Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Gazmuri Mujica
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA MINERÍA PRIVADA Y SU APORTE AL CRECIMIENTO DEL PAÍS.
- INTEGRACIÓN
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Roberto Delmastro Naso
- Julio Dittborn Cordua
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Antonio Leal Labrin
- Cristian Antonio Leay Moran
- Pablo Lorenzini Basso
- Waldo Mora Longa
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA
- FLEXIBILIZACIÓN EN EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y AUTORIZACIÓN AL FISCO Y A SERVICIOS PÚBLICOS PARA CONTRATAR SEGUROS CONTRA RIESGOS FINANCIEROS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- FACULTAD A LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL SOBRE MARCAS COMERCIALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- DEBATE
- FLEXIBILIZACIÓN EN EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y AUTORIZACIÓN AL FISCO Y A SERVICIOS PÚBLICOS PARA CONTRATAR SEGUROS CONTRA RIESGOS FINANCIEROS. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- VIABILIDAD DEL “PROYECTO RAYO”. (Votación).
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA BIOMASA MARÍTIMA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Ivan Paredes Fierro
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EMPRESAS SANITARIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Montes Cisternas
- Eugenio Tuma Zedan
- Eduardo Saffirio Suarez
- Edgardo Riveros Marin
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Exequiel Silva Ortiz
- Jorge Burgos Varela
- Ivan Paredes Fierro
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VIABILIDAD DEL “PROYECTO RAYO”. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- USO INDEBIDO DE TERRENO CON PATENTE DE ESTACIONAMIENTO EN COMUNA DE LA CISTERNA. Oficios.
- MEDIDAS PARA EVITAR EVENTUAL ALIANZA OLIGOPSÓNICA ENTRE EMPRESAS SOPROLE Y NESTLÉ. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE COMPENSACIONES POR EXPROPIACIONES PARA CONSTRUIR NUEVO ACCESO SUR A SANTIAGO. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Samuel Venegas Rubio
- Enrique Jaramillo Becker
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Ivan Norambuena Farias
- ADHESION
- ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA DE ARTE EN HOMENAJE A PABLO NERUDA EN PARRAL. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Samuel Venegas Rubio
- Camilo Escalona Medina
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- ADHESION
- NORMAS REGULATORIA PARA INDUSTRIA AZUCARERA Y LA PRODUCCIÓN DE REMOLACHA. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Carolina Toha Morales
- Sergio Ojeda Uribe
- Samuel Venegas Rubio
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Camilo Escalona Medina
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- ADHESION
-
SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN URBANA. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Ivan Norambuena Farias
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Samuel Venegas Rubio
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- ADHESION
- MEDIDAS EN FAVOR DEL PUERTO DE SAN ANTONIO. Oficios.
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE INUNDACIONES DE TIERRAS PEHUENCHES DEL ALTO BIOBÍO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS RELACIONADOS CON DECLARACIÓN DE VALPARAÍSO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Oficio.
- DECLARACIÓN DE BANDA INSTRUMENTAL DE LOTA COMO PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL. Oficios.
- ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS POLICIALES Y DE FISCAL EN SUCESOS ACAECIDOS EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Edgardo Riveros Marin
- Jorge Burgos Varela
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Carlos Olivares Zepeda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Rodolfo Seguel Molina
- Boris Tapia Martinez
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 349ª, ORDINARIA
Sesión 15ª, en miércoles 9 de julio de 2003
(Ordinaria, de 11.07 a 15.21 horas)
Presidencia de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII..- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Archivo de proyectos 9
- Integración de Comisión Especial sobre la situación tributaria de la minería privada y su aporte al crecimiento del país 10
V. Orden del Día.
- Flexibilización en su emisión de instrumentos de deuda pública y autorización al Fisco y a servicios públicos para contratar seguros contra riesgos financieros. Primer trámite constitucional 10
- Facultad a la Corporación de Fomento de la Producción para celebrar contratos de transacción extrajudicial sobre marcas comerciales. Primer trámite constitucional. (Continuación) 29
VI. Proyectos de acuerdo.
- Viabilidad de “proyecto rayo”. (Votación) 34
- Establecimiento de mecanismos de protección de la biomasa marítima 34
- Antecedentes sobre proyectos de inversión de empresas sanitarias 38
VII. Incidentes.
- Uso indebido de terreno con patente de estacionamiento en la comuna de La Cisterna. Oficios 41
- Medidas para evitar eventual alianza oligopsónica entre empresas Soprole y Nestlé. Oficio 42
- Antecedentes sobre compensaciones por expropiaciones para construir nuevo acceso sur a Santiago. Oficios 44
- Entrega de recursos para ejecución de obra de arte en homenaje a Pablo Neruda en Parral. Oficio 45
- Normas regulatorias para industria azucarera y la producción de la remolacha. Oficios 45
- Subsidio de rehabilitación urbana. Oficios 46
- Medidas en favor del puerto de San Antonio. Oficios 47
- Antecedentes sobre inundaciones de tierras pehuenches del Alto Biobío. Oficios 48
- Información sobre proyectos relacionados con declaración de Valparaíso como patrimonio de la humanidad. Oficio 49
Pág.
- Declaración de banda instrumental de Lota como patrimonio cultural nacional. Oficios 50
- Actuación de funcionarios policiales y de fiscal en sucesos acaecidos en la comuna de Monte Patria. Oficios 51
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002 (boletín N° 3280-10) 53
- Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos:
2. Adecua la legislación que indica, conforme a los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), suscritos por Chile (boletín N° 2421-03) 62
3. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, para permitir la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, en las condiciones que indica (boletín N° 2774-15) 66
4. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Norbert Günter Lechner Bartholme (boletín N° 3260-07) (S) 66
5. Moción de los diputados señores Riveros, Burgos, Bustos, Muñoz, Olivares, Ortiz, Seguel, Tapia, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que interpreta el Código del Trabajo en cuanto hace aplicable sus normas a trabajadores de los Conservadores de Bienes Raíces, notarías y archiveros (boletín N° 3281-13) 74
IX Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para remitir al archivo los proyectos que a continuación se indican por haber transcurrido mas dos años sin tramitación, y además por las razones que en cada caso se señalan;
a) Modifica el decreto ley N° 1939, de 1977, sobre libre acceso a las playas, ríos o lagos (boletín N° 1396-12).
b) Sobre uso público de playas y riberas de mar, lagos y ríos (boletín N° 1414-12).
c) Dicta normas sobre hijuelación de predios, subdivisión e instalación de condominios en lugares colindantes con playas de uso público (boletín N° 1446-12).
d) Establece sanciones por la contaminación de aguas terrestres (boletín N° 1573-12).
e) Normas sobre protección y valoración del árbol (boletín N° 2238-12) (S).
f) Modifica la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental todas las actividades de extracción de áridos (boletín N° 2292-12).
g) Modifica la ley N° 19.300, con el fin de proteger las aguas de las regiones desérticas, estableciendo la obligación de elaborar un estudio de impacto ambiental previo para las actividades que alteren los cauces de aguas de las regiones I, II y III (boletín N° 2830-12).
h) Establece responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 3214-12).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca, Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidauzarraga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, Marí Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Ibáñéz Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI RM 16
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanchueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D’Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, don Ramón IND-UDI I 2
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles, Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistieron también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Jaime Gazmuri.
-Concurrió, además, la ministra de Hacienda (s), señora María Eugenia Wagner.
APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 9ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 10ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para remitir al archivo los proyectos que a continuación se indican:
a) Proyecto que modifica el decreto ley Nº 1939, de 1977, sobre libre acceso a las playas, ríos o lagos;
b) Proyecto sobre uso público de playas y riberas de mar, lagos y ríos;
c) Proyecto que dicta normas sobre hijuelación de predios, subdivisión e instalación de condominios en lugares colindantes con playas de uso público;
d) Proyecto que establece sanciones por la contaminación de aguas terrestres;
e) Proyecto que dicta normas sobre protección y valoración del árbol;
f) Proyecto que modifica la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental todas las actividades de extracción de áridos;
g) Proyecto que modifica la ley Nº 19.300, con el fin de proteger las aguas de las regiones desérticas, estableciendo la obligación de elaborar un estudio de impacto ambiental previo para las actividades que alteren los cauces de aguas de las regiones Primera, Segunda y Tercera, y
h) Proyecto que establece responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos.
¿Habría acuerdo?
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , me opongo al archivo del proyecto sobre uso público de playas y riberas de mar, lagos y ríos, por tratarse de una materia plenamente vigente, como lo demuestran, por ejemplo, las fiscalizaciones efectuadas en los lagos de la Décima Región.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Entonces, si le parece a la Sala, se accedería al archivo de los proyectos señalados, con excepción del relativo al uso de playas y riberas de mar, lagos y ríos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , la Comisión acordó por unanimidad solicitar el archivo de ese proyecto, porque esa materia ya está reglamentada.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , hubo acuerdo para no archivar ese proyecto.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA MINERÍA PRIVADA Y SU APORTE AL CRECIMIENTO DEL PAÍS.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Propongo a la Sala que la Comisión especial sobre la situación tributaria de la minería privada y su aporte al crecimiento del país quede integrada por los diputados señores Rodrigo Álvarez, Roberto Delmastro, Julio Dittborn, Francisco Encina, Alejandro García-Huidobro, Antonio Leal, Cristián Leay, Pablo Lorenzini, Waldo Mora, Jaime Mulet, Carlos Abel Jarpa, Esteban Valenzuela y Carlos Vilches.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
FLEXIBILIZACIÓN EN EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PÚBLICA Y AUTORIZACIÓN AL FISCO Y A SERVICIOS PÚBLICOS PARA CONTRATAR SEGUROS CONTRA RIESGOS FINANCIEROS. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que permite la emisión de deuda pública mediante medios inmateriales y autoriza al fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Enrique Jaramillo.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3258-05, sesión 6ª, en 12 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 14ª, en 8 de julio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 23.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda me ha encargado informar sobre este proyecto de ley, de iniciativa presidencial, que se encuentra en su primer trámite constitucional.
Atendida la complejidad del mismo, trataré de ser lo más didáctico posible en mi informe, a riesgo de que éste sea algo más extenso de lo que normalmente supone una iniciativa de este tipo.
I. Las ideas matrices o fundamentales del proyecto:
1. Flexibilizar las normas sobre emisiones de deuda pública, posibilitando que éstas puedan efectuarse por medios distintos al de aquellos instrumentos documentales que la representen o evidencien. De este modo, se desea que tales emisiones de deuda puedan verificarse de manera desmaterializada, esto es, sin que exista la necesidad de imprimir y autorizar láminas físicas que evidencien los títulos de las mismas.
Los beneficios que persigue esta nueva forma de emisión de deuda, que no requiere de la expedición de títulos físicos para respaldar cada colocación individual, sino de una sola que ampare toda la emisión a través de un título global, son, entre otros, los siguientes: a) Se termina con el manejo, verificación y control de los títulos físicos emitidos; b) Se minimizan los riesgos de manipulación física de los valores durante su proceso de expedición; c) Se reducen los eventuales fraudes o falsificaciones sobre los mismos, y d) Se recibe la información de las transacciones de estos valores en línea.
2. Autorizar que el fisco y otros servicios e instituciones del sector público, exceptuados los gobiernos regionales y municipalidades, gestionen los riesgos financieros de sus ingresos o gastos a través de la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros.
Para el logro de dichas ideas, el Jefe de Estado propone modificar el decreto ley Nº 1.263, de 1975, orgánico de administración financiera del Estado, y el artículo 13 de la ley N 10.336, orgánica de la Contraloría General de la República.
II. Personas escuchadas por la Comisión.
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Beltrán de Ramón , jefe de finanzas públicas de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y Heinz Rudolph , asesor de finanzas internacionales de dicha secretaría de Estado.
III. Antecedentes.
a) Mensaje.
1. En relación con la evolución de las finanzas y sus consecuencias, el mensaje del Ejecutivo señala que las modernas y más sofisticadas formas de administración financiera han incorporado medios flexibles para acelerar el flujo de caja en los distintos negocios, utilizándose cada vez con mayor frecuencia medios alternativos a los títulos de papel.
Añade que los medios alternativos de emisión, cuyo uso a nivel internacional se ha masificado, han tenido también cabida en el contexto nacional no sólo en instituciones privadas, sino también en las de derecho público. Al respecto, hace presente que todas las emisiones de deuda recientemente realizadas por el Banco Central de Chile han sido verificadas de manera desmaterializada, esto es, sin la necesidad de imprimir y autorizar láminas físicas que evidencien los títulos de deuda emitidos.
A continuación, frente a la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos financieros, observa el Primer Mandatario que la cambiante evolución de las variables económicas -fluctuaciones de los tipos de cambio, tasas de interés, precio de los productos primarios, etcétera- obliga a que los agentes económicos busquen protección ante tales contingencias que escapan de su control. Esta cobertura no trata de evitar el riesgo en sí mismo, cuestión que es de suyo imposible, sino que intenta gestionarlo o administrarlo.
En relación con los instrumentos financieros básicos utilizados para gestionar el riesgo financiero de cualquier agente económico, el mensaje describe los siguientes:
a) Contratos a plazo (forward contracts): Son contratos que representan la obligación de comprar o vender un determinado activo en una fecha futura determinada, a un precio preestablecido al inicio del período de vigencia del contrato.
b) Futuros (futures): Son contratos financieros muy similares a los forward, pero con algunas características adicionales.
c) Permuta financiera o contratos de canje (swap): Son contratos en que las partes se obligan a intercambiar flujos financieros en fechas posteriores.
d) Opciones: Estos instrumentos se diferencian de los tres anteriores en que su titular adquiere el derecho, no la obligación, de comprar o vender un activo dentro de un plazo predefinido, en un precio fijado de antemano al momento de suscribir el contrato. Para tener dicho derecho, el titular ha tenido que pagar un precio o prima, que le permite ponerlo en ejercicio cuando la situación le sea favorable.
2. En relación con el régimen jurídico de la administración financiera del Estado, junto con afirmar el mensaje que éste no se ha adecuado a las finanzas modernas, destaca los siguientes requisitos que el estatuto orgánico de administración Financiera del Estado contempla para la contratación de la deuda pública:
a. Autorización legal previa.
b. Suscripción y refrendación de los títulos representativos.
c. Soporte físico de la deuda pública.
De ningún modo estos instrumentos pueden considerarse como deuda pública integrante del crédito público, según lo define el artículo 39 del cuerpo legal citado, ya que su propósito no es obtener recursos.
b) Informe financiero.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, junto con reiterar los objetivos y beneficios de la iniciativa, informa que ésta no tiene costo fiscal.
Discusión General.
Durante la discusión general, los representantes del Ejecutivo expusieron los mismos planteamientos dados a conocer en el mensaje para explicar los alcances del proyecto. Manifestaron que resulta evidente la conveniencia de que el sector público, sin alterar los requisitos esenciales de toda deuda pública, pueda también efectuar sus emisiones de valores representativos de deuda pública a través de medios inmateriales.
Al respecto, informaron que los nuevos mecanismos propuestos han sido diseñados teniendo en vista el debido cuidado y cumplimiento de los resguardos y demás formalidades que actualmente exige nuestro ordenamiento jurídico interno, en particular, nuestro régimen de administración financiera del Estado.
De esta manera, la propuesta legislativa en estudio mantiene los requisitos esenciales de toda deuda pública exigidos por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, y el artículo 13 de la ley Nº 10.336, esto es, la legalidad de la misma y la autorización previa del Ministerio de Hacienda. Pero se adecua la actual exigencia de suscripción y refrendación de los títulos que la representan a la nueva modalidad, estableciendo exigencias adicionales para asegurar la validez de la operación.
En cuanto a la necesidad de gestionar los riesgos financieros del fisco y de otros servicios e instituciones del sector público, expresaron que estos organismos, como agentes económicos, no difieren de las empresas en general, en el sentido de que manejan ingresos y gastos, pudiendo verse afectados por contingencias que escapan a su esfera de control. Al contratar instrumentos de cobertura de riesgos y tener el activo subyacente, estas entidades actuarían como agentes “coberturistas” y, en consecuencia, estarían operando con la diligencia propia de un agente razonable.
Expresaron, también, que estas nuevas facultades no pueden descuidar el cumplimiento de los debidos resguardos, los cuales se materializan a través de una autorización previa del Ministerio de Hacienda y de la fijación, a través de un decreto, de los procedimientos de control, seguridad, contabilidad y fiscalización que se deberán cumplir al realizar estas operaciones.
Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.
Discusión y votación en particular.
Durante el debate pormenorizado acerca del articulado del proyecto, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:
En el artículo 1º se propone modificar el decreto ley Nº 1.263, de 1975, orgánico de administración financiera del Estado.
En el número 1 se propone agregar al aludido cuerpo legal un artículo 47 bis, nuevo, que tiene por objeto permitir que la contratación de deuda pública mediante la emisión de bonos y otros valores representativos de la misma, por el Estado, pueda verificarse a través de medios inmateriales, distintos de aquellos documentales que los representen o evidencien, previa autorización otorgada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, expedido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ”. Dicho decreto supremo deberá señalar, para las emisiones correspondientes, la forma de emisión desmaterializada y el establecimiento de las reglas, requisitos y demás modalidades necesarios para hacer valer los derechos emanados de los instrumentos emitidos, incluyendo el procedimiento requerido para transferirlos.
Cuando se hiciere uso de esta modalidad de emisión de títulos representativos de deuda pública, el emisor deberá mantener un registro de anotaciones en cuenta a favor de los tenedores de dichos títulos. La mantención del registro podrá ser contratada con un tercero en la forma que indique el respectivo decreto supremo que autoriza.
Puesto en votación el artículo que se agrega por este número, fue aprobado por unanimidad.
En el número 2 se agrega, en el decreto ley Nº 1.263, un artículo 74, nuevo, el cual autoriza al fisco y a todos los servicios y demás instituciones que forman parte del sector público, exceptuados los gobiernos regionales y las municipalidades, para otorgar cobertura a los riesgos financieros tales como variaciones de tipo de cambio, de tipo de interés, de mercancías u otros que afecten directa o indirectamente sus ingresos o gastos. Con tal finalidad, podrán contratar operaciones con instrumentos de cobertura de riesgos financieros tales como “swaps”, futuros, opciones financieras, “forward” y otros instrumentos que se autoricen expresamente por medio de un decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ”.
Tales operaciones deberán tener por objeto exclusivo la gestión de los respectivos gastos e ingresos de la entidad que celebre tales operaciones financieras, debiendo indicar, además, el ya señalado decreto, los procedimientos de control, seguridad, contabilidad y fiscalización que deberán cumplirse al realizar estas operaciones.
En relación con el inciso final, a solicitud de los integrantes de la Comisión de Hacienda y para los efectos de precisar su alcance respecto de cuáles serán las operaciones que no constituirán deuda pública, el Presidente de la República formuló una indicación aditiva para intercalar entre la palabra “operaciones” y el vocablo “reguladas”, la expresión “de cobertura financiera”.
Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.
Puesto en votación el artículo que se agrega por este número, la Comisión acordó dividir la votación de la siguiente forma:
a) Los incisos primero, segundo, tercero y cuarto del nuevo artículo 74 fueron aprobados por unanimidad, y
b) El inciso final, con la indicación precedente, fue aprobado por mayoría: cuatro votos a favor y tres abstenciones.
El artículo 2º modifica el artículo 13 de la ley Nº 10.336, orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, el cual ordena al contralor general refrendar todos los bonos y otros documentos de deuda pública directa o indirecta que se emitan, negando a dichos instrumentos de deuda todo valor sin la referida refrendación del contralor o de otra autoridad designada por el Presidente de la República .
La enmienda agrega un nuevo inciso al citado artículo 13, para disponer, respecto de los bonos y otros valores representativos de deuda pública emitidos por el Estado sin la obligación de imprimir títulos o láminas físicas que la evidencien -de acuerdo con el artículo 47 bis, referido en el número 1 del artículo anterior-, que la refrendación del contralor deberá efectuarse en una réplica o símil de los bonos o valores emitidos. De este modo y para todos los efectos legales, quedará refrendada la totalidad de dichos instrumentos que integren la serie correspondiente al símil.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
Su Excelencia el Presidente de la República formuló indicación para agregar los siguientes artículos 3º y 4º, nuevos.
