Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE SALUD PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ENAJENACIÓN DE LOS DERECHOS DE GRATUIDAD DE AGUAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO A LA EMPRESA AGUAS ANDINAS S.A.
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carolina Toha Morales
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Ivan Paredes Fierro
- Eugenio Tuma Zedan
- Edgardo Riveros Marin
- Waldo Mora Longa
- Carlos Montes Cisternas
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Alberto Robles Pantoja
- Patricio Walker Prieto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PAREO
- Jaime Mulet Martinez
- Carmen Ibanez Soto
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Laura Soto Gonzalez
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Cristian Antonio Leay Moran
- Pedro Araya Guerrero
- Manuel Rojas Molina
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Jaime Quintana Leal
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ENAJENACIÓN DE LOS DERECHOS DE GRATUIDAD DE AGUAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO A LA EMPRESA AGUAS ANDINAS S.A.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 349ª, ORDINARIA
Sesión 22ª, en miércoles 30 de julio de 2003
(Especial, de 16.37 a 18.48 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel, y del señor Silva Ortiz, don Exequiel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
- Autorización a Comisión de Salud para sesionar simultáneamente con la Sala 7
V. Objeto de la sesión.
- Enajenación de los derechos de gratuidad de Agua de la Municipalidad de Santiago a la Empresa Aguas Andinas S.A. 7
VI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Salud por el cual solicita autorización para sesionar en forma paralela con la Sala el día de mañana, jueves 31, de 11.30 a 12.30 horas. con el objeto de recibir al señor ministro de Salud , quien proporcionará antecedentes relacionados con los anuncios sobre aumento de hepatitis en el país.
- De la Comisión de Salud por el cual solicita autorización para disponer el archivo del proyecto de ley, originado en moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca y Palma, que establece la obligatoriedad de etiquetar el origen de los productos transgénicos (boletín Nº 2985-11), por estimar que dicha materia corresponde al ámbito de la potestad reglamentaria.
- De la Comisión Especial sobre la situación tributaria de la minería privada por el cual comunica que eligió como su presidente al diputado señor Carlos Vilches Guzmán.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca, Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, Marí Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI RM 16
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D’Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriaga, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Nicolás Monckeberg.
-Asistió, además, el ministro Secretario General de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.37 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 17ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 18ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE SALUD PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Cámara, se accederá a la petición de la Comisión de Salud para sesionar simultáneamente con la Sala mañana jueves, de 11.30 a 12.30 horas, con el objeto de recibir al ministro de Salud , quien proporcionará antecedentes relacionados con los anuncios sobre aumento de hepatitis en el país.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
-La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ) saluda, en nombre de la Corporación, al diputado señor Rodrigo Álvarez en el día de su cumpleaños.
-Aplausos.
-o-
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ENAJENACIÓN DE LOS DERECHOS DE GRATUIDAD DE AGUAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO A LA EMPRESA AGUAS ANDINAS S.A.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde analizar “las circunstancias y consecuencias del proceso de enajenación de los derechos de gratuidad de agua por parte de la Ilustre Municipalidad de Santiago a las empresa Aguas Andinas S.A.”
El tiempo previo de 15 minutos corresponde al Partido por la Democracia.
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero referirme al sentido de esta sesión.
Se trata de cumplir el mandato que entregó la Sala a un grupo de diputados para estudiar el tema. Sé que algunos colegas han planteado que la realización de esta sesión da cuenta de un afán persecutorio y de una especie de obsesión respecto del alcalde Lavín . Categóricamente -y lo digo con mucha sinceridad-, quiero desmentir esas afirmaciones, por cuanto sólo nos ha movido un sentido de responsabilidad y de seriedad con la tarea encomendada. La verdad es que no tengo una gran vocación fiscalizadora. La razón es otra. En la Cámara se han constituido numerosas comisiones que, lamentablemente, no han llevado a término su cometido. No fue el caso de la Comisión que estudió este tema, ya que funcionó durante cinco meses, celebró once sesiones, recibió a veintiuna personas y estudió en profundidad y detalle la operación de venta de derechos de gratuidad de agua entre la Municipalidad de Santiago y la empresa Aguas Andinas S.A.
Algunos miembros de la Comisión han dicho que prácticamente no funcionó y que sus sesiones fracasaban a menudo, lo que no es efectivo. En mi calidad de presidenta de la Comisión, puedo asegurar que sólo en una oportunidad fracasó una sesión. Pero el gran escollo que tuvo fue que tres de sus miembros perdieron el fuero. Eso es efectivo, y hoy cada uno de ellos está respondiendo ante la justicia por las acusaciones que se les formularon. Por tanto, no era aceptable la excusa de los desafueros para impedir que la Comisión concluyera su trabajo y que la Sala conociera las condiciones en que se realizó esta venta, especialmente si se considera que los colegas desaforados fueron reemplazados inmediatamente por los diputados Mora, Riveros y Valenzuela .
En lo personal, me propuse que la Comisión trabajara seriamente, sin prejuzgar la situación y dando garantías adecuadas y justas a todas las partes, cuestión que fue reconocida por el propio alcalde Lavín .
La Comisión terminó su trabajo a tiempo y dentro del plazo, pero no se presentaron conclusiones a la Sala por una razón insólita: ningún diputado , de la Concertación ni de la Oposición, entregó su propuesta de conclusiones dentro de la fecha acordada como límite. Todos entendimos que la fecha estaba prorrogada por el hecho de haberse suspendido la sesión del día anterior en que se votarían las conclusiones. Cuando la Comisión se constituyó -el día después-, todos llegamos con nuestras propuestas de conclusiones para votarlas, pero la Oposición hizo valer el plazo original y se negó a extenderlo, lo que impidió que se pudieran votar. Algunos dirán que esto es parte de la política, que es una salida hábil y astuta. Yo creo que es una forma de hacer política que daña el prestigio de esta Corporación, ya que nos lleva a situaciones que no podemos explicar ante los ciudadanos. De hecho, no le hace bien a esta Cámara, pero tampoco a la Oposición, el que se utilice una argucia para impedir a una instancia legítima de la Corporación cumplir su tarea y dar cuenta de su trabajo. Tampoco se ve bien que cuando se trate de asuntos que tienen que ver con el Gobierno, la Concertación y la Oposición participen y contribuyan; pero que, cuando el afectado es un alcalde de la Alianza por Chile, se eche mano a diferentes expedientes para impedir que el trabajo se realice. Estamos en un momento en que la ciudadanía está sensible y atenta a este tipo de conductas, por cuanto quiere que en uno u otro caso seamos estrictos y rigurosos, justos y ponderados, pero en ningún caso con un doble estándar como el exhibido por la Oposición.
Hemos solicitado esta sesión para informar a la Sala sobre el avance logrado durante el estudio de la venta de derechos de gratuidad de agua por parte de la Municipalidad de Santiago a la empresa Aguas Andinas S.A.
¿Qué sacamos en limpio del trabajo de la Comisión? Quiero resumir en siete puntos las cosas más importantes:
Primero, se logró aclarar que el municipio tenía la titularidad de estos derechos, y no se logró demostrar en la Comisión -como se había afirmado- que era un derecho precario. Al contrario, una gran cantidad de antecedentes -figuran en las actas- algunos que desde hace más de cien años, dan cuenta de la titularidad de este derecho y de sus fundamentos.
Segundo, la venta de activos públicos siempre genera discusión y polémica. Ello es natural, porque se están vendiendo bienes que son de todos y la decisión la toman sólo unos pocos.
Para evitar que esta polémica se traduzca en una pérdida de legitimidad de estas operaciones, es indispensable, en primer lugar, por supuesto, que quienes tomen la decisión tengan la legitimidad democrática necesaria para hacerlo. Pero eso no es suficiente, porque, además, se necesita que el procedimiento utilizado dé plenas garantías a todos los afectados. Por ese motivo, las operaciones de venta de activos públicos son siempre delicadas y requieren de una atención extrema en la forma.
Tercera conclusión: lamentablemente, en el caso que se estudió estos cuidados no se vieron reflejados. Por el contrario, se atropellaron sistemáticamente las normas de buen gobierno que deben regir cualquier venta de activos públicos. Primero, porque se desconoció el derecho de los representantes democráticos a salvaguardar el interés público a través del ejercicio responsable e informado de sus atribuciones, se les ocultó información y se organizó el debate de tal manera de no darles espacio a la crítica y a la propuesta. Segundo, porque se restó importancia al interés futuro de la comunidad. Prueba de ello es la cláusula que asegura a la actual administración un cobro moderado de agua, pero compromete a las futuras administraciones a pagar una cantidad mensual por concepto de agua durante cuarenta años, incluso si no la consume. Tercero, porque se vulneraron principios esenciales de una buena administración del patrimonio público, tales como que lo obtenido de la venta de activos públicos se invierta en bienes de igual o mayor rentabilidad social de los que se vendieron y que la operación sea neutra respecto de las futuras administraciones. Es decir, no traer los beneficios a la administración actual y dejar los costos a las futuras.
Exactamente, eso fue lo que se hizo en Santiago, lo que nunca se debe hacer.
En cuarto lugar, pudimos constatar una sistemática falta de observancia de los principios de buena gestión, que aseguran la transparencia y la protección del patrimonio público en operaciones de este tipo. En efecto, el conjunto de situaciones examinadas tienen en común las siguientes características: aceleración extrema de los tiempos de decisión, escaso espacio para el debate, ocultamiento de información, falta de consulta a los órganos regulares del municipio, toma de decisiones sin solicitar los antecedentes necesarios o prescindiendo de ellos, y descalificación de toda opinión disidente. Un ejemplo de estos es la forma como se trató el informe de la funcionaria María de la Luz Morales, en el cual se demostraba que se podía negociar un precio más alto. Sin embargo, dicho informe no sólo se ignoró, sino que se ocultó a los concejales.
Otra prueba es la forma como esta operación fue vista por el concejo, sobre la base de un supuesto acuerdo de la Comisión de Hacienda que lo elevaba para su discusión, acuerdo que nunca existió, según se demostró, sino que fue puesto en las actas por un funcionario del municipio, aunque no pudimos descubrir por orden de quién.
Como resultado de esta modalidad de funcionamiento, la operación de venta de derechos de gratuidad de aguas de Santiago, en su conjunto, adolece de reiterados aspectos de improvisación y de falta de transparencia.
Una quinta conclusión es que no quedó establecida la inconveniencia a priori de esta venta. Por el contrario, los antecedentes mostraron que la venta podría haber sido beneficiosa para el municipio y para la comunidad si se hubiera hecho en forma adecuada y se hubiera negociado bien el precio y las condiciones, pero eso no ocurrió. De hecho, la principal consecuencia de la improvisación y de la poca transparencia con que se produjo el proceso de discusión fue que se hizo una negociación poco favorable a los intereses municipales. Se privilegió el cierre acelerado de la operación por sobre la búsqueda de términos de acuerdo más convenientes. Por el contrario, si esta venta se hubiera hecho con procedimientos más transparentes y hubiera habido mayor preocupación y diligencia por cautelar los intereses del municipio se habría obtenido, sin duda, mejores condiciones. Así habría sucedido, por ejemplo, de haber escuchado las opiniones de expertos, quienes, con seguridad, habrían propuesto adoptar criterios de negociación más favorables para el municipio, como fue el caso de la funcionaria María de la Luz Morales. Asimismo, habría sido importante discutir y estudiar con más profundidad decisiones que se adoptaron a partir sólo de la opinión de la empresa, como el consumo actual o futuro del municipio. Se actuó sobre la base de datos entregados por la propia Empresa Aguas Andinas, en lugar de estudiar esta materia con consultores independientes por parte del municipio; de permitirse a la autoridad municipal un análisis más exhaustivo del contrato, consultando la opinión, por ejemplo, del departamento jurídico del municipio, lo que me parece esencial; de haber pesquisado a tiempo una serie de falencias del contrato, desde el punto legal, que más adelante mencionaré.
Paradójicamente, si el alcalde hubiese concedido que se expresaran las dudas y críticas a esta operación, la consecuencia habría sido que él mismo podría haber negociado en mejor pie con Aguas Andinas.
