que el titular de la misma se entere, por cualquier medio, que un tercero ha hecho uso indebido de la tarjeta o se encuentre en condiciones de hacerlo, sin que el titular haya dejado de tenerla materialmente, tales como las situaciones de falsificación o clonación de tarjetas o de captura de los datos, claves, números y otros antecedentes que permitan utilizarla.
La figura penal que se propone configura como sujeto activo del ilícito al propio titular de la tarjeta de crédito para el supuesto de una acción destinada a evitar el pago de sus obligaciones mediante el uso malicioso del aviso.
Con relación a este delito se propone una serie de modificaciones que, como veremos luego, fueron recogidas en indicaciones.
El señor Sergio Cruz Barriga , asesor del directorio de la empresa Transbank S.A. sostuvo que se deben distinguir los perjuicios producidos antes y después del aviso. Efectivamente, después del aviso es bien difícil que se hagan transacciones, porque el bloqueo se produce de inmediato, salvo los que operen manualmente las tarjetas, que no están conectados en línea; pero son cantidades pequeñas, sin mayor incidencia y podrían asegurarse esos montos.
También se debe incentivar que el usuario responda por la seguridad de su tarjeta porque la debe cuidar. Es claro que el usuario responde de todas las operaciones que se produzcan antes de su bloqueo por su cupo. Después del bloqueo responde inmediatamente el emisor, y por las operaciones que van más allá del cupo, porque quiere decir que fallaron los sistemas de autorización y los que tiene el emisor para que se hayan realizado operaciones superiores al cupo o monto autorizado.
El problema, según el señor Barriga, se da en el momento en que se hurta o roba la tarjeta y antes del bloqueo. En este caso no se puede hacer responsable al emisor, pero tampoco se puede provocar un perjuicio al usuario. Por ello el concepto de seguro le parece absolutamente aceptable, es decir, que las instituciones financieras o emisoras puedan ofrecer al tarjetahabiente un seguro por todas aquellas operaciones que se realicen hasta el monto autorizado en forma fraudulenta, para que el usuario no tenga que responder de ello personalmente y, si el seguro se hace masivo, debería tener un costo relativamente bajo.
Recordó que, en general, en Chile no se producen operaciones después del bloqueo y que los fraudes de este tipo son bajos, ya que, de los 2.400 millones de dólares anuales en transacciones con tarjeta, ni siquiera llegan a un millón de dólares, considerando que más del 70 por ciento son fraudes internacionales que comete gente que ha clonado o tomado los datos de la tarjeta.
El señor Barriga opino que en este proyecto no debería legislarse respecto de tarjetas de débito, por cuanto es un ámbito distinto que se rige por otras normas, pero sí habría que hacer algunas modificaciones vinculadas a los cheques y cuentas corrientes, observación que recogimos los diputados autores de la iniciativa.
El señor Mauricio Zelada , abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, explicó que el proyecto viene a regular una situación que desde el punto de vista del mercado se encuentra medianamente regulada a través de los contratos de adhesión. Es decir, los instrumentos que contempla la moción son similares a los que el mercado está poniendo hoy a disposición de los usuarios de tarjetas de crédito, pero con rango de normas jurídicas inferiores a la ley o simplemente contrato.
Aquí el punto de quiebre es el aviso luego del extravío, hurto o robo de una tarjeta, ya que antes del aviso responde el usuario o el titular de la tarjeta hasta el monto del cupo autorizado y en eso el proyecto no innova. Con posterioridad al aviso, hay un período de tiempo, de 24 a 48 horas, en que respondería el titular de la tarjeta de crédito respecto de las compras que se hayan realizado vía baucher, que es el sistema manual o mecánico no conectado en línea. Pero, aparentemente -dijo el señor Zelada -, los bancos hoy están implementando sistemas de seguros que los cubran al entregar la tarjeta por el período señalado y, por lo tanto, el usuario estaría cubierto por un seguro. Con posterioridad al período de 24 ó 48 horas respecto de las compras realizadas vía baucher responderá el banco.
Desde la perspectiva de los beneficios que puede acarrear el proyecto, entendió que se podría establecer la posibilidad de la existencia de un seguro obligatorio en esta materia, porque el seguro que cueste una unidad de fomento al mercado y abarque el riesgo de 24 horas de retroactividad desde que se da el aviso, disminuiría el precio si es obligatorio por las leyes del mercado. No obstante, estimó que los bancos igualmente traspasarán el costo del seguro a los clientes por otras vías. Reitera que se debe trabajar en el establecimiento de un seguro obligatorio en que la prima se cobre al usuario una vez al año.
Por otro lado, reconoce que lo malo de este tipo de seguros obligatorios es que acarrean problemas en materia de política criminal, porque como los usuarios de tarjeta no son, en términos generales, nunca responsables con su propio patrimonio, podría haber cierta liviandad o falta de cuidado en la tenencia de tarjeta y, eventualmente, podría ser más barato hacer fraude. Eso ocurre hoy en el ámbito de los seguros, especialmente en los automotrices, en el que mucha gente, por ejemplo, para cambiar la radio de su vehículo, señala a la compañía que se la robaron o hurtaron, pero ese riesgo siempre se da en el rubro de los seguros y se debe asumir, por lo que sería buena la posibilidad de estudiar un seguro obligatorio, que constituiría, a juicio del señor Zelada , un beneficio efectivo para los usuarios de tarjetas de crédito.
Respecto del tipo penal se hicieron dos observaciones, las que, posteriormente, fueron recogidas, tal como consta en la indicación presentada.
La más importante tiene que ver con la referencia a “cualquier otro engaño semejante”, que se asemeja a la situación que se establecía en la moción original, pero que podría generar el problema de enmarcar la conducta típica en el tipo penal del artículo 468 del Código Penal, porque es un tipo penal muy abierto y los tribunales son mesurados en incluir los hechos típicos en estas figuras tan amplias y, por abarcar mucho, esto podría ser inoperante en los tribunales, por lo que el artículo 473 del Código Penal se aviene más a la posibilidad de enmarcar el hecho concreto, del aviso fraudulento, en la figura típica. Es un tipo residual que también tiene problemas de aplicación en los tribunales, aunque de menor envergadura que los de la figura del artículo 468.
Cuando en el proyecto se habla de “intención de defraudar” se crea un problema, porque este es un elemento subjetivo especial del injusto, donde además del dolo que requiere todo tipo penal, se está estableciendo ese elemento, que también incluye el dolo eventual o indirecto.
En la discusión en general del proyecto un señor diputado expresó que existía un punto de discrepancia respecto de la oportunidad de dar aviso de extravío, hurto o robo con intención de defraudar. En este caso hay un punto de discrepancia, porque si el mercado operara correctamente, en un porcentaje de los casos sería bajo el riesgo, pero esa no es la información que existe, por lo que después que se da el aviso no se produciría el bloqueo automático. Además, existe una mala práctica en el comercio, en orden a que, excepcionalmente, se exige la cédula de identidad al momento de comprar con tarjetas de crédito. Si se le pide al cliente éste muchas veces se molesta, en lugar de entender que es un procedimiento para la protección de su patrimonio.
Se señala que en el caso de clonación debería operar el mismo sistema de responsabilidad que se usa para una tarjeta falsificada, hurtada o robada, por cuanto si se utiliza la tarjeta clonada más allá del cupo debe responder el emisor, y si es por menos del cupo, se responde de acuerdo con el sistema que se determine, que puede ser un seguro.
Se piensa que hoy el sistema opera bien, ya que los bancos están autoprotegidos. Si se estima hacer un seguro general masivo, sin límites, los costos del seguro aumentarían, salvo que sea obligatorio y de bajo precio.
Por otra parte, se aclara que la intención del proyecto es que se responda mediante el seguro después del aviso.
Ante la consulta formulada en cuanto a si hoy existen en la generalidad de los casos los mecanismos prácticos para que durante las 24 horas esté disponible un sistema expedito de comunicación, como el proyecto lo hace obligatorio, se aclara que ahora tanto Redbanc como Transbank operan con un solo call center y que se está implementando el sistema de bloqueo vía electrónica y el mejoramiento de la rapidez del bloqueo, que en el último tiempo ha respondido en forma muy eficiente.
Ante la pregunta de si la banca o los emisores operan en la actualidad con seguros por extravío, hurto o robo de tarjetas, se precisa que operan con un fondo de protección que lo maneja la empresa Nexos, que es operadora de tarjetas de crédito y que responde por hurto, robo, pérdida o extravío de las transacciones acontecidas un día o seis horas antes del bloqueo y hasta once días corridos para pérdidas nacionales y veinte días corridos para pérdidas internacionales.
Se señala que el seguro que se establezca debería tener un deducible para evitar la liberalidad o liviandad en la tenencia de la tarjeta. Además, sale más barato y, en último caso, no tienta a perder la tarjeta y es un castigo por su uso descuidado.
En el caso de adulteración o falsificación del plástico o banda magnética, corresponde a pérdidas ocurridas dentro de los sesenta días después de la primera transacción ilícita, por lo que también opera el seguro de protección.
La Comisión aprobó por asentimiento unánime la idea de legislar, con la presencia de la diputada señora Carolina Tohá , y de los diputados señores Carlos Kuschel , Darío Molina , Eugenio Tuma , Gonzalo Uriarte , Ignacio Urrutia y Eduardo Saffirio .
En la discusión en particular de la iniciativa, los diputados señores Burgos , Correa, Walker , Uriarte , Molina y Saffirio acogieron las recomendaciones y los juicios dados por parte del superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , de los representantes del Ministerio de Justicia y de la empresa Transbank y presentaron una indicación para sustituir el texto del artículo único de la moción, por los siguientes artículos nuevos:
“Artículo 1º.- Los tarjetahabientes de tarjetas de crédito emitidas por instituciones financieras o casas comerciales, podrán limitar su responsabilidad en los términos establecidos por esta ley, en caso de hurto, robo o extravío de las mismas, dando aviso pertinente al emisor de la misma.
“El emisor deberá proveer servicios de comunicación que permitan su acceso gratuito durante las 24 horas del día y todos los días del año. El emisor de la tarjeta deberá entregar, en el acto de su registro, un número o código de recepción del aviso antes referido, con indicación de la fecha y hora de su recepción.
“Artículo 2º.- Las tarjetas por las que el tarjetahabiente haya dado aviso de extravío, hurto o robo, serán bloqueadas de inmediato por el emisor, procediendo a la entrega de una nueva para el tarjetahabiente.
“Artículo 3º.- En el caso que las tarjetas sean operadas con posterioridad al aviso de extravío, hurto o robo, corresponderá al emisor de la misma probar que las operaciones fueron realizadas por el tarjetahabiente titular o los adicionales autorizados por éste.
“Las cláusulas de los contratos que impongan el deber de prueba sobre el tarjetahabiente, por operaciones realizadas con posterioridad al aviso de extravío, hurto o robo, se tendrán por no escritas.
“Artículo 4º.- El tarjetahabiente no tendrá responsabilidad por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso o noticia entregada al emisor, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda por el uso fraudulento de la tarjeta bloqueada, conforme a lo dispuesto en el párrafo 8º del Título IX del Libro Segundo del Código Penal ni de lo dispuesto en el inciso siguiente.
“Todos los emisores de tarjetas de crédito a que se refiere esta ley, deberán contratar un seguro para que cubra los perjuicios ocasionados por el mal uso del documento con posterioridad al aviso de hurto, robo o extravío. El tarjetahabiente, en virtud de lo expuesto, responderá sólo de hasta dos unidades de fomento, correspondientes a los gastos de caducidad de la tarjeta y/o prima del seguro que opere respecto de estos casos”.
Destaco que la nueva proposición del texto sugerida en la indicación pretende uniformar el término tarjetahabiente, que se emplea en varias oportunidades, con las otras normas generales sobre la materia. Además, deja claro que el proyecto se refiere tanto a tarjetas de crédito emitidas por instituciones financieras como por casas comerciales y, luego, desde el punto de vista penal, se busca la sanción adecuada, de acuerdo con las normas generales del uso fraudulento de tarjetas.
Por último, se hace obligatoria la contratación de un seguro, pero limitando la responsabilidad del usuario hasta dos unidades de fomento, porque no sólo se incluye la prima del seguro, sino que los eventuales gastos de caducidad de la tarjeta de crédito que se pierda, hurte o robe.
Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Economía. En los mismos términos, se rechazó el texto de la moción original.
Esta moción no contempla artículos que deban ser votados con quórum de ley orgánica constitucional. Tampoco contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
El proyecto de ley en informe fue aprobado en general por la unanimidad de los señores diputados.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo, por un asunto de Reglamento.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , quiero solicitar al diputado informante , señor Eduardo Saffirio , que aclare el punto VIII, que dice que no corresponde a la Comisión de Hacienda revisar el articulado de este proyecto que es sumamente interesante y apropiado para la época que estamos viviendo. Lo digo porque en la Comisión de Hacienda se está tratando el proyecto de mercado de capitales que tiene relación con las tarjetas de las instituciones financieras y de las casas comerciales.
Quiero saber por qué este proyecto no fue visto por la Comisión de Hacienda, más aún si se reemplazó su artículo único. Me parece que debería haberlo hecho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SAFFIRIO .- Señor Presidente , por su intermedio, quiero informar al diputado señor Jaramillo que se estimó que no correspondía porque el proyecto no demanda gasto fiscal.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , cada día que pasa surgen en el mundo actual nuevas formas y circunstancias en el desarrollo de la economía. Sobre el particular, los cambios han sido gigantescos. Agradezco la oportunidad de haber participado, como autor, con los diputados Saffirio y Burgos, en un proyecto de esta calidad, lo que refleja nuestra preocupación por la defensa de los derechos de los consumidores y permite que el mercado se desarrolle con estas nuevas formas, incorporando nuevos actores, sobre todo de la clase media y del mundo popular, quienes, además deben contar con las adecuadas protecciones.
En ese sentido, el mundo de hoy ha experimentado cambios gigantescos. Personalmente, creo que en el ámbito de la política todavía no nos damos cuenta de la magnitud de las transformaciones que enfrentamos. Quizás, cuando se escriba la historia, más de alguien va a comparar los cambios de nuestro tiempo con los que se vivieron a fines del siglo XVIII, con la revolución industrial. Las variaciones de la tecnología, la vinculación, la información, lo que se define bajo el concepto de globalización, que son elementos que constituyen los detalles de la vida diaria, están introduciendo variaciones enormes en las conductas. Por eso, las formas de regulación deben ir acompañadas con el impulso del progreso y, a la vez, con las debidas protecciones ante las incertidumbres y los riesgos de esta nueva era. El mundo de la política, en general, está alejado de la comprensión de estos nuevos fenómenos.
El proyecto que nos convoca, que se refiere a la relación entre un ciudadano, su tarjeta de crédito y las nuevas formas de acceder al crédito, forma parte de la nueva mirada que necesitamos.
Insisto, la variación en los cambios de la tecnología de la información, además de provocar cambios en la economía, va a producir cambios gigantescos en el modo de impartir la justicia, de vincular a los Estados entre sí; más claramente, el rompimiento del Estado-nación y quizás, en muchos aspectos, variaciones fuertes en el concepto de soberanía.
En el siglo XVIII, los Estados que necesitaban protegerse de la piratería fueron capaces de establecer, incluso, la extraterritorialidad de la justicia.
Durante el estudio de la iniciativa se detectó que existen nuevas circunstancias de acceso al crédito, que requieren, primero, una regulación en las formas de acceder al crédito; segundo, una limitación en las responsabilidades del tenedor de la tarjeta.
Para ello, al tenedor de la tarjeta se le asigna una clave con indicación de hora de comunicación, para efectos de comprobar el cumplimiento del trámite de notificación en el evento en que pierda la tarjeta, de manera que el usuario no sufra las pérdidas que se han señalado con tanto detalle en el informe.