Mediante el artículo 3º, nuevo, se propone autorizar a los servicios públicos para convenir con los bancos o con las filiales de éstos los servicios de administración de carteras de inversión. Esta modalidad permite que una institución especializada maximice los retornos de las inversiones, sujetas al nivel de riesgo acotado por el dueño de la cartera. A juicio del Ejecutivo , la banca comercial ofrece este servicio con estándares aceptables de eficiencia y seguridad.
El nuevo artículo 3º que se propone es del siguiente tenor:
“Artículo 3º.- Los servicios públicos regidos por el Título II de la ley Nº 18.575, podrán encomendar a las empresas bancarias o a filiales de éstas con mandato y responsabilidad solidaria del banco, la contratación de servicios de administración de carteras de inversión correspondiente a recursos provenientes de la venta de activos o excedentes estacionales de caja, incluida la facultad de decidir las inversiones respectivas de conformidad a los términos de los convenios que en cada caso se acuerden.”
Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.
El nuevo artículo 4º es del siguiente tenor:
“Artículo 4º.- Modifícase el artículo 1º de la ley Nº 19.767 en el sentido de reemplazar el guarismo “18” por “36” y de agregar, luego del término empréstitos, la frase “o créditos”.”
Puesto en votación, fue aprobado por mayoría: cuatro votos a favor y uno en contra.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos establecidos en los números 2º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión de Hacienda deja constancia de lo siguiente:
I.a) Que el artículo 2º del texto del proyecto aprobado por la Comisión, que modifica el artículo 13 de la ley Nº 10.336, orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, tiene carácter orgánico constitucional, toda vez que incide en las atribuciones del órgano contralor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Carta Fundamental en relación con la disposición quinta transitoria de la misma.
I.b) Que no existen en el proyecto disposiciones que tengan el carácter de normas de ley de quórum calificado.
II. Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad.
III. Que no hay artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.
Por las razones expuestas, la Comisión recomienda aprobar el proyecto.
Acordado en sesión de fecha 1 de julio de 2003, con la asistencia de los diputados señores Julio Dittborn , Camilo Escalona , Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz , Exequiel Silva , Eugenio Tuma , Gastón von Mühlenbrock y de quien les habla.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente , después de escuchar el completo informe del presidente de la Comisión de Hacienda , Enrique Jaramillo, quizás sea necesario clarificar un proyecto que parece muy complejo, pero que no lo es.
La semana pasada, cuando analizamos el caso Corfo-Inverlink, pudimos comprobar que las operaciones financieras estaban respaldadas por “papelitos”, como el que tengo en mi mano, que eran guardados en una caja fuerte. Algunos se olvidan de ellos, nunca los controlan. Espero que el diputado Ortiz haga un arqueo en su casa, por lo menos una vez al año. Hay muchos casos de herencias no cobradas que están en escudos, moneda que existió hace algunos años. El diputado Osvaldo Palma se acordará, porque yo no había nacido en esa época.
Pues bien, estos “papelitos” causaron al país 100 millones de dólares de pérdidas. Es como para aplaudir al Ministerio de Hacienda. Es inaudito que recién ahora, a estas alturas del año 2003, estemos poniendo al Estado de Chile en la onda electrónica, como decía el diputado Álvarez-Salamanca, en circunstancias de que, a nivel globalizado, los flujos financieros, las platas se mueven por computación, por el aire, a través de ondas electrónicas. Sin embargo, nuestro país, para emitir cada bono de deuda, debe hacer uno de estos “papelitos”, que, además, deben pasar varios vistos buenos, ser firmados por el contralor y por el tesorero y, al final, se “esconden” -alguien dice que se los roban-, no se arquean. Y así vamos caminando.
Ése es el primer objetivo del proyecto: terminar con estos “papelitos” y realizar las operaciones en forma similar a como lo hace la empresa privada en el mundo moderno y globalizado que estamos viviendo. El propio Estado emite en el extranjero con este sistema, que aún no estaba implementado en Chile. Lo que estamos diciendo es: no más títulos materiales, sino un solo título global que respalde una emisión que ingrese al mundo moderno, con los controles correspondientes.
Pero, además, hay algo que la Cámara aprobó en el Presupuesto de la Nación: 1.500 millones de dólares de endeudamiento para este año. Se fue el ministro en exitosa misión al extranjero; todavía está en Europa -lo saludamos a la distancia-; entiendo que va camino a Inglaterra o a Irlanda, después de haber firmado algunos convenios en España -me gustaría ser ministro algún día-. Y en estas condiciones, firmó en Europa y en Estados Unidos 1.000 millones de dólares de endeudamiento. Pero necesitamos un bono interno por 400 millones de dólares para hacer algunas compensaciones. ¿Cómo se emite hoy esa suma? ¿Se harán 50 mil “papelitos”? ¿Se sabe cuánto cuesta emitirlos, firmarlos y guardarlos? Es obvio que ello implica costos, más aún si se trata de 400 millones de dólares.
Con este mecanismo tendremos un bono soberano interno rápidamente y financiamiento para seguir trabajando. Ése es el primer objetivo del proyecto.
En segundo lugar, más de alguien habrá escuchado hablar de los “swaps”, de los “futures”, de los “forwards”, de las “options”. En un mundo globalizado hay que hablar en inglés; pero, en términos simples, estamos buscando instrumentos que permitan a las entidades financieras cubrirse de eventuales riesgos. Algunos juegan a comprar, vender, fijar precios a futuro -Dávila era experto en eso-, y traerlos al presente. Es necesario asegurarse, porque hay un problema de riesgos, con los cuales nadie puede terminar. Cuando se casan, todos dicen que es para toda la vida, pero los riesgos -varios parlamentarios lo saben- son muchos. En las finanzas ocurre lo mismo. Entonces, ¿por qué no dar al Estado y a sus instituciones instrumentos que le permitan, si bien no eliminarlos, porque ello nunca se consigue, por lo menos, conocer, cuantificar y, sobre esa base, prevenir los riesgos?
Por eso estamos entregando instrumentos a las instituciones del Estado, pero bajo control. Aquí no se trata de que corfos, codelcos u otras instituciones jueguen en la bolsa, porque en adelante las operaciones serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda, como corresponde dentro de una lógica: caso a caso.
Alguien me preguntaba qué pasa con las municipalidades. Ojalá que, en el futuro, tengamos esto para los municipios; pero hoy, con una mano en el corazón, debemos reconocer que carecen de capacidad técnica. No hablo de capacidad política, porque los alcaldes de todos lados se han ganado su cargo; pero no tienen recursos para financiar asesorías, a fin de acceder a estas coberturas. No me imagino a alcaldes colocando dinero en algunos “forwards” u “options”. Podría suceder en el extranjero, pero esta vez hemos excluido a los municipios. Lo que sí debemos considerar en el futuro son los gobiernos regionales. Me parece que, atendida la descentralización y autonomía financiera del país, éstos también deberían disponer de este tipo de instrumentos.
En tercer lugar, los recursos de las instituciones están dentro de lo que se llama cartera de inversiones; se guarda una serie de porfolios, de instrumentos, y se analizan los riesgos para tener cierta seguridad. Pero ¿quién les administra los excedentes de caja? Si preguntáramos a la gente de Falabella, por ejemplo, qué hacen con los dineros que recaudaron durante un fin semana largo, nos respondería que hay un gerente financiero que cuenta con estudios y respaldo, y que él verá si compra dólares o acciones, si prepaga, si compra anticipado, si obtiene descuentos por pronto pago, si invierte en opciones a futuro, en “forwards”, o si hace pactos de recompra. En cambio, las pequeñas instituciones del Estado no tienen esa capacidad. Entonces, lo que estamos haciendo es autorizar un “outsourcing” -para seguir usando términos extranjeros-, que consiste en contratar terceros expertos para que las asesoren, a fin de lograr mayor rendimiento y mejorar su gestión. En palabras simples, se trata de mejorar la gestión de los ingresos y gastos de nuestras instituciones, a través del adecuado uso de los instrumentos financieros que hoy están presentes en el mundo globalizado.
De eso trata el proyecto: de tres áreas muy claras -aunque tal vez complejas- y precisas. Se moderniza la actuación de las instituciones del Estado en el ámbito financiero; por eso digo que me extraña que no lo hubiéramos hecho antes, por lo menos durante los gobiernos de la Concertación. Es un gran paso el que está dando el Ministerio de Hacienda, y espero que sus investigadores sigan en esto, porque las asesorías evitarán los costos adicionales que significan los “papelitos” de respaldo y la pérdida de platas, como en el caso Corfo-Inverlink, invertidas en instrumentos no verificados.
Esta es una iniciativa moderna, acorde con los tiempos que vivimos y, por lo mismo, la vamos a aprobar -espero que sea en forma unánime- porque significa un gran adelanto para el país.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, el diputado Lorenzini ha tratado de convencernos de que se trata de un proyecto simple, de una cosa fácil, de un tema menor.
Probablemente, cuando se otorgaron a Codelco facultades para participar en mercados a futuro, muchos comentaron también que se trataba de un tema menor, pero ocurrió el “Davilazo”, porque no fueron capaces de controlar a los funcionarios, hecho que motivó la pérdida de cientos de millones de dólares.
Cuando se discutió la posibilidad de que la Corfo tuviera una mesa de dinero, muchos argumentaron que se trataba de una modernización menor y que dicho organismo debía contar con ella dado que participaba en el mercado de capitales. Sin embargo, como consecuencia de la triste historia Corfo-Inverlink, el erario perdió cientos de millones de dólares.
El proyecto no es menor, por lo que quiero expresar una crítica por la forma en que la Comisión de Hacienda lo tramitó, tal como se lo hice presente a su presidente , diputado señor Jaramillo , con quien me une una amistad. En efecto, la Comisión despachó el proyecto en pocos minutos; ésa es la realidad. Sus integrantes no tuvimos la posibilidad de invitar a personas expertas sobre este tema, tremendamente complejo.
Tal como le consta al presidente de la Comisión , me opuse a que la iniciativa se votara con tanta celeridad, porque es muy complejo facultar a servicios e instituciones del sector público para que participen abiertamente -previa autorización del Ministerio de Hacienda, ya que no pueden actuar con plena autonomía- en la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros, tales como futuros, “swaps”, “calls”, “puts” y otros, ya que estas operaciones, de gran complejidad, abren un tremendo margen para la especulación. Los grandes especuladores del mundo las utilizan para hacer fortuna.
Los instrumentos de cobertura de riesgos financieros se pueden usar tanto para protegerse de riesgos como para tomarlos, y dado que el Estado, en general, no ha sabido controlar con eficacia a sus funcionarios, me da mucho temor que servicios públicos puedan contratarlos.
Me habría gustado analizar con mayor detención el proyecto, pero, lamentablemente, el Presidente de la Comisión de Hacienda optó por darle un tratamiento inadecuado, a mi juicio, muy apurado, en circunstancias de que puede significar enormes consecuencias.
El artículo 47 bis que se agrega al decreto ley Nº 1.263 es positivo al disponer que los bonos y otros valores representativos de deuda pública serán emitidos sin la obligación de imprimir títulos o láminas físicas.
En la Comisión solicité votar separadamente el último inciso del artículo 74, nuevo, que se añade al decreto ley Nº 1.263, respecto del cual me abstuve, porque considero que allí está el meollo del problema, ya que, en teoría, permitiría vulnerar las restricciones que tiene el sector público a través de la ley de Presupuestos.
Sin embargo, en esta oportunidad votaré en contra del artículo 74, como un gesto de protesta por la forma liviana con que se discutió el proyecto en la Comisión de Hacienda.
El artículo 4º es digno de Ripley, ya que otorga mayor plazo a la Universidad de Chile para firmar el crédito que -con mi voto en contra- se le autorizó contratar con una institución internacional para realizar una especie de avance tecnológico en la laguna Carén , que se encuentra en el distrito que representa mi amigo Patricio Melero . Como se recordará, luego de una larga discusión en la Cámara, se autorizó a la Universidad de Chile a endeudarse, en el período del Presidente Lagos , para materializar el proyecto de la laguna Carén, que nadie entiende de qué se trata. Pero ahora -lo que es de Ripley- debemos aumentar de dieciocho a treinta y seis meses el plazo para que firmen el crédito, porque son tan ineficientes que se les pasó el tiempo y no lo hicieron. Ojalá no se les pase el plazo para pagar el crédito, porque, en ese caso, todos los chilenos vamos a tener que concurrir con nuestros impuestos, una vez más, a pagar las deudas de la Universidad de Chile.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en primer lugar, para la historia de la ley, debo precisar que en la Comisión de Hacienda -todos mis colegas tienen el informe respectivo en sus escritorios- se aprobó la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Dittborn , Escalona , Jaramillo , Lorenzini , Ortiz , Silva y Von Muhlenbrock , por lo que no ha sido muy justa la crítica planteada.
Por otro lado, quiero recordar que es responsabilidad de los colegas parlamentarios estar presentes en las sesiones, las cuales son citadas como corresponde. Espero que cada uno asuma esa responsabilidad desde el punto de vista legislativo.
El diputado Lorenzini hizo presente que en la ley de Presupuestos de 2003, un artículo, aprobado por unanimidad, tanto en la Comisión Mixta de Presupuestos como en las salas de la Cámara y del Senado, autorizó al Estado chileno para endeudarse hasta en 1.500 millones de dólares, de los cuales se ha hecho uso, a través de bonos en el extranjero, de 1.000 millones de dólares.
Además, es importante que se sepa que en el mundo globalizado de hoy, más allá de la evaluación que hace día a día el equipo económico del Gobierno, en el Ministerio de Hacienda -no sólo por los casos Corfo-Inverlink y Dávila-Codelco , de hace años-, deben buscarse caminos actualizados que signifiquen seguridad y un control real y efectivo del Estado respecto de este tipo de instrumentos.
El proyecto de ley, en el fondo, autoriza la emisión de instrumentos desmaterializados. Nadie puede desconocer que tanto a nivel nacional como internacional se ha masificado ese tipo de emisión. A modo de ejemplo, desde hace algún tiempo a esta fecha, todas las emisiones de deudas realizadas por el Banco Central de Chile se han efectuado desmaterializadamente.
Quiero recordar que en el caso de la deuda de nuestro país, sólo diez por ciento corresponde al Estado y el 90 por ciento a la empresa privada.
Las ventajas de una emisión desmaterializada son evidentes. Por una parte, la sola circunstancia de emitir deudas de manera inmaterial hace que disminuyan sus costos, así como la transacción de los títulos. Junto con lo anterior, se minimizan los costos de liquidez implícitos en el rendimiento exigido por los inversionistas. En este sentido, los bonos desmaterializados son mucho más líquidos que sus similares físicos.
Otras ventajas asociadas: se termina con el manejo, verificación y control de los títulos físicos emitidos; se minimizan los riesgos de manipulación física de los valores durante su proceso de expedición; se reducen los eventuales fraudes o falsificaciones sobre los mismos, y se recibe la información de las transacciones de los valores en línea.
Hay que recordar que una de las consecuencias que se extraen del caso Corfo-Inverlink es la necesidad de contar con instrumentos desmaterializados con el objeto de reducir los riesgos de fraude, falsificación y robo de documentos.
Asimismo, cabe consignar que los bonos desmaterializados sólo pueden ser vendidos por sus propietarios, quienes poseen código de seguridad de responsabilidad exclusiva del titular. No obstante, los títulos permanecen todo el tiempo depositados en un organismo de depósito y custodia de valores, como el depósito central de valores. Así emite el sector público los títulos desmaterializados, con el objeto de mejorar los niveles de seguridad. Con esto se evitan en gran medida los peligros de manipulación física y posibles aprovechamientos de cualquier agente económico a través de negocios ilícitos.
No obstante los múltiples beneficios que trae consigo la colocación inmaterial de los títulos de crédito, se ha estimado necesario tomar los resguardos adecuados para garantizar los derechos y las obligaciones tanto del tenedor como del emisor del bono.
Es importante considerar que para la emisión de estos instrumentos es requisito esencial la dictación de un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, en el cual se señala la forma de la emisión y se establecen de las reglas y demás modalidades necesarias para hacer valer los derechos de la deuda pública.
Además, la forma de desmaterialización que se propone va acompañada de la conservación en un registro de anotaciones en
cuenta, el que podrá ser llevado por el mismo emisor de la deuda o bien ser contratado por un tercero especializado. El ejemplo que di con anterioridad puede referirse a una empresa de depósito de valores.
En el proyecto hay una operación con instrumentos derivados, lo que significa que las constantes fluctuaciones de los tipos de cambio, de las tasas de interés, del precio de los productos primarios y de otras variables económicas obligan a los agentes económicos a buscar protección ante tales contingencias. Esta cobertura no trata de evitar el riesgo en sí mismo, cuestión de suyo imposible, sino que intenta gestionarlo, administrarlo, y con ello, mitigarlo. Esta necesidad no es ajena al fisco ni a otras entidades del sector público, ya que éstas deben manejar sus ingresos y sus gastos, los cuales se ven afectados por variables que escapan a su esfera de control.
Para asegurar que existan los adecuados mecanismos de control, el Ministerio de Hacienda deberá autorizar las operaciones. Además, mediante decreto supremo deberá fijar los procedimientos de control, seguridad, contabilidad y fiscalización que se deberán cumplir al realizarlas. Asimismo, como resguardo adicional, los términos financieros que se negocien para la contratación de las operaciones con instrumentos de cobertura de riesgos financieros que se autorizan, deberán ajustarse a las condiciones que prevalezcan en el mercado al tiempo de su contratación.
En este sentido, con los resguardos y mecanismos de fiscalización que se implementarán a través del proyecto se trata de evitar la repetición de los casos Dávila y Corfo-Inverlink.
Termino refiriéndome al artículo 4º. Mediante esta disposición se propone modificar la ley Nº 19.767, que facultó a la Universidad de Chile para contratar un crédito externo por un plazo de dieciocho meses. Sin embargo, la exigencia de pago dentro del actual período presidencial lo hacía inviable, por lo cual se autorizó que el vencimiento de él o los empréstitos fuera en un plazo superior a seis años. No obstante, el lapso utilizado para obtener dicha autorización legal redujo el plazo original de 18 a sólo 4 meses útiles, período insuficiente para finiquitar una operación financiera compleja, y, por lo mismo, no se alcanzó a materializar. En consecuencia, a través de la iniciativa en estudio, se amplía el plazo de 18 a 36 meses.
La bancada del Partido Demócrata Cristiano apoyará este proyecto de ley que representa transparencia y claridad en el manejo financiero del país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , en primer lugar, me ha llamado profundamente la atención el tono odioso de la intervención del diputado señor Dittborn . Sobre el particular, no me parece legítima su argumentación, porque, como señala el informe de la Comisión de Hacienda, el proyecto fue aprobado por unanimidad, incluido el voto del propio señor Dittborn .
Considero legítimo que una persona cambie de opinión, como todos, muchas veces, lo hemos hecho. Si uno concurre a aprobar un proyecto, es comprensible que, después de escuchar argumentos y de reunir nuevos antecedentes, cambie de opinión. Es la manera honesta de asumir una situación. Si el diputado señor Dittborn cambió de opinión, ello es comprensible; lo vamos a entender, por cuanto es una manera honesta y franca de asumir un hecho bastante simple que ocurre a diario, por ejemplo, en cualquier universidad o establecimiento educacional: un estudiante hizo mal la tarea; no se informó, o no reunió los antecedentes, sin pretender encubrir su falta con expedientes odiosos.
Habitualmente, en la Comisión de Hacienda tenemos la deferencia de permitir que los parlamentarios de la UDI puedan ingresar con sus asesores del Instituto Libertad y Desarrollo durante el curso de la discusión de un proyecto. Nunca se les niega el tiempo y el plazo; por el contrario, son quienes siempre hacen gala de exhibir el mayor número de antecedentes. Tienen el oído presto a escuchar los consejos y las recomendaciones de sus asesores.