En efecto, la existencia de un debate público y la posibilidad de contar con un concejo más informado y extenso habría forzado a la empresa a mejorar el precio que ofrecía y a renunciar a una serie de cláusulas y términos del contrato que eran desfavorables para la municipalidad.
Por el contrario, la improvisación y la falta de transparencia atentaron contra el interés comunal. Por cuidar la imagen del alcalde; por no dar la impresión de una gran oposición, se castigó lo que más se debió salvaguardar, y que es la principal obligación edilicia: proteger el interés y el patrimonio de la comunidad.
En séptimo lugar, hay muy diversas opiniones de los especialistas respecto de la legalidad de esta operación. El tema aún se discute. En particular, se planteó un punto de debate sobre si estos derechos eran un bien afecto a una utilidad pública y, por lo tanto, el municipio no podía disponer de ellos. No voy a pronunciarme sobre este punto, porque hasta el día de hoy todavía está siendo tratado en los tribunales de justicia a través de un reclamo de ilegalidad que se presentó. Sin embargo, esto no obsta que haga ver a la Sala, por intermedio de la señora Presidenta , que hay al menos cinco situaciones anómalas, desde el punto de vista legal, en la forma en que se realizó la celebración del contrato.
1) Resulta abiertamente contrario al orden administrativo la ausencia de una exigencia legal de cauciones por parte del municipio a la empresa respecto del precio pendiente a pagar, en conformidad con lo que dispone la ley orgánica constitucional de municipalidades. La omisión de este mandato legal importó e importa un innecesario riesgo para el patrimonio municipal.
2) Existió una grave infracción a la disposición de la ley de Servicios Sanitarios, el DFL Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, y, para ser más específica, de su artículo 67, inciso final. Esta disposición ordena a las empresas concesionarias de servicios sanitarios pedir autorización a la Superintendencia para eludir el trámite de licitación pública cuando adquieren bienes por montos superiores a 5 mil UF. Sin embargo, la empresa no hizo dicho trámite ante la Superintendencia y, probablemente, va a ser multada por ella por esta razón.
3) La misma Superintendencia ha definido que tendrá por no escrita la cláusula novena del contrato, según la cual el municipio se compromete a pagar por 1 millón 890 mil metros cúbicos de agua potable por los próximos cuarenta años, aunque no los utilice. El superintendente ha dicho que esta cláusula contraviene la legislación sanitaria, porque sólo se pueden pagar y se pueden cobrar los consumos efectuados y medidos. Este punto es especialmente grave, porque demuestra que el señor alcalde aceptó firmar cláusulas del contrato que no solamente son contrarias al interés municipal, sino que van más allá de la legalidad, que son ilegales, porque causan un perjuicio a la municipalidad.
4) Otro problema de legalidad es el intento de dar forma de donación a prestaciones que fueron parte del precio de venta, para acogerse a los beneficios tributarios que reconoce la ley. El director de Impuestos Internos , en su oficio ordinario 3.316, del 10 de septiembre de 2002, afirmó que lo que se consagra como una donación en la parte del contrato no sería tal, puesto que no existe la gratuidad indispensable para que ésta se produzca. Por el contrario, lo que existe es una prestación que se entrega dentro de una transacción y corresponde a parte del precio. Esto significa, en pocas palabras, que se ha intentado simular una donación para hacer que todos los chilenos paguen parte del precio de esta venta a través de un beneficio tributario.
5) Se ven las mismas faltas de transparencia y el desapego a la legislación respecto de la condonación de cuentas de agua potable de los vecinos de Santiago. Lo que se hizo aquí fue un extraño mecanismo, un rebuscado mecanismo de triangulación para eludir el cumplimiento de dos normas: primero, la ley orgánica constitucional de Municipalidades, que prohíbe favorecer a privados con fondos públicos, y que ha sido interpretada por la Contraloría, señalando que no procede el pago de cuentas de servicios públicos de los vecinos por parte de la municipalidad, salvo cuando se trata de indigentes. Segundo, las disposiciones de la ley general de Servicios Sanitarios, que establecen que las empresas de ese rubro no pueden condonar deudas a algunos de sus clientes en desmedro de otros.
Para eludir lo dispuesto por estas normas, se ocupó en este caso una triangulación financiera, en que la empresa transfirió recursos a la municipalidad, ésta se los entregó a la Corporación de Desarrollo de Santiago, la que, a su vez, se los volvió a entregar a la empresa, en parte de pago, por las cuentas condonadas a sus deudores. No creo que eso pueda llamarse legalidad, sino, más bien, una burla a la ley, con todas sus letras.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señora diputada , por favor, redondee la idea, salvo que ocupe el tiempo de su Comité.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Ocuparé tiempo de mi Comité, señora Presidenta .
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Muy bien. Puede continuar.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Por último, de acuerdo con lo señalado por los dirigentes sociales que fueron invitados, esta operación causó bastante conmoción en la comunidad de Santiago y motivó la movilización de los vecinos. Ellos intentaron hacer uso de los mecanismos que les entrega la ley para forzar la realización de un plebiscito vinculante respecto de esta operación, y pudieron constatar -como se ha hecho muchas veces- que las normas que impone la ley son prácticamente imposibles de cumplir, por el costo que tienen y por lo engorroso del procedimiento.
Sobre la base de las conclusiones señaladas, debiéramos estudiar las siguientes proposiciones:
Primero, conforme al examen de legalidad realizado, y considerando que existen recursos judiciales pendientes -una vez que éstos sean fallados, se aclarará parte de esta historia-, es necesario revisar algunas normas que rigen la forma de disponer de los bienes municipales. Este caso dejó en evidencia que la transacción municipal de bienes de esta magnitud puede contener numerosos errores y omisiones que afecten negativamente el patrimonio público. Por ello, se recomienda establecer mecanismos de control superiores a los existentes, que debieran considerar el de legalidad por parte de la Contraloría General de la República cada vez que se dispusiera de bienes municipales de cierta magnitud.
La segunda proposición es que se legisle en orden a reglamentar de manera más acuciosa las facultades de los alcaldes para celebrar contratos según la modalidad de contratación directa, con el objeto de fijar procedimientos de resguardo para la protección del patrimonio municipal y para asegurar transparencia, objetividad y oportunidad en estas operaciones.
Además, los mecanismos de ejercicio de las facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras que ejerce el concejo deben salvaguardarse mejor, a fin de evitar hechos como los que describí previamente. Hoy, esas facultades están definidas mediante reglamentos internos de cada concejo y, sin duda, al menos en el municipio de Santiago , son insuficientes para asegurar que los concejales cumplan sus funciones adecuadamente. En este campo, se propone establecer mayores atribuciones para el concejo, a fin de dotarlo de herramientas de control y de fiscalización más eficientes.
Tercero, respecto de la participación ciudadana, este caso ha puesto en evidencia que debe modificarse el mecanismo existente para convocar a plebiscito, a fin de simplificarlo y aplicarlo sólo en casos en que exista abiertamente una opinión distinta de los ciudadanos respecto de alguna decisión que tome el municipio. Pero esas medidas tendientes a evitar que un plebiscito se pueda llamar de buenas a primeras, no deben ser tan drásticas que impidan que se pueda llamar cuando sí hay necesidad y condiciones que lo ameriten.
Por último, en cuanto a las atribuciones fiscalizadoras del concejo, creo necesario que los diputados recomienden a los concejales de la Ilustre Municipalidad de Santiago que estudien con detención los acuerdos que adopte esta Sala y, especialmente, que atiendan tres materias: primero, la forma en que se ignoró y ocultó el informe de la profesional señora María de la Luz Morales , pese a que contenía elementos para negociar un mejor precio con Aguas Andinas. Segundo, la falta de diligencia mostrada por el señor alcalde , al aceptar la suscripción de términos del contrato que eran perjudiciales para el municipio, incluso ilegales. Tercero, la modalidad adoptada para la condonación de deudas, que puede estar produciendo discriminación de unos vecinos respecto de otros, en violación de los dictámenes de la Contraloría y de las leyes sobre esta materia.
En virtud de lo expuesto, se propone que los concejales estudien las medidas y las acciones a tomar, dentro de sus atribuciones, para esclarecer las responsabilidades por estas conductas, reducir el impacto negativo de estas situaciones y evitar que ellas se repitan a futuro.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , de acuerdo con el informe de la Comisión especial formada para estudiar la operación realizada con motivo de la cesión de los derechos de gratuidad de agua a la empresa privada Aguas Andinas Sociedad Anónima, efectuada por la Municipalidad de Santiago, es posible concluir en que hubo improvisación y falta de transparencia, motivada por el objetivo principal de obtener recursos en forma rápida, sin reparar en el compromiso patrimonial que ello podría significar para el municipio de Santiago .
Al analizar los hechos, resulta lógica la unión entre la principal autoridad municipal, su gestión a la cabeza del gobierno comunal, y sus manifiestas aspiraciones políticas. Desde la perspectiva ciudadana, es evidente que a una persona que tiene el propósito de ocupar el cargo de primera autoridad del país se le exija la mayor capacidad en la gestión de la unidad más básica de la pirámide de administración del Estado, cual es la comuna. Lo ocurrido con la cesión de los derechos de agua deja de manifiesto estilos, métodos de gestión y resultados altamente reprobables, partiendo por una circunstancia que es esencial en la defensa del bien común, esto es, que una autoridad debe hacer no lo que más le convenga, sino lo que es conveniente para toda su comunidad.
En el caso específico que nos ocupa, se vende un activo histórico de más de cien años de existencia para financiar un gasto corriente. Ello se explica por el estado de necesidad en que se encuentra la primera autoridad comunal de Santiago de revertir una gestión a todas luces opaca, que no ha respondido a las expectativas que generó cuando buscó la confianza popular.
El informe en esta materia es concluyente al referirse a la falta de observancia de los principios de buena gestión cuando se trata de enajenación de bienes públicos: que lo obtenido debe invertirse en bienes de igual o mayor rentabilidad social de los que se vendieron, y que debe garantizarse que la operación sea neutra respecto de las futuras administraciones, esto es, que no se establezcan los beneficios respecto de la autoridad presente, y los costos se deriven en forma consciente e intencionada hacia las futuras autoridades.
El estado de necesidad de la autoridad que produce la negociación acelerada e improvisada tiene variados ámbitos de análisis, entre ellos los jurídicos, a los que me referiré.
En primer lugar, como lo ha expresado la diputada informante , el cedente ha argumentado lo contrario que todo buen negociador debe hacer. En vez de fortalecer la consistencia de sus derechos ha asumido su precariedad, sin reparar en que, con ello, contraviene más de cien años de historia, a través de los cuales se demuestra la naturaleza indudable de los títulos que el municipio de Santiago ha tenido sobre los derechos de agua, desde la creación de la primera empresa de servicios sanitarios de Santiago, en 1861, hasta la fecha de la cesión de dichos derechos efectuada en la gestión del alcalde Lavín .
Como hitos importantes de la situación señalada, podemos mencionar la ley Nº 1.012, de 7 de febrero de 1898; el decreto con fuerza de ley Nº 324, de 1931, y, muy particularmente, la transacción aprobada por decreto Nº 1.197, de 1950, del Ministerio del Interior, en que se reconoció expresamente el derecho de la municipalidad a que se suministre gratuitamente agua potable a los establecimientos y servicios municipales.
En segundo lugar, sin entrar en un análisis profundo, pues, como lo dijo la diputada informante , es materia que hoy conocen los tribunales de justicia, está la situación a la cual me referí en mi intervención de la sesión de 17 de julio del año pasado, cual es la naturaleza, a mi juicio de bien afecto a una utilidad pública, que tienen los derechos de gratuidad de agua. Siendo así, no podían ser objeto de un acto de disposición o de enajenación, por cuanto estaban destinados, vinculados o adscritos a utilidad pública, como los servicios municipales, incluidas, en este caso, las escuelas. Reitero: se trata de un bien público destinado a una función pública. Como consecuencia de ello, perdió su condición de propiedad privada, pasando a formar parte del dominio público. Jurídicamente, reitero lo señalado en la sesión ya mencionada, en cuanto a que no es menor esa condición, porque, al no ser susceptible de propiedad privada por su función pública, es inalienable, imprescriptible e inembargable.