Sin embargo, al estudiar la legislación comparada se detectó que en otros países se establecen limitaciones para el usuario de la tarjeta de crédito que cumple con las notificaciones pertinentes. En el caso de Estados Unidos, esa limitación opera con el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley.
En Chile faltaba una legislación en ese sentido. Estas normas comienzan a aparecer para esta nueva era, entendiendo que las incertidumbres de los nuevos tiempos van acompañadas de oportunidades.
Si establecemos normas adecuadas de regulación, que impulsen el mercado y protejan a los usuarios en este nuevo mundo, con esta nueva tecnología transformaremos los riesgos en nuevas posibilidades.
Éste no es un proyecto punitivo del sistema de tarjetas de crédito; por el contrario, lo impulsa, lo estimula; pero también lo regula para proteger a los usuarios de abusos e injusticias.
Asimismo, la Comisión recogió antecedentes de que después de dado el aviso, en muchos casos, la persona no tendría el beneficio del bloqueo automático.
En el caso de las llamadas tarjetas clonadas, se ha señalado que si se utilizan más allá del cupo debe responder el emisor y si es menor que el cupo debe responder al titular de la misma, de acuerdo con el sistema que se determine.
El proyecto propone que, una vez que se ha dado el aviso correspondiente, debe responder el seguro.
Por eso, quiero recabar la aprobación de la Sala para, primero, limitar la responsabilidad de aquel que tiene una tarjeta de crédito en los términos establecidos en el proyecto, en caso de hurto, robo o, incluso, extravío de la misma.
Segundo, el bloqueo inmediato de la tarjeta por la empresa emisora, cuando el tenedor de la misma la haya perdido o se la hayan hurtado.
Tercero, que el responsable de probar las operaciones realizadas por el tenedor, titular de la tarjeta o adicionales autorizadas por éste sea el emisor de la misma.
Cuarto, que el tenedor de la tarjeta no tenga ninguna responsabilidad por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso de extravío, hurto o robo.
Finalmente, se establece que todos los emisores de tarjetas de créditos deberán contratar un seguro para que se cubran los perjuicios ocasionados por el mal uso del documento con posterioridad al aviso de extravío, hurto o robo.
Por lo tanto, llamo a la Sala a aprobar el proyecto que -estoy seguro- forma parte de miradas parciales con que la política comienza a acercarse a la mirada más completa de un mundo incierto, pero lleno de oportunidades, cambiante, con nuevas tecnologías y con cambios de conducta en la humanidad que todavía no somos capaces de percibir, de circunstancias, de relaciones entre las personas y comerciales. Por eso, los políticos de hoy no sólo debemos ser representantes reales de los ciudadanos que nos eligen, sino también de los cambios que ocurren en el mundo.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , quiero felicitar a los autores del proyecto. El diputado Hales recién señalaba que estamos en un mundo con una economía bastante compleja, con una cantidad de transacciones periódicas nunca vistas en la historia de Chile ni del mundo. La globalización produce un efecto multiplicador del número de transacciones. En el país circulan alrededor de siete u ocho millones de tarjetas. Ello hace necesario que la legislación dé cuenta de un conjunto de situaciones que van ocurriendo con el uso de estas tarjetas, como son, por ejemplo, el extravío, hurto o robo.
Frente a ello, los emisores de tarjetas implementaron la suscripción de un seguro que el tenedor financia, con beneficio a la compañía de seguros o al propio emisor de la tarjeta, una prima que no estaba muy claro qué cubría. Como un requisito sine qua non de un contrato de adhesión, siempre se consigna en la letra chica que el usuario de la tarjeta debe pagar el seguro, la prima. Este proyecto termina con ese costo innecesario, después que el usuario ha informado al emisor u otorgante de la tarjeta que ella ha sido extraviada, hurtada o robada, precisamente, el emisor es el responsable de su mal uso. De manera que con este proyecto se termina el seguro y sólo queda reducido a un costo para el usuario equivalente a un deducible de 2 unidades de fomento por la caducidad, pérdida o eventual mal uso que se le pudiere dar a la tarjeta.
Esta iniciativa pone las cosas en su lugar y libera de un peso injusto a los titulares de las tarjetas, quienes suponían que esto funcionaba de modo distinto, aunque no había legislación sobre la materia. Por lo tanto, lo que se establece en el proyecto es algo lógico que no estaba contemplado en nuestro marco legal. Asimismo, se respalda a los usuarios, ya que en el momento en que perdían las tarjetas debían hacerse responsables de un mal uso, en circunstancias de que lo lógico era que si habían comunicado el hecho al emisor éste debía bloquear de inmediato la tarjeta. Por eso, lo que hace el proyecto es aplicar la lógica dentro del marco legal a una cosa habitual y corriente.
Reitero mis felicitaciones a los autores de la iniciativa, junto con señalar que nuestra bancada la apoyará fuertemente.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , quiero anunciar nuestro respaldo al proyecto.
Como uno de los diputados que suscribieron la moción, valoro el hecho de que se legisle para proteger los derechos de los usuarios de tarjetas de créditos por aquellas extraviadas, hurtadas o robadas.
Sin perjuicio de la contribución de varios colegas, quiero destacar la del diputado Saffirio , pues fue él quien formuló la idea matriz.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito, por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE EXTRAVÍO, HURTO O ROBO DE CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN. Primer trámite constitucional.
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que exime de responsabilidad en caso de extravío, hurto o robo de la cédula de identidad u otro documento de identificación.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Gonzalo Uriarte.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2897-07, sesión 5ª, en 21 de marzo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 39ª, en 10 de septiembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , me corresponde informar el proyecto iniciado en una moción de la diputada señora Cubillos y los diputados señores Álvarez , Barros, Forni , Kast , Pérez, don Ramón ; Prieto , Von Mühlenbrock , Urrutia , y de quien habla, para eximir de responsabilidad criminal en caso de extravío, hurto o robo de una cédula de identidad y otros documentos de identificación.
El proyecto comenzó su tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, finalmente, por acuerdo de la Sala, pasó a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
Sus autores tuvimos en la vista, fundamentalmente, evitar al ciudadano común y corriente los desagradables e impredecibles efectos que tiene el perder o ser víctima del robo o hurto de un documento tan importante como es la cédula de identidad. Nadie escapa a esta realidad. No hay quien no conozca a alguien que haya sido víctima de sus consecuencias o que las haya sufrido en carne propia. Además de los innumerables trámites que se deben efectuar en diferentes instituciones, luego vienen las demandas y querellas criminales presentadas en su contra por personas que, a su vez, fueron objeto de estafas mediante la utilización indebida de estos documentos. Muchos ciudadanos comunes y corrientes, ajenos a los delitos que se han cometido con sus documentos perdidos, extraviados, robados o hurtados y ajenos también a las acciones penales intentadas en su contra, se han visto en la desagradable situación de ser detenidos por una orden de aprehensión, respecto de la cual, por supuesto, no podían tener ningún conocimiento.
Éstas son las razones que tuvieron presentes los autores de la moción al momento de redactarla y los que, posteriormente, concurrieron a aprobarla en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
Durante el estudio del proyecto, la Comisión invitó a exponer a representantes del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la empresa Dicom, que es la que más ha participado en esta materia. Además, contó con la colaboración permanente del Ministerio de Justicia y del doctor en Derecho Penal, don Héctor Hernández .
El trabajo realizado determinó la necesidad de efectuar diversas modificaciones a la moción. Es así como el Ejecutivo envió indicaciones respecto de aquellas materias que son de iniciativa exclusiva, del Presidente de la República , la que, junto con las presentadas por los diputados de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo y por algunos de los autores de la moción original, conforman el proyecto que hoy sometemos a la consideración de la Sala.
Contenidos del proyecto.
En primer lugar, se establece la obligación del titular de efectuar el bloqueo de su cédula de identidad o de su pasaporte extraviado, robado o hurtado. Además, se dispone que esta obligación se debe hacer ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. A este acto se le confiere el mérito de presumir, salvo prueba en contrario, que el titular de estos documentos no es quien ha hecho uso de ellos durante todo el tiempo posterior al bloqueo.
Asimismo, se establece que, para los efectos de hacer valer esta presunción ante cualquier tribunal de la República, bastará con exhibir el comprobante de bloqueo expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. También se regula de manera muy precisa la forma de efectuar el bloqueo, procedimiento expedito que podrá efectuarse, incluso, por vía telefónica o por Internet. Sin embargo, en este caso, para hacer valer la presunción de irresponsabilidad será necesario ratificarlo personalmente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro de las 48 horas siguientes al bloqueo telefónico o por Internet.
Para evitar el mal uso de este mecanismo, se establece una multa, que podrá ser de 6 a 10 UTM, para el que efectúe un bloqueo sin concurrir la causa legal que lo ampara, es decir, pérdida, hurto o robo. Además, se sanciona con las penas establecidas para los delitos de estafa a quienes hagan mal uso de dicho documento.
Finalmente, se establece la obligación de los jueces del crimen y de los fiscales del Ministerio Público, según corresponda, de hacer constar en el proceso criminal que se ha consultado a la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación sobre la pérdida de la cédula de identidad, siempre que se solicite una orden de detención por falta de comparecencia.
A continuación, sintetizaré los principales beneficios que otorga este nuevo procedimiento. En primer lugar, una de las principales ventajas del proyecto es que evita a la víctima de pérdida, robo o hurto de estos documentos que tenga que hacer una denuncia ante Carabineros de Chile, con el consiguiente gasto de tiempo que, todos sabemos, demanda esa instancia. Por el contrario, se establece un procedimiento muy expedito, gratuito, y mucho más efectivo que lo que hoy entrega el mercado.
En este mismo ámbito de reflexiones se evita, además, que funcionarios de Carabineros de Chile pierdan tiempo en consignar las constancias o denuncias de estos hechos. Evidentemente, esto va en directo beneficio de una empresa en la que todos estamos empeñados, cual es que Carabineros de Chile se aboque exclusivamente al combate de la delincuencia, liberando a la institución de este tipo de tareas administrativas.
Nuevamente, desde la óptica de hacer más eficiente nuestro sistema de persecución criminal, las normas del proyecto permitirán que los fiscales del Ministerio Público o los jueces del crimen, según corresponda, no reciban este tipo de denuncias que tienen sólo un destino: archivarse, por escasez de antecedentes o aplicación del principio de oportunidad, debido a la baja cuantía del delito. Dicho sea de paso, la inmensa mayoría de estas denuncias son efectuadas por los particulares para precaverse de los delitos que se puedan efectuar con sus documentos extraviados, hurtados o robados, pero sin la voluntad real de poner en marcha el aparato estatal para que se persiga al autor del robo o del hurto. Tanto es así, que la inmensa mayoría no concurre posteriormente a ratificar las denuncias a los tribunales de justicia.
He aquí otra bondad del proyecto: basta el comprobante de la orden de bloqueo para que se presuma que al titular de la cédula de identidad o pasaporte no le ha cabido ninguna responsabilidad en cualquier acto realizado con ellos después de dicha orden.
Por último, el juez del crimen o el juez de garantía deberá tener siempre en consideración como antecedente para dictar una orden de detención por falta de comparecencia, si la persona respecto de la cual se solicita esa orden efectuó el bloqueo y con qué fecha lo hizo. Esta obligación permitirá evitar, a juicio de los diputados de la Comisión de Economía, que muchas personas se vean en la desagradable situación de tener órdenes de detención en su contra sin siquiera haber participado o comparecido en alguna investigación criminal por algún delito cometido con sus documentos.
Para finalizar, quiero expresar, en forma muy especial, nuestros agradecimientos a los representantes del Ministerio de Justicia, por su buena voluntad en el perfeccionamiento de esta iniciativa, particularmente al profesor Mauricio Zelada , así como a los representantes del Servicio de Registro Civil e Identificación por su buena disposición en la construcción de un sistema que esperamos resuelva de verdad el problema de muchos chilenos.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , el proyecto de ley que hoy discutimos en esta Sala, en mi concepto, es realmente importante desde el punto de vista práctico. En efecto, son miles los chilenos que han sufrido la pérdida, robo o hurto de su cédula de identidad o pasaporte, debido a lo cual se han visto enfrentados a una serie de engorrosos y onerosos trámites para evitar que esos documentos sean mal utilizados y les provoquen perjuicios mayores desde el punto de vista económico e, incluso, judicial.
Por eso, el Parlamento debe aprobar esta iniciativa, porque así solucionaremos un problema de frecuente ocurrencia y que puede tener -eso es lo más grave- consecuencias insospechadas para los afectados. Asimismo, estaríamos entregando un procedimiento claro, expedito y, por sobre todo, seguro ante la eventual pérdida de los documentos mencionados.
Cabe hacer presente que la iniciativa en comento fue bien acogida tanto por el Ejecutivo como por los representantes del Servicio de Registro Civil, lo que demuestra que el problema que se trata de solucionar por la vía legal existe, es real y, por lo tanto, debemos legislar sobre la materia.
Por su parte, como era de esperar, los representantes de Dicom no comparten los criterios básicos de la iniciativa; pero, en lo sustancial, no cabe duda de que esa empresa no caerá en la insolvencia ni menos en la quiebra al restársele parte de su negocio.
Tal como se consigna en el informe, en la actualidad, si una persona extravía su cédula de identidad, debe concurrir a Carabineros a dejar constancia de ello, y en caso de robo o hurto, hacer la denuncia respectiva. En este segundo caso, debe concurrir al juzgado del crimen a ratificarla, lo que le significa perder toda una mañana siempre que la atiendan el día en que fue citada; luego, a Dicom para ordenar su bloqueo, trámite que cuesta actualmente 5.750 pesos y, finalmente, al Servicio de Registro Civil para la obtención del nuevo documento que hoy día cuesta 2.800 pesos, con el agregado de la pérdida de varias horas.
Si todos estos trámites administrativos y judiciales no son burocracia en su grado máximo, no sé cómo podría llamarse.
Lamentablemente, se han conocido muchos casos de personas que, a pesar de haber cumplido todos y cada uno de los pasos señalados precedentemente, igual han sido víctimas de delitos con consecuencias desastrosas desde el punto de vista patrimonial y personal, debiendo asumir deudas que nunca contrajeron. Como la actual legislación no es clara y, sobre todo, no entrega la siempre necesaria certeza jurídica, a los afectados sólo les asiste el deber de pagar; en su defecto, corren el riesgo de perder sus bienes e, incluso, de ser privados de la libertad por delitos que nunca cometieron. Estos casos que hemos visto en la vida real son realmente desastrosos, porque le pueden cambiar la vida a una persona o a su familia, por el uso criminal que terceros hacen de su cédula de identidad.
El procedimiento establecido en el proyecto asegurará a todas las personas afectadas que sólo con su concurrencia al Servicio de Registro Civil a expresar las circunstancias del extravío, robo o hurto de su carné o pasaporte, tendrán la posibilidad cierta de bloquear de manera definitiva o temporal esos documentos en forma rápida, expedita y mucho más económica y, sobre todo, dará certeza jurídica al establecer una presunción de inocencia que deberá ser desvirtuada.
Por otra parte, el proyecto obliga a los fiscales del Ministerio Público a consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación a informar al juez en los casos de órdenes de detención o arresto por falta de comparecencia y la causa de bloqueo del carné.
Éstas son iniciativas que van en beneficio directo de la gente y que, a mi juicio, deberíamos aprobar en forma rápida y unánime, pues solucionan los problemas del día a día. De esta forma, daremos una señal clara de que no sólo nos ocupamos de los grandes temas, sino que también estamos por hacer más fácil la vida de quienes nos eligieron. Es evidente que los proyectos que no concitan diferencias políticas deben ser despachados a la brevedad por el Parlamento. La gente así nos lo exige.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presiente , sólo para señalar, en nombre propio y en el de la bancada democratacristiana, que vamos a votar favorablemente este proyecto iniciado en moción, porque va en la misma línea de la iniciativa anterior, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, con el agregado señalado por el diputado Von Mühlenbrock , en cuanto a que no sólo busca defender a las personas por el daño patrimonial que puedan sufrir, sino también frente a la posibilidad de que sean privadas de libertad o de que deban responder penalmente en el caso de que se haya hecho uso malicioso de su cédula de identidad.
