Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Waldo Mora Longa
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- V. ORDEN DEL DÍA
- SANCIÓN AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Modificación de la ley N° 18.314. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- DEBATE
- PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES. Veto.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- SANCIÓN AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Modificación de la ley N° 18.314. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- PREOCUPACIÓN POR LA FORMA EN QUE EL GOBIERNO HA ASUMIDO CASOS DE CORRUPCIÓN. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- DEBATE
- APOYO A INGRESO DE TAIWÁN COMO OBSERVADOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcelo Forni Lobos
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Sergio Aguilo Melo
- Enrique Accorsi Opazo
- Osvaldo Palma Flores
- Alberto Robles Pantoja
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Patricio Walker Prieto
- Mario Bertolino Rendic
- Nicolas Monckeberg Diaz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR SILICOSIS QUE AFECTA A TRABAJADORES MINEROS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Pedro Araya Guerrero
- Alberto Robles Pantoja
- Rodolfo Seguel Molina
- Waldo Mora Longa
- Sergio Aguilo Melo
- Marcelo Forni Lobos
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Carlos Olivares Zepeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PREOCUPACIÓN POR LA FORMA EN QUE EL GOBIERNO HA ASUMIDO CASOS DE CORRUPCIÓN. (Continuación).
- VII. INCIDENTES
- DEROGACIÓN DE RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0531 DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. Oficio.
- AYUDA ECONÓMICA PARA PADRES DE CONSCRIPTOS QUE CUMPLEN SERVICIO MILITAR EN ZONAS APARTADAS. Oficios.
- REITERACIÓN DE PETICIÓN DE ANTECEDENTES AL INDAP. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL DE TALTAL Y RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA SU GESTIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Juan Efrain Ojeda Ojeda
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- XVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.
- DETONACIÓN DE MINAS EN LAGUNA BLANCA, REGIÓN DE MAGALLANES. Oficios.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE WALTER MAX ULYATE SISULU, VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL SUDAFRICANO. Notas de condolencias.
- RECURSOS PARA TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE INTERNADO EN COBQUECURA. Oficio.
- EFECTOS DE PRUEBA SIMCE EN LA SALUD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. Oficio.
-
TRANSPARENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- REFLEXIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA EDUCACIÓN.
- RECONOCIMIENTO A LABOR DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA CHILE BARRIO EN LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 77ª, en miércoles 14 de mayo de 2003
(Ordinaria, de 10.41 a 13.57 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel, y del señor Salas de la Fuente, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
Permiso constitucional 9
V. Orden del Día.
- Sanción al financiamiento del terrorismo. Modificación de la ley Nº 18.314. Tercer trámite constitucional 9
- Protección de los animales. Veto 12
VI. Proyectos de acuerdo.
- Preocupación por la forma en que el Gobierno ha asumido casos de corrupción. (Continuación) 35
- Apoyo a ingreso de Taiwán como observador de la Organización Mundial de la Salud 36
- Información y adopción de medidas por silicosis que afecta a trabajadores mineros 38
VII. Incidentes.
- Derogación de resolución exenta Nº 0531 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Oficio 41
- Ayuda económica para padres de conscriptos que cumplen servicio militar en zonas apartadas. Oficios 43
- Reiteración de petición de antecedentes al Indap. Oficios 44
- Información sobre sumario administrativo en el hospital de Taltal y recursos extraordinarios para su gestión. Oficios 45
- XVI Reunión de la Comisión permanente de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano 46
- Detonación de minas en Laguna Blanca, Región de Magallanes. Oficios 48
- Homenaje en memoria de Walter Max Ulyate Sisulu, Vicepresidente del Congreso Nacional Sudafricano. Notas de condolencias 48
- Recursos para terminar construcción de internado en Cobquecura. Oficio 49
- Efectos de prueba Simce en la salud de la comunidad escolar. Oficio 49
- Transparencia en la comercialización de la leche. Oficio 51
- Reflexión sobre la responsabilidad del Estado en la educación 52
Pág.
- Reconocimiento a labor de funcionarios del Programa Chile Barrio en la Región de Atacama. Oficio 53
VIII Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que introduce modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y establece otras normas sobre administración presupuestaria y de personal (boletín N° 3239-05) 55
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de "suma" para el despacho del proyecto que introduce modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y establece otras normas sobre administración presupuestaria y de personal (boletín N° 3239-05) 66
- Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
3. Regula la aplicación de normas sobre endeudamiento excesivo en financiamiento de proyectos y otras materias (boletín N° 3181-05) 66
4. Aprobación del Convenio de Seguridad Social entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Checa, suscrito en Santiago el 7 de diciembre de 2.000 (boletín N° 3120-10) 67
5. Aprobación del Convenio Básico de Cooperación técnica y científica entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Dominicana, suscrito en Santo Domingo de Guzmán, el 4 de marzo de 1998 (boletín N 3133-10) 67
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del diputado señor Mora quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 18 de mayo en curso para dirigirse a México.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistió, además, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 72ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 73ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Waldo Mora para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 18 de mayo en curso.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
SANCIÓN AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Modificación de la ley N° 18.314. Tercer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 18.314, sobre conductas terroristas, en conformidad con lo dispuesto por el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3123-07, sesión 74ª, en 8 de mayo de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Cito a reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , el informe del Senado da cuenta de dos cambios respecto de lo que aprobó, prácticamente por unanimidad, la Cámara de Diputados en este proyecto, cuyo objeto es establecer una nueva figura delictiva e incorporarla en la ley que penaliza las conductas terroristas.
La nueva figura delictiva busca adecuar la legislación interna a ciertas convenciones y tratados internacionales sobre terrorismo firmados por Chile, en particular a partir de los hechos ocurridos en septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Cuando se discutió en la Comisión, prácticamente todos sus miembros estuvimos de acuerdo en la necesidad de legislar y aceptamos dos indicaciones: una, patrocinada por el diputado Marcelo Forni y la otra, por el diputado Juan Bustos . La primera consistía en incorporar “solicite” como verbo rector del tipo penal a los que establecía originalmente el proyecto. El texto original hablaba de “recaude o provea”. El Senado, a su vez, eliminó la forma verbal “solicite” de la disposición aprobada por la Cámara. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, ambos verbos no son sinónimos; en consecuencia, la Sala debe tomar una decisión respecto de dejar o suprimir la forma verbal “solicite”.
Como en el informe no se indican las razones que motivaron el cambio de criterio -no está bien que no se hubiera dejado constancia de ese hecho-, hice personalmente las averiguaciones. El término “solicite” se habría suprimido, porque, a juicio del Senado, de alguna manera significaría intentar penalizar la tentativa de la tentativa, problema grave desde el punto de vista del derecho y, en particular, de la prueba. A juicio del Senado, emplear el verbo “solicitar” en un delito como éste es bastante complejo, ya que penaliza a aquel que recaude, directa o indirectamente, fondos para un grupo terrorista, y ello importaría establecer una penalidad más bien de tentativa de un acto preparatorio de participación. Como ya existe una norma general en el Código Penal para los delitos, el cambio tendría alguna complejidad frente al derecho y, según la Cámara alta, constituiría un problema de prueba muy grave.
El diputado Forni me manifestó su interés en mantener este término, para lo cual hizo valer buenos argumentos. En definitiva, en el mundo actual, por la sola conducta de solicitar dinero, más allá de asimilarla a la recaudación, de haberse cumplido el objetivo o de ser una conducta meramente formal, me parece atendible la argumentación de que ese hecho de por sí constituye un ilícito.
La segunda consideración -aun cuando estoy seguro de que el diputado Bustos podría dar una mejor explicación en cualquier materia sobre derecho, y en ésta específicamente-, dice relación con lo siguiente:
En la Comisión estuvimos contestes en que, cuando el delito de recaudar concurre con otro delito de la ley sobre conductas terroristas de mayor pena, sólo se aplica la sanción establecida para esta última y no las dos, en virtud del principio del derecho penal non bis in ídem. El diputado Bustos nos convenció de que esa regla general está establecida en el Código Penal y que, en consecuencia, no es necesario repetirla cada vez que se tipifique. A juicio del Ejecutivo y del Senado, es necesario repetirla, a fin de no poner en riesgo la aplicación de ciertos principios. O sea, aquí hay una discusión eminentemente jurídica, pero, en el fondo, el tema no cambia, salvo en lo relativo al verbo “solicitar”.
Por todas esas razones y atendido el hecho de que estamos frente a una interesante discusión de carácter jurídico, propongo a la Sala votar en contra de las proposiciones del Senado, a fin de que el proyecto pase a una comisión mixta, en la cual participen los diputados Bustos y Forni para los efectos de defender la tesis jurídica que la Cámara de Diputados respaldó unánimemente hace un mes.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bustos, a fin de que nos ilustre sobre las modificaciones del Senado.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente , con la eliminación del vocablo “solicitar” del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, queda un vacío legal, porque “recaudar” y “solicitar” son términos completamente diferentes. Por lo tanto, habría que rechazar la modificación. Aun más, habría que rechazar el artículo 8º, nuevo, que se agrega al artículo único del proyecto, que dice: “Artículo 8º.- El que por cualquier medio, directa o indirectamente, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2º, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado, caso en el cual sólo se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal”.
Dicho agregado crea una serie de problemas de carácter jurídico, ya que los concursos ideales de delito quedan solucionados de mala manera, lo cual también produce problemas de impunidad.
Desde el punto de vista jurídico-técnico, lo recomendable es dejar ese aspecto entregado a lo que se dice en la parte general del Código Penal, donde se contemplan los concursos ideal o real de delito, y no establecer una regla especial que siempre va a provocar determinados vacíos e impunidades.