La falta de acuciosidad jurídica en este ámbito ha traído consigo otras precariedades que también quedaron consignadas en el trabajo de la Comisión especial. Por ejemplo, la circunstancia de no aplicar la norma expresa de la ley orgánica de Municipalidades en el sentido de exigir caución a Aguas Andinas para garantizar el cumplimiento de obligaciones pendientes respecto del precio por pagar.
Por otra parte, es nítido que estamos ante una operación cuyo monto es superior a 5 mil UF. Sin embargo, ella se efectuó incumpliendo lo preceptuado en el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, cuyo artículo 67, inciso final, establece que las empresas concesionarias, cuando quieran evitar las licitaciones públicas en compras de bienes que superen las 5 mil UF, deben solicitar autorización a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, argumentando fuerza mayor. Repito que esta autorización no se pidió y tampoco se procedió a través de licitación pública. De modo que la improvisación, o mejor dicho la celeridad, no sólo fue propia del municipio, sino también de su contraparte, Aguas Andinas, y todo ello precisado y perfeccionado en menos de una semana.
A lo expresado, debo agregar que, de acuerdo con el contrato, la Municipalidad de Santiago se comprometió a pagar un consumo mínimo de 1 millón 890 mil metros cúbicos de agua por los próximos cuarenta años, aunque no los utilice. No obstante, de acuerdo con la legislación sanitaria, sólo deben pagarse los consumos efectuados o medidos. La sanción que la Superintendencia ha definido es que esta cláusula debe tenerse por no escrita. Aquí encontramos plena razón al argumento que hemos señalado, cual es que se obtienen recursos para beneficiar la gestión presente, la coyuntura, pero se compromete de manera clara e intencionada la gestión futura.
La falta de transparencia ha llegado a tal extremo que se ha pretendido presentar como donación de Aguas Andinas algo que, en realidad, corresponde al precio, y por eso el Servicio de Impuestos Internos también ha cuestionado esta parte de la negociación.
Todo esto deja en evidencia que, dada la naturaleza de esta negociación, fue plenamente conveniente la creación de esta Comisión. Las conclusiones están expresadas en el informe que formará parte del proyecto de acuerdo que será presentado como conclusión de esta sesión y que recogerá lo medular del análisis que hemos conocido.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Iván Paredes .
El señor PAREDES.-
Señora Presidenta , el pasado mes de agosto, la Cámara de Diputados conformó una Comisión especial destinada a analizar las irregularidades existentes en el controvertido contrato de venta de los derechos de gratuidad de agua por parte de la Ilustre Municipalidad de Santiago a la empresa sanitaria Aguas Andinas Sociedad Anónima, por un total de 6 mil 500 millones de pesos.
Es importante recordar que, de esta suma total, la empresa Aguas Andinas canceló únicamente 5 mil 500 millones de pesos. Para pagar el saldo restante se utilizó una serie de oscuros subterfugios: un porcentaje de los mil millones de pesos adeudados se canceló mediante una donación al Teatro Municipal , la que pretendió acogerse, de acuerdo con el contrato, a la ley de donaciones culturales, situación que fue rechazada por el Servicio de Impuestos Internos. El resto de la deuda, en estricto rigor, nunca fue cancelada. Aguas Andinas entregó 635 millones de pesos a la Municipalidad de Santiago para que ésta ejecutara el proceso de condonación de deudas de agua potable a la propia empresa Aguas Andinas. ¿Qué significó esto en la práctica? Que el municipio de Santiago pagó las boletas impagas de los consumidores con el mismo dinero que recibió de Aguas Andinas. Es decir, el dinero regresó a las arcas de la sanitaria. Este proceso de triangulación de dineros fue convenientemente bautizado por el municipio santiaguino como “subsidios de agua potable”, y quedó establecido en el punto 10 del contrato de venta de los derechos de gratuidad de agua.
Al analizar los mecanismos utilizados para otorgar los beneficios de condonación de agua potable, queda de manifiesto que Aguas Andinas efectuó una impecable operación de la cual sólo ella salió beneficiada.
La Comisión especial encargada de analizar la enajenación de los derechos de gratuidad de aguas por parte de la Municipalidad de Santiago a la empresa sanitaria Aguas Andinas ha arribado a la conclusión de que la cláusula décimo tercera del contrato, referente a la condonación de deudas a los habitantes de Santiago que, supuestamente, “corren el riesgo de quedarse sin este vital elemento” -según reza el propio contrato-, no se condice en lo absoluto con los criterios de la Contraloría General de la República.
Al respecto, el órgano contralor ha determinado las condiciones según las cuales se pueden otorgar tales beneficios, estableciendo, sobre la base de una abundante jurisprudencia administrativa, que las municipalidades no se encuentran facultadas para otorgar subsidios, salvo cuando se trate de cumplir con labores de asistencia social, con el fin de procurar los medios indispensables para paliar las dificultades de personas que carecen de los elementos fundamentales para subsistir, esto es, que se encuentren en total estado de indigencia.
Asimismo, la ley general de Servicios Sanitarios establece que las empresas sanitarias no pueden condonar las deudas de algunos de sus clientes en desmedro de otros. Sin embargo, para evadir lo dispuesto en esta normativa, el municipio creó un ingenioso mecanismo. De este modo, Aguas Andinas transfirió recursos a la municipalidad, y ésta, a su vez, los entregó a la Corporación de Desarrollo de Santiago, Cordesan -entidad no afecta a ninguna de las restricciones antes señaladas-, la que, finalmente, volvió a integrar el dinero a las arcas de la empresa como pago por las cuentas que fueron condonadas a sus deudores. Una acción impecable en la que ni la municipalidad ni la sanitaria incurren en faltas.
Del análisis de las cuentas de agua potable enviadas por la municipalidad a esta Corporación, a solicitud de la Comisión, a través del oficio CAA 044, de 2002, se comprueba que no existió ningún parámetro coherente que permitiera determinar cuál era el perfil del beneficiario.
Quiero hacer presente que el oficio en comento da cuenta de que, hasta el 26 de noviembre de 2002 -fecha en que la Comisión solicitó el oficio-, el alcalde Lavín había condonado las deudas de agua potable de 443 usuarios de la comuna de Santiago, por un monto total de 84 millones 349 mil 833 pesos, de los 650 millones de pesos correspondientes al total del monto entregado. Sin embargo, más de la mitad de dicha suma se utilizó para cancelar sólo cuarenta y una cuentas impagas, por valores que superaban, en algunas ocasiones, ampliamente los 500 mil pesos. Esos cuarenta y un casos significaron 42 millones 354 mil 773 pesos. Claramente, no existieron criterios técnicos que definieran los requisitos exactos que debía cumplir un usuario para beneficiarse con la condonación de la cuenta.
Lo dicho anteriormente queda plenamente demostrado al revisar en detalle la disparidad de valores y de boletas impagas entre uno y otro usuario. De lo contrario, ¿cómo se explica que, de las cuatrocientas cuarenta y tres cuentas pagadas hasta el 26 de noviembre del 2002, hayan sido canceladas veintiocho cuentas que se encontraban plenamente al día y sin corte en trámite? Ello dista mucho del criterio establecido por la Contraloría General de la República, en virtud del cual sólo pueden otorgarse subsidios a quienes carecen de los elementos fundamentales para subsistir. Tal como se registran casos de personas a quienes se les canceló la cuenta del mes correspondiente, también existen casos de deudas canceladas que superaban el millón de pesos y llegaban hasta los 7 millones de pesos en boletas de una sola persona.
Me permitiré, en esta ocasión, citar algunos ejemplos con nombre y apellidos para ilustrar la absoluta carencia de criterios a la hora de aplicar la denominada condonación. La señora Sara Campos Banura presentaba 47 boletas impagas por un total de 3 millones 364 mil pesos, es decir, casi cuatro años de morosidad.
Esta situación contrasta diametralmente con el caso de la señora Nora Olivera Villacura , quien sólo presentaba una boleta impaga por un monto de 500 pesos, o la señora Patricia Mardones Andrews , quien adeudaba 1.750 pesos.
Asimismo, del total de 443 cuentas canceladas hasta noviembre de 2002, se registraron 174 casos de boletas con pagos pendientes, emitidas después del 4 de julio de 2002. Se trataba de consumos que se generaron con posterioridad a la fecha en que se realizó la transacción entre la municipalidad de Santiago y la empresa sanitaria.
Esta clase de situaciones tienden un manto de duda sobre la legalidad y transparencia con la que se realizó esta transacción.
Cabe hacer presente que, según el Código Civil, una obligación no pagada puede ser cobrada ejecutivamente dentro del plazo de tres años. Transcurrido ese plazo, la deuda caduca.
A la luz de estos antecedentes, es importante considerar que del total de las 443 cuentas condonadas hasta esa fecha, existen casos de boletas impagas hace 64 meses, es decir, más de cinco años. Se trata de deudas que, de acuerdo con el Código Civil, ya habían caducado.
Lo anterior deja de manifiesto que la magistral operación realizada por la empresa Aguas Andinas no sólo le sirvió para no cancelar la totalidad de la transacción, sino también para efectuar cobros caducados que, seguramente, ya formaban parte de los pasivos de la empresa.
Aquí estamos frente a una operación magistral que lejos de beneficiar a la comuna de Santiago, favoreció únicamente a la empresa Aguas Andinas.
En lo relativo a la obligación que el municipio de Santiago acepta por disposición contractual en la cláusula novena del contrato en cuestión, referente a pagar un consumo mínimo de 1 millón 890 mil metros cúbicos de agua, aunque no los consumiera, por los próximos cuarenta años, la Superintendencia ha señalado, mediante oficios, que dicha cláusula contraviene la legislación sanitaria, pues su aplicación en concreto atenta contra dos principios que inspiran la normativa sanitaria, a saber: primero, que se deben pagar los consumos efectuados y medidos, y segundo, que las tarifas son máximas, esto es, la empresa sólo puede cobrar aquello que el decreto tarifario establece por cada metro cúbico consumido. Así entonces, la Superintendencia del ramo expresó: “En esta situación, la citada estipulación debe tenerse por no escrita y no podrá la empresa -Aguas Andinas S.A- darle aplicación alguna, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que en derecho correspondan”.
Todos estos antecedentes, y los que están contenidos en el informe, dan cuenta de que aquí hubo una operación absolutamente ilegal y que cualquier alcalde de Chile que hubiera cometido una barbaridad como ésta, de seguro, estaría en la cárcel. Eso es importante dejarlo establecido, porque aquí está primando otro tipo de criterios. Se busca cubrir con un manto de legalidad a algo que, evidentemente, tuvo características políticas y fue un claro negociado para beneficiar a una empresa privada.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señora Presidenta , en primer lugar, en nombre de mi bancada, lamento la pérdida de tiempo en la que estamos incurriendo. Nuestro trabajo es difícil y está sujeto a la crítica. Si bien tenemos fuero, hay que utilizarlo para debatir, proponer, fiscalizar, plantear soluciones y legislar; pero es el colmo que el fuero se utilice para perder nuestro esfuerzo y desconcentrarnos de los temas reales, aquellos que preocupan al país, siguiendo una causa sin sustancia, que no tiene nada de criticable ni de censurable.
No nos engañemos, señora Presidenta : detrás de toda esta operación está la idea de “rayarle la pintura” al alcalde Lavín . Todo el esfuerzo realizado, que ya lleva tanto tiempo malgastando energías, apunta exactamente -y ése es el sentido que tiene para algunos diputados de la Concertación- a dejar flotando la idea de que el alcalde Lavín es una persona incorrecta, deshonesta. Ésa es la lectura detrás de los hechos. Pero eso no lo van a lograr, porque no lo va a creer nadie. Ello equivale a que a nosotros se nos pusiera entre ceja y ceja sembrar en el país la idea de que el Presidente Lagos es tonto. Sería un esfuerzo perdido, porque es una persona inteligente, así como Lavín es una persona correcta.
