Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE HACIENDA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. FÁCIL DESPACHO
- AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE MENORES. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- DEBATE
- AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE MENORES. Proposición de la Comisión Mixta.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE IMPORTACIÓN DE PERTRECHOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- DEBATE
- BENEFICIOS A CONCESIONARIOS Y OCUPANTES DEL BORDE COSTERO DE LA ISLA ROBINSON CRUSOE. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carmen Ibanez Soto
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE IMPORTACIÓN DE PERTRECHOS. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- COMISIÓN INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN PLANES DE ABSORCIÓN DE EMPLEOS.
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Victor Perez Varela
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Marcela Cubillos Sigall
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Sergio Correa De La Cerda
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Pablo Galilea Carrillo
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- DEBATE
- MEDIDAS PARA IMPEDIR EJECUCIÓN POR LAPIDACIÓN DE CIUDADANA NIGERIANA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Isabel Allende Bussi
- Eliana Caraball Martinez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Adriana Munoz D'albora
- Ximena Vidal Lazaro
- Lily Perez San Martin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- MANDATO A COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PARA COORDINAR APLICACIÓN PRÁCTICA DE DOCUMENTACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Isabel Allende Bussi
- Patricio Walker Prieto
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Dario Paya Mira
- Felipe Salaberry Soto
- Sergio Correa De La Cerda
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- NO AFECTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL POR REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Anibal Perez Lobos
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Pablo Galilea Carrillo
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Edgardo Riveros Marin
- Eugenio Tuma Zedan
- Sergio Aguilo Melo
- Patricio Walker Prieto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN PLANES DE ABSORCIÓN DE EMPLEOS.
- VIII. INCIDENTES
- HOMENAJE A MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC. Oficios.
- ANTECEDENTES COMERCIALES DE LA NOTARIA PÚBLICA Y CONSERVADORA DE TRAIGUÉN. Oficios.
- RECURSOS PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE SAN FERNANDO. Oficio.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DERIVADOS DE PAVIMENTACIÓN IRREGULAR EN SAN CARLOS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN LEGAL DE PREDIO Y PROGRAMA DE RADICACIÓN DE CHILE BARRIOS EN COMUNA DE PENCO. Oficios.
- ELECTRIFICACIÓN PARA EL SECTOR LA CATA DE LIRQUÉN. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE TRABAJADORES AFECTADOS POR ASBESTO. Oficio.
-
INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIOBÍO EN RELACIÓN CON LAS COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- FISCALIZACIÓN A EMPRESAS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- RECLAMACIÓN POR DETENCIÓN DE JÓVENES DEL MOVIMIENTO OPCIÓN FAMILIA EN EL SENADO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 349ª, ORDINARIA
Sesión 31ª, en jueves 14 de agosto de 2003
(Ordinaria, de 10.42 a 14.01 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel, y del señor Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Remisión de proyecto a Comisión Especial de Seguridad Ciudadana 9
- Autorización a Comisión de Hacienda para sesionar simultáneamente con la Sala 9
V. Fácil Despacho.
- Agilización de procedimiento de adopción de menores. Proposición de la Comisión Mixta 9
VI. Orden del Día.
- Modificación de formativa sobre importación de pertrechos. Primer trámite constitucional 12
- Beneficios a concesionarios y ocupantes del borde costero de la Isla Robinson Crusoe. Primer trámite constitucional 29
VII. Proyectos de acuerdo.
- Comisión investigadora de irregularidades en planes de absorción de empleos 36
- Medidas para impedir ejecución por lapidación de ciudadana nigeriana 41
- Mandato a Comisión de Ciencias y Tecnología para coordinar aplicación práctica de documentación y firma electrónica 42
- No afectación de proyectos de agua potable rural por reducción de gasto público 43
VIII. Incidentes.
- Homenaje a monseñor Alejandro Goic Karmelic. Oficios 44
- Antecedentes comerciales de la notaría pública y conservadora de Traiguén. Oficios 45
- Recursos para mejorar infraestructura deportiva de San Fernando. Oficio 47
- Solución de problemas derivados de pavimentación irregular en San Carlos. Oficio 48
- Información sobre situación legal de predio y programa de radicación de Chile Barrios en comuna de Penco. Oficios 49
- Electrificación para el sector La Cata de Lirquén. Oficios 50
Pág.
- Antecedentes sobre trabajadores afectados por asbesto. Oficio 51
- Información sobre política de la Empresa de Servicios Sanitarios de Biobío en relación con las cooperativas de agua potable rural de la Octava Región. Oficio 51
- Fiscalización a empresa de guardias de seguridad en la Octava Región. Oficios 52
- Reclamación por detención de jóvenes del movimiento Opción Familia en el Senado. Oficios 52
IX. Otros documento de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Familia por el cual solicita autorización de la Sala para que el proyecto, de origen en una moción de la Diputada señora Ibáñez y del diputado señor Kuschel, que busca potenciar y agilizar la búsqueda de personas y niños extraviados (boletín N°3233-18), sea remitido a la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, con el fin de que se trate en conjunto con el que establece inmediatez de la investigación en caso de desaparecimiento de menores de 18 años (boletín N°2816-07), actualmente en trámite en ella.
Contraloría General de la República
- Señor José Antonio Galilea, investigación al Fosis de la Novena Región.
- Señor Bayo, montos involucrados en el programa de pasantías en el exterior.
- Señor Mora, proyectos de absorción de cesantía, practicado en la Municipalidad de Tocopilla.
Ministerio de Educación
- Señor Navarro, normativa legal de uso de extintores en liceos y escuelas del país.
Ministerio de Justicia
- Señor Muñoz, creación de un juzgado de letras en Cabo de Hornos.
- Señor José Pérez, agilización de causa radicada en la Justicia Militar.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
- Señor Tapia, programa pro empleo en la provincia de Curicó.
Ministerio de Obras Públicas
- Señor Navarro, aplicación del impuesto anual de cuarenta y cinco unidades tributarias a los taxis que utilizan GLP.
Ministerio Secretaría General de Gobierno
- Señor Navarro, prorroga de plazo de postulación que tienen los clubes deportivos para presentar proyectos de infraestructura menor.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca, Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidauzarraga, Patricio PDC V 11
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D’Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriaga, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 26ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 27ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición de la Comisión de Familia de remitir a la Comisión especial de Seguridad Ciudadana el proyecto, iniciado en moción de la diputada señora Ibáñez y del diputado señor Kuschel, que persigue potenciar y agilizar la búsqueda de personas y de niños extraviados, de modo que se trate en conjunto con el que establece inmediatez de la investigación en caso de desaparecimiento de menores de 18 años, actualmente en trámite en esa Comisión.
¿Habría acuerdo?
Acordado
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE HACIENDA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Hacienda para sesionar, simultáneamente con la Sala, a fin de estudiar el proyecto sobre el tratado de libre comercio con Corea del Sur.
Esta iniciativa fue vista en la Comisión de Relaciones Exteriores, y es muy importante el informe de la Comisión de Hacienda, ya que está incluido de manera tentativa en la tabla para la sesión del martes 26, entregada a todos los señores diputados.
Tiene la palabra diputado Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señora Presidenta , quisiera solicitar los informes económicos respectivos en relación con beneficios y perjuicios por comunas. Generalmente no tenemos a la vista esos antecedentes a la hora de analizar proyectos de este tipo.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , he pedido la autorización para que la Comisión de Hacienda sesione simultáneamente con la Sala a fin de estudiar el proyecto sobre el tratado de libre comercio con Corea del Sur. Otra cosa es que en sucesivos informes y debates se vean las proyecciones por comuna.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE MENORES. Proposición de la Comisión Mixta.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En Fácil Despacho, corresponde conocer la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.620, sobre adopción de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 3022-07, sesión 27ª, en 7 de agosto de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 4.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
De acuerdo con el Reglamento, corresponden cinco minutos por bancada.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta , las modificaciones propuestas por la Comisión Mixta apuntan a una mejor redacción del proyecto.
Durante el segundo trámite constitucional, la Cámara introdujo dos enmiendas: una, para reemplazar la palabra “cerciorarse” por “comprobarlas”, y, otra, para reemplazar la frase “se entenderán comprobadas estas circunstancias” por la oración “el tribunal podrá estimar como antecedente suficiente para acreditar estas circunstancias”.
El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó ambas enmiendas, por lo que hubo que conformar una Comisión Mixta para resolver las discrepancias suscitadas. Por una parte, esa instancia determinó acoger la proposición de la Cámara de Diputados en cuanto a reemplazar la expresión “se cerciorará” por “comprobará” y, en seguida, decidió mantener el criterio del honorable Senado respecto del segundo párrafo del numeral 2º, ya que entendió que es congruente con el propósito de agilizar lo más posible los procedimientos de adopción y con la preponderancia que tendrán en ellos el Servicio Nacional de Menores y las instituciones acreditadas para intervenir en los programas de adopción.
Tuvo en cuenta, además, que dicho informe es adicional a la declaración que ambos padres hayan hecho ante el juez en el mismo sentido y, en caso de que sólo haya comparecido uno de ellos, a la declaración de éste y la citación efectuada al otro, bajo apercibimiento expreso de presumirse su voluntad para entregar al menor en adopción.
El proyecto de ley, como lo ha despachado la Comisión Mixta, está bien. Se trata de una iniciativa que agiliza -es su finalidad principal- el tema de las adopciones en los distintos juzgados de menores del país.
Creemos que va a ser un buen proyecto y esperamos que se cumpla su finalidad.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señora Presidenta , tal como lo ha dicho el diputado Urrutia , estas modificaciones son más bien formales, de redacción. Dicen relación especialmente con la forma en que está redactado el artículo 9º de la ley Nº 19.620, que establece el procedimiento que corresponde aplicar cuando los padres de un menor expresan judicialmente su voluntad de entregarlo en adopción por no encontrarse capacitados o en condiciones de tenerlo a su cargo responsablemente.
En el numeral 2 se establece que el juez está obligado a requerir los informes que sean necesarios para acreditar fehacientemente que los padres del menor no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo en forma responsable de él. Al requerir estos informes, se debe señalar un plazo dentro del cual deberán ser evacuados.
En el primer trámite constitucional, el honorable Senado reemplazó este numeral y lo dividió en dos párrafos. En el primero de ellos estableció que el juez se cerciorará de que los padres del menor no se encuentran capacitadas o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él. Ahí tenemos, entonces, el término “cerciorará”, que fue objeto de discusión.
El segundo párrafo dispone que “se entenderán comprobadas estas circunstancias con el informe que, en tal sentido, haya emitido el Servicio Nacional de Menores o aquella de las instituciones acreditadas ante él para intervenir en los programas de adopción que patrocine al padre o madre compareciente,...”.
La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo dos enmiendas a este numeral. En vez de expresar, en el primer párrafo, que el juez debe “cerciorarse”, establecimos que debía “comprobarlas”. En el segundo párrafo sustituyó el aspecto que, según el Senado, decía que “se entenderán comprobadas estas circunstancias”, por el efecto de que el “tribunal podrá estimar como antecedente suficiente para decretar estas circunstancias” el referido informe.
En definitiva, es un tema más bien de redacción.
Posteriormente, en la Comisión Mixta se resolvió acoger la primera enmienda introducida por la Cámara de Diputados, estimando que, desde el punto de vista de la técnica jurídica, resultaba más adecuada la expresión “comprobará”, en vez de “se cerciorará”, como había establecido el Senado.
En seguida, se mantuvo el criterio del Senado respecto del segundo párrafo del numeral 2 del artículo 9º, ya que se entendió que es congruente con el propósito de agilizar lo más posible los procedimientos de adopción y con la mayor preponderancia que tendrá en ello el Servicio Nacional de Menores y las instituciones acreditadas para intervenir en los programas de adopción.
En definitiva, es un tema más bien de redacción. De esta manera, se contribuye a que el procedimiento, finalmente, sea más ágil, que es lo que nos interesa para evitar los problemas que ha habido en relación con la adopción de menores.
Por lo tanto, debemos aprobar el informe de la Comisión.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE IMPORTACIÓN DE PERTRECHOS. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la normativa relativa a la importación de las mercancías del sector Defensa calificadas como pertrechos.
Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Alberto Cardemil.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3204-02, sesión 53ª, en 6 de marzo de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informes de las Comisiones de Defensa y de Hacienda, sesión 28ª, en 12 de agosto de 2003. Documentos de la Cuenta Nºs 9 y 10 respectivamente.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta , me corresponde entregar el informe de la Comisión de Defensa Nacional sobre el proyecto de ley que modifica la normativa relacionada con la importación de las mercancías del sector Defensa calificadas como pertrechos.
Se trata de un proyecto bastante simple, directo y contundente en su concepción y en sus disposiciones. Se inscribe dentro de las iniciativas que forman parte de la agenda procrecimiento. Se originó a petición del sector productivo nacional. Fue aprobado por unanimidad en las Comisiones de Defensa y de Hacienda de la Cámara de Diputados.
¿Por qué se inscribe dentro de las propuestas e ideas para aumentar la producción y fomentar el crecimiento? Porque limita la exención tributaria y arancelaria que actualmente favorece a numerosas especies importadas por las instituciones vinculadas con la Defensa Nacional, corrigiendo, de esa manera, las distorsiones que perjudican actualmente a la industria nacional.
Se piensa -esos son los cálculos acertados del Gobierno y del sector privado- que a través de este mecanismo se puede incrementar el actual nivel de actividad nacional al generarse las condiciones de igualdad necesarias para la competencia de la industria nacional y extranjera en la provisión de bienes para la defensa nacional. En palabras más simples, este sector podrá comprar, en Chile, material, mercancías o productos que hoy está adquiriendo en el extranjero sobre la base de la exención tributaria.
La industria nacional está en condiciones de ser un muy buen proveedor de las Fuerzas Armadas y de crecer en volúmenes y cantidad. Esperamos que el proyecto -en caso de ser aprobado por ambas cámaras- facilite la expansión de la productividad nacional y de los elementos que se le entreguen a las Fuerzas Armadas.
Como dijo, fue aprobado por unanimidad tanto en la Comisión de Defensa como en la de Hacienda. No contiene artículos que requieran quórum especial para su vocación.
Desarrollando un poco más el tema esbozado en la primera parte de mi exposición, recuerdo a los honorables colegas que el decreto ley Nº 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, establece determinadas contribuciones a las actividades que se regirán por las normas de dicho cuerpo legal.
Pero el párrafo primero del número 1 de la letra B del artículo 12 del mencionado texto legal, dispone que está exenta del mencionado tributo del IVA la importación de las especies efectuadas por el Ministerio de Defensa Nacional, como asimismo por las instituciones y empresas dependientes o no de dicha secretaría de Estado, que desarrollen funciones relativas a la defensa nacional, el resguardo del orden y seguridad públicos o policiales, siempre que correspondan a maquinaria bélica, armamento, elementos o partes para su fabricación o armaduría, municiones y otros pertrechos.
Por otra parte, el artículo 1º de la ley Nº 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías del país, dispone que todas las mercancías procedentes del extranjero están afectas al pago de los derechos establecidos en el Arancel Aduanero.
A su vez, el artículo 42 de la ley N° 18.768, sobre normas complementarias de administración financiera de incidencia presupuestaria y personal, otorga facultades al Presidente de la República para dictar un nuevo Arancel Aduanero.
En la glosa de la partida 00.01, de la sección 0, prescribe que están exentos del pago de dicho Arancel los pertrechos de propiedad del Estado, consignados o por cuenta de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Dirección General de Investigaciones.
Estas son las normas que consignan las exenciones tributarias y arancelarias para las compras de las Fuerzas Armadas. Ésa es la situación por corregir.
En el mensaje se sostiene, en forma adecuada y certera, a mi juicio, que el sector privado ha planteado, reiteradamente, la necesidad de corregir las distorsiones que producen las exenciones tributarias y arancelarias a que ya aludí. En efecto, se restringe considerablemente la oportunidad de que la producción interna pueda abastecer a la defensa nacional, aun en condiciones eficientes de producción, si el precio de las importaciones -variable que determina la posibilidad de competir por parte de la industria nacional- no incluye el impuesto al valor agregado ni al Arancel Aduanero. Eso produce un flujo forzado de comercio, de compras en el exterior, aprovechando las exenciones tributarias.
Las compras de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, así como de las instituciones y empresas dependientes de ellas o que se relacionan con el Ejecutivo por su intermedio, hoy se encuentran exentas de IVA, siempre que correspondan a maquinaria bélica, armamento, elementos o partes para su fabricación o armaduría, municiones y otros pertrechos.
