Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Edmundo Salas De La Fuente
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- CONVENIO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA ENTRE CHILE Y ARGENTINA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.490, SOBRE SEGURO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- LIBERACIÓN DE CAUCIONES DE GARANTES DE CRÉDITOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- DEBATE
- CONVENIO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA ENTRE CHILE Y ARGENTINA. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SUSCRITO POR EL GOBIERNO Y EL CONGRESO NACIONAL CON MOTIVO DE LA COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE-MERCOSUR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Eduardo Saffirio Suarez
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Jose Ramon Barros Montero
- Jaime Quintana Leal
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Fernando Meza Moncada
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PÉRDIDA DE BENEFICIOS MUNICIPALES PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS POR NO INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE CHILEDEPORTES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Fulvio Rossi Ciocca
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Exequiel Silva Ortiz
- Ivan Paredes Fierro
- Jaime Quintana Leal
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SUSCRITO POR EL GOBIERNO Y EL CONGRESO NACIONAL CON MOTIVO DE LA COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE-MERCOSUR.
- VII. INCIDENTES
- IRREGULARIDADES EN EL SENCE Y EN EL FOSIS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE EVOLUCIÓN ANUAL DE DEUDAS. Oficio.
- EMISIÓN DE BONO SOBERANO POR CANTIDAD MAYOR A LA ANUNCIADA. Oficio.
- CONTRAVENCIÓN DE ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE. Oficio.
- EXCLUSIÓN DE LICITACIÓN A EMPRESA SANITARIA DE ATACAMA. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE ADMINISTRACIÓN DEL PUERTO DE ARICA. Oficio.
- INFORMACIONES SOBRE ACTIVIDADES DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN BOLIVIA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE OBRAS EN ARICA.
- SITUACIÓN DE TRABAJADORES POR QUIEBRA DE EMPRESA EN ARAUCO. Oficios.
- ADHESION
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Eduardo Saffirio Suarez
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE CONCESIÓN DE RUTA DEL ITATA. Oficio.
- ADHESION
- Ivan Norambuena Farias
- Eduardo Saffirio Suarez
- Pedro Araya Guerrero
- ADHESION
- RECONOCIMIENTO A CARABINEROS DE CHILE POR ACCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA EN ANTOFAGASTA. Oficio.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Eduardo Saffirio Suarez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Felipe Letelier Norambuena
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ. Oficios.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Felipe Letelier Norambuena
- Pedro Araya Guerrero
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- DIFICULTADES EN RECUPERACIÓN DEL IVA POR PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS. Oficios.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Felipe Letelier Norambuena
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL DESABASTECIMIENTO DE LECHE. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PÉRDIDA DE PARTIDAS DE LECHE. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Eduardo Saffirio Suarez
- Alberto Robles Pantoja
- Osvaldo Palma Flores
- Ivan Paredes Fierro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 349ª, ORDINARIA
Sesión 6ª, en jueves 12 de junio de 2003
(Ordinaria, de 11.11 a 14.34 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel, del señor Salas de la Fuente, don Edmundo y del señor Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala. 9
- Permisos constitucionales 9
V. Orden del Día.
- Convenio de coproducción cinematográfica entre Chile y Argentina. Primer trámite constitucional 10
- Modificación de la ley Nº 18.490, sobre seguro de accidentes de tránsito. Tercer trámite constitucional 13
- Liberación de cauciones de garantes de créditos del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Segundo trámite constitucional 14
VI. Proyectos de acuerdo.
- Cumplimiento del acuerdo suscrito por el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la complementación económica Chile-Mercosur 31
- Pérdida de beneficios municipales para organizaciones deportivas por no inscripción en registro de Chiledeportes 34
VII. Incidentes.
- Irregularidades en el Sence y en el Fosis de la Región de La Araucanía. Oficio 37
- Información sobre evolución anual de deudas. Oficio 39
- Emisión de bono soberano. Oficio 39
- Contravención de acuerdo sobre transporte internacional terrestre. Oficio 40
- Exclusión de licitación a empresa sanitaria de Atacama. Oficios 41
- Antecedentes sobre administración del puerto de Arica. Oficio 42
- Informaciones sobre actividades de oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bolivia. Oficios 42
- Información sobre costos de obra en Arica. Oficios 43
- Situación de trabajadores por incumplimiento de empresa en Arauco. Oficios 43
- Antecedentes sobre concesión de ruta del Itata. Oficio 45
- Reconocimiento a Carabineros de Chile por acción contra la delincuencia en Antofagasta. Oficio 46
- Solución a problemas de salud en la provincia de Chiloé. Oficios 47
Pág.
- Dificultades en recuperación del IVA por pequeños productos agrícolas. Oficios 48
- Antecedentes sobre eventual desabastecimiento de leche. Oficios 50
- Información sobre pérdida de partidas de leche. Oficio 51
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que permite la emisión de deuda pública mediante medios inmateriales y autoriza al Fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros. (boletín N° 3258-05) 52
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de "suma", para el despacho del proyecto que permite la emisión de deuda pública mediante medios inmateriales y autoriza al Fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros (boletín N° 3258-05) 60
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (boletín N° 2286-04) 60
4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leal, Saffirio, Robles, Palma y Paredes, que modifica el Código de Justicia Militar y el Código Penal con la finalidad de excluir el juzgamiento de civiles por parte de la justicia militar (boletín N° 3257-07) 61
5. Oficio de la Corte Suprema de Justicia por el cual remite informe correspondiente al proyecto que crea el Tribunal de Libre Competencia (boletín N° 2944-03) (S) 66
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
Comunicaciones de los diputados señores Ascencio y Salas, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 13 y 14 de junio en curso, para dirigirse a Francia y Paraguay, respectivamente.
2. Oficios:
- De la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para remitir al archivo el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley N° 4.808, de Registro Civil e Identificación, con el objeto de permitir la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre, por cuanto según la directora del Registro Civil , dicha situación se encuentra resuelta (boletín N° 585-07).
- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 12 del mes en curso, de 11 a 13,30 horas, con el objeto de tratar los proyectos que establecen nueva agravante en el artículo 12 del Código Penal para quienes cometan delitos en el ejercicio de la libertad provisional (boletín N° 3207-07); un sistema de regulación de abogados integrantes de Cortes de Apelaciones (boletín N° 2950-07), e inmediatez de la investigación en caso de desaparecimiento de menores de 18 años (boletín N° 2816-07).
- De la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar el actuar de los organismos del Estado en las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades financieras de Inverlink, por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el martes 17 de junio en curso a partir de las 11.30 horas.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (89)
NOMBRE (Partido Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos IND-RN V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Boris Tapia.
-Asistió, además, el ministro de Agricultura señor Jaime Campos.
-Concurrió, también, el ministro Secretario General de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).- El acta de la sesión 1ª de la legislatura 349ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 2ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Cámara, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala el día de hoy, de 11.00 a 13.30 horas, con el objeto de tratar los proyectos que establecen nueva agravante en el artículo 12 del Código Penal para quienes cometan delitos en el ejercicio de la libertad provisional (boletín Nº 3207-07), un sistema de regulación de abogados integrantes de cortes de apelaciones (boletín Nº 2950-07) e inmediatez de la investigación en caso de desaparecimiento de menores de 18 años (boletín Nº 2816-07).
Acordado.
Asimismo, solicito el asentimiento de la Cámara para acceder a la petición de la Comisión investigadora encargada de analizar el actuar de los organismos del Estado en las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades financieras del grupo Inverlink, a fin de sesionar simultáneamente con la Sala el día martes 17 de junio, a partir de las 11.30 horas.
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Gabriel Ascencio y Edmundo Salas para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 13 y 14 de junio en curso, para dirigirse a Francia y Paraguay, respectivamente.
Acordado.
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , en el Nº 4 de la Cuenta, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social solicita el acuerdo de la Sala para remitir al archivo el proyecto que modifica la ley Nº 4.808, de Registro Civil e Identificación, que ya fue tratado.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , el Secretario me informa que un señor senador pidió revisarlo, razón por la cual no fue remitido a archivo. Vamos a informarnos mejor y posteriormente resolveremos ese punto.
V. ORDEN DEL DÍA
CONVENIO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA ENTRE CHILE Y ARGENTINA. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre los gobiernos de las repúblicas de Chile y de Argentina en el área de la coproducción cinematográfica, suscrito en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1994.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Juan Masferrer.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3161-10, sesión 31ª, en 1 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión xx, en 10 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 5.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre los gobiernos de las repúblicas de Chile y de Argentina en el área de la coproducción cinematográfica.
Este convenio tiene por objeto estimular el desarrollo de la industria cinematográfica mediante la ejecución de proyectos conjuntos entre productores nacionales de los respectivos países, como asimismo el crecimiento de los intercambios culturales y económicos bilaterales, impulsando una efectiva suma de los mercados que ambos países conforman al permitirles compartir los riesgos financieros de la producción.
El elemento central del Acuerdo es considerar como “nacionales” las obras que se realicen en coproducción chileno-argentina, beneficiándose, de pleno derecho, con las franquicias reservadas para las obras nacionales propiamente tales en uno u otro país.
Las coproducciones beneficiadas deberán ser aprobadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en Argentina, y por la División de Cultura del Ministerio de Educación, en Chile. Para tales efectos, las coproducciones deberán ser emprendidas por productores que posean una buena organización técnica, con respaldo financiero sólido y una categoría profesional reconocidos por las autoridades nacionales señaladas.
Durante el estudio del proyecto, la Comisión escuchó al asesor cultural del Presidente de la República , señor Agustín Squella Narducci , y al jefe del área Cine y Artes Audiovisuales de la División de Cultura del Ministerio de Educación, señor Ignacio Aliaga Riquelme.
El señor Squella Narducci señaló, en lo sustancial, que este Acuerdo permitirá que las coproducciones cinematográficas de Chile o de Argentina adquieran la calidad de “producciones nacionales” en ambos países, con lo que podrán acceder a los beneficios que las respectivas legislaciones otorgan a los filmes nacionales.
El señor Aliaga Riquelme informó que nuestro país tiene una industria cinematográfica que necesita de la cooperación internacional para su desarrollo, como la que ya se está alcanzando con Brasil y Venezuela y la que se logrará con Argentina, país que tiene un mercado de 30 millones de espectadores al año y una industria de cine floreciente. Agregó que el sistema de fomento al cine argentino se basa, fundamentalmente, en la existencia de un Instituto del Cine y de un fondo de fomento, que se financia con el 10 por ciento del valor de cada entrada a un cine.
A propósito de lo anterior, sostuvo que una vez que sea ley el proyecto de fomento audiovisual, recientemente aprobado por la honorable Cámara, también se podrá apoyar en nuestro país las películas que se realicen en el marco de este Acuerdo.
Por otra parte, hizo notar que Argentina ya ha aprobado este Acuerdo, que tiene un contenido muy semejante a los vigentes con Venezuela, Brasil, Francia y Canadá, y al que se negocia actualmente con España.
Respondiendo a consultas de los señores diputados, precisó que la negociación de este Acuerdo comenzó el año 1993, durante el festival de cine realizado en la vecina ciudad de Viña del Mar, y que, previamente a la intervención gubernamental, participaron en ella el director del Instituto del Cine de Argentina y productores del vecino país, y, por la parte chilena, lo hicieron cineastas y productores nacionales, como el señor Silvio Caiozzi.
Explicó que este Acuerdo le asegura en Chile a la industria cinematográfica argentina un mercado de 11,5 millones de espectadores de cine.
Finalmente, la Comisión compartió los objetivos que animan el Acuerdo internacional en trámite, y, en consecuencia, decidió, por unanimidad, recomendar su aprobación, para lo cual propone adoptar su artículo único, con las modificaciones formales que se recogen en el texto sustitutivo que se propone en el informe escrito entregado a esta honorable Sala.
Por lo tanto, se trata de un muy buen Acuerdo y, como lo he señalado, invito a los colegas a aprobarlo en forma unánime.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , quiero expresar la disposición favorable a la aprobación del proyecto por parte de los diputados de la Democracia Cristiana.
El elemento fundamental del proyecto de acuerdo es que, a través del tratado celebrado por ambos Estados, tanto en Chile como en Argentina estas coproducciones adquirirán la calidad de producciones nacionales. Con ello podrán acceder a los beneficios que las respectivas legislaciones otorgan a los filmes nacionales.
En este plano, es importante destacar, como quedó de manifiesto en la discusión habida en la Comisión de Relaciones Exteriores y en lo señalado tanto por el asesor cultural del Presidente de la República , señor Agustín Squella , como por el señor Ignacio Aliaga , que Chile necesita, para su desarrollo cinematográfico, la cooperación internacional, aspecto en el cual países como Argentina ofrecen una buena oportunidad.
Por ello, considero importante que la Cámara de Diputados dé su aprobación al tratado a objeto de que, luego de que el Senado tome igual decisión que nuestra Cámara, el Presidente de la República esté en condiciones de ratificarlo, en virtud de las normas constitucionales vigentes, particularmente el artículo 32, número 17º, y el artículo 50, número 1º, ambos de nuestra Carta Fundamental.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , anuncio los votos favorables de los diputados de Renovación Nacional al proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre las repúblicas de Chile y de Argentina en el área de coproducción cinematográfica.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , vamos a respaldar este proyecto de acuerdo por una doble razón. En primer lugar, por su contenido específico en cuanto a promover la cooperación en un ámbito tan importante como es el del cine y de la industria audiovisual en general. Hace unos días se aprobó un proyecto de ley referido a estas materias y esto forma parte de ese proceso general. En segundo lugar, porque estos acuerdos, especialmente con Argentina, ayudan a cimentar y a desarrollar una relación bilateral constructiva. Somos muchos los que pensamos que entre Chile y Argentina, en vez de rivalidades, debe existir una cooperación sólida. Estimamos que la piedra angular de las relaciones internacionales de nuestro país debe ser con nuestro principal vecino, Argentina, de manera de que todo lo que contribuya a afianzar y desarrollar esa relación es bienvenido.
Por ambos motivos, vamos a aprobar con entusiasmo el proyecto.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, para el Partido por la Democracia este proyecto es importante, y lo vamos a apoyar con mucho entusiasmo.
En lo personal, quiero señalar que esta iniciativa comenzó el año 1993, en Viña del Mar, con ocasión del festival de cine de esa ciudad. Lo anterior lo asoció también al hecho de que Valparaíso es la capital cultural del país y a que cada vez se está entronizando más el tema de la cultura y el de la identidad latinoamericana, lo que nos hace unirnos cada vez más con Argentina.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , quisiera resaltar en este momento algo que no se ha dicho, pero que aparece consignado en el informe: ésta es una gran oportunidad para aumentar la producción cinematográfica de Chile, porque los convenios suscritos por la República Argentina con Francia y otros países europeos respecto de sus propias producciones, también van a servir a nuestra cinematografía. Es decir, las últimas producciones, que han provocado una gran afluencia de público en los cines, sobre todo en las primeras semanas de su exhibición -lo que no se había visto anteriormente-, tendrán la posibilidad no sólo de verse en Argentina, con lo cual estamos confirmando este acuerdo, sino también en los países con los que ésta haya celebrado convenios. De esa manera, aumentará considerablemente la cantidad de personas y de países a los que nuestras películas podrán llegar, lo que, indudablemente, estimulará a los cineastas a realizar nuevas producciones, porque serán presenciadas por un público totalmente diferente, lo que indudablemente, los estimulará a velar por su calidad y cantidad.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente , hace algunos días, en este mismo hemiciclo concurrimos con nuestro voto favorable a la aprobación del proyecto de fomento audiovisual. Sin duda, con este acuerdo también ayudaremos al desarrollo de la industria cinematográfica. Además, impulsaremos y daremos una nueva oportunidad a mucha gente que gusta del arte, en especial del cine, y que quiere hacer buenas producciones. Por otro lado, también podremos competir en el mundo, mostrando lo que somos capaces de hacer.
Por lo expuesto, anuncio el voto favorable de la bancada de la UDI al proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre Chile y Argentina en el área de la coproducción cinematográfica.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Este proyecto se votará el término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En votación el proyecto de acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Argentina en el área de la coproducción cinematográfica, suscrito en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1994.
-Por falla del sistema electrónico de votación no hay registro de la nómina de votantes.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El proyecto fue aprobado por 61 votos.
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.490, SOBRE SEGURO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Tercer trámite constitucional.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que estableció el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2447-15, sesión 5ª, en 11 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Las modificaciones del Senado se votarán al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que estableció el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados.
-Por falla del sistema electrónico de votación no hay registro de la nómina de votantes.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).
El proyecto fue aprobado por 61 votos.
LIBERACIÓN DE CAUCIONES DE GARANTES DE CRÉDITOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Segundo trámite constitucional.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Diputados informantes de las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda, son los señores Ramón Barros y Claudio Alvarado, respectivamente.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Agricultura, boletín Nº 3145-01 (S), sesión 4ª, en 10 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 9.
-Segundo informe de la Comisión de Hacienda, sesión 4ª, en 10 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
El proyecto en cuestión beneficiará a alrededor de 1.500 productores agrícolas, los que avalan una deuda morosa de 7.800 millones de pesos de capital y 2 mil millones de pesos de intereses, montos que, en todo caso, son irrecuperables para dicho Instituto, según lo manifestaron sus directivos.
Para ser breve, solamente informaré de las indicaciones que se presentaron en esta Sala durante la discusión general.
En primer lugar, una de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Araya , Barros, Hernández y Ojeda , para reemplazar, en el inciso tercero del artículo único del proyecto, la expresión “exentas” por “excluidas”.
Sus autores señalaron que esta indicación es de carácter meramente formal y que busca mejorar la redacción del inciso.
Sometida a votación, fue aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, una indicación del diputado señor Álvarez-Salamanca para agregar en el inciso tercero, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo: “Además, quedarán excluidos del beneficio de esta ley aquellos avales que no pertenezcan a las sociedades creadas por el Instituto de Desarrollo Agropecuario”.
Luego de ser discutida, fue retirada.
Durante la discusión en la Comisión, se presentaron las dos indicaciones a las que me referiré a continuación:
Una, de los diputados señores Barros, Hernández y Urrutia, para eliminar el inciso séptimo del artículo único del proyecto, con el fin de impedir la posibilidad de que las personas omitidas en los informes reclamaran posteriormente ante el ministro de Agricultura , en buen chileno, para evitar “pataleos posteriores”.
Puesta en votación, fue rechazada por mayoría de votos.
Otra, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Galilea, don José Antonio ; Álvarez-Salamanca , Ojeda y Sánchez , para agregar, en el inciso primero del artículo único, entre las palabras “personas naturales” y “para garantizar”, la frase: “, que cumplan con los requisitos legales para ser beneficiarios del Indap,”.
Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.
Con estas modificaciones, el inciso primero del artículo único del proyecto queda así: “El Ministro de Agricultura autorizará al Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario , en adelante Indap, para liberar, remitir o renunciar las cauciones constituidas por personas naturales que cumplan con los requisitos legales para ser beneficiarias del Indap para garantizar los créditos que se indican a continuación”.
Su inciso tercero será del siguiente tenor: “Quedarán excluidas del beneficio de esta ley aquellas personas que hayan actuado como garantes y tenido responsabilidades administrativas en las respectivas organizaciones, en tanto estén siendo investigadas ante los tribunales de justicia o la Contraloría General de la República”.
Es cuanto puedo informar.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
El señor ministro de Agricultura , don Jaime Campos, ha pedido autorización para que ingresen a la Sala don Ricardo Halabí y su asesor, don Pablo Coloma.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda pasa a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Indap.
La Comisión de Hacienda decidió no emitir pronunciamiento sobre el proyecto en este trámite, porque la comisión técnica, la de Agricultura, introdujo algunas precisiones en los incisos primero y tercero del artículo único que no dicen relación con materias de su competencia.
No obstante lo anterior, en el primer trámite reglamentario la Comisión de Hacienda tuvo presente el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, que señalaba que la aplicación del proyecto no implicaría un mayor gasto fiscal, lo cual motivó que se solicitara un informe complementario sobre la menor recuperabilidad estimada y el efecto fiscal envuelto.
Con ocasión del segundo trámite reglamentario, la Dirección de Presupuestos reformuló el informe primitivo, consignando que los posibles beneficiarios eran alrededor de 1.500 productores agrícolas, los que avalan una deuda morosa de 7 mil 800 millones de pesos de capital y 2 mil millones de pesos de intereses, montos que, en todo caso, serían irrecuperables para el Indap.
Con fecha 20 de mayo de 2003, la Dirección de Presupuestos modificó el informe anterior, precisando que los montos involucrados por las deudas morosas, iguales a las antes referidas, tendrían su recuperación determinada por la existencia de garantías reales, en algunos préstamos, y que esto está sujeto a la aplicación estricta del procedimiento establecido en el inciso primero del artículo único del proyecto.
En la Comisión se debatió acerca del alcance de los términos de este informe, estimándose que los préstamos otorgados posiblemente han sido registrados como pérdida, y que con el proyecto la única opción de recuperar parte de dichos créditos sería ejecutar las garantías otorgadas por las personas jurídicas involucradas.
En consideración a esos antecedentes, la Comisión acordó por unanimidad solicitar al Indap un informe en el cual se indique el valor de los activos de las empresas que recibieron los créditos. Este patrimonio constituye la única fuente de recuperación de los créditos -ya que se libera a las personas naturales que actuaron como avales- y fijaría, de manera aproximada, la pérdida global de las colocaciones efectuadas por el Fisco, que alcanzan a 7 mil 800 millones de pesos de capital y a 2 mil millones de pesos de intereses.
En consecuencia, al no existir artículos nuevos en el texto sobre el cual se informa, la Comisión adoptó el acuerdo de ratificar el pronunciamiento efectuado en el primer trámite reglamentario.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , este es un proyecto que me alegra enormemente, ya que represento a una zona donde muchas personas que han servido como avales están siendo ejecutadas por el Indap. Lo paradójico es que se ha debido elaborar un proyecto para salvar a gente que recibió beneficios en época de elecciones. En esa oportunidad, se les dijo que ésta era una ayuda del Gobierno y que si la recibían no iba haber ningún problema.
