Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD.
- INTEGRACIÓN
- Marcela Cubillos Sigall
- Carmen Fernandez
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Carolina Toha Morales
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jose Antonio Kast Rist
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Pablo Prieto Lorca
- Jaime Quintana Leal
- Exequiel Silva Ortiz
- Alberto Robles Pantoja
- Fulvio Rossi Ciocca
- Patricio Walker Prieto
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD.
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL GRUPO INVERLINK.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- DEBATE
- PAREO
- Boris Tapia Martinez
- Felipe Salaberry Soto
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Jaime Quintana Leal
- Jose Perez Arriagada
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- PAREO
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL GRUPO INVERLINK.
- VI. INCIDENTES
- CUMPLIMIENTO DE PROMESAS A PEHUENCHES DEL ALTO BIOBÍO. Oficio.
- PARALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO URBANO EN PURRANQUE. Oficios.
- ADHESION
- Pedro Araya Guerrero
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- INCLUSIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA SEXTA REGIÓN EN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA. Oficios.
- CESIÓN DE TERRENO EN COMODATO A COMERCIANTES DEL SECTOR DE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO. Oficios.
- ADHESION
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Sergio Ojeda Uribe
- Pedro Araya Guerrero
- Alejandro Navarro Brain
- Enrique Accorsi Opazo
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- DEFICIENCIAS EN ATENCIÓN DE URGENCIA EN COMUNA DE SAN FABIÁN DE ALICO. Oficios.
- SUPERACIÓN DE DISCREPANCIAS PARA DESPACHO DE NORMATIVA SOBRE ELECTRICIDAD. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Pedro Araya Guerrero
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- ESTADO DE MONUMENTO NATURAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO MILENKO VILICIC KARNINCIC EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. Oficio.
- AUMENTO DE COSTOS DE MEDICAMENTOS EN PRESTACIONES DE CLÍNICAS PRIVADAS. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Pedro Araya Guerrero
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Rosauro Martinez Labbe
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- PROTECCIÓN DE BANDAS DE PRECIOS DEL AZÚCAR. Oficios.
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS DE PLANTA LIMPIADORA DE REDES EN RÍO CHICO, DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BULNES Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL LIMITADA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Prieto Lorca
- Patricio Walker Prieto
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Jorge Burgos Varela
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Mario Varela Herrera
- Rosa Gonzalez Roman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Anibal Perez Lobos
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Carlos Montes Cisternas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alberto Robles Pantoja
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alfonso Vargas Lyng
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Roberto Delmastro Naso
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Osvaldo Palma Flores
- Maria Pia Guzman Mena
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ivan Moreira Barros
- Julio Dittborn Cordua
- Marcelo Forni Lobos
- Cristian Antonio Leay Moran
- Pablo Longueira Montes
- Dario Paya Mira
- Felipe Salaberry Soto
- Mario Varela Herrera
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Mulet Martinez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Zarko Luksic Sandoval
- Sergio Ojeda Uribe
- Edmundo Salas De La Fuente
- Rodolfo Seguel Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 349ª, ORDINARIA
Sesión 13ª, en jueves 3 de julio de 2003
(Ordinaria, de 10.41 a 15.09 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel, y del señor Salas de la Fuente, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- INCIDENTES
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Integración de Comisión Especial de Juventud 9
V. Orden del Día.
- Informe de la Comisión Especial Investigadora de las actividades financieras del grupo Inverlink 9
- Suspensión de tramitación de proyectos de acuerdo 56
VI. Incidentes.
- Cumplimiento de promesas a pehuenches del Alto Biobío. Oficio 56
- Paralización de trabajos de mejoramiento urbano en Purranque. Oficios 57
- Inclusión de caminos rurales de la Sexta Región en programa de pavimentación participativa. Oficios 58
- Cesión de terreno en comodato a comerciantes del sector de Laraquete, comuna de Arauco. Oficios 59
- Deficiencia en atención de urgencia en comuna de San Fabián de Alico. Oficios 60
- Superación de discrepancias para despacho de normativa sobre electricidad. Oficio 61
- Estado de monumento natural La Portada de Antofagasta. Oficios 62
- Homenaje en memoria del ex diputado Milenko Vilicic Karnincic en el décimo aniversario de su fallecimiento. Oficio 63
- Aumento de costos de medicamentos en prestaciones de clínicas privadas. Oficios 64
- Protección de bandas de precios de azúcar. Oficios 65
- Cumplimiento de condiciones sanitarias de planta limpiadora de redes en Río Chico, Décima Región. Oficios 66
- Investigación de convenio entre la municipalidad de Bulnes y el Instituto de Desarrollo Social Limitada. Oficios 67
VII. Documentos de la Cuenta.
1 Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que concede, por especial gracia la nacionalidad chilena a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi (boletín N° 3230-07) (S) 70
Pág.
2. Moción de los diputados señores Prieto, Walker, Álvarez-Salamanca, Burgos, Urrutia, Varela, y de la diputada señora González, doña Rosa, que autoriza erigir un monumento en memoria del ex alcalde de Talca, don José Fernández Llorens (boletín N° 3274-04) 81
3 Moción del diputado señor Errázuriz que obliga a deudores a informar el título por el cual ocupan la vivienda que habitan y sobre cualquier cambio de domicilio (boletín N° 3275-14) 83
4. Moción de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Encina, Montes, Ortiz y Robles, que prohíbe el expendio de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través del sistema de autoservicio (boletín N° 3276-03). 84
5. Moción de los diputados señores Vargas, Galilea, don José Antonio; Álvarez-Salamanca, Cardemil, Delmastro, Errázuriz, García, Hidalgo, Palma, y de la diputada señora Guzmán, doña María Pía, que modifica el decreto ley N° 2.460, de 1979, con el objeto de fijar la duración en el cargo de Director General de la Policía de Investigaciones de Chile (boletín N° 3266-02) 86
6. Moción de los diputados señores Moreira, Dittborn, Forni, Leay, Longueira, Paya, Salaberry y Varela, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica y Cubillos, doña Marcela, que modifica en la forma que indica el decreto ley N° 2.460, con el objeto de establecer los requisitos para el cargo de Director General (boletín N° 3267-02) 87
7. Moción de los diputados señores Mulet, Ascencio, Luksic, Ojeda, Salas y Seguel, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de presentación de candidaturas (boletín N° 3277-06) 88
VIII Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Ministerio de Relaciones Exteriores
- De la diputada señora Rosa González, conclusiones de reuniones binacionales.
Ministerio de Obras Públicas
- Del diputado señor Navarro, componentes viales y de transporte ferroviario; autorización a empresa Sercotal para que talara una veintena de añosos árboles que se encontraban en la ribera del río Mapocho; estudio técnico de lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas servidas de Essbio.
- Del diputado señor Espinoza, sistema de conducción y distribución de agua potable de la empresa Essal.
- Del diputado señor Alvarado, proyecto de conexión directa a la planta de aguas servidas de la Villa Francisco Valdés Subercaseaux, comuna de Ancud.
- Del diputado señor Jaramillo, estado de avance del proyecto de asfalto básico en la calle O’Higgins, comuna de Futrono; cambio de nivel del lago Panguipulli; construcción de gaviones de defensa en la ribera del río Llollelhue, comuna de La Unión; posibilidad técnica de dinamitar una roca peligrosa en el camino entre Rucatregua y Pallohuiente, comuna Panguipulli; construcción de defensa fluvial del río San Pedro, comuna de Los Lagos.
- Del diputado señor Delmastro, habilitación de plaza pública en el proyecto de pavimentación del sector Las Animas, ciudad de Valdivia; obras de saneamiento y mantención del camino vecinal que une las localidades de Máfil y Millahuillin, comuna de Máfil; reparación y repavimentación de diversos caminos de la provincia de Valdivia.
- Del diputado señor Álvarez-Salamanca, avance de la construcción, ampliación y asfaltado de la ruta internacional El Pehuenche, comuna de San Clemente.
- Del diputado señor Kuschel, limpieza del estero Lobo en la Décima Región.
- Del diputado señor Vargas, construcción de pasarela peatonal en la Ruta 5 Norte, comuna La Calera.
- Del diputado señor Bayo, aplazamiento de construcción del puente sobre vado Buenos Aires , comuna de Angol.
- Del diputado señor Ramón Pérez, término de las obras del camino de salida del pueblo de Laonzana, comuna de Huara.
Ministerio de Salud
- Del diputado señor Monckeberg, Canal Navotavo de la comuna de San Carlos.
- Del diputado señor Paredes, presuntas irregularidades en la Posta de Urgencia del Hospital de Arica a propósito de un accidente de tránsito.
- Del diputado señor Molina, situación de establecimientos de salud pública en las comunas rurales y en particular la del Hospital de Combarbalá.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Del diputado señor Hales, ámbito de acción profesional de los ingenieros en ejecución.
Diario La Nación
- Del diputado señor Robles, envío de publicaciones a comunas rurales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (93)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca, Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI RM 16
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Molina Sanchueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D’Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, don Ramón IND-UDI I 2
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles, Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistió, además, el ministro Secretario General de Gobierno , señor Francisco Vidal.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 8ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 9ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Propongo a la Sala constituir la Comisión Especial de Juventud con señoras diputadas y señores diputados que se indican: Marcela Cubillos, Carmen Ibáñez, María Eugenia Mella, Carolina Tohá, Eduardo Díaz, José Antonio Kast, Nicolás Monckeberg, Pablo Prieto, Jaime Quintana, Exequiel Silva, Alberto Robles, Fulvio Rossi y Patricio Walker.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL GRUPO INVERLINK.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial investigadora encargada de analizar la actuación de los organismos del Estado en las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades financieras del grupo Inverlink.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 11ª, en 1 de julio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 9.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Diputado informante es el señor Jorge Burgos
Tiene la palabra su Señoría.
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , la Comisión Especial investigadora encargada de analizar la actuación de los organismos del Estado en las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades financieras del grupo Inverlink , designada por la Corporación, sesionó con la asistencia de los diputados Rodrigo Álvarez , Julio Dittborn , Rodrigo González , Carlos Hidalgo , Nicolás Monckeberg , Carlos Montes , Waldo Mora , Víctor Pérez , que posteriormente fue reemplazado por la diputada señora Rosa González ; Exequiel Silva , Eugenio Tuma , Samuel Venegas y Gastón Von Mühlenbrock , quienes, para realizar su trabajo, tuvieron a la vista los proyectos de acuerdo Nº 187 y Nº 188, cuyos textos refundidos figuran en el informe.
La Comisión celebró dieciséis sesiones y despachó oficios a las personas que se indican en el informe.
En relación con el sector público, la Comisión envió oficios a diversos ministerios y jefes de servicios, requiriendo información necesaria para la investigación dispuesta por la Cámara, todos los cuales fueron contestados regularmente.
Respecto del sector privado, los bancos Scotiabank y BankBoston no respondieron la petición que les formuló la Comisión relativa al envío de antecedentes vinculados con la materia que se investiga.
Por el contrario, cabe destacar que los bancos Santander, BCI, Dresdner Bank y Corpbanca respondieron oportunamente los requerimientos de esta Comisión investigadora.
La nómina de personas invitadas se encuentra indicada detalladamente en la página cinco del informe.
Desde la página seis hasta la 189 del informe se da cuenta resumida de las distintas intervenciones e interrogaciones de que fueron objeto las personas invitadas o citadas, según su calidad jurídica.
Asimismo, en la Comisión se encuentran las declaraciones completas, muchas de las cuales tienen carácter secreto, por si algún señor diputado quiere analizarlas con más detenimiento respecto de los resúmenes que aparecen en el informe que tenemos a la vista.
Desde la página 192 hasta la 202 se hace un breve resumen de las instituciones que fueron analizadas por la Comisión. En ese mismo apartado se indica la cantidad de empresas que formaban parte del denominado holding Inverlink.
Desde la página 203 hasta la 208 se entrega una relación de los hechos que se investigan.
Antes de entrar a la parte considerativa y de proposición de conclusiones, que voy a detallar con mayor precisión, quiero agradecer a los miembros de la Comisión por el trabajo riguroso que realizaron en todas las sesiones y a la Secretaría de la Comisión, que siempre prestó su apoyo técnico y administrativo a fin de terminar en tiempo y forma su informe.
Hago especial mención al diputado miembro de la Comisión , Nicolás Monckeberg , quien colaboró con el suscrito en la redacción del primer borrador, que sirvió de base para que los señores diputados hicieran las indicaciones y modificaciones que posteriormente se discutieron y que forman parte del informe definitivo.
En relación con el informe final, la Comisión adoptó el acuerdo de que su presidente propusiera un proyecto de consideraciones y conclusiones del trabajo efectuado. Esta proposición, con las discusiones e indicaciones formuladas, se encuentran entre las páginas 209 y 262, inclusive, del informe.
Nuestra propuesta es la siguiente:
Respecto de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, indicamos el modus operandi de las operaciones realizadas por el grupo Inverlink con dicha institución.
A partir de los distintos antecedentes conocidos durante la investigación, la Comisión llegó a una serie de conclusiones que permiten describir la forma o modus operandi en que se desarrollaron los hechos que finalmente acarrearon una pérdida patrimonial a la Corfo por un monto cercano a los 100 millones de dólares.
Se hace necesario distinguir dos etapas en que se desarrollaron los hechos, diferenciadas una de otra: una, presumiblemente, desde el 11 de febrero de 2003, momento en que se conoce públicamente la conducta delictual que permitía obtener información privilegiada del computador de quien a la fecha era el presidente del Banco Central . Y otra que tiene relación con las operaciones efectuadas con anterioridad al 11 de febrero de 2003.
A contar de una fecha que no resulta fácil precisar, pero que conforme a antecedentes obtenidos en esta investigación puede remontarse a 1996, el denominado grupo Inverlink efectúa actos destinados a obtener, ilícitamente, recursos financieros con los que habría adquirido participación propietaria en diversos negocios.
Para lo anterior, los dueños de Inverlink diseñan un conjunto de operaciones que les permiten contar, en forma artificial e ilegal, con liquidez, la que a su vez les posibilita financiar la expansión a un cúmulo de negocios o actividades de apariencia lícita.
Junto a lo anterior, según parece, incrementa sus niveles de utilidad, haciendo uso de información privilegiada que obtiene de manera delictual, valiéndose para ello de la complicidad de una funcionaria de confianza del Banco Central.
Si bien es cierto que la eventual conducta delictual de quienes constituyeron la asociación Inverlink se investigan hoy en sede judicial, a efectos, puros y simples, de abocarnos al actuar de los órganos del Estado -materia de nuestro encargo- resulta indispensable detenerse en el modus operandi.
Todo indica que en la primera etapa el grupo Inverlink obtiene recursos frescos para los propósitos antes mencionados tomando uno o más depósitos a plazo fijo en pesos en un banco de la plaza. Para estos fines, probablemente Inverlink obtiene del banco con que opera un sobregiro horario por el monto del depósito, el que le era cubierto a ese banco antes de las 14.00 horas del mismo día. El depósito se toma a veces a nombre de una corredora bancaria, a veces a nombre de Inverlink Corredores de Bolsa S.A. o a nombre de Inverlink Consultores S.A. Inmediatamente después de tomado o adquirido el depósito, Inverlink negocia la venta de dicho depósito con Javier Moya , jefe de Tesorería de Corfo , quien decide adquirirlo.
Para estos efectos el señor Javier Moya habría advertido a Inverlink que, a fin de efectuar la transacción, debía hacerla a través de una corredora bancaria. Inverlink se pone en contacto con la corredora bancaria convenida para venderle el depósito, la que lo adquiere en un valor ligeramente inferior al valor por el cual se tomó el depósito. Inmediatamente después, la corredora bancaria toma contacto con Corfo para negociar a través del señor Moya -siempre Moya- ese documento en un precio ligeramente superior al de compra que la corredora bancaria pagaría a Inverlink.
Estas operaciones, llamadas “operaciones a término”, se materializan de la siguiente forma:
Inverlink entrega el depósito a plazo a la corredora compradora, endosándolo a su favor. La corredora se lo paga con un vale vista. Con dicho vale vista, Inverlink procede a hacer un depósito en la cuenta del banco que le habría permitido el sobregiro horario, cubriendo de este modo el monto del sobregiro horario, salvo por la pequeña pérdida que tuvo al vender el depósito, la que cubriría con recursos propios.
A su vez, la corredora bancaria compradora del depósito emite una orden de venta del documento a favor de Corfo, enviando directamente el depósito vendido al señor Javier Moya , en Corfo, con el respectivo endoso, o enviándolo directamente a Inverlink. Acto seguido, el personal administrativo de la corredora bancaria vendedora retira el vale vista por la venta desde la caja de Corfo en un piso diferente al del señor Moya . En la caja de Corfo, al entregarse el vale vista, se retiene el original de la liquidación por la venta del depósito en la cual se indica que se trata de una “venta a término”.
Una vez concluida esta operación, en esta primera etapa Inverlink queda en una situación prácticamente idéntica a la que estaba en la mañana de ese mismo día; es decir, su cuenta corriente queda saldada y no tiene ningún depósito a plazo en sus manos. A su vez, Corfo ha hecho una inversión transitoria, a través de sus operadores de la Mesa de Dinero, y ha adquirido un depósito a plazo en el mercado secundario a una corredora bancaria, el cual ha sido debidamente recibido en Corfo con pleno conocimiento tanto del señor Moya como del área de la caja de Corfo, pues se trata de una compra “a término” en la que la entrega del papel o al menos la recepción de un certificado de custodia es requisito indispensable para concluir la operación.
El señor Javier Moya decide contabilizar la operación con Corfo como un “pacto” -ya no como una operación “a término”- con la corredora bancaria en la que adquirió el documento como una forma de explicar, en caso necesario, la razón por la cual los documentos no se encuentran físicamente en poder de Corfo. Se desconoce el motivo por el cual las liquidaciones de venta “a término” a Corfo que recibió la caja no fueron contrastadas con la anotación del pacto en los libros contables de dicha Corporación. Ello hace pensar que en la caja de Corfo podrían existir cómplices del señor Javier Moya , así como también en el área contable y de auditoría interna de la propia institución.
Simultáneamente, el señor Javier Moya entrega a Inverlink el depósito a plazo adquirido a cambio de la emisión por parte de alguna empresa del grupo Inverlink , de un “certificado de custodia”.
Una vez que Inverlink recibe el original del certificado de depósito en custodia, habría procedido a desprender los endosos tanto de dicho grupo a favor de la corredora bancaria que lo compró como también el endoso que había hecho la corredora bancaria a favor de Corfo. De esta forma, el depósito que queda en manos de Inverlink, al carecer de endosos, da cuenta de la existencia de un instrumento tomado por Inverlink o endosado a su nombre.
Mas tarde, Inverlink decide apropiarse del depósito y venderlo con pacto de retrocompra a alguna institución bancaria o corredora de bolsa o agencias de valores, acordando con dicha institución que el pacto expirará en una fecha anterior al vencimiento del depósito, o venderlo “a término” a través de alguna corredora de bolsa u otra corredora no bancaria.
Ahora bien, en la fecha de vencimiento del primer pacto de retrocompra, o a la fecha de vencimiento del documento vendido por Inverlink a terceros “a término”, dicho grupo hace algunos tipos de operaciones que permiten pagar a Corfo el valor final de los documentos recibidos en custodia, lo que a su vez le permite a Corfo dar por recibidos los fondos del pacto que tenía contabilizado, finiquitando de ese modo la operación.
El volumen de dinero artificial que Inverlink logra reunir a través de estas operaciones se ha calculado en aproximadamente 30 mil millones de pesos y puede mantenerse en el tiempo, pues lo que ha creado Inverlink con este sistema es una verdadera “bicicleta” que le permite hacerse de miles de millones de pesos sin tener dinero.
Hay que distinguir esas operaciones, que duraron mucho tiempo, de las operaciones posteriores a febrero del 2003, esencialmente al conocimiento público de que este grupo económico, o más bien delictual, recibía información privilegiada, en ciertas situaciones, a través de la acción realizada por quien desempeñaba el cargo de secretaria de confianza del presidente del Banco Central de esa época. Conocido públicamente ese hecho, este sistema de operación relativamente armado debe cambiarse, porque se empieza a manifestar, obviamente, más que una preocupación en el mercado.
Operaciones posteriores al 11 de febrero de 2003.
Con motivo del conocimiento público de una de las acciones ilícitas de Inverlink -la obtención anticipada de valiosos antecedentes de manejo exclusivo del Banco Central-, los agentes del mercado, como en general todos los interesados, internalizaron estos hechos y tomaron de manera inmediata los resguardos que la situación ameritaba. Los agentes cierran o restringen drásticamente las líneas de crédito, impiden sobregiros horarios -elemento esencial para la operación anterior-, pactos u otras facilidades, es decir, en pocos días se desploma una buena parte del andamiaje sobre el cual estaba construido el sistema de operación del grupo. Simultáneamente con esos hechos, y en razón de las mismas noticias, los fondos mutuos de Inverlink son objeto de masivas solicitudes de rescate por parte de sus inversionistas.
Asimismo, según nos informó la Superintendencia de Valores y Seguros -se ha publicado profusamente-, Inverlink operaba como financiera ilegal captando dinero del público, tanto de personas naturales como jurídicas, muchas de las cuales han interpuesto querellas criminales a fin de recuperar sus fondos. De esa forma, Inverlink se ve en la necesidad de disponer de recursos frescos para hacer frente a lo siguiente: a los rescates de los fondos mutuos, a los pagos de los vencimientos de la financiera informal y a los documentos sustraídos a la Corfo, es decir, a aquellos recibidos en custodia y que Inverlink vendió en el mercado, apropiándose indebidamente de ellos, todo lo cual se realizó a través del segundo mecanismo.
Es así como, a contar del 4 de febrero, el señor Javier Moya decide tomar depósitos a plazo directamente en el mercado y a su propio nombre en distintos bancos de la plaza. Todas estas operaciones son ejecutadas personalmente por el señor Moya , quien retira los depósitos a plazo del sistema bancario. Para estos efectos, el señor Javier Moya , con su firma y la de otros funcionarios de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo , autoriza el cargo a las cuentas corrientes de la Corporación estatal en uno o más bancos con los que ésta normalmente opera. Inmediatamente después, la Corfo registra en su contabilidad el haber tomado un depósito a plazo en un banco determinado.
El señor Javier Moya -probablemente a estas alturas mucho más que un funcionario corrupto- hace entrega a personeros de Inverlink de los depósitos a plazo tomados a la orden de la Corfo y recibe de éstos un “certificado de custodia”. La cantidad de depósitos entregados por el señor Moya a Inverlink entre el 4 de febrero y el 5 de marzo alcanza, aproximadamente, a 55 mil millones de pesos.
Una vez recibidos los documentos de la Corfo, con o sin endoso, Inverlink por lo general los endosa al fondo mutuo Qualitas , que estaba siendo objeto de rescates masivos por parte de sus partícipes. Cabe hacer notar que entre el 2 de febrero y el 7 de marzo de 2003 de este fondo mutuo se retiraron aproximadamente 50 mil millones de pesos. El fondo mutuo Qualitas , administrado por Inverlink, vende estos depósitos en operaciones fuera de bolsa. Las corredoras y las bolsas los adquieren al contado y los pagan con vales vistas. Inmediatamente después, estas corredoras deciden intermediar estos depósitos a través de los sistemas normales con que opera la bolsa de comercio, y también fuera de la bolsa, a través del sistema de operaciones “capítulo”, anunciando su venta en las respectivas pantallas.
Con el dinero recibido de las corredoras, el fondo mutuo Qualitas paga los rescates de que está siendo objeto y/o desvía los dineros recaudados a otras empresas o sociedades del grupo Inverlink para pagar los vencimientos de la financiera informal derechamente ilegal, y/o pagar a la Corfo directamente documentos recibidos con anterioridad en custodia y que había vendido en el mercado y/o también los destinados a otras con finalidades no precisadas por nosotros, pero que muy probablemente tengan que ver con el ocultamiento de los dineros mal habidos, cuestión ésta que es materia de la investigación penal que conduce el ministro en visita extraordinaria.
En horas de la tarde del día 4 de marzo, funcionarios de la Corfo se informan, a través del Banco Santander, que había depósitos a plazo tomados por la Corfo circulando en el mercado. El día 5 de marzo, a primera hora, la gerente de administración y finanzas de la Corfo -a la sazón la señora Isabel Pinochet -, informa al entonces vicepresidente de dicha institución, señor Gonzalo Rivas , de la situación. La reacción del señor Rivas fue la de ordenar el inmediato despido del señor Moya , lo que sólo vino a ocurrir en los hechos el viernes 7 de marzo. Durante el curso del día 5 de marzo, el señor Moya devuelve a la Corfo los documentos que había tratado de negociar el día anterior con el Banco Santander, los que ingresa a custodia de la Corfo. Sin embargo, el mismo día 5 de marzo, el señor Moya toma un depósito a plazo a nombre de la Corfo en el Banco de Crédito e Inversiones por la cantidad de 5 mil 200 millones de pesos, los que también entrega a Inverlink bajo la modalidad de certificado de custodia mencionada. Asimismo, toma un depósito a la vista a nombre de Banco Santander por 980 millones de pesos, el cual fue entregado a ese Banco por un abogado del señor Monasterio , no obstante tener conocimiento en la víspera de que el señor Moya había tratado de hacer una operación irregular con Inverlink y el Banco Santander.
Entre los días 5 y 6 de marzo, se instruye sumario administrativo al interior de la Corfo. El día 7 de marzo, a las 8.30 horas, se le notifica el despido al señor Moya . Al mediodía, el superintendente de Valores y Seguros se entera, a raíz de una comunicación recibida por parte de uno de los socios de Inverlink, don Ignacio Wulf , de que la Corfo ha sido víctima de ilícitos llevados a cabo por el señor Eduardo Monasterio y otras personas relacionadas, a través de depósitos a plazo. En las horas siguientes, la señora gerente de administración y finanzas realiza un arqueo de emergencia a las inversiones de la Corfo y confirma, vía teléfono, con los bancos de la plaza, que documentos consistentes en depósitos a plazo de la Corfo, por un monto cercano a los 85 mil millones de pesos, no se encuentran en custodia de la Corfo ni en los bancos emisores y/o vendedores de tales instrumentos.
El día sábado 8 de marzo, la Corfo interpone una querella criminal ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago denunciando los delitos de que ha sido víctima.
Hasta ahí la descripción de los hechos tal como, a nuestro juicio, ellos ocurrieron, sobre la base de los testimonios recibidos e investigaciones realizadas.
Acciones u omisiones que permitieron las operaciones descritas.
Para que estas operaciones pudieran efectuarse sin ser detectadas debieron necesariamente confluir muchos factores, algunos directamente relacionados con los sistemas de control de la Corfo y las instituciones fiscalizadoras y otros de carácter netamente material.
En la primera etapa de las operaciones delictuales que anteriormente se describieron, llevadas adelante por el grupo Inverlink y su agente Moya, los partícipes de la organización criminal, tanto aquellos que operaban desde la matriz del grupo, como aquellos que eran sus agentes, tomaron los resguardos para aparentar licitud en sus actuaciones. A lo anterior se une el hecho de que Inverlink se aprovechara de algunas falencias de los softwares con que operan las distintas corredoras, administradoras de fondos mutuos y de inversión. En efecto, los documentos que se adquieren por pantalla y se transan en el mercado son solamente identificados por el nombre del emisor, la fecha del vencimiento y el monto a pagar al vencimiento, pues ésa es la única información que verdaderamente les interesa a los adquirentes de estos documentos, quienes al momento de comprarlos sólo verifican la autenticidad del último endoso, siéndoles irrelevantes cuántas transacciones se celebraron con anterioridad a la compra o quiénes eran los primitivos o subsecuentes beneficiarios del documento. Asimismo, estos softwares no contemplan la inclusión, en las liquidaciones de compra o de venta, de la identificación de los papeles transados por su número de serie, lo que hace imposible a la Bolsa, a la Superintendencia de Valores y Seguros y a los operadores del mercado, saber si el mismo papel está siendo transado más de una vez el mismo día, si está siendo objeto de pactos con más de un intermediario al mismo tiempo, o bien si el papel que se está comprando ya ha pasado, en los días previos, incluso, por la misma corredora, banco o administradora.
No obstante lo anterior, y teniendo presentes los antecedentes que esta Comisión ha conocido y analizado, se puede concluir que las operaciones fraudulentas -en cualquiera de sus etapas- no hubieran podido producir el cúmulo de efectos perniciosos, o dicho de otra manera, no habrían podido extenderse en el tiempo tan impunemente si los controles internos de la Corfo, aun con su extrema precariedad, hubieran funcionado razonablemente.
A continuación se exponen detalladamente un conjunto de hechos al interior de la Corfo que permitieron y facilitaron la ejecución de estas operaciones en sus dos etapas.
A. Fallas en los controles internos de la Corfo.
1. Falta de auditorías externas a la Mesa de Dinero.
Por disposición del vicepresidente ejecutivo de la Corfo , don Gonzalo Rivas , sólo se instruyó efectuar auditorías externas por parte de empresas especializadas a las dependencias de aquella sin considerar la mesa de dinero.
2. Falta de arqueos periódicos y/o sorpresivos.
Si estos arqueos se hubieran efectuado con alguna periodicidad mínima, se habría detectado que los documentos originales de las inversiones de la Corfo, en lugar de estar en su bóveda, donde correspondía o, en su defecto, contar con certificado de custodia emitidos por los bancos emisores, estaban en poder de terceros. Hoy se sabe que era Inverlink, que a su vez los comercializaba vía pactos o ventas a término en el mercado, como indicamos con anteriormente.
Además de la falta de periodicidad mínima para realizar estos arqueos, los únicos fueron practicados por la Contraloría General de la República, en fechas predeterminadas y conocidas por la Corfo, el 2 de enero de cada año -es decir, no eran aleatorios, como ocurre en la práctica en las mesas de dinero-, con el propósito de validar el balance del año anterior. En esta Comisión no se acreditó la existencia de ningún arqueo sorpresivo a la mesa de dinero, ni tampoco arqueo in situ, es decir, a las demás instituciones donde debían estar los documentos sobre los que informaba el señor Moya . Es importante consignar, en relación con esto último, que tanto el actual vicepresidente ejecutivo de la Corfo, don Óscar Landerretche , como el ex gerente de Administración y Finanzas de la Corfo, don Gibran Harcha , reconocieron en esta Comisión que los arqueos sorpresivos in situ eran controles básicos que debieron haberse efectuado en la Corfo. A esta Comisión le parece inexcusable la falta de arqueos periódicos in situ, más aun si se considera que el realizado no implicaba un esfuerzo excesivo ni gastos elevados.