Sin embargo, como consecuencia de una interpretación extensiva del vocablo “pertrechos” -todos sabemos que no hay espacios vacíos y que en Chile siempre tendemos a realizar interpretaciones extensivas cuando nos conviene-, en la práctica estas importaciones están constituidas por una variada gama de artículos, muchos de los cuales son fabricados por la industria nacional. Ello ha traído como consecuencia que esta última se encuentre imposibilitada de competir en igualdad de condiciones con la producción externa en lo que respecta a la provisión de bienes para las instituciones de la defensa nacional. En este sentido, el hecho de que se aplique el IVA sólo a los productos nacionales es un factor discriminatorio para la producción interna y genera una situación que discrepa de los criterios básicos que fundamentan la política tributaria.
El proyecto consta de cinco artículos, cuyo contenido es el siguiente:
El artículo 1° reemplaza el párrafo primero del número 1 de la letra B del artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, con el objeto de establecer que estará exenta de dicho tributo la importación de las especies efectuadas tanto por el Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, como también por las instituciones y empresas dependientes de ellas o que se relacionen con el Presidente de la República por su intermedio, y que desarrollen funciones relativas a la defensa nacional, reguardo del orden y seguridad pública o policiales.
Dichas especies están exentas siempre que correspondan a maquinaria bélica, vehículos de uso militar o policial, excluidas las camionetas, automóviles y buses; equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia, entre otros.
Es decir, se podrá seguir importando sin IVA algún material que no se produzca en Chile o que, por su calidad y características técnicas, sea necesario seguir comprando afuera, pero estrictamente acotado a eso. Todo lo demás, todo lo que se pueda comprar en Chile, estará sujeto a la norma común y corriente de pago de IVA de cualquier proveedor y de cualquier comprador nacional.
El artículo 2° reemplaza la glosa de la partida 00.01, de la sección 0 del Arancel Aduanero, a fin de aplicar la exención aduanera a las mismas instituciones y especies singularizadas en el párrafo primero del Nº 1 de la letra B del artículo 12 del decreto ley Nº 825.
En el artículo 4º se elimina, en el inciso primero del artículo 3º del decreto ley Nº 480, de 1974, el guarismo “00.02”, que trata de los arreos militares y artículos destinados a la fabricación de uniformes, de manera de que puedan ser comprados en Chile.
El artículo 5º contempla el otorgamiento de recursos adicionales a las instituciones de la defensa nacional durante el primer año de vigencia de la ley.
El artículo 6º establece que la ley comenzará a regir noventa días después de su publicación en el Diario Oficial.
De este modo se regulariza la situación, y las compras en el exterior quedan sujetas a la exención tributaria perfectamente individualizada, sin posibilidad de interpretaciones extensivas. El resto de las adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas o por institucionales vinculadas con ellas, sea en el exterior o en Chile, pagarán, como el resto de las personas naturales y jurídicas, su impuesto en forma normal. Sin duda, se trata de un mecanismo bien pensado, pues facilitará la expansión de la producción nacional.
Aunque me meta en el corral propio de la Comisión de Hacienda, quiero agregar que esta normativa tiene un efecto neutro para los ingresos fiscales. Ello, porque aunque obviamente generará un mayor gasto en Defensa, ya que se encarecerá parte importante de las adquisiciones de ese sector, en el artículo 4º del proyecto se prevé que esos recursos serán entregados a las Fuerzas Armadas, cada año, a través de la ley de Presupuestos, y, por lo tanto, recibirán un aporte fiscal mayor. Por su parte, el fisco recaudará, a través del IVA y de los aranceles, la misma cantidad que entregue. De manera que, como lo explicó el ministro de Hacienda , esto tiene un efecto fiscal neutro, pero un efecto importante en el desarrollo de la producción nacional o, a lo menos, en la igualdad de oportunidades de la actividad industrial y productiva nacional para competir con los proveedores extranjeros.
Sólo quiero pedir, como presidente de la Comisión de Defensa y con el mayor entusiasmo, la aprobación de este muy buen proyecto de ley, que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , el diputado informante designado oficialmente por la Comisión de Hacienda fue el señor Eduardo Saffirio. Sin embargo, atendido el hecho de que debía asistir, en Santiago, a una reunión con dos ministros del área política para tratar mociones que él ha presentado, con mucho gusto lo reemplazaré en esta oportunidad.
Paso a informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, sobre el proyecto que modifica la normativa relativa a la importación de las mercancías del sector Defensa calificadas como pertrechos.
Esta iniciativa limita las importaciones que realizan las Fuerzas Armadas que, por efecto de la normativa vigente, están exentas del pago de aranceles y del impuesto al valor agregado.
La Comisión de Defensa Nacional consideró que todo el articulado del proyecto debía ser estudiado y votado por la Comisión de Hacienda.
Las importaciones que actualmente realizan las Fuerzas Armadas se efectúan mediante el amplio concepto de pertrechos, por lo cual se admite el ingreso y exención de un amplio número de bienes, como maquinaria bélica, armamento, alimentos, vehículos de uso militar o policial, medicamentos y vestuario. Muchos de esos bienes se producen y comercializan en el país, pero no pueden competir con los importados, ya que el precio que debería cobrarse por ellos es siempre mayor, pues considera el IVA. Esa distorsión genera una diferencia de precios en productos idénticos: el nacional es 25 por ciento superior al importado.
El proyecto fue especialmente incluido en la agenda pro crecimiento, porque los medianos productores y las pymes plantearon que les parecía increíble que el vestuario así como la mezclilla y las telas para la confección de uniformes se importaran, lo que implicaba negar trabajo la industria nacional, con todas las consecuencias que ello significa.
El proyecto mejora las condiciones de acceso de los empresarios nacionales a la venta de productos necesarios para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de las Policías, y les permite competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras en la provisión de bienes como vehículos o buses para uso militar o policial, alimentos, medicamentos, tecnología médica y computacional de uso convencional.
La iniciativa, que esperamos se apruebe en su primer trámite constitucional, limita las diferencias de tratamiento tributario y arancelario sobre las importaciones que realizan tales instituciones, y acota las mercancías que se importarán sin pago de arancel ni IVA.
El proyecto introduce modificaciones al artículo 1º del decreto ley Nº 825, que establece la normativa sobre impuestos a las ventas y servicios; así como a los artículos 2º y 3º del arancel aduanero y al artículo 4º del decreto ley Nº 480, que exime del pago de tasas de despacho a las mercancías que menciona. Esto permite:
a) Especificar los productos que, por motivos de seguridad nacional, requieren conservar las exenciones y la reserva de las adquisiciones, fundamentalmente en lo relativo a maquinaria bélica y armamentos, así como a sus partes y repuestos.
b) Especificar a las entidades que puedan realizar tales adquisiciones, incorporando, además de las Fuerzas Armadas y de Orden, al estado mayor y a otras con funciones de defensa nacional y seguridad pública. De este modo, permanecerán exentas de arancel e IVA las importaciones de los organismos de defensa o de seguridad pública que digan relación con maquinaria bélica y armamentos, pero con las restricciones que impone la propia ley.
La iniciativa tiene efectos sobre el presupuesto de las instituciones de defensa y de seguridad pública, pues implica mayor gasto. Sin embargo, para que ello no afecte la capacidad operacional de esas entidades, se establece una compensación presupuestaria de US$ 4.060 miles anuales, relacionados con las importaciones, las que alcanzan un orden cercano a los 22 millones de dólares por año. Dicha compensación se estimó en función de los gastos e inversiones realizados con cargo al presupuesto financiado con aporte fiscal.
En todo caso, el informe de la Dirección de Presupuestos esclarece que el proyecto es neutro desde el punto de vista de las finanzas públicas, puesto que el mayor aporte que se realiza a las Fuerzas Armadas se recuperará mediante impuestos y aranceles. Sin embargo, tiene relevancia desde el punto de vista económico, puesto que la eliminación de la distorsión antes descrita termina con algo ilógico: que los mismos empresarios que podrían competir con sus similares de Europa o Estados Unidos, no puedan vender en nuestro país por un problema de precios.
El mayor gasto reflejado en el presupuesto de las Fuerzas Armadas a raíz de este proyecto no debería impactar la relación, en materia de defensa, con nuestros vecinos, por dos motivos: Por una parte, el incremento sobre el presupuesto con aporte fiscal es menor a 2,5 por ciento sobre los casi 1.600 millones de pesos del presupuesto, sin considerar los ingresos del cobre. Por otra, porque es extremadamente fácil explicar frente a la comunidad internacional que nuestras Fuerzas Armadas pagan impuestos, como cualquier otra organización chilena, cuando adquieren productos convencionales.
El informe de la Comisión de Hacienda explica, uno a uno, los artículos de este proyecto, respecto de los cuales quiero dejar constancia que fueron aprobados por unanimidad.
Asistieron a la Comisión de Hacienda, durante el estudio del proyecto, los señores José Pablo Gómez, asesor de la Subsecretaría de Hacienda, y Luis Riquelme , analista de presupuestos del sector Defensa de la Dirección de Presupuestos.
La Comisión evacuó este informe en sesión del 6 de agosto de este año, con la asistencia de los diputados señores Enrique Jaramillo , presidente ; Claudio Alvarado , Rodrigo Álvarez , Alberto Cardemil , Julio Dittborn , Camilo Escalona , Pablo Lorenzini , José Miguel Ortiz, José Pérez, Eduardo Saffirio , Eugenio Tuma y Gastón von Mühlenbrock.
Por último, en nombre de la Comisión de Hacienda, solicito a la honorable Sala aprobar este proyecto de ley, largamente esperado por importantes sectores de pequeños y medianos empresarios, quienes desean competir en el aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , desde ya, anuncio mi respaldo a esta iniciativa que, como se señala en el mensaje, propone limitar la exención tributaria y arancelaria que favorece a las especies importadas por las instituciones vinculadas con la defensa nacional.
En efecto, esta idea -como lo dijeron los diputados informantes señores Cardemil y Ortiz , cuyas amplias exposiciones sería imposible que pudiera mejorar, dada la extensa versación que tienen en este tema-, tiene como finalidad corregir las distorsiones que perjudican a la industria nacional, de modo tal que ésta pueda incrementar su actual nivel de actividad, y generar las condiciones de igualdad necesaria para competir con los productores externos.
Como se señala en el informe, la subsecretaria de Hacienda , señora María Eugenia Wagner , puntualizó que mediante esta iniciativa se pretende corregir la situación que afecta a nuestra industria nacional con motivo de la competencia desleal que se produce con las empresas extranjeras, toda vez que los bienes importados por las Fuerzas Armadas y por las de Orden y Seguridad están exentos de impuesto, a diferencia de los adquiridos en el país. Las limitaciones que se proponen en materia de exención tributaria y arancelaria implican que las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad deberán ser compensadas por el mayor gasto en que incurrirán como consecuencia de la pérdida de franquicias, a través de una provisión de recursos adicionales en la ley de Presupuestos del sector público. Es decir, de acuerdo con el contenido del proyecto, para el Ministerio de Hacienda resulta preferible establecer en el presupuesto nacional los recursos que se requieran como consecuencia del término de la exención tributaria para las Fuerzas Armadas, de modo de favorecer a la industria nacional, aun cuando ello signifique, como se ha dicho, compensar por el mayor gasto a las Fuerzas Armadas.
Como señalé, la subsecretaria señora María Eugenia Wagner precisó que el proyecto forma parte de la agenda pro crecimiento, por cuanto beneficia al sector privado, en un período que, desde el punto de vista económico, ha sido especialmente difícil. Agregó que, para los efectos de la elaboración del listado de especies a que se refiere el articulado de la iniciativa en análisis, se tomó en consideración la opinión de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que existen algunos elementos de carácter bélico respecto de los cuales debe haber reserva y confidencialidad en la información, razón por la cual se estimó aconsejable incluirlos en la mencionada nómina y excluir los bienes cuyo uso no está estrictamente vinculado con la guerra.
En la agenda de modernización hemos aprobado paulatinamente proyectos que favorecen la actividad económica nacional, definidos como parte de la agenda pro crecimiento, para disminuir los niveles de desempleo existentes en el país y generar iniciativas reactivadoras.
En ese sentido, el proyecto propende a mejorar el control, la fiscalización y la transparencia, elementos que favorecen el adecuado uso de los recursos al incluir bienes y especies que, aunque definidos como pertrechos por las Fuerzas Armadas, pueden ser provistos por nuestra industria nacional. Limitando esta exención, se generarán áreas de mayor transparencia en sectores que, hasta ahora, habían sido imposibles de alcanzar por la actividad económica nacional. Ello generará un beneficio desde el punto de vista de la reactivación económica y un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y fiscalización, todo lo cual nos motiva a apoyar esta iniciativa presentada al Congreso Nacional por el Gobierno.
Al mismo tiempo, respaldamos los argumentos esgrimidos en la materia por los ministros de Hacienda y de Defensa Nacional.
Hace pocos días esta Sala aprobó una iniciativa presentada por la ministra de Defensa , señora Michelle Bachelet , quien en su intervención se refirió a temas que apuntaban a la modernización del escalafón de la Fuerza Aérea Nacional. En esa oportunidad también hizo uso de la palabra largamente el diputado Jorge Ulloa. Debo señalar que fue imposible mejorar su intervención y nos llamó profundamente la atención el énfasis con que respaldó a la señora ministra de Defensa Nacional. Para los socialistas resulta virtualmente imposible emular al diputado Ulloa en el énfasis con que apoyó a la ministra; incluso hizo palidecer el respaldo que nosotros pudimos dar a la iniciativa.
Estos proyectos, que apuntan a la modernización del sector Defensa, tienen un importante efecto para la reactivación económica y, en consecuencia, para la disminución de los niveles de desempleo existentes en el país.
Por lo expuesto, vamos a concurrir con nuestro voto favorable.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señora Presidenta , la Unión Demócrata Independiente dará su aprobación al proyecto, porque se trata de una iniciativa concordada entre el Ejecutivo , las Fuerzas Armadas y de Orden y el mundo empresarial.
Este proyecto se inserta dentro de la llamada agenda pro crecimiento y busca limitar la exención tributaria y arancelaria que favorece a determinadas especies importadas por las instituciones vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional. Digo esto, porque no sólo se refiere a las Fuerzas Armadas, sino también a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.
Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia del ministro de Hacienda y de la subsecretaria de dicha cartera, así como también de representantes de la Sofofa y de las Fuerzas Armadas y de Orden. En esa oportunidad, se dio a conocer ampliamente cuál es el fundamento del proyecto, cual es corregir las distorsiones que perjudican a la industria nacional en relación con la provisión de bienes determinados para la Defensa Nacional y para las Fuerzas de Orden y Seguridad, con el objeto de incrementar su nivel de actividad y generar condiciones efectivas de igualdad para competir con la industria extranjera.
Como partido, nuestro apoyo al proyecto básicamente está relacionado con la convicción de que la industria nacional está en condiciones de desarrollarse de una mejor forma, y que parte de los pertrechos que requieren las instituciones que dependen del Ministerio de Defensa Nacional pueden ser entregados por proveedores nacionales, lo que sólo es posible a través de una modificación legal, por cuanto el pago del IVA y del arancel aduanero, naturalmente, hace que la industria nacional quede, en materia de competencia, en un pie muy difícil. Los tributos por estos conceptos ascienden, a lo menos, al 30 por ciento.
Sin embargo, lo más importante es que las Fuerzas Armadas no sólo han señalado que están dispuestas, sino que han sido verdaderos motores y generadores de competencia de la industria nacional, sea en materia de armamento o de otro tipo de bienes. La prueba está en que en muchas oportunidades ha generado condiciones para que compita la industria nacional, obteniendo, en algunos casos, muy buenos resultados, pero en otros, lamentablemente, no tan buenos. En este último caso, ha sido necesario adquirir material proveniente del extranjero.
En consecuencia, existe un esfuerzo conjunto, tanto del Gobierno como de las Fuerzas Armadas, para favorecer a la industria nacional. A partir de la dictación de este proyecto, la industria nacional debe estar llamada a mejorar las condiciones de provisión de bienes producidos por ella. Desde ese momento, la industria nacional debiera comenzar a prepararse, a fin de que efectivamente cuente con la idoneidad tecnológica que lo permita, y que el comprador, en este caso las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, pueda sentirse cómodo en relación con la adquisición de material nacional. Además, está claro que se va a mantener la exención a la importación de la llamada maquinaria bélica, porque, lamentablemente, no la produce la industria nacional. Por lo tanto, todo aquello que se produzca en el país debe tener facilidades para su adquisición.
Por consiguiente, el proyecto, con sólo cinco artículos, permitirá y posibilitará un mayor dinamismo a nuestra economía, siempre y cuando logremos que la industria nacional aumente su tecnología a fin de que los altos estándares, apropiados a los requerimientos que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, puedan ser efectivamente cumplidos.