A mi juicio, resulta más sencillo dejar el precepto en la forma en que lo dispuso la Cámara de Diputados. Además, comprende más situaciones que las establecidas por las modificaciones del Senado y elimina los problemas que se pueden producir desde el punto de vista de interpretación y de nuevos vacíos que se pueden generar.
Por tanto, sugiero rechazar las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Propongo a la Sala votar el proyecto al término del Orden del Día, pues requiere quórum de ley orgánica constitucional.
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , aun cuando estoy de acuerdo con la propuesta de la Mesa, sería bueno fijar una hora de votación, debido a que varios diputados debemos integrar diversas comisiones, las que iniciarán su trabajo dentro de poco.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, la votación del proyecto se efectuará a las 12.30 horas, al término del Orden del Día. En todo caso, al momento de efectuar la votación se llamará a los diputados que se encuentren en comisiones.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar la modificación introducida por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas, de conformidad con lo dispuesto por el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
Hago presente a la Sala que para aprobar esta enmienda se requiere el voto afirmativo de 58 diputados en ejercicio, por contener disposiciones de quórum calificado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 82 votos. No hubo abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Rechazada.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación de este proyecto con el diputado señor Jorge Burgos, con las diputadas señoras Pía Guzmán y Laura Soto, y con los diputados señores Juan Bustos y Marcelo Forni.
Acordado.
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES. Veto.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde conocer las observaciones de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre protección de los animales.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Fidel Espinoza.
Antecedentes:
-Obseervaciones del Presidente de la República , boletín Nº 1721-12, sesión 64ª, en 8 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 72ª, en 6 de mayo de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro, quien rendirá el informe en lugar del diputado Fidel Espinoza , que se encuentra en reunión de Comités.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , paso a informar sobre las observaciones formuladas por su excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley de protección de los animales, conforme lo dispuesto en los artículos 119 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 21 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Durante la discusión del veto, concurrieron el ministro Secretario General de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla Jaramillo ; el abogado del Ministerio de Justicia, señor Fernando Londoño ; el abogado del Ministerio de Salud, señor Tomás Jordán , y el doctor Mauricio Ilabaca , asesor del Ministerio de Salud.
I. Origen de la iniciativa.
El proyecto tuvo su origen en una moción presentada por las diputadas señoras Isabel Allende y María Angélica Cristi , y por los diputados señores Exequiel Silva , Francisco Encina , Alejandro Navarro , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Juan Pablo Letelier y Sergio Ojeda , y por los ex diputados señores Mario Acuña , Víctor Reyes , Nelson Ávila , José Makluf y Gutenberg Martínez .
II. Fundamentos de la iniciativa.
Sus fundamentos dicen relación con la ausencia de un texto legal marco sobre la materia.
La única norma sobre el particular es el artículo 291 bis del Código Penal, incorporado por la ley N° 18.859, que señala que el que cometiere actos de maltrato o crueldad con los animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales.
En la actualidad esta normativa resulta insuficiente, frente a los principios que rigen en los países desarrollados y por la creciente preocupación respecto de la armonía que debería existir entre la naturaleza y el mundo animal.
III. Tramitación legislativa.
El proyecto inició su tramitación en 1995. Tras una larga tramitación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde surgieron discrepancias, se dispuso su estudio por una comisión mixta, cuya propuesta fue aprobada por el Congreso Nacional y comunicada a su excelencia el Presidente de la República el 11 de marzo de este año.
El texto aprobado por el Congreso Nacional se adjunta al final del informe.
Los fundamentos del veto destacan, por una parte, la necesidad de contar con una herramienta eficaz que permita una adecuada fiscalización en materia de prevención y maltrato de animales, sin efectuar distinción entre domésticos, silvestres o de empleo en experimentación, sino que teniendo siempre presente su bienestar, de manera de evitarles sufrimientos innecesarios.
Desde otro punto de vista, se hace presente que durante la tramitación del proyecto, los artículos 12 y 13 no reunieron el quórum requerido y, por lo tanto, fueron rechazados. Estos artículos establecían las sanciones aplicables a los actos de crueldad o maltrato de animales y fijaban la competencia de los tribunales para conocer de dichas infracciones.
Las divergencias que surgieron durante la tramitación legislativa dicen relación con el tratamiento punitivo de las infracciones contempladas. Así, la Cámara de Diputados aprobó una norma que sancionaba dichas conductas, tipificándolas como delitos y entregando su competencia a los tribunales del crimen.
El Senado, por el contrario, las calificó como contravenciones. Por lo tanto, radicó su conocimiento en los juzgados de policía local y propuso la derogación del artículo 291 bis del Código Penal.
Durante el análisis efectuado en la Comisión Mixta se acordó aprobar la propuesta del Senado y mantener la derogación del citado artículo.
IV. Fundamentos de las observaciones formuladas por el Presidente de la República.
Por los motivos ya expresados, al no reunirse el quórum de ley orgánica constitucional, los artículos 12 y 13 fueron rechazados, y la iniciativa legal no contempló sanciones para el maltrato de los animales, razón por la cual el Gobierno ha estimado indispensable incorporar dichas normas a fin de dar coherencia y eficacia a la normativa propuesta por el proyecto de ley.
En razón de lo anterior, el Ejecutivo ha estimado necesario reponer las normas propuestas por el Senado, de manera de buscar una fórmula punitiva eficiente, para lo cual se establecen sanciones adecuadas a la realidad, como una forma de evitar la dictación de normas que, en la práctica, se hacen inaplicables.
Asimismo, mediante el veto se incorporan otras modificaciones formales tendientes a perfeccionar el texto legal.
Respecto de las observaciones presentadas por el Ejecutivo, me referiré a aquellas sobre las cuales no hubo acuerdo.
A los artículos 12 y 13, nuevos.
2) Para intercalar los siguientes artículos 12 y 13, nuevos, corrigiéndose la numeración correlativa, según corresponda:
“Artículo 12.- El que cometiere crueldad o maltrato sobre un animal, será castigado con multa de una a diez unidades tributarias mensuales.
“Se consideran actos de crueldad o maltrato, entre otros, provocar riñas o realizar espectáculos que impliquen deterioro de la salud o muerte de animales, y emplear en ellos instrumentos o sustancias que provoquen su muerte con sufrimiento innecesario.
“Toda otra contravención a lo dispuesto en esta ley se sancionará con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales.
“Con todo, atendidas las circunstancias socioeconómicas del infractor, el juez podrá conmutar las multas a que se refieren los incisos precedentes por actividades determinadas en beneficio de la comunidad, las que deberán fijarse de común acuerdo con el infractor.
“La duración de estos servicios se determinará reduciendo el monto de la multa a días, a razón de uno por cada quinto de unidad tributaria mensual, los que podrán fraccionarse en horas para no afectar la jornada laboral o escolar del infractor. Para este efecto, se entenderá que el día comprende ocho horas laborales. En todo caso, los servicios se desarrollarán durante un máximo de ocho horas a la semana, y podrán incluir días sábados y feriados.
“La resolución que el juez dicte al efecto, deberá señalar expresamente el tipo de servicio que prestará el infractor, el lugar donde se realizará, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal, dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley, y deberá cumplirse íntegramente la sanción primitivamente aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa.
“En caso de reiteración, podrá imponerse hasta el doble de la multa o la clausura del establecimiento en que se haya ejecutado la infracción, con un máximo de sesenta días, en su caso.
“Será responsable del pago de la multa quien ejecutare materialmente la infracción. Con todo, si ésta se hubiere ejecutado en un medio de transporte, recinto o establecimiento, será responsable el dueño, encargado o responsable del medio de transporte o del recinto o establecimiento, si se acredita que ha conocido o debido conocer la infracción.”
“Artículo 13.- Será competente para conocer de las infracciones a que se refiere el artículo anterior, el juez de policía local del lugar en que ellas se hubieren ejecutado.
“Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, las siguientes infracciones:
“a) Aquellas relacionadas con los artículos 5º, inciso primero y 11 de esta ley, así como las normas relacionadas con el transporte de ganado mayor y menor, cuyo cumplimiento será fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, y respecto de las cuales se aplicará el procedimiento de sanción y reclamo contenido en el Párrafo IV, Título I, de la ley Nº 18.755, y
“b) Aquéllas vinculadas a los artículos 2º y 10 de esta ley, las que serán sancionadas por la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación, previa audiencia del establecimiento educacional afectado. De la sanción podrá reclamarse ante el Subsecretario de Educación en un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la respectiva resolución.
“Tratándose de especies hidrobiológicas, la fiscalización de las disposiciones de esta ley será ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, personal de la Armada y Carabineros, según corresponda a la jurisdicción de cada una de estas instituciones. Para la aplicación de las sanciones correspondientes, se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó mediante el decreto Nº 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992.”
Al artículo 14, que ha pasado a ser 16.
3) Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, las normas de esta ley no se aplicarán a las actividades autorizadas o desarrolladas por la autoridad sanitaria, en uso de sus atribuciones legales, que tengan por propósito proteger la seguridad sanitaria pública, tales como campañas sanitarias de desratización u otras de control de plagas, elaboración de productos biológicos y exámenes de detección de tóxicos, toxinas u otros agentes nocivos, siempre que se ejecutaren con sujeción a las disposiciones legales o reglamentarias dictadas para dichos efectos.”
Al artículo 15, que ha pasado a ser 17.
4) Para sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 15.- Las disposiciones contenidas en esta ley, se aplicarán supletoriamente a lo dispuesto en la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura; la ley Nº 4.601, sobre Caza; la ley Nº 19.162; el decreto con fuerza de ley R.R.A. Nº 16, de 1963, sobre sanidad y protección animal; el Código Sanitario y sus normas complementarias y otras leyes especiales.”
Al artículo 17, que ha pasado a ser 19.