Al mencionar al ex gerente de administración y finanzas de la Corfo, señor Gibran Harcha , omití señalar que ayer, a última hora, me envió una carta en la que formula consideraciones al informe y pide que la ponga a disposición de los señores diputados. Para cumplir con ese propósito, he entregado a la Mesa copia de la misma para quien quiera conocerla.
3. Retardo inexcusable en el despido del señor Javier Moya.
Ya señalamos que apenas se conoció la actuación írritante e inexplicable del señor Moya , quien hizo circular documentos -en particular del Banco Santander-, don Gonzalo Rivas dio orden perentoria de despedirlo. Sin embargo, esta instrucción solamente se concretó el viernes 7 de marzo por quienes la recibieron, según informó la ex gerente de Administración y Finanzas, señora Isabel Pinochet .
Es importante destacar que el 5 de marzo el señor Moya obtuvo la emisión de depósitos a plazo por parte del Banco de Crédito e Inversiones con cargo a las cuentas corrientes de Corfo, por aproximadamente 5 mil 200 millones, todos los cuales le fueron sustraídos a Corfo -ya no se trataba de una operación inteligente- a través de una operación de custodia con Inverlink y vendidos en el mercado secundario. Todo esto, para hacer plata y poder responder a los compromisos que señalaba hace un rato, que debía afrontar fondo mutuo Qualitas , donde se pagaron a todos los inversionistas y a algunos que pudieron rescatar su dinero -no todos- de la financiera ilegal.
4. Graves falencias en control de custodia de Corfo.
A partir de los antecedentes conocidos por esta Comisión, se pudo constatar que el encargado de la custodia en la Corfo al no contar con un resumen diario de los documentos que debían entrar a custodia, no los cotejaba con los que efectivamente eran ingresados a custodia. Esta omisión básica en el control de custodia significaba que el encargado de esta unidad sólo ingresaba a custodia lo que recibía, sin tener conocimiento alguno sobre lo que debería recibir.
Por su parte, mediante oficios Nºs 03215 y 03082 se solicitó a Corfo que informara sobre todos los documentos que ingresaron a su custodia durante los años 2001, 2002 y 2003. Del análisis de los mismos se comprueba que entre el 20 de diciembre del año 2002 y el 4 de marzo del año 2003, ambas fechas inclusive, no hay ingresos a custodia de inversiones hechas por Corfo en el mercado de capitales, lo que revela, una vez más, que el departamento de custodia simplemente ingresaba los documentos que recibía de las distintas áreas de Corfo, incluyendo el área de tesorería, pero que no tenía cómo cotejar lo que debía recibir para ingreso con lo que efectivamente se guardaba en ese departamento.
Se observa, también, que los denominados “pactos” tampoco eran ingresados al área de custodia ni durante, ni antes, ni después de las fechas mencionadas en el párrafo precedente.
Respecto de las órdenes de ingreso correspondientes a los meses anteriores a enero del año 2003, se observa que, con frecuencia, se recibían dineros de distintos agentes del mercado, los que se caracterizaban como “pactos”, no obstante el hecho de que los documentos de respaldo no son propiamente pactos. Más grave aún es que en tales documentos se detectaron “ventas a término” de cartera previamente adquirida por Corfo, lo que le generaba ingresos que se contabilizaban como “pactos” o “recuperación de inversiones”. Así, y sólo a título de ejemplo, pues hay muchas más que también pueden citarse, una operación registrada el 9 de octubre de 2002 con la corredora Scotiabank se informa como rescate de una operación por concepto de “pactos” una operación que no es más que una venta a término de documentos hecha por Corfo a dicha corredora. En una operación del 11 de noviembre de 2002, también mencionada como pacto, faltan los respaldos. Una operación del 3 de noviembre de 2002 que da cuenta de una venta a término de documentos por parte de Corfo a la corredora Scotiabank también se la contabiliza como un pacto. En operaciones de 27 de agosto de 2002 y 4 de septiembre de 2002 se ingresan fondos a Corfo bajo la denominación “pactos” no habiendo respaldo documentario que acredite tal condición jurídica.
5. Corfo utilizaba parcialmente el Sistema de Depósito Central de Valores.
Pese a que se trata de un sistema de mucho mayor resguardo, que habría impedido o, al menos, dificultado las sustracciones de objetos de esta investigación y siendo un procedimiento utilizado preferentemente por algunos operadores del sistema financiero, la ex gerenta de administración y finanzas señaló que no lo utilizaban.
No obstante la declaración anterior, queda claro a esta Comisión que en otros casos -como lo detectó el diputado señor Tuma en su oportunidad- de cuidado de caudales públicos, la Corfo sí utilizó el sistema de Depósito de Central de Valores, lo que indica, una vez más, la ausencia de políticas únicas y precisas sobre esta materia.
6. Incumplimiento de requerimientos de la Contraloría General de la Republica.
Este es elemento importante, porque incluso ha trascendido en los medios de comunicación y forma parte de lo que hemos denominado “fallas de controles internos en Corfo”.
La Contraloría General de la República , con motivo de las actividades fiscalizadoras y auditorías de las operaciones de la Corporación de Fomento de la Producción, detectó, a contar del año 1998, diversas anomalías reflejadas en las recomendaciones contenidas en los informes de esa entidad contralora, Nº 90, de 1998, y Nº 3, de 2001, las que, en síntesis, se refirieron a los siguientes puntos:
-Inexistencia de procedimientos escritos y formales de las operaciones de la Mesa de Dinero respecto de las autorizaciones, ejecución y control de las mismas;
-Inexistencia de refrendación o autorización de las inversiones efectuadas por la Mesa de Dinero, con el respaldo de disponibilidades presupuestarias;
-Falta de un sistema de control de las funciones de operación, registro y custodia de los activos de la Corporación de Fomento de la Producción;
-Falta de un sistema de control idóneo y eficaz para detectar y controlar los errores de registro e incongruencias documentales y los instrumentos en custodia -a lo que hacía referencia hace un rato-;
-Falta de separación de las funciones de la gestión de la Mesa de Dinero de la jefatura de la tesorería, decisiones sobre inversiones en el mercado de capitales, de la custodia de los instrumentos financieros y del control de los contratos financieros con pacto de retrocompra;
-Concentración de dichas funciones en el jefe de Tesorería , señor Javier Moya ;
-Falta de informes idóneos respecto de las operaciones de la Mesa de Dinero;
-Falta de controles adecuados y efectivos de la gestión de la Mesa de Dinero, de las decisiones sobre inversiones en el mercado de capitales, de la custodia de instrumentos financieros y de los contratos de retrocompra -los pactos-;
-Necesidad de grabar las operaciones de la Mesa de Dinero;
-Falta de un sistema integrado de contabilidad patrimonial y presupuestario en la Corporación de Fomento de la Producción, infringiendo con ello la normativa dictada por la Contraloría General de la República, conforme a la ley de Administración Financiera del Estado, contenida en el decreto ley Nº 1.263, de 1975.
Esta Comisión constató que cada una de estas recomendaciones efectuadas por el organismo contralor en los citados informes y las deficiencias en los sistemas de gestión, registro, custodia y control existentes en la Corfo, fueron oportuna y cabalmente conocidas por esta institución y por sus ejecutivos, reconociendo las anomalías y deficiencias que fundamentaban dichas recomendaciones, como también la necesidad de crear e implementar los procedimientos y medidas recomendadas.
Sobre este aspecto es importante constatar que, fuera de algunas respuestas formales o excusas, en la práctica la Corporación de Fomento de la Producción hizo caso omiso de los fundamentos y necesidades expuestos reiteradamente por la Contraloría General de la República y, en definitiva, no realizó las acciones concretas para dar solución efectiva a los manifiestos problemas denunciados, ni estableció medidas y procedimientos mínimos en orden a cautelar el cuantioso patrimonio público confiado a su gestión. De hecho, al solicitarsele a Corfo, entre otras medidas, la separación de funciones entre la Mesa de Dinero, Tesorería, Custodia y Caja, la Corfo nombra a un Subgerente de Administración y Finanzas, don Nelson Pérez . Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes conocidos por esta Comisión, él -quien declaró en la Comisión- no revisaba la lista de operaciones diarias que se le entregaban, por tratarse de una materia que le “aburría”.
Sin perjuicio de todo lo anterior, con relación a todo lo que hemos señalado como informes perentorios de la Contraloría, a esta Comisión le llama la atención la aparente nula insistencia del órgano contralor, a través de sus delegados instalados en Corfo, para exigir el cumplimiento de sus perentorias recomendaciones. No se entiende la importante labor de los auditores de la Contraloría General de la República, si la concreción de lo propuesto queda a la simple voluntad del fiscalizado.
Otro elemento que da cuenta de las fallas de control se encuentra en el número 7, denominado “Carencia absoluta de fiscalización superior sobre el señor Moya ”, lo cual fue detectado por la propia Contraloría cuando dice que tenía todas las funciones a su cargo.
Un octavo elemento son que los controles de Corfo fallaron no sólo con el señor Moya sino con todos los operadores de la Mesa de Dinero. Tengo entendido que a estas alturas del proceso judicial también está procesada la otra persona que trabajaba cotidianamente con Moya en la Mesa de Dinero, un señor de apellido Izarnotegui .
Como novena consideración están las “Graves falencias en el sistema contable de Corfo”.
Tal como se señaló precedentemente, esta Comisión acreditó que las operaciones irregulares efectuadas por el señor Moya nunca fueron debidamente registradas como tales en la contabilidad interna de la institución, lo que revela que nadie revisaba tales documentos.
En la décima consideración sobre falencia en las fallas de control, está el “Incumplimiento de las normas establecidas en el Manual de la Mesa de Dinero”.
Como es sabido, el Manual de la Mesa de Dinero establece una serie de exigencias y requisitos de transparencia y seguridad que deben cumplir los operadores de la misma. Al respecto, el representante de la Contraloría General de la República, don Hernán Llanos , señaló en forma enfática que este Manual no se cumplió e indicó textualmente que “al analizar cada una de las instrucciones de ese Manual se puede apreciar que no se cumplían como estaba señalado al interior de Corfo ”.
Si alguien quiere más detalles del Manual, al pie de la página 223 del informe está citado el oficio con que fue entregado a la Comisión. Sin embargo, aclaro que es confidencial.
11. “Personería del señor Javier Moya y otros para operar en el mercado de capitales”.
Esta Comisión recabó distintos testimonios verbales de ejecutivos internos de la Corfo sobre este particular, los que en la mayoría de los casos no nos ayudaron a aclarar este punto ya que se trata de información contradictoria en algunos casos, y definitivamente inexacta en otros.
En efecto, mientras el ex gerente de Administración y Finanzas, don Gibran Harcha , expresó que la Corfo sólo operaba con depósitos a plazo nominativos, el vicepresidente de la Corfo señaló en su intervención que muchos de los documentos que actualmente están en la bóveda de la Corfo eran documentos endosables -lo contrario de nominativo-, reconociendo además la existencia normal de documentos de estas características en las operaciones de la institución así como documentos al portador. Asimismo, mientras don Gibran Harcha señala haber dado instrucciones con el propósito de prohibir operar con instrumentos que no fueran nominativos, el propio vicepresidente ejecutivo de la Corfo manifiesta desconocer la existencia de tales instrucciones perentorias.
El solo hecho de que la Corfo tenga entre sus inversiones papeles al portador hace dudar que existiera una instrucción de operar exclusivamente con papeles nominativos, pues, como se sabe, los papeles al portador se transfieren por la simple entrega material, sin que sea necesario ningún tipo de acto jurídico ni endoso.
Sin perjuicio de lo anterior y en relación con este aspecto de la investigación, esta Comisión ha logrado conocer y concluir ciertos hechos que, por su importancia y efectos, pasamos a exponer.
11.1. En relación con las normas que regulan la inversión del sector público de excedentes de caja.
De acuerdo con el artículo 3° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y del artículo 32 de la ley N° 18.267, los servicios, instituciones y empresas del sector público, incluida la Corfo, sólo podrán invertir los excedentes estacionales de caja, previa autorización del ministerio de Hacienda. Dicho ministerio ha autorizado y regulado con mayor detalle la inversión de los excedentes estacionales de caja del sector público en el mercado de capitales a través de oficios y circulares, a los que tuvo acceso esta Comisión.
Al momento en que sucedieron los hechos del caso Corfo-Inverlink, resultaba aplicable el oficio circular N° 37, de 12 de agosto de 1999, que autorizaba a los servicios e instituciones del sector público, incluida la Corfo, para realizar inversiones en depósitos a plazo bancarios sin establecer restricciones en cuanto a:
-La modalidad del depósito a plazo, los que pueden ser endosables o nominativos;
-El mercado en que se efectúa la inversión, pudiendo ser depósitos a plazo de primera emisión (tomados directamente en una institución bancaria) o adquiridos en el mercado secundario (a cualquier partícipe del mercado de capitales), y
-La contraparte del sector público en dicha transacción, pudiendo ser un banco, una corredora de bolsa (no necesariamente filial de banco) o cualquier otro partícipe del mercado de capitales.
A raíz de las irregularidades detectadas en el caso Corfo-Inverlink, el 14 de marzo de 2003, el Ministerio de Hacienda modifica la regulación sobre inversión del sector público en el mercado de capitales vigente hasta la fecha y dicta el oficio circular N° 15, aplicable a las empresas del sector público, y el oficio circular N° 16, aplicable a los servicios e instituciones del sector público, incluido dentro de ellos a la Corfo. Este oficio en relación con las inversiones en depósitos a plazo, establece que debe tratarse de depósitos a plazo de primera emisión, no endosables y tomados por la institución en un banco que cuente con la clasificación de riesgo mínima que dicho oficio circular establece.
Asimismo, este nuevo oficio establece las siguientes restricciones a las inversiones de los excedentes transitorios de caja de la Corfo:
-Los depósitos a plazo deberán ser nominativos.
-Sólo podrá tomar depósitos a plazo de primera emisión, no siendo posible adquirirse depósitos a plazo en el mercado de capitales, y
-La contraparte de dicha transacción sólo podrá ser uno de los bancos que cuente con la clasificación de riesgo mínima que establece el oficio circular.
Respecto de los depósitos a plazo que estén dentro de la cartera de inversiones de la Corfo a la fecha del nuevo oficio circular y que no cumplan los requisitos antes señalados, se limita la facultad de esa corporación para vender dichos instrumentos en el mercado y se señala que las nuevas normas sólo se aplicarán a dichas inversiones a partir de la fecha de su vencimiento.
En el punto 11.2 hacemos otras consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta al analizar este punto respecto de las normas que regulan la inversión del sector público y sus excedentes de caja. Me parece interesante que los diputados hayan tenido oportunidad de leer el informe que se entregó ayer.
Luego de esta relación respecto de la Corfo, a la cual volveremos en las conclusiones, entramos al segundo acápite institucional destinado a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Para iniciar el análisis, la Comisión estimó que resultaba altamente ilustrativo, a la hora de concluir sobre la actuación de la Superintendencia de Valores y Seguros, citar textualmente una de las intervenciones del ministro de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre , a quien se preguntó su juicio respecto de quien a la época de los hechos y hasta el pasado 1 de mayo se desempeñó en esta importante función de fiscalización. En la oportunidad, el ministro dijo:
“Respecto del retiro del señor Álvaro Clarke , insisto una vez más en que tenía un informe que señalaba que, respecto de la actuación de la Superintendencia, si bien hay completo acuerdo en que fue legal y que tomó cartas en el asunto, tanto en el episodio del Banco Central, y en el uso o no uso de las facultades de inspección in situ, era un tema que dividía las posiciones tanto de técnicos y asesores como de participantes del mercado. Este fue el tema que precisamente expuso el superintendente señor Clarke , quien obviamente tiene un conocimiento mucho más acabado sobre esta materia; era capaz de retrucar cada una de las afirmaciones de quienes consideran que se pudo haber tomado algún mayor riesgo de suspensión o de intervención in situ; pero a esa altura la verdad de las cosas es que hay una diferencia muy grande entre lo que es una caza de brujas -se refiere a que, ante cualquier impugnación, se puede perder la confianza- ‘versus’ lo que es una opinión consolidada y constituida en el sistema por parte de gente responsable, de asesores que habían mirado este tema en profundidad y de abogados que habían leído con detalles las facultades de la Superintendencia.
En otra parte de su declaración se puede leer:
Respecto de la actuación del superintendente señor Álvaro Clarke , se puede señalar que, efectivamente, éste fue un líder en su área. Fue fundamental en la ley de Opas y en la ley de Mercado de Capitales I. Creo que así también lo entendieron el Gobierno y la industria; hay hechos concretos que así lo verifican.
Respecto de la actuación de la Superintendencia en este caso, hemos dicho que, eventualmente, tenemos insuficiencias en el ordenamiento legal en materia de sistemas de pagos, barreras a la entrada de personas amigas de lo ajeno, y sobre una visión más consolidada del sistema. Por lo tanto, el superintendente señor Clarke debió actuar en un sistema que no era infalible frente a delincuentes como los que operaron.
Nos parece que la actuación de la Superintendencia fue legal y bastante expedita. Ella ha hecho un buen caso de defensa de ciertas interrogantes que a uno se le presentaba respecto, por ejemplo, de por qué no se constituyeron in situ para conocer si lo que decían los libros era lo que se encontraba en las bóvedas o por qué no pudieron descubrir que había una especie de ‘Cutufa’ o financiera ilegal en otro piso”. (Se refiere a la sede de Inverlink).
Del mérito de las declaraciones del titular de Hacienda, el jefe directo del Superintendente, de los extensos y documentados testimonios prestados ante esta Comisión por el Superintendente y su equipo directivo, debemos concluir, esencialmente, lo siguiente:
a) Tal como se ha señalado, las autoridades de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Banco Central faltaron a sus deberes al no utilizar eficazmente los canales de comunicación y las instancias de coordinación existentes. Es un hecho grave que, estando de por medio el interés público y el patrimonio fiscal, no se hayan extremado las medidas para evitar los daños producidos y, más grave aún, evitar muchos de los que se produjeron una vez ya tenida la noticia de la actuación ilícita de Inverlink y sus cómplices.
b) Ya señalábamos en otro párrafo de estas conclusiones que el afán de colaboración y coordinación de las autoridades del Banco Central no va a constituir, en ningún caso, un ejemplo por seguir.
Pero, sin duda, la respuesta del ente fiscalizador, especialmente de quien lo conducía, aunque en los primeros días hubiese sido a distancia, pues hacía uso de su feriado, fue más bien pasiva. No basta que haya sido legal, como dice el ministro , pues qué otro carácter pudo haber tenido. No se trata de legalidad o ilegalidad, sino de eficiencia, rapidez, percepción e intuición.
De los antecedentes tenidos a la vista, la Comisión ha concluido que la relativa parsimonia mostrada por la Superintendencia de Valores y Seguros se hace más patente si se la compara con las actitudes o las actividades de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en otro momento. Cuando el hoy procesado Monasterio intentó obtener licencia bancaria, el ente regulador, aun asumiendo “riesgos mayores”, pudo obligar al retiro de esa petición, que de haberse consumado, seguramente los efectos del actuar de los asociados para delinquir serían mucho mayores.
A nuestro juicio, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones , en estos mismos hechos -como lo demuestran los oficios de dicho organismo contenidos en el informe-, detalla una actitud, ex antes y ex post, que refleja mayor diligencia.
La Comisión, que adhiere de alguna manera a lo que el ministro de Hacienda reconocía como diversas opiniones al momento de juzgar el actuar del ente fiscalizador, no duda en indicar que la actitud mostrada por la Superintendencia y su equipo de confianza en la etapa judicial ha sido adecuada y proactiva. Si bien es cierto serán los tribunales los que calificarán el carácter jurídico-criminal de los hechos, parece absolutamente lógica y sustentable la querella por asociación ilícita interpuesta por la Superintendencia en contra de Inverlink, es decir, en contra de Monasterio y sus asociados. Si bien se trata de una materia que compete exclusivamente a los tribunales, por los antecedentes que hemos tenido a la vista, nos parece que dicha acción es sustentable.
La Comisión tuvo a la vista dos oficios de la Superintendencia de Valores y Seguros que dan cuenta de hechos anteriores, pero relacionados con la organización delictual Inverlink.
El primero de ellos relata como un fiscalizador de la Superintendencia de Valores y Seguros, que dentro de sus competencias fiscalizaba a una de las sociedades del conglomerado Inverlink, terminó su labor el 2 de julio de 1999 y renunció el 29 del mismo mes, para, acto seguido, incorporarse al ente fiscalizado, ocupando el cargo de director de la Sociedad General de Fondos S.A. hasta el 17 de marzo del presente año.
El segundo relata con detalle como un funcionario, operador de Inverlink Corredores de Bolsa S.A., coludido con otros, intentó engañar a la Superintendencia de Valores y Seguros en enero de 2001.
Si bien son hechos distintos -el primero, el del rápido cambio del fiscalizador a fiscalizado, puede ser calificado como imprudente, mientras que el segundo como delictual- tienen un punto en común con Inverlink, los mismos de la información privilegiada obtenida del Banco Central, de los funcionarios comprados de la Corfo y de los operadores pagados en algunas mesas de dinero del sector privado. En consecuencia, nuestra impresión es que las alertas tempranas no se encendieron entre los fiscalizadores ni entre los operadores del mercado.
Así las cosas, es un hecho que, a la hora de las posibles sanciones, la mayor ya ocurrió. Igual que en el Banco Central, el superintendente dejó su cargo. Es un buen profesional, que renunció a la hora del análisis detallado de su actuar en los hechos; mas no pasó el escrutinio de sus superiores.
Quien ha asumido la responsabilidad principal en la Superintendencia de Valores y Seguros debe analizar en detalle los comportamientos profesionales del equipo directivo durante la ocurrencia de los hechos.
Respecto del Banco Central, quiero dejar establecido en forma categórica que la Comisión investigadora no se fijó como punto de discusión la autonomía del instituto emisor, no obstante que al comienzo esa institución financiera intentó inhibirse de concurrir a la Comisión en virtud de dicha autonomía.
En el informe se entregan algunos antecedentes respecto de que la autonomía del Banco Central -que nadie discute, sino que más bien se protege, porque es muy buena respecto de las funciones de dicho organismo- es muy discutible a la hora de colaborar con una comisión investigadora.
Resuelto el tema de la autonomía y adoptada la decisión del Banco Central de colaborar con la Comisión, concurrieron a ella el presidente de dicho organismo y parte de su equipo directivo. De la exposición del titular del Banco Central ante la Comisión no es posible colegir omisiones o retardos que hubieren tenido consecuencias indeseables a la hora de perseguir la punición de los graves hechos delictuales en que participó una organización criminal, que entre sus actos había logrado penetrar ilícitamente, por medio de un agente destinado al efecto, información especialmente sensible de nuestro principal instituto bancario. No podemos colegir en eso un retardo inexcusable.
Toda la connotación penal de estos hechos, de sus efectos directos e indirectos, son materia de la exclusiva competencia de los tribunales de justicia. A esta Corporación no sólo no le corresponde inmiscuirse en ello, sino que le está expresamente vedado por disposición constitucional.
Sin embargo, es nuestro mandato determinar la forma y modo en que los órganos del Estado actuaron en estos hechos a la hora de ejercer las facultades y obligaciones de control que la ley les confiere.
De los antecedentes que obran en poder de la Comisión resulta manifiesto que la sustracción de información del computador del presidente del Banco Central tuvo como factor coadyuvante, además de la maquinación fraudulenta de su secretaria, la evidente ausencia de medidas básicas y obvias de cautela de parte de la máxima autoridad del instituto emisor. En general, esta Comisión concluye que la precaución y cuidado de informaciones sensibles en el Banco Central se encontraban bajo los estándares esperados.
Cabe hacer presente aquí el principio general de nuestro ordenamiento jurídico, según el cual los superiores responden por los hechos o actos de sus dependientes, a menos que demuestren que no hubieren podido evitar los daños con la autoridad y cuidado que su calidad les confiere.
En efecto, el artículo 2320 del Código Civil señala: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.
A los tribunales de justicia corresponderá determinar la existencia de negligencia o falta de cuidado por parte de la presidencia del Banco Central en el cumplimiento de sus deberes como superior jerárquico o en la obligación de cautelar la reserva de la información que posee el instituto emisor.
En esta falta de coordinación -volvemos a la falta de coordinación con la Superintendencia- se observa una omisión en las funciones que le competen al presidente del Banco Central en su labor de coordinar la acción de éste con las demás instituciones del Estado, toda vez que su ley orgánica dispone que debe encomendar a las autoridades competentes la fiscalización dentro del ámbito de sus funciones. También a esta Comisión le parece imprudente que el titular del Banco Central de la época no hubiere puesto en conocimiento del consejo de la institución de manera más oportuna los graves hechos ocurridos.
Concretamente, creemos que si las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Valores y Seguros hubieran constituido equipos conjuntos el mismo 4 de febrero para enfrentar los efectos del ilícito que recién se descubría, las primeras etapas pudieron ser más productivas a la hora de desentrañar acciones, aun en ese momento, en operación por parte de los delincuentes.
Podrán realizarse todas las consideraciones de mérito que correspondan, pero lo cierto es que quien conducía el Banco Central no pudo pasar la prueba del análisis de su actuar en estos hechos, por cierto siempre teniendo presente su condición de víctima del delito; pero el juicio de su actuar posterior, a partir del dramático golpe que le diera quien contaba con su confianza, no pudo dejarlo inmune a sus consecuencias.
Los altos directivos del Banco Central deben profundizar las investigaciones internas que les permitan sacar lecciones claras de lo ocurrido.
Conclusiones.
Los antecedentes documentales agregados a la investigación y las declaraciones prestadas por personal de la Contraloría General de la República, así como por funcionarios públicos de distintas instituciones, y ex funcionarios de la Corporación de Fomento de la Producción, como, además, por ciertos ejecutivos bancarios, nos permiten llegar a las siguientes conclusiones:
1. Que del conjunto de los antecedentes tenidos a la vista, sin perjuicio de los comentarios específicos que se van a señalar, se puede concluir que, en este caso, en un conjunto de autoridades existe una omisión de deberes fundamentales de cuidado y diligencia en el desempeño de sus funciones, con grave detrimento para sus instituciones y para el patrimonio público.
En primer lugar, en el caso de Corfo, las omisiones inexcusables de sus principales ejecutivos y autoridades permitieron que terceros se apropiaran indebidamente de dineros y bienes de propiedad del Estado. Ello, como se señalará más adelante, pudiera dar origen a responsabilidades penales y civiles.
En segundo lugar, las autoridades de la Superintendencia de Valores y Seguros, y del Banco Central agravaron las consecuencias de estos hechos al no adoptar oportunamente todas las medidas eficaces frente a la situación generada. En ambos casos existieron responsabilidades políticas y administrativas por faltas cometidas en sus respectivos cargos.
En el caso del presidente del Banco Central , además, se verificó una falta de diligencia inexcusable en su responsabilidad como superior de las personas que tenían acceso a información reservada.
2. Que la Corporación de Fomento de la Producción, según sus balances y estados financieros, administra un patrimonio superior a los 2 mil millones de dólares, realizando en su gestión cuantiosas inversiones en el mercado de capitales.
3. Que la Contraloría General de la República, con motivo de las actividades fiscalizadoras y auditorías de las operaciones de la Corporación de Fomento de la Producción, detectó diversas anomalías a contar de 1998, las que pese a ser oportuna y cabalmente conocidas por esa institución y por sus ejecutivos, no fueron acatadas ni se realizaron acciones concretas para dar solución efectiva a los manifiestos problemas denunciados, con excepción de ciertas respuestas, a nuestro juicio, formales o excusas.
4. A los antecedentes anteriores deben agregarse los elementos de convicción recopilados por la Comisión, en especial los siguientes:
a) Que la Corporación de Fomento de la Producción operaba con Inverlink al menos desde 1994. Según el ex gerente de administración y finanzas de la institución, don Gibran Harcha , dio instrucciones meramente verbales ese año de no seguir operando con Inverlink, sin preocuparse de establecer medidas efectivas de control del cumplimiento de la orden ni de la gestión de la Mesa de Dinero.
Asimismo, el ex gerente de administración y finanzas de la institución, don Gibran Harcha, a cuyo cargo estuvo la tesorería, la mesa de dinero y la custodia de instrumentos y pactos de la Corfo hasta abril de 2002, reconoce en especial lo siguiente:
1. Haber tenido pleno conocimiento de los informes de la Contraloría General de la República y las recomendaciones contenidas en ello, y
2. Haber participado en la revisión y estudio de las mismas, en las respuestas y estudio de soluciones.
La Comisión estima que el señor Harcha no tomó medidas ni adoptó procedimientos concretos para dar solución a los problemas detectados por la institución contralora y por las propias verificaciones hechas por el declarante.
b) Por su parte, doña Isabel Pinochet , gerente de Administración y Finanzas de la Corporación de Fomento de la Producción desde abril de 2002, reconoce no haber efectuado arqueos sorpresivos a la mesa de dinero, no haber revisado los citados informes de la Contraloría General de la República ni adoptar los procedimientos de supervisión relativos a la tesorería que estaban bajo su dependencia, como tampoco haber efectuado gestiones para tomar conocimiento y fiscalizar las operaciones de la Mesa de Dinero, las decisiones sobre inversiones, los instrumentos en custodia, los pactos con retrocompra ni la documentación soportante. En general, señala que al no haber pérdidas ni anomalías detectadas, no le correspondía haber realizado ninguna de dichas tareas, ni siquiera una auditoria interna, lo que constituye una excusa inaceptable de su parte, teniendo en cuenta sus buenos antecedentes académicos y profesionales, la gran importancia de su cargo y la cuantía de los recursos encargados a su gestión.
c) Don Nelson Pérez , subgerente de Recursos Financieros de la Corporación de Fomento de la Producción hasta marzo de 2003, conocedor cabal de las operaciones y sistemas de la institución, dado que ocupaba el cargo desde mediados de la década de los años 70, reconoce lo siguiente:
1. No haber cumplido efectivamente sus funciones en materia financiera, pese a que le correspondía organizar, dirigir, programar y controlar la mesa de dinero.
2. Que la mesa de dinero realizaba entre siete y ocho operaciones diarias, reflejadas en 12 ó 14 documentos físicos.
3. Que el señor Javier Moya actuaba en forma autónoma e independiente del declarante, su superior, salvo que diera cuenta de algún problema. Es probable que el señor Moya nunca le haya dado cuenta de algún problema.
