Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Salaberry Soto
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pablo Lorenzini Basso
- Gabriel Ascencio Mansilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CONDENADOS DE BUENA CONDUCTA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA CONDUCTA DE LA MESA.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- APLICACIÓN DE IGUALDAD DE CRITERIOS A DEUDORES DEL SERVIU.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rosauro Martinez Labbe
- Victor Perez Varela
- Rosa Gonzalez Roman
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Patricio Melero Abaroa
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Pablo Prieto Lorca
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Jose Antonio Kast Rist
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN VALPARAÍSO EL 21 DE MAYO RECIÉN PASADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Rosa Gonzalez Roman
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Carmen Ibanez Soto
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Victor Perez Varela
- Sergio Correa De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carmen Ibanez Soto
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APLICACIÓN DE IGUALDAD DE CRITERIOS A DEUDORES DEL SERVIU.
- VII. INCIDENTES
- INVESTIGACIÓN SOBRE ADQUISICIONES DE DURMIENTES POR PARTE DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- PROPOSICIÓN DE APORTE ECONÓMICO EN BENEFICIO DE DAMNIFICADOS POR RECIENTES TEMPORALES.
- INTERVENCIÓN
- Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS INCORPORADOS EN PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO URBANO Y DE BARRIOS EN COMUNAS DE CORONEL, PENCO Y TOMÉ. Oficio.
- COMENTARIO SOBRE PROPOSICIÓN DEL DIPUTADO CAMILO ESCALONA.
- REQUISITOS PARA ACCEDER A EMPLEOS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL EN COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA. Oficio.
- PROCEDIMIENTO DESIGUAL PARA PENSIONADOS EN CUANTO AL ENTERO DE CUOTAS SOCIALES. Oficio.
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA LEY Nº 19.731. Oficios.
- NÚMERO DE EMPLEOS DE EMERGENCIA PARA COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- ALCANCE A DECLARACIONES DEL DIPUTADO ANÍBAL PÉREZ AL DIARIO “EL MERCURIO”.
- ALCANCE A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO PABLO LONGUEIRA.
- INVERSIÓN DE FONDOS CONSULTADOS ORIGINALMENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN MAIPÚ. Oficio.
- ANUNCIO DE TRASLADO DE LA FERIA INTERNACIONAL, FISA, A LA COMUNA DE SANTIAGO.
- COBROS EN MUNICIPALIDAD DE LANCO Y AUDITORÍA INTERNA DE HOSPITAL DE LA UNIÓN. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CONTRAÍDO POR INTENDENTE DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL PINTOR DON ISRAEL ROA VILLAGRA.
- ALCANCES SOBRE INTERVENCIÓN DE PRIVADOS EN EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA.
- INSTALACIÓN DE SISTEMA ILS EN AEROPUERTO DE BALMACEDA. Oficios.
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SALVAGUARDIAS PARA LA INDUSTRIA DEL AZÚCAR DE REMOLACHA. Oficios.
- ALUSIÓN A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL DIPUTADO PABLO LONGUEIRA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUD DE AYUDA EN CASOS DE DAMNIFICADOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
- IMPACTO ECONÓMICO POR CIERRE DEL PASO LOS LIBERTADORES. Oficios.
- SALVAGUARDIAS ANTE LA IMPORTACIÓN DE FRUCTOSA. Oficios.
- CREACIÓN DE SUBSIDIO ESPECIAL PARA DAMNIFICADOS DE LA ZONA CENTRAL. Oficio.
- PRECISIONES SOBRE RESPONSABILIDAD EN ENVÍO DE CARTAS DE COLECTIVIDAD POLÍTICA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Eugenio Bauer Jouanne
- Jose Ramon Barros Montero
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Jose Antonio Kast Rist
- Cristian Antonio Leay Moran
- Juan Masferrer Pellizzari
- Felipe Salaberry Soto
- Gonzalo Uriarte Herrera
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 3ª, en miércoles 5 de junio de 2002
(Ordinaria, de 10.35 a 14 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Salas De la Fuente, don Edmundo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 11
V. Orden del Día.
- Modificación de la ley Nº 19.039, sobre privilegios y protección de derechos de propiedad industrial. Primer trámite constitucional 12
- Sistema de reinserción social de condenados de buena conducta. Primer trámite constitucional 18
- Reclamación en contra de la conducta de la Mesa 34
VI. Proyectos de acuerdo.
- Aplicación de igualdad de criterios a deudores del Serviu 34
- Constitución de Comisión investigadora de los hechos de violencia ocurridos en Valparaíso el 21 de Mayo recién pasado 36
VII. Incidentes.
- Investigación sobre adquisiciones de durmientes por parte de la Empresa de Ferrocarriles del Estado en la Novena Región. Oficios 40
- Proposición de aporte económico en beneficio de damnificados por recientes temporales 41
- Información sobre proyectos incorporados en programas de mejoramiento urbano y de barrios en comunas de Coronel, Penco y Tomé. Oficio 42
- Comentario sobre proposición del diputado Camilo Escalona 43
- Requisitos para acceder a empleos de emergencia en la provincia de Osorno. Oficios 44
- Información sobre subsidio habitacional rural en comuna de San Juan de la Costa. Oficio 44
- Procedimiento igualitario para pensionados en cuanto al entero de cuotas sociales. Oficio 45
- Prórroga de vigencia de la ley Nº 19.731. Oficios 45
- Número de empleos de emergencia para comunas de la Décima Región. Oficio 46
- Alcance a declaraciones del diputado Aníbal Pérez al diario “El Mercurio” 46
- Alcance a intervención del diputado Pablo Longueira 47
Pág.
- Inversión de fondos consultados originalmente para construcción de colector en Maipú. Oficio 47
- Anuncio de traslado de la Feria Internacional, Fisa, a la comuna de Santiago 48
- Cobros en municipalidad de Lanco y auditoría interna de hospital de La Unión. Oficios 49
- Incumplimiento de compromiso de construcción de defensas fluviales contraído por Intendente de la Sexta Región. Oficio 49
- Homenaje en memoria del pintor don Israel Roa Villagra 49
- Alcances sobre intervención de privados en evacuación de aguas lluvia 50
- Instalación de sistema ILS en aeropuerto de Balmaceda. Oficios 50
- Establecimiento de nuevas salvaguardias para la industria de azúcar de remolacha. Oficios 51
- Alusión a expresiones vertidas por el diputado Pablo Longueira. Oficio 53
- Información sobre solicitud de ayuda en casos de damnificados de la Región Metropolitana. Oficio 53
- Impacto económico por cierre del paso Los Libertadores. Oficios 53
- Salvaguardias ante la importación de fructosa. Oficios 53
- Creación de subsidio especial para damnificados de la zona central. Oficio 55
- Precisiones sobre responsabilidad en envío de cartas de colectividad política 55
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Moción de los diputados señores García-Huidobro, Álvarez, Bauer, Barros, Ibáñez, Kast, Leay, Masferrer, Salaberry y Uriarte, que establece prohibición a abogados integrantes de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones para desempeñar cargos en empresas del Estado (boletín Nº 2953-07) 57
2. Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que facilita la denuncia en caso de atentados sexuales y permite una mejor investigación del delito (boletín Nº 2925-07) 58
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Salaberry reemplazará al diputado señor Molina en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
-Del jefe de bancada de la Democracia Cristiana por las cuales informa que en la Comisión de Zonas Extremas el diputado señor Lorenzini reemplazará en forma permanente al diputado señor Araya, y en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el diputado señor Ascencio reemplazará de igual forma al diputado señor Mulet.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Pablo Galilea, fiscalización en relación al Programa de Mejoramiento de Gestión del Gobierno Regional de Aisén, durante el año 2001.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor René García, entrega de fondos extraordinarios a la municipalidad de Curarrehue, destinados a cancelar los sueldos correspondientes al mes de marzo.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Norambuena, situaciones que afectan al alumnado de la Escuela Bello Horizonte de la comuna de Lota.
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor José Pérez, procedimientos empleados para la construcción de una microcentral eléctrica en la Octava Región.
-Del diputado señor Ojeda, construcción pasarela camino Barro Blanco en Osorno.
-Del diputado señor Villouta, señalización informativa de distancia en caminos públicos.
-Del diputado señor Delmastro, camino que une localidad de San Pedro con Máfil y San José de la Mariquina, Décima Región; camino acceso a Tres Chiflones, Décima Región; expropiación de predio.
-Del diputado señor Alvarado, administración de accesos y rampas de embarque, construcción puente sobre Canal de Chacao.
-Del diputado señor Ascencio, obra Ruta 5 entre Dalcahue y Castro.
-Del diputado señor Hidalgo, administración de medidas ante Empresa Portuaria de San Antonio por trabajo de dragado.
-De la diputada señora Vidal, denuncias en contra de directivos Empresa Peñuelas S.A.
-De la diputada señora Rosa González, sobrenivel de boro en agua potable en Arica y Parinacota.
-Del diputado señor René García, empresa que ha realizado trabajos para el MOP.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Ramón Pérez, equipamiento Hospital de Iquique.
-Del diputado señor Escalona, convenio de programación Región del Biobío.
Ministerio de Minería
-Del diputado señor Rojas, información relativa a pequeña y mediana minería de Tocopilla y Taltal.
-Del diputado señor Leal, solución integral para la Empresa Nacional de Minería.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Egaña, reparaciones de viviendas.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Palma, demanda civil por diagnóstico errado de sida.
Banco Central de Chile
-Del diputado señor Delmastro, importación de productos edulcorantes.
Intendencia de la Región de La Araucanía
-Del diputado señor Quintana, trabajadores temporeros de las Regiones Sexta y Séptima.
Municipalidad de Castro
-Del diputado señor Kuschel, gastos mensuales de ayuda social realizada en los años 2000 y 2001.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Víctor Rebolledo y Patricio Cornejo.
-Asistió, además, el ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 19ª de la legislatura extraordinaria Nº 346 se declara aprobada.
El acta de la sesión 20ª de la misma legislatura, se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa , por cinco minutos, para hacer uso de la palabra en virtud de lo señalado en el artículo 34 del Reglamento.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señora Presidenta , en uso del derecho que me confiere el artículo 34 del Reglamento, denuncio el abuso cometido ayer por dos medios de prensa: “El Mercurio” y “La Segunda”.
En sendos artículos se dice que la diputada María Antonieta Saa y otros parlamentarios pidieron anticipos para pagar el envío de cartas, en mi caso en la cantidad de 30 mil.
¡Eso es falso, absolutamente falso! ¡Quiero que quede muy claro que no he pedido ningún anticipo para el despacho de cartas! ¡Me indigna que se esté recurriendo al rumor y a la mala intención para continuar difamando a diputadas y diputados honorables! ¡Es lamentable el espectáculo que se está dando en esta Corporación, y tiendo a pensar que en lo ocurrido no ha habido un afán de fiscalizar procedimientos, sino maniobras políticas destinadas a enlodar, no a diputadas y a diputados, sino a la Cámara de Diputados, a la democracia!
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
¡No grite, señora diputada !
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
¡Grito, porque tengo todo el derecho de gritar! ¡Todo el derecho de gritar! -repito-, porque es vergonzoso el espectáculo que se está dando en la Cámara de Diputados y porque la información que me alude es una infamia.
Hoy los diarios hablan de que se exculpa de los hechos a la Presidenta de la Cámara ; sin embargo, se anuncia una censura a la Mesa, lo cual llenará de oprobio y de vergüenza a esta Corporación.
Señora Presidenta , perdone mi indignación.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
El periodista de “El Mercurio” me dijo que la fuente de la información fue un jefe de bancada, no cualquier diputado. Por eso, quiero dejar bien aclarada esta situación.
Señor Dittborn , no mire con esa cara de ironía, porque todos tenemos derecho a defender nuestra honra, pues lo único que tenemos nosotros es una trayectoria, una honra y un trabajo decente, claro y absolutamente generoso, que dignifica a la política.
He dicho.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.039, SOBRE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Encina.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Economía, boletín Nº 2416-03, sesión 2ª, en 4 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 18.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor diputado informante .
El señor ENCINA .-
Señora Presidenta , me habría gustado que hubiera estado presente el ministro de Economía -al parecer no pudo asistir- por la importancia que reviste el proyecto, fundamentalmente porque se enmarca dentro de las políticas internacionales, del convenio firmado por nuestro país con la Unión Europea y, además, del posible Tratado con Estados Unidos.
Como se trata del segundo informe de la Comisión, me referiré a aquellos artículos que fueron objeto de indicaciones por parte de los señores parlamentarios o del Ejecutivo , y no a todo el proyecto, por cuanto éste ya fue conocido y aprobado en el primer trámite reglamentario. Sin embargo, en términos generales daré a conocer su objetivo, especialmente a los diputados que se han incorporado a la Cámara en esta legislatura, motivo por el cual probablemente no lo conocen.
Con fecha 17 de mayo de 1995 se publicó el decreto Nº 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulgó el Acuerdo de Marrakech, que dio origen a la Organización Mundial de Comercio, y reconoció, entre otros, el anexo 1 C, sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio, al Acuerdo Trip’s.
Dicho instrumento multilateral, vinculante para Chile, impone adecuar a sus disposiciones, entre otros cuerpos normativos, la ley Nº 19.039. Tal adecuación, conforme con lo dispuesto en el propio acuerdo multilateral, debió haberse efectuado a más tardar el 1 de enero del año 2000, situación por la cual Chile se encuentra expuesto al sistema de soluciones de controversias de la Organización Mundial de Comercio. Así las cosas, la modificación de la ley Nº 19.039 corresponde a la ejecución de las obligaciones que, en materia de propiedad industrial, el Estado de Chile contrajo en el marco del Acuerdo de Marrakech.
En segundo lugar, el proyecto de ley contiene disposiciones destinadas a adecuar nuestra legislación a lo establecido en el Convenio de París, sobre protección de la propiedad industrial, vigente en Chile desde 1991.
Finalmente, se proponen ciertas modificaciones, que tanto la experiencia como la práctica en su aplicación han demostrado ser necesarias para una más eficaz institucionalidad en materia de propiedad industrial, y se aprovecha, además, desde un punto de vista estrictamente formal, de corregir la estructura de la ley Nº 19.039, dotándola de un lenguaje técnico y jurídico más adecuado, de conformidad con los cánones modernos y con la común tecnología internacional desarrollada en el ámbito de la propiedad industrial.
Las ideas generales del proyecto son las siguientes:
En conformidad con lo señalado en el mensaje, la propiedad intelectual, en general, y la industrial, en particular, constituyen un conjunto de principios, normas y disciplinas destinados a proteger aquellos bienes inmateriales que, en su interacción en el mercado, dotan de mayor valor agregado y, por lo tanto, de mayor jerarquía competitiva a productos, servicios y procedimientos respecto de los cuales se ha incorporado el conocimiento protegido con el fin de promover y fomentar el desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la tecnología.
En cuanto al objeto protegido de esta disciplina, es decir los bienes inmateriales, podemos decir que son todas aquellas creaciones de la mente humana que, con los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y que por su importancia económica son sujetos de una tutela jurídica especial.
La actual globalización de los mercados, con una intensa interdependencia económica, ha permitido que los derechos de propiedad intelectual adquieran una gran relevancia en las relaciones económicas internacionales.
En lo sustantivo, la protección legal del intelecto configura el derecho legal de explotación. Se trata de un monopolio legal, legítimamente establecido, que constituye una ventaja competitiva en los mercados y permite actuar de manera más eficaz y rentable a los empresarios que invierten en creaciones del intelecto.
En la actualidad, la innovación no se concibe sin un estatuto jurídico que promueva la actividad inventiva y creativa y que dé efectiva protección. Ello está constituido por la normativa concerniente a la propiedad intelectual.
La propiedad industrial, en general, reconoce la clásica división entre derechos de autor y derechos conexos, y propiedad industrial.
En Chile, el derecho de autor o propiedad intelectual en sentido estricto se encuentra normado por la ley Nº 17.336 y por el decreto supremo Nº 1.122, del Ministerio de Educación, que regula los derechos de los autores así como los de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.
En cuanto a la propiedad industrial, ésta se rige por la ley Nº 19.039 y por el decreto supremo Nº 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprobó su reglamento.
Finalmente, cabe mencionar que ambas categorías de propiedad se encuentran consagradas en el artículo Nº 19, números 24 y 25, de la Constitución Política.
Principales instituciones que regulan la propiedad industrial.
En esta materia rige la ley Nº 19.039, de fecha 25 de enero de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Sobre la materia, este proyecto introduce modificaciones en lo relativo a marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y multas a las infracciones a la ley.
Las marcas comerciales son definidas como todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. El registro de marcas comerciales compete al Departamento de Propiedad Industrial, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Tiene una duración de 10 años contados desde la fecha de su inscripción, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales, previo pago del derecho correspondiente.
Las patentes de invención se definen como el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, entendiendo como tal toda solución a un problema de una técnica que origina un quehacer industrial. Para patentar una invención se requiere el cumplimiento de tres requisitos copulativos, a saber: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En conformidad con la ley vigente, las patentes de invención son concedidas por un período no renovable de 15 años contado desde la fecha del registro. La patente confiere el derecho de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma el producto que ha sido objeto de invento y, en general, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.
Modelos de utilidad: son los aparatos, herramientas, dispositivos, objetos o parte de los mismos en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta agregue una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Para que sean patentados, la ley exige la concurrencia copulativa de dos requisitos: novedad y que sea susceptible de aplicación industrial. Las patentes se conceden por un período no renovable de diez años, contados desde la fecha de la solicitud, conforme con lo establecido en el artículo 57 de la ley, norma que no es modificada en el proyecto de ley en discusión.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Disculpe, señor diputado .
Me han solicitado que llame a una reunión de Comités. Por lo tanto, cito a los jefes de Comités a la Sala de Lectura.
Puede continuar, señor diputado .
El señor ENCINA .-
El diseño industrial comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial, perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva. El privilegio de un diseño industrial se concede por un período no renovable de diez años, contado desde la fecha de su solicitud.
