Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Hernan Larrain Fernandez
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- FINANCIAMIENTO DE AGENDA SOCIAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- DEBATE
- PAREO
- Claudio Alvarado Andrade
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Edmundo Salas De La Fuente
- Boris Tapia Martinez
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- PAREO
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- FINANCIAMIENTO DE AGENDA SOCIAL. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 349ª, ORDINARIA
Sesión 9ª, en miércoles 18 de junio de 2003
(Especial, de 15.06 a 19.54 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel, y del señor Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Tabla.
- Financiamiento de agenda social. Primer trámite constitucional 7
VI. Documentos de la Cuenta.
- Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Modifica la ley Nº 19.525, que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias. (boletín N° 3264-09) 65
2. Establece normas de solvencia y protección de personas a instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguros.(boletín N° 3263-11) 71
3. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que establece financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno. (boletín N° 3256-05) 87
4. Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, con el objeto de regular la obligación de informar al Registro de Vehículos Motorizados las alteraciones o destrucción parcial o total de los vehículos. (boletín N° 3104-15) 105
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficio:
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que procedió a constituirse el Grupo Interparlamentario Chileno-Español, con el objeto de que los señores diputados que lo deseen puedan proceder a su incorporación.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, don Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Gabriel Ascencio, Edmundo Salas y Boris Tapia.
-Asistieron, además, los senadores Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín.
-Concurrieron, también, los ministros de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre; de la Secretaría General de Gobierno, señor Francisco Vidal; de la Secretaría General de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla, y el director de la Oficina de Planificación Nacional, señor Andrés Palma.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 15.06 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).- El acta de la sesión 4ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 5ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. TABLA
FINANCIAMIENTO DE AGENDA SOCIAL. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Pablo Lorenzini.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3256-05, sesión 5ª, en 11 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 3 de esta sesión.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LORENZINI .-
Señora Presidenta , relataré en forma más breve -el informe completo está a disposición de los señores parlamentarios- lo hecho ayer en la Comisión de Hacienda.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” para su tramitación legislativa.
No existe ninguna disposición que requiera de quórum especial, por lo que deben aprobarse con quórum simple.
Del proyecto original, algunos artículos fueron rechazados y otros no fueron aprobados en forma unánime.
Asistieron a la Comisión los señores Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda ; Francisco Huenchumilla , ministro Secretario General de la Presidencia ; Andrés Palma , ministro de Mideplan ; Francisco Vidal , ministro Secretario General de Gobierno ; la señora María Eugenia Wagner , subsecretaria de Hacienda , y el señor Marcelo Tokman , asesor del Ministerio de Hacienda.
Concurrieron, también, en calidad de invitados, los señores Roberto Maristany , Jesús Martín , Álvaro Mendoza y Gustavo Castellanos , directivos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile; Marcos Carter y Oscar Barros , en representación de la Federación de Buses del Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional; Michael Hardy , José Vicente León y Luis Fernando Lazo , en representación de Chiletabacos; Rafael Guilisasti y Alberto Pomés , en representación de la asociación vitivinícola Viñas de Chile; los señores Eric Haindl y Raúl Díaz , en representación de la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda., y el señor Carlos Fuentealba , en representación de la Federación Nacional de Trabajadores Vitivinícolas y Pisqueros.
Todos entregaron sus argumentos a la Comisión.
Antecedentes.
En el mensaje del 21 de mayo de 2002, su Excelencia el Presidente de la República expuso al país la necesidad impostergable de avanzar en dos reformas sociales: el sistema Chile Solidario y la reforma a la salud, conocida por todos.
El Presidente señaló que la efectiva aplicación de estas dos iniciativas demandaría un esfuerzo extraordinario pero compartido del Estado y de la sociedad en su conjunto, a través del régimen tributario. Su costo anual era de 225 mil millones de pesos -una vez que estuvieran en plena aplicación-, y solicitó el respaldo del país para financiarlos, a través de distintos mecanismos. De estos 225 mil millones, 152 mil millones corresponden a la reforma de la Salud, es decir, al denominado genéricamente plan Auge, y propuso que el Estado se hiciera cargo de 73 mil millones de pesos correspondientes a Chile Solidario, a través de reasignaciones presupuestarias y crecimiento económico.
Asimismo, se enfatiza que la solvencia fiscal y la regla del superávit fiscal han permitido enfrentar una coyuntura adversa con un comportamiento contracíclico de las finanzas públicas y un marco de creciente credibilidad ante los mercados internacionales. Ello se ha visto plasmado en las emisiones de bonos soberanos, en su acogida en los mercados internacionales y en las tasas obtenidas.
Paralelamente, se afirma que el Gobierno ha procurado establecer las condiciones microeconómicas necesarias para un crecimiento sostenido, adoptando algunas iniciativas reactivadoras, como son la eliminación del impuesto de timbres y estampillas para las reprogramaciones habitacionales, lo que ha permitido dinamizar la construcción; la aprobación de la ley de Pesca que ha removido obstáculos a la inversión en ese sector; la aprobación de la ley de plataforma financiera, que ha generado incentivos para convertir al país en un gran centro de inversión regional; la actualización de las tablas de vida útil de los activos, que permitirá a las empresas depreciar más rápidamente sus inversiones, y la ley de firma electrónica y de factura electrónica, que han puesto al país a la vanguardia de los negocios electrónicos. En esto se ha estado caminando en los últimos doce meses para buscar la reactivación.
Asimismo, y con gran éxito, se ha firmado un acuerdo comercial con la Comunidad Europea y, aparentemente, estamos prontos a debatir el acuerdo con Estados Unidos, los que, obviamente, darán un impulso al crecimiento del país en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, nuestras exportaciones tendrán más mercados en el comercio exterior y habrá una mayor captación de inversiones extranjeras, lo cual también significará un mayor empleo. Por eso se están firmando varios tratados de doble tributación.
Es decir, se prepara el ambiente para llegar a lo que hoy se plantea por parte del Ejecutivo, que es un proyecto que busca tener los recursos necesarios para financiar estas reformas sociales, que son parte del programa de la Concertación y del Presidente Lagos.
Por su parte, el Gobierno plantea que los ingresos por concepto de los impuestos al comercio exterior por la rebaja arancelaria, disminuirán, y que el aumento de tributos -que es parte importante de la discusión-, especialmente del IVA, sólo financiará Chile Solidario, la reforma de la salud y algo más. El Ejecutivo dice claramente que se dejarán de percibir 300 mil millones de pesos por la disminución de aranceles, con los cuales hoy se financia el 70 por ciento del gasto público. Por lo tanto, mientras no tengamos mayor actividad, producción y crecimiento, se producirá temporalmente un déficit en los ingresos del fisco para atender esos gastos sociales, y si no paliamos esa situación, obviamente, durante la discusión del Presupuesto de la Nación, a partir de octubre, tendríamos que eliminar los programas sociales que están implementándose.
Ésa es la fórmula propuesta por el Ejecutivo para financiar esta propuesta, y por eso pide hacer un esfuerzo social sin afectar las bases del crecimiento económico. Se pretende asegurar que los beneficios sean percibidos por los sectores más vulnerables.
De manera que esta transferencia de recursos que vamos a discutir y, espero, a aprobar, involucra a todos los sectores de la población, en especial a las familias más pobres. Así, aquellas pertenecientes al 20 por ciento más pobre percibirán más de la mitad de los beneficios de este conjunto de medidas, y el 40 por ciento más pobre, dos tercios de los beneficios. Si no implementáramos esta propuesta para suplir la menor recaudación, esos sectores serían los más afectados.
También se plantea que el Estado deberá efectuar -esto también hay que decirlo en el debate- un gran esfuerzo de reasignaciones dentro del presupuesto público. Es decir, además de pedir un aporte a la sociedad y a las personas, el Estado también se está comprometiendo a hacer reasignaciones en su presupuesto público, lo que lo obligará a controlar sus gastos, sobre todo aquellos que no son prioritarios o esenciales, y, además, en los próximos ejercicios presupuestarios, a efectuar un control desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia. Es decir, aparte del Estado, también aportan las personas y algunos sectores productivos.
Ésos son los aspectos generales. Ahora voy a hacer un análisis detallado del proyecto.
¿Cuáles son sus ideas matrices? Inicialmente, el proyecto contenía cuatro o cinco medidas.
En primer lugar, un alza del IVA de medio punto en septiembre de este año y de otro medio punto en marzo del próximo, pero en forma transitoria, por tres años, medida que terminaría el 31 de diciembre de 2006, a diferencia de otras alzas anteriores, en que el Presidente de la República -quienquiera que sea el 2007- está facultado por ley para prorrogarlas. En este caso, queda expresamente establecido que este aumento termina el 31 de diciembre de 2006, y cualquier modificación del 19 por ciento deberá ser por ley. De manera que se sube parcialmente el IVA en dos medios puntos separados por seis meses.
En segundo lugar, se afectaban las bebidas alcohólicas: en 1 punto los piscos y whiskys, y en 4 puntos el vino y la cerveza.
En tercer lugar -después me referiré a las correcciones que se hicieron mediante indicaciones del Ejecutivo, que cambian un poco el cuadro inicial-, se proponía un impuesto a la importación o a la primera venta en el país del petróleo diésel, lo que significaba aumentar de 1,5 a 1,7 UTM el cobro por metro cúbico a partir de la entrada en vigencia de la ley. O sea, originalmente se aumentaba el valor del petróleo diésel, según los expertos, en 7 u 8 pesos.
En cuarto lugar, se aumentaba el impuesto adicional a los cigarrillos, cigarros puros y tabaco al 61 por ciento. El decreto ley Nº 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, establece una tasa adicional de 10 por ciento para estos productos, con lo cual ésta se incrementa en 51 por ciento.
Además, se incluye una serie de normas claras y precisas de control, de manera que el Servicio de Aduanas pueda fiscalizar el eventual contrabando de estos productos.
En quinto lugar, se establecía un impuesto anual a los vehículos a diésel -se le ha llamado sobrepatente-, con valores que, según entiendo, en algunos casos llegaban hasta los 700 mil pesos, que afecta a los vehículos livianos, tanto de Santiago como de regiones. Por otra parte, a través de nuevas normas, se permite una mejor fiscalización por el Servicio Nacional de Aduanas, con una nueva definición de los perímetros fronterizos de vigilancia especial en las zonas secundarias.
Por último, el proyecto original también permitía al Estado desprenderse de su participación accionaria en las empresas sanitarias privatizadas -tenemos los casos de Esval, de Aguas Andinas y, entiendo, de Essbío-, que alcanza al 35 por ciento. El proyecto proponía eliminar ese porcentaje, dejando al Estado en libertad para proceder a una privatización total o para vender esos paquetes accionarios minoritarios, cuando lo estimara pertinente o cuando las condiciones de mercado y la defensa del patrimonio de todos los chilenos así lo aconsejaran.
Ese fue el proyecto original que llegó a la Comisión, y el paquete de medidas -como también se le ha llamado- afectaba al decreto ley Nº 825, del IVA; al Nº 828, que establece normas relativas al tabaco; al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1997, que contiene la Ordenanza de Aduanas; al decreto con fuerza de ley Nº 329, de 1979, que contiene el estatuto orgánico del Servicio Nacional de Aduanas, y al artículo 4º de la ley Nº 18.777, que autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de agua potable y alcantarillado, como es el caso de las sanitarias.
Antecedentes presupuestarios o financieros.
Se nos entregaron algunos antecedentes relacionados con los efectos financieros del proyecto. El texto original, que fue modificado, lo tienen en su poder los señores diputados, y luego daré lectura a lo que queda del proyecto después de la discusión habida en la Comisión de Hacienda. Se deja en claro que el alza del IVA tendrá impacto en las bebidas alcohólicas, en el petróleo diésel y en el tabaco. Respecto de las privatizaciones, el efecto de la eliminación de la participación mínima del Estado en las empresas sanitarias, obviamente, dependerá del precio que se obtenga en el momento en que éste decida enajenar las acciones correspondientes. La contabilidad registra como ingreso de operación sólo las ganancias de capital que produzcan dichas ventas, considerando la diferencia existente entre el valor de venta y el valor libro.
Antes de entrar a analizar las cifras, veremos lo que pasó en la Comisión.
El ministro de Hacienda hizo una exposición, y el primer gran tema que se nos planteó fue el relativo al diésel. Aquí estamos frente a un tema país que es necesario discutir con todos los sectores políticos y actores gremiales: la diferencia tributaria existente entre los impuestos específicos a la bencina y al petróleo diésel, que es de 4 por 1. En esas condiciones, si consideramos el cambio que se hace cada año desde vehículos a gasolina a vehículos diésel, de 30 mil a 40 mil, dentro de 4 ó 5 años podríamos tener un déficit de ingresos de 300 millones a 400 millones de dólares. Este problema no afecta tanto al Gobierno del Presidente Lagos; es un tema país que hay que discutir, pues genera un déficit. El petróleo diésel paga un cuarto del impuesto adicional que afecta a la gasolina. Entonces, como el diésel es mucho más barato, obviamente, la gente opta por cambiar su vehículo.
Este asunto se debatió mucho, porque está ligado con la contaminación y con el gas, producido en Punta Arenas -representada por los diputados Pedro Muñoz y Rodrigo Álvarez-y en otras regiones.
Hay una discusión pendiente, y la propuesta de algunos parlamentarios fue no involucrar en esta discusión las materias relacionadas con el petróleo, con el gas y con el efecto en la contaminación. Esto fue aceptado por el Ejecutivo y las indicaciones que presentó eliminan el tratamiento de la doble patente, que será dejado para una discusión posterior. Es la primera gran diferencia que hay entre el proyecto original y el aprobado por la Comisión de Hacienda.
En segundo lugar, también respecto del diésel, se ha planteado que incrementar de una sola vez en 7 u 8 pesos el valor del litro sería injusto, pues lo que se busca es una compensación por la disminución de costos que tendrán, en este caso, los transportistas. Al tener arancel cero, podrán adquirir sus repuestos, su material de apoyo e, incluso, sus máquinas, a menor precio. Pero para ello debe transcurrir un tiempo y, en ese sentido, al establecerse un gravamen de inmediato, no habría correspondencia entre costo y beneficio.
Algunos parlamentarios propusieron no aplicar de inmediato este impuesto y comenzar con la mitad, esto es, 3 ó 3,5 pesos a partir del 1 de enero de 2004, y los otros 3 ó 3,5 pesos a partir del 1 de enero de 2005. Incluso, para algunos osados economistas, el neto entre esta alza parcial de 3 ó 3,5 pesos -7 pesos al cabo de dos años y medio- versus la rebaja que tendrán en las importaciones de maquinarias, repuestos, etcétera, obviamente será positivo. Es más, podría afectar positivamente el precio del pasaje. Por lo tanto, el Ejecutivo se allanó a esta proposición y presentó una indicación, estableciendo el pago diferido, por mitades, a partir del próximo año.
Respecto del IVA, se llevó a cabo una discusión en la que hubo aportes de diversos parlamentarios -por cierto, la Oposición no estuvo de acuerdo con el aumento-, tales como los señores Dittborn , Álvarez , Escalona , Jaramillo -presidente de la Comisión y muy activo en esta materia- y Tuma . La propuesta original del Ejecutivo , aceptada en votación dividida, consistía en aplicar el alza del IVA en dos etapas: 0,5 por ciento este año y 0,5 por ciento a comienzos del primer trimestre del próximo año. Al final, se acordó aplicarla de una sola vez en su totalidad a partir de octubre, acogiendo la propuesta del Ejecutivo en tal sentido.
En el caso del tabaco, estuvo presente en la discusión el presidente de la empresa Chiletabacos , señor Michael Hardy , quien manifestó que el tabaco es un producto altamente gravado que genera una gran recaudación de impuestos. Asimismo, manifestó su preocupación por el nivel de contrabando existente, que si bien no ha aumentado en el último año, es necesario buscar la manera de evitar la evasión tributaria -hoy se calcula en 50 millones de dólares- producida por ese concepto. En el proyecto se establece una serie de medidas para mejorar el control, y no fue objeto de modificaciones en esta materia.
Respecto del alcohol también se efectuó una larga discusión en la que participaron representantes de las empresas vitivinícolas y pisqueras. En el caso del pisco, se afecta a más de 120 mil personas, agrupadas en pequeñas cooperativas, y en el caso del vino, a más de 90 mil trabajadores. Cabe hacer presente que el 88 por ciento del sistema vitivinícola está en regiones y sólo el 12 por ciento en la Región Metropolitana. De manera que hay un impacto regional, sobre todo en las zonas donde el desempleo es muy alto.
Con la medida señalada ocurriría lo mismo que con el petróleo diésel: los beneficios por la rebaja de aranceles, en el caso del tratado de libre comercio con la Comunidad Europea, se recibirán al cabo de cuatro años, a razón de 25 por ciento por año. En el caso del tratado con Estados Unidos, siempre que sea aprobado por el Congreso Nacional, después de nueve años. Es decir, estábamos gravando una actividad hoy, cuando los beneficios compensatorios llegarán parcialmente en cuatro años, en un caso, y en nueve, en el otro.
Debido al efecto que esta medida produciría en varias regiones -gran número de trabajadores temporeros del sector podrían verse perjudicados por la rebaja de precios y por la competencia-, el ministro accedió a que se pusiera en votación este tema, el que fue rechazado.
Respecto de las empresas sanitarias, hubo una explicación clara respecto de la posibilidad de que el Ejecutivo pueda vender los paquetes minoritarios de acciones.
A continuación, me referiré a las modificaciones de que fue objeto el proyecto y a los valores que ellas involucran.
En general, el proyecto se aprobó por 6 votos a favor y 5 votos en contra. Los 6 votos a favor son de la Concertación y los 5 en contra, de la Oposición. Como la suma no cuadra con los 13 parlamentarios que integran la Comisión, debo agregar que dos -uno de gobierno y otro de Oposición- estaban pareados.
Respecto del alza del IVA en un punto, a contar del 1º octubre de este año, la indicación fue aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra.
El diputado señor Álvarez pidió votar separadamente el numeral 2) del artículo 1º, el que fue rechazado por 4 votos a favor y 7 votos en contra.
En cuanto al aumento parcial del impuesto al diésel por dos años, la indicación del Ejecutivo fue aprobada por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
En lo que tiene que ver con el tabaco -una serie de indicaciones-, fueron aprobados los numerales 1), 5), 6), 7) y 8). Sin embargo, los diputados señores Álvarez y Dittborn pidieron votación separada de los numerales 1), letra b), 2), 3) y 4), los cuales fueron aprobados por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
Una indicación respecto de la sobrepatente fue retirada por el Ejecutivo y, por lo tanto, no está en el proyecto. No hubo votación.
Además, una serie de adecuaciones desde el punto de vista técnico, en relación con los temas de tabacos y de Aduanas, fue aprobada por unanimidad.
La eliminación del mínimo de 35 por ciento que tiene el Estado en la participación accionaria de las empresas sanitarias fue aprobada por unanimidad, así como la aclaración por Aduanas de zonas secundarias y del perímetro fronterizo.
A propósito del contrabando, la materia fue abordada a algunas indicaciones y hubo una discusión técnica por parte de los abogados.
El numeral 1) fue aprobado por unanimidad y el numeral 2), donde se pidió votación separada, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
Los artículos transitorios, que adecuan las fechas y los impactos, fueron aprobados por unanimidad.
Al final, ¿qué tenemos? Creo que el cuadro más importante está en el informe de números: por IVA, año 2003 -vamos a redondear-, 56 mil 400 millones de pesos. Luego, por los tres años siguientes -2004, 2005 y 2006-, 225 mil 600 millones de pesos.
Adicionalmente, está el impuesto específico a las bebidas alcohólicas, con un valor total, entre 2003 y 2006, de 45 mil millones de pesos. Recordemos que esto fue rechazado en la Comisión de Hacienda y, por lo tanto, si se ratifica este criterio en la Sala, dicha cantidad no contará en el informe financiero final.
En cuanto al petróleo, se hace la separación de los años. No se recibe nada en 2003 y en el próximo se recibe solamente la mitad, lo cual hace poco más de 42 mil millones de pesos hasta el 2006.
Los tabacos se mantienen con una cifra cercana a los 30 mil millones de pesos. Esto significa, por el cambio del IVA durante 6 meses en medio punto, un aumento en la recaudación, pero teóricamente una disminución por concepto de las bebidas alcohólicas si se mantiene lo que acordó la Comisión, más la definición de los impuestos al diésel, lo que compensa, más o menos, lo uno con lo otro.
Esto es lo que tratamos en el día de ayer y que generó bastante debate. No me cabe duda de que los distintos parlamentarios de la Comisión de Hacienda van a exponer sus puntos de vista.
El proyecto se trabajó en sesiones de 11 y 17 de junio pasado, en la Comisión. Asistieron su presidente , diputado señor Enrique Jaramillo , y los diputados señores Claudio Alvarado , Eduardo Díaz , Rodrigo Álvarez , Francisco Bayo , Julio Dittborn , Camilo Escalona , Carlos Hidalgo , José Miguel Ortiz , José Pérez , Exequiel Silva , Eugenio Tuma , Gastón von Mühlenbrock y Pablo Lorenzini . Además, colaboraron activamente la diputada señora María Eugenia Mella y los diputados señores José Antonio Galilea , Carlos Recondo y Alberto Robles .
Recomiendo a la Sala estudiar con calma esta materia tributaria. Como no tenemos capacidad para formular indicaciones, ojalá se apruebe lo resuelto por la Comisión de Hacienda.
Es todo cuanto debo informar, señora presidenta.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señora Presidenta , las alzas de impuestos han sido frecuentes durante los gobiernos de la Concertación, pero es inédito que ningún representante del Ejecutivo escuche las exposiciones de los señores diputados.
Quiero iniciar mi exposición dando dos malas noticias a los trabajadores chilenos, especialmente a los más pobres, a aquellos que reciben el ingreso mínimo. La primera es que en la mañana se aprobó un mísero aumento del salario mínimo de 4 mil 400 pesos, aproximadamente. La segunda es que hoy en la tarde, a esos 4 mil 400 pesos se les están rebajando, en razón del aumento del IVA en 1 por ciento, 1.500 pesos, con lo cual el aumento neto del ingreso mínimo es sólo de 2.900 pesos. Éste es el resultado de trece años de gobiernos de la Concertación.
Nos convoca un nuevo aumento de impuestos por parte del Gobierno. No sé qué número de alza es, porque ha habido muchas; ya perdí la cuenta del número de aumentos tributarios que se han producido. De lo que sí me acuerdo es de que después de cada aumento la Concertación ha señalado que es el último. Ayer lo decía el senador Sergio Pizarro en un programa de televisión; hace poco tiempo, cuando aumentaron el impuesto al pisco, también dijeron que era el último. Bueno, han pasado menos de dos años, y hoy nuevamente están aumentando el impuesto a los alcoholes.
Hace algunos años hubo un aumento del IVA de 16 a 18 por ciento, y también dijeron que ése iba a ser temporal, que duraría sólo por algún tiempo. Pues bien, luego aprobaron una nueva ley para hacerlo permanente.
El Gobierno argumenta que quienes nos oponemos al aumento de impuestos somos poco solidarios. A mi juicio, eso no resiste ningún análisis. Los chilenos aportamos 15 mil millones de dólares al año a través de los impuestos y Chile es uno de los países que tiene una baja tasa de evasión tributaria. Por eso, cuando se requieren más recursos, lo que indigna a la gran mayoría de los trabajadores es que el Gobierno no haga ningún esfuerzo para ahorrar parte de esos 15 mil millones de dólares, evitar la corrupción o usar eficientemente los recursos. A eso no le dedica un minuto de tiempo. ¿Y por qué? Porque es más fácil aprobar una ley y aumentar nuevamente los impuestos. Eso es lo que indigna. La UDI se opone al alza de impuestos. Pero quiero decir, con toda franqueza, que nuestra actitud hubiera sido distinta si hubiéramos visto en el Gobierno algún mea culpa, algún ánimo de administrar mejor la casa; alguna autocrítica, menos soberbia. Por lo menos, podrían decir que van a gastar mejor la plata que se recaude; que se va a cobrar el crédito fiscal universitario a la elite que tiene una deuda de 270 mil millones de pesos. ¿Por qué no publican los nombres de los frescos que no pagan, entre los cuales, lamentablemente, aparecerían dos diputados de la Concertación? Ojalá lo hagan.
Ha existido corrupción y una evidente ineficiencia en los últimos años. Eso lo sabe el chileno común y corriente. Pero, en lugar de poner atajo a ello o, al menos, tratar de ordenar los gastos públicos, le meten la mano al bolsillo a la gente cada vez que se requiere un nuevo gasto.
Ahora, ¿adónde irá la plata del aumento de los impuestos? Es otro motivo de confusión. El ministro de Hacienda dijo hace algunos meses que iría a financiar los menores aranceles como consecuencia de los tratados de libre comercio y dos programas sociales: Auge y Chile Solidario. Sin embargo, a las pocas semanas, el Presidente de la República lo desautorizó y señaló a todos los chilenos, a través de la televisión, que él no requiere aumentos de impuestos para financiar rebajas arancelarias por los tratados de libre comercio, ya que sólo se trata de financiar los dos programas sociales. ¿Por qué el Presidente dice esto? Porque él es un “viejo zorro” de la política y mucho más inteligente que su ministro de Hacienda en términos políticos. El Presidente manifestó que sólo requiere recursos para programas sociales porque él sabe que es mucho más fácil decir ante la opinión pública que se quiere más plata para ayudar a los pobres. Costaría entender o sería más frío decir que se requieren los recursos para financiar la rebaja de otros tributos.
Además, al decirlo, comunicacionalmente nos pegó con más fuerza. Esa es la razón por la que el Presidente indicó que sólo requiere la plata para los programas sociales. Sin embargo, se “pilló los dedos” con esta tesis, luego de haber desautorizado a su ministro de Hacienda , porque el otro día éste llegó a la Comisión de Hacienda con documentos y cifras, y junto con el diputado señor Álvarez sumamos el rendimiento de los tributos durante los próximos cuatro años y el costo de los proyectos Chile Solidario y Auge, desde 2003 a 2006. Resulta que sobran 331 mil millones de pesos.
El Presidente está jugando a ser un político avezado, pero “se pilló los dedos” en esta oportunidad, porque las cifras que presentó su ministro de Hacienda contradicen lo que él dijo al país. El proyecto considera 330 mil millones de pesos adicionales a los costos del Auge y del Chile Solidario, de acuerdo con las cifras entregadas a la Comisión la semana pasada.
De manera que vamos a votar en contra del proyecto no porque no seamos solidarios, sino porque creemos representar a la enorme mayoría de chilenos que están cansados de más impuestos. Ellos quieren que el Gobierno ponga orden, que se robe menos y que se gasten mejor los impuestos que se recaudan, que son muchos recursos, y no que les meta la mano al bolsillo cada vez que se le ocurra.
Además, nos vamos a oponer al alza de impuestos aunque el Presidente nos ha amenazado de ir a las regiones y dar a conocer los diputados que voten en contra de los nuevos tributos.
Señor Presidente , no tiene para qué viajar a las regiones. No tiene para qué amenazarnos, porque hoy, ante el país, decimos abiertamente que vamos a votar en contra.
(Aplausos).
Señor Presidente , no pierda el tiempo viajando. No escondemos la cara. Hoy decimos abiertamente que vamos a votar en contra de esta alza de impuestos, porque es innecesaria, pero también porque es injusta. El IVA es un impuesto tremendamente injusto. Es cierto que es de amplia base y, por tener esa característica, cuando se aumenta un poco recauda mucha plata. Pero, reitero, es tremendamente injusto, porque la única forma de no pagarlo es ahorrando. Esa es la única forma en que se puede postergar su pago. ¿Cuánto ahorra la gente pobre en Chile? Cero. Apenas le alcanza la plata para comer. Entonces, esa gente va a pagar enteramente este aumento de tributos.
La Democracia Cristiana, en una pirueta comunicacional, ayer en la tarde trató de presentarse al país como la salvadora de la clase media, porque había logrado que el Gobierno no aumentara ciertos impuestos, entre ellos, algunos muy dañinos, como el del diésel. Sin embargo, es bueno que el país sepa que, a cambio de que no se aprobara el impuesto al diésel, consiguieron que el IVA aumentaría en 1 por ciento en lugar de 0,5 por ciento. Es decir, el palo que le va a llegar a la gente más modesta es muchísimo mayor.
El Gobierno comete un tremendo error político. No me corresponde a mí darle lecciones políticas, pero creo que los chilenos de trabajo, en su inmensa mayoría, rechazan con una sola voz esta alza de impuestos por ser tremendamente injusta.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señora Presidenta , este proyecto, tal vez como ningún otro de los que en el último tiempo nos ha tocado analizar, plantea una discusión muy profunda acerca del tipo de país que queremos construir.
El Gobierno nos ha pedido financiar con recursos públicos dos grandes reformas que el país reclama -incluso, una de ellas está en pleno despliegue-: la reforma a la salud, para garantizar el derecho de todos los chilenos a una salud digna, y el programa Chile Solidario, para llegar hasta aquellas familias más humildes y vulnerables, a los indigentes, a fin de entregarles recursos y también apoyo, de manera que salgan de su situación de pobreza. Pero todos quienes queremos ser serios y no demagogos, sabemos que eso no puede hacerse con discursos ni con palabras, sino con recursos públicos. Entonces, a los representantes de la Derecha les decimos que las palabras del diputado Julio Dittborn “nos han emocionado” por su sensibilidad para con los más pobres.
Está bien, cambiemos la alternativa del IVA por la otra presentada por dos grandes economistas chilenos como son Ricardo Ffrench-Davis y Juan Guillermo Espinoza. Creemos un royalty de tres puntos a las grandes empresas mineras, equivalente a 150 millones de dólares, y aumentemos los impuestos a las utilidades de las empresas, de 16,5 a 19 por ciento, es decir, en 180 millones de dólares, y con esa plata financiemos estos dos programas que Chile reclama.
Emplazo al diputado Dittborn , si es verdad que tiene sensibilidad, en el sentido de compartir esto, de hacer un aparte en la reunión, salir afuera y aprobar los impuestos y los royalty a las grandes empresas mineras, y no gravar con el IVA a las familias más vulnerables. Si el señor Dittborn no está de acuerdo, es un demagogo, un populista.
(Manifestaciones en la Sala y en las tribunas).
La Derecha no quiere decir aquí -trae gente para que la aplauda- que está en contra de este impuesto.
(Manifestaciones en la Sala y en las tribunas).
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Recuerdo a las personas que se encuentran en las tribunas que está estrictamente prohibido hacer manifestaciones. Les ruego guardar respeto y silencio, como corresponde.
El señor AGUILÓ .-
Sé que les duele, señora Presidenta . Escuché al señor Dittborn con mucha atención. Sé que la Derecha, cuando se le desnuda el carácter egoísta e insaciable, se pone histérica.
Si quiere demostrar su sensibilidad social, pidamos un receso de diez minutos a fin de llegar a acuerdo sobre la aplicación de tres puntos para los royalty y para las utilidades de las empresas, con lo cual tendremos financiamiento. ¡Tiene la palabra la Derecha!
El señor MOREIRA.-
¡Le pido una interrupción, señor diputado !
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera!
-Manifestaciones en la Sala.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señores diputados, cuando habló el diputado Dittborn hubo silencio en la Sala. Pido a los colegas que nos escuchemos.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta , pido al diputado Aguiló que me conceda una interrupción.
El señor AGUILÓ .-
Señora Presidenta , no acepto interrupciones. No interrumpí a nadie y exijo el mismo respeto.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Diputado señor Moreira , después le voy a dar la palabra.
Tiene la palabra el diputado Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señora Presidenta , es sorprendente que algunos parlamentarios de la Concertación hayan preferido -lo digo con mucha franqueza, porque el tema es muy de fondo- disminuir o suprimir impuestos sectoriales y elevar en un punto el IVA, en lugar de disminuir éste y gravar a las vitivinícolas. Soy diputado de una región que exporta el 55 por ciento del vino chileno y no tengo ningún problema en explicarles a sus vitivinicultores que hay que hacer una contribución efectiva para que el país pueda seguir creciendo con igualdad y entregar recursos a los más pobres.
Ciertamente, el impuesto más regresivo es el IVA. Por eso, no comparto la actitud de algunos parlamentarios de la Concertación, quienes, prefiriendo los intereses corporativos y sectoriales de sus distritos, se han negado a ver el efecto negativo del IVA.
Pero lo que menos se comprende -lo digo con franqueza- es la actitud del Gobierno. Francamente, resulta insólito que el señor ministro de Hacienda intente explicar aquí que el IVA es progresivo y que mejora la distribución del ingreso.
El señor LEAY.-
¡Mire, señor diputado ! ¡El ministro está sentado a sus espaldas!
El señor AGUILÓ .-
¡No necesito mirar hacia atrás para saber quien está sentado a mis espaldas!
(Manifestaciones en la Sala y en las tribunas).
A diferencia de los regimientos, a los que la Derecha se acostumbró, nosotros vivimos en democracia y podemos hablar con claridad. Nosotros no nos cuadramos ante nadie, sino que nos respetamos entre todos. ¡Ésa es la diferencia!
Todas las teorías y experiencias en el mundo reconocen que el IVA es un impuesto regresivo; que, desgraciadamente, afecta mucho más sustantivamente a quienes dedican todo su ingreso al consumo, que no afecta por igual a los pobres y a los ricos. En Chile, la clase media y los pobres consumen el ciento por ciento de su ingreso; en cambio, el 20 por ciento más rico de la población apenas consume el 80 por ciento y dedica, en promedio, el 20 por ciento al ahorro. ¿Qué significa eso? Que al subir el IVA, estaremos empeorando la distribución del ingreso, que en el caso de Chile es una de las cinco peores que el mundo conoce.
Por lo mismo, me cuesta entender que todavía el Gobierno no haya comprendido que no podían aplicarse medidas alternativas, que podían subirse los impuestos a las utilidades de las medianas y de las grandes empresas. Ffrench-Davis, quien no sólo es economista destacado, sino también doctor en economía de la Universidad de Chicago, ha explicado por qué sería mucho más razonable, más progresivo y más reactivador aplicar un impuesto a las utilidades de las empresas en términos razonables, como el royalty, que subir el IVA.
Por todas estas razones, la clase política está viviendo una confusión muy profunda. Sabemos que la Derecha, en su egoísmo clásico, eterno, en su insaciable voracidad, está defendiendo los intereses de los más ricos, pero, reitero, no es fácil entender que nuestro Gobierno haya preferido aumentar el IVA en los términos señalados y no recurrir a instrumentos mucho más progresivos y reactivadores.
La dirección nacional de mi partido ha pedido disciplina. La vamos a tener. Pero, por su intermedio, señora Presidenta , quiero decirle al ministro de Hacienda , presente en la Sala, que no abuse de la disciplina de los parlamentarios de la Concertación; que no abuse de lo que él considera, eventualmente, un desconocimiento o ignorancia de los antecedentes económicos, porque, en verdad, se nos está acabando la paciencia con este tipo de medidas.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, ministros de Hacienda, de Mideplan, secretario general de la Presidencia y de Gobierno, colegas parlamentarios:
Por un principio ético y por una realidad que afronta cada uno cuando asume cargos de representación popular, a nadie le gusta aprobar proyectos que signifiquen nuevos tributos.
Pero también hay un hecho real, efectivo, y es que en nuestro país no existe un mínimo de cobertura de salud. Quién puede desconocer que aquí hay dos tipos de salud: una que puede pagar la gente que tiene altos ingresos y otra que, a pesar de que el Estado y los gobiernos de la Concertación han hecho un gran esfuerzo, durante trece años, para aumentar en forma significativa su presupuesto, ha sido insuficiente para tener la cobertura mínima, especialmente para los ciudadanos afectados por diferentes enfermedades.
Al respecto, quiero recordar que en salud primaria, dependiente de los 341 municipios, se ha hecho un gran esfuerzo presupuestario, y los resultados han estado a la vista. Por ejemplo, puedo dar fe de mi distrito, el Nº 44, Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, donde en estos años se han construido, a lo menos, dos consultorios en cada una de las comunas. Los ingresos de sus profesionales son mejores que los del sistema de salud estatal. Esos son hechos, realidades.
Personalmente, creo en el concepto de solidaridad. El que gana más, aporta más; el que gana menos, aporta menos. Pero todos, los quince millones de habitantes del país, deben tener un mínimo de cobertura en salud.
He tratado de ser consecuente en mi vida, por lo que hasta hoy cotizo en Fonasa. Nunca me he afiliado a una isapre, porque creo en la redistribución de los ingresos de las chilenas y de los chilenos.
Pero ¿cuál es la realidad? El año recién pasado fueron incluidas en el sistema público a lo menos tres o cuatro patologías. Desafío a los colegas a recorrer los hospitales y los consultorios, porque ahí verán hechos reales y efectivos que han permitido salvar la vida de miles de chilenos, exclusivamente porque se han focalizado recursos en esas patologías.
Estos son hechos ciertos, no discursos vacíos o promesas electorales; son situaciones efectivas.
Por otro lado, hemos visto que Chile Solidarios está en ejecución a lo largo de los 341 municipios.
Hace algunos días, escuchamos aquí a Andrés Palma, ministro de Mideplan , quien expresó que pudo comprobar en el recorrido que hizo por el país que los alcaldes de la Alianza, de la derecha, eran quienes más daban a conocer el programa Chile Solidario casa por casa, proyecto estatal que aprobamos todos en la ley de Presupuestos de la Nación del 2003.
Pero ¿cuál es el problema? Es bueno que lo sepan las personas que ocupan las tribunas y que fueron traídas por un distinguido colega en uso de sus atribuciones. Muchos de ustedes están en el programa Chile Solidario. Si no aprobamos este proyecto, no serán tomados en cuenta en dicho programa a partir del 1º de enero del 2004.
(Manifestaciones en las tribunas).
¿Eso es lo que quieren algunos parlamentarios? Lo que queremos, como diputados de la República , en forma seria y responsable, es aprobar este aumento del 1 por ciento del IVA, que significa que los sectores de más altos ingresos del país colocaremos 10 pesos y recuperaremos uno, mientras que los quintiles de más bajos recursos en el país colocarán 1 peso y recuperarán diez. Eso es lo que estamos planteando ante el país.