Todos sabemos hacia adonde va el Indap y qué papel ha cumplido históricamente. Me alegra mucho que se haya constituido una Comisión investigadora para aclarar estos y otros problemas que afectan a ese organismo. El señor ministro fue colega nuestro, y recuerdo que peleaba con firmeza para que se asignaran créditos del Indap a su zona. Ahora, como titular de Agricultura , le toca a él “cortar el queque”, de lo cual nos alegramos mucho. Sin embargo, no me puedo alegrar cuando veo este proyecto y recuerdo que en las zonas costera y cordillerana de la Novena Región, que represento, hay 1.900 personas que viven en la extrema pobreza -las carpetas con los casos están en poder del señor ministro - y que están esperando que se les condonen sus deudas.
No elaboremos iniciativas que salpiquen las cosas y que quiten beneficios a la gente que vive en la pobreza. Sin duda, es bueno solucionar luego este problema. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque la gente que se encuentra atrasada en el pago de sus créditos no va a tener la posibilidad de recibir otros durante este año. Por lo demás, el director nacional del Indap tiene las facultades para condonar esas deudas.
Por lo tanto y entendiendo que se trata de un proyecto largamente esperado que beneficia a 1.500 personas, le daremos nuestro apoyo, al igual que a cualquier iniciativa que entregue beneficios a la agricultura. Pero, en todo caso, es necesario que el Indap muestre mayor transparencia. De lo contrario, siempre surgirán estos problemas.
Señor Presidente , por su intermedio aprovecho la oportunidad de pedir al ministro -doy por aprobado el proyecto, porque todos vamos a votarlo a favor- la creación, de una vez por todas, de la oficina agrícola del BancoEstado, que los representantes de regiones agrícolas hemos pedido en todos los tonos. Me parece increíble que el Indap sea juez y parte. Vale decir, da los créditos, y después ejecuta, con lo cual echa a perder todo lo bueno que entrega. En efecto, da asesoría técnica, créditos, hace sembrar, hace de todo; pero después, cuando al agricultor le va mal, lo ejecuta. En consecuencia, con ello se pierde toda la fuerza, toda la veracidad.
Nosotros queremos que el Indap siga funcionando. Fue creado en 1960 por don Jorge Alessandri para servir a los agricultores, no como instrumento para beneficiar a ciertos partidos políticos. En verdad, creemos que Indap merece mejor trato.
Así como hemos sido grandes críticos del Indap, también quiero decir al ministro que en Temuco, por ejemplo, hemos notado una sustancial mejoría con respecto a lo que hacía Indap bajo la conducción de otros directores. Ahora hay un director joven, que está interiorizado de los problemas de la zona.
Tengo en mi poder el oficio de respuesta del ministro cuando le pedí la formación del banco para inseminar a los animales, que es otro beneficio que otorga el Indap. Estamos en esa onda, ayudando, pues queremos que el pequeño agricultor se diversifique, que haga cosas. Pero existe un problema que debemos solucionar ahora.
Después de este preámbulo sobre la realidad del Indap, quiero saber qué pasará con las maquinarias, porque es fácil arreglar el problema de los avales, pero si se incautan las maquinarias, ¿quién se quedará con ellas?
Queremos solucionar el problema de las maquinarias para que sigan prestando servicio a las comunidades beneficiadas. Estamos absolutamente de acuerdo en que a los avales no les embarguen su campo y que no tengan ninguna responsabilidad jurídica, porque muchas veces fueron engatusados, les dijeron que si no firmaban no tendrían las máquinas. Ese problema está solucionado; a la gente no se le rematarán sus bienes y podrán acogerse a los beneficios de esta iniciativa. Pero queda pendiente el problema de la gente que tiene maquinarias, pues si no son pagadas, serán incautadas y rematadas.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , comenzó el tiempo de su segundo discurso.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Entonces, entraremos en algo perverso. Las máquinas serán rematadas por un señor que, incluso, a lo mejor es de otra región y que no tiene nada que ver con los fines para los que fueron adquiridas.
Me interesa que estas maquinarias sigan prestando servicio a los agricultores. Tal vez se puede llegar a un acuerdo con la municipalidad, con otra cooperativa agrícola, en fin, pero que sigan prestando servicios, porque lo hacían a buen precio para el pequeño agricultor. Si las máquinas son rematadas, la situación quedará saneada, pero los agricultores tendrán que volver al buey, a la rastra de clavos, y eso es lo que no quieren, pues para competir con la Comunidad Económica Europea y con Estados Unidos a raíz de los tratados de libre comercio respectivos, se requiere tecnología y no volver atrás. Por eso, más grave que el problema que analizamos es que la gente quedará sin sus maquinarias.
En síntesis, vamos a concurrir con nuestros votos para aprobar este proyecto, porque creemos que es de extrema justicia para que el pequeño agricultor y, sobre todo, para que quienes sirvieron de avales y pueden perder sus propiedades, tengan un respiro. Ojalá, ministro , Dios haga milagros y las vacas hablen en este país.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , no sé que tienen que ver las vacas con el proyecto en estudio. En verdad, esta Sala da para todo. Siempre se va a decir que las cosas se hacen por interés electoral, más aun cuando se realizan cerca de las elecciones; pero la acción del Gobierno y del Estado no se puede paralizar por temor a la crítica mal intencionada. En todo caso, ése no es el tema en debate.
Nuestra bancada apoyará decidida e íntegramente el proyecto que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, por las razones que en forma reiterada se han señalado ahora y anteriormente en la Sala y porque los posibles beneficiarios del proyecto son alrededor de 1.500 productores agrícolas que están avalando una deuda morosa de 7 mil 800 millones de pesos en capital y 2 mil millones de pesos en intereses, aproximadamente. Entre ellas, podemos reiterar las dificultades económicas o la crisis que afecta a la agricultura, sobre todo a los pequeños y medianos campesinos, y porque se trata de sumas prácticamente irrecuperables. La facultad que se otorga al Indap para liberar, remitir o renunciar las cauciones constituidas por estas personas liberará a los avales de esta “mochila”, de esta mancha comercial por deudas impagables en la práctica.
En todo caso, ha quedado claro -y así lo ha entendido la Sala- que no se trata de eliminar la deuda, cuestión que el proyecto señala muy claramente. Además, sólo se favorece a personas naturales -indicación que la Comisión aprobó en su segundo informe- que cumplan con los requisitos legales para ser beneficiarias de Indap, es decir, pequeños y medianos campesinos, que son los directamente beneficiados por estos créditos, que se encontraren morosos y que hubiesen entregado cauciones por esos préstamos. No se trata de beneficiar a quienes se han enriquecido personal e ilícitamente, sino a quienes han tenido un resultado económico adverso. En tal sentido, se exige que no exista dolo ni culpa de los garantes, y que tampoco exista responsabilidad administrativa de las respectivas organizaciones.
La Comisión también está realizando una investigación, como consecuencia de la presentación de un proyecto de acuerdo sobre la materia, respecto de las empresas y de los avales, para determinar si efectivamente estos garantes están relacionados directamente con los beneficiarios del crédito y para despejar cualquier duda o cuestionamiento que pudiere existir respecto de estas garantías, de excusiones, créditos o activos.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al proyecto y solicito a la Sala aprobarlo, dado que las modificaciones introducidas son mínimas, por lo que el proyecto viene prácticamente con la misma redacción aprobada en su trámite anterior.
Reitero, aprobaré el proyecto por los beneficios que otorgará a los garantes de estos créditos, que son personas que viven una situación económica complicada por las causas señaladas.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, obviamente todos apoyaremos el proyecto.
Me alegro muchísimo por la Sexta Región, en particular por las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, donde hay miles de pequeños agricultores, pues el objetivo que se persigue es traer algo de alivio a muchos pequeños agricultores usuarios de Indap que hoy se encuentran muy angustiados por la situación que los afecta.
Aparentemente, el proyecto sólo trata de liberar las cauciones a algunos miles de pequeños agricultores. Sin embargo, se perdieron 9.800 millones de pesos. Cuando se está hablando de alzar los impuestos, uno se empieza a acordar de estos miles de millones que, para algunos, son unos pocos pesos que se sacarán de los bolsillos de la gente más pobre. Por eso es importante remarcarlo.
A medida que avanzábamos en el análisis del proyecto, nos fuimos dando cuenta de que aparecían situaciones sospechosas. En primer lugar, que se pierdan 9.800 millones pesos no es algo menor. En la pérdida de estas platas no siempre recae la responsabilidad en los pequeños agricultores. Por el sistema que hoy impera para que Indap otorgue los créditos, en muchas ocasiones los agricultores son inducidos a embarcarse en ciertos proyectos que luego, lamentablemente, fracasan por una mala evaluación técnica y financiera, respecto de los cuales nunca, nadie, se hace cargo.
Nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones, y con listado en la mano, había supuestos beneficiarios que ni siquiera pertenecían a las sociedades consideradas como sujeto de crédito. Por eso, presentamos indicaciones y acotamos el número de beneficiarios, en el sentido de que no pudiesen ser considerados como tales aquellos que no fueren usuarios del Indap ni tampoco quienes estuvieran sometidos a proceso por los tribunales de justicia o a investigación por la Contraloría.
Aprobaremos el proyecto, pues pensamos en el beneficio de los pequeños agricultores que no tienen responsabilidad. Sin embargo, esto debe llevarnos a un debate en que quede planteado el problema de fondo: el Indap tiene que reformularse.
Señor Presidente , por su intermedio, deseo expresar al ministro que el Indap tiene que “aggionarse” completamente. No puede ser que una institución se dedique en forma simultánea a la asistencialidad y al fomento productivo, porque se confunden los roles, se pierden los lineamientos y no se ve hacia adónde se va. El Indap debe tener mayor rigurosidad y hacerse cargo en forma responsable de los proyectos en los cuales involucra a los pequeños agricultores.
El otro día, en una comuna de la Sexta Región, un agricultor nos planteaba que pagaba las cuotas del Indap con su pensión, porque nunca pudo obtener la producción de paltas que esperaba, debido a que se helaron todos los años. El Indap debería hacerse cargo de estas situaciones. No puede ser que la empresa intermediaria tome su participación, se la meta en el bolsillo y después nunca más, nadie, se haga cargo. Al final, somos los parlamentarios de la zona y los alcaldes quienes damos la cara y escuchamos las aflicciones de aquellas familias afectadas, que siempre son pobres.
Tenemos que evitar la politización del Indap, lo que para nadie es un misterio. ¡Basta de manipulación! Hagamos las cosas bien. Involucremos a las universidades, a los técnicos, pero dejemos de lado de una vez por todas la politización, que siempre ha sido parte de la historia del Indap, en beneficio de personas con nombre y apellido.
Por ello, con alegría votaré a favor el proyecto, por los beneficios que significará para los pequeños productores, que no siempre son responsables de esta situación. Pero también debo ser muy crítico y propositivo respecto del rol que debe cumplir el Indap en el futuro, porque no se le pueden seguir cargando a los pobres, a través de impuestos, los miles y miles de millones de pesos que se dilapidan en politización y en una mala gestión del Indap y de otras instituciones del Estado.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , por los comentarios que he escuchado, me parece que el proyecto va a ser aprobado en forma unánime. Sin embargo, no puedo dejar de sentirme molesto, porque no se deja al Indap trabajar tranquilo. Comisiones investigadoras van y vienen. Es cierto que se han cometido grandes errores, pero los pequeños agricultores sólo desean el apoyo que se les está dando.
Como parlamentario de una zona eminentemente rural, debo defender esta iniciativa, porque termina con una grave situación que afecta a muchos pequeños agricultores y campesinos, que de alguna manera han recibido el beneficio que otorga el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Se deben asumir los errores. Personas de diversas instituciones del país y del mundo, a veces no sólo cometen errores, sino graves faltas. Pero eso ya es historia, y lo he comprobado en carne propia.
Hoy no se dejó entrar a la Sala al director nacional del Indap, porque lo quieren confundir con aquellos que cometieron el ilícito. Sin embargo, caen en un grave error quienes cuestionan de esa manera al organismo.
Recuerdo cómo la creación del Indap, por los años 60, comenzó a transformar la agricultura. Prácticamente, hubo una educación del mundo rural a través de este organismo, que siempre ha funcionado bien, pero con las dificultades conocidas. No las escondo ni las dejo de reconocer.
El proyecto en discusión debiera servir para aunar criterios, a fin de hacer mejor las cosas, y no insistir en que se está usando políticamente uno de los bastiones de la pequeña, mediana y miniagricultura. Quienes vivimos en el mundo rural nos damos cuenta de cómo se educa a estos campesinos, de cómo logran resultados económicos aquellos que sólo poseen un predio en el campo.
El Indap es un organismo que está pendiente de su gente. Estoy constantemente en comunicación no sólo con esa entidad, sino también con los campesinos. Y repito aquí lo que manifesté hace una semana en Río Bueno: ¿qué sería de los pequeños agricultores si no existiera el Indap?
Por eso, la crítica debe hacerse en forma constructiva, para que entre todos empujemos el carro y ayudemos a quienes han sufrido el problema que se trata de solucionar mediante este proyecto, como es la pérdida de 7 mil 800 millones de pesos, aunque, a mi juicio, no es tan así. En efecto, he seguido de cerca la fiscalización de ese Instituto y he podido comprobar que hasta este momento es recuperable casi el 40 por ciento de esa cifra. De ahí que venga al caso ese dicho muy antiguo de que para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Me alegra mucho la recuperación de las arcas del Indap.
Por eso, de una vez por todas hay que terminar con los comentarios malintencionados, que sólo perjudican a quienes queremos apoyar. Es preciso hacer ver a esa gente que hay una institución que, gracias al esfuerzo de todos los chilenos, les puede entregar beneficios, como abonos, subsidios y bonificaciones, entre otros. No hay otra fórmula. Si le quieren cambiar el nombre, está bien; pero debe haber una institución que defienda la pequeña agricultura, y no quedarse en discursos que posiblemente saquen aplausos, pero en los que se dicen cosas que no son, como, por ejemplo, que se pederán 7 mil 800 millones de pesos, porque casi el 40 por ciento de esa es cifra recuperable.
Espero que a partir de este proyecto cambiamos la visión en cuanto al apoyo que debemos dar a los pequeños agricultores, lo cual sólo se logrará si nos ponemos de acuerdo quienes vivimos en el mundo rural y estamos interesados en la pequeña agricultura. Si sabemos lo que eso significa, no cabe duda de que Chile comenzará a caminar de otra manera.
Hemos vivido coyunturas económicas extraordinariamente difíciles, como la baja de precios debido a situaciones internacionales, lo que ha repercutido con mayor fuerza en la agricultura de subsistencia.
Insisto en que, de una vez por todas, se debe lograr un acuerdo que signifique apoyar a la agricultura chilena; porque los pequeños agricultores tienen derecho a ello, deben ser apoyados y jamás descuidados.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , en primer lugar, recuerdo a los señores diputados que este proyecto fue aprobado en general cuando la Sala tomó conocimiento del primer informe de la Comisión, de manera que hoy sólo debemos pronunciarnos acerca de las indicaciones. Llamo la atención al respecto porque la mayoría de las intervenciones han dejado la sensación de que es primera vez que lo conoce la Sala.
Las indicaciones básicamente tienen por objeto despejar cualquier sombra de duda respecto de quiénes serán los beneficiarios del proyecto a través de la autorización que el ministro de Agricultura debe dar al director del Instituto de Desarrollo Agropecuario . Digo despejar cualquier sombra de duda porque, durante la anterior discusión, siempre rondó la idea de que la facultad de liberar, remitir o renunciar las cauciones constituidas por personas naturales en garantía de estos créditos, eventualmente podía recaer en personas que, de acuerdo con el espíritu del legislador, no se busca beneficiar. Por esa razón, en la Comisión de Agricultura se aprobó una indicación que dice que las personas deben cumplir con los requisitos legales para ser beneficiarios del Indap, lo cual significa que sólo podrán serlo los pequeños productores agrícolas, según lo establece la ley del Indap. Más aun, en el inciso tercero del artículo único se dice que quedarán excluidos aquellos garantes que han tenido responsabilidades administrativas en las respectivas organizaciones, en tanto estén siendo investigadas ante los tribunales de justicia o la Contraloría General de la República. En otras palabras, lo que hoy votará la Sala es el establecimiento de una estricta precisión para no dejar lugar a dudas respecto de quienes son los potenciales beneficiarios del proyecto.
Cuando se discutió este proyecto en general, varios señores diputados, a mi juicio legítimamente, plantearon su preocupación en cuanto a que la facultad que se otorgaba al Indap le originaría una pérdida por no tener a quién cobrar los créditos. Es decir, al no poder exigir a los garantes, dada la facultad que se le entrega, no se podría recuperar ese dinero. Cuando se solicitó al Ejecutivo cuantificar esa eventual pérdida, se llegó a la cifra que, aquí se ha mencionado, de 7.800 millones de pesos de capital, cifra que más los intereses, puede llegar a aproximadamente 9 mil o 10 mil millones de pesos. Ese es el monto que este proyecto podría potencialmente asegurar como pérdida del Indap si dicho organismo no logra cobrar la deuda.
En la discusión en general, hubo diputados que plantearon -a mi juicio, legítimamente- que si se otorgaba esta facultad al Indap, se debía aclarar qué ocurrió con esos recursos; es decir, señalar por qué se perdieron. Al efecto, la Sala mandató a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para que, en un plazo de 90 días, se abocara a investigar el destino de esos recursos y a determinar las razones de la pérdida de aproximadamente 10 mil millones de pesos por parte del Indap. No obstante, para esclarecer qué ocurrió con esos recursos, resulta absolutamente indispensable que el referido instituto entregue a la Comisión de Agricultura todos los antecedentes que permitan hacer luz sobre el problema; de lo contrario, su trabajo se frustrará.
Quiero recordar a los diputados que no han seguido la historia del Indap en los últimos dos o tres años -en particular, me refiero a la intervención del colega Jaramillo - que la Comisión de Agricultura ya había efectuado una investigación en respuesta a una serie de denuncias formuladas a través de los medios de comunicación, sobre eventuales irregularidades en los créditos otorgados a empresas campesinas, cuyas conclusiones fueron aprobadas, en forma unánime, tanto en la Comisión como en la Sala. La Comisión investigadora estableció que no sólo hubo “errores” en los créditos otorgados por el Indap, sino que en determinadas empresas se cometieron graves irregularidades, una de las cuales fue el otorgamiento de créditos y sobrecréditos de manera liviana a algunas de ellas, sobreendeudándolas más allá de las capacidades que tenían para responder por los créditos.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al diputado señor Jaramillo que si bien es malo para los pequeños agricultores que permanentemente se ponga en tela de juicio al Indap, también es perjudicial para ellos que se dilapiden recursos destinados a apoyarlos. Al respecto, cabe recordar que la Comisión investigadora sobre los créditos otorgados por el Indap concluyó que dicho organismo podría llegar a perder 30 mil millones de pesos si no logra recuperar ninguno de los créditos otorgados. En todo caso -Dios así lo quiera-, seguramente la pérdida no llegará a esa cifra, porque muchos de los créditos se podrán cobrar. Sin embargo, la denuncia de irregularidades y de malos negocios fue lo que motivó al Ejecutivo a presentar este proyecto, que busca liberar las cauciones de aquellos pequeños agricultores que fueron engañados a través de la formación artificial de algunas empresas, para luego convencerlos de que se asociaran para poder ser considerados sujetos de crédito por el Indap.
A mi juicio, en este caso se distinguen dos tipos de empresas: aquellas que hicieron malos negocios agrícolas y no pudieron responder, y aquellas a las que el cúmulo de irregularidades en que cayeron les impidió responder por los créditos otorgados. Los pequeños agricultores que se asociaron con esas empresas y tuvieron que garantizar los créditos con sus bienes, son los que ahora tienen que “pagar el pato” por el mal negocio o por las irregularidades, según sea el caso.
No cabe duda de que lo correcto es apoyar este proyecto, porque los tribunales de justicia, la Contraloría y el propio Indap deben perseguir a los responsables de haber administrado de manera deficiente estas empresas, ya sea porque hubo casos de malos negocios o, en particular, porque existieron irregularidades.
De modo que hago un llamado a los colegas a aprobar estas dos indicaciones, que no tienen otro objetivo que establecer con exactitud quiénes serán los beneficiarios de la autorización que el ministro de Agricultura podrá entregar al director del Indap para liberar, remitir o renunciar las cauciones comprometidas por pequeños agricultores.
Considero que hicimos muy bien en aprobar este proyecto y que lo haremos mejor aún si aprobamos estas dos indicaciones.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , sin duda, este proyecto ha sido largamente esperado por miles de pequeños agricultores que no han sido responsables del destino final de las empresas asociativas que, en su momento, recibieron el apoyo crediticio del Indap, pero que, por variadas razones y porque fueron ineficientes en su gestión, fracasaron en sus proyectos y terminaron con sus créditos impagos.
Cuando el proyecto se discutió por primera vez, hace un par de semanas, dije que debíamos evitar confusiones. La aprobación de esta iniciativa no significa generar una pérdida de 7 mil 800 millones de pesos, ya que los créditos fueron otorgados y, en su gran mayoría, están impagos. Lo que estamos haciendo es, única y exclusivamente, eliminar una eventual segunda fuente de pago que son los avales: pequeños agricultores, es decir, personas naturales.
Por esa razón, en la Comisión de Hacienda solicité que el Indap nos hiciera llegar el actual valor de los activos de las empresas con créditos morosos, porque eso nos permitirá determinar la diferencia que existe entre el valor de esos activos, eventualmente factibles de ser liquidados, y el monto de la deuda total, a fin de determinar la pérdida final que sufrirá el erario.