Por lo tanto, gozando de todas esas facilidades que se otorgan en el proceso legislativo, el hecho de que el señor Dittborn venga a ocultar que cambió de opinión porque no estudió el proyecto a tiempo, presentando una queja sin fundamentos contra el presidente de la Comisión , diputado Jaramillo , me parece que es una deshonestidad grave, expresada a través de un trato descomedido y de un tono destemplado.
En segundo lugar, cuando la Sala discutió el proyecto de acuerdo relacionado con el episodio Corfo-Inverlink -a raíz del cual se creó la Comisión investigadora, en el ejercicio de la función fiscalizadora que nos otorga la Constitución, con el objeto de indagar y analizar, en lo posible a fondo, los hechos que produjeron esa situación-, las diferentes fuerzas políticas hicieron una manifestación de voluntad, cual fue la de asumir, sinceramente y en lo que correspondiese, esos hechos, de manera de efectuar las concesiones tanto desde el punto de vista de las responsabilidades políticas como administrativas e institucionales.
Entonces, si su Señoría me permite la expresión, quiero “cobrar” la voluntad política que se expresó en tal oportunidad. De lo contrario, me parece una inconsecuencia grave, una incoherencia y una manifestación de demagogia, porque -reitero- en esa sesión se señaló que los partidos políticos íbamos a trabajar para superar los vacíos existentes en nuestra normativa, que hubiesen contribuido, indirecta o involuntariamente, a que se produjesen los hechos que discutíamos, además de investigar las responsabilidades políticas. La semana pasada aprobamos por unanimidad el informe de la Comisión, pero es evidente que el episodio no se agotó con él.
Se propone, por parte del Ministerio de Hacienda, una normativa legal que apunta a corregir vacíos y debilidades graves que se manifestaron en ese muy lamentable y condenable suceso. La iniciativa dispone que en la emisión por medios inmateriales -esta palabra no me gusta mucho; la encuentro un poco metafísica o pretenciosa-, de bonos y otros valores representativos de deuda pública que emite el Estado, el Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo, podrá autorizar transacciones financieras sin la obligación de imprimir títulos o láminas físicas, que son las que, precisamente, posibilitan la comisión de fraudes. Entonces, si con dicho decreto supremo se evitará ese riesgo, y, además, se establece claramente que se hará de acuerdo con la fórmula que dice “Por orden del Presidente de la República ”; si las instituciones del Estado que posean esos instrumentos financieros van a ser expresamente autorizadas por el Ministerio de Hacienda, y, asimismo esta normativa necesariamente deberá ser autorizada por la Tesorería General de la República y controlada la Contraloría General de la República; en suma, si se están tomando todos esos resguardos, acusar de irresponsable a la Comisión de Hacienda por aprobar este proyecto, que corrige una situación que no se pudo evitar debido a vacíos, en mi opinión es, a lo menos, un exabrupto. Insisto en que estamos tomando todas las medidas para que estos problemas no vuelvan a repetirse.
Entiendo y comparto lo que decía el diputado Lorenzini . Más de alguno de los disciplinados ciudadanos y ciudadanas que ven las sesiones de la Cámara a través de la señal de la televisión por cable, se debe asustar con el título de este proyecto de ley, que en una parte dice: “...permite la emisión de deuda pública mediante medios inmateriales...”. En realidad, da como para hacer una disquisición a la altura de Hegel, Kant o Marx . Pero es un proyecto que apunta a resolver el problema grave de falta de modernización de nuestro aparato público. Repito que, mediante decreto supremo, debidamente autorizado por el Ministerio de Hacienda, bajo la supervisión de la Tesorería General de la República y de la Contraloría General de la República, podrán efectuarse transacciones financieras sin la obligación de imprimirse títulos o láminas físicos que evidencien la deuda pública correspondiente, lo que resguardará mejor los intereses de todos los chilenos, porque aumentará la seguridad de tales transacciones.
De modo que si miramos esto en forma sencilla y sin ese laberinto o recoveco mental al cual llegó el diputado Dittborn , no tenemos más que aprobar, ojalá por unanimidad, esta normativa.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, agradezco la seriedad del comentario del diputado Camilo Escalona. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del diputado Julio Dittborn. En el tratamiento de este proyecto de ley tan importante no se actuó con liviandad.
Quizás, por no ser polémico quien habla; por tratar, a veces, de llegar a los sentimientos más puros que tenemos como parlamentarios -que debiéramos tener todos-, es fácilmente objeto de críticas. He tratado de llevar en la forma más neutral, seria y responsable posible, el período que me ha correspondido ser presidente de la Comisión de Hacienda . Sé que aquí los lamentos no tienen cabida; pero no se puede tratar de poco serio al presidente de una Comisión como la de Hacienda , a lo mejor, la más importante del Congreso Nacional.
Lamentablemente, he escuchado frases de ataque que quisiera entender como de molestia y no de odiosidad. Además, siento que no esté presente el diputado señor Dittborn para poder decirle de frente lo que lamento de sus expresiones erradas y no veraces. En efecto, si vemos la página 5 del informe -como lo hicieron notar los diputados Escalona y Ortiz -, dice lo siguiente: “Puesta en votación la idea de legislar, ésta fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, señores Dittborn , Escalona , Jaramillo , Lorenzini , Ortiz , Silva y Von Mühlenbrock ”. Allí se dijo: legislemos. Este proyecto estuvo más de una semana en tabla para ser analizado si existía interés por parte de los señores diputados por saber más sobre los argumentos que en él se contienen.
En consecuencia, reitero, no es momento de lamentaciones, pero sí estoy molesto, por cuanto no había escuchado en esta Sala un ataque al presidente de una Comisión como quien habla, que trata de hacer las cosas bien y que quiere deferencia para los colegas que la componen, puesto que son personas honestas, serias y responsables.
Diputado Dittborn -por su intermedio, señor Presidente -, quiero que usted rectifique la opinión vertida en esta Sala, la cual no puedo compartir ni comparten quienes han hecho uso de la palabra. Por el bien de la Comisión y de la Cámara, no podemos tratarnos de esa manera. Insisto en que no quiero decir que su opinión sea odiosa, sino más bien de molestia. Deseo clarificar que nunca he sido una persona que moleste a otros; con mi presencia, a lo mejor, pero no con mis palabras.
En cuanto al proyecto mismo, a menudo se exige en esta Sala eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la meta pública. A su vez, la sociedad pide al Estado ser consecuente respecto de demandas como las que se plantean en este moderno proyecto.
Para entender esta iniciativa en su real dimensión, debemos recordar la discusión habida en esta Sala el jueves pasado, cuando analizamos el mal llamado caso Corfo-Inverlink. Vimos a un Estado que, en la Corfo, actuó con serias limitaciones en operaciones financieras y expuesto a riesgos enormes, sin que existieran los mecanismos de control adecuados para evitarlo. Las responsabilidades institucionales en ese caso, fruto de la descentralización de la administración financiera del Estado, exigen un proyecto de esta naturaleza.
Existe dinero que no se puede inmovilizar ni tener en cuentas corrientes, sin ganar intereses. Con esta propuesta del Gobierno, esos recursos podrán ser entregados a bancos comerciales para que los administren de manera segura, y no a empresas como Inverlink. Asimismo, se evitarán situaciones como la de aquellos alcaldes que terminaron arriesgando el patrimonio municipal a su cargo por no tomar los resguardos bancarios que la cuantía de los recursos ameritaba.
Insisto, este proyecto no ha sido tratado con liviandad. El que habla ha estudiado bastante la materia. Estimo que la recomendación que he hecho a mi bancada en orden a aprobarlo no dista de la responsabilidad con que fue analizado y de la seriedad con que lo he reseñado.
Por lo tanto, la bancada del Partido por la Democracia apoyará unánimemente este moderno proyecto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , en primer lugar, precisando la intervención del diputado señor Julio Dittborn , debo destacar que sólo tenemos palabras de elogio sobre la calidad humana del presidente de la Comisión de Hacienda , diputado señor Enrique Jaramillo . El único comentario -me parece legítimo- del señor Dittborn fue señalar, como lo hizo en la Comisión, que debió haberse invitado a otras personas y haberse dado un tratamiento más exhaustivo a esta materia, que es compleja. No ha habido ningún intento de insulto ni de detrimento a la calidad humana o moral o al rol que desempeña mi amigo Enrique Jaramillo como presidente de la Comisión de Hacienda . El diputado señor Dittborn sólo manifestó su inquietud de que este proyecto debió haber sido tratado con mayor tiempo y acuciosidad.
Entrando de lleno a mis comentarios sobre el fondo del tema, no puedo más que coincidir con el diputado señor Dittborn . He escuchado comentarios que, en algunos aspectos, son bastante livianos en cuanto a las consecuencias de un proyecto de esta naturaleza. Algunos de ellos reflejan una ignorancia supina, que es aquella que no admite excusa ni la posibilidad de defensa, y otros pecan de una ingenuidad increíble y que, a lo mejor, son fruto de la incomprensión final de los textos o de cómo estos se pueden aplicar.
Algunos diputados nos han dicho que éste es un gran proyecto, porque todo será inmaterial, será electrónico y no habrá documentación para respaldar, lo que, según ellos, será mucho más seguro. A raíz de la afirmación del diputado señor Ortiz , de que este método sería mucho más seguro, me surgió la reflexión de que era ingenuo plantearlo de esa forma. No tiene nada que ver el instrumento en que se concreta el título, con la eventual inseguridad futura. Eso depende de las personas. Se ha dicho -reitero- que esto será electrónico, inmaterial, y que habrá claves y passwords. ¡Por favor, si varios de los más grandes escándalos financieros de los últimos años se han producido mediante sistemas netamente electrónicos e inmateriales -usando la expresión que no le gusta al diputado señor Escalona -! Varias de esas empresas, por ejemplo, el Banco Baring, hubieran deseado tener documentos, escritos, para la defensa adecuada de los títulos. La operación de Codelco, que le costó cientos de millones de dólares a nuestro país, fue inmaterial, electrónica, en materia de mercados de futuro. En ese caso no hubo “papelitos”.
Por ello, no nos vengan a decir que este proyecto es un gran avance en materia de seguridad. No lo es. La seguridad dependerá de la calidad de la persona que ha sido escogida para desarrollar estas operaciones y, fundamentalmente, de la calidad del jefe que debe fiscalizarlas y vigilarlas. Ambas cosas fallaron, tanto en Codelco como en el caso Corfo-Inverlink, y no la instrumentación en sí. Si en el caso Corfo-Inverlink se hubieran llevado adecuadamente los documentos, no hubiera existido ningún problema. De hecho, una de las conclusiones de la Comisión investigadora fue que hubo documentos mal caratulados. Decían claramente que eran operaciones a término y operaciones de pactos, y, en consecuencia, estaban mal caratulados.
Si una persona hubiera tenido la adecuada capacidad para analizar o revisar los antecedentes, se habría dado cuenta de que aquí había, en la práctica, un fraude o un engaño. Entonces, no nos digan que esto constituye un gran avance y que es una solución a lo que ocurrió en Corfo Inverlink y a lo acontecido en Codelco. No es así. Esto puede ser un instrumento aceptable, y votaré, probablemente, a favor de esta materia en el punto relativo a emisiones inmateriales. Sin embargo, los mismos desfalcos, problemas y situaciones que hemos visto en el último tiempo se pueden seguir generando. Repito, varios de los principales escándalos financieros han sido inmateriales, los cuales sencillamente fueron digitados desde un computador con password. Entonces, el primer punto no lo discutamos, desde el punto de vista de la confianza, como si fuera un gran triunfo o un gran paso adelante. Puede ser una autorización adecuada y de mayor agilidad, que necesita Hacienda y que es necesaria para el país; es decir, quizás sea bueno tener estas emisiones inmateriales. Pero ello no tiene nada que ver con que sea una gran garantía de seguridad para nuestro sistema, pues no lo es.
Por eso mismo, nuestra segunda reflexión surge del análisis del manejo financiero que han hecho las autoridades de Gobierno. Me parece que en esa materia tienen una nota deficiente y, por lo tanto, el solo análisis del Ministerio de Hacienda no me tranquiliza, dado que estamos permitiendo operaciones que -por lo que muchos diputados hemos podido apreciar- no se entienden o cuyas consecuencias no han sido consideradas; por ejemplo, operaciones tales como swaps de intereses u operaciones de futuro, forward, etcétera. Estimo que esto puede producir finalmente muchos más problemas al manejo financiero de las instituciones públicas que el que acá se pretende resolver. Los swaps de intereses pueden ser extraordinariamente complejos en su aplicación. De hecho son unas operaciones jurídico-económicas cuyas consecuencias requieren mayor estudio. Por ello, no me parece que sea pertinente llegar y decir: “Esto es una contribución menor, pero muy rápida y eficiente, al manejo financiero del país”. No estoy de acuerdo con esa afirmación.
Por lo tanto, formularemos solicitud de votación separada del artículo 1º, numeral 2, y, además, del artículo 4º. Me detengo en éste porque nuestra actitud no es una suerte de insistencia en un tema que ya hemos conversado en otras ocasiones. Ha sido permanente nuestra opinión de que no nos parecía adecuado el sistema diseñado para entregar nuevos dineros a la Universidad de Chile a través del parque tecnológico en Carén. Desde que, el año pasado, logramos evitar esa normativa hasta que, después, con otro proyecto de ley, se sobrepasó la primera decisión de esta Cámara, nuestra posición siempre ha sido igual: no nos parece que ese plan haya sido bien llevado ni adecuadamente tratado por parte del Gobierno.
Por lo tanto, un grupo de diputados de la UDI -no todos- no estamos de acuerdo con facilitar una operación respecto de la cual, desde su origen, estuvimos en contra. Por consiguiente, solicito -reitero- la votación separada del artículo 1º, numeral 2, y del artículo 4º.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , quiero aprovechar la presencia de la ministra de Hacienda subrogante para hacer un alcance al artículo 74, nuevo.
Hoy en la mañana, todos los diputados y senadores de la Quinta Región nos reunimos con el alcalde Pinto a raíz de que Valparaíso ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Lamentablemente, nos encontramos con una situación bastante dura: si la municipalidad quisiera obtener un préstamo, no lo podría solicitar por sí misma, sino que debería hacerlo el Estado de Chile. Entiendo que haya suspicacia por hechos recientes que todos conocemos y cuya solución pasa más bien por hacer un saneamiento total. Pero en el caso de las municipalidades y de los gobiernos regionales, habría que darles la misma oportunidad consignada en el proyecto, ya que, de otra forma, quedarán maniatados cuando se generen situaciones como la que, por ejemplo, hoy vive Valparaíso, cuyo municipio no puede recurrir al Banco Interamericano de Desarrollo para contratar un empréstito que éste ya le había ofrecido. Entonces, nos parece inadmisible que los gobiernos regionales y los municipios queden al margen de esta situación, en circunstancias de que la modernidad exige perentoriamente lo contrario. Así ha sucedido en el mundo entero; por ejemplo, en Barcelona existen asociaciones de municipios con privados, lo que les ha permitido obtener préstamos para llevar a cabo sus proyectos.
Por eso, aprovecho esta oportunidad para preguntar cómo podremos salvar esta situación.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra de Hacienda subrogante.
La señora WAGNER, ( ministra de Hacienda subrogante ).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer referencia al artículo 74 respecto de los posibles riesgos que podría tener para ciertos organismos.
Este artículo establece la posibilidad de que el sector público pueda hacer swaps, futuros u opciones financieras, no de hacer operaciones de especulación o aumentar endeudamiento. Lo que aquí se plantea es tomar seguros para evitar riesgos financieros. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una deuda a tasa fija e ingresos variables de acuerdo con el ciclo económico, lo que conviene es tomar un seguro para respaldar esa deuda, que hoy es a tasa fija y que obliga a pagar altos intereses en momentos en que el ciclo económico está bajo. Por lo tanto, si la tasa de interés fuera variable, estaría baja, y si los ingresos son bajos, ello obligaría a pagar una tasa alta en momentos en que tenemos pocos ingresos, y una tasa más baja cuando tenemos altos ingresos. De manera que al fisco le conviene, en ese momento, cambiar esa tasa fija por una tasa variable. Eso es lo que este instrumento nos va a permitir: cubrirnos del riesgo de tener deudas a tasa fija con ingresos variables, o de tener deudas en una moneda cuando nuestros ingresos son en otra. Esto es lo que hace cualquier empresa que quiera tener una buena gestión financiera. Aquí se exigirán deudas subyacentes o activos detrás de cada una de las operaciones.
Por lo tanto, el tema planteado por la señora diputada no tiene relación con este artículo, cuyo objetivo -repito- es evitar riesgos. El planteamiento de la señora Soto se refiere a una situación mayor que tiene que ver con cómo se organiza la administración financiera del Estado.
La concepción actual nos indica que si los ingresos los recibe el Estado, su capacidad de endeudamiento debiera tener directa relación con la capacidad de pagar esas deudas. Por lo tanto, esto debe hacerse en forma centralizada; si no, podría ocurrir que una región, o un gobierno en particular, se endeudara más allá de lo que el país es capaz de pagar. Obviamente, esto nos llevaría a una situación macroeconómica bastante complicada, como la que hemos observado en países de la región.
Ésta es una discusión que debe ser planteada en el sentido de cómo avanzar más en la regionalización del país. Pero es una discusión mayor que escapa a los límites de este proyecto.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , a pesar de no ser miembro de la Comisión de Hacienda, me llama la atención que las primeras palabras de la fundamentación del proyecto, cuando recién ha ocurrido un hecho de tan dramáticas consecuencias como es el de Inverlink, sean “Flexibilizar las normas sobre emisiones de deuda pública...”. Pienso que deberíamos buscar un mecanismo a fin de que haya mayor control y fiscalización para evitar que se produzcan situaciones como la planteada, pero entiendo que ése no es el objetivo del proyecto, lo cual me parece lamentable. Me encantaría saber en qué forma se controlará que la flexibilización no se preste para situaciones conflictivas y de corrupción.
También quiero llamar la atención sobre el punto 2 de las ideas matrices, que dice: “Autorizar que el Fisco y otros servicios e instituciones del sector público, exceptuados los gobiernos regionales y municipalidades, gestionen los riesgos financieros de sus ingresos o gastos a través de la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros”.
Tenemos un gran vacío en materia de atribuciones de los municipios para endeudarse. De hecho, hemos visto situaciones dramáticas en algunos de ellos que tienen deudas de arrastre. Está el caso de la alcaldesa de Concepción y el del alcalde de Coronel , el último de los cuales realizó una marcha a Santiago porque tuvo problemas de endeudamiento a causa de Inverlink. Entonces, es urgente definir mejor los criterios respecto de servicios como las municipalidades.
Cuando era alcaldesa, recuerdo que debíamos conseguir un permiso especial del ministerio de Hacienda a fin de colocar los fondos, pendientes para inversiones, en algunos bancos, con el objeto de que dieran los intereses correspondientes. Creo que el sistema es bastante semejante hoy en día.
Quiero citar el caso de la municipalidad de La Reina, que ha destinado la mayor parte de su presupuesto a la construcción de un inmueble llamado “Aldea del Encuentro”, con un costo de más de 2 mil millones pesos. Se ha endeudado para financiar servicios a la comunidad, a pesar de que se encuentra realmente en una situación desesperada por falta de recursos. ¿Qué ha hecho ese municipio? Su concejo ha sometido a votación la posibilidad de hacer un “lease-back” con los bancos, ofreciendo que dicha Aldea del Encuentro sea entregada en garantía al banco -no es una hipoteca-, con el compromiso de que la municipalidad la pueda recomprar después, a cuenta de los futuros fondos que le pueda proveer la ley
de Rentas Municipales II. Muchos de nosotros encontramos esto sumamente peligroso, ya que no tiene sentido que los municipios se endeuden de esa manera, poniendo en riesgo sus inmuebles, como un gesto desesperado para obtener recursos. Espero que a la municipalidad de La Reina no se le dé esa garantía, porque, además, ha pedido recursos adicionales para saldar la deuda que tiene, poniendo en riesgo los edificios que ha construido, a los cuales ha aportado la mayor parte de sus recursos, lo que francamente me parece un asunto absolutamente descoordinado.
De manera que esta materia merece una urgente regulación por parte del ministerio de Hacienda. Básicamente, me gustaría que usted, señora ministra, me contestara cómo se controlará que la mayor flexibilización no se convierta en situaciones de mayor riesgo, como ocurrió en el caso Inverlink.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda subrogante.