4. Que, en la práctica, el declarante no controlaba directamente al señor Javier Moya ni revisaba los informes que éste le entregaba.
d) A don Gonzalo Rivas , ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo durante años, en virtud de las disposiciones legales que rigen a esta institución, especialmente el artículo 23 de la ley Nº 6.640 y el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 211, le correspondía la representación legal de la Corporación, especialmente la atribución de fijar las dependencias jerárquicas respectivas, distribuir el personal, dando cuenta al Consejo, y proponer al mismo las facultades y obligaciones que deben corresponder a los funcionarios incluidos en la planta directiva de la entidad. Tal como quedó acreditado en la Comisión, las graves fallas constatadas en los controles internos de la Corfo, especialmente en la Custodia, Mesa de Dinero, Caja, gerencia administrativa y financiera, no fueron abordadas oportunamente por la máxima autoridad de la institución y no constan en esta investigación medidas concretas tomadas por esa vicepresidencia con el objeto de fiscalizar las acciones al interior de la mesa de dinero o cumplir con las recomendaciones de seguridad sugeridas por la Contraloría General de la República en los informes señalados latamente.
A mayor abundamiento, la Comisión constató graves incumplimientos a instrucciones verbales, supuestamente impartidas por el vicepresidente ejecutivo de la Corfo a sus funcionarios bajo su dependencia, las que no fueron cumplidas, no habiendo adoptado el señor Rivas medida alguna para verificar su cumplimiento en forma oportuna. En efecto, en oficio del 13 de mayo de 2003, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo , señor Rivas , confirma lo anterior al señalar que “no me correspondía velar porque cada una de las recomendaciones específicas de los informes se cumplieran, sino que de ver si la dirección en que se estaba avanzando era la correcta”.
En efecto, reconoce que el día miércoles 5 de marzo a primera hora, mandó despedir inmediatamente al señor Javier Moya -después de la visita de alguien del Banco Santander-, instrucción a la que sólo se dio cumplimiento el día viernes 7 de marzo a las 8.30 horas, retardo que implicó pérdidas adicionales a Corfo por aproximadamente cinco mil millones doscientos mil pesos, ya que el día miércoles 5 de marzo, durante la tarde, el señor Moya tomó depósitos a plazo a nombre de la Corfo en el BCI, los que fueron sustraídos a Corfo.
Asimismo, la falta de arqueos sorpresivos en Corfo es considerada por esta Comisión como una de las omisiones graves e inexcusables al interior de la institución. Al respecto, el señor Rivas sostuvo que en el año 2002 dio instrucciones para realizar estos arqueos, instrucciones que nuevamente no se cumplieron y nada hizo, en su calidad de vicepresidente de Corfo , para verificar si éstas se habían realizado.
A juicio de esta Comisión, el no verificar en forma específica el cumplimiento de instrucciones, constituye una negligencia inexcusable por parte del señor vicepresidente Ejecutivo de Corfo , toda vez que, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, el acto de delegación de funciones no implica desligarse de las responsabilidades por el mismo, sino, muy por el contrario, obliga al delegante a tener el mayor cuidado y diligencia en el cumplimiento estricto de dicha delegación.
5. De los antecedentes acumulados en la presente investigación y en especial de aquellos reseñados precedentemente, se puede concluir que las graves fallas en los controles internos de la Corporación de Fomento de la Producción constituyen un elemento esencial para que se hubiere producido un perjuicio patrimonial, que a la fecha, supera los cien millones de dólares.
El actuar doloso de un grupo de personas, la mayor parte ajenas a la Corporación, se hubiese dificultado sustancialmente si los responsables de las áreas pertinentes de la Corfo hubiesen actuado con el celo que era dable esperar. Más todavía, si una tercera institución, como lo es la Contraloría General de la República, oportunamente alertó serias falencias en el ejercicio de las obligaciones cautelares.
Con diligencia en la gestión, custodia y control de la Mesa de Dinero, los delitos fraguados por la organización criminal Inverlink no se habrían podido extender impunemente, tan largo tiempo. Dicho de otra manera, el brazo delictual de Inverlink en Corfo, Moya y sus cómplices, pudo actuar sin mayor riesgo basado en la ausencia de controles. Esa ausencia es, a nuestro juicio, calificable de negligencia inexcusable.
6. La negligencia inexcusable de los diferentes niveles ejecutivos de la Corporación de Fomento de la Producción constituyen en primer lugar una infracción al principio de la probidad administrativa, en especial al deber de emplear los medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar una gestión eficiente y eficaz (artículo 55 ley Nº 18.575 orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado).
Se tiene presente que constituye una contravención al principio de la probidad administrativa, conforme al artículo 64 Nº 8 de la misma ley, la infracción a los deberes de eficiencia y eficacia que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio público. En este caso, se estima que los funcionarios superiores de la Corporación de Fomento de la Producción, encargados de la administración, custodia y control del patrimonio financiero de la institución y en especial de la Mesa de Dinero, faltaron a sus deberes funcionarios de manera gravísima, reiterada e inexcusable, permitiendo con ello la comisión de fraudes que han afectado de manera cuantiosa el patrimonio institucional que estaba a cargo de dichos funcionarios.
7. Por todo lo anterior, esta Comisión debe concluir que, más allá del sumario que sobre los hechos tramita la Contraloría General de la República, parece necesario que el Consejo de Defensa del Estado analice la posibilidad de ejercer las acciones civiles y penales contra todos aquellos funcionarios y ex funcionarios de la Corporación que, a nuestro juicio, no dieron cabal cumplimiento a sus obligaciones legales, principalmente, las relativas a cautelar, con especial celo, los recursos públicos.
Esta Comisión estima que, sin perjuicio del análisis eminentemente jurídico que debe hacer el Consejo de Defensa del Estado, podríamos estar frente a los supuestos fácticos del artículo 234 del Código Penal. Es decir, la actuación de funcionarios públicos que por abandono o negligencia permiten que terceros se apropien de caudales públicos.
A continuación, atendido el significado que posee que un poder del Estado presuma, con fundamento, la posible existencia de un delito funcionario, nos detendremos en el análisis jurídico de esta conclusión basada, según se dijo, en la acumulación de antecedentes recogidos en esta investigación y que han sido mencionados latamente en este informe.
Luego, en el informe, se hace un trabajo respecto de la legislación chilena. En seguida, una breve síntesis de la legislación de algunos países en materia de delitos culposos, no dolosos, para terminar entregando alguna jurisprudencia de nuestros tribunales en materia del artículo 234, o en relación con otros delitos de malversación de caudales públicos.
Parte de los acuerdos que motivaron la constitución de la Comisión es la proposición de modificaciones legislativas que los hechos investigados determinen como aconsejables.
Por cierto, no es nuestra pretensión ni con mucho agotar el tema. Sin embargo, el criterio indica la necesidad de adecuar ciertas prácticas y la propia legislación. Sobre algunas propuestas nos extenderemos, con el preciso objetivo de poner en discusión el tema, y en otros, para reforzar una discusión ya iniciada.
Hacemos un marco general de las proposiciones. Recordamos que en Chile normalmente las modificaciones a la legislación bancaria, desgraciadamente, se han implementado después de hechos delictuales. Por ejemplo, el caso del Banco Osorno, en 1975, y otras financieras. Después, las gravísimas situaciones ocurridas en 1982 que motivaron cambios importantes en nuestra legislación.
Hacemos un marco general de las proposiciones respecto de las necesidades más urgentes en relación con algunas modificaciones, establecidas en detalle en el informe. Finalmente, se señalan medidas de más largo plazo, muchas de las cuales aparecen mencionadas, pero en términos más profundos por tratarse de una materia de carácter técnica, en lo que se ha denominado el proyecto de capitales II, que -entiendo- está por ingresar a trámite en esta Cámara de Diputados.
Después entregamos algunas medidas de corto plazo. Por ejemplo, las que denominamos acceso al mercado, en las cuales requerimos ciertas perfecciones en la legislación bancaria, legislación en valores y AFP. Insistimos en el elemento coordinación entre supervisores que, a nuestro juicio, es muy importante. Según hemos leído en la prensa, también está recogido en el proyecto de capitales II, probablemente, con mucho más detalle.
Hacemos un análisis sobre la conformación de grupos financieros y vacíos en la supervisión, que sería bueno revisarlo en estas legislaciones que se están mandando; hacemos otras proposiciones relativas a la posibilidad de que el Banco Central dicte normas en operaciones en UF y en pesos, permitiendo una mayor actuación de los bancos, pero poniendo una mayor limitación a las denominadas operaciones de pacto en el mercado secundario.
Entregamos algunas proposiciones para avanzar en el tema de la desmaterialización de títulos; de reforzar el rol del depósito central de valores y de dictar normas más claras de prohibición destinada a evitar el traspaso de funcionarios calificados de organismos fiscalizadores a empresas fiscalizadas, a través de una ley especial o general que se pueda dictar sobre la materia.
Asimismo, entregamos algunas consideraciones sobre el tema de la integración del consejo de ministros en Corfo, en el sentido de acompañar su existencia con un directorio elegido por concurso y pagado, pero que tengan una visión distinta respecto de la cotidianidad y no de la mera planificación de estas grandes entidades públicas.
Hacemos algunas consideraciones legislativas sobre el tema del lavado de dinero, en el entendido de que creemos posible incorporar en sus distintas fases delitos de carácter financieros de corrupción. Agregamos algunas otras consideraciones respecto de la posibilidad de modificar ciertos tipos penales en relación con la violación de secreto, que hoy está exclusivamente en manos de agentes públicos, pero no se considera la posibilidad de que un agente privado sea el provocador de la violación de secreto.
Termina señalando algunas consideraciones sobre los agentes privados, reconociendo que el tratamiento, responsable y cuidadoso de las máximas autoridades financieras, públicas y privadas han analizado y discutido lo hechos, buscando limitar sus efectos y estableciendo soluciones cautelares del interés general.
Los límites de nuestro mandato son, obviamente, cuestiones que restringen la posibilidad de entrar en el tema de los agentes privados. Pero no sería prudente ni bueno para nuestro sistema financiero -en el claro supuesto que deseamos no sólo mantenerlo, sino cuidarlo y mejorarlo-, que se entendiera que fue exclusivamente una víctima indefensa frente al actuar de una organización delictual, y por ende nada pudo hacer para protegerse de mejor manera de estos hábiles delincuentes.
Si lo anterior ocurriera, se instalará la amarga sensación de que nada aprendimos. Por lo demás, cuando ello ocurre, se acrecientan las posibilidades de repetición de hechos graves.
Es cierto que fue un aviso del Banco Santander -que efectuaba negocios bancarios y de valores con Inverlink- el que permitió detener la maquinación delictual, pero, sin duda, ese aviso esencial en sus efectos posteriores fue básicamente preterintencional -produjo consecuencias más allá de las buscadas-. Nadie que conozca los antecedentes puede entender esta acción del Banco Santander como un acto de denuncia ante la propia víctima, sino simplemente como una acción de verificación de un poder para recibir validamente el pago de lo que se le debía, que, por lo demás, horas después se verificó satisfactoriamente para el banco acreedor.
Esta Comisión no puede ignorar la circunstancia de que algunos operadores en el sistema financiero pudieran haber formado parte, de una u otra forma, de una red criminal encabezada por Inverlink. Por lo demás, entiendo que ya hay, a lo menos, dos personas imputadas y algunas procesadas, lo que confirmaría la observación anterior.
Por carecer esta Comisión de facultades respecto de entes financieros privados, si bien no puede concluir sobre las actuaciones de dichos entes, confía en que sean los tribunales de justicia los que agoten, por todos los medios a su alcance, las investigaciones sobre el alcance de la red criminal organizada por Inverlink y apliquen las drásticas sanciones que correspondan como resultado de la investigación.
Es necesario expresar que el clima de sospecha más o menos generalizado sobre los orígenes e historia de quienes formaron el grupo Inverlink no fue siempre acompañado de la necesaria prudencia a la hora de efectuar negocios con dicho grupo. Probablemente, más de algún mal se habría evitado si esta mala percepción esparcida en el mercado hubiera tenido una concreción más estricta en la realización de negocios.
Antes de finalizar, creemos indispensable efectuar algunas reflexiones en torno a la actuación de un grupo de personas del ámbito privado que conformaron el denominado grupo Inverlink .
Luego de escuchar a diversas personas invitadas y citadas y de recibir antecedentes escritos, estamos en condiciones de estimar que el grupo Inverlink era una estructura destinada a producir engaño, a obtener, fraudulentamente, información secreta o privilegiada, a ocultar y a falsear información, y a apropiarse indebidamente de efectos de comercio. Los mismos antecedentes dan cuenta de un comportamiento sistemático, planificado y doloso, que le permitía manejar exitosa e impunemente operaciones paralelas a las formales, actuación que, por una parte, le permitía vulnerar controles y, por la otra, operar con instituciones del sistema financiero y bancario con normalidad.
Estábamos en presencia de un grupo de personas audaces, quienes, con ingenio -más la pasividad de los fiscalizadores, que en algunos casos llegó a la negligencia inexcusable-, durante largo tiempo pudieron libremente defraudar la fe pública, para terminar dañando cuantiosamente el patrimonio fiscal.
Además, quiero señalar dos elementos, para ayudar al discernimiento de lo ocurrido:
Primero, la lucha contra la corrupción no es tarea sólo del Estado, sino responsabilidad de todo ciudadano. Cada uno tiene el desafío de contribuir a una cultura de la honradez para que se impida o, por lo menos, se dificulte la degeneración de la convivencia cívica en un mercado de favores pagados. El auténtico patriotismo se expresa en una sociedad solidaria en la cual el bien común no se confunde con el aprovechamiento personal. La honradez es una exigencia cívica elemental.
Segundo, la lucha contra la corrupción no sólo es un desafío para el sector público; también constituye un compromiso del sector privado. No se trata de que en el derecho público se hace lo permitido y en el derecho privado no se hace lo prohibido. La presencia de cohecho y otras formas delictuales involucra, necesariamente, la participación de actores privados y públicos.
Puestas en votación las conclusiones, éstas fueron aprobadas por unanimidad.
Antes de terminar, quiero manifestar, a título absolutamente personal, más que una reflexión, una aclaración a cierta información de prensa que sostiene que durante estos días he sido presionado para cambiar el informe. No es así. Jamás he sido presionado. Distinto es que algunas personas me hayan llamado para plantearme algunas consideraciones u opiniones diversas respecto de lo que concluyó la Comisión. Pero eso no es presión.
Respecto de informaciones que señalan que un informe de esta naturaleza puede perjudicar las acciones de recupero, debo decir que ello es muy discutible. Por cierto, a la comunidad le interesa que esta Comisión concluya con un informe claro; pero también que los perjudicados, la Corfo y la Superintendencia ejerzan todas las acciones destinadas a recuperar los fondos perdidos, en algunos casos, por acciones dolosas, y, en otros, por negligencia.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señora Presidenta , la Comisión investigadora ha sido llamada por la prensa Comisión Corfo-Inverlink. Lamentablemente, este nombre confunde, porque a partir de él podría esperarse ser lo suficientemente agudo en la investigación y en las conclusiones, tanto sobre la institución pública -Corfo- como también sobre la empresa privada -Inverlink-; desafortunadamente, sólo podemos hacerlo respecto de la primera. Y si este informe tiene 250 páginas es porque, con mucho profesionalismo, nos hemos abocado a hacer lo que la Constitución, la ley y el mandato de la Cámara nos permiten: fiscalizar al ente público. Ahora, si tuviésemos atribuciones para fiscalizar la actuación, la composición y la formación del grupo Inverlink, probablemente el informe no tendría 250 sino que, por lo menos, 500 páginas.
Está claro, según este informe, que se incurrió en negligencias graves. También es claro y de sentido común que las instituciones las manejan personas y obviamente éstas deben responder por sus propias actuaciones, pero no somos nosotros ni la Comisión los facultados para juzgarlas ni mucho menos para imputar responsabilidades penales a determinadas personas.
Sin perjuicio de lo anterior, quiero permitirme una pequeña licencia para decir brevemente algo sobre este grupo privado denominado Inverlink , motor y gestor de estas operaciones fraudulentas. A mi juicio, no se trata sólo de una banda delictiva o criminal, como se ha dicho, probablemente, los adjetivos para calificarla sean numerosos, y a título personal adhiero a casi todos ellos. Hay uno que no comparto. Se ha expresado que era un grupo sofisticado y, en realidad, al conocer la forma en que operaban, la primera conclusión que saco es que no tenía nada de sofisticado, porque con un mínimo de control se habría podido evitar todo lo que hicieron.
En esta breve intervención recalcaré algunas fallas de control en la Corfo que, a mi juicio, son total y absolutamente decidores; lo haré, porque no quiero que esto se vuelva a repetir en nuestro país, que gana cuando decimos la verdad, y así lo demuestran las medidas adoptadas.
Falta de arqueos periódicos y/o sorpresivos. ¿Qué significa esto? Muy simple. El señor Moya realizaba operaciones en forma habitual, y en vez de certificar con documentos su existencia, sencillamente, le creían lo que informaba. Por ejemplo, decía que tomaba diez depósitos, pero cuando se hacía el balance a fin de año, bastaba un simple papel en que él afirmaba lo anterior. Nunca nadie fue a confirmar al banco si allí estaba el depósito, según informaba el señor Moya . La única vez que ello se hizo fue cuando se conoció el fraude. En ese momento y en menos de cinco minutos la entonces gerente general, señora Isabel Pinochet , hizo un arqueo in situ; fue a los bancos y se dio cuenta de que Moya estaba mintiendo, pues no estaban allí los papeles. Esto se habría evitado si habitualmente, una vez al año, en forma sorpresiva, se hubiera hecho un arqueo en el banco o en las instituciones donde Moya informaba que estaban los documentos.
Retardo inexcusable en el despido del señor Javier Moya . Resulta insólito percatarse de que cuando el miércoles 5 de marzo, a las 8.30 de la mañana, el vicepresidente de la Corfo se entera de los hechos y ordena el inmediato despido de Javier Moya , nadie hace caso de esa instrucción y lo despiden efectivamente el viernes 7 a las 8.30 de la mañana. ¿Qué pasó en esos dos días? Muy simple: se perdieron 5 mil 200 millones de pesos en operaciones que llevó a cabo el señor Moya .
Graves falencias en el control de custodia de Corfo. Suena compleja esta frase, pero la verdad es que es absolutamente esencial y básica. En la Custodia de la Corfo, que estaba a cargo del registro de los documentos, no se hacía un resumen diario de las operaciones. El encargado ingresaba a la custodia todo lo que le pasaban y no tenía cómo fiscalizar que entregaban lo que debía recibir. De hecho, resulta insólito percatarse de que entre el 20 de diciembre de 2002 y el 4 de marzo de 2003 no ingresó un solo documento a la custodia de la Corfo, y es sabido cuántas operaciones se realizaron. ¿Para qué sirve una custodia que no certifica el recibo de los papeles que le deben llegar? Francamente, resulta inexplicable.
No quiero abundar en el incumplimiento de las órdenes y de las sugerencias que hizo la Contraloría General de la República a la Corfo. Lo concreto es que la Contraloría hizo reparos respecto de ciertas anomalías, sin embargo, la Corfo no adoptó medidas para darles solución.
Carencia absoluta en la fiscalización superior sobre el señor Moya . Muy sencillo. Primero, cuando la Contraloría recomienda separar las funciones al interior de la Corfo, dicho requerimiento sólo fue contestado, pero nunca implementado.
Segundo, para aumentar los controles, la Corfo crea el cargo de subgerente de finanzas y nombra al señor Nelson Pérez como titular. ¿Qué es lo mínimo que debe hacer un jefe con sus subalternos? Fiscalizar las operaciones que realizan. Pues bien, a esta Comisión le consta que el señor Nelson Pérez no revisaba las operaciones que diariamente realizaba el señor Moya , porque le aburría. No lo estoy inventando, esto consta en la página 72 de la versión taquigráfica de su intervención en la sesión 5ª de la Comisión.
Respecto de las vacaciones, ¡qué cosa más básica, en una empresa pública o privada, es controlar que cuando una persona sale de vacaciones, la empresa no quede puertas abiertas! En mi caso, por lo menos me preocupo de dejar la alarma conectada en mi casa. Aquí no se hizo ni siquiera eso. El señor Nelson Pérez , jefe directo de Javier Moya , salió de vacaciones el 24 de enero y volvió el 1 de marzo. La jefa del señor Nelson Pérez , la señora Isabel Pinochet , que era, por orden jerárquico, quien debía fiscalizar al señor Moya , salió de vacaciones hasta el 24 de febrero. Moya volvió de sus vacaciones los primeros días de febrero. Conclusión: Moya operó solo en la Corfo durante todo febrero.
Graves falencias en el sistema contable de Corfo. ¿Se imagina, señora Presidenta , una institución o una empresa, pública o privada, que gira cheques para hacer inversiones, pero que no controla que los documentos donde constan ingresen a su custodia? Eso ocurría en la Corfo. Diariamente se giraban cheques para tomar depósitos a plazo, sin embargo, no llegaban los instrumentos que daban cuenta de ellos. Moya decía que estaban en el banco. Pero el problema es que ni siquiera eran las operaciones que él informaba las que efectivamente se realizaban. Moya señalaba: “Yo efectué una operación de pacto, y es normal que en ellas los documentos queden en el banco”. Pero él no hacía operaciones de pacto, sino operaciones de término. Cuando en la Comisión preguntamos sobre esto, el vicepresidente de la Corfo y todos los funcionarios que concurrieron respondieron textualmente: “No es fácil distinguir entre una operación de pacto y una operación de término. La verdad es que sólo se distinguían por un cuadradito en el formulario”. Señora Presidenta , se trata de operaciones cuya naturaleza es distinta. Una implica un contrato de promesa, un pagaré y certificados que la otra no requiere. Cualquier persona sin estudios mínimos de finanzas puede darse cuenta de la diferencia, mas en la Corfo no lo lograron.
También se dice que el señor Moya no tenía poderes para operar en el mercado de capitales. Sé que este es un tema más bien jurídico que tendrá que resolver la justicia, pero quiero dejar constancia de lo que señala el informe al respecto. Todas estas operaciones estaban reguladas por el oficio circular N° 37, de 12 de agosto de 1999, que no establecía ninguna restricción a las inversiones que realizaba el señor Moya , ni a la modalidad del depósito a plazo, nominativos o endosables, ni al mercado en que se efectuaban, de primera o segunda emisión. Cuando ocurren los hechos de todos conocidos, Hacienda inmediatamente toma cartas en el asunto y el 14 de marzo de 2003 dicta una nueva circular, que sí restringe las operaciones y dice que los depósitos a plazos deberán ser nominativos, de primera emisión y que la contraparte en dicha transacción sólo podrá ser uno de los bancos que cuente con la clasificación de riesgo mínima que establece el oficio circular.
Si Moya no tenía poderes para endosar u operar como se ha argumentado, ¿qué sentido tiene haber dictado el 14 de marzo de 2003 esta nueva circular?
Todo esto nos obliga a concluir que efectivamente, desde el punto de vista de los hechos, es fácil constatar que hubo y hay negligencias graves al interior de la Corfo, en su mayoría injustificables. Estoy seguro de que si no hubiesen existido, se habría evitado gran parte de las pérdidas. Por ello, pensando en Chile y en nuestro futuro, cualquiera sea la posición política imperante, quiero dejar constancia de que la Comisión actuó con absoluta responsabilidad, investigó los hechos y nunca juzgó a personas, como algunos medios de comunicación han intentado hacerlo. Los hechos denunciados y que figuran en el informe constituyen negligencias graves, penables y sancionables de acuerdo con el artículo 234 del Código Penal y con el artículo 55 de la ley de Probidad Administrativa.
Desconocer que por lo ocurrido van a tener que responder personas, sencillamente sería ocultar la verdad y una imprudencia muy grave, equivalente a señalar, de antemano, que no existen responsabilidades penales o civiles de eventuales entes particulares, entre ellos Inverlink .
Por ello, se decidió que lo que procedía era entregar todos estos antecedentes -sin ocultar ninguno- al Consejo de Defensa del Estado, para que sean estudiados y se ejerzan las acciones correspondientes, y al juez del crimen para que complemente su investigación.
Así debe operar el sistema. Por eso, valoro especialmente la altura con que esta Comisión realizó su cometido, el profesionalismo con que se trabajó, la forma en que fue dirigida por su Presidente , que hizo y entregó el informe, a mi juicio, de manera absolutamente intachable.
Espero que la investigación avance rápido y permita a la Corfo recuperar el dinero perdido y mal habido por personas a quienes no les pertenecía.
También espero que con este informe cooperemos a que la Corfo disponga de las herramientas para ejercer las acciones correspondientes y que en ninguna de ellas se escatime ni un sólo esfuerzo para lograr las sanciones penales y civiles que procedan en contra de los entes particulares, las personas que participaron en estas operaciones, los entes públicos y los funcionarios que eventualmente resulten responsables.
Por el bien de Chile y de aquellos que siempre se ven beneficiados con los recursos públicos en virtud del fin subsidiario del Estado, deseo que este instrumento permita a la Corfo ejercer más eficazmente las acciones.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero valorar el trabajo de la Comisión y el informe presentado por el diputado señor Jorge Burgos . La presidencia de la Comisión y el equipo que la conformó trabajaron seriamente. El diputado Monckeberg contribuyó con el presidente en la redacción de un borrador de conclusiones que permitió hacer un trabajo más serio y sistemático. La Comisión cumplió con los plazos y sus integrantes trabajamos con responsabilidad de país, pensando a largo plazo.
En segundo lugar, quiero recordar que esta Comisión surgió por el escándalo Inverlink . A raíz del robo de más de cien millones de dólares por parte de dicho grupo, se hizo necesario investigar el comportamiento de instancias públicas. Todo lo que señala el informe se entiende en ese contexto.
Inverlink, encabezado por Monasterio, construyó una red delictual en el sector público y en el privado. Fue esta red la que robó los cien millones de dólares.
En el sector público, desarrolló la red delictual en el Banco Central, en la Corfo y, según antecedentes previos, también en la Superintendencia de Valores y Seguros. Logró que muchas entidades públicas, como algunos municipios y la Capredena operaran con ellos.
En el sector privado también existió esta red, en la que participaron bancos tales como el Santander, Scotiabank, Chile, Dresdner y otros. Sin esta parte de la red no hubiera sido posible efectuar el robo. El juez ya ha sometido a proceso a algunos de sus integrantes, que recibían premios, entre comillas. Pero Inverlink también logró que entidades como el Colegio de Profesores operara con ellos.
En este marco se ha estudiado la calidad de las instituciones públicas y de sus ejecutivos para enfrentar los hechos delictuales. No fue un punto fácil para la Comisión; algunos quisimos que el punto quedara claro y explícito al iniciar las conclusiones en el informe, porque éste era el contexto que permitía entender el alcance a la referencia a las instituciones públicas y sus ejecutivos; otros consideraron que no era el mandato de la Comisión. Finalmente transamos y esto quedó en las últimas páginas del informe, como una reflexión final.
Estoy convencido de que es muy difícil entender el contenido y alcance del informe sin esta referencia. Las partes desagregadas, las puras referencias a la Corfo, sin estas afirmaciones, distorsionan las conclusiones. Tanto es así, que en algunos medios se han olvidado de Inverlink y de Monasterio.
La Comisión llegó a la clara conclusión -como lo expresó su presidente , el diputado Jorge Burgos - de que los ejecutivos de los organismos públicos no actuaron bien. El sistema no estaba globalmente protegido para enfrentar estas situaciones y los ejecutivos no previeron su envergadura. Mediante la investigación se constató que había debilidades institucionales, en las estructuras, procedimientos y mecanismos de control, y también en la gestión de los ejecutivos que no mejoraron las instituciones en este campo ni ejercieron plenamente sus facultades y obligaciones legales. Se constataron debilidades para reaccionar frente al destape de este escándalo, de este incendio. La inapropiada reacción, explica, en parte importante, la envergadura del robo.
Sin embargo, tengo la convicción de que éste no es un caso de corrupción. Es un caso de omisiones, de negligencias que parecen inexcusables. Corrupción es una conducta específica, por eso no hay que mezclarlo todo. Hay corrupción cuando un agente público, en el ejercicio de las funciones que le concede la legislación vigente, consigue un beneficio privado, abusa de su cargo y autoridad con un fin privado. Los ejecutivos del Banco Central, de la Corfo y de la Superintendencia de Valores no se enriquecieron ni consiguieron beneficios personales. Por cierto, exceptúo a Moya y a la señora Andrada , que forman parte de la red delictual.
No obstante, es claro que la ineficiencia en los sistemas de prevención y control de la administración pública son el terreno ideal para la ilegalidad.
En relación con el Banco Central, la red de Inverlink contaba con la información de la secretaria de su presidente. Resulta incomprensible que en un mercado de capitales complejo como el nuestro el Banco Central no tenga mecanismos de protección a la altura de la complejidad y la envergadura de los movimientos del mercado.
No cabe duda de que Carlos Massad es una gran persona, muy capaz, que hizo un buen trabajo; pero, en lo que se refiere al resguardo de la información dura, no tuvo el rigor del caso. Tampoco en el diseño de los sistemas de control institucional del propio Banco Central. No sabemos desde cuándo y con qué extensión ocurrieron estos hechos.
En cuanto a la Corfo, hay que señalar que el grupo Inverlink orquestó una red al interior de esa institución. El señor Moya fue el principal operador, pero es posible que haya más personas involucradas. La Corfo -como lo dijo el diputado señor Burgos - presentaba debilidades institucionales muy graves. La dependencia de la Mesa de Dinero, la custodia de valores y la tesorería bajo una misma persona es algo inconsistente e inconcebible. En general, en las mesas de dinero se graban las conversaciones de los operadores, porque el riesgo de las distintas operaciones es muy alto. Además, no había ni auditorías ni arqueos sorpresivos; por lo tanto, esto quedaba sujeto a una inercia; se usaba escasamente el Depósito Central de Valores, no se asumió la recomendación de la Contraloría, y se reaccionó inadecuadamente frente al destape del robo, puesto que en dos días Moya robó 5 mil millones adicionales. Hubo omisiones y negligencias que nos parecen inexcusables.
A la mayoría de nosotros la Corfo nos parece una institución histórica, un orgullo, que se ha modernizado y ha hecho cosas muy valiosas. Nos parece que Gonzalo Rivas , como vicepresidente, realizó actividades fundamentales y muy importantes para el fomento productivo, como esta misma Sala lo valoró en su momento. Pero en el manejo del área financiera la empresa no funcionó bien en la prevención y el control. La responsabilidad fundamental de esto radica en el área financiera de la Corfo, a la cual el consejo le encargó tal gestión. No obstante, la vicepresidencia tiene la responsabilidad global de la empresa.