En segundo lugar, tenemos que sacar lecciones de las cosas. La vida es irónica, y la historia cobra cuentas. Toda esta operación, que se ideó con mucha más pasión que racionalidad desde algunas bancas de enfrente, comenzó mal, continuó mal y va a terminar aún peor, porque no tiene base, no tiene fundamento, porque son denuncias sin sustancia.
Considero conveniente ir a las actas, a la versión taquigráfica de la discusión en esta famosa Comisión investigadora.
A la diputada Tohá la acompañaron tres diputados: los señores Jiménez , Rebolledo y Pareto . Leí el discurso del diputado Jiménez , quien acompañó fervientemente a la diputada Tohá en esta iniciativa. Hablaba en tono de Catón, el Censor; en un tono moralizante y admonitorio, de “el negociado del siglo”; de “los oscuros negocios del alcalde”; de que “debe hacerse claridad sobre esta operación”; de que “debe aclararse lo oculto que está en ella”, y, por supuesto, planteó que “esta operación afectaría a todos los habitantes de Santiago, a los que se les iba a encarecer su agua, y a la Corfo, que era accionista minoritaria de Aguas Andinas ”. Y el diputado Jiménez terminaba su discurso catoniano con una perla, que no resisto la tentación de citar: “Tal como nos dijo un poblador de la comuna de Santiago en días pasados, aquí se ha pillado a algunos con las manos en la caja fuerte, pero han contestado que la estaban cerrando. Vamos a investigar esto hasta las últimas consecuencias, para que la transparencia sea la regla básica de la gestión administrativa y financiera de los municipios, o sea, de cara al país”. Y yo pregunto: ¿dónde está ahora el diputado Jiménez ?, ¿y dónde está ahora Joaquín Lavín ? ¿Dónde está ahora el vicepresidente de la Corfo?, ¿y dónde están ahora los diputados de la Oposición que esa vez enfrentaron al diputado Jiménez?
Todas estas cosas nos deben hacer meditar. Detrás del objetivo de dejar en el país la sensación, aun a costa de la verdad, de que el alcalde Lavín es deshonesto, hay una inmensa paradoja. Un gobierno golpeado por los más oscuros, profundos y tremebundos problemas de corrupción, de falta de probidad, se niega a ver la tremenda viga que tiene en su ojo y pretende ver vigas inexistentes en los ojos ajenos. Ésta es la paradoja absolutamente imposible de tragarse para esta Cámara y para el país, y de la cual esta sesión es ejemplo.
En tercer lugar, no puedo dejar de señalar -porque estuve religiosamente en cada una de las sesiones de la Comisión investigadora- que todos y cada uno de los cargos que se pretendieron levantar fueron desvirtuados por las autoridades que concurrieron o mandaron oficios a la Comisión y por los expertos civiles invitados a solicitud de los diputados de la Concertación o de la Oposición. Fueron más de 22 las personas que asistieron a la Comisión cuando ésta pudo sesionar.
El escándalo que se pretendió levantar fue artificial. Ya está probado -porque el tiempo es buen consejero y permite ver las cosas en perspectiva- que la iniciativa fue ampliamente exitosa para Santiago . Por eso, veía con pena cómo el diputado señor Paredes me pretendía convencer de que la operación fue mala para los habitantes de esa comuna. Por lo menos la diputada Carolina Tohá tuvo el tino suficiente para no formular una afirmación que revelara semejante ineptitud. ¡Qué sabe un diputado por Arica respecto de lo que les conviene a los habitantes de Santiago o cómo lo está haciendo su alcalde !
La enajenación se efectuó con pleno conocimiento del concejo. Que no nos pasen gato por liebre: los concejales pudieron expresar su opinión. Por eso, cuando vino la concejala Marta Larraechea , el diputado Víctor Pérez le demostró que las actas del concejo en las que constaba la operación habían sido firmadas por ella, hecho que la señora Larraechea no recordaba.
La operación reviste plena legalidad. Así ha sido resuelto por la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Servicio de Impuestos Internos y la justicia ordinaria. Porque junto con este escándalo político se dedujeron numerosos recursos ante los tribunales. Todos han establecido que hubo plena normalidad jurídica y legal. ¡No sé cuánto más puede aguantar el papel, cuánto más podemos seguir perdiendo el tiempo para sostener que en este caso hubo actos ilegales! De hecho, se corre el riesgo de caer en el terreno de las injurias y de las calumnias. Así de simple.
Se demostró que el precio obtenido, 6.500 millones de pesos, fue excelente. Las dos únicas bases de comparación llegaron a cantidades muy inferiores: 4.888 millones si se traían a valor presente los gastos de agua de la municipalidad en el futuro y 4.300 millones si se aplicaba el valor en que la Corfo vendió sus derechos de agua a Aguas Barcelona.
Por último -como para verdades hay tiempo-, la Corfo terminó vendiendo el resto de su participación en Aguas Andinas a Aguas Barcelona en un precio inferior al que la municipalidad de Santiago vendió su derecho de gratuidad de agua. Por una cruel ironía para los acusadores -que hoy más bien parecen acusados-, fueron precisamente estos recursos, los que la Corfo recibió producto de la venta del resto de sus derechos a Aguas Barcelona, los que se perdieron en el escándalo Inverlink por escaso o nulo control.
Esto empezó mal, siguió con los desafueros y está terminando peor.
Lo definitivo es que la Concertación fue incapaz de sostener la acusación en la Comisión. No es que se haya usado un subterfugio procesal. Simplemente, se terminó el plazo y la Concertación no tenía propuestas de conclusiones. Y ello no ocurrió porque los diputados fueran tontos o faltos de empeño, sino sencillamente porque aquí no había sustancia, lo que quedó demostrado por las numerosas sesiones que fracasaron por falta de quórum, ya que no fue sólo una, como señaló la diputada Tohá . La presidenta de la Comisión podrá tener mejor memoria que yo para indicar cuantas sesiones fracasaron. La Concertación no pudo sostener -nadie puede hacerlo- una causa que estaba muerta.
La presencia de Lavín fue determinante. ¿Cuántas veces los diputados hemos reclamado debido a que las autoridades de Gobierno no le dan “bola” a las comisiones investigadoras? El alcalde de Santiago concurrió a la Comisión y durante dos horas, en el marco de una audiencia pública transmitida a todo el país, respondió a cada una de los equívocos, aberraciones, vacíos, distorsiones y suposiciones de que fue objeto. A partir de allí, la Comisión murió, porque ya no tenía nada que hacer. Ésa es la verdad. Se venció el plazo, pero la Comisión no había redactado sus conclusiones. Repito, ello no ocurrió porque los diputados fueran flojos o no cumplieran su tarea, sino porque no había sustancia para redactarlas.
Hace un par de meses, entre gallos y medianoche, se planteó un resquicio para tratar de ampliar el plazo a la Comisión, petición que, incluso, llegó a figurar en Tabla. Sin embargo, la propia Sala la rechazó. Hoy existe un nuevo intento para revivir el asunto.
Francamente, lo señalado por la diputada Tohá es abismante. Indicó que aquí había títulos ciertos. ¡Cómo no los iba a haber! De no haber sido así, no habría podido venderse los derechos de agua ni estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Sin embargo, tal como quedó demostrado en la Comisión, también existía una seria posibilidad de perder la titularidad sobre ellos.
También señaló que aquí se atropellaron las normas de buen gobierno y de buena gestión. Se trata de una opinión completamente aventurada. No es eso lo que opina Santiago , ni la mayoría del concejo, ni la Contraloría, ni la comunidad, la que se manifestó en un plebiscito multitudinario respecto de cómo aprovechar este excelente negocio de la venta de los derechos de agua.
La diputada Tohá señaló que podían venderse esos derechos. ¡Claro que podían venderse! De hecho, eso fue lo que se hizo. Pero agrega que se transaron a mal precio. Ella es la única que lo dice. Todos los antecedentes que maneja la Comisión señalan que se vendieron a un precio excelente.
Por último, plantea que existe una ilegalidad. Eso sí que es grave. Ese tema -repito- ya fue resuelto por la justicia -quedan otros temas pendientes-, y ella señaló lo contrario.
No quiero que esta Cámara, por un exceso absoluto de pasión, incurra en una inconstitucionalidad evidente.
La Comisión señaló en una de sus conclusiones que era necesario legislar. Hagamos todo lo que sea indispensable en ese sentido; pero no hay para qué llamar a una sesión de Sala como ésta para llegar a la conclusión de que es necesario legislar.
A la Comisión no le corresponde constituirse en tribunal, opinar sobre lo que es legal o ilegal cuando hay recursos pendientes o avocarse causas pendientes. Si el proyecto de acuerdo va a apuntar en esa dirección, mucho me temo que nos vamos a topar con un tema de inconstitucionalidad evidente.
Por último, se ha señalado que es necesario fiscalizar a los municipios. Que yo sepa, siempre los diputados de Gobierno y de Oposición, de la Concertación y de la Alianza, han tenido como norma atenerse a la ley. En ese sentido, ni a la Cámara ni al Congreso le corresponde fiscalizar a los municipios.
Si las conclusiones que se nos van a presentar son las que he mencionado, el mínimo sentido de dignidad del cargo de los diputados de la Concertación llevará a que esas ideas no lleguen a concretarse, porque son absolutamente distorsionadoras de la legalidad, incorrectas y no aportan nada a los asuntos que debemos sacar adelante.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Diputado señor Cardemil , está finalizando su tiempo.
El señor CARDEMIL.-
Termino en un minuto, señor Presidente.
Nos está mirando de nuevo el país para ver cómo hacemos nuestra tarea. He tratado de no molestarme con las cosas que he oído hoy, y lo único que pido es un mínimo de rigurosidad: que los diputados se informen bien antes de resolver.
No deseo que pase de nuevo lo que planteaba al inicio, es decir, constatar que la vida es irónica y que la historia cobra sus cuentas.
Una de las grandes críticas políticas, a raíz de esta operación que se hizo al alcalde Lavín , es que había hecho un negocio para él, sin pensar en los alcaldes que venían después.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ha concluido su tiempo.
El señor CARDEMIL .-
Termino, señor Presidente .
Pues bien, cuando el alcalde Lavín , en un acto de responsabilidad política, dice que está dispuesto a presentarse a la reelección y a seguir trabajando por el bien de Santiago en su calidad de alcalde, ha surgido un proyecto de ley de las propias bancadas que lo acusan, para evitar, por secretaría, que él se presente a una elección popular y que sea de nuevo alcalde de Santiago .
Bueno, ¡en qué quedamos! Ustedes están atacando a Lavín porque no asume su responsabilidad de cara al futuro;...
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Diputado señor Cardemil , hace un rato ha concluido su tiempo.
El señor CARDEMIL .-
...pero cuando la quiere asumir, ustedes tratan de derrumbarlo por secretaría. Eso es falta de consistencia. Es el resumen absoluto de la liviandad, de la falta de responsabilidad, de la vaciedad con que se ha tratado de “rayar la pintura” a un hombre honesto. Eso no lo puede hacer esta Cámara de Diputados. Confío en que la conciencia de cada uno de ustedes finalmente se va a imponer a las conveniencias políticas de menor cuantía.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Ha concluido el tiempo de Renovación Nacional.
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , no estamos discutiendo si Joaquín Lavín es honesto o no. Yo no tengo ninguna duda de que Joaquín Lavín es honesto, pero no es el tema de la discusión. El tema en debate es si hizo un buen negocio para la Municipalidad de Santiago o no, que es una cosa completamente distinta. Un alcalde puede ser honesto, pero cometer un error en una negociación y lograr menos recursos de los que se debiera haber obtenido en ella. Ése es el punto.
También pido que no tengamos afán persecutorio, porque no se dan estos argumentos cuando se acusa a alguna autoridad de la Concertación. Cuando se presenta un proyecto de ley para que quien postule a un determinado cargo cumpla con el período para el que fue elegido, no se está persiguiendo al alcalde Lavín . Lo que se está diciendo es que un alcalde debe tener respeto por los ciudadanos que lo eligieron y terminar el período para el que fue elegido.