5) Para sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 17.- Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 77 del Código Sanitario:
"Las normas reglamentarias que se aprueben para los efectos de lo dispuesto en la letra f), deberán tender al mínimo riesgo para la salud de las personas y evitar el sufrimiento innecesario de los animales vertebrados.".”
Discusión y votación de las observaciones presentadas por el Ejecutivo .
1. El artículo 8º aprobado por el Congreso Nacional señala que “Habrá un Comité de Bioética Animal permanente, al que corresponderá definir las directrices bajo las cuales podrán desarrollarse los experimentos en animales vivos conforme a las normas de esta ley, absolver las consultas que se le formulen al efecto, y coordinarse con las instituciones involucradas en la materia”.
El Ejecutivo propone incorporar una frase para agregar que las facultades del Comité de Bioética son “sin perjuicio de las facultades de los ministerios para proponer y evaluar políticas y planes”.
Puesta en votación, fue aprobada, sin discusión, por 4 votos a favor y 3 en contra.
2) Para incorporar los dos artículos que no reunieron el quórum exigido, esto es, los artículos 12 y 13.
En cuanto al artículo 12, se mantiene la redacción propuesta por el Senado, en cuanto a sancionar como contravenciones las conductas de crueldad o maltrato sobre un animal. De este modo, el artículo tipifica la conducta y establece multas que van de una a diez unidades tributarias mensuales.
Para los efectos anteriores, señala que se consideran actos de crueldad o maltrato, entre otros, provocar riñas o realizar espectáculos que impliquen deterioro de la salud o muerte de animales, y emplear en ellos instrumentos o sustancias que provoquen su muerte con sufrimiento innecesario. El resto de las contravenciones se sanciona con multas que van de una a cinco unidades tributarias mensuales.
En cuanto a la facultad del tribunal para conmutar las multas por actividades en beneficio de la comunidad, se optó por perfeccionar la forma y el procedimiento para su aplicación en la misma norma.
De esta manera, se regula la duración de los servicios de acuerdo al monto de la multa impuesta, debiendo establecerse en la respectiva resolución el tipo de servicio que prestará el infractor, el lugar, duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento.
Para el caso de no cumplimiento, se establece la facultad del juez de dejar sin efecto la conmutación, debiendo cumplirse íntegramente la sanción establecida previamente, salvo que por razones fundadas se determine otra cosa.
La norma contempla también el caso de reiteración, para lo cual establece que se podrá imponer hasta el doble de la multa o la clausura del establecimiento en que se haya ejecutado la infracción, con un máximo de 60 días, en su caso.
Por último, la norma consigna que será responsable del pago de la multa quien ejecutare materialmente la infracción. De haberse ejecutado con un medio de transporte, recinto o establecimiento, será responsable el dueño, encargado o responsable del medio de transporte o del recinto o establecimiento, si se acredita que ha conocido o debido conocer la infracción.
Puesto en discusión, se plantearon dudas en relación con la conveniencia de responsabilizar al dueño, encargado o responsable del medio de transporte, recinto o establecimiento en los casos en que la infracción sea cometida por un dependiente u otra persona.
Los representantes del Ejecutivo acotaron que esta situación se refería a los casos en que se acredita que el dueño, encargado o responsable, según corresponda, ha conocido o debido conocer la infracción.
En cuanto al artículo 13, esta norma radica la competencia para el conocimiento de dichas infracciones en el juez de policía local del lugar en que ellas se hubieren ejecutado, con las excepciones que se contemplan a continuación:
-Circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de animales; laboratorios de diagnóstico veterinario; establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, lugares que deberán contar con las instalaciones adecuadas a las especies y categorías de animales.
-Para el beneficio y sacrificio de animales deberán emplearse métodos racionales tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios. Los procedimientos técnicos para estos fines deberán establecerse en un reglamento.
-Normas relacionadas con el transporte de ganado mayor y menor, cuyo cumplimiento será fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, y respecto de lo cual serán aplicables las normas de la ley N° 18.755.
También se exceptúan dos situaciones relacionadas con el sistema educativo.
El primer caso dice relación con la obligación que se establece para los niveles básico y medio de inculcar en el educando el sentido del respeto y protección de los animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza, en los términos que establece el artículo 2°.
El segundo caso se refiere a la prohibición para realizar experimentos en animales vivos en los niveles básico y medio de la enseñanza, al tenor de lo que dispone el artículo 10.
En ambos casos, las sanciones serán aplicadas por la respectiva Secretaría Ministerial de Educación, previa audiencia del afectado. Se establece el procedimiento de reclamación ante el subsecretario de Educación , dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación.
En lo que dice relación con las especies hidrobiológicas, la fiscalización de esta normativa queda entregada al Servicio Nacional de Pesca, y a personal de la Armada y de Carabineros, de acuerdo con la jurisdicción que a ellos competa. Para la fiscalización y aplicación de sanciones se estará a lo dispuesto por el artículo 125 de la ley general de Pesca y Acuicultura, en lo que a ella se refiere.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por cuatro votos a favor y tres en contra.
3) El artículo 14, que pasa a ser 16, establece que los deportes en que participen animales, como rodeos, corridas de vaca, movimiento a la rienda y deportes ecuestres se regirán por sus respectivos reglamentos.
El Ejecutivo agregó un inciso segundo para excluir de la aplicación de esta ley a las actividades autorizadas o desarrolladas por la autoridad sanitaria, en uso de sus atribuciones legales, que tengan por propósito proteger la seguridad sanitaria pública, tales como campañas sanitarias de desratización u otras de control de plagas, elaboración de productos biológicos y exámenes de detección de tóxicos, toxinas u otros agentes nocivos, siempre que se ejecuten con sujeción a las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.
Sobre el particular, algunos señores diputados formularon reparos respecto de su aplicación. A vía ejemplar, se citó el caso del uso de estricnina en la eliminación de perros vagos.
Puesto en votación, fue aprobada por cuatro votos a favor y tres abstenciones.
4) Mediante el artículo 15, que pasa a ser 17, se establece que los preceptos de la ley se aplicarán en forma supletoria a otros cuerpos legales, que enumera.
Los representantes del Ejecutivo explicitaron el carácter supletorio de la norma respecto de los cuerpos legales que enumera.
Puesta en votación, fue aprobada por cuatro votos a favor y tres abstenciones.
5) También se agrega un nuevo artículo 17, que pasa a ser 19, para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 77 del Código Sanitario.
En efecto, el artículo 77, ubicado en el Párrafo II, “De las viviendas, locales y campamentos”, enumera las materias que deberán ser normadas a través de un reglamento. Específicamente, su letra f) se refiere a la protección contra insectos, roedores y otros animales capaces de transmitir enfermedades al hombre.
A través del nuevo inciso que se incorpora, se establece que las normas reglamentarias que se aprueben para los efectos de lo dispuesto en la letra f), deberán tender al mínimo riesgo para la salud de las personas y evitar el sufrimiento innecesario de los animales vertebrados.
Puesta en votación, fue aprobada por cuatro votos a favor y tres abstenciones.
Constancias reglamentarias.
Las observaciones fueron aprobadas por la mayoría de los señores diputados presentes, en los términos en que se consignó en cada una de ellas.
Las observaciones recaídas en los artículos 12 y 13 contemplan materias de ley orgánica constitucional, puesto que inciden en materias que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, en relación con el artículo 63, inciso segundo, ambos de la Carta Fundamental.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , doy las excusas correspondientes por no haber podido informar sobre las observaciones, pues me encontraba participando en la reunión de Comités. Por tal razón, agradezco al colega García-Huidobro que haya asumido esa responsabilidad.
Las observaciones formuladas por el Presidente de la República constituyen un avance muy importante para legislar sobre una materia respecto de la cual existen marcadas ambigüedades. Por eso, obviamente las aprobaremos.
En la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente se está trabajando con mucha fuerza un proyecto de ley, cuya autoría corresponde al diputado señor Leopoldo Sánchez , que persigue regular la adquisición y posesión de perros considerados eventualmente peligrosos, materia que preocupa a la ciudadanía. En tal sentido, en su oportunidad, pediremos el compromiso de la Sala para que se apruebe, de modo que no tengamos que lamentar a futuro la muerte de un niño o de un adulto mayor como consecuencia de que no existe una legislación sobre la materia. Se tipifican trece razas como potencialmente peligrosas.
Como decía el diputado informante , el proyecto inició su tramitación en 1995, y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ha habido una serie de discrepancias. De hecho, eso se demuestra con las últimas votaciones en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
En sus fundamentos, el veto destaca la necesidad de contar con una herramienta eficaz que permita una adecuada fiscalización en materia de prevención y maltrato de animales, sin efectuar distinción entre animales domésticos, silvestres o de empleo en experimentación, teniendo siempre presente el bienestar de los animales, de manera de evitarles sufrimientos innecesarios.
En la Cámara, varios colegas han manifestado su preocupación sobre la materia. Por ejemplo, el diputado señor Rossi , de nuestra bancada, ha expresado la necesidad de que existan regulaciones a nivel de país, sin considerar los intereses personales, sino pensando en el bien común.
Las divergencias que surgieron durante la tramitación legislativa dicen relación exclusivamente con el tratamiento punitivo de las infracciones. La Cámara de Diputados aprobó una norma mediante la cual se tipificaban dichas conductas como delitos y, en consecuencia, entregaba su competencia a los tribunales del crimen. Por el contrario, el Senado las calificó como contravenciones y, por lo tanto, radicó su conocimiento en los juzgados de policía local. Derogó el artículo 291 bis del Código Penal, lo cual constituye un paso importante para avanzar en una materia en la cual existen vacíos y desregulaciones que no han permitido tener una legislación adecuada desde Arica hasta Magallanes .