Me referiré brevemente a las nuevas categorías de derechos industriales que introduce el proyecto, que son, entre otras:
a) dibujos industriales.
b) esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados.
c) indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y
d) información no divulgada. (Secretos empresariales).
La ley Nº 19.039, que contiene normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de la propiedad industrial, regula las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales.
Se estructura sobre la base de ocho títulos, a saber: título I, Normas Comunes; título II, De las marcas comerciales; título III, De las patentes de invención; título IV, De los modelos de utilidad; título V, De los diseños industriales; título VI, De las invenciones de servicio; título VII, Disposiciones finales, y título VIII, Disposiciones transitorias.
El proyecto de ley enviado por su Excelencia el Presidente de la República considera nueve títulos. En él se incorporan los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados como nuevas categorías de dere-
chos industriales regulados por la ley, y se dedica un título especial a la protección de la información no divulgada.
Tras el debate surgido en el seno de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara, se acordó incorporar los dibujos industriales, que serán regulados conjuntamente con los diseños industriales.
Por otra parte, el Ejecutivo recogió las inquietudes planteadas por parlamentarios, y el 2 de abril envió un conjunto de indicaciones para incorporar al texto primitivo del proyecto dos nuevos títulos: el primero, destinado a regular, en detalle, como derechos industriales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y el segundo, dedicado al efectivo cumplimiento de los derechos consagrados en la ley, vale decir, de la observancia de los derechos de propiedad industrial.
El proyecto que modifica la ley Nº 19.039, despachado por la Comisión de Economía, agrega a los títulos anteriores los siguientes: De la Protección de la Información no Divulgada; De las Indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial. Este último se encuentra dividido en cuatro párrafos: De las Acciones Civiles, De las Medidas Precautorias, De las Medidas Prejudiciales y De las Disposiciones Comunes a este Título.
El título XI, final, tiene que ver con disposiciones transitorias de la ley Nº 19.039 y artículos transitorios nuevos.
Cabe señalar que, por indicación parlamentaria, se sustituyó el nombre de esta ley, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, simplemente por “Ley de Propiedad Industrial”.
A continuación, señalaré en qué medida el segundo informe de la Comisión modifica el proyecto.
Por acuerdo de la Comisión, los siguientes artículos deben ser aprobados con quórum de ley orgánica constitucional, debido a que modifican la ley que determina la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 74 de la Constitución Política de la República: 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 31 bis, 51 bis B, números 1 y 3; 51 bis C, 51 bis D, 72, 104, 107 y 109.
El artículo 130 fue suprimido.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, en el informe se hace mención a los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Deberán votarse los artículos que requieren quórum especial. El resto debe aprobarse por la Corporación, ipso jure y sin votación, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento.
Hay algunos artículos modificados, a los que voy a dar lectura brevemente, para empezar la discusión sobre este proyecto.
La Comisión se preocupó, en este segundo informe, de los artículos que fueron objeto de indicaciones, entre los que está el artículo 5º, sustituido por el Nº 6) del artículo único del proyecto.
Al final, se llegó a una propuesta que señala que cualquier interesado podrá formular oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de publicación del extracto respectivo.
El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
Por indicación de los diputados señores Correa, Encina , Galilea, don Pablo ; Hidalgo , Jeame Barrueto , Martínez , Ortiz , Saffirio , Tuma , Uriarte y Walker , aprobada por unanimidad, el artículo 7º quedó de la siguiente forma:
“Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial , así se requiera.
El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrán de 60 días, contado desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 días. De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones”.
El artículo 9º fue modificado mediante indicación parlamentaria, y quedó de la siguiente forma:
“Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiere deducido oposición se dará al solicitante traslado de ella por el plazo de 30 días, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y por el plazo de 45 días para el caso de patentes de invención, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para que haga valer sus derechos”.
El artículo 10 también fue modificado y quedó del siguiente tenor:
“Artículo 10.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.
El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados”.
También fue modificado el artículo 28, que tiene que ver con las condenas a multas en beneficio fiscal, cuyos montos varían en los términos que indica la disposición.
Además, fue modificado el artículo 31 bis, que tiene que ver con el ejercicio de las acciones civiles sobre infracciones en materia de patentes de procedimiento. Expresa que “el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al patentado a condición de que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.
En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.
Con todo, en la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de su información no divulgada”.
También fue modificado el artículo 37, que se refiere a aquellos elementos que no son considerados invención y quedarán excluidos “de la protección por patente de esta ley”. Se puede mencionar el “nuevo uso de artículos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente, siempre que reúnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a que se refiere el artículo 32”.
Es muy importante en cuanto a las oposiciones de las patentes industriales.
El artículo 51, que se refiere a la solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria, fue muy discutido.
La Comisión de Hacienda y otros parlamentarios formularon indicaciones. Al final, se concordó un texto que entrega, cuando hay una patente no voluntaria, a determinadas instancias la decisión sobre estos temas:
“1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de la Comisión Resolutiva prevista en el decreto ley Nº 211, de 1973”. Es decir, se le entrega a la Comisión Resolutiva Antimonopolio la facultad de decidir sobre las patentes.
“2) Cuando por razones de salud pública” -cosa que preocupa a gran parte de la ciudadanía y también a los señores diputados-, “seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias”.
En este caso, el otorgamiento de la patente no voluntaria corresponde a la autoridad del Departamento de Propiedad Industrial.
“3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:”. En última instancia, a la justicia ordinaria; es decir, lo que antes quedaba en manos del jefe del Departamento de Propiedad Industrial o, en su defecto, en manos de la justicia, se somete a distintas instancias.
También se formuló indicación para sustituir el artículo 51 bis B, relacionado con el procedimiento del otorgamiento de licencias no voluntarias. Al efecto, se dispone que “La solicitud... constituirá una demanda y deberá contener todos los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil”. Conocerán de ella las distintas instancias que se señalan en los números 1, 2 y 3 de la proposición.
Se presentaron indicaciones para sustituir los artículos 51 bis C y 51 bis D, también relativos a las licencias no voluntarias, las que fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión.
También se modificó el artículo 52, sobre multas aplicables a quienes infringen la ley de propiedad industrial.
Es importante señalar que toda esta normativa fue consensuada en la Comisión, y que hubo acuerdo absoluto con el Ejecutivo , pues algunos señores diputados que habían presentado indicaciones las retiraron; de manera que el texto del proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
En cuanto al título X, “De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial”, la Comisión, por asentimiento unánime, rechazó la indicación presentada por algunos señores diputados para eliminarlo.
Se aprobó la indicación para sustituir el artículo 117, cuyo primer inciso señala que “Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con los hechos ilícitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infracción o amenaza inminente de infracción de estos derechos”.
Fueron aceptadas dos indicaciones, de los diputados señores Cornejo , Olivares y Salas. La primera, para eliminar el inciso final del artículo 120, que señalaba: “La garantía que se constituya no podrá, de manera alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada”.
La segunda, para eliminar el artículo 130, que decía: “Se considerará como presunción grave en contra del demandado o inculpado toda sentencia firme que se haya dictado en contra de éstos en procesos sobre oposición o nulidad de que se trate”.
No se introdujeron artículos nuevos al proyecto y no existen artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Dada la importancia de la iniciativa, habríamos deseado que el ministro de Economía hubiera asistido a la sesión, aun cuando tengo entendido que dio las excusas pertinentes.
Es importante que en el debate analicemos los artículos que fueron objeto de indicaciones.
Cabe destacar que la unanimidad de los miembros de la Comisión concurrió con su voto favorable al texto del proyecto que se presenta a la Sala.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los siguientes numerales del Artículo Único: 1), 2), 3) (artículo 1º); 4), 5), 6) (sólo respecto de los artículos 4º, 6º, 8º, 11 y 12); 7) (artículo 14); 9) (artículo 17); 10) (respecto del artículo 17 bis A; 11) (respecto del artículo 17 bis E); 12), 13) (artículo 18); 14) (en lo relativo a los artículos 18 bis A, 18 bis B, 18 bis D, 18 bis E y 18 bis F); 15) (artículo 19); 16) (artículos 19 bis A, 19 bis B, 19 bis C, 19 bis D y 19 bis E); 17) (artículo 20); 18) (artículo 20 bis); 19) (artículos 22 y 23); 20) (artículos 23 bis A, 23 bis B, 23 bis C y 23 bis D); 21) (artículo 27); 22) (artículo 27 bis); 23) (sólo respecto de los artículos 29 y 30); 24) (artículo 31); 26) (artículo 32); 27), 28) (en relación con los artículos 33, 38, 39, 42 y 43); 29) (artículo 43 bis); 30) (artículos 45 y 49); 31) (artículos 49 bis A y 49 bis B); 32) (artículo 49 bis C); 33) (en relación con los artículos 50, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71); 34) (sólo respecto del artículo 51 bis A); 35), 36) (artículos 62 bis y 62 bis A); 37) (Título VII y artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85); 38) (Título VIII y artículos 86, 87, 88, 89 y 90); 39) (Título IX y sólo a los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 105); 41) (Título XI y artículo 132); 42) (relativo a las disposiciones transitorias de la ley Nº 19.039, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta), y los artículos transitorios 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11.
Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los numerales 8) (artículo 16); 10) (sólo respecto del artículo 17 bis B); 11) (en relación con los artículos 17 bis C y 17 bis D); 33) (en lo tocante al artículo 72), y 39) (sólo respecto del artículo 104); pero, por referirse a disposiciones de ley orgánica constitucional, deben ser votados en particular.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , estoy inscrito para intervenir en la discusión del proyecto. Sin embargo, en el curso de la mañana, con los diputados miembros de la Comisión hemos observado algunas imperfecciones en su redacción.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
¿Me permite, señor diputado ?
Reasume la presidencia de la Corporación el diputado señor Edmundo Salas.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, queda pendiente la discusión del proyecto, el cual vuelve a la Comisión de Economía.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CONDENADOS DE BUENA CONDUCTA. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto que crea un sistema de reinserción social de los condenados en base a la observancia de buena conducta.
Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es la señora Laura Soto.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2723-07, sesión 2ª, en 6 de junio de 2001. Documentos de la cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 17ª, en 7 de mayo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En reemplazo de la diputada señora Laura Soto , informará sobre la iniciativa el diputado señor Jorge Burgos .
Tiene la palabra su Señoría.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, la idea central del proyecto es incentivar la reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de libertad, mediante la posibilidad de reducir el tiempo de sus condenas sobre la base de observar un comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de las penas. Reitero: debe observarse un comportamiento sobresaliente.
¿Qué beneficios concede el proyecto?
En primer lugar, permite, cuando hay comportamiento sobresaliente, reducir en dos meses el tiempo de duración de la condena por cada año de cumplimiento de la misma, beneficio que se eleva a tres meses por año de cumplimiento una vez transcurrida la mitad de la condena original impuesta por la sentencia.
En segundo lugar, el comportamiento sobresaliente, en los términos previstos en el proyecto, también se considera como antecedente calificado para obtener, cuando corresponda, la libertad condicional.
En tercer lugar, las personas que hubieren demostrado comportamiento sobresaliente, en los términos señalados, podrán optar al beneficio de la libertad condicional un semestre antes de lo que correspondería, en conformidad con el decreto ley Nº 321, que fija las reglas generales de la libertad condicional.
En cuarto lugar, las personas que estuvieren cumpliendo condena en libertad condicional, que hubieren completado sin falta la mitad del tiempo condicional, tendrán derecho a que se les conceda libertad plena.
En quinto lugar, las personas que estuvieren cumpliendo condena bajo el régimen de reclusión nocturna podrán, asimismo, beneficiarse con la reducción de la condena si no hubiera incurrido en lo que, de acuerdo con el reglamento de la ley Nº 18.216, sobre medidas alternativas a las penas restrictivas o privativas de libertad, constituye un quebrantamiento grave de condena. Por ejemplo, no presentarse al establecimiento a cumplir la reclusión nocturna, volver tarde en reiteradas ocasiones o llegar más de dos veces en estado de ebriedad.
Los requisitos para que las personas condenadas accedan a los beneficios establecidos en el proyecto son:
Primero, observar comportamiento calificado como sobresaliente durante cada período de calificación, el que será anual.
Segundo, la calificación de sobresaliente deberá mantenerse durante todos los períodos de calificación, perdiéndose todo el beneficio acumulado si se deja de tener tal calificación, es decir, si hay un mal comportamiento.
En todo caso, la pérdida de la calificación de sobresaliente por una sola vez permitirá mantener el beneficio hasta en un 80 por ciento, si la Comisión Calificadora así lo autorizase, en el caso de personas que hayan sido invariablemente calificadas con conducta sobresaliente.
Señor Presidente, ha llegado a la Sala la señora Laura Soto, diputada informante del proyecto que nos convoca.
Por tal motivo, dejo hasta aquí mi informe.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada informante del proyecto, señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , el proyecto es sumamente importante, puesto que, como dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, diputado señor Jorge Burgos , daría una oportunidad de reinserción a los condenados que hayan observado una conducta intachable durante el cumplimiento de su pena.
En la Comisión se generó un debate bastante interesante y se escuchó a muchas personas relacionadas con el tema: al ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez ; al subsecretario de la misma Cartera, señor Jaime Arellano , y a varios asesores de ese ministerio.
También asistieron a la Comisión el psicólogo de Carabineros, señor Pedro Canales ; el general Reinaldo Ríos , jefe de la Quinta Zona , Valparaíso , de Carabineros, y al general director de Carabineros , señor Alberto Cienfuegos .
Tuvimos una discusión muy interesante, en la que se escuchó, incluso, a sectores religiosos. Desde el punto de vista jurídico, la discusión se centró en si el proyecto otorgaba un derecho o un beneficio. Como saben los honorables diputados, un derecho implica cuestiones distintas de las que comprende un beneficio, pues, por ejemplo, tiene efecto retroactivo; o sea, inmediatamente después de promulgada la ley, cualquier condenado podría hacerlo valer. Finalmente, la Comisión declaró que se trata de un beneficio, e incluso le puso coto, porque nuestro interés y el de quienes nos asesoraron fue que esto se considerara exclusivamente como un esfuerzo del condenado para reintegrarse a la sociedad, hecho que, por lo demás, también es parte de la sanción penal.
Como expresó el presidente de la Comisión , el régimen de libertad condicional puede sintetizarse haciendo una reseña de sus principales disposiciones, a saber:
El artículo 1º del decreto ley Nº 321, sobre libertad condicional, señala que se establece el régimen de libertad condicional como un medio de prueba de que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad, y que a quien se le concede se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social. Su inciso segundo añade que su concesión no extingue ni disminuye la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por el condenado.
El artículo 2º dispone que toda persona condenada a una pena privativa de libertad superior a un año tiene derecho a este beneficio, siempre que cumpla los siguientes requisitos: 1º Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia ejecutoriada; 2º Haber observado una conducta intachable en el establecimiento penal en que cumpla la condena; 3º Haber aprendido bien un oficio, y 4º Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento.
Una de las cuestiones que generó debate fue qué se considera “intachable”, y también se señalaron requisitos para ello.
El artículo 3º contempla la situación de los condenados por penas más graves, la situación de los condenados a presidio perpetuo calificado, los que sólo podrán optar al beneficio una vez cumplidos cuarenta años de privación efectiva de libertad. Eso quedó absolutamente clarificado.
El inciso segundo acuerda el beneficio para los condenados a simple presidio perpetuo, una vez cumplidos veinte años de privación de libertad.
El inciso tercero se refiere a los condenados por los delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de persona menor de 12 años, infanticidio y elaboración o tráfico de estupefacientes. Es decir, siempre se consideró que habría rehabilitación, pero que también tendrían un límite.
Entre las personas invitadas por la Comisión, escuchamos a los profesores señores Sergio Yáñez y Eduardo Sepúlveda , del Instituto de Ciencias Penales. Ambos estimaron que el proyecto era muy importante como incentivo, pero echaron de menos -y lo quiero decir, porque fue parte del debate- la existencia de jueces de vigilancia penitenciaria o de ejecución de penas en reemplazo de la comisión de beneficio de reducción de condena.
Consideraron poco generoso el proyecto, por cuanto debería incluir mayores beneficios, los que se concederían sobre la base de criterios objetivos, como podrían ser los casos de las personas enfermas o de mayor edad. Igualmente, sostuvieron que no procedía hacer distingos entre los distintos delitos para la aplicación del beneficio de rebaja de condena, por cuanto al pronunciarse la sentencia condenatoria respectiva ya había tomado en cuenta el bien jurídico protegido. Asimismo, estimaron que la rebaja de penas debería constituir un derecho y no un simple beneficio, tema que, como señalé anteriormente, fue bastante discutido, porque al ser un derecho, el tiempo que el buen comportamiento permitiera abonar a las condenas no se perdería en el caso de no observarse un comportamiento sobresaliente en un período calificatorio posterior.
El proyecto fue aprobado en general, y luego fue discutido artículo por artículo.
Una de las cuestiones que se clarificó fue precisamente qué se entendía por “comportamiento sobresaliente”. El artículo 12 del proyecto señala que la calificación se hará por períodos anuales y deberá recaer sobre todo interno que se encontrare cumpliendo condena por sentencia ejecutoriada y cuyo comportamiento hubiere sido calificado con nota “muy bueno” en los tres bimestres anteriores, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del decreto ley Nº 321, sobre libertad condicional. Se agrega que también serán calificados los demás condenados que, aunque no obtengan dicha calificación, así lo solicitaren, añadiendo que tal solicitud podrá ser denegada si la nota obtenida por el requirente fuera inferior a “bueno”.
Luego de formular observaciones a dicho artículo y a sugerencia del Ejecutivo , la Comisión aprobó el siguiente texto:
“Artículo 12.- La calificación del comportamiento se hará por períodos anuales. Dicha calificación recaerá sobre todo interno que se encontrare cumpliendo condena por sentencia ejecutoriada y que, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento del decreto ley Nº 321, sobre Libertad Condicional, hubiere sido calificado con nota “muy bueno” o “bueno”, en los tres bimestres anteriores a aquél en el que se proceda a la calificación”.
En la Comisión hemos sido un poco más flexibles para que no siempre sea necesaria una conducta absolutamente sobresaliente.