En cuanto a la responsabilidad de la Superintendencia de Valores y Seguros, cabe destacar que Inverlink creció mucho más allá de lo razonable. Todo el mundo hablaba que había datos de que era una entidad con problemas. Creció Inverlink y no se captó la financiera ilegal oportunamente. Hubo una lenta reacción frente al destape del escándalo. Álvaro Clarke , gran profesional, aporte destacado en el manejo del mercado de capitales, en esta situación específica tuvo claras debilidades.
Si miramos las cosas en su conjunto, respecto de la coordinación de las entidades públicas relacionadas con el mercado de capitales, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de AFP, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda son las instituciones que tienen la mayor visibilidad de lo que ocurre en el mercado de capitales. Sin embargo, no captaron lo que estaba ocurriendo con el grupo Inverlink , a pesar de las claras señales que había dado la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras al no aceptarle ser banco. Debemos perfeccionar profundamente la manera en que todas estas entidades se articulan, analizan los hechos y evalúan lo que está ocurriendo para que estas situaciones no se produzcan.
Las instituciones que operaban con Inverlink, los municipios de Coronel y de Viña del Mar, la Capredena, entre otras, salieron a buscar buenos negocios. Pusieron sus recursos en Inverlink a tasas muy superiores a las de mercado, y corrieron grandes riesgos. Cada una de ellas tiene su propia responsabilidad, porque corrieron tales riesgos.
La Contraloría tenía un equipo propio en la Corfo que detectó problemas e hizo recomendaciones, pero no tuvo continuidad, persistencia, ni usó todos los mecanismos con que cuenta para que ello se hiciera. Tampoco actuó bien en este caso.
No es la primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza en el mercado de capitales. Entre 1992 y 1993 Isacruz produjo un hecho más grave que el que estamos analizando, porque estuvo involucrada una mayor cantidad de millones de pesos y comprometió a varias instituciones del mercado de capitales. Quizás, como no discutimos ni adoptamos las medidas de fondo, no mostramos públicamente la responsabilidad del Banco Edwards y de ciertas AFP y no hicimos que la situación se destapara, muchos de estos problemas tienen que ver con esa nube gris que quedó en ese entonces. El problema no trascendió y, a lo mejor, no se hizo todo lo que había que hacer. Sin duda, esto ocurrirá muchas veces más. Un mercado de capitales de la envergadura y sofisticación del nuestro tendrá diversos intentos de ilícitos, y la discusión del proyecto de ley de Capitales II permitirá buscar soluciones y medidas. Hubo debilidades, omisiones y negligencias con recursos de todos los chilenos. En esos hechos se han visto involucradas personas destacadas, que valoramos y lamentamos que les haya ocurrido esto. No se trata de un caso de corrupción.
Por otra parte, las organizaciones privadas estaban penetradas por esta red delictual y fueron un factor decisivo en toda la operación. Nadie puede negar ese hecho.
La justicia se encuentra investigando la situación. A la Comisión no le correspondía profundizar en ese aspecto. Sin embargo, queda claro que nada de lo ocurrido hubiera sido posible sin operadores dentro del sector privado como parte fundamental de este robo.
Inverlink y Moya “bicicletearon” los valores de los bancos privados. Ellos iban con los valores de la Corfo, con los 30 mil millones, a operar dentro de la banca privada y sus respectivas corredoras. Ahí realizaban los negocios y adquirían el manejo de los recursos. En el momento final, también los liquidaron dentro de la banca privada, aunque muchos de ellos estaban en custodia.
Es bueno considerar que hay personas procesadas por el juez a cargo de la causa. Hay personas despedidas y suspendidas en varias instituciones. El banco Santander puede decir cualquier cosa pero no puede negar que era el principal banco del grupo, desde el punto de vista de su operación normal. Habría que ver lo que ocurrió en los bancos Scotiabank, Chile, Dresdner y Corpbanca . Los operadores de la red Inverlink en los bancos privados permitieron que se realizaran estos ilícitos.
¿Por qué otorgué la unanimidad para aprobar el informe? El informe es duro con los ejecutivos del Banco Central, de la Corfo y de la Superintendencia de Valores y Seguros. Señala que hubo negligencia en el manejo de recursos públicos de todos los chilenos. Pero debemos agregar, con claridad, que no actuaron dolosamente ni obtuvieron provecho alguno de los ilícitos cometidos. Por el contrario, entendemos que hicieron serios aportes en distintos ámbitos de la marcha de esas instituciones, pero que por sus obligaciones legales de cuidado de caudales públicos pueden concurrir los presupuestos del tipo abandono o negligencia inexcusables, como se señala en el informe. En esto coincidió toda la Comisión.
Es cierto que en algunos representantes de la Derecha tuvieron más bien una disposición anti Estado para demostrar la incapacidad de los organismos públicos; otros pusieron un énfasis anti Gonzalo Rivas , y redujeron el problema al yerno del Presidente de la República , con un afán más bien politiquero.
Entre los miembros de la Concertación, al menos en mi caso, la óptica no fue esa. Buscamos un mejor Estado, de mayor calidad, fuerte en su capacidad de velar por el bien común, más consciente de que el mercado de capitales necesita de un sector público adecuado. Sabemos que parte de la Oposición también estaba en esa perspectiva.
Hubo situaciones de omisión y negligencia difíciles de entender en personas talentosas y probas. Desde mi punto de vista, con este informe recogemos los hechos, nos pronunciamos frente a ellos y buscamos dar una señal clara a todas las instancias del sector público, especialmente del área financiera. La omisión y negligencia no pueden ser toleradas. Siempre se van a encontrar explicaciones, pero hay que cumplir las responsabilidades públicas con rigor y celo.
Si los miembros de la Concertación aspiramos a seguir gobernando, tenemos que fortalecer la responsabilidad y eficiencia de todos los funcionarios públicos, en particular de los ejecutivos públicos. A mi juicio, ésta es una señal para que la Superintendencia de Servicios Sanitarios se preocupe de seguir con seriedad la real inversión en el tratamiento de aguas servidas que condicionará las tarifas de agua potable por muchos años; la Superintendencia de Isapres no puede ser condescendiente con las isapres; las inspecciones del trabajo deben ser más activas en el cumplimiento de la ley; los departamentos provinciales de Educación no pueden aceptar cualquier explicación de la persona que es supervisada por ellos; las direcciones de obras y los departamentos de patentes municipales que no cumplen su papel con seriedad deban ser enfrentados por la Contraloría General de la República; Carabineros, que a veces justifica su ineficiencia de manera inaceptable ante la ocurrencia de un asalto señalando que les falta una u otra cosa, en fin, todas las instancias del Estado deben cumplir de manera cabal con sus responsabilidades.
También a la Cámara de Diputados se le puede acusar de negligencia, por ejemplo, al no reaccionar frente al escaso funcionamiento del estado de derecho en lo laboral. Hay fallos de los tribunales que no se cumplen. No hemos asumido que hay un amplio sector financiero informal que está descontrolado. El caso de Eurolatina es sólo uno dentro de un sector mayor, que puede contaminar todo el mercado de capitales que hoy constituye un factor decisivo en nuestra forma de crecer. Como Corporación podemos llegar a ser negligentes.
Debemos dar una señal fuerte sobre la convicción que nos asiste en cuanto al talento, el aporte y la probidad de los señores Gonzalo Rivas , Carlos Massad , Álvaro Clarke , y otras personas. Al menos, desde mi punto de vista, debo decir a todos y a cada uno de los agentes públicos, electos y no electos, que las responsabilidades públicas se deben asumir con mucha seriedad y rigor.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜLHENBROCK.-
Señora Presidenta , como ya se señaló, durante el trabajo de esta Comisión, que me correspondió integrar, se celebraron dieciséis sesiones y se recibió a muchas personas, entre ellos, al ministro de Hacienda , Nicolás Eyzaguirre , a los señores Carlos Massad , Gustavo Sciolla , Álvaro Clarke , Óscar Landerretche , Ernesto Livacic , Gonzalo Rivas , a la señora Isabel Pinochet , a los señores Gibrán Harcha , Nelson Pérez, Gonzalo Romero , y José Ignacio Cuesta , abogado del Banco Central, etcétera.
He nombrado a las personas que asistieron invitadas para destacar que el único deseo de la Comisión fue cumplir con el mandato de la Cámara de Diputados en orden a investigar con el mayor grado de acuciosidad, sin importar la cantidad de sesiones y horas dedicadas, con el objeto de llegar a una convicción lo más certera posible, con un ánimo de respeto y en lo posible despolitizado, por el bien del país.
En ese entendido, se acordó elaborar un solo informe sobre el actuar de los organismos del Estado frente a las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades financieras del grupo Inverlink, el cual fue aprobado por la unanimidad de sus trece diputados integrantes.
El señor Gonzalo Rivas señaló que fue nombrado gerente general de la Corporación de Fomento de la Producción en 1997 y luego vicepresidente ejecutivo, cargo en el que se desempeñó hasta el 11 de marzo del 2003. Añadió que, en su calidad de jefe superior del servicio, se preocupó de impulsar un conjunto de medidas tendientes a incrementar la eficiencia de la institución así como a mejorar el ambiente de control en la misma.
Para graficarnos de mejor manera algunos aportes de la Corfo, el señor Rivas afirmó que en 2001, uno de cada diez trabajadores ocupados en Chile estaba en alguna empresa que tenía algún vínculo con la Corfo, en términos de fomento, innovación tecnológica, créditos y reprogramación. El presupuesto de fomento, innovación tecnológica, y todo lo que es manejo de subsidios de la Corfo asciende aproximadamente a 44 mil millones de pesos anuales. Si se agregan los créditos de distinta naturaleza que se intermedian a través de los bancos, se deben agregar a lo anterior 130 mil millones de pesos. Es decir, hay operaciones por 175 mil millones de pesos anuales.
La Corfo tiene cuatrocientos funcionarios, y es lejos la institución más eficiente del sector público. Ello contrasta con la pérdida de patrimonio que la afectó, cercana a los 100 millones de dólares, por lo cual la Comisión no tomó en cuenta las consideraciones políticas; solamente se dedicó a investigar los hechos, los cuales paso a enumerar a modo de ejemplo, porque el informe del presidente de la Comisión , señor Burgos fue exhaustivo: Fallas en los controles internos, falta de auditoría externa en la Mesa de Dinero, falta de arqueos periódicos y/o sorpresivos, retardo inexcusable en el despido del señor Javier Moya , graves falencias en el control de custodia -la Corfo utilizaba parcialmente el sistema de depósito central de valores-, incumplimiento de requerimientos de la Contraloría General de la República. La Comisión Investigadora constató que cada una de las recomendaciones efectuadas por la Contraloría en sus informes y las deficiencias en los sistemas de gestión, registro, custodia y control existentes en la Corporación de Fomento de la Producción fueron oportuna y cabalmente conocidas por esta institución y por sus ejecutivos, reconociendo las anomalías y deficiencias que fundamentaban dichas recomendaciones como también la necesidad de crear e implementar los procedimientos y medidas recomendadas. Cabe destacar que al solicitársele a la Corfo, entre otras medidas, la separación de las funciones de Mesa de Dinero, Tesorería, Custodia y Caja, ésta nombra a un subgerente de Administración y Finanzas, don Nelson Pérez , quien comentó a la Comisión Investigadora que él no revisaba la lista diaria de operaciones que se le entregaba por tratarse de una materia que “le aburría”.
Hubo nula fiscalización superior sobre el señor Moya . Para evitar mayores comentarios basta con decir que el jefe del señor Javier Moya era precisamente don Nelson Pérez .
Los controles de la Corfo no sólo fallaron respecto del señor Moya, sino de todos los operadores de la mesa de dinero.
Se detectaron graves falencias en el sistema contable de la Corfo, incumplimiento de las normas establecidas en el manual de la Mesa de Dinero, información contradictoria acerca de la personería del señor Moya y otros para operar en el mercado de capitales.
Por todo lo anterior, don Gonzalo Rivas , ex vicepresidente Ejecutivo de la Corfo , debe comprender que, por sus conclusiones, esta Comisión Investigadora actuó con grandeza, por el respeto que nos merece la Corporación de Fomento de la Producción, y alejada de mezquinos intereses políticos.
Los hechos hablaron por sí solos. Personalmente quedé impactado al escuchar el testimonio de los funcionarios de la Corfo involucrados en esta investigación y concluí que al interior de la Corfo hubo una tremenda desorganización administrativa, falta de comunicación y la existencia de dos mundos distintos preocupados de la modernización, pero atrapados en una estructura ineficiente y anclada en el pasado. Dos mundos distintos pero bajo un mismo jefe superior, el ex vicepresidente Ejecutivo de la Corfo , don Gonzalo Rivas .
Respecto de la Superintendencia de Valores y Seguros y del Banco Central, estos faltaron a sus deberes al no utilizar eficazmente los canales de comunicación y las instancias de coordinación existentes. Es un hecho grave el que, estando de por medio el interés público y el patrimonio fiscal, no se hayan extremado las medidas para evitar los daños producidos y, más grave aún, los ocurridos después de conocer la noticia de la actuación ilícita de Inverlink y de sus cómplices.
Entre las conclusiones deseo resaltar que de parte de un conjunto de autoridades hubo una omisión de deberes fundamentales, y de cuidado y de diligencia en el desempeño de sus funciones, con grave detrimento para sus intereses y para el patrimonio público. En el caso de la Corfo, la omisión inexcusable en su responsabilidad como superior de personas que tenían acceso a esta información reservada.
Quiero terminar señalando que la Comisión se abocó a un trabajo muy serio y despolitizado, cuyo fin último es que estos hechos jamás se vuelvan a repetir y preservar las instituciones que pertenecen a todos los chilenos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , en primer lugar quiero reconocer el trabajo realizado por la Comisión investigadora, la que ha actuado con absoluta seriedad y, como señalaba el diputado señor Von Mülhenbrock , sin intentar sacar ventajas políticas pequeñas ni adelantando sus avances a la prensa como si se tratara de una telenovela. Todo ello le permitió trabajar de buena forma y presentar un informe a esta Sala, instancia que la mandató en su momento para iniciar la investigación de la materia que nos convoca.
Del extenso informe relatado por el presidente de la Comisión , diputado Jorge Burgos , saltan a la vista algunos puntos ya señalados por quienes me han precedido en el uso de la palabra: la situación al interior de la Corfo, las negligencias que allí ocurrieron, la omisión que se hiciera de dos informes de la Contraloría General de la República, organismo que advirtió que en algunos ámbitos de la Corfo debían tomarse prevenciones y realizarse cambios; la respuesta insatisfactoria de don Gibran Harcha , quien en ese momento era gerente del área correspondiente -no me extenderé respecto de los arqueos, pues ya se ha hecho mención a ese punto- y la excesiva confianza con que se abordó esta materia, todo lo cual lleva a concluir que se configuró claramente una negligencia inexcusable.
Con todo y tal como señalara el diputado señor Montes, estoy convencido de que aquí no hubo corrupción, sino errores de omisión y negligencia, y que ninguna de las personas que dirigían la Corfo hasta el momento de ocurrir los hechos se enriqueció ilícitamente; por el contrario, ellos se vieron sorprendidos por esos hechos, tal como le ocurrió a todo el país.
Esta falta de resguardo también se dio al interior de organismos que debieron actuar con mayor diligencia, como la Superintendencia de Valores y Seguros, o no entregaron en forma oportuna determinados antecedentes -ello ocurrió con el Banco Central-, a fin de iniciar diligencias de acuerdo con las atribuciones con que cuenta la Superintendencia, sino más bien actuaron apegadas estrictamente a la norma legal y no llevaron a cabo diligencias personales que pudieron haber involucrado a distintos agentes fiscalizadores y redundado en una agilización de las investigaciones. Los cambios efectuados en los sistemas de seguridad del Banco Central y adoptados con posterioridad al caso en comento -ellos fueron expuestos por el entonces presidente de la entidad, don Carlos Massad -, reflejan que los resguardos tomados no fueron suficientes, situación que permitió a la señora Andrada tomar conocimiento de datos sensibles e información reservada, la que posteriormente fue conocida por el grupo delictual y utilizada al interior de la red en que trabajaban a fin de continuar defraudando al Fisco.
Por otra parte y sin el ánimo de desconocer las responsabilidades de las personas que hasta ese instante estaban a cargo de las distintas instituciones involucradas, es necesario señalar que también existen debilidades institucionales que van más allá de este caso. En tal sentido, es necesario recoger con gran seriedad las conclusiones y sugerencias emanadas de este caso. A la luz de los antecedentes conocidos y a juzgar por el ritmo del sistema financiero, es posible concluir que el Estado se ha mostrado deficiente a la hora de acometer, entre otros, su tarea fiscalizadora. Por lo tanto, algunas de las propuestas incluidas en el informe dicen relación con la necesidad de cambiar el manejo de las mesas de dinero, que están presentes no sólo en la Corfo, como organismo del Estado, sino que también en otras entidades, y de perfeccionar nuestra legislación para sancionar delitos como el uso de información privilegiada, castigando no sólo a los funcionarios del sector público -podemos citar como ejemplo el caso de la señora Pamela Andrada -, sino que también a quienes usaron tal información para enriquecerse ilícitamente.
Creo que aquí está el meollo del tema relacionado con los funcionarios públicos y los organismos del Estado y, tal como se señala en el informe, pondremos a disposición del Consejo de Defensa del Estado, si así lo requiere, y de los tribunales de justicia todos los antecedentes del caso para que tomen las medidas pertinentes.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar el origen de esto. El diputado señor Monckeberg se refería a las alarmas que dejamos en nuestras casas cuando salimos de vacaciones; pero el hecho de que utilicemos alarmas, rejas o un perro bravo para cuidar nuestras pertenencias, no exime de culpa al ladrón que entra a robar. Eso es, precisamente, lo que ocurrió con el grupo Inverlink , que tenía una serie de asociaciones con distintas instituciones financieras. Eso hay que decirlo con mucha fuerza.
Para precisar el alcance de este informe, por cierto, aprobado por unanimidad, y sus conclusiones, hay que tener presente cuáles son las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. En el informe se dice que existe asimetría en el tratamiento que se da a los agentes privados y públicos. Sí, es cierto, y no podría ser de otra manera, pues todos conocemos las limitaciones de nuestras facultades fiscalizadoras, que sólo podemos ejercer respecto de las actuaciones de los funcionarios del sector público. De manera que, desde ese punto de vista, los resultados y las conclusiones que contiene el informe son parciales y provisorios, en tanto consideran sólo algunos de los antecedentes que sería necesario ponderar para obtener un resultado concluyente y formular juicios definitivos sobre el caso denominado Corfo-Inverlink.
En razón de lo anterior, es decir, de lo limitadas que son nuestras facultades, el informe omite una ponderación de las conductas de los distintos agentes privados, que no sólo son del grupo Inverlink , sino también de instituciones bancarias, corredoras de bolsa, administradores de fondos mutuos, de los cuales podrían emanar responsabilidades civiles y penales por los hechos que afectaron a la Corporación de Fomento de la Producción.
Es cierto que las instituciones fiscalizadoras: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencia de Valores y Seguros, etcétera, y en especial los tribunales, deberán profundizar la investigación para determinar la forma en que algunos agentes privados actuaron en los hechos, y saber si hubo dolo o negligencia. Tal como la Comisión investigó, de acuerdo con sus facultades, las actuaciones de los funcionarios de Corfo, claramente señaladas en el informe, será la justicia la que deberá determinar, por ejemplo, si las actuaciones de los ex funcionarios del Bbva, del Scotiabank y del Banco Santander -que en algún momento aparece como el héroe de la jornada, pero nos dimos cuenta de que, en definitiva, sólo fue una operación llevada a cabo para cobrar una deuda- que hoy están a disposición de los tribunales, son exclusivas o si corresponden, al igual que en el caso de los funcionarios públicos, a una negligencia inexcusable por no haber ejercido un adecuado control en esas instituciones privadas.
Se ha dicho que la supuesta negligencia inexcusable podría perjudicar las acciones de la Corfo. Debo señalar que, como consecuencia de lo que he expresado, hay que tener presente que en ningún momento las conclusiones del informe sometido a la consideración de la Sala ha tenido la finalidad de afectar, de modo alguno, las consecuencias jurídicas que se deriven del actuar doloso o negligente de muchos actores del mercado financiero que participaron en el perjuicio inferido a la Corfo o que profitaron de ello. Para estos efectos, la Corfo tiene el imperativo legal de continuar ejerciendo todas las acciones contra los responsables, que le permitan proteger y recuperar el perjuicio causado al patrimonio público.
Espero que la culpa de unos -a raíz de lo que señala el informe sobre la negligencia de algunos funcionarios públicos- no sirva para exculpar a otros. Por lo menos, a mi juicio, ha quedado absolutamente claro -después de leer el informe- que hubo negligencia de las instituciones públicas, incluyendo a la propia Contraloría General de la República, que no fue capaz de verificar posteriormente si sus informes habían sido cumplidos por la Corfo, y que la mayor responsabilidad recae en los agentes privados que usufructuaron de las debilidades del Estado -de estas negligencias y omisiones del sector público- para introducirse como una red delictual y provocar los graves trastornos que afectaron a la Corfo.
Debemos entender, de una vez por todas, recogiendo las sugerencias y conclusiones de la Comisión, que la sanidad del sistema financiero depende no sólo del sector público y sus organismos, sino también de las instituciones financieras del sector privado.
Termino señalando un hecho casi anecdótico, sin que con ello pretenda exculpar las responsabilidades clara y unánimemente establecidas en el informe. Leímos en los diarios que al señor Monasterio no se le permitía entrar a los clubes de golf ni a los clubes donde participaban ejecutivos de empresas importantes, por las sospechas que existían respecto de actuación antes de ser el jefe o líder del grupo Inverlink; sin embargo, a la hora de hacer negocios y de recibir suculentos intereses como consecuencia de ellos, el sector privado no tuvo problema alguno en contactarse con él.
Por eso, así como hay que ser muy categórico para señalar que hubo negligencia inexcusable por parte de los organismos públicos, lo que debemos corregir para que no ocurran hecho similares, también debemos decirle a los tribunales de justicia y a quienes están investigando este caso, que actúen con la misma dureza con los agentes del sector privado que se coludieron para provocar esta gran pérdida al fisco. Asimismo, soy majadero para señalar que si bien la responsabilidad de mantener sano el sistema financiero es, en parte importante, de los organismos reguladores y fiscalizadores del Estado, ello también depende en gran medida de los agentes que actúan en el mercado.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, debo reconocer que la Comisión investigadora ha trabajado de manera muy efectiva, seria y acuciosa, lo que le ha permitido cumplir con las responsabilidades contraídas, la primera de las cuales es haber cumplido con su tarea y logrado la aprobación unánime de sus conclusiones.
No obstante, quiero señalar las limitaciones que tienen las comisiones investigadoras, en particular ésta, que sólo estaba facultada para investigar a los organismos públicos. Sin embargo, los medios de comunicación hablaban de una comisión encargada de investigar el mal llamado caso Corfo-Inverlink, como si la Corfo hubiera sido la responsable de todos los delitos e irregularidades cometidos por el grupo Inverlink en la totalidad del mercado de capitales.
Es cierto que, en virtud de su competencia, la Comisión sólo se abocó a fiscalizar a los organismos públicos, en particular a la Corfo; pero debo advertir que, mediáticamente, se ha dado a entender a la opinión pública que este problema habría sido gatillado por las autoridades de la Corporación de Fomento de la Producción, en circunstancias de que ellos son las víctimas y no los victimarios.
Nuestra investigación también da cuenta de la falta de una adecuada estructura y de procedimientos para que los organismos públicos actúen en el mercado de capitales. No estamos preparados para ello; hay que modernizar el aparato del Estado. Debemos realizar muchas reformas para actuar en un medio tan complejo, difícil, cambiante y dinámico, como es el mercado de capitales, en el cual hay muchos riesgos.
A los organismos públicos se les exige el máximo rendimiento y la optimización de sus recursos, lo que se logra, en parte, con la obtención de intereses en el mercado de capitales. Al respecto, la Corfo es uno de los organismos que ha utilizado este medio, con lo cual ha logrado ingentes recursos: sólo por concepto de intereses, obtuvo 400 millones de dólares en la última década. Sin embargo, también debemos reconocer que ni la Corfo ni otras instituciones han tomado los debidos resguardos para minimizar los riesgos.
Por eso, no habríamos investigado este caso si no estuviéramos frente a un grupo muy poderoso, que viene operando desde hace diez años en el mercado de capitales, y que a través de una organización criminal, con una amplia red de relaciones, ha introducido expresamente a ciertas personas en el sector público y, principalmente, en el privado, con el propósito de delinquir. Todo el holding Inverlink estaba compuesto por personas inescrupulosas, dirigidas por un mafioso, como el señor Monasterio , quien con mucha antelación mandaba a su gente a prepararse para ingresar a organizaciones públicas y privadas con la finalidad mencionada.
De manera que cuando hablamos del mal llamado caso Corfo-Inverlink, hay que precisar que sólo tiene que ver con un 5 por ciento de los fondos públicos defraudados e investigados por la Comisión. Por esa razón, lo primero que debemos hacer es centrar el debate en su justa dimensión.
Me preocupa que en las conclusiones, respecto de las cuales di la unanimidad para que el Presidente las redactara, pues me fue imposible asistir a la última sesión, en la cual se elaboraron, no aparezcan consignadas las falencias no sólo de la Corfo, sino también de otros organismos del Estado, no obstante de que forman parte del contenido del informe.
Por ejemplo, la Contraloría General de la República ejerció sus facultades fiscalizadoras, al menos, en dos ocasiones, como se señaló aquí. En 1998, detectó diversas anomalías en los sistemas de control interno de la Corfo, precisamente en el área de la mesa de dinero, las que fueron debidamente informadas a la Corfo mediante informes Nº 90, de 1998, y Nº 3, de 2001. Entre tales anomalías se contaban informalidad en la operación de la mesa de dinero, falta de refrendación o autorización de las inversiones que se efectuaban, falta de un sistema de control de las funciones de control, registro y custodia de los activos de la Corfo, falta de separación de funciones y gestión de la mesa de dinero, falta de una grabación de cada operación que realizaba el encargado de la mesa de dinero, etcétera.
Las recomendaciones que se hicieron llegar a la dirección superior de la Corfo fueron analizadas por ésta y respondidas formalmente, explicando, en algunos casos, las dificultades administrativas, jurídicas o prácticas que existían para implementar los mecanismos de fiscalización interna propuestos y recomendados por la Contraloría General de la República.
Ahora bien, si las deficiencias que señaló hacían tan vulnerable a la Corporación frente a la acción dolosa de terceros o ante errores de sus empleados, ¿por qué la Contraloría no tomó las medidas correctivas correspondientes? ¿O acaso alguien puede sostener que carece de potestades sancionatorias? La Contraloría no es un organismo fiscalizador de mero consejo, sino que también tiene potestadas para exigir el cumplimiento de sus recomendaciones y, por lo tanto, pudo y debió ejercerlas para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria funcional de los ejecutivos de la Corfo, si realmente las deficiencias detectadas, como señala el informe, importaban un riesgo para la integridad del patrimonio fiscal. Por ende, aquí hay una responsabilidad ineludible de la Contraloría, la cual, en mi opinión, no está recogida suficientemente en las conclusiones.
Otro órgano que pudo y debió actuar con mayor celo para evitar que la asociación criminal Inverlink incurriera en las tropelías que se conocen, es la Superintendencia de Valores y Seguros, encargada de velar por la transparencia del mercado de valores y por la legalidad de las actuaciones de sus agentes.
Quiero mencionar, al menos, cinco ocasiones que no aprovechó dicha Superintendencia para ejercer sus facultades.
1ª Cuando, en 1994, el gerente de Administración y Finanzas de la Corfo, señor Gibrán Harcha , advierte a sus subalternos que no se podía seguir operando con Inverlink debido a la falta de idoneidad moral de Monasterio y de sus ejecutivos. Si esa información era manejada por los ejecutivos de esa entidad pública, una de las tantas que puede operar en el mercado, ¿cómo es posible que no hubiese tenido conocimiento de ello la Superintendencia? Tenía conocimiento de ello. Sin embargo, no le bajó la cortina para impedir que siguiera funcionando en el mercado de capitales.
2ª Cuando la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras no autoriza a Inverlink a abrir un banco, por carecer de respaldo económico e idoneidad ética los peticionarios, es decir, Monasterio y sus ejecutivos. Tampoco le bajó la cortina, lo cual habría evitado la defraudación a muchos otros entes públicos, privados y municipales.
3ª Cuando se detecta la filtración de información privilegiada desde el Banco Central al gerente de Inverlink , señor Bertinelli. La Superintendencia de Valores nada hizo para suspender las actividades del holding Inverlink .
4ª Cuando la Corfo informa que fue víctima de una defraudación e indica el modus operandi de la misma, que involucra directamente al grupo Inverlink , la Superintendencia tampoco hizo absolutamente nada para impedir que éste siguiera operando en el mercado.
5ª La Superintendencia de Valores y Seguros actúa en contra del grupo o holding -sólo en esta ocasión-, pero lo hace cuando los propios delincuentes, los mismos ejecutivos que delinquen, dan cuenta de la situación y piden su intervención. Sólo en ese momento se decreta la suspensión de las operaciones de las agencias de Inverlink. Si no hubiese confesado y no se hubiese autodenunciado el señor Monasterio ante la justicia del crimen, ¿aún seguirían recibiendo depósitos de ahorrantes y haciendo colocaciones en el mercado? ¿Y la Superintendencia? ¡Bien, gracias! Me parece que aquí hubo notable abandono de funciones por parte de este organismo.
Precisamente por eso, en caso alguno la Comisión puede dejar de considerar entre sus conclusiones las omisiones en que incurrieron tanto la Contraloría General de la República como la Superintendencia de Valores, sin las cuales no habrían ocurrido los hechos conocidos.
Sin duda, ha habido anomalías en la Corfo -irregularidades de control-, en la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y en el Banco Central -no aplicó sistema alguno de control de la información privilegiada-, pero ninguna autoridad ha cometido actos de corrupción.
Fuera de toda duda razonable, la Corporación debe respaldar y alentar irrestrictamente a la Corfo en las acciones que está llevando adelante y en las que efectuará a futuro para recuperar los dineros públicos dolosamente sustraídos, para lo cual debe interponer las acciones correspondientes en contra de los responsables de los hechos o de quienes hubiesen obtenido provecho, sin distinción de ninguna especie, porque en casos como éste siempre hay que tener presente el interés del fisco. Sin embargo, el marco normativo de fiscalización establece restricciones severas para analizar con la amplitud debida los complejos procesos de interacción entre el sector público y el privado, lo que muchas veces nos impide juzgar con equidad las acciones de sus actores.