Como partido, reitero nuestra aprobación al proyecto, por cuanto creemos que una materia sencilla y simple como ésta puede ayudar a que nuestro país se desarrolle aún más.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, este tema ha sido discutido en la Comisión de Hacienda, que presido.
En muchas oportunidades, se ha hecho una especial defensa de nuestra capacidad productiva y de la importancia de proteger la industria nacional, tanto a nivel interno como internacional. Un país que da la espalda a sus productores está condenado a depender de la industria extranjera y, por lo tanto, nunca va a lograr su desarrollo.
Lo que digo, que parece tan obvio, incluso cuando se analiza la experiencia de los países más liberales en materia económica, como los colosos mundiales de la Unión Europea o como Estados Unidos, no ha sido bien comprendido por todos. De una u otra forma, en nuestro sistema legal subsisten normas que significan un menoscabo para la producción interna y una ventaja injusta para los productos provenientes del extranjero.
Ése es el caso de que trata el proyecto: los pertrechos militares, cuya regulación hemos conocido a través de los relatos de los diputados informantes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, señores Alberto Cardemil y José Miguel Ortiz , respectivamente. La iniciativa, en síntesis, se refiere a la exención del pago de algunos impuestos internos, como el IVA y el conocido y tan discutido últimamente arancel aduanero.
Las exenciones establecidas durante gobiernos anteriores, en un contexto bastante complejo para la seguridad interna del país, apuntaban a abaratar los costos de importación de medios bélicos y de otros bienes accesorios a la función militar y a la seguridad interna. En los hechos, esta situación dio lugar a prácticas abusivas que, en su momento, quedaron al descubierto, gracias a las denuncias realizadas por el ex diputado y actual senador, don Nelson Ávila , quien dio a conocer cómo algunos funcionarios de gobierno ingresaban muebles de ratán, motos de agua y diversos artículos de lujo amparados bajo la partida arancelaria “pertrechos”.
Esos hechos no son de grato recuerdo, pero contribuyeron a fin de considerar la necesidad de elaborar este proyecto, que modifica la normativa sobre importación de pertrechos militares. Ese caso significó, en su oportunidad, la salida de varios funcionarios en servicio activo de la rama de la defensa involucrada en esos hechos. Atendida esa situación, algunas autoridades militares y aduaneras empezaron a preocuparse por avanzar en una interpretación más seria y restrictiva de la partida mencionada. De acuerdo con el informe de la Comisión de Defensa, en 1998, la dirección del Servicio Nacional de Aduanas limitó el concepto de pertrechos a elementos que estuvieran directamente vinculados a la función militar o de seguridad interior.
El diputado Fidel Espinoza , miembro de la Comisión de Obras Públicas, manifestó que faltaba algo más: deslindar claramente, por la vía legislativa, lo relativo a los impuestos de internación. Eso es lo que hace, precisamente, el proyecto al terminar con las exenciones a los elementos importados cuando no estén directamente vinculados con las funciones favorecidas con ese beneficio. Gracias a ello, la industria chilena del vestuario, del calzado, los proveedores alimenticios, etcétera, podrán competir de igual a igual. No se trata de crear ventajas excesivas para los productores nacionales; la idea es que puedan competir en igualdad de condiciones con los proveedores extranjeros.
Pero junto con hablar de competir en igualdad de condiciones, quiero hacer una apreciación muy personal. Pienso que los países en desarrollo, como Chile, no compiten en igualdad de condiciones. Sin duda, hay excepciones, pero muy pocas. Casi todos los países desarrollados protegen sus productos exportables. Por eso, si hablamos de competir en igualdad de condiciones, debemos hacer una reflexión que nos lleve a considerar otros proyectos de ley y los tan comentados tratados de libre comercio, que ponen nerviosos a muchos diputados y senadores.
De manera que este proyecto debería conducir a eliminar factores de distorsión económica y a facilitar la competencia leal entre productores internos y externos. Eso es lo que ha motivado a la Sociedad de Fomento Fabril a apoyar fuertemente esta iniciativa.
Por lo tanto, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, expreso nuestra satisfacción por los contenidos y alcances del proyecto y anuncio que lo votaremos favorablemente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , compartimos la idea matriz señalada en el informe, esto es, “limitar la exención tributaria y arancelaria que favorece a las especies importadas por las instituciones vinculadas con la Defensa Nacional, con el objeto de corregir las distorsiones que perjudican a la industria nacional, de modo que ésta última pueda incrementar su actual nivel de actividad y se generen efectivamente las condiciones de igualdad necesarias para la competencia de la industria nacional y extranjera en la provisión de bienes para la Defensa Nacional”. Compartimos esta idea matriz, porque se trata de resguardar una adecuada competencia entre la industria nacional y la extranjera. Es natural que si no hay una adecuada definición y una clara determinación en esta normativa, se lesiona la posibilidad de competir y, lo que es más grave, de dinamizar determinados ámbitos de la industria nacional.
¿Cómo no van a querer los sectores textiles nacionales, por ejemplo, proveer a las instituciones de la Defensa Nacional, a la Policía de Investigaciones, etcétera, en igualdad de condiciones que las empresas extranjeras, aprovechando determinados beneficios, entre ellos, la exención del impuesto al valor agregado? De esta manera, la idea matriz está dando forma a un aspecto básico y esencial de apoyo a determinados ámbitos del quehacer nacional, en lo que a rubros productivos se refiere.
Pero considero, también, que una adecuada definición, establecida en la norma de exención, de lo que se entiende por pertrechos ayudaría a resolver problemas que pueden provocar, incluso, abusos. Es natural que la norma de exención exista para favorecer actividades propias de la Defensa Nacional o de las policías, pero no para ampliarla, a través de una mala interpretación del concepto pertrechos, a otro tipo de implementos que nada tienen que ver con dichas actividades.
Por eso, es necesaria una adecuada definición de los rubros que serán favorecidos por la exención -debemos dejar en claro que se mantiene la exención del IVA y de los aranceles-, y el proyecto los acota y define en forma precisa. Es así como su artículo 1°, que reemplaza el párrafo primero del número 1 de la letra B del artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, apunta en ese sentido, al precisar la exención, de manera que no se amplié ni queden espacios para que se cometan abusos. Esto que hace la disposición señalada tiene, luego, su correlato en los artículos 2°, 3° y 4°, que se refieren a los aranceles.
Por todo lo expuesto, la bancada democratacristiana anuncia su voto favorable a este proyecto de ley, dejando en claro que nuestra posición es acorde con la idea matriz y con lo expresado en el mensaje, cual es limitar la exención tributaria y arancelaria que favorece a las especies importadas por las instituciones vinculadas con la Defensa Nacional, con el objeto de evitar cualquiera distorsión que se pueda producir.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily ).-
Señora Presidenta, a juicio de la Comisión de Defensa, el proyecto impediría la discrecionalidad con la que ha actuado muchas veces la Dirección de Aduanas en relación con el término “pertrecho”, rótulo con el cual se ingresaron en el pasado muebles de ratán a Chile, situación en la que, incluso, se vieron involucrados importantes miembros de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, es muy importante este aspecto.
El diputado Jaramillo mencionó el aporte que significará el proyecto para la pequeña y mediana empresa nacional, que también se revisó. En efecto, muchos productos que se fabrican en el extranjero se hacen también en Chile, tal vez con mejor calidad, pero, desgraciadamente, quedan sometidos a una competencia desleal. Por eso es importante que la unanimidad que se produjo en la Comisión de Defensa se repita en la Sala.
El diputado Cardemil ha interpretado fielmente la opinión de la Comisión al respecto. De la misma forma, las dudas que teníamos han quedado subsanadas gracias a la intervención de la subsecretaria de Hacienda.
En consecuencia, la bancada de Renovación Nacional dará su voto favorable al proyecto.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Señora Presidenta , hace un rato, en su clara intervención, el diputado Escalona manifestó nuestra posición respecto del proyecto que modifica la normativa relativa a la importación de las mercancías del sector Defensa calificadas como pertrechos, de enorme relevancia para la pequeña y mediana empresa, como lo señaló el diputado Jaramillo.
En el mensaje, explícitamente se señala que se busca limitar la exención tributaria y arancelaria que favorece a las especies importadas por las industrias vinculadas con la defensa nacional, de modo de corregir las distorsiones que esta situación provoca en la industria nacional.
En consecuencia, tras el proyecto existe un principio de igualdad que es necesario destacar, y, si no se convierte en ley, la industria nacional no podrá competir con la extranjera en la producción de elementos que permiten abastecer a la defensa, porque las importaciones que hacen las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, así como Carabineros y Policía de Investigaciones están exentas de IVA, lo que imposibilita, en la práctica, que la industria chilena compita.
Más aun, como lo señaló en la Comisión el diputado democratacristiano Jorge Burgos , la industria textil nacional ha reivindicado la necesidad de competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros en la venta de especies a las Fuerzas Armadas, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Además, indicó que la amplitud del concepto “pertrecho” permite beneficiar con las exenciones tributarias y arancelarias las mercancías que no debieran gozar de tales franquicias.
Sin embargo, con la aplicación de la futura ley, las instituciones mencionadas deberán incurrir en un gasto mayor, situación que se discutió latamente, por lo que sólo circunscribo mi intervención a la importancia del proyecto para la industria nacional.
Por eso reitero, la bancada socialista va a dar su voto favorable.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer.
El señor BAUER.-
Señora Presidenta, el proyecto nos parece bastante conveniente, ya que, por una parte, permite a la industria nacional competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros en la provisión de insumos de carácter civil a las Fuerzas Armadas y a las policías, al disponer que la importación de este tipo de bienes se gravará con IVA y arancel aduanero.
En efecto, la normativa vigente exime a estas instituciones del pago de los tributos señalados por la importación de bienes civiles, lo que incentiva la compra en el exterior, hecho que, en la práctica constituye una exclusión legal a la competencia nacional.
Asimismo, el proyecto mantiene la exención a la importación de maquinaria bélica en general, lo que permite resguardar los intereses estratégicos de defensa y la política policial.
Por eso, vamos a votar favorablemente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señora Presidenta , en la discusión general, la subsecretaria de Hacienda , señora María Eugenia Wagner , señaló expresamente lo siguiente: “Mediante esta iniciativa se pretende corregir la situación que afecta a la industria nacional, con motivo de la competencia desleal que se produce con las empresas extranjeras, toda vez que los bienes que son importados por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública están exentos de impuestos, a diferencia de los que son adquiridos dentro del país. Las limitaciones que se proponen en materia de exenciones tributarias y arancelarias implican que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública deberán ser compensadas por el mayor gasto en que incurrirán como consecuencia de la pérdida de franquicias, a través de la provisión de recursos adicionales en la ley de Presupuestos del sector público”.
Precisó que este proyecto forma parte de la agenda pro crecimiento, por cuanto beneficia al sector privado, particularmente en un período que ha sido difícil desde el punto de vista económico. Explicó que para efectos de la elaboración del listado de especies a que se refiere su articulado, se tomó en consideración la opinión de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que existen algunos elementos de carácter bélico, respecto de los cuales debe haber reserva y confidencialidad en la información, razón por la cual se estimó aconsejable incluirlos en la mencionada nómina, y excluir aquellos bienes cuyo uso no está estrictamente vinculado con la guerra.
Posteriormente, la iniciativa fue valorada por los distintos sectores políticos.
La industria textil nacional ha reivindicado la necesidad de competir en igualdad de condiciones con los productores extranjeros en la venta de especies. Todos sabemos que la industria textil -producto de la globalización y de subsidios abiertos o encubiertos de otros países, con los que es imposible competir en esas condiciones- se ha visto muy afectada, y, prácticamente, colapsada en gran parte del país, después de ser floreciente hace un par de décadas.
Quisiera insistir en la importancia de eliminar los factores de distorsión. El proyecto pretende facilitar la competencia, dentro de la política en que está embarcado el Gobierno. Si bien se ha cuestionado el modelo económico, se trata de una realidad que hay que enfrentar. Insisto, hay que eliminar los factores de distorsión, facilitar la competencia y apoyar el desarrollo de la industria nacional.
Deseo hacer un paralelo entre la función de las Fuerzas Armadas, que es defender la soberanía del país, con la labor de la industria nacional. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la industria nacional, permitiendo que ella se reponga, fortalezca y desarrolle. Creo que es una vinculación no menor, ya que también se hace soberanía cuando existe industria nacional, capacidad de autoabastecimiento y de desarrollo de las ciencias y la tecnología.
Consideramos que con esta iniciativa no sólo la industria textil recuperará lo perdido en el último cuarto de siglo.
Finalmente, quisiera relatar una experiencia que vivimos con los diputados señores Burgos y Forni en Israel. Ese pequeño país en territorio y población ha sido capaz de sobreponerse a innumerables adversidades y ha desarrollado las ciencias y la tecnología. Estuvimos en una fábrica de pertrechos -quisiera que no hubiera guerra en el mundo, ni ejércitos; pero para subsistir como país tenemos que tener nuestro propio ejército- donde nos mostraron lo que son capaces de hacer para competir en ese ámbito.
Este no es un detalle menor cuando se discuten proyectos que abren posibilidades a sectores industriales de Chile para competir en igualdad de condiciones, eliminando las distorsiones y posibilitando la competencia. Por eso anuncio mi voto favorable.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señora Presidenta , quiero expresar mi respaldo a esta iniciativa. Deseo hacer algunas reflexiones, aunque parezca reiterativo, ya que varios diputados se han referido a lo mismo, al término “pertrecho”.
El concepto que abarca es tan amplio, encierra un conjunto tan grande de elementos, que cuesta interpretar adecuadamente qué se entiende por este término cuando hablamos de las instituciones de la Defensa Nacional.
Entre los antecedentes del informe de la Comisión, se señala que “En relación con el alcance del vocablo pertrechos, cabe consignar que la Dirección Nacional de Aduanas, mediante la Resolución N° 4.090, de 6 de agosto de 1998, interpretó, para los efectos de la aplicación de la normativa citada con precedencia, que se consideran pertrechos “las municiones, armamentos, equipos y víveres destinados a las labores de defensa del territorio, el resguardo del orden y seguridad pública y policial, de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones”.”.
Me voy a detener en la parte que habla de los “equipos y víveres”, es decir, de los elementos de alimentación, de los uniformes, e incluso de los vehículos de apoyo que no tienen precisamente el rol de defensa, como son las camionetas, los buses y los automóviles que, normalmente, las Fuerzas Armadas usan para el mejor desarrollo de sus actividades.
Me llama la atención y me preocupa una cuestión que, a mi juicio, hay que dejar expuesta. Las Fuerzas Armadas no son una isla en cuanto al desarrollo de la economía nacional. El país progresa con industrias, empresas, y, evidentemente, instituciones tan relevantes del Estado y de la Defensa Nacional también deben jugar un rol y hacer un aporte a la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria.
En relación con el término “pertrechos” y con los vehículos que no tienen directamente uso militar, me remitiré, por ejemplo, a las camionetas que aparecen mencionadas en el proyecto.
Soy diputado por el distrito Nº 1, de Arica, donde la empresa General Motors genera gran número de empleos, y su producción se acoge a los beneficios tributarios reconocidos en la ley Arica. ¿Por qué esta empresa no podría fabricar o armar camionetas de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por las Fuerzas Armadas? Ello generaría empleo en una zona limítrofe -tenemos fronteras con Perú y Bolivia-, donde, a propósito del tema de la defensa, se hace soberanía nacional, y, evidentemente, podría ser un gran incentivo para mantener allí la empresa General Motors y, por qué no decirlo, hacerla crecer.
Además, me llama a reflexión esta especie de suplemento de recursos que se entregarán a las Fuerzas Armadas por los mayores costos que implicará la compra de pertrechos en el exterior. Me pregunto si esos recursos no son, además, parte del presupuesto de la nación, por cuanto ingresan a las arcas fiscales y se reinvierten en el desarrollo del país. Estamos frente a un aspecto que reviste una connotación emblemática, por cuanto estamos hablando de las instituciones de la Defensa Nacional y del desarrollo económico industrial del país, de la producción nacional y del empleo.
Además -aunque el tema no tiene ninguna relación con el que estamos tratando-, me violenta -a mí por lo menos me pasa- el hecho de que en nuestro país el libro y la cultura paguen impuesto. Entonces, a propósito de esta suplementación para devolver el mayor gasto en que podrían incurrir las Fuerzas Armadas con el término de la exención tributaria respecto de algunas especies relacionadas con la defensa, ¿por qué no pensar también, a propósito del desarrollo de la cultura, que la gente pueda recibir de vuelta lo que pagó por concepto de IVA por los libros?