Quiero destacar dos cosas que también van en la línea de lo señalado por el diputado Von Mühlenbrock .
En primer lugar, la buena disposición de los miembros de la Comisión de Economía, que me honro en presidir, para tramitar esta moción, en paralelo con la moción anterior, sobre limitación de responsabilidad por uso de tarjetas de crédito extraviadas, hurtadas o robadas; la aprobación por unanimidad de la idea de legislar, y el trabajo conjunto de todos los miembros de la Comisión de Economía con los representantes del Ejecutivo. En segundo lugar, la caballerosidad del diputado señor Uriarte al reconocer el aporte del abogado señor Zelada , del Ministerio de Justicia, y de la directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes siempre estuvieron dispuestos a trabajar con la Comisión en la elaboración de una indicación sustitutiva, dado que no teníamos iniciativa para ello, pues implicaba modificar los procedimientos y atribuciones del Servicio de Registro Civil. Fue así como se presentó una indicación sustitutiva con las firmas correspondientes. Asimismo, nos entregaron información para que este proyecto, que tiene mucha importancia, desde el punto de vista de los bienes vinculados al patrimonio y de la libertad personal, pueda prosperar.
Por lo tanto, me sumo a la petición del diputado Von Mühlenbrock para que la Sala lo vote favorablemente, ojalá por unanimidad.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , es común que se legisle sobre tratados de libre comercio, leyes de presupuestos, reforma procesal penal, pero, cuando recorremos los distritos, muchas personas nos preguntan cuándo se legislará respecto de los problemas del día a día. El proyecto de ley en comento, que ojalá sea aprobado por unanimidad, responde precisamente a esa inquietud, pues protegerá a personas comunes y corrientes.
Particularmente, me siento orgulloso de él, por cuanto la mayoría de sus autores son diputados nuevos, entre los que me cuento. Hemos contribuido con un grano de arena.
Si alguien pierde su cédula de identidad, queda expuesto -como hemos visto en la prensa- a deudas de treinta o cuarenta millones de pesos. Muchas veces, es gente humilde. Por eso, el proyecto soluciona un problema real de las personas. Habrá un sistema práctico, efectivo y rápido para efectos de centralizar la información, de modo de evitar que la cédula de identidad extraviada o robada sea utilizada por inescrupulosos.
Por último, agradezco el patrocinio del Ejecutivo.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra palabra.
Cerrado el debate.
En votación, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que crea un procedimiento para eximir de responsabilidad en caso de extravío, hurto o robo de cédula nacional de identidad u otro documento de identificación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
SANCIONES POR MANEJO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. Modificación de la ley Nº 18.045 y del Código Penal. Primer trámite constitucional.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 60 de la ley Nº 18.045 y el título V del Código Penal.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 3292-07, sesión 19ª, en 17 de julio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 1ª, en 1º de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 16.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , el proyecto tuvo su origen en una moción de los diputados Eduardo Saffirio , Exequiel Silva , Patricio Walker y el que habla, y fue copatrocinado por la diputada Eliana Caraball y los diputados Gabriel Ascencio , Zarko Luksic , José Miguel Ortiz , Edgardo Riveros y Gonzalo Uriarte , y su objetivo es modificar el artículo 60 de la ley Nº 18.045, que regula el denominado mercado de valores y el título V del Código Penal.
Fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión y no hubo mayores indicaciones, salvo una presentada por sus patrocinantes, apoyada por todos, destinada a mejorar el texto original.
El artículo 60 de la ley Nº 18.045 castiga con penas de presidio menor, en cualquiera de sus grados, es decir, de 61 días hasta cinco años, a quien atente contra la transparencia del mercado de valores.
Dos figuras ocurren comúnmente. En particular, el hecho delictual más importante de los últimos tiempos, desde el punto de vista financiero, fue el denominado caso Inverlink. La asociación ilícita que allí se dio defraudó a agencias del Estado y a privados.
En consecuencia, los legisladores hemos recogido la experiencia cotidiana y estamos dispuestos a otorgar a la autoridad instrumentos que le permitan sancionar conductas inapropiadas.
Una de las disposiciones del artículo 60 de la ley Nº 18.045 establece sanciones para aquel que valiéndose de información privilegiada ejecute un acto, por sí o por intermedio de otras personas, con el objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, mediante cualquier tipo de operaciones o transacciones con valores de oferta pública. La otra señala que igual penalidad se aplicará al que revele información privilegiada, con el objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, en operaciones o transacciones con valores de oferta pública.
La oferta pública está presente en ambas figuras. Es decir, en la primera, si se altera la transparencia en el funcionamiento normal del mercado de valores, y en la segunda, si se utiliza información privilegiada.
Fue unánime que esas dos conductas requieren de una penalidad mayor -para autores, cómplices o encubridores-. Así, se sugiere, en primer término, modificar las letras g) y h) del artículo 60 de la ley Nº 18.045, sobre mercado de valores, para elevar el piso de la penalidad relativa al manejo indebido, por parte de un funcionario público, de información secreta o privilegiada, el que debería quedar en presidio menor en sus grados medio a máximo.
Por su parte, el artículo 246 del Código Penal sanciona el delito de violación de secretos por parte de un empleado público.
En determinadas ocasiones, los funcionarios públicos deben guardar secretos, porque, de lo contrario, alguien podría resultar beneficiado. Es el caso típico de la secretaria del presidente del Banco Central . Bien o mal, ella tenía acceso a un computador y negoció la información -la justicia determinará si lo hizo por dinero o por motivos sentimentales- con personas que constituyeron una asociación ilícita para actuar privilegiada e ilícitamente en el mercado y obtener beneficios ilegales.
Cuando esa conducta causa grave daño el Código Penal la sanciona hasta con veinte años de presidio, pero sólo en el caso del funcionario público. Por eso, ahora se pretende agregar un artículo 246 bis, que establece que las penas señaladas en el artículo anterior -referido al funcionario público- se impondrán al particular que solicite y obtenga de un empleado público alguno de los documentos, copia o comunicaciones a que se refiere su inciso primero. Es decir, aquellos que por su naturaleza son de carácter reservado y secreto.
Es lógico que el particular que solicita y obtiene ese beneficio ilegal de parte de un funcionario público que actúa ilegalmente, más allá de que exista dádiva o cohecho, que es otro tipo penal, tenga una sanción equivalente, y que en el caso de que cause grave daño público puede llegar a ser penalizado con presidio mayor en su grado mínimo, esto es, diez años.
Así se corrige un asunto que está ausente en nuestra legislación y mejora la situación frente a este tipo de delito.
Los legisladores tenemos que ser capaces de anticiparnos a los hechos legislando sobre actuaciones que hasta ahora eximen de responsabilidad a los delincuentes ante situaciones ilícitas.
Por su parte, la labor de los tribunales de justicia es aplicar la ley con rigor.
Este proyecto de ley surge como una de las medidas que la Comisión Investigadora del caso Corfo-Inverlink recogió como necesarias para mejorar nuestro estatuto legal frente a estos hechos. Así, estamos cumpliendo una de las cuestiones que de manera unánime aprobamos en la Cámara de Diputados.
Los tribunales de justicia están cumpliendo su labor. Hoy, en el diario “El Mercurio” se señala: que “La Corte de Apelaciones falló que los papeles que operaba la mesa de dinero de la estatal -es decir Corfo - sólo podían triangularse con corredoras bancarias”.
Esa información es muy importante, ya que es una victoria judicial el que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera la solicitud de procesar por infracción a la ley de valores, la misma que estamos modificando, a los ex agentes de las corredoras de bolsa del BBVA y del Scotiabank, Juan Pablo Prieto y Gino Tirapegui.
Así queda abierto el camino para que Corfo presente la próxima semana acciones precautorias en contra de ambas entidades bancarias, las que consistirían en embargos de, a lo menos, 30 mil millones de pesos de los que se defraudaron.
Este hecho es muy importante porque estamos, de alguna manera, recuperando el jarrón del que tanto se ironizó. Hay 30 mil millones de pesos que fueron mal recibidos por operadoras bancarias, porque ellas sabían que no podían recibirlos.
Aquí se da una situación señalada entre las conclusiones aprobadas unánimemente en la Comisión Investigadora: para que ocurrieran estos hechos se necesitó de personas tanto del sector público como privado. No hay corrupción sólo con personas del sector público, pues para que exista corrupción se requiere también de personas corruptas en el sector privado. Hay que luchar contra ambas, y este proyecto va en esa dirección.
Por eso, solicito su aprobación.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , los autores del proyecto recogieron lo que todo el país espera: elevar el nivel de algunas penas, porque el caso Corfo-Inverlink generó un escándalo por las pérdidas que significó para el Fisco, incluidas ciertas municipalidades pobres. Eso nos motivó muchísimo en el debate. La propia Comisión Investigadora recomendó que se hiciera una modificación a fin de elevar las penas para que no fueran irrisorias, porque con buena conducta o una reparación con celo del mal causado se podían rebajar. Una persona podía estar en prisión preventiva algunos días, salir libre de polvo y paja e, incluso, utilizar los bienes mal habidos en el extranjero, los que nunca más podían ser recuperados.
Entonces, el proyecto apunta en la dirección correcta. Se amplían las penas, como lo señaló el diputado Burgos en su informe. El artículo 246 bis del Código Penal se enriqueció con el debate, en el sentido de no confundir, con el artículo 15 del Código Penal, al que induzca al delito. En este caso, es considerado también un titular del ilícito penal y, por tanto, había que especificar claramente y cambiar el verbo rector -lo cual se hizo- “inducir” por la expresión “solicitar y obtener”, y también hacer el distingo entre el principio de ejecución, o sea, la tentativa, y el delito consumado.
Además, la iniciativa sanciona a terceros que, de cualquier modo, soliciten y obtengan información financiera privilegiada, con lo cual hacen pingües negocios y se enriquecen ilícitamente.
Por lo expuesto, la bancada del Partido por la Democracia va a aprobar el proyecto y, reitero, nos parece que hemos hecho un buen trabajo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , en general, hay una constante crítica hacia las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, la que se desmiente con este proyecto de ley, fruto concreto de las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora Corfo-Inverlink que, además, fue unánime en sus resultados. Aquí tenemos el primer producto, en cuanto a la responsabilidad y a las sugerencias que a esta Cámara le correspondían. Hay otras que se relacionan con medidas de carácter administrativo, de mejoramientos de gestión y de control.
Aparentemente, el proyecto es bastante simple. Su finalidad, por un lado, es desincentivar al empleado público en el sentido de que, como consecuencia de su cargo, pueda tentarse en utilizar la información que maneja para que él o algún privado se lucre u obtenga beneficios. Así ocurrió en el caso Corfo-Inverlink, en el cual, en definitiva, una de las procesadas, la señora Pamela Andrada , secretaria del presidente del Banco Central , fue la punta de la hebra que desató el proceso.
Hoy existen penas muy bajas que, a la larga, puede que la comisión de este delito sea “rentable”, porque los beneficios económicos pueden ser mucho mayores que las penas establecidas.
Por el proyecto se pretende revertir esa situación; pero, además, no sólo sancionar al funcionario público, sino también -como lo señalaron la diputada Laura Soto y el diputado informante - a quien incentive al funcionario público para que realice ese tipo de conducta. En consecuencia, estamos atacando los dos hilos de esta conducta ilícita: al funcionario público que la comete y a quien lo incentive a ello.
Como miembro de la Comisión Investigadora del caso Corfo-Inverlink, me siento muy satisfecho de haber presentado, junto con los diputados de mi bancada, señores Burgos y Mora, este proyecto de ley que, en definitiva, no es más que es la continuidad del trabajo de dicha Comisión, el cual nos permite valorar las tan vilipendiadas comisiones investigadoras por la opinión pública.
Como señaló el diputado Jorge Burgos , la investigación de esa Comisión ha dado frutos, no sólo por los antecedentes que pusimos a disposición de los tribunales, sino también por las medidas administrativas que tomó el Ejecutivo y, hoy, por el trabajo que nos corresponde como legisladores.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , simplemente daré tres opiniones acerca de esta moción.
En primer lugar, destacar lo que ya se ha señalado. Esta moción surgió de la experiencia práctica que arrojó la reprochable actuación de operadores privados del grupo Inverlink , quienes defraudaron a la Corfo en cien millones de dólares.
La Comisión Investigadora desarrolló un trabajo ejemplar, llegó a conclusiones unánimes y, como aquí se ha dicho, la tarea que realizó prestigia a esta Corporación. Pero de ahí surgieron lecciones que deben ser consideradas tanto por el Ejecutivo , en cuanto a la adopción de medidas administrativas y de las iniciativas exclusivas que correspondan, como por el Poder Legislativo, para que los parlamentarios, en el espacio que nos otorga la Constitución, propongamos mociones de este tipo.
Entonces, el mérito de la moción, que prestigia a la Cámara, es que en ella, diligentemente, se recogen conclusiones del informe recaído en la investigación de un hecho gravísimo.
En segundo lugar, hay una situación que ha sido insinuada, pero quiero expresarla con más fuerza, porque me preocupa, como diputado y ciudadano.
Muchas veces, frente a la falta de probidad o corrupción, para obtener algún dividendo político -si uno, con legítimo derecho, quiere ser benevolente-, tendemos a poner la mirada solamente en las fallas del sector público. Sin embargo, la corrupción en un país es siempre un problema de actores públicos y privados. Muy difícilmente se da una situación de corrupción sin que exista un funcionario público implicado, como
asimismo un agente privado que busque corromperlo.
Durante los dieciocho meses que llevo desempeñándome como diputado de la Novena Región , he visto tres situaciones que demuestran que estos casos deben ser mirados con ambos ojos; no con una mirada tuerta, buscando cargar las tintas solamente en la actuación de los funcionarios públicos, puesto que eso afecta a un gobierno o a la coalición de turno.
Corrupción en el Sence. Funcionarios públicos involucrados, encargados reos, expulsados de sus partidos. Pero la contraparte en este caso fueron agentes privados, quienes, a través de los organismos técnicos de capacitación, se coludieron para provocar un daño patrimonial al Estado.
Corrupción en el Fosis. Sumario en la Contraloría y, eventualmente, acciones judiciales -si corresponden y cuando correspondan-. Funcionarios destituidos. Pero también participaron agentes privados, quienes, mediante organizaciones de fachada o de empresas de la plaza, se prestaron para operaciones de este tipo.
Corrupción -por cifras mayores aún que en los dos casos anteriores- en Educación. Allí hubo funcionarios públicos que no fiscalizaron debidamente, que se prestaban para el uso o entrega maliciosa de subvenciones, pero también figuran agentes privados, sostenedores privados, empresarios privados de la educación, quienes en varias comunas estaban en este juego.
Entonces, por esta moción se pretende dar una señal y sancionar no sólo al funcionario público con penas adecuadas, sino también a quien pretenda enriquecerse mediante el uso de información privilegiada.
Con los diputados Bustos , Burgos y otros hemos presentado una moción para conformar la figura de fraude en las subvenciones, también en forma específica, con altas penas, de modo enfrentar el tema no sólo desde el ángulo de los funcionarios de la burocracia estatal, sino también desde el de los agentes privados que quieran lucrarse indebidamente por cualquier medio.
Celebro esta moción que apunta en la línea correcta de enfrentar un problema de país desde una perspectiva no partidista, no ideológica, no sectaria, sin sacar ventajas pequeñas, cual es dificultar la corrupción entre los agentes públicos y privados.