En consecuencia, como ha quedado establecida la responsabilidad que han tenido los organismos fiscalizadores en el incumplimiento de sus funciones, con el objeto de que el informe sea justo y no permeable, solicito a la Mesa que recabe la unanimidad de la Sala para incorporar los siguientes párrafos segundo y tercero en el número 5 de las conclusiones:
“Asimismo, la Comisión ha podido establecer que la Contraloría General de la República, fruto del ejercicio de sus competencias propias de control preventivo de la legalidad de las actuaciones de administración, tomó conocimiento y representó a Corfo las falencias de su sistema de control interno en la mesa de dinero. Sin embargo, no desplegó todas sus potestades para que sus recomendaciones fueran cumplidas, lo que supone un notable abandono de sus deberes al no hacer exigible las responsabilidades administrativas a los funcionarios de Corfo con responsabilidad en la materia, vía esta última que era idónea para haber forzado a Corfo a corregir sus procedimientos internos y haber salvaguardado adecuadamente el patrimonio fiscal.
“Tampoco esta Comisión puede pasar por alto el reproche político a la actitud pasiva de la Superintendencia de Valores y Seguros, que tenía la información y tenía las potestades legales para haber suspendido de manera preventiva las operaciones de Inverlink sujeta a la supervisión, lo cual no realizó, permitiendo que se agravaran las ulteriores perniciosas consecuencias de los delitos hoy en conocimiento de los tribunales de justicia, y que han importado un daño al patrimonio fiscal y a inversionistas y ahorrantes del mercado de capitales”.
Confío en que la Sala entienda el sentido de justicia y de equidad que hay en mi proposición y otorgue la unanimidad para incorporar esas dos ideas esenciales en las conclusiones del informe. Asimismo, confío en que el Poder Legislativo sea capaz de tomar con rapidez las debidas decisiones regulatorias y adecuatorias a fin de impedir que en el futuro el mercado de capitales sea víctima de grupos criminales tan sofisticados y perversos como Inverlink, cuyas actuaciones afectan la buena marcha de la economía del país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señora Presidenta , las actividades financieras del grupo Inverlink han impactado y concitado un especial interés y consenso en la sociedad, puesto que operó en forma oscura con el dinero de todos los chilenos y ocasionó un tremendo perjuicio al fisco.
Luego de dieciséis semanas de investigación, la Comisión, como lo expresó su presidente , concluyó en que hubo una maquinación fraudulenta, orquestada por funcionarios públicos y privados, ante la cual la Contraloría hizo advertencias en 1998 y 2001.
Hay que recordar que si bien el organismo contralor puede efectuar actos de fiscalización, no tiene facultades para fiscalizar actos de gestión, y el caso en comento se trata netamente de un problema de gestión y de negligencia.
Durante dieciséis sesiones, la Comisión escuchó a los actores involucrados a fin de evaluar todos y cada uno de los antecedentes puestos a su disposición.
Por lo tanto, como el caso Corfo-Inverlink no es sino otro de los escándalos financieros que han afectado al Gobierno en el último tiempo, quiero referirme a otros aspectos.
Solicité se incluyan algunas empresas del Estado que también operan en la mesa de dinero, pero mi petición, lamentablemente, fue rechazada porque la Comisión carece de facultades para ello.
Desde esta perspectiva, creo importante asumir globalmente, como un todo, y con atención plena, la magnitud del problema que se analiza.
Por lo anterior, es bienvenido un recordatorio de las decenas de escándalos de los últimos tiempos, por negligencia o por error, porque estimo que han sacudido al país. Todo el mundo se pregunta qué ha ocurrido y cuánto es el dinero que ha perdido el fisco, es decir, todos los chilenos.
De algunos escándalos la gente ni siquiera se acuerda: Digeder, Onemi o el desmalezado. Lamentablemente, en los últimos tres años se han acrecentado, y todos los chilenos los conocen. Veamos algunos casos.
Podemos empezar por citar los 33 mil millones de pesos que perdió el fisco en indemnizaciones a 875 ejecutivos de 43 empresas, y luego añadir el caso MOP-Gate, cuyas pérdidas para el fisco, es decir, del dinero de todos los chilenos, alcanzaron los 1.440 millones de pesos.
También está el caso MOP Ciade, que en marzo de 2003 ocasionó pérdidas para el Estado de alrededor de 1.700 millones de pesos.
Lo increíble es que, según se ha mencionado, en Corfo no se hizo caso de las instrucciones impartidas por sus principales ejecutivos.
Duele recordar lo que hemos perdido, más si se considera que el Presidente de la República dio claras y precisas instrucciones que no fueron cumplidas por los hombres de su exclusiva confianza.
En el caso de las indemnizaciones, el Presidente dijo: “O las devuelven o se retiran”. ¿Cuál fue el resultado? Perdimos el dinero.
En el caso Corfo-Inverlink hubo claras negligencias. No es posible que funcionarios de la confianza exclusiva del Presidente hayan dicho que no tenían tiempo para revisar informes o que se aburrían de leerlos. ¡Es el colmo que a los encargados de cautelar los intereses de todos los chilenos les diera lata esto y no pudieran detectar lo que estaba ocurriendo! Por eso se formó la Comisión investigadora.
Ahora, ¿cuánto perdimos los chilenos por esa desidia? Hasta ahora, 110 millones de dólares, que se agregan a los 200 millones de dólares que se perdieron en Codelco, y también por negligencia. ¡Un solo funcionario estaba a cargo de las ventas a futuro!
En consecuencia, ha llegado el momento de que se actúe con seriedad, sobre todo los legisladores, que no tenemos tantas facultades como la gente cree. Hay que recordar que casi ninguno de los casos mencionados nace de la fiscalización de la Comisión, sino por escándalos suscitados entre gente de la Concertación.
Éstos son sólo algunos botones de muestra. Espero que sirvan y contribuyan a remover conciencias y a ubicar el tema en el contexto que corresponde, que es, en este minuto, el de un Gobierno en el que ha habido escándalos reiterados de corrupción y de negligencia. Lamentablemente, a pesar de las instrucciones del Presidente , se ha tolerado y permitido que la misma delincuencia que no se ha podido controlar en las calles, a nivel de país, ingrese a los pasillos y a las oficinas de los edificios de Gobierno.
Esto -reitero- es lamentable, y los chilenos tienen toda la razón cuando reclaman por los escándalos de corrupción.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señora Presidenta, quiero hacer dos consideraciones respecto de las intervenciones expresadas en la Sala.
En primer lugar, el diputado Exequiel Silva señaló que más de alguien podría decir que existe asimetría en el informe, en el sentido de que se ha tratado en profundidad el tema de los agentes públicos y muy por encima el de los privados. Como dijo el mismo diputado , no podía ser de otra manera, por las limitaciones de carácter legal y constitucional en nuestro mandato. Sin embargo, como expresó el diputado Monckeberg , si tuviéramos mayores atribuciones, el informe no habría sido de doscientas, sino de quinientas fojas.
No es que el accionar de los agentes privados quede sin análisis. ¡Por favor! Los tribunales de justicia están haciendo una investigación muy importante sobre la actuación del grupo Inverlink , con muchos autos de procesamiento y con la posibilidad cierta de procesamiento, según se ha podido colegir de las informaciones de prensa, de una asociación ilícita con personas ajenas al grupo Inverlink , donde aparecen Pamela Andrada , Javier Moya y Marcial Izarnótegui -quienes están procesados y a disposición de la justicia- y también gente del sector privado, agentes operadores de mesas de dinero de, a lo menos, dos bancos, Scotiabank y BBVA. Existe asimismo la posibilidad cierta de procesar a personas -no sé si ya lo están- que, al parecer, actuaron con dolo en relación con cuentas corrientes de la compañía de seguros Le Mans , hoy intervenida por el Estado, y que facilitaron el retiro de alrededor de diez mil millones de pesos de dichas cuentas.
Como quiera que sea, será en definitiva la justicia la que determinará si esas personas del mundo privado actuaron a título personal o no, o si hubo, como dijo el diputado Silva , desidia, negligencia inexcusable de quienes debían controlarlos. A lo mejor la expresión “negligencia inexcusable” no es exacta desde el punto de vista contractual, pero, obviamente, constituye grave incumplimiento contractual el que un gerente, de cualquier banco no ejerza el control determinado para que un operador de su mesa de dinero haga las cosas como deben hacerse y no termine siendo parte de una asociación delictiva.
En consecuencia, ese tema, no porque no se ha tocado acá, no va a ser tocado en las instancias que corresponden, particularmente en sede judicial.
Otra consideración que me parece importante se refiere a que un informe como éste, eventualmente mal calificado de asimétrico, pudiese perjudicar las acciones de recupero de quienes hoy las han iniciado, léase Consejo de Defensa del Estado , Corfo , la intervención de Le Mans, el síndico, particulares, etcétera. No lo creo, porque si bien hicimos un trabajo profundo para determinar negligencias inexcusables de agentes del Estado, es obvio que la negligencia inexcusable a que llegamos en algunos casos no puede, de ninguna manera, compensar la culpa ni mucho menos el dolo de otros.
En consecuencia, esa crítica, con respeto -no como presión-, es injusta, puesto que no debiera haber óbice para recuperar lo que, por cierto, todos los chilenos queremos, ojalá la mayor parte de los 85 mil millones defraudados. Si hoy en sede penal se está discutiendo esto y hay elementos que podrían aconsejar adoptar medidas precautorias, etcétera, con mayor razón se podrían lograr si mañana se inician acciones indemnizatorias de perjuicios contra quienes puedan haber obtenido beneficios aprovechándose del dolo ajeno.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , en primer lugar, como integrante de la Comisión, pero especialmente después de observar la actuación de los demás integrantes y de su presidente, quiero iniciar mi intervención felicitando este trabajo, por cuanto creo que ha dado luces sobre los aspectos más negativos de esta crisis. Asimismo, puesto que me tocó intervenir después del diputado Burgos , quiero insistir en el punto: no creo que el informe sea asimétrico; por el contrario, cumple con nuestra responsabilidad. Estoy reafirmando lo que dijo el diputado Burgos . Es un informe absolutamente lógico dentro de nuestras facultades o capacidades como Cámara, y, por supuesto, aquel enfoque sobre los privados, que algunos echan de menos, que en este momento está en sede penal, probablemente será el que más resultados tendrá desde el punto de vista de las sanciones y de una buena aplicación de la justicia.
El mandato de la Comisión era, sobre todo, analizar la actividad de los órganos públicos y de las autoridades que participaron en este escándalo.
Dicho esto, y reiterando las felicitaciones para aquellos que trabajaron más arduamente en la Comisión, me ha sorprendido -pero la entiendo- la discusión sobre el rol de la prensa y en relación con los nombres que pudo habérsele dado a este informe o a la Comisión. Son juegos de palabras más o menos ingeniosos y, probablemente, de la prensa. Los nombres dados por los medios de comunicación son absolutamente lógicos: informe de la Comisión Corfo-Inverlink, o bien del escándalo Corfo-Inverlink, porque, si bien existió una organización delictual, criminal, también corresponde señalar la enorme irresponsabilidad con que actuó Corfo y otros órganos y autoridades públicos. Además, si buscáramos otro nombre para esta Comisión, probablemente sería el de la que investigó el caso del “robo del jarrón”, que es la otra forma en que la opinión pública recordará este caso.
Al hacer un recuento, puntualizaremos que este escándalo se inició con una pésima respuesta de parte de las principales autoridades del país, incluso, lamentablemente -como lo hicimos notar en su momento en una sesión especial-, del Presidente de la República , con esa metáfora tan desafortunada, que quedará en la retina y en la memoria de los chilenos, de comparar los 106 millones de dólares con un jarrón; de haber dicho que el jarrón se lo robaron y que no lo iban a pagar. Finalmente, todos sabemos -ha quedado muy claro- que esta pérdida es neta para el patrimonio de todos los chilenos. Acá no hay ningún jarrón que se vaya a devolver, sino que los 106 millones de dólares tendrán que ser pagados por todos los chilenos.
También es importante señalar algunos aspectos que, a mi modo de ver, deben ser aún más destacados, no tanto desde la perspectiva jurídica, sino desde la de la responsabilidad. No estábamos frente a una banda especialmente sofisticada -como se ha dicho-. Es una banda criminal; absolutamente. Este grupo empresarial privado que se organizó para afectar al Estado merece, por supuesto, todas las recriminaciones y las penas, las máximas sanciones, mientras más duras, mejor. Pero -repito- no es una banda especialmente sofisticada, sino -como lo señalé en la Comisión-, quizá, ingeniosa, capaz de descubrir algunos problemas.
Nuestra responsabilidad nos lleva a señalar que acá hubo el problema de las tres “íes” de parte de muchas autoridades, puesto que actuaron con incapacidad, irresponsabilidad e ignorancia. Eso va a marcar el análisis que hagamos en el futuro sobre la respuesta de nuestras autoridades económicas ante este problema. Reitero que acá hubo incapacidad, irresponsabilidad e ignorancia. Por eso, conjuntamente con todas las propuestas o necesidades de modificación de la legislación, acá hay responsabilidades personales flagrantes y absolutamente evidentes. Por citar algunos casos, la mayor parte de los diputados que integraron la Comisión -varios de los cuales están presentes- pudieron ver cómo fue el manejo, desde el punto de vista de la información, del presidente del Banco Central . Eso es absolutamente inaceptable, pues demostró una irresponsabilidad total hacia el sistema financiero, en el sentido de que información esencial para el mercado -esto es lo importante-, que podía hacer a personas muy ricas y, al mismo tiempo, a otras muy pobres, se dispusira en un e-mail al cual podía acceder cualquiera persona.
No se tomaron las más mínimas medidas de resguardo, aquellas que uno puede tener en su propia casa u oficina, como una password o dos correos electrónicos, uno reservado, con acceso sólo personal, y otro público, para el personal de secretaría. Hubo una irresponsabilidad brutal por parte de una autoridad que en ese momento dirigía el mercado y que debía velar por la estabilidad del sistema monetario chileno.
Además, el superintendente de Valores y Seguros, quien tuvo relevancia en la modificación de una serie de cuerpos legales, reaccionó de manera tardía, absolutamente lenta ante la situación. Se enteró de ésta cuando estaba en vacaciones y no volvió de inmediato a tomar el control de un caso que significaba más de cien millones de dólares, lo que a mi juicio es una muestra de irresponsabilidad.
No obstante, para nosotros la mayor irresponsabilidad seguirá siendo, en cuanto a la pérdida, la de la dirección, la de Gonzalo Rivas como vicepresidente ejecutivo de la Corfo. Del estudio realizado, de las respuestas a las numerosas preguntas de los diputados -recuerdo las intervenciones de los diputados Burgos, Silva y Monckeberg -, queda absolutamente claro que la Corfo carecía de los sistemas de resguardos más básicos. Lo peor es que siguen justificándose y diciéndonos, por ejemplo, que técnicamente es muy difícil darse cuenta de la diferencia entre una operación “a pacto” y una operación “a término”; que es un problema de carátulas. ¡Por favor! En la Corfo fallaron todos los resguardos y los sistemas más mínimos de vigilancia.
Por eso, las responsabilidades personales de Gonzalo Rivas, de Álvaro Clarke y de Carlos Massad son enormes. Por ello también han dejado sus cargos. Pero también es correcto que, a partir de este informe, haya más investigaciones para buscar otro tipo de responsabilidades que puedan haber tenido en su actuar, ya sea por negligencia o, incluso, desde el punto de vista administrativo y criminal.
Aunque el hecho no se ha señalado en particular, quiero reivindicar que, como Comisión y como Cámara, insistimos en el respeto constitucional. No tenemos capacidad para fiscalizar al Banco Central. Además, ésa no ha sido nuestra intención, porque, constitucionalmente, carecemos de esa atribución. Eso debe quedar claro, porque acá no se han sobrepasado las facultades constitucionales, en el sentido de fiscalizar la autonomía que se ha dado al Banco Central, que me parece absolutamente correcta. Dentro del marco de un escándalo, nos parece que hay conductas que pueden ser perfectamente señaladas como erróneas por parte de la Cámara, sobre todo cuando hablamos de responsabilidades personales de autoridades que aceptaron venir a la Comisión, como es el caso del presidente del Banco Central .
Finalmente -lo pudimos apreciar a través de la prensa de los últimos días-, falta un mayor reconocimiento por parte de las autoridades de Gobierno que quedan en sus puestos -no de sus parlamentarios-, como los ministros de Hacienda y de Economía y, esencialmente, el Presidente de la República , en el sentido de que aquí hubo un grave error en la conducción económica y jurídica. Lamentablemente, esa incapacidad, ignorancia o irresponsabilidad que uno puede advertir a veces en distintas autoridades, debe ser admitida y reconocida por parte del Gobierno por haberlas designado en sus puestos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , en primer lugar, coincido con una afirmación que hizo el diputado Exequiel Silva , integrante de la Comisión.
Gran parte del éxito del trabajo de la Comisión dependió, precisamente, de cómo ésta funcionó. Creo que lo hizo con ponderación y analizó los antecedentes ajena a toda actuación que no tenga que ver con la transparencia con la cual debemos funcionar.
Está claro que es mejor conocer las conclusiones de un trabajo que los procedimientos intermedios que se realizan en él, los que, muchas veces, terminan por perjudicar el propio objetivo que se ha tenido en vista y el cumplimiento del cometido emanado de esta Sala. Incluso, así se resguardan los legítimos derechos de las personas que entregan su testimonio, conocimiento o información en una Comisión investigadora de esta naturaleza. Esto también tiene que servirnos de experiencia, importante y positiva, para lo que debe ser el trabajo de las comisiones investigadoras, muchas de las cuales no llegan a feliz término o cuyas conclusiones no logran resultados, producto de la forma en que han operado.
Sin perjuicio de valorar el informe que conocemos y la seriedad del trabajo desplegado, es necesario reiterar algo que ha sido planteado por diversos colegas: el alcance del informe y de sus conclusiones. En efecto, la Cámara de Diputados -esto ha sido resaltado por el diputado informante , señor Jorge Burgos , y por diversos diputados que han intervenido y que fueron miembros de la Comisión, entre ellos el diputado Monckeberg - puede fiscalizar exclusivamente las actuaciones de funcionarios del sector público. De esta manera, resulta lógico determinar que los resultados del trabajo de la Comisión son parciales, en la medida en que consideran sólo un aspecto y no la totalidad de los antecedentes obtenidos y de las actuaciones involucradas.
El diputado Monckeberg ha sido muy gráfico respecto de este punto, que también recogió el diputado Burgos , por lo que no quiero insistir en la magnitud que abarcaría un informe que considerara todos los antecedentes, esto es, los del ámbito público y la actuación de privados en esta materia.
En esta perspectiva, es preciso ponderar y considerar los antecedentes conocidos y analizados por la Comisión para obtener resultados concluyentes y formular juicios definitivos en relación con la situación que nos ocupa, que ha concitado la atención no sólo de la Cámara de Diputados, sino también de la opinión pública, de las autoridades del Ejecutivo, del sector empresarial y del ámbito que le es propio: los tribunales de justicia.
En virtud de lo que he señalado, debemos consignar que en este informe no se han analizado ni ponderado las conductas de diversos agentes del sector privado, como las instituciones bancarias, corredores de bolsa o administradoras de fondos mutuos, de las cuales, ciertamente, pudieran emanar responsabilidades civiles y penales por los hechos de que fue víctima la Corfo. Reitero: de que fue víctima la Corfo.
Al acoger el informe de la Comisión investigadora, manifestamos que el análisis y la investigación de estas conductas, así como de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se generen por el perjuicio producido al patrimonio público, deben ser determinados por los entes fiscalizadores del sector financiero y, en último término, por los tribunales de justicia. Debemos enfatizar que son estos últimos, y únicamente ellos, los llamados a conocer la totalidad de los hechos, esclarecer la verdad completa, formular las conclusiones definitivas y determinar las responsabilidades de quienes intervinieron en ellos, y sus efectos.
En concordancia con lo expresado, debe precisarse que, en caso alguno, el informe que se somete ahora a nuestro conocimiento puede afectar las consecuencias jurídicas que se derivarían del eventual actuar doloso o negligente de actores del mercado financiero que profitaron del perjuicio inferido a Corfo.
Para estos efectos, es un imperativo legal, particularmente para la Corfo, continuar ejerciendo las acciones conducentes a recuperar las pérdidas del patrimonio fiscal.
En esta materia, quiero recoger, como parte muy importante de nuestro debate, lo que sobre ese aspecto señala el informe y la intervención reciente, en ese sentido, de quien presidió la Comisión investigadora -el diputado señor Jorge Burgos -; porque éste es un aspecto central para resguardar las acciones que la Corporación de Fomento debe realizar para recuperar y proteger el patrimonio fiscal.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señora Presidenta , en primer lugar, felicito a la Comisión investigadora y a su presidente , el diputado señor Jorge Burgos , porque el trabajo que realizaron realmente ha sido muy importante y objetivo y nos ha conducido, en forma clara, hacia las conclusiones que se consignan. Esto demuestra que la Cámara puede realizar una labor fiscalizadora en forma transversal y con el aporte de todos los diputados, cualesquiera que sean sus tendencias, y llegar a una conclusión buena para la modernización del sistema público chileno.
Hay una palabra que podría sintetizar las conclusiones de este informe: control. Control es lo que ha faltado en los últimos hechos que hemos conocido, como los famosos casos de corrupción, pero muy especialmente lo que tuvo que ver con el Banco Central, Inverlink y Corfo-Inverlink. Control sobre aquellas personas que están ejerciendo funciones de alta relevancia y de profundo impacto para el país, pues manejan millonarios fondos públicos.
En cuanto a las conclusiones, en el tema del control no solamente se señala a la misma Corfo y a sus ejecutivos, a los cuales me referiré más adelante, sino también, y con mucha razón, a otros organismos que estaban relacionados con el sistema financiero, como la Superintendencia de Valores y Seguros y el Banco Central, cuya desidia -digámoslo así-, en definitiva, hizo que se agravara la situación misma, porque no se tomaron a tiempo las medidas eficaces para que no se infligiera mayor daño fiscal y también a los ahorrantes e inversionistas.
En su minuto, el diputado señor Montes señalaba que lo acontecido era que, ante el primer problema, no se habían encendido todas las luces rojas, sino que esto había quedado “para callado” y se había investigado por debajo hasta que esta situación explotó dos días después.
Entonces, el tema del control no solamente compete a los funcionarios que aquí se indican, sino también a otros organismos públicos, como, por ejemplo, a la Contraloría General de la República. En el informe se puntualizó muy bien que ésta entregó a la Corfo dos informes -en los años 1998 y 2000-, y en ellos se mencionó claramente que el señor Moya no podía continuar siendo el tesorero, la persona que custodiaba, que controlaba y que, además, era quien estaba en el mercado con los instrumentos financieros de la Corfo. Se decía textualmente que “el señor Moya era una especie de hombre multiuso”. Y se agregaba que, justamente ello, podría traer consecuencias graves -y con el tiempo, las trajo-.
Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que esos informes no fueron tomados en cuenta por los ejecutivos superiores ni por el vicepresidente ejecutivo de la Corfo . Pero el punto es que si una institución tan importante como la Corfo hace caso omiso de un informe de la Contraloría General de la República, mediante el cual ésta le señalaba que estaba operando mal y con riesgo para el patrimonio fiscal, ni toma en consideración un segundo informe, el organismo contralor debió dirigirse a autoridades superiores y no conformarse con la respuesta del vicepresidente ejecutivo de la Corfo. En efecto, debió haberse dirigido al presidente del consejo, que es el ministro de Economía , o al ministro de Hacienda , que forma parte del mismo y que también tiene responsabilidad sobre los fondos públicos. Pues bien, la Contraloría General de la época no hizo nada. Simplemente se contentó con que se adujera, mediante una carta, que dividir las funciones rompía su esquema. En consecuencia, la Contraloría General de la República también tiene una gravísima responsabilidad por omisión. Eso no se menciona en el informe, y es importante que quede constancia de ello.
Otra segunda responsabilidad que no se menciona porque que fue objeto de una decisión errónea y parcial, a mi juicio, dice relación con el consejo y con su presidente. La Corfo no es una institución a la que pertenezcan sólo funcionarios públicos. Según su ley, es dirigida y administrada por un consejo, compuesto por algunos ministros, y presidido, además, por el ministro de Economía . Asimismo, es un servicio descentralizado; por lo tanto, según la ley de Bases Generales de la Administración Pública, se encuentra bajo la supervigilancia de dicho ministro . En consecuencia, él tenía una doble responsabilidad respecto de lo que sucedía en la Corfo: por su labor de supervigilancia y por ser el presidente del consejo, según la ley de la Corfo. Pero respecto de él nada se dice.
¿Para qué se tienen ministros en el consejo o en el directorio de un organismo público si al final carecen absolutamente de responsabilidad administrativa? Nada se les puede decir, ni tampoco se les puede tocar. Son impunes absolutamente. Esa responsabilidad política, que quisimos hacer valer, no fue aceptada, erróneamente. Hoy tenemos un informe contundente de la Comisión investigadora, pero que sólo llega a los funcionarios y al vicepresidente ejecutivo, y no toca a quienes realmente tenían el deber, según la ley de la Corfo, de administrar y dirigir esa entidad. El informe es muy bueno, pero se quedó corto, pues no consigna la responsabilidad que les cupo, por omisión, a la Contraloría General de la República, al ministro de Economía y al consejo.
Por lo tanto, la opinión pública debe saber que a este informe, buenísimo, le falta un breve suplemento.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señora Presidenta , la Cámara de Diputados debe estar satisfecha con el contenido del informe de la Comisión especial investigadora. Cabe hacer un reconocimiento especial a los diputados de la Concertación que la integraron. Lamentablemente, en muchas oportunidades estas comisiones investigadoras defraudan las expectativas del público. Se presentan informes de mayoría y de minoría y los diputados de la Concertación, más que privilegiar hacer luz sobre los hechos ocurridos...
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Ruego respetar el derecho del orador.
El señor DITTBORN .-
Señora Presidenta , como decía, muchas veces los diputados de la Concertación, en vez de privilegiar un informe que sea claro y diga la verdad de los hechos, lamentablemente han preferido dar relevancia al aspecto político, es decir, defender básicamente al Gobierno, a fin de que salga lo menos dañado posible de estos hechos. En esta oportunidad, señora Presidenta , eso no ocurrió, lo cual constituye un mérito de esos diputados, en especial del presidente de la Comisión , quien siempre tuvo claro que se le haría un flaco favor a esta Corporación y a su prestigio si en estos hechos, en que, creo no hay dos opiniones sobre las graves negligencias cometidas por los funcionarios públicos encargados de supervigilar los fondos y los recursos públicos, se hubiera emitido un informe débil o dos informes, uno de mayoría y otro de minoría.
Se ha querido descalificar el contenido de este informe, afirmando que se pone demasiado énfasis en organismos públicos, como el Banco Central, la Superintendencia de Valores y la Corfo, y no en Inverlink. Como ya se ha dicho, tanto por el diputado señor Burgos como por otros miembros de la Comisión investigadora, a ella le corresponde, en virtud del Reglamento, investigar sólo el rol de las instituciones públicas y de quienes estaban a cargo de las mismas, y no a Inverlink como empresa privada. Eso no quiere decir que los tribunales de justicia no deban investigar las responsabilidades de Inverlink. Ya los señores Monasterio y Bertinelli están presos. Por lo tanto, se les debe aplicar las máximas sanciones, pero no por nuestra Corporación, sino por los tribunales de justicia.
Respecto de los tres organismos públicos involucrados en estos hechos, quisiera hacer un muy breve comentario.
En cuanto al Banco Central, creo que se le puede aplicar el artículo 2320 del Código Civil, que dice: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. Más adelante, el citado precepto dispone: “Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.
Aquí claramente cabe aplicar ese artículo, en el sentido de que es evidente que el presidente del Banco Central de ese momento no tuvo el debido cuidado respecto de información sumamente sensible para el mercado económico, probablemente la más sensible que él maneja.
Resulta inconcebible, señora Presidenta , que, interrogado el presidente del Banco Central por nosotros en la Comisión, al preguntársele si tenía una password o clave para acceder a esa información sensible, él nos contestara ingenuamente que no la tenía y que cualquier persona que ingresara a su oficina -su secretaria o un junior- podía acceder con toda facilidad a ese tipo de información. Eso es inexcusable y evidentemente vulnera la norma que he descrito.
En segundo lugar, probablemente donde están radicadas las mayores responsabilidades por negligencia es en la Corfo. Hay pocas dudas de que ahí es aplicable el artículo 234 del Código Penal, que textualmente dice: “El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la substracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que se trata en los tres números del artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos substraídos”.
Al escuchar a todos los testigos de estos hechos que trabajaban en la Corfo, se hace evidente que hubo negligencia inexcusable. Se quiere disminuir la responsabilidad del señor Rivas , afirmando que estaba preocupado de otros asuntos, que era vicepresidente ejecutivo y que no estaba encargado directamente del departamento de administración y finanzas y de la mesa de dinero. Pero, a mi juicio, ese argumento es débil, porque desde 1998 la Contraloría General de la República, a través de sucesivos informes, venía señalando que la mesa de dinero funcionaba con insuficientes controles. ¿Y qué hizo el señor Rivas en ese momento? Absolutamente nada.
Se ha querido sostener que la Contraloría también es responsable de no haber vigilado que se cumplieran sus sugerencias, pero más responsable es el señor Rivas , por no haber tomado ninguna decisión al respecto.
Adicionalmente, en cuanto a la responsabilidad del vicepresidente ejecutivo de la Corfo , hay tres botones de muestra.
En primer lugar, trato de explicar que una actividad secundaria de la Corfo era administrar dinero del mercado de capitales, siendo el fomento su gran tarea. Al respecto, la Corfo, en el presupuesto del año 2002, tenía más de 2 mil millones de dólares en el mercado de capitales, monto que representa veinte veces más de lo que se recaudará a través de los impuestos aprobados ayer en el Senado; esos son más de siete puntos del IVA. De manera que el señor Rivas no puede decir que él sólo estaba preocupado del fomento y que otros debían preocuparse de la administración de los recursos, como si ésa fuera una actividad menor. Ciertamente, el buen uso y administración de éstos es una actividad sustancial de la Corfo.
En segundo lugar -como señalé-, la Contraloría, a partir de 1998, comenzó a detectar anomalías en la mesa de dinero de la Corfo y en sus controles, haciendo las advertencias de rigor, pero el señor Rivas no hizo nada.
En tercer lugar -y que es lo más inexcusable-, el señor Rivas dio la orden de despedir al señor Moya a primera hora del día 5 de marzo de 2003, pero no se preocupó de que se cumpliera, ya que éste dejó de ejercer sus funciones sólo dos días después, esto es, el 7 de marzo. ¿Qué ocurrió en el intervalo? La Corfo perdió 5.200 millones de pesos adicionales. ¿Cómo esto no va a ser negligencia inexcusable?