La nación está conformada por un conjunto de aspectos que tienen que ver con la defensa, pero también con su cultura con la identidad nacional, con la industria, con el empleo, con el trabajo. Evidentemente, son temas que, de una u otra forma, están vinculados.
Si uno revisa lo que hoy es considerado como “pertrechos” que ocupan las Fuerzas Armadas para el normal desarrollo de sus funciones, como los uniformes y los alimentos, parece hasta ofensivo pensar que en la industria nacional no existen los adelantos necesarios como para dar respuesta satisfactoria a los requerimientos y demandas de las instituciones de la defensa nacional. Creo que las fábricas de ropa, por ejemplo, están en perfectas condiciones para responder a las especificaciones técnicas que nuestras instituciones castrenses exigen para este tipo de material, que actualmente compran en el extranjero. También creo que, en relación con los alimentos, estamos en condiciones de responder a esos requerimientos.
Asimismo, me imagino que la General Motors, en Arica, podría estar en condiciones de satisfacer la demanda de camionetas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Investigaciones, más aun con las exenciones tributarias de que gozan las empresas que se instalan allí, como consecuencia de la ley Arica.
La bancada del Partido Socialista va a apoyar absolutamente este proyecto, porque representa un gran avance, aun cuando hay muchas cosas que revisar e incorporar. Su aprobación será un gran incentivo para la industria nacional, para la micro mediana, pequeña y microempresa. Además, ayudará a la creación de más empleo y al desarrollo de la industria nacional.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señora Presidenta , este proyecto tiene su razón de ser en un escándalo que ocurrió hace varios años, debido a una importación cuya partida mencionaba pertrechos militares, en circunstancias de que contenía una serie de artículos que no correspondían a bienes usados por la defensa nacional.
Algunos colegas han insistido mucho en que la exención beneficia a las Fuerzas Armadas, pero también se hace extensiva a Carabineros e Investigaciones. Me parece necesario recalcar este alcance para evitar discordias o que se centralice el beneficio del proyecto solamente en las Fuerzas Armadas.
Cuando integré la Comisión de Economía, durante tres periodos, pude comprobar la frecuente queja de las industrias textiles y de confección de ropa nacionales respecto del privilegio de que gozan la ropa y otros textiles que se importan al país a través de estas glosas. Indudablemente, nuestra industria textil está en perfectas condiciones de entregar un material aceptable para ser utilizado por las instituciones militares y por Carabineros -los funcionarios de Investigaciones prácticamente no usan uniforme-.
Esta medida viene a satisfacer, también, el clamor de las industrias textiles, en el sentido de poder competir en las propuestas para suministrar diversos productos relacionados con este rubro y con otros; además, como se sabe, también existen fábricas que producen armas y otros materiales de guerra.
Un conocido aforismo dice: “si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Por eso, debemos preocuparnos de que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de adquirir estos materiales para que actúen en las mejores condiciones posibles, y así, por ejemplo, que la gente que cumple su servicio militar pueda vestir ropa acorde con los requerimientos.
A pesar de que somos pacifistas, creemos que esta necesidad es innegable. En ese sentido, es muy claro el caso de Suiza, país que durante muchos años, a pesar de las guerras acaecidas en Europa, se ha mantenido neutral; sin embargo, posee un ejército preparado para cualquier eventualidad.
Es interesante señalar que cada uno de los artículos fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Defensa. En el informe se señala que los integrantes de todas las bancadas estuvieron de acuerdo en la necesidad de aclarar sus disposiciones. Como dije al comienzo de mi intervención, cuando se produjo el escándalo por el ingreso de pertrechos militares en condiciones de privilegio, hubo consenso en que debían definirse en la ley respectiva, en forma taxativa, los artículos y productos sujetos a beneficios.
Anuncio que votaremos a favor del proyecto -creemos que no debería haber problemas para su aprobación-, de modo que continúe su tramitación regular en ambas cámaras.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El señor Alberto Cardemil, en su calidad de diputado informante de la Comisión de Defensa , ha solicitado a la Mesa intervenir para hacer notar una observación.
Tiene la palabra su señoría.
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta, pido que en el acta se deje constancia del planteamiento que voy a hacer y, si es posible, en el informe, con el objeto de que sea atendido en el Senado, en su segundo trámite constitucional, así como en su posterior tramitación, hasta que el proyecto sea ley.
Como debemos revisar siempre los textos, nos dimos cuenta de que la exención actual no corresponde exactamente a la exención que quedaría en este proyecto de ley respecto de lo que propiamente se denomina “pertrechos”.
La norma actual establece la exclusión de la exención, es decir, que debe pagarse impuesto respecto de elementos o partes para la fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de maquinaria bélica y armamento.
En el artículo 2º de la norma en análisis se recoge solamente lo referido a mantenimiento, reparación y mejoramiento de maquinaria bélica o de armamento; es decir, quedarían fuera de la norma la armaduría y la integración de maquinaria bélica y armamento.
En un principio, junto con la diputada señora Lily Pérez y el diputado señor Jorge Ulloa , pensamos presentar una indicación para reemplazar, en el artículo 2º, la conjunción “y” que sigue a la palabra “reparación” por una coma (,), y agregar, después del vocablo “mejoramiento”, la expresión “y armaduría”. Además, agregar, después de la preposición “para”, la frase “fabricación e integración”, que precedería a la palabra “mantenimiento”.
Con eso mantendríamos, actualmente, un sistema en que todas estas adquisiciones pudieran pagar IVA.
Como advertimos que esta indicación podía tener visos de inadmisibilidad o de inconstitucionalidad por corresponder a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo , hemos preferido dejar constancia de esta falta de correspondencia, que simplemente pudiera deberse a un error de redacción entre la norma actual -que debiéramos tratar de mantener en esta parte-, y la norma que recoge y mantiene este proyecto de ley. En consecuencia, pedimos que en el informe se recoja este planteamiento, que, por supuesto, no complica el despacho de la iniciativa. Esperamos que nuestra observación sea analizada y resuelta en el Senado o en los trámites posteriores.
Hacerlo de otra manera complicaría las cosas. En el caso de declararse admisible la indicación, el proyecto debiera volver a Comisión, lo que atrasaría su despacho. Tendríamos que esperar una indicación del Ejecutivo. Considermos que es mucho mejor que la iniciativa siga su camino, despachando hoy la normativa, ojalá por unanimidad, y estudiar este punto concreto, que es muy técnico, en los trámites posteriores.
La bancada de Renovación Nacional, como lo ha manifestado la diputada Lily Pérez , prestará su apoyo al proyecto de ley.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Gracias, diputado Cardemil.
La Mesa, por cierto, está de acuerdo con que debemos continuar con la tramitación del proyecto.
Estimamos válido dejar consignada su aprensión en esta sesión, y tenemos la seguridad de que podrá ser atendida, y, de ser necesaria una indicación, conversaremos con el Ejecutivo para que sea presentada en el Senado.
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señora Presidenta, sin duda, el proyecto informado por el diputado Cardemil es de mucha trascendencia, particularmente si consideramos que el mismo Ejecutivo lo ubicó dentro de la agenda pro crecimiento, luego de negociaciones con los gremios empresariales y de conversaciones con los partidos políticos.
Mediante la modificación de las disposiciones reglamentarias y legales que aquí se están haciendo en las partidas respectivas, vamos a darnos cuenta de la posibilidad real de terminar con un régimen de excepción que tenía, a lo menos, dos connotaciones negativas. La primera no permitía que nuestra industria compitiera en igualdad de condiciones cuando tuviera posibilidad de hacerlo. No se puede competir en esas condiciones cuando un comprador importante, como son las Fuerzas Armadas, puede hacer sus compras sin pagar arancel aduanero y sin IVA al tratarse de pertrechos o elementos importados. Esa mala forma de competir venía practicándose desde hace mucho tiempo a través de un reglamento aduanero, por lo que era bueno dejarlo sin efecto. La idea es dictar normas generales que permitan la competencia sana, libre y leal de las empresas. La segunda connotación se refiere a un aspecto muy importante: la transparencia. Porque si bien, por regla general, esto puede haber funcionado muy bien, hubo casos en que se prestó para interpretaciones equivocadas, pues se realizaron importaciones de productos que no tenían nada que ver con la intención primitiva del legislador en cuanto a beneficiar la compra de ciertos pertrechos relativos a la industria bélica. Así, por ejemplo, vimos que por esta vía se importaban automóviles, muebles de oficina e incluso muebles de ratan, lo cual no era una mala interpretación, sino una torcidísima interpretación de una norma.
Hacen bien el Ejecutivo , la Comisión de Defensa y los partidos políticos al poner fin a situaciones de tal naturaleza, porque nada tienen que ver con un sistema de libre mercado ni con que las personas puedan competir en igualdad de condiciones. Incluso se pudo haber dado un paso más, como propusieron algunos -supongo que ello está consignado en el informe o en las actas-: haber establecido que todo está afecto a IVA. Ni siquiera procedía haber hecho una lista de excepciones todavía, porque lo que se debe pagar por IVA, en el caso de las Fuerzas Armadas -que debemos pagar todos los chilenos porque el gasto militar es de todos, y es bueno entenderlo así-, es neutro para el Ejecutivo al recaudarlo por este concepto. Lo ideal habría sido eliminar todo tipo de excepción, y, así, haber dado un paso importante. Pienso que debemos estar atentos para terminar con cualquier tipo de excepción, de manera de dejar atrás normas de esta naturaleza, que entraban la libre competencia y pueden beneficiar a personas que interpreten de manera torcida estas disposiciones legales.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , en sus Comisiones de Economía y de Constitución, Legislación y Justicia, en forma conjunta la Cámara de Diputados trabajó en un proyecto de ley que, hace muchos años, demanda la comunidad, especialmente quienes laboran en un mercado que se cree que es competitivo: el que se refiere a los tribunales de la libre competencia. Hemos avanzado notablemente en la consecución de esa normativa. Tal como se aprobó en la Cámara de Diputados, se crea una nueva institucionalidad de la libre competencia. Al respecto, el Senado ha hecho algunas observaciones que, en definitiva, están siendo resueltas por la Comisión Mixta. Pero es tal la preocupación de los parlamentarios frente a esta demanda, que este proyecto constituye un acertado complemento de lo que son los tribunales de la libre competencia.
En el estudio de este proyecto, que, como comisión técnica, le ha correspondido a la de Defensa, han expresado su opinión, como invitados, los sectores que representan a las Fuerzas Armadas, en todas sus ramas -Ejército, Marina y Aviación-, y Carabineros, como también los respectivos subsecretarios. Sin embargo, no aparece ningún personero del Ministerio de Economía porque, en mi opinión, no se le ha dado la debida importancia a esta iniciativa en relación con la oportunidad que tendrá la economía nacional de sanear el vicio que constituyen las compras de las Fuerzas Armadas en el extranjero, la internación de mercaderías sin los impuestos correspondientes, lo que significa una muy desleal competencia para nuestra industria nacional. Tan graves han sido sus efectos, por no haber corregido en forma oportuna esta distorsión, que la industria textil sufrió el cierre de gran parte de sus empresas.
Aunque sea un poco tarde, el proyecto es bienvenido, indispensable y un muy buen complemento a la iniciativa en materia de tribunales de la libre competencia. En definitiva, cuando las Fuerzas Armadas adquieran elementos de cualquier tipo, sea en el extranjero o en el mercado nacional, tendrán esa posibilidad, lo que nunca podrían haber hecho sin esta iniciativa de ley, porque gozan de un subsidio distorsionador, que es la franquicia de no pagar los impuestos de ingreso, derechos aduaneros y el IVA.
Entonces, cualquiera que fuese el nivel de competitividad de la industria nacional, le era imposible hacerlo con productos importados. Mediante este proyecto se igualan las condiciones de competividad de los agentes importadores, extranjeros, de la industria que provee de pertrechos a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, con aquellos capaces de hacerlo en el mercado nacional.
Con ello, estamos favoreciendo el desarrollo de quienes proveen a esas grandes industrias con capacidad de abastecer a las Fuerzas Armadas con diferentes productos, insumos, e incluso con armamento. Estamos transparentando los subsidios -es decir, que no haya subsidio para las mercaderías importadas- y la decisión de las Fuerzas Armadas de adquirir sus productos en relación con la calidad y el justo precio, y no con el injusto precio que los productos importados estaban recibiendo con un subsidio estatal.
En la discusión, eché de menos que no hubiese sido más de economía que de estrategia armada, o de cómo el país asume su planificación de defensa. No me atrevo a asegurar que el proyecto tendrá efecto de un ciento por ciento en la economía nacional, pero sí que será considerable. Aquí, la pequeña y la mediana empresa proveerán a las Fuerzas Armadas o a las grandes empresas que abastecen en forma directa a las instituciones castrenses. También, en licitaciones podrán participar en igualdad de condiciones con los importadores que no pagaban impuestos, pero que ahora sí lo harán.
El presupuesto de las Fuerzas Armadas no se resentirá, pues Hacienda repondrá esos recursos, aunque, como dijo el diputado Paredes, parezca una paradoja hacerlo con las Fuerzas Armadas por el gasto de armamento y no resarcir a los usuarios por el impuesto a los libros. Sin embargo, la iniciativa viene a corregir una gran distorsión en el mercado.
Nuestra bancada votará el proyecto favorablemente. Esperamos que sea aprobado por unanimidad, en función de la economía e interés nacionales.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar en general, el proyecto que modifica la normativa sobre la importación de mercancías del sector defensa calificadas como pertrechos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
BENEFICIOS A CONCESIONARIOS Y OCUPANTES DEL BORDE COSTERO DE LA ISLA ROBINSON CRUSOE. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que establece beneficios a concesionarios y ocupantes de la isla Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández.
Diputados informantes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda son los señores Ibáñez y Álvarez, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3047-02, sesión 39ª, en 10 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Defensa y de Hacienda, sesión 28ª, en 12 de agosto de 2003. Documentos de la Cuenta Nºs 11 y 12, respectivamente.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, paso a informar acerca del proyecto referido a beneficios a concesionarios y ocupantes de la isla Robinson Crusoe, de la comuna Juan Fernández.
El mensaje propone otorgar diversos beneficios a los titulares de concesiones marítimas y a los ocupantes irregulares del borde costero de la isla Robinson Crusoe , con el objeto de solucionar los problemas derivados del aumento del valor de las rentas por concepto de concesiones marítimas, de la ausencia de estímulos para favorecer la inversión y de la precariedad del derecho de concesión.
Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia del subsecretario de Marina , señor Carlos Mackenney ; del capitán de fragata del servicio jurídico, señor John Ranson , y del señor Jorge Prchet , asesor del Ministerio de Defensa Nacional.
El proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular, por la unanimidad de los integrantes presentes en la Comisión; no contiene artículos que deban votarse con quórum especial, y los artículos 1º, 2º, 3º y 5º requieren cumplir trámite en la Comisión de Hacienda.
La normativa marítima está básicamente contenida en los artículos 589, 594 y 596 del Código Civil y en el decreto con fuerza de ley Nº 340, de l960, del Ministerio de Hacienda, que regula todo lo relacionado con las concesiones marítimas, cuyo artículo 4º estatuye: “El concesionario pagará por semestres o anualidades anticipadas una renta mínima de un 16 por ciento anual sobre el valor de tasación de los terrenos, practicadas en cada caso por la Inspección de Impuestos Internos correspondiente”.
El reavalúo de los terrenos de playa de la isla Robinson Crusoe , efectuado por el Servicio de Impuestos Internos, provocó un aumento de las rentas por concepto de concesiones marítimas en una significativa proporción. Estos nuevos valores han superado con creces la capacidad de pago de los concesionarios y dificultado la regularización de la situación en que se encuentran los ocupantes ilegales de dicho borde costero, quienes están impedidos de asumir costos tan elevados debido a los reducidos ingresos que obtienen en el ejercicio de su actividad.
Esta situación es particularmente grave en el archipiélago Juan Fernández donde, salvo contadas excepciones, la superficie que no corresponde a parque nacional está conformada por terrenos de playa sujetos al régimen de concesiones marítimas, condición jurídica que afecta a la gran mayoría de los escasos terrenos habitables de la isla, únicos en los que puede desarrollarse alguna actividad económica.
Cabe destacar que de las cuarenta y tres ocupaciones de terrenos de playa existentes, aproximadamente, la mitad estuvieron o están acogidas al sistema de concesiones marítimas. Sin embargo, la gran mayoría de los concesionarios ha dejado de pagarlas por diversas razones, acumulando, en algunos casos, deudas relativamente considerables con el fisco. La otra mitad corresponde a ocupaciones ilegales de terrenos de playa, donde hay viviendas consolidadas que cuentan con luz eléctrica y agua potable.