(Manifestaciones en las tribunas).
Por un lado, el Chile Solidario...
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Le solicito que me excuse, diputado Ortiz.
Está estrictamente prohibido que las personas instaladas en las tribunas hagan ese tipo de manifestaciones. En caso de que persistan en su actitud, me veré en la obligación de desalojarlas, ya que, como Presidenta de esta Corporación, es mi obligación aplicar el Reglamento y mantener la disciplina.
Diputado Ortiz, puede continuar con el uso de la palabra.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , solicite al diputado Ortiz que no provoque a las personas que ocupan las tribunas
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor Errázuriz, no puede intervenir, porque el diputado Ortiz tiene la palabra.
El señor ORTIZ.-
Por otro lado, está el tema del plan Auge. Es cierto y real que a pesar de la gran inversión estatal, en todos los hospitales se necesitan mayores recursos
y más especialistas para hacer posible la cobertura de enfermedades mortales. Eso se hace exclusivamente mediante una redistribución.
El colega Sergio Aguiló señaló en su intervención una fórmula muy legítima, que es un tema pendiente desde que la Sala discutió la ley Nº 19.070, estatuto de los profesionales de la educación. En esa oportunidad se planteó la conveniencia de establecer un impuesto en términos de que las 300 empresas de más mercado en el país aportaran un tributo de 1,5 ó 2 por ciento exclusivamente para financiar la reforma educacional. Jamás se quiso ponerlo en la agenda para estudiar esa alternativa.
Pero nos encontramos con que de alguna parte deben provenir los fondos para llevar a cabo estos dos proyectos, tan importantes para el país.
Por otro lado, recordemos que en el Presupuesto del 2003 se destina un 70 por ciento para el gasto público, el cual se focaliza especialmente en los quintiles que más lo necesitan. Estimo que han sido bien destinados. Esto se cruza con el manejo macro y microeconómico de la economía. Al respecto, recordemos que el 40 por ciento de los ingresos del país se obtiene por nuestras exportaciones...
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Le pido redondear la idea, diputado Ortiz , porque hay inscritos tres diputados más de su bancada.
El señor ORTIZ .-
Muy bien.
Quiero expresar que cada uno debe asumir su responsabilidad, y en mi calidad de diputado de la República y de representante popular, votaré favorablemente este proyecto porque va a significar beneficios reales y efectivos para nuestro país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor ERRÁZURIZ.-
Reglamento, señora Presidenta .
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
¿A qué artículo se quiere referir, diputado Errázuriz?
El señor ERRÁZURIZ.-
Sólo para sugerir a su Señoría que les pida a los diputados que, en conformidad con el Reglamento, se dirijan a la Mesa, por cuanto un colega se ha dirigido a las personas que se encuentran en las tribunas, quienes son distinguidos y queridos vecinos de las comunas de La Pintana y de Puente Alto, y los provocó.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Permítame señalarle, diputado señor Errázuriz, que efectivamente los parlamentarios deben dirigirse a la Mesa, lo cual es válido también para aquellos que se están dirigiendo unos a otros sin la venía de la Mesa.
También le advierto a usted, como a los demás colegas, que por favor no interrumpan cuando está hablando un diputado. Además, usted sabe, diputado señor Errázuriz, que las personas que se encuentran en las tribunas -y me alegro mucho de que las haya invitado- deben guardar silencio en conformidad con el Reglamento, y eso usted lo sabe mejor que nadie.
Tiene la palabra el diputado señor Palma.
El señor PALMA.-
Señora Presidenta , nadie entiende algunos discursos para justificar por qué se establecen más impuestos a las personas pobres y a la clase media. Nadie, menos nosotros en Renovación Nacional ni en toda la Alianza, estamos en contra de las personas, de los pobres o de los enfermos. Yo soy médico. Me preparé para mejorar a los enfermos y no para estar en contra de ellos.
Por más discursos que se pronuncien para justificar la disminución de los sueldos de las personas, que es lo que significa aumentar el IVA, nadie va a creer que es bueno para su familia ganar menos.
También es importante recordar las palabras del Presidente cuando dijo: “que todos sepan quiénes votan por subir los impuestos; la gente debe saberlo para que sepa quién la defiende y quiénes sólo dicen defenderla”.
Si se suben los impuestos, el sueldo de las personas más necesitadas de Chile, que son la gran mayoría, sólo posibilitará comprar menos pan, menos comida que en la actualidad. Si se aprueba este proyecto del Gobierno de la Concertación, los padres y apoderados tendrán menos recursos para pagar las mensualidades de los colegios en que educan a sus hijos.
El Ejecutivo pretendía, también, aplicar más impuestos a la producción de vinos, en circunstancias de que ya paga el doble que cualquier producto -IVA más ILA, Impuesto al Litro Agregado-: 18 más 15 por ciento; total, 33 por ciento. Pero eso no basta. El Gobierno y la Concertación quieren 37 por ciento. Hay que pensar que no todos los productores de vinos son ricos terratenientes. ¡No, más del 90 por ciento son pequeños agricultores que sólo luchan por sobrevivir! Además, proporcionan mucho trabajo en las regiones.
Postulan subir los impuestos al petróleo, cuando ascienden ya a la mitad de su valor. No tiene lógica; va contra todo incentivo a la producción. Más daño a la pequeña industria, al pequeño empresario, a la agricultura y al transporte. Habrá menos trabajo y más cesantía. Todas las ideas del Ejecutivo mueren fácilmente por sus pobres fundamentos.
Se ha dicho -y repetido hasta el cansancio- que el Estado tiene muchas otras formas de obtener recursos. Sólo ahorrando y gestionando mejor habría miles de millones disponibles. Sólo en las organizaciones no gubernamentales, ONG, se gastan cientos de miles de millones. Y muchos de estos gastos -todos lo sabemos; no nos engañemos más- son absolutamente innecesarios o pueden invertirse en salud o en satisfacer las necesidades urgentes de los más pobres. Como bien dijo el Presidente de la República , “bien orientado en el fin, pero muy equivocado en el medio”. Primero, se da comida a los más pobres, se mejora a los enfermos, y después, se financian pinturas de héroes de latinoamerica con pechos de mujer, por ejemplo.
Los economistas, objetivamente, han calculado sólo sobre la base del crecimiento proyectado, casi dos mil millones más en los tres años siguientes. Sobra dinero para estos proyectos.
¿Por qué más impuestos a las personas? Además, se dice que sólo es por tres años, en circunstancias de que nunca han bajado los impuestos. Cuando suben es para siempre. Eso no lo creen ni los más ingenuos. Si no han cumplido sus promesas de ayer, ¿por qué les vamos a creer hoy?
La gente no quiere más mentiras, no quiere más impuestos. Hay que legislar acerca de lo que desea la gente que nos eligió.
Por ello, al igual que el resto de la bancada de Renovación Nacional, votaré en contra de subir los impuestos a las personas.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta , como parece ser la impronta de este período legislativo, los grandes proyectos, las iniciativas que de verdad son trascendentes, están siendo condenadas a ser tratadas con demagogia en vez de con urgencia. Prácticamente, se dice que la urgencia de la gente puede esperar.
Esta iniciativa es una de las más importantes, pues a través de ella se pretende allegar recursos para financiar dos proyectos enormes, ambiciosos y justos, cuyos objetivos son atender las necesidades de la población en estado de mayor vulnerabilidad; es decir, a los indigentes, a esos que no se pueden pagar los pasajes en bus a Valparaíso; o sea, a las familias en estado de pobreza que no alcanzan a satisfacer con sus ingresos el pago de una canasta básica de bienes de consumo.
Hablo también de los millones de usuarios del sistema público de salud. El programa Chile Solidario y la gran reforma a la salud pública son el objeto del proyecto en estudio. Por tanto, esta iniciativa no puede discutirse sin referirse a ellos y a quienes están llamados a ser sus beneficiados.
El Presidente de la República ha señalado en su mensaje, con claridad, que el costo anual de las dos iniciativas es de 225 mil millones de pesos, para lo cual, por la vía administrativa de las reasignaciones, se han aportado ya 73 mil millones, y ha quedado pendiente la obtención de recursos por 152 mil millones. Ello supone, en la práctica, modificar la estructura tributaria para recaudar recursos financieros frescos, en forma tal de concretar esta verdadera profundización de la política social.
Cuando Chile compite de igual a igual con los mercados más importantes del globo; cuando se asocia en acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con los Estados Unidos de América, no sólo compite con bienes y servicios; no sólo son manzanas y cobre, pues la carta de presentación es Chile entero. Él es el que compite, con sus instituciones democráticas, con su estructura social, con su historia y con sus consensos sociales básicos, los cuales son puestos a prueba en proyectos de esta importancia.
En esta tarde lo que está en juego es el modelo y las posibilidades de construir justicia social a través de él. Perder de vista este hecho no sólo es miopía política imperdonable, sino desconocer que ante el compromiso con el Chile del futuro que tiene cada uno de los partidos, los de enfrente, los del centro y los de acá, le debemos respeto a Chile y a la gente que más necesita.
La responsabilidad de nuestras autoridades económicas no está y no puede estar puesta en duda. No podemos llegar al insulto, a la insolencia barata.
Recientemente, en una publicación financiera vinculada a un importante grupo económico, un redactor, anónimo todavía, se daba el lujo de dedicar una página entera para desvirtuar la credibilidad del equipo económico encabezado por el ministro Eyzaguirre . ¡Qué fácil es criticar desde la vereda de enfrente a quienes tienen tan altas responsabilidades públicas; a quienes entregan todo por su país, y por ello están expuestos, día a día, a la crítica pública por sus actuaciones, aunque ellas sean de primera magnitud!
Respaldo al ministro y a su equipo de profesionales porque los he visto trabajar. ¡Son de elite! El equipo con que trabaja, en su mayoría jóvenes, ha actuado y seguirá actuando con seriedad. Me consta, porque he estado muy junto a ellos. Este equipo, con el respaldo del Presidente Lagos , se ha comprometido con una regla fiscal de superávit estructural, que ha permitido hasta el momento, pese a las amenazas y a las coyunturas de la economía global, sortear las turbulencias del período, posibilitando, entre otras cosas, condiciones de financiamiento externo nunca vistas para los sectores público y privado.
Más injustas son las críticas cuando provienen, se supone, de quienes son compañeros de ruta. Aquí nadie puede erigirse en salvador de ningún sector ni menos buscar un camino propio, en circunstancias de que lo que importa son los millones de chilenos que resultarán beneficiados con las nuevas acciones sociales de apoyo directo al segmento de familias más pobres de Chile.
Lo que se busca es resolver las inequidades de un sistema de salud pública largamente postergado por decisiones erradas tomadas en el pasado, que han dejado en la historia lo que era un orgullo del Chile republicano. La salud pública nos permitió exhibir ante nuestros vecinos de la región los niveles más bajos en mortalidad materno-infantil, en desnutrición de los niños, en erradicación de las epidemias más severas, como la poliomielitis -que nos atacó hace muchos años-, el sarampión y tantas otras patologías que hoy en Chile son historia.
La propuesta que ha llegado hasta nuestros pupitres ha sido modificada gracias a la flexibilidad del equipo económico, esos a los cuales algunos no reconocen, que ha acogido algunas rectificaciones que pretenden moderar los impactos del alza en materia de tributación por la importación y uso del petróleo diésel.
La recaudación fiscal que obtendremos tiene caras, nombres y apellidos. Son familias pobres; son los indigentes, como los de mi distrito; son la tragedia que vive Chile. El proyecto es para los postergados de siempre, para el poblador, para el campesino del sur, para los indígenas, para los pirquineros del norte, para los ancianos sin previsión, para los niños a quienes este modelo les ha robado hasta su derecho a soñar en un destino distinto del de sus padres.
¡Anuncio con mucha fuerza mi voto afirmativo, porque voto por los pobres de Chile!
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica ).-
Señora Presidenta , el emotivo discurso del diputado Jaramillo se contradice con el hecho de que esta mañana diputados de esa bancada, que tanto defiende a los pobres, votaron en contra de un proyecto de acuerdo que solicitaba que a los ancianos que reciben pensiones miserables se les descontara el IVA. Ésa habría sido una buena forma de apoyarlos, pero lo votaron en contra.
En el debate del proyecto ha habido diputados que han faltado el respeto a las personas que se encuentran en las tribunas, e incluso hubo uno que los amenazó de que no seguirían siendo beneficiarias del programa Chile Solidario. Probablemente, ninguno de los presentes en las tribunas es parte de dicho programa, por lo que no tenía derecho a hacer ese comentario.
Respecto del proyecto, me parece una paradoja increíble la idea de aumentar los impuestos justamente en medio de los graves escándalos de corrupción que hay en el país. Francamente, la proposición del Gobierno constituye una audacia. En el último tiempo ha habido escándalos de corrupción e irregularidades nunca antes vistos, los cuales han comprometido miles de millones de pesos del presupuesto fiscal.
Teniendo en cuenta los antecedentes que la ciudadanía ha conocido en los últimos meses, respecto del mal uso que se ha dado a gran cantidad de recursos fiscales en diferentes reparticiones públicas, ¿por qué los chilenos tendrían que creer que los nuevos recursos que recaudará el fisco debido al aumento de tributos se usarán correctamente? Creo que allí está la clave del problema.
(Aplausos).
Si estuviéramos seguros de que el aumento de recursos mejorará la situación de los pobres del país, gustosamente aprobaríamos la iniciativa. Pero ¿no tenemos todos los chilenos el legítimo derecho a sospechar que parte de los fondos recortados de nuestros ingresos serán nuevamente despilfarrados en ítem innecesarios, malgastados en programas sin focalización ni fiscalización o, en el peor de los casos, sustraídos por funcionarios corruptos?
Recientemente se han producido casos como el de Indap y los de los programas sociales auspiciado por el Gobierno, como los de alfabetización de adultos -en los que aparecían personas fallecidas como beneficiarias-, los pro empleo -algunos de los cuales no existían- y los de capacitación. Sin embargo, estamos cansados de pedir al Gobierno que nos dé la lista de los proyectos para conocerlos y hacerles un seguimiento.
Sabemos que ya está en manos del Ministerio de Hacienda la lista de las organizaciones no gubernamentales que elaboran proyectos sociales, por lo cual -aprovechando la presencia de los ministros de Hacienda y de Mideplan- queremos pedir que nos la hagan llegar lo antes posible.
Se nos ha asegurado que los recursos que se recaudarán por el alza del IVA serán destinados a programas sociales con el objeto de reducir la pobreza, pero insisto, hasta el cansancio, en que es necesario ser un poco más solidario para ayudar a los más pobres.
Nuevamente nos enfrentamos a una paradoja. La explicación que da el Gobierno es demagógica, ya que las personas más necesitadas saben mejor que nadie que desde el año 1990 el gasto social ha aumentado en 90 por ciento, e incluso en algunas áreas se ha triplicado. No obstante, a partir de 1997 la disminución de la pobreza se ha estancado y, lo que es peor, el número de indigentes ha aumentado.
Para qué hablar de la educación, pues sus malos resultados han quedado demostrados con la reciente aplicación del Simce. A pesar de lo mucho que se ha construido, la calidad de la educación es pésima. Lo mismo ocurre en el caso de la salud, ya que a pesar de las numerosas obras de infraestructura que se han construido, todavía existe el problema de las listas de espera y del déficit de insumos, y en los últimos días nos hemos impuesto de los problemas en la distribución de leche, programa que había funcionado perfectamente en los últimos cuarenta años y que precisamente hoy está fallando.
De manera que es un pésimo argumento señalar que el aumento del IVA será invertido en programas sociales, porque en estos trece años hemos comprobado que para los gobiernos de la Concertación el aumento de los recursos es inversamente proporcional a la disminución de la pobreza e inversamente proporcional a la calidad de vida de los chilenos. La plata destinada a esos fines se ha ido quedando en el camino, porque si todos los recursos que se han destinado a disminuir la pobreza hubieran sido focalizados directamente a programas sociales en beneficio a los más pobres, las cosas habrían cambiado en forma radical y no tendríamos a cientos de chilenos que habrían abusado de los fondos del Estado y que habrían impedido que éstos llegaran a las personas más humildes.
Se aumenta el IVA y, con ello, se reduce objetivamente el presupuesto de las familias más pobres. El senador Ominami lo reconoció en enero cuando señaló que le parecía poco oportuno alzar el IVA, puesto que había que afirmar el proceso de la reactivación y, para ello, se requería aumentar el gasto interno y promover el consumo.
Todos sabemos, por ejemplo, que una familia que recibe un ingreso de 150 mil pesos mensuales pagará durante el mes 27 mil pesos de IVA en todo su consumo. El punto adicional del IVA que el Gobierno les va a imponer reducirá sus ingresos en 1.500 pesos, el valor de tres kilos de pan, sin contar los efectos de la medida en gastos de locomoción y en todas las demás compras.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
¿Podría redondear su idea, señora diputada ?
La señora CRISTI (doña María Angélica ).-
Sí, señora Presidenta .
Si vamos al verdadero objetivo de este aumento del IVA, financiar el Auge y el programa Chile Solidario, se llega a un perverso juego, a un engaño, porque a la gente se le saca plata de un bolsillo para ponerla en otro, en el del Auge, que no sabemos cuánto cuesta, qué va a hacer, cómo se va a hacer. Es un proyecto que el Gobierno se comprometió a tener listo en diciembre, pero todavía falta mucho para que se convierta en ley.
Por lo tanto, se pide pagar más impuestos por algo que no sabemos de qué se trata ni cuánto cuesta, y también para aportar al programa Chile Solidario, que puede ser una excelente idea, pero respecto del cual no comparto gastar miles de millones, porque casi todas las municipalidades podrían haber hecho efectivo ese trabajo.
El propio alcalde Saffirio decía que es un “caballito de batalla electoral”, con más de marketing político que de efectividad real. No estamos de acuerdo en entregar miles de millones para esos objetivos.
El aumento de impuestos es una paradoja, un engaño a los chilenos. Si personas humildes se han opuesto al aumento del IVA es porque saben perfectamente que va a afectar el bolsillo de todos los chilenos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , este tipo de proyectos permite hacer una reflexión distinta de los más técnicos, ya que permite a quienes presencian este debate por televisión visualizar cuáles son las opiniones, cuáles son los votos y qué tipo de sociedad estamos construyendo.
En la Cámara de Diputados se han aprobado muchos proyectos técnicos, respecto de los cuales hemos tenido posiciones transversales, muchas veces unánime. Pero cuando se trata de proyectos de ley que gravan con mucha más fuerza al sector más pudiente de la sociedad, nos encontramos con una Derecha férrea, unida para negar la sal y el agua a un Gobierno que quiere seguir cumpliendo sus compromisos con los sectores más vulnerables.
Quiero preguntar, por su intermedio, señora Presidenta , ¿qué le molesta al diputado Dittborn ? Que el Gobierno esté cumpliendo con sus compromisos; que éste le dé continuidad a los gobiernos de la Concertación que han sido capaces de dar estabilidad económica.
Durante la campaña de los años ‘89 y ‘90 dijeron que la Concertación no iba a ser capaz de hacer un gobierno ordenado y que diera confianza desde el punto de vista económico. Pero ésta es la demostración de que hemos sido capaces de gobernar bien y de mantener los equilibrios macroeconómicos, que es lo que le molesta a la Derecha.
Pero lo que más le molesta es que hayamos sido capaces de crear programas que permitan paliar la pobreza que afecta a miles de chilenos que viven en la indignidad, en la miseria. Es una deuda que estamos comprometidos a pagar. Pero eso no se hace gratis, no se hace sin recursos. Y cuando nos dicen: “Miren, el programa Chile Solidario debería ser realizado de un modo u otro”, están señalando que se oponen a que se tenga una atención especial para con los chilenos que más lo necesitan. La propuesta permanente de la Derecha ha sido reducir los impuestos, los instrumentos y la capacidad de un Estado que, cada día, con los gobiernos de la Concertación quiere atender a los sectores más vulnerables.
En este proyecto, digámoslo con franqueza, a la Derecha le molesta -hablando de Hacienda y de números, porque más se podría agregar desde el punto de vista de frases demagógicas- que mientras los ciudadanos del 20 por ciento más pobre de la población pagarán una moneda de cien pesos para recibir diez veces más, la gente a la cual ese sector protege, el 20 por ciento más rico, pagará mil pesos. Así financiamos las ayudas sociales, tales como el programa Chile Solidario, el subsidio único familiar para menores de 18 años, la pensión asistencial de vejez para mayores de 65 años, las pensiones asistenciales de invalidez y de discapacidad mental, el subsidio al agua potable para cubrir el ciento por ciento de las cuentas de los sectores de más bajos ingresos. Hablamos de solidaridad y no de otra cosa.
De tal modo, el Partido por la Democracia apoyará resueltamente este proyecto de ley, por cuanto contiene una de las propuestas más importantes de un gobierno que quiere gobernar con seriedad y cumplir con Chile, más que estar haciendo monos de nieve.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señora Presidenta , me interesaba mucho referirme al paquete tributario, pero la intervención del diputado Dittborn me obliga, en aras de sincerar el debate, a expresar mi opinión sobre algunas cosas que manifestó. De su intervención acepto -porque sus argumentos son valederos- dos cuestiones de fondo que ha dicho y de las que me voy a hacer cargo: que el IVA es un impuesto regresivo -estoy de acuerdo con el diputado Dittborn - y que el paquete de financiamiento en discusión va más allá de lo que puede ser el Chile Solidario -no digo nada del Auge, porque tengo muchas dudas sobre cómo saldrá del Senado-.
Pero Julio Dittborn enreda las cosas al no decir que en Chile el IVA no existía como impuesto hasta 1974. Lo estableció la dictadura militar, de la cual él fue funcionario. Ahora no le gusta el IVA por regresivo, pero fue creado por el gobierno en el que participó. Es cosa de revisar la historia económica. Además, expresó que es un tremendo disparate subir el IVA al 19 por ciento; pero no dice que el IVA llegó al 20 por ciento en el gobierno del cual fue funcionario y asesor económico de ministerios importantes.
Alegó porque es muy bajo el reajuste del ingreso mínimo, en lo que estoy de acuerdo. El diputado Aguiló o el diputado Tuma pueden tener legitimidad moral para hablar de eso, porque ni ellos ni el que habla han dicho nunca lo que ha escrito y defendido el diputado Dittborn , con el sombrero de político, con el sombrero de académico: que no cree en el salario mínimo. Él, como coherente neoliberal, cree que debe ser fijado por el juego del mercado. ¡Sinceremos el debate!
En la actualidad hay un 20 por ciento de pobres, pero hace diez o doce años llegaban a un 40 por ciento. A pesar de todos los errores que la Concertación puede haber cometido, como en cualquier obra humana, tienen que reconocer que hoy los pobres son la mitad de lo que eran cuando ustedes gobernaban.
Efectivamente el IVA es regresivo y la estructura tributaria es injusta, pero es la que ustedes dejaron hace 13 años y que no hemos podido cambiar porque no hemos tenido las mayorías o, a veces, los pantalones -digámoslo autocríticamente- para enfrentar a los poderes fácticos, económicos y mediáticos que ustedes representan.
De una vez por todas, sinceremos el debate. Cuando aquí se habla de populismo y de demagogia es porque se les está haciendo una crítica justa, porque ustedes son populistas y demagogos, lo que una vez más han demostrado en esta discusión.
Sinceremos, también, el debate para el otro lado, porque lo referido a la UDI está bastante claro y el país no se confunde, porque no le cree. El ministro de Hacienda tiene razón cuando dice que bajamos la carga tributaria, pues hoy es de 18 puntos sobre el producto y quedará en 17,3. Nuestra posición debe ser de una fuerza de centroizquierda, y nosotros, como Concertación, o somos eso o no somos nada. Si no somos capaces de representar a la gente de clase media baja y al mundo popular, más temprano que tarde seremos castigados y privados del poder político.
¿Qué se puede hacer cuando la dictadura destruyó la salud pública, la educación y dejó un 40 por ciento de gente en la pobreza, con una carga tributaria de 18 puntos? Muy poco, pues el crecimiento es condición sine que non para la superación de los problemas económicos y sociales del país. Pero siendo condición necesaria, no es suficiente. ¿Qué ocurre en los países más ricos, con altas tasas de crecimiento y elevados productos internos brutos y per cápita, con bolsones de pobreza no tan lejanos al 20 por ciento nuestro? ¿Cómo los han combatido las democracias europeas? Con políticas sociales agresivas, porque el crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente.
Entonces, desde el punto de vista de guardián de las finanzas públicas, el ministro tiene razón cuando nos dice que estamos bajando los impuestos; pero como militante de un partido de centroizquierda debería hacerse una autocrítica para lograr saber qué pasa con ese porcentaje sobre la carga tributaria, desde la perspectiva de las desigualdades y de los problemas sociales de este país. Es ahí donde siento que el ministro y la coalición están fallando.
Respecto del paquete tributario, debemos ser claros, y le concedo el punto a Julio Dittborn , porque quiero tener un debate serio en esta instancia de deliberación que es el Congreso Nacional y porque, como diputado , me creo el cuento de que no hay tributación sin representación. Efectivamente, siento que vamos más allá de los programas sociales, y eso me preocupa. Tenemos problemas en la caja fiscal, y un Gobierno serio y de centroizquierda debe enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, por cuanto, lamentablemente, está probado que el hilo se corta por lo más delgado, es decir, siempre terminan pagando los más pobres.
Pero ¿cuál es el punto? Estoy de acuerdo con los impuestos específicos al alcohol y al tabaco porque gravan males; hay externalidades negativas y deben recaudarse impuestos por ellos. Si se ponen en votación las disposiciones correspondientes, las votaré favorablemente. Pero el problema es el IVA, y como no me queda claro el impacto redistributivo de este paquete tributario en el quintil más pobre, espero que el ministro lo aclare en el transcurso de la sesión. Efectivamente el programa Chile Solidario es altamente redistributivo: beneficia a 800 mil personas de un quintil que tiene 3 millones. Es decir, desde el momento en que comience a regir la disposición y se pague el impuesto, 800 mil personas serán favorecidas a través del Chile Solidario, probablemente, y lo recibirán multiplicado por diez, quince o veinte.
Ahora, en relación con el Auge, me parece que las cifras también mostrarían un impacto redistributivo en la medida en que el Senado apruebe el proyecto que mandó el Gobierno o el que despachó la Cámara de Diputados, pero nadie puede asegurarme responsablemente que con una correlación de fuerzas como la que existe en el Senado no terminemos con un Auge que contemple menos enfermedades, con plazos muy largos y mucho menos cobertura. Por lo tanto, respecto de esto también planteo un signo de interrogación.
La única fuerza moral que me hace aceptar el aumento de este impuesto regresivo -ésa es la verdad- es con un desequilibrio en la caja fiscal -si es que vamos a seguir con el tema del superávit estructural de 1 por ciento, materia que habrá que revisar en algún momento, sobre todo si mejora la situación de América latina- lamentablemente también afectaría a los más pobres por la caída de la inversión, de la producción y del empleo, y el Estado no puede cubrir estas necesidades.
Sé que el Gobierno de la coalición del Presidente Lagos no va a hacer los ajustes que se hicieron en otro momento de crisis fiscal, quitándole el reajuste a los jubilados, congelando los sueldos de los empleados públicos, dejando caer la educación y la salud, decretando estados de emergencia para seguir apretando a los sindicatos, que ya tenían bastante poder. Además, tengo claro que un déficit fiscal también puede hacer pagar a los más pobres.
Sin embargo, considero que el equipo político y económico del Gobierno ha cometido un tremendo error, y así lo demuestra el debate que ya hemos tenido. Si se hubiera determinado subir los impuestos a las empresas, les aseguro que hoy la postura de la bancada de la UDI habría sido aumentar el IVA. Pero como se les regaló la posibilidad de hacer populismo y demagogia, y de tratar de aparecer defendiendo a los pobres, hemos escuchado, y seguiremos escuchando, en las próximas dos horas y media de debate, los alegatos en ese sentido.
¿Por qué este paquete tributario para enfrentar el déficit -que perjudicará a los más pobres más temprano que tarde-, para hacer política social con el programa Chile Solidario y con el Plan Auge, a fin de atender las necesidades de salud de las población, no fue más compensado, no sólo por la vía de los impuestos específicos -alcohol y tabaco, que votaré favorablemente-, sino con la revisión del catálogo de beneficios tributarios para poner término a determinadas situaciones, lo que hoy podría permitir allegar recursos a la caja fiscal? ¿Por qué no terminar con los beneficios del artículo 57 bis? ¿Por qué no terminar con el beneficio a los intereses por los créditos hipotecarios, que muchos pagamos? ¿Por qué no discutir la devolución del IVA para la actividad constructora, por nombrar algunos de los temas que en estos días hemos debatido los diputados de Gobierno?
Quiero decirle a la Concertación que si no enfrentamos este debate con sinceridad y nos paramos desde lo que somos: centroizquierda, socialdemocracia, socialcristianismo, liberalismo social, y buscamos cambiar esta estructura tributaria injusta en beneficio de la gente pobre que vota por nosotros, la derecha populista y demagógica va a ganar las elecciones. En la confusión, ganan ellos.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO .-
Señora Presidenta , ojalá que en la Concertación hubiera más diputados como los honorables señores Saffirio y Aguiló, que le dan otra cara a lo que muestra la Concertación en la Sala frente a un tema tan importante. Ésa es la verdad.
No soy de los que se cuadran ni de los que ciegamente obedecen órdenes de partido, como se ha planteado. Trataré de ser lo más racional y lo más frío posible.
Hoy analizamos esta iniciativa, con urgencia calificada de suma -por eso estos debates son tan apurados-, que sube algunos impuestos a los chilenos, con el objetivo, según el Gobierno, de financiar la agenda social representada por el Plan Auge y el programa Chile Solidario.
Quiero hacer presente que este proyecto, que ingresó como boletín 3256-05, reemplaza al contenido en el boletín 2982-11, de julio del año pasado, que también pretendía lo mismo: financiamiento para el Chile Solidario y para el Plan Auge, pero con un hecho adicional que no se ha recordado. Se decía que lo referente al programa Chile Solidario sería definido en un proyecto de ley enviado próximamente al Congreso. O sea, lo que hoy estamos viendo tuvo este comienzo a mediados del año pasado. Así estamos legislando. Parece una curiosa manera de hacerlo. Es el comienzo de una historia y, quizás, de una historia que podría dar para un reality show, porque de repente me parece estar en uno de ellos. Sería bueno que la gente supiera totalmente la verdad de los hechos, libre de la demagogia que muchas veces se utiliza aquí, de las tergiversaciones, abusando de los medios de comunicación y desorientando a la ciudadanía.
En el marco de esta verdad daré lectura a lo que su Excelencia el Presidente de la República decía en un encuentro con empresarios: “No más impuestos”. Les señaló que necesitaba recursos para desarrollar programas de gobierno y cumplir con las expectativas de todos los chilenos; que estos fondos deberían provenir del proyecto que reduce la evasión tributaria, modificación impositiva que sería la única que impulsaría.
Primera verdad: con dicha modificación impositiva y no más impuestos se desarrollaría el programa de gobierno.
Segunda verdad: su Excelencia el Presidente de la República , don Ricardo Lagos , recibió un gobierno con una carga tributaria de 17,9 por ciento del producto interno bruto. Hoy, a pesar de lo dicho aquí, tenemos datos que nos permiten asegurar que la carga tributaria es de 19 por ciento. Eso es hoy; no diré cuánto será mañana o pasado. ¿Qué ha significado esta mayor carga tributaria del gobierno? Un excedente de 540 mil millones de pesos para el año 2003; de 564 mil millones consultados para el año 2004, y puedo seguir con cifras aún mayores, producto exclusivamente del aumento de la carga tributaria, sin aumento de ningún otro impuesto como los que hoy nos están solicitando.
Tiene razón el diputado señor Saffirio cuando dice que el 18 por ciento del IVA viene del gobierno militar; pero reemplazó a otro impuesto, también regresivo, de 5 por ciento: el de compraventa. Esa es la verdad, y me alegro de recibir su confirmación, al revés de lo que han dicho otros parlamentarios de la Concertación, de que el IVA no es un impuesto regresivo. El IVA es un impuesto regresivo.
Hay que mencionar también las razones por las cuales la Concertación se encuentra enfrentada a estas diferencias de criterios. Existen dudas con respecto al costo real del Auge. Actualmente, nadie sabe cuál es su costo real, no debido al proyecto que hoy se encuentra en el Senado, sino porque el Ministerio de Salud aún no tiene claridad respecto de cuáles serán los costos reales de cada una de las prestaciones. La Cámara ha sido testigo de que este diputado y la Comisión de Salud desde hace un año están pidiendo al ministerio del ramo auditorías para tener los costos reales. Sin embargo, hasta este minuto no hemos tenido respuesta. En consecuencia, no hay conocimiento acerca de cuánto cuesta el plan Auge.
En este escenario, expresamos desde el comienzo nuestra negativa al alza de tributo alguno y vimos fortalecida nuestra posición hace dos semanas, cuando la justificación que daba el Gobierno, de que esta carga impositiva era necesaria frente a los menores ingresos fiscales con que se contaría como consecuencia de los tratados de libre comercio, cambió. En efecto, a partir de ese momento cambió exclusivamente por el financiamiento necesario para la agenda social, y se ha llamado, no diré a la misericordia, pero se acerca mucho a ella, porque se ha sostenido que la gente quedará sin salud, que los pobres quedarán más pobres, e incluso se amenazó a la gente que no habría más plata para Chile Solidario. En general, esto justifica un cambio de actitud y un pretexto, sólo un pretexto, para efectuar alzas de impuestos que permitan tapar hoyos del Gobierno.
No puedo dejar de referirme a algunas expresiones vertidas públicamente por el Presidente de la República para presionar a los parlamentarios -no sé si a los de Gobierno o a los de Oposición-, al pedirle a la ciudadanía que castigara con su voto a quienes se opusieran a estos tributos que, según su Excelencia, beneficiarían a los más pobres. Sinceramente, discrepo de esto último, porque el aumento del IVA perjudica a los más necesitados. Múltiples estudios lo demuestran, aunque sea desmentido demagógicamente por algunos en esta Sala, pero aceptado por la mayoría.
Al revés de lo que piensa el Presidente de la República , creo que la ciudadanía aplaudirá a quienes nos neguemos a aumentar los impuestos y castigará con su voto a aquellos que, una vez más, a través de esta petición de mayores impuestos, están metiendo la mano en el bolsillo de los más necesitados para desarrollar programas sociales, que permanentemente hemos apoyado y apoyaremos, pero siempre y cuando sean correctamente materializados.
Por lo expuesto, votaré en contra de este proyecto que aumenta los impuestos a los más necesitados de Chile.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA .-
Señora Presidenta , sin duda, a nadie le gusta aumentar los impuestos. Me consta que en las bancadas de la Derecha hay varios parlamentarios que tienen sensibilidad social. Hay otros que no, pero sé que algunos sí se comportan de acuerdo con su conciencia. Para ellos van estas humildes palabras.
Debemos actuar con responsabilidad de país. Es cierto que en la Concertación se han cometido errores de gestión y actos de corrupción; que ha habido cuatro, cinco, diez o veinte sinvergüenzas que se han aprovechado de la cuota de poder que entrega llegar al gobierno. Pero eso no puede ser motivo para que los pobres sigan esperando. El Papa Juan Pablo II , en su visita a Santiago, dijo claramente que los pobres de Chile y del mundo no podían esperar. Por culpa de unos cuantos sinvergüenzas no podemos argumentar que no creamos que los recursos que se recauden se destinen a los sagrados intereses de la patria, en este caso, para sacar a los pobres de la situación de indigencia en que quedaron por muchos años de postergación en el pasado.
Este esfuerzo debe ser de todos. Por los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea, habrá 430 millones de dólares menos cada año en recaudación de impuestos al comercio exterior. Ello dejará intactos beneficios tales como el acceso a los insumos importados que tienen los más poderosos del país. Por cierto, además habrá más seguridad para la inversión extranjera.
Los más beneficiados, los más ricos de Chile, son los que aportan el 80 por ciento de la recaudación del IVA, y sólo el 5 por ciento de esta recaudación se hace a través de los más pobres.
Esta sociedad tiene una deuda histórica con los más modestos. Ayer, los más pobres constituían el 40 por ciento; hoy, la mitad de esa cifra. Eso se debe a que algo bueno se ha hecho, y debemos reconocerlo.
Me habría gustado más, y sería más justo, aplicar royalties a las grandes empresas mineras, aumentar en uno por ciento el impuesto a las utilidades de las empresas, pero ello no ha sido posible por razones que no es el caso explicar.
A pesar de no ser de mi agrado, votaré a favor el aumento del uno por ciento al IVA y el aumento de los impuestos específicos; al alcohol, que significa pagar 10 pesos más por la botella de pisco, y a los cigarrillos, porque, a fin de cuentas y por experiencia propia, puedo decir que el humo de los cigarrillos de los que fuman a mi lado y de los que yo fumo perjudican seriamente la salud y termina con la vida de los chilenos.
Este proyecto traerá justicia. Vamos a salir adelante con el programa Chile Solidario y podremos seguir viendo la sonrisa en la gente humilde de nuestros distritos, satisfecha de que alguien se acuerde de ella y tienda este puente hacia la solución de sus problemas. Lo importante es hacia dónde va lo recaudado. Debe ir hacia la salud y a la atención primaria. Como médico, exijo al Gobierno que parte de lo recaudado se destine a la atención de la salud primaria, pues sin ella no tendremos jamás una reforma de salud beneficiosa para los más postergados.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señora Presidenta , el gobierno de la Concertación ha llegado a la conclusión de que es más fácil gobernar usando, en forma abusiva y reiterada, los medios de comunicación, que dedicarse a trabajar en forma seria para hacer un buen gobierno y que éste sea eficiente
En la pasada campaña presidencial, el gobierno de la Concertación recorrió Chile con el eslogan “Lagos, contigo”. Esto se ha cumplido al pie de la letra, porque tenemos a diario a Lagos, contigo, en la radio; a Lagos, contigo, en la televisión, a Lagos, contigo, en la prensa, y a Lagos, contigo, en las revistas. Deseo saber si esta frase, que se repitió profusamente en la campaña y también hoy, ha dado algún resultado significativo y concreto para el cesante, para el pequeño empresario, para miles de madres que viven aterradas por el aumento de la delincuencia y de la droga, que amenazan diariamente a sus hijos, y otras tantas promesas incumplidas que sería largo enumerar.