Finalmente, creo que la Superintendencia de Valores y Seguros también tiene una responsabilidad. Personalmente, llegué a la profunda convicción de que ésta no necesita más leyes para controlar mejor a las corredoras de bolsa o a las compañías de seguros. La Superintendencia, conforme a la ley, tiene todas las facultades para controlar en forma adecuada. El problema es que no lo hizo como correspondía hacerlo, porque, cuando ocurrieron los hechos, el superintendente Clarke , que en ese momento hacía uso de sus vacaciones, ni siquiera cuando volvió a retomar su puesto se hizo cargo del tema, asumiéndolo como algo menor. Evidentemente, esto es negligencia.
También advierto que durante las primeras semanas después de ocurridos los hechos, hubo una significativa descoordinación entre el Banco Central y la Superintendencia de Valores y Seguros. Probablemente ésta no se habría producido de haber estado en su cargo el señor Clarke . Sin embargo, había un subalterno que, si mal no recuerdo, era el fiscal.
En conclusión -y con esto termino-, el mercado se preguntó por qué Inverlink había crecido tan rápido; de dónde había sacado los recursos para crecer ya que compró AFP, clínica, corredoras de bolsa, fondos mutuos, etcétera. Nosotros, como Comisión, le pedimos a la Superintendencia de Bancos que nos diera a conocer si los bancos de la plaza (bancos privados o el Banco del Estado) habían otorgado créditos a Inverlink que explicaran este abrupto crecimiento. La respuesta fue negativa. En su información, expresa que la cantidad de créditos que Inverlink había recibido era insignificante. No hay créditos de largo plazo, sólo capital de trabajo.
Entonces, ¿cómo creció Inverlink? A espaldas del sector público, creció, primero, por la información privilegiada que obtuvo del computador del presidente del Banco Central , a través de la señorita Pamela Andrada , quien hoy se encuentra detenida y procesada. Además, creció por medio de la Corfo, porque sabemos que, al menos durante cinco años, el señor Moya usó los depósitos de la Corfo como garantía colateral en favor de Inverlink, a cambio, sin duda, de una generosa retribución. Ese fue el origen del crecimiento de Inverlink, y no la banca privada o pública. Ello obedece a la falta de controles y a la negligencia inexcusable de funcionarios públicos que no tuvieron el cuidado adecuado de los recursos que ellos debían administrar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , a esta altura del debate es importante tomar en consideración el texto del informe y no adoptar una actitud pequeña, ya que los parlamentarios de la Concertación que formaron parte de esta Comisión, al suscribir el informe, han hecho un expreso reconocimiento de las responsabilidades que tiene el sector público, las que competen a las autoridades de Gobierno y a las instituciones fiscalizadoras involucradas. En ese sentido, el informe ha sido muy elogiado por parte de los parlamentarios de Oposición.
Sin embargo, la última intervención, del diputado señor Dittborn , hace caso omiso de esta situación, que ha sido la constante del debate, y deja la idea de que los parlamentarios de la Concertación quieren eludir este problema y proteger la posición del Gobierno. Pero ello no es así. Esa es una lectura muy pequeña respecto de la posición de la Concertación en esta materia. Incluso, los datos a los que ha eludido están distorsionados, porque la Corfo ha manejado, mediante instrumentos financieros, cerca de 2 mil millones de dólares, pero no en el presupuesto de un año, sino a lo largo de una década. Eso, obviamente, es una distorsión de las cifras, lo que conduce a conclusiones enteramente distintas.
Gracias al uso de esos instrumentos financieros, durante diez años Inverlink obtuvo aproximadamente la cantidad de 400 millones de dólares. Entonces, cuando el diputado señor Dittborn hace la comparación sobre la base de esa cantidad de dólares en relación con un año y señala que es una suma mayor de la que ayer se aprobó en el Senado, es lógico que saque una conclusión que le dé la razón. Pero ese monto de dinero no se obtuvo en el transcurso de un año, sino a lo largo de una década. En consecuencia, al final la conclusión es completamente distinta.
También nos gustaría escuchar, con el mismo énfasis que se pone para indicar las responsabilidades de las autoridades de Gobierno, cuáles son las de los delincuentes que cometieron los ilícitos. Nos agradaría escuchar eso, pero dicho con el mismo encono y ardor usado en el alegato que se hace en la Sala. Para enjuiciar las negligencias del Gobierno, también hace falta que se diga quiénes cometieron los delitos, es decir, cuáles fueron los delincuentes que estafaron al Estado a través de la Corfo. Sin embargo, lamentamos que ello no se haya hecho en el curso del debate, lo que no sólo tiene implicancia desde el punto de la discusión; también nos preocupa, básicamente por su consecuencia política y judicial posterior, eventualmente, porque la Corfo ha seguido adelante con los procesos judiciales a fin de recuperar parte de los dineros perdidos. En consecuencia, cuando no se pone énfasis respecto de las responsabilidades judiciales que la Corfo debe perseguir, y hay recursos del Estado que ella debe rescatar, nos preocupa que se genere un desequilibrio y una visión distorsionada de los hechos. No podemos aceptar que por la vía de enjuiciar a la autoridad de Gobierno, se señale que se perdieron los recursos que estaban en manos de la banca privada.
Cuando los parlamentarios de la Concertación manifestamos que las conclusiones del informe no son definitivas, sino provisorias y parciales, estamos diciendo que esperamos recuperar estos recursos para la Corfo y para todos los chilenos en los tribunales de justicia.
En consecuencia, esperamos que los delincuentes y sus cómplices, así como los grupos financieros del sector privado implicados en estas acciones delictivas, puedan asumir sus responsabilidades en los tribunales y devuelvan el dinero que pertenece a todos los chilenos. No tenemos la intención mezquina y pequeña de eludir este aspecto esencial de la discusión.
Aludiendo a las palabras del diputado Álvarez , a veces lo lógico no necesariamente es justo; y en este caso no es justo que por una visión distorsionada del informe se señalen, única y exclusivamente, responsabilidades de las autoridades comprometidas y no se exprese con la misma fuerza que la banca privada también se comprometió en acciones reprobables y delictivas, por lo que, a lo menos, fue cómplice de quienes robaron dinero a la Corfo y a todos los chilenos. Se trata de recursos muy importantes pues, eventualmente, podrían resolver problemas significativos del presupuesto. Por eso, nos interesa que Corfo persiga las responsabilidades judiciales de los implicados y que la lectura final del informe no sea que aquí se cerró la suerte de los procesos en curso, sino que, por el contrario, el informe aprobado por la Cámara de Diputados sea un estímulo y un aliciente para que la Corfo y el Estado busquen recuperar estos dineros en beneficio de todos los chilenos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Antes de proceder a la votación del informe de la Comisión investigadora, solicito la unanimidad de la Sala para incluir una adición a la conclusión Nº 5 del informe, suscrita por los diputados señores Tuma y Montes, que va a ser leída por el señor Secretario .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , no doy la unanimidad.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Pero, ¿da la unanimidad para que sea leída?
El señor ÁLVAREZ .-
No, porque ya hemos conversado el tema.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Se encuentran vigentes los pareos de los siguientes señores diputados: Boris Tapia con Felipe Salaberry, Carlos Abel Jarpa con Carlos Vilches, José Antonio Galilea con Jaime Quintana y José Pérez con Alberto Cardemil.
El señor HALES.-
Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HALES .-
Señora Presidenta , con todo el respeto que merece la opinión negativa a la aprobación de la adenda a la conclusión Nº 5 del informe, me parece que el Reglamento no prohíbe conocer la proposición y quienes son sus autores, independientemente de que no haya acuerdo para discutirla. En consecuencia, solicito conocer la proposición, porque el Reglamento no lo prohíbe.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , el diputado señor Hales está muy equivocado en esta materia. El informe y las conclusiones son una sola cosa. Aquí se está solicitando la unanimidad de la Sala para hacer una modificación, pero no existe esa voluntad.
Por lo tanto, ni siquiera corresponde darle lectura, porque no hay unanimidad para modificar el informe, aprobado por unanimidad en la Comisión. En consecuencia, el diputado Hales está absolutamente equivocado.
He dicho.
El señor TUMA.-
Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento, señora Presidenta.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Diputado Tuma, me parece que no tiene sentido continuar con este debate. Se ha propuesto incluir una adición a las conclusiones del informe, de los diputados señores Tuma y Montes, respecto de la cual pedí la unanimidad de la Sala para darla a conocer. Pero está claro que aquí hay un solo informe con sus conclusiones.
En votación el informe de la Comisión investigadora encargada de analizar el actuar de los organismos del Estado en las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades financieras del grupo Inverlink.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
SUSPENSIÓN DE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para pasar a la hora Incidentes y suspender la tramitación de los proyectos de acuerdo.
Acordado.
VI. INCIDENTES
CUMPLIMIENTO DE PROMESAS A PEHUENCHES DEL ALTO BIOBÍO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el honorable diputado Navarro hasta por cinco minutos.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , como la opinión pública ha conocido, durante los últimos días se ha venido desarrollando un diálogo entre la comunidad pehuenche del Alto Biobío, particularmente las familias pehuenches que han resistido la negociación, y Endesa , para encontrar un punto de acuerdo que permita salvar un gran problema, un proyecto que partió mal y que amenaza con terminar peor.
La voluntad de las familias pehuenches, de las hermanas Julia Rosario y Mercedes Huenteao Beroíza , de Berta Quintremán Calpán y de Aurelia Huenumán, es llegar a un acuerdo que permita una solución colectiva, es decir, la creación de la comuna de Ralco, para atender los graves problemas que no han sido resueltos por las acciones realizadas por el Gobierno y Endesa, y a fin de evitar el daño que se ha causado al pueblo pehuenche del Alto Biobío.
Recientemente, y de manera lamentable, el Gobierno informó que se ha allanado a la petición de Endesa de dar a conocer la valoración de los terrenos hecha por la Comisión de Hombres Buenos, que se ha transformado en la “comisión de hombres malos”, porque el dinero ofrecido dista sideralmente de los más de 4.500 millones de pesos que Endesa ha pagado a Sola Ruedi, quien no es parte de la comunidad pehuenche, por terrenos de igual ubicación y, en nuestra opinión, de igual valor.
Endesa no podrá realizar su proyecto eléctrico sin las tierras de las familias pehuenches, respecto de las cuales la empresa no ha tenido la voluntad de permutarlas, pues ha manifestado su intención de quedarse con ellas para inundarlas con las aguas de la represa.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha dado luz verde para que Endesa solicite a los tribunales la posesión material de los terrenos y, por lo tanto, para que se concrete la expulsión de la familias pehuenches de sus tierras, de las que tienen títulos de dominio.
El ministro Francisco Huenchumilla -ex diputado , hombre en el que todos confiamos, de una integridad moral a toda prueba y de una capacidad intelectual que todos reconocemos- señaló ayer, en una reunión realizada en el palacio de La Moneda con las familias mapuches, que el Gobierno ha accedido a esto porque la ley lo obliga a hacerlo; pero que -quiero rescatar esto- el Gobierno también se compromete a hacer respetar -por lo demás, no tienen otra posibilidad- sus propias resoluciones, en este caso, la resolución ambiental de 1997, que estableció que sólo puede haber relocalización de la comunidad pehuenche a través de la permuta voluntaria, es decir, sólo si se cuenta con la voluntad de los afectados.
Lo anterior significa que Endesa, no obstante contar con la tasación de la Comisión de Hombres Buenos y con la facultad de recurrir a los tribunales para obtener la expropiación de los terrenos, debe cumplir con las resoluciones emanadas del Gobierno -el que, a su vez, no sólo tiene el deber jurídico, sino también el deber moral de hacer respetar sus propias resoluciones-. Confío plenamente en que el Gobierno cumplirá con lo expresado por el ministro Huenchumilla a las familias pehuenches y al equipo de abogados que las asesoran.
Fui testigo de una conversación en que el Presidente de la República se comprometió con las hermanas Quintremán , y, en general, con las familias pehuenches, particularmente con las mujeres, a que este proyecto, que según sus propias palabras había comenzado mal, terminará lo mejor posible. También, en su visita al Alto Biobío , les dijo a las familias que buscará la mejor solución a este grave problema, que, sin duda, no es de responsabilidad de los pehuenches, sino que fue creado por una empresa que, lejos de respetar la normativa ambiental y la dignidad del pueblo mapuche-pehuenche, lo ha perseguido y avasallado, y que hoy pretende acceder a sus terrenos sin haber cumplido las mínimas condiciones, como es llegar a un acuerdo económico, pero también a uno político-social.
Aquí no se busca una recuperación material, sino que se plantea una política especial para todo el Alto Biobío. Por lo tanto, aun cuando están pendientes recursos en la Superintendencia de Electricidad y Combustible y en los tribunales de justicia...
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , he planteado lo que ocurrió ayer en el palacio de La Moneda. Esperamos sinceramente que se cumpla ese compromiso, porque los políticos y el Gobierno deben honrar su palabra y defender a los más débiles, que en este caso son las familias pehuenches del Alto Biobío.
Para terminar, pido que se oficie al señor ministro Secretario General de la Presidencia para que informe respecto de la resolución de la Comisión de Hombres Buenos y del cumplimiento de la resolución ambiental relativa a la relocalización de estas familias.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
PARALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO URBANO EN PURRANQUE. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , junto con sumarme a las palabras del diputado señor Navarro y a su constante apoyo a las familias que hoy nos acompañan desde las tribunas, me referiré a un tema que afecta a una gran cantidad de familias rurales, especialmente de la comuna de Purranque, que fueron favorecidas con un proyecto de mejoramiento urbano por 347 millones de pesos, que beneficiaba, entre otras, a las localidades de Huellusca y Dollinco , adjudicado la constructora Ventisqueros.
En una visita efectuada a la primera de esas localidades durante la semana distrital recién pasada, me enteré, luego de una larga conversación con dirigentes vecinales, deportivos y de distintas instituciones, así como con habitantes de la zona, de los difíciles momentos que viven en la actualidad debido a que la empresa constructora Ventisqueros se ha declarado en quiebra y ha dejado, literalmente, los trabajos botados. Ello ha generado problemas con la población que allí habita: las calles se encuentran en absoluto deterioro; los hoyos, diseminados en las cercanías de las poblaciones, representan un serio peligro para sus habitantes; se destruyeron trabajos realizados con mucho esfuerzo gracias a los programas pro empleo, que consistían en construir casetas sanitarias y soluciones intermedias para los vecinos de escasos recursos.
En definitiva, se trata de una quiebra que ha afectado socialmente a los habitantes de dichas localidades. Los propios vecinos nos han señalado que existen personas, entre ellos el presidente de la junta de vecinos de Huellusca, que han recibido, supuestamente, un doble beneficio en lo que a casetas sanitarias se refiere.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al contralor general de la República , a fin de que disponga investigar esta situación, y al jefe de la unidad de control regional del gobierno de la Décima Región, con el objeto de que informe lo ocurrido con este proyecto, que había generado enormes expectativas y anhelos muy sentidos en la comunidad, pues apuntaba al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Lamentablemente, la gente tiene la percepción de que se perderá la posibilidad de materializar esas obras.
Por otra parte, solicito que se oficie al alcalde de Purranque, a fin de que agilice la nueva licitación que permitirá la continuidad de esos trabajos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Pedro Araya , Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz , Sergio Ojeda y de quien habla.
INCLUSIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA SEXTA REGIÓN EN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el turno correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, ha creado un programa de pavimentación de caminos rurales, económico y participativo. En tal sentido, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , al director de Vialidad de la Sexta Región y al director nacional de la misma entidad, con el objeto de que incluyan en ese programa dos caminos de esa región, emplazados en lugares muy populosos: en primer lugar, me refiero al camino La Ramada -conocido por la nomenclatura de I-400-, ubicado en la comuna de San Fernando -allí viven muchos pequeños propietarios rurales-, y de una extensión que no alcanza los 2 kilómetros de longitud. Integrar ese camino al programa señalado significará entregar una solución real para la gente que vive en ese lugar, la que, por lo general, sufre aislamiento en el invierno y debe soportar el polvo y la tierra el resto del año.
También pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , al director nacional de Vialidad y al director regional de dicho servicio en la Sexta Región para que, con este mismo programa, considere pavimentar 1.700 metros de la localidad de Callejones. Con ello se favorecerá a casi 500 familias del sector.
El Ministerio de Obras Públicas, que ha estado bastante cuestionado por una serie de irregularidades, con este sistema económico de pavimentación de caminos rurales, en buen chileno, le “está pegando el palo al gato”. Con un asfaltado económico, donde participa la comunidad, puede dar solución real a problemas históricos. O sea, la gente modesta, sencilla, aporta para que estas localidades también se integren a la modernización del país.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CESIÓN DE TERRENO EN COMODATO A COMERCIANTES DEL SECTOR DE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , durante la última semana me reuní, en el sector de Laraquete, comuna de Arauco -localidad que su Señoría conoce muy bien-, con la asamblea de vendedoras de tortillas, tradicionalmente denominadas “las palomitas”, encabezada por su presidenta señora Luz Loyola Cortés , quien me expuso una serie de problemas por los cuales atraviesan. Una de las grandes dificultades que hoy viven, y que se arrastra desde hace varios años, es la inseguridad e inestabilidad futura del trabajo que realizan.
En efecto, para quienes vivimos en la zona, así como para quienes, ya sea por turismo u otra razón, van de visita a ella es una tradición, es parte de la cultura típica, al nivel de los mimbres de Chimbarongo o de las tortas curicanas, detenerse en Laraquete, invitados por cálidas y amables mujeres con reluciente delantal blanco, a degustar la tortilla propia de esos lugares. Es una añosa costumbre que la gente, con su preferencia, se ha encargado de mantener. Como es de suponer, esas mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, ocupan las ventas camineras como un medio de sustento para sí mismas y para sus familias.
La actividad se ha perfeccionado bastante y en la actualidad ellas están sujetas a múltiples regulaciones, entre otras, sanitarias, de control de calidad, municipales, por el pago de la patente correspondiente, incluso, de acceso a los buses de transporte de pasajeros.
Entendiendo lo tradicional de la labor, lo deprimida que se encuentra la zona y que todos debemos contribuir a cuidar los puestos de trabajo y el enorme esfuerzo que estas señoras realizan, día a día, no sólo para poner sus productos a disposición de quienes transitan por la ruta 160, sino también para dar cabal cumplimiento a todas las normas pertinentes, nos parece poco propicio que ellas no tengan plena seguridad respecto de su lugar de trabajo y estén asentadas allí, casi por simple ocupación, y que cada vez que surge un proyecto, ellas tiemblen, porque un eventual traslado probablemente significaría, para toda la comunidad, el fin de la tradición y, para ellas, la hecatombe económica.
A lo dicho se agrega, como nefasta consecuencia, que al no estar los terrenos regularizados a su favor, les resulta imposible postular a proyectos de mejoramiento, aunque cuenten con el apoyo y la venia de la Ilustre Municipalidad de Arauco y de otras autoridades, por cuanto siempre se exige, como requisito básico, la acreditación de la regularidad de los terrenos.
Por lo anterior, solicito oficiar al ministro de Bienes Nacionales para que informe si los terrenos en cuestión pertenecen a dicha cartera, de acuerdo con los respectivos títulos. Si no fuera así, que nos informe quién es su propietario y, si corresponde, se plantee la posibilidad de entregarlos en comodato a la Ilustre Municipalidad de Arauco , con el fin de que ésta, a su vez, los entregue a las interesadas.
En dicho caso, pido que se oficie, también, a la Ilustre Municipalidad de Arauco, con el fin de solicitar formalmente el comodato de los terrenos en cuestión para los fines indicados.
Por último, solicito enviar copia de esta intervención a las dirigentas de esa agrupación tan querida por quienes somos parte de la zona.
Señor Presidente, el resto del tiempo del Comité de la UDI se lo cedo al de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Monckeberg , Kuschel , Ojeda , Araya , Navarro , Accorsi y de quien habla.
DEFICIENCIAS EN ATENCIÓN DE URGENCIA EN COMUNA DE SAN FABIÁN DE ALICO. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg, en el tiempo cedido por el Comité de la UDI.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente , lamentablemente me veo en la obligación de usar estos minutos para hacer una grave denuncia de un hecho ocurrido en la comuna de San Fabián de Alico, Octava Región.
Durante los últimos meses, permanentemente mi oficina se ha convertido en un punto de reclamos de los vecinos, que sienten una tremenda inseguridad por el mal servicio de urgencia médica que se está prestando en esa comuna precordillerana.
Muchos accidentes y emergencias que se han producido en la noche, no han tenido una debida atención en el consultorio.
Pero las cosas llegaron a su punto más grave el martes 24 de junio, cuando, alrededor de las 14 horas, por una caída, se golpeó la cabeza la señora Ramona Quiñones , residente y vecina de San Fabián. Un transeúnte que presenció el accidente y la vio en el suelo bastante dañada y, desde luego, ensangrentada, fue al consultorio, pero se encontró con que, a las 14.25 horas, éste estaba totalmente cerrado. Intentó entrar por las puertas de atrás, pero también estaban cerradas. Recién a las 14.30, cuando la urgencia estaba afectando y poniendo en riesgo la vida de la señora Ramona , apareció, no un paramédico ni un doctor, sino el conductor de la ambulancia, quien, con una calma exagerada, se dirigió a asistir a la accidentada. Fue solo, sin asistencia médica. De allí, la señora fue trasladada a la comuna de San Carlos y después a Chillán.
No soy experto en materias médicas, pero no me cabe ninguna duda de que esta negligencia o retraso en la atención debe haber influido en el sentido de este caso, porque finalmente, el jueves 26 de junio, ella falleció.
Este caso tan doloroso nos ha servido, asimismo, para acompañar a la familia en este difícil momento, en que ha perdido a un ser querido. Pero ojalá que de esta situación podamos obtener por lo menos una obra mínima que dé garantía y dignidad a la gente que vive en San Fabián. No es posible que la comuna esté tan aislada del centro cívico más importante, que es San Carlos, ni tampoco que el consultorio no atienda las emergencias como es debido. En relación con otros aspectos, se ha reclamado muchas veces. Nos podrán decir que no hay recursos ni presupuesto, pero estamos pidiendo lo mínimo: un médico permanente, un chofer y la debida atención de urgencia.
Por tanto, pido que se oficie, con la urgencia que requiere el caso, al Servicio de Salud de Ñuble y al ministro de Salud para que, de una vez por todas, terminen con esta enorme desigualdad en la atención de salud que está afectando a San Fabián de Alico y a sus familias, disponiendo a la brevedad posible los recursos materiales y humanos para que este consultorio brinde la debida atención de urgencia.
Termino entregando mis saludos, afecto y apoyo a la familia de la señora Ramona . Espero que este hecho tan lamentable, como una semilla que cae en tierra fértil, genere la puesta en marcha de un consultorio que garantice la salud en San Fabián de Alico.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
SUPERACIÓN DE DISCREPANCIAS PARA DESPACHO DE NORMATIVA SOBRE ELECTRICIDAD. Oficio.
El señor KUSCHEL.-
Pido la palabra en el tiempo que nos cedió la UDI, del cual restan cinco minutos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , solicito enviar oficio al Presidente de la República a fin de que resuelva las discrepancias surgidas entre los Ministerios de Economía y de Hacienda y la directora de la Comisión Nacional de Energía en cuanto al tratamiento de la “ley corta” eléctrica, radicada en la Comisión de Minería desde mayo del año pasado.
Ello, sobre la base de lo sostenido por el Jefe de Estado, en el sentido de que cuando hay discrepancias, él es el encargado de resolverlas.
Nos interesa que la iniciativa avance en su tramitación y se efectúen las inversiones en generación y, sobre todo, en transmisión, ya que en pocos meses hemos experimentado dos cortes de energía eléctrica desde Los Ángeles a Quellón.
Como se sabe, existe una especie de estrangulamiento en la ruta de transporte de la energía eléctrica entre Los Ángeles y Temuco. Antes, el sur era superavitario en materia de energía, pero ahora es deficitario. La zona ha crecido y hay cierto progreso; sin embargo, falta energía debido a que no se han hecho las inversiones necesarias.
Afortunadamente, sólo para estos efectos, el crecimiento no ha sido todo lo importante que sería recomendable. En caso contrario, estaríamos a oscuras y con racionamiento.
Atendida la gravedad de las situaciones que se pueden producir por la falta de electricidad, es muy importante que terminen las discrepancias entre las autoridades indicadas y que la tramitación de la iniciativa avance. Llevamos más de un año sin resolver nada y todos los días en la prensa aparecen sólo opiniones. No hay noticias de inversiones que permitan superar lo relacionado con la generación, ni con la transmisión, que las requiere con más urgencia.
El ministro de Economía fue gerente general de Guacolda, subsidiaria de Gener, una de las tres únicas empresas generadoras del país, por lo que, conoce muy bien el tema
Agradezco la gentileza de la UDI.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ojeda , Araya y Jaramillo .
ESTADO DE MONUMENTO NATURAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , uno de los principales monumentos y figura característica de Antofagasta, como es La Portada, nuevamente se ha visto afectado por una serie de derrumbes en los acantilados que rodean el sector, lo que ha llevado a las autoridades de la región a cerrar el acceso a él.
Nos preocupa esta situación, porque La Portada es uno de los polos turísticos y de atracción de nuestra ciudad y, más aún, porque, en 2001, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la Dirección de Obras Portuarias de la Segunda Región, destinaron 160 millones de pesos para reparar los acantilados del sector y las escaleras de acceso.
En enero de 2001, el Fndr entregó 70 millones de pesos para el proyecto de mejoramiento del acantilado del sector La Portada; en abril de 2001, la Dirección de Obras Portuarias asignó 60 millones de pesos a un proyecto para estabilizar acantilados y reponer escaleras de acceso a la playa. Finalmente, en junio del mismo año, el Consejo Regional aprobó 33 millones de pesos para financiar obras complementarias a las que se estaban ejecutando.
En ese momento se dijo que las obras, realizadas en una parte por la empresa Victoria, tendrían una duración aproximada de treinta años; se garantizó a la comunidad antofagastina que no habría problemas para acceder al monumento natural La Portada y, en septiembre de 2001, autoridades del Ministerio de Obras Públicas inauguraron las referidas obras. Hoy, sin embargo, vemos con sorpresa que no tuvieron la duración esperada y que, consecuentemente, el acceso está nuevamente cerrado.
Por lo señalado, pido que se envíen los siguientes oficios:
Al ministro de Obras Públicas y al intendente de la Segunda Región , con el objeto de que informen detalladamente acerca de la ejecución del proyecto de mejoramiento del acantilado del sector La Portada, financiado con recursos del Fndr destinados a la Segunda Región , y del de estabilización de acantilados y reposición de escaleras de acceso a la playa de La Portada, ejecutado con recursos de la Dirección de Obras Portuarias. Además, deseo que se informe sobre qué trabajos efectuaron las diferentes empresas y por qué, si se anunció una duración de las obras de treinta años, el acceso a La Portada nuevamente está cerrado.
Al contralor regional, con el objeto de que informe respecto de la fiscalización llevada a cabo en los referidos proyectos.
A los directores de la Corporación Nacional Forestal, de Obras Portuarias y del Servicio Nacional de Turismo, en relación con el plan maestro de mejoramiento y mantención de La Portada, anunciado en 2001 por las autoridades de la región, el cual, no obstante requerir urgente atención, hasta la fecha no es conocido por la comunidad de Antofagasta.
Por último, al director nacional de Sernatur , señor Óscar Santelices , para invitarlo a concurrir a la comuna de Antofagasta a ver en qué estado se encuentra el monumento natural La Portada, uno de los principales atractivos turísticos de la Segunda Región.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Ojeda , Jaramillo , Kuschel y Salas.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO MILENKO VILICIC KARNINCIC EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA (de pie).-
Señor Presidente:
El 4 de julio de 1993, los diarios y medios de comunicación del país nos daban una triste noticia, que el diario “La Nación”, de Santiago, tituló así: “Murió el diputado Milenko Vilicic Karnincic , parlamentario democratacristiano”. Padecía un cáncer terminal.
La prensa actual de Punta Arenas informaba: “Pesar unánime en toda la región”. A la vez, otros medios señalaban: “ Presidente de la República encabezó responso por diputado ”, “Profundo pesar al arribo de los restos del diputado Milenko Vilicic a Punta Arenas”, “Caravana de vehículos acompañó traslado del féretro a la iglesia”, “Familiares y delegaciones de parlamentarios llegaron para estar en las exequias”, “Destacamentos de la Fuerza Aérea y del Ejército rindieron honores”. Todo ello, en un ambiente de congoja y en un estado de profundo pesar.
Después de haber estado cerca de dos meses hospitalizado en la Clínica Alemana, de Santiago, falleció nuestro gran amigo, colega y camarada de partido, Milenko Vilicic .
Fue diputado independiente por el distrito Nº 60, constituido por las comunas de Natales, Torres del Paine, Punta Arenas, Río Verde, Laguna Blanca , San Gregorio , Porvenir, Primavera, Timaukel, Navarino y La Antártica. Ingresó a la Democracia Cristiana en 1992.
Milenko nació el 9 de marzo de 1932. Estaba casado con María Rasmussen y tenía cuatro hijos. Sus estudios los realizó en el Instituto Don Bosco y en el Instituto Comercial de Punta Arenas. En 1970, fue elegido presidente del Sindicato de Dueños de Camiones . Posteriormente, integró la Asamblea de la Civilidad en aquellos tiempos difíciles.
Antes de conocer de su enfermedad se aprestaba a preparar su reelección por ese distrito. Tenía las ganas, el ímpetu, la mística y todas las posibilidades de lograrlo, porque había realizado un excelente trabajo parlamentario, tanto en la Cámara como en su distrito. Sin embargo, ello no fue posible, porque sus intensos dolores y el avance irreversible de su enfermedad se lo impidieron.
Para asistir a su despedida, viajamos a Punta Arenas con los diputado José Antonio Viera-Gallo - Presidente de la Cámara de la época-, la diputada señora Eliana Caraball y los diputados señores Guillermo Yunge -jefe de nuestra bancada-, Patricio Melero y Jaime Orpis . En Punta Arenas esperaban el diputado Carlos Smok y los senadores Rolando Calderón y José Ruiz de Giorgio . El día de su funeral había catorce grados bajo cero, y la noche anterior había caído abundante nieve, que blanqueó calles, parques y techos de las viviendas.
Los discursos fúnebres recordaron y graficaron su obra y describieron su personalidad. Fue un gran regionalista y un gran luchador, humilde y sencillo en su trato, pero fuerte y enérgico en sus decisiones. Se preocupó del progreso y al desarrollo de la zona.