Además, algunos ocupantes del borde costero tienen títulos de dominio de antigua data, como, asimismo, ocupantes de sitios que, por encontrarse divididos por la línea de 80 metros desde la más alta marea, cuentan sólo en parte con título de dominio, mientras el resto del predio está sujeto al régimen de concesiones marítimas, a veces acogido efectivamente y otras sin regularizar, lo que constituye una ocupación ilegal.
Respecto de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, se propone otorgar diversos beneficios a los titulares de concesiones marítimas y a los ocupantes irregulares del borde costero de la isla Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández, con el objeto de solucionar los problemas derivados del aumento del valor de las rentas por concepto de concesiones marítimas, de la ausencia de estímulos para favorecer la inversión y de la precariedad del derecho de concesión. La búsqueda de mecanismos de solución se fundamenta en que se trata de una zona aislada del continente, que requiere con urgencia de un desarrollo económico que permita la realización de inversiones en materia social y en infraestructura, una expedita explotación de sus recursos y riquezas y, muy especialmente, un fuerte impulso para el desarrollo del turismo.
Para materializar la idea matriz se propone legislar sobre el particular por medio de cinco artículos permanentes y uno transitorio, cuyos contenidos expondré a continuación:
El artículo 1º dispone la condonación de las deudas por concepto de rentas y tarifas a los titulares de concesiones marítimas ubicadas en el borde costero de la isla Robinson Crusoe y que las mencionadas concesiones marítimas, respecto de las cuales sea aplicable la causal de caducidad por el no pago de la renta, continuarán vigentes hasta la expiración del plazo establecido en el decreto que las otorgó.
El artículo 2º establece que las ocupaciones irregulares del borde costero de la isla podrán ser regularizadas a través del otorgamiento de concesiones marítimas sobre los terrenos ocupados, en los términos del decreto con fuerza de ley Nº 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, y su reglamento. Se señala, asimismo, que dichas concesiones no pagarán rentas o tarifas por el período de ocupación precedente.
El artículo 3º preceptúa la exención del pago de las rentas y tarifas contempladas en el decreto supremo Nº 660, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional, a las concesiones marítimas ubicadas en el mencionado borde costero, siempre que el objeto de las mismas corresponda a uso habitacional.
El artículo 4º estatuye que las concesiones marítimas que se otorguen en el mismo borde costero podrán concederse por un plazo de hasta cincuenta años.
El artículo 5º aclara que las concesiones marítimas otorgadas continuarán afectas al impuesto territorial contemplado en la ley Nº 17.235 y a otros tributos que pudiesen gravar a los concesionarios.
El artículo transitorio establece que las ocupaciones irregulares del borde costero de la isla Robinson Crusoe deberán ser regularizadas en el plazo de un año contado desde la publicación de la ley y que, en caso contrario, deberán pagar las rentas o tarifas correspondientes al período de ocupación precedente.
Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes.
El proyecto fue aprobado en particular, sin debate, por la unanimidad de sus integrantes.
En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que he señalado, la Comisión de Defensa Nacional recomienda a la Sala la aprobación del proyecto.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, ofrezco la palabra al diputado señor Eugenio Bauer.
El señor BAUER .-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que establece beneficios a concesionarios y ocupantes del borde costero de la isla Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández, de conformidad con el inciso segundo del ar-tículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El propósito de la iniciativa consiste en otorgar diversos beneficios a los titulares de concesiones marítimas y ocupantes irregulares del borde costero de la isla Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández, con el objeto de solucionar los problemas derivados del aumento del valor de las rentas por concepto de concesiones marítimas, de la ausencia de estímulos para favorecer la inversión y de la precariedad del derecho de concesión.
La necesidad de dar solución a dichos problemas se fundamenta en que se trata de una zona aislada del continente que requiere con urgencia un desarrollo económico que permita la realización de inversiones en materia social y en infraestructura, una expedita explotación de sus recursos y riquezas y, muy especialmente, un fuerte impulso al desarrollo del turismo.
El informe financiero de 16 de julio de 2002, elaborado por la Dirección de Presupuestos, señala que actualmente existen en la isla diecisiete concesiones onerosas, de las cuales diez mantienen una deuda por 21 mil 141 millones de pesos al primer semestre de 2002; tres concesiones gratuitas; siete destinaciones marítimas, y dos destinaciones en trámite. Además, hay veintitrés ocupaciones ilegales.
En consecuencia, el proyecto representa una menor recaudación fiscal en el año 2002, equivalente al monto de la deuda señalada en el párrafo anterior.
La Comisión de Defensa Nacional dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 1º, 2º, 3º y 5º aprobados por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
El artículo 1º condona las deudas por concepto de rentas y tarifas que hubieren contraído los titulares de concesiones marítimas ubicadas en el borde costero de la isla Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández.
El inciso segundo precisa que las concesiones marítimas del mencionado sector que se encontraren afectadas por causales de caducidad por no pago de las rentas, continuarán vigentes hasta la expiración del plazo fijado en el decreto supremo que las hubiese otorgado.
El artículo 2º dispone que las ocupaciones irregulares del borde costero de la isla Robinson Crusoe podrán ser regularizadas mediante el otorgamiento de concesiones marítimas de conformidad con lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, sobre Concesiones Marítimas y su reglamento, aprobado mediante el decreto supremo Nº 660, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional.
El inciso segundo señala que las concesiones marítimas que se otorgaren a los ocupantes irregulares no pagarán las rentas o tarifas correspondientes al período de la ocupación ilegal.
El artículo 3º exime a los titulares de las concesiones marítimas ubicadas en el borde costero de la isla Robinson Crusoe del pago de las rentas y tarifas contempladas en el decreto supremo Nº 660, de 1988, del Ministerio de Defensa Nacional, siempre que el objeto de las mismas corresponda a uso habitacional.
El artículo 5º contempla que, sin perjuicio de las exenciones contenidas en esta ley, las concesiones marítimas otorgadas en el borde costero de la isla Robinson Crusoe continuarán afectas al impuesto territorial contemplado en la ley Nº 17.235 y a otros tributos que pudiesen gravar a los concesionarios.
El diputado señor Pablo Lorenzini presentó un conjunto de indicaciones a los artículos antes citados, con el objeto de hacer extensivos los beneficios de la iniciativa al borde costero de la comuna de Constitución.
El presidente de la Comisión declaró inadmisible, de conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, las indicaciones precedentes, por no decir relación con la idea matriz del proyecto e incidir en materias financieras y presupuestarias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Puestos en votación los artículos 1º, 2º, 3º y 5º, fueron aprobados por unanimidad.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta , en nuestro país el dominio público, esto es, la vinculación jurídica que existe entre el territorio y el Estado, tiene un estatuto legal muy particular, muchas veces complejo, pues al mantener el Fisco de Chile, como persona jurídica, la titularidad del derecho real de dominio, sus atributos están radicados en distintos organismos de la Administración Pública. Así, por ejemplo, los municipios tienen competencia en la administración de los espacios públicos compuestos por calles y plazas, el Ministerio de Bienes Nacionales respecto de paños de terrenos ubicados tierra adentro, y la Armada de Chile, a través de la Dirección del Territorio Marítimo, la administración del borde costero.
Esta situación, entendible atendido el principio de la especialización de los órganos públicos, da lugar, en parte, a la generación de estatutos diferenciados, lo cual no siempre suele ser bueno para los administrados y, lo que es peor, cuando no hay coordinación entre los estamentos públicos, da lugar a situaciones anómalas desde el punto de vista de la generación de políticas públicas.
Esto es lo que ha sucedido en todo el territorio nacional en relación con la utilización del borde costero, de un largo borde del Chile continental e insular.
La Armada de Chile tiene competencia exclusiva en el borde costero, y cuando no se coordinan todos los organismos públicos con ella, temas tan importantes como el de la isla Robinson Crusoe quedan bajo la competencia de una entidad que no necesariamente tiene experiencia en la creación de condiciones para un hábitat seguro de las poblaciones, porque no forman parte de su función esencial, que es la defensa nacional.
El problema de la isla Juan Fernández y, en general, de las islas y archipiélado de nuestro país, es que son un espacio que están en tierra de nadie respecto de la Administración Pública. Carecemos de una política nacional de poblamiento y desarrollo económico y social de sus habitantes, los que, atendida la distancia, el aislamiento y las limitaciones que les impone el medio geográfico, requieren ser atendidos por la Administración y el Gobierno de manera preferente.
Mediante el proyecto, que hemos respaldado desde su gestación, se acogen una serie de peticiones de los pobladores del borde costero, que son muy pobres y que a través de los años han ido ocupando la franja de costa de la isla, incluso sus espacios en la playa, de manera irregular, por carecer de los permisos o concesiones que les exige la ley.
La iniciativa les da un plazo especial de un año para regularizar su situación y los exime del pago de una serie de derechos y tarifas que encarecen su presencia y ocupación en la isla, lo que redunda en la precariedad de los asentamientos y en la imposibilidad de generar procesos productivos permanentes en ellos.
Como parlamentaria que representa a los habitantes del archipiélago de Juan Fernández , respaldo plenamente la iniciativa y hago un llamado a la Sala en orden a estudiar los temas de poblamiento del espacio nacional con una mirada amplia, que incluya las dificultades, en particular de las zonas especialmente aisladas de nuestro territorio, que en el actual sistema jurídico administrativo no tienen la consideración debida, como tampoco, lamentablemente, la prioridad de atención de la autoridad del nivel regional y central de sus requerimientos y necesidades.
Concluyo señalando que éste es un proyecto absolutamente esencial y justo para los habitantes de esa zona, ya que permite dar una nueva y amplia mirada al borde costero.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-
Señor Presidente , la Cámara de Diputados puede dar un paso realmente importante en lo que se refiere a la justicia.
Hoy son muchas las familias que se encuentran en una posición desventajosa en relación con las concesiones del borde costero en la isla Juan Fernández.
Es preciso afirmar que de las cuarenta y tres ocupaciones de terrenos de playa existentes en la isla, aproximadamente la mitad estuvieron o están acogidas al sistema de concesiones marítimas. Sin embargo, la gran mayoría de los concesionarios ha dejado de pagar las rentas por diversas razones y ha acumulado, en algunos casos, deudas relativamente considerables con el Fisco.
La otra mitad corresponde a ocupaciones ilegales de terrenos de playadonde hay viviendas consolidadas que cuentan con luz eléctrica y agua potable.
Por ello, este proyecto, que soluciona los problemas del aumento del valor de las rentas por concepto de concesiones marítimas, no hace otra cosa que sentar criterios de justicia para las familias que se encuentran haciendo patria en una zona aislada del continente, favoreciendo el crecimiento económico, la explotación de recursos y el turismo en la zona.
Por las razones expuestas, Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Están inscritos la diputada María Eugenia Mella y el diputado Leopoldo Sánchez, pero ha terminado el Orden del Día.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogar el Orden del Día a fin de que puedan hacer uso de la palabra los diputados antes señalados.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , agradezco la comprensión de la honorable Sala.
Como diputado de Aisén y miembro titular de la Comisión de Recursos Naturales y Bienes Nacionales, me pareció indispensable intervenir en la discusión de esta iniciativa que pretende dar solución a los problemas de precariedad jurídica de algunos asentamientos humanos en la isla Robinson Crusoe , que afortunadamente tuve la oportunidad de conocer.
Mi experiencia en Aisén, zona de costa desmembrada, donde son comunes conflictos jurídicos como el que queremos resolver con este proyecto, indica que la falta de políticas públicas idóneas acarrea situaciones injustas y, muchas veces, irracionales.
La ocupación de los espacios del territorio nacional, como sabemos, no es armónica. La población se concentra en unos pocos puntos urbanos ubicados, principalmente en la zona central del país, existiendo vastas zonas, muchas de ellas, aisladas, que quedan sin ocupación y, por ende, sin integración al Estado y a la actividad productiva nacional.
En el caso de las zonas insulares, la situación es aún más grave. En Chile, a diferencia de Francia, donde existe una región de las provincias de ultramar -quizás, resabio de su pasado colonial-, no existe una instancia de Gobierno y administración especializada en territorios insulares. De hecho, ni siquiera el Ministerio del Interior o la Subsecretaría de Desarrollo Regional, tienen un equipo de profesionales especialmente entrenados en la generación de políticas públicas para el mundo insular chileno: isla de Pascua, isla Juan Fernández , isla Mocha , Octava Región ; islas del archipiélago de Chiloé, islas de Aisén y de Magallanes, son espacios que, poco a poco, han perdido su capacidad de integración al territorio nacional y comienzan a transformarse en zonas donde se instalan bolsones de pobreza e inseguridades de toda clase, desde la jurídica, respecto de los títulos de ocupación, hasta de seguridad humana, por la violencia que a veces se despliega en ella.
Como dice el uruguayo Galeano: “Hay tierra donde el estado solo quedó la bandera”.
Lo anterior, nos debe hacer reflexionar de manera profunda respecto de la forma en que enfrentamos estos temas de desarrollo.
Sinceramente creo que la Comisión de Zonas Extremas debe asumir también el desafío de ocuparse de las islas oceánicas chilenas.
La Cámara podría contribuir de manera decisiva a crear interés en el Gobierno respecto de la necesidad de generar cambios políticos de mayor envergadura en la materia para asegurar mejor calidad de vida a nuestros compatriotas que hacen soberanía en esos territorios y para entregar e integrar a estas islas a los procesos productivos del país.
Respaldo la iniciativa por estimar que, esencialmente, hace justicia a los habitantes de la isla Robinson Crusoe, pero, de paso, pido que, con la misma seriedad con que se han acogido las demandas de los isleños de Juan Fernández , se asuman las demandas de otros isleños se asuman las demandas de otros isleños, en su gran mayoría, pescadores que habitan en las islas del litoral de la provincia de Aisén y de Magallanes.
Sobre la materia, anuncio que realizaré las gestiones pertinentes con la Subsecretaría de Marina y con la Comisión de Recursos Naturales y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, que lamentablemente no ha sido consultada, pese a ser por definición la comisión técnica más idónea para conocer el proyecto. La finalidad es que en conjunto recorramos, dentro de las limitaciones de nuestros medios, los más importantes asentamientos costeros insulares del país, analizar en terreno las demandas de los pobladores que los habitan para hacer un diagnóstico acabado sobre los problemas de estos compatriotas, con el objeto de efectuar proposiciones concretas al Gobierno para superarlos. Así contribuiremos a que el Estado no sea sólo -y repito lo que alguna vez dijo Galeano- una bandera que flamea al viento.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada María Eugenia Mella .
La señora MELLA (doña María Eugenia) .-
Señora Presidenta , respecto de este proyecto, es importante recordar que la administración de los bienes nacionales de uso público ubicados en el borde costero corresponde a la Subsecretaría de Marina.
Asimismo, quiero destacar que la iniciativa soluciona uno de los grandes problemas de los habitantes pobladores de la isla de Juan Fernández, que también afecta a muchos habitantes de caletas de pescadores. Por eso, estoy elaborando una presentación
a la Subsecretaría de Marina, a fin de trabajar con el Gobierno la posibilidad de incorporar lugares como la caleta de Pichicuy, de La Ligua. Son muchos habitantes de caletas de pescadores que en este momento no pueden participar en ningún programa de asistencia social.
Por último, quiero hacer hincapié en que si bien el artículo 3º del proyecto soluciona el tema del cobro a quienes habitan en el borde costero, seguirán teniendo las mismas dificultades. Es decir, no podrán participar en ningún programa del Gobierno, ni acceder a subsidios, por ejemplo, habitacionales, debido a que se encuentran en una precaria situación de concesión.
Por las razones expuestas, manifiesto mi apoyo al proyecto, con el alcance -repito-de que el artículo 3º no soluciona el problema de fondo de los habitantes de las caletas. No me refiero a quienes tienen negocios en el borde costero, sino a quienes desde épocas inmemoriales, tienen allí sus casas.
Asimismo, quiero hacer presente a la Subsecretaría de Marina y al Gobierno que en las modificaciones a las leyes correspondientes se incorpore también a los habitantes de la caleta de pescadores de Pichicuy.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Cerrado el debate.
En votación, en general, el proyecto de ley que establece beneficios a concesionarios y ocupantes de la isla Robinson Crusoe, de la comuna de Juan Fernández.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
COMISIÓN INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN PLANES DE ABSORCIÓN DE EMPLEOS.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Se ha informado a la Mesa que uno de los autores del proyecto de acuerdo Nº 256 ha solicitado su suspensión.
Respecto de los proyectos de acuerdo, el artículo 113 del Reglamento, en la parte pertinente, señala lo siguiente:
“Los Diputados autores de un proyecto de acuerdo serán los únicos facultados para proponer adiciones o modificaciones al mismo, hasta antes de su lectura en la Sala; para pedir la suspensión de su tratamiento, conservando su lugar, y para retirarlo de tramitación”.