En tercer lugar, esta moción viene a llenar vacíos en una legislación penal que proviene del siglo XIX, muy anacrónica frente a los cambios sociales. Muchas veces se dice, sobre todo por parte de la gente pobre, que la legislación penal es muy drástica y dura ante quien hurta o roba ganado menor, y, sin embargo, muy abierta ante los delincuentes de cuello y corbata, quienes visten ternos italianos, fuman habanos y usan perfumes de alto precio. Por eso, a veces se descalifica el sistema jurídico en el sentido de que es clasista. Es verdad que existe clasismo en la sociedad, pero, sobre todo, una legislación inadecuada. En el Código Penal del siglo XIX, evidentemente, los valores y los bienes estaban vinculados con la sociedad rural. Ello explica la drasticidad de las penas para el hurto de ganado menor o mayor y sus agravantes. En los siglos XX y XXI, la riqueza adquirió una forma muy distinta. Hoy, el capitalismo es básicamente financiero. A través de computadores, los operadores mueven transacciones por miles de millones de dólares que, en algunos días u horas, superan, incluso, la producción material de bienes de todo el planeta. No obstante, la legislación es anacrónica y las sanciones, ridículas. Por eso, estos delincuentes de cuello y corbata, como consecuencia de una legislación penal atrasada que no contempla elementos jurídicos para disuadirlos, toman el riesgo de cometer ilícitos a sabiendas de que eso les va a reportar ganancias indebidas de millones de dólares y que arriesgan penas ridículas desde el punto de vista penal. Además, quedan proveídos para contratar buenas defensas jurídicas para conseguir la libertad y mueven capitales fuera del país. En consecuencia, cometer un ilícito resulta prácticamente gratis para quienes no tienen ética. Eso hemos estado comprobándolo en forma dramática en el país durante el último año.
La moción pone a tono la legislación penal, que requiere una urgente revisión para que responda a las situaciones concretas del siglo XXI y no a las del siglo XIX. Por eso, esta adecuación penal debe ser celebrada como un hito más en la necesaria construcción de un derecho penal que enfrente realmente la criminalidad, de modo de no cargar toda la fuerza de la justicia sobre la gente pobre, modesta, la cual es sancionada con penas muy altas que responden a la realidad de hace doscientos años, mientras que delincuentes de cuello y corbata que defraudan al Estado quedan libres de todo tipo de responsabilidad y, muchas veces, salen impunes de los procesos penales, porque los montos defraudados les permiten contratar buenas defensas jurídicas para dilatar sus procesos durante años, e, incluso, conseguir sentencias absolutorias.
Por eso, con mucho agrado, no sólo los diputados que presentamos esta moción, sino también toda la bancada de la Democracia Cristiana y la del Partido por la Democracia, vamos a apoyarla.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión por cinco minutos para llamar a votación.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Se reanuda la sesión.
Corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 60 de la ley Nº 18.045 y el Título V del Código Penal.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
Ha terminado el Orden del Día.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente , quisiera que se solicitara la venia de la Sala para postergar hasta el próximo martes el tratamiento del proyecto de acuerdo Nº 293. Tengo la firma, en tal sentido, de la gran mayoría de quienes me acompañaron en patrocinar este proyecto. El objeto es que puedan asistir ese día, a la Cámara, los pobladores de Peñalolén involucrados en la toma de un terreno.
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
Si los demás autores del proyecto de acuerdo también respaldan su petición de postergación, no habría inconveniente en ello, diputado señor Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Ese era el problema. Me faltaba solamente la autorización de tres diputados que no asistieron hoy. Pero ya me comuniqué con ellos y están de acuerdo.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Entonces, solicito la unanimidad de la Sala para postergar la consideración del proyecto de acuerdo mencionado.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , tengo la impresión de que hoy no alcanzaría a tratarse el proyecto de acuerdo Nº 293.
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
Sí, porque el proyecto de acuerdo Nº 291 ya fue visto, y el Nº 292, retirado. Por lo tanto, es probable que alcance el tiempo para conocer el Nº 293.
Solicito la unanimidad de la Sala para postergar el conocimiento del proyecto de acuerdo Nº 293 hasta el próximo martes.
Acordado.
ESTUDIO DE EVALUACIÓN PARA OPTAR POR CONCESIÓN HOSPITALARIA.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 290.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
De los señores Bayo, Palma, Galilea, don Pablo; Melero, señora Cristi, doña María Angélica; señor Ojeda, señora Pérez, doña Lily; señores Vilches, Saffirio, Forni y Álvarez.
“Considerando:
Que S.E. el Presidente de la República , al tener presente el éxito de la política de concesiones en las carreteras del país, dispuso que se estudiara la posibilidad de aplicar similares criterios en el sector salud. El sistema público hospitalario requiere de muy fuertes inversiones (seiscientos millones de dólares) en los próximos años, que cuadruplicarían la disponibilidad de financiamiento fiscal (ciento cincuenta millones de dólares) sólo en lo relacionado a infraestructura, a lo que se debe agregar el reconocimiento de las necesidades crecientes y no resueltas de la población en ese sector.
Que, acorde con lo anterior, el Ministerio de Hacienda llamó a una licitación para realizar un estudio sobre diferentes modalidades de concesión, factibles de aplicar en la infraestructura hospitalaria. El estudio consistía en evaluar económicamente el costo de la construcción, mantenimiento y rehabilitación de varios hospitales en un sistema concesionado ‘versus’ los resultados obtenidos con esos mismos recursos bajo el régimen actual, y la posibilidad de externalizar servicios que ya actualmente se entregan a terceros, como lo son el aseo, la lavandería, el estacionamiento y otros.
Que, lamentablemente, cuando una cantidad superior a veinte empresas habían comprado las bases destinadas a realizar este estudio, el proyecto ha sido retirado o, al menos, como lo ha señalado el ministro, postergado.
Que es indispensable retomar el estudio de concesiones con el objeto de explorar nuevos caminos que solucionen la falta de recursos en materia hospitalaria y, así, enfrentar los desafíos sanitarios que al país se le presentan.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a V.E. que se adopten las medidas tendientes a realizar los estudios de evaluación de concesión hospitalaria suspendidos, dirigidos al análisis de diferentes alternativas que permitan al Estado lograr las inversiones millonarias que hoy día se necesitan y, así, mejorar la gestión del sistema público prestador del servicio.”
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Bayo.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo tiene relación con una decisión adoptada por su Excelencia el Presidente de la República con el objeto de solucionar los problemas financieros que afectan al sector salud.
Para tal efecto, hace algunos meses se dispuso que el ministerio del sector llamara a licitación con el fin de analizar la posibilidad de estudiar la incorporación de recursos privados en el sector público.
Los datos que tenemos en nuestro poder nos permiten asegurar que sólo en lo relacionado con la infraestructura, el Ministerio de Salud, en los próximos cuatro años, requiere 600 millones de dólares aproximadamente, suma que cuadruplica la disponibilidad de financiamiento fiscal -asciende a 150 millones de dólares-, y a la cual se debe agregar la satisfacción de las necesidades crecientes y no resueltas de la población en ese sector.
El Presidente de la República , considerando lo exitosa que ha resultado la política de concesiones en el Ministerio de Obras Públicas, ordenó estudiar la posibilidad de aplicar similares criterios en el sector Salud. Acorde con ese planteamiento, el ministerio del ramo, junto con el Ministerio de Hacienda, llamaron a una licitación para realizar el estudio dispuesto por su Excelencia.
Cuando ya se habían vendido más de veinte bases, esta licitación, por razones que no es del caso analizar, fue retirada, o postergada, como lo señaló el ministro en su oportunidad.
Por eso, estando en conocimiento de los graves problemas que enfrenta el sector de salud, hemos estimado conveniente solicitar al Presidente de la República la adopción de las medidas tendientes a realizar -reitero- los estudios de evaluación de la concesión hospitalaria, suspendidos, dirigidos al análisis de diferentes alternativas.
De esa manera, el Estado podría contar con los recursos, de que hoy día no dispone, para mejorar la gestión de su sistema y dar satisfacción, especialmente, a las demandas de los más necesitados de nuestro país.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , la decisión del Ejecutivo de no llevar a cabo la licitación para efectuar un estudio es algo que habría que analizar, porque la idea de la realización del estudio no fue del Gobierno, toda vez que en el Presupuesto de la Nación de 2002 se estableció esa obligatoriedad para el Ministerio de Salud. Por lo tanto, es algo que está en la ley.
Me parece absurdo no analizar distintos modelos o alternativas respecto de si la proposición es conveniente o no, y que el Estado carezca de opinión acerca de qué aporta una eventual incorporación de capital privado, tanto para la construcción como para la operación, sin perjuicio de tomar en cuenta la experiencia de otros países, cuestión que se había planteado con anterioridad.
La conclusión de esos estudios puede decirnos qué es conveniente o inconveniente para el país. En verdad, resulta incomprensible que el Estado no tenga una opinión sobre esta materia.
Apoyo el proyecto de acuerdo, porque es importante tener una opinión sobre esto antes de que sea tarde. Hay inversionistas interesados en hacerlo; hay proyectos. Sé de un hospital, diseñado para La Florida, de un costo de 25 millones de dólares, de 290 camas y de mediana complejidad. Se debe ver lo positivo y lo negativo de ello, ver qué aporta y qué no aporta. En suma, se trata de tener opinión; eso es todo.
Por eso, me parece razonable pedir al Ejecutivo que culmine esta licitación y, así, tener el resultado de un estudio.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , el tema es bien de fondo, porque si fuera simplemente para incrementar el acervo de cultura general del país y tener una opinión informada sobre distintas materias, recomendaría a los colegas, para satisfacer su inquietud, recabar al Ministerio de Salud las informaciones y estudios existentes, en Chile y en el mundo, en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud, acerca de las concesiones a privados, sus implicancias y, sobre todo, los costos que ellas pueden acarrear en materia de atención de salud a los más pobres.
Hay estudios concretos sobre la materia y son exactamente iguales en Taiwán, en India, en China o en cualquier otra parte, porque las inversiones de los privados siempre cumplen el requisito de la rentabilidad de la inversión.
No existe -salvo que ésta fuera la situación- la actitud filantrópica de alguien que quisiera donar recursos, caso que está aceptado por la Constitución Política y las leyes. Todos los que deseen donar recursos al Estado para que éste construya hospitales con recursos gratuitos, serán siempre bienvenidos. Sin embargo, aquí se está hablando de una cosa enteramente distinta: realizar la licitación con recursos privados, los que no pueden sino someterse a la rigurosidad de cualquier inversión privada, es decir, a la rentabilidad del mercado. Entonces, se trata de determinar si esa inversión es conveniente en el sector salud.
La experiencia mundial despejó el tema. En los países de Europa, sin excepción, y en varios de América Latina, todas las inversiones en salud pública son estrictamente estatales, porque no es posible asegurar, como ocurre, por ejemplo, con las inversiones o concesiones en obras públicas, que los usuarios paguen el costo del servicio con el peaje. Aquí se trata de entregar un servicio gratuito, al menos, a dos tercios de la población, que es indigente en materia de salud. Es decir, al menos dos tercios de los chilenos carecen de recursos para costearse una intervención quirúrgica simple y mucho menos una compleja.
Por eso digo que aquí hay un caballo de Troya, pues quienes desean que se realicen esos estudios, en el fondo quieren decir: “Permítanos inversiones privadas en salud”, “privaticemos algunos hospitales”, para terminar privatizando la totalidad de los establecimientos hospitalarios.
Esta discusión no empezó en Chile porque se le haya ocurrido a fulano o a zutano. La Florida es una comuna tan importante como Punta Arenas, Talca o Arica. Si un empresario invierte en cualquiera de ellas, querrá obtener una rentabilidad de mercado como contraprestación de su inversión, y, para que ello ocurra, los usuarios deberán pagar el precio de mercado de cada prestación o servicio que reciban. Es lo que ocurre con el ejemplo que se ha colocado de las obras públicas, ya que quienes transitamos por cualquiera de las carreteras debemos pagar peaje. No obstante, eso es razonable en ese caso, porque no es obligatorio usar la carretera para vivir; pero sí lo es tener que operarse de apendicitis, de vesícula o de alguna enfermedad coronaria. ¡Eso no puede quedar condicionado a la capacidad de pagar el servicio!
Por lo tanto, en sociedades modernas, inteligentes y sensibles se ha determinado, independientemente de si tienen economía de mercado o no, que la medicina sea gratuita para los dos tercios de la población que carece de ingresos suficientes para solventar el gasto; pero esas inversiones debe hacerlas el Estado.
No me estoy oponiendo a que se realicen los estudios que se estimen necesarios, sino a que se pretenda pasar gato por liebre; es decir, pasar de contrabando la idea de privatización, parcial o total, de los hospitales del país.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
RECURSOS PARA LA MANTENCIÓN DE LOS MONUMENTOS ERIGIDOS EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 294, de los señores Accorsi, Tuma, Palma, de la señora Soto, doña Laura; de los señores Galilea, don José Antonio; Salaberry, Navarro y Girardi.
“Considerando:
1º Que ad portas de la conmemoración de los treinta años de la interrupción del régimen democrático, Chile transita, o al menos pretende hacerlo, por la difícil senda de la reconciliación. Conocido es por los distintos y diversos actores de la vida política nacional, lo complejo que ha sido lograr acuerdos que nos permitan, como país, superar el tremendo abismo que por décadas nos separó. Hoy, con optimismo vemos cómo, paulatinamente, y gracias al esfuerzo, valentía y coraje de hombres que ocuparon sitios otrora antagónicos, ha sido posible construir las bases de un país que, fraternalmente unido, será capaz de enfrentar los desafíos que nos depara el siglo XXI.
2º Que, dentro de los esfuerzos, y más que ello, dentro de los acuerdos alcanzados, reviste especial importancia lo que se ha dado en denominar “el rescate de la memoria histórica”. Y es que la memoria, para los pueblos, no es otra cosa que la historia de su vida, y así como el hombre aprende de sus errores, los pueblos han de aprender de los suyos, y como una forma de mantener viva esa memoria y no repetir experiencias tan nefastas como aquellas por las que ha debido transitar nuestro país, es que se han erigido los llamados memoriales, en reconocimiento al martirologio de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
3º Que los memoriales, como se viene exponiendo, son la forma de expresión memoria de nuestro país, son parte, no cabe duda, de nuestro lenguaje, y son una forma de expresión. Estas obras, que por cierto han importado ya empleo de recursos económicos, al día de hoy, y por falta de mantención, se encuentran en situación de virtual abandono, por no haberse realizado obras de mantención mínimas, atendida la importancia y simbolismo de los mismos.
4º Que, por la importancia y especial trascendencia que, para las futuras generaciones, y también para las presentes, implica la mantención de los memoriales, los diputados que suscriben vienen en proponer a esta honorable Cámara el siguiente
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda enviar un oficio a su Excelencia el Presidente de la República , don Ricardo Lagos Escobar, con el fin de que se destinen recursos para la mantención de los monumentos erigidos en memoria de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, mediante partidas presupuestarias permanentes en la ley de Presupuestos o a través de reasignaciones administrativas idóneas para los fines propuestos”.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Tiene la palabra el diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , no sólo los monumentos relativos a los derechos humanos, sino también los de personalidades de nuestra historia, deben ser reparados y mantenidos en forma permanente por los respectivos municipios.
Por lo tanto, me parece que este proyecto de acuerdo, de alguna manera, desligará a las municipalidades de una responsabilidad que les es propia. No me parece conveniente que, cada vez que un municipio no cumpla con sus obligaciones, debamos enviar oficios al Presidente de la República para lograr que sí lo hagan.
Por lo tanto, habría que pedir que el Ministerio del Interior instruyera a los intendentes en el sentido de que éstos se preocupen de que los alcaldes cumplan con sus obligaciones y mantengan los monumentos.
He dicho.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
Nuevamente no hay quórum.
Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Se reanuda la sesión.
En votación.