El gobierno de la Concertación habla mucho y bonito, pero sin resultados positivos para la gente. ¿Quién puede desconocer que lo que mejor hace la Concertación es el manejo de los medios de comunicación? Éste es un gobierno mediático, pero tremendamente ineficiente. Esto le permite cambiar, casi en forma instantánea, los argumentos y justificaciones en proyectos tan importantes como el de los impuestos que estamos viendo hoy, y darse verdaderas volteretas comunicacionales, sin ningún respeto por la opinión pública. El mejor ejemplo es lo que hoy discutimos: el alza de los impuestos.
Hemos tenido varias justificaciones, es decir, varios libretos. Hagamos un pequeño resumen, porque los ejemplos concretos son los que realmente valen.
Libreto Nº 1: ¿Por qué hay que subir los impuestos? Se nos dijo que había que subirlos porque se necesitaban recursos adicionales para compensar el menor ingreso tributario que ocasionaría la firma de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y con la Comunidad Europea. Pasados algunos días, se dieron cuenta de que esta justificación se volvía violentamente en su contra, dado que jamás se nos dijo que estos grandes logros tenían un gran costo que, en definitiva, lo pagarían los más pobres. En un momento, los asesores comunicacionales, que son numerosos en el palacio de La Moneda, tocaron la voz de alarma y dijeron: ¡Alto, alto¡ Tenemos que cambiar el libreto y aplicar uno nuevo.
¿Qué dice este nuevo libreto? Que se deben subir los impuestos para financiar los planes sociales de la Concertación: el Auge y el Chile Solidario. Debemos subir el IVA, y a ello se suman los impuestos específicos al tabaco, al alcohol y al diésel. Así, mágicamente, se cambian las justificaciones, los montos y, además, somos notificados de que el Presidente Lagos recorrerá el país para defender el proyecto Chile Solidario. Pero nuestro pueblo tiene memoria y no es fácil engañarlo. Anteriormente fuimos notificados de que el Presidente recorrería el país para sacar adelante el proyecto estrella, el Plan Auge, que reformaba la salud. Dicho recorrido duró solamente unas pocas salidas, porque estas visitas presidenciales se transformaron en verdaderas protestas de vastos sectores de la salud que no entendían nada de esta reforma. Ahora se nos notifica que dicho recorrido será cambiado para apoyar Chile Solidario y, además, se nos amenazó diciendo que quienes votáramos en contra de dichos aumentos de impuestos, deberíamos recibir un castigo por parte de nuestros electores. Y quien nos acusará será el propio Presidente .
Desde aquí le decimos, señor Presidente , que el verdadero castigado a través de los votos del pueblo será su Gobierno, principalmente, por ser un gobierno que pasará a la historia por tener los mayores casos de corrupción que ha presenciado la opinión pública, ya que llevamos más de ocho meses en un verdadero carnaval de denuncias de irregularidades, de autoridades detenidas y procesadas, y de tantas situaciones que a diario aparecen en los medios de comunicación. Al respecto, quiero dejar en claro que sólo se ha logrado investigar, con cierta profundidad, a tres instituciones: el MOP, el Indap y la Corfo. ¡Y miren lo que el país ha encontrado!
¿Qué se podría encontrar en el resto de las instituciones y reparticiones? Y cuando esto se ha querido investigar responsablemente, a través de más de 62 comisiones investigadoras de esta Cámara, ha fracasado, porque la mayoría concertacionista ha impedido conocer a fondo dichas irregularidades.
¡Cuántos recursos se han perdido! ¡Cuánta corrupción ha habido! ¡Cuántas malas gestiones se han dado!
(Aplausos).
En las tribunas hemos visto a gente de sectores modestos que tienen claro que, en definitiva, los impuestos los pagan los más pobres. El resto es parafernalia comunicacional que la Concertación ha usado durante este tiempo para impedir las investigaciones.
Por esta razón, la UDI votará en contra del alza de los impuestos. Pero también quiero agregar que la UDI es el principal partido del país, tiene la mayor cantidad de votos y éstos los obtiene en los sectores más pobres y necesitados de Chile. ¡Eso es realidad! ¡Eso es votación y un hecho indiscutible!
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , más que culparnos mutuamente, quiero hacer algunas precisiones.
Hoy, los más pobres de este país -quienes, se dice, van a ser favorecidos-, reciben, sacando algunas cuentas, siete sueldos al año: se les descuenta el 22 por ciento en imposiciones y el 17 por ciento en IVA, lo que en 12 meses da aproximadamente 115 mil pesos, los que, multiplicados por 7, dan una cifra de 805 mil pesos al año. Si esto lo dividimos por 12, reciben líquido 67 mil pesos mensuales. Eso reciben los pobres de este país al descontarles el IVA y las imposiciones. Ustedes dirán que estas últimas son ahorros que se les entregarán cuando jubilen, pero lo importante es que son recursos que ahora no reciben. Ahí está claramente la razón de por qué mientras más altos son los impuestos, más se perjudica a los pobres. Ahora, dicen que los ricos van a pagar 10 pesos, y que eso en nada les afectará. Es lógico, porque a una persona que gana 2 millones o 3 millones de pesos le da lo mismo pagar 5 mil o 10 mil pesos más de IVA. Pero una persona que gana 115 mil pesos no le da lo mismo pagar un 1 por ciento más de IVA. Es decir, este aumento del IVA es más perjudicial para los pobres que para aquellos que tienen más. Por lo demás, los más ricos compensan esta situación ya que cuando compran o venden, lo hacen con factura; el pobre no puede compensarla. Por lo tanto, éste es el impuesto más perverso que puede haber, porque perjudica y parte por el eje a la gente más pobre.
Por eso, con mucha fuerza y entusiasmo voy a votar en contra de este impuesto perverso que va contra la clase obrera y más necesitada de este país.
Por otra parte, cuando se dice que va a subir 0,2 unidades tributarias mensuales el metro cúbico de petróleo, esto es de 1,5 a 1,7, lo que sucederá es que éste subirá en 13,3 por ciento. Nuestra agricultura funciona sobre la base del petróleo, al igual que los camiones que hacen los fletes. Nuestro país se mueve con petróleo. Por lo tanto, ¿qué pasará cuando el almacenero suba en 13 por ciento sus productos? Indudablemente, terminará pagando el más pobre. Y esto no es demagogia, sino lo que siempre se ha hecho, porque el almacenero no va perder su plata. Por lo tanto, este impuesto va a perjudicar a la gente pobre.
Otro argumento que aduce el Gobierno es que con los tratados de libre comercio van a bajar los productos en 6 por ciento. ¡Por favor, señor ministro ! La canasta familiar nos importa un grano respecto de lo que se trae del exterior, porque ella se hace en Chile. Por lo tanto, la gente no va recibir ese 5 por ciento de alivio, sino un 1 por ciento de recargo en su IVA, lo que es mucho más perverso y realmente nos preocupa, ya que siempre se castiga a la gente de trabajo, a la gente del sur, a los agricultores, a la gente que hace producir este país y cuyas maquinarias trabajan con petróleo. Por eso, insisto en que este impuesto es perjudicial para nuestra ya desmedrada agricultura.
Por último, ¿si tanto nos perjudicarán los tratados de libre comercio, a consecuencia de los cuales se perderán 430 millones de dólares, y si ellos significarán la debacle para el país, para qué se suscriben? Expliquen eso y luego podremos votar a favor el alza de impuestos.
Por lo tanto, voy a votar en contra de todo el paquete de impuestos.
Señora Presidenta , soy René Manuel García y le doy la cara de frente para decir que voto en contra del proyecto. Persígame, porque Chile quiere un Presidente y no un matón.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER.-
Señora Presidenta , sin duda este debate es muy importante para el futuro del país. Hoy, el Gobierno ha solicitado recursos para financiar el programa Chile Solidario y el plan Auge. Los democratacristianos concurriremos con nuestros votos a la aprobación del proyecto, primero, por un tema ético. Creemos que en un país en el cual hay 225 mil familias que viven en extrema pobreza, es realmente un escándalo que las personas tengan que vender su casa y lo poco y nada que tienen para financiar una operación.
Por lo tanto, vamos a concurrir con nuestro voto para aprobar estos proyectos estrellas del Gobierno del Presidente Lagos.
Obviamente, nos duele tener que aprobar el alza del IVA. Si una persona recibe un salario bajo, todo su sueldo se le va fundamentalmente en bienes de consumo, tales como alimentación, vestuario y educación. Pero debemos considerar lo beneficiosos que resultarán el plan Auge y el programa Chile Solidario, ya que por un peso que pagará la gente que vive en extrema pobreza, recibirá 10 pesos. Eso es solidaridad.
También concurriremos con nuestros votos a la aprobación del proyecto por un tema de responsabilidad.
Lamento la actitud que he observado en algunos parlamentarios. Todos aplaudimos y felicitamos al Presidente Lagos y a la canciller Alvear cuando Chile firma tratados de libre comercio; pero cuando hay que pagar el costo de eso, simplemente nos lavamos las manos y no concurrimos a la aprobación de este tipo de proyectos. No se puede volar en primera clase, pagando pasaje de turista, como lo señaló el Presidente Lagos . Todo el mundo sabe que los tratados significarán más exportaciones, más empleo, más trabajo y más utilidades, que vamos a entrar a “primera división”. Pero también debemos hacerlo por ser un país solidario y preocupado de la gente más pobre. ¿Qué pasaría si no se aprobara el alza del IVA? Significaría déficit fiscal, aumento del riesgo país, de los intereses y de la inflación; recortar programas sociales y afectar a la gente más pobre y a la clase media. A nuestro juicio, ello no es responsable ni serio.
Por otro lado, es falso presentar una dicotomía entre IVA o impuestos específicos, porque esa no es la alternativa. Si aprobáramos los impuestos específicos y rechazáramos el IVA, el Gobierno no podría financiar sus programas. Así de claro. No podría financiar los déficit producto de tratados de libre comercio.
En consecuencia, quiero aclarar que es importante el alza del IVA por un tema de responsabilidad, de solidaridad y de racionalidad, porque al final en los tratados de libre comercio la baja de aranceles significará que el consumidor comprará productos más baratos, ya que un impuesto indirecto se lo reemplaza por otro indirecto.
Además, nos parece razonable aumentar en medio punto el IVA por un par de meses, porque igual se afectará de alguna manera el tema de las expectativas y, finalmente, tendremos un 1 por ciento de IVA.
Por otra parte, quiero hacerme cargo de algunos alegatos en relación con el rechazo del impuesto a los licores y al diésel. Se nos ha dicho que estamos defendiendo intereses corporativos, intereses económicos de grandes empresas. Sólo pido a los parlamentarios que pertenecen a mi coalición y que han señalado aquello, que les pregunten a los parlamentarios de las regiones Tercera y Cuarta si realmente estamos defendiendo intereses corporativos o grandes intereses económicos. Detrás de las grandes cooperativas, como Capel y Control, hay miles de personas que viven de esta actividad. En nuestra región hay 61 mil 200 chilenos que viven gracias a la industria del pisco. Ellos también son chilenos. El 80 por ciento tiene menos de 3 hectáreas de superficie. El 70 por ciento de los cooperados gana menos de 300 mil pesos, y el 40 por ciento, menos del ingreso mínimo.
¿Se nos puede acusar de querer defender grandes intereses económicos?
¿Saben cuánto recibía un cooperado en 1991 por un kilo de uva pisquera entregado a las cooperativas? Nueve pesos mensuales. ¿Cuánto recibe hoy? 3 pesos y medio.
El año pasado estuvieron a punto de quebrar. ¿Vamos a permitir que quiebren y se vayan a la calle? Eso sólo se puede solucionar con programas de generación de empleos. Pero ¿esos programas serán capaces de dar de comer a 61 mil 200 personas?
La respuesta es obvia. Se nos dice que los tratados de libre comercio generan grandes oportunidades, y es así para gran parte de los sectores productivos del país, pero no para la industria del pisco. El pisco no se exporta a otros países. De hecho, menos de un 0,4 por ciento se exporta. Por lo tanto, estamos defendiendo el pan de muchos cooperados, que son gente modesta que tiene que comer, educar a sus hijos y vivir en el mundo rural.
Quienes viven en la Cuarta Región saben a qué me refiero. Quienes no conocen la región, deben ver cuál es su realidad y después opinar, y no descalificar señalando que defendemos intereses corporativos y de grandes empresas económicas. Es muy importante hablar con conocimiento de causa en esta materia.
Vamos a apoyar al Presidente Ricardo Lagos en la obtención de los recursos que necesita, porque no podemos ser irresponsables al permitir que se produzca un déficit fiscal. Es preciso obtener el financiamiento para el plan Auge y para el programa Chile Solidario.
Este es un apoyo a la Concertación. Este año, la Democracia Cristiana ha dado su apoyo unánimemente a los doce proyectos que contempla la modernización del Estado.
Hay que tener presente que con esto va a ganar Chile. Un país no puede crecer con tanta desigualdad como la que hoy existe, con tanta gente viviendo en la miseria y en la extrema pobreza.
Por otra parte, estamos dispuestos a tener una discusión seria en relación con el tema del diésel. Cuando se discuta el proyecto que regula el gas natural comprimido, estamos dispuestos a analizar a fondo el tema de la contaminación y ver cómo somos capaces de impedir que Santiago se llene de vehículos diésel, porque producen contaminación y pagan pocos impuestos.
Pero con la misma claridad debo decir que no es justo meter en un mismo saco a la gente que vive en Santiago con la gente de las regiones; con el pequeño taxista, con el pequeño conductor de una camioneta, con el pequeño conductor de un transporte escolar que vive en regiones en las cuales no hay problemas de contaminación. Por eso estamos dispuestos a tener esa discusión, con altura de miras, con grandeza, pero separando la situación de Santiago.
Termino mi intervención señalando que el Presidente Lagos no está solo, porque cuenta con el apoyo de sus partidos, que son responsables y solidarios. Nos habría gustado que la gente que aplaude los tratados de libre comercio y que señala que la salud debe ser un derecho y que debemos preocuparnos de la extrema pobreza, también hubiera concurrido a apoyar este proyecto.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI .-
Señora Presidenta , uno no puede dejar de mencionar la intervención del diputado señor Dittborn , con la cual se inició el debate.
Él señaló que debía darle dos malas noticias a los chilenos: La primera, el proyecto sobre salario mínimo enviado por el Gobierno y aprobado por la Cámara. Esas son las cosas que hacen que la gente se confunda, porque el diputado olvida que se trata de un piso mínimo, una forma de garantizar que los empresarios les paguen a sus trabajadores, por lo menos ese salario mínimo. Ojalá les pagaran más; pero ésa es una tarea que debería llevar a cabo él entre sus amigos empresarios; nosotros tenemos muy pocos y son muy pequeños.
La segunda mala noticia es el alza de impuestos que, según el diputado señor Dittborn , perjudicará a todos los chilenos. Ya se ha dicho que no es así. Si analizamos fríamente los impuestos, sin considerar en qué se utilizarán, podríamos concluir eso; pero si hacemos ese ejercicio, entenderemos que serán beneficiosos para la gente, pues se destinarán a financiar programas como el Auge y Chile Solidario, que directamente mejorarán el nivel de vida de los sectores medios y pobres del país.
Parece difícil entender esto, y por eso hay que repetirlo. Esta medida permitirá que los chilenos y chilenas de los niveles medio y pobre puedan recibir una atención digna en los centros de salud. Todos los gastos efectuados han contribuido decididamente al mejoramiento de la salud de los sectores más vulnerables. En 1998, el 85,4 por ciento de los subsidios de salud benefició al 40 por ciento de los hogares de menores ingresos. Ese mismo año, el 61,2 por ciento del total de gastos realizados en educación benefició al 40 por ciento más pobre del país. En cuanto a los subsidios, los gastos que se efectúan en programas sociales benefician a los sectores más pobres. Entonces, lo que queremos hacer con estos impuestos es, precisamente, ayudar a los sectores medios y más postergados. El asunto es claro, pero es necesario explicarlo a la gente, sin hacer discursos demagógicos.
También se ha dicho que le bajaremos el sueldo a la gente. Vuelvo a señalar que éstos son los discursos que confunden, porque eso no es real. Ya se ha explicado que por cada peso que pongan los pobres, recibirán 10, y por cada 10 que pongan los más ricos, recibirán sólo uno. La diputada María Angélica Cristi señaló que sólo con ahorrar el Estado podría solucionar todos los problemas. Pero si ésa es la discusión que veníamos realizando desde hace mucho tiempo, porque lo que ellos quieren es que el Estado se quede sin recursos. Sin Estado, los sectores más pobres no tendrían ninguna protección frente al brutal sistema económico que impera en la actualidad, puesto que es el Estado el que proporciona educación, salud y vivienda a los sectores más desprotegidos. Por eso, que no se diga que es necesario ahorrar más, porque eso significaría quedarnos sin Estado.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
¿Me permite, señor diputado ? Ha terminado su tiempo.
El señor CERONI .-
Respecto del impuesto al vino, si bien es cierto que muchos tenemos viñateros en nuestros distritos, no pretendemos que las grandes empresas no paguen impuestos; son muchas las que tienen enormes ganancias, y por eso vamos a aprobar el alza de impuesto. Hemos acordado con el Gobierno un protocolo -el ministro puede dar fe de ello-, mediante el cual se ayudará a las cooperativas de pisqueros y a los sectores viñateros de la cepa país.
Termino expresando que unos cuantos se han autoproclamado salvadores de algunos sectores, pero discrepo de ellos. Con este proyecto la Concertación y el Gobierno están salvando a los sectores medios y más pobres del país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señora Presidenta , sin duda, la sesión de hoy quedará registrada como una de las más paradójicas y contradictorias de la Concertación -centro-izquierdista-, que en la mañana de hoy le subió el salario mínimo a los trabajadores de Chile en 4 por ciento y en la tarde les ha quitado el 1 por ciento. Resumen del día: sólo un 3 por ciento para los trabajadores. Se les sube por un lado y por otro se les quita, con el aumento del IVA. Sin embargo, dicen ser los defensores de los asalariados y de los más pobres.
Cuando escucho a los diputados de la Concertación -de centro-izquierda-, recuerdo lo que han dicho durante los últimos dos meses en todas las publicaciones de prensa, criticando el alza de impuestos. Por ejemplo, el senador Ominami dijo que el IVA es el único impuesto que no debería subirse, y diputados de todas las bancadas de la Concertación han manifestado que la medida es regresiva e innecesaria, que no se les puede subir el IVA a los más pobres y que, sin duda, es una medida -los entiendo, no quisiera estar en su lugar- que han debido asumir con fórceps, presionados por un Presidente de la República que, como nunca lo habíamos escuchado, lleva semanas hablándole al país y obligándolos a apoyar una reforma que -deben ser sinceros en su fuero interno- no les gusta. Tuvieron que encerrarlos en el Palacio del Cerro Castillo toda una noche, debatiendo tres horas, para lograr el consenso; fue necesario chantajearlos y amenazarlos, diciéndoles que quienes no den su apoyo recibirán el castigo de La Moneda; tuvieron que ponerlos en la picota, con los ministros, uno de cada partido, como verdaderos inspectores, viendo que ninguno se les fuera a salir de la fila.
Sean honestos, no les gusta subir impuestos. A ustedes les pasa lo mismo que a nosotros como diputados de los sectores populares. ¿O acaso cuando han ido a sus comunas les han dicho: “Bien, diputado , defienda el alza; súper bien, súbannos el IVA”? ¡Por favor, si les ocurre todo lo contrario; si vamos a los mismos lugares que ustedes!
Están presionados; tanto es así, que estoy convencido de que si un eventual gobierno de la centro derecha chilena, con Lavín a la cabeza, hubiera planteado esta misma alza de impuestos, le estarían sacando la mugre, votándolo en contra y diciendo que Lavín y la Derecha están contra los pobres. Sin embargo, hoy, el fórceps, la verdadera mordaza, la camisa de fuerza que les tienen puesta, no les permiten actuar con libertad de conciencia y tienen que apoyar un alza de impuestos que no les gusta. Los compadezco, pero el juicio de la historia se encargará de señalar quién tuvo la razón y quién no la tuvo en esta materia.
Una de las justificaciones para alzar los impuestos, tal como lo dice el mensaje, es realizar una reforma de la salud orientada a garantizar una atención oportuna y de calidad a los chilenos. Honestamente, ¿puede algún parlamentario de la centro-izquierda explicarme en qué consiste tal reforma? ¿Puede algún parlamentario de la centro-izquierda decirme cuánto cuesta? Ayer, en un almuerzo álgido, los diputados Girardi y Accorsi se encerraron con el señor Sandoval , a quien tildan de neoliberal y autor intelectual de la reforma de la salud, para que tratara de explicarles cuánto cuesta, qué se quiere hacer.
Hoy día, están aprobando impuestos para llevar a cabo una reforma que no conocemos, que no sabemos cuánto cuesta ni en qué consiste. Ya no son 56 prestaciones. El Presidente de la República , en su discurso del 21 de mayo, habló de 56; diez días después, el ministro García dice que son veinte no más. Entonces, le pregunto al ministro , ¿qué reforma de la salud quiere financiar? ¿Estamos hablando de una reforma que se aplicará el año 2004? No, nuevamente al ministro García -el mismo que dijo que había que preguntarles a las vacas-, transcurridos 10 días, le quita el piso al Presidente de la República y dice que será gradual: en 2004, en 2005, en 2006. ¿Es la reforma de la salud la que se refiere a los planes piloto del plan Auge, para cuya aplicación no se ha subido ningún impuesto? ¿Es la reforma de la salud la que se refiere a la leche que se vuelve rancia y se pudre en las bodegas? ¿Para qué reforma de la salud nos piden plata hoy? La verdad es que el único Auge que existe es el de los impuestos.
Si por lo menos fuera posible sincerar dicha reforma, me encantaría que el ministro de Hacienda nos dijera que esta platita se destinará a pagar los 50 mil millones de pesos que deben los hospitales a los proveedores; para atender a los más de 50 mil chilenos que están en listas de espera para ser intervenidos; para mejorar la atención primaria, a la cual se destinan aportes mínimos; para formar especialistas que faltan en los consultorios, debido a lo cual estamos llenos de médicos ecuatorianos, cubanos y de otras nacionalidades, a quienes respeto y le doy gracias a Dios por tenerlos. Nada de eso subyace en esta reforma. El mensaje dice que estos recursos garantizarán la atención de salud, objetivo que no han logrado en casi trece años, a pesar de haber aumentado en 300 por ciento el presupuesto para gasto público en salud.
De manera que en este tema de destinar recursos a la salud, no estamos disponibles para seguir metiendo plata en un saco roto, que no sabemos para qué sirve ni a dónde va.
La propuesta original planteaba también un alza del impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, porque originan importantes costos para la salud de la población. ¡Sorprendente! Para los amigos de la Democracia Cristiana, quienes hasta hace un tiempo decían que se debía gravar el alcohol por ser un bien social negativo, por arte de magia, éste dejó de ser un problema para ellos. Para convenerlos bastó con llevar a su presidente , don Adolfo , al norte, donde el senador Jorge Pizarro , junto al diputado señor Walker , pronunció una arenga que lo emborracharon con cifras y lo sensibilizaron sobre lo duro que sería para la zona un alza del impuesto, por los miles de puestos de trabajo que genera el pisco.
Además, entiendo que don Adolfo ha tenido algunos problemas con don Jorge Pizarro . Entonces, para abuenarse con él y solucionar los problemas de su partido, obliga a sus parlamentarios a rechazar un alza del impuesto a los alcoholes, que ya no son un problema para la salud de los chilenos. Más encima -recordemos ese adagio popular que dice: “Dime de qué presumes y sabré de qué careces”-, un destacado diputado manifiesta aquí: “No vayan a pensar que estamos defendiendo intereses corporativos. ¡Por favor!, no tenemos nada que ver con eso.” ¡Si es una defensa a concho de intereses corporativos! ¡Si están defendiendo los intereses de una zona en detrimento de millones de chilenos a quienes les subirán los impuestos! Digamos las cosas claramente.
Anoche, mientras don Patricio Walker decía por la televisión al país que la Democracia Cristiana había logrado que no le subieran el impuesto al petróleo diésel ni al pisco, whisky, vino y cerveza, porque ello permitiría dar trabajo a miles de chilenos, me imagino cómo se les habrá caído la cara a los parlamentarios socialistas y del PPD. Debió ser dramático, porque los democratacristianos quedaron súper bien, mientras los otros, súper mal.
(Aplausos).
Realmente, no me gustaría ser parlamentario de la Concertación; para qué decir ministro de Hacienda.
Pero aquí los tienen amordazados a todos y tendrán que aprobar una reforma que es -ya lo hemos dicho hasta la saciedad- injusta e innecesaria.
Termino refiriéndome al actor principal de toda esta reforma: su Excelencia el Presidente de la República . Estos días lo hemos visto en una actuación -perdónenme que lo diga- impropia de un Jefe de Estado , hablando del asunto hasta la saciedad dondequiera que vaya. Nos amenaza, nos chantajea, dice que nos acusará; que La Moneda dará cero apoyo a quienes no lo respalden, dice que nada cuesta subir unos pesos el alcohol, en fin. Al parecer, olvidó todo lo de la Democracia Cristiana. Estamos frente a un Presidente de la República sobreactuado, característica que no corresponde a un Jefe de Estado.
En un sistema democrático, por favor, fortalezcamos la libertad de conciencia para que las personas decidan por sí solas lo que es mejor o peor para el país. No necesitamos a un Presidente de la República amenazándonos, polarizando la sociedad chilena en un debate que es legítimo sobre esta materia.
Por todo esto, ¡no!, mis queridos amigos. Veo que se les va el dedito para votar que no. ¡Con qué ganas lo harían! ¡Lo veo en sus caras! Tómense la semana distrital de vacaciones; no vuelvan a sus distritos, porque les van a dar duro, además de nosotros.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , en realidad, si se tiene mala memoria, se puede aparecer en un debate como defensor de los pobres, pero ¿quién fue el que le quitó el 10 por ciento a los jubilados?
Un señor DIPUTADO .-
Büchi.
La señora SOTO (doña Laura).-
Sí, pues. ¿Quién hizo una diferencia brutal entre las montepiadas y las viudas de los ex integrantes de las Fuerzas Armadas? A éstas el ciento por ciento; a las demás sólo el 50.
Eso es brutal y, derechamente, demuestra que no están ni por los pobres ni por la clase media.
¡Y qué decir de la actitud que tuvo con la banca respecto de la deuda subordinada! Se le dio 40 años para pagarla, en circunstancias de que tiene utilidades tremendas.
Por otra parte, se privatizaron algunas empresas para enriquecer a unos pocos y hacer pobres a los más pobres. ¡Ese es el problema!
Es verdad que el Presidente ha estado activo, lo que a mí me parece muy bien. Ése es un Presidente que no está encerrado en La Moneda, sino que sale a pedir por los más pobres. Eso le da un 55 por ciento de popularidad, a pesar de la Derecha.
Reconozco que no nos gusta el alza del IVA. Nos duele, y nos duele mucho. Hubiésemos preferido un IVA diferenciado; liberar de él a la canasta popular, algo similar a lo que se propuso en un proyecto de acuerdo que se trató y que nosotros apoyamos. Pero, tenemos una urgencia, y el Presidente nos ha persuadido.
En el programa Chile Solidario son atendidas 65 mil familias y otras tantas tienen la expectativa, y si no lo financiamos perderán los beneficios.
También queremos salud para los más pobres; que no esperen un año para que tengan derecho a una consulta o a una operación a la cadera.
Confiamos en que el Gobierno estudie el IVA diferenciado porque el Presidente de la República dijo que es justo, ya que al parecer hay mucha evasión.
Bueno, le pedimos al ministro de Hacienda y a los demás técnicos que estudien la manera de llegar a un IVA diferenciado, de bajar el que se aplica a los libros y de disminuir al máximo el de la canasta popular para la gente más pobre.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra por dos minutos y medio, el diputado Maximiamo Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , tengo información de que el Ejecutivo va a reponer en la Sala algunos impuestos que fueron rechazados en la Comisión de Hacienda.
Quiero señalar que en el caso del vino se aplica un 18 por ciento de IVA y un 15 por ciento de ILA, o sea, un 33 por ciento.
El Gobierno quiere subir el ILA en un 4 por ciento y el IVA en un 1 por ciento, lo que totalizaría un impuesto del 38 por ciento.
La última vez que el vino tuvo un alza de impuestos fue el año 1971, durante el gobierno del padre de la señora Presidenta de la Corporación . Desde entonces no ha tenido nuevas alzas, lo que ha dado estabilidad al sector.
El Gobierno sostiene que con el aumento del impuesto al vino la gente bebería menos. Pero, si sólo un 5 por ciento de quienes beben lo hacen en exceso. ¿Por qué castigar el ciento por ciento por ese 5 por ciento, que al final va a seguir bebiendo exactamente igual?
Todos sabemos cómo han aumentando nuestras exportaciones de vino. Ello se debe, sin duda, a las reglas del juego claras y conocidas.
En los últimos diez años, las viñas han aumentado de 54 mil a 110 mil hectáreas plantadas. Un alza de los impuestos no afectará a las empresas, ya que la traspasarán al consumidor. Al disminuir el consumo se verán afectados quienes cosechan la uva, las botillerías, el transporte, etcétera.
El alza de impuesto a las cervezas también afectará a una serie de actividades económicas que dan trabajo directo e indirecto a muchísima gente.
En cuanto al IVA, no es necesario subirlo. Para obtener más recursos bastaría que con el Gobierno adoptara dos medidas, que le reportarían mucho más dinero que el que necesita para financiar el plan Auge y el programa Chile Solidario.
La primera medida -a la cual hacía alusión mi colega y amiga Laura Soto - sería fiscalizar de mejor forma el pago de impuestos, cuya evasión, según dijo el Presidente Lagos al inaugurar la Villa Nocedal III en Puente Alto, hace tres años, alcanza a 4 mil millones de dólares.
La segunda medida sería que el Gobierno vendiera su participación en las empresas sanitarias. Si vendiera el 36 por ciento que mantiene en Aguas Andinas, obtendría 240 millones de dólares; si vendiera su participación en Esval, obtendría 79 millones de dólares.
Por esa vía se puede lograr reunir los recursos que necesita para el plan Auge y para el programa Chile Solidario, sin aumentar el IVA, que afecta a los más necesitados.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señora Presidenta , hoy la Cámara debe decidir si aprueba o no los recursos necesarios que el Presidente de la República le pide al país para financiar la reforma a la salud, mediante la cual se pretende dar mejor salud a los pobres, y el programa Chile Solidario, que beneficiará con recursos a las familias de extrema pobreza.
Es evidente que la atención primaria en salud requiere recursos y, por tanto, en el Presupuesto de 2004 éstos se deben aumentar para medicamentos y atender a las familias más pobres. Y eso se hace con plata. No se hace con ilusiones ni con la venta artificial de cosas. Se hace con recursos.
Su Excelencia, en una buena aproximación para obtener esos medios, dijo que los conseguiría, con el apoyo de todos los chilenos, a través del aumento del IVA en un punto. Pero lo principal que dijo fue que establecerá un impuesto para beneficiar a los enfermos de cáncer pulmonar, de bronquitis crónica, de todas las enfermedades producidas por el cigarro. Asimismo, a los afectados por la cirrosis, por la violencia intrafamiliar, a todas las familias destrozadas por el alcoholismo. O sea, aquellos que fuman o beben, que dañan su propio organismo por esas vías, deben pagar más recursos para apoyar a la atención primaria, a la educación sanitaria y a la salud de los más pobres.
Por eso, a mi juicio, la forma como el Presidente ha encarado esta situación es la más lógica y la que se utiliza en los países desarrollados. No me cabe duda que aumentar los impuestos a los cigarrillos, a los licores y al vino es una propuesta prudente para financiar la salud de los más necesitados. Que aquellas cosas que causan mal vayan en beneficio del bien social que se persigue.
En este tema, una de las cosas que me preocupa es el planteamiento de los pequeños viñateros de la región que represento. En Alto del Carmen, pequeños agricultores, con menos de una hectárea de terreno, se han referido a la problemática del alza del impuesto al pisco.
Sin embargo, quiero decir aquí que a esos pequeños viñateros es posible ayudarlos en forma distinta y que no tiene que ver con el aumento de los impuestos. Se les puede ayudar a través de subsidios directos, sin apoyar a los grandes empresarios del vino o del whisky que vienen de otras latitudes, o a quienes han desarrollado políticas con el exclusivo objeto de recuperar ingresos sin preocuparse del daño a la gente.
Me llamó la atención en la Comisión de Hacienda que los cigarreros defendieran a las tabacaleras. Incluso, señalaron que estaban dispuestos a bajar el precio de los cigarros para no entregar más recursos al Estado.
La bancada del Partido Radical votará favorablemente el proyecto, pues va en beneficio de los más débiles del país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MUHLENBROCK.-
Señora Presidenta , quiero dar una voz de alerta: los cientos de miles de pobres y la clase media mañana amanecerán más pobres.
Me llama mucho la atención que el ministro de Hacienda , quien me merece un tremendo respeto por su capacidad técnica, no haya buscado una alternativa mejor y más eficiente para buscar recursos -o, mejor dicho, para extirpar la “grasa” que tiene el Estado- con el fin de financiar proyectos sociales.
Después de ver ayer que el ministro , en la Comisión de Hacienda, cambió su postura respecto de los objetivos para recaudar mayores ingresos y la forma de hacerlo, quedé convencido de que es hijo de una gran actriz. Me impresionó el pavor con que algunos colegas del Partido Socialista y del Partido Radical lo miraban, mientras los parlamentarios de la Democracia Cristina hacían lobby por fuera.
Realmente, me preocupa esa situación. El ministro merece nuestro respeto, pero debemos decir la verdad. Si se hubiese televisado su intervención, se entendería mejor por qué a veces es criticada la clase política.
Quiero pedir al señor ministro que no se deje impresionar por presiones corporativistas y que, de una vez por todas, ponga su sello, como corresponde, porque lo que pasó ayer no puede repetirse. No se deje presionar por determinados partidos políticos.
Lamentablemente, lo claro es que mañana habrá más pobres si se sube el Impuesto al Valor Agregado.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señora Presidente , no existe país en el mundo que pueda administrar, entregar servicios que corresponden al Estado y cumplir con sus compromisos sociales sin aplicar impuestos o tributos.
Con tranquilidad, hago un llamado al ministro de Hacienda -quien se ha caracterizado por administrar los recursos del Estado con la mano muy apretada-, en el sentido de que en el país no hemos sido capaces de revisar todo el marco tributario que rige actualmente a las empresas, a los privados y al resto de la actividad económica. Digo esto porque tengo conocimiento de que existe evasión tributaria, elusión de impuestos, respecto de lo cual hemos legislado para corregir algunas deficiencias, puesto que nuestra legislación es muy permisiva en ese aspecto. Sin embargo, en estos momentos, el tema central es que un déficit del presupuesto fiscal se ha querido disfrazar con el plan Auge, con una reforma a la salud, y el programa Chile Solidario. Nadie duda de que un proyecto que ayuda con 10 mil pesos a las familias más pobres, para que puedan subsistir, demuestra una gran sensibilidad social. Pero es sólo un pretexto. Hay que decir las cosas como son.
El ministro de Hacienda , en las discusiones de los proyectos de ley de presupuestos de la nación de los últimos tres años, ha dicho que se ha calculado un presupuesto estructural con déficit. Hoy estamos pagando sus consecuencias. Los tratados de libre comercio, sin duda, van a tener una proyección de desarrollo muy interesante en el futuro, pero no por ello debemos ponerlos también sobre la mesa para poder obtener más recursos fiscales.
Por su intermedio, señora Presidenta , quiero reiterar una consulta al ministro que nunca me ha contestado en la Sala. Hay una cuenta de ahorro de todos los chilenos, cual es el Fondo de Compensación del Cobre. Durante el período de mayor crecimiento del país, entre 1985 y 1995, dicha cuenta alcanzó un monto “peak” realmente impresionante: 1.800 millones de dólares, que permaneció hasta 1997, como lo demuestra el siguiente cuadro:
¿Saben cuánto queda de esos recursos después de innumerables giros? Doscientos ochenta millones de dólares. ¿Qué ha ocurrido? Los déficit fiscales de los últimos tres años están agotando esos ahorros. Por eso, las alzas de impuestos propuestas son sólo un disfraz para ocultar la mala administración del país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra, por dos minutos y medio, el diputado Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señora Presidenta , quiero manifestar mi satisfacción por cumplir con el gran compromiso de estar siempre al lado de los que tienen más necesidades, de los más débiles, de los más desprotegidos, de aquellos que viven en provincias y que no pueden recibir, en forma oportuna, atenciones de salud.
Ésa es la situación que me ha tocado vivir durante los nueve años que represento a un distrito de la provincia de San Antonio. Fueron muy grandes las carencias que encontramos en nuestro hospital tradicional cuando los demócratas asumieron la conducción del país. Sin embargo, en concordancia con las organizaciones sociales, hemos luchado por obtener mejoramientos y autonomía en la gestión de ese hospital, situación que garantiza plenamente el plan Auge y las reformas de la salud que ya hemos aprobado, como también hemos aprobado el programa Chile Solidario, que ataca la pobreza dura en beneficio de la gente que no tiene capacidad de discernimiento, sumida en el vicio del alcohol o de la droga, a la que poco menos hay que tomar de la mano para que pueda acceder a los beneficios que la ley otorga.