Se nos había informado que se pedía la suspensión del tratamiento del proyecto, pero, tal como lo estipula el Reglamento, tal decisión debe ser tomada por todos sus autores.
La Mesa pone el tema a consideración de la Sala.
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señora Presidenta , tal como lo ha indicado, el artículo 113 del Reglamento es extraordinariamente preciso y claro. Sólo los autores de un proyecto pueden pedir la suspensión del tratamiento del mismo.
De manera que, respecto de este proyecto de acuerdo, sólo la expresión de la voluntad de sus nueve autores puede impedir su tratamiento. De lo contrario, debe discutirse y votarse en esta sesión.
Insisto en que, en ese sentido, el Reglamento es extraordinariamente estricto y claro. Por lo tanto, pido que se aplique.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
La Mesa considera que el proyecto de acuerdo debe continuar su tramitación.
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 256.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 256, de los diputados señores Pérez, don Victor; García; de la diputada señora Marcela Cubillos, y de los diputados señores Kuschel, Correa, Álvarez, Pablo Galilea, Urrutia y Ulloa:
“Considerando:
1. Que se han detectado y denunciado públicamente una serie de irregularidades relacionadas con los planes de absorción de empleo generados por el Gobierno desde el año 2001 a la fecha, lo que da cuenta de graves carencias en materias de focalización y fiscalización de los mismos.
2. Que esta situación es especialmente grave en atención a diversos antecedentes que llevan a concluir que se trataría de una eventual malversación de fondos fiscales que involucraría montos millonarios.
3. Que, respecto de lo mismo, la Contraloría General de la República emitió un informe en el cual pone de manifiesto las irregularidades que tienen que ver tanto con duplicidad de nombres de favorecidos como con la no realización de algunos de los programas de absorción de empleo en cuestión.
4. Que, en este contexto, aparecen como especialmente graves las declaraciones públicas efectuadas por el ministro Secretario General de Gobierno en el sentido de que, al menos, un funcionario de Gobierno está involucrado en la eventual malversación de fondos públicos relativa a los programas de generación de empleo llevadoa a cabo por el Gobierno.
En atención a lo ya expuesto, la Cámara de Diputados acuerda:
1. Que la Comisión de Gobierno Interior de esta Corporación se constituya en investigadora, a fin de llevar adelante una investigación relativa al funcionamiento de los planes de absorción de empleos generados por el Gobierno, en atención a las denuncias de irregularidades que se han efectuado y en especial consideración al informe de la Contraloría General de la República, que alertó inequivocamente respecto a la duplicidad de nombres de favorecidos por dichos programas y a la no realización de algunos de ellos.
2. Además de lo expresado en el punto anterior, dicha Comisión Investigadora tendrá por objetivos los siguientes:
a) La elaboración de un informe que contengan un diagnóstico detallado de las presuntas irregularidades y propuestas concretas tendientes a evitar que se repitan los hechos denunciados.
b) La formulación de propuestas relacioandas con la implementación de políticas de control interno y fiscalización de los procedimientos administrativos que aplica el Gobierno central y las autoridades regionales de éste.
c) La investigación de todos los hechos anexos que contribuyan a concretar lo expresado en los puntos anteriores.
3. Esta comisión investigadora tendrá un plazo de 90 días para llevar adelante su cometido”.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señora Presidenta , quienes firmamos este proyecto de acuerdo consideramos indispensable que la Comisión de Gobierno Interior se aboque a analizar y estudiar todos los programas de absorción de empleo que se entregaron, particularmente durante 2001, a distintas organizaciones no gubernamentales, consultoras, y empresas o personas jurídicas de carácter privado, toda vez que dichos programas no fueron puestos en conocimiento de las municipalidades y se cometieron con ellos irregularidades de distinta índole. Cometer irregularidades en materia de programas de absorción empleo, destinados a personas cesantes, en una época de alto desempleo, es sin duda un acto especialmente reprochable.
Reafirma nuestra solicitud el hecho de que la Contraloría General de la República evacuó un informe relativo a algunos de los programas de absorción de empleo, particularmente del Fosac, emanado del Ministerio del Interior, mediante el cual determinó la existencia de diversas irregularidades, entre ellas, la duplicidad de nombres de las personas favorecidas con esos programas y la no realización de algunos de ellos.
Es de tal magnitud la constatación de irregularidades por parte de la Contraloría, que llevó al Ministerio del Interior a presentar una querella. Por ende, ese informe no sólo da cuenta de irregularidades, sino eventualmente de delitos.
Nos parece indispensable que la Comisión de Gobierno Interior de esta Cámara analice este tema.
Quiero dar un argumento adicional. Durante 2000 ó 2001, cuando presidía la Cámara de Diputados el señor Carlos Montes , se formó una comisión, con todos los jefes de bancada, para analizar este tema y particularmente los programas de empleos destinados a los sectores más modestos y desempleados. Nuestra preocupación estuvo centrada en dar la mayor eficacia posible a dichos programas.
Por eso, teniendo como antecedentes el informe de la Contraloría General de la República, la querella presentada por el Ministerio del Interior y las informaciones que de distintas comunas del país nos han llegado sobre el particular, nos parece indispensable investigar y fiscalizar dichas irregularidades.
Reitero, estamos hablando de recursos públicos que se han entregado a organizaciones no gubernamentales, a consultoras, a personas jurídicas de derecho privado, para ir en ayuda de personas cesantes. La posibilidad de que se hayan cometido irregularidades y, eventualmente, delitos, hace necesario e indispensable llegar al final de esta investigación para establecer las responsabilidades políticas que ello conllevaría.
El espíritu del proyecto de acuerdo, en una época de alto desempleo en el país, es investigar el mal uso que se ha dado a recursos destinados a programas de absorción de empleo. La Cámara de Diputados no puede quedar al margen de una investigación de esta naturaleza.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señora Presidenta , un grupo de diputados de Oposición ha presentado un proyecto de acuerdo destinado a que la Comisión de Gobierno Interior de esta Corporación se constituya en investigadora del funcionamiento de los planes de absorción de empleo generados por el Gobierno.
Cabe destacar que los autores del proyecto no están presentes en la Sala.
El fundamento que dan los autores de este proyecto de acuerdo se basa en lo que ellos denominan “las denuncias de irregularidades” que se han detectado y, en especial consideración, el informe de la Contraloría General de la República, que alertó inequívocamente respecto de la duplicidad de nombres ofrecidos por dichos programas y a la no realización de parte de ellos. Dichos antecedentes habrían llegado a conocimiento de esos diputados por los dichos del subsecretario del Interior y del ministro Secretario General de Gobierno , el último de los cuales se habría referido a “la eventual participación de al menos un funcionario público en la eventual malversación de fondos públicos”.
Por la información que he podido recopilar, hasta la fecha la Contraloría General de la República sólo ha formulado observaciones respecto de los proyectos ejecutados por una entidad ejecutora, señalando que la ejecución de cuatro de los alrededor de treinta proyectos que se le adjudicaron no fueron posibles de verificar en terreno, que alrededor de una decena de nombres, de un universo de más de mil, se encuentra repetido en más de un proyecto. En parte alguna del informe referido se hace mención a malversaciones, fraudes, apropiaciones u otras figuras similares. Conforme a lo informado oficialmente por el subsecretario del Interior , con fecha 10 de julio -es decir, el mismo día de recepción del informe con observaciones de la Contraloría-, la Subsecretaría del Interior ordenó la realización de un sumario administrativo que se encuentra en tramitación, destinado a determinar si en los hechos referidos por el informe en cuestión pueda estar comprometida la responsabilidad administrativa de funcionarios de esta Secretaría de Estado; que, además, tan pronto como se tuvo conocimiento del informe referido, se ordenó la presentación de una denuncia ante los tribunales del crimen, con el objeto de que éstos iniciaran las investigaciones tendientes a verificar la eventual comisión de delitos por parte de quienes pudieran resultar responsables de los hechos que consigna el informe, cuestión que se materializó el día 11 de julio, esto es, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.
Con posterioridad, el sábado 19 de julio, el subsecretario del Interior dedujo querella criminal en contra de quienes resultaren responsables de los mismos hechos ya descritos, remitiéndose los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado por estimarse que podría encontrarse comprometido el patrimonio fiscal.
Como puede apreciarse, nada indica que se trate de una situación generalizada. Por el contrario, ni antes ni después del informe de la Contraloría, a que se ha hecho referencia, han existido denuncias, observaciones o informes de ese organismo contralor respecto de los proyectos ejecutados en el marco de programas de absorción de cesantía.
Por lo tanto, no existen antecedentes suficientes que justifiquen la formación de una comisión investigadora, pues se trata de una situación absolutamente aislada, respecto de la cual el Gobierno ha ejercido todas las acciones legales que correspondía.
Sin embargo, me parecería adecuado que una vez que concluyan las investigaciones iniciadas por los tribunales de justicia y el sumario iniciado por la Subsecretaría, y conocidos los fallos, si hubiere mérito para ello, se constituyera una comisión especial de esta Cámara de Diputados que analizara las fallas administrativas eventuales en que se hubiere incurrido y, en ese evento, proponer normas, métodos de procedimiento a que deberían ceñirse este tipo de programas, a fin de no repetir esos eventuales errores. Crear hoy esa comisión investigadora no cumpliría ninguno de esos objetivos y, por el contrario, entraríamos en una situación de competencia con otro poder del Estado, el Poder Judicial , que debe tener todas las garantías, especialmente de parte nuestra, para cumplir su cometido a cabalidad.
Por estas razones, pido a los colegas parlamentarios rechazar este proyecto de acuerdo por no ser pertinente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación.
-Durante la votación.
El señor ULLOA.-
Señora Presidenta , desde hace un par de meses, una gobernadora está presa por este tema. Así que no es el único caso.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta, eso confirma que los tribunales de justicia están atendiendo el tema.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señores diputados, estamos en votación.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Burgos.
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , ¿Por qué no usa la misma interpretación jurídica aplicada al proyecto de acuerdo Nº 256 para votar el Nº 255?
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , porque el proyecto de acuerdo Nº 255 fue retirado ayer con el consentimiento de todas las señoras diputadas y señores diputados.
Tiene la palabra el diputado señor Recondo.
El señor RECONDO.-
Señora Presidenta, solicito copia del resultado de la reciente votación.
El señor TUMA.-
La bancada del PDD también pide copia de la votación.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Muy bien, señores diputados.
A continuación, solicito el acuerdo de la Sala para tratar el proyecto de acuerdo Nº 268.
A instancias de la señora diputada María Antonieta Saa junto a otras diputadas, lo presentamos en mayo del año pasado, y dice relación con la muerte por lapidación de la ciudadana nigeriana Amina Lawal. El Tribunal de Apelación del Estado de Nigeria fijó como fecha de ejecución de la sentencia el 27 de agosto.
Nuestro deseo es tratar ahora este proyecto de acuerdo porque en él le solicitamos al Presidente de la República que, a través de la Cancillería, se haga presente esta lamentable situación en todos los foros multilaterales, y con ello evitar que se aplique esta sentencia que afecta no sólo a esa ciudadana nigeriana, sino también a otras tres mujeres.
Tiene la palabra el diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señora Presidenta, sugiero que lo votemos de inmediato, porque no creo que haya dos opiniones al respecto. Desde luego, damos la unanimidad y, si es posible, los tres minutos restantes podríamos destinarlos a tratar el proyecto de acuerdo Nº 269, que no creo que presente problemas, por cuanto sólo pretende formalizar el trabajo que está realizando la Comisión de Ciencias y Tecnología.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señora Presidenta , en el mismo sentido, ayer también solicité prioridad para ver el proyecto de acuerdo Nº 265, cuestión que fue acordada por los jefes de bancadas. Por eso, ahora reitero esa petición.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se leerá sólo la parte resolutiva de los proyectos de acuerdo para luego votarlos, sin ocupar el tiempo destinado para discutirlos, por cuanto entiendo que todos estamos de acuerdo con ellos.
Acordado.
MEDIDAS PARA IMPEDIR EJECUCIÓN POR LAPIDACIÓN DE CIUDADANA NIGERIANA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 268.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 268, de las diputadas señoras Isabel Allende, Eliana Caraball, María Antonieta Saa, María Eugenia Mella, Adriana Muñoz, Ximena Vidal y Lily Pérez.
“Considerando:
Que, el 15 de mayo de 2003, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Acuerdo N° 211, por el que solicitó a S.E. el Presidente de la República , como Jefe de Estado y conductor de nuestras relaciones internacionales, expresar rechazo y disponer, a través de la Cancillería, las medidas de orden diplomático en los foros multilaterales de los cuales Chile forma parte, para impedir la ejecución de la pena de muerte de Amina Lawal, ciudadana de Nigeria, condenada hace un año a la pena capital tras admitir que quedó embarazada después de divorciarse de su segundo marido, lo que la convierte en una adúltera, según la ley islámica (sharia), que rige en dieciocho estados del norte nigeriano.
Que la ejecución de la pena había sido suspendida en principio hasta el término del período de lactancia de la pequeña hija de Amina.
Que el Tribunal de Apelación del Estado de Katsina, en Nigeria, ha vuelto a retrasar para el 27 de agosto de 2003 la audiencia de apelación de la condena a muerte por lapidación de Amina Lawal.
Que la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) ha protestado enérgicamente contra la condena a muerte por adulterio de Amina Lawal y ha pedido el indulto a las autoridades federales de la República de Nigeria y del Estado de Katsina. Los parlamentos y gobiernos de varios países han hecho llamados parecidos que se unen a las solicitudes por parte de varias organizaciones no gubernamentales y de miles de firmas de personas de todo el mundo en contra de esa sentencia considerada brutal y discriminatoria de los derechos de la mujer.
Que en similar situación se encuentran Yunusa Rafia Chiyana, Sarimu Mohammed, Ahmadu Ibrahim y Fátima Usman.
Que la comunidad internacional rechaza el establecimiento y aplicación a clase de penas, que importan un trato cruel, inhumano v degradante y que, por tanto, Chile, como integrante respetuoso de la legalidad que se ha dado la comunidad de las naciones, debe ser capaz de asumir un compromiso decidido en favor de la vida y de la defensa de los derechos de los hombres y de las mujeres, sin importar donde éstos se encuentren ni a qué sistemas legales estén sometidos.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Expresar, a través de la Cancillería, a las autoridades del Estado de Nigeria su más enérgica condena por mantener y aplicar la pena de muerte por lapidación y, en particular, por la forma en que ha sido condenada la ciudadana de ese país Amina Lawal, y las otras cuatro personas que están en estos momentos en la misma situación Yunusa Rafia Chiyana, Sarimu Mohammed, Ahmadu Ibrahim y Fátima Usman.
2. Reiterar a V.E. que disponga, a través de la Cancillería, las medidas de orden diplomático que procedan en los foros multilaterales, para impedir la ejecución de esa pena de muerte y se den los pasos necesarios para poner fin a esa sanción penal y a los castigos corporales, impulsando la eliminación de tales penas en todos los niveles legales de Nigeria y los países en los que todavía subsisten, incluida la legislación penal islámica.
3. Enviar, a nombre de la Cámara de Diputados, comunicaciones a la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y organismos de derechos humanos internacionales, a fin de respaldar las iniciativas internacionales que se adopten en favor de Amina Lawal, Yunusa Chiyana, Sarimu Mohammed, Ahmadu Ibrahim y Fátima Usman, y por el término de este tipo de penas discriminatorias en el mundo”.
MANDATO A COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PARA COORDINAR APLICACIÓN PRÁCTICA DE DOCUMENTACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICAS.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 269.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 269, de la diputada señora Isabel Allende y de los diputados señores Walker, González, don Rodrigo; Paya, Salaberry, Correa y Egaña.
“Considerando:
Que la ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de tal firma -en su título segundo- faculta expresamente a los órganos del Estado para ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro del ámbito de su competencia, suscribiéndolos por medio de firma electrónica.
Que, a este respecto, el citado cuerpo legal consagra que los actos, contratos y documentos de los órganos del Estado suscritos mediante firma electrónica tendrán la misma validez y producirán los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel.
Que el avance de los procesos tecnológicos justifica plenamente el fomento de procesos públicos más eficientes y expeditos, desde la perspectiva de la economía procedimental que implican, además de las constantes necesidades y requerimientos que la actuación de los diferentes órganos del Estado exige.
Que el proceso legislativo consagrado tanto en la Constitución Política de la República como en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y en los respectivos reglamentos es perfectamente compatible con el uso de sistemas electrónicos que contribuyan a dar celeridad y eficacia a las relaciones entre los poderes del Estado en sus intervenciones en el proceso de formación de la ley.