No tenemos ningún problema para competir dónde sea, cuándo sea y cómo sea. Para eso tenemos una muy buena carta, como Jorge Schaulsohn . Además, también hay otros muy buenos candidatos para competir por ese cargo. Pero no es ése el punto.
No es un tema menor, como lo intentaba plantear el diputado Cardemil , que se enajenen los derechos de agua de la Municipalidad de Santiago, que tienen más de cien años. Es un tema muy importante, que ameritaba un debate mucho más profundo, una reflexión mucho mayor en el seno del concejo.
Todos los concejales que concurrieron a la Comisión -también he leído las actas- han señalado, de manera categórica, que no hubo posibilidades de realizar dicho debate. Además, hay muchas opiniones de expertos, dentro de las cuales figura la de una funcionaria de la propia Municipalidad de Santiago, señora María de la Luz Morales, que concurrió a la Comisión, quien no tiene un afán en contra del alcalde Lavín . Ella hizo un estudio de mérito, con seis posibles escenarios, cuatro de los cuales fueron presentados abiertamente a la Comisión. En todos ellos, considerando el valor del metro cúbico de agua, del metro cúbico para alcantarillado y del reciclaje, se debió cobrar un precio superior a los 6.500 millones de pesos. La citada funcionaria de la municipalidad calculó que el precio que se debió cobrar, incluso utilizando una tasa inferior a la de la municipalidad, estaba entre los 8 mil 900 millones y los 12 mil millones de pesos.
Este es el tema en discusión. Si hubo un buen o mal negocio. Nosotros estimamos que se hizo un mal negocio para la municipalidad y sus usuarios.
En estudio, con todos los escenarios que los colegas que participaron en la Comisión conocen muy ampliamente, se señala que se ha llegado a esas cifras con una estimación de consumo racionalizado de metros cúbicos de agua y, por tanto, está bajo la media que consume hoy la Municipalidad de Santiago.
Después de la conversación que esta funcionaria tuvo con el alcalde Lavín , él rebajó la tasa social de descuento de 10 por ciento a 6,5 por ciento, con lo que se reconoció -de alguna manera- que este informe tenía validez desde el punto de vista técnico. Es decir, lo que aquí no se ha tenido en cuenta es una visión técnica distinta de las que utilizó el alcalde para definir los montos que se cobraban por la enajenación de los derechos de agua de la Municipalidad de Santiago.
También quiero destacar que, respecto de la donación -cosa que se puede corroborar con Impuestos Internos- de los 140 millones de pesos de Aguas Andinas al teatro Municipal, lo que aparece como algo irregular es que entra en el precio; pero, posteriormente, Aguas Andinas lo descuenta de los impuestos. En consecuencia, si todos los colegas lo miran con objetividad, podrán determinar que el Estado termina pagando estos 140 millones de pesos, pues la empresa los descuenta de los impuestos que debe pagar.
Estas observaciones no debieran dejar indiferentes a un partido serio como la UDI, porque no sólo son aplicables a la Municipalidad de Santiago, sino a muchas otras cuando se adoptan resoluciones de esta naturaleza, sobre todo cuando se toman decisiones por cuarenta años. El alcalde Lavín no está resolviendo un tema por cuatro años, lo que dura su período, sino por cuarenta años, decisión que afectará a quienes dirijan la comuna de Santiago durante ese lapso.
Por esa razón, hemos sido partidarios de realizar este debate. No queremos hacer ningún show, sino simplemente pedir que se entreguen los argumentos y los antecedentes del caso. Naturalmente, en la Comisión hubo más tiempo que en la Sala para discutir.
Sin embargo, tenemos la sensación -y los antecedentes de que disponemos así nos lo revelan- de que en esta operación se han cobrado cifras muy menores de las que debió recibir la Municipalidad de Santiago. Por otra parte, cuando hablamos de dicha municipalidad, no sólo nos estamos refiriendo a la institución como tal, sino a los usuarios y al futuro de la comuna que encabeza a las de nuestro país.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, no voy hacer uso de la palabra en este minuto, porque estoy recibiendo un llamado de La Moneda.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , en los breves minutos que tengo, me es difícil ahondar en todos los aspectos, circunstancias y consecuencias del proceso de enajenación de los derechos de gratuidad de agua por parte de la Municipalidad de Santiago a la Empresa Aguas Andinas S.A., por lo que me referiré a un solo.
Don Joaquín Lavín , alcalde de la municipalidad de Santiago , quiere ser presidente de todos los chilenos, pero su gestión ha originado un problema más preocupante que si llegase a la Primera Magistratura , cual es que Joaquín Lavín no se asesoró por la institucionalidad municipal cuando hizo este negocio, ni consultó a la Secretaría de Planificación Municipal, sino que se asesoró por consultores externos sin escuchar a las otras autoridades y funcionarios de la municipalidad, quienes, se supone, deben proteger los derechos y lo que interesa a la municipalidad.
Es así como la Secretaría de Planificación Municipal no fue consultada para opinar respecto de algo que le importa a la municipalidad de Santiago.
Don Joaquín Lavín prefierió consultar y desarrollar una institucionalidad paralela a la del municipio de Santiago para hacer el estudio de este tema. Tanto es así que los funcionarios de la Secretaría, extrañados de no ser consultados y entendiendo que era un tema relevante para la comuna de Santiago, decidieron realizar el estudio por cuenta propia, el que fue entregado a las jefaturas designadas por el alcalde Lavín y, mucho después, conocido por los concejales.
Lo cierto es que esto llamó la atención y demostró que la confianza del señor Lavín en sus funcionarios, en este tipo de negocios, es nula, tanto que no consideró el documento emitido para cautelar los derechos de la municipalidad sobre las aguas.
Otro tema importante dice relación con el abogado jefe de la Municipalidad de Santiago , quien por diversas razones no concurrió a nuestra Comisión.
Lo cierto es que el abogado señor Infante, quien históricamente había defendido los derechos de gratuidad de agua de la Municipalidad de Santiago, incluso durante administraciones de alcaldes designados, finalmente no revisó el contrato que se firmó. Nunca se supo quién lo hizo. Debo suponer que también fue realizado por personal externo al municipio.
Es muy importante dejar en claro a la opinión pública que el alcalde de Santiago no confía en la institucionalidad municipal para los temas relevantes. Necesariamente, debe crear organismos paralelos para hacer gestión.
He dicho.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , sólo para señalar que cuando se trata de informar mediante los medios de comunicación que habrá una sesión especial para tratar asuntos que dicen relación con el alcalde de Santiago , Joaquín Lavín , futuro Presidente de la República , todos se preocupan de firmar, pero, en la práctica, la Concertación no está presente en la Sala. En verdad, los comentarios sobre este tema no merecen más de dos o tres minutos.
Quiero decir a los parlamentarios de la Concertación, a los distinguidos y honorables diputados que firmaron la petición, que se equivocaron en el título de la convocatoria. La sesión especial fue citada para “analizar las circunstancias y consecuencias del proceso de enajenación de los derechos de gratuidad de agua por parte de la Ilustre Municipalidad de Santiago a la empresa Aguas Andinas S.A.”
Los tribunales de justicia, los miembros de la Concertación en el directorio de Aguas Andinas que votaron a favor de dicho proceso y el país sabe que éste fue totalmente legal. Por lo tanto, debería haberse cambiado el objeto de esta sesión especial, pero de cara al país, ya que la Concertación siempre dice que defiende a los ciudadanos. La sesión debería haber sido pedida para analizar cómo atacar a Joaquín Lavín para que no llegue a La Moneda. Es decir, cómo atacar a un gran alcalde, que es un impedimento para la Concertación, porque Joaquín Lavín ha sido capaz, con su extraordinaria labor, de hacerlo bien, lo cual ha quedado demostrado en las urnas, tanto en la elección presidencial como en la municipal. La sesión debió haber sido pedida para analizar cómo atacar a quien lo hace bien.
Como los diputados de la Concertación saben -aunque no debiera hablar en plural, porque en la Sala casi no quedan parlamentarios de la Concertación, los pocos presentes son contados con los dedos de la mano- que los tres gobiernos de la Concertación lo han hecho muy mal. Simplemente están desesperados, porque Joaquín Lavín lo está haciendo bien.
Con todo respeto, quiero señalar a los seis diputados de la Concertación presentes en la Sala -aunque entre ellos hay algunos que están más cerca de la UDI que de la Concertación- que no hagan el ridículo al pedir este tipo de sesiones. No hagan perder tiempo al señor Secretario , que tiene que trabajar en otras cosas más importantes; ni al personal de Sala ni a quienes están viendo esta sesión a través del canal de la Cámara.
Pido disculpas, de Arica a Magallanes, por esta torpeza, por la estupidez de celebrar una sesión en la que los miembros de la Concertación no están presentes. ¿Saben cuál es el pecado? Que Joaquín Lavín lo está haciendo bien. Entonces, hay que atacarlo, hay que reventarlo, para subirle los bonos a los otros candidatos.
Estoy muy contento de que en estos momentos haya ingresado a la Sala mi querido amigo el diputado señor Montes, porque sé que me va a contestar. Lo escucharé con mucha atención, porque le tengo mucho cariño, ya que es un gran diputado por La Florida y espero que sea mi contendor senatorial para las próximas elecciones.
Reitero mis disculpas al país a través del canal de la Cámara por este tipo de sesiones que no sirven para nada. Lo único que podemos decir es que Joaquín Lavín está preocupado de que haya trabajo, de que se mejore la salud, de que se eviten los asaltos y de que disminuyan los altos índices de delincuencia. Es decir, está preocupado de un Chile mejor.
Tengan confianza, señores de la Concertación, porque gracias al apoyo de la UDI terminarán su gobierno decentemente. Sin embargo, el próximo gobierno, estimados colegas -quiero decirlo fuerte y claro- será de Joaquín Lavín, de la Alianza por Chile, durante el cual haremos mucho más en esta Cámara.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , después del espectáculo circense, quiero expresar que me alegro de que el señor Lavín sea candidato a Presidente de la República y no se presente a alcalde de nuevo.
La Cámara de Diputados ha legislado con seriedad sobre el financiamiento de las campañas políticas. Entonces, si el señor Lavín quiere ser alcalde de Santiago y lograr los mismos votos que en la elección anterior, el Estado -todos los chilenos- habría subvencionado en más de 40 millones de pesos su campaña, para que después manipule al electorado con el marketing de la UDI.
Pero vamos al tema que nos convoca.
Hay numerosos estudios que demuestran el mal negocio que realizó el señor Lavín . Debo reconocer que cuando fue alcalde de Las Condes impulsó la ejecución de interesantes obras que podrían considerarse, incluso, según los estándares internacionales, de buena práctica municipal. Por ejemplo, la rotonda Atenas, ahí el concepto en que se basó fue: donde no hay interés por invertir, se privatiza o se concesiona un espacio público para que genere riqueza.
Pero, como se ha dicho, en este caso, hablamos de un pésimo negocio en una comuna líder y que tiene grandes requerimientos de agua, la que, en consecuencia, será mucho más cara para las futuras gestiones.
Quiero dar, además, algunos datos. Se calcula en 35 por ciento el déficit de áreas verdes y en 94 por ciento en el lavado de calles y veredas de la comuna.
El problema crítico del Gran Santiago, y también de su comuna céntrica, tiene que ver con dificultades ambientales, en especial, con el polvo en suspensión, que las futuras gestiones municipales deberán abordar.
Repito que este insumo esencial, lamentablemente, ha quedado hipotecado a un alto costo. Pero lo más grave, siguiendo la tradición gremialista en privatizaciones, más bien grises y oscuras, es la falta a principios básicos de una gestión municipal transparente y participativa.
Es obvio que Lavín no buscó el consenso del consejo y, como quedó establecido en las reuniones de la Comisión, no recurrió a una instancia técnica de alto nivel, como son los Cotea, que los alcaldes utilizan para evaluar el impacto social y económico de los proyectos. Lavín se negó a ocupar la experiencia acumulada en el municipio de Santiago. Ahí están, como se ha dicho reiteradamente, los informes negativos que sobre la privatización emitiera una funcionaria del Serplac.