Por eso, alzo la voz para criticar a quienes deberían tener más amplitud de criterio y colaborar de mejor forma con este financiamiento solidario que establece el Ejecutivo . Es una contribución en la medida de la capacidad de cada ciudadano. Pero aquí me encuentro con las excusas y subterfugios de los negados de siempre, quienes no están dispuestos a contribuir sino a través de una ley.
Mi voto favorable a esta iniciativa, en concordancia con mis colegas del Partido Radical Social Demócrata, será una demostración clara del grado de compromiso y de que vamos a continuar con nuestra tarea, porque ésta no termina aquí; son muchas más las cosas que debemos realizar a favor de quienes tienen más carencias.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señora Presidenta , después de escuchar la intervención jocosa, burlesca, del diputado Melero , se esconde cierto grado de soberbia peligrosa, porque, en relación con su tono de seguridad, uno podría advertirle que tuviera cuidado ya que en la puerta del horno se quema el pan.” Falta mucho todavía para la próxima elección presidencial. Hay que ser más humilde, más honesto. Nosotros, como Concertación, reconocemos nuestros errores; discutimos; no somos cuadrados; nadie nos digita; tenemos diferencias; pero también nos ponemos de acuerdo. Hoy estamos de acuerdo.
En el país hay doscientas cincuenta mil familias que son más pobres que los pobres. Hay 800 mil chilenos: hombres, mujeres, niños y ancianos, sumidos en la miseria, y un sistema de salud que no responde a los requerimientos de la gran mayoría de la ciudadanía. Frente a ello, ¿qué pensamos? Que todo el país debe hacer un esfuerzo solidario, comprometido y ético para sacar a esos chilenos del estado de pobreza en que se encuentran. Sin embargo, cuando el Presidente hace un llamado para que juntos hagamos ese esfuerzo solidario, comprometido y ético los primeros que reclaman no son los más pobres, los trabajadores, los microempresarios, sino, paradojalmente, los grandes empresarios, el señor Juan Claro ; el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), de la Confederación de la Producción y del Comercio, los bancos, las financieras, las compañías de seguros, los dueños de las AFP. Ellos han levantado la voz para reclamar por el alza tributaria. Ellos, a quienes no les tocamos un pelo, un peso, son los primeros en levantar la voz. ¿Saben por qué? -a nosotros no nos llama la atención-, porque la Derecha económica nunca ha sido solidaria ni comprometida con los más pobres del país. Así lo ha demostrado en toda la historia de Chile. Han sido otros gobiernos, de otros tintes políticos, los que han dado espacio a los pobres de este país. Y, hoy, en este debate vemos absolutamente lo mismo: quienes representan a la Derecha en el Congreso son los que alzan la voz para no solidarizar con los más pobres, porque, si no, no se habrían entendido las opiniones que ha vertido en esta oportunidad.
Personalmente, creo que la impronta de un gobierno progresista es que quien tiene más aporte más. Lamentablemente, no va a ser así. No nos gusta el IVA para todos por igual. Nos habría gustado un IVA diferenciado para que el aumento del impuesto no afectara a la canasta básica y por ende a los más pobres.
Me pregunto, ¿por qué no aplicamos un impuesto a las utilidades de las empresas?, como planteó el diputado Aguiló y otros colegas. ¿Por qué le tenemos miedo a la banca que tiene utilidades estratoféricas? En un período económico complicado para el país la banca obtuvo utilidades que, incluso, pueden ser cuestionadas éticamente. ¿Por qué tenemos miedo a esos sectores de la economía más poderosa del país? ¿Por qué no pagan impuestos ellos para poder financiar a los más pobres? Sin embargo, hemos optado por este camino y vamos a apoyarlos porque somos responsables. Como dije al principio, tenemos una deuda que pagar con el mundo social empobrecido. Me llama la atención la falta de coherencia de los estimados colegas de la Derecha, que votaron que sí por el programa Chile Solidario, por el plan Auge; sin embargo, hoy, cuando hay que financiar estos programas que apoyaron, no contamos con sus votos. Es una falta de coherencia total con el pensamiento y la acción.
Vamos a apoyar lo que el Gobierno ha planteado porque -insisto- apunta a sacar a los chilenos más pobres del estado en que se encuentran.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señora Presidenta , no voy a utilizar argumentos de la economía en relación con el alza de impuestos que nos convoca, porque se han mencionado suficientes, y profusamente, para decir que es absolutamente innecesaria o incomprensible un alza como la que se nos plantea. Dichos argumentos no sólo han sido entregados por diputados de la Oposición, sino también han sido reconocidos, en sus intervenciones, por diputados de la Concertación. Sí ha quedado claro que esta alza de impuestos va a tener, proporcionalmente, mucho mayor efecto sobre los más pobres del país.
Me referiré más bien a los efectos y tocaré brevemente la contradicción social y política que significa este proyecto de ley, porque diputados de la Concertación nos han dicho que el alza de impuestos va a beneficiar fundamentalmente a los más pobres a través de los programas sociales que se quiere implementar.
Pero sólo quiero remitirme a dos alzas de impuestos que establece el proyecto de ley. En primer lugar, al impuesto al diésel que, mayoritariamente, va a gravar a la pequeña y mediana empresa. Aquí no estamos defendiendo a Juan Claro, a la Sofofa ni a Ricardo Claro, sino a los pequeños y medianos empresarios que usan el petróleo como insumo fundamental en la producción. Estamos defendiendo a los taxistas, a los colectiveros, a los pequeños empresarios que en la caldera de sus talleres ubicados en poblaciones de diferentes comunas deben utilizar petróleo para producir partes y piezas industriales. Estamos defendiendo a aquella pequeña y mediana empresa que contribuye con el 80 por ciento del empleo del país. Ellos no representan a la gran empresa, sino a las Pymes, de las que nadie ha hablado acá, que serán gravadas con ese mayor impuesto. Asimismo, a los pequeños agricultores que utilizan un camión para trasladar sus insumos, la leche a los centros de acopio -a quienes, además, el Indap les recorta el presupuesto para asistencia técnica-, se les está gravando con el alza de impuestos.
Reitero que no estamos defendiendo a grandes empresarios, sino a las Pymes, las pequeñas y medianas empresas, que emplea al 80 por ciento de los trabajadores.
Adicionalmente, la misma contradicción del proyecto la recogemos en el alza del impuesto al alcohol, porque, no sólo se trata de aquellas viñas que exportan sino que hablo de miles de pequeños productores viñeros, cuyo único mercado de comercialización es el interno. Es a ellos a quienes se les está gravando con este impuesto. Por lo tanto, no se trata de la defensa de los empresarios, sino de las Pymes, de los pequeños productores y de los más pobres.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el ministro señor Eyzaguirre.
El señor EYZAGUIRRE ( ministro de Hacienda ).-
Señora Presidenta , hace poco tiempo, con motivo de la tramitación de los proyectos de la “agenda corta”, tuvimos un acuerdo transversal en torno a materias de país. Nos llenamos de optimismo porque pensamos que íbamos a comenzar a discutir en serio. Tampoco nadie puede venir acá, ni menos los diputados de la Oposición que nos fueron a saludar, a negar el coraje que tuvo el Gobierno para comenzar a enfrentar temas de importancia. También agradecemos la valentía de la Oposición para enfrentar un tema realmente pestilente: el dinero y la política. Pero, desgraciadamente, a pesar de nuestros esfuerzos, vemos hoy una reversión lamentable de viejas prácticas, de discursos fáciles, de inexactitudes, de populismos y de omisiones lamentables. Se dice que el Gobierno tenía a la mano cortar la “grasa” que existiría en el sector público, como una forma de financiar sus planes sociales.
Prontamente tendremos la oportunidad de discutir el Presupuesto de 2004, pero, francamente, el país exige de nosotros mayor nivel de conocimiento y de responsabilidad.
Ustedes, señores parlamentarios, han legislado sobre una estructura del gasto en los últimos 13 años, y cuando revisen éste con meditación, verán que es fijo en más de sus tres cuartas partes. Por tanto, es imposible absorber una rebaja de impuesto de 430 millones de dólares, con motivo de los acuerdos comerciales, sin haber disminuido lo único que se podría afectar mediante decisiones políticas: los gastos discrecionales, esto es, los gastos sociales.
En el estudio del próximo proyecto de ley de Presupuestos tendrán la oportunidad de revisar cada cifra y podrán ver cómo, a pesar de este emprendimiento tributario, tendremos un presupuesto extraordinariamente austero, como ha sido la práctica durante el Gobierno del Presidente Lagos.
Cuando se dice que no podemos cobrar más impuestos porque se van a malgastar, uno recuerda a los empresarios que dicen que no les pueden subir el salario a sus trabajadores porque se lo van a tomar. Decir eso es francamente una falta de respeto con ustedes mismos que no tiene parangón.
Diputado señor Bayo, no es posible pretender -sería una ilusión- que un país crezca y distribuya correctamente el fruto de su crecimiento con una carga tributaria inferior al 17 por ciento. Esa información la puede verificar en el sitio que mantiene el Ministerio de Hacienda en la red.
Quiero hacer un desafío a todos los sectores: muéstrenme un país del mundo que, con una carga tributaria inferior al 17 por ciento, haya tenido avances en equidad mayores que los de Chile. Pido que me nombren sólo uno. Todavía no tengo respuesta. Aquí se intentó el sueño de que se podía vivir sobre la base de bajar la carga tributaria, tal como lo trataron de hacer la Thatcher y Reagan, lo que provocó la debacle económica de Inglaterra y Estados Unidos. También lo hizo Pinochet en 1986. Sin embargo, hay que hacer notar que la economía creció como consecuencia de circunstancias externas. ¿O acaso no saben ustedes que la economía chilena era mucho más desigual en 1990 que en 1986, cuando se bajaron los impuestos? En aquel entonces, diputado Saffirio, se bajó el IVA, porque era el recurso más fácil, pero todos sabemos que ésa no es la forma de hacer progresar a un país. ¿Y cómo terminamos? Haciendo ajustes por la vía de los jubilados. No había caminos en Chile donde no hubiera un hoyo; no había medicamentos en los hospitales; no había raciones alimenticias en las escuelas públicas. Tanto es así que, cuando llegó la democracia, la misma Oposición se avino a hacer una reforma tributaria para redotar al capital social de lo mínimo que corresponde a un país civilizado.
No se puede rebajar la carga tributaria de 17 por ciento y, además, crecer y distribuir. No se mientan a sí mismos. Estoy todo el día -las doce o catorce horas que trabajo cotidianamente- mejorando la distribución de los recursos públicos. Y si hemos tenido algunos escándalos, que no negamos y que hemos enfrentado con la justicia, ha sido en función de la democracia que conquistamos. Pero en otra época no se enfrentó el regalo de las empresas públicas, el escándalo de haber usado 30 por ciento del PIB en rescatar a la banca, como tampoco se investigaron los activos del Banco del Estado que se destinaron a evitar la quiebra de la empresa El Mercurio. Esos sí que eran escándalos de verdad. Pero nos hacemos cargo de lo acontecido, porque queremos vivir en democracia. Todos los días estamos mejorando la asignación de recursos. Y somos un país distinguido, del cual nos tenemos que enorgullecer y no tirarnos barro los unos a los otros. Si hay denuncias, háganlas. Seremos los más agradecidos.
El tema de fondo -lo señalaba muy bien el diputado Aguiló- es una discusión sobre el tamaño del Estado. ¿Por qué no somos honestos con la gente de las tribunas? ¡Si hasta Pinochet recurrió a los aranceles en 1984 para reunir recursos públicos para financiar la debacle de la banca! ¿O acaso no sabemos que los aranceles son impuestos? ¿O acaso durante los gobiernos de la Concertación en los años 90 no se compensó cada peso de rebaja en los aranceles?
Se trata de 430 millones de dólares menos de impuestos que dejará de percibir el erario. No podemos -porque no somos Mandrake, el mago- absorber la disminución de 430 millones de dólares y financiar el programa Chile Solidario y el plan Auge. No se puede, salvo que desistiéramos de todos los otros programas de importancia para la sociedad. Ésa es la verdad. Lo otro es populismo; lo otro es, simplemente, facilismo.
Si la Oposición aspira algún día a ser gobierno, espero que retome la seriedad que tuvo para enfrentar la “agenda corta”.
Señores diputados de Oposición, ¿acaso nos habría costado mucho decir que financiamos el gasto social reduciendo el gasto militar? Tendríamos aplausos por todos lados.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¿Lo hacemos? ¿Y quién se preocupa de la soberanía de Chile?
La responsabilidad nos impulsa a hablar al país con la verdad. ¿Qué nos habría costado, como pedía el diputado Aguiló , en reemplazo de un punto del IVA, que es tan sacrificado para nuestra gente, establecer seis puntos a las empresas? En las poblaciones estarían lanzando sombreros al aire.
El señor CARDEMIL .-
Entonces, hágalo.
El señor EYZAGUIRRE.-
Señor Cardemil, no lo hago porque soy un ministro responsable, porque quiero a mi país y porque sé perfectamente que en Chile, como en cualquier país serio, pagan impuestos las personas y no las empresas, independientemente de la fuente de la renta. Por lo tanto, si subimos seis puntos los impuestos a las empresas, sin cambiar los impuestos a las personas, los ricos no van a pagar un solo peso más. ¿Quiénes van a pagar más? Las pequeñas y medianas empresas, que tienen las utilidades retenidas como única fuente posible de financiamiento. Tendríamos grandes titulares y grandes sombreros lanzados al aire, pero le daríamos un golpe mortal a la creación de empleo. Por esa razón no lo hacemos. Porque somos responsables, y no caemos en el populismo barato de decir que cortando grasa -¡muestrénmela!- vamos a financiar el plan Auge y el programa Chile Solidario.
Termino con el tema de los impuestos específicos. En todos los países del mundo se ha reconocido que el petróleo diésel, particularmente en aquellos como Chile, que tiene contaminación por partículas en el aire,...
El señor KUSCHEL.-
¡Santiago!
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Diputado Kuschel, yo no lo he interrumpido.
El alcohol y el tabaco deben ser gravados con impuestos especiales.
En Chile, el petróleo diésel es más barato que en cualquier país latinoamericano no exportador de petróleo, salvo Paraguay. Por lo tanto, le informo al diputado que hizo uso de la palabra precedentemente que las empresas no pagan impuestos al diésel. Antes de hacer uso de la palabra, lea la ley, ya que dicho impuesto es extremadamente moderado.
El diésel no contamina solamente a Santiago, diputado señor Kuschel. Cualquier ciudad con más de 100 mil habitantes, de las cuales hay muchas de las que ustedes representan, tienen actualmente un problema serio de contaminación por partículas en suspensión. El petróleo contamina 30 veces más que la gasolina y paga la decimotercera parte en impuestos. Esto lo han dicho el Instituto Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos y Chile 21; pero cuando llegamos a lo concreto, se dice fácilmente que se van a malgastar los recursos, que Corfo Inverlink, etcétera. ¿Por qué, de una vez por todas, no tenemos responsabilidad?
Termino con el tema de los licores, pues curiosamente si algún periodista hubiese realmente escuchado el debate, se habría dado cuenta de que lo que se reporta en los titulares de los diarios ha ocupado acaso un 1 por ciento del tema; porque aquí la discusión mayúscula está entre los que quieren empobrecer y empequeñecer el Estado versus los que queremos que el crecimiento se comparta entre todos. Esto es apenas un granito de arena de discordia dentro de un gran acuerdo.
Honestamente, creemos que es posible atender a los pequeños cooperados del pisco y a aquellos viñateros que están en situación de no exportación, por la vía de transformación productiva que los haga competitivos permanentemente y estimamos que eliminar el impuesto a los licores, o no subirlos porque son muy bajos, no es la mejor forma de protegerlos. Es obvio lo que estoy diciendo.
Les hemos perdonado 20 millones de dólares a los grandes consorcios del licor para no afectarlos con algunas decenas de miles de pesos que podríamos perfectamente -como siempre ha sido mi disposición- haber inyectado directamente a la vena a fin de mejorar para siempre la calidad de vida de esos pequeños cooperados.
No hemos concordado y encuentro razonable que todavía haya desconfianza en esta materia, pero esa es la forma de reclamación respecto de que afectemos a los que realmente pueden pagar.
Por último, ¿creen ustedes que no sabemos que el IVA es regresivo? Pero es el único impuesto de amplia base no distorsionador existente. Por lo tanto, la única forma de financiar iniciativas sociales sin sacrificar violentamente a los pobres debido a un crecimiento menor, es recurriendo al IVA y a la rebaja de aranceles, tal como lo hico la Concertación uno y la Concertación dos. Ello con una muy buena administración de esos recursos por la vía del programa Chile Solidario y del plan Auge para, en definitiva -como lo demuestran, sin lugar a dudas, las cifras que el Ministerio de Hacienda ha entregado-, tener mejor a nuestros pobres, con más empleos, con más crecimiento y, en suma, un Chile solidario.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señora Presidenta, voy a intervenir en esta especie de diálogo de sordos.
“Al César lo que es del César”. En la mañana, cuando consideramos el proyecto de acuerdo que apunta a beneficiar a los pensionados de nuestro país, efectivamente, aquel fue aprobado con algunos votos, escasos por cierto, de los diputados oficialistas y ello debe reconocerse. Como dice el viejo adagio popular: “Coser el saco, jefe, antes de echarle más al saco”.
Señora Presidenta , el año pasado aprobamos un proyecto de ley que le dio más atribuciones y financiamiento al Servicio de Impuestos Internos, iniciativa que justamente apuntaba a disminuir la evasión tributaria.
Me gustaría que el Gobierno hubiera entregado, con motivo de este proyecto de ley, un análisis de cuánto más realmente el Estado ha recaudado este año gracias a ese trabajo intensivo y celoso de Impuestos Internos. Queremos realmente saber dónde están los recursos obtenidos.
Por otro lado, tal como lo consigna el informe de hoy, sabemos que el 70 por ciento del gasto público va al gasto social que el gobierno y el Estado tienen; pero me gustaría saber cuál es la eficiencia de ese gasto social, porque no queremos un Estado más chico, sino uno más eficiente.
Hemos sabido -esta cifra no ha cambiado mayormente- que de cada 100 pesos que el Estado destina al gasto social, sólo 20 pesos llegan a la gente. Por ende, existe un 80 por ciento de movimiento que permitiría, como dice el ministro, apuntar realmente a la vena.
Éste es un Estado mediano; no es grande ni pequeño, pero sí hay “grasa” que eliminar. Por ejemplo, hace un par de años planteamos que los servicios públicos -llámense ministerios, subsecretarias o direcciones generales del aparato del Estado- gastan más de 11,5 millones de dólares al año en publicaciones, impresos, memorias, etcétera, de lo cual los diputados somos testigos, pues día a día recibimos rumas y rumas de publicaciones de los ministerios. ¿No es posible eliminar esa “grasa” o parte de ella? ¿Es tan necesario que los ministerios gasten ingentes sumas de dinero en publicaciones que nadie lee? Me pregunto, ¿hay “grasa” que eliminar? Efectivamente, la hay.
Quisiera que a futuro, cuando discutamos un aumento de impuesto, el Gobierno, por obligación, presente en su proyecto medidas destinadas a lograr mayor eficiencia, mayor probidad -hemos visto lo que ha sido la corrupción en general- y mayor transparencia.
Por lo expuesto, votaré en contra del proyecto, porque considero posible obtener recursos de otra forma y no golpeando, a través del alza del IVA, a la gente más pobre.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señora Presidenta, en el debate a veces se hacen aseveraciones bastante graves, particularmente de algunos parlamentarios de la UDI. Me permitiré responder algunas que, como secretario nacional de la Democracia Cristiana, no quiero dejar pasar.
Antes que todo, les preguntaría a los diputados de la UDI qué pasó, que recién hace dos o tres semanas corrían a La Moneda para llegar a acuerdos con el Presidente Lagos , diciéndole que ya habían pasado la etapa de negarle la sal y el agua al Gobierno, que eran un partido constructivo, un partido colaborador con el desarrollo del país y que darían en esta Sala y en la del Senado los votos a la Concertación para reformar el Estado.
Pensaba que participábamos de una democracia más desarrollada. Pero hoy me queda claro. Con su actitud, ustedes están siendo el reflejo de lo que han sido siempre. Hoy, cuando hay que apoyar el plan Auge o el programa Chile Solidario o cuando hay que apoyar la reforma social que pretende hacer el Gobierno, dicen: “No, ¿se volvió loco?” “No, es tremendamente soberbio”. Cambiaron en dos o tres semanas. ¿Qué les pasó? Se equivocaron. Díganlo así: “nos equivocamos”. Pero enfrenten la situación con seriedad. Hoy tenemos al mismo Presidente de la República de hace un mes, un año o tres años.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , diríjase a la Mesa.
El señor MULET.-
Por su intermedio, señora Presidenta , pregunto a los diputados de la UDI qué les pasó con este gran Presidente , a quien iban a apoyar concurriendo con sus votos para los acuerdos de reforma del Estado. ¿O me van a decir que no es modernizar el Estado llevar a cabo una reforma a la salud, que favorece a los más pobres? ¿No es modernizar el Estado la creación del programa Chile Solidario, que beneficia a las 225 mil familias más pobres? ¿Qué es eso? Eso también es modernización. Es llegar a la vena de los más pobres. Por eso, no los entiendo. En fin, ustedes son de la Oposición.
Alguien dijo: “No entiendo cómo no se dan cuenta de que el alza de los impuestos es inconveniente”. ¡Pero si a nosotros no nos gusta tampoco apoyar el alza de los impuestos! Creo que es fácil comprender eso. Ni a mí, ni a mi partido, ni al gobierno le gusta subir el IVA. Nos gusta bajarlos, como lo ha hecho con los aranceles, que han disminuido sistemáticamente, como explicaba muy bien el ministro de Hacienda . Pero somos gobierno y tenemos un compromiso con el país y con la gente, que tenemos que cumplir de la mejor manera posible. En ese esfuerzo estamos. Habrá que analizar lo menos malo.
No nos gusta alzar los impuestos, pero sí nos gusta el Auge y el Chile Solidario; que haya más crecimiento y más equidad. La Democracia Cristiana ha concurrido, en general, con el acuerdo del gobierno y vamos a entregar nuestros votos para apoyar el alza del IVA, que es lo más grueso del paquete tributario que ha presentado el Presidente , para cumplir con el compromiso adquirido por el país.
¿Qué prometió la UDI durante la dictadura militar cuando era gobierno? Algunos de ustedes eran muy jóvenes, al igual que yo, pero tienen buena memoria. Prometió democracia y dio exilio, tortura y detenidos desaparecidos. Además, no había libertad de expresión.
No me gusta recordar estos hechos; no me gusta volver al pasado, pues creo en el futuro. Pero si ustedes plantean las cosas en esta forma, yo les responderé de igual manera.
Nos hablan de la Corfo, de los casos Gate y coimas. El ministro respondió muy bien a esos cuestionamientos, por lo que no me voy a referir a ellos.
Se observa también la impresión de documentos por parte de los ministerios. Esos libros son para leerlos, para fiscalizar, para colaborar y, muchas veces, para saber lo que está pasando. ¿Qué hicieron ustedes cuando redactaron la Constitución y las leyes orgánicas? Establecieron el artículo 3º transitorio en la ley orgánica del Congreso Nacional con el objeto que ni siquiera se investigara, no se viera nada de las privatizaciones; no se investigara ningún problema.
En un partido político o en un gobierno puede haber corrupción y gente que actúa mal. Eso no es responsabilidad personal de ustedes ni nuestra. La diferencia es que en democracia se investiga. Cuando uno tapa, como se hizo en la dictadura, se carece de autoridad moral en la materia. Ese es el gran problema que hoy día enfrentan, pues la gente no les va a creer. En cambio, nosotros hemos abierto las puertas para que se investigue y, luego, se sancione a los responsables.
La Democracia Cristiana va a apoyar el alza del IVA y el alza del impuesto al tabaco. Respecto del tributo al diésel, nos parece muy bien lo que ha hecho el ministro de Hacienda , en orden a sacar la doble patente y dejar solamente el alza en el impuesto específico del diésel, recordando que éste solamente afecta al transporte, porque las empresas tienen derecho a descontarlo como crédito. Tuvimos una muy buena conversación con el ministro de Hacienda sobre la materia, concluyendo que el alza del gravamen del combustible perjudicaba a los taxistas.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , ha terminado su tiempo.
El señor MULET.-
Señora Presidenta , termino inmediatamente.
Respecto del alza de los impuestos a los alcoholes, hemos informado al gobierno que votaremos en contra, porque nos interesa tener a los productores de uva, fundamentalmente de las regiones Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima, sin este problema de la doble tributación.
Le agradezco al Gobierno que nos haya escuchado, porque, en lo general, tiene todo nuestro apoyo. También agradezco al señor ministro de Hacienda que nos haya dado su acuerdo para votar de esta manera.
Ojalá mañana la prensa no diga que la DC votó en contra del alza del impuesto a los alcoholes. Lo que tiene que informar es que la Derecha se opuso al plan Auge y al programa Chile Solidario.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo.
El señor HIDALGO .-
Señora Presidenta ¿quién se puede oponer a los programas sociales como el plan Auge y el programa Chile Solidario? Nadie, absolutamente nadie.
¿Quién se puede oponer a subir los impuestos? En estricto rigor, todo el mundo. ¿Y por qué? Porque estos impuestos, como el IVA, el específico al diésel, al tabaco o a los alcoholes, afecta sin lugar a dudas a los más pobres, a los que supuestamente se quiere beneficiar con los programas sociales mencionados.
El alza de impuestos, sobre todo en una economía pobre producto del reducido crecimiento del país en últimos cinco años, asustará a los inversionistas, al consumidor, porque el dinero no le alcanzará; impedirá el crecimiento y desarrollo de las compañías, especialmente a aquellas de sectores a los que se le están aumentando los impuestos, y, finalmente, aumentará la cesantía.
Comprendo -lo señalo sin ánimo de crear polémica- que un gobierno socialista no crea en el crecimiento económico como elemento de desarrollo de un país para cubrir necesidades básicas: una salud adecuada, una vivienda digna y, por supuesto, una educación correcta. Lo anterior se demuestra con los trece diversos tipos de impuestos que ha subido el gobierno del Presidente Lagos.
No estamos por impedir que se beneficie a los más pobres mediante la implementación de los programas sociales, como el Auge y Chile Solidario. Por el contrario. Pero queremos hacerlo como corresponde: con eficiencia, con ahorro por parte del Fisco y con la privatización de algunas empresas, focalizando el gasto, ojalá lo más directamente posible. De hecho, lo único bueno que tal vez tiene este proyecto es que abre la posibilidad para que empresas como Esval, Essbío y parte de Aguas Andinas , en las cuales tiene intereses el Estado, puedan ser, finalmente, privatizadas.
En lo que dice relación con las consideraciones al proyecto, debo señalar que ayer al señor ministro se le vio bastante serio cuando el impuesto a los alcoholes no fue votado favorablemente. Esa fue mi primera impresión.
Hoy, con la calculadora en mano, nos dimos cuenta de que el ministro salió ganando, porque, a pesar de haber dejado fuera las patentes por su efecto neutro y haber votado en la Comisión en contra del alza de los impuestos a los alcoholes, nos encontramos con que Hacienda recaudará -el ministro es muy hábil y lo felicito por ello- 20 mil millones de pesos más, en forma casi inmediata, con el aumento del 1 por ciento, porque la normativa va a regir desde octubre de este año. Insisto, esto va a afectar sustancialmente a los más pobres y a la clase media.
Ayer escuchamos una exposición del representante de Chile Tabacos. Hay algo sumamente delicado en lo que los colegas de la Comisión no pusieron mucha atención. En nuestro país, el tabaco significa el 5 por ciento de los ingresos fiscales, es decir, más de 600 millones de dólares. Si esta empresa, por una relación precio-mercado, por cubrirse del contrabando, que mayoritariamente es latinoamericano, bajara en cien pesos el precio de la cajetilla de cigarrillos, el fisco dejaría de percibir 100 millones de dólares, o sea, setenta y tantos mil millones de pesos, lo que podría traer consecuencias. Es cierto que el tabaco es nocivo y que se invierten más de 3 mil millones de pesos al año en el tratamiento de problemas broncopulmonares de la gente, producidos por su consumo. Pero eso no disminuye necesariamente la adicción.
Por último, quiero señalar al ministro de Hacienda que yo estaría dispuesto a revisar el gasto militar, siempre que el gobierno también esté dispuesto a revisar el presupuesto del Ministerio de Agricultura, del cual el 51 por ciento del presupuesto se destina al Instituto de Desarrollo Agropecuario ( Indap ).
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta , este debate es muy importante y crucial para el país. Pero a veces parece que la discusión de fondo es que a la Derecha, por razones políticas más que ideológicas -porque entiende muy bien que el país necesita más recursos para la agenda social- no quiere que al Gobierno del Presidente Lagos le vaya bien y está dispuesta a sacrificar las esperanzas y anhelos de millones de chilenos que dependen del Estado para tener salud, educación, vivienda y seguridad ciudadana. Esas cosas no caen del cielo. A lo mejor, los parlamentarios de Oposición están acostumbrados, entre otras cosas, a abrir el refrigerador y encontrar de todo. Pero en una sociedad normal, el Estado financia esas prestaciones y beneficios con impuestos de todos los habitantes del país. Está claro que la carga tributaria de Chile no permite avanzar sustantivamente para financiar las expectativas que permitan superar la pobreza.
Asimismo, a veces he escuchado decir a la Derecha que le importa el capital social, que quiere que sea más competitivo, pero para lograr eso se requiere invertir más en educación y en salud. Es una inversión y no un gasto, pero debe hacerse a tiempo. Ojalá tengamos altura de miras para construir el Chile del futuro.
He oído decir que sobra plata. Ello es una ofensa para los más pobres. Los consultorios ni siquiera tienen medicamentos y los hospitales no cuentan con el instrumental para poder operar. Se ha hablado de royalty, pero no se quiere que la gran minería pague impuesto ni tampoco que haya más carga impositiva a las utilidades de las empresas. Entonces, ¿cómo financiamos esto? No queremos hacer lo que el gobierno militar hizo en salud: su presupuesto fiscal llegó al 0,8 por ciento del producto interno bruto -una miseria-, lo que significó restringir los aportes del Estado para ir en ayuda de los más pobres.
Por ello, lo que planteamos son medidas responsables. Es cierto que puede haber un debate respecto de si el plan Auge cuesta 150 mil millones de pesos, como señala el Gobierno, o 300 mil millones de pesos, como lo expresamos nosotros. Peor sería si cuesta 300 mil millones de pesos, porque faltaría más dinero. Se necesitan todavía más y no menos impuestos. El Gobierno ha propuesto algunas fórmulas que apoyamos.
¿Es regresivo el IVA? Tal vez no es la mejor fórmula para el fin que se persigue, pero para el 20 por ciento más pobre, por cada peso que ponga, va a recibir diez pesos en beneficios sociales, salud y educación.
Ahora, el 40 por ciento de los más pobres va a recibir tres pesos en beneficios por cada peso que aporte. Por supuesto, una medida bien enfocada es progresiva. Nos ayudará a tener médicos y medicamentos en los consultorios, equipamiento en los hospitales para que se pueda operar y, además, permitirá que los programas de lucha contra la extrema pobreza se puedan cumplir.
¿A la Derecha no le interesa eso? Tal vez, el diputado Dittborn, que representa a Las Condes y a quien estimo mucho, no ve la realidad de los sectores pobres. Incluso ha llegado a decir que sobra dinero, que no se necesitan más recursos.
Aquí estamos frente a un problema ético que nos involucra a todos. Las diferencias políticas no pueden llegar al extremo de impedir que se concreten programas que son esenciales para la vida de las personas.
Respecto del impuesto específico, me da vergüenza lo que he escuchado: que afecta a los más pobres. Por favor, si los más pobres son los más afectados por las mentiras de las empresas tabacaleras que están siendo demandadas en el mundo entero; además, en todas partes se restringe la publicidad al tabaco. A Chile le cuesta 2 mil millones al año enfrentar las consecuencias de su consumo. ¿Cómo no vamos a entender eso?
Hay veintidós años de expectativa de vida perdida para una persona por consumo de tabaco. A lo mismo se debe el 11 por ciento de la mortalidad infantil.
¿Cómo no va a ser importante restringir el consumo de tabaco, que causa entre siete mil y once mil muertes en Chile? ¿No nos damos cuenta de eso?
La Organización Mundial de la Salud dice que por cada diez puntos de aumento al impuesto al tabaco, disminuye en un 8 por ciento el consumo.
En Chile el consumo de tabaco es uno de los más altos del planeta. El 54 por ciento de los niños chilenos consume tabaco y a nivel general el 48 por ciento de la población.
El precio del tabaco en Chile es uno de los más baratos en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí hay algunos que prefieren hablar con Chiletabacos; defender esos intereses en lugar de la salud del país. Están equivocados.
Si hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, a pesar de las diferencias que podamos tener en otras materias, es en que el consumo del tabaco hay que reprobarlo, hay que aumentarle los impuestos como lo hacen todos los países. Aquí hay un solo sector político que defiende a las tabacaleras y al tabaco y que no está dispuesta ni a aumentar el impuesto ni a aplicar políticas de restricción a su publicidad: la Derecha. Sólo en Chile he visto esto, y eso es preocupante.
En relación con el impuesto al alcohol, quiero recordar que su consumo se ha transformado en un mal social. Es responsable del gasto de 3 mil millones de dólares. Si disminuyéramos en un 20 por ciento el consumo, el país ahorraría 600 millones de dólares, a los que podría darse un mejor destino: estimular la economía.
El alcohol es la primera causa de muerte entre las personas menores de 45 años. ¿Cómo no va a ser importante eso?
La Organización Mundial de la Salud dice que al igual que para el tabaco, por cada diez puntos de aumento a sus impuestos, disminuye en un 8 por ciento el consumo. Si bajara sólo un 8 por ciento la prevalencia de alcohol en un país que tiene un 20 por ciento de bebedores excesivos y un 10 por ciento de alcohólicos, se ahorrarían 300 millones de dólares.
Estoy de acuerdo en subsidiar a las pequeñas empresas, pero no hagamos esto para defender los grandes intereses económicos del vino y a las empresas que debiéramos cuestionar.
Señalo lo anterior a la Derecha, porque ella también tiene que responder por esto.
Por último, lo patético. En lo que dice relación con el alza del impuesto al diésel algunos señores diputados, que no entienden nada, han dicho que los vehículos diésel contaminan lo mismo que los bencineros. En verdad, contaminan treinta veces más.
¿Saben lo que están haciendo? Están condenando no sólo a Santiago, sino que a Temuco, a Concepción, a Puerto Montt y a Osorno.
Quiero decirle a los diputados que representan a la Décima Región que allá también están sobre la norma. Estamos tirando al tarro de la basura todos los esfuerzos y gastos que hemos hecho, porque anualmente 15 mil vehículos se están transformando a diésel.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , ha concluido su tiempo.
El señor GIRARDI.-
La diéselización del parque automotor es un crimen. El costo en salud que genera el uso del diésel alcanza a 600 millones de dólares. Es la primera causa de bronquitis obstructiva y bronconeumonía en Santiago y en las grandes ciudades del país.
Por eso, aquí hay un problema ético, de agenda social, pero también un problema de salud, por lo que vamos a apoyar las medidas del Gobierno.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , hace cuatro años terminé una de mis intervenciones en la Sala recordando una de las frases más famosas de Benjamin Franklin, aquella que señalaba que en la vida hay sólo dos cosas inevitables: la muerte y que los gobiernos cobren impuestos. Cuatro años después, hemos podido comprobar la veracidad de esa frase, por cuanto los gobiernos de la Concertación han subido durante ese período seis impuestos distintos. Para ello, siempre invocan el mismo argumento: la defensa de los pobres.
La Alianza por Chile les pide oficialmente que cambien la receta. Se defiende mucho mejor a los pobres evitando que se roben el jarrón y los escándalos del Indap, de Gate, Tribasa y los relacionados con los sobresueldos; se defiende mucho mejor a los pobres garantizando la existencia de leche en los consultorios y no contestando torpezas, como ocurrió en las últimas semanas; se defiende mucho mejor a los pobres evitando los escándalos por el pago de indemnizaciones por altos montos en las empresas públicas y los problemas de Codelco y Esval , o que en mi región una empresa pública gaste 1.000 millones de pesos adicionales por haber ideado mal un colector. De esa forma, se defiende mucho mejor a los pobres y no como hacen ustedes ahora, que señalan que los defienden, pero, al mismo tiempo, les piden que paguen un poquito más para seguir defendiéndolos. Eso es inaceptable.
Por eso, la Alianza por Chile, sin ningún problema, votará en contra de las alzas de impuestos, pues, luego de la serie de escándalos sucedidos durante ocho meses, es una medida políticamente intolerable. Incluso, quienes apoyan al Gobierno han logrado algo que pensé que en Chile nunca iba a ocurrir: despertar la conciencia tributaria. Por primera vez hay encuestas serias que señalan que la gente está en contra del alza de impuestos y se organiza para decir no a esa medida. Subir los impuestos no sólo es políticamente intolerable, sino que también económicamente equivocado, pues se aplica en un momento recesivo que ha dejado una secuela de cientos de miles de cesantes. Al mismo tiempo, constituye una medida socialmente injusta. Nadie cree que por cada peso que coloque una persona pobre recibirá diez a cambio. Luego de los escándalos en el Indap y de constatar la pobreza campesina, nadie cree que eso va a ser una realidad. Alzar los impuestos -ustedes mismos lo reconocen- constituye una medida regresiva y es un paso absolutamente equivocado, sobre todo para los más pobres.
Nos acusan de demagogos. ¡Por favor! Demagogo es aquel que dice algo y hace otra cosa. ¿Qué señaló hace un momento mi amigo, el diputado Aguiló? Que alzar este impuesto es malo, intolerable y regresivo. Y luego de expresar que no era posible que el ministro propiciara esta iniciativa, la votó favorablemente. ¿Qué escuchamos decir a mi amigo, el diputado Saffirio ? Que alzar este impuesto era malo, intolerable y regresivo. Y luego de agregar algunos datos económicos y criticar al ministro su apoyo a la medida, también votó favorablemente el proyecto. ¿Qué decimos nosotros, los supuestamente demagogos? Que el impuesto es malo, intolerable e inaceptable. ¿Y cómo votamos? En contra de la iniciativa, sin problemas, de cara al país. De modo que hay que tener cuidado con las acusaciones de demagogia.