La señora WAGNER, (ministra de Hacienda subrogante).-
Señor Presidente, tal vez voy a repetir algunas de las cosas que ya dije, las que probablemente no quedaron ciento por ciento claras.
Cuando hablamos de emitir deuda inmaterial o desmaterializada, ciertamente estamos agregando una cantidad importante de controles a los que hoy existen. En el caso Corfo-Inverlink y asociados se pudo comprobar que había instrumentos que se podían, con facilidad, cambiar, manipular o guardar en lugares donde no estaban a la vista de todo el mundo, lo que hacía difícil controlar que no se produjeran fraudes como los que acontecieron.
Además, en las economías más desarrolladas todas las transacciones se hacen a través de títulos inmateriales. Por lo tanto, estamos seguros de que, al contrario de lo que se ha señalado en esta oportunidad, avanzar en la desmaterialización de los títulos es una forma de control, porque se puede ingresar en una computadora y ver si las cosas están en orden. Es mucho más fácil y rápido detectar cualquier fraude si se utiliza por la vía desmaterializada.
Los bancos e instituciones financieras aplican controles que se usan en todas partes del mundo, y funcionan sin problemas. Obviamente, nunca se estará exento de la posibilidad de sufrir algún fraude, pues, en la medida en que se agregan fiscalizaciones y regulaciones, algunas personas crean nuevas formas para llevarlos a cabo. Por lo tanto, esto será algo dinámico que se desarrollará a través del tiempo.
La vía electrónica es más segura y de mucho más fácil fiscalización, aunque, repito, siempre existe la probabilidad de cometer un fraude. El objetivo del proyecto es adecuarnos a lo que se hace en esta materia internacionalmente.
Respecto del tema de la deuda de los municipios, básicamente la respuesta es la misma que le di a una señora diputada . Hoy existe un ordenamiento en la administración financiera del Estado en virtud del cual el gobierno central recibe los ingresos; por lo tanto, él debe determinar en cuánto nos podemos endeudar como país. Es tremendamente importante, para mantener la estabilidad económica, que sea una cantidad de dinero que podamos pagar.
Debemos avanzar en la tarea de regionalizar cada vez más las decisiones. Esa es una discusión que se ha planteado. Se está en la línea, cada vez más, de que las regiones decidan el destino de los recursos de su presupuesto. Sin embargo, para avanzar en esa línea hay que hacerlo bien, porque, en caso contrario, se puede caer en la desestabilización de la macroeconomía, y eso es algo que no podemos permitir.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , para cerrar el debate, sólo quiero dar a conocer la opinión de quienes tienen un respaldo técnico-profesional de alto nivel, que debemos reconocer, aunque muchas veces hemos discrepado con ellos.
Voy a leer el informe del Instituto Libertad y Desarrollo respecto del tema. En relación con la emisión de deuda en el mercado local a través de bonos, señala que con esto se utiliza el mismo criterio del Banco Central de Chile y de la mayoría de los emisores locales. Además, se aplica el estándar internacional de seguridad de los países desarrollados. Concluye manifestando que este proyecto, indudablemente, mejora la administración de pasivos del fisco y es una modernización muy necesaria. Concordamos en eso.
Respecto de los instrumentos derivados, el informe dice: “Es indudable que los derivados financieros tienen un gran valor como instrumento de cobertura de riesgo. El proyecto entrega a las instituciones públicas, supervisadas activamente por Hacienda, las herramientas que en la actualidad no tienen y que permiten que se puedan eliminar los riesgos que podrían implicar importantes pérdidas.
“En el pasado, en el marco de la ley de Presupuestos se han entregado autorizaciones específicas que permiten realizar estos derivados y con esta norma se pretende entregar un procedimiento general que permita realizar esto en forma más estructurada y eficiente”. Concordamos con eso.
Respecto de las mesas de dinero y de la posibilidad de que terceros asesoren, ¿qué dice el Instituto Libertad y Desarrollo?: “Después de los últimos hechos ocurridos en la Corfo, es evidente que el nivel de sofisticación del mercado financiero puede requerir que en algunos casos las instituciones públicas deleguen en bancos los servicios de mesa de dinero”.
Los parlamentarios de la Concertación hemos concordado con el Ministerio de Hacienda, y en este caso lo hace, con su profesionalismo, el Instituto Libertad y Desarrollo. Por lo tanto, vuelvo a solicitar la aprobación unánime del proyecto, dado que aquí, además, hay aportes muy interesantes del citado instituto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que permite la emisión de deuda pública mediante medios inmateriales y autoriza al fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgo financiero, con excepción del artículo 2º, que contiene materia de ley orgánica constitucional.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , entiendo que se votará el artículo de quórum especial y las dos solicitudes de votación separada después de esta votación.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Exacto, señor diputado.
En votación en general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En votación el artículo 2º del proyecto, cuya aprobación requiere mayoría de 65 votos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 37 votos. No hubo abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se ha pedido votación separada del artículo 1º, número 2), y del artículo 4º.
En votación el artículo 1º, número 2).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En votación el artículo 4º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 25 votos. No hubo abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado el proyecto en particular, con excepción del artículo 2º.
Despachado el proyecto.
FACULTAD A LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL SOBRE MARCAS COMERCIALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley que otorga a la Corporación de Fomento de la Producción la facultad para transigir extrajudicialmente en los casos que indica. En otras palabras, a fin de adoptar las medidas necesarias, en el ámbito nacional, para dar cumplimiento a las estipulaciones del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, en relación con la cancelación de ciertas marcas comerciales de vinos y licores registradas en Chile.
Tiene la palabra el diputado don Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , sin duda, éste es un proyecto importante porque está relacionado con un hecho muy relevante: nada más ni nada menos que con la suscripción de un acuerdo comercial con la Unión Europea.
Quiero hacer un par de consideraciones que probablemente no van al fondo del proyecto, de artículo único, y que no son propiamente de carácter económico.
Desde el punto de vista económico, el artículo único está bien porque se basa en un elemento anterior; además, la ministra de Hacienda subrogante y sus asesores económicos hacen lo que deben hacer. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, es decir, donde tienen que colaborar los abogados del ministerio, el artículo adolece de varios inconvenientes que nos hacen concluir -lo he conversado con otros diputados- que sería bueno reenviarlo por unos días a la Comisión de Constitución para ver si podemos aportar algo, en el sentido de clarificar el alcance de un proyecto que, teniendo un artículo único, si no está claro puede malinterpretarse en su ejecución práctica.
El artículo único comienza diciendo: “Facúltase a la Corporación de Fomento de la Producción”. Entiendo que cuando se habla de facultar a la Corporación, se refiere a que se faculta a quien la representa, a su vicepresidente o a quien lo subrogue, para los efectos de firmar contratos.
Al final, el artículo señala: “El respectivo acuerdo del Consejo de la Corporación...”. ¿Qué acuerdo, si está facultando a la Corporación de Fomento? En ese punto, ya hay un contrasentido jurídico complejo. Luego agrega: “...deberá adoptarse previo informe favorable de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, Fomento y Reconstrucción”. ¡Pero si son miembros del Consejo! O sea, aparte de ser miembros del Consejo deben emitir un informe. Entonces, los ministros se desdoblan: unos informan como ministros y otros votan en el Consejo -en el evento de que sea el Consejo- como ministros miembros de éste. Problema jurídico.
Por último -es bueno que le demos una vista jurídica a esto para que saquemos un proyecto bueno, claro, preciso-, en el artículo se habla de “contrato de transacción extrajudicial”. Pero si los contratos de transacción son siempre extrajudiciales. Al respecto, ya se presentó una indicación.
Las otras partes requieren un análisis más profundo.
Entiendo que el diputado señor Ascencio intervendrá para señalar otras medidas de fondo que se deberían tomar para evitar cualquier riesgo y proteger los caudales públicos que se consideran en el artículo único del proyecto, que otorga una facultad de transacción limitada en el tiempo, pero amplísima en los montos. Nuestro deber es proteger de la mejor forma posible esos fondos públicos, aunque caigamos en excesos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, adhiero totalmente a las observaciones del diputado señor Burgos.
Aprovecho la presencia de la ministra subrogante de Hacienda para solicitarle un informe complementario sobre la materia, porque recuerdo que en la anterior oportunidad en que se discutió el proyecto en la Sala, no lo quisimos aprobar por la gran cantidad de dudas que teníamos.
Tal como está redactado el artículo único el proyecto, constituye un cheque en blanco que puede ser bien o mal utilizado. Y es un gran cheque en blanco para realizar contratos de transacción con empresas a las que el Estado chileno debiera indemnizar por los perjuicios que sufrirán a causa del cambio de denominación de sus productos.
Tengo muchas dudas. En primer lugar, entiendo que todas estas empresas, como las del vino, del champagne, del oporto o del jerez, participarán gustosas de los nuevos mercados que se les abrirán, lo que significa que van a mejorar sus negocios y ganar más plata. En consecuencia, no sé cuál es el perjuicio. Me dirán que es la pérdida de sus marcas, por lo que no podrán seguir llamando a sus productos champagne, oporto o jerez. Sin embargo, la experiencia de otros países a los que les ha ocurrido lo mismo nos muestra que no han sufrido perjuicio. Por ejemplo, entiendo que cuando las empresas españolas cambiaron la denominación del champagne por cava lograron un nicho espectacular y entraron muy bien en los nuevos mercados, sin sufrir perjuicios.
Ésa es mi primera duda. ¿De dónde sacamos que estos empresarios van a sufrir perjuicios que el Estado tendrá que indemnizar, para lo cual debamos entregar una facultad tan amplia a la Corfo, sabiendo lo que ha ocurrido en esa institución?
Pero tengo más dudas.
¿Cuántas empresas son? ¿Son 5, 10, 20, 50? ¿Cuáles son, con nombre y apellido, estas empresas a las que habrá que indemnizar? ¿Cuál es el marco presupuestario para todo esto? ¿Cuánta plata se necesitará? ¿Diez millones, 50 millones, 100 millones? ¿En pesos o en dólares? Son materias que habrá que discutir en su momento.
Los tiempos no están como para llegar y decir: “Facúltase a la Corporación -no se sabe si a su secretario ejecutivo, a su vicepresidente o a su consejo- para que realicen estos contratos de transacción”.
Como pueden ver, tengo muchas dudas respecto a cómo debiéramos hacer esto. Confío en que se nos entregarán explicaciones al respecto. En todo caso, con los diputados Burgos y Riveros presentaremos algunas indicaciones que permitan tomar más resguardos, aunque creo que aún entre todos podemos encontrarlos.
Una de nuestras indicaciones propone reemplazar el último párrafo del artículo único, que dice: “El respectivo acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento deberá adoptarse previo informe favorable de los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía Fomento y Reconstrucción.”, ya explicaba el diputado Burgos que esto es irrelevante, porque esos ministros forman parte del consejo de la Corporación de Fomento de la Producción por: “En forma previa a la suscripción del contrato de transacción, se hará llegar un informe detallado del acuerdo a la Contraloría General y al Consejo de Defensa del Estado a fin de que esos organismos, si lo estiman pertinente, hagan las observaciones que correspondan en defensa de los intereses del Estado”. En definitiva, se trata de agregar un resguardo en esta materia.
Sin embargo, nos gustaría contar con mayor información para evaluar si votamos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, sólo resta la intervención del diputado señor Escalona. En la eventualidad de que ningún otro diputado se inscriba para hacer uso de la palabra, se procederá a votar el primer proyecto de la tabla en general y en particular, pues no ha sido objeto de indicaciones. Enseguida, la Sala se pronunciará sobre el segundo proyecto de la tabla, que tiene dos indicaciones, razón por la cual sólo se votará en general y volverá a la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , la intervención del diputado Burgos , por su sapiencia jurídica y versación en este tema, ha sido concluyente. En consecuencia, debo reconocer que no obstante que en la Comisión de Hacienda voté favorablemente el proyecto, no podría sino dejar establecido que la argumentación de su señoría aconseja que la iniciativa vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a fin de corregir los aspectos que, con notable precisión, nos ha hecho presente en este debate.
Además, debo señalar que la versación demostrada por el diputado señor Ascencio en cuanto al tema de los mostos me ha dejado impresionado, sobre todo en lo que se refiere a las marcas.
Considerando que el proyecto puede tener consecuencias financieras graves para el Estado, todo indica que lo mejor es que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia revise y redefina las atribuciones que allí se señalan con la precisión que se requiere.
Por lo tanto, debo reconocer que he cambiado mi opinión respecto de esta materia y que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia puede realizar un trabajo más apropiado.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra subrogante de Hacienda, señora María Eugenia Wagner.
La señora WAGNER ( ministra subrogante de Hacienda ).-
Señor Presidente , sólo quiero hacer una aclaración.
La aprobación del proyecto no implica que el sector privado vaya a recibir necesariamente algún pago por concepto de marcas, por cuanto esa facultad se entrega sólo en caso de que sea necesaria. Se estableció un compromiso con el sector privado en cuanto a que el acuerdo con la Unión Europea limitaría el uso de sus marcas por un período y que en caso de que ese acuerdo les causara un perjuicio permanente, se les entregaría alguna compensación. Sin embargo, esa medida debe evaluarse, por cuanto, por una parte, se verán limitados para usar sus marcas, pero, por otra, el mismo acuerdo establece una cantidad importante de beneficios y acceso a nuevos mercados.
En consecuencia, el resultado final dependerá de esa evaluación. Podría darse el caso de que debamos compensar, pero también podría ocurrir que los beneficios que obtenga el sector privado como consecuencia del acuerdo sean mayores que los costos involucrados por la pérdida de las marcas. Si ello fuera así, no habría que entregar ningún tipo de compensación.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , agradezco la comprensión del miembro de la Comisión de Hacienda que estaba en la Sala en ese momento, por haber concordado con nuestro planteamiento de que es necesario hacer una revisión jurídica más profunda del tema.
Luego de escuchar la explicación de la ministra, que me pareció muy precisa y sincera, corresponde enviar el proyecto a la Comisión sin ni siquiera votarlo en general, pues trataría de precaver posibles indemnizaciones, lo que, a mi juicio, es la mejor manera de crear las condiciones para que se inicien juicios por ese concepto.
Estimo conveniente analizar el fondo del proyecto, porque quizás sería preferible dictar una ley que permita realizar este tipo de transacción cada vez que sea necesario, porque, como dije, si se dictara una norma jurídica amplísima para pagar eventuales indemnizaciones, todos se sentirían incentivados a reclamarlas.
Por lo tanto, si estamos todos más o menos de acuerdo al respecto, solicito enviar el proyecto a la Comisión respectiva, para un análisis general sobre el tema.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, por el hecho de haber sido objeto de dos indicaciones, debe volver a Comisión, luego de que la Sala lo vote en general.
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, quiero precisar un par de cosas.
El diputado Burgos está solicitando que el proyecto no se vote en general ni en particular, sino que lo volvamos a discutir.
Por su parte, el diputado Escalona ha solicitado a la Mesa enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para su estudio, lo que, a mi juicio, debería hacerse antes de votarlo en general.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para suspender la votación en general del proyecto.
No hay acuerdo.
Por lo tanto, se votará en general y será enviado a la Comisión.
En votación el proyecto que otorga a la Corporación de Fomento de la Producción la facultad para transigir extrajudicialmente en los casos que indica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado el proyecto en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos,
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Por haber sido objeto de indicación, vuelve a Comisión.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , ¿también iría a la Comisión de Constitución para el segundo informe?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo de la Sala para enviar el proyecto también a la Comisión de Constitución?
Acordado.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
VIABILIDAD DEL “PROYECTO RAYO”. (Votación).
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo 232, relativo al mandato que se le otorgaría a la Comisión de Defensa para realizar un estudio sobre la viabilidad del proyecto Rayo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, pido eliminar el voto del diputado Luksic, porque él no se encuentra en la Sala en este momento.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , el tablero electrónico marcó el voto negativo de mi vecino de curul, en circunstancias de que no está presente.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se restará su voto.
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA BIOMASA MARÍTIMA.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 233.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 233, de los señores Navarro, Paredes, Muñoz, don Pedro; González, don Rodrigo; Sánchez, Meza y Jaramillo.
“Considerando:
Que en las últimas semanas ha producido expectación y un profundo debate la presencia de numerosas embarcaciones de bandera china y rusa -en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), frente a las costas de las Octava y Décima Regiones-, las que se encuentran realizando faenas de captura del recurso jurel, lo que es claramente perjudicial para los armadores y pescadores artesanales nacionales, toda vez que se estima que afectan al 7% de la cuota total nacional asignada, de acuerdo con la normativa vigente.
Que, el 22 de junio de 2000, la H. Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo Nº 421-C, que encomendó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente que informaran a la Sala acerca de las actividades de pesca de alta mar que flotas extranjeras realizaban en las inmediaciones de las doscientas millas de dominio marítimo nacional, de las medidas de protección adoptadas y de las que fueran recomendables asumir en defensa de los intereses nacionales y de la comunidad internacional.
Que, el 31 de julio de 2001, la honorable Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo Nº 583, que mandató a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos que se formara una opinión respecto de los antecedentes considerados, informara y propusiera al Gobierno acciones para proteger la pesca de la albacora -dada su precaria situación, a raíz de la situación de riesgo de otros recursos pesqueros- y evaluara los alcances e impactos para el país de haber formalizado el acuerdo con la Unión Europea sobre la materia y las posibles modificaciones que debieran introducírsele para resguardar el recurso.
Que embarcaciones de distintas nacionalidades realizan su actividad pesquera en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva del país, en virtud de la libertad de pesca que existe en alta mar, conforme a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, la misma normativa condiciona la facultad de ejercer estos derechos a las obligaciones convencionales de los Estados y a las disposiciones de la propia Convención del Mar sobre conservación de los recursos marinos vivos, que consagra un interés preferente del país ribereño en relación con la pesca en áreas aledañas a sus aguas jurisdiccionales.
Que, frente a esta situación, y sobre la base de los artículos 118 y 64 de la Convención del Mar, que establecen una obligación de cooperación tendente a la conservación de las especies marinas, el tema derivó en la formación de una Comisión Técnica del Pez Espada entre la Unión Europea y Chile, que se reunió en Santiago el 5 y 6 de mayo de 1998, con participación de representantes de la Subsecretaría de Pesca y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por parte de Chile, y de funcionarios de la Dirección General de Pesca de la Unión Europea, oportunidad en que se acordó establecer un marco de cooperación científico-técnica con este propósito.
Que, al inicio de 2001, Chile y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo consistente en que, por un período transitorio de dos años, a contar de abril de 2002, Chile abriría sus puertos para cuatro embarcaciones europeas, las que, igual que otras naves albacoreras chilenas, podrán pescar mil toneladas de la especie al año cada una. Este régimen incluye inspectores a bordo de cada barco para fiscalizar, entre otras cosas, posibles transferencias en alta mar o una selección y desecho de peces. Lo anterior, en el entendimiento de que ésta es una pesca de investigación.
Que, paralelamente, Chile firmó con los otros Estados miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, un “Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste”. Su texto fue adoptado en una reunión celebrada en las Islas Galápagos, en febrero de 2000, y fue suscrito por los Cancilleres de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Este tratado está abierto a la adhesión de países pesqueros de aguas distantes, con el fin de establecer en conjunto regímenes de conservación para especies consideradas como prioritarias en sectores de alta mar adyacentes a zonas marítimas aledañas.
Que Chile, con el propósito de perfeccionar su sistema de administración de recursos vivos marinos, publicó, en el Diario Oficial del 24 de agosto y 25 de noviembre de 1999, respectivamente, los decretos Nºs 361 y 598, que hacen aplicables las medidas de conservación y manejo nacionales a toda la población de las especies jurel y pez espada, incluso en sectores de alta mar, en relación con las embarcaciones chilenas. Estas disposiciones se basan en el artículo 165 de la ley General de Pesca y Acuicultura, que faculta el establecimiento de normas de conservación y manejo sobre especies transzonales o altamente migratorias existentes en la ZEE y en la alta mar, y en el artículo 117 de la Convención del Mar, que tipifica el deber de los Estados de adoptar las medidas que, en relación con sus respectivos nacionales, sean necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar.