En lo que se refiere al procedimiento de calificación, el artículo 13 dispone que para calificar el comportamiento de las personas condenadas por sentencia ejecutoriada, la Comisión se constituirá en las unidades penales correspondientes a su territorio jurisdiccional, debiendo tener a la vista, para tales efectos, el libro de vida de cada condenado, además de las calificaciones efectuadas por el Tribunal de Conducta del establecimiento. Podrá, además, pedir informes a los miembros del Tribunal.
La Comisión estimó necesario, para los efectos de asegurar la objetividad de la calificación, que la Comisión Calificadora pudiera contar con informes de especialistas si lo considerare necesario, como también la posibilidad de entrevistar personalmente a los condenados.
El artículo 14 se refiere al procedimiento para la obtención del beneficio. Señala que quienes, de acuerdo con la ley, estuvieren en condiciones de solicitar el beneficio, deberán elevar la correspondiente solicitud al Jefe de Estado por medio del ministro de Justicia .
Su inciso segundo dispone que la reducción se concederá por decreto supremo, tramitado a través del Ministerio de Justicia, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos por la Secretaría Regional Ministerial respectiva.
Este artículo también fue aprobado.
El artículo 15 se refiere a la situación de los condenados en libertad condicional. Señala que quienes estuvieren en esta situación y hubieren observado conducta sobresaliente en el período de cumplimiento efectivo, tendrán siempre derecho al beneficio a que se refiere el artículo 8º del decreto ley Nº 321, siempre que hubieren cumplido sin falta la mitad del período condicional.
Su inciso segundo señala que se entenderá que no ha habido falta cuando se haya dado cumplimiento a las condiciones impuestas al condenado, en conformidad con el reglamento del decreto ley mencionado.
Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta disposición asimilaba la situación de estas personas al beneficio que contempla el artículo 8º señalado, es decir, al que favorece a los condenados en libertad condicional que hubieren cumplido la mitad de la pena y observaren muy buena conducta durante ese tiempo, dándoles el derecho a que se les conceda la libertad completa.
La Comisión estimó innecesario el inciso segundo, ya que reitera la remisión a la ley sobre libertad condicional, aprobando, a sugerencia del Ejecutivo , el siguiente texto sustitutivo:
“Artículo 15.- Condenados en libertad condicional.
Las personas condenadas que gozaren de libertad condicional y que hubieren presentado conducta sobresaliente en el período de cumplimiento efectivo en los términos de la presente ley, tendrán siempre derecho al beneficio a que alude el artículo 8º del decreto ley Nº 321, en la medida en que hubieren cumplido sin faltas la mitad del período condicional.
“Para los efectos de los dispuesto en el inciso precedente, se entenderá que no ha habido falta cuando se haya dado cumplimiento a las condiciones que se hubieren impuesto al condenado, conforme a lo señalado en el reglamento sobre Libertad Condicional.
“Para la procedencia del beneficio previsto en este artículo, será antecedente suficiente la presentación de una certificación de cumplimiento otorgada por el respectivo órgano fiscalizador. En lo demás, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 14 de esta ley”.
El artículo se aprobó por unanimidad.
El artículo 16 se refiere al procedimiento para la obtención del beneficio señalado en el artículo anterior. Dispone que para ello será suficiente la presentación de un certificado de cumplimiento otorgado por el respectivo órgano fiscalizador.
Como consecuencia del texto sustitutivo del artículo anterior, esta disposición quedó comprendida en el inciso tercero de esta norma, razón por la cual se reemplazó por un nuevo artículo destinado a incluir, dentro de los beneficios que otorga el proyecto, a los condenados que cumplen pena bajo la alternativa de la reclusión nocturna; es decir, se amplió el beneficio.
En atención a lo anterior, se modificó el epígrafe del Título IV para referirlo también a esas personas, por lo que su texto quedó como sigue:
“Artículo 16.- Condenados en reclusión nocturna.
La reducción de condena de que tratan los artículos 2º y 3º de la presente ley, favorecerá también a los condenados que cumplieren pena bajo reclusión nocturna.
“Para estos efectos, constituirá comportamiento sobresaliente del condenado la total omisión de las conductas descritas en los incisos segundo y tercero del artículo 12 del reglamento de la ley Nº 18.216, durante el período de cumplimiento.
“La calificación de la conducta y el procedimiento de obtención de la reducción de condena de que trata el presente artículo, se sujetará íntegramente a lo dispuesto en el Título II de esta ley”.
Este artículo fue aprobado por unanimidad.
El artículo 17 se refiere a las limitaciones a la aplicación de estos beneficios -esta cuestión también fue ampliamente debatida en la Comisión-, y señala que ellos no tendrán lugar, en caso alguno, si se dan las circunstancias que indica:
a) Si se tratare de una persona que hubiere quebrantado su condena, se hubiere fugado, evadido o incumplido las condiciones impuestas durante el régimen de libertad condicional.
b) Si el condenado hubiere delinquido durante el cumplimiento de su condena o estando en libertad provisional.
c) Si se tratare de personas condenadas a presidio perpetuo, simple o calificado.
Durante el debate de este artículo, la Comisión estimó necesario excluir la posibilidad de la concesión del beneficio a los delitos más graves, como también el intento de fuga o evasión -lo que constituyó una nueva discusión- y el caso de los reincidentes, porque respecto de ellos estaría demostrada la no rehabilitación.
En lo referente a los delitos más graves, sancionados con presidio perpetuo, el diputado señor Bustos consideró lógico -así lo estimó también la Comisión- mantener el beneficio en el caso de la concurrencia de las atenuantes calificadas previstas en los artículos 72 y 73 del Código Penal, es decir, cuando se trata del menor de 18 años y mayor de 16 declarado con discernimiento, y el de quien no reunió todos los requisitos para eximirse de responsabilidad penal, por cuanto se trataría de personas respecto de quienes la pena se aplica en grado inferior al mínimo establecido por la ley, incluso hasta tres grados en el segundo caso, por lo que no parecía equitativo marginarlas del beneficio.
Atendido el debate habido en la Comisión, los representes del Ejecutivo sugirieron una nueva redacción para este artículo, incorporando las observaciones formuladas.
La Comisión hizo suya la sugerencia de los representantes del Ejecutivo y coincidió en el siguiente texto para este artículo:
“Artículo 17.- Límites a la aplicación de los beneficios.
Los beneficios contenidos en la presente ley no tendrán lugar en caso alguno, cuando se dieren una o más de las siguientes circunstancias:
“a) La persona privada de libertad hubiere quebrantado su condena, se hubiere fugado, evadido o intentado fugarse o evadirse;
“b) El condenado hubiere incumplido las condiciones impuestas durante el régimen de libertad condicional;
“c) La persona hubiere delinquido durante el cumplimiento de su condena, o estando en libertad provisional durante el proceso respectivo;
“d) Se trate de personas condenadas a presidio perpetuo, sea simple o calificado;
“e) El condenado hubiere cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo, a menos que en la sentencia condenatoria se hubiere aplicado a su respecto alguna de las circunstancias atenuantes previstas en los artículos 72 y 73 del Código Penal;
“f) El condenado hubiere obtenido el beneficio establecido en esta ley con anterioridad -también se quiso señalar un límite a ese respecto-, y
“g) La condena hubiere sido dictada considerando concurrente alguna de las circunstancias agravantes establecidas en los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal”.
Se aprobó por unanimidad.
La disposición primera transitoria hace aplicable a quienes se encontraren condenados a una pena privativa de libertad al momento de entrar en vigencia la ley, y siempre que hubieren observado un comportamiento calificado como muy bueno en los últimos tres bimestres precedentes, el beneficio de reducción de dos meses de la condena por cada año de cumplimiento.
En la Comisión se debatió si, desde el punto de vista conceptual, esto era un derecho o un beneficio. Los representantes del Ejecutivo estimaron necesario evitar el efecto retroactivo, y la consiguiente alegación del principio pro reo que podría aducirse respecto de este proyecto, estableciendo expresamente que no tendrá aplicación respecto de los comportamientos anteriores de los condenados que cumplen pena al momento de entrar en vigencia la ley, como también que no debiera aplicarse a estas personas, para los efectos de la concesión del beneficio, la limitante de la letra g) del artículo 17; es decir, la reincidencia en el caso de haber incurrido con anterioridad en un delito con mayor o igual penalidad o en un delito de la misma especie.
Ante la consulta, en este último caso, del porqué de la diferencia tratándose de reincidentes que cumplen actualmente condena con la situación futura, sostuvieron que ello obedecía al hecho de que, en caso contrario, serían muy pocas las personas beneficiadas con este proyecto.
Finalmente, la Comisión hizo suya la redacción sustitutiva sugerida por el Ejecutivo:
“Artículo transitorio. -La presente ley será íntegramente aplicable a las personas que se encontraren cumpliendo condena por sentencia ejecutoriada al momento de su publicación. Con todo, no regirá para dichas personas la limitación establecida en la letra g) del artículo precedente.
“Asimismo, esta ley no se aplicará respecto del comportamiento anterior de dichos condenados, el cual no podrá ser considerado por la Comisión para los fines del beneficio de reducción de condena”.
Este artículo transitorio también fue aprobado por unanimidad.
La disposición segunda transitoria establece que cumplen con el comportamiento exigido por esta ley aquellos que al momento de promulgarse la ley se encontraren cumpliendo sin falta la libertad condicional. Todo ello para los efectos de la concesión de los beneficios que establece.
Su inciso segundo se remite a la acreditación ya señalada.
A sugerencia del Ejecutivo , se acordó por unanimidad suprimir esta disposición por ser incompatible con lo resuelto sobre la disposición anterior, en el sentido de no dar carácter retroactivo al proyecto.
La Comisión solicitó a la Corte Suprema que se pronunciara sobre el contenido de los artículos 10, 11 y 13, la cual informó que, en general, no tenía observaciones que formular, salvo que le parecía excesivo el número de funcionarios judiciales que deberán integrar la Comisión Calificadora, más aún si ésta carece de toda función resolutiva. Estimó que ello distraería a los magistrados de las ya recargadas labores judiciales que desarrollan, y que, además, podría afectar el presupuesto del Poder Judicial , ante la necesidad de designar suplentes para quienes se incorporen a dicha Comisión.
Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia -es muy importante para los efectos de la votación- de lo siguiente:
1º) Que los artículos 10, 11 y 13 tienen rango de ley orgánica constitucional por tener incidencia en la organización y atribuciones de los tribunales, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de nuestra Carta Política.
2º) Que el proyecto no contiene artículos que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3º) Que el proyecto no fue aprobado en general por unanimidad.
4º) La Comisión rechazó únicamente el artículo 2º transitorio.
A continuación, en el informe figura el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión, que contiene las competencias y límites señalados.
Sólo me resta decir que fue acordado en sesiones de fechas 6, 12 y 19 de junio; 3, 10 y 31 de julio de 2001, y 9, 16 y 30 de abril de 2002, con la asistencia del diputado señor Jorge Burgos , Presidente ; de las diputadas señoras Marcela Cubillos , Pía Guzmán y Laura Soto; de los diputados señores Juan Bustos , Alberto Cardemil , Guillermo Ceroni , Eduardo Díaz , Marcelo Forni , Zarko Luksic , Nicolás Monckeberg , Darío Paya y Aníbal Pérez ; de los ex diputados y actuales senadores señores Juan Antonio Coloma y Alberto Espina , y de los ex diputados señores Ignacio Walker , Francisco Bartolucci , Sergio Elgueta , Enrique Krauss y Víctor Reyes .
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, aparte de contener una serie de disposiciones positivas, fundamentales para los objetivos que persigue, el proyecto de ley considera aspectos que dicen relación con los derechos humanos, en este caso, de los reclusos, quienes, desde luego, si bien deben cumplir una pena por los delitos cometidos, deben ser tratados como personas.
Entiendo que éste es uno de los proyectos de ley mejor estructurados, con mayor contenido y con disposiciones perentorias que crean una comisión calificadora y establecen requisitos y condiciones taxativas. Todo esto indica que el Ejecutivo ha tomado con mucha seriedad la reducción de las penas a fin de que los reclusos que han tenido una buena conducta puedan obtener su libertad definitiva.
Las penas restrictivas de libertad son aplicadas no sólo para que las personas purguen el delito cometido, sino también para que tomen conciencia del mal provocado, del daño ocasionado con su actuar doloso o culposo.
Los sistemas penitenciarios modernos permiten no sólo privar de libertad a las personas que han delinquido, sino que también tienden a crear condiciones de rehabilitación para su posterior reinserción social. De esta manera, se combina la necesidad pública de seguridad con la generación de condiciones para la rehabilitación de las personas. Hoy día ya no utilizamos en forma literal la palabra cárceles, pues tal denominación ha derivado en centros de reinserción o de readaptación social.
Por otra parte, en la actualidad las penas no siempre se cumplen en su totalidad, como ocurría hace algunos años, cuando el recluso permanecía encarcelado hasta el cumplimiento total y efectivo de la pena. Eran tiempos en que las cárceles eran consideradas universidades del delito, porque los reclusos, arrinconados, aislados y socialmente inhabilitados, se perfeccionaban en la comisión de delitos; como carecían de incentivos, se convertían en rebeldes rechazados por la sociedad.
Este proyecto de ley incentiva la reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de libertad, al reducir el tiempo de las condenas, sobre la base de la observancia de un comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de las mismas. De esta manera, se las motiva para que tengan buena conducta, se integren internamente y realicen actividades distintas a una mera reclusión: ejecución de trabajos, asistencia a la escuela, práctica de deportes e interacción familiar.
Tal como lo dijo la diputada informante , no se trata de entregar un beneficio en forma indiscriminada a todos; prueba de ello es que la iniciativa considera una serie de excepciones. Se habla de aproximadamente 33 mil o 34 mil personas recluidas, y de una cantidad mayor de personas que están gozando de penas alternativas a la reclusión: remisión condicional de la pena, reclusión nocturna, libertad vigilada, libertad condicional, salidas diarias o dominicales y otras. Se trata de modalidades que se han estado utilizando como una práctica de la proporcionalidad de la pena, como una forma de descongestionar las cárceles o, sencillamente, para dar a los reclusos la posibilidad de rehabilitarse.
Según algunos medios de comunicación, el 45 por ciento de los reos está sumido en el hacinamiento, verdadera causa de motines y fugas. Hace algunos días, en la cárcel de Osorno hubo un principio de motín y un incendio, con un saldo de seis reclusos jóvenes y siete gendarmes heridos. Hace un año, en Iquique también pudimos constatar que existía un verdadero hacinamiento, y que era necesario buscar soluciones para descongestionar las cárceles a fin de evitar los funestos hechos que ocurren con tanta frecuencia. Si no buscamos una solución, seguirán ocurriendo, puesto que estas situaciones van ligadas a la demora de los procesos y a la desesperanza por el no otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada.
La reducción de dos meses por año, y de tres cuando se ha cumplido la mitad de la condena, es una buena forma de dar sentido a la vida del recluso, y constituye una clara respuesta a los acuerdos internacionales sobre la materia suscritos por Chile: la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consideran estos beneficios como un verdadero derecho que puede ser invocado por el recluso. Aquí hay que hacer la diferencia entre lo que es un derecho y un beneficio, así como también hay que tener claro lo que significa un verdadero derecho, de acuerdo con las nuevas tendencias y con la necesidad social de rehabilitar a un condenado.
El proyecto armoniza la necesidad de seguridad pública con la peligrosidad del infractor y sus posibilidades de rehabilitación. Eso es lo positivo de esta iniciativa, estructurada y consolidada, porque establece condiciones para poder recibir el beneficio. Para ello crea una comisión que deberá encargarse de analizar en qué caso corresponde el beneficio de reducción de condena, lo que otorga seriedad y objetividad, pues las decisiones serán tomadas por personas idóneas. Digo esto porque dicha comisión estará integrada por un ministro de la corte de apelaciones, tres jueces de letras con competencia en materia criminal o miembros del tribunal del juicio oral en lo penal, un abogado nombrado por el Ministerio de Justicia y dos peritos, uno psicólogo y otro asistente social, que garantizarán el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Es posible que existan aprensiones por lo que podría ocurrir con las personas que salgan en libertad, debido a que los actos delictuales han aumentado en cantidad y peligrosidad. Sin embargo, se establecen las condiciones para que ellos no aumenten, porque no podemos, por un lado, combatir la delincuencia, y por otro, dejar en libertad a personas peligrosas.
Es así como el artículo 17 del proyecto establece que el beneficio no se otorgará a las personas que hubieren quebrantado su condena, que se hubieren fugado, evadido o intentado fugarse o evadirse; a los condenados que hubieren incumplido las condiciones impuestas durante el régimen de libertad condicional; a las personas que hubieren delinquido durante el cumplimiento de su condena, o estando en libertad provisional durante el proceso respectivo; a las personas condenadas a presidio perpetuo, sea simple o calificado; a los condenados que hubieren cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo, a menos que en la sentencia condenatoria se hubiere aplicado a su respecto alguna de las circunstancias atenuantes previstas en los artículos 72 y 73 del Código Penal; a los condenados que hubieren obtenido el beneficio establecido en esta ley con anterioridad, y cuando la condena hubiere sido dictada considerando concurrente alguna de las circunstancias agravantes establecidas en los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.
Por eso, en atención al positivo avance que representa este proyecto en materia de rehabilitación y de descongestión de las cárceles, y a que, además, es muy oportuno, lo votaré favorablemente. La Cámara ha despachado otras iniciativas relacionadas con la reducción de penas, pero como ésta tiene un carácter más permanente, será mucho más efectiva y positiva, pues representará una esperanza y una posibilidad de readaptación y reinserción social de los reclusos.
Hoy día se habla mucho de readaptación y de reinserción social, y de la obligación del Estado de llevarlas a cabo; sin embargo, la sociedad también debe tomar conciencia y entender que una persona que ha delinquido, que ha sufrido un traspié en su vida y que después de haber cumplido una pena sale en libertad, debe ser considerada como ser humano, como alguien que desea reinsertarse en la sociedad, sin ser discriminada ni mirada de reojo.