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo Nº 294 queda pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES PARA LA ESTACIÓN DE VICTORIA Y FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE TREN DE ACERCAMIENTO PARA EL TRAMO VICTORIA-TEMUCO. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , la Empresa de Ferrocarriles del Estado se encuentra desarrollando un ambicioso y necesario programa de inversiones, especialmente en la zona centro sur del país, con el objeto de poner nuevamente en funcionamiento nuestros queridos y nostálgicos trenes, esta vez con equipos modernos, con la vía férrea restaurada y con los estándares de seguridad y de calidad del más alto nivel internacional, aspectos que, por cierto, nos alegran y respaldamos.
Estas inversiones, en un plan trienal, sobrepasarán los 600 millones de dólares, con una modalidad que permitirá inyectar capital privado e, incluso, endeudarse a la empresa.
Destacan los esfuerzos realizados durante el presente año para dejar operativo un tren de alta calidad y de buen estándar que una Santiago y Temuco en poco más de ocho horas.
Los recursos que se invierten en rehabilitación de vía férrea, electrificación y señalización son cuantiosos y muy necesarios. Destacan, por ejemplo, las obras de remodelación de la estación de Temuco.
Sin embargo, deseo expresar la enorme preocupación de la comuna de Victoria, porque, hasta la fecha, no se tiene conocimiento de si su estación, que se encuentra a 60 kilómetros de Temuco y tiene una importancia histórica y estratégica para la empresa, será considerada como corresponde.
Por lo anterior, pido oficiar al presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, don Luis Ajenjo, a fin de que nos informe si la empresa contempla algún tipo de inversión para la estación de Victoria, con el objeto de mejorar sus viejas instalaciones.
Asimismo, quiero que se me informe respecto del compromiso contraído por el anterior directorio de la Empresa de Ferrocarriles para llevar a cabo un estudio de factibilidad para establecer, en el tramo Victoria-Temuco, un tren de cercanía, similar a los existentes en Europa, de acuerdo con el modelo inspirador para la modernización de los trenes que se están instalando en el sur.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
ENCUESTAS SOBRE DESEMPLEO EN COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , hace algunos meses hice notar la falta de encuestas que permitieran demostrar los altos índices de desocupación existentes en la Décima Región, especialmente en las comunas de Panguipulli, Río Bueno, La Unión, Los Lagos y Paillaco , que en dichos lugares es enorme. El Gobierno, mediante programas, ha hecho algunos esfuerzos -pero no los suficientes- para paliarla. En esa zona se explotó una gran mina de carbón vegetal hace un par de años, que daba trabajo a más de mil mineros y a personal administrativo. Su cierre ocasionó un trauma tremendo. Además, el término de actividades de la industria Biomaster, dependiente de Iansa, que fue vendida al consorcio Ebro, de España, agravó aún más la situación.
Solicito que se oficie al ministro del Interior para que en esas ciudades se realicen encuestas sobre desocupación, de manera de elaborar programas especiales para ayudar a quienes no tengan trabajo. Se trata de hacer más digno el pasar de esas familias que están sufriendo la cesantía.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los Comités de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia y de Renovación Nacional.
COBRO ANTICIPADO DEL AUMENTO DEL IVA EN CUENTAS DE SERVICIOS BÁSICOS. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , ayer tuve muy poco tiempo para intervenir respecto de un tema tan relevante e importante como el que quiero exponer a continuación.
Todos sabemos que, en nuestro país, los impuestos se aplican y se cobran según la ley.
Me ha llamado enormemente la atención la circular Nº 47 que, con fecha 12 de septiembre de 2003, ha despachado el director del Servicio de Impuestos Internos.
La letra h) de dicha circular dice lo siguiente: ...en las facturas, para efectuar el pago correspondiente al mes de octubre de 2003, deberán considerar la nueva tasa del 19 por ciento, aun cuando sean emitidas con anterioridad a dicho mes”.
¿Qué significa esto? Que el aumento del IVA, que empezó a regir el 1 de octubre, se adelantó en un mes por una simple circular del director del Servicio de Impuestos Internos .
Por muy director del Servicio de Impuestos Internos que sea, dicho funcionario no está facultado para vulnerar la ley; y, lo que es peor, mediante una circular que nadie puede controlar. Si hubiese sido a través de un decreto, habríamos pedido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional; pero no podemos hacer lo mismo respecto de una circular.
Lo grave del caso es que en la circular se dice que en el caso de las cuentas, por concepto de gas, de combustible, de agua potable, de teléfono y de electricidad, debe aumentárseles el IVA a 19 por ciento un mes antes de lo que establece la ley.
Éste es el IVA que favorece a los pobres de nuestra patria; o sea, los diez mil pesos que el Gobierno va a adelantar cuando empiece a regir el IVA, lo están pagando los mismos pobres con el adelanto en un mes de dicho cobro. ¡En qué país vivimos!
Por mucho poder fiscalizador que tenga el director del Servicio de Impuestos Internos, no está facultado para aplicar el alza del IVA antes del 1 de octubre. Es absolutamente ilegal.
Además de denunciar lo ocurrido, ¿qué podemos hacer? Ya hay abogados estudiando qué se debe hacer.
Sería interesante que el ministro de Hacienda tomara conocimiento de estos hechos, de manera que el director de Impuestos Internos nos explicara quién lo autorizó para emitir la circular antes citada y en qué circunstancias se le ocurrió permitir el aumento del IVA para las cuentas de gas, electricidad, agua potable y teléfono un mes antes de la fecha estipulada por ley.
¿Qué pasa?
Estoy realmente preocupado por este tema, que afecta a más de tres millones de personas que deben seguir pagando más impuestos.
Perdónenme, pero esto demuestra una vez más que teníamos razón cuando sostuvimos que el impuesto más perverso que se puede aplicar a la ciudadanía es el IVA, porque lo pagan los más pobres. No me vengan a decir que es apenas un uno por ciento, nada más.
Lo trágico es que si no decimos nada sobre esto, estaremos aceptando que el Congreso Nacional no tiene razón de existir; que cuando al Gobierno no le convenga algo, perfectamente podrá legislar mediante la vía de resoluciones, de decretos o de circulares.
Bypasear al Congreso es grave, sobre todo en algo tan serio como el aumento de los impuestos, que, según la Constitución establece en forma expresa, deben ser cobrados por ley. Además, debe considerarse que ésta no puede estar por sobre la Carta Fundamental. Y por muy macanudo que sea un personaje, de cualquier índole - diputado , senador, director de un servicio, o el propio Presidente de la República -, no pueden estar por sobre la ley.
Por lo tanto, el director del Servicio de Impuestos Internos ha violado abiertamente la ley al enviar la circular Nº 47, y al adelantar, sin consultar a nadie, en un mes el pago del IVA.
Todos sabemos que el IVA de las facturas que se emiten en el mes de septiembre, se paga en los primeros doce días del mes de octubre. Y puede haber una factura que se adelante del 25 de agosto al 26 de septiembre, cuyo impuesto se pagará en los primeros días de octubre, lo que no significa otorgar facultades a dicho caballero para subir el IVA un mes antes. En consecuencia, el IVA que empieza a regir el 1º de octubre debe ser pagado en los primeros doce días del mes de noviembre.
Por eso, pido que se envíen, en forma urgente, los oficios al ministro de Hacienda , al director de Impuestos Internos y a la Comisión Nacional de Energía, a fin de que nos digan qué se puede hacer.
He dicho.
El señor SILVA ( Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las bancadas de la UDI, de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana y del Partido Radical.
EXPROPIACIÓN DE AGUAS DE CANALES DE RIEGO DE LA REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
El señor SILVA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Palma.
El señor PALMA .-
Señor Presidente , en reunión extraordinaria, la junta de vigilancia del río Maule, en presencia de director regional de Aguas y del director de Obras Hidráulicas , acordó, por votación simple, expropiar hasta un tercio de los derechos sobre las aguas de los canales de riego del Maule sur, Romero , Guiones , Cunaco, Melozal , Gatica , San Pablo y Cerda . Ello consta en el acta de esa reunión, que está en mi poder y que adjunto a esta intervención.
Esta es una acción sin precedentes, que constituye un verdadero asalto a la propiedad privada de cientos de agricultores y campesinos, en su gran mayoría pequeños y medianos, que, con gran dificultad, lograron inscribir sus derechos de aguas de riego. La junta de vigilancia del río Maule no tiene atribuciones legales para promover expropiaciones o acciones sobre aguas legalmente inscritas en los registros del conservador de bienes raíces y refrendadas por estudios de la misma Dirección General de Aguas.
El director regional de Aguas y el director de Obras Hidráulicas del Maule , con su asistencia a estas reuniones, no pueden transformarse en ministros de fe o en promotores de actos que rayan en lo delictual, como pretender disminuir en más de un 30 por ciento las acciones de algunos canales tan antiguos como Romero, Gatica , Melozal , San Pablo , Guiones y Cunaco, que se construyeron hace más de un siglo.
Además, no se toca a la gran mayoría de los canales. Parece una extraña casualidad que sólo estos seis sean los expropiados. Se afecta sólo los manejados por la Asociación de Regantes Particulares del Maule, Asorpam , y no aquellos controlados por la Asociación Maule Sur, que manejan los mismos señores de la mencionada junta de vigilancia.
La Dirección General de Aguas, DGA, ha refrendado las inscripciones de los derechos de aguas sobre estos canales, y ha sido testigo y aval técnico de programas promovidos por el propio Presidente de la República, y ahora desconoce lo que ellos mismos antes firmaron.
No pueden funcionarios de gobierno, como el director regional de Aguas y el de Obras Hidráulicas de la Región del Maule , quienes llevan más de diez años en los cargos y han participado directamente en la normalización de las mismas aguas, hacerse ahora cómplices de procedimientos que, saben, son viciados, irregulares, improcedentes e ilegales. Hay otros caminos, más normales y honestos, y legales para solucionar los problemas de agua sin dañar a nadie y menos a los más débiles.
Autoridades y funcionarios de gobierno, como el director regional de Aguas , no pueden actuar de esta manera.
La junta de vigilancia sabe bien que el Código de Aguas no permite este procedimiento. Hoy no vivimos ninguna situación especial, caso en el cual sí se puede llamar a una reunión extraordinaria para redistribuir tasas de riego. Y si se puede hacer en casos exclusivos, es sólo por períodos transitorios y sin alterar la propiedad de las acciones de agua, por cuanto éstas constituyen un bien raíz.
Tampoco es eficaz la asamblea extraordinaria de la junta de vigilancia del río Maule para rebajar, expropiando derechos de aguas sobre los canales asociados, por simple votación. La pérdida de la propiedad puede ocurrir sólo por acuerdo de las partes o por resolución judicial.
Estos señores de la junta de vigilancia del río Maule están pasando a llevar la Constitución Política de la República, que resguarda el derecho de propiedad, y no están respetando el Código de Aguas ni tampoco el Código Civil.
Esta es una situación muy delicada y de graves consecuencias para la institucionalidad de la República, y, lo que es más grave, avalada por funcionarios de gobierno, como son los directores regionales de Aguas y de Obras Hidráulicas de la Región del Maule. Por ello he interpuesto, junto con el diputado Álvarez-Salamanca , una querella en el tribunal respectivo de San Javier, provincia de Linares, por usurpación de derechos de agua y turbación de posesión en contra de los que resulten responsables.
Por lo tanto, solicito que se envíe esta intervención al contralor general de República y al ministro de Obras Publicas, Transportes y Telecomunicaciones , a fin de conocer su opinión sobre la legalidad de estos procedimientos, como, asimismo, respecto de la intervención del director Regional de Aguas y del director de Obras Hidráulicas de la Región del Maule , quienes crearon una situación muy seria y difícil y fueron avales de esta torcida manera de proceder.
Por eso, pediré sus renuncias y la remoción de sus cargos por sobrepasar las leyes y por caer en actos ilegales y promoverlos. Estamos en un Estado de Derecho y nadie puede pasar a llevar las leyes, menos aun funcionarios de Gobierno.
Seré inflexible en desenmascarar a todos los responsables; los denunciaré y pediré las sanciones más severas en contra de los culpables de pasar a llevar la Constitución y de perjudicar a miles de campesinos y agricultores honestos que han logrado normalizar e inscribir sus aguas con grandes sacrificios.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión del diputado señor Enrique Jaramillo .
INFORMACIÓN GEOLÓGICA SOBRE PIRQUENES DE COMUNA DE CORONEL. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , como es de conocimiento público, en la comuna de Coronel, Octava Región, se han alcanzado los índices de cesantía más altos del país: 13,6 por ciento. Asimismo, de manera estacional, se suma Chillán.
Sin embargo, lo que agrava aún más esta cesantía es la situación precaria en que quedaron aproximadamente 180 trabajadores y más de 500 ó 600 personas que dependen económicamente de estos pirquineros del carbón, agrupados en, a lo menos, siete pirquenes del sector cercano al borde costero de Coronel . Pirquén El Refugio y otros más han debido ser clausurados, mediante resolución de Sernageomin, dada su condición de precariedad y de inseguridad.
A los pirquineros del carbón que aún subsisten en Lota, Curanilahue, Lebu , y particularmente a los de Coronel, se les ha puesto entre la espada y la pared: o no comen o trabajan arriesgando la vida. Dos de ellos fallecieron -los enterramos el 21 de septiembre en el cementerio de Lota-, producto de un bolsón de agua, que es la principal amenaza que hoy deben vivir. Se trata de la acumulación de miles de toneladas de agua en bolsones geológicos que están al interior de la mina, y que, al romperse por la excavación y desarrollo de los frentes, pueden matar a los pirquineros.
Por lo tanto, en mi opinión y en la del alcalde de Coronel , don René Carvajal , es deber que el Estado subsidie una faena rentable, porque el carbón se vende bien. Pero no es sustentable la explotación privada, por cuanto no resulta económica.
Hoy, el Código de Minería y la Constitución Política impiden al Estado invertir en esta materia. Sabemos que la actividad minera es esencialmente privada. Sin embargo, el problema de la cesantía en Coronel obliga a revisar esta situación.
Personalmente, no estoy dispuesto a que estos pirquenes se reabran en las condicio
nes de inseguridad actual. Es un crimen permitir que los trabajadores, en la desesperación de llevar el alimento a sus familias, bajen a las minas donde la posibilidad de que ocurra un accidente es día a día, hora a hora y minuto a minuto.
Los pirquenes han atravesado, bajo tierra, las canchas de acopio de Cabo Froward, de propiedad de un concesionario minero. Incluso, han ido más allá de las calles pavimentadas, cerca del borde costero de Coronel, por lo cual se está produciendo un riesgo a otras fuentes laborales. Sin embargo, la decisión de cerrar los pirquenes debe ser evaluada entre el municipio y los afectados. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: si no trabajan allí, ¿adónde lo harán? Afortunadamente, los planes de empleo en Coronel se han mantenido hasta ahora, y creo que deben ser aumentados.
Por las razones expuestas, pido que se oficie a Sernageomín, a fin de que dé cuenta acerca del informe geológico minero de evaluación de los pirquenes de Coronel, así como respecto de su viabilidad, sobre la fundamentación de la resolución de cierre de los mismos y una opinión en cuanto a aquellos pirquenes, particularmente en la época del año en que puedan ser explotados. Los pirquineros se tomaron momentáneamente los pirquenes, de manera simbólica, porque no están funcionando.
La angustia crece en Coronel. Estamos dispuestos a cooperar. El intendente Jaime Tohá y, en general, el gobierno regional están preocupados de este asunto. El lunes nos reunimos largamente para analizar la situación. Sin embargo, el problema es complejo. Se trata de una actividad privada, peligrosa, altamente insegura; pero tenemos que buscar una solución.