Pero aquí hay un problema de fondo. Muchas veces, la asociatividad o la simple idea de un proyecto no garantiza un buen éxito final.
El año pasado, durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos en la Quinta Subcomisión Mixta, encargada de estudiar el presupuesto de agricultura, manifesté que estas situaciones se producen, muchas veces, por descoordinación entre los propios servicios del Estado, y voy a dar un ejemplo muy simple y gráfico:
En la comuna de Dalcahue, Chiloé, se creó una empresa asociativa -una sociedad anónima cerrada-, incentivada por el Indap, para entregar servicios a los pequeños agricultores en todo lo que dice relación con la mantención de sus campos, y se compraron tractores y maquinarias para sembrar, limpiar, en fin. Pero, al poco tiempo, en una comuna vecina el Fosis entregó a otras organizaciones de pequeños agricultores exactamente el mismo equipo, pero sin que estuvieran obligados a devolver los recursos. Entonces, sucede que esa empresa asociativa que recibió los estímulos y créditos del Indap, para ser rentable, tiene que cobrar un precio por los servicios que presta -10 mil pesos la hora-; pero los agricultores de la comuna vecina que recibieron el mismo apoyo a través del Fosis y que no tienen la obligación de devolver el crédito, cobran 5 mil pesos la hora. Entonces, al momento de contratar el servicio, obviamente, los pequeños agricultores recurrían a quienes les cobraban más barato, y la empresa que recibió créditos del Indap y que debía ser eficiente y productiva, no pudo seguir adelante. ¿Con qué nos encontramos? Con que los bienes de los pequeños agricultores, es decir, personas naturales, socios de esa sociedad anónima cerrada, han sido embargados. ¿De qué tipo de bienes hablo? De predios de una o una hectárea y media, y de sus animales, lo que les impide seguir operando con el Indap. Eso es injusto, porque la causa del fracaso no es responsabilidad de ellos, sino, en este caso específico, de la descoordinación existente entre los organismos del Estado.
¿Qué sucedió en otros casos? Se formaron cooperativas y se entregaron créditos, pero la administración no quedó en manos de los pequeños agricultores, sino de gerentes impuestos que, primero, entregaron asesoría técnica y, después, “gerentearon” esas organizaciones. Al final, la mala administración terminó en que los recursos se destinaran a fines distintos de los de la organización, dejando endeudados a los pequeños agricultores. Son casos reales, para los cuales hoy se está tratando de encontrar una solución, pero con los propios interesados.
Por lo tanto, creo que el proyecto llevará alivio a muchos pequeños agricultores que hoy están angustiados por las cauciones que entregaron en su condición de avales.
Eso sí, es importante que el Indap actúe con la mayor energía y recurra a sus mejores capacidades para que las personas que cometieron irregularidades, ilícitos o, simplemente, que administraron mal los recursos de todos los chilenos, asuman su responsabilidad, se les sigan juicios en los tribunales que correspondan, se les embarguen sus bienes personales y, por supuesto, los pocos bienes de estas sociedades, que ya no tienen el destino comercial para el cual fueron adquiridos, sean rematados.
Para terminar, reitero mi voto favorable a la iniciativa, pero dejando muy claro que en muchas situaciones de créditos impagos existe responsabilidad compartida desde el punto de vista de la administración y de la evaluación inicial de los créditos, situación que no puede soslayarse. Hay que perseguir la responsabilidad de quienes cometieron los errores y administraron mal y la de aquellos que fueron poco cuidadosos al momento de entregar los recursos de todos los chilenos.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , este proyecto nos permite a los parlamentarios de las zonas agrícolas del sur informar a los colegas de otras zonas sobre la cruda realidad que, muchas veces, vive el campesino, que sólo pueden mitigar mediante su alianza con organismos del Estado. Pues bien, uno de los más importantes en esta alianza es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, quizás el único que otorga créditos a los pequeños campesinos.
Estamos tratando este proyecto de ley, porque en algún momento el Indap tuvo sensibilidad social y otorgó créditos a asociaciones de pequeños agricultores y campesinos, muchas de las cuales hoy día son exitosas, no deben nada y, por lo tanto, no son sujetos de este proyecto de ley, porque pagaron completamente sus créditos o los han renovado. Incluso, muchas de esas organizaciones, para orgullo nuestro, se han modernizado y están exportando. Pero hay otras a las cuales no les ha ido muy bien y que recibieron créditos del Indap, a pesar de no ser sujetos de crédito, porque no podían entregar una garantía. Entonces, se buscó la forma de otorgar créditos a las organizaciones con el aval solidario de los campesinos, de los beneficiarios, de aquellos que se atrevieron a hacer esa alianza maravillosa, magnífica, con un organismo del Estado que está modernizando gran parte del mundo rural, que no se puede quedar atrás ante los desafíos del mundo moderno, de los tratados de libre comercio y de la globalización.
De manera que lo que hace el proyecto es reconocer la absoluta incapacidad de esos pequeños agricultores de pagar su deuda, pues la única posibilidad que existe es a través de la ejecución de sus bienes productivos, como puede ser un pequeño tractor, una yunta de bueyes o sus elementos de labranza. Por eso, lo que hacemos no es liberar de responsabilidad a las sociedades deudoras, sino a los pequeños agricultores que avalaron solidariamente esa operación y que, por distintas razones, principalmente de mercado, no han podido cumplir.
Se ha estado sembrando una enorme desconfianza respecto de las instituciones del Estado, particularmente del Indap, en circunstancias de que es uno de los organismos que tiene uno de los más altos índices de recuperación de créditos entre las entidades que los otorgan que no son bancarias: casi el 95 por ciento de las deudas acumuladas a la fecha. Es más, puedo demostrar que los recursos colocados en 2002 fueron menores que los recuperados por el Indap, situación que se repite en una proyección para el 2003: se estima una recuperación de alrededor de 38 mil millones, de acuerdo con el avance que tenemos a la fecha, y 32 mil millones en colocaciones. Por lo tanto, no se puede decir que los pequeños agricultores no estén pagando o que los campesinos no tengan la voluntad de pagar sus créditos; si no los pagan es porque están imposibilitados para hacerlo, por razones de mercado, externas o ajenas a su voluntad.
Por eso, nuestra bancada apoyará en forma entusiasta este proyecto, porque sabemos el esfuerzo que está haciendo el Indap. Además, confío en que su director nacional sabrá usar sabiamente la facultad que se le entrega -la que, en todo caso, está reglamentada- en función de una agricultura campesina que no puede desarrollarse si no es mediante una alianza con el Estado.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , es bueno que hoy estemos discutiendo problemas del agro y que, además, se encuentre presente el ministro de Agricultura , ex colega nuestro, a quien, desde ya, felicito por las gestiones que realizó durante las negociaciones de los tratados de libre comercio, que, indudablemente, favorecen al sector exportador de la agricultura, pilar fundamental de nuestra economía.
Sin embargo, nos hemos ido quedando atrás y el ministro debe cargar una gran mochila de desprestigio por las numerosas irregularidades cometidas en un organismo tan importante para el desarrollo de los pequeños productores como es el Indap.
Cuando denuncio estas situaciones en el distrito y en las comunas de mi región, a través de la prensa, dicen que Masferrer está en contra del Indap. Quiero decir en este hemiciclo que lo único que deseo es fortalecerlo y que cada día tenga más recursos. Por eso, en estos trece años que llevo en el Congreso Nacional siempre he votado a favor de los recursos que se le asignan en el Presupuesto de la Nación. Ahora, si uno los suma, éstos sobrepasan los mil millones de dólares para Indap, que el ministro no ha administrado. Algunos directores, como el señor Marambio , prácticamente se robaron lo que estaba destinado al pequeño propietario.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MASFERRER .-
¡Hay que decir las cosas como son! A lo mejor a algunos parlamentarios no les gusta, pero es la verdad.
Sé que el señor ministro está poniendo...
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Diputado Masferrer , diríjase a la Mesa.
El señor MASFERRER .-
Me dirijo a usted, honorable Vicepresidente, colega y amigo, don Carlos Abel Jarpa .
No hay que ponerse nervioso. El ministro está tranquilo, reposado, porque no tiene mayor responsabilidad en el asunto.
Indap se creó, hace más de cuarenta años, con el objeto de entregar asesoría técnica, de ayudar y de orientar al pequeño propietario. Incluso, de condonar deudas por razones de sequía o, en general, climáticas al pequeño productor que hace soberanía en los campos de nuestra patria. Sin embargo, no le ha respondido, sobre todo en los últimos años.
Cuando se pidió autorización para que el actual director de Indap ingresara a la Sala, varios parlamentarios no accedimos a tal solicitud porque él no ha respondido las inquietudes que le hemos planteado mediante oficios de fiscalización, tarea que nos corresponde y que nunca vamos a dejar de cumplir.
Aprovechando la visita del señor ministro de Agricultura, quiero agregar, para corroborar lo que estoy afirmando, que en la querida comuna de Las Cabras, zona netamente agrícola,...
El señor MONTES.-
¿Dónde queda?
El señor MASFERRER .-
En la Sexta Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. ¡Para que se ubique en el mapa, señor Montes! Nunca va a poder ser senador por esa región si ni siquiera la conoce.
Decía que el jefe de área de Indap y presidente de la Democracia Cristiana de la zona, Juan Pablo Torres , un canalla, abusó con el pequeño propietario, porque como tenía la facultad de otorgar recursos, preguntaba a la gente cuánta plata necesitaba. Si le respondían que 3 millones, entonces él decía: “Te voy a pasar 5 millones, pero como pediste 3 millones, me dejas 2 millones aquí”. Eso está establecido en la investigación que hizo el propio Indap.
¿Qué hicieron? Lo destituyeron del cargo, lo echaron a la calle y se entabló un juicio en el juzgado de Peumo. Ustedes se preguntarán si este caballero está preso. No lo está. Doña Clara Szczaranski , presidenta del Consejo de Defensa del Estado , dice que el juicio no puede avanzar porque Indap, la institución de la cual es director el señor Halabí -al que hoy muy bien se le ha negado el acceso a la Sala-, no envía los antecedentes al juzgado de letras de Peumo .
A lo mejor, el señor ministro no conoce en detalle los tremendos problemas que tenemos los parlamentarios que representamos zonas campesinas, como Chimbarongo, San Fernando, San Vicente, Peumo, Pichidegua y mi querida comuna de Las Cabras. Por esa razón, de repente uno debe levantar la voz, aunque algunos colegas de enfrente se pongan nerviosos y se desesperen.
Creo que es el momento de decir: “Alto, señor ministro , no le aguante más a Indap. No permita que lo arrastre, porque yo lo conozco a usted y sé cuál ha sido su labor en la vida pública, en especial respecto del área exportadora, con una serie de acuerdos con distintos países para aumentar las exportaciones”.
Como decía, se le han entregado a Indap millones de dólares, pero resulta que el pequeño propietario está prácticamente igual que hace una década.
Para que sepan, en el campo, el agua y el riego son lo más importante. Sin embargo, como seguramente lo sabe el señor ministro , todavía el pequeño propietario sigue regando a potrero tendido. ¡Si ese sistema ya no se utiliza en el mundo! ¡Cómo se va a desarrollar el campesino y cómo va a pagar sus deudas si Indap no le da la capacitación que se merece! Por ese motivo estoy molesto, pues se entregan los recursos, pero se desaprovechan.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , le queda un minuto.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , la gente quiere la transparencia y la verdad. El proyecto es importante, pero va a favorecer sólo a algunos agricultores, en especial a aquellos que fueron prácticamente seleccionados a dedo con el fin de formar sociedades para entregarles recursos, pero no asistencia técnica, y luego abandonarlos.
El esfuerzo debe dirigirse exclusivamente a ayudar a este gente; pero hay que decir la verdad y tratar de corregir algunas cosas. Sé que el señor ministro tiene la mejor disposición para hacer los cambios que corresponden en Indap, y espero que cuando debamos hablar de nuevo de este instituto tan importante...
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, señor diputado .
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , con su venia, quiero redondear la idea.
Queremos que el proyecto se haga realidad, pero insistimos en que solamente favorecerá a algunos pequeños agricultores. ¡Cómo quisiéramos que fueran todos los pequeños propietarios! Es más, que se les tendiera la mano a aquellos a los cuales no se les entregó la asesoría correcta y cayeron en desgracia o en mora, porque Indap no cumplió con la ley, los engañó y los utilizó.
Finalmente, sostengo que estoy con el pequeño propietario y que quiero que Indap sea fortalecido.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , en verdad preocupan discursos como el del diputado señor Masferrer , porque a mi juicio lamentablemente no van en la dirección correcta.
Muchos tenemos una opinión muy crítica sobre lo que ha ocurrido en Indap, como se demostró en la Comisión investigadora de hace dos años, cuyo informe, aprobado por unanimidad por diputados de todos los partidos de la Concertación -Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, PPD, Partido Radical- y de la Oposición, contuvo juicios y conclusiones muy duros.
Fuimos duros contra el ex director nacional, señor Marambio , pero jamás se nos habría ocurrido pensar que él robó, porque no es cierto. Sí se equivocó, cometió graves errores; hizo caso omiso a opiniones que le dimos en cuanto a que no siquiera otorgando créditos a organizaciones sobreendeudadas. Por ello, discrepo absolutamente de las expresiones vertidas por el diputado Masferrer .
Hemos apoyado investigaciones como las que ha planteado últimamente la Oposición para aclarar qué destinos tuvieron los recursos de Indap, pero en un buen sentido, el de la transparencia. Sin embargo, discursos como el recién escuchado conllevan una grave motivación política, cual es paralizar a Indap, lo que sería un negocio redondo para la Oposición, pues se generaría desconfianza en los campesinos y se atraerían votos para ella.
No estoy de acuerdo con eso. No podemos permitir que se aproveche la idea de hacer transparencia para fines electorales. Hay que decir que si se paralizara Indap, no recibirían ayuda los campesinos.
¿Qué ocurre hoy? Toda la ayuda que el Gobierno implementa para la agricultura se la están llevando los grandes agricultores, los amigos de la Oposición. Ésa es la verdad. Ellos se llevan esos recursos del Estado en riego, en fertilización, en empastadas, en suelo degradado, etcétera. Lo sé, porque los agricultores lo plantean.
Debemos buscar una solución seria que permita a Indap llevar a cabo los programas que ha implementado su actual director nacional, en orden a apoyar a los campesinos y otorgarles asistencia técnica y ayuda económica. El actual director nacional representa una nueva etapa en Indap.
Es necesario generar confianza para que los funcionarios actúen sin temor a ser sumariados o procesados por equivocarse en una coma. Debemos desterrar ese fantasma para que Indap pueda solucionar los problemas de los campesinos.
El proyecto de ley va en la línea correcta, pero creo que es insuficiente. Debemos enfrentar el gran problema del endeudamiento de los campesinos, quienes, por estar en esa situación, no reciben ningún tipo de ayuda ni de asistencia técnica, lo que los lleva simplemente a la ruina. Espero que al respecto se dé el paso que corresponde.
El fortalecimiento de Indap permitirá sacar adelante a la agricultura campesina. Creo en la asociatividad y en la asistencia técnica, pero debemos llevarlas a cabo como corresponde. Es cierto que muchas empresas de asistencia técnica sólo han trabajado para ellas -uno lo ha visto en terreno-; pero éste no es un argumento para eliminar la asistencia técnica. Debemos lograr que ellas cumplan el objetivo de transmitir los conocimientos a los campesinos para que éstos salgan adelante. Es cierto que se apoyó a muchas organizaciones que no lo merecían porque habían fracasado en sus proyectos, y darles más recursos significaba sobreendeudarlas; pero eso no justifica el término de la asociatividad, porque es fundamental para que el campesino enfrente adecuadamente la comercialización de sus productos. Si los campesinos no se agrupan, finalmente las utilidades se las llevan las grandes empresas, como ocurre en el despiadado sistema de mercado.
Por lo tanto, el apoyo al proyecto significa encarar el problema de la gente del Indap y darle una solución integral. Espero que el Gobierno pueda realmente tomar medidas al respecto, y lo vamos a apoyar fuertemente. Hay que decirle a los funcionarios del Indap
que la gran mayoría de esta Cámara los quiere respaldar para que sigan apoyando a los campesinos y que tengan confianza de que no continuará esta verdadera actitud persecutoria de varios de los que están aquí, quienes, en el fondo, a pretexto de la idea de la transparencia, lo único que quieren es paralizar al Indap y sacar provecho político cosechando los votos de los campesinos. Eso es lo que ellos quieren, con lo cual yo estoy en profundo desacuerdo.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro señor Jaime Campos.
El señor CAMPOS ( ministro de Agricultura ).-
Señor Presidente , en primer lugar, es necesario agradecer las intervenciones de todos los parlamentarios que ya han anunciado su voto favorable a esta iniciativa. En lo personal, ello no me sorprende, puesto que, como bien recordarán los diputados Alvarado, Jaramillo y Silva, la génesis de este proyecto de ley la tuvimos en la Quinta Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde diputados y senadores de todas las bancadas pidieron al Gobierno que enviara una iniciativa de esta especie, que apuntara directamente a sincerar la situación financiera del Instituto de Desarrollo Agropecuario en lo que se vincula con las deudas de las empresas asociativas.
En segundo lugar, como bien dijo el diputado José Antonio Galilea, habiéndose aprobado este proyecto en general, hoy le corresponde a esta honorable Cámara pronunciarse sobre las indicaciones que se le han introducido. Nosotros, como Gobierno, estamos absolutamente de acuerdo con que dichas indicaciones, aprobadas por la Comisión, pueden ser aprobadas también por la Sala.
Me interesa sobremanera que no quede ninguna duda respecto de quiénes serán los beneficiarios de este instrumento legal. Asimismo, por ninguna circunstancia me interesa que el ministro de Agricultura , quien, en última instancia, tiene la facultad de alzar estas avalías, pueda ejercer esa facultad en forma arbitraria. Por tanto, las indicaciones cuentan con la aprobación del Gobierno.
Ahora, a nuestro entender, esta iniciativa legislativa se inserta en una visión un poco mayor, que corresponde a los esfuerzos que durante estos tres años hemos estado desplegando para tratar de modernizar y reordenar el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
En primer lugar, hemos avanzado en la determinación de la misión del Instituto, centrándola fundamentalmente en el fomento productivo más que en el tema asistencial, y haciendo una distinción -que tradicionalmente no se hacía- entre lo que es agricultura de subsistencia y agricultura con potencialidad productiva.
En segundo lugar, hemos hecho un esfuerzo muy significativo por sincerar la situación crediticia del Indap, no solamente en lo que guarda relación con su comportamiento futuro en materia de asistencia crediticia, sino también en lo que se relaciona con actuaciones pasadas. En este plano se inserta, por ejemplo, la reprogramación de más del 92 por ciento de la cartera morosa del Indap, que nos permitió condonar más de 10 mil millones de pesos en intereses de todo tipo que tenían personas naturales e, incluso, avanzar en algunas condonaciones de capital, cuando las condiciones sociales así lo ameritaban.
Cuando asumí el Ministerio de Agricultura, las primeras informaciones que recibí indicaban que los niveles de recuperación del Indap eran levemente superiores al 52 por ciento. Hoy puedo decir que, en el año 2002, sus niveles de recuperación, respecto de los créditos otorgados con posterioridad al 2000, superan el 92 ó 93 por ciento. Es bueno que los diputados, especialmente los del mundo urbano, valoren estas cifras, por cuanto a nosotros, a través del Indap, nos toca trabajar con los pobres del mundo rural. Pero también existen pobres en otras áreas del país, como los urbanos, quienes, por ejemplo, para acceder a la educación superior necesitan del crédito fiscal universitario, o para acceder a vivienda deben recurrir al Serviu. Son tan pobres y tan chilenos como los del mundo rural a quienes atiende el Indap. Pero ocurre que los niveles de recuperación relacionados con el Serviu y con el crédito fiscal universitario no alcanzan el 50 por ciento.
Entonces, siguiendo la lógica de algunos, ¿podría decirse que el Serviu o las entidades universitarias o el Ministerio de Educación son desprolijos cuando otorgan subsidios o créditos en materia habitacional o universitaria? ¿Quiere decir que a la gente le van a exigir mayores garantías reales para acceder a viviendas del Serviu o al crédito fiscal universitario? En cambio -reitero-, los pobres rurales son mejores pagadores que los pobres del mundo urbano, y eso, hasta hoy, el país no lo ha reconocido.
También hemos avanzando en otro orden de cosas, y este proyecto de ley se inserta en esa lógica. Hemos acotado el crédito del Indap; hemos puesto límite tanto al crédito individual como al de las empresas asociativas, puesto que nos parece que, sobrepasado cierto límite, son otras las instituciones financieras que deberían encargarse del tema crediticio.
Asimismo, hemos avanzado fundamentalmente en la profesionalización del Indap. Hoy, toda su dirección está conformada por personas que han accedido a cargos por concurso, distinguidos profesionales, ninguno de los cuales trabajó antes en el instituto. En una actitud de transparencia, de las más de 120 jefaturas de área que existen en el Indap, llamamos a concurso público abierto para designar a 40 de ellas, y esperamos que, al término del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, todas hayan sido resueltas a través de concursos públicos.
Además, el Indap administra anualmente 49 mil millones de pesos en instrumentos de fomento, los cuales están siendo revisados. El Instituto sólo hace noticia por el crédito, por lo que presta o no presta, por lo que recupera o no recupera; pero nos olvidamos de que la mayor parte de su presupuesto lo constituyen subsidios a la pequeña agricultura -inyección directa a la vena- ascendentes a 49 mil millones de pesos, repartidos en más de treinta instrumentos de fomento que estamos racionalizando a fin de quedarnos sólo con diez u once.