Reitero que votaré a favor del proyecto, porque considero que será muy positivo para las personas que recibirán sus beneficios.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , precisamente ayer me referí al terrible hacinamiento que existe en la cárcel de Acha, en Arica. Tal como se lo informé hace algunos minutos al ministro presente en la Sala, se inició allí una huelga de hambre que cada día se va generalizando y que debemos solucionar a la brevedad posible.
No me cabe la menor duda de que este proyecto es una oportunidad que se entrega a los numerosos detenidos que existen en la actualidad. Considero que es un buen proyecto, pero me parece poco aconsejable el sistema de calificación de las conductas, toda vez que la comisión de beneficio de reducción de condena -constituida por altos magistrados y personeros-, debido al escaso tiempo de que dispondrá cuando concurra a provincias, sólo tendrá a la vista el libro de vida de los detenidos para los efectos de hacer la calificación. Debemos ser realistas: cualquier infracción cometida por el detenido que esté anotada en el libro de conducta servirá a la comisión para evaluar al condenado, lo cual no es suficiente. La comisión que concurrirá a terreno no podrá conversar con los detenidos o internos durante todo el tiempo que sería deseable, ni analizar la hoja de vida y las calificaciones efectuadas por el tribunal de conducta de cada establecimiento. Todos tenemos clara conciencia de que las visitas que efectúan los ministros a terreno normalmente son muy breves, y los detenidos no tienen ninguna oportunidad de explicar los motivos por los cuales fueron anotados en el libro de vida. Reitero que no hay que olvidar que la comisión se basará en las calificaciones ya mencionadas.
El colega señor Ojeda se refirió al caso de la cárcel de Iquique; pero lo cierto es que en todas las cárceles existen serios problemas de hacinamiento, y es natural que se produzcan dificultades y roces en una cárcel que alberga a 2.200 reclusos, pese a que fue construida con una capacidad para mil.
Por eso, sería necesario asignarle a la comisión de beneficio de reducción de condena un tiempo de permanencia en los lugares que visite. Sin embargo, será muy difícil que ello ocurra, debido a los altos cargos que ostentan sus integrantes.
Debo reconocer que se trata de un buen proyecto y que constituye una oportunidad para quienes se encuentran privados de libertad. Por lo mismo, no me gustaría que con esta iniciativa sucediera lo mismo que con otras: que todos los acuerdos que se tomen en las cárceles, después no se lleven a la práctica. La huelga de hambre que se mantiene en la cárcel de Acha ocurrió por el incumplimiento de los acuerdos adoptados con ocasión de una huelga anterior. En esa oportunidad, se firmaron documentos que significaban beneficios, pero debido a las calificaciones del tribunal de conducta del establecimiento, hasta el momento no se han concretado.
Repito que se trata de un buen proyecto y considero que vamos avanzando; pero el problema radica en que, en el papel, todo está muy bien, pero después resulta muy difícil fiscalizar y evitar presiones y arbitrariedades.
Por lo tanto, creo que tenemos que aprobar el proyecto, pero habría que agregar plazos para que esa comisión se constituya, con el fin de que cuando haya ministros en visita o se realicen inspecciones, se escuche a los internos y no sólo se mire un libro de buena conducta, porque indudablemente que en la ficha legislativa que tenemos, que es una muy buena, no se explica -y nunca se podrá explicar- qué es realmente lo que hacemos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , me parece muy importante un proyecto de ley de esta naturaleza, toda vez que uno espera que el sistema carcelario, más allá de albergar a las personas privadas de libertad con el fin de proteger a la ciudadanía, permita la reinserción de ellas en la sociedad, previa rehabilitación.
En ese sentido, también es muy importante el objetivo trazado, es decir, crear un beneficio adicional al final de la condena para aquellos internos que hayan demostrado un comportamiento calificado como sobresaliente.
Como fundamento de la iniciativa, debo señalar que en nuestra legislación ya existen mecanismos que se orientan hacia el mismo objetivo, vale decir, la reducción progresiva de la permanencia en el sistema carcelario.
La permanencia del interno en el centro carcelario no necesariamente garantiza su reinserción en la sociedad. Por el contrario, existe la convicción de que la cárcel -y alguien lo señaló- es la mejor escuela del delito.
Esta medida, supuestamente, contribuirá a incentivar el buen comportamiento dentro del penal. Además, se cree que este incentivo ayudará a optimizar los recursos carcelarios, ya que, por una parte, los internos estarían más dispuestos a colaborar en las tareas, y por otra, se utilizaría mejor el espacio útil al disminuir la población penal.
Para aquellas personas privadas de libertad, la posibilidad de rebajar las condenas en dos meses por cada año de cumplimiento, sobre la base de que se haya demostrado un comportamiento sobresaliente -que es lo central del proyecto-, sin duda significará un incentivo para tener un mejor comportamiento. También es importante señalar que este beneficio sólo se hace efectivo al final de la condena.
Con respecto a los meses descontados, se perderán en su totalidad si el condenado deja de tener un comportamiento sobresaliente. Por lo tanto, la iniciativa es un nuevo incentivo para favorecer el buen comportamiento del interno. Se priva del acceso a este beneficio a aquellos internos que ejecuten conductas como fuga, evasión, nuevo delinquimiento o quebrantamiento de condena.
A continuación, quiero hacer algunas observaciones respecto del proyecto. Mediante el artículo 10 se crea la “Comisión de beneficio de reducción de condena”, la que estará integrada, por regla general, por siete miembros: un ministro de la corte de apelaciones, tres jueces del crimen o miembros del tribunal del juicio oral en lo penal, un abogado designado por el Ministerio de Justicia y dos peritos (un psicólogo y un asistente social).
Esta larga lista de integrantes me parece un exceso, más aún si se considera que ellos actuarán sobre la base de una calificación que ya ha sido hecha por un organismo técnico, según el decreto ley Nº 321, sobre libertad condicional.
Perfectamente podrían reducirse a uno los jueces del crimen o miembros de tribunal del juicio oral en lo penal, con lo cual la integración quedaría reducida a cinco miembros.
En relación a las excepciones a esta norma, se señala lo siguiente: respecto de los territorios jurisdiccionales de las cortes de Santiago y San Miguel , se dice que la Comisión estará integrada por siete jueces del crimen, dos abogados y dos peritos, más el respectivo ministro de corte. En el caso de los territorios jurisdiccionales de Arica, Iquique, Valparaíso y Concepción, ella estará integrada por cinco jueces del crimen, un abogado, dos peritos y el ministro de corte respectivo.
Se sugiere suprimir esta integración especial y seguir la regla general, con la prevención en cuanto a su reducción numérica, por ser innecesaria la existencia de tantas personas en la comisión.
Finalmente, respecto del artículo 14, que establece que quienes están en condiciones de acceder a este beneficio deberán solicitarlo al Presidente de la República a través del ministro de Justicia , me parece que este mecanismo es un poco absurdo, aunque sigue la línea del indulto presidencial. Lo más adecuado sería que el Poder Judicial otorgue el beneficio a través de la corte de apelaciones respectiva, por ser éste un órgano de carácter jurisdiccional.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , quiero orientar mi intervención en el sentido de lo que implica el esfuerzo que se hace hoy para la rehabilitación y reinserción social de las personas que cumplen condenas en las cárceles de Chile.
Quiero empezar mi intervención haciendo propia una afirmación que aparece en el proyecto. Dice que “toda ejecución de una condena penal debe buscar la reinserción social del condenado mediante el establecimiento de alternativas laborales, educativas, deportivas y de interacción familiar y la paulatina reincorporación a la plena libertad, convicción que se opone al simple mecanismo de la inhabilitación social del infractor mediante su separación del medio libre”.
Además, señala: “Las ideas centrales del proyecto se orientan a incentivar la reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de libertad mediante la posibilidad de reducir el tiempo de sus condenas sobre la base de observar un comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de las penas”.
Asimismo, quiero sumarme a la observación hecha por el diputado señor Rossi , en cuanto a lo engorroso que resultará el mecanismo por la cantidad de personas que deberán participar en la resolución acerca de cuándo los reos se podrán acoger a este tipo de beneficio, aun cuando esto es parte de un proceso de debate que seguramente deberá darse en la Cámara.
Tal como lo dice el proyecto, es importante resaltar que en los establecimientos carcelarios del país hay alrededor de 35 mil personas sometidas a proceso, de las cuales cerca de 16 mil cumplen condena, en un enorme hacinamiento.
Al respecto, quiero referirme a la cárcel de Acha, de Arica, uno de los recintos penitenciarios modelo en Chile, construido para 1.100 reos, pero que hoy tiene sobre 2 mil. Es decir, se sigue hacinando a los reos y, por tanto, son prácticamente inútiles los esfuerzos del Estado y los recursos que se invierten en rehabilitación si no existen los espacios suficientes.
Por lo tanto, como incentivo para la reinserción social y además para resolver el problema del hacinamiento de las personas recluidas en las cárceles, me parece tremendamente positivo este proyecto de ley, y desde ya comprometo mi apoyo con mi voto.
Me parece un incentivo, además, en la medida que se está incorporando desde hace bastante tiempo, y se complementa con este proyecto, la posibilidad de que los reos puedan convalidar estudios dentro de las cárceles, aprender un oficio y someterse a un sistema de disciplina que les permita postular a este tipo de beneficio.
También quiero agregar algo que me parece preocupante: que todos los esfuerzos que realiza el Estado para rehabilitar y reinsertar en la sociedad a aquellas personas que cierta vez cometieron alguna falta y que hoy la están purgando con una sanción penal en una cárcel, privados de su libertad, se pierden si no se resuelve un problema objetivo: cuando el reo sale de la cárcel, sigue siendo discriminado socialmente por su certificado de antecedentes, como miles de personas lo saben.
A propósito del esfuerzo que hoy se hace por parte del Gobierno en la perspectiva de reinsertar a aquellas personas que cumplen una condena, en este caso reduciendo sus penas por buena conducta, y de un proyecto de ley que presenté hace algunos días, con el apoyo de un grupo importante de diputados, quiero agregar mi esperanza de que estas iniciativas lleguen a un feliz término para que la reinserción social sea objetiva, concreta, y que los reclusos no terminen siendo discriminados por un papel de antecedentes que les afecta, que vulnera un derecho constitucional, como es el de la igualdad ante la ley; porque esas personas siguen siendo discriminadas por una falta que cometieron y que purgaron con cárcel en algún recinto penitenciario.
Reitero mi apoyo al proyecto y solicito el respaldo del resto de los colegas para la moción parlamentaria que presentamos junto con otros diputados.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , seré muy breve, porque los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tuvimos oportunidad de pronunciarnos ampliamente sobre el proyecto, lo que nos llevó a aprobar todos sus artículos por unanimidad, como señaló la diputada informante , para lo que tomamos en cuenta su importancia, la necesidad de crear canales para la reinserción de los reclusos y, por cierto, la posibilidad de evitar el sobrepoblamiento de las cárceles, a partir de la calificación de conducta sobresaliente de los reclusos que podrían acogerse a este beneficio, mientras no entre en vigencia el sistema nuevo, que permitirá la incorporación de capital privado en la construcción de un número importante de cárceles, con lo que, según entiendo, más que se duplicará la cantidad de metros cuadrados de este tipo de construcciones.
Sin embargo, quiero hacer el siguiente comentario, aprovechando la presencia del ministro de Justicia en la Sala.
Desgraciadamente, suele ocurrir que ciertas normas de calificación se convierten en meras costumbres. Uno tiene la impresión de que las calificaciones para otorgar libertades condicionales o penas alternativas a las de privación de libertad, en la práctica se van convirtiendo en meras costumbres, ya que no hay un análisis muy profundo respecto de cuándo corresponde otorgar estos beneficios.
En consecuencia, solicito al ministro de Justicia que, cuando el proyecto se transforme en ley de la República, estas comisiones, que se establecen como órganos calificadores, respeten el objetivo de la iniciativa, es decir, que otorguen este beneficio a los reclusos que demuestren un comportamiento sobresaliente, lo que no significa una conducta buena, sino que mucho más que buena.
Por lo anterior, la Comisión pidió al Ministerio de Justicia, al Ejecutivo , que fuera más categórico al calificar la conducta sobresaliente, la que debe basarse en los estudios, el trabajo, la rehabilitación y la conducta del recluso, no sólo la que se establece en el libro de conducta, sino que también la constancia en el trabajo y en el estudio, así como su intención categórica de rehabilitarse.
¿Sabe por qué se establecieron estos requisitos, señor Presidente ? Porque, para ser bien franco, no estamos rebajando penas aplicadas a picardías de muchacho, sino que a penas de personas que han cometido delitos graves o muy graves.
Por lo tanto, se debe cuidar la señal que se da a la opinión pública respecto de este tema, lo que se logra al exigir una conducta sobresaliente a los reclusos y al señalar que las comisiones calificadoras de esa conducta cumplirán muy en serio el cometido establecido en la ley, en lugar de conceder estos beneficios como una mera costumbre y ritual semestral o anual.
En consecuencia, creo que debemos poner el acento en esto y pedir a las autoridades administrativas un cabal cumplimiento de su gestión, cual es exigir una conducta sobresaliente a quienes opten a este beneficio.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , sólo me interesa hablar sobre los casos de las personas que sufren una condena privativa de libertad, ya que considero que es el tema de mayor connotación.
En primer lugar, recién conversaba con un colega de la UDI sobre el proyecto, lo que me permitió darme cuenta de que había cierta confusión entre el beneficio que establece el proyecto y el de la libertad provisional. En verdad, la iniciativa no tiene absolutamente nada que ver con esta última, la que exige requisitos para obtener la libertad; en cambio, el requisito de comportamiento sobresaliente anual que establece el proyecto es para reducir en dos meses por año el cumplimiento de la pena, beneficio que operará sólo al final de la condena, por lo que el recluso no consigue su libertad inmediatamente.
En segundo lugar, deseo aclarar otras cosas que también mueven a confusión.
Quiero que se entienda que este beneficio no es un indulto, ya que éste modifica la pena privativa de libertad de un condenado, por ejemplo, por extrañamiento, con el objeto de que el recluso quede en libertad. El proyecto no establece eso, sino que otorga un beneficio que consiste en la reducción de la pena en dos meses por cada año de cumplimiento a los reclusos que tengan una conducta sobresaliente, beneficio que se aplica al final de la condena, por lo que estas personas no salen en libertad de inmediato.
Por otra parte, este beneficio no se aplica a los procesados que optan por la libertad provisional, tema al que ya me referí.
En tercer lugar, el proyecto contiene normas muy restringidas. Debo señalar que era contraria a la iniciativa cuando se presentó. Sin embargo, en la medida en que fuimos trabajándolo y restringiéndolo, mi posición cambió respecto de él. Lo que se busca es dar una esperanza y un incentivo al recluso para que tenga buena conducta, lo que tiene un efecto importantísimo, porque tenderá a evitar los motines. Si se otorga este incentivo a una persona que está condenada a veinte o a treinta años y que no tiene ninguna posibilidad de salir en libertad o de obtener ningún beneficio penitenciario, porque éstos se han reducido al mínimo, obviamente que no le importará participar en motines, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido los últimos tres, cuatro o cinco años. Recuerdo que el año antepasado hubo un motín absolutamente concertado en todo el país, durante el cual los familiares de los reclusos formaron una especie de sindicato.
En consecuencia, no tenemos que aplicar solamente el garrote, sino que hay que dar incentivos para que estas personas vean una luz. No me estoy refiriendo a quienes están condenados a cadena perpetua, sino a quienes han sido condenados a permanecer recluidos por años. A esas personas tenemos que darles una esperanza, una zanahoria, para que entiendan que perderán su calificación de conducta sobresaliente si participan en motines, lo que les impedirá acceder a este beneficio.
Si miramos el derecho comparado, podremos comprobar que las legislaciones de España, Ecuador, Colombia y Estados Unidos contemplan este beneficio. El sistema de “probation”, es decir, de una prueba regulada, es justamente lo que se pretende establecer hoy.
La realidad nacional muestra que sólo se aplica la pena de libertad provisional. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia -que me perdone el ministro del ramo por decirlo- no ha aprobado el reglamento que se ha establecido para aplicar las otras penas establecidas, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal, como el arresto domiciliario, el toque de queda, para que el condenado no pueda salir entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana; trabajos comunitarios, prohibición de entrar a un área determinada. Obviamente, esto lleva a que no se puedan aplicar otras penas más que la cárcel. Es el problema que hubo en Iquique, por ejemplo.
Además, esto es importante, porque cuando se reglamente la aplicación de esas otras penas que no son de cárcel, significará un ahorro muy importante para el Estado. Las personas que han estudiado este tema saben que un recluso le cuesta 11 dólares diarios al Estado, mientras que la pulsera que se instala en el tobillo y que regula los arrestos domiciliarios, los toques de queda o el trabajo comunitario del recluso sólo cuesta 5 dólares. Si los beneficiados por estas medidas ascienden a 3.600 reclusos, se producirá una economía de escala cuando estos beneficios se apliquen a mayor cantidad de reclusos, lo que representará un ahorro importante para el Estado.
Hace dos años que fue presentado al Ministerio de Justicia ese sistema de pulsera, pero nunca ha sido regulado. Lo presentamos junto con el ex diputado Ignacio Walker, a quien realmente echamos mucho de menos en la Cámara.
La Fundación Paz Ciudadana también hizo un estudio y un proyecto de ley justamente para aplicar estas medidas, de modo que algunas personas actualmente recluidas fueran controladas por un sistema distinto del de Gendarmería, para que ésta se dedicara específicamente a las cárceles. Tampoco ha sido estudiado por el Ministerio de Justicia, lo que demuestra cierta falta de diligencia de su parte.
Quiero manifestar que los criterios de evaluación obligatorios para establecer este comportamiento sobresaliente, incorporados por los diputados de la Comisión, son distintos de los vigentes para entregar la libertad provisional.