Que, desde esta perspectiva, el funcionamiento actual de las diferentes comunicaciones que se dan durante la aprobación de las leyes proporciona un argumento práctico para promocionar el uso tanto de documentación como de firma electrónica.
Que es aconsejable utilizar estas herramientas en el proceso legislativo y en las comunicaciones que éste exige de parte de los distintos poderes del Estado que intervienen.
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a la Comisión de Ciencias y Tecnología de esta Corporación a fin de que impulse la coordinación necesaria entre los distintos poderes del Estado, para que, en el más breve plazo, se implemente el uso y la aplicación práctica de documentación y firma electrónicas en el proceso de formación de las leyes”.
NO AFECTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL POR REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 265.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 265, de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Álvarez, Espinoza, Galilea, don Pablo; Uriarte, Riveros, Tuma, Aguiló y Walker.
“Considerando:
Que el Gobierno, a través del Director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda , ha anunciado a la Comisión Especial de Presupuestos, que reducirá el gasto público del país en alrededor de trescientos millones de dólares (US$ 300.000.000) durante 2003, debido, principalmente, a los menores ingresos registrados en el transcurso del presente año.
Que los menores ingresos obedecen a tres factores, cuales son; un negativo resultado de la Operación Renta, debido a una fuerte caída del pago de impuesto a la renta de primera categoría por ganancias de capital; la reducción en las ventas físicas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en doscientas mil toneladas, y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
Que este déficit presupuestario afectará, en su mayor parte (45%) -conforme lo informado por el Gobierno- a los subsidios entregados por el Tesoro Público para imprevistos en las distintas áreas de los ministerios, sin perjuicio de lo cual se conservará un fondo general para imprevistos; en tanto que el 25% del ajuste significará desplazar temporalmente proyectos de inversión, los que deberán adecuarse a disponibilidades de financiamiento.
Que, en relación con este último ajuste -es decir, aquel que importará el desplazamiento temporal de proyectos de inversión-, se debe tener sumo cuidado de no afectar a proyectos de orden social, particularmente los que significan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del mundo rural, como son los proyectos de agua potable rural.
Que, en efecto, el agua potable rural (APR) es un elemento vital para el consumo y salud de la población rural, además de ser fundamental en la concreción de programas tan importantes como son el de ChileBarrios, o los programas de vivienda rural, que necesariamente requieren contar con el vital elemento del agua potable para su realización.
Que, como país, hay que adecuarse a los distintos escenarios económicos, restringiendo el gasto -de ser necesario- y cuidando de no sacrificar obras y proyectos cuya realización beneficia a las clases más pobres y desvalidas.
Que la gente que vive en el mundo rural del país debe tener las mismas oportunidades que aquellos que viven en las ciudades.
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a US. y al ministro de Obras Públicas a fin de que se sirvan adoptar las medidas necesarias para no afectar tos proyectos de inversión relacionados con el agua potable en las comunas rurales (APR), con ocasión de la reducción del gasto que el Gobierno ha anunciado”.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los tres proyectos de acuerdo.
Aprobados.
VIII. INCIDENTES
HOMENAJE A MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA (de pie).-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero rendir un sincero homenaje al obispo de Osorno , monseñor Alejandro Goic Karmelic , quien por decisión de Su Santidad el Papa Juan Pablo II ha sido destinado a la diócesis de Rancagua como obispo coadjutor, para después reemplazar al actual titular, don Javier Prado Aránguiz .
En representación de mi provincia, expreso un justo y merecido reconocimiento por la labor pastoral, social y humana que realizó en favor de la gente más modesta, de los enfermos, de los privados de libertad, de los necesitados y, en general, de los que sufrían mientras estuvo al frente de esa diócesis. Ahora, llegará a Rancagua, ciudad que tendrá el privilegio de recibir a un hombre de paz, mensajero de la vida, promotor de iniciativas loables y arquitecto de grandes obras. “Tengo mucha pena de dejar Osorno , pero soy un hombre obediente y cumpliré con gusto mi misión que el Santo Padre me ha encomendado,” dijo al referirse a su nueva destinación.
Había sido nombrado obispo de Osorno el 25 de noviembre de 1994. Quiso a Osorno y se encariñó con esa ciudad y, como todos sus hijos, fue uno más, aunque con luz propia, de los que iluminaron los espíritus, sembrando con fe los frutos del amor y la caridad. Casi ocho años de ejercicio obispal le sirvieron para sentirse un osornino más, comprobando, como una lógica, que allí, como en cualquier pueblo, había alegrías, frustración, pobreza y muchas necesidades. Por ello, donde vaya cumplirá su misión de la misma manera que lo hizo en esa ciudad. Siempre ha estado y está con los más necesitados.
Nació en Punta Arenas el 7 de marzo de 1940. Hijo de Pedro y Margarita , inmigrantes croatas. Es el menor de cuatro hermanos.
Fue ordenado sacerdote el 12 de marzo de 1966, en la austral ciudad de Punta Arenas, por monseñor Wladimiro Boric . Desde allí comienza su incesante e inagotable tarea pastoral, hasta que el 27 de marzo de 1979 fue ordenado obispo titular de África y auxiliar de Concepción. Fue también obispo auxiliar de monseñor Carlos González en Talca.
Ha tenido una participación relevante en la Conferencia Episcopal de Chile y ha sido miembro de ella por 15 años, en seis períodos, y lo será hasta el año 2004. Participó en el Sínodo de Obispos de Roma, en 1990, y en la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo, en 1992. Presidió la sección de la juventud del Celam en los años 1993 y 1994.
Durante su mandato pastoral, inauguró y bendijo gran cantidad de templos y capillas. A Dios y a los humildes ha entregado su vida; a su iglesia y a Dios consagró su acción. Un hombre bueno, cuya verdad es bondad.
Una tarea que ha sido ardua, agotadora y extenuante, con su salud quebrantada, cargando una cruz, pero sin un dejo de dolor, conforme al Evangelio que dice “Sin Cruz no hay salvación”
Inauguró el Centro de Espiritualidad fundado en memoria del primer obispo de Osorno, monseñor Francisco Valdés Subercaseaux y fue actor fundamental en la construcción del edificio San Mateo, destinado a la Curia Episcopal y a otras instituciones de beneficencia. Esa obra, sin duda, es un gran adelanto para Osorno, tanto por su estructura y por el objetivo social y cultural a cumplir, como por su moderna arquitectura. Los trabajos se iniciaron en septiembre de 1997 y terminaron en noviembre de 1999. El 3 de agosto de 2002 inaugura la casa pastoral de calle Matta, con asistencia del nuncio apostólico de Su Santidad, Angelo Sodano . También inauguró el nuevo hogar de la Fundación Betsaida, en la población San Maximiliano Kolbe . Entre sus últimas obras, está la dedicación del nuevo templo Beato Padre Hurtado , la bendición de Nuestra Señora del Mar, en el sector de Maicolpué y, finalmente, la bendición de la imagen de María, Nuestra Señora de Osorno , en el campo de oración, ubicado a un costado de casa Betania en Pilauco.
En fin, nos deja nuestro pastor, el que nos ilumina el alma, el que nos indica senderos, el que de la desesperanza hace renacer la fe, el que, al igual que la vida y la muerte, valora el don del hombre, su dignidad, su origen y su destino. Se va. Así lo señaló el nuncio apostólico de Su Santidad, Aldo Cavalli , a las 6 de la mañana, mediodía en Roma, el 10 de agosto último. Fue feliz en Osorno, pero su iglesia le pidió dejar lo que más quería para que se lanzara a lo desconocido con esperanza y alegría.
“Yo pensaba que iba a ser obispo de Osorno toda la vida, hasta que llegara el momento de retirarme -dijo- pero el Papa decidió otra cosa y, como soy hijo de la obediencia, me voy con pena, pero con esperanza”.
El obispo Goic ha sido el tercero en la diócesis de Osorno. El primero fue Francisco Valdés Subercaseaux , y el segundo Miguel Caviedes Medina , actual obispo de Los Angeles.
Señor Presidente , solicito enviar oficio con copia íntegra de este discurso al arzobispo de Santiago y al obispo de Osorno , con el objeto de hacerles presente mi reconocimiento y homenaje por el trabajo pastoral y social realizado en la diócesis y el cariño que la comunidad osornina siente por monseñor Goic , deseándole que en el nuevo cargo diocesano que inicia tenga tanto éxito como hasta ahora, porque quienes se verán favorecidos serán los depositarios de su fe, sujetos esenciales en la preocupación y acción pastoral de monseñor Alejandro Goic Karmelic .
Lo despido desde aquí a monseñor Alejandro Goic Karmecic , en nombre de la comunidad osornina. Y que sea bienvenido en su nueva diócesis, su nueva casa, por sus nuevos hijos.
Muchas Gracias.
-Aplausos.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría al arzobispo de Santiago y al obispo de Osorno , con la adhesión del diputado Edmundo Villouta y de las bancadas del Partido Demócrata Cristiano, del Partido por la Democracia, del Partido Social y Radical y de la UDI.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , solicito que quede constancia de nuestros nombres, pues la diputada señora Eliana Caraball y los diputados señores Edmundo Villouta , Jorge Burgos , Waldo Mora , Aníbal Pérez , Jaime Quintana , Alejandro Navarro , Eugenio Bauer y quien habla, expresamos nuestra adhesión al homenaje con el hecho de levantar la mano. Además, lo pido en forma especial, porque monseñor Goic fue un gran obispo auxiliar cuando monseñor Santos fue arzobispo en Concepción y colaboró con el servicio público.
ANTECEDENTES COMERCIALES DE LA NOTARIA PÚBLICA Y CONSERVADORA DE TRAIGUÉN. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , hace poco, intervine en relación con algunas actuaciones de la notaria pública y conservadora de Traiguén, doña Ana María Munizaga . A los pocos días, Dicom proporcionó los antecedentes comerciales de esta funcionaria auxiliar de justicia y me encontré con la sorpresa de que tiene 55 cheques protestados, por más de 25 millones de pesos, aproximadamente desde mayo de 2001 hasta julio de 2003, entre los cuales se incluye uno girado a favor de Almacenes París, por casi tres millones de pesos. Además, que mantiene una deuda de 19 millones de pesos, cuyo acreedor es la Tesorería, por no pago de los impuestos que gravan los servicios que presta, dos empresas de crédito, etcétera.
Luego de una investigación, la Corte de Apelaciones concluyó que por una carta poder, cuyo valor oficial es de 800 pesos, la señora Munizaga cobró varias veces la suma de 8 mil pesos, o sea, diez veces el valor normal; que no ha dado cumplimiento a la obligación de empastar los protocolos y las escrituras públicas y que no ha pagado las imposiciones de su personal -lo he señalado en varias oportunidades-, por lo cual determinó suspenderla de sus funciones por el término de un mes, en circunstancias de que los hechos denunciados son merecedores de una sanción mayor. Además, se le exigió la devolución de los valores indebidamente cobrados.
Lo inaudito es que, con posterioridad, la Corte Suprema le rebajó esa sanción a una simple amonestación. Entonces, la señora Munizaga señaló -lo mencioné en una oportunidad- “que tiene santos en la corte”. Lamentablemente, parece que eso es en la Corte Suprema. En la práctica, se dejaron sin efecto las sanciones por hechos reiterados: no pagar las imposiciones previsionales ni de salud de sus empleados. Más encima, la señora Munizaga los amenazó de que si los llega a despedir, no les pagará las indemnizaciones, ni las imposiciones previsionales ni de salud que les corresponden.
Por lo tanto, como la situación colma la medida, es necesario entregar a las autoridades, por lo menos, los antecedentes de los cheques protestados que tiene la señora Munizaga , para que se agreguen a las acusaciones que se han repetido por mi parte a raíz de los reclamos de la gente de Traiguén que se ve obligada a cumplir trámites notariales y de conservador.
Haré entrega del listado de los cheques protestados para que se tome nota de esto y se vea la posibilidad de modificar la sanción aplicada, que en el fondo es una burla al comportamiento honorable que debe tener una persona que actúa como ministro de fe.
El registro de morosidades y protestos impagos es el siguiente:
Vencimiento, 11/jul/2003, ch. $ 277.000,00 FF Santander Chil . Angol . Protesto. 09/jul/2003, ch. $ 230.000,00 FF Santander Chil . Angol. Protesto. 09-jul/2003 ch. $ 150.000,00 FF Santander Chil . Angol. Protesto. 08-jul/2003 ch. $ 180.000,00 FF Santander Chil . Angol . Protesto. 08/jul/2003, ch. $ 40.000,00 FF Santander Chil . Angol . Protesto. 08/jul/2003, ch. $ 17.100,00 FF Santander Chil . Angol . Protesto. 18/jun/2003, ch. $ 500.000,00 FF Santander Chil . Angol. Protesto. 27/may/2003. ch. $ 1.181.867,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 22/may/2003. ch. $ 1.890.642,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 22/may/2003. ch. 180.000,00 FF Santander , Chil. Angol . Protesto. 22/may/2003. ch. $ 115.074,00 FF Santander , Chil. Angol . Protesto. 22/may/2003, ch. $ 60.000,00 FF Santander , Chil. Angol . Protesto. 22/,çmay/2003, ch. 40.000,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 22/may/2003, ch. $ 15.000,00, FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 22/may/2003, ch. $ 5.615,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 20/may/2003, ch. $ 500.000,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 16/may/2003, ch. 1.400.000,00 FF Santander Chil . Angol . Protesto. 25/abr/2003, ch. $ 1.268.982,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 22/abr./2003.ç, ch. $ 950.000,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 11/abr/2003, ch. $ 1.000.000,00, FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 17/mar/2003, ch. $ 523.834,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 06/mar/2003, ch. $ 150.00,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 03/mar/2003, ch. $ 1.250.000,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 26/feb/2003, ch. $ 906.050,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 17/feb/2003, ch. $ 687.736,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 17/feb/2003, ch. $ 300.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 17/feb.2003, ch. $ 131.010,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 23/ene/2003, ch. $ 1.213.962,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 03/ene/2003, ch. $ 200.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 23/dic.2002, ch. $ 500.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 30/nov./2002, bo. $ 32.819,00 Metrópolis San. La Reina. Morosidad. 30/nov./2002. $ 40.331,00. Metrópolis San. La Reina. Morosidad. 29/nov.2002, ch. $ 500.000,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 22/nov/2002, ch. $ 131.250,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 22/nov./2002, ch. $ 109.300,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 18/octv./2002, ch. $ 58.550,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 03/oct./2002, ch. $ 1.100.000,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 01/oct/2002, ch. $ 500.000,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 11/ene/2002, ch. $ 457.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 28/dic./2001, ch. $ 447.134,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 26/oct./2001, ch. $ 275.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 24/oct./2001, ch. $ 300.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 17/oct./2001, ch. $ 180.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 17/oct./2001, ch. $ 50.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 27/sept./2001, ch. $ 320.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 26/sept./2001, ch. $ 447.134,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 20/sep./2001, ch. $ 670.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 12/sep./2001, ch. $ 380.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 29/ago./2001, ch. $ 635.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 29/ago./2001, ch. $ 375.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 28/ago./2001, ch. $ 180.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 19/ago./2001, Lt. $ 2.450.331,00 FP Adm. de Crédito Santiago. Protesto. 07/ago/2001, ch. $ 204.482,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 07/ago/2001, ch. $ 104.354,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 03/jul./2001, ch. $ 232.629,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 29/jun./2001, ch. $ 160.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 21/jun./2001, ch. $ 117.600,00 FF Santander . Chil. Angol . Protesto. 24/may/2001, ch. $ 204.000,00 FF Santander . Chil. Angol. Protesto. 11/jul./2000, 22, $ 19.674.315,00 Tesorería Gene Traiguén . Morosidad.
El señor VILLOUTA.-
Por lo expuesto, solicito que se oficie en este sentido al ministro de Justicia, al presidente de la Corte Suprema y al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que la manifiestan.
RECURSOS PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE SAN FERNANDO. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , en enero del próximo año, San Fernando será sede del campeonato nacional juvenil amateur de fútbol.
Obviamente, en dicha ciudad existe gran preocupación por contar con las mejores condiciones para su desarrollo. Sin embargo, la municipalidad no cuenta con los recursos suficientes para mejorar la infraestructura del estadio local.
Ante tal situación, se han enviado algunos proyectos a Chiledeportes, particularmente uno que dice relación con la construcción de casetas en el estadio para facilitar el trabajo de periodistas deportivos, que llegarán en gran número a San Fernando para informar sobre el evento, y el mejoramiento de los servicios higiénicos, porque no son de los mejores. En concreto, la petición a Chiledeportes es para financiar esos dos proyectos.