Ahora bien, no sólo votamos en contra de la iniciativa debido al alza del IVA, sino porque consideramos que todas las alzas propuestas son equivocadas. Hace un momento, un diputado señaló que aquí se estaban defendiendo intereses sectoriales. Eso, al menos, lo considero legítimo. Sin embargo, uno tiende a pensar que, más bien, se están defendiendo intereses electorales. Resulta curioso que el senador Pizarro se haya erigido en paladín de ciertas materias a dos años de una elección.
Digámoslo claramente y no escondamos argumentaciones: esto de todos modos es malo y la idea era votar en contra. Es tan malo como el diésel para las Pymes, en especial para las vinculadas con el transporte, como también es malo para el tabaco -tema sobre el cual desde ya hacemos reserva de constitucionalidad- y no sirve para la salud, pues el propio Gobierno espera aumentar la recaudación. Por la vía tributaria no se evita que la gente fume, pues se trata de bienes de clara demanda inelástica.
Todos estos argumentos nos llevan a votar en contra de la iniciativa. Sin embargo, lo que más indigna -ésta es la diferencia con los proyectos que debatimos hace algunas semanas- es que se le ha mentido a la gente. En La Moneda, hace unos días, el Presidente Lagos mostró un papelito -la televisión lo ha exhibido insistentemente- y señaló con valentía que no necesitaba más dinero para compensar aranceles y paliar el déficit, sino sólo para financiar su agenda social. Lo ha repetido todas las noches. La verdad es que están pidiendo 330 mil millones de pesos más. Van a tomar de los bolsillos de los chilenos 330 mil millones de pesos más, un 70 por ciento más de los ingresos que quieren para el plan Auge y el programa Chile Solidario. Si quieren hacer esto, al menos tengan la valentía de decirlo. Señor Presidente de la República , usted que nos amenaza todas las noches por televisión, dígalo claramente: “Necesito un 70 por ciento más de los recursos; necesito sacar de los bolsillos de los chilenos 330 mil millones de pesos más”. Esa es la realidad. Por eso, es inaceptable lo que ha ocurrido en los últimos días.
¿Querían discutir sobre Chile Solidario y el Auge? Nosotros votamos a favor de esos proyectos en su momento, que quede claro, pero busquen formas de financiamiento adecuadas y no ésta, porque, además, mienten al decir que sólo piden plata para Chile Solidario y el Plan Auge, en circunstancias que están pidiendo 330 mil millones de pesos más.
Señora Presidenta , ayer hubo dos derrotados en la Comisión de Hacienda. Por un lado -y por eso creo que hay menos críticas de las que hubiera esperado-, nuevamente la gente, no sólo por aprobar este proyecto, sino porque como decía el diputado señor Hidalgo , ayer se aprobaron, al menos, 40 mil millones de pesos más. Gracias a las gestiones de la Democracia Cristiana los chilenos tienen que pagar 40 mil millones de pesos más. Esa es la diferencia de cobrar el punto de IVA completo ahora, que es lo que está proponiendo el gobierno. Eso es absolutamente equivocado, como son equivocadas todas estas alzas de impuesto.
El segundo derrotado, y esa es la diferencia, diputado Mulet , con la actitud del Presidente que la arrogancia, la vanidad. ¡Por favor, si nos ha amenazado todas las noches! Ahora se quedó sólo con una parte de su proyecto. Él no pidió apoyo para una parte. Él pidió que lo apoyaran en todo, si no los iba a denunciar. ¿Por qué no ha denunciado a los diputados Lorenzini , Silva , Mulet o Walker ? Ellos se han opuesto a parte de su proyecto. Él pedía apoyo para todo el proyecto, supongo. En eso ha insistido todas las noches.
Una vez más, me tocó ver al diputado Escalona votar en la Comisión de Hacienda, muy rectamente, a favor de todo el proyecto, le gustara o no le gustara. Pero es curioso cuando se cruzan los intereses electorales de algunos con los legítimos intereses de otros, no me cabe la menor duda, defendidos muy bien por otros diputados. Pero que curioso es esto.
La otra diferencia: cuando nos dicen que seamos conciliadores, acá hay un discurso totalmente distinto. Si muchos de los diputados de la Concertación reconocen las amenazas del Presidente . Nos amenazó con sacarnos al pizarrón. La última vez que lo hizo fue en agosto del año pasado. Después vinieron los casos Tombolini . Desaforados, Inverlink , Gate , Corfo . Ojalá nos siga sacando al pizarrón. Habitualmente, nos va bien cuando el Presidente usa estas frases. Pero esas amenazas no nos molestan.
La UDI, de frente, como lo ha hecho la Alianza por Chile, dice que se opone al alza de este impuesto. De frente dice que actuará en una forma real, concreta, directa, como lo ha hecho siempre para ayudar a otros partidos cuando han estado en complicaciones y para ayudar a salvar al gobierno.
¡Por favor! No fuimos nosotros los que partimos corriendo a La Moneda para ayudar al Gobierno, como ha dicho un diputado acá. Nosotros estuvimos dispuestos a salvar la cara de un gobierno ante un gravísimo escándalo de corrupción. Ahí estuvieron nuestros votos, como también estuvieron, insisto, para el programa Chile Solidario y el Plan Auge. Por eso nos creen; por eso, en 120 años de historia republicana, somos el cuarto partido más grande que ha existido en nuestra patria. Por eso, junto a nuestros socios de Renovación Nacional vamos a ser gobierno.
En la historia tributaria hay numerosos casos bastante simpáticos, como el Boston tea party, en Estados Unidos, referido a la famosa discusión de si se hacía romanos a todos los ciudadanos para cobrar impuestos. Pero siempre me gusta recordar uno, destacado por el monje benedictino Roger de Wendower: el caso de lady Godiva, quien aterrada porque su propio marido había subido los impuestos de una forma desproporcionada, tuvo que cabalgar desnuda por la plaza de Coventry para llamar la atención a su propio marido, el duque Leofric , para que no siguiera subiendo los impuestos.
Eso no lo podemos esperar del gobierno de la Concertación. No podemos esperar que alguno de los ministros galope desnudo para dar una señal al Gobierno de que ya basta de subir los impuestos. Por lo tanto, sólo nos quedaremos con una desnudez: con la desnudez del Gobierno en nuevas ideas, la desnudez del Gobierno en materia económica, la desnudez del Gobierno en el combate a la corrupción, la desnudez del Gobierno en liderazgo, la desnudez de la demagogia del Gobierno.
Por eso, no se lo decimos a los amigos de la Concertación ni al ministro, sino directamente al Presidente de la República, sin mentir, sin miedo, sin decir una cosa y hacer otra.
Por los pobres, por los sectores medios de Chile y por nuestra Patria, votaré no, y toda la UDI votará en contra del alza de impuestos.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , ¡qué bueno que vivamos en democracia! Es un hecho maravilloso, porque consigue cosas inesperadas, como que la Derecha defienda a los pobres. ¡Gracias, democracia chilena. Has logrado un cambio increíble e inesperado! Quienes por tantos años oprimieron y apabullaron a los más humildes de este país, hoy los defienden en el Congreso, naturalmente con sus antiguas, equívocas y engañosas banderas; ocultando sus verdaderos intereses.
¡Qué bueno que en el Congreso se pueda hacer este debate y, en consecuencia, enfrentar las diferentes posiciones que existen en nuestra sociedad!
El tema de fondo es cuánto esta dispuesto a gastar nuestro país para financiar sus programas sociales, cuánto es la carga tributaria que requiere Chile. Cifras más, cifras menos, se reconoce que la carga tributaria actual corresponde al 17 por ciento del producto interno bruto.
No hay ningún país del tamaño del nuestro, similar al nuestro y con el desarrollo del nuestro que pueda resolver sus problemas de financiamiento de salud, educación, previsión, ciencia y tecnología, investigación y enfrentar los desafíos que tiene como nación con esa carga tributaria.
Por eso, me parece sumamente engañosa la afirmación que se da como si fuera de sentido común: “Estamos todos en contra de los impuestos. No podemos aceptar que haya nuevos impuestos.” En realidad, es una frase engañosa, que no da cuenta de la situación real, de nuestros desafíos como sociedad.
Si Chile quiere desarrollarse como nación y dar un buen futuro a las nuevas generaciones, debe financiar una educación superior adecuada, tiene que responder a las necesidades de los estudiantes, debe dar una solución al problema del crédito universitario. Si nuestro país quiere tener una sociedad igualitaria, debe contar con los recursos para resolver el acceso a la salud para todos. Si quiere pararse con ambos pies en el concierto de las naciones, debe resolver el problema de las 225 mil familias que viven en la indigencia, la marginalidad y la miseria. Para eso necesita recursos, para eso tiene que aumentar la carga tributaria.
Estamos dispuestos a apoyar este conjunto de medidas propuestas por el Gobierno, que no nos parecen suficientes, porque tienen un problema de fondo: el incremento del IVA aumenta la desigualdad, porque no se está resolviendo el crecimiento de la carga tributaria.
En efecto, los impuestos indican que, lamentablemente, en nuestro país aumentó la brecha de la desigualdad social con el curso de los años, a pesar de los planes y programas sociales que ejecuta la Concertación.
Para que una nación sea viable en el largo plazo, sobre todo en esta etapa de globalización, es necesario que sea más integrada y cohesionada desde el punto de vista social.
Por eso, aunque hoy parezca un pecado decirlo, este debate no cierra la discusión tributaria del país, porque estamos seguros de que, tarde o temprano, tendrá que reabrirse.
Aunque el ministro de Hacienda señaló que financiar el programa social con el impuesto de primera categoría significaría un golpe a la pequeña y mediana empresa, porque tendría que aumentarse de 17 a 23 por ciento dicho impuesto, estamos seguros de que para solucionar el problema de la desigualdad -que algunos ganen mucho y otros muy poco-, es necesario enfrentar ese problema.
La democracia chilena tendrá que dar cuenta de ese problema, porque en un país no puede haber pensiones asistenciales menores de 44 mil pesos mensuales y que al mismo tiempo cuatro o cinco familias compitan en el ranking de las revistas mundiales con fortunas superiores a 2 mil millones de dólares. Este es un problema de fondo que la Derecha nunca va a reconocer ni aceptar, que va a esconder y disfrazar con su ataque populista y demagógico al Gobierno, porque jamás se atreverá a tocar el tema de las grandes fortunas que marcan la desigualdad que vive nuestra nación.
Mientras esto no sea posible, respaldaremos al Gobierno, aunque sabemos que el aumento del IVA no es la solución ideal. Pero mientras la Derecha cierre todos los caminos, mientras se contente con la desigualdad, mientras no le pese la marginalidad y los pobres sólo sean una bandera de lucha electoral, nosotros vamos a estar con el Gobierno de la Concertación, porque estos avances, aunque son limitados, ayudan a lograr una sociedad más integrada.
Vamos a apoyar al Gobierno de la Concertación, porque sabemos que estos son avances necesarios para lograr una sociedad más integrada. Mientras exista menos marginalidad, menos pobreza, más educación y más acceso a la salud, la sociedad chilena tomara conciencia de que se necesita un país integrado, en que los ricos aporten más para resolver los problemas de los que no tienen nada, o que no cuentan con recursos para su sobrevivencia. Esperamos que, en el corto plazo, los recursos permitan resolver los temas pendientes de previsión, de pensiones asistenciales y de montepíos.
El problema de las reformas sociales no se acaba esta noche. Hay tareas enormes que sacar adelante. Más allá del debate de corto plazo, de la pugna pequeña, de las mezquindades, de aprovechar la tribuna para atacar una vez más al Gobierno, hay reformas sociales urgentes, apremiantes que habrá que enfrentar en este Gobierno y en los futuros. Sepan ustedes, estimados amigos, que la sociedad chilena reconocerá finalmente a los que tienen responsabilidad para gobernar y no a los que se entretienen jugando con nieve.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el ministro de Mideplan , señor Andrés Palma .
El señor PALMA, don Andrés ( ministro de Planificación y Cooperación).-
Señora Presidenta , hace algunas semanas me correspondió concurrir a esta Sala a pedir apoyo para aprobar el proyecto que crea como red de protección social el programa Chile Solidario.
En dicha ocasión, también pedí a esta Corporación diligencia para alcanzar un acuerdo destinado a financiar de manera permanente el programa Chile Solidario y la reforma de la salud.
En los meses que llevo desempeñándome como ministro en el Gobierno del Presidente Lagos, he tenido la oportunidad de estar en 12 de las 13 regiones del país y en 48 comunas, como La Serena, Maipú , San Bernardo , Puerto Cisnes, Coihaique y Puerto Aisén. Menciono estas comunas porque tienen la características común de que todos su alcaldes son opositores al Gobierno del Presidente Lagos. Sin embargo, en todas esas reuniones, en alguna de las cuales he estado acompañado por parlamentarios de la Alianza por Chile, ha habido una constante de parte de los alcaldes, que también se da en comunas como Copiapó, Iquique , Vallenar , Temuco -donde la próxima semana, acompañados del Presidente de la República , vamos a suscribir la incorporación de esta ciudad a la red Chile Solidario-, Victoria, Angol , Carahue , Padre las Casas , en cuanto a que el Programa Chile Solidario permanezca, se profundice y se desarrolle más en el futuro.
Análisis de la situación de las familias incorporadas al programa Chile Solidario revelan que una parte importante de ellas ha caído en la indigencia por causas de enfermedades. Estudios del Ministerio de Planificación avalan este hecho.
Una familia no necesita ser pobre para terminar en la miseria cuando debe enfrentar un cáncer o una enfermedad catastrófica. Por eso, y para luchar contra la pobreza, es necesario sacar adelante la reforma de la salud y atender a las familias más pobres.
Pero eso no se hace gratis; lo sabemos quienes estamos en el Gobierno y fuera de él. Sin allegar los recursos no será posible atender la reforma de la salud y Chile Solidario en forma simultánea con la jornada escolar completa, los doce años de escolaridad para todos los jóvenes y niños chilenos; la reforma de la justicia; el fin de los campamentos a través del Programa Chile Barrio; 105 mil viviendas sin deudas de aquí al 2006; los tribunales de familia, los tribunales del trabajo.
Otros programas que no serán posible de atender en forma simultánea con la reforma de la salud y el Chile Solidario si no se allegan los recursos necesarios son el que considera banda para el 60 por ciento de los establecimientos educacionales; el programa Enlaces, al cual acceda el 95 por ciento de los alumnos; el programa Bibliorredes el cual están conectadas 368 bibliotecas públicas, o el desarrollo de programas de apoyo a la microempresa.
Es necesario contar con esos recursos debido a la disminución de ingresos tributarios por 430 millones de dólares como consecuencia de los tratados de libre comercio suscritos por Chile. Además, necesitamos 300 millones de dólares para ampliar la cobertura de nuestros programas sociales. Son 730 millones de dólares que no es posible abordar con los recursos que hoy tiene el Estado. Esa es una realidad que nadie puede desconocer.
Por eso, el Gobierno ha pedido a la Cámara de Diputados su apoyo para este proyecto de financiamiento. Confiamos en que así sea, porque no sólo financiaríamos la reforma de la salud y el programa Chile Solidario, sino que permitirá mantener el resto de las políticas aprobadas en la Sala, casi todas por unanimidad, como el financiamiento de Chile Barrio y, en su momento, la reforma a la justicia y los programas y modificaciones a las leyes de vivienda.
En su momento estas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad porque se estimó que eran buenas, pertinentes e iban en beneficio de los más pobres. Además, son necesarias para avanzar y para que el desarrollo llegue a todos por igual. Asimismo, cuando ha sido aprobada una rebaja arancelaria, es porque ella también contribuye al desarrollo.
Hoy, como Gobierno de Chile, pedimos a esta Sala, que con esas mismas unanimidades, apruebe esta modificación tributaria. Es una compensación pero también constituye un esfuerzo para que el país continúe desarrollándose por la senda del crecimiento con igualdad.
Por eso esperamos que, más allá de los discursos, el proyecto enviado por el Gobierno sea aprobado por unanimidad.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Cerrado el debate.
Antes de proceder a la votación, el señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Se encuentran con pareos vigentes los diputados señores Claudio Alvarado y Gabriel Ascencio; Alberto Cardemil y Edmundo Salas, y Boris Tapia y Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ.-
Punto de Reglamento, señora Presidenta.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , pido también que se lean las solicitudes de votación separada para preparar a las distintas bancadas en esa línea.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Las haremos presente en forma ordenada, señor diputado.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Corresponde votar en particular el proyecto.
En votación el numeral 1) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER.-
Señora Presidenta , no quedó registrada la votación de varios diputados, entre ellos, la de los señores Leal y Villouta; por lo tanto, pido que se repita la votación.
El señor ÁLVAREZ .-
No es posible repetir la votación.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Me consta que estaban presentes pero su voto no quedó registrado en el tablero y, por lo tanto, se va a repetir.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No, señora Presidenta!
-Manifestaciones en la Sala.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Se reanuda la sesión.
Se suspende por quince minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , la Alianza por Chile, a pesar de que la situación es altamente anormal, reconoce su derecho, de acuerdo con el artículo 159 del Reglamento, de repetir la votación cuando el sistema electrónico ha tenido un problema o, a juicio suyo, hay una discrepancia. Pero pide que se aplique íntegramente esa disposición y, por tanto, que la segunda votación sea a mano alzada, sin perjuicio de respetar políticamente los pareos, dispuestos en el artículo 166 del Reglamento, a pesar de que en el pasado no se respetaron en votaciones importantes con la diputada Lily Pérez y el diputado Pablo Longueira , según se recordará.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES .-
Señora Presidenta , no es necesario invocar el citado artículo 159, ya que bastaría aplicar estrictamente el artículo 152, que faculta para repetir la votación cada vez que, a su juicio, haya una irregularidad que influya en su resultado.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Efectivamente, existe el artículo que alude el diputado Hales. Sin embargo, se trata de una votación electrónica. Por lo tanto, me parece más correcto lo que señaló el diputado señor Álvarez, en el sentido de que se aplique el artículo 159 del Reglamento.
Recuerdo que el problema se produjo porque no figuraron los votos de dos diputados que estaban en sus asientos. Por eso, como tengo dudas legítimas, se procederá a repetir la votación. Es más, existen dos posibilidades: hacer la votación a mano alzada o votación nominal.
Tiene la palabra el diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señora Presidenta , está claro que hubo una irregularidad en la votación. Como estoy comprometido con el Vicepresidente de la Cámara en un pareo, desde el punto de vista político, existirían argumentos para considerar que por lo sucedido podría anularse, pero no lo haré. Es una decisión personal, compartida con los diputados de la Alianza por Chile, porque siempre hemos procedido así. De manera que no voy a participar en la segunda votación para respetar mi pareo.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Quiero ser clara y señalar que además del artículo 159, también existe el artículo 152.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , insisto en que la norma que se debe aplicar es el artículo 159. Los diputados que alegaron lo hicieron porque no funcionó correctamente el sistema electrónico. Por lo tanto, no debe aplicarse el artículo 152. Incluso, para despejar todas las dudas, sería más positivo realizar la votación nominal.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Se podría realizar la votación nominal, pero, por razones de tiempo, sugiero el sistema de mano alzada.
Recuerdo a los diputados que ya aprobamos el proyecto en general. La dificultad técnica se originó cuando sometí a votación el numeral 1) del artículo 1º. Entonces, procederemos a votarlo nuevamente.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
A continuación, corresponde votar una indicación renovada del Vicepresidente de la República.
El señor Secretario le va a dar lectura.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación del señor Vicepresidente de la República es para agregar el siguiente numeral 2) al artículo 1º:
“2) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 42, en las letras a ) y c), las tasas “27%” y “15%” por las tasas “28%” y “19%”, respectivamente”.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación la indicación renovada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 70 votos. Hubo 1 abstención.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el artículo 2º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar la letra b) del numeral 1) del artículo 3º.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez para plantear una cuestión reglamentaria.
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , con el fin de ahorrar tiempo, la solicitud es votar en conjunto, en el artículo 3º, la letra b) del numeral 1) y los numerales 2), 3) y 4).
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
¿Habría acuerdo para votar en esa forma?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el numeral 2) del artículo 4º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el artículo 7º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones ni haberse pedido votación separada, también se declaran aprobados la letra a) del numeral 1) y los numerales 5), 6), 7) y 8) del artículo 3º; el numeral 1) del artículo 4º, los artículos 5º y 6º permanentes y el artículo transitorio.
Despachado el proyecto.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19.54 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que se inicia un proyecto de ley que modifica ley Nº 19.525 que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvia. (boletín Nº 3264-09)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en someter a consideración de esa honorable Corporación, el siguiente proyecto de ley que modifica la Ley Nº 19.525, que regula Sistemas de Evacuación y Drenaje de aguas lluvias.
La iniciativa legislativa en cuestión tiene por objeto perfeccionar este sistema definiendo, entre otras materias, su financiamiento y la participación del sector privado en la solución del mismo mediante el sistema de concesiones.
I. FUNDAMENTOS.
Como es de público conocimiento, las principales ciudades del país, y en especial Santiago , se ven afectados en forma recurrente por fenómenos pluviométricos que alteran sensiblemente su normal funcionamiento, provocando serios anegamientos que generan cuantiosos daños tanto a las personas, a las viviendas, a las redes de transporte como a la calidad de vida en general.
Durante el año recién pasado, en que gran parte del territorio nacional resultó afectado por grandes inundaciones, se hizo evidente el desafío que enfrenta el país respecto del manejo de las aguas lluvias.
En este contexto, existe un compromiso del Gobierno de presentar una estrategia integral que, enmarcándose dentro de la realidad económica del país, proporcione una solución de largo plazo que evite los daños que actualmente provocan las inundaciones.
En esta perspectiva se inserta la iniciativa en cuestión, la que está orientada a modificar el cuerpo legal antes indicado, con el propósito de mejorar la eficiencia y equidad en el funcionamiento de los antes mencionados sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias hoy existentes.
Es importante recordar que hasta fines de los años ochenta, el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, Sendos, era el responsable en la práctica de los sistemas de aguas lluvias, agua potable y alcantarillado. Esta situación fue modificada, en 1988, con la dictación de la Ley General de Servicios Sanitarios, D.F.L. Nº 382, a través de la cual se dejó fuera del ámbito de las nuevas Empresas Sanitarias el manejo de las aguas lluvias, no asignando claramente la responsabilidad en el tema a ningún organismo del Estado. La razón para ello fue de índole estrictamente económica: hacer más rentables las empresas que se iban a privatizar.
La solución al problema de falta de definición de los organismos responsables del tema en el país se produjo recién el año 1997, con la aprobación de la Ley Nº 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.
Sin embargo, el principal aspecto no definido en esta ley tiene que ver con la forma en la cual se abordarían las grandes necesidades de inversión, requeridas para dar solución a la evacuación y drenaje de aguas lluvias, en los centros urbanos afectados en forma recurrente por fenómenos inundación o anegamiento.
Basta señalar, a modo de ejemplo, que tan sólo en el Plan Maestro de Aguas Lluvias del Gran Santiago se ha estimado un requerimiento de inversión total en la red primaria, que es de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, cercano a los 690 millones de dólares. De estas obras, una proporción importante, aproximadamente 200 millones de dólares, ya se está materializando con los recursos de la Dirección de Obras Hidráulicas y a través de las concesiones viales puesto que, en mucho casos, estas obras cruzan por aquellos sectores más vulnerables a la acción de las aguas lluvias de Santiago, como son los sectores sur y norponiente de la ciudad. Sin lugar a dudas, estas inversiones, que se materializarán en un plazo inferior a tres años, atenuarán en forma muy importante las inundaciones de los sectores más críticos de Santiago.
Sin embargo, esto es sólo parte de la tarea que se requiere para garantizar un funcionamiento normal de la ciudad frente a episodios frecuentes de lluvias. Para lograr este objetivo es necesario continuar invirtiendo en forma permanente y, con los actuales recursos sectoriales con que cuenta el Ministerio de Obras Públicas, podemos ver que estamos frente a una tarea de muy largo plazo.
Si consideramos el conjunto del país, de acuerdo a los Planes Maestros realizados, el monto estimado de inversiones en redes primarias es de 1.700 millones de dólares.
En este contexto, se ha elaborado el presente proyecto de ley, que permitirá resolver el tema del financiamiento de las obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto de ley consta de un artículo único, y de una disposición transitoria. Su contenido es el siguiente:
1. Modalidades.
En primer lugar, el proyecto permite que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través de dos modalidades. Por una parte, mediante el MOP o los Serviu. Por la otra, siguiendo el sistema de concesiones de obra pública del MOP.
2. Rol de empresas sanitarias.
A continuación, el proyecto permite a las Empresas de Servicios Sanitarios participar en las licitaciones para concesionar obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias, de acuerdo a la Ley de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
3. Los usuarios.
Enseguida, define como usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, a los propietarios de inmuebles ubicados dentro del área urbana de la cuenca hidrográfica servida por el sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias y radica en tales inmuebles la obligación de pago de la tarifa respectiva.
4. Tarifa.
A continuación, el proyecto señala que para financiar los costos de inversión, mantención y operación del sistema, los usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias deberán cancelar una tarifa única calculada en base al avalúo fiscal de los inmuebles y en las que se consideren dichos costos.
En el caso de que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas o los Servicios de Vivienda y Urbanización, la tarifa por el servicio será determinada por Decreto Supremo expedido por el ministro de Obras Públicas , el que deberá llevar, además, la firma de los ministros de Vivienda y Urbanismo, de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. En cambio, cuando las obras se ejecuten por el sistema de concesión de obra pública fiscal, las tarifas se regularán conforme a la normativa que rige dicho sistema.
5. Plan y programa.
El proyecto establece que el plan y programa para la ejecución de las obras y operación del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, se elaborará con la aprobación del ministro de Obras Públicas y con la participación de los Gobiernos Regionales.
6. Facturación y cobranza.
El proyecto establece que en el caso que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas o los Servicios de Vivienda y Urbanización, las funciones de facturación y cobranza deberán ser realizadas por la empresa de servicios sanitarios respectiva, la que deberá integrar lo recaudado a rentas generales de la Nación dentro del plazo que se determine en el decreto tarifario correspondiente.
El proyecto también dispone que en el caso de las obras que se ejecuten por el sistema de concesiones de obra pública fiscal, las funciones de facturación y cobranza de la correspondiente tarifa deberán ser ejecutadas por la sociedad concesionaria. Esta podrá contratar dichos servicios con la Empresa de Servicios Sanitarios que opere en la cuenca hidrográfica en la que se ejecutarán las obras de evacuación y drenaje. Una vez requerida, ésta estará obligada a prestar este servicio.
Además, el proyecto señala que la empresa de servicios sanitarios que ejecute la facturación y cobranza de la tarifa por el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, estará obligada a remitir al usuario una cuenta única e indivisible que incluya todos los servicios correspondientes. Asimismo, las tarifas a cobrar por la empresa de servicios sanitarios y demás condiciones de facturación y cobranza, serán las que resulten de la aplicación de las normas que establezca el reglamento que para tal efecto deberán dictar, conjuntamente, los Ministerios de Obras Públicas y Economía, Fomento y Reconstrucción.
Para efectos del cobro judicial de las tarifas, se otorga mérito ejecutivo a la boleta o factura que acredite la deuda emitida por la sociedad concesionaria de la obra pública fiscal o la empresa de servicios sanitarios, según corresponda.
7. Facultades a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Por otra parte, se faculta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para requerir información de las sociedades concesionarias de la obra pública de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias, en las que tenga participación, directa o indirecta, una empresa de servicio sanitario, que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.
8. Separación de redes.
El proyecto elimina completamente, a contar de la entrada en vigencia de esta modificación legal, la posibilidad que la red de evacuación y drenaje de aguas lluvias sea unitaria con la de alcantarillado, suprimiendo la facultad que el actual texto le otorga a la autoridad para así disponerlo. Además, establece que la interconexión entre ambas redes, que puede disponer la autoridad, deberán diseñarse para operar en situaciones de emergencia ocasionadas por las aguas lluvias.
Las redes de alcantarillado de aguas servidas pueden, previa autorización de la autoridad competente, interconectarse a las de aguas lluvias, con el fin de descargar excedentes de aguas servidas, en situaciones de emergencia ocasionadas por aguas lluvias. En tal caso, los costos de la interconexión y de su mantención y reposición los deberá asumir completamente la empresa de servicios sanitarios. Además, el uso eventual por interconexión de las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias, para descarga y conducción de excedentes de aguas servidas en situaciones de emergencia ocasionadas por aguas lluvias, no tendrá costo alguno para las empresas de servicios sanitarios.
9. Subsidio.
El proyecto establece un subsidio que cubre el pago del servicio, para todos aquellos usuarios favorecidos con el subsidio de agua potable creado por la ley Nº 18.778, el cual será determinado en lo que resulte pertinente, conforme al procedimiento, condiciones y modalidades dispuestas en dicho cuerpo legal. El mayor gasto que implique este subsidio durante el 2003 se financiará con cargo al erario nacional.
10. Obligación para el urbanizador.
Por último, se establece que una vez aprobado el plan maestro correspondiente al área en que esté ubicado un terreno que se urbanizará, el urbanizador deberá realizar la construcción de colectores de aguas lluvias de la red respectiva. Sin embargo, mientras no se haya construido la red primaria o secundaria a la que corresponde conectarse, el urbanizador no podrá evacuar al sistema público de drenaje, ni a los terrenos colindantes, mayores caudales que los que se producían antes de urbanizar el terreno. Para ello, deberá emplear técnicas alternativas de evacuación de aguas lluvias.
Por consiguiente, en mérito de las consideraciones precedentes, vengo en someter a la consideración de esa H. Corporación, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 19.525, que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias:
1. En el artículo 1º, agrégase al final del inciso segundo, pasando el actual punto aparte a ser un punto seguido, lo siguiente:
“Dichas obras podrán ejecutarse por el sistema de concesión de obra pública fiscal, contenido en el Decreto Supremo Nº 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 164, de 1991. Las empresas de servicios sanitarios que participen en dichas obras deberán cumplir con la referida normativa.”.
2. En el artículo 1º, incorpóranse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y final:
“Se entenderá por usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, los propietarios de inmuebles que se encuentren emplazados dentro del área urbana de la cuenca hidrográfica servida por este sistema, quedando radicada en dichos inmuebles la obligación de pago de la tarifa correspondiente.
Cualquiera sea el procedimiento utilizado para contratar la realización de las obras a que den lugar las disposiciones de esta ley, los usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias deberán pagar la tarifa correspondiente. Esta se calculará sobre la base al avalúo fiscal del inmueble respectivo, y se determinará considerando los costos de inversión, mantención y operación del sistema de drenaje y evacuación de aguas lluvias.
En el caso de que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas o los Servicios de Vivienda y Urbanización, la tarifa será determinada por Decreto Supremo expedido por el ministro de Obras Públicas , el que deberá llevar, además, la firma de los ministros de Vivienda y Urbanismo, de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. En el caso que las obras se ejecuten por el sistema de concesión de obra pública fiscal, las tarifas se regularán conforme a la normativa que rige dicho sistema.
La sociedad concesionaria de la obra pública fiscal deberá efectuar las funciones de facturación y cobranza de la tarifa por el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Sin embargo, podrá contratar dichas funciones con la empresa de servicios sanitarios que presta servicios en la cuenca hidrográfica en la que se ejecutarán las obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Dicha empresa, una vez requerida, estará obligada a realizarlas.
Por su parte, en el caso que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas o los Servicios de Vivienda y Urbanización, las funciones de facturación y cobranza de la tarifa, deberán ser efectuadas por la empresa de servicios sanitarios respectiva, la que deberá integrar lo recaudado a rentas generales de la Nación dentro del plazo que se determine en el decreto tarifario correspondiente.
La empresa de servicios sanitarios que ejecute las funciones de facturación y cobranza de la tarifa por el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, deberá remitir al usuario una cuenta única e indivisible que comprenda todos los servicios correspondientes. Las tarifas a percibir por la empresa de servicios sanitarios por dichas funciones serán las que resulten de la aplicación de las normas que establezca el reglamento que para tal efecto deberán dictar, conjuntamente, los Ministerios de Obras Públicas y de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Para efectos del cobro judicial de las tarifas correspondientes, la boleta o factura que acredite la deuda emitida por la sociedad concesionaria de la obra pública fiscal o la empresa de servicios sanitarios, según corresponda, tendrá mérito ejecutivo.
El plan y programa para la ejecución de las obras y operación del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, será aprobado mediante Decreto Supremo, firmado por el ministro de Obras Públicas , previa consulta al Gobierno Regional correspondiente.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá requerir a la sociedad concesionaria de la obra pública en la que tenga participación directa o indirecta, una empresa de servicios sanitarios, la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.”.
3. En el artículo 2º, introdúcense las siguientes modificaciones:
a) Elimínase de su texto la frase “ser unitarias o” que sigue a la expresión verbal “podrán”, ubicada en el segundo párrafo después de la coma que sigue a “Sin embargo”.
b) Agrégase después del punto aparte con que termina el inciso, el cual pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo nuevo: “No obstante lo anterior, las interconexiones de ambas redes deberán ser diseñadas para operar en forma eventual en situaciones de emergencia originadas por aguas lluvias”.
c) Agrégase el siguiente inciso final:
“En el caso que la autoridad competente autorice a una empresa sanitaria para interconectar sus redes de alcantarillado de aguas servidas a las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias, los costos asociados a la construcción de las interconexiones y a su mantención y reposición serán de cargo de la empresa de servicios sanitarios. Sin embargo, el uso eventual de las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias, para descarga y conducción de excedentes de aguas servidas en situaciones de emergencias ocasionadas por aguas lluvias, será sin costo para las empresas de servicios sanitarios.”.
4. Incorpórase el siguiente artículo 2º Bis permanente:
“Establécese un subsidio para cubrir el pago del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Serán beneficiarios de éste, todos los usuarios favorecidos con el subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado establecido en la Ley Nº 18.778. Dicho subsidio será determinado, en lo que resulte pertinente, conforme al procedimiento, condiciones y modalidades dispuestas en dicho cuerpo legal.”.
5. Reemplázase el artículo 2º transitorio por el siguiente texto:
“Aprobado el plan maestro correspondiente al área en que se encuentre ubicado un terreno que será urbanizado, los urbanizadores deberán construir los colectores de aguas lluvias de la red respectiva. Mientras no esté construida la red primaria o secundaria, según corresponda, el urbanizador no podrá evacuar al sistema público de drenaje, ni a terrenos colindantes, mayores caudales que los generados antes de urbanizar dicho terreno, para la lluvia de diseño que considere el respectivo plan. En tales efectos, deberá emplear técnicas alternativas para la evacuación de aguas lluvias.”.
Artículo Transitorio.- Durante el año 2003, el mayor gasto fiscal que representen los subsidios a que se refiere el artículo 2 bis permanente, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público de dicho año.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; JAVIER ETCHEBERRY CELHAY , ministro de Obras Públicas , JAIME RAVINET DE LA FUENTE, ministro de Vivienda y Urbanismo ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.525 QUE REGULA
SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIA
(Mensaje Nº 004-349)
Artículo Único numeral 4
El numeral 4 del artículo único del proyecto de ley establece un subsidio para cubrir el pago del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvia. El artículo dispone que los beneficiarios de éste serán todos aquellos usuarios favorecidos con el subsidio al pago de consumo de agua potable y alcantarillado establecido en la ley Nº 18.778.
Considerando el caso de la Región Metropolitana, el costo de este beneficio para ciertos años de referencia se estima en los siguientes montos:
Año
Monto MS/Año
2010
965.250
2015
1.036.750
2020
1.115.400
El cálculo anterior asume los siguientes supuestos:
Monto de inversión: US$ 690 millones.
Plazo de inversión: 5 años
Número inicial de beneficiarios (2002): 115.000 inmuebles.
Porcentaje de subsidio: 50%
Plazo de la concesión: 35 años.
Tasa de descuento del concesionario: 12%
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece diversas normas de solvencia y protección de personas incorporadas a instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguros. (boletín Nº 3263-11)
“Honorable Cámara:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer a esa H. Corporación un proyecto de ley que tiene por objeto introducir diversas modificaciones a la Ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional, el D.L. N° 3.500, de 1980, sobre Fondos de Pensiones y el D.F.L. N° 251, de 1931, sobre Compañías de Seguros, con el objetivo de establecer un conjunto de normas destinadas a que los beneficiarios de dichas instituciones no se expongan a situaciones que puedan afectar sus derechos.
I. ANTECEDENTES.
Actualmente se discute en el honorable Senado un proyecto de ley que introduce una serie de modificaciones a la ley de Isapres (Boletín N° 2981-11). Dicho proyecto se enmarca dentro del paquete de iniciativas legales que dan estructura a la Reforma de la Salud.
Uno de los objetivos del mencionado proyecto, es dotar a la Superintendencia de Isapres de nuevas herramientas que permitan precaver situaciones riesgosas para los derechos de las personas, ante la eventualidad del cierre del registro de una Isapre.
Sin embargo, situaciones recientes por todos conocidas, obligan a promover un nuevo proyecto de ley que, por una parte, recoja alguna de las normas ya aprobadas por esa Cámara de Diputados y, por otro lado, introduzca nuevos mecanismos para asegurar la solvencia de las Instituciones de Salud Previsional.
Las normas que se proponen son las mínimas necesarias para enfrentar eventuales problemas futuros que pudieran afectar a las Isapres y, adicionalmente, preparar al mercado para hacer frente a las nuevas exigencias que implicará la reforma de la salud.
De igual forma, los sucesos referidos han afectado a participes de fondos de pensiones y pensionados con seguros de rentas vitalicias en compañías de seguros de vida, por lo cual se proponen normas destinadas a proteger los intereses de estas personas en situaciones de insolvencia financiera de esas instituciones.