Tampoco consideró disposiciones de la ordenanza de participación de la Municipalidad de Santiago.
Al respecto, recordemos que el Congreso Nacional, hace dos años y medio, entregó a los municipios la autonomía para generar su ordenanza de participación.
Además, el municipio de Santiago no convocó a su Consejo Económico y Social, ente que, por lo tanto, tampoco fue informado sobre los costos e implicancias de esta privatización.
Por lo tanto, estamos frente a un triste espectáculo.
Como bien decía la presidenta de la Comisión, señora Carolina Tohá , independientemente de que no hay obsesión en contra de una persona en particular, de este hecho debemos sacar conclusiones a largo plazo que nos permitan, como en todos los países civilizados, conseguir una buena gestión municipal.
Cuando se vende un activo importante del municipio, obligatoriamente el monto del precio que se obtenga, el ciento por ciento, debe destinarse a inversión física, no a populismo barato, como lo describía el diputado señor Iván Paredes . Además, deben consultarse las instancias técnicas del ente municipal y de la comunidad.
Estas lecciones nos deben ilustrar sobre este oscuro episodio del señor Lavín y la gestión de la UDI en el municipio de Santiago y ayudarnos a prevenir su ocurrencia, no sólo en Santiago, sino que, en general, en otras gestiones municipales.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , no me referiré a los aspectos técnicos, jurídicos y económicos de este caso; la diputada señora Carolina Tohá ha emitido un sólido informe, complementado por el diputado señor Edgardo Riveros y otros, quienes lo han hecho muy bien. Es un enfoque sustantivo que busca que la Comisión cumpla su trabajo.
Se equivocan los diputados de la Unión Demócrata Independiente o de Renovación Nacional cuando dicen que rayarle la pintura a Lavín es asumir problemas. Si fuera por eso, el caso Inverlink pudo rayarle la pintura a mucha gente, pero hubo honestidad y seriedad para asumirlo en su mérito, en lo que era.
Ahora, no estamos asumiendo el caso con la seriedad que se requiere porque tienen miedo de que afecte a su líder, lo que encuentro comprensible, pero les pido que mantengamos cierto nivel en el debate. Frente a Jiménez podríamos mencionar a Escobar o frente a éste, a este otro; pero eso no nos ayuda.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Reitero que no me referiré a ello porque no quiero caer en ese juego. Quiero referirme a otra cosa, que es fundamental: la cultura de lo público. ¿Qué es lo público? ¿Qué es el servicio público?
El objetivo principal del servicio público es el bien común, la vida en comunidad. Ésta es la ética del liderazgo político. Lo público tiene que ver con lo común, con la convivencia, con el nosotros, con construir sociedad. Los grandes constructores de las ciudades de Chile tuvieron la cultura de lo público, cuyo fundamento fue buscar el bien común, el bien general, aunque no se encontrara, con una perspectiva permanente. Diego Portales , Benjamín Vicuña Mackenna .
Sin esta lógica, ¿hubiéramos tenido el cerro Santa Lucía , el cerro San Cristóbal , el parque Forestal, el parque O’Higgins y muchas otras cosas? Todo esto existe porque hubo personas con visión y que pensaron con sentido público y de largo plazo.
Los servidores públicos piensan en el presente y futuro de la ciudad para que al interior de ellas las personas tengan una rica y sana convivencia. Existe toda una cultura de cuestionamiento y crítica de lo público. Está implícita en ese enfoque la idea de que lo que le conviene a cada uno lleva a maximizar el resultado general. Se trata, en consecuencia, de que las personas compiten por maximizar cada resultado. Esto puede ser válido para la venta de vehículos o de zapatos, pero no para construir convivencia ni para el bien común.
La democracia y la modernización del Estado obligan a un debate más profundo sobre la materia. La desconfianza en la política como búsqueda de construcción del bien común lleva a muchos retrocesos.
Los municipios surgieron en respuesta a una vocación pública fundamental. Desde el imperio romano se ha tratado de construir la capacidad de administrar la convivencia, la vida en común. Los municipios son, por definición, instituciones públicas. Deben ser eficientes, pero también transparentes y participativos por su carácter de permanente.
La visión del alcalde de Santiago tuvo una lógica clara: buscó obtener 6.500 millones de pesos para desarrollar determinadas iniciativas, respecto de las cuales no me pronunciaré. Tomó la decisión con el propósito de hacer más cosas, proyectarse él, fortalecerse como candidato presidencial. Y esto lo hizo en el municipio más rico de Chile, con mayores recursos per cápita en términos absolutos.
¿Cuál es aquí la cultura de lo público? Con esto, hace lo que le conviene a él como autoridad de turno, no necesariamente al bien de la comuna y del país.
¿Qué pasaría si todos los alcaldes de Chile actuaran con la misma lógica? ¿Qué pasaría con los patrimonios y los bienes de las comunas? ¿Qué pasaría con lo que hay que acumular para un desarrollo sostenido? ¿Qué piensa hacer Joaquín Lavín con Codelco si es elegido presidente ? ¿La venderá para hacer muchas cosas en su gobierno y dejará al Estado y a la sociedad sin un instrumento fundamental para su desarrollo?
Las privatizaciones durante el gobierno de Pinochet tuvieron otra lógica: no fueron ni transparentes ni respondieron al bien común. Se enriquecieron pocos, lo que a unos les parece normal. Alguna vez hay que hacerse cargo del tema.
Tenemos profundas diferencias en el enfoque de lo público. Joaquín Lavín , a mi juicio, con esta acción, por la manera en que procedió, por la falta de debate, de participación, de antecedentes y poca claridad, ha proyectado un mal concepto de lo público.
No creo que Joaquín Lavín sea deshonesto; estoy seguro de que no lo es, pero esto no lo hizo bien. El resultado del trabajo de la Comisión debe asegurarnos que ello no se repita nunca más.
Si todas las personas con responsabilidad pública pensaran primero en su propio beneficio político, con una lógica de corto plazo, subordinando la búsqueda del bien común y del interés general a sus intereses personales, renunciando a una visión permanente sin procesos transparentes ni participativos ni democráticos. Si eso ocurriera, estaríamos muy mal. La sociedad, el nosotros, lo construimos entre todos. En esta tarea, las autoridades tienen la principal responsabilidad. Este caso deja en evidencia una visión estrecha y limitada. Espero que Joaquín Lavín haya sacado una lección de esta experiencia: hay que actuar con visión de país, de largo plazo y permanente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra por siete minutos el diputado Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , esta sesión nos viene como anillo al dedo, por cuanto nos permite hacer un recuento. En primer lugar, de todas las falsedades que se han expresado. Debo señalar que la venta de los derechos de gratuidad fue un gran negocio para la comuna y Municipalidad de Santiago, hecho por el alcalde más votado del país, quien tuvo el respaldo del concejo, que fue debidamente informado.
En segundo lugar, la Cámara de Diputados tiene atribuciones para fiscalizar los actos de gobierno y no a las municipalidades. Ustedes, transgrediendo todas las normas, quieren fiscalizar al líder de la Oposición. Eso es absolutamente contrario al ordenamiento constitucional; sin embargo, Lavín vino a la Cámara.
Aprovecho la ocasión para rendirle un homenaje, porque, jugando de visita, asistió a la Cámara, a una Comisión mayoritariamente opuesta a su posición, entregó los antecedentes de todas y cada una de las acciones que realizó, y fue contundente. Su actuación podemos compararla con la del ex Presidente Frei en el escándalo por las indemnizaciones. La Comisión que investigó el tema era mayoritariamente pro Presidente Frei . Sin embargo, no quiso asistir y no entregó los antecedentes a la Cámara. En cambio, Joaquín Lavín demostró coraje y respeto por esta Corporación.
Ahora, ¿qué ha pasado en el país desde que se iniciaron estos ataques a Joaquín Lavín ? Muchas cosas: las coimas, el escándalo MOP-Gate, el escándalo MOP-Ciade, el escándalo Indap, el escándalo Corfo-Inverlink. Todos esos escándalos, amigos de la Concertación, tienen un común denominador: falta de transparencia, irregularidades y corrupción. Nada de eso está presente en la acción de la Municipalidad de Santiago. No ha habido en su historia -ni en la de ninguna de las municipalidades del país- negociación más transparente, más abierta y más presente en la opinión pública. Los antecedentes han estado a disposición, no sólo de la Cámara, del concejo, sino que de todos. Es más, ningún tribunal ni servicio público ha dictado resolución en contra de la negociación de la Municipalidad de Santiago; ninguna superintendencia, en su marco fiscalizador, detectó irregularidades; tampoco el Servicio de Impuestos Internos ni la Contraloría General de la República. Estimados amigos, ¿de qué hablamos? Sólo de una maniobra política burda que demuestra el estado de desesperación de ustedes frente al crecimiento del apoyo a Joaquín Lavín .
¿Qué ha pasado desde la fecha que ustedes decidieron atacar a Joaquín Lavín ? Él sube en las encuestas y miles y miles de personas en la comuna de Santiago tienen una mejor salud y posibilidades de conseguir trabajo a través de los programas de empleo.
¿Qué ha pasado desde que ustedes decidieron atacar a Joaquín Lavín ? Se producen casos como el MOP-Gate, MOP-Ciade, sobresueldos. Ministros, subsecretarios -incluso algunos de ellos hoy son diputa-dos-, recibían sueldos en forma irregular e ilegal. Eso es falta de transparencia.
¿Qué ha pasado desde que ustedes decidieron atacar a Joaquín Lavín ? Los chantajes de Carlos Cruz al Gobierno. Primero, reconoce que recibían sobresueldos, después les manda a decir por la prensa que creó una red de financiamiento para Ricardo Lagos, luego señala cuánto daba cada uno y da a conocer lo de las fotocopias de los cheques, varios de ellos en dólares. Eso ha pasado desde que ustedes decidieron atacar a Joaquín Lavín .
Los llamo a que cambien de estrategia. Para nosotros es espectacular y muy bueno que sigan con la misma, pero creo que le hace daño al país. Le hace daño al país que la Cámara de Diputados transgreda sus propias normas constitucionales; le hace daño al país que deterioremos la convivencia por un ataque injusto y sin fundamentos.
La Municipalidad de Santiago hizo una negociación extraordinaria. A los que estuvieron presentes en las primeras sesiones de la Comisión Investigadora les quiero recordar -lamentablemente, algunos de ellos no pueden estar en la Sala por problemas de transparencia- que trajeron a un economista de la propia Concertación, el señor Gómez Lobos , quien les dijo que esta negociación pudo haber llegado a siete mil millones de pesos, es decir, una diferencia de quinientos millones. ¡Eso es lo que dijo el técnico de ustedes, el economista de la Concertación!
Muchas veces se ha mencionado el informe de una funcionaria de la Municipalidad de Santiago, pero no han dicho que entregó siete conclusiones distintas. Por lo tanto, no fue concluyente, como ella misma lo reconoció en la Comisión.
Agradecemos la convocatoria a esta sesión porque nos ha permitido hacer un recuento de todo lo que ha pasado en materia de transparencia y de corrupción. El país tiene claro dónde está la falta de transparencia y la corrupción. Por eso, mira a la Municipalidad de Santiago y a Joaquín Lavín , porque sabe que ahí está la respuesta al combate contra la corrupción, las irregularidades y la falta de transparencia para que, de una vez por todas, abandonen la vida política de nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , más que referirme al tema utilizado como justificación para realizar esta sesión, quiero dejar consignado que ésta es una más de las acciones de una campaña sostenida de desprestigio de quien obtuviera más del 48 por ciento de los votos en la última elección presidencial. Me refiero al alcalde de Santiago , Joaquín Lavín .