Esperamos legislar durante este año sobre otro tema que preocupa a la ciudadanía: el de perros potencialmente peligrosos, en el que, reitero, se está trabajando en la Comisión que me corresponde presidir.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , el proyecto es de muy larga data. Tal como señaló el diputado informante , lo presentamos en 1995, pero en verdad la intención de legislar se planteó en 1962. El 25 de abril de ese año, los ex diputados Jorge Iván Hübner , Gustavo Alessandri , quien nos acompañó hasta el período pasado en esta Sala; Patricio Phillips , Fernando Cancino , Luis Valdés , Alfredo Lorca y Juan Tuma , padre de nuestro colega Eugenio Tuma , presentaron una iniciativa legal que, en términos generales, recogía prácticamente todos los aspectos contenidos en nuestra moción.
En 1980, el ministro de Justicia de la época elevó a la consideración del Ejecutivo un proyecto de ley sobre la materia, que estuvo prácticamente para la firma de la junta de gobierno, pero que, por alguna razón desconocida y luego de pasar y ser aprobado por las comisiones legislativas, finalmente no se transformó en decreto ley.
La única manifestación legislativa concreta, tal como aquí se ha señalado, es la de noviembre de 1989, que consistió en incorporar el artículo 291 bis al Código Penal, que señala: “El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales o sólo a esta última”.
Como dije, ésta es la única disposición concreta que existe en nuestra legislación. Todos entenderán las dificultades que presenta una norma tan general para ser aplicada por los tribunales de justicia. Además, es bastante drástica, porque dispone la pena de cárcel para quien cometa un acto de crueldad con los animales.
Durante el primer trámite constitucional del proyecto, que se realizó en la Cámara de Diputados, fue aprobado por una amplia mayoría. Lo mismo ocurrió en el Senado.
Sin embargo, surgieron algunos temas con mucha fuerza. Hubo colegas interesados en el rodeo. El Senado recogió esa preocupación y exceptuó al rodeo de las normas del proyecto.
Posteriormente, se señaló que el artículo 291 bis del Código Penal es una norma demasiado drástica, pues sanciona con pena de cárcel a los infractores, lo que hacía poco eficiente la ley, pues ningún juez condenaría con pena de cárcel a alguien por un acto como éste. En consecuencia, se accedió a que estos juicios fueran vistos por los juzgados de policía local y se establecieron multas para estos efectos.
Muchos aspectos fueron recogidos y se modificó el proyecto sustancialmente.
Obviamente, desearía que se aprobara el proyecto original, con todas las normas que en él se establecían; pero entiendo que el juego democrático y las facultades del Congreso permiten modificar las iniciativas. No obstante, no me parece razonable echar abajo un trabajo de siete años, porque, tal como figura en el informe de la Comisión Mixta, dos bancadas completas votaron en contra.
En primer lugar, el proyecto ha recogido de manera significativa, me guste o no, las distintas aprensiones que los señores parlamentarios fueron manifestando durante su tramitación en la Cámara y en el Senado.
En segundo lugar, soy un convencido de que es imprescindible que Chile tenga una norma como ésta. Argentina, Colombia y países de la Unión Europea tienen normas mucho más avanzadas desde hace más de veinticinco años.
No se trata tan sólo de un proyecto que dice relación con las mascotas o, como muchos colegas dicen, quizá en broma, “el proyecto de los perros”. No es ni para los perros ni para los gatos, sino un proyecto marco que recoge las materias productivas, de la experimentación y también el tema de las mascotas. Espero que el día de mañana avancemos hacia la tenencia responsable de mascotas. Ésta, de no existir, a la larga genera el problema de los perros vagos que, en definitiva, obliga a los servicios de Salud a recurrir a matanzas masivas, en circunstancias de que son sus dueños quienes los abandonan en las calles y provocan, a su vez, un problema de salud pública.
Entonces, hay una falta de conciencia en el país, lo que en el futuro puede, como consecuencia, incluso traer implicancias comerciales, como lo he señalado en cada una de mis intervenciones. Hace 15 ó 20 años nadie hubiera podido imaginar que las materias medioambientales iban a estar presente en nuestros acuerdos bilaterales o comerciales; sin embargo, hoy son vitales. El día de mañana, cuando las barreras arancelarias vayan cayendo y se analice cómo producimos nuestros productos de origen animal y cómo realizamos nuestras experimentaciones, no se tenga ninguna duda de que esos temas van a ser utilizados como barreras paraarancelarias respecto de nuestros productos de origen animal si hoy no legislamos y nos comparamos con los países que ya cuentan con la legislación correspondiente.
Por eso es imprescindible legislar. Aquí ha habido insensibilidad y, a veces, poca seriedad para tratar situaciones importantes, respecto de las cuales deberíamos adelantarnos a los hechos y no lamentarnos después y legislar cuando tengamos los problemas encima.
¿Qué se ha argumentado para votar en contra? En el último inciso del artículo 12 del veto presidencial, se señala que “Será responsable del pago de la multa quien ejecutare materialmente la infracción. Con todo, si ésta se hubiere ejecutado en un medio de transporte, recinto o establecimiento, será responsable el dueño, encargado o responsable del medio de transporte o del recinto o establecimiento,...”. Dice que en una feria, por ejemplo, si alguien comete un acto contra una vaca, clausurarán ese recinto; pero se olvida que, a continuación, dicho artículo agrega: ”si se acredita que ha conocido o debido conocer la infracción”. Cualquiera de los abogados presentes entenderá que “acreditar” significa aportar pruebas para demostrar que el dueño tiene corresponsabilidad en el delito que se ha cometido, y que, al llevarse a cabo el cierre o la clausura del establecimiento, no se incurrirá en una arbitrariedad.
Pregunto a los colegas presentes, más allá de las aprensiones que, a mi juicio, son absolutamente infundadas, como la que acabo de leer -incluso caprichosas-, si es o no necesario legislar sobre esta materia.
De este proyecto ha resultado algo provechoso, cual es que, por primera vez, el tema de los animales ha sido tocado de manera relevante a través de los medios de comunicación. Felicito a las organizaciones que se han preocupado por ello; pero las imágenes también reflejan la necesidad de contar con una ley. Por ejemplo, en la ciudad de Iquique, al señor alcalde se le ocurrió hacer un acuario; pero la idea no prosperó y ahí están muriéndose los delfines y los reptiles que están dentro de un recipiente plástico con agua. Todos pudimos ver esa imagen en el noticiario hace algunos días. Asimismo, pudimos ver las imágenes, hace un par de años, de un estudiante de la Universidad de Chile que, en una supuesta investigación, prácticamente torturaba a un primate aplicándole electrodos directamente al cerebro. Ese hecho fue criticado por toda la Cámara de Diputados y, asimismo, reconocido por la propia Universidad de Chile, que dijo que ésa era una experimentación al margen de la línea bioética que debiera tener esa casa de estudios para su investigación.
¿Con qué herramienta legal vamos a enfrentar ese tipo de situaciones o, por ejemplo, la que se produce cuando muchos circos pequeños abandonan sus animales en la calle? ¿Qué vamos a hacer para que la investigación que se lleve a cabo en el país cuente con la regulación adecuada para realizar experimentos con animales vivos? Aquí se alude al artículo 291 bis, en circunstancias de que la Comisión Mixta aprobó su derogación. Por lo tanto, el rechazo del veto significará quedar con cero norma y cero autoridad jurídica con atribuciones para atacar este problema. Si rechazamos el veto, quedará impune el delito por maltrato a los animales.
Entiendo que mucha gente que ha trabajado conmigo en organizaciones de protección animal, no esté conforme con el veto, porque hubieran querido más. Yo también. Pero, entre no tener nada y contar con esta herramienta legal para evitar que sigan quedando impunes los distintos delitos de crueldad contra los animales, que nos conmueven a diario, sobre los cuales muchas veces nuestros hijos nos hacen tomar conciencia, me parece que es mejor lo último, y consideraría, por decir lo menos, una insensatez de la Cámara de Diputados, rechazar el veto.
Hago un llamado a mis colegas de Oposición, de la UDI y de Renovación Nacional, para que reflexionen y miren con estrictez jurídica las normas propuestas en el veto, y que, más allá de aprensiones -absolutamente injustificadas y caprichosas de algunos de ellos, quienes han participado en el trámite de la iniciativa-, no se dejen convencer, porque, en definitiva, reitero, lo único que haremos con rechazar el veto es dejar impune un delito que, desde 1989 hasta ahora, era castigado por nuestro Código Penal.
Espero que la Cámara sea capaz de recoger el trabajo realizado desde 1995 -no sólo por los autores del proyecto, sino también por todos quienes discutieron acerca del tema en la Comisión y en la Sala- y de avanzar un paso en una legislación que proteja a nuestros animales, garantice que en el futuro no seamos acusados en los acuerdos comerciales de carecer de ella y que dé certeza sobre cómo faenamos los productos de origen animal y de cómo realizamos nuestras investigaciones.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacerme parte de la intervención del diputado Exequiel Silva . Me interpreta plenamente por lo que trataré de no repetir varias de sus afirmaciones y comentarios. Asimismo, felicito a él y a otros colegas -algunos ya no están- por su esfuerzo, desde hace bastante años, para tratar de modernizar un poco la legislación chilena en materias tan importantes como ésta.