Que esta actividad pesquera, apenas fuera de las doscientas millas, está dañando no sólo la biomasa, sino también el precio internacional del recurso. Por ello, aunque la existencia del Acuerdo de Galápagos representa un gran paso supracional para establecer condiciones de conservación de los recursos vivos de la alta mar del pacífico sudeste, subrayando la referencia a las especies transzonales y altamente migratorias, como es el caso del jurel, éste es un tema mucho más complejo que esperar una resolución diplomática o apostar a la creación de una flota de alta mar, pues es un conflicto internacional de intereses, donde ya existen casos de similares características y hay fallos pendientes de parte del Tribunal Internacional de Derecho del Mar sobre ellos, lo que necesariamente generará jurisprudencia sobre la materia.
Que, para poder establecer una reclamación formal sobre la materia, es necesario consultar la opinión de especialistas pesqueros, jurídicos y biológicos que permitan, en primer lugar, resolver la duda que existe desde hace mucho tiempo, en el sentido de que, por no haber una investigación pesquera moderna en Chile, no se ha podido aclarar el real volumen de la biomasa de jurel y los tiempos de sus flujos migratorios. Una vez que se conozca con certeza ese dato se podrá decir -en la instancia que corresponda- si lo que están pescando rusos y chinos es parte o no lo es de la cuota nacionalmente fijada.
Que, igual como ocurrió cuando se impulsó la creación de las doscientas millas de ZEE, se espera una mayor iniciativa y liderazgo de parte de la Cancillería chilena frente a este tema, así como que la autoridad marítima debe investigar si es efectivo que estas naves están siendo abastecidas desde puertos nacionales.
Que esta acción sistemática de los piratas pesqueros que operan en las inmediaciones de la ZEE tiene como fin último el desgaste de la soberanía efectiva de los países en las doscientas millas. Aunque la Armada está alerta ante la operación de estas embarcaciones, en la práctica, salvo identificarlas y verificar que no ingresen a las doscientas millas, no puede tomar ningún tipo de acción.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a V.E. que impulse, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes acciones:
a) Representar la molestia de Chile, por la presencia de buques pesqueros en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva, a los gobiernos de China y Rusia, a través de sus embajadores.
b) Propiciar la inclusión, en las rondas de conversaciones que se generen en el marco de convenios y acuerdos internacionales, de mecanismos que aseguren a Chile resolver este tipo de situaciones con países de puertos lejanos que lleguen hasta la Zona Económica Exclusiva, especialmente para proteger la biomasa”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , un número importante de diputados han venido planteando, tanto en la Comisión de Pesca como en esta Sala, su inquietud ante la incesante actividad pesquera, en particular de las flotas asiática y española, en las cercanías del límite de las doscientas millas. La situación es preocupante ya que la sobreexplotación de recursos marinos están afectando principalmente a la biomasa del jurel.
En las últimas veinticuatro horas, he sido informado de que nuestra flota, que está operando incluso más allá de las 200 millas, para ser franco, supo que a 350 millas hay barcos españoles capturando particularmente jurel.
Esta situación, planteada al subsecretario de Pesca en el transcurso del debate del proyecto que modificaba la Ley de Pesca, debe ser remediada a la brevedad, pues, como se sabe, el jurel es un pez transoceánico; es decir, fluye desde Nueva Zelanda hasta la costa de Chile y genera un ciclo que puede durar hasta catorce años.
El jurel alcanza su tamaño óptimo después de ocho años y, por lo tanto, existe claramente una relación entre su tamaño y su ubicación geográfica al momento de la pesca. Además, se da el caso de que, por un lado, barcos de las flotas asiática y españolas capturan el pez fuera de las doscientas millas y, por otro, a la flota nacional le está vedado hacerlo, debido a consideraciones de conservación de la biomasa y a prohibiciones legales respecto de, por ejemplo, la cuota máxima de captura.
Es necesario que Chile impulse la creación de una jurisprudencia internacional en materia de preservación de la biomasa, y establezca la prohibición de operar a las referidas flotas dentro la zona económica exclusiva de 200 millas. Nuestro país debe ser capaz de abrir un debate de carácter internacional en esta materia, pues se requiere preservar los peces transoceánicos. De no mediar una pronta intervención de parte de las autoridades nacionales, podremos ver mucho más afectada nuestra capacidad pesquera.
El proyecto de acuerdo tiene por finalidad solicitar que el Gobierno de Chile se contacte con sus pares de China, Rusia y España a fin de representarles nuestra molestia por la presencia de buques pesqueros en las inmediaciones de la zona económica exclusiva y, además, propiciar la inclusión, en las rondas de conversaciones que generen en el marco de convenios y acuerdos internacionales, de mecanismos que aseguren a Chile resolver este tipo de situaciones con países de puertos lejanos, con el especial propósito de proteger la biomasa.
Pido a los colegas prestar su aprobación al proyecto de acuerdo y, al mismo tiempo, tener una preocupación permanente por lo que está ocurriendo con varias especies, en especial con el jurel.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , junto con anunciar nuestro apoyo al proyecto de acuerdo, quiero señalar que la Comisión de Pesca, que tengo el honor de integrar, ya se ha preocupado de esta situación. Por tal razón, convocó a personeros de la Subsecretaría de Pesca y de la Dirección del Territorio Marítimo para tratar el problema.
Damos fe de que la Cancillería, con la cual el presidente de la Comisión , diputado Darío Molina , ha estado en permanente contacto, ya ha iniciado trámites respecto de esta situación, básicamente porque se trata de mantener el recurso.
La Dirección del Territorio Marítimo y del Litoral, entidad dependiente de la Armada de Chile, que realiza un trabajo de control permanente y sistemático de nuestras aguas jurisdiccionales digna de destacar, ha informado que en ellas no ha habido captura por parte de las flotas china y española.
Nos sumamos con entusiasmo a la aprobación de este proyecto de acuerdo, aun cuando lo considero tardío, porque -repito- ya se está trabajando en el tema, particularmente por la Comisión de Pesca. No obstante, llamamos a los señores diputados a entender que resulta absurdo que, por un lado, Chile esté preocupado de cuidar el recurso marítimo, desde el punto de vista de su producción y que, por otro, pocos metros más allá del límite de nuestra jurisdicción marítima, nuestros recursos estén siendo capturados sin el debido cuidado.
Reitero la necesidad absoluta de establecer rondas internacionales en las cuales se tomen decisiones tendientes a preservar los recursos marítimos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ANTECEDENTES SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EMPRESAS SANITARIAS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 234, de los diputados señores Montes, Tuma, Saffirio, Riveros, Hidalgo, Silva, Burgos y Paredes.
“Considerando:
Que, durante el quinquenio 2000-2005, las mayores empresas sanitarias chilenas desarrollan un plan de inversiones cuyo monto supera los tres mil ochocientos millones de dólares (US$ 3.800.000.000). Más del 70% de estas inversiones corresponde al diseño y construcción de las plantas de tratamiento de aguas servidas.
Que, conforme al modelo tarifario vigente, el retorno de estas inversiones se realiza con cargo a tarifas futuras y, por ende, quien finalmente soporta el costo y ‘paga’ las inversiones efectuadas por las sanitarias son los ‘consumidores chilenos’. De ahí la importancia del rol fiscalizador que cumple la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) en este quinquenio 2000-2005. Vale la pena destacar dos elementos:
a) Este quinquenio 2000-2005 es único e involucra fondos de hasta siete veces superiores a los de períodos futuros, donde las mayores inversiones de la industria sanitaria ya estarán realizadas, a saber, las plantas de tratamiento de aguas servidas; y
b) Como consecuencia de lo anterior, resulta inexplicable la pasividad y neutralidad mostrada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) en las fiscalizaciones que ha efectuado en las plantas de tratamiento de aguas servidas.
Que las empresas Aguas Andinas (AA) (grupo español Agbar), Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bïo (Essbio) y Aguas Nuevo Sur Maule (Ansm) (grupo inglés Thames Water) y Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S.A. (Esval) (grupo inglés Anglian Water) representan el 70% del mercado chileno y alrededor del 82% de las inversiones llevadas a cabo en diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a V.E. disponer las medidas necesarias para que se proporcionen a esta Corporación los siguientes antecedentes:
Proyectos de inversión
1. Identificación de las licitaciones públicas correspondientes a proyectos de inversión de Aguas Andinas (AA), Esval, Essbio, Aguas Nuevo Sur Maule (Ansm), por montos superiores a treinta mil unidades de fomento (UF 30.000), y a todos los proyectos de inversión cuya ejecución fue anunciada a partir de 1999 en adelante.
2. Clasificación de los proyectos de inversión en función de:
a) Proyectos de inversión administrados internamente por la respectiva empresa sanitaria; y
b) Proyectos de inversión cuya administración es entregada en outsourcing a empresas consultoras o de ingeniería, modelo denominado como “Gerenciamiento Externo”.
Participantes en proyectos de inversión de sanitarias.
1. Empresas que compraron las bases de cada una de las licitaciones públicas.
2. Empresas que presentaron ofertas técnicas en las licitaciones públicas.
3. Empresas que presentaron ofertas económicas en las licitaciones públicas.
4. Empresas consultoras o de ingeniería que se han desempeñado como gerencias externas (empresas que han suscrito contratos de ‘Gerenciamiento Externo’ con empresas sanitarias).
5. Empresas que han suministrado equipos y maquinarias a las empresas sanitarias en las licitaciones públicas, especificando, en cada caso, las características técnicas del equipamiento y el precio unitario pagado por estos equipos y maquinarias.
Modalidades de licitación pública.
1. Individualizar aquellas licitaciones públicas en que uno de los componentes del valor total de la oferta económica está constituido por el costo de operación y mantención de una determinada planta por plazos superiores a un año, valor que debe ser declarado y garantizado por cada licitante en la respectiva oferta económica.
2. Indicar y clasificar las licitaciones públicas de proyectos de inversión según la forma de ejecución de los proyectos, distinguiendo entre:
Proyectos “llave en mano”.
b) Proyectos que licitan por separado el diseño, la ingeniería, la construcción y el suministro de la instalación de equipos.
3. Indicar y segregar los casos en que las empresas sanitarias han licitado dos o más plantas de tratamiento de aguas servidas en forma conjunta.
Fiscalizaciones
1. Sistema de seguimiento y control del real valor de las inversiones, en particular, de los costos de operación de los suministros de equipos, instalación, ingeniería, costo real del diseño y de la construcción, etcétera.
2. Antecedentes completos de los procedimientos de aplicación de sanciones iniciadas por la Siss contra Esval, Essbio y Ansm, y en relación con todas las licitaciones públicas de los proyectos de inversión”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo es bien preciso: solicita información para analizar un problema fundamental.
Todos sabemos que durante el quinquenio 2000-2005 se habrán de invertir 3 mil 800 millones de dólares con el fin de resolver, especialmente, el problema de las aguas servidas, en particular, con el objeto de financiar el diseño y construcción de plantas para su tratamiento.
Nuestro modelo tarifario permite que el retorno de estas inversiones se realice con cargo a tarifas futuras. Por lo tanto, son los consumidores quienes van a pagar esas inversiones.
Por eso, es muy importante que, en el período en que se efectúen las inversiones, la Superintendencia las fiscalice minuciosamente, de forma que no sean infladas o distorsionadas porque, como ya lo dije, quienes van a pagar son los consumidores.
Esta información se pide sobre la base de una hipótesis: hay algo que no debe volver a ocurrir, se hace una inversión que se va a pagar durante muchos años. Sin embargo, la Superintendencia ha tenido una actuación demasiado pasiva respecto del control y fiscalización de los volúmenes de inversión.
Las empresas Aguas Andina, Essbío , Aguas Nuevo Sur Maule, etcétera, que representan el 70 por ciento del mercado chileno y el 82 por ciento de las inversiones, deberían actuar más acompañadas por la Superintendencia para que el organismo fiscalizador vea qué está pasando.
Con los antecedentes solicitados -proyectos de inversión, de sus participantes y de las modalidades de la licitación pública- se podrá determinar cómo profundizar en la hipótesis señalada.
En consecuencia, pido a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , simplemente, quiero avalar lo señalado por el diputado Montes , quien nos invitó a suscribir este proyecto de acuerdo.
Hay elementos más que suficientes para solicitar los antecedentes. Con ellos, y como Cámara fiscalizadora, debemos ser capaces de determinar el funcionamiento de esos hechos jurídicos de importantes consecuencias para los usuarios.
Ojalá el proyecto de acuerdo cuente con el apoyo unánime de los miembros de la Corporación.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. INCIDENTES
USO INDEBIDO DE TERRENO CON PATENTE DE ESTACIONAMIENTO EN COMUNA DE LA CISTERNA. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , en esta oportunidad me referiré a un problema que afecta a vecinos que viven en la calle Trinidad Ramírez de La Cisterna.
Según informaciones de la gente que ocupa la propiedad signada con el Nº 0848 de esa vía, el sitio tiene patente de estacionamiento. Sin embargo, a ojos vista y después de numerosas investigaciones realizadas por los vecinos y por el periodista de Canal 13, señor Jorge Hans , se ha verificado que ese terreno, lejos de ser un estacionamiento, es un corral para vehículos.
Consultado el alcalde de La Cisterna , se remitió a decir que el sitio tiene patente de estacionamiento y que él no manda los vehículos de la municipalidad a ese lugar, situación que no tiene ninguna relación con el problema que ahí se vive.
Los vecinos se quejan de que las grúas de la empresa Barroso , que llevan a ese enorme terreno los vehículos chocados o abandonados en la vía pública, destruyendo los pavimentos y veredas, durante el día y la noche, particularmente en horas de la madrugada, más precisamente, entre las 3 y las 4 de la mañana hora en que también retiran vehículos del lugar. Además, la gente que ahí trabaja celebra fiestas en las que se producen todo tipo de excesos. Asimismo, desarman vehículos en altas horas de la noche para después vender las partes principales como repuestos; o hacen funcionar motores por horas, produciendo ruidos molestos y derraman petróleo, con lo cual tienen al sector totalmente contaminado, acústica y ambientalmente.
Como dije, el terreno sólo tiene autorización de estacionamiento; pero se creen con derecho a dejar vehículos en toda la cuadra, frente a los antejardines y entradas de vehículos de los vecinos, quienes además deben soportar los bocinazos, los ruidos de los motores, los gritos y la gran cantidad de petróleo quemado por los vehículos en marcha. Además, el derrame de combustible daña los jardines y terrenos, y hasta se ha dado el caso de que ante el reclamo de un vecino éste fue intimidado por uno de los dueños de ese corral de vehículo.
Esta situación fue denunciada por los vecinos en la primera quincena de junio, a través del periodista de Canal 13 de televisión Jorge Hans. Como el permiso de estacionamiento vence en agosto de este año, es el momento de evitar su renovación.
Con fecha 26 de junio pasado, los vecinos enviaron una carta al alcalde de la comuna detallando el problema que tenían con las grúas Barroso y aún no han tenido respuesta de la autoridad. Dicha carta fue acompañada por la firma de más de sesenta vecinos directamente afectados por este problema.
Por lo anterior, solicito se oficie al ministro del Interior a fin de que ordene al municipio de La Cisterna que investigue la situación y responda por qué, si se les otorgó patente de estacionamiento, no los han sancionado, debido a que dicho espacio está siendo ocupado como corral, que es un destino absolutamente distinto. Asimismo, pido se oficie a la Contraloría General de la República , a fin de que investigue qué pasó con el otorgamiento de este permiso, tramitado a través del municipio de La Cisterna ; con qué objeto fue otorgado, con qué restricciones y antecedentes contó, y si anteriormente se ha hecho una investigación al respecto.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas Demócrata Cristiana, Radical, Socialista, Partido por la Democracia y Unión Demócrata Independiente que así lo indican.
MEDIDAS PARA EVITAR EVENTUAL ALIANZA OLIGOPSÓNICA ENTRE EMPRESAS SOPROLE Y NESTLÉ. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , durante muchos años ha existido en el mercado lechero una odiosa práctica oligopsónica, porque pocas industrias adquieren el producto a sus proveedores sin que existan otras alternativas u opciones para ellos. Es decir, muchos productores u oferentes y pocos compradores o demandantes.
Periódicamente, las industrias emiten pautas que fijan el precio a pagar por el litro de leche a los productores. Por supuesto, estas pautas son arbitrarias, unilaterales, no existe derecho de apelación por parte de los productores y registran precios muy bajos en relación con el costo de producción y sus rentabilidades.
Dichas industrias importan una gran cantidad de productos lácteos subsidiados, lo que distorsiona el mercado interno con una evidente competencia desleal. El país sabe cómo se ha tenido que actuar y que los mecanismos legales para combatirlo no han resultado eficaces. Por ejemplo, las salvaguardias han operado, pero tienen límite de vigencia y, al dejar de operar, el drama sigue.
Como si fuera poco, a esta práctica oligopsónica, contra la cual hemos estado luchando y oponiéndonos durante tanto tiempo, se suma el anuncio de una alianza láctea inminente para las Américas entre Nestlé y Fonterra, de Nueva Zelanda, que se conocerá como Dairy Partners Americas , DPA. Este acuerdo pretende implementar diversos joint ventures en el sector lácteo, restringidos al continente americano. La multinacional es dueña del 55,5 por ciento de Soprole, lo que la dejará unida indirectamente a Nestlé; es decir, en Chile habrá una alianza entre Nestlé y Soprole, subsidiaria de Fonterra.
La megacooperativa Fonterra alcanzó, en el pasado mes de octubre, un récord de exportaciones, y vendió en el mercado mundial 215 mil toneladas de productos. En Chile, está próximo a cerrarse este proyecto de fusión, ya que nuestro país es el único donde aún no se ha producido. Se estima que, una vez que la asociación esté en marcha, el nuevo conglomerado, que mantendrá sus respectivas marcas y líneas de productos, concentrará casi el 60 por ciento del mercado de recepción de leche e, incluso, podría llegar a participar en más del 75 por ciento en rubros como yogures y postres; cubrirán una amplia gama de productos lácteos, incluyéndose aquellos de larga vida, como alimentos y bebidas lácteas refrigeradas, amparadas bajo sus existentes marcas comerciales.
El acuerdo comprende también la creación de alianzas para la manufactura y abastecimiento de leche en polvo, lo que supondría beneficios evidentes para toda la cadena productiva.
Con justa razón, los agricultores del sur han expresado su inquietud ante esta fusión, ya que, si han estado luchando durante años contra la práctica del oligopsonio, que los ha perjudicado notoriamente, arruinando a muchos de ellos, esta alianza se presenta como una verdadera ironía, un contrasentido y un absurdo, puesto que ahora se encuentran ante una amenaza mayor.
Los lecheros formularon un llamado al Gobierno para que dé plena garantía de que la eventual fusión entre Soprole y Nestlé no implicará prácticas contrarias a la libre competencia, como las que existen actualmente. Los productores presentaron una denuncia ante la Comisión Preventiva Central, con el objeto de que se revise cualquier operación conjunta que involucre a ambas empresas, para evitar impactos negativos en la producción láctea. La Comisión Preventiva Central antimonopolios resolvió intervenir esta alianza, en enero del presente año, para evitar efectos perjudiciales en el mercado nacional. Se ordenó a Nestlé y Soprole que les comuniquen a sus matrices que deben consultar a la Comisión Preventiva Central cualquier convenio que planeen suscribir, para evitar impactos negativos en la industria local de lácteos.
Los productores lecheros han señalado que si tomamos en cuenta tales circunstancias, más lo que he expresado ahora, una alianza de este tipo significaría claramente poner una lápida a la lechería nacional y, con ello, tirar por la borda todo el esfuerzo que ha estado realizando el propio Gobierno para transformar al país en un exportador relevante de lácteos. De materializarse la alianza Soprole-Nestlé, los índices de concentración del sector lácteo nacional, tanto a nivel de compra de leche fresca como en venta de productos elaborados, alcanzarían niveles perjudiciales para la libre competencia, según los límites internacionales reconocidos por la teoría económica.