Para calificar la disposición del condenado para participar positivamente en la vida social y comunitaria, se atenderá a los siguientes factores:
a) Estudio. Se exige la asistencia periódica del condenado a escuela, liceo o cursos existentes en la unidad penal, siempre que ello redundare en una objetiva superación de su nivel educacional. Es decir, no basta con que vaya al colegio o con que termine su educación, sino que supere su nivel educacional, que se alfabetice, que la conclusión del curso sea satisfactoria. Hoy, la mayor parte de los reclusos no ha cursado más allá del cuarto año básico. Con este criterio se les puede exigir el término de su educación básica y avanzar en la educación media.
b) Trabajo. Se exige asistencia periódica del condenado a talleres o programas de capacitación ofrecidos por la unidad penal, siempre que ello redundare en el aprendizaje de un oficio o labor provechosa.
c) Rehabilitación. Se tomará en cuenta la voluntad exhibida por el condenado, mediante el sometimiento a terapias clínicas, en orden a superar dependencias a drogas, alcohol u otras.
d) Conducta. Se requiere un espíritu participativo, sentido de responsabilidad en el comportamiento personal, tanto en la unidad penal como durante los traslados y, en general, cualquier otro comportamiento que revelare la disposición a un comportamiento sobresaliente.
Asimismo, para los efectos de la calificación de que trata este proyecto, podrá atenderse al nivel de integración y apoyo familiar del condenado.
Por otra parte, también es bueno señalar las limitaciones de este beneficio. No basta consignar las cosas buenas, sino también las malas. Este beneficio se pierde cuando el condenado quebranta su condena con la fuga o evasión -lógico, ese hecho no reviste una conducta sobresaliente- y cuando delinque al momento de cumplir su condena, cuando gozaba de libertad provisional. Esto es muy importante. Todo condenado a presidio perpetuo, simple o calificado, pierde este beneficio cuando se trata de los seis delitos más importantes: en el robo con violencia, con homicidio o con violación y en el secuestro, sea con violencia, violación u homicidio.
Asimismo, este beneficio lo pierden aquellos que lo hubieren tenido con anterioridad; es decir, aquí no puede haber duplicidad de beneficio.
Otra cosa importantísma es que este beneficio lo pierde el reincidente, o sea, la persona que cumplió su condena y sale en libertad y vuelve a cometer otro delito, sea de igual naturaleza o correspondiente a una pena igual o mayor a la cumplida.
Entonces, queda claro que se trata de un proyecto de ley que se ha restringido al máximo.
Durante el análisis de esta iniciativa, se contó con el apoyo del Instituto de Ciencias Penales. El profesor Sergio Yáñez , de gran trayectoria en materia penal, estima que el proyecto es adecuado como incentivo para lograr un buen comportamiento de los condenados, y que es poco generoso, porque no incluye mayores beneficios. Además, sostiene que la rebaja de penas debería constituir un derecho y no un simple beneficio.
La Asociación de Magistrados, por su parte, consideró necesaria la creación de este beneficio y que no se limitara. Justamente, lo que nosotros hicimos.
Carabineros de Chile, representado por su director, el general Alberto Cienfuegos , dijo que para que el proyecto dé resultados, es imprescindible que la rebaja de pena y la reinserción social sean conceptos inseparables; que no basta con el control y la prevención que ellos realizan, pues es indispensable contar con elementos de rehabilitación y de reinserción social.
Las capellanías católica y evangélica también estuvieron de acuerdo con la iniciativa.
Por último, quiero expresar que este proyecto colabora con la seguridad ciudadana. Citaré sólo un ejemplo. Sabemos que los presidios de Puente Alto y de San Miguel -no el de Colina- se encuentran ubicados en la mitad de las ciudades. ¿Qué pasaría si los amotinados se subieran a los techos, bajaran a las calles y tomaran de rehenes a las personas de las casas circundantes? Ello constituye un peligro mayor para la seguridad ciudadana, pues ya no se tomaría como rehén sólo a los gendarmes, sino incluso a las personas de las casas aledañas a esos penales.
Por eso, creo absolutamente indispensable dar no sólo el garrote, sino, en este caso, la zanahoria que incentive a los eventuales beneficiarios a no participar en motines, lo que aumentaría la seguridad ciudadana en algunas comunas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Hago presente a la Sala que restan dos minutos para que termine el Orden del Día y que están inscritos la diputada señora Laura Soto y los diputados señores Juan Bustos , Javier Hernández , Marcelo Forni , Guillermo Ceroni, Juan Pablo Letelier , Nicolás Monckeberg y Mario Escobar .
Consulto a la Sala si está de acuerdo en votar ahora el proyecto o en dejarlo para la próxima sesión.
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , a mi juicio no sería bueno votar ahora el proyecto, pues contiene algunas disposiciones de rango constitucional.
Sería preferible continuar su debate en la próxima sesión y después votarlo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
La Mesa tiene presente esa situación, pero de todas maneras hago la consulta del caso, pues hay muchos diputados inscritos para intervenir.
¿Habría acuerdo para terminar la discusión en la próxima sesión?
Acordado.
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA CONDUCTA DE LA MESA.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Informo a la Sala que, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la Corporación, a las 11.25 horas fue presentada la censura a la Mesa, la que será sometida al correspondiente trámite reglamentario.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
APLICACIÓN DE IGUALDAD DE CRITERIOS A DEUDORES DEL SERVIU.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 42, de los señores García-Huidobro, Martínez, Pérez, don Víctor; de la señora González, doña Rosa; de los señores Ulloa, Melero, Urrutia, Prieto, Monckeberg y Kast.
“Considerando:
Que hace algunas semanas el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la nueva política habitacional con la creación del programa "Vivienda Social Dinámica sin Deuda".
Que de acuerdo con el nuevo plan, las personas que cuenten con ahorro de 10 U.F. ($160.000.- aproximadamente) al mes, podrán postular a viviendas de entre 28 y 30 m2, ampliables hasta los 50 m2, con infraestructura básica de agua potable y alcantarillado, sin crédito hipotecario para su adquisición.
Que esta modalidad, que favorecerá a sectores de bajos recursos que no pagarán dividendos, se contradice con las políticas del Minvu frente a los deudores anteriores de dividendos con el Serviu.
Que, del total de 300.000 deudores con el Serviu, existen 220.000 morosos, cerca del 70%, por la incapacidad real de pago de miles de chilenos, cuya realidad social, fuertemente afectada por los niveles de cesantía y pobreza que existen en el país, hacen impensable que puedan saldar sus deudas.
Que no corresponde que mientras los nuevos postulantes a viviendas sociales en el Serviu aseguran de inmediato la propiedad de sus viviendas, los antiguos deudores morosos sean, frente al incumplimiento, pasados a los registros de Dicom.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ministro de Vivienda y Urbanismo que, de acuerdo con los antecedentes antes mencionados, aplique en la política de ese Ministerio la igualdad de criterios entre las personas hoy deudoras con el Serviu y las personas a las cuales se pretende beneficiar con esta nueva modalidad de viviendas sin dividendo, ya que en ambos casos han sido programas de viviendas destinados a personas de muy bajos ingresos. Los factores sociales y económicos deben ser aplicados para ambos casos y no sólo para aquellos a quienes se les aplique la nueva modalidad.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , cuando el ministro de Vivienda dio a conocer, hace algunas semanas, la creación del programa “Vivienda social dinámica sin deuda”, todos aplaudimos esa nueva política habitacional. Es decir, de aquí para adelante, las personas que tengan un ahorro de 10 unidades de fomento y cuyos ingresos familiares sean iguales o inferiores a 160 mil pesos, podrán postular a una vivienda social sin pago de dividendos. Aplaudimos esa noticia, porque la inmensa mayoría de las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza no pueden pagar dividendos.
En ese sentido, un grupo de parlamentarios presentamos este proyecto de acuerdo a fin de que el Gobierno, específicamente el ministro de Vivienda , estudie la posibilidad de aplicar la misma política habitacional a los actuales deudores del Serviu que estén en las mismas condiciones sociales. Es decir, que aquellas familias con ingresos iguales o inferiores a 160 mil pesos también queden exentas del pago de dividendos que hoy les está cobrando el Serviu a través de la empresa Inversiones, Consultorías y Administración, Inverca.
Digo esto porque, en mi región, dichos deudores han recibido una notificación de la empresa Inverca en el sentido de que con el atraso en el pago de un dividendo recibirán una carta de cobranza; cuando se trate de dos, serán pasados los antecedentes a los registros de Dicom y a los archivos de la Cámara de Comercio, y quienes acumulen el atraso de cinco dividendos o más podrían ser demandados judicialmente e, incluso, rematada su vivienda.
Entonces, estamos pidiendo, en primer lugar, que haya coherencia en la política habitacional. Si el Gobierno, de aquí para adelante, apoyará a personas cuyos ingresos familiares no superen los 160 mil pesos entregándoles una vivienda exenta de pagos de dividendos, es obvio que ese beneficio se extienda a aquellas personas que recibieron sus viviendas y que están en esa misma situación. Por eso hemos presentado este proyecto de acuerdo y ojalá que esta Cámara lo apruebe por unanimidad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , este mismo planteamiento se le hizo al señor ministro en una reunión de la Comisión de Vivienda de esta Cámara, que fue televisada. El ministro se comprometió a estudiar el impacto que tendría la medida y el número de personas que están en el sistema y que cumplen con los requisitos. A nosotros también nos parece de estricta justicia que quienes son hoy deudores del Serviu, y, además, reciben menos de 160 mil pesos de ingreso familiar y han cumplido con los pagos de sus dividendos anteriormente, debieran ser considerados receptores de esta nueva política habitacional.
Como digo, este proyecto de acuerdo es reiterativo, porque ya el ministro está estudiando el impacto que tendría, dentro de las políticas sociales del Gobierno, el hecho de condonar el saldo de la deuda de aquellas familias que cumplen con los requisitos establecidos en el programa “Vivienda social dinámica sin deuda”.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN VALPARAÍSO EL 21 DE MAYO RECIÉN PASADO.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 43, del señor Ibáñez, don Gonzalo; de la señora González, doña Rosa; de los señores Errázuriz, Kuschel; de la señora Ibáñez, doña Carmen, y de los señores García-Huidobro, Pérez, don Víctor, y Correa.
“Considerando:
Que, paralelamente al discurso de Su Excelencia el Presidente de la República el día 21 de mayo en el Salón de Honor del edificio del Congreso Nacional, se realizaban violentas manifestaciones y graves disturbios en lugares céntricos de la ciudad de Valparaíso.
Que estos disturbios y manifestaciones no constituyeron hechos espontáneos, sino que fueron programados y coordinados por una serie de organizaciones, entre las que se encontraban las denominadas Federación de Estudiantes Universitarios (Confech), Profesores del Regional Santiago, gremios de la salud, trabajadores portuarios y de la Central Única de Trabajadores de la V Región y, por último, connotados dirigentes políticos de extrema izquierda.
Que, para los efectos de lograr el propósito de esta manifestación, un grupo importante de estudiantes de todo Chile viajó hasta Valparaíso y se alojó en dependencias de la Universidad de Playa Ancha. Por otra parte, de declaraciones de dirigentes se desprende que su viaje fue financiado por planteles universitarios que reciben cuantiosos aportes fiscales. Todo ello deja en evidencia una planificación y coordinación relevantes, que necesariamente conllevan importantes desembolsos económicos, no quedando claro de qué manera y quiénes fueron los que financiaron estas manifestaciones.
Que, lamentablemente, durante el desarrollo de la protesta y, como era de suponer, el "acto pacífico" terminó con violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, dejando un elevado saldo de pérdidas en la propiedad municipal, pública y privada.
Que, a pesar de haber sido detenidos numerosos de esos manifestantes, no ha sido posible identificar a los responsables ni proveer razonablemente al pago de los perjuicios.
Que, durante ese día, fue manifiesto el operativo policial destinado a aislar el Congreso Nacional y a proteger de las manifestaciones a S.E. el Presidente de la República , lo que contrastó con la indefensión en que quedó buena parte del resto de la ciudad. Fue manifiesto también el grado de organización de los manifestantes y el uso por parte de éstos de armas en extremo peligrosas como por ejemplo, "bombas molotov".
Que, sin que quepa en esta instancia pronunciarse acerca de cuán justificadas estaban o no las manifestaciones y las protestas, no es tolerable de ninguna manera que una ciudad como Valparaíso y sus habitantes hayan sufrido la acción vandálica de elementos desquiciados y tan altamente dañinos .
Que de informaciones publicadas por los medios de comunicación durante los días posteriores a estos hechos se desprende que ellos pueden repetirse no sólo en Valparaíso, sino en cualquier punto de la República.
La Cámara de Diputados acuerda:
Disponer que su Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana se constituya en Comisión Investigadora de los hechos antes reseñados, de manera de poder determinar los responsables de ellos tanto como las responsabilidades de las autoridades encargadas de velar ese día por la paz y la seguridad ciudadanas, asimismo, determinar la responsabilidad de las autoridades de los planteles universitarios cuyos alumnos estuvieron implicados en los desórdenes en el financiamiento del traslado de éstos a la ciudad de Valparaíso y de su permanencia en ella”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra la diputada Carmen Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-
Señor Presidente , la postulación de Valparaíso a patrimonio de la humanidad se hizo oficial en marzo de este año, cuando quedó preseleccionada junto a otros 25 casos.
Luego de casi tres años de preparación, se logró integrar la lista definitiva de ciudades que pretenden lograr tal categoría. Para eso se ha trabajado mucho, de modo que el experto designado para evaluar nuestro caso dio un informe favorable al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en circunstancias de que, en la práctica, la inclusión de Valparaíso en esta selecta lista depende, en gran medida, de él. Por eso, el hecho de que esa persona no estuviera en nuestro puerto el 21 de Mayo puede interpretarse como una feliz casualidad, puesto que, ese día, el panorama no era precisamente favorable para nuestras intenciones.
La lista del patrimonio mundial de la Unesco corresponde a la nómina de bienes culturales y naturales que, según ha determinado dicho organismo internacional, poseen valor universal, es decir, son valiosos para toda la humanidad. Esta nómina de bienes, que constituye patrimonio de todo el género humano, se enmarca dentro de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural aprobada por la Conferencia General de la Unesco en París, en noviembre de 1972, y suscrita y ratificada por Chile en 1980. A través de ella, los Estados parte se comprometen a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, reconociendo que esta función les incumbe primordialmente y que deben actuar con ese objeto con su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que dispongan. A la vez, la Convención establece un sistema de asistencia y cooperación internacional destinado a secundar a los Estados parte de la Convención en los esfuerzos que desplieguen para identificar y conservar ese patrimonio. La postulación de un bien como sitio del patrimonio mundial implica una afirmación por parte del Estado correspondiente de que éste reviste valor para todo el género humano y, por lo tanto, dicho Estado asume, ante toda la comunidad internacional, la responsabilidad de velar por su protección y adecuada valoración. Su conservación debe transmitirse a las futuras generaciones y no interesa sólo a su propietario y a la comunidad respectiva, o a los connacionales del Estado correspondiente, sino a toda la comunidad internacional.
Por eso proponemos que la Comisión permanente de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados se constituya en Comisión investigadora de los hechos vandálicos que empañaron el discurso presidencial del 21 de Mayo recién pasado, porque, además de condenar la violencia en sí misma, todos debemos unirnos para procurar el bienestar de las personas y resguardar instancias beneficiosas, como es nuestra postulación.
La inscripción de un bien como sitio del patrimonio mundial fortalece su entidad y carácter, lo proyecta como objeto de especial preocupación para el Estado y refuerza en alto grado las políticas destinadas a garantizar su conservación.
A nivel nacional, tal designación significaría un reconocimiento del valor universal de Valparaíso y del rol cultural que debe tener.
Por eso mismo, además de educar y caminar en ese mismo sentido, debemos ser capaces de determinar las responsabilidades de quienes podrían haber puesto en jaque esta importante distinción el día en que se celebraron las Glorias Navales. Los hechos fueron graves, los montos de las pérdidas fueron cuantiosos y la actitud de quienes participaron no puede quedar impune. Es preciso garantizar que este tipo de hechos no volverá a repetirse, porque el desarrollo de un país tiene que ver con la civilidad de sus personas. Además, entre los efectos esperables de la declaración de un bien como patrimonio de la humanidad, está el aumento de los flujos de turismo y las inversiones, por lo que no podemos farrearnos la oportunidad de sacar a Valparaíso del pantano en que está hace tiempo.
Finalmente, aprovecho esta ocasión para expresar mi convicción acerca de la urgencia de que el mundo político también cambie de actitud para que deje de girar en torno de la pelea chica, del afán de perjudicar al otro por mezquinos intereses.
Es claro que hoy Chile vive un momento de dolor como consecuencia de los temporales. Hemos visto cómo se han desintegrado familias y cómo muchas personas necesitadas han perdido absolutamente todo. En este momento no debiéramos preocuparnos de pequeñeces, sino centrar todos nuestros esfuerzos en buscar las fórmulas para llegar a ellas; para ayudarnos y ayudar, en la medida de lo posible, a que superen su dolor.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , comparto la preocupación de la diputada señora Ibáñez , por el daño que se le ha causado a Valparaíso el último 21 de Mayo; sin embargo, la petición de investigar estigmatiza las oportunidades de protestar y es exagerada por lo siguiente:
Valparaíso es la sede del Congreso Nacional y, por tanto, parte de su identidad es, por cierto, la expresión legítima de movimientos sociales que quieren expresar sus puntos de vista discordantes con políticas públicas.
El gran error que se cometió el 21 de Mayo -lo pudimos corroborar un grupo de diputados con numerosos testimonios- fue que las personas que querían manifestarse fueron cercadas por la fuerza pública a ocho cuadras del lugar donde el Presidente de la República efectuaba su discurso. Esa situación, de sitiar una ciudad, ni siquiera ocurre en capitales europeas cuando se realizan reuniones de organizaciones mundiales económicas. Eso generó una gran irritación.
Veamos el caso de Santiago. Cuando por fin los intendentes de la Región Metropolitana autorizaron a las agrupaciones de derechos humanos y de Izquierda para que manifestaran sus puntos de vista los días 11 de septiembre marchando frente al palacio de La Moneda, los hechos de violencia se minimizaron al máximo.