Indudablemente, la insensibilidad con respecto al sufrimiento y al maltrato animal es una muestra más del subdesarrollo de Chile. Los países no sólo se desarrollan cuando hay crecimiento económico, cuando se construyen más viviendas y se mejoran la salud y la educación, sino también cuando se desarrolla el espíritu humano. Dentro de los aspectos que tienen que ver con la humanidad está el hecho de ser sensibles con respecto al dolor que puede afectar a nuestros hermanos menores, como decía San Francisco de Asís , a seres vivos; de tratar de que -a pesar de que algunos se ríen de estos comentarios-, el ser humano, con su inteligencia, pueda tener una relación armoniosa con todos los seres vivos y con la naturaleza en su conjunto. Una muestra de la poca importancia que se ha dado a este proyecto es la circunstancia de que, habitualmente, haya quedado en último lugar de las tablas y casi nunca sea tratado. Por eso, lamentablemente, hoy no contamos con la presencia de agrupaciones proteccionistas y de personas sensibles de la sociedad, interesadas en el tema, porque cada vez que han venido, la discusión y la votación del proyecto han sido suspendidas. Me habría gustado ver las tribunas atiborradas de esas personas, pero no ha sido así. A lo mejor, esa presión social habría sensibilizado a muchos parlamentarios que, al parecer, están más preocupados de proteger a los que maltratan que al objeto del proyecto: los animales, víctimas del maltrato del ser humano.
Creo, sinceramente, que votar a favor del proyecto tiene que ver con una visión moderna de la sociedad, del mundo, del ser humano, que también en este aspecto pretende sacar a Chile del subdesarrollo. Es increíble que este país sea uno de los pocos que no tiene una legislación al respecto. Lo único que existe es el artículo 291 bis del Código Penal, por el cual se sanciona el maltrato de los animales, pero nadie entiende qué significa dicho maltrato porque el delito no está tipificado. Entonces, me cuesta mucho trabajo entender que, pese a toda la discusión habida en ambas cámaras y en la Comisión Mixta, donde se han logrado consensos, todavía haya parlamentarios que no estén de acuerdo con tipificar el delito. De alguna manera, los artículos 12 y 13, nuevos, apuntan en ese sentido. No se puede sancionar la conducta de maltrato o acto de crueldad si no está definido. Incluso, el problema de los perros vagos y sus consecuencias sanitarias para la sociedad, respecto del cual se habla y se asume con tanta propiedad, se funda en la tenencia irresponsable de las mascotas. Eso es, sin duda, también una forma de maltrato, pero no fue considerado en el proyecto porque hubo que ceder mucho. La iniciativa es absolutamente insuficiente; no me gusta. Pero, como dijo el diputado Silva , entre tener esto y no tener nada, indudablemente me quedo con esto.
Insisto en el llamado a los colegas de Oposición para que voten favorablemente el veto; por el contrario, si están de acuerdo con que existan espectáculos donde los seres humanos pretendan experimentar placer a partir del sufrimiento de otros seres vivos, como en las riñas de gallos, que lo digan. Ahora, si la preocupación de algunos parlamentarios es que por el proyecto se castiguen las riñas de gallos, espectáculo por lo demás macabro, que representa una visión inhumana del mundo y de la naturaleza, que lo digan también. Lamentablemente, muchas veces personas de algunos sectores políticos no están realmente preocupadas de defender a los seres vivos del maltrato o de los actos de crueldad. Es como si trajéramos aquí al ex general Contreras a hablar de derechos humanos. Pido que quienes aborden este tema piensen, sinceramente, en el objetivo fundamental del proyecto: proteger a los animales de la insensibilidad de muchos seres humanos. Eso, como dije al iniciar mi intervención, es una muestra profunda de subdesarrollo, que, más adelante, también nos puede traer profundas complicaciones en el ámbito comercial. Son temas de la modernidad, del futuro. De hecho, hace veinte años nadie consideraba el tema del medio ambiente como una materia importante y trascendente.
El proyecto también establece normas sobre la regulación del traslado de animales, de las instalaciones con que deben contar los zoológicos y de la investigación científica.
¿Debemos esperar que los medios de comunicación muestren a un mono sufrir debido a la experimentación de que es objeto en la Universidad de Chile -como ocurrió hace un año- para reclamar por la crueldad con que muchos tratan a los animales -el hecho denunciado hizo que mucha gente protestara en la calle por lo ocurrido-, o debemos ser nosotros, quienes estamos a cargo de dictar las leyes, los encargados de elaborar una normativa que prevenga, evite tales acciones y castigue a quien lleva a cabo esas prácticas inhumanas?
La creación del Comité de Bioética Animal -que a muchos no les gusta- es un avance extraordinario de una sociedad que mira hacia delante, que quiere reflexionar, desde el punto de vista ético, sobre prácticas como la investigación en seres vivos. Me parece que el tema no es menor, ya que los animales no pueden quedar fuera del objeto de nuestra preocupación ética y moral.
Finalmente, formulo un llamado a los colegas que se encuentran en la Sala para que al tema le den la importancia que tiene y voten favorablemente, a fin de no tirar por la borda un esfuerzo de muchos años.
Los ojos de mucha gente que está profundamente interesada en que el proyecto se despache a la brevedad estarán observando la votación. Espero que, como diputados, sepamos escuchar la voz de la gente sensible, que cree que el tema no es menor, pues tiene que ver con la forma en que podemos ser mejores seres humanos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , me impresiona la pasión con que algunos diputados de la Concertación defienden a los animales, en circunstancias de que nos tocó en carne propia observar cómo una gestión de Joaquín Lavín para tratar de salvar perros vagos fue implacablemente atacada por la Concertación. Eso es doble estándar: mientras dicen que están preocupados de los animales, atacan, con un afán político torpe, a quienes realmente los protegen.
Mediante las observaciones formuladas por el Presidente de la República se pretende modificar las atribuciones del Comité de Bioética Animal, el cual determinará las directrices bajo las cuales se deben llevar a cabo los experimentos con los animales. Las enmiendas implicarán que las investigaciones que realicen los laboratorios en animales sean cada vez más burocráticas y engorrosas, lo que dificultará su labor y disminuirá su competitividad.
Por otro lado, llama la atención el énfasis que se pone respecto de la necesidad de contar con un comité de bioética animal, dado que aún no se ha legislado para crear un comité de bioética nacional que se pronuncie respecto de los experimentos con seres humanos. Esa escala de valores me parece curiosa.
Otro aspecto que se consigna es la imposición de multas por infracciones de la ley. Ello no parece razonable si se tiene presente que el juez de policía local, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del proyecto aprobado por el Congreso Nacional, cuenta con facultades suficientes para solucionar adecuadamente los casos de maltrato de los animales.
Finalmente, parece razonable la disposición que preceptúa que las normas establecidas en la ley no se aplicarán a las autoridades sanitarias respecto de actividades cuyo objeto sea proteger la seguridad sanitaria pública.
Es verdad que el proyecto lleva largo tiempo de tramitación, pero también es razonable legislar bien. Hay materias que están esperando nuestra atención. Muchas veces les dedicamos bastante tiempo a temas que, por no ser menores, requieren un tratamiento prioritario. A nuestro entender, este proyecto contiene serias reservas, algunas de las cuales he comentado.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , cuando estamos frente a un proyecto sobre protección de los animales, nadie podría oponerse por el simple hecho de darse un gusto. Creo que el tema en debate merece un análisis y una segunda revisión.
Todos estamos por proteger a los animales; incluso existen estudios que señalan que quien trata bien a los animales hace lo propio con sus semejantes. Por lo tanto, quien no los trata bien, puede también atentar contra sus semejantes.
La demora en la tramitación del proyecto no se ha debido a que la Cámara de Diputados no lo haya estudiado. Debemos recordar que el Ejecutivo califica las urgencias y otorga las prioridades legislativas. Por lo tanto, no es aceptable que se endose a la Cámara, y particularmente a un sector de ella, el hecho de que el proyecto lleve tanto tiempo en tramitación, más aun si se considera que pasó a comisión mixta porque no hubo acuerdo con el Senado en puntos fundamentales. Fue peor aún cuando los artículos 12 y 13 fueron rechazados por no reunirse el quórum de ley orgánica constitucional, razón por la cual el Ejecutivo ha estimado necesario reponerlos. Ello demuestra que no hubo intención ni interés por el Ejecutivo de solucionar problemas que, a nuestro juicio, hacen que este proyecto, en primer lugar, sea letra muerta, y en segundo término, no vaya en la línea correcta de lo que realmente se pretende hacer con una legislación de esta naturaleza. En este veto se aprecia que, en lo medular, el Ejecutivo se apartó del acuerdo parlamentario, por cuanto sus observaciones se limitan sólo a aspectos puntuales necesarios de regular en atención a un profundo vacío en la discusión anterior.
Entre los puntos no previstos que el veto considera, se cuentan aquellos relativos a la extensión de la aplicación de la ley según el criterio de la autoridad sanitaria y el cambio notorio que pretende dárseles a las normas con un carácter supletorio. Tales ejemplos, palpables, del exceso de atribuciones del Ejecutivo afectan al sistema jurídico vigente aplicable en la materia, e incluso atentan en contra de criterios jurisprudenciales establecidos en notables sentencias de los tribunales de justicia en orden a imponer el acatamiento de la racionalidad del método que debe emplear la autoridad sanitaria en cumplimiento de sus funciones públicas. Por ejemplo, el artículo 14, que ha pasado a ser 16, se refiere al punto que acabo de tratar.
Por otra parte, ni siquiera se ha logrado suplir el vacío legal que había generado la necesidad de un veto para este proyecto; y, lo que es más lamentable, la técnica legislativa no es la que esperábamos en cuanto a que esta futura ley pudiera ser aplicable y tuviera el mismo sentido y alcance para quienes la despachamos y para los encargados de impartir justicia; es decir, que el espíritu fuera el mismo.
Quedan, por tanto, muchos aspectos sujetos a interpretaciones que no satisfacen, por lo menos, mis expectativas.
En consecuencia, creemos que no es correcto aprobar un veto de esta naturaleza, puesto que su finalidad es reponer disposiciones que fueron rechazadas durante la tramitación del proyecto.
No quiero abundar en mayores consideraciones porque el veto ya ha sido muy analizado, pero él pretende judicializar una serie de actos que ya están normados.