La planificación de estos ataques, descalificaciones y mentiras la llevan adelante funcionarios de Gobierno -en especial, el intendente Trivelli -, los voceros de turno y los parlamentarios de la Concertación, quienes cada vez que pueden se suman a esta estrategia. Lamentablemente, también se ha sumado a ella cualquier personaje partidario del gobierno que tenga posibilidades de acceder a un micrófono, a una Cámara de televisión o a una entrevista en un medio escrito, ya sean del mundo de la farándula, del deporte y, lo que es peor, de ciertos sectores del periodismo.
Como la desesperación de la Concertación es grande y sabe que perderán la próxima elección, todos disparan contra quien tiene las mayores posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Chile . En una estrategia muy bien estructurada y diseñada para tratar de torcer la voluntad ciudadana, tratan de generar sentimientos de odio contra un personaje, sentimientos que son muy nefastos para cualquier sociedad. Basta mirar los hechos recientes: que no es buen alcalde, que hizo o que no hizo esto o aquello, que recibió a un grupo de travestis y les dio capacitación, que la playa, que la nieve, etcétera.
Todos los ataques buscan, con una estrategia al más puro estilo de las dictaduras de izquierda, mentir, mentir y mentir acerca de una persona, desprestigiarla y destruirla y, por repetición, instalar en la memoria colectiva de los ciudadanos una imagen negativa de quien es atacado, desvirtuando sus acciones y escondiendo sus méritos.
Afortunadamente, los chilenos no somos tan tontos como para caer en esta trampa que busca tendernos la Concertación para perpetuarse en el poder y restarle posibilidades a Lavín y a la Alianza por Chile. Atacando a Lavín buscan esconder sus desaciertos y la falta de liderazgo e imaginación para solucionar los verdaderos problemas de la gente.
Se han repetido hasta el cansancio todos los actos de corrupción. Quiero recalcar también las escandalosas indemnizaciones del señor Frei y el nepotismo de palacio. Por ello, hago un llamado a quienes son testigos de esta campaña, de la cual los que han convocado a la Comisión son parte importante de esta trama, a no caer en el juego descalificador que, día a día, busca desperfilar a Joaquín Lavín . Él no responde. Vino y enfrentó con ideas claras y argumentos sólidos a la Comisión. Así es su estilo. Quienes estamos convencidos de que Joaquín Lavín es la mejor alternativa para Chile sí debemos responder echando por tierra esos pobres argumentos.
Joaquín Lavín ha sido, es y seguirá siendo un líder exitoso que está preocupado por los verdaderos problemas de la gente. Sin ir más lejos, en Santiago, con un magro presupuesto, fruto del endeudamiento con que recibió el municipio luego de la gestión de Ravinet, se ha dedicado a solucionar graves problemas sociales que afectaban a los habitantes más pobres y abandonados de su comuna. Ha dado trabajo, ha proporcionado salud y atención en sus hogares a miles de adultos mayores, ha dado capacitación a quienes jamás habían accedido a ella, ha dado entretención a quienes no tienen posibilidades económicas de divertirse por sus medios y, sobre todo, ha realizado una gestión transparente, informada y participativa como es el estilo de Joaquín Lavín, estilo que aunque la Concertación, el gobierno y esta Comisión hagan lo que hagan estará en La Moneda a partir del año 2006.
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , hace exactamente un año esta Cámara acordó constituir una Comisión especial para estudiar la venta de gratuidad del agua de la Municipalidad de Santiago.
Como recordarán los parlamentarios presentes, mi ausencia contribuyó, lamentablemente, a que se constituyera esta Comisión, porque me encontraba de vacaciones, cosa que también hubiese querido hacer esta semana con mi familia. Pero me he quedado a esta sesión, porque es muy difícil perdérsela. Éstas son las sesiones en las que los diputados demuestran si son correctos o no. Son las sesiones en que uno, en conciencia, debe votar honestamente, sin órdenes de partido. Son las sesiones en las que uno debe votar para confirmar o rechazar lo que dice el informe, documento que muchos de los que están aquí no han leído. Por cierto, a la gran mayoría de los parlamentarios de la Concertación que, incluso, han hecho uso de la palabra, no los vimos nunca en la Comisión. Estas son las ocasiones en que uno demuestra si es decente.
Aquí han dicho algunos, por primera vez, “nosotros no dudamos de Joaquín Lavín , es honesto”. Se nota en el ambiente de la Sala que a los diputados de la Concertación les incomoda esta sesión. Todos sabemos las discusiones que tuvieron para decidir si la celebraban o no. Algunos ministros andan pidiendo que le bajen el perfil, porque esto es una vergüenza para la Cámara de Diputados.
Todos sabemos que lo que hizo Joaquín Lavín demuestra liderazgo y que se trata de algo que también pretendió llevar a cabo el gobierno de la Concertación y el alcalde Ravinet . Ello consta en las actas de la Corfo y de la Emos. La decisión del señor Ravinet respecto de este tema fue que lo decidiera el próximo alcalde.
Díganme qué municipio ha vendido un bien en forma tan transparente. En las actas que obran en poder de la Comisión consta que todos los concejales de la Concertación, que participaron un mes antes de la votación, tuvieron acceso a todas las cifras y a la transacción de la venta de la gratuidad del agua.
A los diputados de la Concertación que han hablado y a los que ni siquiera han leído el informe, les digo que corrijan las actas, porque aquí no se ha vendido ningún derecho de agua. Lo que se vendió fue la gratuidad de la Municipalidad de Santiago al agua. No hay un chileno de extrema pobreza en el país que tenga derecho a la gratuidad del agua. No hay un ecologista en el país que sostenga que el agua puede ser gratis para una institución. No existe ninguna en Chile. Todos los municipios que surgieron del territorio antiguo de Santiago, como Recoleta o Estación Central, perdieron esa gratuidad cuando se constituyeron como tales.
En consecuencia, estamos frente a un líder que tomó una decisión impopular, como es enajenar. Ésa es la diferencia entre los administradores y los líderes. A estos últimos les interesa resolver hoy los problemas de la gente. Muchos cités de Santiago que llevaban tres años sin agua volvieron a tenerla gracias a este acuerdo. En eso se gastó parte de los recursos, causando la molestia de diputados de la Concertación. Eso es lo que hizo un líder como Joaquín Lavín , quienes tomó decisiones impopulares para obtener recursos de un municipio que recibió quebrado. Eso es lo que diferencia a quien resuelve los problemas de los chilenos, de los populistas y de los “marketineros”.
Teníamos clarísimo que iban a constituir esta Comisión. Pero no han sido capaces de demostrar una sola irregularidad, ni en los tribunales, ni en la Contraloría, ni en Impuestos Internos, ni en ningún servicio. Incluso, un experto de ustedes llegó a afirmar que esto iba a significar un alza en las tarifas del agua para la gente de la comuna de Santiago; pero, después, expertos del gobierno dijeron que eso jamás iba a ocurrir. En la votación del proyecto de acuerdo vamos a ver cuál de ustedes tiene la hombría de reconocer que estuvo en contra de la decisión que se tomó, como la que toman muchos alcaldes. Ojalá los bienes públicos de Chile se vendieran con la transparencia con que se transó éste.
La sesión en que se trató y aprobó la venta de los derechos de gratuidad del agua se transmitió en todos los canales de televisión. Nunca ha habido una discusión más grande frente a la venta de un bien público. Por eso -tal como lo dijimos al comienzo- se iban a arrepentir. Es impactante leer las actas. Amigos, lean en las actas lo que dijeron diputados que no están aquí por encontrarse desaforados. ¡Qué fácil es descalificar! ¡Qué fácil es sumarse a enlodar a las personas! ¡Qué fácil es decir: creemos que es honesto, pero las irregularidades...! ¿Cuáles? Si no fueron capaces de mostrar ni una sola. La gente de la Concertación no sabía qué hacer con los expertos que invitaron a la Comisión porque ellos afirmaron que era una gran decisión, que era insostenible que un municipio tuviera gratuidad de agua. Pero ahora estamos discutiendo en cuánto se vendió. ¿Ustedes creen que tenemos facultades o el conocimiento técnico para discutir eso? Está bien, ello está dentro de la discusión política, pero no estamos aquí para discutir si fue bueno o malo lo que hizo Joaquín Lavín , sino para ver si hubo irregularidades en ello. Incluso, como Joaquín Lavín viajó a España algunos sugirieron -no están aquí porque están desaforados- la posibilidad de que una parte de las platas de la venta se hubiere arreglado en el exterior. Todo esto se dijo.
En esta sesión uno los nota incómodos porque van a tener que votar y uno siente que no quieren hacerlo. Incluso, ni siquiera han estado en la Sala; están complicados, porque saben perfectamente que si esta decisión la hubiera tomado un alcalde de la Concertación la hubieran respaldado.
Por eso, nos alegra que Joaquín Lavín haya sido coherente con lo que todos hemos dicho, en cuanto a que los pobres están primero y no pueden esperar. Los pobres de Santiago que tenían el agua desconectada hace dos años no podían esperar. Con estas platas, la gente está gozando de una playa de la que ustedes se han reído tanto. Muchas de esas personas por primera vez tocaron la arena. Sin embargo, no los vi reírse cuando el alcalde socialista de París también hizo una playa al lado del río Sena. Pero como la hizo Joaquín Lavín , ustedes se ríen. También se han reído porque instaló un lugar de esparcimiento en Santiago con nieve, cuando el 80 por ciento de sus habitantes nunca ha tocado la nieve. Eso es mejorar la calidad de vida de la gente que vive en Santiago. Por eso las encuestas, que ustedes mismos han hecho indican que si Joaquín Lavín postulara a la reelección, sacaría el 70 por ciento, pues ninguno de ustedes vota ni vive en Santiago.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Señor diputado, ha concluido el tiempo de la UDI.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, voy a redondear la idea.
La gente de Santiago quiere un alcalde con liderazgo, que tome decisiones, aunque sean impopulares, para resolver los problemas de la gente.
Llegó la hora de ver en esta votación cuál de ustedes tiene la hombría para ser honesto. ¡Eso es lo que hoy se va a votar!
He dicho.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 250.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
El Proyecto de acuerdo está suscrito por la diputada señora Tohá y los diputados señores Valenzuela, Paredes, Tuma, Riveros, Mora, Montes, Espinoza, Robles y Walker.
“Para llegar a los acuerdos que se expresarán más adelante, la Cámara de Diputados ha tenido en consideración las siguientes conclusiones que se desprenden de su conocimiento respecto de la cesión de derechos de gratuidad de agua efectuada por la Ilustre Municipalidad de Santiago a la Empresa de Aguas Andinas S.A.
1. Atendido el mérito de los antecedentes históricos y jurídicos que ha tenido a la vista, ha quedado demostrada la titularidad que le asistía al municipio capitalino del denominado derecho gratuidad del agua potable, el que se fundamenta en una serie de antecedentes que así lo confirman sistemáticamente por más de 100 años.
Esta gratuidad estaba integrada al patrimonio de la Municipalidad de Santiago y no existía, en consecuencia, precariedad de derechos.
2. Las ventas de activos públicos producen generalmente discusión y polémica. Es natural que así sea, porque se trata de la enajenación de bienes que son de todos y cuyo destino es decidido por unos pocos. Es indispensable que aquellos que tomen la decisión tengan la legitimidad democrática necesaria, pero esto no es suficiente si el procedimiento utilizado no da plenas garantías a todos los afectados. Por ello, las operaciones de venta de activos públicos son siempre delicadas y requieren de una atención extrema en las formas.
3. En el caso en estudio en esta Comisión, lamentablemente, estos cuidados no se vieron reflejados y, por el contrario, se atropellaron sistemáticamente las normas de buen gobierno que deben regir cualquier venta de activos públicos. Primero, porque se desconoció el derecho de los representantes democráticos a salvaguardar el interés público a través del ejercicio responsable e informado de las atribuciones que les entrega la ley. Segundo, porque se le restó toda importancia al interés futuro de la comunidad. Tercero, porque se vulneraron principios esenciales en la buena administración del patrimonio público tales como: que lo obtenido de la venta de activos públicos debe invertirse en bienes de igual o mayor rentabilidad social de los que se vendieron y que la operación debe ser neutra respecto de las futuras administraciones, es decir, no traer los beneficios a la autoridad de turno y derivar los costos a las futuras autoridades.