En una visita al sur de Chile, el presidente de la República admitió la práctica de oligopsonio llevada a cabo por un grupo de empresas lácteas. Al visitar la planta Surlats, de Pitrufquén, cooperativa de productores lecheros chilenos y españoles que industrializan su producción láctea, el primer mandatario afirmó que esta empresa representa el futuro de lo que él quisiera para el sector lechero nacional. “Cómo me gustaría -dijo- que un poco más al sur también hubiera una Surlats, porque el problema que tengo es que existen ahí tres o cuatro empresas que fijan el precio que quieren. A ustedes les pagan lo que ellos quieren y, como tienen dividido geográficamente el territorio, o le compra el que a usted lo tocó o no le compran”.
Las expresiones de su Excelencia el presidente de la República en contra del monopsonio justifican, con mayor razón, el rechazo a la alianza de la que doy cuenta en esta sesión.
Por este motivo, solicito oficiar al ministro de Economía para que tome conocimiento de la gravedad de la situación, por la inminencia de esta alianza, para que el Supremo Gobierno adopte todas las medidas tendientes a evitarla, por la gran concentración económica que significaría, o para que se evite cualquier práctica ajena a la libre competencia que implique tal fusión, arbitrando todas las medidas a través de los diferentes organismos fiscalizadores existentes para el efecto.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas del Partido Radical, Partido por la Democracia, Partido Socialista y de la UDI que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE COMPENSACIONES POR EXPROPIACIONES PARA CONSTRUIR NUEVO ACCESO SUR A SANTIAGO. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , quiero llamar la atención acerca de una situación producida en el distrito que represento, que se relaciona tanto con el tema de la vivienda como con el desarrollo de la infraestructura vial.
Con motivo de la ejecución del nuevo acceso sur a Santiago se hicieron numerosas expropiaciones para posibilitar el desarrollo de un proyecto que tiene por objeto mejorar y dotar a Santiago de un acceso expedito y rápido a la ciudad. En su implementación se tuvo en vista, con bastante propiedad y acorde con la preocupación del Gobierno por los más pobres, el hecho que a raíz de las expropiaciones quedaban en el desamparo y en la indefensión muchas personas que habitaban los inmuebles expropiados, y algunos de ellos por varios años en calidad de arrendatarios o allegados. Ante esta realidad, se llevó a efecto por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la municipalidad respectiva una encuesta a fin de tener cabal conocimiento de quiénes eran las personas que se encontraban en esa situación y buscar una solución.
En abril de 1997, una vez que se supo cuáles eran las personas afectadas, se resolvió concederles una compensación por relocalización por un valor total de 300 unidades de fomento.
Es del caso que de esa lista, hay cuatro personas que hasta el día de hoy no han recibido esa compensación.
Por otra parte, a fin solucionar el problema de vivienda de arrendatarios y allegado, el MOP se comprometió a enviar al Serviu Metropolitano un listado con el nombre de las personas beneficiarias con esa compensación por relocalización, con el objeto de que este organismo certificara la aptitud de las personas que figuraban en dicha nómina para postular al subsidio habitacional. El compromiso del MOP se extendía hacia una actuación conjunta con las municipalidades respectivas, con el objeto de apoyar la postulación al subsidio habitacional de este pequeño segmento de personas. El problema es que esto no se ha cumplido.
En consecuencia, solicito se oficie al ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones para que entregue toda la información disponible con respecto a las personas que fueron compensadas en el período expropiatorio del proyecto del nuevo acceso sur a Santiago, los montos pagados a cada una de ellas y la nómina completa confeccionada por el MOP. Además, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales para requerirle información detallada del Serviu sobre la certificación de la aptitud de los integrantes de la nómina confeccionada por el MOP para el subsidio habitacional.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Caraball y de los diputados señores Ojeda , Venegas , Jaramillo , Ceroni , Egaña y Norambuena .
ENTREGA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA DE ARTE EN HOMENAJE A PABLO NERUDA EN PARRAL. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , durante muchos años he estado empeñado en la tarea de que en Parral se destaque apropiadamente la figura de Pablo Neruda. Como todos sabemos, en esa localidad nació este gran poeta. Sin embargo, durante mucho tiempo debimos soportar la ingratitud de autoridades que, por motivos mezquinos, no fueron capaces de reconoce la obra de Neruda y de destacar adecuadamente su figura en Parral. No hay duda de que actuaron así por motivos políticos. Pero felizmente las cosas han cambiado y las autoridades se han dado cuenta de que Neruda es una figura que traspasa totalmente sus propios intereses políticos.
Hemos logrado cosas importantes, como la obtención de fondos para hacer una réplica de la casa de Neruda, que ya está prácticamente terminada. No obstante, desde hace un año y medio, a través de dos oficios, he pedido al ministro de Obras Públicas la destinación de fondos para hacer una obra de arte al ingreso de Parral en homenaje a Neruda. Finalmente, el ministro de Obras Públicas ha entendido la importancia de esta iniciativa y me ha dado una respuesta positiva en orden a que se van a destinar alrededor de 40 millones de pesos para la realización de esa obra de arte.
Mañana viajan a Parral los integrantes de la Comisión Nacional Nemesio Antúnez, de la Comisión Regional Bicentenario Pablo Neruda y representantes del Ministerio de Obras Públicas para firmar un convenio con la municipalidad a fin de llamar a un concurso para la construcción de esa obra de arte.
Quiero manifestar mi agradecimiento al ministro de Obras Públicas por esa decisión. Me siento tremendamente complacido y orgulloso de haber sido el autor de esta iniciativa, que permitirá que el próximo año todo Chile pueda ver en Parral una gran obra de arte en homenaje a Pablo Neruda.
Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, adjuntando el texto de mi intervención, para manifestarle mi agradecimiento por las gestiones que ha hecho, que contribuyen al desarrollo de la cultura en nuestro país.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados Sergio Ojeda , Samuel Venegas , Camilo Escalona y Andrés Egaña .
NORMAS REGULATORIA PARA INDUSTRIA AZUCARERA Y LA PRODUCCIÓN DE REMOLACHA. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , una vez más intervengo en esta Sala para abordar la delicada situación que se está produciendo en los campos del sur de Chile, ante un posible cambio de normas sobre bandas de precios, como lo establece un proyecto de ley, cambio que amenaza de manera directa la viabilidad económica de la industria azucarera y de la producción de remolacha en al menos cuatro regiones.
El conflicto se origina ante la posibilidad de que la banda de precios, que protege a la industria nacional de las mezclas de azúcar provenientes del extranjero, sea perforada. El tema debe ser resuelto con urgencia para dar tranquilidad tanto a la industria como a los productores, ya que las siembras correspondientes a la próxima temporada son una interrogante.
Acabo de recibir un revelador antecedente que pondré en conocimiento de esta Sala. Se trata del acuerdo alcanzado entre los directorios de Iansa y Iansagro en orden a no ofrecer nuevos contratos de temporada a los agricultores y a no vender insumos agrícolas para el cultivo de la remolacha mientras no se despejen y esclarezcan las condiciones en que Iansa y su azúcar competirán con las mezclas importadas.
Esta decisión demuestra, una vez más, de lo que es capaz este único poder comprador de remolacha, el que ante las amenazas del mercado no tiene ningún tipo de contemplaciones. Antes he dicho que de una empresa transnacional como ésta, dominada por capitales españoles, no podemos esperar otra cosa que acciones de presión tan graves como las señaladas.
Mi reproche ante esta situación se agrava si se considera el reciente oficio que me ha enviado el ministro de Agricultura , quien, a petición de este parlamentario, informa a la Cámara sobre la realidad del sector azucarero y del mercado del azúcar a nivel mundial, indicando que, fruto de una disminución de los stock internacionales y del aumento de la demanda relativa, es esperable un alza en el precio de los endulzantes naturales.
Ante esta respuesta sólo puedo demostrar mi molestia por la forma en que Iansa presiona al Congreso Nacional y al Ejecutivo y, sobre todo, por la manera cruel que utiliza para extorsionar a los campesinos productores, quienes con el tiempo, se han transformado en prisioneros de esta empresa, que los obliga a presionar y a movilizarse para influenciar a la autoridad política.
Ante este escenario, solicito que se oficie, en mi nombre, a los ministros de Agricultura y de Hacienda. Además, quiero hacer conciencia entre mis colegas sobre la necesidad de ordenar este sector, estableciendo normas claras y permanentes en el tiempo y limitando al máximo el empleo de los campesinos como escudo protector de los intereses económicos de Iansa y de sus empresas coligadas.
Si para lograr lo anterior hay que hacer concesiones, como parlamentario, estoy dispuesto a ello. Al mismo tiempo, es importante establecer una regulación más estricta en la relación entre Iansa y los propietarios agrícolas.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las diputadas Eliana Caraball y Carolina Tohá y de los diputados Sergio Ojeda , Samuel Venegas , Guillermo Ceroni , Camilo Escalona , Alejandro Navarro y quién habla.
SUBSIDIO DE REHABILITACIÓN URBANA. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo de los partidos Radical y Socialista, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , quiero que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo con el fin de respaldar los esfuerzos que están llevando a cabo sus equipos técnicos por establecer un subsidio de rehabilitación urbana para enfrentar las graves dificultades habitacionales de las personas que adquirieron una vivienda propia con el respaldo del Estado o de otros organismos y cooperativas. Ello debido a la antigüedad de esas construcciones y la precaria situación económica de sus dueños se hace muy difícil mantenerlas en estado satisfactorio.
Por ejemplo, en la comuna de Lota existe, en un sector poblacional histórico, la población Bannen , cuya data es de aproximadamente sesenta años y que se encuentra en una situación extremadamente difícil. Por ello, un subsidio de rehabilitación urbana sería el único mecanismo para enfrentar las graves dificultades que tienen esas familias.
Quiero extender esta petición de oficio al ministro de Hacienda con el objeto de hacerle llegar las observaciones anteriores y manifestarle que, dado el desarrollo de las políticas habitacionales, en los últimos años -en particular del 90 en adelante, en que se enfrentó el tema del déficit habitacional- se alcanzaron metas inéditas en lo que se refiere a soluciones de tipo social, llegándose a cien mil soluciones por año. Porque esta respuesta a la deuda social en el campo habitacional creó una nueva situación en la que no sólo se ha hecho necesario dar soluciones a las nuevas familias o a las familias de allegados que necesitan vivienda nueva -para quienes las viviendas básicas o los diferentes subsidios son una solución oportuna y eficiente-, sino que además se da el caso de familias que cuentan con casa propia, pero que ya tiene cincuenta o más años, por lo que ha sido indispensable asistirlas con algún tipo de respaldo porque sus condiciones de vida se han vuelto precarias.
Esta solución requiere del adecuado respaldo no sólo del ministro de Vivienda y Urbanismo , sino también del ministro de Hacienda dado su rol gravitante y decisivo en lo que se refiere a la formulación del presupuesto nacional.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Andrés Egaña , Iván Norambuena , José Miguel Ortiz , Samuel Venegas , Enrique Jaramillo , Alejandro Navarro y Carlos Abel Jarpa .
MEDIDAS EN FAVOR DEL PUERTO DE SAN ANTONIO. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por 3 minutos, el diputado Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señor Presidente , una vez más quiero levantar la voz para representar a la gente de la provincia de San Antonio, especialmente a quienes habitan en la comuna del mismo nombre, debido a la angustiosa situación que viven y a los altos índices de cesantía, superiores al 15 por ciento.
Una comuna y un puerto que se ha tecnificado, incrementando notablemente la economía nacional, hoy sufre las consecuencias de lo que significa una macroeconomía que no siempre es bien aplicada al momento de la redistribución de la riqueza.
La solidaridad del Gobierno, especialmente del Presidente de la República y del ministro del Interior , debe ser manifiesta ante la grave y angustiante situación que enfrentan la provincia y comuna de San Antonio. Es preciso suplementar programas especiales de trabajo y políticos que lo generen para que sus habitantes, que hoy viven situaciones desesperadas, puedan satisfacer sus necesidades sin tantas angustias.
Existen acuerdos para que en aquellas provincias donde la censantía ha alcanzado dos dígitos se utilicen los fondos de emergencia para superar este tipo de situaciones.
Pero más grave aún es la situación que viven los pescadores artesanales: una especie recién aparecida, denominada jibia, ha depredado a la merluza común, que permite a los pescadores artesanales vivir y aportar a la economía local. Más que estar cesantes, están empobrecidos. Por otra parte, la gente que colabora con ellos en actividades conexas, como son las encarnadoras y las personas que transportan la pesca desde las embarcaciones hasta los lugares de venta, también está viviendo una situación angustiante.
Por lo tanto, solicito que se oficie con urgencia al Presidente de la República , conocedor de esta situación, de la realidad que vive San Antonio y de su aporte a la economía, y al ministro del Interior , a fin de que destinen recursos para resolver el problema de la cesantía y superar una situación que se hace más aguda cuando el invierno arrecia y el frío complica la salud de los niños y de las personas mayores. Se trata de que durante estos meses de invierno ese grupo de pescadores artesanales y de mujeres emprendedoras, como son las encarnadoras, reciban permanentemente una canasta de susbsistencia que les permita superar la crisis que están viviendo.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado Alejandro Navarro y de quien habla.
ANTECEDENTES SOBRE INUNDACIONES DE TIERRAS PEHUENCHES DEL ALTO BIOBÍO. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el honorable diputado Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , en realidad, resulta difícil referirse a temas tan dolorosos como es, sin duda, la permanente violación de los derechos humanos de los indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos , ha establecido, en reciente resolución, que el Gobierno de Chile debe mantener el statu quo de los habitantes pehuenches del Alto Biobío, que denunciaron el quebrantamiento de esos derechos por parte de la empresa Endesa Chile S.A., los cuales están establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica y garantizados por una resolución del Sexto Juzgado Civil de Santiago , que estableció que, en el proyecto Ralco , no pueden ser inundadas las tierras pehuenches que no han sido permutadas voluntariamente. Hoy, se encuentran inundados tres kilómetros del camino público del sector Estadio Quepuca , Corte Los Milicos y Tranque Los Lleuques.
Los informes Downing y Hair, del Banco Mundial, han sido ocultados y obstaculizado su conocimiento público, al no ser traducidos al castellano. El cúmulo de irregularidades establecidas por el Banco Mundial, a partir de estudios realizados por expertos y que Endesa se ha negado dar a conocer, deben ser aclaradas.
Por eso, solicito que se oficie al director de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena , con el objeto de que nos informe, primero, por qué los informes Downing y Hair del Banco Mundial no han sido entregados a las comunidades pehuenches, tal como lo señala el Banco Mundial; segundo, por qué no se han traducido al castellano, y, tercero, sobre el funcionamiento de la Fundación Pehuén y por qué esa institución no ha dado a conocer los informes del Alto Biobío. Asimismo, que se oficie al director de Obras Hidráulicas , dependiente del Ministerio de Obras Públicas, a fin de que nos proporcione todos los antecedentes que nos permitan establecer los problemas que está generando la construcción de la central Ralco y la inundación de las tierras pehuenches, prohibida por resolución judicial del Sexto Juzgado de Letras de Santiago . Consideramos que el ministerio debe elaborar un informe en terreno, acabado y con estudios perimetrales de las inundaciones producidas, a fin de proteger los intereses de los pehuenches del Alto Biobío.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS RELACIONADOS CON DECLARACIÓN DE VALPARAÍSO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , desde esta tribuna queremos felicitar a Valparaíso por haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad, sumándose a los 754 sitios distinguidos con tal denominación. En Chile sólo existían dos casos: Rapa Nui y catorce iglesias de Chiloé. El listado aumenta anualmente entre treinta y cuarenta sitios.
Todos sabemos que Valparaíso tiene atributos reales y múltiples, y, por esa razón, se le otorgó la condición tal distinción.
Es el momento de reconocer a las generaciones pasadas el hecho de haber sido las creadoras y fundadoras de ese histórico patrimonio. Ahí están el edificio de la aduana, el paseo Atkinson y la iglesia de San Francisco, por nombrar algunas obras. En Valparaíso se fundó el diario en lengua española más antiguo del mundo. Asimismo, desde este puerto se difundió el fútbol al resto del país y se crearon aquí las primeras sociedades anónimas.
Pero, para preservar ese patrimonio histórico, como señalaba un matutino de ayer, se necesitará más que de declaraciones románticas, pues sabemos que la Unesco no entrega recursos; sólo otorga la distinción. Es así como nos hemos enterado por la prensa de que la municipalidad de Valparaíso realizará gestiones para obtener, del Banco Interamericano de Desarrollo, con el aval del fisco, un préstamo por 50 millones de dólares. Asimismo, hemos sido informados de que el viernes 18 de julio se realizará en Valparaíso una gran celebración, un verdadero carnaval, al cual asistirán el Presidente de la República , embajadores y diversas autoridades.
Pero aparte de las celebraciones, queremos ver un proyecto concreto de la municipalidad que establezca cuáles serán los pasos a seguir y que nos permitan hacernos merecedores de tal distinción y mostrar nuestro patrimonio a los visitantes. Hace algunos meses, un grupo de parlamentarios nuevos hicimos ver nuestra preocupación frente a la permanente amenaza de llevarse el Congreso Nacional a Santiago por el deterioro -por no decir dejación- porque no ha sido cuidado como corresponde- que presenta el entorno de este extraordinario edificio.
Por esa razón, hace un año en una intervención que realicé en Incidentes, hicimos ver nuestra preocupación al alcalde de Valparaíso , quien nos informó en respuesta a nuestro oficio sobre las obras y proyectos relacionados con Valparaíso.
Con el objeto de que los propios vecinos y la gente que nos escucha juzguen si éstos se han cumplido, sólo me referiré al que decía relación con Avenida Argentina.
Al respecto, el oficio señala: “Actualmente, el proyecto de Avenida Argentina se encuentra en su fase de correcciones al proyecto de arquitectura para el desarrollo de la ingeniería. Se ha planteado considerar la permanencia de la feria o el traslado hacia el sector Hontaneda , como estudio comparativo. La alternativa de dejar la feria será mediante una moderna estructura de carpas a la manera de las carpas del estadio de Munich o de la zofri de Iquique y muchas obras actuales. La idea es que este espacio no sólo se use como feria, sino como área de eventos, exposiciones, etcétera, los cinco días restantes, de modo de rentabilizar la inversión, a través de una concesión entre las calles Juana Ross hasta Independencia. Es así que se busca aumentar la calidad de pavimento lavable, con sistemas modernos de iluminación, de seguridad e higiene, junto a áreas verdes y cabinas automáticas sanitarias.
La Avenida Argentina se prolongará hasta el muelle Barón con veredas peatonales, en coordinación con el proyecto Cuarta Etapa, y hacia el extremo sur de Avenida Argentina, con jardines y espacios de esparcimiento”.
Por lo tanto, como el compromiso adquirido no sólo por Valparaíso, sino que por todo el país debe estar respaldado por un proyecto, solicitamos que se oficie al alcalde de Valparaíso a fin de que nos informe sobre el proyecto elaborado por el Concejo para presentar a Valparaíso como corresponde, y en qué se invertirán los 50 millones de dólares que el próximo viernes 18 se le solicitarán oficialmente -como decía, con el aval del Estado- al Presidente de la República , porque el compromiso que ha adquirido Valparaíso no es sólo de este histórico puerto, sino que de todos los chilenos.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
DECLARACIÓN DE BANDA INSTRUMENTAL DE LOTA COMO PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , en la comuna de Lota funciona la Banda Instrumental de Lota, a la cual quiero rendir un sentido homenaje, atendida su dilatada trayectoria, su permanente y desinteresado aporte a la comunidad y el hecho de que, lamentablemente, no se le han rendido los honores que merece, en especial, considerando que hace poco más de un mes, el 1 de junio, cumplió setenta y nueve años de vida.
Esa banda instrumental nace en el seno de la industria del carbón, durante la época de oro de Lota, y debe su fundación a don Octavio Astorquiza , hombre visionario que en ese entonces, allá por 1924, se desempeñaba como jefe del Departamento de Bienestar de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota y a quien, como una forma de brindar una actividad distinta a sus funcionarios, se le ocurrió crear la escuela de música de esa empresa, para lo cual llamó al destacado músico nacional, don Víctor Viveros Montes , que dio forma técnica a la incipiente creación. Al llamado musical acudieron alegres trabajadores de la empresa junto con sus hijos, que al año siguiente de su formación, el 21 de mayo de 1925, protagonizaron el primer acto público de la banda en la Plaza de Armas de Lota.