También es necesario reconocer que las personas que más quieren y protegen a los animales son quienes conviven con ellos o viven incluso de su explotación. Me refiero a la gente del campo, que tiene una cultura de tradición campesina de amor y de acercamiento a los animales.
No me parece conveniente apoyar el veto como está. Por eso mantengo mi rechazo al proyecto, sobre la base de mi formación de base biológica. Soy médico veterinario y comprendo y entiendo la necesidad de que nos preocupemos de los animales, pero rechazo terminantemente la existencia de una comisión de bioética que dé las directrices de toda investigación que sea necesario desarrollar, ya sea por universidades o por institutos de educación superior. Eso es centralizar la investigación, es quitar la posibilidad de desarrollar aquellas iniciativas que significan modernidad, que significan información y abraN las opciones científicas para solucionar los problemas que se presenten en el futuro.
Los profesionales que hemos sido formados en universidades chilenas, que poseemos una base de conocimientos biológicos, tenemos la formación ética requerida para actuar sin necesidad de que se nos limite nuestro campo de acción o de que debamos obtener autorización o patrocinio de una entidad determinada para desarrollar nuestras actividades.
Por lo tanto, mantengo mi oposición al proyecto, basado en lo que he planteado.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta , la ausencia de un texto legal marco sobre la debida protección de los animales y la creciente conciencia de nuestra sociedad sobre la interrelación entre todos los agentes que gozan de la vida del planeta y que se constituyen en actores del medio ambiente, como los hombres y los animales, ha llevado a que el Congreso Nacional se pronuncie sobre la materia, luego de una larga tramitación de este proyecto, como un deber que se desprende de la vida social, humanitaria, equitativa y coherente con la pertenencia a un solo mundo y en el que compartimos, solidariamente, un mismo destino.
Al decir de la sabiduría ancestral, somos una parte del todo; en otra afirmación -también ancestral, que ya es clásica- se señala que lo que les sucede a los animales tarde o temprano le acontecerá al hombre mismo.
En los países desarrollados hay una creciente preocupación por la armonía que debería existir entre el hombre, la naturaleza y, desde luego, el mundo animal; esa conciencia está llegando a todas partes. La certeza de que compartimos un mismo planeta, con recursos limitados, debiera extenderse a otra idea: que el mundo en que habitamos no pertenece sólo a los hombres y a las mujeres, sino también a los animales y a la naturaleza, en toda su dimensión, desde lo más grandioso hasta lo más pequeño e insignificante.
Esta idea o convicción subyace entre quienes tenemos una conciencia ecoambiental. A veces, lamentablemente, ello aún no es representativo de la mayoría. La única norma sobre el particular la constituye el artículo 291 bis del Código Penal, incorporado por la ley Nº 18.859, que señala que “El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales...”. Así lo consigna también el proyecto.
La oportunidad en que nos encontramos debatiendo este proyecto refleja, de manera rigurosa, el grado de conciencia de la sociedad, en relación con la protección a los animales, de tratos crueles y degradantes y que reflejan, en la mayoría de los casos, una fuente de mayor violencia, ya que se hace padecer innecesariamente a un animal, como se comprueba en los casos relatados con anterioridad por algunos colegas.
Siempre será difícil definir con claridad las normas que originaron las divergencias. Ellas surgieron durante la tramitación legislativa y dicen relación con el tratamiento punitivo de las infracciones contempladas. Es así como la Cámara aprobó una norma mediante la cual se sanciona dichas conductas, tipificándolas como delitos y, en consecuencia, entregaba la competencia para su aplicación a los tribunales del crimen. El Senado las calificó como contravenciones y, por lo tanto, radicó su conocimiento en los juzgados de policía local. Ese es el centro de la discusión, y no tanto los otros elementos de fiscalización que se han incorporado al conocimiento de la autoridad sanitaria.
En esta ocasión, se acordó aprobar la propuesta del Senado y buscar, de la manera más armoniosa posible, la fórmula punitiva eficiente que debiera existir.
El artículo 12 establece la sanción. En tal sentido, dice que "El que cometiere crueldad o maltrato sobre un animal, será castigado con multa de una a diez unidades tributarias mensuales”.
Al respecto, es preciso destacar que "Se consideran actos de crueldad o maltrato, entre otros, provocar riñas o realizar espectáculos que impliquen deterioro de la salud o muerte de animales, y emplear en ellos instrumentos o sustancias que provoquen su muerte con sufrimiento innecesario”.
Es preciso destacar las palabras del diputado Exequiel Silva en cuanto a que la disyuntiva es no tener nada o contar con esta disposición. Sin duda, la comunidad nacional, especialmente donde existe mayor conciencia al respecto, valorará la aprobación del proyecto.
La iniciativa tiene concordancia con legislaciones avanzadas en el mundo, por lo que se está dando una señal potente de convivencia respecto del medio ambiente y conocimiento de la dignidad que merecen todos los seres vivos del planeta.
Igualmente, resulta interesante destacar la posibilidad de conmutar las eventuales multas a quienes transgredan la normativa, con labores en beneficio de la comuni-dad, las que en cada caso determinará el juez.
En la fiscalización, tienen una injerencia importante los servicios relacionadas con la temática, así como las normas relativas al transporte de ganado mayor y menor, cuyo cumplimiento será fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, y respecto de lo cual será aplicable el procedimiento de sanción y reclamo contenido en el párrafo cuarto, título I, de la ley Nº 18.755.
Otros agentes relevantes en la fiscalización son las secretarías regionales ministeriales de Educación .
Tratándose de especies hidrobiológicas, la fiscalización será ejercida por el Servicio Nacional de Pesca y por personal de la Armada y de Carabineros, según corresponda a la jurisdicción de cada una de estas instituciones.
A pesar de lo señalado -que refleja partes esenciales del proyecto-, se resguardan las opciones de las actividades autorizadas o desarrolladas por la autoridad sanitaria, en uso de sus atribuciones legales, que tengan por objeto proteger la seguridad sanitaria pública, tales como campañas sanitarias de desratización u otras de control de plagas.
En el proyecto, la ética pasa a ser un asunto transversal que da sentido al espíritu del legislador de buscar una normativa moderna y que respete a todos los animales, por cuanto éstos forman parte del proceso de vida que es preciso respetar en toda circunstancia.
En el contexto de lo anterior, es preciso destacar el Comité de Bioética Animal Permanente, al que corresponderá definir las directrices bajo las cuales podrán desarrollarse los experimentos en animales vivos conforme a las normas de esta ley -y, por cierto, atender las consultas que se le formulen-, y coordinarse con las instituciones involucradas en la materia.
De más está decir que el proyecto protege la oportunidad de vivir en solidaridad con la naturaleza y, en último término, con el desarrollo integral del planeta.
La prevención del maltrato debe alcanzar a todo ser viviente. Si la presente iniciativa -esperamos que sea aprobada por la inmensa mayoría, porque así lo hará la bancada del PPD- contribuye a crear una mayor conciencia y el respeto y equilibrio que debe existir con la naturaleza, se puede concluir que esta larga tramitación, a la que se ha hecho referencia, no ha sido en vano. Por el contrario, nos constituiremos en precursores de un mundo donde los seres humanos y los animales, como parte de una misma creación, tengan espacios dignos para vivir; tampoco debe existir una relación de explotación, sino de respeto.
Hay una tarea ineludible para la educación, de manera que alcancemos, mediante esta transformación cultural, otra forma de relacionarnos con el entorno, sin violencia, y sí con integración y comprensión del lugar que corresponde a cada uno. Pero lo más significativo es que el proyecto abre nuestra conciencia y la de todos los chilenos: todo lo que les ocurra a los animales, tarde o temprano le sucederá al hombre.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , con su venia, le concedo una interrupción al diputado señor Burgos .
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Burgos.
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , represento a un distrito urbano, por lo cual no tengo especial atracción respecto del tema de los animales, como sí la sienten nuestros hijos y probablemente muchos de quienes están acá.
No obstante, quiero hacer una consideración después de haber escuchado a los colegas. El único elemento motivador del debate es el veto y no existe posibilidad de pronunciarse sobre otra cosa. Tampoco veo una norma respecto del Comité de Bioética Animal. En consecuencia, sin conocer el proyecto, no me cabe duda de que ya fue aprobado, y que sólo se han vetado aquellas cuestiones que, por el carácter de ley orgánica, necesitaban ser observadas.
Sobre ese punto, quiero referirme a un tema que señaló el diputado Silva , y que me parece bastante grave. Lo peor que le puede pasar a un Estado de derecho es que determinada conducta, reprochada socialmente en forma unánime, con la participación de uno de los Poderes del Estado, en este caso del Legislativo, quede impune y no tenga ningún tipo de sanción como delito o falta.
Derechamente, si eso pasara dos o tres veces, podría hablarse de que no hay Estado de derecho. La labor de los legisladores, más allá de los conocimientos técnicos que pueda tener cada uno de ellos respecto de estas materias, es evitar que se incurra en este tipo de conductas, que son reprochables socialmente, porque nadie duda de que eso es así cuando se comete crueldad con los animales.
Ahora bien, si rechazáramos el veto, aunque no fuera la intención de quienes lo hagan, dejaremos sin sanción -mientras no se modifique la ley- la conducta ilícita, a menos que la institución encargada de controlar su cumplimiento acredite, ya que el peso de la prueba recae en ella, que conoce el trato cruel. No existe alteración del peso de la prueba, pues recae en quien pretenda aplicar la multa.
En consecuencia, más allá de las posiciones existentes respecto del tema de fondo, que podrá discutirse en un nuevo proyecto para mejorar el tema del Comité de Bioética Animal, o de ciertas normas, si en la Cámara no aprobamos el veto quedará establecida la impunidad frente a un acto de los hombres que es sancionado mayoritariamente por la sociedad.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Recupera la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , sólo deseo recalcar que los diputados Barros y Bertolino argumentaron su rechazo al proyecto en base a la creación del Comité de Bioética Animal.