El proyecto que se somete a su discusión, consta de cuatro artículos. El primero modifica la Ley Nº 18.933. El segundo regula el período de transición para los nuevos requerimientos que se establecen en dicho cuerpo legal. El artículo tercero modifica el D.L. N° 3.500, de 1980 y el cuarto modifica el D.F.L. N° 251, de 1931.
modificaciones a la Ley N° 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional.
1. Normas sobre patrimonio.
Actualmente, el artículo 25 de la ley N° 18.933 establece un patrimonio mínimo de 5.000 unidades de fomento.
Tal mecanismo ha demostrado ser insuficiente, puesto que no da cuenta del nivel de endeudamiento de la Isapre.
Para tales efectos, el proyecto señala que las Isapres deberán mantener un patrimonio igual o superior a 0,4 veces su endeudamiento total.
De este modo, se garantiza que el patrimonio se ajuste al nivel de endeudamiento de la institución y, además, constituya una señal de estabilidad, de respaldo y de permanencia en el tiempo.
2. Normas sobre liquidez.
Por otro lado, y en la misma línea indicada precedentemente, el proyecto de ley impone una nueva obligación para las Isapres, consistente en mantener un índice de liquidez no inferior a 0,8 veces la relación entre el activo circulante y el pasivo circulante.
Adicionalmente, se faculta a la Superintendencia para que autorice a las Isapre a considerar, dentro del activo circulante, otros instrumentos que, si bien son de largo plazo, su liquidación resulta fácil, como por ejemplo los instrumentos financieros emitidos o garantizados por el Fisco de Chile. En esta misma línea, el proyecto establece que la garantía que las Instituciones deben mantener, siempre será considerada dentro del activo circulante.
En suma, el índice de liquidez que se propone permitirá determinar el número de veces que los recursos disponibles a corto plazo que posee la institución, cubren lo que se adeuda en ese mismo plazo.
3. Normas sobre la garantía.
Actualmente, el artículo 26 de la ley de Isapres dispone que las instituciones deben mantener una garantía equivalente a un mes de cotizaciones percibidas.
Al igual de lo que ocurre con el patrimonio, esta garantía no permite asegurar a las personas y a los prestadores de salud que los créditos que tengan con la Isapre, vayan a ser solucionados en caso de cancelación del registro.
Por ello, el proyecto de ley dispone, en primer lugar, que la garantía será equivalente al monto de dos grupos de obligaciones. El primero, respecto de los cotizantes y beneficiarios, considerará las obligaciones por concepto de prestaciones por pagar, prestaciones en proceso de liquidación, prestaciones ocurridas y no reportadas, prestaciones en litigio, excedentes de cotizaciones y cotizaciones por regularizar. El segundo, respecto de los prestadores de salud, deberá considerar las obligaciones derivadas de prestaciones de salud otorgadas a los mismos cotizantes y beneficiarios de la Institución.
En segundo lugar, el proyecto permite a las Isapres mantener en su poder, es decir, fuera de la custodia de la Superintendencia, a lo menos un 20% de la garantía, para aquellas Instituciones que cumplan los estándares de patrimonio y liquidez mínimos, y hasta un 80%, en el caso de Isapres que presenten estándares superiores.
En tercer lugar, el proyecto prohíbe que los fondos afectos a la garantía y los documentos representativos de estas obligaciones liberados de custodia, puedan ser utilizados para caucionar cualquier tipo de obligación.
4. Destino de la garantía.
Por otro lado, el proyecto precisa y amplía de mejor modo el destino de la garantía, en caso de cierre del registro de una Isapre.
En efecto, actualmente el artículo 28 de la ley N° 18.933 identifica dos finalidades. La primera, respecto de las obligaciones que tenga la Institución con sus cotizantes, cargas y terceros beneficiarios. La segunda, para pagar las cotizaciones a la nueva Isapre que elija el afiliado o al Fondo Nacional de Salud.
El proyecto, por una parte, incluye a los prestadores médicos que tengan créditos pendientes; y, por otro lado, a las demás obligaciones que, conforme a la ley, deban ser cubiertas por la garantía.
5. Las nuevas normas de patrimonio, liquidez y garantía se aplicarán progresivamente.
Ahora bien, dados los nuevos y más exigentes requisitos para el patrimonio y la garantía, así como el nuevo índice de liquidez que se agrega, el proyecto de ley contempla un período de transición que se extiende por tres años, de modo de dar suficiente tiempo a las Isapres para ajustarse.
6. Normas sobre auditoría.
El proyecto en esta materia y tal como se indicó en el Mensaje del Boletín N° 2981-11, pretende que la Superintendencia cuente con mayores niveles de confiabilidad de la información financiera-contable de las instituciones, de modo que otorgue mayores niveles de confiabilidad y transparencia.
Dicha información permitirá adoptar rápida y fundadamente, las medidas que procedan frente a situaciones financieras críticas que pudieran alterar el normal funcionamiento de las instituciones.
En este sentido, las Isapres deberán designar auditores externos independientes, los que deberán examinar la contabilidad, el inventario, los balances y otros estados financieros, informando por escrito a la Superintendencia.
Dichos auditores deberán ser elegidos de entre los inscritos en el Registro de Auditores Externos que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros y les serán aplicables, en general, los requisitos, derechos, obligaciones, funciones y demás atribuciones que se establecen en la ley sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento.
En otras palabras, el proyecto ha diseñado un esquema de auditoría externa de acuerdo al parámetro más exigente de la industria nacional, que corresponde al de las sociedades anónimas abiertas.
Por otra parte, el proyecto confiere atribuciones a la Superintendencia respecto de estos auditores a fin de que, entre otras materias, pueda requerirles informes específicos o cualquier dato o antecedente relacionado con el cumplimiento de sus funciones en las instituciones fiscalizadas; y examinar, en sus propias dependencias, dichas informaciones o antecedentes.
En fin, el proyecto dispone que los auditores externos serán remunerados por las Instituciones fiscalizadas.
Como se aprecia, la propuesta de ley pretende perfeccionar la regularidad y veracidad de la información financiera de las instituciones fiscalizadas y, paralelamente, maximizar los recursos que la Superintendencia emplea en la auditoría de las instituciones, focalizándolos en las materias relativas al otorgamiento de los beneficios contractuales de los beneficiarios.
7. Hechos relevantes.
De otro lado, y en un símil con otros organismos fiscalizadores, se dota a la Superintendencia de la potestad de conocer los hechos relevantes que afectan, o pudieran afectar, a las Isapres.
Lo anterior se justifica por cuanto, abandonando un rol meramente asegurador y de financiamiento de las prestaciones, en los últimos años las instituciones han llegado a materializar una serie de operaciones comerciales tendientes a controlar mejor los costos en salud y lograr economías de escala.
Dichas operaciones se han traducido en la adquisición de la propiedad de otras instituciones de salud, o en la participación en éstas con el fin de controlarlas sin llegar a la fusión entre ellas.
En este contexto, las facultades de supervigilancia y control que otorga la actual ley de Isapres a la Superintendencia, no le permiten exigir a las instituciones de salud toda la información sobre hechos esenciales o relevantes de sus negocios.
Dada la diversificación y complejidad de las operaciones comerciales desarrolladas por las Isapres, la autoridad fiscalizadora está en una situación de franca desventaja porque se ve impedida de efectuar una revisión integral de la fortaleza patrimonial de dichas instituciones, siempre orientada al resguardo del cumplimiento de las estipulaciones de los contratos de salud y a la protección de los derechos y obligaciones emanadas de éstos.
Es por ello que el proyecto introduce la obligación de las instituciones de comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante para fines de supervigilancia y control, respecto de ellas mismas y de sus operaciones y negocios, especificando que la forma de dar cumplimiento a esta obligación queda supeditada a lo que el organismo fiscalizador determine mediante instrucciones de general aplicación.
8. Traspaso de carteras voluntario.
La iniciativa legal reconoce expresamente a las Isapres el derecho a transferir la totalidad de los contratos de salud.
Para ello, se le otorga a la Superintendencia facultades para regular, a través de instrucciones generales, la forma en que debe efectuarse la transferencia y para aprobar las operaciones de esta naturaleza que efectúen las Isapres.
Asimismo, el proyecto de ley resguarda los derechos y obligaciones que emanan de los contratos cedidos y el derecho de los afiliados a oponerse a dicha transferencia, impidiendo que éstos se vean afectados con otras restricciones distintas a las que se encontraban en curso, o con la exigencia de una nueva Declaración de Salud.
El objetivo de esta norma es permitir que la Superintendencia intervenga en aquellos traspasos de cartera, garantizando que dichos procesos comerciales se realicen de forma tal que no afecten los derechos de los afiliados y beneficiarios involucrados en éstos.
9. El régimen especial de supervigilancia y control.
Uno de los aspectos más importantes del proyecto que se somete a vuestra consideración dice relación con la creación de un régimen especial de supervigilancia y control.
De lo que se trata, en suma, es dotar de facultades a la Superintendencia para que intervenga ante situaciones financieras deficitarias o complejas que afectan a las instituciones de salud previsional que, si bien es cierto, no configuran, en sí mismas, causales de cancelación del registro, sí pueden poner en grave riesgo el ejercicio de los derechos de los beneficiarios.
a. El fundamento del régimen de supervigilancia que se crea.
Antes de entrar a describir el régimen que se crea, resulta necesario tener en cuenta los sólidos fundamentos que han llevado al Gobierno a proponerlo.
En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el actual artículo 47 de la Ley N° 18.933, en los casos de cancelación del registro de una Isapre, los cotizantes de ésta se ven expulsados del sistema privado de salud por causas ajenas a su voluntad, quedando afectos por el sólo ministerio de la ley al régimen del Fondo Nacional de Salud.
Diversas son las razones que nos llevan a concluir que tal solución no es la mejor.
En primer lugar, porque la actual ley no contempla ningún mecanismo que permita a la autoridad evitar el cierre del registro, cuando la situación financiera de la Isapre se ha tornado compleja.
Dicho de otro modo, y aún ante la evidencia que la Institución presenta tales problemas, la Superintendencia nada puede hacer.
En segundo lugar, porque la solución que contempla la actual ley, ante el cierre del registro de una Isapre, no se condice con la garantía constitucional de libertad de elección del sistema de salud.
En efecto, el inciso final del numeral 9 del artículo 19, de la Constitución, prescribe que “Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
Tan importante es para nuestra Constitución este derecho, que, dentro de la garantía de protección a la salud, es el único que se encuentra resguardado con el Recurso de Protección.
En este sentido, cuando una persona se ha afiliado a una Isapre, ha ejercido el derecho constitucional anteriormente señalado, es decir, ha optado por el sistema privado de salud.
No puede ser que, por hechos ajenos a su voluntad, como puede ser la quiebra de una Isapre, ese derecho se vea conculcado, obligando a la persona a irse al sistema público de salud automáticamente.
Cabe tener presente que, de acuerdo al numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, le compete al Estado supervigilar “el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”. Ello es lo que este proyecto busca.
En tercer lugar, es menester tener presente que las atenciones de salud no son actos totalmente programables. En otras palabras, nadie escoge la época para enfermarse.
Bien puede ocurrir que, al momento de cierre del registro de una Isapre, el beneficiario se encuentre recibiendo prestaciones de salud.
¿Qué ocurrirá con esas prestaciones?, ¿quién las financiará?, ¿quién se hará cargo del pago de los subsidios por incapacidad laboral?, en fin, y lo más importante, ¿cuál será la cobertura financiera de esas prestaciones, es decir, qué parte será bonificada y cuál será asumida por el propio paciente?
La actual ley señala que el traspaso al Fondo Nacional de Salud es automático.
Pero todos sabemos que las coberturas entre uno y otro sistema son distintos. Incluso, puede ocurrir que la prestación que esté recibiendo en el sistema privado, no pueda ser financiado en el público.
La Constitución Política señala a este respecto, en el numeral 9 del artículo 19, que es “deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud”.
Pues bien, es indispensable, entonces, asegurarle a esa persona que, ante la imposibilidad de ser protegida por la Isapre elegida, sus derechos no se vean afectados.
En cuarto lugar, es necesario tener en cuenta que el sistema privado de salud no puede desligarse de la situación de quienes han optado por él.
Dicho de otro modo, no es admisible que, so pretexto de que los contratos sean individuales, las demás Isapres se desatiendan de las consecuencias que implica el cierre de una Institución que ha formado parte del sistema que ellas administran.
Son ellas las que, en conjunto, deben dar respuesta a esa problemática.
En quinto lugar, el traspaso automático y legal de los cotizantes y beneficiarios de la Isapre, cuyo registro se cancela, al Fondo Nacional de Salud, genera una serie de inconvenientes y desventajas.
En efecto, por de pronto, dichas personas pierden la antigüedad de sus contratos.
Más grave aún, en el caso de los cotizantes cautivos por edad o enfermedad, se ven imposibilitados de reingresar al sistema privado de salud, ya que las demás Isapres no les permitirán su afiliación.
Estos cotizantes verían, entonces, violentado el ejercicio de su derecho de haber elegido el sistema privado de salud, por cuanto se verían obligados a adscribirse al sistema público.
En fin, en sexto lugar, se produce una recarga injustificada para el sistema público de salud, el que se ve obligado a subsidiar una situación de colapso que, parece razonable, debería ser abordada al interior del sistema Isapre por el conjunto de sus actores.
Por todas las razones indicadas, el proyecto ha ideado un mecanismo que permite, por un lado, intervenir a la autoridad para intentar solucionar la situación financiera de la Isapre; por otro lado, resguarda la permanencia de los beneficiarios de una Isapre en el sistema privado de salud, garantizándoles su derecho constitucional de elección y la no interrupción de beneficios; además, asegura la solvencia financiera de las Isapres que deben recibir a dichos beneficiarios; en fin, permite al Estado asumir su obligación de garantizar la ejecución de las acciones de salud y la supervigilancia de los derechos de las personas.
b. Descripción del régimen de supervigilancia propuesto.
i. Casos en que opera.
El régimen que se propone operará cuando la Institución de Salud Previsional no dé cumplimiento al indicador de liquidez definido en el proyecto, esto es, cuando la relación entre activo circulante y pasivo circulante sea inferior a 0,8 veces.
Asimismo, la Superintendencia podrá aplicar este mismo régimen, cuando el patrimonio y/o la garantía disminuyan por debajo de los límites establecidos en la ley.
Una vez subsanada las situaciones descritas, se alzarán las medidas adoptadas en virtud de este régimen de supervigilancia y control.
ii. La primera etapa del régimen: el Plan de Ajuste y Contingencia.
Detectado por la Superintendencia alguno de los incumplimientos señalados precedentemente, ésta representará a la Isapre la situación y le otorgará un plazo no inferior a 10 días hábiles para que presente un Plan de Ajuste y Contingencia.
De acuerdo al proyecto, este plan podrá versar, entre otras cosas, sobre aumento de capital, transferencias de cartera, cambio en la composición de activos, pago de pasivos, venta y, en general, acerca de cualquier medida que procure la solución de los problemas existentes.
La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para pronunciarse acerca del plan propuesto.
Si la Superintendencia lo aprueba, el plan deberá ejecutarse en un plazo no superior a 120 días, al cabo del cual deberá evaluarse si éste subsanó el o los incumplimientos que se pretendieron regularizar con su implementación.
En cambio, si la Superintendencia, mediante resolución fundada, rechaza el plan presentado, podrá otorgar a la Isapre un plazo de 5 días hábiles para presentar un nuevo Plan de Ajuste y Contingencia.
iii. La segunda etapa del régimen: propender a que los órganos internos de la Isapre acuerden una solución con efecto patrimonial.
Rechazado el plan de ajuste y contingencia, o no habiéndose cumplido el aprobado, o habiendo transcurrido el plazo de ejecución previsto sin que se haya superado el problema informado o detectado, la Superintendencia podrá citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas o al órgano resolutivo de la institución que corresponda, para los efectos de que dichos entes aprueben una solución con efecto patrimonial.
iv. La tercera etapa del régimen: la licitación pública.
Si la Junta Extraordinaria o el órgano resolutivo no logran adoptar una solución con efecto patrimonial, el Superintendente las citará nuevamente, para que se adopte el acuerdo de llamar a una licitación pública, que no podrá extenderse más allá de 60 días contados, desde la fecha del acuerdo.
El objetivo de la licitación será la venta de la Institución o la transferencia de la totalidad de la cartera de afiliados a una o más Isapres.
v. La cuarta etapa del régimen: la adjudicación de la cartera de afiliados.
Si la licitación es declarada desierta, o si al cabo del plazo previsto para la ejecución de la propuesta aprobada por la Junta Extraordinaria de Accionistas o por el órgano resolutivo de la Isapre, según corresponda, ésta no genera los efectos patrimoniales acordados, el Superintendente o quien este designe, deberá adjudicar la totalidad de la cartera de afiliados de la Institución a otra u otras Instituciones de Salud Previsional.
En otras palabras, recién cuando han transcurrido todas las etapas descritas anteriormente y ellas han fracasado, la solución pasa por la mencionada adjudicación.
En este sentido, la adjudicación también debe cumplir una serie de requisitos, de modo de evitar o minimizar los perjuicios para las Isapres que se adjudiquen la cartera.
En efecto, en primer lugar, el proyecto exige que las Isapres adjudicatarias sean definidas por resolución fundada de la Superintendencia.
En segundo lugar, la cartera será asignada en forma aleatoria y proporcional a la participación de cada Isapre en el número total de cotizantes de Isapres adjudicatarias.
En tercer lugar, la Superintendencia también deberá considerar el domicilio de los cotizantes, sus características de riesgo y su condición de cautividad, si correspondiere.
En cuarto lugar, la o las Instituciones adjudicatarias podrán no considerar los ingresos y gastos que impliquen los nuevos beneficiarios que les hayan sido adjudicados, para los efectos de calcular los estándares de patrimonio y de liquidez, hasta por un plazo máximo de dos años.
Por otra parte, y en lo que dice relación con los derechos de los afiliados que se traspasen, el proyecto les reconoce tres derechos.
El primero, en cuanto a que la o las Instituciones designadas deberán adscribir a cada uno de los cotizantes al plan de salud en actual comercialización cuyo precio más se ajuste al monto de su cotización pactada al momento de la adjudicación.
El segundo, en cuanto a que la o las Instituciones adjudicatarias no podrán, en caso alguno, imponer a los afiliados y beneficiarios otras restricciones que las que ya se encontraren en curso en virtud del contrato que mantenían con la Institución de anterior afiliación, ni exigir una nueva Declaración de Salud.
El tercero, en cuanto a que los afiliados podrán, hasta el último día hábil del mes siguiente a la respectiva adjudicación, desafiliarse de la nueva Institución de Salud y optar por otra, o bien por traspasarse, junto con sus cargas legales al régimen de la Ley N° 18.469.
III. MODIFICACIONES AL D.L. N° 3.500, DE 1980, SOBRE FONDOS DE PENSIONES.
De acuerdo a los artículos 42 y 43 del D.L. N° 3500, en caso de disolución de una AFP la Superintendencia liquidará el Fondo de Pensiones en un plazo de 90 días, transfiriendo el valor de las cuotas de los trabajadores que no han seleccionado otra Administradora en el plazo anterior, según lo determina el reglamento de la ley. Ello deberá hacerse en el mercado secundario formal de acuerdo a las reglas generales.
El problema surge por el impacto potencial que en el mercado de capitales tendría la liquidación de Fondos de Pensiones del tamaño de los actuales en la fecha de expiración. En particular, la sobreoferta de instrumentos que no está inmediatamente calzada con la compra de los mismos por otros inversionistas institucionales, puede generar una pérdida patrimonial importante para los cotizantes.
Por lo tanto, para evitar esta situación se propone permitir el traspaso de los activos desde la AFP liquidada hacia las AFP de destino, sin recurrir a los mercados formales y a precios de la Superintendencia de AFP. De este modo, se evita la liquidación forzosa y apresurada de los instrumentos que componen el Fondo en liquidación.
IV. MODIFICACIONES AL D.F.L. N° 251, DE 1931, LEY DE SEGUROS.
Se propone, en caso de quiebra de una compañía de seguros, dar mayor flexibilidad a la gestión del síndico nombrado por el Superintendente , permitiéndole ejercer las facultades previstas en el artículo N° 109 de la ley N° 18.175 (liquidación sumaria de los activos de la quiebra), sin sujeción a los límites que este establece.
Además se establecen normas para posibilitar la cesión de cartera de pólizas de rentas vitalicias en caso que exista un déficit grave de inversiones representativas que no permita financiar totalmente el pago futuro de las pensiones. El mecanismo propuesto consiste en asociar a las pólizas traspasadas el ejercicio futuro de la garantía estatal, fijando una fecha para que ésta se haga efectiva.
Ambos aspectos tienen por objeto una adecuada protección de los derechos de los asegurados en situaciones de quiebra de una entidad aseguradora.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.933:
1. Modifícase el artículo 2°, del siguiente modo:
a) Reemplázase, en la letra g), la conjunción “y” con que finaliza y la coma (,) que la precede, por un punto y coma (;).
b) Reemplázase, en la letra h), el punto final (.) por la conjunción “y”, precedida de una coma (,).
c) Agréganse las siguientes letras i) y j), nuevas, a continuación de la letra h):
“i) La expresión “cotizante cautivo”, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 47, por la de aquel cotizante cuya voluntad se ve seriamente afectada, por razones de edad, sexo o por la ocurrencia de antecedentes de salud, sea de él o de alguno de sus beneficiarios, y que le impida o restrinja, significativa o definitivamente, su posibilidad de contratar con otra Institución de Salud Previsional.
j) La expresión “prestadores de salud” corresponde a cualquier persona natural, establecimiento o institución que se encuentre autorizada para otorgar prestaciones de salud, tales como: consulta, consultorio, hospital, clínica, centro médico, centro de diagnóstico terapéutico, centro de referencia de salud, laboratorio y otros de cualquier naturaleza, incluyendo ambulancias y otros vehículos adaptados para atención extra hospitalaria.”.
2. Modifícase el artículo 3°, del siguiente modo:
a) Agréganse, a continuación del numeral 13 del inciso primero, los siguientes numerales 14, 15 y 16, nuevos:
“14.- Elaborar y difundir índices, estadísticas y estudios relativos a las Instituciones y al sistema privado de salud.
15.- Impartir instrucciones generales sobre la transferencia de los contratos de salud y cartera de afiliados y beneficiarios a que se refiere el artículo 44 ter y dar su aprobación a dichas operaciones.
16.- Adjudicar la cartera de beneficiarios de una Isapre, en conformidad al artículo 47.”.
b) Intercálase, en el inciso segundo, entre la palabra “asesores” y la letra “o”, la expresión “auditores externos”, precedida de una coma (,).
c) Intercálase, en el inciso tercero, entre la palabra “asesores” y la letra “y”, la expresión “auditores externos”, precedida de una coma (,).
3. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 25, por los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:
“Asimismo, las Instituciones deberán mantener un patrimonio igual o superior a 0,4 veces sus deudas totales. Dicha relación será revisada mensualmente por la Superintendencia.
En todo caso, el patrimonio nunca podrá ser inferior a cinco mil unidades de fomento.”.
4.- Agréganse, a continuación del artículo 25, los siguientes artículos 25 bis y 25 ter, nuevos:
“Artículo 25 bis.- Las Instituciones deberán designar auditores externos independientes, los que deberán examinar la contabilidad, el inventario, los balances y otros estados financieros, informando por escrito a la Superintendencia, en la forma y con la periodicidad que ésta determine en instrucciones de general aplicación.
Dichos auditores deberán ser elegidos de entre los inscritos en el Registro de Auditores Externos que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros y les serán aplicables, en general, los requisitos, derechos, obligaciones, funciones y demás atribuciones que se establecen en la Ley sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento.
Los auditores externos serán remunerados por las Instituciones fiscalizadas.
La Superintendencia podrá requerir, adicionalmente, informes específicos o cualquier dato o antecedente relacionado con el cumplimiento de sus funciones en las instituciones fiscalizadas; y examinar, en sus propias dependencias, dichas informaciones o antecedentes.
Artículo 25 ter.- Las Instituciones deberán mantener un indicador de liquidez no inferior a 0,8 veces la relación entre el activo circulante y el pasivo circulante. Dicha relación será revisada mensualmente por la Superintendencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá dictar instrucciones de general aplicación para autorizar los instrumentos de largo plazo y de fácil liquidación, así como la forma en que podrán ser considerados por las Instituciones, para establecer el indicador referido en este artículo. Con todo, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, la garantía se considerará parte integrante del activo circulante.”.
5. Sustitúyese el artículo 26, por el siguiente:
“Artículo 26.- Las Instituciones mantendrán en la Superintendencia o en alguna entidad especializada que ésta determine, una garantía, equivalente al monto de las obligaciones que se señalan a continuación:
1. Respecto de los cotizantes y beneficiarios, el monto de garantía deberá considerar las obligaciones por concepto de prestaciones por pagar, prestaciones en proceso de liquidación, prestaciones ocurridas y no reportadas, prestaciones en litigio, excedentes de cotizaciones, cotizaciones por regularizar y cotizaciones enteradas anticipadamente.
2. Respecto de los prestadores de salud, la garantía deberá considerar las obligaciones derivadas de prestaciones de salud otorgadas a los cotizantes y beneficiarios de la Institución.
La actualización de la garantía será mensual, para lo cual la Institución deberá completarla, dentro de los 20 primeros días de cada mes, hasta cubrir el monto total que corresponda a las referidas obligaciones.
Cuando el monto de las antedichas obligaciones, en un determinado mes, sea inferior al ochenta por ciento de la garantía existente, la Institución podrá solicitar a la Superintendencia la devolución de la parte de dicha garantía que exceda el referido monto. La Superintendencia tendrá el plazo de veinte días para efectuar la devolución, a contar de la fecha de presentación de la solicitud, el que podrá prorrogarse por una sola vez, para lo cual se deberá dictar una resolución fundada.
El Superintendente podrá, mediante resolución fundada, liberar de su custodia un porcentaje equivalente al veinte por ciento de la garantía señalada en el inciso primero si la Institución cumple con los estándares de patrimonio y liquidez, a que se refieren los artículos 25, inciso tercero, y 25 ter, respectivamente.
Dicha liberación podrá ser de hasta un ochenta por ciento si dichos estándares son iguales o superiores a 0,5 veces, en el caso del patrimonio, y de 1,1 veces, en el caso de liquidez. La Superintendencia, mediante normas de general aplicación, establecerá los porcentajes de liberación a que tendrán derecho las Instituciones.
El porcentaje de la garantía liberado por la Superintendencia para ser custodiado por la propia Isapre o por alguna entidad especializada que aquella determine, deberá dar estricto cumplimiento a las condiciones de diversificación por instrumento, emisor y depositario que establezca la misma Superintendencia mediante instrucciones generales.
Con todo, cuando los indicadores de patrimonio y liquidez de la entidad respecto de la cual se autorizó la liberación de custodia, hayan disminuido por debajo de los estándares señalados por la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en los incisos anteriores, la Institución deberá restituir la garantía, al nivel que corresponda, dentro de los 20 primeros días del mes siguiente al de configurados los hechos señalados.
La Superintendencia podrá autorizar, mediante resolución fundada, que parte de los fondos en garantía sean destinados por la Isapre al pago de alguna de las obligaciones a que se refieren los números 1 y 2, del inciso primero, del presente artículo.
Sin perjuicio de lo anterior, los fondos afectos a la garantía y los documentos representativos de éstas obligaciones liberados de custodia, no podrán ser utilizados para caucionar ningún tipo de obligación. Todo acto celebrado en contravención a este artículo será nulo.
La garantía de que trata este artículo será inembargable y en ningún caso podrá ser inferior al equivalente, en moneda nacional, a dos mil unidades de fomento.”.
6. Reemplázase el artículo 28, por el siguiente:
“Artículo 28.- La Superintendencia, en caso de cancelación del registro de una entidad, podrá, mediante resolución fundada, hacer efectiva la garantía y destinarla, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:
1. Al pago de las obligaciones de la Institución, existentes a la fecha de cancelación del registro, para con los cotizantes, sus cargas y terceros beneficiarios.
2. Al pago de las obligaciones de la Institución, existentes a la fecha de cancelación del registro, para con los prestadores de salud respecto de las obligaciones devengadas a esa fecha y que provengan de prestaciones de salud otorgadas a los cotizantes y beneficiarios de la Institución, o que emanen de convenios de salud celebrados con dicha Institución para la atención de los mencionados cotizantes y beneficiarios.
3. Al pago de las cotizaciones que correspondan a Isapre o al Fondo Nacional de Salud.
4. Al pago de las demás obligaciones que, conforme la ley, deban ser cubiertas por la garantía.”.
7. Agréganse, a continuación del artículo 44, los siguientes artículos 44 bis y 44 ter:
“Artículo 44 bis.- Las Instituciones deberán comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante para fines de supervigilancia y control, respecto de ellas mismas y de sus operaciones y negocios.
La Superintendencia impartirá instrucciones de general aplicación que regulen los casos, la forma y oportunidad en que deberá cumplirse con esta obligación.
Las Instituciones podrán comunicar, en carácter de reservado, ciertos hechos o informaciones que se refieran a negociaciones aún pendientes que, al difundirse, puedan perjudicar el interés de la entidad.
Artículo 44 ter.- Las Instituciones de Salud Previsional podrán transferir la totalidad de sus contratos de salud previsional y cartera de afiliados y beneficiarios, a otra Isapre que opere legalmente y que no esté afecta a alguna de las situaciones previstas en los artículos 45 bis, 46 y 47 de esta ley.
Esta transferencia no podrá, en caso alguno, afectar los derechos y obligaciones que emanan de los contratos de salud cedidos, imponer a los afiliados y beneficiarios otras restricciones que las que ya se encontraren en curso en virtud del contrato que se cede, ni establecer la exigencia de una nueva declaración de salud. Con todo, los cotizantes podrán, hasta el último día hábil del mes siguiente a la respectiva transferencia, desafiliarse de la nueva Institución de Salud y optar por otra, o bien por traspasarse, junto con sus cargas legales al régimen de la Ley N° 18.469. Si los afiliados nada dicen dentro del plazo señalado, regirá a su respecto lo dispuesto en el artículo 38 inciso segundo de esta ley.
La transferencia de contratos y cartera a que se refiere esta disposición, requerirá la autorización de la Superintendencia y deberá sujetarse a las instrucciones de general aplicación que se dicten al efecto.
La institución de salud que desee hacer uso del mecanismo de traspaso de la totalidad de sus contratos de salud previsional y cartera de afiliados y beneficiarios, en los términos de esta disposición, deberá publicar, en forma previa a la ejecución de la mencionada transferencia, un aviso en tres diarios de circulación nacional, en diferentes días, su propósito de transferir sus contratos de salud, indicándose la institución a quien pretende transferir y las condiciones societarias, financieras y de respaldo económico de la misma.”.
8. Agrégase, a continuación del artículo 45, el siguiente artículo 45 bis, nuevo:
“Artículo 45 bis.- La Institución de Salud Previsional que no dé cumplimiento al indicador de liquidez definido en el artículo 25 ter de esta ley, quedará sujeta al régimen especial de supervigilancia y control que se establece en el presente artículo. La Superintendencia podrá aplicar este mismo régimen, cuando el patrimonio y/o la garantía disminuyan por debajo de los límites establecidos en los artículos 25 y 26 de esta ley. En todo caso, una vez subsanada la situación de incumplimiento de que se trate, se alzarán las medidas adoptadas en virtud de este régimen de supervigilancia y control.
Detectado por la Superintendencia alguno de los incumplimientos señalados precedentemente, ésta representará a la Isapre la situación y le otorgará un plazo no inferior a 10 días hábiles para que presente un Plan de Ajuste y Contingencia, que podrá versar, entre otras cosas, sobre aumento de capital, transferencias de cartera, cambio en la composición de activos, pago de pasivos, venta de la Institución y, en general, acerca de cualquier medida que procure la solución de los problemas existentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y desde que se represente el o los incumplimientos indicados en el inciso primero de este artículo, la Superintendencia podrá tomar custodia de las inversiones de la Institución, aprobar sus transacciones, restringir las inversiones con entidades relacionadas y todas aquellas medidas que tiendan a resguardar la integridad de su patrimonio. La Superintendencia también podrá, mediante resolución fundada, destinar parte de los fondos en garantía al pago de alguna de las obligaciones a que se refieren los números 1 y 2, del inciso primero, del artículo 26.
La Superintendencia dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para pronunciarse acerca del Plan de Ajuste y Contingencia presentado, ya sea aprobándolo o rechazándolo.
Si la Superintendencia aprueba el Plan de Ajuste y Contingencia presentado por la Institución, éste deberá ejecutarse en un plazo no superior a 120 días, al cabo del cual deberá evaluarse si éste subsanó el o los incumplimientos que se pretendieron regularizar con su implementación.
En caso que la Superintendencia, mediante resolución fundada, rechace el Plan de Ajuste y Contingencia presentado, quedará facultada para adoptar alguna de las medidas señaladas en el inciso séptimo de este artículo o bien, para formular observaciones al referido Plan. En este último caso, la Superintendencia otorgará a la Isapre un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución respectiva, para presentar un nuevo Plan de Ajuste y Contingencia, el cual deberá ser aprobado o rechazado dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación.
En el evento que la Superintendencia rechace el Plan de Ajuste y Contingencia presentado o si habiéndolo aprobado, éste se incumple o transcurre el plazo de ejecución previsto sin que se haya superado el problema informado o detectado, la Superintendencia podrá citar, por resolución fundada, a una Junta Extraordinaria de Accionistas o al órgano resolutivo de la institución que corresponda, la que deberá celebrarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la citación, y cuya finalidad será aprobar una propuesta de solución con efecto patrimonial cuya materialización deberá concretarse dentro de los 30 días siguientes.
Si no se lograre la referida aprobación, el Superintendente llamará a una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas o reunión del órgano resolutivo de la Institución, la que deberá celebrarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la citación, para que se adopte el acuerdo de venta de la Isapre o la transferencia de la totalidad de la cartera de afiliados a una o más Isapres a través de una licitación pública, la que será supervigilada por la Superintendencia. Dicha licitación no podrá extenderse más allá de 60 días contados desde la fecha del acuerdo. Para este efecto, la Superintendencia podrá suspender, por el mismo período señalado, la celebración de nuevos contratos con la Institución y las desafiliaciones de ésta. Asimismo, las bases de la licitación podrán disponer que, con cargo a la garantía a que se refiere el artículo 26 de esta ley, se pague a la Isapre adjudicataria un valor, el que podrá ser definido en las respectivas bases, o bien en la oferta económica de la Institución que participe en la licitación. Si el valor fuere definido en las bases, deberá ser ratificado por la Superintendencia y deberá considerar, entre otros, las características de riesgo, la cotización pactada y la condición de cautividad de los cotizantes de la Isapre cuya cartera o institución se licita. El valor que se defina se imputará, total o parcialmente, a dicha garantía dependiendo de la preferencia indicada en el artículo 48 de la presente ley. Si la Junta Extraordinaria o la reunión del órgano consultivo de la Institución fracasa por cualquier motivo y no se adopta, en definitiva, el acuerdo de venta, hará solidariamente responsables a sus administradores o representantes legales de los perjuicios que se causen, además de la responsabilidad administrativa y penal que les pudiera afectar.
En esta licitación pública no podrán participar aquellas Instituciones de Salud Previsional que se encuentren en alguna de las situaciones descritas en este artículo.
Si transcurrido el plazo máximo indicado en el inciso anteprecedente, la licitación es declarada desierta, o si al cabo del plazo previsto para la ejecución de la propuesta aprobada por la Junta Extraordinaria de Accionistas o por el órgano resolutivo de la Isapre, según corresponda, ésta no genera los efectos patrimoniales acordados, el Superintendente o quien este designe, deberá, al día siguiente hábil de ocurrido alguno de estos hechos, adjudicar la totalidad de la cartera de afiliados de la Institución a otra u otras Instituciones de Salud Previsional, de conformidad a las normas contenidas en el artículo 47 de esta ley.
Con todo, si la Institución comunicare a la Superintendencia alguno de los incumplimientos señalados en el inciso primero antes que ésta lo detectare, dispondrá de un plazo mayor al indicado en el inciso segundo en cinco días hábiles, para presentar el Plan de Ajuste y Contingencia, el cual podrá ser prorrogado por la Superintendencia.
La o las Instituciones que hayan recibido el total o parte de los afiliados y beneficiarios de la Isapre a la que se le aplique el régimen especial de supervigilancia y control que se establece en el presente artículo, deberán adscribir a cada uno de los cotizantes al plan de salud en actual comercialización cuyo precio más se ajuste al monto de su cotización pactada al momento de la transferencia, las que notificarán a los afectados, en los términos señalados en el inciso final del artículo 47.”.
9. Modifícase el artículo 46, del siguiente modo:
a) Sustitúyese el numeral 1, por el siguiente:
“1.- Cuando la cartera de afiliados de una Isapre haya sido adquirida por otra u otras Instituciones de Salud Previsional en virtud de una licitación pública efectuada de conformidad al artículo 45 bis, o cuando la mencionada cartera haya sido adjudicada por el Superintendente a otra u otras Instituciones, en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 45 bis y 47 de la presente ley.”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Una vez dictada la resolución que cancela el registro, la Institución no podrá celebrar nuevos contratos de salud previsional y sus afiliados podrán desahuciar los contratos vigentes, aun cuando no haya transcurrido el plazo previsto en el inciso segundo del artículo 38.”.
10. Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:
“Artículo 47.- En la situación señalada en el inciso décimo del artículo 45 bis de esta ley, la Superintendencia, mediante resolución fundada, determinará la o las Instituciones de Salud Previsional a las que cada cotizante y sus beneficiarios se incorporarán, las que, en ningún caso, podrán encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el referido artículo.
Para los efectos señalados anteriormente, las Isapres descritas en el inciso final del artículo 39 sólo podrán ser designadas en la medida que así lo soliciten expresamente.