Como ha dicho el Sernageomín, el manto 5 es explotable y rentable económicamente, pero se deben generar condiciones de seguridad para permitir su explotación durante algunos meses. Jamás podría hacerse en invierno, dado el grado de peligrosidad que existe en esa época. En el último año han muerto cuatro pirquineros. Recordemos que los mártires del carbón suman decenas y decenas. Ellos no bajan porque quieran, sino por necesidad. En Coronel no hay más trabajo, y si les cerramos los pirquenes, ¿qué sucederá? Trabajarán en los patios de sus casas -como ocurrió en la Colonia-, lo que puede acarrear su destrucción, porque éstas ceden una vez que se ha trabajado debajo de ellas.
Pido oficiar al director nacional del Sernageomín y al ministro del Trabajo para que informen sobre los programas de empleo para Coronel, y a la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para pedir la mantención de los cupos de empleos en la comuna de Coronel.
Del mismo modo, en las comunas de Penco y Tomé se han producido movilizaciones, en mi opinión legítimas, de los trabajadores de los programas pro empleo y de los Programas de Mejoramiento Urbano, PMU, que lleva la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por cuanto se han rebajado los cupos. No se debe hacer distingo entre los habitantes de Coronel y de Lota, por un lado, y de Penco y de Tomé, por otro, porque todos tienen necesidad de comer. Quiero advertir -tal como lo han informado los trabajadores de las comunas probablemente afectadas- que si esos cupos sólo disminuyen en Penco y en Tomé, y se mantienen en Coronel y en Lota, los trabajadores afectados se movilizarán. Entiendo la situación de las autoridades, pero exijo a mi Gobierno mantención de las inversiones mientras no baje la cesantía. Ése fue el compromiso.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DEFENSA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUERELLADOS POR METALPAR. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , a continuación quiero referirme a un hecho insólito.
En la Cámara de Diputados y en el país siempre ocurren cosas raras; pero esta vez lo inaudito dice relación con Metalpar. Esta empresa, a la cual hemos acusado fundadamente y en reiteradas ocasiones por los ilícitos que ha cometido, dedujo querella en contra del contralor y del fiscal de la Contraloría Regional de Valparaíso por el delito de prevaricación, a propósito de un informe, el Nº 124, que evacuó dicho organismo fiscalizador, en el cual determina claramente lo que hemos afirmado siempre: que Metalpar utiliza métodos fraudulentos e ilícitos, tal como lo ha establecido el propio Consejo de Defensa del Estado, que ha pedido el procesamiento de sus ejecutivos, y tal como también lo ha hecho Aduanas de Chile, que ha presentado diversas querellas en los tribunales por fraude tributario, procesos que siguen detenidos.
Lo novedoso de esta situación es que una investigación de un órgano de fiscalización, la Contraloría Regional de Valparaíso, ha dado motivo para que tanto su fiscal como su contralor sean llevados a la justicia. ¡Esto es un escándalo! ¡Metalpar utiliza métodos ilícitos para amedrentar a esos funcionarios!
Las irregularidades que constató la Contraloría Regional de Valparaíso están claramente especificadas, fundadas en documentos que las respaldan. Si aceptamos que las empresas investigadas puedan proceder en contra de los fiscalizadores por informes oficiales emanados del máximo organismo contralor, la Contraloría General de la República, estamos en un grave problema. Esto no se había dado nunca: ¡El ladrón detrás del juez!
Otra materia que llama a escándalo, y que debe resolver la Cámara, se refiere a un verdadero cuento del comprahuevos. Han pasado seis meses desde que aprobamos la constitución de una Comisión investigadora de la materia, y prácticamente nada se ha avanzado. En manos de la señora Presidenta de la Cámara de Diputados está el informe.
La Sala autorizó a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo para que investigara lo ocurrido en Aduanas, el fraude tributario, el tema del crédito fiscal, etcétera; después la materia fue derivada a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde estuvo durante un mes; de esta Comisión la devolvieron a la Sala, que, a su vez, la envió a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Ésta la mandó nuevamente a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, la cual la ha devuelto a la Sala. ¡Seis meses sin investigar nada! Esto llama a reflexión.
La Cámara de Diputados acordó efectuar una investigación, han transcurrido seis meses, el encargo ha pasado dos veces por diferentes comisiones y, salvo lo que ha hecho el diputado Patricio Hales , con una cierta voluntad en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, al parecer no hay ánimo de investigar a Metalpar. O sea, Metalpar tiene padrinos. Acordamos efectuar la investigación, pero después, sistemáticamente, se hace todo lo posible por evitarla.
Metalpar presenta una querella contra el contralor regional y lleva a los tribunales al tesorero general de la República, a quien acusa de conspiración, de contubernio. Es decir, Metalpar es intocable. Tiene un directorio compuesto por gente de la UDI, de la Concertación y economistas. Es decir, esta empresa tiene una guardia pretoriana que la protege.
¡Basta de la protección política que se le da a Metalpar! Esta Corporación debe investigar y salir en defensa de los funcionarios públicos que resguardan el interés fiscal y el dinero de todos los chilenos. Por lo tanto, solicito que se envíe copia de mi intervención al contralor y al fiscal de la Contraloría Regional de Valparaíso, a fin de solidarizar con ellos, que se encuentran afectados por este abuso judicial que se suma al que comete todos los días esa empresa al rematar buses o casas de miles y miles de pequeños empresarios del transporte.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Ojeda .
INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN LA EMBAJADA DE CHILE EN CUBA. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , recientemente hemos celebrado nuestras Fiestas Patrias. Es costumbre que en todo el mundo nuestras distintas embajadas efectúen celebraciones para el 18 y el 19 de septiembre. Así ocurrió en nuestra embajada en Cuba. Hubo una celebración para conmemorar un año más de la independencia de Chile. Sin embargo, en ese país sucede algo habitual: muchas de las embajadas de los países democráticos, al momento de celebrar sus fiestas patrias, invitan a gente de la disidencia, a defensores de los derechos humanos y a grupos que están intentando que se acabe la dictadura de Fidel Castro. Claro está que, al parecer, hay una clara diferencia entre lo que hacen las embajadas de las demás naciones y lo que hace la de nuestro país, pues a la celebración del 18 y el 19 septiembre no se habría invitado a estas organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la democracia, y contrarias a la dictadura de Cuba. Por esta razón, solicito que se envíe un oficio a la ministra de Relaciones Exteriores para que informe qué organizaciones de derechos humanos y qué personas vinculadas a la disidencia cubana fueron invitadas a la ceremonia que se efectuó en nuestra embajada, en Cuba, los días 18 y el 19 de septiembre.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECHAZO A SANCIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE CHILOÉ. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , en esta ocasión quiero hacer presente la situación que afecta a tres distinguidos y connotados profesionales de la salud de la ciudad de Castro: a la doctora Jacqueline Sánchez y a los doctores Omar Véjar y Luis Ferrada , quienes se han caracterizado en nuestra zona por dar a conocer, permanentemente, las deficiencias y dificultades para brindar una oportuna y adecuada atención a los pacientes en la isla grande de Chiloé.
Ellos han sido fundamentales en impulsar campañas para que Chiloé tenga un hospital de categoría, que permita tratar los problemas de salud en la isla y evitar las derivaciones a otros centros asistenciales de la región o del país. Su preocupación y dedicación los han llevado, en diversas oportunidades, a realizar un sinnúmero de gestiones tendientes a mejorar la calidad de la atención de salud en la isla grande de Chiloé.
Hace algunos días fueron entrevistados por el Canal 13, que, recogiendo las inquietudes de estos profesionales y de la comunidad de Chiloé, realizó un reportaje respecto de las debilidades, de los problemas y de las dificultades para una correcta y oportuna atención de salud en la ciudad de Castro. Pero lo insólito, lo curioso, lo ininteligible es que el servicio de salud Llanchipal haya sancionado a estos tres profesionales por dar a conocer a la opinión pública las carencias que existen en esta materia en nuestra provincia isla.
Decir la verdad no puede ser objeto de castigo, por el contrario, debe ser objeto de reconocimiento. Decir la verdad siempre es signo de nobleza, de dignidad y de valentía. A mi juicio, sancionar a estos tres profesionales por dar a conocer la verdad, la cruda realidad que viven los pacientes de la isla de Chiloé, no es sino el fruto de la frustración del propio servicio de salud Llanchipal por no poder cumplir con lo que se prometió para Chiloé.
La promesa incumplida de un servicio de salud autónomo para con Chiloé no es responsabilidad de los médicos; la promesa incumplida de un hospital tipo dos, con una infraestructura adecuada, no es responsabilidad de los médicos; la falta de medicamentos y de especialistas no es responsabilidad de los médicos, sino del Ministerio, que no ha podido, no ha sabido o no ha querido atender la demanda de salud de la provincia de Chiloé. Estos profesionales se han esforzado y han luchado por una mejor atención para los pacientes; sin embargo, dar a conocer la verdad a nivel nacional sobre lo que ocurre en Chiloé, en vez de ser objeto de reconocimiento, es causa de sanción.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Salud, a fin de que explique por qué se sanciona a profesionales de la salud que lo único que han hecho es cumplir con su misión social de dar a conocer los pro
blemas de la salud de nuestra provincia, a fin de buscar una solución.
Reitero, decir la verdad no debe ser motivo de castigo, pues constituye muestra de nobleza, de dignidad y de mucha valentía.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
-La Mesa saluda a la delegación de pastores integrantes del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana (Cuprem) la Unidad Pastoral de San Bernardo, invitados por el diputado señor Edgardo Riveros.
INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CULTURA. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , en los últimos días presenciamos, una vez más, la voltereta comunicacional a que nos tiene acostumbrados el Gobierno de la Concertación. Originalmente, se difundió profusamente la celebración del triunfo del “No” del 5 de octubre de 1988. Pero, al darse cuenta del error cometido, el Gobierno hizo algo distinto de lo que ya se había anunciado. Queremos no sólo destacar su cambio de actitud, sino también denunciar, otra vez, que usando la plata de todos los chilenos, se cite a un acto partidista. Pomposamente se le ha dado el nombre de “Día de la Cultura”, pero no sabemos de dónde provienen los fondos para su financiamiento y por qué existe un centralismo tan grande en su organización. El año pasado, pedí que se oficiara a la ministra de Educación , a fin de que in
formara sobre el origen de los fondos para financiar el acto del “Día de la Cultura”. La entonces ministra, señora Mariana Aylwin , manifestó que el ministerio de Educación no había aportado recursos para su financiamiento, y que tampoco tenía competencia respecto de su organización. Posteriormente, hemos visto al ministro Secretario General de Gobierno decir que es un acto para celebrar el “Día de la cultura”.
No sé cuál es la cantidad de recursos involucrados, puesto que se ha señalado que se instalarán catorce escenarios iluminados y que habrá varios números musicales. Quiero reparar, eso sí, en algo que ya mencionamos en esta Sala, y que dice relación con el centralismo cultural. ¿Cuánto de estos recursos se destinan a las regiones para celebrar el “Día de la cultura”?
Por consiguiente, solicito que se oficie al Ministerio Secretaría General de Gobierno para que nos informe sobre la cantidad de recursos que se gastarán en el acto que se realizará el próximo 5 de octubre, cuánto se gastó por este concepto en los años 2001 y 2002, y cuántos de estos recursos se gastan fuera de la Región Metropolitana, es decir, en las otras regiones.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
PREUNIVERSITARIO PARA GRUPO JUVENIL “EVOLUCIÓN URBANA”, DE LOS ÁLAMOS, OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , en mi última visita a la ciudad de Los Álamos me reuní con el grupo juvenil “Evolución Urbana”, cuyo presidente es don Álex Orias Novoa . Se trata de una agrupación de gente joven, con personalidad jurídica, compuesta por alrededor de doce miembros, cuyos integrantes tienen un promedio de edad de diecisiete años. Todas son personas humildes, provenientes de la referida comuna o de sectores rurales aledaños. Actualmente cursan estudios básicos de auxiliar paramédico en el liceo técnico Cristo Redentor , de Los Álamos, los cuales en algún momento pretenden complementar en la educación superior. Al mismo tiempo, estos jóvenes pertenecen al mencionado grupo “Evolución Urbana”, en el cual realizan labores de canto, baile, y confección de graffitis, como una manera legítima de expresar hacia la sociedad sus más íntimos sentimientos y convicciones.
En todos los casos se trata de personas de bien, sanas de alma y espíritu, pero que por circunstancias de la vida, han pisado la línea del riesgo social.
Afortunadamente, hace algún tiempo ellos se encontraron con la luz que les brindó el Centro Infanto-Juvenil de Los Álamos, cuya directora, la señorita Olga Navarro , ha logrado involucrar -trabajando codo a codo en la institución- a organismos públicos y privados, como el Servicio Nacional de Menores y el Hogar de Cristo, los cuales han unido esfuerzos por ayudar a gente como ésta, llena de enormes potencialidades, pero que, por factores externos, no los han podido explotar, cayendo en situaciones de riesgo extremo. Gracias a esa labor, altamente calificada y profesional, los jóvenes han logrado alejarse de los flagelos sociales que les rodeaban y han aprendido a dar un sentido distinto y una mirada más positiva a sus vidas.
Atendida esta nueva mirada que le han dado a la vida, han retomado con fuerza sus proyecciones futuras que, claramente, como en todo joven con capacidades, están radicadas en los estudios superiores. Sin embargo, como por razones obvias su preparación académica no es la mejor -ello agravado por el cambio de modalidad en las pruebas de ingreso a la educación superior-, sienten la necesidad de realizar un preuniversitario de calidad.
Estas palabras tienen por objeto, en primer lugar, llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Educación, ya que, sin perjuicio de los avances que se puedan haber registrado, existen en Chile, especialmente en la zona que represento, Lota y la Provincia de Arauco, muchos casos como éste, demostrativos del Chile real y verdadero, donde muchos jóvenes, por la situación de pobreza y de aislamiento en que viven, no tienen un efectivo acceso a la educación ni a las herramientas mínimas que les permitan siquiera aspirar a ella
En segundo lugar, solicitar formalmente al alcalde de Los Álamos que estudie los antecedentes que acá se le proporcionan para evaluar la posibilidad concreta de acceder a los requerimientos de ese grupo de jóvenes y, así, no apagar, una vez más, la esperanza de chilenos que quieren ver el mañana como algo positivo.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Educación , a fin de ponerlo en conocimiento de esta realidad, y al alcalde de la comuna de Los Álamos, para ver la posibilidad de incorporar en el presupuesto del próximo año el aporte necesario para dar solución al problema que aqueja a los jóvenes de dicha comuna.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INVESTIGACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES EN PROGRAMA APOYO A FUNDACIÓN “FRIEDRICH EBERT”, DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , mediante el decreto exento Nº 5.304, de 5 de agosto de 2003, el alcalde de Puerto Montt autorizó el desarrollo del programa Apoyo a fundación “ Friedrich Ebert ” en taller de aplicación de presupuesto participativo en Chile, y la imputación del gasto al subtítulo 22, ítem 17, asignación 007, subasignación 002, actividades municipales y gastos de la alcaldía, por un monto de 1 millón 400 mil pesos, todo lo cual fue justificado por un programa realizado por el gabinete del alcalde.
El programa que justifica ese gasto tiene como objetivo general involucrar y motivar a autoridades, profesionales, trabajadores y dirigentes de Puerto Montt en el desarrollo de la comuna, a través de la entrega de mecanismos y metodologías del sistema de presupuesto participativo. Los objetivos específicos señalados son dar a conocer a los habitantes de Puerto Montt que en su ciudad es factible intervenir positivamente en la decisión de una inversión municipal, y, además, crear en sus ciudadanos una visión positiva y optimista que logre promover la participación en el perfeccionamiento de la gestión municipal.