En primer lugar, quiero decirles que este Comité existe en todas partes del mundo. Por lo tanto, su existencia no es un retroceso ni una burocratización, como lo ha señalado el diputado Barros.
En segundo lugar, tal como lo expresó el diputado Burgos , no estamos discutiendo acerca del Comité de Bioética Animal, pues ya fue aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional y próximamente será ley -por lo tanto, no se puede argumentar que se está en contra del veto por esa causa-. Lo que estamos debatiendo -tal como se ha señalado- es si habrá un juez responsable con las atribuciones suficientes para establecer penas a quienes cometan las infracciones que señala la ley. Eso es lo que estamos discutiendo. No volvamos atrás ni tratemos de esconder nuestra verdadera posición en torno de temas que no están en debate.
El diputado Burgos y quien habla hemos señalado en forma reiterada que, de rechazarse el veto, dejaremos en la impunidad un hecho que es sancionado en forma drástica por la sociedad. Espero que seamos capaces de reflexionar y de entender que se trata de un tema importante, no tan sólo para quienes estamos cercanos o somos simpatizantes del tema animal y con las organizaciones vinculadas con ellos -muchas de ellas se encuentran en las tribunas-, sino también para el país, pues es necesario ir homologando nuestra legislación con la internacional. De no hacerlo, estoy cierto que esta situación traerá serias consecuencias para Chile.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señora Presidenta , por su intermedio, quiero recordar al diputado señor Rossi que la tabla y las urgencias las fija la Mesa y el Gobierno. Hasta el momento, la Alianza por Chile no ha contado con los votos para dirigir la Corporación. De haber sido así, no hubiera habido problema en incluir en la tabla el proyecto en debate. Esto ha sido responsabilidad de la Concertación y del Gobierno. Por lo tanto, decir que este proyecto no se había puesto en tabla porque la Alianza por Chile se opuso a ello es absolutamente incorrecto.
Como bien decía el diputado Burgos , aquí debemos circunscribirnos al veto. Nadie se ha opuesto a la idea de legislar sobre este tema, el cual reviste mucha importancia, pero el hecho de aprobar un proyecto con un veto que prácticamente se funda en lo mismos contenidos propuestos por la comisión mixta y que fueron rechazados por esta Sala, no significa ningún avance en cuanto a superar diferencias con los parlamentarios autores del proyecto.
¿Qué señalamos en su oportunidad? Que no creíamos conveniente conformar un comité de bioética que supervisara las intervenciones en animales, más aún si todavía no existe una legislación que regule esta materia a nivel de seres humanos. Repito, resulta altamente inconveniente implementar esta materia, pues entrabará el trabajo y la investigación científica en animales.
Ahora bien, quiero ser muy claro respecto de nuestra oposición a determinadas penalizaciones contenidas en el proyecto. Por ejemplo, el artículo 213 contiene frases que no tienen ningún sentido o se pueden prestar para confusión. ¿Qué se quiere decir con “deterioro de la salud”? ¿Quién va a decidir si un animal presenta ese estado? El juez.
En seguida, se habla de que en caso de reiteración de maltrato, se impondrá hasta el doble de la multa o -esto es grave- la clausura del establecimiento en que se haya ejecutado la infracción. Así las cosas, ¿qué ocurrirá con aquel hogar donde se maltrata reiteradamente a un animal? ¿El juez tendrá la facultad de clausurar la casa?
El señor SILVA .-
¡No! ¡Hay que actuar con criterio!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Diputado señor Silva , lo que menciono está contenido en el proyecto.
Ahora, está bien que se castigue a quien maltrata a un animal, pero no al dueño del establecimiento o a la sociedad correspondiente. Daré otro ejemplo.
¿Qué pasa en una lechería o en un campo donde hay maltrato, y éste fuera reiterado en algunos casos? ¿Se va a clausurar el campo, la lechería o el establecimiento?
Hicimos ver a los autores del proyecto que estábamos disponibles para legislar, pero siempre y cuando se suprimiera el castigo a los establecimientos, porque las responsabilidades son de las personas que maltratan a los animales.
Con esa normativa, en el caso del transporte, no sólo va a ser responsable el chofer o el que maltrata al animal, sino también el dueño del vehículo.
Desgraciadamente, no nos escucharon y se ha mantenido un artículo que, además de no aportar nada, se puede prestar para crear conflictos artificiales y, a lo mejor, para dañar a empresas.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero preguntar al diputado señor Silva cómo se podrá adiestrar perros para combatir las drogas o para apoyar a los no videntes. Para que sean eficientes, a los perros policiales se los somete a un método de adiestramiento. ¿Eso lo van a considerar maltrato?
Por lo tanto, el articulado no refleja el espíritu del proyecto. Me preocupa que empecemos a poner a los animales a la altura de los seres humanos -recuerdo que en la edad antigua el emperador romano Calígula nombró cónsul a su caballo-. Actualmente, algunas filosofías que se están tratando de imponer en el mundo, como la denominada ecología profunda, sitúa a un mismo nivel como parte de la naturaleza a los animales y a los seres humanos...
-Manifestaciones en las tribunas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio y el debido respeto.
Puede continuar, señor diputado .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señora Presidenta , nunca hemos estado en desacuerdo respecto de las líneas generales del proyecto, pero hay artículos en el veto que no estamos dispuestos a aprobar. Su aplicación puede provocar irregularidades el día de mañana y, además, se puede prestar para lograr otros objetivos.
Queremos que se respete a los animales; estamos por establecer una legislación transparente. Pero no estamos de acuerdo en llenarnos de leyes que lo único que hacen es impedir el desarrollo económico de las actividades productivas del país y, obviamente, crear conflictos artificiales, justamente por grupos que no tienen ningún respeto ni siquiera por los seres humanos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El diputado Exequiel Silva le solicita una interrupción.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, sé que es para bien y, con todo gusto, se la concedo.
El señor SILVA .-
Gracias, diputado señor Jaramillo .
Quiero aclarar algunas cosas. En primer lugar, manifestar al diputado García-Huidobro que me parece una ofensa comparar a quienes están preocupados de este tema con Calígula. Podría hacer otras comparaciones, pero prefiero guardármelas.
En segundo lugar, le señalo aquí -esto se lo digo con conocimiento profesional- que afirmar que Carabineros o cualquier adiestrador ocupa el maltrato para el entrenamiento de los perros, es desconocer absolutamente la forma en que se realiza este tipo de labores. Al contrario, existe una relación de afecto y de cariño que, en definitiva, le permite al entrenador ir ganándose la confianza del animal para cumplir con su adiestramiento en forma satisfactoria.
En tercer lugar, llamo a no distorsionar lo que dice el veto. Aquí se ha señalado que, de todas maneras, se va a clausurar el recinto donde se ejecutare el maltrato de un animal. No obstante, la disposición dice claramente que quien desee ampliar la sanción no tan sólo a quien ejecutare materialmente la infracción, sino que al dueño del establecimiento o del medio de transporte donde ésta se ejecute, deberá acreditar que éstos han conocido o debido conocer que se estaban realizando tales prácticas. O sea, el peso de la prueba caerá sobre el que esté fiscalizando o sobre el que haga la denuncia, quienes deberán presentar pruebas concretas ante el tribunal. En consecuencia, aquí no es cosa de decir: “Vamos a clausurar”.
El ejemplo de la casa me parece una ridiculez del porte de una catedral, por lo que no lo contestaré. No obstante, diré que lo señalado por el artículo está muy lejos de lo que aquí se ha expresado.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta , después de escuchar a los distinguidos diputados, debo concluir que hubo poco o que no hubo interés en legislar sobre este proyecto. Legislar para nuestros hermanos menores, como muy bien dijo el diputado Fulvio Rossi , debiera ser acuerdo de todos.
Me hago la siguiente reflexión: no me parece justo que se diga que la protección de los animales divide a los parlamentarios. Me reservo mi opinión.
La intención es buena, pero queda casi sólo en la sana intención. El diputado Silva dice que ha habido poca seriedad para legislar sobre el tema.
Sin embargo, el Presidente de la República , en ejercicio de sus tantas potestades colegisladoras, somete a nuestra consideración un veto al proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional. Su finalidad es subsanar importantes vacíos de la iniciativa, que quedó disminuida, en los hechos, debido a la falta de quórum suficiente en su momento.
En efecto, no se aprobaron las normas sancionatorias de estas infracciones, las relativas a los deberes que impone la futura ley ni las que señalaban los tribunales que conocerían de estos juicios, con lo que el proyecto que protege a los animales quedó reducido a meras cláusulas declarativas. En tal caso, no existiría la posibilidad de que se exigiera su cumplimiento por la fuerza, como es propio de toda norma jurídica.
El Primer Mandatario se ocupó de respaldar el criterio del Senado, transformando las infracciones de la futura ley en contravenciones reglamentarias, y, en consecuencia, radicando su conocimiento y fallo en los juzgados de policía local. Dejó en manos de éstos la aplicación de penas que consisten en multas, las que pueden ser conmutadas por trabajos en beneficio de la comunidad, atendida la situación económica del infractor condenado.