En consecuencia, solicito que se oficie para que el director de Deportes, señor Ernesto Velasco, dentro del presupuesto de esa dirección, considere el financiamiento que posibilitará que San Fernando cuente con un estadio bien presentado, como corresponde para un campeonato de esta envergadura.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que la hacen presente.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DERIVADOS DE PAVIMENTACIÓN IRREGULAR EN SAN CARLOS. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, uno quisiera utilizar esta instancia para proponer cosas y soluciones constructivas. Sin embargo, hoy me veo en la obligación de utilizarla para denunciar un hecho que, a mi juicio, rompe todos los límites de lo aceptable y de lo decente.
En la población 11 de Septiembre, de la comuna de San Carlos, vive una gran cantidad de familias formadas por gente de esfuerzo, que luchó durante muchos años para obtener sus casas, para lo cual postularon a muchos proyectos, la mayoría de los cuales fueron rechazados. Sólo unos pocos les fueron aprobados.
Hace dos años postularon a un proyecto para que sus calles angostas, sencillas, modestas, fueran pavimentadas a través del programa de pavimentación participativa, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, en 2001, durante la campaña para las elecciones parlamentarias, sorpresivamente los habitantes de dicha población fueron invitados a la inauguración de lo que entonces parecía ser un pavimento, pero que en realidad era una capa asfáltica de muy pocos centímetros.
En esa inauguración, que sorprendió a los vecinos, porque no sabían de dónde habían salido los recursos, ya que no les habían aprobado el proyecto, estaban el alcalde, el senador Hosaín Sabag y un candidato a diputado que es pariente directo suyo.
Se inauguró la obra; aplausos, agradecimientos. Sin embargo, a menos de seis meses, comenzaron a surgir los problemas: aparecieron hoyos y baches y la calle se hizo más angosta. En tanto, el proyecto al que habían postulado los vecinos hacía dos años, dormía. Como consecuencia de ello, denunciamos en la Cámara que los pavimentos entregados, de procedencia desconocida, habían desaparecido.
Iniciamos una investigación y pudimos comprobar dos situaciones. Primero, a través de un oficio respondido por el ministro de Vivienda , Jaime Ravinet , se nos confirmó que no existen fondos públicos comprometidos en esa pavimentación, y segundo, personal de la municipalidad nos señaló que, desde una perspectiva técnica, nunca habían sido aprobados. Curiosamente y debido a nuestra denuncia, aparecieron aprobados los proyectos de pavimentación de los pasajes El Alerce y El Laurel.
Sin embargo y a poco andar -aquí viene mi indignación-, recibimos una carta del Seremi, mediante la cual nos señaló que por el hecho de que esos vecinos ya contaban con una carpeta asfáltica -no importaba el origen del financiamiento-, el ministerio retiraría los proyectos aprobados, por lo que los vecinos debían quedarse con el pavimento en malas condiciones.
Francamente, esto es inaceptable. Los vecinos han peleado durante años para ver pavimentadas sus calles, y cuando logran su objetivo, las autoridades los rechazan.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que en tiempo de campaña, un candidato de un determinado partido político, probablemente para convencer a los vecinos que votaran por su preferencia, asfaltó sus calles utilizando materiales de ínfima calidad. Se trata de un hecho grave que me preocupa no desde un punto de vista político, sino porque se trata de gente de esfuerzo que peleó para que se adjudicaran sus proyectos. Sin embargo, una vez que ello ocurrió, ellos fueron retirados.
Esto puede tener su origen en muchas causas. No obstante, exijo al Ministerio de Vivienda que rápidamente busque una solución al problema que aflige a los vecinos de la población 11 de Septiembre. Me reservo el derecho de enviar todos los antecedentes a la Contraloría General de la República, porque me parece grave que el alcalde de la comuna de San Carlos haya aceptado que un senador y un candidato entregaran trabajos de pavimentación que no cumplían con las condiciones técnicas, financiados con dineros de origen desconocido, y que por culpa de esa situación los vecinos ahora no puedan acceder a un pavimento definitivo.
Insisto, se trata de un hecho inaceptable. El ministro de Vivienda debe encontrar una solución a este problema. Asimismo -repito- me reservo el derecho de efectuar una reclamación formal ante la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia. En tanto, solicito que se oficie al alcalde de la comuna de San Carlos para que explique por qué aceptó que un senador de su partido financiara, con recursos conseguidos quién sabe dónde, la construcción de una carpeta asfáltica, con lo cual se rió de los vecinos, porque ella era de mala calidad, y, enseguida, para que encabece las gestiones ante el Ministerio de Vivienda a fin de que los vecinos obtengan el asfalto que pidieron, el único al que pueden acceder: el financiado a través de los programas oficiales de pavimentación participativa.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Bauer .
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN LEGAL DE PREDIO Y PROGRAMA DE RADICACIÓN DE CHILE BARRIOS EN COMUNA DE PENCO. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , solicito que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Municipalidad de Penco y al ministro de Vivienda , a fin de que nos informen, de manera detallada, sobre la situación jurídica en que se encuentra un terreno de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, ubicado en el sector La Greda, ocupado por vecinos agrupados en un comité de allegados denominado La Ilusión.
Hemos estado en conversaciones con ellos y, en particular, deseamos saber si esa franja de terreno que ocupan está incluida o no en el plano de loteo y si también se ha considerado dotarla de alcantarillado.
Dicha franja, cuando era propiedad fiscal, Essbío la había reclamado para sí. Luego, fue transferida y vendida. Los vecinos allegados viven allí desde hace diez o doce años, son más de veintiocho familias y se ha informado que Essbío pretende desalojarlas.
En primer lugar, queremos que se nos aclare si ese terreno está incluido dentro del traspaso que se hizo a Essbío; en segundo lugar, si la ilustre Municipalidad de Penco o el Ministerio de Vivienda, en el plano de loteo del sector, tienen incluido a ese terreno como propiedad privada o como propiedad pública y, en tercer lugar, si existe un plano de alcantarillado, por cuanto se ha notificado que el desalojo se debería a que los terrenos serían ocupados por el paso de un sistema de alcantarillado.
La situación de esa gente es dramática y es necesario que se resuelva a la brevedad. Espero que estos informes se me hagan llegar en forma clara y expedita, con copia de los documentos a los cuales he hecho referencia: plano de loteo, plano de alcantarillado, transferencia del terreno a Essbío o -como espero- se indique si la propiedad es municipal o fiscal.
Asimismo, pido que se oficie a Chile Barrios, para que nos informe si el programa de radicación Cosmito 2, comuna de Penco, puede comprender más de las ciento cincuenta unidades de construcción presupuestadas. Allí se va a instalar a treinta familias de Cosmito, ochenta y una de Vista Hermosa, treinta del sector Villa Alegre y veinticinco del sector Villa Penco. Tal vez el comité de allegados La Ilusión, por estar compuesto de un reducido número de personas, en precaria situación, podrían ser incluidos en dicho programa que se va a llevar a efecto en Cosmito.
Solicito que se me envíe copia del estudio hecho por Chile Barrios para la erradicación de las familias de los sectores de Penco que he señalado y copia del plano de loteo del sector de Cosmito, a fin de evaluar -repito- la posibilidad de ampliar el número de ciento cincuenta unidades de construcción, de manera de incorporar a quienes integran hoy el comité de allegados La Ilusión que, en definitiva, es un grupo pequeño que, frente a la amenaza de desalojo, requieren el máximo apoyo de las autoridades de gobierno.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado José Miguel Ortiz .
ELECTRIFICACIÓN PARA EL SECTOR LA CATA DE LIRQUÉN. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , también solicito que se oficie al intendente de la Octava Región y al gobierno regional, a fin de que nos informen si está considerada la electrificación para el sector La Cata, histórica caleta de pescadores, de Lirquén, comuna de Penco. Hemos luchado; se presentó el proyecto correspondiente, elaborado por la Compañía General de Electricidad; postulamos a su financiamiento y quiero que se me informe si existe la posibilidad de que dicha caleta se electrifique y, por lo tanto, se integre al desarrollo turístico de Lirquén, que tanto ha propiciado el municipio y que nosotros apoyamos, pero que no es posible sin electrificación. Hemos trabajado con la Compañía General de Electricidad. Se han argumentado diversas razones respecto de la llegada más cercana de la línea de alta tensión. Con la creación de las poblaciones La Huasca y Ríos de Chile, su tendido está cercano y, por lo tanto, puede hacerse. Además, hemos obtenido la autorización de Ferrocarriles del Estado para el paso de los cables por sobre o debajo de los rieles, sin pagar, lo que es muy importante.
Quiero insistir en esta solicitud. Los vecinos y pescadores artesanales del sector La Cata están a la espera de una respuesta desde hace, aproximadamente, cinco años, particularmente sobre el financiamiento del proyecto por parte del gobierno regional al cual ha sido presentado.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado José Miguel Ortiz .
ANTECEDENTES SOBRE TRABAJADORES AFECTADOS POR ASBESTO. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Salud , a fin de que aporte todos los antecedentes que tenga respecto de la situación de los trabajadores afectados por asbesto. Hoy, el asbesto está prohibido en Chile. Fue un gran avance. Sin embargo, los trabajadores contaminados, particularmente, de la planta de Pizarreño, en Concepción, están sufriendo los estragos. Pero también están muriendo de asbestosis los hijos de estos trabajadores, porque, durante años, su ropa, empapada de fibra de asbesto, no sólo contaminó a ellos sino también a su familia.
Quiero que el ministro de Salud nos entregue un informe detallado sobre el proceso colectivo de toma de radiografías al cual se sometió a los trabajadores, que, aunque correspondió a un número pequeño, esperamos que se pueda ampliar. Necesitamos saber cuándo van a estar los resultados de esos exámenes y si es posible extenderlos a las familias, toda vez que -como ha quedado demostrado- quienes están falleciendo primero son sus hijas y esposas que han estado en contacto indirecto -reitero-, a través de la ropa y de la absorción, por cuanto vivían en una población aledaña a la empresa.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados va a invitar a esos trabajadores a exponer su situación, la primera semana de septiembre, y queremos que el Ministerio de Salud -cuyos representantes esperamos que también asistan- nos haga llegar los antecedentes lo antes posible.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado José Miguel Ortiz .
INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIOBÍO EN RELACIÓN CON LAS COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios , a fin de que nos entregue un acabado informe acerca de la política que está implementado Esbbío en la Octava Región respecto de las cooperativas de agua potable rural. Hay cooperativas que datan de más de 34 años, tienen centenares de socios y se está pretendiendo incorporarlas -de acuerdo con el crecimiento de expansión que me parece absolutamente posible y necesario- dentro del ámbito de administración y de influencia de Essbío.
Claramente, aquí se han planteado diversas inquietudes, como las siguientes: ¿Van a seguir estas cooperativas con autonomía? ¿Cuál va a ser su vínculo para poder crecer? ¿A qué fondos van a poder postular? ¿Deberán hacer convenios con Essbío? ¿Qué pasará con el agua potable rural -APR- del Ministerio de Obras Públicas, que financia las obras con dineros públicos? ¿Va a estar la administración de las cooperativas en manos privadas? Quiero saber exactamente en qué calidad quedarán los bienes y las inversiones de todas las cooperativas de agua potable rural de las provincias de Concepción, Ñuble, Arauco y Biobío . En Ñuble, en las más de veinte comunas existe una organización permanente al respecto. He conocido el caso de las comunas de mi distrito -Penco, Tomé y Hualqui-, pero considero que la situación afecta también al resto de las comunas de la Octava Región, muy en especial a las rurales.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado José Miguel Ortiz .
FISCALIZACIÓN A EMPRESAS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , por último, pido que se oficie al ministro del Trabajo con el objeto de que realice una sistemática e inmediata fiscalización de las condiciones de seguridad laboral y del cumplimiento de las leyes laborales contractuales -contratos y horarios de trabajo- por las empresas que proporcionan guardias de seguridad en la Octava Región. He conocido un número importante de atropellos, de sueldos mínimos, de jornadas con más de 14 y 16 horas, de inexistencia de contratos de trabajo y de abusos respecto del cumplimiento de la entrega de uniformes y condiciones mínimas para pasar la noche a la intemperie. Los guardias de seguridad que estas empresas ofrecen, tanto al sector privado organizado como también a particulares, no cuentan con el debido resguardo ni proceso de selección alguno.
Considerando que los guardias privados están bajo la tuición de Carabineros, pido que se oficie a esa institución para que nos informe si realizan una efectiva fiscalización, cuáles son los problemas que ha detectado y si quienes son contratados por estas empresas cumplen con todos los requisitos que le garanticen a la ciudadanía honestidad y transparencia.
Pero, en particular -insisto-, solicito que se oficie al ministro del Trabajo para garantizar a estos trabajadores, por lo menos, condiciones dignas.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado José Miguel Ortiz .
RECLAMACIÓN POR DETENCIÓN DE JÓVENES DEL MOVIMIENTO OPCIÓN FAMILIA EN EL SENADO. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo correspondiente al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Eugenio Bauer .
El señor BAUER .-
Señor Presidente , ayer, en la tarde, en el Senado de la República se terminó de debatir y votar la idea de legislar sobre el proyecto de divorcio.
Un grupo no menor de jóvenes, del movimiento Opción Familia, vino desde Santiago con la idea de presenciar cómo se trataba y votaba un proyecto de esta naturaleza, que para ellos es muy importante.
Durante la mañana, mientras fundamentaban sus votos algunos senadores, los jóvenes -pienso que, más que nada, por no saber el modus operandi del Senado- metieron algunos ruidos y fueron desalojados por orden del Vicepresidente señor Carlos Bombal .
Como querían presenciar la votación del proyecto, en la tarde insistieron en ingresar a las tribunas, lo que les fue negado en reiteradas oportunidades por la guardia del hemiciclo. Pero ante la intervención personal de los senadores Jorge Martínez y Sergio Romero , además de los diputados José Antonio Kast y Alejandro García-Huidobro , se logró convencer al Presidente y Vicepresidente del Senado para que permitiesen su ingreso.
Durante la votación, guardaron absoluto silencio. Me consta, porque en ese momento subí a las tribunas para estar cerca de ellos y evitar cualquier manifestación que significara nuevamente su salida de la Sala. Incluso, guardaron silencio -aquí pido disculpas, señor Presidente , por la expresión que voy a usar- ante la “rasca” intervención del senador Ávila , quien dio su voto en términos muy poco parlamentarios. Siguieron en silencio hasta que el Presidente del Senado dio el resultado de la votación. En ese momento, un pequeño grupo del Sernam inició un aplauso cerrado y, entonces, los jóvenes, al oírlo, comenzaron a gritar “libertad”, “libertad”, ante lo cual el Presidente hizo sonar los estridentes timbres y la policía, rápidamente, les ordenó su retiro de las tribunas. Fueron sacados en vilos dos jóvenes que hacían de cabeza del grupo, como consta en las fotos que muestra la prensa de hoy. Salí junto con los jóvenes hacia el pasillo, donde me topé con un alto funcionario de Carabineros, quien mandó a detener a los dos jóvenes. Le pregunté a ese oficial a qué se debía esa situación y me respondió que cumplía instrucciones de don Andrés y de nadie más.
Perplejo, mientras los timbres seguían sonando en forma estridente, ayudé a los niños a salir del recinto. Cuando volvió la calma, me di cuenta de que Carabineros sólo había retirado a ese grupo de jóvenes. La gente del Sernam seguía adentro.
Volví a la Sala de la Cámara, porque estábamos sesionando, cuando me avisaron que efectivamente los dos jóvenes estaban detenidos por Carabineros. Bajé a averiguar qué pasaba -en ese momento, habían sido liberados- y me contaron que fueron detenidos en el subterráneo del edificio y que, después de tomarles sus datos personales, los liberaron.
Señor Presidente , he estado varias veces en situaciones difíciles en el Senado, por ejemplo, cuando se leyó la renuncia del senador vitalicio Augusto Pinochet . En esa ocasión, estaba la señora Gladys Marín con todas sus huestes en las tribunas. Tiraron monedas, les quitaron las gorras a carabineros, profirieron insultos a los senadores y nadie fue retenido por Carabineros del edificio.
Por lo tanto, quiero formular un reclamo por el trato casi grosero que recibieron esos jóvenes, quienes no tenían otra intención que demostrar su disconformidad con el divorcio.
Además, cuando volvió la calma al Senado, su Presidente dijo: “Estoy como Condorito: Exijo una explicación.” Ésta es la explicación al Presidente del Senado , a través de su señoría, de cómo ocurrieron los hechos.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al Presidente y Vicepresidente del Senado , a los senadores Jorge Martínez y Sergio Romero y a quien habla, para hacérsela llegar a los jóvenes del grupo Opción Familia.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.01 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.