Después de una penosa enfermedad, don Víctor Viveros Montes dejó la dirección de la escuela de música, delegando funciones en su hijo, don Víctor Viveros Arce , que continúa su labor hasta 1960, cuando fallece trágicamente en un accidente automovilístico. Le sucede quien fuera su mejor alumno en dicha escuela, don Nicanor Espinoza Retamal , a quien, entre otras cosas, se le recuerda porque durante su período se produjo la fusión de la Compañía Carbonífera e Industrial Lota con la Compañía Carbonífera y Fundición Schwager, por lo que la banda pasa a llamarse Orfeón Carbonífera Lota Schwager .
Al acogerse don Nicanor Espinoza a su merecida jubilación, el orfeón quedó bajo la dirección de don Miguel Millar Burgos , quien es recordado porque durante su gestión se introduce en el repertorio de la banda música clásica y bailable de la época. También durante ese período se produjo la unificación de las empresas mineras de la nacionalmente conocida cuenca del carbón, hecho que tuvo secuelas en la agrupación musical, que comenzó a denominarse Orfeón Enacar .
Luego de una larga enfermedad, don Miguel Millar debió dejar la orquesta en manos de don Galvarino Vásquez , a quien le correspondió afrontar la época más difícil de esa gloriosa historia: el lamentable cierre del mineral.
Profundo ajetreo para el orfeón trajo aquella decisión. Sin embargo, motivados por la vocación musical y de servicio a la comunidad, los músicos resolvieron seguir adelante y, por votación unánime, designaron director de la orquesta a don Pedro Cid Cartes , prestigioso músico, oficial en retiro y ex director de la banda de la Armada de Chile, adoptándose el actual nombre de Banda Instrumental de Lota.
Setenta y nueve años de historia no pasan en vano.
Muchas son las vivencias acumuladas en ese andar; momentos de dulce y de agraz, sabores y sinsabores.
Hoy asisten a ella 24 músicos y 15 niños aprendices, quienes sueñan con perpetuar las tradiciones mineras en el ámbito de la música.
La banda tiene múltiples necesidades, pero pese al gran aporte que hacen, pues da vida y color a cuanto acto público se desarrolla en la ciudad de Lota, son pocos los que se han dignado a ir en su ayuda.
Un paso trascendental al efecto, atendida su historia, el aporte que significa para la comuna y las proyecciones alentadoras, es que se la declare patrimonio cultural nacional y, desde esa plataforma, se le otorguen, además de los reconocimientos que merece con creces, los beneficios que tanto necesita. Esta declaración la proponemos formalmente.
En base a lo dicho, solicito que se oficie al señor ministro de Educación a fin de que se pronuncie acerca de su disponibilidad para efectuar tal declaración. Además, solicito que se envíe copia de mi intervención a quien dirige la banda instrumental de Lota.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS POLICIALES Y DE FISCAL EN SUCESOS ACAECIDOS EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado
Darío Molina.
El señor MOLINA .-
Señor Presidente , hace pocos días tuve que referirme en esta Sala a los problemas de la delincuencia que ya no sólo afectan a las grandes ciudades, sino también a las regiones, a las provincias, a los pequeños pueblos que en el pasado gozaban de tranquilidad y cuyos habitantes vivían sin rejas y libres del terror que ella genera.
Hoy me debo referir a una situación gravísima acontecida en una de las comunas que integran mi distrito, Monte Patria. El sábado recién pasado, mientras su alcalde, señor Juan Carlos Castillo , celebraba junto a funcionarios, familiares y amigos su cumpleaños en dependencias del internado, un grupo de delincuentes llegó al lugar y generó una riña en la que resultaron heridos, acuchillados, el hijo del festejado y un funcionario municipal. Hechos como este, que hasta hace pocos años no ocurrían, son pan de cada día en mi distrito.
Se han hecho planes de acción policial, se ha innovado en materia procesal penal -en la Cuarta Región se está aplicando la reforma-. Sin embargo, cada día la ciudadanía se siente más insegura. Y no es para menos, porque en este caso en particular, según los testigos y las declaraciones del propio alcalde, encontrándose Carabineros a menos de una cuadra del lugar, no actuó ni tomó detenidos a los delincuentes porque -se dijo- no tenían una orden de la fiscal.
Este hecho es tremendamente lamentable. La gente siente que ni siquiera en Carabineros de Chile cuenta con un aliado para sentirse más segura, protegida.
Lamentablemente, en ese momento no fue posible ubicar a la fiscal. Sin embargo, se trataba de un delito flagrante, por lo que Carabineros debió haber actuado en ese lugar y en ese minuto, cuando dos personas habían sido agredidas con arma blanca. Gracias a Dios, no tenemos que lamentar la muerte de ninguna de ellas y se recuperan, lo que nos deja a todos muy contentos.
Por lo expresado, solicito que se oficie nuevamente para que el Ministerio Público investigue cómo se está aplicando la reforma procesal penal en las comunas de la Cuarta Región y las razones por las cuales no se pudo ubicar a la fiscal para que entregara a Carabineros la orden de detención.
Por último, solicito que se oficie al general director de Carabineros y a los ministros de Defensa y de Interior a fin de que dispongan una investigación respecto de la actuación que le cupo a Carabineros de Chile en estos hechos.
Siempre he sido partidario de apoyar a esa importante institución. Sin embargo, con la misma fuerza con que la he respaldado, quiero ser muy drástico en usar mis atribuciones fiscalizadoras con el fin de investigar su actuación en este episodio, y en caso de descubrirse alguna falta, aplicar las sanciones que correspondan a los oficiales a cargo. Es muy importante mantener alerta a esa institución y no escudar en la ley o en determinados procedimientos las faltas que se cometen cuando se deben atender situaciones tan lamentables como las que he descrito.
He tenido muchas diferencias de carácter político con el alcalde de Monte Patria , pues él pertenece al Partido Demócrata Cristiano y quien habla a la UDI. Sin embargo, mi calidad humana me obliga, como padre de familia, a manifestarle mi solidaridad, la que hago extensiva a su esposa e hijos, pues lamento profundamente lo que le ha ocurrido.
Por ello, solicito que se haga llegar copia de esta intervención al alcalde de Monte Patria , con el fin de que tome conocimiento de la preocupación que nos asiste por la difícil situación que le ha tocado vivir.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de quienes la manifiestan.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.52 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002. (boletín Nº 3280-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, y suscrita por Chile en igual fecha.
I. ANTECEDENTES.
La presente Convención se fundamenta en la necesidad de adoptar, en el sistema interamericano, un conjunto de medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación, teniendo en cuenta que constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales, que es causa de profunda preocupación para todos los Estados americanos.”
Asimismo, reconocer los graves daños económicos para los Estados que pueden resultar de actos terroristas, constituye uno de los factores que subrayan la necesidad de cooperar y la urgencia en aunar esfuerzos para erradicar el terrorismo.
II. CONTENIDO DE LA CONVENCION.
1. Conceptos básicos.
El Artículo 1 define los objetivos y fines de la Convención. Esta tiene por propósito prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, adquiriendo los Estados Partes el compromiso de adoptar las medidas necesarias para fortalecer la cooperación entre ellos.
2. Conductas constitutivas de delito.
El Artículo 2 previene que, para los propósitos de la Convención, se entienden por “delitos” aquellos establecidos en una lista de diez instrumentos internacionales vigentes, de los cuales Chile es Parte en todos ellos.
3. Compromisos de los Estados Partes.
El Artículo 4 establece las medidas que los Estados Parte deberán adoptar para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo.
Así, los Estados que no lo hubieren hecho, adquieren el compromiso de establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, como asimismo, para lograr una cooperación internacional efectiva.
En este sentido, se deberá incluir:
a) Un régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, instituciones financieras y entidades consideradas susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Este régimen incluye requisitos relativos a la identificación del cliente, conservación de registros y comunicación de transacciones sospechosas o inusuales.
b) Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, otros instrumentos negociables al portador y otros movimientos relevantes de valores.
c) Medidas que aseguren que las autoridades competentes tengan las capacidades para cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional. Con este fin, cada Estado deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia financiera que sirva como centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información relevante sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Por su parte, el Artículo 5, relativo al embargo y decomiso de fondos u otros bienes, estipula que cada Estado Parte, de conformidad con su legislación interna, adoptará las medidas para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar, hayan facilitado o financiado la comisión de un delito establecido en los acuerdos internacionales enumerados en el Artículo 2 de esta Convención.
Luego, el Artículo 6 señala que cada Estado Parte deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que su legislación penal referida al delito del lavado de dinero, incluya como delitos determinantes de éste, aquellos establecidos en el Artículo 2 de esta Convención, incluyendo aquellos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.
Los Artículos 7 y 8, enseguida, contemplan la cooperación, tanto en el ámbito fronterizo como entre las autoridades competentes, para la aplicación de la ley y para combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el Artículo 2.
El Artículo 9 alude a la prestación de asistencia jurídica mutua respecto a la prevención, investigación y proceso de los delitos y aquellos relacionados con éstos, de conformidad con la normativa internacional aplicable.
Por último, el Artículo 10 regula el traslado de personas bajo custodia, particularmente de aquellas que se encuentran detenidas o cumpliendo condenas en el territorio de un Estado Parte, y que deben prestar testimonio o ayuda en la investigación o enjuiciamiento en relación a los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el Artículo 2, las que deberán cumplir una serie de condiciones para permitir su traslado.
4. Inaplicabilidad de la excepción por delito político.
El Artículo 11 destaca que para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, no se considerará como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos, ninguno de los ilícitos establecidos en los instrumentos internacionales señaladas en el Artículo 2. En suma, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá ser denegada aludiendo a tales motivaciones.
5. Denegación de la condición de refugiados y asilados.
Los Artículos 12 y 13 consignan que cada Estado Parte deberá tomar las medidas correspondientes a fin de asegurar que no se reconozca la condición de refugiado, ni se otorgue asilo, a aquellas personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos contemplados en los instrumentos internacionales enumerados en el Artículo 2 de la Convención.
6. Interpretación y derechos humanos.
Por su parte, el Artículo 14 enfatiza que las disposiciones de esta Convención no pueden ser interpretadas como una obligación de proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas”para creer que la solicitud tiene como base una discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.
A continuación, el Artículo 15 ofrece un resguardo al establecer que las medidas que puedan adoptar los Estados Parte para dar cumplimiento a la Convención, deberán llevarse a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
7. Consultas.
Las Partes celebrarán reuniones periódicas de consulta, con el propósito de facilitar la implementación de esta Convención e intercambiar información y experiencias sobre formas y métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el terrorismo.
8. Jurisdicción.
El Artículo 19 prescribe que lo dispuesto en esta Convención no faculta a un Estado Parte para ejercer jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte, ni para realizar funciones reservadas a las autoridades de ese otra Parte de acuerdo a su derecho interno.
9. Reservas.
La presente Convención no contempla la posibilidad de formularlas.
10. Cláusulas finales.
Los Artículos 20, 21, 22 y 23 regulan los aspectos relacionados con el Depositario, la firma y ratificación del Tratado, la entrada en vigor y la denuncia del mismo.
De conformidad al Artículo 20, esta Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el sexto instrumento de ratificación de la misma en la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA , Ministra de Relaciones Exteriores ; JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro del Interior ; LUIS BATES HIDALGO , Ministro de Justicia ”.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO
Certifico que el documento adjunto es copia fiel y exacta de los textos auténticos en español, inglés, portugués y francés de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada el 3 de junio de 2002, en Bridgetown, Barbados, y que los textos firmados de dichos originales se encuentran en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
La presente certificación se expide a solicitud de la Misión Permanente de Chile ante la OEA.
Washington, D.C., 8 de julio de 2002.
(Fdo.): JEAN MICHAEL ARRIGHI , Director Departamento de Derecho Internacional Subsecretaría de Asuntos Jurídicos ”.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO
Los Estados Parte en la presente Convención,
Teniendo presente los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas;
Considerando que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es causa de profunda preocupación para todos los Estados Miembros;
Reafirmando la necesidad de adoptar en el sistema interamericano medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación;
Reconociendo que los graves daños económicos a los Estados que pueden resultar de actos terroristas son uno de los factores que subrayan la necesidad de la cooperación y la urgencia de los esfuerzos para erradicar el terrorismo;
Teniendo en cuenta la resolución RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, “Fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”, adoptada en la Vigésima Tercera Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objeto y fines
La presente Convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta Convención.
Artículo 2
Instrumentos internacionales aplicables
1. Para los propósitos de esta Convención, se entiende por “delito” aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación:
a. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
b. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.
c. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.
d. Convención Internacional contra la forma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.
e. Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
f. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
g. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
h. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
i. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.
j. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999.
2. Al depositar su instrumento de ratificación a la presente Convención, el Estado que no sea parte de uno o más de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo podrá declarar que, en la aplicación de esta Convención a ese Estado Parte, ese instrumento no se considerará incluido en el referido párrafo. La declaración cesará en sus efectos cuando dicho instrumento entre en vigor para ese Estado Parte, el cual notificará al depositario de este hecho.
3. Cuando un Estado Parte deje de ser parte de uno de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo, podrá hacer una declaración con respecto a ese instrumento, tal como se dispone en el párrafo 2 de este artículo.
Artículo 3
Medidas internas
Cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, se esforzará por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.
Artículo 4
Medidas para prevenir, combatir y erradicar
la financiación del terrorismo
1. Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo y para lograr una cooperación internacional efectiva al respecto, la cual deberá incluir:
a. Un amplio régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, otras instituciones financieras y otras entidades consideradas particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Este régimen destacará los requisitos relativos a la identificación del cliente, conservación de registros y comunicación de transacciones sospechosas o inusuales.
b. Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos relevantes de valores. Estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para garantizar el debido uso de la información y no deberán impedir el movimiento legítimo de capitales.
c. Medidas que aseguren que las autoridades competentes dedicadas a combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 tengan la capacidad de cooperar e intercambiar información en los niveles nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. Con ese fin, cada Estado Parte deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia financiera que sirva como centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. Cada Estado Parte deberá informar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos sobre la autoridad designada como su unidad de inteligencia financiera.
2. Para la aplicación del párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte utilizarán como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades regionales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).
Artículo 5
Embargo y decomiso de fondos u otros bienes
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación interna, adoptará las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 serán aplicables respecto de los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.
Artículo 6
Delitos determinantes del lavado de dinero
1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesidad para asegurar que su legislación penal referida al delito del lavado de dinero incluya como delitos determinantes del lavado de dinero los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Los delitos determinantes de lavado de dinero a que se refiere el párrafo 1 incluirán aquellos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.
Artículo 7
Cooperación en el ámbito fronterizo
1. Los Estados Parte, de conformidad con sus respectivos regímenes jurídicos y administrativos internos, promoverán la cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.
2. En este sentido, promoverán la cooperación y el intercambio de información para mejorar sus controles de emisión de los documentos de viaje e identidad y evitar su falsificación, alteración ilegal o utilización fraudulenta.
3. Dichas medidas se llevarán a cabo sin perjuicio de los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y a la facilitación del comercio.
Artículo 8
Cooperación entre autoridades competentes
para la aplicación de la ley
Los Estados Parte colaborarán estrechamente, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos legales y administrativos internos, a fin de fortalecer la efectiva aplicación de la ley y combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2. En este sentido, establecerán y mejorarán, de ser necesario, los canales de comunicación entre sus autoridades competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Artículo 9
Asistencia jurídica mutua
Los Estados Parte se prestarán mutuamente la más amplia y expedita asistencia jurídica posible con relación a la prevención, investigación y proceso de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 y los procesos relacionados con éstos, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables en vigor. En ausencia de esos acuerdos, los Estados Parte se prestarán dicha asistencia de manera expedita de conformidad con su legislación interna.
Artículo 10
Traslado de personas bajo custodia
1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
a. La persona presta libremente su consentimiento, una vez informada, y
b. Ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas.
2. A los efectos del presente artículo:
a. El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa.
b. El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados.
c. El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución.
d. Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada.
3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no será procesada, detenida ni sometida a cualquier otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su. salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.
Artículo 11
Inaplicabilidad de la excepción por delito político
Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 se considerará como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos.
Artículo 12
Denegación de la condición de refugiado
Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Artículo 13
Denegación de asilo
Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.
Artículo 14
No discriminación
Ninguna de las disposiciones de la presente Convención será interpretada como la imposición de una obligación de proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas para creer que la solicitud ha sido hecha con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o si el cumplimiento de la solicitud causaría un perjuicio a la situación de esa persona por cualquiera de estas razones.
Articulo 15
Derechos humanos
1. Las medidas adoptadas por los Estados Parte de conformidad con esta Convención se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional humanitaria, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de , los refugiados.
3. A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del derecho internacional.
Artículo 16
Capacitación
1. Los Estados Parte promoverán programas de cooperación técnica y capacitación, a nivel nacional, bilateral, subregional y regional y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, para fortalecer las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Convención.
2. Asimismo, los Estados Parte promoverán, según corresponda, programas de cooperación técnica y de capacitación con otras organizaciones regionales e internacionales que realicen actividades vinculadas con los propósitos de la presente Convención.
Artículo 17
Cooperación a través de la Organización de los Estados Americanos
Los Estados Parte propiciarán la más amplia cooperación en el ámbito de los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte), en materias relacionadas con el objeto y los fines de esta Convención.
Articulo 18
Consulta entre las Partes
1. Los Estados Parte celebrarán reuniones periódicas de consulta, según consideren oportuno, con miras a facilitar:
a. La plena implementación de la presente Convención, incluida la consideración de asuntos de interés relacionados con ella identificados por los Estados Parte; y
b. El intercambio de información y experiencias sobre formas y métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el terrorismo.
2. El Secretario General convocará una reunión de consulta de los Estados Parte después de recibir el décimo instrumento de ratificación. Sin perjuicio de ello, los Estados Parte podrán realizar las consultas que consideren apropiadas.
3. Los Estados Parte podrán solicitar a los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el Cicte, que faciliten las consultas referidas en los párrafos anteriores y preste otras formas de asistencia respecto de la aplicación de esta Convención.
Articulo 19
Ejercicio de jurisdicción
Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.
Artículo 20
Depositario
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 21
Firma y ratificación
1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
2. Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 22
Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el sexto instrumento de ratificación de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
Artículo 23 Denuncia
1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General de la Organización .
2. Dicha denuncia no afectará ninguna solicitud de información o de asistencia hecha durante el período de vigencia de la Convención para el Estado denunciante.
Conforme con su original.
(Fdo.): CRISTIÁN BARROS MELET, Subsecretario de Relaciones Exteriores .
Santiago , 22 de mayo de 2003?.
2. Oficio del Senado.
“Nº 22.523
Valparaíso, 8 de julio de 2.003.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto que adecua la legislación que indica, conforme a los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) suscritos por Chile, correspondiente al Boletín Nº 2421-03, con las siguientes modificaciones:
Artículo 3º
Ha incorporado como inciso segundo, nuevo, el siguiente:
“El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá poner en conocimiento de las Comisiones de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados los proyectos de reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad de otros países miembros de la OMC que sean notificados a la autoridad chilena.”.
Artículo 5º
Ha reemplazado su expresión final “la misma” por “este Título”.
-o-
Ha incorporado como artículo 7º, nuevo, el siguiente:
“Artículo 7º.- Será competente para conocer de la solicitud de que trata el artículo anterior, el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación.
Lo anterior, sin perjuicio de que la medida referida pueda ser decretada en cualquier estado de los procedimientos por infracciones a las leyes números 19.039 y 17.336.”.
-o-
Artículos 7º y 8º
Han pasado a ser artículos 8º y 9º, respectivamente, sin enmiendas.
Artículo 9º
Ha pasado a ser artículo 10.
En su inciso primero, ha intercalado la voz “personalmente”, precedida de coma (,), a continuación de las palabras “para su cumplimiento”.
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 11, sin enmiendas.