El desglose de los requerimientos financieros y económicos es el siguiente: buses para traslado de participantes, doscientas carpetas, doscientas credenciales, presentes a participantes -alcaldes y concejales-, alojamiento del expositor, cena de atención a los participantes. En la lista de asistentes al programa que justifica el gasto realizado figuran doscientos alcaldes y concejales socialistas, de Arica a Magallanes. En estos listados no figura ninguna autoridad, ni profesional, ni trabajador, ni dirigente o habitante de Puerto Montt, salvo el alcalde y el concejal socialista de ese municipio. Es más, existen antecedentes fundados que permiten suponer que los alcaldes y concejales viajaron desde sus ciudades a Puerto Montt con viáticos y pasajes financiados por sus municipios. Los gastos habrían sido justificados en sus propios municipios para asistir al seminario Apoyo a la fundación “ Friedrich Ebert ” en taller de aplicación de presupuesto participativo en Chile.
Por lo tanto, estamos en presencia del financiamiento de una actividad propia de un partido político con recursos de un municipio, lo cual es coincidente con el congreso o seminario de alcaldes y concejales que el Partido Socialista realizó en esa misma fecha en Puerto Montt.
A la luz de los antecedentes entregados, solicito oficiar a la Contraloría General de la República , a fin de que inicie una investigación para determinar si el gasto en que se incurrió fue precisamente para financiar ese seminario.
Finalmente, adjunto la lista de concejales y de alcaldes que asistieron a dicho seminario, y que fue utilizada para justificar el gasto, a fin de que la Contraloría General de la República solicite a cada uno de los municipios involucrados información sobre si efectivamente esos concejales y alcaldes viajaron con recursos de esos municipios.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
CREACIÓN DE CARGOS DE JEFES PROVINCIALES DE CHILEDEPORTES. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , la Décima Región es una de las más grandes en extensión y superficie, con más de mil kilómetros de longitud y 67.031 kilómetros cuadrados. Comprende cuarenta y dos comunas y cinco provincias, y tiene una población de 1 millón 73 mil 135 habitantes. Además, su territorio es uno de los más disímiles, tanto en configuración geográfica como en clima, cultura y tradiciones.
Se podría decir que no hay relación entre una y otra provincia. Son absolutamente diferentes en sus necesidades y bondades, lo cual se aprecia al comparar, por ejemplo, Osorno con Palena .
Las características geográficas ya señaladas provocan dificultades en la comunicación, sobre todo en el aspecto vial, donde lagos, ríos, montañas e islas crean una situación de aislamiento que, en algunos casos, es crítico.
Hay dificultades en el traslado de un punto a otro, pues los accesos son poco expeditos. Entre Lanco, que está en la zona norte de la región, y Palena, ubicado en el sur de ella, las distancias son siderales.
Este es el territorio que debe recorrer el director regional de Deportes de la Décima Región . Las amplias distancias y lo enmarañado de su territorio hacen difícil su recorrido y la atención a los deportistas. Además, debido a los escasos recursos económicos de que se dispone, debe restringir sus visitas, lo que resta eficacia a su trabajo y da una mala imagen a la institución. Ello requiere una solución.
El trabajo del director regional de Deportes , aparte de titánico, es prácticamente irrealizable en cuanto a abarcar con su presencia a toda la región. Por ello, es necesario solicitar al director nacional de Chiledeportes adecuar organismos o fórmulas que centralicen el trabajo del director regional, colocando en cada provincia un funcionario que, por delegación, evacue o materialice funciones propias del director regional de Deportes .
Para esos efectos, solicito crear los cargos de coordinadores o jefes provinciales de Chiledeportes, mejorando, por una parte, la presencia institucional en todas las provincias de la Décima Región de Los Lagos y, por otra, logrando una economía en los gastos por concepto de viáticos. La creación de esas oficinas no implica mayor personal ni aumento de la planta, como tampoco mayores recursos, sino una redestinación o redistribución interna del personal, que en este caso podría ser de Santiago, para reforzar el trabajo institucional de regiones.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro Secretario General de Gobierno a fin de que la dirección nacional de Chiledeportes proceda de acuerdo a lo solicitado, por las razones que he señalado.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
MEDIDAS EN FAVOR DE MADRES CON HIJOS MENORES DE EDAD. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente , honorables colegas, en esta ocasión, quiero relevar un tema muy importante, que ha estado en la discusión pública, el cual dice relación con el subsidio a la incapacidad laboral de las madres trabajadoras que tienen hijos menores de un año que padecen enfermedades graves.
Se ha hecho mucho caudal sobre esta materia, debido al abultado número de licencias médicas otorgadas por este concepto y a que existen evidencias de que muchas de ellas no corresponderían a enfermedades graves de hijos menores de un año.
A este respecto, es necesario que las autoridades vayan a la raíz misma del problema. La utilización indebida de este subsidio se debe a que las parejas jóvenes y las madres jefas de hogar no pueden cuidar a sus hijos, aspecto que es extraordinariamente importante. Por lo tanto, debemos propender por todos los medios a brindar a las parejas jóvenes y a las madres jefas de hogar los elementos necesarios para que puedan cuidar adecuadamente a sus hijos.
En primer lugar, es necesario aumentar el período posnatal, de 84 a 180 días, es decir, de dos meses y medio a seis meses, a fin de facilitar el amamantamiento, el apego, el desarrollo psicomotor del niño y su adecuado crecimiento y desarrollo. Se ha visto que el contacto con la madre, es decir, el apego, es muy importante. Así ha quedado demostrado en trabajos científicos y en reuniones efectuadas por la Sociedad Chilena de Pediatría.
En segundo lugar, es necesario exigir a todos los empleadores pagar o mantener salas cunas o jardines infantiles para los hijos menores de las trabajadoras, independientemente de su número. Hoy, dicha obligación es sólo para aquellos empleadores que tienen más de veinte madres trabajadoras. Además, que esa obligación sea compartida por los empleadores de la madre y del padre.
En tercer lugar, el subsidio debe ser mantenido y controlado adecuadamente por la autoridad sanitaria.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Salud, del Trabajo y de Hacienda, y a la ministra del Sernam, remitiéndoles copia de mi intervención.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Jaime Mulet y Alejandro Navarro .
INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 21.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, por un minuto, el honorable diputado Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, ante todo, quiero saludar a un grupo de dirigentes de mi distrito que se encuentran en las tribunas y que son excelentes colaboradores en mi gestión de parlamentario.
En los pocos segundos que me restan, quiero informar que, junto con treinta diputados, hicimos una presentación ante el Tribunal Constitucional, a fin de solicitarle que declare inconstitucional el decreto con fuerza de ley Nº 21, publicado en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2003, puesto que el Ejecutivo , aduciendo facultades entregadas por el Congreso Nacional, pero, a nuestro juicio, extralimitándose en sus funciones, modificó el directorio de la Empresa Nacional de Minería y la dependencia del vicepresidente ejecutivo de la misma, lo que es tremendamente grave y peligroso para una actividad tan importante como la pequeña y mediana minería.
He dicho.
HOMENAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN AL CONMEMORARSE 453 AÑOS DE SU FUNDACIÓN. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente, colegas parlamentarios:
El próximo domingo, 5 de octubre, se cumplen 453 años desde que el conquistador español don Pedro de Valdivia fundara mi ciudad de La Concepción, capital del Biobío, con el nombre de “La Concepción del Nuevo Extremo”. La fundación se realizó junto al mar Pacífico del Sur, en el lugar donde se ubica la ciudad de Penco, al fondo de lo que hoy se conoce como bahía de Concepción. Como lo expresara el mismo Valdivia en una carta al emperador Carlos V: “Era un puerto y bahía, el mejor que hay en estas Indias”.
A sólo dos años de su nacimiento, la nueva población fue solemnemente reconocida por las autoridades centrales del imperio español, a través de un decreto real que le concedió el título de ciudad y un escudo de armas que ha conservado hasta nuestros días. En dicho escudo está simbólicamente representado el nombre de la ciudad, elegido en homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen María , junto al águila imperial de Carlos V, en cuyos dominios no se ponía el sol.
Pero la ciudad no es sólo el suelo urbano en que está emplazada, sino el producto de su relación con el medio más inmediato, lo que actualmente llamamos región, de la cual depende por su interacción económica a través de la actividad agrícola, minera e industrial.
La ciudad es, además, la expresión de las organizaciones sociales, de sus objetivos, de la capacidad para organizarse y darse un espacio humano, y reúne las capacidades económicas, políticas, científicas y tecnológicas de sus habitantes para crear un medio ambiente humano que responda a sus necesidades, esto es, escuelas, hospitales, servicios, entretención, viviendas, caminos, etcétera.
En homenaje al tiempo, sólo recordaré algunos pincelazos de su historia.
En 1843, mi ciudad de Concepción constaba sólo de 127 manzanas. En 1854, se construían 84 edificios particulares y públicos: en Plaza de Armas , 5; en Maipú, 4; en Freire, 11; en Comercio -actual Barros Arana -, 13; en San Martín, 12. El Palacio de Gobierno de esa época comprendía toda una cuadra y tenía 3 grandes portales y 2 pilastras.
El 30 de mayo de 1879, tan pronto como las autoridades se imponen del Combate Naval de Iquique, el intendente propone al alcalde que, en memoria del héroe de ese combate y para perpetuar su glorioso recuerdo, se sustituya el nombre de la calle de La Puntilla, conocida también con el nombre de avenida del Ferrocarril, por el de avenida Arturo Prat.
A los pocos meses se abre la primera propuesta para pavimentar la ex calle Comercio, actual Barros Arana. Después vino la construcción de la Plaza de Armas, con su pila, y se proyectó un monumento a Ceres, diosa de la agricultura en la mitología antigua, según un diseño creativo de Pascual Benimelis.
Con posterioridad, viene la modernización de nuestra ciudad. Así, el 18 de diciembre de 1886 se vivió un acontecimiento que produjo un verdadero revuelo social: la inauguración del servicio de tranvías a caballo, y el 2 de enero de 1890 se inaugura el puente de ferrocarriles del Biobío, que presta servicios hasta el día de hoy.
Doy a conocer estos acontecimientos, estos pincelazos de la historia de mi ciudad de Concepción, tal como lo he hecho durante los trece años que llevo como diputado. Como uno es penquista de tomo y lomo, nacido y criado en la ciudad en la cual espero morir, es justo hacerle un reconocimiento, porque me lo ha dado todo.
Quiero mencionar al doctor Pedro Bordagaray Escámez , quien recibió el premio Vecino Destacado. Su obra más emblemática fue la creación de la primera escuela de rehabilitación de niños sordos de Concepción, conocida actualmente como Escuela de Audición y Lenguaje.
Asimismo, debo destacar a Galo Cárdenas Treviño , Premio Municipal de Ciencias , por su importante aporte sobre nuevos materiales con aplicaciones en nanotecnología y en biomedicina; a don Hilario Hernández , Premio Municipal de Ciencias Sociales , actual rector de la Universidad del Biobío, galardonado por su vasta dedicación al cultivo y formación en geografía, y por sus aportes a la investigación geográfica y al conocimiento de la realidad urbana del Gran Concepción; a la señora Marlene Roeckel , profesora titular del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, Premio Municipal de Investigación Aplicada , por su investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en biotecnología ambiental y de alimentos, y a don Edgardo Neira Morales, Premio Municipal de Arte , por su dilatada trayectoria artística y aporte técnico a las artes y a la formación de artistas y profesores de artes plásticas.
Cuando uno ha nacido y se ha desarrollado en una ciudad y le ha entregado todo a ella; cuando uno conoce su entorno y su gente y tiene el honor de ser diputado por cuarto período consecutivo, el rol que uno está llamado a cumplir es aportar a su desarrollo. Desde 1990, hemos colaborado en la búsqueda de financiamiento para el mejoramiento de los tres ejes: de la calle Prat, de la gran avenida que es la calle Los Carrera y del puente Llacolén. Hoy, 2 de octubre, he recibido un oficio de don Jaime Ravinet , ministro de Vivienda y Urbanismo , en respuesta al que le envié con anterioridad. En él, dicho secretario de Estado me informa que en el Presupuesto de 2004 están considerados los fondos para llevar a cabo la pavimentación de la primera etapa de la calle Paicaví, obra emblemática para nuestra ciudad de Concepción.
Mujeres, jóvenes, profesionales, trabajadores, penquistas todos: ¡Feliz aniversario! ¡Hoy, más que nunca, debemos estar unidos!
Solicito que se envié copia de mi intervención a todas la personas premiadas que he destacado en mi intervención, así como a la alcaldesa de Concepción y al cuerpo de concejales. De esta forma creo que estoy haciendo un nuevo aporte a mi ciudad en mi condición de penquista de tomo y lomo.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a la señora alcaldesa y a los concejales de Concepción, ciudad que el próximo domingo cumple 453 años de su fundación.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.44 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Informe de la Comisión de Familia acerca del proyecto de ley que restablece la facultad del Servicio Nacional de Menores para hacerse parte en procesos por pedofilia. (boletín Nº 3271-18)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley de la referencia, originado en una moción del Diputado señor Patricio Walter Prieto .
El propósito primordial de esta iniciativa es restablecer la facultad que antes tuvo el Servicio Nacional de Menores (Sename) para hacerse parte en aquellos procesos penales que se instruyeran en contra de los criminalmente responsables de delitos que pudieran comprometer la salud, la educación o las buenas costumbres de un menor.
A juicio del autor de la moción, el restablecimiento de dicha facultad se justifica tratándose de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, pues, en muchos casos, sus agresores son sus propios padres o representantes legales y, en consecuencia, de no poder intervenir el Servicio, los menores que son víctimas podrían quedar en la indefensión.
-o-
Durante el análisis de esta iniciativa, concurrieron especialmente invitados por la Comisión, a exponer sus puntos de vista y observaciones sobre la misma, la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores , señora Delia Del Gatto Reyes ; los abogados asesores de este Servicio, señora Daniela González y señor Patricio Millán , y la asesora parlamentaria señora Silvia Iglesias Campos .
ANTECEDENTES
a) Legales.
1. El artículo 33 de la ley Nº 16.618, de Menores, actualmente vigente, establece que “si con ocasión del desempeño de sus funciones el juez de letras de menores tuviere conocimiento de la comisión de un delito que comprometa la salud, educación o buenas costumbres de un menor, y cuyo juzgamiento corresponda a otros tribunales, deberá denunciarlo, remitiéndole copia de los antecedentes.”
En relación con la citada ley --cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de Justicia--, cabe hacer constar que la ley Nº 19.806 (publicada en el D.O. el 31 de mayo de 2002), que dictó normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal penal, mediante su artículo 37 le introdujo diversas modificaciones. Una de dichas enmiendas consistió en derogar del artículo 33, precedentemente transcrito, el siguiente inciso segundo: “En estos casos, el Vicepresidente del Consejo Nacional de Menores podrá figurar como parte, por sí o por medio de apoderados, en los procesos que se instruyan”.
2. El decreto ley Nº 2.465, que creó el Servicio Nacional de Menores y estableció su ley orgánica, mediante su artículo 23 derogó el Título I de la ley Nº 16.618, de Menores, que regulaba la existencia, funciones y planta del personal del Consejo Nacional de Menores. Por tanto, después de la supresión del referido Consejo, la facultad establecida en el ar-tículo 33 fue siempre ejercida por el Sename.
3. El artículo 53 del Código Procesal Penal clasifica a la acción penal en pública o privada. Su inciso segundo dispone que la acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, permitiendo, además, su ejercicio por las personas que determine la ley, con arreglo a las disposiciones del mismo Código. Asimismo, concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos cometidos en contra de menores de edad.
El artículo 109 del Código Procesal Penal, relativo a los derechos de la víctima, dispone que ésta podrá intervenir en el procedimiento penal, correspondiéndole -entre otros- los siguientes derechos: a) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia; b) Presentar querella; c) Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible; d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada, e) Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento u otra resolución que pusiere término a la causa, y f) Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, aun cuando hubiere intervenido en el procedimiento.
Por su parte, el artículo 111 del referido Código, relativo al querellante, señala que la querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. Su inciso tercero permite, asimismo, deducir querella a cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la región, respecto de delitos cometidos en la misma que afectaren intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto.
b) La moción parlamentaria.