Este año hemos hecho un esfuerzo significativo para transformar todo el sistema de transferencia tecnológica que existe al interior del Indap. Hoy hemos pasado de una transferencia general a una especializada. Debo reconocer que no ha sido fácil hacerlo, por cuanto hemos debido romper inercias provenientes de los mismos funcionarios que durante décadas han estado acostumbrados a trabajar de una manera determinada; de los usuarios e, incluso, hasta de los parlamentarios, quienes no entienden la nueva lógica con la que estamos funcionando. Pero la voluntad del Instituto, y del Ministerio de Agricultura, en orden a avanzar en un proceso de modernización, que iniciamos con Maximiliano Cox y lo continuamos con Ricardo Halabí, queda claramente en evidencia a través de todas estas actuaciones.
Esperamos que todo este proceso pueda culminar con la modificación de la ley orgánica del Indap, que tantas veces hemos insinuado y que hoy se discute al interior del Gobierno como parte de la modernización del Estado.
Me alegro de haber escuchado a parlamentarios de todas las bancadas anunciando su voto afirmativo al proyecto, porque -reitero- se inserta en un proceso de reestructuración mayor.
Como ministro de Agricultura , no quiero tener facultades omnímodas en materia de condonación. Mientras más restringidas y acotadas sean ellas, más tranquilo voy a dormir. Por eso aprobamos las indicaciones comentadas en esta oportunidad.
Uno puede decir muchas cosas en el debate, pero es menester un mínimo de coherencia para saber hacia donde vamos, porque detrás de este proyecto -insisto- está el objetivo del Gobierno de sincerar la situación crediticia del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, especialmente en lo que guarda relación con las deudas asociativas, a objeto de que si hay que liquidar una empresa asociativa, dicha liquidación o quiebra no vaya a arrastrar a sus socios, como personas naturales, con sus patrimonios.
Por consiguiente, como se discutió y acordó en las dos comisiones que estudiaron el proyecto, vamos a hacer efectivas las garantías reales que hayan constituido esas empresas asociativas. Por eso, me sorprende que algunos parlamentarios señalen que las maquinarias dadas en prenda no se pueden rematar. Entonces, ¿quieren que recuperemos la plata o que sencillamente condonemos?
Ahora, respecto de esa situación muy particular que planteó el diputado Masferrer, hay que contar la historia completa. Lo que ocurrió en Las Cabras fue que el Indap hizo un sumario, destituyó al funcionario, se querelló criminalmente contra él, y el proceso está radicado en los tribunales de justicia. En cuanto a los supuestos antecedentes que no se han entregado, es una típica discusión judicial. El Indap entregó toda la información que solicitaron los tribunales mediante copias autorizadas ante notario; no obstante, el juez exigió los títulos originales. No hay que ser muy advertido como abogado para decir que el día que se desprenda de esos títulos, la posibilidad de hacer efectivas acciones ejecutivas por parte de la institución, va a desaparecer.
Por último, quiero recordar que el Ministerio de Agricultura, a través de Indap, trabaja con el mundo campesino. De los 270 mil pequeños agricultores que existen en Chile, estamos atendiendo aproximadamente a 100 mil. Hemos triplicado la cobertura de Indap en relación con lo que era este organismo en 1990, año en que sólo se atendía a 30 mil campesinos.
Ese ha sido el cambio experimentado en estos trece años. Ha sido el cambio impulsado por los gobiernos de la Concertación, en los que posiblemente se han cometido errores. Quiero recordar que nada perfecto sale de las manos del hombre; lo importante es que, asumidos los errores y reconocidas las deficiencias, estamos en un proceso de revisión permanente.
El compromiso del gobierno del Presidente Lagos, como el que han tenido todos los gobiernos de la Concertación, en orden a privilegiar nuestra preocupación por el mundo campesino, lo vamos a mantener a través de Indap mientras seamos gobierno.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , varios señores diputados estamos inscritos para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, propongo prorrogar por veinte minutos el Orden del Día.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
Han quedado pendientes las intervenciones de los diputados señores Aníbal Pérez, Sergio Correa, Andrés Egaña y Carlos Ignacio Kuschel. Al no haber acuerdo para prorrogar en veinte minutos la discusión, solicito el asentimiento de la Sala para que los señores diputados inserten su intervención.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa la diputada señora
-Se abstuvo el diputado señor
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SUSCRITO POR EL GOBIERNO Y EL CONGRESO NACIONAL CON MOTIVO DE LA COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE-MERCOSUR.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 220, de los señores Galilea, don José Antonio; Saffirio, Álvarez-Salamanca, Barros, Quintana, García, Bayo, Urrutia, Meza y la señora Sepúlveda, doña Alejandra.
“Considerando:
Que, con motivo de la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur, por parte del Congreso Nacional, en septiembre de 1996, y del proyecto sobre reducción arancelaria, en septiembre de 1998, el Gobierno de la época suscribió un protocolo de acuerdo con el Congreso Nacional.
Que este acuerdo contemplaba recursos adicionales para el sector agrícola, por un monto de seiscientos doce millones de dólares (US$ 612.000.000), distribuidos en la siguiente forma:
1197 US$ 100 millones
1998 US$ 100 millones
1999 US$ 117 millones
2000 US$ 145 millones
2001 US$ 150 millones
Ello, en consideración a que tal sector de la economía sería el más afectado por la entrada en vigencia del Mercosur y por la rebaja de aranceles.
Que el acuerdo en régimen se iniciaría a partir del 2002, tomando como base el presupuesto de 1996, con ciento ocho millones de dólares (US$ 108.000.000), más ciento cincuenta millones de dólares (US$ 150.000.000) adicionales por Mercosur y rebaja de aranceles, llegando así a un total de doscientos cincuenta y ocho millones de dólares (US$ 258.000.000) en régimen.
Que, en términos generales, estos recursos adicionales permitirían fortalecer la competitividad del sector agrícola, destinándolos a la investigación e innovación, al desarrollo de nuevos mercados y a aquellos subsectores que presentan mayores dificultades.
Que el acuerdo incluía la obligación del Ministerio de Agricultura de emitir un informe -en marzo de 2000, 2001 y 2002- a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a los miembros de las Comisiones de Agricultura, del Senado, y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, de la Cámara de Diputados, de modo que, sobre la base del informe de 2002, se establecería el monto definitivo por compensar para cumplir con los seiscientos doce millones de dólares (US$ 612.000.000) comprometidos para los ejercicios presupuestarios 19972001. Esta merma se distribuiría en recursos adicionales a nivel presupuestario en régimen en seis cuotas anuales, de igual valor en dólares, en los presupuestos de 2003 hasta 2008.
Que específicamente la inversión adicional, fruto de este acuerdo, se destinaría a las líneas de “Perfeccionamiento y Desarrollo de Mercados”, “Desarrollo del Riego'“, “Innovación y Gestión'', Programa de Recuperación de Suelos Degradados”, “Fomento Forestal” y “Mejoramiento Sanitario'“. Sin perjuicio de esto, se estableció que el Ejecutivo podría proponer nuevas líneas de acción sobre la base de los desafios a que se vea enfrentado el sector en el futuro.
La Cámara de Diputados acuerda:
Facultar a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para que, en el plazo de noventa días, informe si se ha dado cumplimiento al acuerdo suscrito por el Gobierno y el Congreso Nacional con motivo de la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Chile -Mercosur y del proyecto sobre reducción arancelaria, en especial, en lo relativo a los recursos adicionales comprometidos y a los programas que financian, además de efectuar una evaluación de sus resultados y de la modalidad utilizada para facilitar el acceso de los agricultores a estos beneficios”.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , haré uso de la palabra brevemente porque el colega Saffirio también quiere expresar su respaldo al proyecto.
Los considerandos del proyecto de acuerdo se explican por sí mismos. No obstante, es importante destacar que una vez que entraron en régimen los recursos adicionales aprobados en el Congreso Nacional con motivo de la rebaja de aranceles y de la suscripción de Chile al Acuerdo de Complementación Económica del Mercosur, se hace necesario efectuar una evaluación tanto de los montos que se comprometieron con la suscripción de ese protocolo de acuerdo como de los programas que estos recursos están financiando.
Es evidente que el ingreso de Chile al Mercosur, en 1996, y la rebaja de aranceles acontecida en 1998, generaron en la agricultura del sur de Chile en particular una complicada situación de competitividad con muchos productos que llegan desde el extranjero con enormes subsidios. Con el objeto de subsanar esa situación, el Congreso suscribió este protocolo de acuerdo con el Poder Ejecutivo para allegar nuevos recursos al sector agrícola, básicamente para financiar programas de perfeccionamiento y desarrollo de mercados, para desarrollo del riego, para innovación y gestión, y uno muy importante, como ha sido el programa de recuperación de suelos degradados.
Estimamos -en esto hay amplio acuerdo entre los miembros de la Comisión de Agricultura- que es un buen momento para evaluar cómo han funcionado esos programas. Algunos de ellos complican mucho el acceso de los pequeños y medianos agricultores a sus beneficios, y por eso queremos también tener la oportunidad de dar ciertas recomendaciones al Ministerio de Agricultura para que funcionen de mejor manera.
Por lo tanto, señor Presidente, solicitamos a la Sala, si lo tiene a bien, aprobar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Saffirio .
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , sólo quiero complementar lo señalado por el diputado señor José Antonio Galilea .
Varios diputados, básicamente de las regiones de La Araucanía y de Los Lagos, hemos presentado este proyecto de acuerdo; entre ellos están los señores Quintana , Meza , Bayo, García , Recondo y Ojeda , por nombrar a algunos.
La lógica del proyecto no es solicitar nuevos recursos, sino saber, en primer lugar, qué ha pasado con estas compensaciones ya acordadas.
Entendemos que semestralmente se informa a esta Corporación sobre el estado de avance de las compensaciones. No obstante, resulta clave que la Comisión de Agricultura entregue, en 90 días, un informe pormenorizado y desagregado acerca de los programas, sus montos e impacto en las distintas regiones y en las diferentes actividades productivas. Lo consideramos fundamental porque algunos diputados tenemos la sospecha -no es más que eso- de que estos programas y recursos se han concentrado, básicamente, en los sectores de la agricultura exportadora, que no necesita compensación alguna, porque con la inserción internacional del país han ganado mucho.
El espíritu con que se establecieron estas compensaciones fue ayudar a la agricultura de las regiones más rezagadas del país, de la Séptima al sur.
En segundo lugar, queremos una evaluación de los programas. Al respecto, existe desconocimiento entre los pequeños productores agrícolas -muchos de ellos minifundistas- del distrito que represento, Temuco y Padre Las Casas, acerca de los planes de recuperación de suelos degradados, en circunstancias de que hay recursos para diez años.
En síntesis, solicitamos que la Comisión de Agricultura investigue lo que ha pasado con los recursos y con su destinación geográfica y por sectores productivos dentro de la agricultura, y que, además, evalúe los programas, porque puede ser necesario realizar ajustes en beneficio de los medianos y pequeños agricultores de las regiones del sur.
Por eso, los diputados de la bancada democratacristiana votaremos favorablemente este proyecto de acuerdo presentado por los diputados del sur.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , más que hablar en contra del proyecto de acuerdo, me interesa aclarar una situación.
Me extraña profundamente el contenido del proyecto, ya que, habiendo sido presidente de la Comisión de Agricultura , me tocó recibir, prácticamente cada seis meses, informes sobre los recursos que se habían destinado para compensar efectos del acuerdo con el Mercosur. Ese informe se recibía porque así se lo habíamos solicitado al Gobierno, y daba cuenta de a qué se destinaban los recursos y de los distintos programas a los que iban.
Considero que esa tarea ha sido cumplida por el Gobierno. Por eso -reitero- me extraña profundamente el contenido del proyecto de acuerdo. Bastaría con acceder a los archivos de la Comisión de Agricultura para encontrar los informes a los que me he referido.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En votación.
-Por falla del sistema electrónico de votación no hay registro de la nómina de votantes.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
PÉRDIDA DE BENEFICIOS MUNICIPALES PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS POR NO INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE CHILEDEPORTES.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 221, de los señores Navarro, Rossi, Valenzuela, Muñoz, don Pedro; Silva, Paredes y Quintana.
“Considerando:
Que, frente al nuevo período de postulaciones a los distintos fondos concursables que el Instituto Nacional de Deportes ha dispuesto para 2003, ha surgido una serie de consultas de los dirigentes deportivos de distintas comunas en el sentido de que, para optar a estos fondos concursables, deberían inscribirse en el Registro Nacional que el Instituto Nacional de Deportes tiene para ese efecto y, simultáneamente, deberían renunciar a la personalidad jurídica obtenida a través de la certificación, como ministro de fe , del municipio respectivo.
Que esta situación ha provocado alarma y confusión entre los dirigentes, quienes han retrasado su inscripción en tal registro, temiendo que esto se traduzca en la pérdida de los beneficios ya obtenidos de sus municipios respectivos, tales como subvenciones, comodatos de terrenos, entrega de equipamiento y, eventualmente, apoyo para el desarrollo de obras de infraestructura. Peor aun, los dirigentes deportivos temen que, de ser efectiva esta medida, pierdan la posibilidad de acceder a cualquier beneficio proveniente de las municipalidades.
Que, en definitiva, lo anterior se traducirá en el hecho objetivo de que, a lo largo del país, miles de organizaciones deportivas perderán la oportunidad de postular y recibir los recursos provenientes de los fondos concursables, sólo por existir esta duda, razonable, según ellos, ya que el plazo fatal para su postulación se cerraba el 15 de mayo de 2003.
Que el espíritu de la norma, conocida como ley del Deporte, no tiene un sentido contradictorio con la normativa municipal vigente, menos con los beneficios que cada uno de los municipios potencialmente otorga a los ciudadanos organizados para la práctica de la actividad deportiva, sino que, muy por el contrario, busca su potenciamiento.
Que, sin embargo, a propósito de que la normativa deportiva busca contar con las herramientas adecuadas para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos asignados, algunos funcionarios municipales han utilizado como excusa la adecuación estatutaria exigida, para advertir una probable y casi inevitable pérdida de beneficios municipales, cuyo acceso no debiera ser, bajo ningún punto de vista, excluyente de la postulación a los concursos del Instituto Nacional de Deportes.
Que, según una exhaustiva revisión tanto de las normas que rigen el quehacer del Instituto en la materia abordada -documentos consultados desde la propia página web institucional (www.chiledeportes.cl)- como del Reglamento de Organizaciones Deportivas, aprobado el 8 de noviembre de 2001, que establece la constitución, organización, atribuciones y funcionamiento de las organizaciones deportivas a que se refiere la ley Nº 19.712, publicada en el Diario Oficial de 9 de febrero de 2001, no parecieran existir preceptos que los hagan entrar en conflicto.
Que, específicamente, en el artículo 1º de su Título I: Disposiciones Generales, este Reglamento establece que: “Las organizaciones deportivas que se constituyen en conformidad a la ley Nº 19.712 y todas aquellas legalmente constituidas a la fecha de su entrada en vigencia y que adecuen sus estatutos según lo dispuesto en su artículo 2º transitorio, se regirán por las disposiciones de la citada ley, por el presente reglamento y por sus estatutos”.
Que en este artículo transitorio se expresa textualmente que: “Aquellas organizaciones deportivas que no hagan adecuación de sus estatutos, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán tener acceso a los beneficios de la ley Nº 19.712, sin perjuicio de continuar regidas por las normas conforme a las cuales se constituyeron”.
Que, para estos efectos, en el artículo 3º, el Reglamento expresa y reconoce como organizaciones deportivas a los clubes deportivos, ligas deportivas, asociaciones deportivas locales; consejos locales de deportes, asociaciones deportivas regionales; federaciones deportivas nacionales, confederaciones deportivas, y Comité Olímpico de Chile.
Que, a su vez, en las bases especiales del concurso público “Fondo Nacional para el Fomento del Deporte año 2003”, el Instituto Nacional de Deportes reconoce como personas jurídicas postulantes a las organizaciones deportivas constituidas bajo la ley Nº 19.712; a las organizaciones deportivas constituidas bajo el decreto supremo Nº 110, del Ministerio de Justicia; a las corporaciones municipales de deportes constituidas bajo el decreto supremo Nº 11, del Ministerio de Justicia; a las organizaciones deportivas constituidas bajo la ley Nº 19.418; a las organizaciones sindicales; a las organizaciones territoriales o funcionales (juntas de vecinos, centros juveniles y otros); a las asociaciones gremiales; a las sociedades civiles y comerciales; a los organismos públicos; a los consejos locales de deporte.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a V.E. que se sirva instruir al Subsecretario de Deportes para que, en virtud de la confusión existente entre los dirigentes y las organizaciones deportivas respecto de la inscripción en el Registro del Instituto Nacional de Deportes , la potencial pérdida de beneficios municipales por esta razón y la negativa de algunos municipios para actualizar las personerías jurídicas:
a) El Instituto Nacional de Deportes explicite públicamente si existen o no incompatibilidades, nacional y regionalmente, entre lo establecido por la ley del Deporte y las prerrogativas de los municipios, tanto frente al otorgamiento de personalidad jurídica e inscripción en su registro como a las posibilidades de acceso a los beneficios y recursos que una y otra institución ponen al servicio de las organizaciones deportivas.
b) Se amplíe en treinta días el plazo de postulación a los fondos concursables previstos en las Bases Especiales del Concurso Público “Fondo Nacional para el Fomento del Deporte año 2003”, que vencía el 15 de mayo de 2003”.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , aunque no soy uno de los firmantes del proyecto de acuerdo, adhiero a lo que en él se solicita. En efecto, entre los dirigentes deportivos existe mucha confusión en esta materia, lo que se debe en buena parte a la falta de claridad demostrada por Chiledeportes en los puntos señalados en el proyecto, como la inscripción en los registros de entidades susceptibles de ser beneficiadas con los concursos a que llama esa repartición. También existe confusión respecto de las personalidades jurídicas y del aprovechamiento de los fondos.
La necesidad de aclarar estos temas proviene de la urgencia de dotar a las entidades deportivas de los recursos que se les asigna a través de esta entidad nacional. En algunos casos, esa urgencia se torna casi dramática para que las instituciones deportivas de base inicien proyectos de envergadura con el objeto de apoyar y difundir la práctica del deporte masivo.
Atendido lo señalado, votaré favorablemente el proyecto.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , como bien lo señaló el diputado señor Ibáñez -se nota que ha estado en terreno y se ha informado de la materia-, el proyecto parece abordar un tema insignificante, pero lo cierto es que ha traído problemas bastante tortuosos para dirigentes deportivos de distintas comunas.
Chiledeportes no puede actuar en forma burocrática, sobre todo considerando que hace algunos años el Congreso buscó simplificar la tramitación de las personalidades jurídicas para la organización de la sociedad civil. En tal sentido, cualquier agrupación integrada por personas mayores de 18 años, que reuniera 20 firmas y las presentara ante un secretario municipal, podía acceder a esa calidad. Así, con la promulgación de la ley del Deporte se entendió que para optar a los distintos fondos concursables, bastaba con que Chiledeportes actuara en forma proactiva y pidiera a las municipalidades respectivas los listados de las organizaciones deportivas con personalidad jurídica vigente. Sin embargo, en algunas regiones han surgido exigencias adicionales, como la obligación de inscribirse en el registro nacional que mantiene Chiledeportes o diseñar nuevos estatutos para las organizaciones deportivas, todo lo cual trae aparejado gastos adicionales.
El proyecto de acuerdo se traduce en un llamado de atención a Chiledeportes, a fin de que se ponga alerta y valide las personalidades jurídicas municipales, de modo de evitar que los dirigentes del deporte popular efectúen trámites adicionales.
He dicho.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Por no haberse alcanzado el quórum, se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, el proyecto de acuerdo será votado por última vez en la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
IRREGULARIDADES EN EL SENCE Y EN EL FOSIS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, en el tiempo del Comité de Renovación Nacional tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , hace aproximadamente un año denuncié en esta Cámara una serie de irregularidades cometidas en el Fosis de la Región de La Araucanía, las que involucraban a su director regional y, eventualmente, a otros funcionarios de esa repartición.
La información que sustentó mi denuncia provenía de sumarios internos efectuados en el propio Fosis y de antecedentes que me entregó el personal del organismo, avalados por las denuncias hechas por el senador Lavandero a la Contraloría General de la República.
En la región era un secreto a voces que el Fosis (Fondo de Solidaridad e Inversión Social) y el Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) se desenvolvían en una verdadera pieza oscura de irregularidades, de mal uso de recursos, de ineficiencias, compadrazgos, politización y, eventualmente, corrupción.
Más tarde se destapó un verdadero escándalo en el Sence, que terminó en destituciones de sus principales autoridades regionales.
En cuanto al Fosis, la investigación lleva más de un año en la Contraloría, sin que hasta la fecha se conozcan sus resultados definitivos, a pesar de que siete funcionarios del organismo fueron notificados de una serie de cargos.
Para hacer la denuncia en esta Cámara, no sólo me basé en antecedentes obtenidos de los sumarios internos, sino en el testimonio y antecedentes que me entregaron personas que trabajan en el Fosis, algunas de las cuales incluso tienen filiación democratacristiana, pero que se decidieron a hablar conmigo hastiados de tanta irregularidad, sectarismo y despilfarro en un organismo dedicado principalmente de la superación de la pobreza.
Algunas de estas personas también cooperaron en la investigación de la Contraloría, y por ello recibieron amenazas, amedrentamientos y advertencias de que perderían sus cargos. Pues bien, esas amenazas y advertencias se cumplieron. Faltando tan sólo un breve plazo para que la Contraloría evacuara su informe final, el funcionario Heriberto Serqueira , del nivel central del Fosis, llegó a Temuco con instrucciones del director nacional, Mario Ossandon , para despedir a tres funcionarios de esa institución, dos de ellos militantes o simpatizantes de la Democracia Cristiana, quienes habían entregado información y cooperado en la investigación para esclarecer tanta irregularidad.