Artículo 11
Ha pasado a ser artículo 12,
Ha incorporado como incisos segundo y tercero, respectivamente, los siguientes:
“En ningún caso el tribunal que decretó la medida podrá disponer su alzamiento, sin que antes se le acredite el pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que pudieren afectar su importación.
Asimismo, el depositario de las mercancías no podrá venderlas, disponer de ellas o cederlas a cualquier título, ni consumirlas o utilizarlas, mientras no se decrete el alzamiento a que se refiere el inciso anterior.”.
Artículo 12
Ha pasado a ser artículo 13.
En su inciso primero, ha intercalado, a continuación del término “despacho”, la frase “a la aduana respectiva”.
En su inciso segundo, ha incorporado, la siguiente frase final: “sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior”, precedida de una coma (,).
Artículos 13 y 14
Han pasado a ser artículos 14 y 15, respectivamente, sin enmiendas.
Artículo 15
Ha pasado a ser artículo 16.
En su inciso primero, ha efectuado las siguientes modificaciones:
Ha reemplazado las oraciones “mercancía que infringe el derecho que se reclama, o existan presunciones o antecedentes fundados sobre infracciones a un derecho de propiedad”industrial o intelectual, entregados por el titular o un tercero” por “mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor”, y ha agregado la siguiente oración final: “La Aduana deberá, además, efectuar la denuncia, en conformidad a la ley.”.
En su inciso segundo, ha sustituido su frase inicial “En estos casos se procederá a la suspensión del despacho de la mercancía por” por “La suspensión del despacho que disponga la aduana en conformidad a este artículo tendrá”, y las referencias al “artículo 10” y al “artículo 11” por otras al “artículo 11” y al “artículo 12”, respectivamente.
Artículos 16 y 17
Han pasado a ser artículos 17 y 18, respectivamente, sin enmiendas.
Artículo 18
Ha pasado a ser artículo 19.
En su número 3), ha suprimido las palabras “que ha pasado a ser 6º”, y la coma (,) que le sigue.
Artículo 19
Ha pasado a ser artículo 20.
En el número 5), ha intercalado el vocablo “seudónimo” seguido de una coma (,), entre la coma (,) que sigue a la voz “nombre” y la palabra “firma”.
Ha suprimido su número 6).
Sus números 7) y 8) han pasado a ser números 6) y 7), respectivamente, sin enmiendas.
Su número 9) ha pasado a ser número 8).
En el artículo 66 propuesto por este numeral ha realizado las siguientes modificaciones:
En su encabezamiento, ha reemplazado la combinación “y/o” por la conjunción “y”, y
Ha suprimido el número 4) del artículo propuesto.
Ha suprimido su número 10).
Artículo 20
Ha pasado a ser artículo 21, sin enmiendas.
Artículo 21
Ha pasado a ser artículo 22, sustituido por el siguiente:
“Artículo 22 .- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 168 bis del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2,”del Ministerio de Hacienda, de 1997:
1) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “del” y “peso”, la expresión “origen”, seguida de una coma (,).
2) Intercálase en el inciso segundo, entre las expresiones “el” y “peso”, la palabra “origen”, seguida de una coma (,).”.
-o-
Ha incorporado como artículos 23 y 24, nuevos, los siguientes:
“Artículo 23 .- La referencia a la letra f) del artículo 10 que hace el artículo 24 de la ley Nº 19.738, se entiende que es a la letra “e)”.
Artículo 24.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.483:
1) Elimínase la letra j) del artículo 1º.
2) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 5º por el siguiente:
“Los vehículos se valorarán conforme al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Gatt,”de 1994, Acuerdo sobre Valoración Aduanera.”.
3) Deróganse los artículos 3º, 9º, 10, 11, 11 bis, 12 y 12 bis.”.
-o-
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Ha suprimido el epígrafe “DISPOSICIONES TRANSITORIAS”.
Artículo primero
Ha cambiado su denominación por “Artículo transitorio”.
Artículo segundo
Lo ha suprimido.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con dos votos en contra y una abstención y que, en particular, los artículos 7 y 12, inciso segundo, en los términos propuesto por segundo informe, fueron aprobados, en el carácter de ley orgánica constitucional, con el voto conforme de 36 y 27 señores Senadores, respectivamente, de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3632, de 23 de enero de 2002.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
3. Oficio del Senado.
“Nº 22.522
Valparaíso, 8 de julio de 2003.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión de esta fecha, el Senado ha aprobado el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para permitir la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados , en las condiciones que indica, correspondiente al boletín Nº 2774-15.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta”a su oficio Nº 4384, de 19 de Junio de 2.003.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
4. Oficio del Senado a través del cual concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Norbert Gunter Lechner Bartholme . (boletín Nº 3260-07) (S)
“Nº 22.474
Valparaíso, 2 de julio de 2003.
Con motivo de la Moción e informe que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Norbert Gunter Lechner Bartholme .”.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”,
Moción de los Honorables Senadores señora Frei y señores Gazmuri , Larraín , Silva y Valdés , mediante la cual inician un proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Norbert Gunter Lechner Bartholme . (boletín Nº 3260-07)
Por el presente acto venimos en presentar ante V.E., para que sea sometida a la tramitación constitucional correspondiente, una moción de ley tendiente a reconocer a don Norbert Gunter Lechner Bartholme por gracia especial, la calidad de ciudadano chileno.
El señor Norbert Gunter Lechner Bartholme , nació en Karlsruhe, Alemania, el 10 de junio de 1939. Recibió su licenciatura en Derecho en 1964 y llegó por primera vez a nuestro país en 1965, becado por la Fundación Konrad Adenauer para trabajar en el Instituto de Estudios Políticos que dirigía Jaime Castillo Velasco . Su interés por Chile lo llevó a decidir que su tesis de doctorado en Ciencias Políticas, otorgado por la Facultad de Filosofía de la Universidad dé Freiburg, la haría sobre “La Democracia en Chile”. Presentada, aprobada y publicada su tesis en 1971 se instaló en nuestro país en donde fue contratado como Profesor del Centro de Estudios de la Realidad Nacional de 1a Universidad Católica de Chile. El 11 de Septiembre de 1972 se le concedió la residencia definitiva.
La identificación de Norbert Lechner con nuestro país quedó de manifiesto cuando después del 11 de septiembre de 1973 decidió permanecer en Chile y entregar, desde el área de las Ciencias Sociales, los aportes que fueran necesarios para la reconstrucción de un modelo democrático. En reconocimiento a sus méritos como investigador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, lo invitó a integrarse a su comunidad académica donde se desempeñó, entre los años 1974 al 1976, como experto asociado de Unesco . Más tarde pasó a desempeñarse como profesor investigador de la Flacso, colaborando desde ese puesto a la formación de profesionales y a la elaboración de artículos y publicaciones que contribuyeron entonces -y siguen haciéndolo ahora- al conocimiento de la realidad chilena y de América Latina en un importante período de la historia de nuestro continente. Estudios como “La crisis del Estado en América Latina” (1978), o “La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado (1985)”, son documentos que entregan información y puntos de vista trascendentes para el análisis político y social de los respectivos momentos en que fueron escritos y que constituyeron un aporte fundamental para quienes entonces diseñaban caminos democráticos para sus países.
En 1988, la Flacso lo eligió como su Director, puesto que desempeñó en forma brillante hasta 1994, durante el difícil periodo de término del régimen militar y tránsito a la democracia.
Existe unanimidad de criterio en los círculos intelectuales de Chile y de América sobre la contribución que los trabajos de Norbert Lechner entregan al debate mundial de las ciencias políticas sobre temas relacionados con la memoria, la vivencia del tiempo, el papel del temor y de. los imaginarios en el quehacer político.
Debido al prestigio de sus trabajos, en 1994 fije invitado a formar parte del cuerpo docente del doctorado de Flacso en Ciencias Sociales con presidencia en México. Permaneció en ese país durante dos años, pero decidió regresar a Chile a fines de 1997 y, desde entonces pasó a integrar el grupo de investigadores que trabaja para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano en Chile.
El reconocimiento internacional a Norbert Lechner y su decisión de entregar su aporte intelectual desde y para Chile -lo que ha hecho prácticamente durante toda su vida profesional- constituyen un motivo de orgullo nacional y mérito suficiente como para otorgarle como agradecimiento, por Ley de especial gracia, la nacionalidad del país al que ha honrado y servido.
Como testimonio de las consideraciones anteriores, acompañamos un Currículum Vitae de don Norbert Gunter Lechner Bartholme y sometemos estos antecedentes ante el honorable Senado, para que siga el curso legal correspondiente, la siguiente moción de ley:
Otórguese a don Norbert Gunter Lechner Bartholme la nacionalidad chilena por gracia especial en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 Nº 5 de la Constitución Política de la República de Chile.
CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre:
Norbert Lechner
Fecha de nacimiento:
10 de junio de 1939 en Karlsruhe, Alemania
Nacionalidad:
Alemana (residencia permanente en Chile)
Residencia:
Av. San Bernabé 528, Col San Jerónimo , México DF .
10.200; Tlf. (52-5) 683-1485 (hasta marzo 97)
Simón González 8121 , casa 10; Santiago de Chile; Tlf.
(562) 273-1912 (a partir de julio 1997)
ESTUDIOS
1959-1964, Estudios de Derecho en München, París y Freiburg
1964-1969, Estudios de Ciencias Políticas en Freiburg
TÍTULOS
Licenciatura en Derecho
Ministerio de Justicia de Baden Württemberg, Stuttgart 1964
Doctorado de Ciencias Políticas
Facultad de Filosofía, Universidad de Freiburg,1969
OCUPACIÓN
1994-1997 Profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, Sede México .
1976-1994 Profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, Sede Chile.
1974-1976 Experto Asociado de Unesco , adscrito a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso.
1971-1973 Profesor del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren), Universidad Católica de Chile, Santiago.
CARGOS
1994-1997 Miembro del Comité Científico Ejecutivo del Programa Intergubernamental en Ciencias Sociales de Unesco “Management of Social Transformations”. (Most).
1988-1994 Director de Flacso , Programa Chile.
1993-1994 Miembro de la Comisión Asesora en Ciencias Sociales del Conicyt (Chile).
1993-1994 Miembro de la Comisión de Evaluación en Derecho y Ciencias Políticas del Fondecyt (Chile).
Coordinador de la Comisión de Programa del Congreso Chileno de Ciencia Política (1992) y miembro de la Comisión de Programa del I Congreso Iberoamericano de Ciencia Política (1993).
Consultor de Unesco y Fundación Ford. Jurado del Programa de Becas de la Fundación Ford.
1978-1985 Coordinador de la Comisión “Teoría de Estado y de la política” en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso .
INVITACIONES
Profesor visitante (estadía de un mes o más) en el Institut d’Etudes Politiques, París (1997); Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid , (1985); Cebrap, Sao Paulo (1985); Cide, México (1981); Instituto de Investigaciones Sociales Unam, México (1980); Universidad de Konstanz, Alemania (1978); Max-Planck Institut , Stamberg , Alemania (1974).
LIBROS (autor)
Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política. FLACSO 1988; reeditado por el, Fondo de Cultura Económica, Santiago 1990 ; 183 p. (Segunda edición por FCE 1996)
La conflictiva y nunca acabada construcción y del orden deseado. Flacso-Santiago 1984, 204 p.; reeditado por CIS-Siglo XXI, Madrid 1986 .
La crisis del Estado en América Latina. El Cid Editor, Caracas 1977.
La democracia en Chile. Ed. Signos, Buenos Aires 1970.
LIBROS (editor)
Capitalismo, democracia y reforma; Flacso-Santiago 1 991.
Cultura política y democratización. Clacso-Flacso-ICI, Santiago 1987 .
¿Qué es el realismo en política?. Ed. Catálogo, Buenos Aires 1986.
Partidos y democracia, en colaboración con J.J. Brunner y A. Flisfisch). Flacso 1985.
¿Qué significa hacer política?. Desco , Lima 1982,.
Estado ypolítica en América Latina. Siglo XXI, México 1980 , (Sta. edición 1985).
ARTÍCULOS EN LIBROS
El malestar con la política y la reestructuración de los mapas políticos, en R. Winocour (ed.) Culturas políticas a fin de siglo, Flacso-México (en prensa)
Rescoping our political maps, in A. Schedler (ed.) The End of Politics? Exploring Modern Antipolitics; Macmillan Press 1996
Staat und Zivilgesellschaft in lateinamerikanischen Demokratisierungsprozessen, en Kolland, Pilz, Schedier, Schicho (eds.): Staat und Zivilgesellschaft, Brandes & Apsel/ Südwind, Frankfurt 1996
Das Unbehagen an der Politik, en Jager, Mühieisen , Veen (eds.) Republik and Dritte Welt ; ed. Schóningh 1994.
Os novos perfis da politica, en M. Baquero (comp.) Cultura Política e Democracia, Universidad Federal Rio Grande do Sul, Porto Alegre 1994 .
Apuntes sobre las transformaciones del Estado, en Bernal, Jorge (coord.). Integración y Equidad, Corporación SOS Colombia, Bogotá 1994.
La igualdad como oportunidad para la democracia, en AA.VV. Políticas de Igualdad de Oportunidades, Servicio Nacional de la, Mujer, Santiago de Chile, 1994.
Modernización y modernidad: la búsqueda de,, la ciudadanía, en Zapata, Francisco (ed.): Modernización económica, democracía política y democracia social, El Colegio de México, 1993.
Política y cultura y viceversa, en AA.VV.: Estado y Cultura, Foro 90, Santiago 1993 .
El aporte de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (Ongd) a la vida democrática en América Latina, en AA.VV.: De un pasado común a un futuro mejor, Solidaridad Internacional, Madrid 1993 .
A la búsqueda de la comunidad perdida, en Albala-Bertrand-(coord.): Cultura y Gobernabílidad Democrática, Unesco-Imago Mundi , Buenos Aires 1992.
Transición y democracia en Chile, en Mayorga René (coord.): Democracia y gobernabilidad en América Latina, Ed. Nueva Sociedad, Caracas , 1992.
Some people die of fear: fear as a political problem, en Corradi, Juan , Fagen , Patricia , Garretón, Manuel Antonio (ed.): Fear at the edge. Berkeley , University of California Press , 1992.
La política ¿debe y puede representar a lo social?, en Mario Dos Santos (comp.): ¿Qué queda de la representación política? Ed. Clacso-Nueva Sociedad, Caracas 1992 .
Un desencanto llamado postmodernismo, en: Julio Echeverría (comp.): Debates sobre modernidad y postmodernidad, Ed. Nariz del Diablo, Quito 1991 .
Reflexiones y desafíos para la izquierda, en AA.VV.: Desafíos para la izquierda, Ildis, La Paz, Bolivia 1991.
Repensar el estado democrático, en AA.VV.: Desafíos del estado en los años 90, Foro 90, Santiago 1991.
El sistema de partidos en Chile: una continuidad problemática, en Meyer, Lorenzo y Reyna , José Luis (coord.): Los sistemas políticos en América Latina, México , Siglo Veintiuno editores, 1989.
¿Responde la democracia a la búsqueda de la certidumbre? en Calderón F. (comp.): Socialismo, Autoritarismo y Democracia, Lima, IEP/Clacso, 1989.
Ese desencanto llamado posmoderno, en Calderón, Fernando (ed): Imágenes desconocidas:. la modernidad en la encrucijada postmodenta, Clacso , Buenos Aires, 1988.
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México , D.F., enero de 1997”.
Moción de los diputados señores Riveros , Burgos , Bustos , Muñoz , Olivares , Ortiz , Seguel , Tapia y de la diputada Adriana Muñoz .
Interpreta el Código del Trabajo, en cuanto hace aplicable sus normas a trabajadores de los conservadores de Bienes Raíces, Notarías y archiveros. (boletín Nº 3281-13)
Que en las denominadas reformas laborales el legislador tuvo especial preocupación de incorporar el actual inciso final del artículo 1 del Código del Trabajo, mediante el artículo único N° 1, de la ley N° 19.759, publicada en el Diario Oficial de 5 de octubre de 2001, y que entró en vigencia el 1 de diciembre de ese año.
Que dicho inciso final del artículo 1° del Código del Trabajo señala que “Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código.”
Que la aplicación práctica de esta norma no ha estado exenta de controversia, a pesar de que de su lectura es posible observar claramente que el propósito del legislador, y por ende el de la norma, es hacer aplicable en toda su extensión las normas del Código del Trabajo a los trabajadores que laboran en los oficios de notarías, archiveros o conservadores.
Que dichos trabajadores han visto seriamente vulnerados sus derechos laborales al no serles aplicables “claramente”, a juicio de algunos, ningún estatuto que garantice resguardos a sus prestaciones básicas en materia de terminación de contrato y afiliación sindical.
Que el Convenio 87, artículo segundo, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que “los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tiene derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”
Que en este escenario la Corte Suprema de Justicia adoptó el “acuerdo del pleno” de fecha 2 de septiembre de 2002, motivada por oficio de los Conservadores de Bienes Raíces de Santiago, mediante el cual solicitaban instrucciones relativas a descuentos de cuota sindical de su personal. El citado acuerdo señala, en lo que interesa, que conforme al artículo 269 del Código Orgánico de Tribunales, los Conservadores de Bienes Raíces pertenecen al Escalafón Secundario del Poder Judicial y que, según el artículo 504 de ese código, en sus oficios debe haber el número de oficiales de secretaría necesario para el pronto y expedito ejercicio de sus funciones y el buen régimen de la oficina, pero que, sin embargo no puede laborar ningún oficial de secretaria, sin haber obtenido previamente el permiso y aprobación de la respectiva Corte o juzgado. Además, de acuerdo a lo que dispone el inciso 3° del mencionado artículo, la Corte o juzgado respectivo puede ordenar que se despida a uno de dichos funcionarios, siempre que lo estime conveniente por consideraciones de prudencia, de moralidad o de buena disciplina. Por lo que, en consecuencia, no corresponde que constituyan sindicatos los oficiales de secretaría que se desempeñan en el oficio de un Conservador de Bienes Raíces, por resultar incompatible el régimen al que se encuentran adscritos y que está establecido en el Código Orgánico de Tribunales, con el régimen a que quedan sometidos los trabajadores sindicalizados Agregando, luego, que por esas consideraciones resuelve que no es procedente que constituyan sindicatos los trabajadores que prestan servicios en el oficio de un Conservador de Bienes Raíces.
Que la situación provocada por el acuerdo del pleno de la Corte Suprema debe corregirse orientándola en el sentido que primitivamente se tuvo en cuenta por el legislador del ramo, y que no es otro que reconocer, expresamente, el derecho de todo trabajador de oficinas de conservadores, archiveros o notarios, de ser sujeto de las normas del Código del Trabajo en toda su amplitud, y particularmente de aquellas que son consideradas “derechos laborales fundamentales” como lo es el derecho a sindicalizarse libremente. Sin perjuicio de reconocer vigente, expresamente, la facultad que otorga el Código Orgánico de Tribunales en materia de empleados de los Conservadores de Bienes Raíces a los Tribunales de Justicia, en el inciso tercero del artículo 504, la que debe ser considerada como una causal espacialísima de término de la relación laboral.
Por tanto, vengo en presentar el siguiente proyecto de ley interpretativa del inciso cuarto del artículo 1° del Código del Trabajo.
PROYECTO DE LEY
“Artículo único: declárese interpretado el inciso cuarto del artículo primero del Código del Trabajo en el siguiente sentido:
El inciso cuarto del artículo 1° del Código del Trabajo en cuanto señala que “Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código.”, debe interpretarse y aplicarse de forma tal que la totalidad del estatuto laboral, en todas sus manifestaciones y expresiones, que emana del Código del Trabajo, resulte aplicable a los trabajadores que laboran en los oficios de notarias, archiveros o conservadores, sin perjuicio de que en el ingreso, desempeño y término de sus cargos deban, eventualmente, quedar sujetos a cumplir o someterse a normas de cuerpos legales diversos, tales como el Código Orgánico de Tribunales.
Sin embargo la citada sujeción a normas extrañas al Código del Trabajo no deberá constituirse en obstáculo para la aplicación, como ya se señaló, de la totalidad del estatuto laboral contenido en el Código del Trabajo”.