En la Cámara de Diputados su voz resonó fuerte para defender los intereses de su región. Presentó variados y múltiples proyectos de acuerdo para la creación de un fondo para el desarrollo de regiones extremas. También promovió proyectos de acuerdo para la prórroga de plazos a fin de establecer fórmulas tarifarias para el gas en Magallanes. En sus intervenciones, se refirió a los problemas de transporte y de gobierno regional de Magallanes; en reiteradas ocasiones planteó el anhelado y máximo objetivo de la comunidad de Magallanes: contar con una infraestructura portuaria que se materializara en la construcción de un nuevo complejo portuario -fue muy enérgico e inflexible en pedir la realización de esa obra, la cual era como un emblema y su máximo objetivo-; participó en proyectos para el establecimiento de regímenes preferenciales de tratamiento aduanero y tributario para las comunas de Porvenir y Primavera, y solicitó que el Gobierno se preocupara de los aspectos relacionados con la licitación de la explotación del bacalao.
Integró las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Economía, así como la Comisión especial investigadora de la capa de ozono. Como descendiente de croatas, fue miembro del grupo chileno-croata. Asimismo, integró los grupos chileno-alemán, chileno-británico y chileno-japonés.
Como compañeros de bancada, compartimos oficina y personal, lo que me permitió conocerlo más de cerca. Era un hombre sencillo, amable y sincero. Se notaba en él un pasado de mucho trabajo, de gran esfuerzo y sacrificio, porque fue transportista y durante muchos años condujo su propio camión.
El día de la llegada del féretro, en todas las calles de Punta Arenas se escucharon las bocinas de gran cantidad de vehículos de transporte que recibían a su colega. Era el dolor de un gremio y el pesar de una ciudad entera que lo esperaba para darle el último testimonio de amor y de reconocimiento.
Hace diez años Milenko nos dejó, como ya lo han hecho Laura Rodríguez , Akín Soto , Manuel Bustos , Octavio Jara , Ángel Fantuzzi , y últimamente -lo digo con mucha pena-, mi ex camarada Hugo Rodríguez , todos luego de haber sido diputados desde 1990, cuando comenzamos a reconstruir nuestra democracia.
Señor Presidente , solicito que, en mi nombre, en el de la bancada Demócrata Cristiana y en el de los diputados señores Zarko Luksic , José Miguel Ortiz , Enrique Jaramillo , Pedro Araya , Carlos Ignacio Kuschel , Enrique Accorsi y Edmundo Salas , se envíe copia de mi discurso al intendente de la Duodécima Región , a los alcaldes de las comunas de su distrito, a la viuda e hijos de Milenko, como un homenaje póstumo a ese gran diputado .
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que ha mencionado.
AUMENTO DE COSTOS DE MEDICAMENTOS EN PRESTACIONES DE CLÍNICAS PRIVADAS. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, quiero plantear un problema grave que afecta a muchos usuarios del sistema privado de salud, debido al gran aumento de los precios de los medicamentos.
Tengo, como ejemplo, algunas facturas: una ampolla de Profenid, cuyo costo es de 1.835 pesos, al usuario se la venden en 4.377 pesos; por una ampolla de Zomepral, con un costo de 10.080 pesos, le piden 23.788 pesos; por un trocar de laparoscopía, que cuesta 36 mil pesos, le cobran 86 mil; por un tubo endotraquial, que cuesta 20.767 pesos, le cobran 40.010 pesos.
Hay numerosos otros ejemplos, tanto en el listado de los medicamentos como en el de los insumos.
Quiero plantear formalmente esta denuncia, porque es una práctica habitual de las clínicas encarecer las prestaciones, con lo cual aumenta el costo de la factura y se deja en una indefensión absoluta a los usuarios.
Pido que se oficie al ministro de Salud , al superintendente de Isapres y al director de la Asociación de Clínicas , a fin de que nos informen sobre la base de qué normativa se les permite a las clínicas aumentar de esa manera los precios de los medicamentos y de los insumos, los cuales van desde 60 a 400 por ciento. Los usuarios que se atienden en dichas clínicas quedan en una indefensión absoluta frente a este abuso.
Es nuestro deber fiscalizar la materia, porque, según entiendo, no hay normativa alguna que regule dicho sistema.
Por lo tanto, pido que se oficie a las autoridades competentes, a fin de que nos den la información respectiva.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , Pedro Araya , Sergio Ojeda , Carlos Ignacio Kuschel , Rosauro Martínez y de quien preside.
PROTECCIÓN DE BANDAS DE PRECIOS DEL AZÚCAR. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , en los últimos días, a través de distintos medios de comunicación social se ha informado de los contenidos y alcances de un proyecto sobre bandas de precios para productos agrícolas, en concreto, para el trigo, el azúcar y el aceite vegetal. Las bandas de precios, en el caso de estos productos sensibles, son un instrumento legal de protección de la producción interna de los mismos, que evita que, fruto de la competencia internacional, ingresen al país productos a precios tan bajos que terminan lesionando de manera irreversible un área de actividad económica del país.
El Gobierno, en el marco de las normas de la Organización Mundial de Comercio, ha tomado la decisión de prorrogar la vigencia de las bandas y adecuarlas a la legislación nacional para evitar futuras contiendas de derecho económico internacional.
Chile forma parte de los foros multilaterales. Con responsabilidad, el Presidente Lagos, pese a los compromisos permanentes de nuestro país por abrirse al comercio exterior, ha planteado al Congreso Nacional la subsistencia de las barreras arancelarias, con la finalidad de evitar la quiebra de la tradicional agricultura del sur del país, que con tanta fuerza muchos diputados defendemos en la Sala.
Si bien respaldo la decisión del Gobierno, no puedo pasar por alto un aspecto no menor en relación con la protección propuesta para los azúcares importados, pues sin ella la empresa Iansa, única productora de azúcar de remolacha en el país, lisa y llanamente quebraría -lo que dudo-, y tras ella, eso sí, los productores agrícolas de la Séptima a la Décima regiones del país, que viven del monocultivo de la remolacha azucarera.
Lamentablemente, hasta la fecha hemos visto que estas bandas de precios han sido perforadas de manera sistemática por los importadores, principalmente por empresas que trabajan con azúcar como insumo principal, como todo el sector de producción de dulces y confites, que importa azúcar disfrazada a través de mezclas, las cuales, a pesar de contener un altísimo porcentaje de azúcar, ingresan clasificadas en una partida aduanera diversa de la que está afecta a impuestos adicionales.
Con la actual redacción del proyecto que hemos conocido, las mezclas que contengan hasta un 89 por ciento de azúcar perfectamente podrán seguir perforando las bandas de precios, con lo cual la industria azucarera y la producción de remolacha quedarán en situación de virtual quiebra.
Confiamos en que el supremo Gobierno tome las medidas pertinentes para superar esta situación. Para ello, espero reunirme a la brevedad con el Presidente de la República , para darle a conocer el parecer de los productores remolacheros de mi región y, por supuesto, de todo el país. Ellos, a diferencia de Iansa, que hoy es una poderosa empresa extranjera, son gente sencilla que necesita seguir vendiendo su producción de remolacha, de la cual viven desde hace décadas.
Quiero ser franco: muchas veces Iansa, hoy en manos de la transnacional española Euroespaña, ha tratado mal a los productores, porque es un monopsonio, un monopolio de compra, capaz de fijar los precios y las condiciones de venta, muchas veces con el consiguiente perjuicio a los campesinos que dependen de esta actividad; pero, en coyunturas como ésta los utiliza como escudo y espada para defender sus pretensiones.
Luego de ser vendida a vil precio por malos empresarios chilenos, hoy esta empresa está en manos de capitales extranjeros que toman decisiones propias del brutal libremercado.
Si bien esto se puede esperar de extranjeros, una situación análoga es intolerable con chilenos. Recientemente los directivos de las empresas Carozzi, hoy unida en holding con Hucke y Ambrosoli , han anunciado su voluntad de cerrar sus fábricas en Chile y emigrar a Argentina si se mantienen las salvaguardias del azúcar. Esta clase de amenaza y de chantaje a la autoridad pública me parece no sólo inaceptable, sino antipatriótica.
Creemos en la iniciativa privada como motor de la economía; creemos en el deseo justo de obtener lucro. Pero también creemos en la responsabilidad social de los empresarios, quienes están llamados a crear riqueza y prosperidad para sus pueblos y no sólo a buscar la maximización externa de sus utilidades. Si estas empresas hoy son lo que son se lo deben a los años de trabajo de sus servidores y a un país que les ha dado el clima necesario para que fructifiquen sus emprendimientos. Por tanto, me parece un acto muy poco ético y antipatriótico buscar la maximización de utilidades mediante la amenaza de la emigración de las inversiones.
El supremo Gobierno no puede ceder a estos chantajes, porque, de lo contrario, hoy será la industria de dulces y fructosas, y mañana, cualquier otra que, a la menor molestia por las condiciones regulatorias, comenzará a amenazar con irse del país, con lo cual socavarán las bases del orden público-económico y minarán las bases del sistema democrático.
Por lo dicho, pido que se envíe copia de mi intervención a los ministros de Agricultura, de Hacienda y de Economía , y a su Excelencia el Presidente de la República , a fin de pedir independencia, justicia y, sobre todo, claridad para evitar que las bandas de precios sean perforadas por las mezclas de azúcares artificiales, y que no se acceda al chantaje de grupos empresariales.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados Rosauro Martínez , Carlos Kuschel y de quien preside.
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS DE PLANTA LIMPIADORA DE REDES EN RÍO CHICO, DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , en la localidad de Río Chico, muy linda y turística, se está instalando una planta limpiadora de redes en un sector de privilegio desde el punto de vista turístico, aunque hay otras plantas de tipo industrial, pesquero o agroindustrial en el sector. Los vecinos están preocupados por los malos olores que ella podría generar y esperan que, ojalá, no se instale.
Por lo tanto, pido que se oficie al director de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región y al alcalde de la municipalidad de Puerto Montt , a fin de que tomen las precauciones necesarias para que dicha planta funcione cumpliendo con los requisitos medioambientales y ecológicos.
Asimismo, al director de Vialidad de la Décima Región , por cuanto los vecinos reclaman que la planta habría estrechado el camino público al correr su cerco más de dos metros.
Es conveniente rectificar esa situación y que se cumpla con los requisitos sanitarios y medioambientales.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INVESTIGACIÓN DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BULNES Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL LIMITADA. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , desearía utilizar esta tribuna sólo para debatir ideas, entregar propuestas o destacar hechos positivos. Pero, lamentablemente, debo referirme a problemas que afectan de manera directa a personas de buena fe, que se ven injustamente involucradas en hechos, mientras otros, sus autores, deslindan responsabilidades y viven en la más completa impunidad.
En septiembre de 1997 se firmó un convenio entre la ilustre municipalidad de Bulnes y el Instituto de Desarrollo Social Limitada, Rut 79.986.280-8, acreditado en el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación con el expediente Nº 960020, representado por el señor Oscar Canales Avendaño , Rut 6.748.170-7, domiciliado en Argomedo Nº 256, oficina Nº 1, de Curicó, con el objeto de dictar un curso de perfeccionamiento denominado “Licenciatura en educación, modalidad distancia”, destinado al perfeccionamiento de los profesores y que contaría -según se señala en el convenio- con el patrocinio y supervisión de la Universidad de Los Lagos y el respaldo de la Liga chilena de la enseñanza, la educación y la cultura permanente.
Como era previsible, dada la modalidad de estudio y, por cierto la condición de ser la licenciatura un grado académico y, como tal, rotulado en la ley Nº 19.070 como curso avanzado, un importante grupo de profesores se matriculó en ese programa.
El pago del mismo, según el convenio, el departamento de educación de la ilustre municipalidad de Bulnes lo descontaría, por planilla, a los docentes matriculados en veintidós cuotas sucesivas e iguales de 15 mil pesos, a contar de octubre de 1997, las que se enviarían al Instituto de Desarrollo Social, Indeso, el cual se comprometió a cancelar el arancel respectivo a la Universidad de Los Lagos.
Hasta aquí está claro. El convenio con la ilustre municipalidad de Bulnes cautelaba cualquier situación imprevista que pudiera ocurrir. El problema comenzó cuando, el 18 de enero de 2000 los alumnos recibieron una carta de la Universidad de Los Lagos, firmada por los señores Bruno Cárdenas y Nelson Vergara , director académico y director general del programa, respectivamente, de dicha universidad, en la cual se comunica que, a contar de octubre de 1999, esa casa de estudios se hizo cargo del programa de licenciatura, y para ello se firmó un acta de protocolo entre los directivos de la universidad y la señora María Avendaño Passi , representante de Indeso Ltda., mediante la cual el referido instituto se comprometía a traspasar a la citada casa de estudios la documentación correspondiente a cada profesor-alumno, así como todos aquellos aranceles recaudados.
En la misma correspondencia se informaba que la señalada representante, señora Avendaño Passi , no había dado cumplimiento al protocolo suscrito, “lo que significa” –dice la carta- “que ante la Universidad de Los Lagos usted se encuentra en estado de morosidad”.
Aquí no sólo ha habido un perjuicio económico -estafa, para ser más claro-, sino también académico, porque los profesores, que cumplieron con todas las exigencias del plan de estudio, no pueden recibir su grado académico debido a que, ante la Universidad de Los Lagos, aparecen en calidad de deudores, en circunstancias de que la municipalidad de Bulnes, a través del Daem, les efectuó la totalidad de los descuentos correspondientes.
Los docentes afectados han realizado todas las gestiones posibles sin obtener aún solución al problema, que es grave y muy extraño, porque están involucradas entidades públicas como la municipalidad de Bulnes, que suscribe el convenio para capacitar a sus profesores; y, lo que es más raro, aparece la Universidad de Los Lagos haciéndose cargo del curso, aun cuando estaba relacionada desde el inicio con Indeso Ltda.
Del conocimiento de este caso surgen varias interrogantes que es necesario aclarar:
Primero, por qué una municipalidad, en este caso la de Bulnes, firma un convenio que no es sólo de intenciones, sino vinculante, en términos de aceptar cumplir un rol fundamental para la materialización de un curso de perfeccionamiento docente. Asimismo, realiza los descuentos por planilla y los envía a dicho Instituto. Por tanto, es obvio pensar que si una entidad pública como la municipalidad asume tal responsabilidad, es porque ha analizado la seriedad de la institución con la que se está conviniendo, de lo que se deduce que existe un conocimiento previo y, como tal, queda con plenas garantías.
Segundo, por qué la Universidad de Los Lagos, prestigiosa casa de estudios superiores, utiliza a un intermediario como Indeso Ltda. para entregar perfeccionamiento y no lo hace directamente.
Tercero, por qué la Universidad de Los Lagos, que tenía que ser la destinataria final de los dineros, según el citado convenio, copia del cual debía quedar en su poder, no comunicó inmediatamente el incumplimiento a la municipalidad de Bulnes para detener los descuentos, sino que continuó el proceso. Recuerdo que el valor del curso era de 330 mil pesos, y los afectados deben alrededor de 222 mil pesos.
Cuarto, por qué la Universidad de Los Lagos, en fax de 27 de julio de 2000, firmado por don Nelson Vergara Muñoz y dirigido al alcalde de Bulnes , le informa –textualmente- “que la situación se da por superada; de tal modo que los procesos académicos, que nunca se han interrumpido, podrán finalizarse sin inconveniente alguno, como no sea de orden estrictamente académico”. En la misma comunicación le solicita, además, difundir esta resolución a los profesores afectados. Si eso es así, ¿por qué se desconoce posteriormente?
En virtud de la gravedad de los hechos denunciados, solicito oficiar al contralor general de la República para que disponga una amplia investigación sobre los sucesos acaecidos, determinando la validez del programa de licenciatura, los alcances del convenio, el cumplimiento de las clases, los descuentos realizados a cada uno de los profesores, la participación de la municipalidad de Bulnes y el rol de la Universidad de Los Lagos en todo este proceso, principalmente su relación con Indeso Ltda.
Además, solicito oficiar al señor ministro de Educación para que se sirva informar si Indeso Ltda. tiene actualmente alguna participación en actividades de capacitación y perfeccionamiento, u otra modalidad, con esa cartera a nivel nacional.
Hemos puesto especial énfasis en la probidad, especialmente de los funcionarios públicos y de las autoridades. Tengo entendido que la señora María Avendaño Passi ocupa actualmente el cargo de concejala de la comuna de Molina, y en fecha anterior desempeñó un alto cargo de gobierno en la Región del Maule.
De una vez por todas, hay que poner fin a esta situación de abuso y de frescura, sobre todo con profesionales de la educación que, conscientes de su responsabilidad, realizan sacrificios en busca del conocimiento actual que les permita enseñar mejor a sus alumnos.
Finalmente, pido oficiar al alcalde de Bulnes -puesto que la mayoría de los afectados son de esa comuna- para que se haga parte en la defensa y persiga la responsabilidad penal de los responsables, utilizando para ello las facultades que le otorga la nueva ley orgánica constitucional de Municipalidades.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL .-
Señor Presidente , adhiero a las opiniones del diputado Rosauro Martínez.
Además, solicito que se oficie al rector de la Universidad de Los Lagos y al director del campus Puerto Montt de la misma universidad, porque, como decía el diputado Martínez , se trata de una institución muy seria y responsable -tengo la mejor opinión de ella-. Por ello, es conveniente que se conozcan estas situaciones, y ojalá tengan alguna explicación y no se trate de algo indebido.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Diputado Martínez , ¿está de acuerdo con la solicitud del diputado Kuschel?
El señor MARTÍNEZ .-
Sí, por supuesto.
Además, creo importante hacer llegar copia de esta denuncia al contralor general de la República, al alcalde de Bulnes y al rector de la Universidad de Los Lagos, para que conozcan este hecho y puedan entregar una respuesta a estos profesores, que desde 1999 esperan una solución al problema que he denunciado.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por sus Señorías, adjuntando copia de la intervención del diputado Rosauro Martínez.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.09 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado, a través del cual concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi . (boletín Nº 3230-07) (S)
Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi .”.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
Moción de los Honorables Senadores señores Ruiz-Esquide , Bombal , Viera-Gallo y Zurita , mediante la cual inician un proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi . (boletín Nº 3230-07)
A V. E.
Presidente del Senado
Honorable senador
don Andrés Zaldívar Larraín
Por la presente Moción tengo el honor de presentar a la consideración de esta honorable Corporación un proyecto de ley, que tiene por objeto otorgar, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi , como un reconocimiento a la valiosa y fructífera labor que durante varias décadas ha realizado en nuestro país, principalmente en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la salud pública y al desarrollo en el área del conocimiento científico.
Esta especial distinción, contemplada en nuestra Carta Fundamental que constituye el honor más significativo que se puede conferir a un extranjero en Chile, supone un reconocimiento especial reservado a las personas foráneas que, luego de una abnegada trayectoria de vida, se han distinguido por los servicios prestados en diversas actividades ya sea empresariales, intelectuales, artísticas, espirituales, u otras, para el desarrollo y prestigio del país.
Don Raúl Etcheverry Barucchi , nació en Córdoba, Argentina, el 9 de mayo de 1909; de niño llegó a Chile realizando sus estudios en el Instituto Nacional, posteriormente, ingresó a la Universidad de Chile. Sus inicios, en el área de la medicina, se remontan a 1931, como ayudante del Policlínico Israelita y dos años más tarde, en el Policlínico de Pediatría del Salto y co-Director de la Cruz Roja de Recoleta. En el año 1933, ingresó como interno al Servicio de Medicina del Hospital del Salvador, alcanzando el título de profesor; al año siguiente, es nombrado Jefe del Departamento de Hematología del Servicio de Medicina del profesor Hernán Alessandri de ese establecimiento. En la creación de las Especialidades de la Medicina Interna, fue pionero en las ramas de la Hematología Clínica y de la Citopatología.
Recibió su título de Médico en 1934, y su tesis, calificada con distinción máxima, versó sobre la epidemia de Tifus Exantemático: “Estudio clínico y hematológico, constituyendo una gran ayuda para la vida de un número importante de la población asolada por esa enfermedad. Sus conocimientos y estudios han quedado reflejados en numerosas publicaciones de revistas de medicina, 56 nacionales y 20 extranjeras. Su meritoria labor ha sido reconocida a través de numerosos premios: de la Sociedad Médica; del Colegio Médico; de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia; del Laboratorio Winthrop y del Chile. En 1976, obtuvo Medalla de oro de la Sociedad Chilena de Hematología; en 1990, Condecoración de la Cruz del Sur, en el Grado de Gran Cruz, de la Presidencia de la República y, en 1991, de la Sociedad Hematología de Mendoza.
Finalmente, en el año 2000, se le otorgó el Diploma de “La Fundación Social y Educativa Doctor Hernán Alessandri Rodríguez, expresa su admiración, gratitud y cariño al Dr. Raúl Etcheverry Barucchi , excelso clínico, hematólogo, maestro de médicos y especialistas, desde el origen de la Cátedra “E” de Medicina hasta la época actual”.
Su vasta trayectoria y su dedicación y amor por el prójimo, continúa desarrollándose hasta la fecha: Hematólogo, con 11 horas semanales, en el Servicio de Medicina Hernán Alessandri; impartiendo clases de tercero y cuarto año de medicina; integrante de la Comisión de examen teórico de Hematología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y examinador de pre y post grado.
Ha cumplido 70 años en el ejercicio de su profesión, privilegiando la labor asistencial, de docencia e investigación tanto en los centros de salud como en terreno, lo que constituye un ejemplo de trabajo efectivo y relevante para nuestros conciudadanos.
Como testimonio de las consideraciones precedentes, acompaño a esta presentación el curriculum vitae de don Raúl Etcheverry que da cuenta de todos los antecedentes de lo que ha sido su entrega por el bien de Chile y de sus semejantes.
En mérito a lo expuesto, vengo en presentar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10, Nº 5, de la Constitución Política de la República, el siguiente proyecto de ley:
“Artículo único: concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi ”.
CURRICULUM VITAE
Raúl Fernando Etcheverry Barucchi
Sociedad Médica de Chile
Nombre: Raúl Fernando Etcheverry Barucchi .
Año de nacimiento: 09 de Mayo de 1909, Córdoba, Argentina.
Estudios humanísticos: Instituto Nacional, 1918-1926.
Bachillerato: Universidad de Chile, 1926. Calificación 28 puntos.
Título de médico: 20 de Julio de 1934. Distinción media.
Tesis médica: “Tifus Exantemático. Estudio clínico, Hematológico y del L. C. R.”. Distinción máxima.
Cargos desempeñados:
1931-1932: Ayudante-alumno ad-honorem del policlínico Israelita.
1933-1934: Ayudante alumno ad-honores del Policlínico de Pediatría del Salto y co-Director de la Cruz Roja de Recoleta.
1934: Interno del Servicio de Medicina del Dr. Israel Bórquez.
1935: Médico del Servicio de Medicina del Prof. Hernán Alessandri. Hospital de Salvador.
1934-1968: Jefe del Departamento de Hematología del Servicio de Medicina del Prof. Allessandri, Hospital del Salvador.
1936-1940: Médico-transfusor del Hospital del Salvador . Iniciador de las transfusiones de sangre directas, brazo a brazo con jeringa de Jubet.
1938-1944: Profesor encargado de Curso y Hematólogo de la Cátedra de Patología Médica del Prof. Hernán Alessandri .
1944-1981: Profesor Auxiliar de Medicina , (Hematología).
1947-1948: Director y co-editor de “Sangre”, Revista Chilena de Hematología .
1978: Hematólogo de la Universidad Católica, ad-honoren.
1981-1988: Profesor titular de Medicina , (Hematología). Revalidación 10 de Marzo de 1988.
1989-1991: Jefe del Departamento de Hematología en reemplazo del Dr. Ricardo. Vacarezza.
Acreditación a Sociedades Médicas
1937: Miembro de la Sociedad Médica de Chile.
1946: Miembro de la Sociedad Chilena de Hematología.
1952: Miembro de la Sociedad Internacional de Hematología.
1967: Miembro de la P.A.M.A.
1968: Miembro de la Sociedad de Bio-Antropología. Bélgica.
1975: Miembro de la Sociedad de Hematología y Hemoterapia de Mendoza.
1985: Miembro y fundador de la Sociedad Chilena de Hemofilia.
1982: Miembro fundador de la Asociación Médica Latino-Americana.
1983: Miembro Correspondiente extranjero de la Asociación Médica Argentina.
Asistencia a Congresos, Jornadas Médicas v Cursos. (Relator en la mayoría de ellos) En el País
1940: Congreso Internacional del Cáncer. Santiago .
1952: Jornadas Reumatológicas de Panimávida.
1958: Jornadas Reumatológicas de Zapallar.
1971: Tercer Congreso Chileno de Hematología.
1978: Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Parasitología.
1980: Reunión de la Comisión de Energía Nuclear. Iram.
1980: XI Congreso Chileno de Cirugía. Viña del Mar.
1981: Jornadas Clínicas de Verano. Fundación Lucas Sierra. Viña de Mar.
1981: Reunión Anual de la Sociedad de Hematología.
1981: Congreso Chileno de Cirugía. Pucón.
1981: Jornadas Chilenas Citopatología. Temuco.
1983: Primer Congreso Chileno de Citopatología.
1983: XI Jornada Anual de la Sociedad Chilena de Hematología.
1985: II Encuentro* de Tecnología Médica. Talca.
1986: VI Congreso Chileno de Hematología.
1991: Curso de Oncología Médica. Escuela Europea de Oncología. (Asistente).
1991: Curso de post-grado: “Biología y Patología de las Hemopatías Malignas”. Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
1991: XIII Congreso de Medicina Interna. Sociedad Médica de Chile y siguientes hasta 1999, (asistente).
1994: Curso Clínica Alemana. Nuevas Fronteras: “Linfomas”.
Cursos de Post-Grado
1940-1960: Antofagasta. Chuquicamata. La Serena. Valparaíso y Viña del Mar: Hospital Gustavo Fricke y Fundación Lucas Sierra. Concepción. Osorno y Valdivia , con los Drs. H. Alessandri , H. Ducci , R. Gazmuri y H. Acevedo .
En el Extranjero. (Relator).
1952: III Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología. Mar del Plata. Argentina. Presidente de la Delegación Chilena.
1957: Jornada Internacional de Reumatología. Salta, Argentina.
1958: Jornada Internacional de Leucemias . Buenos Aires, Argentina.
1959: Jornadas Hematológicas de Mendoza, Argentina.
1960: Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología. Tokio, Japón .
1960: Jornadas Hematológicas. Pekín , China.
1952: Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología. México.
1962: Congreso Internacional de Transfusión Sanguínea. Lima, Perú.
1966: Primer Congreso Internacional sobre Leucemias . Mendoza , Argentina.
1966: II Congreso de la Sociedad Argentina de Hematología. Córdoba.
1967: Jornadas Hematológicas de Cuyo. San Luis, Argentina.
1970: Semana Francesa de Hematología. Buenos Aires, Argentina.
1972: Semana Italiana de Hematología. Buenos Aires, Argentina.
1973: Primer Congreso de la Sociedad de Cancerología y Medicina Interna. Santa Fe, Argentina.
1974: Congreso Argentino de Hematología. Mendoza.
1976: Congreso Argentino de Hematología. Tucumán.
1976: Semana de la Hematología Italiana, Buenos Aires, Argentina.
1977: VI Congreso Brasileño de Hematología. Sao Paulo ,
1977: Congreso Argentino de Hematología. Gualeguay. Entre Ríos.
1979: Curso de Hematología Clínica. Universidad de Cuyo. Mendoza , Argentina.
1981: Congreso de la Federación Mundial de la Hemofilia. San José , Costa Rica.
1984: IX Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología. Buenos Aires, Argentina.
1992: I Encuentro Ibero-Latinoamericano de la Hemofilia. III Colombiano, Cartagena de Indias.
1993: II Congreso Ibero-americano de Hemofilia y Trombosis. Florianópolis. Isla Santa Catarina , Brasil.
1996: III Encuentro de Hemofilia y Trombosis . Florianópolis. Isla Santa Catarina , Brasil.
2000: Febrero. Isla de Pascua. Presentación de “Investigaciones Hemato-seroantropológicas” de 1963. Proposición a la Gobernación de reunir en el Museo las investigaciones médicas, realizadas por el Continente , para el acervo médico, cultural de la Isla.
Cursos de Post-grado. Organizado por Laboratorio Highland.
Tucumán-Santa Fe-Córdoba y Buenos Aires;
Tricoleucosis-Toxoplasmosis Ganglionar. Latrogenia hematológica por drogas. Prevención de la sensibilización Feto-materna al antígeno D con inmuno depresores, (Alkerán).
Formación de Hematólogos
Nacionales-Primera generación: Carlos Guzmán L. , Carlos Regonesi L. Ricardo Vacarezza y Alberto Daiber E.
Segunda generación: Carlos Regonesi M. , Ricardo Vacarezza E. , Alberto Daiber F., y varios más de Arica a Temuco.
Extranjero
^@#@ ^Mendoza : Esteban Boris , Luis Bustos y Leonor Rodríguez .
Uruguay: Alcides Rodríguez .
Perú: Humberto Quezada , Flavio Calsin Huacani .
Costa Rica: Roberto Cordero Murillo .
Tesis Dirigidas:
1. Etcheverry Raúl . “Tifus Exantemático. Estudio Clínico, hematológico y del L. C. R.”, 1934.
2. Alcalde Valentín , “Intoxicación Saturnina . Estudio Clínico y hematológico”. 1936.
3. Gasic Gabriel . “El Mielograma normal y patológico por trepanación esternal”. 1938.
4. Guarda Simón. “ Anemia Hipocroma Esencial . Estudio Clínico, hematológico y de la médula ósea”. 1938.
5. Guzmán Carlos . “Enfermedad de Hodgkin. Estudio Clínico, hematológico y del adenograma por punción aspiradora”. 1938.
6. Roa Armando . “Valor Diagnóstico de las células endoteriales en la endocarditis lenta”. 1939.
7. Trivelli Orlando . “Estudio del cuadro hematológico en el embarazo, parto y puerperio normal y patológico”. 1939.
8. Mayanz Elizabeth . “Manifestaciones bucales de las enfermedades hemorrágicas”. 1940.
9. Epstein Amalia . “Manifestaciones bucales de !a agranulocitosis y anemia aplástica”. 1940.
10. García María . “Estudio comparativo del hemograma y gingivograma en las paradentopatías”. 1940.
11. Bendeck Julio . “Uso del ácido oxálico como hemostático en clínica”. 1941.
12. Álvarez Arturo . “La anemia de la cirrosis hepática”. 1941.