De acuerdo con lo declarado por el señor Serquiera a la prensa, no estamos frente a despidos, sino ante el vencimiento de los contratos de estos tres funcionarios que entregaron antecedentes e información al organismo contralor para esclarecer todos estos hechos, los que sí se renovaron al resto del personal.
Señor Presidente, estamos frente al intento de sentar el precedente de que quien coopera y denuncia irregularidades, se arriesga a perder su cargo. Se pretende advertir a los funcionarios públicos que si denuncian a jefes o superiores de cometer tropelías, les puede resultar caro.
El señor Ossandon , director nacional del Fosis , que hace un año fue a respaldar al director regional y puso las manos al fuego por él, toma medidas como la descrita, sin tener la prudencia de esperar que la Contraloría General concluya su trabajo y se conozcan las sanciones que recaerán sobre los siete funcionarios que fueron notificados en su momento.
Frente a este abuso de autoridad y de abierta arbitrariedad, solicito que se oficie al señor ministro de Mideplan con el fin de que informe a la Cámara las razones de los mencionados despidos, a cuántos funcionarios se les renovaron los contratos y a cuántos no, y si a las personas a las que no se les renovaron los contratos serán reemplazados por otras. También pido que se adjunte copia de mi intervención al ministro de Mideplan .
Quiero agregar que el director nacional del Fosis removió de su cargo al director regional de La Araucanía , tan largamente cuestionado. El señor Ossandon , quien defendió a ultranza al mencionado funcionario, señaló a la prensa de la zona que el daño de imagen sufrido por la institución debido a los cuestionamientos a la gestión del indicado directivo es fundamento de la decisión de destituirlo del cargo.
Por otra parte, el señor Ossandon declaró que cuando hay siete sumariados, evidentemente que después de un año se producen problemas de gestión y de relaciones, los que deben resolverse. Parte de esa solución considera tomar el control de las áreas de contabilidad y de administración, que, a mi juicio, son las que presentan mayores riesgos de mal funcionamiento.
Debo señalar que es lamentable que tuviera que transcurrir un año para que el señor Ossandon se diera cuenta del deterioro de imagen del Fosis en la Región de La Araucanía.
El daño que se le ha hecho a este organismo es responsabilidad del señor Ossandon , porque en lugar de haber defendido al director regional -como lo hizo-, debió preocuparse de poner orden después de nuestras denuncias y de la evidencia de irregularidades que mostraban los sumarios internos.
El director nacional actuó con desidia, irresponsabilidad e indolencia.
Al respecto, pienso que un director cuya conducta perjudica a la institución que dirige, debe asumir su responsabilidad.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados de las bancadas de la UDI, de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia, del Partido Socialista y del Partido Radical que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE EVOLUCIÓN ANUAL DE DEUDAS. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Ignacio Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Hacienda para que nos informe sobre la evolución, en los últimos cuatro años, de las deudas previsionales, tributarias, financieras y comerciales; de las deudas a los respectivos servicios de salud, las cuales se iban a resolver hace dos años con la eliminación del 2 por ciento de las isapres, que, en el caso de Puerto Montt, se han triplicado pero no resuelto; la evolución de la deuda pública interna y externa; la del crédito fiscal universitario por cada una de las universidades; la de la deuda de cada uno de los municipios con los profesores por concepto del Estatuto Docente desfinanciado en lo que dice relación con antigüedad y capacitación de los profesores; las deudas a Indap, materia que está investigando una Comisión de la Cámara; las deudas al Serviu y, por último, las deudas de los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y de Educación con empresas constructoras.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados las bancadas de la UDI, de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, del PPD, del Partido Socialista y del Partido Radical que así lo indiquen.
EMISIÓN DE BONO SOBERANO POR CANTIDAD MAYOR A LA ANUNCIADA. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Hidalgo por tres minutos.
El señor HIDALGO .-
Señor Presidente , hace algunos días, cuando el ministro de Hacienda anunció la presentación de un proyecto para subir el IVA y otros impuestos específicos, entre ellos al diesel, a los alcoholes -cervezas y vino- y al tabaco, propusimos emitir un bono soberano local, a fin de no subir los impuestos a todos los chilenos. Con la colocación interna de ese bono, el Gobierno podría cubrir su déficit de caja y financiar el Plan Auge y el programa Chile Solidario, en los que todos estamos de acuerdo.
Sin embargo, no recibimos respuesta. Hoy en el diario y anoche en la Comisión de Hacienda, el ministro contestó el tema. En el cuerpo B de “El Mercurio” de hoy aparece bien definido que el Gobierno emitirá un bono soberano por hasta 500 millones de dólares durante el segundo semestre del año.
Si bien estamos contra el tiempo, porque el proyecto ya ingresó a la Cámara y el martes se tratará en la Comisión y el miércoles en la Sala, pido no subir los impuestos y agregar los 300 millones de dólares que se necesitan para financiar los planes sociales Auge y Chile Solidario, al bono de 500 millones de dólares que se emitirá. De esta forma no habría que elevar los impuestos a los chilenos.
Hoy la Concertación tiene los votos, por lo menos en la Cámara, para aprobar la iniciativa que propone subirlos. Ayer el Presidente de la República amenazó e incitó a la gente a no votar por los diputados que están en contra. Estoy claro de que ese mensaje fue dirigido a los senadores y diputados de la Concertación, no a los de la Oposición, que no estamos de acuerdo en subirle los impuestos a los chilenos.
Por lo expuesto, solicito enviar oficio al ministro de Hacienda , con la mayor urgencia posible, a fin de que el bono que se emitirá sea por 800 millones y no por 500 millones de dólares. De esa manera, se abrirá debate tanto respecto del impuesto al IVA como del específico a tres sectores de la economía, lo que afectará el crecimiento, el desarrollo y puede aumentar la cesantía en esos sectores.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional que así lo indican.
CONTRAVENCIÓN DE ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista y Radical.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero informar acerca de una situación que se está produciendo en la frontera norte de Chile.
A contar del pasado lunes 9, la Superintendencia de Aduanas del Perú estableció que los transportistas no peruanos que viajen más allá de Tacna con permiso provisorio, deberán pagar una garantía del 30 por ciento del valor del vehículo, más el 30 por ciento del valor de la carga.
Varios camiones no pudieron cruzar la frontera por esta norma tomada discrecionalmente por la Superintendencia de Aduanas del Perú.
Dicha imposición de obligaciones especiales, aplicada sólo a transportistas chilenos, consiste en exigir garantía económica por cada operación que se debiera cumplir por los derechos e impuestos de importación de las mercancías y por las unidades de transporte.
Lo anterior es una clara y manifiesta contravención al espíritu del Convenio del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, Atit, que en Chile se expresa en el decreto Nº 257, de 5 de marzo de 1991, que promulgó dicho Acuerdo, adoptado el 1 de enero de 1990 por Chile, Argentina, Bolivia , Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay, publicado en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1991.
El artículo 5º de dicho Acuerdo señala: “Cada país signatario asegurará a las empresas autorizadas de los demás países signatarios, sobre la base de reciprocidad, un tratamiento equivalente al que da a sus propias empresas”.
Asimismo, el artículo 18 afirma: “Cuando uno de los países signatarios adopte medidas que afecten al transporte internacional terrestre, deberá ponerlas en conocimiento de los otros Organismos Nacionales Competentes antes de su entrada en vigencia”.
El organismo internacional competente de Chile es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y en Perú, la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se establece en el artículo 58 del mismo Acuerdo.
Por lo tanto, nos parece absolutamente improcedente que un organismo como la Superintendencia de Aduanas del Perú, en forma arbitraria y vulnerando acuerdos internacionales, que comprometen a ese país y a Chile, adopte medidas que afectan a transportistas chilenos que cruzan la frontera desde Arica a Tacna, las que ni siquiera han sido comunicadas oficialmente a los organismos pertinentes de Chile. Por eso formulo mi más formal protesta por esta arbitrariedad. Por lo demás, no es la primera vez que se produce.
Por lo tanto, solicito que se oficie al director de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, para expresarle nuestra molestia por esta situación y, al mismo tiempo, para que informe a la Cámara sobre el particular.
Del mismo modo, al subsecretario de Transportes, de quien depende el organismo técnico encargado de la carga internacional que sale de Chile.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente, de la Democracia Cristina, del Partido Radical, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista que así lo indican.
EXCLUSIÓN DE LICITACIÓN A EMPRESA SANITARIA DE ATACAMA. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, mañana, la Empresa Sanitaria de Atacama va a inaugurar la planta de tratamiento preliminar de aguas servidas de Huasco, obra destinada a descontaminar la cuenca del valle y que se ha estado ejecutando desde hace ya mucho tiempo.
Con ese mismo objetivo, también se han realizado otras obras, como la descontaminación de los sectores El Faro y Concherías, de Huasco, y la terminación de la planta de aguas servidas de Freirina. De este modo, estoy seguro de que, de aquí a fin de año, la cuenca del valle del Huasco quedará libre de contaminación por aguas servidas.
Dichas obras están siendo ejecutadas por una empresa del Estado de Chile, con apoyo del gobierno regional y con una inversión de más de 1.400 millones de pesos, la mitad aportada por el gobierno regional, y el resto logrado por la gestión del gerente don Nicolás Álvarez , quien se ha preocupado de buscar los recursos pertinentes para desarrollar estos procesos de descontaminación.
La Empresa Sanitaria de Atacama no requiere de sumas importantes para terminar las obras que se están ejecutando en la región, lo cual demuestra que las empresas públicas pueden ser eficientes y dar servicio no sólo aumentando la cobertura de agua potable, sino también preocupándose de combatir la contaminación que afecta a las regiones.
En estos momentos, la empresa está en pleno proceso de entrega de la administración a privados, lo cual muestra que las decisiones que de repente toma la Corfo no son las más adecuadas. La Empresa Sanitaria de Atacama está siendo bien administrada y no necesita de gestión privada. Logra conseguir recursos para la región, que posteriormente traspasa a los consumidores de Atacama. Estoy seguro de que cuando se concesione a privados, aumentará extraordinariamente la tarifa de agua potable para los atacameños. Eso no debe ocurrir.
Por lo señalado, pido que se oficie al gerente de la Corfo para que se excluya a la Empresa Sanitaria de Atacama de esta licitación. Los atacameños preferimos que siga siendo gestionada por el Estado, dado que una empresa privada sólo se preocupará de lucrar y de obtener beneficios para ella y no para nuestros ciudadanos. La empresa sanitaria está procediendo, repito, en forma adecuada, y si se traspasa a privados, sólo se dañará a los atacameños al aumentar el precio del agua potable.
Además, pido a la Mesa que se envíe copia de esta intervención al ministro de Hacienda, al vicepresidente de la Corfo, al directorio de la Empresa Sanitaria de Atacama, a la intendenta regional de Atacama y al sindicato de la empresa.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Comité Demócrata Cristiano que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE ADMINISTRACIÓN DEL PUERTO DE ARICA. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , sin duda todos hemos sido sorprendidos por el anuncio del alza del IVA, por el financiamiento que deberemos efectuar de la construcción de los colectores de aguas lluvia, en circunstancias de que en 1998 el Gobierno ofreció financiar dichas obras; por la respuesta de un ministro de Estado que señaló que le preguntaran a las vacas por qué no han dado leche -me gustaría que el ministro de Salud , señor Pedro García , nos dijera cómo se conversa con las vacas, ya que todavía no hemos aprendido ese idioma- y por qué un honorable colega señaló, públicamente, que prefería tener caballos en la Sala en lugar de diputados. Como es lógico, ese tipo de situaciones hace que la comunidad se sienta poco confortable.
No obstante, debemos seguir trabajando, a pesar de que los diputados somos figuras meramente decorativas, que enviamos oficio tras oficio a las autoridades, los que son respondidos después de reiterarlos varias veces e informar de la situación a la Contraloría General de la República, lo cual no es entendido muy bien por los habitantes de las comunas que representamos, quienes nos hacen responsables de muchas situaciones y nos preguntan qué hacemos.
Junto con adherir a lo señalado por el diputado señor Paredes, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , a fin de que disponga que el administrador del puerto de Arica nos envíe, a la brevedad posible, la constitución del directorio y la nómina, remuneraciones y regalías de sus funcionarios. Además, que informe sobre el costo del terreno de 20 hectáreas que el puerto adquirió en la Puerta de las Américas, con indicación de la fecha de compra, el costo del estudio de impacto ambiental y el nombre de la empresa que efectuó el proyecto de los galpones para almacenar los minerales de plomo. Aunque en 1995 se prometió llevar a cabo esta obra y se han comprado tres terrenos, con un costo para el fisco de 800 millones de pesos para ese objetivo, hasta el momento y a pesar de haber transcurrido ocho años, la contaminación por plomo sigue afectando a los ariqueños. Por último, para que nos dé a conocer los antecedentes de la licitación para la adjudicación de la administración de los almacenes del puerto de Arica.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIONES SOBRE ACTIVIDADES DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN BOLIVIA. Oficios.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , en segundo lugar, pido que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores para que nos informe sobre las conclusiones del encuentro celebrado por la Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado, Difrol, en la ciudad de La Paz, respecto de lo cual los parlamentarios que representamos a los distritos de la región no hemos sido informados. Aparentemente, somos figuras decorativas, pero bastante buenas a la hora de ratificar los convenios que llegan al Congreso Nacional, a pesar de que muchas veces no sabemos cuándo se elaboraron. Además, solicito que nos dé a conocer, en detalle, las conclusiones a las que se llegó el 30 mayo, en la reunión de fronteras y límites y en el encuentro efectuado en la ciudad de La Paz, entre el grupo minero chileno-peruano y el grupo minero chileno-boliviano.
De esas reuniones los parlamentarios fuimos informados el 10 de junio.
También solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores , con el objeto de que nos indique el costo de abrir oficinas en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia; cuántos funcionarios estarán a cargo de ellas y qué funciones cumplirán.
Asimismo, solicito que la señora ministra tenga a bien contestar el oficio.
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE OBRAS EN ARICA.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , por último pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos envíe las bases de la licitación, y nos informe sobre el costo de la construcción del puente Chacalluta, en Arica, presentado por la empresa que se adjudicó la ejecución de la obra.
Asimismo, solicito que nos haga llegar el costo del sistema intermodal implementado en el valle de Lluta para el ferrocarril Arica-La Paz.
Pido que se envíe este oficio con suma urgencia, y solicito que el ministro de Obras Públicas tenga a bien contestarlo, porque no podemos seguir aceptando enviar cientos de oficios, hacer todo lo posible por nuestra comunidad, y que los ministerios no los respondan, salvo que se lleven a la Contraloría.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
SITUACIÓN DE TRABAJADORES POR QUIEBRA DE EMPRESA EN ARAUCO. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , el pasado viernes 6 de junio me reuní, en la comuna de Arauco, con ex trabajadores de la empresa Cumbre, domiciliada en la ciudad de Santiago, Rut 926.450-1, la que se había adjudicado varios proyectos en la provincia de Arauco, que represento en esta Cámara, uno de ellos por un monto cuantioso de dinero, denominado Conservación rutinaria de caminos de la provincia de Arauco, Octava Región.
Pues bien, con fecha 20 de febrero dicha empresa les envió a los 47 trabajadores contratados una carta de despido, argumentando necesidades de la empresa, debido a que el MOP había liquidado el contrato. Eso se llevó a cabo pese a que los trabajadores tenían un contrato de trabajo a plazo fijo vigente.
Los incumplimientos e irregularidades de la empresa no nacieron en esa fecha, pues presentó problemas desde su llegada a nuestra zona.
En efecto, procedió con una irresponsabilidad absoluta y de la manera más increíble, lo cual no deja de sorprendernos. El primer día, cuando entregó los materiales de implementación a los trabajadores, proporcionó casi exclusivamente elementos viejos y en mal estado, como cascos y otros que, a
los pocos días, los propios operarios debieron reparar de su bolsidllo. Además, ni siquiera el primer sueldo lo pagaron a tiempo, y hasta hoy tampoco ha enterado las cotizaciones previsionales.
Ésta es la clase de empresas que se están ganando las licitaciones en nuestra zona.
No puedo dejar de mencionar la enorme depresión económica y social en que se encuentra el distrito que represento, compuesto por Lota y la provincia de Arauco, con altísimas tasas de cesantía, de las más altas de Chile; con una lamentable situación de casi aislamiento provocado por las deficiencias propias de una red vial de pésima calidad, constituida por un único camino, de una sola pista, con abundancia de cerros y con tránsito frecuente de camiones de gran envergadura; con un sector privado que no tiene ningún incentivo para invertir en nuevas empresas en la zona; con una muy baja escolaridad y un elevado índice de deserción escolar, y una gran masa de ex trabajadores de la industria del carbón que tomaron parte de un plan de reconversión totalmente fracasado, en el que hubo múltiples recursos mal focalizados y mucha gente a la que se la preparó para desempeñar funciones que la sociedad no necesitaba.
En una zona geográfica con dichos problemas y de esa connotación social, el Gobierno, a través de la Dirección de Vialidad, celebra contratos con una empresa de tal naturaleza, a la que le adjudican proyectos de la envergadura relatada y con los lamentables efectos recién descritos, sin detenerse a pensar que detrás de cada trabajador existe una familia que alimentar y mantener, niños que enviar al colegio, en fin, una serie de necesidades.
Hago un llamado a la responsabilidad en el tema. Todos hemos sido testigos de los descalabros que provoca involucrar en las gestiones primordiales del Estado a empresas de dudosa reputación.
¡Por favor, aprendamos las lecciones! Eso es lo que pide la gente de esfuerzo, que represento, de Lota, Arauco , Curanilahue, Los Álamos , Lebu , Cañete , Tirúa y Contulmo .
Ante las dificultades que han debido enfrentar, los trabajadores iniciaron las acciones legales de rigor. Sin embargo, dado que en la solución de este problema tienen mucho que decir las autoridades públicas involucradas, han recurrido en reiteradas oportunidades a cada una ellas, es decir, al intendente regional, al gobernador provincial de Arauco , a la Dirección de Vialidad, a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, entre otras, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta.
Atendido lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que informe, en primer lugar, si dicho ministerio ha tomado los resguardos legales para cubrirse de los incumplimientos que puedan provenir de la empresa en cuestión. Me refiero a garantías que sirvan para pagar a los trabajadores. En segundo lugar, cuál es el criterio que ha servido de base para celebrar contrato con una empresa que, claramente, no cumple las condiciones básicas para dar garantías al Estado de satisfacer fielmente los compromisos adquiridos, habida consideración que desde el inicio de las labores fue irresponsable con los trabajadores y carecía de los elementos fundamentales para desempeñar la función a la que se obligó. En tercer lugar, cuál es la postura de dicha repartición respecto de la situación en que han quedado los trabajadores, y cuáles son las alternativas de solución que se ofrecen al efecto. En cuarto lugar, cuál es el estado en que queda la función encomendada a esta empresa, después de haberse liquidado el contrato correspondiente.
Asimismo, que se oficie al intendente de la Octava Región para que informe si el organismo a su cargo -o algunos de los que se encuentran bajo su competencia- ha considerado tomar cartas en el asunto, a fin de ir en ayuda de los 47 trabajadores afectados.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Andrés Egaña , Pedro Araya , Gabriel Ascencio y Eduardo Saffirio .
ANTECEDENTES SOBRE CONCESIÓN DE RUTA DEL ITATA. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , el MOP no termina de sorprendernos. Hemos sido informados, a través de una publicación aparecida en el diario “El Sur”, del sábado recién pasado, y no desmentida, de que el MOP deberá pagar 24 millones de dólares a Bancomex, actual propietario de la concesión de la ruta del Itata, como compensación por el atraso en la entrega de las expropiaciones y también por peticiones de obras adicionales que estaban en manos de la famosa empresa mexicana Tribasa, que fue traída a Chile con gran bombo por personeros del Gobierno de la Concertación, pero que quebró estrepitosamente, razón por la cual debió asumir sus actividades el Banco de Comercio Exterior de México, Bancomex.
Digo que el MOP no termina de sorprendernos, porque acaba de publicar el “Libro blanco”, sobre las irregularidades detectadas en esa cartera. Creo que el libro se llama así porque tiene muchas páginas en blanco, en las que no se ha logrado aclarar tantas irregularidades cometidas en ese ministerio.
Estamos frente a otro escándalo a los que nos tiene acostumbrados la Concertación, porque todo lo que ha rodeado la construcción de la ruta del Itata ha sido un misterio difícil de resolver.
Quiero recordar las reiteradas intervenciones del diputado Víctor Pérez para solicitar antecedentes sobre el tema, pero éstos nunca se entregaron en forma clara y oportuna.
¿A qué nos enfrentamos hoy? Se nos ha informado que una comisión conciliadora, presidida por el señor Alejandro Jadresic e integrada por el señor Armando Espinoza , en representación del Ministerio de Obras Públicas, y por el señor Sergio Merino , en representación del concesionario, determinó que el MOP debe pagar 24 millones de dólares por la demanda original que Tribasa interpuso en contra del MOP, la cual ascendía a la suma de 142 millones de dólares. ¡Qué gran acuerdo para Chile, pagar sólo 24 millones de dólares, cantidad acordada por una comisión integrada sólo por tres personas, ya que la justicia no tuvo ninguna intervención!
Según informaciones aparecidas en la prensa local, el costo de la obra completa de la ruta asciende a 210 millones de dólares. Esa información no mereció ningún comentario ni desmentido de parte de las autoridades del MOP de nuestra región y menos de la oficina de Coordinación General de Concesiones, repartición del MOP que ha estado en el tapete de las noticias por el escándalo de sobresueldos. Y para que la opinión pública se forme una opinión sobre la forma absolutamente irregular en que se manejan los recursos de todos los chilenos, nuestra región no cuenta actualmente con una oficina de coordinación de concesiones.