4. Se constata una falta de observancia sistemática a los principios de buena gestión que aseguran la transparencia y la protección del patrimonio público en operaciones de este tipo.
En efecto, el conjunto de situaciones examinadas tiene en común las siguientes características: aceleración extremada de los tiempos de decisión, escaso espacio para el debate, ocultamiento de información, falta de consulta de los órganos regulares del municipio, toma de decisiones sin solicitar o prescindiendo de los antecedentes necesarios y descalificación de toda opinión disidente.
Como resultado de esta modalidad de funcionamiento, la operación de venta de los derechos de gratuidad de agua de Santiago adolece, en su conjunto, de reiterados síntomas de improvisación y falta de transparencia.
5. La inconveniencia de hacer esta cesión de derechos no quedó establecida en el estudio de este caso. Por el contrario, los antecedentes muestran que la venta podía ser beneficiosa para el municipio y la comunidad si se hacía adecuadamente, se negociaba bien el precio y las condiciones.
Pero ello no sucedió. De hecho, la principal consecuencia de la improvisación y poca transparencia con que se produjo el proceso de discusión fue que se hizo una negociación poco favorable a los intereses municipales, porque privilegió el cierre acelerado de la operación por sobre la búsqueda de términos de acuerdo más convenientes.
Si, por el contrario, esta venta se hubiese hecho de acuerdo a un procedimiento con mayores grados de transparencia y diligencia, el municipio habría obtenido sin duda mejores condiciones de las que logró.
De haber escuchado las opiniones de diversos expertos, que proponían adoptar supuestos de negociación más favorables al municipio, incluyendo entre estos expertos a la funcionaria municipal María de la Luz Morales, sin duda se hubiese obtenido un contrato más conveniente para la comunidad de Santiago.
De permitir la autoridad municipal un análisis legal más exhaustivo del contrato, consultando la opinión, a lo menos, del Departamento Jurídico del Municipio , se hubieran pesquisado a tiempo falencias del contrato tales como la ausencia de caución, la cláusula de los 40 años que fue cuestionada por la Superintendencia, o la donación acogida a franquicia tributaria, que fue considerada improcedente por el Servicio de Impuestos Internos.
Y, paradojalmente, si el alcalde hubiese consentido en que se expresaran las dudas y las críticas a este operación, la consecuencia lógica era que él mismo podría haber negociado en mejor pie con Aguas Andinas. En efecto, la presencia de un debate público y un concejo más informado y extenso, habría forzado a la empresa Aguas Sanitarias a mejorar el precio que ofrecía y a renunciar a una serie de cláusulas y términos del contrato que eran desfavorables a la Municipalidad.
Por el contrario, la improvisación y la falta de transparencia atentaron contra el interés comunal. Por cuidar la imagen del alcalde y no dar la impresión de una gran oposición, se castigó lo que más se debió salvaguardar, y que es la principal obligación edilicia: proteger el interés y el patrimonio de la comunidad comunal.
6. Existen opiniones diversas entre los especialistas respecto a la legalidad de esta operación. En particular, se planteó un punto de debate respecto a si los derechos de gratuidad de agua eran un bien afecto a una utilidad pública y, por lo tanto, el Municipio no podía disponer de ellos. No nos vamos a pronunciar sobre ese punto porque todavía está siendo tratado en los tribunales de justicia. Sin embargo, la circunstancia que se encuentre pendiente ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad, impugnando la actuación del Municipio capitalino, no obsta a que esta Cámara considere que, al menos, hay cinco situaciones anómalas en la forma en que se realizó la celebración del contrato:
a) Resulta abiertamente contrario al orden administrativo local la ausencia de la exigencia legal de cauciones por parte del municipio hacia la empresa Aguas Andinas S.A. respecto del precio pendiente a pagar, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La omisión de este mandato legal, importó e importa un riesgo innecesario al patrimonio municipal.
b) Existió una grave infracción a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios -el DFL Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988-, en la especie, el artículo 67 inciso final. Dicha disposición ordena a las empresas concesionadas de servicios sanitarios que deben pedir autorización a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para eludir el trámite de licitación pública para adquirir bienes por monto superiores a 5.000 UF cuando existen razones de fuerza mayor para ello. Sin embargo, la empresa no hizo dicho trámite ante la Superintendencia. Baste indicar, además, que probablemente la empresa será multada por la Superintendencia por las razones ya expresadas.
c) Asimismo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha definido que tendrá por no escrita la cláusula novena del contrato, según la cual el municipio se compromete a pagar un consumo mínimo de 1.890.000 metros cúbicos de agua por los próximos caurenta años aunque no los utilice. Según la Superintendencia dicha cláusula contraviene la legislación sanitaria, pues sólo se deben pagar los consumos efectuados y medidos.
Este punto reviste especial gravedad porque demuestra que el señor alcalde aceptó firmar cláusulas del contrato que lesionaban el interés municipal más allá incluso de lo legalmente permitido.
d) Otro problema de legalidad es el intento de dar la forma de donación a prestaciones que fueron parte del precio para acogerse a los beneficios tributarios que reconoce la ley. El señor Director del Servicio de Impuestos Internos , mediante oficio Ord. Nº 3316 de 10 de septiembre de 2002, afirmó que lo que se consagra como una donación en tal parte del contrato no sería tal puesto que no existe la gratuidad que es indispensable para ésta se produzca. Por el contrario, lo que existe aquí es una prestación que se entrega dentro de una transacción y corresponde, en realidad, a parte del precio. Esto significa, en pocas palabras, que se ha intentado simular una donación para hacer que todos los chilenos paguen parte del precio de esta venta a través de un beneficio tributario.
e) La misma falta de transparencia y desapego a la legislación vigente se observa respecto de la condonación de cuentas de agua potable a los vecinos de la comuna de Santiago.
Lo que se hizo en este caso fue diseñar un mecanismo rebuscado de triangulación para eludir el cumplimiento de dos normas: Primero, las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que prohíbe favorecer a privados con fondos públicos, norma que ha sido interpretada por dictámenes de la Contraloría General de la República que señalan que no procede el pago de cuentas de servicios públicos de los vecinos por parte de las municipalidades salvo cuando se trate de indigentes. Segundo, las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, que establecen que las empresas de ese rubro no pueden condonar deudas de algunos clientes en desmedro de otros.
Para eludir lo dispuesto por estas normas, se ocupó en este caso una triangulación financiera en que la empresa transfirió recursos a la Municipalidad, esta se los entregó a la Corporación de Desarrollo de Santiago (que no está afecta a ninguna de las prohibiciones señaladas) y esta última, en fin, los volvió a integrar en las arcas de Aguas Andinas como pago por las cuentas que fueron condonadas a sus deudores.
Los criterios con que se seleccionaron a los beneficiarios de este discutible procedimiento son también inadecuados. No existen normas claras ni explícitas que definan quién tiene derecho a la condonación y quién no. La única información que existe es la que se les entregó, verbalmente, a algunos concejales, la que señala que se condonaría deudas de vecinos que demostradamente no pudieran pagar, cuya deuda fuera anterior al contrato entre el Municipio y Aguas Andinas y correspondiera a cuentas que no se encontraban al día.
Estas pocas normas tampoco se han cumplido. En los antecedentes que el municipio envío a la Comisión que estudió este tema se detectaron numerosas cuentas al día que fueron condonadas y más de 150 que fueron emitidas con posterioridad a la fecha del contrato.
7. Por último, de acuerdo a lo señalado por los dirigentes sociales que fueron invitados, se observa que la comunidad del municipio de Santiago intentó oponerse a esta operación ocupando los mecanismos que la ley les entrega. En particular, la citación a plebiscito demostró ser un mecanismo demasiado caro y engorroso. En efecto, la ley dispone que para promover un plebiscito vinculante por esta vía los interesados deben reunir firma equivalentes a un 10% de padrón electoral y hacerlas efectivas ante notario. Cumplir esos requisitos resulta impracticable para el común de los vecinos de una comuna. A pesar de la gran alarma pública surgida por esta venta, y de la movilización que se produjo en torno a ella, los vecinos no tuvieron ningún mecanismo eficaz para hacerse escuchar.
Sobre la base de estas conclusiones, la Cámara de Diputados adopta los siguientes acuerdos:
Primero, en cuanto al control de los contratos municipales:
Conforme al examen de legalidad realizado y considerando que existen recursos judiciales pendientes, sean éstos fallados en uno u otro sentido, es necesario revisar las normas que rigen la disposición de los bienes municipales. En efecto, este caso ha dejado en evidencia que una transacción municipal de esta magnitud puede contener numerosos errores y omisiones que afecten negativamente el patrimonio público.
Por ello, se recomienda establecer mecanismos de control superior a los que existen actualmente, que debiera considerar el control previo de legalidad por parte de la Contraloría General de la República cada vez que se disponga de bienes municipales de cierto valor.
Segundo, en cuanto a las facultades edilicias y del Consejo en la disposición de bienes municipales:
Se propone legislar en orden a reglamentar de manera más acuciosa las facultades de los alcaldes de celebrar contratos bajo la modalidad de contratación directa, con el objeto de fijar los procedimientos de resguardo para la protección del patrimonio municipal así como la debida objetividad, transparencia y oportunidad en las contrataciones que efectúen los municipios.
Además, los mecanismos de ejercicio de las facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras que detenta el Concejo Municipal deben ser salvaguardados de una mejor manera para evitar los hechos como los que se han descrito previamente. Hoy en día, dichas facultades están definidas mediante reglamentos internos de cada concejo, sin que se garanticen criterios de funcionamiento adecuados para estos cuerpos colegiados.
En este campo se propone definir mayores atribuciones del Concejo Municipal para dotarlos de herramientas de control y fiscalización más eficiente y evitar situaciones como la acontecida en la Municipalidad de Santiago.
Tercero, respecto a la participación ciudadana:
Este caso ha puesto en evidencia que los mecanismos de participación ciudadana a través de plebiscitos vinculantes solicitados mediante la recolección de firmas son impracticables. Por ello, se propone estudiar la modificación de las normas que rigen esta materia en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de manera de simplificar dichos procedimientos para permitir que el plebiscito sea una posibilidad real en casos de discordancia entre las decisiones municipales y la opinión de la comunidad.
Cuarto, en cuanto a las atribuciones fiscalizadoras del concejo municipal del Santiago:
Se hace necesario recomendar a los señores concejales de la Ilustre Municipalidad de Santiago estudiar los acuerdos que ha adoptado esta Cámara de Diputados:
Especialmente, es recomendable que los integrantes de dicho cuerpo colegiado atiendan tres materias:
-La forma en que se ignoró y ocultó el informe de la profesional María de la Luz Morales pese a que contenía elementos para negociar un mejor precio ante la empresa Aguas Andinas.
-La falta de diligencia mostrada por el señor alcalde en aceptar la suscripción de términos del contrato que eran perjudiciales para el municipio e incluso ilegales (la ausencia de caución y la cláusula de los 40 años).
-La modalidad adoptada para la condonación de deudas, que puede estar produciendo discriminación de unos vecinos respecto de otros en violación a los dictámenes de Contraloría General de la República en esta materia.
En virtud de lo anterior, se sugiere a los señores integrantes del Concejo Municipal, estudiar las medidas y acciones a tomar dentro de sus atribuciones para esclarecer las responsabilidades por estas conductas, reducir el impacto negativo de estas situaciones y evitar que éstas se repitan a futuro”.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Señor Presidente , se encuentran registrados los pareos del diputado Jaime Mulet con la diputada señora Carmen Ibáñez; del diputado Gonzalo Ibáñez con la diputada señora Laura Soto; del diputado Francisco Encina con el diputado Cristián Leay; del diputado Pedro Araya con el diputado Manuel Rojas; del diputado Guillermo Ceroni con el diputado Ignacio Urrutia y del diputado Jaime Quintana con el diputado José Antonio Galilea.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Durante la votación.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , pido reunión de Comités.
El señor SILVA (Vicepresidente).-
Estamos en votación, señor diputado.
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor SILVA ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.48 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.