13. France Oke. “Mielosis global aplástica, primitiva y secundaria. Estudio clínico, hematológico y de la médula ósea”. 1942.
14. Martínez Fernando . “Enfermedad de Werihof. Estudio clínico, hematológico y mielograma”. 1942:
15. Losada Antonio . “Agranulocitosis. Estudio clínico, hematológico y mielograma”. 1942.
16. Rosenblit Eduardo . “Control hematológico y bacteriológico de las neumonias tratadas con Dagenan y suero anti-neumocócico”. 1942.
17. Díaz Ana. “Estudio del metabolismo basal en relación con el cuadro clínico y hematológico de las leucemias agudas y crónicas”. 1944.
18. Vidal Lucía . “Mieloma de Kahler, estudio clínico hematológico y medular”. 1944.
19. Lavin Alberto . “Anemia perniciosa. Estudio clínico, hematológico y de la médula ósea”. 1945.
20. Hille Alicia . ?El mielograma normal de la primera infancia?.1945.
21. Monzón Gislaine . “Linfosarcomatosis. Estudio clínico, hematológico y citodiagnóstico por punción ganglionar”. 1948.
22. Daiber Alberto . “Mieloptisis: anemias por substitución medular”. 1948.
23. Atala Salvador . “Enfermedad de Marchiafava-Micheli, (H.P.N.). Estudio clínico, hematológico y mielograma”. 1950.
24. Cabrera Raúl , “Leucemias crónicas. Estudio clínico y hematológico”. 1952.
25. Hazbun Juan . “Citodiagnóstico del cáncer”. 1948.
26. Bravo Juan . “Diagnóstico del sexo normal y patológico por la cromatina XX, (Drumsticks), de los neutrófilos”. 1966.
27. Etcheverry Beatriz. “Citoquímica de los ácidos nucleicos en 100 casos de adenopatías benignas y malignas”. 1970.
Resumen.
Total 27 tesis:
-22 para optar al título de médico cirujano.
-3 para Odontólogos.
-2 para profesor de biología.
Publicaciones en Revistas Nacionales.
1. Alessandri H., Ducci H. y Etcheverry R. , “La anemia de la Cirrosis Hepática”. Rev Med. de Chile. 1941; 10: 634-638.
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24. Losada M. , Zañartu J. , Atria A. y Etcheverry R. “Aspectos de laboratorio de la artritis reumatoide”. Rev. Med. de Chile. 1953; 81: 497-504.
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56. Etcheverry R., Daiber A., Boris E. y Norma Durán . “Síndrome del Histiocito azul marino. Estudio familiar”. Rev. Med. de Chile. 1991; 119: 1008-1015.
Publicaciones en Revistas Extranjeras
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2. Etcheverry R., Guzmán C., Eberhard R. , Fadda F. , Da¡ Borgo J. y Meyer J. “Clasificación citomorfológica de las Leucemias agudas. Consideraciones morfológicas sobre la posible naturaleza neoplásica de las células Leucémicas”. Proc. of the fourth International Congress of the Int. Soc. of Hematology. 1952; 1: 123-140.
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4. Etcheverry R., Guzman C., Hille A., et. al. ?Erythroblastopenic or Erythroptisic, (Pure Red Cell Anemia) and Bone Marrow Erythroblastopenia ? Proc. of the VIII th. Congress of the Int. Soc. of Hematology. Tokio . September 1960. p. 1298-1306.
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19. Matson A. G., Sutton E. , Etcheverry R. , Swanson J. and Robinson A. ?Contribution of Hereditary Blood Groups among Indians in South America ?. IV: IN CHILE. With references concerning genetics connections between Polinesian and America?. Am. Journal of Phisical Anthropology. 1967; 27: 157-171.
20. Mourant A., Copec and Domanieska A. “Distribution of Blood Group and Polimorfism in the World”. Second Edit . Oxford Univ. Press. 1976. Contributions: págs. 207-210-211-232-237-277-280-292-375-450-456-529-535-596-599-610-615-660 and 734.
Conferencias
1981. “Linfocitos e Inmunidad”. Boletín de la Academia de Medicina. 1981; 22: 49-60.
1988, Enero. Curso de verano de la Universidad de Chile: Oriente y Occidente. ?Isla de Pascua, origen de sus pobladores?.
1988. Dr. Hernán Alessandri Rodríguez , “Su obra y espíritu: genio e ingenio”. Escuela de Medicina, Decanato .
1991. “El síndrome del Histiocito Azul Marino”. Soc. Medica de Mendoza.
1993, Octubre. Conferencia Magistral Sociedad Médica de Chile: “Hemato-sero-Antropología y Razas Humanas, Origen de los indígenas de Chile y nativos Pascuenses ”.
1993, Noviembre. “Genética sanguínea y razas humanas”. Florianópolis. Isla Santa Catarina , Brasil.
1995, Noviembre. “El desierto viviente. Intoxicación arsenical crónica. Arsénico en las momias atacameñas del Museo de San Pedro de Atacama. Vivencia de los Flamencos en lagunas con elevada concentración arsenical”. Florianópolis. Isla Santa Catarina , Brasil.
1999. “ Doctor Hernán Alessandri . Su obra y su espíritu. Genio e ingenio”. Academia de Medicina. Instituto de Chile.
Publicaciones
Libros y Capítulos de libros
Libros: “Interpretación del Hemograma”. Edit. Mediterráneo. 1986.
Capítulos de libro
“Sindromas reumatoideos en las hemopatías”. Reumatismo y enfermedades afines. Dr, Manuel Losada . Edit. Mediterráneo. 1966. Capitulo 7º, páginas 329-342.
“Hemograma y sedimentación globular”. Semiología clínica. Goic A., Chamorro G. y Reyes H. Edit . 1987. Capítulo 81, páginas 495-511.
“Historia de la Hematología Hispano-americana”. Edit. Salamanca , España . 1992. Chile: vol. IV, capítulo 302, páginas 715-720, (con Dr. Arnaldo Foradori ).
“Huella y Presencia”, Tomo f. Edit. Mediterráneo. 1998. “Episodios de la vida de un Hematólogo. Recuerdos de la epidemia de Tifus Exantemático del año 1933”. Tomo II, páginas 23-32, 179-18.0.
Investigación
Clínica
Etcheverry R. , Guzmán C. “Citodiagnóstico del cáncer. Introducción y aplicación clínica del método”. Sangre, Rev. Chilena de Hematología. 1940; 1: 23-30.
Etcheverry R. , Guzmán C. “Míelograma, esplenograma y adenograma. Aplicación clínica”. Rev. Med. de Chile. 1947; 4: 241-248.
Etcheverry R. , Guzmán C. “Tratamiento de la anemia de Biermer con vitamina 1312. Cambios medulares. El problema del megaloblasto. Estudio seriado en 25 pacientes”. Rev. Med. de Chile. 1949; 12: 730-741. y Rev. Sangre. 1950; 2: 746. Solicitado por Laboratorios Merck como ratificación de la efectividad terapéutica de vit. B12 en la A. P.
Laboratorio
Etcheverry R. “Determinación simultanea de la marginación vascular y de la reserva medular de los neutrófilos en conejos, mediante la adrenalina y ethiocolanolona, respectivamente”. Rev. Med. de Chile. 1976; 10: 938-945. Presentado al 5º Congreso de Hematología. Abril de 1976.
Terreno
Área de Investigación: Hematología geográfica. Hemato-sero-antropología.
Etcheverry R., Guzmán C., Boris E. , Nagel R. , et. al. “Investigación de grupos sanguíneos y otros caracteres genéticos en indígenas de Chile y en nativos Pascuenses ”. Rev. Med. de Chile. 1967; 95: 606-615.
Etcheverry R., Guzmán C., Verónica Tonkin , Rosa Urra y Norma Durán . “Grupos sanguíneos en las momias pre-colombinas de los indígenas atacameños, de San Pedro de Atacama. Rev. Med. de Chile. 1970; 27:, 267-270.
Etcheverry R., Vacarezza R. , Norma Durán y Eunice Muñoz . “Índice de mezcla negroide en los descendientes de los indios Diaguitas de los valles de los ríos Elqui y Limarí , (provincia de Coquimbo). Según grupos sanguíneos y Hb S, (test de sickle). Rev. Med. de Chile. 1988; 116: 607-611.
Etcheverry R. “Intoxicación arsenical crónica. Arsénico en las momias de San Pedro Atacama. Vivencia de los Flamencos en lagunas con elevada concentración arsenical. Estudio cito-histopatológico, (en conjunto con Inst. de Salud Pública y Anatomía patológica del Hospital del Salvador y de Chillán). Publicación parcial.
Renke H., Prat G. , Etcheverry R. , Katz R. y Donoso S. “Hemangio endotelioma maligno hepático. Arsenicismo crónico. Origen del arsenicismo en la provincia de Antofagasta. Rev. Med. de Chile. 1971; 99: 664-668.
Premios
1948. Laboratorio Chile S.A., por Mielograma, esplenograma y adenograma”. Introducción a la clínica.
1946. Laboratorio Winthrop Mielograma, esplenograma y adenograma”. Introducción a la clínica.
1948. Laboratorio Winthrop . “Citodiagnóstico del cáncer”. Introducción del método en clínica.
1950. Sociedad Médica de Chile. “Tratamiento de la anemia de Biermer con vitamina 1312. Cambios del mielograma. Primer ensayo en gran escala.
1967. Sociedad Médica de Chile. “Grupos sanguíneos y otros caracteres genéticos en indígenas y nativos Pascuenses ”.
1978. Sociedad chilena de Obstetricia y Ginecología. “Prevención de la sensibilización materno fetal al antígeno D con inmuno depresores.
Distinciones
1968. Socio Fundador of the International Association of Human Biologists , (anthropolobiologists). Belgium .
1975. Miembro Correspondiente de la Academia de Medicina. Instituto de Chile.
1976. Diploma de Honor y Medalla de Oro de la Sociedad Chilena de Hematología, como iniciador de la hematología clínica.
1976. Diploma de Honor de la Universidad de Chile y del Hospital del Salvador, (por el mismo motivo).
1979. Socio honorario y Diploma de Honor de la Sociedad de Citopatología, como iniciador del Citodiagnóstico del Cáncer en Chile.
1981. Miembro Honorario de la Fundación Lucas Sierra.
1984. Miembro Emérito del Colegio Médico de Chile.
1985. Miembro Honorario de la Sociedad Médica de Chile.
1987. Miembro Emérito de la Sociedad Internacional de Hematología.
1987. Diploma de Honor del Colegio Médico de Chile, por primer premio en concurso Piterario en género poesía, por “Hojas de un álbum”.
1991. Proto Maestro de la Hematología Mendocina. Medalla de Oro y Pergamino con genealogía de los hematólogos de Mendoza.
1992. Decano de los Hematólogos del Continente Americano, (en actividad). Pergamino. Congreso de la Federación Mundial de la Hemofilia. Cartagena de Indias.
Ministerio de Salud le otorga distinción “ Día de la Excelencia en Salud”.
2002: Nominado Maestro de la Medicina Chilena.
Premios recibidos: Sociedad Médica, Colegio Médico; Sociedad chilena de Ginecología y Obstetricia; Laboratorio Winthrop (premiado en tres ocasiones)
Medalla de oro otorgada por: 1976, Sociedad Chilena de Hematología; 1991, Sociedad de Hematología de Mendoza.
Moción de los diputados señores Prieto , Walker , Álvarez-Salamanca , Burgos , Urrutia , Varela y de la diputada señora Rosa González .
Autoriza monumento en memoria de ex alcalde de Talca , don José Fernández Llorens . (boletín Nº 3274-07)
1. La Ilustre Municipalidad de Talca , en virtud del Decreto Alcaldicio Número 2519, de 9 de Diciembre de 1999, ha resuelto recordar públicamente a quién se desempeñara como Alcalde de esa ciudad, don José Fernández Llorens , dándole su nombre a la ex Plaza Suecia de Talca .
2. Don José Fernández Llorens nació el 1 de Junio de 1920, en la ciudad de Santiago. Su historial político comienza el año 1960, cuando fue electo regidor. A partir del año 1963 es elegido Alcalde por tres períodos consecutivos, ya perteneciendo a la Democracia Cristiana. El año 1971 es elegido regidor hasta 1973. El 25 de Septiembre de aquel año asume como Alcalde designado por el Gobierno de la época, hasta que en 1974 decide renunciar por presentar diferencias con las autoridades militares de la Región.
El año 1992 asume nuevamente como Alcalde de la Comuna de Talca , cargo que ocupa hasta 1996, año en el que una grave dolencia acaba con su vida, generando una gran conmoción en toda la ciudad, muy especialmente entre los sectores más desposeídos de la ciudad.
“Don Pepe”, como se lo conocía en la zona, permaneció por espacio de 47 años en esta ciudad. Durante todo ese período, y desde las diversas trincheras en que le tocó servir, fue un arma de explosivas ideas, de ingeniosas soluciones, contribuyendo a colocar a la ciudad de Talca dentro de las zonas urbanas más importantes y modernas del país.
El Club Deportivo Rangers lo tuvo como su Vicepresidente y Directivo por varios períodos, convirtiéndose en un entusiasta colaborador de las gloriosas campañas rojinegras.
Dentro de sus múltiples aportes a la ciudad, se cuentan los generosos recursos que gestionó para la Cruz Roja, para el Cuerpo de Bomberos de Talca y para el recinto del Estadio Fiscal, entre otros. Además, fue uno de los principales promotores y colaboradores en el proceso que culminó con la instalación en la ciudad de Talca de una sede de la Universidad de Chile, hoy Universidad de Talca, generando un cambio radical en la zona.
Su incansable preocupación por los más pobres se ejemplifica con claridad en la erradicación de las poblaciones Arturo Prat y Faustino González .
También se destacó en el trato con sus adversarios políticos, donde siempre mostró caridad y mesura, lo que lo llevó a cultivar profundas amistades con gente que pensaba diametralmente distinto en muchos planos.
“Don Pepe” fue, en resumidas cuentas, un hombre de Talca, un servidor de Talca, y un fiel amigo de los más pobres. Nos parece que este gran hombre merece un recuerdo formal y un reconocimiento más profundo a su tremenda obra.
3. Además, la Constitución Política de la República, en su artículo 60, numeral quinto, señala que sólo son materias de ley, “las que regulen honores públicos a los grandes servidores”. Por todo lo anteriormente expuesto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Autorízase erigir un monumento en la localidad de Talca, en memoria de don José Fernández Llorens , ex Alcalde de la Comuna de Talca .
Artículo 2º.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se establece en el artículo 41, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3º.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial, integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Los Senadores de la Séptima Circunscripción.
Senatorial Norte;
b) Los diputados del Distrito 37;
c) El Alcalde de la I. Municipalidad de Talca , y
d) El Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales .
La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros; funcionará en la sede municipal de la comuna de Talca, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2º, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con las respectivas municipalidades y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3º y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6º.- Si una vez construido el monumento quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine”.
Moción del diputado señor Errázuriz .
Obliga a deudores a informar sobre el título a que ocupan la vivienda en que viven y obliga a informar sobre cambios de domicilio. (boletín Nº 3275-14)
“Considerando:
1. Que bajo la actual legislación, si un deudor no paga un crédito, el acreedor está facultado para deducir demanda y embargar bienes en la vivienda que dio como domicilio;
2. Que con frecuencia, ese deudor no es el propietario sino que vive como arrendatario o allegado de esa vivienda, por lo que la demanda obliga al dueño de casa a interponer una tercería de dominio o de posesión para acreditar al Tribunal que los bienes embargados son suyos y no del deudor en mora;
3. Que lo expuesto obliga a ese propietario a contratar un abogado, con el costo que ello implica, logrando paralizar la demanda pero sin que nadie le indemnice el costo económico de la tercería ni le indemnice por los perjuicios morales sufridos;
4. Que, a más de los allegados, sucede que arrendatarios dejan la vivienda que arrienda y no pagan las deudas contraídas, recayendo luego las demandas sobre el nuevo arrendatario o el propietario, obligándolo al mismo engorroso y oneroso procedimiento de contratar abogado para oponer una tercería, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Toda persona que compre a crédito, deberá señalar su dirección, teléfono y a qué título ocupa la vivienda en que tiene su morada.
Artículo 2º.- Cualquier cambio de domicilio, deberá ser informado al acreedor dentro de los siguientes treinta días en que se haya producido.
Artículo 3º.- El deudor que infrinja cualquiera de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, deberá pagar una multa equivalente al doble de la deuda en mora, distribuyéndose dicha multa por mitades entre la casa comercial defraudada y la víctima de la acción legal del acreedor, sin perjuicio de que el deudor sea condenado en costas por el tribunal”.
Moción de los diputados señores Aníbal Pérez , Encina , Montes, Ortiz y Robles .
Prohíbe el expendio de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través del sistema de autoservicio. (boletín Nº 3276-03)
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional y lo establecido por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
1º Que nuestra sociedad ha progresado -considerablemente- en el ámbito de la protección a los consumidores y sus derechos. A este respecto se han establecido normas de rango legal que han procurado otorgar seguridad en el consumo de bienes y servicios, de manera de proteger la salud y el medio ambiente, como también evitar los riesgos que a los consumidores puedan afectarles. Nos referimos a la norma contenida en el Artículo 3 letra d) de la Ley 19.496.
2º Que las normas legales que regulan la materia, se encuentran en perfecta armonía con nuestra Carta Fundamental, la que en su artículo 19 Nº 1 asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, con lo que se entiende que es deber del Estado velar por el respeto de este derecho.
3º Que así como la Ley se adecua a la Constitución, las normas de inferior jerarquía deben, bajo sanción de inconstitucionalidad, adecuarse a la Ley.
Acontece, sin embargo que, tratándose de las normas contenidas en el Decreto Supremo Nº 90 de 20 de febrero de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, éstas no se adecuan a la Ley, como tampoco a la Constitución, pues vulneran las normas sobre protección a la salud y al medio ambiente, en cuanto a evitar los riesgos.
En efecto en virtud del Decreto en comento, se autoriza la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo a través del sistema de autoservicio, es decir, un sistema en que la operación de suministro de los combustibles no es efectuada por operadores de bomba, sino por los propios usuarios.
Este sistema de expendio es realmente delicado, por cuanto quien lo efectúa desconoce la mecánica del sistema, lo que lo convierte en un verdadero riesgo para usuarios y aquellos que no lo son. A esto debemos agregar que en nuestro país, el expendio de combustibles líquidos está a cargo de empresas privadas que, como es lógico buscan minimizar sus costos, al extremo que hace no mucho, varias de ellas han sido sancionadas por la Superintendencia de electricidad y combustibles por no cumplir con normas reglamentarias referidas a la seguridad en sus instalaciones.
4º Que, la experiencia de países como la República Federativa del Brasil nos muestran la necesidad de prohibir el uso de sistema de autoatención en la venta de combustibles líquidos. En dicho país, luego del debate parlamentario, y con la publicación de la Ley N'º 9.956 de 12 de enero de 2000, se convino en la necesidad de prohibir el funcionamiento de bombas de autoservicio en puestos de abastecimiento de combustibles, y ello por varias razones, quizá la más poderosa la seguridad de las personas, a la que debemos agregar razones de índole económicas y laborales, pues nuestras sociedades avanzan por la senda de la especialización, lo que importa otorgarle campo de trabajo -por ejemplo- a los operadores de bombas; y en términos económicos, no es rentable sacrificar utilidades a corto plazo, por seguridad, pues a la postre la relación se invierte el costo final es mayor, tanto para empresarios como para consumidores.
5º Que en nuestro país, hasta la fecha, no se ha generado un debate respecto de este tema, y como se trata de un problema que afecta no sólo a quienes se ven expuestos a perder sus fuentes de trabajo, sino además por todos quienes ocupan la red de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, se hace necesario reglamentar, conforme a las directrices que sustentan nuestro ordenamiento jurídico y económico, este importante sector de la economía.
6º Que desde un punto de vista social, la existencia de estos sistemas de autoservicio han tenido un impacto muy negativo sobre el empleo. En efecto, según nos ha informado la Federación Nacional de Trabajadores de Bencineros de Chile y su Sindicato Metropolitano, desde la implementación de este sistema en el país se ha habrían perdido al menos un mil puestos de trabajo en el país, constituyendo por ende, una amenaza para los treinta mil trabajadores que se desempeñan en el sector a nivel nacional.
Más aún, las rebajas de costos de los propietarios de estos establecimientos comerciales al desvincular a los operarios de sus estaciones de servicio, no se han traducido por su parte en bajas en los precios de los combustibles expendidos al público ni mucho menos en una mejora a la calidad de los servicios, que como hemos expuesto, se han vuelto más peligrosos para los consumidores.
7º Que ciertamente, la prohibición que consulta el proyecto que hoy se somete a la discusión parlamentaria, lejos de alterar los principios fundantes de nuestro ordenamiento jurídico, busca armonizarlo al adecuar las normas sectoriales a las normas legales y constitucionales que aseguran la seguridad del consumo y el derecho a la integridad física de las personas.
Por tanto,
El diputado que suscribe viene en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Prohíbese el expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo, alcoholes o gas, a través del sistema denominado autoservicio, el que sólo se podrá efectuar por personal especialmente calificado al efecto.
Artículo 2º.- La contravención a lo dispuesto en el Artículo precedente, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 10 a 40 Unidades Tributarias Mensuales. En caso se reincidencia se sancionará con multa de 40 a 400 Unidades Tributarias Mensuales y con clausura temporal hasta por 90 días del establecimiento”.
Moción de los diputados señores Vargas , Galilea, don José Antonio ; Álvarez-Salamanca , Cardemil , Delmastro , Errázuriz , García , Hidalgo , Palma y de la diputada María Pía Guzmán .
Modifica el DL 2460, de 1979, con el objeto de fijar la duración en el cargo del director general de la Policía de Investigaciones de Chile. (boletín Nº 3266-02)
“La responsabilidad de las autoridades y la limitación de facultades en el ejercicio de sus cargos, es uno de los elementos esenciales en el sano funcionamiento del sistema democrático y una garantía para los ciudadanos frente a la acción del Estado.
El objetivo de los controles y contrapesos frente a la acción de la autoridad, es el evitar que en la sociedad se produzcan concentraciones de poder que atenten, o simple y eventualmente amenacen los derechos de las personas; y que las autoridades tengan presente que sus facultades resultan limitadas por las normas legales que regulan su acción. Para lo anterior los mecanismos son múltiples: la operación de órganos fiscalizadores, la consagración de acciones judiciales de protección; la denuncia responsable de los medios de comunicación; y por cierto la limitación en el tiempo del desempeño de funciones públicas.
El principio señalado, de períodos limitados de ejercicio en una función, se aplica en todas las democracias y en forma inalterable cuando se trata de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
El hecho de ser instituciones jerarquizadas, basadas en la obediencia vertical, y depositarios del monopolio de la fuerza, hace indispensable que sus máximas autoridades tengan siempre presente la transitoriedad en el desempeño de sus cargos.
Lo anterior además de fortalecer las instituciones, contribuye a mayores grados de transparencia y a evitar la personalización en el desempeño de funciones esenciales del Estado. Igualmente favorece la confianza ciudadana en las autoridades e instituciones.
En nuestro país, resulta excepcional y dañina la perpetuación en el cargo de Director General de la Policía de Investigaciones ya que por sus características admite la posibilidad de concentrar un poder, que ninguna autoridad u organismo es capaz de contrapesar.
Es por eso que se debe limitar el período de duración en el cargo de Director General de la Policía de Investigaciones igualándolo con el tratamiento que en esta materia tienen las demás instituciones jerarquizadas.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Agrégase al final del inciso primero del artículo 9º del decreto ley Nº 2.460, de 1979, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, a continuación del punto aparte, que pasará a ser punto seguido, lo siguiente:
“El Director General durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y no podrá ser designado para el período siguiente”.
Moción de los diputados señores Moreira , Dittborn , Forni , Leay, Longueira , Paya, Salaberry , Varela y las diputadas señoras María Angélica Cristi y Marcela Cubillos .
Modifica en la forma que indica el decreto ley Nº 2.460, con el objeto de establecer los requisitos para el cargo de Director General. (boletín Nº 3267-02)
1. Que, la legislación chilena establece respecto de la Policía de Investigaciones de Chile, que ella es una institución de carácter profesional, técnica y científica, integrante de las Fuerzas de Orden y dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
2. Que, por ello y dadas las altas e importantes funciones que esta institución lleva a cabo, se hace necesario estudiar y adoptar todas y cada una de las medidas que tiendan a garantizar que su trabajo se realice siempre bajo los principios de profesionalismo e independencia. En este sentido, creemos que hay razones para promover un cambio legal que apunte a garantizar una mayor transparencia y eficacia en el trabajo de la Policía de Investigaciones, en el cual cada funcionario permanezca en su función en la medida en que es capaz de aportar en la labor que día a día realiza la institución, promoviendo el ingreso de nuevo personal y permitiendo el ascenso del mismo, sin distinción de niveles de ninguna índole.
3. Que, en este contexto, la actual Ley Orgánica Constitucional de Investigaciones señala que el Director General es quién ejerce la dirección y administración, de la institución, siendo su cargo de la exclusiva confianza del Presidente de la República para todos los efectos legales.
4. Que, por su parte, el número 12 del artículo 32 de la Constitución Política establece que es una atribución especial del Presidente de la República el nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza, en conformidad a la ley respectiva.
Así, creemos que es perjudicial para la institución y para la labor de la misma, que no exista una norma que limite en el tiempo la duración del cargo del Director General de Investigaciones , en razón de que su función es analogable a la de aquellos que ejercen los más altos mandos de las fuerzas armadas y en especial de Carabineros de Chile y, en consideración también, a que es necesario permitir que personas con ideas nuevas accedan a los cargos de mayor grado de la institución.
5. Que, por lo demás, el proyecto que se propone se inserta perfectamente dentro del espíritu de modernizar el Estado, en el marco de dotar a sus instituciones de procesos internos de ascenso normal y de carácter permanente, que no se estanquen en el tiempo por ninguna razón, evitando la acumulación de información, la pérdida de objetivos de eficiencia y oportunidad, como también la creación de círculos viciosos de poder que en definitiva se transforman en potenciales fuentes de corrupción.
En este contexto, el proyecto de ley que se presenta también deroga la disposición legal que permite al Presidente de la República nombrar como Director a un Oficial General de las Fuerzas Armadas, en servicio activo o en retiro. Esto tiene su fundamento en el hecho de que al interior de la Policía de Investigaciones existe un proceso serio y profesional de capacitación y formación de oficiales, que permite garantizar que habrá personas capacitadas para ejercer el cargo de Director. El proceso de modernización del Estado, en este sentido, debe confiar en la capacidad de las personas que conforman cada una de sus instituciones.
6. Que, por todo lo ya señalado, este proyecto de ley pretende modificar la Ley Orgánica Constitucional de Investigaciones, a objeto de que se limite la duración en el cargo del Director General de la Institución , para garantizar un proceso permanente de ascenso al interior de la institución, y para asegurar también el acceso e implementación de nuevas ideas en su interior. El segundo propósito del proyecto, de acuerdo a lo ya explicado, consiste en garantizar que el candidato a Director deba provenir desde el interior de la institución.
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Sustitúyase el actual artículo 9º del decreto ley Nº 2460 por el siguiente:
“Artículo 9º.- La jefatura superior de la Policía de Investigaciones de Chile corresponde a un funcionario que, con el título de Director General, ejerce la dirección y administración de la institución. El Director durará 4 años en su cargo y no podrá ser nombrado para un nuevo período. La designación de su titular deberá recaer en alguno de los funcionarios que ocupen los cargos de Subdirector o Prefecto Inspector de la planta de Oficiales Policiales.
En caso de ausencia, impedimento o inhabilidad temporal, el Director General , será subrogado por el Subdirector más antiguo”.
Moción de los diputados señores Mulet , Ascencio , Luksic , Ojeda , Salas y Seguel .
Modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de presentación de candidaturas. (boletín Nº 3277-06)
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; en la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional de Congreso Nacional y en el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
1º Que dado el afiatamiento del sistema democrático en nuestro país, la consolidación de sus principios en la sociedad y la necesidad de perfeccionar sus herramientas.
2º Que, en relación al postulado anterior, se hace perentorio eliminar trabas absolutamente accesorias o de pobre fundamento que entorpecen, particularmente, la presentación de candidaturas a elecciones y que no dicen relación con los antecedentes penales, capacidad, nacionalidad y otros requisitos afines que deben cumplir los candidatos.
3º Que, finalmente, según lo contemplado en el artículo 425 del Código Orgánico de Tribunales, en relación a la facultad de los notarios públicos de autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, no se hace alusión a lugar geográfico alguno para otorgar la autorización, esto quiere decir, que cualquier notario del país puede autorizar la firma estampada en documento privado del solicitante, sin que sea menester que este último resida en la misma ciudad donde presta servicio el notario autorizante.
Sin duda, esta disposición legal nos revela el espíritu del legislador, de no restringir la autorización de la firma más que a la identidad de los firmantes y a la constancia de la fecha en que se firmó el documento, pero, de ningún modo, a la residencia del solicitante o a la del notario público. Por tanto, no parece claro el mandato legal contemplado en el Artículo 86 de la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que obliga a los candidatos a concejales a prestar declaración jurada ante notario público de la comuna respectiva, considerando que el Artículo 60 de la misma ley, establece como exigencia la residencia del candidato, de a lo menos dos años anteriores a la elección, en la región a que pertenezca la comuna en cuestión. Si comprobado el requisito legal anterior, esto es, certificada la residencia del candidato de a lo menos dos años anteriores a la elección, en la comuna que pretende representar ¿Por qué el testimonio jurado establecido en el Artículo 86, de la ley Nº 18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades no se puede llevar a efecto ante notario público de cualquier comuna?
De este modo, nos parece necesario que el texto del Artículo 86, inciso segundo, de la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades sea el siguiente: “Cada declaración debe ir acompañada de un testimonio jurado del respectivo candidato, en el cual éste firme cumplir con todos los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61. Esta declaración jurada será hecha ante notario público o, en su defecto, ante oficial del registro civil”.
Por tanto,
El diputado que suscribe viene en someter a vuestra consideración el siguiente,
PROYECTO DE LEY
MODIFICA LA LEY Nº 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL
DE MUNICIPALIDADES, EN MATERIA DE
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
ARTÍCULO ÚNICO: Modificase el Artículo 86 de la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, derogando, de su Artículo 86, inciso segundo, lo siguiente:
-Luego de la palabra “público”, deróguese la frase "de la comuna respectiva” y
-Luego de la frase “registro civil”, deróguese la palabra “correspondiente”.