Dicha cartera será asignada en forma aleatoria y proporcional a la participación de cada Isapre en el número total de cotizantes de Isapres adjudicatarias. Para estos efectos, la Superintendencia también deberá considerar el domicilio de los cotizantes, sus características de riesgo, cotización pactada y su condición de cautividad, si correspondiere.
La o las Instituciones designadas por el Superintendente estarán obligadas a aceptar la totalidad de los afiliados y beneficiarios que les hayan sido adjudicados, adscribiendo a cada uno de los cotizantes al plan de salud en actual comercialización cuyo precio más se ajuste al monto de su cotización pactada al momento de la adjudicación, las que notificarán a los afectados en los términos señalados en el inciso final del presente artículo.
Para los efectos de la revisión a la que se refiere el inciso tercero del artículo 38, el mes de suscripción de los contratos adjudicados corresponderá a aquél en que se haya dictado la resolución de adjudicación.
La o las Instituciones adjudicatarias no podrán, en caso alguno, imponer a los afiliados y beneficiarios otras restricciones o exclusiones que las que ya se encontraren en curso en virtud del contrato que mantenían con la Institución de anterior afiliación, ni exigir una nueva Declaración de Salud. La misma regla se aplicará en el caso de la o las Instituciones que hayan recibido el total o parte de los afiliados y beneficiarios de la Isapre a la que se le aplique el régimen especial de supervigilancia y control a que se refiere el artículo 45 bis.
Con todo, la o las instituciones que hayan recibido el total o parte de los afiliados afectados por la licitación efectuada de acuerdo al artículo 45 bis o adjudicación de la cartera realizada en los términos dispuestos en los incisos precedentes, deberán notificar de este hecho a dichos afiliados mediante carta certificada expedida dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de la licitación o adjudicación, informándoles, además, de su derecho a requerir un nuevo plan, a desafiliarse de la Institución y optar por otra, o bien a traspasarse, junto con sus cargas legales, al régimen de la Ley Nº 18.469. Si los afiliados nada dicen hasta el último día hábil del mes siguiente a la respectiva notificación, regirá a su respecto lo dispuesto en el artículo 38, inciso segundo, de esta ley.”.
11. Agrégase, a continuación del artículo 47, el siguiente artículo 47 bis, nuevo:
“Artículo 47 bis.- La o las Instituciones adjudicatarias, a que se refiere el artículo precedente, podrán no considerar los ingresos y gastos que impliquen los nuevos beneficiarios que se les hayan adjudicado, para los efectos de calcular los estándares de patrimonio y de liquidez, a que se refieren los artículos 25, inciso tercero, y 25 ter, respectivamente. Esta facultad podrá ser ejercida hasta por un plazo máximo de dos años, contado desde la fecha de la adjudicación, y se someterá a las normas de general aplicación que imparta la Superintendencia.”.
12. Modifícase el artículo 48, del siguiente modo:
a) Intercálase, en el inciso primero del artículo 48, a continuación del número 2, el siguiente número 3, nuevo, pasando los actuales números 3 y 4 a ser 4 y 5, respectivamente:
“3.- Una vez solucionados los créditos enumerados, si quedare un remanente, se procederá al pago de las deudas con los prestadores de salud, íntegramente o a prorrata, según sea el caso;”.
b) Intercálase, a continuación del número 4, actual, que pasó a ser número 5, el siguiente número 6, nuevo, pasando el actual número 5 a ser número 7:
“6.- Posteriormente, y habiendo un remanente, se enterará el valor que se haya definido en la licitación de la cartera o de la Institución, de acuerdo a lo prescrito por el inciso octavo, del artículo 45 bis, de esta ley.”.
Artículo 2°.- Las Instituciones que se encuentren por debajo de los requisitos de patrimonio mínimo, liquidez y/o garantía a que se refieren los artículos 25, 25 ter y 26 de la ley N° 18.933, deberán completar los montos exigidos o subsanar dicha situación en un plazo máximo de tres años, a contar de la publicación de la presente ley, conforme las siguientes etapas:
1. Al término del primer año deberán contar, al menos, con niveles de patrimonio mínimo, liquidez y garantía exigida, según corresponda, equivalente a su valor inicial más un tercio de la diferencia entre los respectivos valores iniciales y los estándares requeridos.
El cómputo del año a que se refiere el párrafo precedente, comenzará a correr en el mes de enero, abril, julio u octubre siguiente más próximo al de publicación de la presente ley.
2. Al término del segundo año deberán contar, al menos, con niveles de patrimonio mínimo, liquidez y garantía exigida, según corresponda, equivalente a su valor inicial más dos tercios de la diferencia entre los respectivos valores iniciales y los estándares requeridos.
El cómputo del año a que se refiere el párrafo precedente, comenzará a correr en el mes de enero, abril, julio u octubre siguiente más próximo al de publicación de la presente ley.
3. Al término del tercer año, deberán cumplir íntegramente con los requisitos que establece la presente ley.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se utilizará la última información financiera auditada anual presentada por la Institución antes de la publicación de esta ley.
El incumplimiento de cualquiera de las etapas definidas en el inciso primero de este precepto, dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 bis de la ley N° 18.933, en cuyo caso, el plan de Ajuste y Contingencia deberá contemplar las medidas tendientes a dar íntegro cumplimiento a los requisitos legales que correspondan a la fecha de término del plazo otorgado para la realización del mencionado plan.
Lo dispuesto precedentemente se aplicará, también, en el caso que la Institución haya disminuido sus niveles de patrimonio mínimo, liquidez y/o garantía para un trimestre calendario en relación con la información a que se refiere el inciso segundo de este artículo, para la etapa indicada en el numeral 1 del inciso primero de este artículo. Para las etapas señaladas en los numerales 2 y 3 del mencionado inciso, los referidos niveles deberán compararse con los índices alcanzados al término de la etapa anterior.
Con todo, la Superintendencia aplicará el régimen especial de supervigilancia y control del artículo 45 bis de la ley Nº 18.933 a aquellas Instituciones que, a la fecha de publicación de esta ley presentaren un patrimonio inferior a cinco mil unidades de fomento y/o una garantía por debajo de las dos mil unidades de fomento.
Artículo 3°.- Reemplázase el inciso tercero del artículo 43 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, por el siguiente:
“Durante el proceso de liquidación, el liquidador transferirá las cuotas representativas del saldo de las cuentas personales de cada afiliado a la Administradora a que cada uno de ellos se incorpore de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 42. Para efectos de la mencionada transferencia, el liquidador podrá traspasar instrumentos financieros de los Fondos de Pensiones en liquidación a los precios que se determinen según lo señalado en el artículo 35, los cuales se integrarán al Fondo de Pensiones receptor. Con todo, los instrumentos traspasados quedarán excluidos, por un período de seis meses, del cálculo de la rentabilidad mínima a que se refiere el artículo 36 y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad a que se refiere el artículo 39, que se efectuarán para la Administradora que recibe los instrumentos.”.
Artículo 4°.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931, en los siguientes términos:
1. Agregase en el artículo 80, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“En la realización del activo de la quiebra, el síndico dispondrá de las facultades previstas en el artículo 109 de la ley N° 18.175, sin sujeción a los límites que éste establece.”.
b) Agregase en el artículo 82, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Tratándose de la quiebra de una compañía de seguros del segundo grupo, cuyas reservas técnicas por seguros de renta vitalicia regidos por el D.L. N° 3.500 de 1980, no estén suficientemente respaldadas por inversiones, la Superintendencia podrá autorizar el traspaso de dichos seguros, sujetando el pago de las pensiones pactadas a un plazo determinado. En la autorización del traspaso de cartera, para efectos de lo establecido en el artículo 82 del citado decreto ley, se determinará la fecha a partir de la cual se hará efectiva la garantía estatal.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; PEDRO GARCÍA ASPILLAGA , ministro de Salud ; RICARDO SOLARI SAAVEDRA , ministro del Trabajo y Previsión Social ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.933, D.L. Nº 3.500 DE 1980 Y DFL Nº 251 DE 1931, PARA ESTABLECER DIVERSAS NORMAS DE SOLVENCIA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS INCORPORADAS A INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS
La presente iniciativa legal modifica la ley Nº 18.933, el D.L. 3.500 de 1980 y el DFL 251 de 1931.
El presente proyecto de ley considera modificaciones a la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional, en las que se establecen normas sobre patrimonio, liquidez, garantía y auditoría. Asimismo, se dota a la Superintendencia de la potestad de conocer los hechos relevantes que afectan, o pudieran afectar, a las isapres, y se establece un régimen especial de supervigilancia y control. Todas estas normas le entregan a la Superintendencia e Instituciones de Salud Preivsional nuevas herramientas que permitan precaver y actuar situaciones riesgosas para los derechos de los usuarios.
Respecto al DL Nº 3.500, de 1980, sobre Fondos de Pensiones, el proyecto propone modificaciones tendientes a evitar la liquidación forzosa y apresurada de los instrumentos que componen el fondo en liquidación.
Por último, respecto al DFL Nº 251, de 1931, Ley de Seguros, se propone, en caso de quiebra de una compañía de seguros, dar mayor flexibilidad a la gestión del síndico nombrado por el Superintendente , permitiéndole ejercer las facultades previstas en el artículo Nº 109 de la ley Nº 18.175 (liquidación sumaria de los activos de la quiebra), sin sujeción a los límites que éste establece.
Conforme a lo señalado, este proyecto de ley no presenta costo fiscal para el año 2003.
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno. (boletín Nº 3256-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1. Origen y Calificación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E: el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” para su tramitación legislativa.
2. Disposiciones que deben aprobarse con quórum especial.
Ninguna.
3. Disposiciones o indicaciones rechazadas.
El numeral 2) del artículo 1° del proyecto.
4. Disposiciones no aprobadas en forma unánime.
El numeral 1) del artículo 1°; el artículo 2°; los numerales 1) letra b), 2), 3) y 4) del artículo 3°; el numeral 2) del artículo 5°, y el artículo transitorio.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda ; Francisco Huenchumilla , ministro Secretario General de la Presidencia ; Andrés Palma , ministro de Mideplan ; Francisco Vidal , ministro Secretario General de Gobierno ; la señora María Eugenia Wagner , Subsecretaria de Hacienda y el señor Marcelo Tokman , Asesor del Ministerio de Hacienda.
Concurrieron también en calidad de invitados, los señores Roberto Maristany , Jesús Martín , Álvaro Mendoza y Gustavo Castellanos , Presidente , Gerente General y Directores, de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac A.G.); Marcos Carter y Óscar Barros , Presidente y Tesorero de la Federación de Buses del Transporte de Pasajeros Rural , Interurbano, Interregional e Internacional de Chile (Fenabus); Michael Hardy , José Vicente León , y Luis Fernando Laso , Gerente General, Gerente de Asuntos Legales y Gerente de Asuntos Públicos, de la Empresa Chiletabacos; Rafael Guilisasti , y J. Alberto Pomés , presidente y fiscal, de la Asociación vitivinícola Viñas de Chile A.G.; Eric Haindl y Raúl Díaz , Asesor y Presidente del Sindicato de Trabajadores , de la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. (Capel), y Carlos Fuentealba , Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Vitivinícolas y Pisqueros (Fenatravis).
II. ANTECEDENTES.
En el Mensaje del proyecto en informe se expresa que el 21 de mayo de 2002, S. E. el Presidente de la República expuso al país la necesidad impostergable de avanzar en dos reformas sociales de gran magnitud: el sistema Chile Solidario y la Reforma a la Salud.
Señaló su Excelencia que la efectiva aplicación de estas dos iniciativas demandaría un esfuerzo compartido del Estado y de la sociedad en su conjunto, a través del sistema tributario. El costo anual de las dos iniciativas planteadas en aquella oportunidad, era de 225 mil millones de pesos, solicitando al país financiamiento a través de distintos mecanismos, por 152 mil millones, y proponiendo que el Estado se hiciese cargo de 73 mil millones de pesos a través de reasignaciones presupuestarias y crecimiento económico.
Se sostiene en el Mensaje, asimismo, que el crecimiento económico es condición esencial para la profundización de la política social.
Se enfatiza que la solvencia fiscal y la regla del superávit fiscal han permitido enfrentar una coyuntura adversa con un comportamiento contra cíclico de las finanzas públicas y un marco de creciente credibilidad ante los mercados internacionales.
Paralelamente, se afirma que el Gobierno ha procurado establecer las condiciones microeconómicas necesarias para un crecimiento sostenido, adoptando algunas iniciativas reactivadoras, como son: la eliminación del impuesto de timbres y estampillas para las reprogramaciones habitacionales, dinamizando la construcción; la aprobación de la Ley de Pesca que ha removido obstáculos a la inversión en ese sector; la aprobación de la Ley de Plataforma Financiera que ha generado incentivos para convertir al país en un gran centro de inversión regional; la actualización de las tablas de vida útil de los activos que permitirá a las empresas depreciar más rápidamente sus inversiones, y la Ley de Firma Electrónica y la Factura Electrónica, que han puesto al país a la vanguardia de los negocios electrónicos.
Por otra parte, los Acuerdos comerciales recientemente celebrados constituyen un nuevo impulso al crecimiento del país en el mediano y largo plazo, en virtud del mayor acceso que tendrán nuestras exportaciones a mercados que representan más del 40% de nuestro comercio exterior y a la catalización de mayor inversión extranjera que traerá consigo la mayor certeza jurídica que involucran los tratados, complementándose lo anterior con la firma de 27 tratados de doble tributación.
Se postula también que es preciso preservar en todo instante la responsabilidad fiscal que ha estado en la base de la recuperación enunciada, por lo que es importante tener presente que aunque los ingresos fiscales que dejarán de percibirse como producto de la menor recaudación de impuestos al comercio exterior por aplicación de los acuerdos comerciales será reemplazada gradualmente por un aumento de la recaudación del impuesto a la renta, en la medida que los acuerdos comerciales eleven la actividad de sectores exportadores y que ganen en competitividad y acceso a nuevos mercados, este último efecto se manifestará gradualmente a través del tiempo, en tanto que la pérdida directa de ingresos por efecto de la rebaja de aranceles será inmediata. En particular, se estima que, en los primeros años de vigencia de los Acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y Corea el Estado dejará de percibir ingresos por los impuestos al comercio exterior por 430 millones de dólares anuales, equivalentes a un 0,7% del producto nacional.
Se plantea, además, que los ingresos provenientes de impuestos al comercio exterior que dejarán de percibirse hoy en día financian el gasto público, que en poco más de un 70% se destina a fines sociales. En otras palabras, la merma transitoria de ingresos fiscales como producto de los acuerdos comerciales y la agenda social no son sino caras de un misma moneda; si la primera no tiene compensación, será el gasto social y las reformas en marcha las que sufrirán las consecuencias.
De ahí, entonces, la necesidad de sostener el esfuerzo social sin afectar las bases del crecimiento económico.
Para materializar este esfuerzo, se propone un moderado incremento transitorio de un punto porcentual en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), escalonado en dos etapas.
Se sugiere también un aumento moderado de los impuestos a los alcoholes y al tabaco, para que los precios de estos productos reflejen de mejor manera los costos sociales que involucran.
Adicionalmente, se proponen cambios tributarios a los combustibles para resolver una seria distorsión existente actualmente.
La propuesta es consistente, se señala, en primer lugar, con una reducción neta de impuestos, la que se encuentra particularmente concentrada en el corto plazo, de manera de potenciar la reactivación en curso de la economía. En efecto, la propuesta en su conjunto involucra una reducción neta de impuestos de 101.391 millones de pesos en 2003, 63.371 millones en 2004, y 35.172 millones de pesos en 2005 y 2006.
Por otra parte, se pretende asegurar que sus beneficios sean percibidos por los sectores más vulnerables. La transferencia neta de recursos que el conjunto de estas medidas involucra para todos los sectores de la población se concentra particularmente, tanto en términos relativos como absolutos, en las familias más pobres del país. Así, las familias pertenecientes al 20% más pobre del país percibirá más de la mitad de los beneficios de este conjunto de medidas y el 40% más pobre percibirá dos tercios de los beneficios. Si no se implementara esta propuesta, por otra parte, la menor recaudación en impuestos al comercio exterior produciría una ganancia de poder adquisitivo de 180 millones de dólares para el 20% más rico de la población. Este efecto se revierte con las medidas propuestas, pues el 48% de su financiamiento proviene del 20% más rico.
Este conjunto de medidas, se sostiene, es también consistente con una mayor eficacia en la utilización de los recursos. Los emprendimientos sociales que posibilitan están siendo cuidadosamente discutidos en su focalización y gestión en el Parlamento, y la estructura tributaria que resulta de estas medidas promueve una mayor eficiencia en la economía. En efecto, mientras se eliminan impuestos distorsionadores al comercio exterior, se gravan con mayor fuerza actividades con un costo social más alto y se aumentan gravámenes que actúan de manera pareja y no distorsionadora. Asimismo, debe notarse que los beneficios de los acuerdos comerciales quedan intactos, manteniéndose inalterado su impulso al comercio exterior, el provechoso acceso a insumos importados que posibilitan, y la seguridad para la inversión extranjera que generan.
Por último, se enfatiza el carácter parcial de la compensación solicitada. Producto de la reducción neta de impuestos que involucra la medida, la brecha a financiar de cargo fiscal supera muy ampliamente aquella descrita en el discurso del 21 de mayo de 2002, ascendiendo a 123.391 millones de pesos en 2003, 155.371 millones en 2004, 182.172 millones en 2005 y 260.172 millones de pesos en 2006 (un promedio anual del orden de los 180 mil millones de pesos). Esta brecha transitoria será parcialmente cubierta con cargo a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de activos públicos prescindibles, particularmente en lo que se refiere a la participación minoritaria del Estado en empresas sanitarias previamente privatizadas.
Adicionalmente, se plantea que el Estado deberá efectuar un gran esfuerzo de reasignaciones dentro del presupuesto público, lo que obligará a redoblar esfuerzos de control de gastos no prioritarios en los próximos ejercicios presupuestarios.
III. IDEAS MATRICES Y FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
Asegurar mediante modificaciones de determinados tributos el financiamiento de los programas sociales prioritarios y gravar con iguales propósitos determinados bienes, cuyo uso o consumo producen un efecto dañino en la salud de las personas o generan externalidades negativas.
IV. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO.
La iniciativa tiene por objeto introducir diversas modificaciones en materia de impuestos, lo cual se describe a continuación:
Se aumenta transitoriamente la tasa general del Impuesto al Valor Agregado de 18% a 18,5%, a contar de la publicación del proyecto, y de 18,5% a 19%, a contar del primero de abril de 2004. Esta modificación se suprime a contar del primero de enero del 2007, situándose nuevamente en 18%.
Se elevan las tasas de las bebidas alcohólicas de 27% a 28% para los licores, piscos y whiskys, y de 15% a 19% para el vino y la cerveza.
Se propone un impuesto a la importación o la primera venta en el país del petróleo diésel, con características similares al establecido en el artículo 6° de la ley N° 18.502.
Se uniforma la tasa de impuesto a los cigarrillos, cigarros puros y tabaco en un 61%. Cabe señalar que en el decreto ley N° 828, de 1974, sobre Impuesto a los Tabacos Manufacturados, se establece una tasa adicional de 10% a los cigarrillos y al tabaco, la cual se mantiene vigente, por lo que en el proyecto sólo se aumenta la tasa actual hasta el 51% respecto de estos productos.
Se incluyen algunas medidas de control para hacer cumplir cabalmente el pago del impuesto a los cigarrillos y tabaco manufacturado.
Se propone establecer un impuesto anual de beneficio fiscal a los vehículos livianos y medianos que utilicen petróleo diésel.
Se perfeccionan las normas de control y fiscalización aduaneras, estableciendo una nueva definición de perímetros fronterizos, de vigilancia especial, en las zonas secundarias.
Se permite que el Estado se desprenda de su participación accionaria en las empresas sanitarias privatizadas.
V. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA
1. El decreto ley N° 825, de 1974, que establece la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.
2. El decreto ley N° 828, de 1974, que establece Normas para el cultivo, elaboración, comercialización e impuestos que afectan al Tabaco
3. El decreto con fuerza de ley N° 2, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que contiene la Ordenanza de Aduanas.
4. El decreto con fuerza de ley N° 329, de 1979, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Aduanas.
5. El artículo 4° de la ley N° 18.777, que autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de agua potable y alcantarillado y dispone la constitución de sociedades anónimas para tal efecto.
6. El artículo 4° de la ley N° 18.885, que autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de agua potable y alcantarillado y dispone la constitución de sociedades anónimas para tal efecto.
VI. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 9 de junio de 2003, contempla el impacto anual de las modificaciones propuestas en el proyecto, durante el período 2003-2006, en moneda del presente año y al nivel de actividad estimado para 2003.
MODIFICACIONES DE IMPUESTOS 2003 - 2006
(millones de $ 2003)
Artículo
2003
2004
2005
2006
1°
Impuesto al Valor Agregado
37.599
197.397
225.596
225.596
a)
IVA (0,5%) (1)
37.599
112.798
112.798
112.798
b)
IVA (0,5%) (2)
0
84.599
112.798
112.798
Impuestos específicos
13.094
39.282
39.282
39.282
2°
Bebidas Alcohólicas (3)
4.579
13.738
13.738
13.738
3°
Petróleo Diesel (4)
5.562
16.687
16.687
16.687
4°
Tabacos (5)
2.952
8.857
8.857
8.857
TOTALES
50.693
236.679
264.878
264.878
Notas
(1) Vigencia estimada a partir del 1-9-2003
(2) Vigencia a partir del 1-4-2004
(3) Aumento del impuesto a los alcoholes. Entrada en vigencia el 1-9-2003:
Tasa
Vigente
Propuesta
2004
Licores y otros
27,0%
28,0%
Pisco
27,0%
28,0%
Vinos
15,0%
19,0%
Cervezas
15,0%
19,0%
Whisky
27,0%
28,0%
(4) Establece impuesto al petróleo diésel de 0,2 UTM/m3. Entrada en vigencia el 1-9-2003
(5) Aumento del impuesto a los tabacos, cigarros y cigarrillos. Entrada en vigencia el 1-9-2003
Tasa
Vigente
Propuesta
2004
Cigarros puros
51,0%
61,0%
Cigarrillos
60,4%
61,0%
Tabaco elaborado
47,9%
51,0%
El artículo 5° que establece una patente anual a los vehículos que transitan utilizando petróleo diésel, no produce recaudación fiscal adicional, toda vez que viene a compensar el menor ingreso fiscal por el no pago del impuesto a las gasolinas.
En cuanto al efecto fiscal de la eliminación del mínimo de participación del Estado en las empresas sanitarias, éste dependerá del precio que se obtenga en el momento que el Estado decida enajenar las acciones correspondientes. Cabe señalar que la contabilidad ha registrado como Ingresos de Operación sólo las ganancias de capital que se han producido en dichas ventas, definidas éstas como la diferencia entre valor de venta y valor libro.
Con fecha 18 de junio de 2003, la Dirección de Presupuestos presentó el siguiente informe sustitutivo:
“El proyecto de ley contempla un conjunto de modificaciones a la legislación tributaria actualmente vigente, las que tienen por objeto financiar el gasto asociado a la reforma de la salud y al sistema Chile Solidario y asegurar el financiamiento para programas sociales existentes, de cara al efecto fiscal transitorio de la aplicación de los tratados de libre comercio con Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica y Corea.
El cuadro siguiente muestra el impacto anual de las modificaciones tributarias, para el período 2003 a 2006, en moneda del presente año y al nivel de actividad estimado para 2003:
MODIFICACIONES DE IMPUESTOS 2003-2006
(millones de $ 2003)
Artículo
2003
2004
2005
2006
1°, N° 1
Impuesto al Valor Agregado (IVA) (1)
56.399
225.596
225.596
225.596
Impuestos Específicos
7.532
30.939
39.282
39.282
1°, Nº 2
Bebidas Alcohólicas (2)
4.579
13.738
13.738
13.738
2°
Petróleo Diesel (3)
0
8.343
16.687
16.687
3°
Tabacos (4)
2.952
8.857
8.857
8.857
TOTALES
63.931
256.535
264.878
264.878
NOTAS
(1) Vigencia a partir del 1-10-2003
(2) Aumento del impuesto a los alcoholes. Vigencia estimada a partir del 1-9-2003:
Tasa Vigente 2004
Propuesta
Licores y otros
27,0%
28,0%
Pisco
27,0%
28,0%
Vinos
15,0%
19,0%
Cervezas
15,0%
19,0%
Whisky
27,0%
28,0%
(3) Establece impuesto al petróleo diésel de 0,1 UTM/m3 a partir del 1-1-2004, el que sube a 0,2 UTM/m3
a partir del 1-1-2005.
(4) Aumento del impuesto a los tabacos, cigarros y cigarrillos. Vigencia estimada a partir del 1-9-2003
En cuanto al efecto fiscal de la eliminación del mínimo de participación del Estado en las empresas sanitarias, éste dependerá del precio que se obtenga en el momento que el Estado decida enajenar las acciones correspondientes. Cabe señalar que la contabilidad ha registrado como Ingresos de Operación sólo las ganancias de capital que se han producido en dichas ventas, definidas éstas como la diferencia entre valor de venta y valor libro.”.
VII. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.
El debate en general de la iniciativa se inició con una explicación del señor Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda , sobre sus fundamentos y consideraciones técnicas, en términos similares a lo consignado anteriormente en el párrafo de los antecedentes del proyecto.
En relación con el impuesto propuesto al Diesel y las Patentes a los Vehículos Livianos a Diesel planteó que, a partir del año 1991, se subió el impuesto a las gasolinas a 3,62 UTM/m3, para luego, después de diversas alzas, situarse el año 2001 en 6,0 UTM/m3, lo cual se aplica hasta la fecha. En cambio, el impuesto al diésel ha permanecido sin variación en 1,50 UTM/m3.
Sostuvo que el gasto de operación de un vehículo diésel es cerca de 55% menor al de un vehículo a gasolina y, además, pagan en impuesto al año un 22% de lo que paga un vehículo a gasolina.
Hizo notar que, en razón a lo anterior, la diéselización del parque automotriz está afectando el financiamiento de las reformas sociales, tanto respecto de pensiones como en relación a la reforma educativa.
Puso énfasis en que un vehículo diésel genera un daño entre 5 y 20 veces mayor que un vehículo a gasolina, incluso cumpliendo con las normas de emisión más estrictas.
Argumentó que, para solucionar la distorsión tributaria existente, se debería aumentar el impuesto al diésel hasta lograr revertir dicho diferencial. Dado el rendimiento del diésel, sería necesario incrementar el impuesto específico de 1,50 UTM/m3 a 6,92 UTM/m3. Sobre el particular, afirmó que, aumentar tan significativamente el impuesto al diésel no es una solución factible debido al efecto que tendría en la tarifa de los microbuses y su impacto en las familias más pobres. En su lugar, se ha optado por combinar dos instrumentos: una pequeña alza del impuesto específico al diésel de uso en el transporte de 1,5 UTM/m3 a 1,7 UTM/m3 y el cobro de una patente de beneficio fiscal para los vehículos livianos a diésel. La patente varía según el tipo y peso del vehículo e iguala el impuesto pagado por los vehículos a diésel y a gasolina para los vehículos nuevos.
Señaló que esta medida es similar a la aplicada en Alemania, donde se aplican cobros diferenciados a los permisos de circulación en función del combustible utilizado, con un claro desincentivo al uso del diésel.
Hizo presente además, que el proyecto contiene una propuesta consistente, en primer lugar, con una reducción neta de impuestos, la que se encuentra particularmente concentrada en el corto plazo, de manera de potenciar la reactivación en curso de la economía.
Explicó que habrá una reducción neta de impuestos de 101.391 millones de pesos en 2003, 63.371 millones en 2004, y 35.172 millones de pesos en 2005 y 2006. Lo anterior, responde plenamente a la necesidad de potenciar la reactivación en curso en el corto plazo.
Manifestó que la iniciativa está cuidadosamente diseñada para asegurar que sus beneficios sean percibidos por los sectores más vulnerables. Al respecto, sostuvo que la transferencia neta de recursos para todos los sectores de la población se concentra particularmente, tanto en términos relativos como absolutos, en las familias más pobres del país. Afirmó que si no se implementara esta propuesta, la menor recaudación en impuestos al comercio exterior produciría una ganancia de poder adquisitivo de 180 millones de dólares para el 20% más rico de la población. Este efecto se revierte con las medidas propuestas, pues el 48% de su financiamiento proviene del 20% más rico. Sobre el particular, hizo notar que, para el primer quintil, el retorno por cada peso extra que gasta una persona será de 10.1 pesos y para el quinto quintil será de 1.1 pesos.
Finalmente, sostuvo que la mayor recaudación que se requiere no tiene por finalidad solucionar una deuda de arrastre, sino subvenir el mayor gasto de los proyectos de la Agenda Social, puesto que, sin ellos, el presupuesto de este año estaría “calzado”.
El diputado Dittborn, don Julio , sostuvo que los 300 millones de dólares que se piden como mayor recaudación generan molestia en la población. Planteó que la recaudación fiscal anual asciende, aproximadamente, a $ 15 mil millones al año; por lo tanto, el proyecto de ley implica un aumento cercano al 2%. A su juicio, en este campo, el Gobierno argumenta que el gasto fiscal es inflexible; por lo que, en consecuencia, no se ve de parte del Ejecutivo, un esfuerzo por reducir los gastos. Cree que el Gobierno está en deuda respecto de la eficacia en el gasto social. Así, en Salud, el gasto ha aumentado tres veces; sin embargo, su productividad ha bajado. Lo mismo ocurre en Educación.
Hizo notar que la disparidad en los impuestos específicos a la gasolina y el diésel fue creada por la Concertación, ya que, en su infinito deseo de subir los impuestos, fue generando esta distorsión. Opinó que debiera bajarse el impuesto a las gasolinas y elevarse el impuesto al diésel.
Consideró necesario señalar que los mayores tributos no son reactivadores y que, en un escenario de estancamiento, debieran bajarse los impuestos, ya que, de lo contrario, se pone en riesgo la incipiente reactivación.
El diputado Tuma, don Eugenio, manifestó que, cuando se comprende el destino del mayor gasto fiscal, que es solidarizar con la pobreza más dura, no hay mayor problema en aprobar esta loable iniciativa.
El diputado Álvarez, don Rodrigo , señaló que la gente está indignada por la serie de escándalos que se han venido descubriendo uno tras otro en el último tiempo. Estimó que, ante una posible deflación en los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y Japón, no se entiende que se suban los impuestos en Chile.
Hizo presente que, según lo señalara el Presidente de la República , estos mayores ingresos fiscales se están requiriendo para subvenir el mayor gasto que implica el proyecto de ley Chile Solidario y la reforma de la Salud; sin embargo, según la propia información entregada por el ministro de Hacienda , en el año 2003 los gastos por la llamada Agenda Social ascienden a $ 22 mil millones, en circunstancias que para ese año se recaudarán $ 50 mil millones; al año siguiente, el gasto para dicha Agenda, sería de $ 92 mil millones, mientras la mayor recaudación supera los $ 200 mil millones; el tercer año el mayor gasto para la Agenda, asciende a $ 147 mil millones y la mayor recaudación es de $ 270 mil millones, etcétera.
El diputado Escalona, don Camilo , manifestó que se está en presencia de una decisión de carácter político. En tal sentido, alguien podría decir que para reducir gastos en el presupuesto, se suprimirán los planes de emergencia; sin embargo, ello no es posible. Ejemplificó, el caso de la comuna de Lota, en que la mayoría de la población se sustenta gracias al apoyo social, puesto que se trata de una zona en que no operan las leyes del mercado.
Enfatizó en la necesidad de mantener los equilibrios fiscales, lo cual se logra mediante la propuesta del Gobierno y expresó también que es necesario mantener la paz social, ya que cuando se pierde, resulta muy caro para el país reestablecerla.
El señor Nicolás Eyzaguirre expresó que la Concertación ha actuado en forma responsable, ya que habría sido muy fácil hacer un paquete de medidas populistas, pero lesivo para la economía. Por ejemplo, subiendo el impuesto a las empresas en lugar de subir el IVA, o bien, recurrir al endeudamiento, lo cual produciría un alza en el dólar y subiría a la tasa de interés.
Destacó que Chile es un país responsable y que ha realizado diversas mejoras en áreas tales como la gerencia pública y el nuevo trato laboral, que no son populares, pero si serán muy útiles para la modernización del país.
Afirmó que nuestro país gasta menos en Salud, como porcentaje del PIB que muchos otros países. Al respecto, agregó que los recursos deben gastarse en mejores políticas sociales para lo cual son necesarios los impuestos. Manifestó que bajar los impuestos y los gastos no es posible, por que, en tal caso, habría que suprimir algún programa, por ejemplo, la Reforma Procesal Penal o la Reforma Educacional y que, dada la dinámica del gasto, en la situación planteada, o se suben los impuestos o se aumenta la deuda. Por lo tanto, en el marco del superávit estructural es necesario mantener las cuentas en orden, razón por la que el gasto y la recaudación, si bien no coinciden al inicio, se equiparan en el año 2006.
Precisó que la denominada “doble patente” es sólo para vehículos nuevos y constituye un elemento disuasivo en la compra de vehículos diésel.
El diputado Bayo, don Francisco , manifestó su extrañeza de que se hable de cifras concretas en el Plan Auge, ya que este sector no cuenta con costos reales. Consulta, ¿con qué criterios se determinó el costo del Auge?
El señor Marcelo Tokman explicó que el mecanismo para determinar el costo del Plan Auge fue expuesto pormenorizadamente en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Salud; en todo caso, recuerda que se elaboró el costo efectivo de las prestaciones que se consideran en aquél en base a una valoración de éstas.
En representación de la ANAC, el señor Álvaro Mendoza planteó que su mayor preocupación radica en el artículo 4° del proyecto que consiste en un doble tributo que afecta a vehículos con tecnología avanzada. Precisó que el 83% de los vehículos gravados por este concepto son utilizados como instrumento de trabajo y que el 70% de éstos se ocupan en provincia. Lo considera un impuesto de baja recaudación global, pero de alto impacto en la clase media industrial y agrícola. Estimó que era un impuesto que atenta contra la competitividad al castigar una tecnología eficiente y progresivamente “ limpia”. Además de ser un impuesto absurdo desde el punto de vista ambiental, ya que penaliza sólo a los vehículos nuevos y no a los antiguos. Sin embargo, afirmó que debe considerarse que los nuevos están sometidos a estándares y exigencias ambientales cada año más rigurosas. Señaló que Chile ha adoptado como propias las normas de control de emisiones de última generación (Euro III a contar del 2.004 y Euro IV a partir de 2.005) para dichos vehículos, y que tales normas se encuentran entre las más estrictas del mundo.
Dicho de otra forma, la doble patente castiga fuertemente a los vehículos que menos contaminan. Así el nuevo impuesto desincentiva la renovación del parque vehicular que es el mecanismo más eficiente para disminuir la contaminación provocada por los automóviles. Al no producirse la renovación de este parque vehicular (pues los nuevos impuestos pueden hacer imposible su reemplazo), las emisiones contaminantes de esta flota, por su mayor antigüedad y desgaste se acentuarán, generándose nocivos efectos medioambientales.
En cualquier caso, afirmó, las frágiles argumentaciones ambientales anti-diésel de ningún modo podría extenderse a las regiones, que no sufren de los problemas ambientales de Santiago y que como se ha señalado son las que mayoritariamente utilizan éstos vehículos.
En representación de la Empresa Chiletabacos intervino en señor Michael Hardy entregando los siguientes antecedentes respecto al impuesto al tabaco:
Se trata de un producto altamente gravado (311%), recaudando anualmente casi US$ 600MN, siendo esto un 5% del total de los ingresos fiscales.
Esto lo hace ser lejos el producto más gravado de Chile. (Combustibles 160% , Alcoholes 70%, Juegos de Azar 20%)
El impuesto actual es altamente regresivo. El 80% de los consumidores son de los grupos C3, D y E. Cuatro millones de chilenos se ven afectados con este impuesto.
La Industria genera una extensa cadena de valor desde el sector agrícola (3000 hectáreas plantadas a través de 1200 pequeños agricultores), hasta la distribución a través 60.000 puntos de venta.
Las alzas del impuesto al tabaco, aplicadas desde el año 1995, obligaron a establecer aumentos de casi 50% de los precios por este solo factor. Esto ha sido determinante en el aumento del contrabando que se ha visto en los últimos años. De un histórico nivel de 1%, el contrabando se estima hoy en un 7% del consumo total.
Este nivel de contrabando si bien no ha aumentado en el último año, no ha logrado ser controlado y la evasión tributaria continúa en el orden de US$ 50 millones.
La aplicación de ambos impuestos en conjunto deja de tener el carácter de moderado como lo era cuando el impuesto específico fue propuesto como parte del financiamiento del plan Auge.
Combinado con un aumento de IVA, el impacto es significativo, incrementando en 23% la carga tributaria a la industria e impactando los precios en 10%.
Este incremento sería entre $100 y $200 y no los $40 que indica la autoridad económica, que sólo considera el impacto del aumento del impuesto específico en este valor y no el impacto en conjunto con el aumento del IVA.
Cuando en 1999 se incrementó por segunda vez en 5 años el impuesto específico, Chiletabacos advirtió que la alta carga tributaria resultante y el consecuente nivel de precios (los más altos de Latinoamérica) fomentarían la aparición de contrabando.
Ante un nuevo incremento de impuestos y precio, un aumento de tan sólo 2 o 3% en el nivel de contrabando eliminaría la mayor recaudación esperada.
A la fecha la autoridad económica no ha implementado ninguna medida radical para combatir el contrabando. La pasividad ante el significativo contrabando descubierto en Zofri en Octubre de 2001 y por segunda vez en Octubre de 2002, con idéntico procedimiento, es una clara muestra de esto.
En los últimos años Chiletabacos ha establecido una interesante plataforma de negocios regionales. Basado en su eficiencia y productividad operativa, Chiletabacos no sólo es proveedor de productos a mercados de Perú, Colombia y Centroamérica, sino que elegido para proveer marcas internacionales a todos los Duty Free de los aeropuertos en el mundo.