La construcción de la ruta del Itata ha sido un verdadero laberinto, donde han salido a la luz pública irregularidades y escándalos, a pesar del interés de las autoridades del Gobierno de la Concertación de echar tierra al tema.
Sería interesante conocer las respuestas del Ministerio de Obras Públicas a las siguientes preguntas para aclarar este oscuro affaire relacionadas con Tribasa:
¿En qué fecha se firmó el contrato por la concesión de la construcción de la ruta del Itata? ¿Cuál fue el costo total de la obra? ¿En qué fecha Tribasa entregó el trazado del camino al MOP para proceder a las expropiaciones? ¿Qué monto pagó Tribasa por las expropiaciones y cuánto el fisco? ¿Estaban las expropiaciones ajustadas a los compromisos firmados en el contrato respectivo?; ¿Cuál fue la fecha definitiva de recepción de la obra y desde qué fecha se empezó a cobrar peaje en la ruta del Itata?
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que se entreguen las respuestas claras y oportunas a las preguntas planteadas, las cuales podrán aclarar en parte el oscuro y lamentable paso por el país de la empresa mexicana Tribasa.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados Iván Norambuena , Eduardo Saffirio y Pedro Araya .
RECONOCIMIENTO A CARABINEROS DE CHILE POR ACCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA EN ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Pedro Araya, a quien el PPD le ha cedido dos minutos.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , muchas veces he alzado la voz en la Sala para denunciar los problemas relacionados con el tema de seguridad ciudadana en Antofagasta. He sido crítico respecto del actuar de Carabineros, de Investigaciones, de nuestros jueces y del Ministerio del Interior en la materia. Pero también hay que ser justo y reconocer las buenas acciones.
Por lo tanto, pido que se oficie al general director de Carabineros de Chile , a fin de que haga llegar una felicitación al jefe de la segunda zona de Carabineros , general Luis Muñoz Vásquez , y, por su intermedio, al sargento segundo Carlos Bastías Troncoso , al cabo segundo Néstor Guillén Chandía y al carabinero Mario Domínguez Valenzuela .
El viernes 6 de junio recién pasado, Antofagasta vivió uno de los hechos más dramáticos en materia delictual que me haya tocado conocer en el último tiempo. Un grupo de antisociales premunidos de armas de fuego y explosivos asaltó una sucursal del BancoEstado, ubicada en la población Lautaro , comuna de Antofagasta. La acción valiente y decidida del personal de Carabineros, especialmente del sargento segundo Carlos Bastías Troncoso , quien se encontraba de franco, permitió detener a los antisociales, recuperar el dinero y salvar a los rehenes. Esta acción debe ser destacada. En ella resultaron heridos los tres funcionarios policiales, a los cuales he solicitado que se les envíe un oficio de felicitación. Carabineros actuó rápida y coordinadamente y evitó que este asalto, que si bien se afectaba pecuniariamente al banco, podría haber tenido consecuencias mayores, porque hubo rehenes y personal civil que en ese momento ingresó a esa sucursal.
Así como muchas veces hemos criticado la labor que realiza Carabineros, hoy debemos hacerle llegar nuestras felicitaciones por haber cumplido con el rol institucional que le entrega la Constitución Política y por haber puesto al servicio de la comunidad antofagastina sus mejores intenciones y capacidad profesional, lo cual es digno de destacar en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, solicito que, en mi nombre y en el de esta Corporación, se haga llegar una nota de felicitación al general director de Carabineros , al jefe de la segunda zona policial y al personal que intervino en el operativo, en especial a quienes pusieron en peligro su vida para detener a los antisociales. Me refiero al sargento segundo Carlos Bastías Troncoso , al cabo segundo Néstor Guillen Chandía y al carabinero Mario Domínguez Valenzuela .
Asimismo, que se adjunte copia de esta intervención al jefe de la segunda zona de Antofagasta , general Luis Muñoz Vásquez .
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Eduardo Saffirio , Gabriel Ascencio , Felipe Letelier y Sergio Ojeda .
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , una vez más quiero referirme a uno de los principales problemas relativos a la salud que enfrenta la provincia de Chiloé.
En su oportunidad, el Presidente de la República prometió que, para resolver los problemas de salud en la provincia de Chiloé, se iban a tomar dos importantes medidas: primero, autonomía en materia de autoridad sanitaria de la provincia, o sea, terminar nuestra relación con el Servicio de Salud de Llanquihue, Chiloé y Palena , Llanchipal, y tener nuestro propio servicio de salud. Segundo, contar con la infraestructura adecuada que permita tener hospitales con complejidad suficiente y capacidad resolutiva para atender los problemas que afectan a los pacientes de Chiloé. Sin embargo, seguimos con los mismos problemas y nos cuesta avanzar en la materia.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Salud , con copia al director del Servicio de Salud de Llanchipal , doctor Yuri Carvajal , a fin de que, de una vez por todas, el Ministerio de Salud cree la dirección provincial de salud de Chiloé y se dote de recursos técnicos, económicos y humanos, con el objeto de atender los requerimientos que una dirección de esta naturaleza debe prestar.
Además, pido que se ponga término al traslado de los pacientes que requieren ser atendidos por médicos especialistas, quienes deben viajar todos los miércoles desde distintos lugares de Chiloé hacia el hospital base de Puerto Montt -son viajes de más de tres horas, salen en la madrugada y regresan doce horas después-. La idea es que el sistema funcione al revés, es decir, que no sean los pacientes quienes deban viajar a Puerto Montt, sino que, por lo menos una vez por semana, los especialistas vayan a atender a nuestros pacientes. Para ello, se deben realizar las correspondientes instalaciones, con el equipamiento necesario. Repito, que sean los médicos especialistas quienes viajen, no los enfermos.
Por último, que se dé urgencia a los proyectos de normalización de los hospitales de Castro y Ancud, con el objeto de que sea una solución definitiva, y que su infraestructura y equipamiento permita a los médicos especialistas realizar una atención permanente y efectiva a los pacientes chilotes, sin tener que trasladarse de un lugar a otro ni tener largas horas de espera.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Felipe Letelier , Pedro Araya y Sergio Ojeda .
DIFICULTADES EN RECUPERACIÓN DEL IVA POR PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , me referiré a un tema de política pública de la más alta importancia, del cual he tenido conocimiento gracias al contador auditor señor Víctor Hugo Vidal Soto , quien la semana pasada se acercó a mi oficina parlamentaria en Temuco para entregarme su memoria de prueba para optar al grado de contador público y auditor por la Universidad Mayor de Temuco, texto en el que se encuentran todos los antecedentes del tema público al cual me voy a referir a continuación. Por supuesto, aprovecho esta oportunidad no sólo para reconocer la autoría intelectual y académica de este memorista en torno de este tema, sino también para agradecer su preocupación y para que esta memoria de prueba no se guarde sólo en las bibliotecas, sino que también pueda tener impacto en la vida concreta de miles de pequeños productores agrícolas, según se desprenderá de la intervención que realizaré a continuación.
Esta memoria de prueba demuestra que hay graves problemas en la recuperación del IVA por pequeños productores agrícolas. La ley Nº 19.034 fue concebido para facilitar a estos pequeños productores agrícolas -que, obviamente, son personas naturales- la recuperación del crédito fiscal del IVA por las adquisiciones que efectúen o por los servicios que contraten, siempre y cuando realicen la venta de sus productos a empresas adquirentes autorizadas e inscritas en el registro de retenedores del IVA.
Sin embargo, a pesar de que esta ley lleva varios años de vigencia, las conclusiones de este estudio, que se basa en análisis empíricos entre 1998 y 2002, demuestran con total claridad que hay un enorme desconocimiento, por parte de miles de campesinos, acerca de los beneficios tributarios que establece la ley en su favor.
Solamente en el distrito 50, que represento, existen aproximadamente 12 mil familias que potencialmente podrían ser beneficiarias de la ley Nº 19.034, agrupadas, de acuerdo al catastro de organizaciones campesinas, en 150 comités de pequeños agricultores y 300 comunidades indígenas en Temuco y en Padre Las Casas.
Este desconocimiento se debe a una completa carencia de información y de asesoría por parte de las distintas instituciones públicas y municipales -que, se supone, debieran trabajar con estos pequeños productores agrícolas- respecto de esta ley y de los beneficios tributarios. Salvo algunas instituciones, como Prodesal, y algunas municipalidades que en determinados momentos han entregado la información o han asesorado en esta materia, los pequeños campesinos no han tenido acceso a ella, no conocen estos beneficios tributarios y, por lo tanto, no están recuperando el IVA.
Esta memoria de prueba del señor Víctor Hugo Vidal Soto demuestra, por ejemplo, que en promedio, entre 1998 y 2002, en La Araucanía solamente 477 pequeños productores agrícolas han conseguido la devolución del IVA por cada año. Esa cifra corresponde al 1,7 por ciento de las 57 mil explotaciones agrícolas de pequeños productores que podrían haber sido potencialmente beneficiarios. Muchos de ellos forman parte de la economía campesina de subsistencia, con menos de dos hectáreas y avalúos fiscales de sus predios que no llegan a los 3 millones de pesos, hablando en cifras actuales.
La gente no se está acogiendo a esta ley porque no la conoce y porque no tiene asesoría. Los montos de recuperación por año ascienden a menos de 33 millones de pesos. Creo que este tema le puede interesar a muchos colegas que representan zonas agrícolas.
En esta misma memoria de prueba se hacen propuestas concretas para enfrentar esta situación. Por ejemplo, se sugiere que el Servicio de Impuestos Internos podría imprimir un instructivo sobre recuperación del IVA para pequeños productores agrícolas, capacitar a estos pequeños agricultores y promover actividades de encuentro, en que estos potenciales beneficios de la ley 19.034 sean conocidos por ellos. Además, es necesario desarrollar programas de difusión y de capacitación. Hoy mismo, a lo largo del país, existen instituciones agrarias y algunas municipalidades que tienen programas en radiodifusoras. Esto hay que difundirlo, porque puede tener gran impacto en beneficio de los pequeños productores.
Se podría imprimir material de este tipo, como lo hizo, por ejemplo, la Universidad Mayor de Temuco, basada, precisamente, en esta memoria de prueba, para facilitar a los campesinos el conocimiento de los beneficios, y adoptar otras medidas de tipo normativo que se encuentran en dicha memoria y que señalo a continuación: aumentar el monto máximo de las especies a transportar por guía de traslado -son productos que se mueven del predio a los lugares de venta por parte de estos pequeños productores agrícolas-; promover que todos los agricultores que obtengan préstamos o bonificaciones del Indap o del SAG opten por acogerse a la ley Nº 19.034; permitir que todas las empresas que declaren su renta sobre la base de contabilidad completa puedan tener la calidad de agentes retenedores del IVA a pequeños productores agrícolas, y ampliar a otras instancias públicas o privadas la recopilación de antecedentes y presentación de las solicitudes de recuperación del IVA.
En síntesis, existe un ancho campo de trabajo público, a través de los organismos estatales o de las municipalidades, para lograr que la ley Nº 19.034 tenga impacto real en decenas de miles de pequeños campesinos del país.
Antes de pedir que se envíe copia de mi intervención a determinadas autoridades, deseo señalar que éste es un aspecto más que demuestra la validez de lo que algunos diputados venimos sosteniendo desde el año pasado. Hemos presentado proyectos de acuerdo, e incluso una moción, para que la Cámara de Diputados no solamente legisle, sino que también evalúe qué está ocurriendo en términos prácticos con la implementación de las leyes que el Poder Legislativo aprueba. La situación que acabo de señalar es un ejemplo de ello.
Por lo tanto, solicito que se envíe copia de esta intervención al ministro de Hacienda , al director nacional de Impuestos Internos , al director nacional del Indap , don Ricardo Halabí -me encontré con él hace media hora y le hice presente este problema y la intervención que realizaría en Incidentes-; al intendente de la Novena Región , don Ricardo Celis , y a los concejos de Temuco y de Padre Las Casas , las dos comunas del distrito Nº 50 que represento. Sin perjuicio de ello, creo que este problema también debería ponerse en conocimiento de la Asociación Chilena de Municipalidades.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Pedro Araya , Gabriel Ascencio , Felipe Letelier , Enrique Jaramillo y Sergio Ojeda .
ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL DESABASTECIMIENTO DE LECHE. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , en los últimos días ha surgido una fuerte polémica en relación con el presunto desabastecimiento de leche en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, hecho que habría derivado en la suspensión de la entrega del producto a los consultorios municipalizados, en los cuales se ejecuta el programa de alimentación complementaria para niños y adultos mayores.
Esta circunstancia ha llevado a algunas personas a decir que en Chile hay desabastecimiento de leche y que esa situación es responsabilidad del Gobierno. Más aun, el problema se mezcla con la situación del sector lechero, que, como sabemos, hace mucho tiempo atraviesa por graves problemas como consecuencia de la baja del precio del producto y de serias violaciones a la ley que protege la libre competencia.
Como parlamentario representante de una zona lechera, que ha trabajado una vida entera vinculado al sector y que por años ha sido dirigente de los productores lecheros, y sobre la base de mi experiencia y de la legitimidad que genera esa circunstancia, quiero desmentir de la manera más clara y categórica una serie de afirmaciones irresponsables formuladas en este hemiciclo por algunos parlamentarios, los cuales responden a un afán egoísta de obtener dividendos políticos con una situación que, si bien es delicada y grave, no es responsabilidad del Gobierno ni menos de los productores lecheros.
En Chile no hay desabastecimiento; lo que existe es una acción, al parecer concertada, de algunas empresas transnacionales que se han instalado en el país y que actúan como poderes compradores de leche fresca y como plantas procesadoras, a fin de generar una merma en la disponibilidad del producto, lo que les permite alzar los precios como distribuidoras. Se trata de una manipulación evidente que pretende perjudicar al patrimonio fiscal y, de paso, a los sectores más modestos, beneficiarios de los programas de alimentación complementaria del Ministerio de Salud.
Las críticas destempladas que hemos escuchado en los últimos días no ayudan a los productores ni a los beneficiarios de los programas; al contrario, lo único que hacen es dificultar la búsqueda de soluciones y enrarecer el ambiente, con lo cual los que ganan son los dueños de las empresas transnacionales -de ellos nada se dice, ni de la forma en que manipulan los precios, situación que ha hecho quebrar a muchos pequeños productores del sur-. ¿Por qué en lugar de cargar las responsabilidades al Gobierno no se pone énfasis en la labor de la Fiscalía Nacional Económica, que está investigando a esas empresas?
También hay actores que han terciado en este conflicto y que con su actitud han contribuido a que se agudice. Se trata de algunos facultativos médicos que, abusando de su profesión, descalifican permanentemente los programas de alimentación del Gobierno. Durante cientos de años nuestros niños se han alimentado con leche de vaca, con leche de animales chilenos del sur; sin embargo, de pronto comienza a cuestionarse esa producción.
Los momentos que vive el sector lechero exigen seriedad, y para ello hay que cumplir dos requisitos: primero, conocer los temas del agro y del sector, y segundo, comprometerse con la solución de los problemas y no tratar de obtener ventajas, politizando una discusión que es, ante todo, técnica y económica. Rechazo la actitud de quienes han actuado así, creando alarma pública de manera injustificada e irresponsable.
Para terminar, pido que se oficie, con copia de mi intervención, a los ministros de Agricultura y de Salud , a fin de que me remitan todos los antecedentes sobre el estado de este conflicto, y al Fiscal Nacional Económico, para que me informe sobre el avance de las investigaciones que está llevando a cabo el organismo que dirige sobre posibles infracciones al decreto ley Nº 211, ley antimonopolios.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados Sergio Ojeda y Felipe Letelier .
INFORMACIÓN SOBRE PÉRDIDA DE PARTIDAS DE LECHE. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señor Presidente , el ministro de Salud ha generado gran confusión con sus dichos. Los agricultores y productores de leche no tienen ninguna culpa en lo ocurrido; además, producen leche de muy buena calidad y a buen precio.
Con esto de la globalización y el dlibre mercado -concuerdo con el diputado Enrique Jaramillo - hay dos empresas, Nestlé y Soprole, que han formado un verdadero cartel para echar a pique a las empresas de pequeños y medianos productores de leche. Ellas concuerdan un precio, como ocurre en la clásica competencia desleal.
Entonces, ¿qué nos preocupa? Que un ministro de Estado entregue una información tan ligera que, al poco rato, otro ministro deba corregirlo. Tengo la impresión de que el talón de Aquiles de la problemática chilena es la salud. Es cierto que hoy no hay dos mujeres embarazadas en una cama, como ocurría en el pasado, que se le han inyectado más recursos y que tiende a mejorar; pero sigue estando enferma. ¿Cómo no lo va a estar, si se dan opiniones tan improvisadas como decir que hay escasez de leche?
En dos ocasiones se han echado a perder partidas de leche calcificada y reforzada. Me gustaría saber si ese producto tenía garantía, porque me da la impresión de que las partidas posteriores han tenido que tapar el hoyo creado por aquellas que se perdieron, situación que desencadenó problemas.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud , con el objeto de saber si dichas partidas tenían garantía y estaban respaldadas; si el fisco ha perdido dinero y quiénes son los responsables. Es muy fácil echarle la culpa a las vacas y a los esforzados agricultores.
Siento que la salud no va a mejorar si seguimos improvisando y entregando estas opiniones tan a la ligera.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados Sergio Ojeda y Enrique Jaramillo .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.56 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que permite la emisión de deuda pública mediante medios inmateriales y autoriza al Fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros. (boletín Nº 3258-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de Ley que tiene por finalidad, por una parte, posibilitar que la emisión de deuda pública pueda efectuarse por medios distintos al de aquellos instrumentos documentales que la representen o evidencien; y, por otra, autorizar al Fisco y otros servicios e instituciones del sector público gestionen sus ingresos o gastos a través de la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros.
Para tal efecto, el proyecto modifica el Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y el artículo 13 de la Ley N 10.336, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
I. ANTECEDENTES: EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS MODERNAS Y SUS CONSECUENCIAS.
1. Mayor flexibilidad en emisiones de deuda.
Es un hecho que las modernas y más sofisticadas formas de administración financiera han incorporado medios flexibles para acelerar el flujo de caja en los distintos negocios, utilizándose cada vez con mayor frecuencia medios alternativos a los "títulos de papel".
Asimismo, es un hecho que estos medios alternativos de emisión, cuyo uso a nivel internacional se ha masificado, han tenido también cabida en el contexto nacional no solo por instituciones privadas sino también por aquéllas de derecho público. A modo meramente ejemplar, cabe tener presente que todas las emisiones de deuda recientemente realizadas por el Banco Central de Chile, han sido verificadas de manera desmaterializada; esto es, sin la necesidad de imprimir y autorizar láminas físicas que evidencien los títulos de deuda emitidos.
Los beneficios de una emisión que no requiere de la expedición de títulos físicos para respaldar cada colocación individual, sino una que ampare toda la emisión a través de un título global, son evidentes: se termina con el manejo, verificación y control de los títulos físicos emitidos; se minimizan los riesgos de manipulación física de los valores durante su proceso de expedición; se reducen los eventuales fraudes o falsificaciones sobre los mismos; se recibe la información de las transacciones de estos valores en línea, etc.
2. Necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos financieros.
La cambiante evolución de las variables económicas genera necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos financieros.
Las constantes fluctuaciones de los tipos de cambio, las tasas de interés, el precio de los productos primarios y otras variables económicas, obliga a que los agentes económicos busquen protección ante tales contingencias que escapan de su esfera de control. Esta cobertura, por consiguiente, no trata de evitar el riesgo en sí mismo, cuestión que es de suyo imposible, sino que intenta gestionarlo o administrarlo.
La probabilidad de ocurrencia de una contingencia que puede causar dificultades financieras a los agentes económicos anteriormente señalados, como asimismo la posibilidad de evitarlos a un costo razonable, son circunstancias que de alguna manera imponen a todo agente económico prudente, el deber de tomar los resguardos necesarios.
Es en este contexto donde surge la mayor de las innovaciones financieras de la década de los ochenta, es decir, el uso de productos financieros que permiten al agente económico medianamente precavido dejar sus operaciones incólumes ante de las fluctuaciones de su entorno.
Por su parte, a medida que se han ido creando productos cuya finalidad es la cobertura de los riesgos a que se ha hecho referencia, han aparecido aplicaciones para cubrir otras necesidades, tales como los aplazamientos de flujos monetarios (swaps).
3. Instrumentos financieros básicos utilizados para gestionar el riesgo financiero.
Los cuatro instrumentos financieros básicos que se utilizan para gestionar el riesgo financiero de cualquier agente económico, son los siguientes:
-Contratos a plazo (forward contract)
-Futuros (futures)
-Permutas financieras o contratos de canje (swaps)
-Opciones (options)
a. Contratos a plazo (forward contracts).
El forward es un contrato que representa la obligación de comprar o vender un determinado activo en una fecha futura determinada, a un precio preestablecido al inicio del período de vigencia del contrato.
b. Futuros (futures).
Los contratos de futuros financieros son muy similares a los forward, pero con algunas características adicionales.
c. La permuta financiera o contratos de canje (swap).
El swap es un contrato en que las partes se obligan a intercambiar flujos financieros en fechas posteriores.
Este instrumento permite trasladar flujos monetarios entre distintos períodos. Así, por ejemplo, un agente económico cuyos ingresos son variables, preferirá que su carga financiera esté correlacionada a la variabilidad de tales ingresos. Si sus ingresos bajan, preferirá pagar menos intereses; si sus ingresos suben, estará dispuesto a pagar más, dado su mayor cantidad de recursos. El uso de swap de tasa de interés puede satisfacer esta necesidad.