Sostiene el autor de la moción que en las regiones del país donde no rige aún el nuevo proceso penal, el Sename continúa ejerciendo la facultad establecida en el artículo 33 de la Ley de Menores.
Respecto a las regiones en que sí se ha implementado la reforma, los juzgados en lo penal han admitido que el Sename se haga parte mediante la presentación de querella, tratándose de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
No obstante ello, en la Cuarta Región se ha hecho una interpretación restrictiva del artículo 111 del Código Procesal Penal, estimándose que el Sename estaría inhabilitado para hacerse parte en procesos por pedofilia. Aún cuando, en algunos casos, la propia Fiscalía Regional ha admitido la intervención de dicho Servicio, la Corte de Apelaciones lo ha revocado.
A juicio del autor de la iniciativa, la referida interpretación pone en evidencia la necesidad de restablecer la facultad del Servicio Nacional de Menores para hacerse parte en aquellos procesos penales que comprometan la salud, educación o buenas costumbres de un menor, porque nada obsta a que, a futuro, otras regiones en las que también se aplique el nuevo proceso penal interpreten restrictivamente el artículo 111 del Código Procesal Penal, perjudicándose con ello los intereses de los niños víctimas de atentados sexuales.
Finalmente, concluye señalando que el principal argumento que justifica establecer una norma excepcional en relación con la presentación de una querella, cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, es que en muchos casos son los propios padres o representantes legales los agresores, y por lo tanto, de no poder intervenir el Sename, las víctimas quedarán en la indefensión.
IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO
La idea central o matriz del proyecto se orienta a devolver al Servicio Nacional de Menores la facultad legal que antes tenía para hacerse parte en los procesos penales que se sigan en contra de los responsables de delitos que comprometan la salud, la educación o las buenas costumbres de un menor, subsanando así el vacío legal que se presenta en la actualidad.
SÍNTESIS DE LAS EXPOSICIONES FORMULADAS EN LA COMISIÓN
La señora Delia Del Gatto ( Directora Nacional del Sename ) observó que el objeto del proyecto es reponer una facultad que el Servicio tenía y que, producto de la implementación de la reforma procesal penal, le fue cercenada, al igual que a otras entidades, con el propósito de ir perfilando el rol que debía asumir el Ministerio Público en la persecución de los delitos.
Señaló que el Servicio que dirige advirtió desde un principio que esta restricción podía ser perjudicial para los intereses de los niños víctimas de delitos sexuales o maltrato infantil, al no contar con un representante que obrara en defensa de sus derechos en los procesos judiciales en que pudieran verse involucrados.
Reconoció, sin embargo, que, en general, el Servicio no ha tenido problemas para actuar como parte querellante representando a los niños víctimas en aquellos lugares donde está operando la reforma procesal penal, esgrimiendo como principal argumento para posibilitar esta intervención el hecho de que en más del 60 por ciento de los casos, tanto de delitos sexuales como de maltrato infantil grave, los agresores suelen ser miembros del grupo familiar más cercano a esos menores. Tal argumento ha sido acogido por las respectivas Cortes de Apelaciones y se ha aceptado normalmente la participación del Servicio como querellante.
Empero, añadió que también ha habido problemas en algunos casos, particularmente en las regiones de Coquimbo y de Magallanes, donde las Cortes han entendido que el Sename no está legitimado para intervenir en los procesos, determinación que se encuentra librada al criterio de cada tribunal de alzada y que incluso varía dependiendo de la integración de la sala que deba conocer del caso concreto. Esto ha hecho que en algunas causas el Servicio no haya podido actuar en representación del niño que ha sido víctima de un delito, lo que le ha impedido incoar un juicio determinado o solicitar las diligencias procesales más convenientes para sus intereses.
En ese contexto, consideró de la máxima importancia que el Servicio pueda contar nuevamente con la facultad que le fue suprimida, por lo que llamó a aprobar la iniciativa en discusión, lo que a su juicio no haría más que ratificar el criterio que han adoptado algunas Cortes en el sentido de entender que resulta relevante la existencia de un actor que represente el interés del niño en el proceso penal, que no es comparable al de un adulto que puede por sí mismo hacerse representar por un abogado particular o asumir su propia defensa. Al respecto, agregó que la intervención de abogados especializados en temas de infancia en los procesos tiene también la ventaja de aminorar la posibilidad de que los niños sean doblemente victimizados.
Consultada acerca de las razones que habrían justificado la derogación del inciso segundo del artículo 33 de la ley de Menores, informó que no hubo un pronunciamiento explícito al respecto. Fue algo que no pudo debatirse más a fondo cuando se discutió la ley adecuatoria, pues había -por distintas razones- una gran urgencia por despacharla a la brevedad. Desafortunadamente, el Servicio a su cargo se vio afectado por esta necesidad de legislar en forma acelerada.
Finalmente, luego de hacer presente que el Sename es querellante actualmente en más de 2 mil causas a nivel nacional, reiteró lo importante que resulta para el Servicio contar con la referida facultad.
-o-
El señor Patricio Millán y la señora Daniela González (abogados asesores del Sename), complementando la exposición de la Directora Nacional, agregaron que el objeto fundamental de la intervención del Servicio es la defensa de los niños, toda vez que el artículo 109 del Código Procesal Penal le concede a las víctimas importantes derechos como son pedir medidas de protección, deducir querellas, oponerse al sobreseimiento y otros, que los adultos pueden ejercer por sí mismos; pero los menores no tienen esa posibilidad, principalmente, porque los agresores suelen estar en el seno de sus familias y, de acuerdo con nuestra legislación civil, son quienes los representan, lo cual produce una grave incongruencia.
Con respecto a la participación del Ministerio Público, hicieron presente que éste se rige por un principio de objetividad. Es decir, los fiscales no representan a las víctimas, sino que deben investigar tanto el hecho delictivo como las circunstancias que puedan excluir o atenuar la responsabilidad del imputado. Así lo ha reconocido el Fiscal Nacional, cuyo instructivo Nº 11 señala que los fiscales adjuntos pueden prescindir de la opinión de las victimas, lo que en el caso de los niños resulta sumamente complejo porque, si no tienen representante y no se consulta su opinión, ya sea para no continuar con un proceso o para cerrar una investigación, quedan en una situación claramente inferior frente a los adultos.
Además, hicieron presente que, tanto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como en el último Protocolo facultativo de dicha Convención, promulgado el pasado mes de agosto por el Presidente de la República , relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, se establece expresamente que los Estados partes deben adoptar medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas por tales instrumentos. Y, precisamente, el Sename está actuando hoy en día en casos de pornografía infantil, explotación sexual comercial, prostitución infantil y tráfico de niños.
Por último, señalaron que la intervención del Servicio en caso de delitos contra menores se justifica, además, porque cuando los victimarios pertenecen al entorno familiar de la víctima es necesario solicitar medidas de protección, y se considera que los abogados del Sename tienen mejores conocimientos técnicos acerca de la red de apoyo a esos niños, como también, acerca de las medidas que resultan más pertinentes para protegerlos. En ese sentido, se ha trabajado con el Ministerio Público de manera de empapar a los fiscales de este enfoque técnico especializado, aconsejándoles, por ejemplo, privilegiar el alejamiento del agresor del hogar en lugar de la internación de la víctima en un centro de protección.
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DISCUSION Y VOTACION EN GENERAL DEL PROYECTO
La Comisión de Familia, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por el autor del proyecto, y luego de escuchar las opiniones y observaciones de los representantes del Servicio Nacional de Menores, procedió, sin mayor debate, a dar su aprobación a la idea de legislar, por la unanimidad de los diputados presentes (señoras Mella , Saa y Vidal ; y señores Becker , Kast y Urrutia ).
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO
En esta etapa de la tramitación legislativa del proyecto, la Comisión dio al texto propuesto el siguiente tratamiento:
Artículo único
Propone modificar el artículo 37 de la ley Nº 19.806, que establece normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal penal, en los siguientes términos: “En el ar-tículo 37, que introdujo modificaciones a la ley Nº 16.618, de Menores, sustitúyase la derogación del artículo 33 por el siguiente texto:
“En los casos en que el Servicio Nacional de Menores tuviere conocimiento de la comisión de un delito que comprometa la salud, educación o buenas costumbres de un menor, podrá figurar como parte, por sí o por medio de apoderados, en los procesos que se instruyan.”
En relación con la norma transcrita, cabe hacer constar que ella parte del equívoco de que el citado artículo 33 de la ley Nº 16.618, de Menores, se encontraría actualmente derogado, lo que no es así, pues dicha disposición se encuentra plenamente vigente, siendo su tenor el siguiente: “Si con ocasión del desempeño de sus funciones el juez de letras de menores tuviere conocimiento de la comisión de un delito que comprometa la salud, educación o buenas costumbres de un menor, y cuyo juzgamiento corresponda a otros tribunales, deberá denunciarlo, remitiéndole copia de los antecedentes.”.
El artículo 37 de la ley Nº 19.806 -adecuatoria de la legislación chilena a la reforma procesal penal-, sólo eliminó el inciso segundo del referido artículo 33 de la ley de Menores, el cual, aludiendo a la situación descrita en el inciso vigente, que hoy es único, señalaba lo siguiente: “En estos casos, el Vicepresidente del Consejo Nacional de Menores podrá figurar como parte, por sí o por medio de apoderados, en los procesos que se instruyan.”.
En consideración a lo anterior, los diputados señores Walker , Becker , Kast y Urrutia , y las diputadas señoras Mella , Saa y Vidal , formularon una indicación sustitutiva total al proyecto, mediante la cual proponen un nuevo texto que contiene dos artículos.
Mediante el artículo 1º se propone modificar derechamente el artículo 33 de la ley Nº 16.618, de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, con el propósito de introducir en él un nuevo inciso segundo que faculta al Sename para deducir querella o hacerse parte, según corresponda, por sí o por medio de apoderados, en los procesos que se instruyan por delitos que comprometan la salud, la educación o las buenas costumbres de un menor. Este nuevo inciso, con modificaciones, implica el restablecimiento del que fuera derogado por la ley Nº 19.806.
Mediante el artículo 2º, y para los efectos de no dejar lugar a dudas sobre la facultad que el artículo 1º precedente entrega al Sename para hacerse parte en los procesos que comprometan el interés de los niños, se propone modificar la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores, decreto ley Nº 2.465, de 1979, estableciendo como función específica de éste la de deducir querella o hacerse parte, según corresponda, tratándose de los delitos tipificados en el artículo 142 (sustracción de menores), en los párrafos 5º y 6º del Título VII del Libro Segundo (violación, estupro y otros abusos sexuales), y en los párrafos 1º, 2º y 3º del Título VIII del mismo Libro Segundo (homicidio, infanticidio y lesiones corporales), todos del Código Penal, así como de aquellos delitos contemplados en leyes especiales, en que la víctima sea una persona menor de edad.
Sometidos a votación los artículos 1º y 2º de la indicación sustitutiva, por separado, fueron aprobados por asentimiento unánime.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión de Familia hace constar lo que sigue.
I. Que el proyecto no contiene artículos que tengan rango de ley orgánica constitucional o que deban aprobarse con quórum calificado.
II. Que no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
III. Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad.
IV. Que no hubo artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.
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Por las razones expuestas y las que en su oportunidad dará a conocer la señora diputada Informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la honorable Corporación, se le han introducido algunas modificaciones de forma, que no se detallan, y que se incluyen en el siguiente texto:
“PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Modifícase la ley Nº 16.618, Ley de Menores, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de Justicia, en el siguiente sentido:
En el artículo 33, agrégase el siguiente inciso segundo:
“En estos casos, el Servicio Nacional de Menores podrá deducir querella o hacerse parte, según corresponda, por sí o por medio de apoderados, en los procesos que se instruyan.”.
Artículo 2º.- Modifícase el decreto ley Nº 2.465, de 1979, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores, en el siguiente sentido:
En el artículo 3º, intercálase el siguiente numeral 5, nuevo, pasando los actuales números 5 a 14 a ser 6 a 15, respectivamente:
“5.- Deducir querella o hacerse parte, según corresponda, tratándose de los delitos tipificados en el artículo 142 y en los párrafos 5º y 6º del Título VII, y 1º, 2º y 3º del Título VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal, y de aquellos contemplados en leyes especiales, en que la víctima sea una persona menor de edad.”.”
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Sala de la Comisión, a 10 de septiembre de 2003.
Acordado en sesión de fecha 10 de septiembre de 2003, con asistencia de las diputadas señoras María Angélica Cristi Marfil , María Eugenia Mella Gajardo , María Antonieta Saa Díaz , Alejandra Sepúlveda Orbenes ( Presidenta ) y Ximena Vidal Lázaro ; y de los diputados señores Ramón Barros Montero , Germán Becker Alvear, José Antonio Galilea Vidaurre, José Antonio Kast Rist e Ignacio Urrutia Bonilla .
Se designó diputada informante a la señora Mella , doña María Eugenia .
(Fdo.): ANDRÉS LASO CRICHTON, Secretario de la Comisión ”.
Moción del diputado señor Pedro Muñoz .
Modifica la ley Nº 18.681 extendiendo la beca Primera Dama de la Nación a estudiantes que deban trasladarse a continuar sus estudios al interior de la Región de Magallanes . (boletín Nº 3372-04)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19 numeral 10 y 60 de la Constitución Política de la República y en la ley Nº 18.681.
Considerando:
La educación es un proceso indispensable para el desarrollo de la persona. Su promoción, en todos los niveles, es un rol fundamental del Estado.
Ello alcanza especial importancia en los casos en que ésta se ve dificultada por hechos tales como situaciones socioeconómicas deficitarias o discapacidades en los educandos o la lejanía de los centros educativos.
Para ello se han creado diversos instrumentos de apoyo, tales como becas, créditos y subsidios.
Uno de ellos es la Beca Primera Dama de la Nación, la que, en su formulación actual, tiene por objeto favorecer a los estudiantes de las zonas extremas del país, que continúen estudios de educación superior, técnico profesional, educación especial o diferencial, institutos y centros formadores de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Públicas, siempre y cuando en sus localidades no existan los niveles, modalidades y especialidades mencionadas.
Lamentablemente, ello, siendo muy importante, no responde íntegramente a los problemas de las regiones extremas del país y en particular de Magallanes.
Su extensión y conformación geográfica en islas y lugares aislados, hace que el desplazamiento en su interior sea, en muchas ocasiones, tan extenso y dificultoso como el que se requiere para abandonar la Región. Es el caso, por ejemplo, de los estudiantes de las Provincias de Tierra del Fuego, última Esperanza y Antártica que deben cursar estudios en Punta Arenas.
Dichos estudiantes, aún cuando sigan sus estudios en su propia región, deben establecerse en una ciudad distinta, sea en pensiones o albergues o en casa de familiares o amigos, incurriendo en gastos de transporte y mantención, del mismo modo que si se trasladaran a otras zonas.
Por lo anterior, sería aconsejable modificar el artículo 56 de la Ley Nº 18.681, que regula la Beca Primera Dama de la Nación , con el objeto de incorporar la posibilidad de que sean beneficiarios de ella los estudiantes de las Provincias de Magallanes que, sin desplazarse de su región, sigan sus estudios en localidades diversas a la de su residencia habitual, cuando la distancia o la inexistencia o falta de regularidad de medios de transporte que las comuniquen les obliguen a residir en la ciudad en que cursen sus estudios.
Se hace presente que ello no implica una mayor disponibilidad de recursos fiscales, sino solo el establecimiento de un criterio diverso para asignar los actuales.
Por lo anterior, el diputado abajo firmante, viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único: Reemplázase en la letra d) del inciso segundo del artículo 56 de la Ley Nº 18.681 la frase “la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena” por “las provincias de última Esperanza, Magallanes , Tierra del Fuego y Antártica Chilena”.