Después de 8 años, Chiletabacos ha logrado volver al mercado de exportación de tabaco. Este año exportará 1.5 MN de kilos a México y la prolongación de éste y otros contratos en la Región, significarían la contratación de 2000 hectáreas adicionales entre la Sexta y Séptima Regiones.
Este desarrollo futuro sólo es posible con una plataforma de negocios estable y robusta en Chile. Ante continuos cambios en las reglas del juego y en un mercado interno deteriorado por el contrabando, esta fuente de negocios será establecida en otro país.
Los representantes de la Industria Pisquera señalaron que Capel y la Industria Pisquera en general, es mayoritariamente una industria formada por Cooperativas constituidas por pequeños propietarios, agricultores de bajos ingresos y de zonas con escasas o nulas posibilidades de diversificación de productos.
Que la Industria ha sufrido y sufre actualmente discriminación respecto de otros alcoholes con los cuales compite.
Que atendida la realidad del mercado los impuestos afectarán directamente al bolsillo de los cooperados en cifras que podrían ir entre los 5 y 10 $/Kg. de uva, lo que ocasionaría la ruina de miles de personas.
Que el total de afectados directos e indirectos (sin considerar todo el efecto regional) es de 120.000 personas
Que entienden y valoran los esfuerzos del Gobierno en orden a mantener equilibrios de gastos e ingresos del Estado y los loables propósitos a los cuales se quiere destinar los ingresos que se recauden. Pero atendido lo expuesto, que da cuenta de los graves perjuicios que acarrearía para un número importante de habitantes de la III y IV Regiones la aplicación de un 1% adicional de ILA al Pisco, que se sumaría al aumento del IVA, solicitan se excluya del paquete de medidas la aplicación de un aumento de un 1% al impuesto específico al Pisco.
Los representantes de la Industria Vitivinícola Chilena efectuaron un análisis de Impacto del Aumento de los impuestos en relación con la recaudación fiscal, comparando la situación actual versus la aplicación de un nuevo sobreimpuesto.
Se utiliza precio promedio del vino en la industria.
Se considera la caída en el consumo per cápita de 1 litro anual.
Si a la actual situación de exceso de oferta en la industria del vino, se agrega el efecto de un mayor sobreimpuesto, éste provocará un ajuste en el sector, lo que llevará a:
Incremento de la sobreproducción,
Disminución de empleos en toda la cadena del proceso productivo,
Disminución de la inversión,
Un menor retorno al productor,
Disminución de precios de exportación por sobreproducción,
Efecto final incierto sobre la recaudación de impuestos,
Si se mantiene un exceso de oferta se reducirán los precios gravados. Por eso, no se puede establecer que necesariamente va a existir un aumento neto en la recaudación en el futuro. Con una caída de 1 litro per cápita y una disminución de 15% del precio promedio de la Industria, se anula el efecto del aumento del impuesto específico a 19% y la mayor recaudación neta es 0 por este impuesto.
En el debate en general, el señor ministro de Hacienda entregó una breve explicación acerca de las motivaciones que llevaron al Ejecutivo a presentar indicaciones al proyecto: en lo que se refiere al IVA respondería a una aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos más rápida de lo previsto y respecto a la eliminación de la denominada doble patente al uso del diésel se traslada el tema para su discusión al proyecto que regula el uso del gas y, por lo tanto, se inserta en el análisis sobre la contaminación ambiental.
Sometido a votación en general el proyecto fue aprobado por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
VIII. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
En relación con este párrafo cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 1° del proyecto, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el articulo primero del decreto ley N° 825, de 1974:
Por el numeral 1), se sustituye en el artículo 14 que establece la tasa del impuesto, a contar desde la fecha que en cada caso se indica, el porcentaje que pasa a especificarse:
a) “18%” por “18,5%”, a contar desde el día 1° del mes siguiente al de la fecha de publicación de esta ley;
b) “18%,5%” por “19%”, a contar desde el 1° de abril de 2004;
c) “19%” por “18%”, a contar desde el 1° de enero de 2007.
Por el numeral 2), se reemplaza en el inciso primero del artículo 42° que establece la tasa del impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares, en las letras a) y c), las tasas “27%” y “15%” por las tasas “28%” y “19%”, respectivamente.
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir las letras a) y b) del numeral 1) por la siguiente letra a), pasando a ser b) la actual letra c):
“a) “18%” por “19%”, a contar del 1° de octubre del año 2003;”
El diputado Dittborn, don Julio , consultó respecto al efecto que la modificación propuesta tiene en la recaudación.
El señor Nicolás Eyzaguirre señaló que habría una pequeña alza en la recaudación durante los años 2003 y 2004 para tener un efecto neutro en los años 2005 y 2006, comparado con la propuesta original. Sin embargo, el detalle sería entregado en el informe financiero complementario.
El diputado Álvarez, don Rodrigo , sugirió que el alza de este impuesto podría aplicarse transcurridos 30 días de aprobado el referido Tratado por ambos congresos, ya que este último hecho no tiene en la actualidad fecha cierta.
Puesto en votación el numeral 1) con la indicación del Ejecutivo fue aprobado por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
Puesto en votación el numeral 2) fue rechazado por 4 votos a favor y 7 votos en contra.
En el artículo 2°, se establece a beneficio fiscal, un impuesto a la importación o a la primera venta en el país de petróleo diésel, que será equivalente a 0,2 Unidades Tributarias Mensuales, según su valor vigente al momento de la determinación del impuesto, por cada metro cúbico, y afectará al importador o productor de dicho producto.
En el inciso segundo, se señala que este tributo, en ningún caso formará parte de la base imponible del Impuesto al Valor Agregado y deberá enterarse en arcas fiscales, por el productor, dentro de los diez primeros días hábiles siguientes a la semana en que se efectuaron las ventas gravadas con este impuesto, y por el importador, antes del retiro de las especies de Aduana.
En el inciso tercero, se contempla que será aplicable a este impuesto lo establecido en el decreto del Ministerio de Hacienda Nº 311, de fecha 16 de abril de 1986, dictado en virtud de la facultad contenida en el artículo 7º de la ley Nº 18.502.
El Ejecutivo formuló una indicación que modifica el inciso primero, en los términos siguientes:
(i) Intercálase a continuación de la expresión “equivalente”, las siguientes expresiones, presididas de una coma (,) “a contar desde el día 1° del mes de enero del año 2004, a 0,1” y suprímese la expresión y guarismo “a 0,2”.
(ii) Agregase a continuación del punto a parte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración “Desde el 1° de enero del año 2005 el impuesto referido anteriormente, será de 0,2 Unidades Tributarias Mensuales.”
Puesto en votación este artículo con la indicación precedente fue aprobado por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
En el artículo 3°, se introducen las siguientes modificaciones al decreto ley N° 828, de 1974, que establece Normas para el cultivo, elaboración, comercialización e impuestos que afectan al Tabaco:
Por el numeral 1), se modifica el artículo 1°, de la siguiente manera:
En la letra a), se sustituye el inciso tercero, por el siguiente:
“El tabaco en hoja no podrá ser trasladado sin una guía de despacho, que será el mismo documento a que se refiere el inciso final del artículo 55, del decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.”.
En la letra b), se sustituyen en el inciso cuarto, los vocablos “Enero” y “Agosto”, por “noviembre” y “abril”, respectivamente.
Por el numeral 2), se reemplaza en el artículo 3°, el porcentaje “51%” por “61%”.
Por el numeral 3), se sustituye en el artículo 4°, el porcentaje “50,4%” por “51%”.
Por el numeral 4), se sustituye en el artículo 5°, el porcentaje “47,9%” por “51%”.
Por el numeral 5), se reemplaza en el artículo 9°, la expresión “ingresos de dinero en Tesorerías”, por la siguiente: “vale vista u ordenes de pago a la orden de la Tesorería General de la República , en dinero efectivo o mediante otra forma de pago que cautele debidamente el interés fiscal que el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos correspondiente autorice en cada caso”.
Por el numeral 6), se reemplaza en el artículo 15°, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando a ser cuarto el actual inciso tercero:
“Los almacenes, dependencias y depósitos indicados en el inciso primero y las bodegas y locales indicadas en el inciso anterior, deberán ser autorizados expresamente por el Servicio, para este efecto.”.
Por el numeral 7), se modifica el inciso primero del artículo 17°, de la siguiente manera:
En la letra a), se sustituye la letra c) por la siguiente:
“c) Obtener una guía de despacho para la movilización de la mercancía, que será el mismo documento a que se refiere el inciso final del artículo 55 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.”.
En la letra b), se agrega la siguiente letra d), nueva:
“d) Obtener una resolución del Ministerio de Salud en que se autorice su comercialización. En el caso de las mercancías extranjeras, se presumirá que los artículos que no se encuentren comprendidos en dicha resolución, o no cumplan con las especificaciones autorizadas por ella, han sido objeto del delito de contrabando, y se procederá a su incautación y total destrucción por constituir una amenaza para la salud pública. También se procederá a la incautación y destrucción de las mercancías nacionales que no cumplan con las especificaciones autorizadas en dicha resolución.”.
En el numeral 8), se agrega como artículo 22, el siguiente, pasando a ser 23 el actual artículo 22:
“Artículo 22.- Los cigarros, cigarrillos y tabacos que sean objeto de decomiso por infracción a lo dispuesto en los artículos 12 ó 17 de la presente ley serán destruidos en su totalidad.”.
Solicitada votación separada de este artículo, los numerales 1) letra a), 5), 6), 7) y 8) fueron aprobados por unanimidad. Por su parte, los numerales 1) letra b), 2), 3) y 4) fueron aprobados por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
En el artículo 4°, se establece un impuesto a los vehículos motorizados que transiten utilizando petróleo diésel como combustible en las calles, caminos y vías públicas en general. Dicho impuesto, de declaración anual y a beneficio fiscal, será expresado en unidades tributarias mensuales, según el valor vigente al mes de su pago, debiéndose declarar y pagar por primera vez en el mes en que se inscriba el respectivo vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados que mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación y en los períodos siguientes, en el mes de enero de cada año.
En el inciso segundo, se señala que este impuesto se aplicará a los vehículos que utilicen petróleo diésel como combustible y cuya inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se solicite a partir del 9 de junio de 2003, de acuerdo a las siguientes normas:
1) El monto del impuesto será el siguiente:
a) Automóviles de servicio de alquiler destinado al uso público e inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Pasajeros del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: 24 U.T.M.;
b) Vehículos de transporte escolar independiente de su peso, que realicen su revisión técnica como tales: 12 U.T.M.;
c) Vehículos con peso bruto vehicular inferior a 3.860 kilogramos, salvo los que se indican en la letra siguiente: 12 U.T.M.;
d) Automóviles, station wagon y vehículos similares con peso bruto vehicular inferior a 2.700 kilogramos, salvo los vehículos de transporte escolar que realicen su revisión técnica como tales: 7 U.T.M.
2) El pago del impuesto que se establece en este artículo, podrá efectuarse en doce cuotas mensuales e iguales, expresadas en unidades tributarias mensuales, la primera, dentro del mes de enero de cada año, y cada una de las restantes, dentro de los once meses siguientes.
En todo caso, será responsable del pago del impuesto establecido en este artículo, el propietario del vehículo.
3) La obligación de pagar el impuesto establecido en este artículo, recaerá sobre los propietarios de los respectivos vehículos, mientras no cuenten con un certificado otorgado de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que acredite que han sido retirados de circulación en forma permanente, dentro del mes anterior al que corresponda pagar la respectiva cuota.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará la forma y condiciones en que se otorgará este certificado y los requisitos que deberán cumplir los vehículos para obtenerlo.
4) Los propietarios de los vehículos que deban declarar y pagar por primera vez el impuesto establecido en este artículo, lo harán proporcionalmente por cada uno de los meses que falten para el siguiente mes de enero, pudiéndose efectuar su pago en un número de cuotas igual a la cantidad de meses, incluido el mes de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, que resten para el mes de enero del próximo año.
5) No podrá otorgarse el permiso de circulación a los vehículos señalados en este artículo mientras no se acredite el pago total del impuesto o de las correspondientes cuotas a la fecha de otorgamiento.
Las respectivas municipalidades deberán exigir que se acredite el pago de este impuesto o de las cuotas que correspondan, antes de otorgar o renovar el permiso de circulación y deberán dejar constancia del pago, consignándolo en el documento que acredite el pago del impuesto.
Ningún ministro de fe podrá autorizar los instrumentos que sirvan de título a la transferencia de vehículos motorizados afectos al impuesto establecido en este artículo, mientras no se acredite que se encuentra al día el pago del impuesto. La contravención de esta prohibición constituirá una infracción tributaria, que será sancionada con multa de un monto de hasta dos veces la cantidad del tributo adeudado.
6) El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá informar al Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación acerca de los vehículos motorizados que utilizan petróleo diésel como combustible, individualizándolos por su placa patente única. Igual información deberá proporcionar a dicho Servicio respecto de los vehículos que dejaren de estar habilitados para utilizar este tipo de combustible.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley N° 18.290, tratándose de vehículos habilitados para usar petróleo diésel como combustibles, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá incorporar, en su inscripción, la indicación del uso de dicho combustible y, en su caso, reemplazarla.
El Ejecutivo formuló una indicación para suprimir el artículo 4° del proyecto, pasando a ser artículos 4°, 5°, 6° y 7° los actuales 5°, 6°, 7° y 8°.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.
En el artículo 5°, se introducen las siguientes modificaciones en la Ordenanza de Aduanas, contenida en el artículo único del D.F.L. N° 2, de 1997, del Ministerio de Hacienda:
Por el numeral 1), se introduce en el artículo 2° referido a las definiciones de conceptos aplicables en la Ordenanza, el siguiente número 6 bis, nuevo:
“6 bis.- Perímetros fronterizos de vigilancia especial: Parte de la zona secundaria en la cual se establecen prohibiciones y restricciones especiales para las existencias y tráfico de mercancías.”.
Por el numeral 2), se agrega en el artículo 100, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“El Director Nacional de Aduanas , mediante resolución fundada, podrá establecer limitaciones al uso de los medios de pago que se establecen en el presente artículo.”.
Sobre el particular, la señora Catalina Bau precisó que la norma tiene por objeto permitir un mayor control del contrabando de cigarrillos.
Puesto en votación separada este artículo, el numeral 1) fue aprobado por unanimidad y el numeral 2) fue aprobado por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
Por el artículo 6°, se suprime en el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Aduanas, contenido en el artículo 1º, del D.F.L. N° 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, en el artículo 4º, N° 22, la frase ubicada entre las expresiones “Zonas Secundarias” y “perímetros fronterizos”.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 7°, se suprime el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 18.777.
El señor Nicolás Eyzaguirre explicó que con la norma propuesta se elimina el piso de 35% que establece la ley N° 18.777 para la participación del Estado en las empresas sanitarias.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 8°, se suprime el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 18.885.
El señor Marcelo Tokman expresó que esta modificación cumple el mismo propósito de la anterior, pero con referencia a otra ley que fija igualmente un piso sobre la materia.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo transitorio, se señala que lo dispuesto en los artículos 1° N° 2), 2°, 3° N°s 2), 3) y 4), regirá a contar del día 1° del mes siguiente al de la fecha de publicación del proyecto y lo dispuesto en el artículo 4°, regirá a contar del día 1° de enero de 2004.
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo transitorio.- Lo dispuesto en los artículos 1° N° 2); 3° N°s 2), 3) y 4), regirá a contar del día 1° del mes siguiente al de la fecha de publicación de esta ley.”.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
IX. CONCLUSIÓN.
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el articulo primero del decreto ley N° 825, de 1974:
1) Sustitúyese en el artículo 14, a contar desde la fecha que en cada caso se indica, el porcentaje que pasa a especificarse:
a) “18%” por “19%”, a contar del 1° de octubre del año 2003, y
b) “19%” por “18%”, a contar desde el 1° de enero de 2007.
Artículo 2°.- Establécese, a beneficio fiscal, un impuesto a la importación o a la primera venta en el país de petróleo diésel, que será equivalente, a contar desde el día 1° del mes de enero del año 2004, a 0,1 Unidades Tributarias Mensuales, según su valor vigente al momento de la determinación del impuesto, por cada metro cúbico, y afectará al importador o productor de dicho producto. Desde el 1° de enero del año 2005 el impuesto referido anteriormente, será de 0,2 Unidades Tributarias Mensuales.
Este tributo, en ningún caso formará parte de la base imponible del Impuesto al Valor Agregado y deberá enterarse en arcas fiscales, por el productor, dentro de los diez primeros días hábiles siguientes a la semana en que se efectuaron las ventas gravadas con este impuesto, y por el importador, antes del retiro de las especies de Aduana.
Será aplicable a este impuesto lo establecido en el decreto Nº 311, de 1986, del Ministerio de Hacienda, dictado en virtud de la facultad contenida en el artículo 7º de la ley Nº 18.502.
Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 828, de 1974, que establece Normas para el cultivo, elaboración, comercialización e impuestos que afectan al tabaco:
1) Modifíquese el artículo 1°, de la siguiente manera:
a) Sustitúyese el inciso tercero, por el siguiente:
“El tabaco en hoja no podrá ser trasladado sin una guía de despacho, que será el mismo documento a que se refiere el inciso final del artículo 55, del decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.”.
b) Sustitúyense en el inciso cuarto, los vocablos “Enero” y “Agosto”, por “noviembre” y “abril”, respectivamente.
2) Reemplázase en el artículo 3°, el porcentaje “51%” por “61%”.
3) Sustitúyese en el artículo 4°, el porcentaje “50,4%” por “51%”.
4) Sustitúyese en el artículo 5°, el porcentaje “47,9%” por “51%”.
5) Reemplázase en el artículo 9°, la expresión “ingresos de dinero en Tesorerías”, por la siguiente: “vale vista u ordenes de pago a la orden de la Tesorería General de la República , en dinero efectivo o mediante otra forma de pago que cautele debidamente el interés fiscal que el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos correspondiente autorice en cada caso”.
6) Agrégase en el artículo 15, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando a ser cuarto el actual inciso tercero:
“Los almacenes, dependencias y depósitos indicados en el inciso primero y las bodegas y locales indicadas en el inciso anterior, deberán ser autorizados expresamente por el Servicio, para este efecto.”.
7) Modifícase el inciso primero del artículo 17, de la siguiente manera:
a) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:
“c) Obtener una guía de despacho para la movilización de la mercancía, que será el mismo documento a que se refiere el inciso final del artículo 55 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.”.
b) Agrégase la siguiente letra d), nueva:
“d) Obtener una resolución del Ministerio de Salud en que se autorice su comercialización. En el caso de las mercancías extranjeras, se presumirá que los artículos que no se encuentren comprendidos en dicha resolución, o no cumplan con las especificaciones autorizadas por ella, han sido objeto del delito de contrabando, y se procederá a su incautación y total destrucción por constituir una amenaza para la salud pública. También se procederá a la incautación y destrucción de las mercancías nacionales que no cumplan con las especificaciones autorizadas en dicha resolución.”.
8) Agrégase como artículo 22, el siguiente, pasando a ser 23 el actual artículo 22:
“Artículo 22.- Los cigarros, cigarrillos y tabacos que sean objeto de decomiso por infracción a lo dispuesto en los artículos 12 ó 17 de la presente ley serán destruidos en su totalidad.”.
Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ordenanza de Aduanas, contenida en el artículo único del D.F.L. Nº 2, de 1997, del Ministerio de Hacienda:
1) Introdúcese en el artículo 2º, el siguiente número 6 bis, nuevo:
“6 bis.- Perímetros fronterizos de vigilancia especial: Parte de la zona secundaria en la cual se establecen prohibiciones y restricciones especiales para las existencias y tráfico de mercancías.”.
2) Agrégase en el artículo 100, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“El Director Nacional de Aduanas , mediante resolución fundada, podrá establecer limitaciones al uso de los medios de pago que se establecen en el presente artículo.”.
Artículo 5°.- Suprímase en el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Aduanas, contenido en el artículo 1º, del D.F.L. N° 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, en el artículo 4º, N° 22, la frase ubicada entre las expresiones “Zonas Secundarias” y “perímetros fronterizos”.
Artículo 6°.- Suprímase el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 18.777.
Artículo 7°.- Suprímase el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 18.885.
Artículo transitorio.- Lo dispuesto en los artículos 1° N° 2); 3° N°s 2), 3) y 4), regirá a contar del día 1° del mes siguiente al de la fecha de publicación de esta ley.”.
Sala de la Comisión, a 18 de junio de 2003.
Acordado en sesiones de fechas 11 y 17 de junio de 2003, con la asistencia de los diputados señores Jaramillo, don Enrique ( Presidente ); Alvarado, don Claudio (Díaz, don Eduardo) ; Álvarez, don Rodrigo ; Bayo, don Francisco ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Silva, don Exequiel ; Tuma, don Eugenio , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
También asistieron la Diputada Mella , señora María Eugenia ; y los diputados señores Galilea, don José Antonio , Recondo y Robles .
Se designó diputado informante al señor Lorenzini, don Pablo .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
4. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de tránsito, con el objeto de regular la obligación de informar al registro de vehículos motorizados las alteraciones o destrucción parcial o total de los vehículos. (boletín Nº 3104-15)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros acerca del proyecto de ley, iniciado en moción de los Diputados señores Guillermo Ceroni , René García , Fidel Espinoza , Patricio Hales , Enrique Jaramillo , Jaime Jiménez , Zarko Luksic , Darío Paya , Ramón Pérez y Esteban Valenzuela , que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, con el objeto de regular la obligación de informar al Registro de Vehículos Motorizados las alteraciones o destrucción parcial o total de los vehículos.
El objetivo del proyecto es establecer una sanción legal efectiva aparejada al incumplimiento de la obligación, que pesa sobre el propietario de un vehículo motorizado y sobre las compañías de seguro, de solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación la cancelación de la inscripción cuando el vehículo sea abandonado, destruido o desarmado total o parcialmente.
Para el estudio del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración de la Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación , señora María Alejandra Sepúlveda Toro .
I. ANTECEDENTES GENERALES.
El inciso cuarto del artículo 34 de la ley N° 18.290 establece que en el Registro Civil e Identificación “se anotarán también todas las alteraciones en los vehículos que los hagan cambiar su naturaleza, sus características esenciales, o que los identifican, como asimismo su abandono, destrucción o su desarmaduría total o parcial. Para estos efectos, su propietario estará obligado a dar cuenta del hecho de que se trate al Registro . En su caso, deberá cancelarse la inscripción y retirarse las patentes del vehículo.”
Por su parte, el inciso cuarto del artículo 21 del Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados (RVM), contenido en el decreto supremo N° 1.111, de 1985, del Ministerio de Justicia, dispone, complementando lo expuesto anteriormente, que “Sólo podrán pedir rectificación o modificación de una inscripción las personas a que ésta se refiera o sus representantes legales o mandatarios, acompañando al efecto la documentación que le sirva de fundamento.”
Procedimiento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación
a) Cancelación de inscripciones.
Cuando se requiera cancelar una inscripción, se deberá ingresar una solicitud de cancelación y, en el rubro Observaciones, se deberá consignar que se devolvieron las placas patente o que se acompañó copia de la constancia ante Carabineros de Chile en el evento de la pérdida o destrucción de éstas.
La documentación presentada debe estar suscrita por el propietario inscrito del vehículo o bien por una persona que exhiba un poder suficiente para actuar en su representación, debidamente autorizado ante notario; lo anterior, toda vez que el propietario es la única persona habilitada para requerir la cancelación de una inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados.
El documento apto para fundar este tipo de solicitudes es la Declaración Jurada ante Notario Público, suscrita por el propietario del vehículo cuya inscripción se requiere cancelar, o bien su mandatario debidamente facultado, según ya se dijo.
Junto con presentar la solicitud y su documento fundante, el interesado debe hacer devolución de las P.P.U. (Placas Patentes Únicas) asignadas por el Registro de Vehículos Motorizados.
En el evento de que las P.P.U. se hubieren extraviado o destruido, el interesado deberá acompañar copia de la constancia estampada ante Carabineros de Chile, dando cuenta de estos hechos. En dicha constancia, debe señalarse claramente el código de las placas extraviadas o destruidas (Art. 2º del decreto supremo N° 130, de 1984, de los Ministerios de Transportes y Justicia).
En relación con el punto anterior, cabe precisar que la constancia ante Carabineros puede ser formulada por cualquier persona, no necesariamente por el propietario del vehículo (por ejemplo, el chofer del camión, el cónyuge del propietario inscrito, una tercera persona a quien el propietario le facilitó el vehículo, etcétera).
Es necesario tener presente que no procede la cancelación de una inscripción si ésta registra gravámenes vigentes (embargo, prenda, etcétera), debiendo, en consecuencia, requerirse previamente el alzamiento de aquellos. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de que el vehículo se encuentre sujeto a la limitación de circulación restringida a Zona Franca -conforme a su propia naturaleza-, no existe inconveniente para cancelar la inscripción, cumpliéndose los requisitos antes enunciados.
Si una compañía de seguros solicita la cancelación, cuando no es propietaria, debe acreditar poder suficiente para actuar por el propietario inscrito, aun cuando alegue haber liquidado el siniestro en favor de éste y -teniendo presente lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante el oficio circular N° 114, de 23 de julio de 2002, que instruye a las compañías de seguros precisamente acerca del cumplimiento del artículo 34 de la ley N° 18.290- acompañar, como documento fundante, la respectiva declaración jurada formulada por el propietario inscrito ante Notario Público, indicando claramente la causal legal de cancelación de la inscripción y cumpliendo los demás requisitos ya señalados, esto es, devolver las PPU o, en su defecto, acompañar la respectiva constancia ante Carabineros de Chile.
Es necesario tener presente que -en conformidad al tenor literal del artículo 34 citado- no constituyen causal de cancelación ni la exportación ni la circunstancia de haberse retirado el vehículo de circulación como vehículo de transporte público.
b) Alteración de características.
Conforme a lo señalado en el artículo 34 de la ley N° 18.290, la actualización de las alteraciones físicas introducidas en un vehículo, tales como sustitución del motor, cambio de tipo de vehículo (como la transformación de un “station wagon” en furgón), cambio de color y número de chasis, deben ser solicitadas mediante la correspondiente Solicitud de Anotación por Alteración de Características (Formulario V-6) en cualquier Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Una vez registrada en la base de datos la alteración efectuada a un vehículo, se genera una subinscripción en la inscripción del vehículo de que se trate, la que se consigna en el respectivo Certificado de Anotaciones Vigentes, a fin de informar al público en general que se ha practicado dicha anotación.
Como documentos fundantes de dichas solicitudes, se contemplan la factura correspondiente a la adquisición de la parte o pieza que se cambia extendida a nombre del propietario inscrito o, en su defecto, una declaración jurada ante notario público, formulada por éste, en la cual señale expresamente la característica que se alteró en el móvil. Además de lo anterior, siempre deberá adjuntarse un certificado actualizado de revisión técnica o de características, extendido por una planta autorizada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o bien, un Certificado de Inspección Ocular Municipal emitido por la Dirección de Tránsito correspondiente, a fin de acreditar que la alteración física efectivamente se ha realizado en el vehículo.
No son susceptibles de alteración las características correspondientes a marca, modelo y año de fabricación del vehículo, por ser características esenciales de su fabricación.
Por su parte, sólo podrán fundarse las solicitudes de alteración del tipo de vehículo para camiones, tractocamiones y chasis, en un certificado de características o de revisión técnica emitidos por una planta autorizada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ello en virtud de que este tipo de vehículos tienen como destino el transporte de pasajeros o de carga.
II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
En la moción se plantea que es un hecho de conocimiento público que en Chile, como producto de la existencia de vacíos normativos, se han organizado verdaderas bandas criminales, dedicadas al “blanqueo” de vehículos motorizados robados, los cuales pueden aparentemente ser regularizados en cuanto a su documentación, por la suplantación de identidad y documentos de otros vehículos que han sufrido daños definitivos o que han sido declarados como pérdida total por parte de las compañías aseguradoras.
La situación antes descrita ha sido largamente informada por los medios de comunicación de cobertura nacional, y asumida también por la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual, mediante circular emitida en el mes de julio del año 2002, estableció un plazo de sesenta días desde el pago de la indemnización por pérdida total para que las aseguradoras regularicen la propiedad de los vehículos siniestrados y procedan a una nueva inscripción a nombre del comprador o de la compañía, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34, inciso cuarto, de la ley de Tránsito, que prescribe que en el Registro de Vehículos Motorizados que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación se anotarán todas las alteraciones en los vehículos que los hagan cambiar su naturaleza, sus características esenciales, o que los identifican, como asimismo su abandono, destrucción o su desarmaduría total o parcial.
La norma antes citada prevé, además, que el propietario estará obligado a dar cuenta del hecho de que se trate al Registro , debiéndose cancelarse la inscripción y retirarse las patentes del vehículo si procediere.
Ahora bien, la infracción de este deber establecido en la ley es sancionado, de acuerdo con las normas generales de la propia ley, con la pena de multa a beneficio fiscal, la que aparece como altamente ineficiente como dispositivo de aseguramiento del cumplimiento de la norma, toda vez que ello supone que exista una denuncia por parte de alguna persona o de algún organismo, hipótesis bastante difícil de ser satisfecha en la realidad. Además, la cuantía de la multa es insignificante.
En consecuencia, parece más razonable que, sin perjuicio de subsistir este mecanismo actualmente contemplado en la ley de Tránsito, se modifique la norma antes señalada, estableciéndose una sanción civil que permita asegurar los derechos de los terceros que se puedan ver afectados con la omisión o negligencia por parte del titular inscrito del derecho de propiedad sobre el vehículo motorizado, haciéndolo responsable civilmente por su omisión.
Además, debería hacerse responsable solidariamente a las compañías de seguro cuando éstas no se hayan hecho de la propiedad del vehículo siniestrado y sólo aprovechen el salvamento de la cosa asegurada o la conservación de sus restos, con lo cual se refuerza el principio de la protección del tercero ajeno que, sin tener forma de prever los riesgos de la contratación, se perjudica por la falta de comunicación al Registro .
III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en el mensaje.
De acuerdo con esto último, la idea matriz es hacer civilmente responsables a los propietarios y a aquellos a cuyo nombre se encuentre inscrito un vehículo por los perjuicios que sufran los terceros contratantes de buena fe cuando no se hubiere dado cumplimiento a la obligación impuesta en el artículo 34, inciso cuarto, de la ley N° 18.290, de Tránsito, esto es, anotar “todas las alteraciones en los vehículos que los hagan cambiar su naturaleza, sus características esenciales, o que los identifican, como asimismo su abandono, destrucción o su desarmaduría total o parcial”, así como hacer solidariamente responsables a las compañías de seguro, en el mismo caso, cuando no se apropien del vehículo siniestrado y sólo aprovechen su salvamento.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
La Comisión estimó que el proyecto no contiene normas de esta índole.
V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO QUE, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
El artículo único no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.
La discusión general del proyecto fue ilustrada por las opiniones de los Diputados autores de la moción, señores René Manuel García y Guillermo Ceroni Fuentes, así como por la Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, señora María Alejandra Sepúlveda Toro .
El diputado señor García, don René Manuel , manifestó que la legislación actual favorece los robos de vehículos perpetrados por bandas organizadas que se dedican a la adquisición de vehículos siniestrados, los que someten a modificaciones para luego comercializarlos.
Por su parte, el honorable diputado señor Ceroni, don Guillermo , planteó que este proyecto de ley servirá para evitar el blanqueo de vehículos robados, pues los documentos y placas patentes de los vehículos siniestrados que no son informados al Servicio de Registro Civil e Identificación son utilizados en la alteración y comercialización de aquellos.
Si bien la legislación actual obliga a dar cuenta al Servicio de Registro Civil e Identificación del abandono, destrucción o desarme total o parcial de los vehículos motorizados (Art. 34, inciso cuarto, de la ley de Tránsito), lo cierto es que esa disposición no se cumple, debido a la levedad de la multa con que se sanciona su incumplimiento, que apenas alcanza los $ 7.800. (Arts. 200 y 201 de la ley de Tránsito).
Por ende, se persigue establecer la responsabilidad civil del dueño de un vehículo motorizado que no dio aviso al Servicio de Registro Civil e Identificación de la destrucción de su vehículo, así como de la compañía de seguro que no se haya hecho dueña del vehículo siniestrado.
En definitiva, se trata de que el comprador de buena fe de un vehículo que luego resulta ser robado tenga contra quien dirigir su acción civil por los perjuicios que el contrato de compraventa le irrogue.
A su turno, la Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación , señora María Alejandra Sepúlveda Toro, opinó que el proyecto propuesto constituye una iniciativa necesaria, particularmente en lo que dice relación a la obligación de cancelación de la inscripción de un vehículo, cuando es legalmente procedente. En efecto, si bien el artículo 34 de la ley del Tránsito establece como una obligación del propietario solicitar la cancelación de la inscripción cuando el vehículo se encuentre en alguna de las causales legales para ello, no determina una sanción legal efectiva aparejada al incumplimiento.
La falta de una sanción efectiva para el incumplimiento de la obligación legal referida anteriormente, en orden a solicitar la cancelación de la inscripción de un vehículo, podría dar lugar al uso indebido de las placas patentes únicas correspondientes a los vehículos que se encuentran fuera de circulación por abandono, destrucción o desarmaduría, especialmente si están asegurados y han sido declarados pérdida total por la respectiva compañía de seguros.
En concordancia con lo expresado, dio su aquiescencia al proyecto de ley, sin perjuicio de recomendar enmiendas formales menores que perfeccionan el texto del proyecto.
-Puesto en votación en general el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Pedro Araya , Guillermo Ceroni , Roberto Delmastro, René Manuel García , Patricio Hales , Fernando Meza y Ramón Pérez .
VII. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
El proyecto en informe consta de un artículo único, mediante el cual se introducen los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos, en el artículo 34 de la ley N° 18.290, de Tránsito:
“Serán civilmente responsables por los perjuicios que sufrieren los terceros que contraten de buena fe los propietarios y aquellos a cuyo nombre se encuentre inscrito el vehículo cuando no hubieren dado cumplimiento a la obligación de informar al Registro las modificaciones señaladas en el inciso anterior.
Las compañías de seguros, por su parte, serán solidariamente responsables de los perjuicios que sufrieren los terceros de buena fe, cuando éstas no se hayan hecho dueñas del vehículo siniestrado y sólo aprovechen su salvamento.”
El artículo 34 de la ley de Tránsito, ubicada en el Título III, “Del dominio y registro de los vehículos motorizados y de la patente única y certificado de inscripción”, más exactamente en el párrafo denominado “Del Dominio y del Registro de Vehículos Motorizados”, prescribe lo siguiente:
“Artículo 34.- El Servicio de Registro Civil e Identificación llevará un Registro de Vehículos Motorizados en la base de datos central de su sistema mecanizado, en el cual se inscribirán los vehículos y la individualización de sus propietarios y se anotarán las patentes únicas que otorgue.
Además, en cada oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación habrá un libro repertorio y un índice, los que estarán a cargo del Oficial Civil respectivo.
La inscripción de un vehículo se efectuará al otorgarse la patente única. Los documentos que autoricen dicha inscripción serán incorporados en el Archivo Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.
En él se anotarán también todas las alteraciones en los vehículos que los hagan cambiar su naturaleza, sus características esenciales, o que los identifican, como asimismo su abandono, destrucción o su desarmaduría total o parcial. Para estos efectos su propietario estará obligado a dar cuenta del hecho de que se trate al Registro . En su caso, deberá cancelarse la inscripción y retirarse las patentes del vehículo.”
Los diputados señores Araya , Ceroni , Delmastro , García , Hales , Meza y Pérez, don Ramón , formularon una indicación verbal para modificar los incisos que se incorporan mediante el proyecto, en la siguiente forma:
Inciso quinto
Añadir, entre las expresiones “cumplimiento a la obligación” y “de informar al Registro ”, las palabras “de solicitar la cancelación o”.
Respecto de esta modificación, sus patrocinantes indicaron que su finalidad es hacer más clara la obligación impuesta por la norma.
Inciso sexto
Sustituir las palabras “no se hayan hecho dueñas del vehículo siniestrado” por la expresión “no hayan solicitado, según corresponda, la cancelación o la inscripción a su nombre del vehículo siniestrado”.
Los patrocinantes autores de esta indicación plantearon que el objeto de la misma es que la norma sea concordante con lo dispuesto en el oficio circular N° 114, de 23 de julio de 2002, de la Superintendencia de Valores y Seguros.
-Puesto en votación el artículo único, con las enmiendas señaladas, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la sala.
VIII. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO.
En mérito de las consideraciones anteriores y de las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado informante , vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Agréganse los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos, al artículo 34 de la ley N° 18.290, de Tránsito:
“Serán civilmente responsables por los perjuicios que sufrieren los terceros que contraten de buena fe los propietarios y aquellos a cuyo nombre se encuentre inscrito el vehículo cuando no hubieren dado cumplimiento a la obligación de solicitar la cancelación o de informar al Registro las modificaciones señaladas en el inciso anterior.
Las compañías de seguros, por su parte, serán solidariamente responsables de los perjuicios que sufrieren los terceros de buena fe cuando éstas no hayan solicitado, según corresponda, la cancelación o la inscripción a su nombre del vehículo siniestrado y sólo aprovechen su salvamento.”
Se designó diputado informante al señor Guillermo Ceroni Fuentes .
Sala de la Comisión, a 17 de junio de 2003.
Tratado y acordado, conforme se consigna en el acta de la sesión de fecha 17 de junio de 2003, con la asistencia de los diputados señores Hales Dib, don Patricio ( Presidente ); Araya Guerrero, don Pedro ; Ceroni Fuentes, don Guillermo ; Delmastro Naso, don Roberto ; Espinoza Sandoval, don Fidel ; García García, don René Manuel ; Luksic Sandoval, don Zarko ; Meza Moncada, don Fernando , y Pérez Opazo, don Ramón .
(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.