Por lo general, el swap se diseña de tal manera que el valor actual neto (VAN) de los pagos esperados o proyectados (forward) por una de las partes coincida con el valor actual neto (VAN) de los pagos de la otra. Así, al inicio de la operación no existe transferencia de valor. Por estar en función de tasas forward, el swap es muy similar a un forward de larga duración.
d. Las opciones.
Este instrumento financiero se diferencia de los tres anteriores en que su titular adquiere el derecho, no la obligación, de comprar o vender un activo, dentro de un plazo predefinido, en un precio fijado de antemano al momento de suscribir el contrato. Para tener dicho derecho, el titular ha tenido que pagar un precio (prima), que le permite ponerlo en ejercicio cuando la situación le sea favorable.
Finalmente, a través de una serie de combinaciones de estos cuatro instrumentos, se pueden crear nuevos productos financieros más sofisticados que se adapten a los requerimientos de cualquier agente económico.
4. Cobertura y especulación con instrumentos de cobertura de riesgo.
Existen dos tipos de agentes económicos que utilizan instrumentos de cobertura de riesgo: el “coberturista” y el “especulador”.
El primero tiene un activo subyacente y utiliza un instrumento de cobertura con el objeto de resguardarse ante la volatilidad de un factor de riesgo, sin incurrir en pérdida ni ganancia económica alguna. El segundo, en cambio, carece de un activo subyacente, razón por la cual al comprar o vender un instrumento de cobertura de riesgo, podría obtener, en la fecha de expiración del contrato, una ganancia o pérdida económica.
A efectos de ilustración, consideremos el siguiente ejemplo.
Un agente “coberturista” tiene en la actualidad ingresos en una divisa determinada. Por otra parte, debe realizar pagos en moneda local en una fecha futura. Al disponer de divisas tiene un activo subyacente. Frente a esta situación existen tres comportamientos “racionalmente” esperables:
Primero, vender de inmediato las divisas recibidas convirtiéndolas a moneda local. Segundo, mantener la posición de divisas y venderlas en la fecha futura. Tercero, retener las divisas y liquidarlas en la fecha futura y, conjuntamente, vender hoy un forward de tipo de cambio a una contraparte (v.gr. un banco). En este contrato, el agente se compromete a vender las divisas a un precio determinado (el tipo de cambio a plazo) para que se entreguen en la fecha futura (fecha de expiración).
Cada una de estas alternativas tiene una posición de riesgo diferente.
La primera alternativa es una posición riesgosa, por cuanto el agente puede esperar y vender las divisas en la fecha futura a un mejor tipo de cambio que el de hoy.
La segunda alternativa es también una posición de riesgo, toda vez que el agente podría haber vendido a un tipo de cambio a plazo (forward).
En los dos casos señalado anteriormente existe una contingencia de ganancia o pérdida constitutiva de riesgo financiero.
La tercera alternativa, por el contrario, es una posición totalmente cubierta. No hay pérdida o ganancia financiera, ya que las pérdidas financieras que pueden resultar de la retención de las divisas estarán “compensadas” por las ganancias que resultarán de la venta del forward, y viceversa.
En el caso del agente “especulador”, por el contrario, al no tener el activo subyacente, las pérdidas financieras que puedan resultar de la venta del forward no podrán ser compensadas.
II. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO NO SE HA ADECUADO A LAS FINANZAS MODERNAS.
1. Requisitos de la deuda pública.
El Estatuto Orgánico de la Administración Financiera del Estado contempla ciertos requisitos fundamentales para la contratación de la deuda pública:
a. Autorización legal previa.
El artículo 43 del mencionado cuerpo legal exige, para constituir la deuda pública, la necesaria autorización legal previa.
b. Suscripción y refrendación de los títulos representativos.
Por otra parte, el artículo 45 del texto legal citado, estipula que en las obligaciones que contraiga el Fisco mediante la emisión de crédito (v.gr. una emisión de bonos), el Tesorero General de la República debe suscribir tales títulos de créditos.
Del mismo modo, el artículo 46 del Decreto Ley en referencia, establece que el Contralor General de la República debe refrendar todos los documentos de deuda pública que se emitan, sin cuyo trámite ninguno de estos documentos será válido.
Igual disposición se establece en el artículo 13 de la Ley Nº 10.336, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
c. Soporte físico de la deuda pública.
De los artículos 45 y 46 del D.L. Nº 1.263, y del artículo 13 de la Ley Nº 10.336, es posible colegir que dichos preceptos sólo consideran el soporte documental para la emisión de los títulos que representen la deuda pública, toda vez que se exige siempre la autorización y refrendación por el Tesorero General de la República y por el Contralor de la República, respectivamente, actos que necesariamente suponen la existencia de un soporte físico o en papel-cartón.
2. Instrumentos de cobertura de riesgos financieros en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.
Estos instrumentos financieros no están contemplados de manera expresa en el D.L. Nº 1.263. En efecto, los instrumentos de cobertura de riesgos financieros no pueden subsumirse dentro de ninguno de los conceptos que contempla dicho decreto.
De ningún modo, estos instrumentos pueden considerarse como deuda pública integrante del crédito público según lo define el artículo 39 del cuerpo legal citado, ya que su propósito no es obtener recursos.
Es importante destacar que al tiempo de la dictación del Decreto Ley Nº 1.263, las finanzas públicas desconocían los mecanismos de cobertura de riesgos financieros, por cuanto a esa fecha los instrumentos financieros en comento ni siquiera existían. Esto explica el sensible vacío del mencionado Decreto Ley sobre la materia.
Atendidas todas las consideraciones antes expuestas, se justifican las modificaciones objeto del presente proyecto de Ley.
III. INCORPORACION AL RÉGIMEN FINANCIERO DEL ESTADO DE EMISIÓN DESMATERIALIZADA DE DEUDA PÚBLICA Y COBERTURA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS.
1. Necesidad de emitir títulos deuda pública en forma “desmaterializada” e innovaciones al régimen de deuda pública.
Resulta evidente que el sector público, sin alterar los requisitos esenciales de toda deuda pública, pueda también efectuar sus emisiones de valores representativos de deuda pública a través de medios inmateriales.
Ello, como se ha señalado, en la actualidad está vedado por el tenor expreso de los artículos 45 y 46 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, y el artículo 13 de la Ley Nº 10.336.
El proyecto de Ley que someto a vuestra consideración en esta oportunidad, precisamente, pretende resolver esta necesidad, permitiendo la emisión de títulos de deuda pública en forma desmaterializada, esto es, distintos de aquellos instrumentos documentales que los representen o evidencien.
Los nuevos mecanismos propuestos, no obstante, han sido diseñados teniendo en vista el debido cuidado y cumplimiento de los resguardos y demás formalidades que actualmente exige nuestro ordenamiento jurídico interno, en particular, nuestro régimen de administración financiera del Estado.
De esta manera, la propuesta legislativa que someto a vuestra consideración, mantiene los requisitos esenciales de toda deuda pública exigidos por el D.L. Nº 1.263, de 1975 y el artículo 13 de la Ley Nº 10.336, esto es, la legalidad de la misma y la autorización previa del Ministerio de Hacienda. Pero se adecua la actual exigencia de suscripción y refrendación de los títulos que la representan a la nueva modalidad, estableciendo exigencias adicionales para asegurar la validez de la operación.
2. Necesidad de gestionar los riesgos financieros del Fisco y de otros servicios e instituciones del sector público.
El Fisco y los otros servicios e instituciones del sector público no difieren de las empresas en general, en el sentido de que manejan ingresos y gastos, pudiendo éstos verse afectados por las contingencias que escapan a su esfera de control. Al contratar instrumentos de cobertura de riesgos y tener el activo subyacente, estas entidades actuarían como agentes “coberturistas” y, en consecuencia, operando con la diligencia propia de un agente razonable.
Como la contratación de instrumentos para gestionar el riesgo financiero no está contemplada en D.L. Nº 1.263., el proyecto de Ley que someto a vuestra consideración en esta oportunidad, precisamente, pretende resolver esta necesidad, permitiendo la contratación de instrumentos de cobertura con el objeto de gestionar los riesgos financieros de los ingresos o gastos del Fisco y otros servicios e instituciones del sector público.
Estas nuevas facultades no pueden descuidar el cumplimiento de los debidos resguardos, los cuales se materializan a través de una autorización previa del Ministerio de Hacienda y de la fijación a través de una decreto de los procedimientos de control, seguridad, contabilidad y fiscalización que se deberán cumplir al realizar estas operaciones.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.
1. Emisión de títulos representativos de deuda pública por medios inmateriales.
a. Autorización legal.
Mediante un nuevo precepto que este proyecto de Ley propone incorporar al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, se permite que la contratación de deuda pública mediante la emisión de los títulos representativos de la misma, pueda verificarse a través de medios inmateriales, distintos de aquellos documentales que los representen o evidencien, como procedimientos y anotaciones en cuenta basados en plataformas electrónicas o informáticas, previa autorización otorgada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, cumplido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ”.
b. Condiciones de la autorización.
El nuevo precepto que la iniciativa propone, establece que en el caso de emisión de títulos representativos de deuda pública por medios inmateriales, la correspondiente suscripción y refrendación por parte del Tesorero General de la República y del Contralor General de la República, deberá efectuarse en una réplica o símil de los bonos o valores emitidos. De esta forma y para todos los efectos legales, quedará autorizada y refrendada la totalidad de los bonos o valores que integran la serie correspondientemente emitida y cuyos términos y condiciones son similares a dicha réplica.
Para tal efecto, se introducen las modificaciones pertinentes al artículo 13 de la Ley Nº 10.336, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, replicándose la misma norma que esta iniciativa incorpora a la normativa del D.L. Nº 1.263, precisándose que la refrendación del Contralor General de la República de los bonos y otros valores representativos de deuda pública emitidos por el Estado, se efectúe en una réplica o símil de los bonos o valores emitidos sin impresión de láminas físicas.
Por otra parte, se encomienda al decreto supremo autorizatorio que debe dictar el Ministerio de Hacienda, señalar la forma de la emisión desmaterializada y el establecimiento de las reglas, requisitos y demás modalidades necesarias para hacer valer los derechos de la deuda pública.
La forma de desmaterialización que se propone va acompañada de la conservación de un registro de anotaciones en cuenta, el que podrá ser llevado por el mismo emisor de la deuda pública o contratada al efecto con un tercero especializado.
Dichos registros, en la práctica, serán mantenidos sobre la base de plataformas electrónicas o informáticas. Un ejemplo preclaro de esta modalidad en nuestra legislación lo constituye el “Depósito Centralizado de Valores”, que establece la Ley Nº 18.876, de 1989. Este cuerpo legal regula la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores.
2. Autorización para contratar instrumentos de cobertura de riesgos financieros.
a. Autorización al Fisco y demás entidades del sector público.
Mediante un nuevo precepto que este proyecto de Ley propone incorporar al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, se permite que el Fisco y todos y cada uno de los servicios y demás instituciones que forman parte del Sector Público, exceptuados los gobiernos regionales y municipalidades, realicen operaciones con instrumentos de cobertura de riesgos, con el objeto exclusivo de la gestión de los correspondientes gastos o ingresos, directos o indirectos, de la entidad que celebre tales operaciones financieras.
b. Condiciones de la autorización.
El nuevo precepto que la iniciativa propone, establece que el Fisco y otros servicios e instituciones del sector público podrán gestionar sus riesgos a través de instrumentos de cobertura de riesgos financieros, tales como “swaps”, futuros, opciones financieras, “forward” y otros instrumentos que autorizará expresamente el Presidente de la República por medio de decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda.
A través del decreto antes indicado, se señalarán, además, los procedimientos de control, seguridad, contabilidad y fiscalización que deberán cumplirse al realizar estas operaciones.
Las operaciones financieras que al amparo de esta disposición realicen los servicios e instituciones, sólo podrán iniciarse previo oficio del Ministerio de Hacienda, el que indicará las fuentes de recursos con cargo a los cuales deberán hacerse los eventuales pagos, como también el destino de los eventuales ingresos que estas operaciones puedan arrojar. Por su parte, las operaciones que realice directamente el Fisco, podrán ser ejecutadas por el Ministro de Hacienda o el Tesorero General de la República en representación de aquél.
Los términos y condiciones financieras que sean negociados para la contratación de las operaciones que se autorizan, deberán ajustarse a las condiciones que prevalecen en el mercado al tiempo de su contratación, y si tales condiciones no pudieren ser claramente determinadas, el oficio señalado anteriormente deberá mencionar esta circunstancia en forma expresa.
Las operaciones mencionadas en la referida disposición no constituirán deuda pública para los efectos de la aplicación de las normas del Título IV del Decreto Ley Nº 1.263 y, en consecuencia, se entenderán aprobadas para todos los efectos legales y reglamentarios por el referido cuerpo legal.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual legislatura ordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"ARTICULO 1º.- Introdúzcanse al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, las siguientes modificaciones:
1) Agrégase a continuación del artículo 47, el siguiente artículo 47 bis, nuevo:
“ARTICULO 47 bis.- En la emisión de bonos y otros valores representativos de deuda pública que emita el Estado, el Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo cumplido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ”, podrá disponer que tales bonos o valores sean emitidos sin la obligación de imprimir títulos o láminas físicas que evidencien la deuda pública correspondiente. El decreto supremo señalado precedentemente, deberá indicar para una o más emisiones determinadas o en general para todas las emisiones, las reglas, requisitos y demás modalidades necesarias para hacer valer los derechos emanados de los bonos o valores emitidos en la forma antes señalada, incluyendo el procedimiento requerido para transferirlos.
En caso que los bonos o valores se emitan en la forma señalada en el inciso anterior, la suscripción por el Tesorero General de la República y la refrendación del Contralor General de la República exigidas en los artículos 45 y 46 precedentes, deberá efectuarse en una réplica o símil de los bonos o valores emitidos, quedando de esta forma y para todos lo efectos legales, autorizada y refrendada la totalidad de los bonos o valores que integran la serie correspondientemente emitida y cuyos términos y condiciones serán idénticos a dicha réplica.
De la misma manera, tratándose de emisiones de bonos y valores efectuadas en la forma establecida en los incisos precedentes, el emisor deberá mantener un registro de anotaciones en cuenta a favor de los tenedores de los correspondientes valores representativos de la deuda pública. La mantención del mencionado registro, podrá ser contratada con un tercero en la forma que indique el decreto supremo a que se refiere el inciso primero.".
2) Agrégase el siguiente artículo 74, nuevo:
“Artículo 74°.- Autorízase al Fisco y a todos y cada uno de los servicios y demás instituciones que forman parte del Sector Público, exceptuados los gobiernos regionales y municipalidades, para otorgar cobertura a sus riesgos financieros, como variaciones de tipo de cambio, de tipo de interés, de mercancías u otros que afecten directa o indirectamente sus ingresos o gastos. Para tal efecto, se faculta a dichas entidades públicas para contratar operaciones con instrumentos de cobertura de riesgos financieros, tales como “swaps”, futuros, opciones financieras, “forward” y los demás que se autorice expresamente mediante decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda, bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ”.
Con todo, las operaciones de cobertura financiera autorizadas, deberán tener por objeto exclusivo la gestión de los correspondientes gastos o ingresos, directos o indirectos, de la entidad que celebre tales operaciones financieras. En el decreto antes indicado, se señalarán, además, los procedimientos de control, seguridad, contabilidad y fiscalización que deberán cumplirse al realizar estas operaciones.
Las operaciones financieras que al amparo de este artículo realicen los servicios e instituciones autorizados, sólo podrán iniciarse previo oficio del Ministerio de Hacienda, el que indicará las fuentes de recursos con cargo a los cuales deberán hacerse los eventuales pagos, como también, el destino de los eventuales ingresos que estas operaciones puedan arrojar. Las operaciones que realice directamente el Fisco, podrán ser ejecutadas por el Ministro de Hacienda o el Tesorero General de la República en representación de aquél.
Los términos y condiciones financieras que sean negociados para la contratación de las operaciones aquí señaladas, deberán ajustarse en todo a las que prevalezcan en el mercado al tiempo de su contratación. Si tales condiciones no pudieren ser claramente determinadas, el oficio señalado en el inciso anterior deberá mencionar esta circunstancia en forma expresa.
Las operaciones reguladas por este artículo no constituyen deuda pública para los efectos de la aplicación de las normas del Título IV de este Decreto Ley y, en consecuencia, se regirán exclusivamente por lo dispuesto en el presente artículo.”.
ARTÍCULO 2°.- Agrégase al artículo 13 de la Ley Nº 10.336, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, inmediatamente después del actual inciso final que pasa a ser segundo, el siguiente inciso, nuevo:
“En los casos que los bonos y otros valores representativos de deuda pública sean emitidos por el Estado, sin la obligación de imprimir títulos o láminas físicas que la evidencien, de acuerdo con el artículo 47 bis del Decreto Ley Nº 1.263 de 1975, la refrendación del Contralor deberá efectuarse en una réplica o símil de los bonos o valores emitidos. De esta forma y para todos lo efectos legales, quedará refrendada la totalidad de los bonos o valores que integran la serie correspondiente al símil.".".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE PERMITE LA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA MEDIANTE MEDIOS INMATERIALES Y AUTORIZA AL FISCO Y A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS.
(Mensaje Nº 10-349)
El proyecto de ley tiene los siguientes objetivos: permitir que la emisión de la deuda pública se efectúe por medios inmateriales y autorizar al fisco y otros servicios e instituciones del sector público para gestionar sus ingresos y gastos a través de la contratación de instrumentos o de cobertura de riesgos financieros.
La emisión de deuda pública por medios inmateriales rebaja los costos de emisión y minimiza los riesgos de la manipulación física de los instrumentos financieros. La contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros, permite resguardarse ante la volatilidad de factores de riesgo, tales como el tipo de cambio, las tasas de interés, el precio de los productos primarios y otras variables económicas.
Esta iniciativa no tiene costo fiscal.
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República a través del cual hace presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley que indica.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley permite la emisión de deuda pública mediante medios inmateriales y autoriza al fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros presentado por Mensaje Nº 10-349, de 5 de junio del presente. (boletín Nº 3258-05).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 4339, de fecha 5 de junio de 2003, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. (boletín Nº 2286-04).
En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.: RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMIALLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
Moción de los diputados señores Leal, Saffirio, Robles, Palma y Paredes. Modifica el Código de Justicia Militar y el Código Penal con la finalidad de excluir el juzgamiento de civiles por parte de la justicia militar. (boletín Nº 3257-10)
1º Que en nuestro país prácticamente desde el origen de la República existió consenso entre los juristas y las elites gobernantes en el sentido de que existían cierta clase de ilícitos que legitimaban el establecimiento tanto de tipos penales como de tribunales para sancionar la transgresión de valores y bienes jurídicos asociados al mundo castrense.
2º Que en nuestro país existe una clara distinción, tanto sustantiva como procedimental en relación a los delitos del denominado fuero militar, que tienen por finalidad generar dispositivos jurídicos más idóneos para sancionar a las personas que cometen delitos militares, los que son concebidos, por regla general como delitos de sujeto activo propio o determinado, esto es delitos que sólo pueden ser cometidos atendida su naturaleza por los integrantes de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad pública.
Como sostiene Zaffaroni, la esencia del Derecho Penal Militar es la guerra. La reacción del ordenamiento jurídico frente al factum de la guerra. "La ratio essendi del derecho penal militar ordinario es la necesidad de erigir y sostener un cuerpo técnico, que en tiempos de paz tiene carácter preventivo, frente a la amenaza de una situación de necesidad enorme -la guerra- y en tiempo de guerra asume carácter defensivo frente a la actualización de esa necesidad. Las características propias de ese cuerpo técnico hacen que sus integrantes asuman deberes especiales, como también que la violación de ciertos deberes impuestos a todos los habitantes revista en ellos caracteres de mayor gravedad, por el mayor peligro y mayor reprochabilidad de su conducta. De esas mismas características se deriva la necesidad de que ese cuerpo responde a una organización jerárquica sumamente disciplinada y ordenada, donde surgen deberes cuya violación es delictiva, debido al detrimento que es susceptible de sufrir la eficacia del cuerpo”.
3º Que no fue sino hasta que en Chile comenzaron a producirse graves alteraciones del orden público interno, en que comenzó a aparecer la jurisdicción y la ley penal militar especial como una herramienta para sancionar ilícitos.
Así, a principios de la década del 70, se dictó la Ley de Control de Armas y Explosivos, con la finalidad de frenar, lo que era considerado un aumento de la tenencia de armas ilícitas con fines de carácter político por grupos de extrema izquierda y extrema derecha, lo que condujo a algunos, a asumir, con cierto grado de ingenuidad, que era más conveniente, someter la persecución de estos delitos a la judicatura militar.
Fue en tiempos de plena vigencia de las instituciones jurídicas y políticas democráticas cuando se tomó esta decisión que contribuiría, años más tarde y en pleno régimen militar a constituir una poderosa herramienta de represión de los grupos y personas que se alzaban en actos de rebeldía y subversión respecto al gobierno militar de facto.
4º Que posteriormente, se modificó el propio Código de Justicia Militar, especialmente por los decretos leyes Nº 2059 del año 1979; Nº 3425 del año 1980 y por la ley Nº 18.431, que modificaron tipos penales, aumentaron las penas vigentes y aseguraron un régimen procesal, que en lo central aseguraba el empleo de la judicatura militar como una herramienta de represión política; haciendo caso omiso de normas esenciales de justicia procesal penal, referidas a la bilateralidad de la audiencia; derecho a la defensa y en general a li00mitar los principios que emanan de la noción universalmente reconocida sobre el debido proceso, en los términos que incluso ya estaba previsto por la Carta Fundamental del año 1980.