Aquí corresponde hacer un llamado a la autoridad y a la fuerza policial para que los grupos de manifestantes se puedan expresar en Valparaíso; para que, a un costado o frente al Congreso, tengan un lugar donde en forma ordenada puedan manifestar sus opiniones. No transformemos en una sospecha “macartista” o en un fantasma anticomunista el hecho de que una agrupación social se reúna legítimamente para manifestar sus puntos de vista. Nos consta que los dirigentes estudiantiles quisieron manifestar sus opiniones en forma pacífica, pero fueron violentados por este estado de sitio al cual fue sometida esta capital regional.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
VII. INCIDENTES
INVESTIGACIÓN SOBRE ADQUISICIONES DE DURMIENTES POR PARTE DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Entrando a la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista y Radical.
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA .-
Señor Presidente , en las comunas de Cunco, Melipeuco, Curarrehue y Lonquimay , de la Novena Región, la Empresa de Ferrocarriles del Estado se abastece de durmientes elaborados por los pequeños productores madereros de la zona. Desgraciadamente, dicha empresa no compra esos durmientes directamente a los proveedores, sino a través de intermediarios que, en muchas oportunidades, obedecen instrucciones de los propios funcionarios encargados de compras de Ferrocarriles con el decidido propósito de obtener beneficios adicionales.
Con esta acción se perjudica seriamente el presupuesto de Ferrocarriles porque se está pagando dos, tres y hasta cuatro veces el valor de los durmientes. También se perjudica directamente a los productores madereros.
A esto debo agregar que, según denuncias que obran en mi poder y confesiones de varias personas implicadas en este comercio ilícito, se involucra a algunos funcionarios de Ferrocarriles que participan activamente en las ventas, para lo cual han engañado a un gran número de personas con el fin de involucrarlas como testaferros para el pago de estas adquisiciones.
Asimismo, con esta acción se perjudica gravemente la subsistencia de una serie de productores y de cooperativas campesinas de la zona, agravando aún más la situación de desempleo que existe en la región y particularmente en la comuna de Cunco.
Por tanto, solicito que se oficie al gerente general de la Empresa de Ferrocarriles del Estado con el objeto de que realice una investigación sobre estas irregularidades y a fin de que dé respuesta a las siguientes inquietudes:
Valor de compra que oferta Ferrocarriles a los pequeños productores madereros; identificación y explicación de los mecanismos establecidos por las empresas en la compra de durmientes; identificación de las empresas intermediarias que actualmente proveen de madera a Ferrocarriles; identificación de los vínculos que se establecen entre los pequeños productores de madera y la Empresa de Ferrocarriles; identificación de las empresas que prestan servicios de impregnado de durmientes y el valor que actualmente paga Ferrocarriles por dichos servicios.
Es necesario aclarar también si en el proceso de compra, la Empresa de Ferrocarriles adquiere durmientes de primera y de segunda calidad, porque muchas veces los propios funcionarios encargados de las compras rechazan durmientes, debido a que los encuentran de segunda calidad, y posteriormente los recompran, a través de intermediarios, cuando teóricamente no valen nada.
Hay que determinar si Ferrocarriles conoce las diferentes prácticas de compra en las distintas localidades que les proveen de durmientes, los precios que establecen los intermediarios, la existencia de los mismos y si existen resguardos para la explotación del bosque nativo, porque esto se está haciendo sin tomar en cuenta el medio ambiente y la protección del bosque nativo. Muchas veces se derriban árboles prohibidos para obtener beneficios.
Finalmente, quiero identificar la existencia de una política de compra por parte de la Empresa de Ferrocarriles, y los criterios que se establecen en ella.
Por lo mismo, también solicito oficiar al ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones para que aclare esta situación lastimosa.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de los Comités del Partido por la Democracia, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional que así lo están indicando.
PROPOSICIÓN DE APORTE ECONÓMICO EN BENEFICIO DE DAMNIFICADOS POR RECIENTES TEMPORALES.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , todos estamos impactados por la magnitud de las inclemencias y por la violencia extrema de las precipitaciones de los últimos días, las cuales han ocasionado daños que representan un costo económico y social considerable.
Como el Congreso está sometido constantemente al examen crítico de la opinión pública y seguramente, en más de alguna ocasión y de manera involuntaria, hemos ayudado a que se acentúe esa opinión crítica, propongo, por su intermedio, el asentimiento unánime de la Sala para adoptar la resolución -entiendo que la vía del proyecto de acuerdo no es suficientemente ágil y oportuna- en el sentido de que cada parlamentario aporte cien mil pesos de su dieta y que la Corporación los entregue al Hogar de Cristo con el propósito de contribuir a paliar los efectos de los recientes temporales.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición presentada por el diputado señor Escalona .
No hay acuerdo.
El señor LONGUEIRA.-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , creo que es bueno que el parlamentario que quiera hacer un aporte, lo haga. No me parece que la propuesta sea la forma de operar. Los chilenos están cansados de shows. Cada parlamentario debe trabajar para ayudar a solucionar los problemas. Insisto en que los chilenos están cansados de ver a los políticos en la televisión, quienes aparecen solamente en lugares donde la gente está sufriendo, para que los cubran medios de comunicación.
Si el diputado Escalona desea hacer una donación, que la haga. Muchos parlamentarios hemos hecho bastante más que eso en las comunas que representamos. No corresponde dar la impresión de hacer un gesto de solidaridad que finalmente no se traduce en una realidad. Cada parlamentario debe hacer lo que estime más adecuado, por lo que esa fórmula no me parece adecuada. Después aparece en los medios de comunicación que la propuesta del Partido Socialista consiguió... ¡No, señor Presidente ! ¡Perdóneme! Prefiero ser mucho más franco, aunque parezca impopular, pero cada uno, en conciencia, en forma silenciosa, debe actuar. ¡Basta de hacer shows con los problemas que viven los pobres! Que cada uno dé con una mano sin que lo sepa la otra. Eso es lo que importa.
Por lo tanto, me opongo.
He dicho.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Luego de la petición, pedí el asentimiento de la Sala y se abrió debate. Por eso le di la palabra al diputado Longueira y ahora la tiene el diputado Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, en primer lugar, espero que se descuente al tiempo de la UDI el que ocupó el diputado Longueira.
En segundo lugar, hicimos esta propuesta con toda calma. No existen medios de comunicación televisivos en la Sala. Los fotógrafos están presentes por el tema que concita la atención de la opinión pública, cual es la presentación de una censura a la Mesa por parte de la bancada del diputado señor Longueira . De modo que no hemos invitado a ningún medio de comunicación en relación con la proposición. La presentamos desprovista de cualquier intención y animosidad, pero la franca irritación con que fue acogida por parte del diputado Longueira sólo me merece el comentario de observar con profunda tristeza la intolerancia con que el jefe de un partido importante reacciona frente a una proposición de sentido común.
He dicho.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, estamos en Incidentes y todas las bancadas van a tener tiempo para intervenir. Ahora es el turno del Comité Socialista; luego dispondrán de sus tiempos los Comités de la Unión Demócrata Independiente, de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia y de Renovación Nacional.
Es mejor proceder con orden, porque, de lo contrario, se alargará la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS INCORPORADOS EN PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO URBANO Y DE BARRIOS EN COMUNAS DE CORONEL, PENCO Y TOMÉ. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , el presidente del Partido Socialista ha sido bastante explícito respecto de la propuesta y, en definitiva, el debate posterior será determinante. Lamento profundamente que, ante cualquier posición en beneficio de los pobres, la UDI y el señor Longueira respondan con demagogia y politicen el tema.
Por otra parte, solicito que, en mi nombre, se oficie al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo respecto de los proyectos incorporados a través de los Programas de Mejoramiento Urbano y de Mejoramiento de Barrios en las comunas de Coronel, Penco y Tomé, a fin de saber cuáles están en ejecución, en proceso de licitación, y si han presentado problemas.
Particularmente en la comuna de Tomé ha habido problemas en los proyectos de Mejoramiento de Barrios de Frutillares y de Almirante Latorre, que han redundado en la quiebra de las empresas o que las licitaciones se declaren desiertas. Esto ha retrasado considerablemente la ayuda y el mejoramiento de la calidad de vida de miles de personas. Debemos saber, entonces, sobre los recursos y el tiempo en que serán puestos a disposición de los municipios de Tomé, de Penco y de Coronel a fin de asegurar la realización de los trabajos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
COMENTARIO SOBRE PROPOSICIÓN DEL DIPUTADO CAMILO ESCALONA.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira .
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, voy a comentar la propuesta del diputado señor Escalona.
Nos debe hacer reflexionar todo lo que ha ocurrido en estas semanas. Ayer estuve todo el día en mi distrito, y lo que a la gente más le irrita es el “show” de los políticos, quienes aparecen en los lugares donde hay más sufrimiento, pero, después, los vecinos no los ven más.
La verdadera solidaridad es la silenciosa. Por eso, no tengo ningún problema en dar los 100 mil pesos, pero siempre que la Presidenta de la Corporación los entregue silenciosamente en el Hogar de Cristo. No obstante, me repugna el hecho de montar un espectáculo cuando se viven las consecuencias de los últimos temporales. Lo que más comenta la gente -y perdónenme- en las comunas que represento, es que van todos a hacer presencia y después desaparecen, dejándolos igualmente inundados.
Incluso, pediré la formación de una Comisión investigadora, porque no es aceptable lo que pasó en la Región Metropolitana, donde no se han hecho las obras necesarias, donde los problemas más dramáticos no los tiene la gente de los campamentos, sino la que vive en las villas de todo el anillo Américo Vespucio, el cual fue concesionado, pero no se han terminado las obras para sanear las aguas lluvia y, finalmente, hoy están anegadas poblaciones que jamás habían sufrido este problema: la Huamachuco Uno, la Dos, la Tres, es decir, todas las que están en ese anillo. ¿Y quién es responsable de eso? ¡Nadie!
Se ha dicho que no había llovido tan intensamente desde 1929. ¡Tampoco es cierto! Entonces, ¿de qué sirve la modernidad?; ¿de qué sirve el avance tecnológico cuando los sectores más populares del país tienen que vivir lo acontecido? Entonces, la gente se cansa.
Por eso, considero poco genuino el interés de esta Sala. Si nos abordan en forma individual, silenciosamente, y nos piden entregar 100 mil pesos de la dieta para el Hogar de Cristo, feliz. ¡Si ayer puse mucho más en la zona que represento!
El señor ESCALONA .-
¡A ustedes no les importan los pobres!
El señor LONGUEIRA .-
¡Perdóneme! No lo estoy criticando a usted. Sólo estoy haciendo un comentario, porque siento las consecuencias de los temporales. Cuando ustedes responden así, no sienten lo que estoy planteando.
El señor ESCALONA .-
No es así.
El señor LONGUEIRA.-
¡Eso es lo que vive la gente, colega! Si el problema de la pobreza no es patrimonio de ustedes. Todos tenemos que buscar una solución y evaluar las negligencias en que se ha incurrido, porque hay miles. Es absurdo lo que estamos viviendo.
Insisto: no tengo ningún problema -para que después no salgan a armar escándalos ni a decir cualquier cosa en la prensa- para que me descuenten de la dieta 100 mil pesos. ¡Ahí los tienen! Pero se deben entregar silenciosamente en el Hogar de Cristo. Sin embargo, debemos meditar -y que de algo sirva lo que hemos vivido en estos días- y ver de qué forma, todos juntos -porque ésta no es una tarea de la Izquierda, ni de la Derecha, ni de la gente de Centro ni del PPD, ni de la UDI, ni del Partido Socialista, sino de todos-, hemos de abordar el problema; si no, quiere decir que no nos hemos dado cuenta de la gravedad de lo que ha ocurrido.
Por eso, la gente se cansa, y eso genera distancia entre ella y los políticos; se cansa de ver el “show” de estos días. Se requiere que trabajemos todos juntos. Por tanto, me sumo al descuento de la cantidad mencionada. Ningún problema. Mi única condición es que la Mesa entregue el total recaudado sin la presencia de la prensa, sin montar ningún espectáculo
He dicho.
REQUISITOS PARA ACCEDER A EMPLEOS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , por respeto a las personas que en estos días están sufriendo los rigores de la naturaleza, debiéramos guardar un prudente silencio y actuar como corresponde, no sólo de palabra, sino con acciones concretas. Debemos ser más dignos frente al sufrimiento de la gente, el cual persiste. Por eso, hay que ponerse a trabajar.
Solicito oficiar al ministro del Trabajo y al intendente de la Décima Región sobre la situación de los empleos de emergencia que vive la provincia de Osorno en general.
Se ha otorgado a la ciudad de Osorno cien cupos de empleo -el año pasado fueron doscientos cincuenta-, pero la cesantía ha aumentado en alrededor de cinco mil personas.
El seremi del Trabajo ha informado sobre la forma de selección de los interesados en acceder a ese tipo de trabajo, y cuyos requisitos son: ser jefe de familia, cierto número de cargas familiares y el tiempo de cesantía. Dicho trabajo se encargó a la Oficina Municipal de Empleo de Osorno. Posteriormente, la asignación de los empleos fue distinta.
Por tanto, quisiera que se me informara sobre cuál es el criterio aplicado por el Ministerio del Trabajo para exigir esos tres requisitos. Además, por qué razón el seremi del Trabajo ha hecho caso omiso de las instrucciones, en la materia, impartidas tanto por el intendente como por el ministro del Trabajo .
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL EN COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , quisiera oficiar al ministro de Vivienda a fin de que informe a esta Cámara sobre el subsidio habitacional rural de la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno, beneficio que el año pasado fue entregado a sesenta y seis familias.
Dicho beneficio vence el 30 de septiembre de este año y, hasta el momento, la empresa a cargo de materializar este cometido no ha efectuado ninguna construcción. La gente que accedió a este beneficio se encuentra desesperada, porque vence en dicha fecha y no ha habido ninguna respuesta de parte del Serviu provincial.
Por lo tanto, solicito un informe urgente al ministro de Vivienda .
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
PROCEDIMIENTO DESIGUAL PARA PENSIONADOS EN CUANTO AL ENTERO DE CUOTAS SOCIALES. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , mi intervención se relaciona con el trato distinto que reciben los pensionados del nuevo sistema de AFP respecto de los del Instituto de Normalización Previsional en lo concerniente al pago de las cuotas sociales convenidas por diferentes pensionados con distintas organizaciones.
Las organizaciones sociales a las cuales están afiliados los pensionados del Instituto de Normalización Previsional tienen la facultad de recibir directamente de parte de éste los descuentos sociales que, efectivamente, ellos quieren que se les hagan, toda vez que no alcanzan más allá del 15 por ciento del total. Hasta ese porcentaje, el beneficiario debe pedir personalmente que el INP haga el descuento. En consecuencia, éste, directamente, le envía a la organización social o gremial que corresponda los descuentos efectuados por planilla. Sin embargo, no existe el mismo procedimiento para los pensionados de las compañías de seguros o de las administradoras de fondos de pensiones. Por ello, las distintas organizaciones sociales han pedido contar con esta misma facultad.
Por esa razón, solicito oficiar a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones , para que, si lo tiene a bien, instruya a las distintas AFP y compañías de seguros para que, si el beneficiario decide que se le haga dicho descuento, éste pueda llegar directamente desde la AFP hasta la organización social correspondiente.
Las organizaciones sociales de pensionados no hacen distinción entre el pensionado de AFP o el del INP, pero lamentablemente se produce esa diferencia, que en nada las ayuda.
Por ello, solicito que la Superintendencia dé una respuesta a esta Cámara, a fin de que las organizaciones sociales puedan contar con los descuentos por planilla que los pensionados efectivamente autoricen, aun cuando se mantenga el límite del 15 por ciento.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA LEY Nº 19.731. Oficios.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , la ley Nº 19.731 estableció una indemnización especial para todos los funcionarios públicos que se acogieran a jubilación por vejez antes del 30 de junio de este año; es decir, la normativa está por vencer.
Entre los funcionarios públicos y municipales existe gran cantidad de personas a las que, al 30 de junio, les faltará escaso tiempo para poder acceder a esta indemnización especial, y que estarían dispuestas a acogerse a este beneficio si la vigencia de la ley se extendiera por un período mayor.
Por ello, solicito oficiar a los ministros de Hacienda y del Interior a fin de que vean la posibilidad de prorrogar la vigencia de la ley Nº 19.731 por 18 ó 24 meses. De esa manera, como muchísimos funcionarios se acogerían a jubilación, se mejoraría la pirámide laboral y se absorbería más cesantía.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
NÚMERO DE EMPLEOS DE EMERGENCIA PARA COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , solicito oficiar al intendente de la Región de Los Lagos respecto de una situación que afecta gravemente a la comuna de La Unión.
En este momento dicha comuna tiene más de dos mil ochocientos cesantes, pero sólo se han enviado treinta y tres cupos de trabajo para solucionar la emergencia durante el invierno. Eso es reírse de la gente de La Unión y convertir en chacota un tema tan serio.
Por tanto, solicito oficiar al intendente de la Décima Región , a fin de que indique a la brevedad cuál es el número de los cupos de empleo de emergencia para las comunas de La Unión, Río Bueno, Panguipulli , Los Lagos, Lago Ranco , Futrono y Paillaco .
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ALCANCE A DECLARACIONES DEL DIPUTADO ANÍBAL PÉREZ AL DIARIO “EL MERCURIO”.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , deseaba abordar un tema que probablemente ayer y hoy ha sido vox populi en el Congreso: el cobro del envío de cartas, por Correos, con cargo no al PPD, sino a la Presidencia de la Cámara . Sin embargo, me referiré a las declaraciones del diputado señor Aníbal Pérez formuladas al diario “El Mercurio” de ayer, martes 4, en las cuales, tratando de justificar lo injustificable, usó en forma bastante discriminatoria -y más bien selectiva- el nombre de algunos diputados, acusándonos de haber comprado, a esta Cámara, computadores en desuso y pagados en cuotas.
Realmente, el nivel al que puede llegar esta Cámara en el desprestigio de sus miembros es cada vez más preocupante. Creo que nos estamos autoflagelando y, además, provocando un daño irreparable a un poder del Estado.
Así como tengo antecedentes de que el PPD asumió su responsabilidad en el tema del cobro por Correos y pidió disculpas públicas, también quiero solicitar que el diputado señor Aníbal Pérez , quien, para confundir a la ciudadanía, enlodó innecesariamente a algunos parlamentarios, incluso del Partido Socialista -no del PPD-, también pida disculpas públicas. En efecto, es muy distinto adquirir computadores en desuso ofrecidos por la Cámara -ello fue aprobado por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, para ser usados en nuestras comunas o repartidos en los colegios del distrito o como cada uno desee-, a usar el nombre de la Presidencia , como se hizo, para solventar el envío de cartas, por Correos, en una campaña política personal.
No me seguiré prestando para que mi nombre sea basureado por nadie en esta Cámara de Diputados; además, tengo la absoluta tranquilidad de conciencia de jamás haberle pedido un peso a esta rama del Congreso ni haber hecho jamás mal uso de los recursos que aquí se nos asignan.
Por tanto, espero que el diputado señor Aníbal Pérez asuma su responsabilidad respecto de sus colegas del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, de cuyos nombres hizo mal uso para justificar lo injustificable.
He dicho.
ALCANCE A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO PABLO LONGUEIRA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , me sumo a lo planteado por el diputado señor Camilo Escalona , a quien he escuchado con atención. Nos parece que lo ha hecho de manera clara, y la Democracia Cristiana concuerda con la justicia de su petición, haciéndolo de manera que refleje el sentir de esta Cámara en este momento.
También he escuchado con atención las palabras del diputado señor Longueira . Les pido a quienes pertenecen a su bancada que no se enojen por lo que voy a decir, pero en esta materia no sólo hay que hablar, sino, asimismo, practicar.
Todos sabemos quién ha hecho política sobre la base de montajes publicitarios y quién es el portaestandarte en este tipo de actuaciones. Cada hecho, cada obra, cada acción, no vale si no tiene un correspondiente montaje publicitario. Es el estilo de quien sirve de portaestandarte y ha sido candidato presidencial de la UDI y de la Derecha. ¿Quién se vistió de chilote en Chiloé? ¿Quién se vistió de aimara en el Norte? ¿Quién se vistió de pascuense en la isla de Pascua?
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¡No, estimados amigos! No se pongan nerviosos. Escuchen, razonen, eso sirve para hacer política de calidad. No hablen sin practicar. Para hacer eso hay que tener calidad, y nosotros no se la reconocemos, y ello es claro, categórico. La opinión pública sabe quién hace un “show” de la política en Chile y ha tratado de invadir con ese estilo, el acontecer, en nuestra patria, de una actividad sólida y seria, como es la política.
He dicho.
-Aplausos.
INVERSIÓN DE FONDOS CONSULTADOS ORIGINALMENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN MAIPÚ. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Pareto.
El señor PARETO .-
Señor Presidente , a raíz de las mutuas recriminaciones publicadas durante las últimas horas en los medios de comunicación, entre los alcaldes de las comunas de Cerrillos y de Maipú, debido a la excesiva e insólita inundación de un sector importantísimo de la ciudad de Santiago, como es la villa Óscar Castro , que comprende a más de seiscientas casas, y de la gran cantidad de llamados de vecinos del sector, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de obtener información sobre un hecho que paso a exponer:
En junio de 2000, cuando se inundaron estas viviendas por el desborde del canal, la villa fue visitada por el subsecretario de Obras Públicas y por el alcalde de la época. En esa ocasión se acordó ejecutar los trabajos de ingeniería que fueran necesarios para solucionar el problema, ante lo cual el municipio, con el acuerdo unánime de su concejo, destinó, generosamente, trescientos millones de pesos para construir un colector que, si se hubiera hecho, habría significado que estas familias no estuvieran viviendo otra vez esta tragedia.
Esos trescientos millones de pesos, que ya estaban integrados y destinados en el presupuesto municipal correspondiente al año 2000, lamentablemente no fueron invertidos por la nueva administración, de 2001, en la construcción del colector. Por eso, cabe preguntarse en qué se invirtieron estos fondos, los que, reitero, quedaron consignados en el presupuesto de 2001, pero que aún no se han invertido o se han invertido en otras cosas, para las cuales no fueron destinados.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de saber si estos trescientos millones de pesos se invirtieron en la construcción de un colector con el objetivo de impedir o evitar, precisamente, las trágicas inundaciones que se están viviendo estos días en la comuna de Maipú. En caso de que hayan sido invertidos en otras obras, solicito que se informe a esta Corporación si, en conformidad con la legislación vigente, se hicieron las modificaciones presupuestarias pertinentes por parte del concejo de la mencionada comuna.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana, de la UDI, del Comité Radical y Socialista y del PPD.
ANUNCIO DE TRASLADO DE LA FERIA INTERNACIONAL, FISA, A LA COMUNA DE SANTIAGO.
El señor PARETO .-
Señor Presidente , como representante de las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central, he quedado anonadado al leer una información que apareció publicada en un importantísimo matutino del domingo último, la cual me preocupó enormemente. En dicho diario se señalaba que el alcalde de Santiago , Joaquín Lavín , pretende gestionar un acuerdo con los dueños de la Feria Internacional de Santiago , Fisa, para ver la posibilidad de que ésta se realice en el Parque O’Higgins y no en el tradicional recinto de la comuna de Maipú.
Según dicho reportaje, el objetivo de este cambio es obtener los recursos para resolver los problemas económicos que estarían afectando al municipio capitalino y así implementar su ambicioso plan para renovar la capital, lo que, además, implicaría licitar el 75 por ciento del espacio publicitario y vender subsuelos para supermercados o centros comerciales.
Ahora bien, si lo publicado en ese diario fuese efectivo, estaríamos frente a una situación muy perjudicial para los habitantes de Maipú y de las comunas aledañas, por cuanto la Fisa constituye una gran fuente generadora de trabajo y de actividad para el sector. Como ejemplo de la gran actividad que ella y otras exposiciones realizadas en la comuna generan, cabe precisar que en 1997 se concretaron negocios por más de mil quinientos millones de dólares transados por la presencia de siete mil trescientos expositores, tanto nacionales como extranjeros, reafirmándose así el éxito asegurado que garantiza el prestigio mundial alcanzado por esta feria internacional. Veinticinco mil ejecutivos de negocios, de más de cuarenta y cinco países de los cinco continentes, representan año a año la asistencia del mundo a esta reconocida Feria Internacional. Cabe agregar que más de un millón trescientas mil personas visitaron las diferentes exposiciones organizadas por la Fisa durante 1997.
El recinto ferial tiene una superficie de trescientos treinta mil metros cuadrados, con setenta y dos mil metros cuadrados cubiertos, divididos en cincuenta y cuatro pabellones destinados a las más diversas variedades de muestras, desde la pesada maquinaria de minería a los más sofisticados eventos gastronómicos.
Si toda esta actividad se trasladara a la comuna de Santiago, significaría, en consecuencia, una gran pérdida para los habitantes de Maipú y de las comunas aledañas. Por eso, haré todo lo humanamente posible para que esto no ocurra.
He dicho.
COBROS EN MUNICIPALIDAD DE LANCO Y AUDITORÍA INTERNA DE HOSPITAL DE LA UNIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , es sólo para pedir dos oficios. El primero, a la Contraloría General de la República a fin de que investigue sobre los cobros que se han realizado en la municipalidad de Lanco para otorgar informes sociales con el objeto de que las comunidades mapuches puedan acceder a los fondos de tierras y, asimismo, a los beneficios derivados de las fichas CAS.
El segundo oficio, al Ministerio de Salud, con el fin de que el Servicio de Salud de la provincia de Valdivia me haga llegar la auditoría interna del hospital de La Unión.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de su bancada y de las de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Socialista, del PPD y del Partido Radical.
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CONTRAÍDO POR INTENDENTE DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , el intendente de la Sexta Región se comprometió con la ciudadanía de San Fernando a que con fecha 16 de mayo se comenzarían a realizar los trabajos relativos a las defensas fluviales de los ríos Tinguiririca y Antivero , los cuales, en invierno, ponen en riesgo no sólo a las familias de las riberas de ambos ríos, sino también a la ciudad de San Fernando. Lamentablemente, este compromiso no se cumplió. A raíz de esto, se constituyó una agrupación prodefensa de la ciudad, conformada por más de doscientos dirigentes de dicha comuna, representados por el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Asociación de Agricultores y por la directiva de la unión comunal de las juntas de vecinos de San Fernando.
Con fecha 3 de junio de 2002, estos dirigentes interpusieron un recurso de protección en favor de la mencionada ciudad, el cual fue declarado admisible.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al Presidente de la República a fin de que se le haga saber acerca de esta información, con copia del recurso de protección.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio en los términos señalados por su Señoría, con la adhesión de la Democracia Cristiana, PPD, Partido Socialista y Renovación Nacional.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL PINTOR DON ISRAEL ROA VILLAGRA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , dentro del breve tiempo de que dispongo, quiero rendir un homenaje, aunque aparentemente tardío, con motivo del fallecimiento de un conocido pintor angolino: don Israel Roa Villagra .
Nació en Angol en 1909 y logró gran fama por los cuadros que realizó en su larga trayectoria como artista del pincel. De manera que deseo entregar todo mi reconocimiento a su familia, junto con lamentar -debido a que la información llegó en forma tardía a mi persona- no haber podido estar presente en sus funerales, como habría correspondido, por cuanto se trataba de un hombre que le dio prestigio a nuestra ciudad, que ya tiene a su haber una serie de nombres de pintores y de escritores, como el primer escritor épico, Pedro de Oña , nacido en Angol.
A través de mis palabras deseo testimoniar mi afecto por don Israel Roa Villagra , hacer llegar a su familia mi pésame por su fallecimiento y reconocer su labor artística desarrollada por él desde 1930.
He dicho.
ALCANCES SOBRE INTERVENCIÓN DE PRIVADOS EN EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , desgraciadamente dispongo de muy poco tiempo para referirme a un tema que se ha puesto muy de actualidad a raíz de los temporales que están afectando al país. Dice relación con las inversiones que se deben efectuar en las ciudades para paliar, aunque sea en parte, las graves tragedias que provoca la naturaleza.
Chile está expuesto a sufrir terremotos, pues está ubicado en un balcón frente a una profundidad marina muy grande. Sus ríos, en el corto espacio físico que recorren entre cordillera y mar, causan mucho daño cada vez que se presenta un fenómeno climático como el que está afectando a la zona central.
Respecto de este tipo de situaciones, el diario “Estrategia” publica hoy una crónica titulada “Falta de visión”. En ella se plantea: “El problema de aguas lluvia no se resuelve con mayores impuestos, como erradamente propone el Presidente Lagos , sino con incorporación del sector privado, que está dispuesto a invertir en este negocio”. Este es el enfoque que deseo abordar.
Estoy de acuerdo en que el sector privado tenga rentabilidad cuando invierta en este tipo de actividad, porque de lo contrario la inversión debería hacerla en otra cosa. El tema es quién debe pagar por el servicio que el sector privado prestaría a los habitantes del país. Me parece que la Cámara de Diputados debe meditar qué significa cargar el valor de una tarifa básica, como la del agua potable, con un servicio por concepto de evacuación de aguas lluvia, pues todos estamos conscientes de los problemas que ya tiene la población para pagar los actuales costos. Sin duda se produciría un gran aumento en las tarifas de agua potable, por el enorme monto que involucra una obra de esta naturaleza, lo que obligaría al Estado a aplicar algún tipo de subsidio.
Quise plantear este enunciado para seguir tratando el tema con mayor profundidad en otra ocasión, para que no hagamos demagogia al buscar culpables cada vez que se inunda una calle o un paso bajo nivel.
He dicho.
INSTALACIÓN DE SISTEMA ILS EN AEROPUERTO DE BALMACEDA. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Sánchez .
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , el turismo es una de las mayores potencialidades de desarrollo que tiene la Undécima Región, donde se encuentra el distrito que represento, y el medio aéreo es el puente que rompe con la condición casi insular de Aisén.
No obstante, todos los inviernos es frecuente que en el aeropuerto de Balmaceda los vuelos se cancelen debido a la falta de un sistema tecnológico de punta que permita una aproximación adecuada de los aviones, a diferencia de lo que ocurre en otros aeropuertos del país, los que ya cuentan con el sistema tecnológico denominado Instrumental Landing System (ILS).
Cuando las comunicaciones son tan vitales para una región resulta fundamental contar con la tecnología que permita operar la aeronavegación en condiciones de seguridad y puntualidad, cosa que hoy, lamentablemente, no está ocurriendo en la Undécima Región.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Defensa y al director general de Aeronáutica Civil , a fin de hacerles presente la urgencia de instalar el equipo ILS en el aeropuerto de Balmaceda, que es el único de que dispone la Undécima Región en sus 110 mil kilómetros cuadrados. Es vital contar con tecnología de punta para brindar certeza, puntualidad y seguridad en la conexión que tiene esa región, dado el grado de aislamiento que presenta del resto del país, por lo cual es importante que el director general de Aeronáutica Civil nos informe cuándo tiene considerada la instalación de dicho equipamiento.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SALVAGUARDIAS PARA LA INDUSTRIA DEL AZÚCAR DE REMOLACHA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , en 1964, el entonces candidato presidencial, don Eduardo Frei Montalva , comprometió la construcción de una planta azucarera en la provincia de Valdivia. En 1970 fue inaugurada la planta Iansa-Rapaco en la comuna de La Unión, durante el período alcaldicio de don Enrique Larre Asenjo , hecho de feliz recuerdo en las comunas del distrito que represento.
Por ello, quiero referirme, con sentida preocupación, a la situación de la industria del azúcar de remolacha, clave para el progreso y bienestar de decenas de ciudades y de cientos de pueblos entre la Séptima y Décima regiones. Por supuesto, dicha preocupación alcanza a los agricultores-productores.
Como sabemos, en Chile la única empresa productora de este preciado bien es Iansa, la cual, a su vez, compra su materia prima a miles de pequeños, medianos y grandes campesinos, que desde hace décadas han destinado parte importante de sus predios a este cultivo.
Según datos aportados por la señalada empresa, durante el año 2001 la producción de remolacha alcanzó el mejor rendimiento de su historia, con una productividad sobre diez toneladas de azúcar por hectárea, en la que destacaron los sembradíos de la provincia de Ñuble, ubicada en el distrito que representa en esta Sala el colega Felipe Letelier Norambuena , a quien menciono porque es gran defensor de los productores remolacheros, así como la planta de Rapaco, instalada en el distrito Nº 54, al cual con tanto orgullo represento en la Cámara.
Gracias a esos esfuerzos, Chile es, hoy por hoy, el segundo productor mundial de remolacha azucarera, superado sólo por Francia, que tiene un punto porcentual más de producción. Existe un ambicioso programa para llegar, de aquí a 2005, a ser los primeros. Para eso existe el compromiso entre la empresa y los productores.
Asimismo, no debemos olvidar que este éxito se ha traducido en ventajas inmediatas para los consumidores chilenos, quienes, según la prestigiosa revista The Economist, pagan los precios más bajos del mundo por el azúcar que consumen a diario.
Por otra parte, Iansa ha pasado a ser la firma con menores costos de producción en esa área a nivel mundial, todo lo cual le otorga a esa empresa la calidad de un verdadero activo nacional, el cual es necesario preservar en el futuro.
La importancia social de esa industria, que se funda justamente en la producción de modestos campesinos -más de doce mil a lo largo de la zona sur-, obligó al Estado a establecer por ley un mecanismo especial para protegerla de la competencia desleal venida desde el extranjero, pues el sistema de bandas de precios terminó el 31 de marzo de 2001. Este nuevo mecanismo permitió subir el arancel consolidado en el marco de lo establecido por la Organización Mundial de Comercio y fijar cuotas máximas de importación desde determinados países.
En sustento de estas actuaciones, debemos citar al más importante experto mundial de la industria azucarera, el analista inglés James Fry , quien ha señalado que el proteccionismo es la práctica habitual de todos los países productores del mundo para protegerse de la alta volatilidad del mercado internacional del azúcar, que -como sabemos- genera épocas de precios muy bajos, en los cuales las bandas de precios se hacen insuficientes e incapaces de proteger la producción interna.
En el marco de estas ideas, la Unión Europea ha elaborado instrumentos especiales para proteger la industria del azúcar de remolacha, como la fijación de impuestos específicos. En la práctica, operan como verdaderas bandas de precios, ya que el arancel consolidado aumenta en la medida en que el precio mundial disminuye. Con ello, Europa ha llegado a generar encarecimiento en los precios de importación de hasta 400 y 500 por ciento.
En este marco, debo reclamar por la forma como se ha ido vulnerando la normativa de protección que elaboró este Congreso Nacional. En los hechos, ha permitido perforar la banda de precios mediante la importación de azúcares disfrazadas de fructosa u otros endulzantes. Se presenta el caso que se importan mezclas que contienen 95 por ciento de azúcar y 5 por ciento de otros productos. Por este solo hecho, el Servicio Nacional de Aduanas las exonera de los gravámenes a la importación de las azúcares, con lo cual se daña la producción nacional y a los pequeños productores del campo del sur de Chile de manera grave, a vista y paciencia de las autoridades.
Una vez más digo en esta Sala que, sin protección institucional real, fuerte y decidida a nuestra agricultura tradicional campesina, vendrá la quiebra de los campesinos del sur de Chile. La quiebra definitiva de algo que, más que una simple forma de producción, es, ante todo, un sistema de vida.
Para lograr lo anterior, primero, pido el cambio de las interpretaciones que ha dado a la ley el Servicio Nacional de Aduanas y, sobre todo, el establecimiento de nuevas salvaguardias para proteger este activo nacional, que ha dejado de ser un bien exclusivo de Iansa, pues es de todos los chilenos.
En consecuencia, pido que se haga llegar copia de esta intervención y de las solicitudes que formulo tanto a su Excelencia el Presidente de la República como a los ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores , de Economía y de Agricultura, y a los intendentes y secretarios regionales ministeriales de Agricultura de las regiones Séptima, Octava, Novena y Décima.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los señores parlamentarios que así lo indican a la Mesa.