5º Que esta situación de normalidad institucional ha motivado a algunos a plantear en nuestro medio una reforma profunda tanto del derecho militar penal sustantivo como de las 0normas orgánicas y procesales de la justicia militar. Lamentablemente hasta la fecha una revisión integral de esta materia aún no se ha concretado pese a que han transcurrido largos 12 años de transición democrática. Las razones son muchas; la primera, la conformidad demostrada por algunos, por las reformas introducidas por las denominadas leyes Cumplido a principios de los años noventa; y otra razón, que sin duda es la de mayor peso, ha sido la mantención en relación al mundo militar de una autonomía en esta clase de temas institucionales que dista mucho del estado de avance de nuestro proceso de normalización democrática de las instituciones; ejemplo de lo anterior, es el hecho de que pese a ser eliminada la pena de muerte en Chile para los delitos, incluso, los más alevosos, subsiste el incumplimiento de un compromiso de los ministerios de Justicia y Defensa de avanzar en la eliminación de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, sin lo cual, Chile, no cumplirá sus compromisos internacionales en la materia.
No es de extrañar en ese plano que se plantee desde la eliminación de la judicatura militar, como ha ocurrido en algunos estados, en donde manteniéndose el derecho penal sustantivo, el conocimiento y fallo de las causas del fuero militar se radica en tribunales ordinarios de justicia, en nuestro caso esta propuesta de reforma legislativa no va tan lejos, muy por el contrario, pretende salvaguardar la existencia de esta judicatura especializada, pero restringida únicamente a los delitos de carácter militar, los cuales, deben ser cometidos por integrantes de los institutos armados, y no por civiles, como sucede hoy en día, en donde existen normas que permiten una amplia comunicabilidad del fuero militar, lo que redunda en la ampliación de la jurisdicción militar a civiles, lo cual no se condice ni con el espíritu del legislador original del Código de Justicia y sobre todo con el estándar democrático y de libertades públicas y derechos civiles que impone la noción de Estado Social y Democrático de Derecho.
Como tan bien, señala el autor antes citado “para que exista delito militar ha menester tanto de la calidad militar del autor como del carácter castrense de los bienes o intereses protegidos. Si el delito militar entraña una violación al deber militar, no nos parece dudoso que la ley penal militar sólo puede dirigir su mandato, y exigir el cumplimiento del deber militar, a quien ostente ese carácter. Afirmar que una persona sin estado militar puede cometer un delito militar, importa tanto como admitir que un civil pueda violar mandatos dirigidos a los militares, con la cual, obviamente se debe concluir que para que una conducta delictiva pertenezca al ámbito del Derecho Penal Militar es necesario que el sujeto activo de la misma sea un militar, de no ser así, la conducta conformaría un tipo delictivo ordinario. Sólo en los miembros de las Fuerzas Armadas concurren estos deberes especiales de disciplina y obediencia.
Como se consigna en el completo estudio de sobre la justicia militar, de la fundación Myrna Mack (Minugua - Pnud, 1996) que hemos podido tener a la vista, este principio doctrinal no es compartido por todas las legislaciones. “En el Derecho comparado algunos países han adoptado como principio general que el sujeto activo sea un militar, pero establecen excepciones y tipifican un número limitado de conductas que pueden ser cometidas por civiles. Las legislaciones militares de Alemania, Gran Bretaña , Francia y Bélgica, tipifican los delitos militares como delitos especiales, cuyos sujetos activos únicamente son los miembros de las Fuerzas Armadas. Así, el Párrafo 1º de la Ley Penal Militar Alemana, señala que los civiles nunca podrán ser autores de delitos militares, solamente participes.
La legislación austriaca, establece que únicamente los soldados son sujetos activos de los delitos militares. En Gran Bretaña y Bélgica, el Código Militar se aplica únicamente a las personas consideradas miembros de las Fuerzas Armadas, salvo en servicio activo, que se amplía para las personas civiles que trabajan o acompañan a las tropas en territorio extranjero.
Los casos contrarios son las legislaciones de España e Italia, que reconocen excepciones a este principio y aceptan que en determinados tipos penales pueden ser sujetos activos personas extrañas a las fuerzas armadas. Por ejemplo, el Derecho Penal Militar Italiano, contiene delitos que pueden ser cometidos por civiles, “Personas extrañas a las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, en estos casos el juez tiene una facultad especial para reducir la pena y las sanciones impuestas son las del derecho penal común. Del mismo modo, de conformidad con una sentencia del 23 de octubre de 1992, únicamente los miembros de las fuerzas armadas pueden ser juzgados por tribunales militares, los civiles deben ser juzgados por tribunales ordinarios”.
Asimismo, en Italia, la competencia ratio personae en tiempo de paz comprende únicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos militares y la Corte Constitución, en un fallo de fecha 23 de octubre de 1992, declaró inconstitucional que la jurisdicción militar conozca de procesos instruidos por delitos militares contra personas extrañas a las fuerzas armadas. Por su parte, en España, su legislación deja radicada en la Jurisdicción Militar en tiempo de paz sólo los delitos y faltas cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, tipificados en el Código Penal Militar y que afectan intereses estrictamente militares.
Caso especial es el británico, en donde la competencia de la jurisdicción militar comprende todos los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas salvo traición, asesinato, homicidio, homicidio culposo, violación, genocidio y delitos con armas biológicas, lo cual supone un posesionamiento civil especial en la persecución de la responsabilidad criminal derivada de delitos especialmente graves, con lo cual, es la sociedad la que resta protección especial al hechor militar.
En la misma línea se puede citar como lo hace el informe de la Fundación Myma Mack, que precisa cómo el Código Penal Militar de estado cantonal suizo, establece en su artículo segundo como principio general que las disposiciones de ese cuerpo legal se aplican a miembros de las Fuerzas Armadas, dejando abiertas ciertas excepciones, como por ejemplo, el juzgamiento a civiles que se encuentran empleados dentro del ejército y a aquellos que cometan los delitos de traición, violación de secretos que interesan a la defensa nacional y sabotaje, y al contrario, se prevé al mismo tiempo en una ley especial, de fecha 23 de marzo de 1979 que modificó la competencia de los tribunales militares, y estableció que no están sometidos al Derecho Penal Militar el personal militar que cometan las infracciones previstas en el Capítulo VII (delitos especialmente graves contra las personas) cuando no están en relación con el servicio de tropa.
Ahora bien, en relación al punto central que sirve de fundamento a esta moción cabe señalar que a todas luces a nivel mundial ha surgido un consenso que apunta a la reducción competencial de la jurisdicción militar, así la Sala Española Especial de Conflictos del Tribunal Supremo indicó: “La doctrina científica más moderna y el derecho comparado recortan las competencias de la jurisdicción militar, para limitarlas a la protección de los intereses de los Ejércitos en cuanto instrumentos de la defensa nacional; por ello, en sentido estricto, y con relación a los hechos, la limitación vendrá impuesta por las infracciones que cometan militares, entre militares, y con referencia a las actuaciones de la profesión militar”.
6º Que en mérito de los antecedentes doctrinarios y de derecho comparado que se han podido reunir, resulta absolutamente necesario y urgente, avanzar en el caso chileno introduciendo al menos algunas reformas esenciales Código de Justicia Militar, al Código Penal y al Código Aeronáutico, que buscan justamente impedir el juzgamiento de civiles por parte de los tribunales militares, como sucede hoy en día, en que, por ejemplo, con jóvenes de distintas regiones del país y menciono el caso de los estudiantes de la Universidad de Atacama, quienes se encuentran sometidos a la jurisdicción militar en circunstancias que los presuntos actos que se les imputan, nunca deberían haber estado radicados en esta judicatura especial, sino en tribunales de justicia ordinaria, tanto por la entidad material de los delitos, como por los valores jurídicos protegidos, que no dicen relación con intereses propiamente militares y lo que es más grave, por la absoluta desvinculación subjetiva con el mundo militar de los encausados.
7º Que en consecuencia es que proponemos las siguientes reformas, que se explican:
a) La modificación del artículo 5º del Código de Justicia Militar sustituyendo el numeral número 1 por el siguiente “1.- de las causas por delitos militares, atendiéndose por tales aquellos delitos contemplados en este Código y que fueren cometidos por militares, por militares de facto o por empleados civiles de las FF.AA. y carabineros, así como también aquellos otros delitos cometidos por estas personas y que leyes especiales sometan a conocimiento de la jurisdicción militar.
Los infractores a las leyes de reclutamiento no serán considerados militares para estos efectos.
Esta reforma, siguiendo las tesis doctrinarias universalmente aceptadas hacen que el delito militar sea visto efectivamente como una infracción al deber del oficio militar y circunscribe la jurisdicción militar a radio que le es propio, hechos cometidos por militares en infracciones de las normas que reglan la vida militar protegiendo la función, no la persona.
b) Se propone insertar en el artículo 276 del Código de Justicia Militar la expresión “El militar”, en reemplazo de la expresión “el que induzca”, ello porque este delito de sedición impropia, fue utilizado para limitar la libertad de prensa, con esto se protege la disciplina militar, bien jurídico en juego, pero se impide que la disposición sea utilizada finalmente para acallar críticas o afectar la libertad de prensa.
c) Se propone la derogación de los artículos 416, 416 bis y 417 del Código de Justicia Militar.
d) Se introduce el siguiente artículo 268 bis al Código Penal; “El que violentare o maltratare de obra o de palabra a un carabinero, en ejercicio de sus funciones de guardadores del orden y seguridad públicos será penado:
1. Con presidio mayor en su grado medio a máximo si ocasionare la muerte.
2. Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio si ocasionare algunas de las lesiones previstas en los artículos 395, 396, o 397 de este Código.
3. Con presidio menor en su grado mínimo a medio si ocasionaren lesiones menos graves.
4. Con presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a veinte sueldos vitales en cualquier otro caso.
Con esto se mantiene una protección especial al carabinero, pero pasa a ser de competencia de la justicia civil ordinaria. Se mantuvo la voz violencia o maltrato para evitar la antigüedad de la palabra lesión como acción o como resultado y se fundió el delito con el de ofensas a carabineros, eliminándose la distinción en su calidad de tal con la de protección de funciones entendiendo que si se atenta contra el carabinero por su calidad personal y no por el servicio que desempeña es acción terrorista o violencia de ley de seguridad del Estado.
e) Se sustituye el artículo 18 de la ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y explosivos por el siguiente “Los delitos tipificados en esta ley serán conocidos por la justicia ordinaria del crimen, salvo si su autor fuera militar, en cuyo caso será de conocimiento de los tribunales establecidos por el Código de justicia militar y según su procedimiento.
En todo caso las infracciones al artículo 8º de esta ley se juzgarán con arreglo a las normas y competencia establecidos por la ley de seguridad del Estado.
f) Se introduce en el artículo 201 del Código Aeronáutico un nuevo inciso final, del siguiente tenor: “Se exceptúan de esta norma las infracciones previstas en el artículo 194 bis y 195 de este Código, que serán de competencia del Tribunal Ordinario del crimen del aeropuerto o aeródromo desde donde despegare la nave o donde aterrizare el avión.
g) Finalmente, en cuanto a los efectos temporales de la ley propuesta, se contemplan algunas normas transitorias que obligan a que los procesos delitos substanciados justicia militar contra personas no militares y que por esta modificación pasa a ser de competencia de la justicia ordinaria del crimen si se encontraren en sumario serán traspasadas al juez del crimen competente y si se encontraren en plenario se deberá dictar sentencia en un plazo de 40 días por el Juzgado Militar.
Por tanto, los diputados que suscriben, vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo primero.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código de Justicia Militar:
a) Sustitúyase el número 1 del artículo 5º por el siguiente:
“1.- De las causas por delitos militares, entendiéndose por tales aquellos delitos contemplados en este Código y que fueren cometidos “que fueren cometidos por algunas de las personas que señala el artículo VI del Código de Justicia Militar o de este Código, así como también aquellos otros delitos cometidos por estas personas y que leyes especiales sometan a conocimiento de la jurisdicción militar.
b) Insértese en el artículo 276 la expresión “El militar”, en reemplazo de la expresión “el que induzca”.
c) Derógase los artículos 416, 416 bis y 417.
Artículo segundo.- Introdúzcase el siguiente artículo 268 bis al Código Penal:
“El que violentare o maltratare de obra o de palabra a un carabinero, en ejercicio de sus funciones de guardadores del orden y seguridad públicas será penado:
1. Con presidio mayor en su grado medio a máximo si ocasionare la muerte.
2. Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio si ocasionare algunas de las lesiones previstas en los artículos 395, 396 o 397 de este Código.
3. Con presidio menor en su grado mínimo a medio si ocasionaren lesiones menos graves.
4. Con presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a veinte sueldos vitales en cualquier otro caso.
Artículo tercero.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley Nº 17.798 sobre sobre Control de Armas y Explosivos por el siguiente:
Artículo 18.- “Los delitos tipificados en esta ley serán conocidos por la justicia ordinaria del crimen, salvo si su autor fuere militar, en cuyo caso será de conocimiento de los tribunales establecidos por el Código de justicia militar y según su procedimiento.
En todo caso las infracciones al artículo octavo de esta ley se juzgarán con arreglo a las normas y competencia establecidos por la ley de seguridad del Estado.
Artículo cuarto.- Introdúcese en el artículo 201 del Código Aeronáutico el siguiente inciso final.
“Se exceptúan de esta forma las infracciones previstas en el artículo 194 bis y 195 de este Código, que serán de competencia del Tribunal Ordinario del crimen del aeropuerto o aeródromo desde donde despegare la nave o donde aterrizare el avión.
Artículo transitorio.- Los delitos substanciados por la justicia militar contra personas no militares y que por esta modificación pasan a ser de competencia de la justicia ordinaria del crimen si se encontraren en sumario serán traspasadas al juez competente y si se encontraren en plenario se deberá dictar sentencia en un plazo de cuarenta días por el Juzgado Militar”.
5. Oficio de la Corte Suprema de Justicia.
“Ant.: AD-19.544
Santiago , 3 de junio de 2003.
El señor presidente de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Economía, Fomento y Desarrollo ha remitido el proyecto de ley, aprobado en segundo trámite constitucional, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con el objeto de que este Tribunal informe, especialmente, respecto del artículo primero Nº 6) en lo relativo a los artículos 7º, 8º, 13 incisos quinto y sexto, 17 C, 17 E, 17 G, 17 K, 17 L, 17 Ñ, 18 y el artículo segundo, modificados en este trámite constitucional.
En atención a lo dispuesto en el artículo 74 inciso 2º de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional se emite el informe correspondiente.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia consultada, en sesión del día 30 de mayo pasado, presidida por su titular don Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Libedinsky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Rodríguez , Cury, Pérez , Álvarez Hernández , Marín , Espejo, Medina , Kokisch , Juica , Segura y señorita Morales y señor Oyarzún , acordó aprobar este informe.
Previamente cabe hacer presente al señor presidente de las Comisiones antes aludidas que esta Excelentísima Corte, por oficio Nº 01471, de 20 de junio de 2002, informó latamente sobre la materia.
En relación con la nueva consulta es pertinente señalar:
A) El artículo 7º, del artículo 1º Nº 6 del proyecto establece el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los mismos términos del proyecto antes informado, pero en el texto actual se agrega un inciso segundo que dispone que “para todos los efectos los jueces que integren este Tribunal se considerarán como magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia”.
Este Tribunal estima que no corresponde la consideración de ser los miembros de ese Tribunal “magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia”, tanto porque por su naturaleza son miembros de un tribunal de primera instancia, como porque en el texto primitivo, artículo 13 letra c) ellos eran susceptibles de ser destituidos por notable abandono de deberes, causal de acusación en contra de los magistrados de los tribunales superiores de justicia según disposición constitucional (art. 48 Nº 2 letra c), norma hoy suprimida en el texto que US, ha enviado.
Esta Corte sugiere, además, la eliminación en el nombre del Tribunal que se crea, en los artículos correspondientes, la expresión “De Defensa”, teniendo especialmente en consideración que los tribunales que ejercen jurisdicción en cualquier materia deben observar imparcialidad e independencia respecto de todos los participantes en la causa, y dicha denominación no causa esa impresión.
B) El artículo 8º establece la forma en que se integrará el Tribunal, con cinco miembros en total, uno de los cuales, designado por el Presidente de la República , que deberá ser abogado y que presidirá el Tribunal, será nominado de una lista de cinco postulantes elegidos mediante concurso público de antecedentes por la Corte Suprema, estableciendo la norma los requisitos que deberá poseer.
Los otros cuatro, que deberán ser profesionales universitarios expertos en materias de libre competencia, y de ellos, dos abogados y dos licenciados o con post grados en ciencias económicas, serán designados, uno de cada rama, por decisión del Consejo del Banco Central previo concurso público de antecedentes, y los otros dos, uno de cada rama, por decisión del Presidente de la República a partir de dos nóminas de tres postulantes cada una confeccionadas por el Consejo del Banco Central. También la disposición establece la existencia de 4 cargos suplentes, dos abogados y dos economistas.
El sistema de nombramiento esbozado precedentemente se contradice con el inciso antepenúltimo de este artículo, que dispone que el nombramiento de los integrantes del Tribunal de la Libre Competencia se hará efectivo por (al Presidente de la República mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda .
A título de colaboración, esta Corte sugiere que además de la quina para designar al abogado que presidirá el Tribunal, las ternas para designar a los otros dos abogados sean confeccionadas por el Tribunal Supremo de la República, por su mejor conocimiento de estos profesionales y ex Ministros y ex abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia que podrían interesarse en estos cargos aportando su enorme experiencia en la carrera judicial.
C) El inciso 6º del artículo 13 establece que a los miembros del Tribunal les serán aplicables los artículos 319 a 331 del Código Orgánico de Tribunales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 322, lo que es adecuado, pues en sus funciones desarrollan actividades jurisdiccionales.
El inciso 5º del artículo 13 establece que si por causa de impedimento el Tribunal careciere de integrantes titulares y suplentes para formar quórum, se procederá a su subrogación por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago .
En el informe de 20 de Junio de 2002, ya aludido, se abunda en razonamientos de peso para desechar la presencia de un miembro de la Excma Corte Suprema en el Tribunal, sosteniendo que parece más recomendable la constitución de Tribunales especiales sobre la base de personal idóneo y técnico en las áreas correspondientes, prescindiéndose de la intervención de los jueces en actual ejercicio en general, lo que en esta oportunidad reiteramos.
D) El artículo 17 C establece las atribuciones y deberes del Tribunal, eliminando la facultad de proceder de oficio que le confiere el actual artículo 17 del D.L. 211, supresión cuya conveniencia no se observa, atendida la calidad de las personas que integrarán el Tribunal.
E) El artículo 17 E señala que el Tribunal se regirá por los principios de la inmediación y la publicidad y que su procedimiento será mixto, lo que estimamos que debe ser convenientemente aclarado con mayor precisión.
F) El artículo 17 G establece el procedimiento, señalando que el Tribunal puede llamar a conciliación, y si ésta se obtiene, el mismo Tribunal deberá pronunciarse sobre ella dándole su aprobación, siempre que no atente contra la libre competencia, disposición que no merece mayores comentarios.
G) El artículo 17 K establece el principio de que la sentencia debe ser fundada, lo que no merece ninguna objeción, haciéndose presente que ella deberá contener las consideraciones de hecho, de derecho y los principios económicos con arreglo a los cuales se pronuncia, lo que se encuentra acorde con su naturaleza de Tribunal Especial, con intervención en materias de libre competencia, que fundamentalmente son de tipo económico, los fundamentos del voto de minoría, si existiere, razón por la cual no hay objeción a su texto.
H) El artículo 17 L establece los tipos de recursos que proceden en contra de las resoluciones que dicte el Tribunal, y tratándose de la sentencia definitiva, se dispone que sólo será impugnable mediante un recurso de nulidad para ante la Corte Suprema, que procederá por aplicación errónea del derecho, y que en caso de acogerse, la misma Corte dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido.
Este Tribunal disiente de esta última parte, y es de parecer que cuando la Corte acoja un recurso de nulidad la causa sea devuelta al Tribunal de origen para que los miembros no inhabilitados del Tribunal de la Competencia dicten nueva sentencia, la que en este caso no sería susceptible de recurso alguno.
I) Los artículos 17 Ñ, 18 y artículo Segundo del proyecto, que se refieren a la indemnización de los perjuicios, a la forma en que se procederá respecto de las consultas que deba absolver e instrucciones generales que deba dictar en función de la competencia otorgada en las letras b) y c) del artículo 17 C) y la característica del Tribunal de la Competencia de ser el sucesor de la Comisión Resolutiva, respectivamente, no ameritan consideraciones negativas.
Se deja constancia que los Ministros señores Cury y Juica estuvieron por aceptar el recurso de nulidad de la manera que viene redactado, puesto que la dictación de una sentencia de reemplazo por este Tribunal se aviene a la naturaleza normal de otros recursos del mismo carácter y porque conviene dentro del principio de economía procesal y evita que otro tribunal no inhabilitado vuelva a resolver del mismo modo de la decisión que se estimó no ajustada a derecho.
Se previene que el Ministro Sr. Pérez fue de parecer que, habiéndose establecido en el artículo 17 K del proyecto que la sentencia debe ser fundada y contener las consideraciones de hecho, de derecho y principios económicos aplicados, no resulta apropiado, atendida la naturaleza especial de tribunal económico, que el recurso que se pueda intentar para ante la Corte Suprema sólo pueda fundarse en una errónea aplicación del derecho, en circunstancias que en la inmensa mayoría de las situaciones planteadas, éstas se resuelven por las situaciones de hecho y económicas existentes en cada caso, al extremo que variando ellas, el tribunal pudiera resolver lo contrario. Por esta razón, en su concepto no parece aconsejable el establecimiento de un recurso de nulidad fundado en errores de derecho, sino que uno de carácter más amplio, y que en caso de acogerse, la misma Corte Suprema dicte el fallo que corresponda.
Es todo cuanto puede informar este Tribunal en torno al proyecto en examen.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario .
AL SEÑOR PRESIDENTE
COMISIONES UNIDAS DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN
JUSTICIA Y DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.