ALUSIÓN A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL DIPUTADO PABLO LONGUEIRA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , después de escuchar una vez más al señor Longueira denostar el rol de la política -digno del libro de Records de Guinnes: un político que habla en contra de la política-, pido que se oficie al director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile a fin de que envíe a la Cámara los contenidos del ramo “Introducción a la ciencia política”, que explican el rol de los partidos políticos y de la política. Particularmente, que se los envíen a la bancada de la UDI para que el señor Longueira aprenda la importancia que tienen para la democracia.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUD DE AYUDA EN CASOS DE DAMNIFICADOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficio.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , hemos recibido denuncias de pobladores del sector norte de Santiago, en el sentido de que las comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba, entre otras, no se estarían coordinando con la oficina regional de la Onemi y con la Intendencia de la Región Metropolitana . No coordinarse con las redes estatales de ayuda permite a algunos políticos de mala calidad montar “shows” que desfavorecen a los pobres.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente de la Región Metropolitana a fin de que informe acerca de qué municipios han expresado y pedido cooperación en el caso de los damnificados.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
IMPACTO ECONÓMICO POR CIERRE DEL PASO LOS LIBERTADORES. Oficios.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , en relación con los daños de fondo que generan estas inundaciones, quiero referirme a un tema que usualmente no se toca.
Una vez más, como consecuencia de las intensas lluvias, el paso Los Libertadores interrumpe el tráfico de mercancías de Chile hacia el Mercosur y de éste hacia los puertos chilenos, afectando enormemente las perspectivas económicas de nuestro país.
Datos extraoficiales indican que, en la última década, durante un promedio de veinticinco días al año este paso ha quedado inutilizado, afectando seriamente la competitividad de Chile en un mundo global.
A su vez, hemos sabido que los estudios para habilitar el paso Las Leñas, ubicado en la cordillera de Rancagua, transitable los 365 días del año, se siguen postergando.
Pido que se oficie a los ministros de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, a fin de que informen sobre los impactos económicos causados por el cierre del principal paso de mercancías desde y hacia nuestro país.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los señores parlamentarios que así lo indiquen.
SALVAGUARDIAS ANTE LA IMPORTACIÓN DE FRUCTOSA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, me sumo a lo señalado en el sentido de que urgen salvaguardias a la fructosa.
Deseo solicitar al Gobierno que, a través de la Comisión de Distorsiones, apure el proceso de salvaguardias de hasta un 35 por ciento a la importación de fructosa, por corresponder, sin duda, el uso de este mecanismo de protección a nuestros cultivos como país y de miles de pequeños productores remolacheros. La remolacha alcanza el 21 por ciento de los cultivos de Chile, utilizando aproximadamente 50 mil hectáreas. La mayoría de quienes se dedican a esta actividad son pequeños agricultores, que cuentan con menos de diez hectáreas, y, en un gran porcentaje, incluso con menos de cuatro.
La importación de fructosa ha aumentado en 724 por ciento en los últimos cuatro años, principalmente desde Argentina, desplazando así casi en un 30 por ciento el mercado de los productores de azúcar. Este hecho está provocando un grave daño a este importante sector agroindustrial, por lo cual se cumplen todos los requisitos para aplicar salvaguardias. La presentación de los gremios industriales, en el sentido de no presentar éstas, tiene clara motivación de influir en la toma de decisiones por parte de la Comisión de Distorsiones, para asegurar sólo sus negocios.
Todos los países protegen este cultivo, porque se considera estratégico. Así, el arancel consolidado que, en Chile, aprobamos recientemente en este Congreso, es de 98 por ciento, a diferencia del de la Unión Europea, que lo tiene en 378 por ciento, y de Estados Unidos, que están en 287 por ciento. Esos países son campeones del discurso del libre mercado, pero también campeones mundiales del proteccionismo a su agricultura. Ellos la consideran estratégica y socialmente indispensable para mantener las cadenas económicas.
En Linares, en mi distrito, al igual que en las regiones Séptima, Octava, Novena y Décima, la remolacha constituye uno de los principales cultivos y fuente de trabajo. Es un pilar de la economía local.
Se hace una gran defensa de este cultivo, pues no sólo constituye un problema económico, sino también social, ya que siembran remolacha casi en un ciento por ciento pequeños agricultores. Esos miles de agricultores mueven, con sus cultivos, el transporte, el comercio y los servicios locales. Esta es la razón por la que se defiende ese cultivo y es la misma causa del acuerdo con el Presidente de la República para protegerlo y fomentarlo.
Está definido mantener la Industria Azucarera Nacional con productos nacionales, como la remolacha, y no a través de importaciones, ya que esta siembra en Chile, que alcanza las 50 mil hectáreas, es fuente laboral para, a lo menos, 50 mil trabajadores, con gran trabajo indirecto en transporte, servicios y comercio.
Es importante la pronta decisión de la Comisión de Distorsiones, pues la cantidad de hectáreas por sembrar y todo lo relacionado con esto debe estar clarificado mucho antes de agosto o septiembre, época de siembra de la remolacha.
También, la gran entrada de mezclas de azúcar perjudica al sector. La interpretación equivocada de Aduanas de Chile debe corregirse. Nuestro país no aplica el arancel consolidado de las mezclas, algunas tan burdas como las que tienen un 99,5 por ciento de azúcar. Esto, por decir lo menos, es una verdadera burla para el país. Por el contrario, en todos los demás países se pagan los aranceles consolidados a la importación de mezclas en proporción a su contenido de azúcar. En esto, el Gobierno ha demostrado, para un problema mayor de la agricultura chilena, gran lentitud, ineficiencia y una burocracia tremenda.
Por lo anterior, solicito que se oficie sobre el particular al Presidente de la República, al ministro de Hacienda, a la ministra de Relaciones Exteriores y al director de Aduanas, con copia al presidente nacional de los remolacheros y al que representa a la zona de Linares.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
CREACIÓN DE SUBSIDIO ESPECIAL PARA DAMNIFICADOS DE LA ZONA CENTRAL. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , como diputado del sur, de la zona de Valdivia, quiero adherir al dolor que aflige a tantos miles de familias de la zona central a causa del temporal del que hemos sido testigos en estos días. Se estima que unas 50 mil personas han sido afectadas por este fenómeno climático, lo que equivale a alrededor de 12 mil ó 15 mil familias involucradas.
Hace un año, en esta misma Sala, solicitamos al Gobierno que los ministerios se abstuvieran de realizar gastos por concepto de impresión y publicidad o bien, que los redujeran. En aquella ocasión, exhibí en la Sala la literatura recibida por la Cámara de Diputados de todos los ministerios y de la administración pública en general, la que, en tamaño, alcanzaba a cerca de un metro de altura. El costo en que incurren los servicios del Estado por este concepto se estimaba, en esa oportunidad, en alrededor de 11,6 millones de dólares al año. Hoy, esa cifra se calcula en 12 millones de dólares, todos dineros destinados a publicidad, memorias e impresos de los servicios públicos. Si esa cifra se redujera un 80 por ciento, se podría
contar con alrededor de 10 millones de dólares para otros fines.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro del Interior a fin de que instruya, en lo posible, a todos los ministerios, para que se abstengan de realizar ese gasto, con el objeto de que el ahorro que se obtenga se destine a la ayuda de los damnificados por el temporal que azota a la zona central y de aquellos que pudieran encontrarse en dicha situación a futuro, cifra que podría alcanzar las 100 mil personas, esto es, alrededor de 25 mil familias. Esos dineros podrían emplearse en la creación de un subsidio especial que ayude a reponer los enseres perdidos por causa de lo que en el sur llamamos “incendio de agua”.
Quienes vivimos en regiones, sabemos que cuando la Región Metropolitana estornuda, el resto del país se resfría. Esto quiere decir que lo más probable es que se quiten recursos a las regiones para suplementar la ayuda -muy necesaria por cierto- a los damnificados de la zona central.
En consecuencia, reitero, solicito que se oficie al ministro del Interior a fin de que los dineros que se podrían recaudar por la vía indicada sean destinados a los damnificados de la zona central.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, acompañando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo hagan presente.
PRECISIONES SOBRE RESPONSABILIDAD EN ENVÍO DE CARTAS DE COLECTIVIDAD POLÍTICA.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en esta ocasión me referiré a una situación que ha vivido la Cámara de Diputados en estos últimos días y que se relaciona con la actuación de la bancada del Partido por la Democracia, en particular de su presidente , señor Guido Girardi .
Los políticos vivimos fundamentalmente de una imagen, la que también es válida para la Corporación a la pertenecemos. En esta ocasión, ella ha sido dañada profundamente por una práctica que nunca se había utilizado. Posteriormente, el presidente del PPD , señor Guido Girardi , dio explicaciones en cuanto a que fue un error haber efectuado el pago de 24.648 cartas que lo beneficiaban en una campaña para que fuera elegido presidente de su colectividad.
Quienes actuamos en política entendemos que podemos recurrir a todas las herramientas que nos permitan lograr nuestros objetivos y metas, pero no podemos utilizar a esta Corporación para ello, ya que aquí están representadas todas las sensibilidades políticas, todas las regiones y la confianza de mucha gente que ha creído en cada uno de nosotros. Poner en tela de juicio la honorabilidad de los parlamentarios equivale a entrar en un juego muy peligroso. La imagen de la Corporación ha sido puesta en un nivel tan bajo que requiere de una declaración pública que reconozca el grave error cometido por el señor Guido Girardi , hombre que se ha erigido en el país como el gran fiscalizador y que ha vendido una causa que hoy lo ha atropellado. Ahora corresponde que lo diga de cara al país, porque es la única manera de deslindar responsabilidades, en este caso en relación con la Presidenta de la Cámara de Diputados, señora Adriana Muñoz , diputada de la República que, en mi opinión, no tiene responsabilidad en este grave error, que -reitero- nos afecta seriamente.
La opinión pública sabrá sancionar a los responsables. En otros momentos, esta Cámara ha sido testigo de graves errores que, sin embargo, fueron reconocidos por sus autores. Más que una censura a la Mesa, que es lo que se pretende, corresponde recurrir a la Comisión de Ética de la Corporación, instancia facultada para estudiar aquellos casos en que parlamentarios se ven involucrados en la comisión de errores o de faltas.
Ése es el camino que se debe seguir. La Cámara de Diputados, que es una reserva moral del país, debe ser cuidada para que ésta responda en cada ocasión que se la requiera. Quienes la integramos estamos llamados a legislar, y nuestra honorabilidad a toda prueba no puede ser puesta en riesgo, como ocurrió en esta ocasión.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.00 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores García-Huidobro , Álvarez , Bauer , Barros, Ibáñez , Kast , Leay, Masferrer , Salaberry y Uriarte.
Establece prohibición a abogados integrantes de Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones para desempeñar cargos en empresas del Estado. (boletín Nº 2953-07)
“Considerando:
1. Imparcialidad en la administración de justicia.
La administración de justicia es una de las funciones públicas en las que debe existir un mayor grado de imparcialidad, dada la naturaleza del cargo que se ejerce. En efecto, son los jueces los llamados a decidir sobre las contiendas que se presenten entre las partes, logrando para ambas la solución más equitativa y ajustada a derecho posible.
Por regla general, son los jueces quienes deben ejercer la administración de justicia, pero hay casos en que esta función recae en personas que no tienen tal grado, como son los abogados integrantes. Así, la calidad de abogado integrante se adquiere por nombramiento del Presidente de la República , a proposición de la Corte Suprema que presenta ternas para el efecto.
Cuando alguno de los miembros de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones faltare o estuviere inhabilitado de ejercer su función, y quedare alguna sala sin el número de jueces necesario para el conocimiento y resolución de las causas, será reemplazado por un abogado integrante. En el caso de las Cortes de Apelaciones, una sala puede incluso ser integrada por mayoría de abogados. De esta forma, muchas veces la decisión de los asuntos controvertidos queda en manos de dichos abogados, los cuales deben cumplir con el mismo grado de imparcialidad que los jueces.
El artículo 261 del Código Orgánico de Tribunales establece que las funciones judiciales son incompatibles con toda otra remuneración con fondos fiscales o municipales, salvo cargos docentes. Uno de los problemas que se presenta respecto a los abogados integrantes, es que esta disposición no se les aplica.
2. Transparencia en el ejercicio de la función pública.
En el ejercicio de cualquier función pública debe existir necesariamente un alto grado de transparencia por parte de quienes ejercen dichas funciones, tomando en cuenta la calidad de los cargos que se están ejerciendo.
Dicha transparencia es especialmente importante cuando se trata de la administración de justicia, donde están en juego los intereses de personas que han visto lesionados sus derechos y requieren de protección.
En el caso de los abogados integrantes, puede ocurrir que perciban fondos provenientes del fisco por el ejercicio de distintos cargos, lo que perjudica tanto la imparcialidad que deben tener, como la transparencia necesaria para ejercer cualquier función pública. En estos casos, muchas veces pueden existir distintos intereses en juego, los que pueden terminar perjudicando a quienes concurren a la justicia.
3. Propuesta.
Para lograr que exista una mayor imparcialidad y transparencia en la función judicial respecto de los abogados integrantes de las Cortes Suprema y de Apelaciones, se propone incorporar una disposición por medio de la cual se les prohíba desempeñar cualquier tipo de función en empresas del Estado. De esta forma, se hace en parte extensible lo que dispone el artículo 261 del Código Orgánico de Tribunales a la función desarrollada por los abogados integrantes.
Por tanto, se propone el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcese el siguiente artículo 221 bis al Código Orgánico de Tribunales:
“Artículo 221 bis.- Los abogados integrantes mencionados en los artículos anteriores no podrán desempeñar funciones en empresas pertenecientes al Estado”.
2. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 001225
Ant.: AD-18.318.
Santiago , 28 de mayo de 2002.
Esa honorable Cámara de Diputados, por oficio Nº 3742 de 7 de mayo en curso y de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.916, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema, para su informe, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que facilita la denuncia en caso de atentados sexuales y permite una mejor investigación del delito. (Boletín Nº 2925-07).
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia consultada, en sesión del día 17 de mayo en curso, presidida por el subrogante señor Marcos Libedinsky Tschorne y con la asistencia de los ministros señores Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Pérez , Álvarez Hernández , Marín , Yurac , Espejo, Medina , Juica , Segura y señorita Morales, acordó informar el proyecto, en cuanto a la materia consultada y que por disposición constitucional y legal le corresponde opinar, de la siguiente forma:
El proyecto de ley en estudio tiene tres artículos que disponen:
Artículo 1º.- Agrégase el artículo 145 bis del Código de Procedimiento Penal, los siguientes incisos:
“En los casos a que se refiere este artículo, cuando la víctima del delito fuere menor de 12 años, el profesional que la hubiere examinado estará obligado a denunciar el hecho a la justicia en el plazo de 24 horas, remitiéndole la copia que el inciso segundo dispone que se entregue a la víctima; si hubieren sido varios, el cumplimiento de esta obligación por cualquiera de ellos exime a los demás. Igual obligación tendrá el profesional que privadamente examine a la víctima. Si la víctima fuere mayor de 12 años y menor de 18, se deberá efectuar la denuncia cuando la víctima consienta en ello, y se deje constancia por escrito. Para este efecto, bastará que la víctima suscriba o imprima su huella digital en el acta de reconocimiento y exámenes practicados, que tendrá el mérito de una denuncia sin necesidad de ratificación. El juez instruirá proceso sin esperar la comparecencia del ofendido.
La omisión de la denuncia a que se refiere el inciso precedente, se castigará con pena señalada en el artículo 494 del Código Penal. Si constare que la víctima fue atendida en una clínica u hospital, o establecimiento de salud público o privado, pero no se hubiere hecho la denuncia, será sancionado el director del establecimiento.
Artículo 2º.- Agrégase al artículo 198 del Código Procesal Penal los siguientes incisos:
“En los casos a que se refiere este artículo, cuando la víctima del delito fuere menor de 12 años, el profesional que la hubiere examinado estará obligado a denunciar el hecho al Ministerio Público en el plazo de 24 horas, remitiéndole la copia que el inciso anterior dispone que se entregue a la víctima; si hubieren sido varios, el cumplimiento de esta obligación por cualquiera de ellos exime a los demás. Igual obligación tendrá el profesional que privadamente examine a la víctima. Si la víctima fuere mayor de 12 años pero menor de 18, se deberá efectuar la denuncia cuando la víctima consienta en ello, y deje constancia por escrito. Para este efecto, bastará que la víctima suscriba o imprima su huella en el acta de reconocimiento y exámenes practicados, que tendrá el mérito de una denuncia sin necesidad de ratificación. El fiscal iniciará la investigación sin esperar la comparecencia del ofendido.
La omisión de la denuncia a que se refiere el inciso precedente, se castigará con pena señalada en el artículo 494 del Código Penal. Si constare que la víctima fue atendida en una clínica u hospital, o establecimiento de salud público o privado, pero no se hubiere hecho la denuncia, será sancionado el director del establecimiento”.
Artículo 3º.- Agrégase al inciso segundo del artículo 369 del Código Penal las siguientes frases, en punto seguido (.):
“La denuncia será obligatoria para el profesional médico que hubiere practicado reconocimiento, exámenes o pruebas a la víctima menor de doce años de edad. Si ésta fuere mayor de doce y menor de dieciocho, será suficiente consentimiento de su parte que suscriba o imprima su huella digital en el acta de reconocimiento y exámenes practicados”.
En lo que corresponde informar a esta Corte Suprema, como el referido proyecto de ley no contraría nuestro ordenamiento jurídico, se acordó emitir a su respecto opinión favorable.
No obstante y a modo de colaboración se acordó sugerir la eliminación de la sanción que por la omisión de la denuncia se impone al director del establecimiento de salud donde hubiese sido atendida la víctima, porque no parece conveniente instituir en este caso responsabilidades penales objetivas, sobre todo cuando se hace recaer la obligatoriedad de denunciar sobre el profesional médico que hubiese practicado el reconocimiento, examen o pruebas biológicas a la menor ofendida.
Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno del proyecto en examen.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario .
A LA SEÑORA PRESIDENTA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.