Como sabemos, quien no paga una multa está expuesto a cumplirla por equivalencia, mediante la privación de libertad. Acá se da la posibilidad de que sea mediante trabajos comunitarios, cuestión importante cuando se trata de personas carentes de recursos. ¿Quiénes son ellas? Una vez más, la gente que vive en el mundo rural, los campesinos, aunque son las personas más preocupadas de no maltratar a sus animales, porque allí sí que existe cariño y protección del ser humano a sus hermanos menores. Si no tienen medios para pagar una multa, al menos evitarán la privación de libertad con estos servicios en favor de la comunidad. Puede que el proyecto no concite gran aprecio ni disensión, pero es el inicio de la protección de la vida de nuestros hermanos menores. Estoy de acuerdo con él y apoyaré el veto presidencial, votándolo afirmativamente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señora Presidenta , después de la intervención del diputado García-Huidobro , ruego a Dios que la Oposición no llegue a ser Gobierno ni tampoco a dirigir la Mesa de la Cámara.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Por favor, pido que respeten mi derecho a hablar, porque a pesar de que me ofuscaron ciertos argumentos, los escuché con bastante calma. Porque sacar a Calígula a colación podría dar pábulo a decir que, a veces, uno creería tener caballos sentados en el Congreso.
Quiero explicar algunas cosas, porque al parecer no se entienden. Cuando alguien habla de que no se puede acreditar maltrato, que no se puede saber cuándo la salud del animal presenta problemas, eso es, lisa y llanamente, desconocer que existe una rama de la ciencia que se llama Veterinaria. Los jueces de policía local pueden perfectamente acudir a un perito veterinario para que determine la condición de salud en que se encuentra el animal.
Cuando en una determinada empresa o industria se cometen actos reincidentes de crueldad, ¡está muy bien que se clausure!
(Aplausos)
Acá parece que el mundo se vive al revés, porque a las personas que cometen transgresiones a las leyes se les dan facilidades para que lo sigan haciendo. ¿Para qué se crea una normativa? ¿Para qué se formula una ley? Para que se cumpla, pero fundamentalmente para prevenir, en este caso, este tipo de hechos.
A pesar de que comparto lo señalado por el diputado Burgos , no entiendo cuál es el problema de contar con un comité de bioética animal, cuyo único propósito sería fijar directrices bajo las cuales podrán desarrollarse experimentos en animales vivos, y que, además, incorporaría la participación ciudadana. Entonces, no entiendo cuando dice: incorporemos a la sociedad civil en la toma de decisiones, pero estamos en contra de que los ciudadanos y sus agrupaciones, correctamente organizadas, participen de esta instancia. Por lo demás, también hay académicos respetados de prestigiosas universidades del país.
Realmente vuelvo a lo mismo. ¿Para qué estamos legislando? ¿Un proyecto de protección animal o para proteger a quienes maltratan a los animales?
(Aplausos)
Realmente siento mucho lo que he escuchado esta mañana. Falta mucho por avanzar para llegar a ser un país moderno, con sensibilidad respecto de los temas del futuro. Sin duda, el respeto a los seres vivos es algo fundamental en la formación valórica de nuestra sociedad. ¿Qué vamos a exigir a un niño en formación si ve, como ejemplo de sus mayores, que maltratan y cometen actos de crueldad contra los seres vivos? ¡Esa es la sociedad en que se está formando! Después les exigimos valores, probidad. No sé.
Los parlamentarios debiéramos dar un ejemplo en este sentido; una señal en términos de que este problema nos preocupa, interesa y actuar con total seriedad.
Espero que aquellos que voten en contra del proyecto se hagan cargo de su decisión ante la sociedad civil. Personas como las que se encuentran hoy en las tribunas, que respaldan el proyecto con mucha fuerza, hay muchas a lo largo de todo el país.
Ojalá podamos sacar adelante este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , todos estamos de acuerdo con el proyecto. Lo que no compartimos es que en un tema tan sensible que nos interesa a todos los parlamentarios, a unos más y a otros menos, se quiera politizar. No se diga aquí “que lleguen o no lleguen al Gobierno”.
El tema en discusión no es político, sino ético, transversal, pues diputados de todos los sectores estamos dispuestos a legislar a favor de los animales. En definitiva, debemos abocarnos a evitar que se siga maltratando a los animales. Ése es el tema, referirse a otros puntos está de más.
Me interesa mucho el proyecto en lo educacional. Seguramente a un gran número de mis colegas les habrá tocado ver a niños que, jugando, ponen un perrito o un gatito en la carretera para que sean atropellados por algún vehículo. Ésa es la entretención de algunos. Por lo tanto, debemos partir con la educación.
En verdad, los animales tienen tanta sensibilidad como uno y nadie tiene derecho a maltratarlos, por muy macanudo que se crea.
Pero también debemos tener la sensibilidad y la cordura suficiente para castigar a los verdaderos culpables de determinados hechos. Por ejemplo, el caso de la feria que se citaba acá, donde un señor realiza un espectáculo que consiste en hacer girar a un animal metiéndole, varias veces, una garrocha en el ojo. Sin duda, no se saca nada con cobrarle una multa a ese señor. Es preferible que, por cruel, no desempeñe más ese trabajo, porque, cuando nadie lo vea, volverá a repetir la misma crueldad.
Denantes se habló de la lechería. Al respecto, ¿habrá crueldad más grande que a una vaca no se le trate una mastitis producida después del parto, lo que a la larga puede provocar su muerte? ¡Ésa sí que es crueldad: dejarla morir por no gastar cinco o seis mil pesos en una inyección para que se mejore!
Ésas son las cosas que debemos atender. Ahí debemos tener criterio suficiente para hacer algo cuando el animal está con cuarenta grados de fiebre.
En consecuencia, el tema de esta iniciativa no es para causarnos puyazos.
Debemos votar en conciencia. Reitero, lo más importante del proyecto es lo que dice relación con la educación. Con la labor que cumplirán los colegios, los niños tomarán conciencia de cómo proteger a los animales, tal como hoy lo hacen respecto de la protección del medio ambiente.
Me alegro mucho porque, con el despacho de esta iniciativa, a los animales se les brindará mayor protección.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily ).-
Señora Presidenta , Chile merece una legislación a la altura del desarrollo. Eso involucra también discutir este tipo de proyectos de ley, que no son de debate ideológico y político, sino de ideas filosóficas y éticas.
En el Congreso se ha acusado constantemente a la Derecha de hacer vista gorda en esos temas. Lo digo, porque hoy muchos diputados de Renovación Nacional vamos a votar a favor del veto.
Algunos parlamentarios deben aprender a no hacer gala política ni ideológica en materias como ésta, que involucra el pensamiento, valores y la filosofía más íntima de cada ser humano.
Por esa razón, quienes estamos a favor, consideramos que la redacción es suficientemente clara respecto de la acreditación que se debe hacer ante el juez correspondiente de los hechos en falta.
Si confiamos en los juzgados de policía local y en el Poder Judicial, que es autónomo, y los respetamos en los casos que hoy se investigan, no veo por qué no podemos confiar en sus jueces para que verifiquen y fiscalicen los hechos relacionados con esta iniciativa.
Reitero, la redacción está suficientemente clara, razón por la cual varios parlamentarios de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente este proyecto.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Ha terminado el Orden del Día.
Corresponde votar las observaciones de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto sobre protección de los animales.
En votación la primera observación, formulada al artículo 8º, que trata del Comité de Bioética Animal Permanente.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 24 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
La segunda observación tiene por finalidad intercalar los artículos 12 y 13, nuevos, y por tratarse de una materia de ley orgánica constitucional, requiere del voto afirmativo de 65 diputados diputadas en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 26 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
La tercera observación consiste en agregar un inciso segundo nuevo al artículo 14.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 27 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
La cuarta observación propone la sustitución del artículo 15.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 25 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
La quinta observación tiene por objeto reemplazar el artículo 17.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 23 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
PREOCUPACIÓN POR LA FORMA EN QUE EL GOBIERNO HA ASUMIDO CASOS DE CORRUPCIÓN. (Continuación).
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En la sesión de ayer quedaron dos minutos para hablar en contra del proyecto de acuerdo Nº 204.
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , en el limitado tiempo de que dispongo, quiero solicitar a los honorables diputados que suscribieron este proyecto de acuerdo que reflexionen sobre su contenido, debido a que en entrevista dada el domingo pasado a un programa de Televisión Nacional de Chile -la que fue conocida por todos-, el ministro del Interior , señor José Miguel Insulza , al que se alude, señaló que era inconstitucional la solución a la que se refiere el proyecto de acuerdo. Es decir, el ministro del Interior , al revés de lo que señala el proyecto, no sólo no patrocina una solución extrajudicial a los temas planteados en los últimos meses en relación con los casos MOP, Gate y otros, sino que, además, manifestó al país, en forma explícita, que una solución de esa naturaleza no cabe, porque en la medida en que haya un juicio pendiente, cualquier legislación en esa materia sería inconstitucional.
El ministro del Interior opinó que no sólo no está de acuerdo con una alternativa de ese tipo, sino que no la comparte, por ser inconstitucional. De modo que pido un mínimo de apego a los hechos, a las circunstancias y a la opinión de los involucrados. En el fondo, apelo a la ética de los parlamentarios que suscribieron el proyecto de acuerdo el 7 de mayo, ya que tales declaraciones fueron vertidas el domingo pasado, es decir, con posterioridad a su presentación. Llamo la atención sobre el particular, pues los hechos indican claramente que el ministro del Interior no es objeto de la acusación que se señala, porque sus opiniones han sido vertidas en la dirección contraria.
En consecuencia, solicito a la Sala rechazar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los diputados señores:
APOYO A INGRESO DE TAIWÁN COMO OBSERVADOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 205, de los diputados señores Forni, Cornejo, Aguiló, Accorsi, Palma, Robles, Álvarez, Walker, Bertolino y Monckeberg.
“Considerando:
Que, en estos últimos meses, la comunidad mundial internacional ha asistido al nacimiento de una nueva enfermedad, cual es el síndrome respiratorio agudo severo o neumonía asiática (Sars), producido por un corona virus nunca visto antes en humanos. Ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una amenaza a la salud mundial -con más de seis mil personas contagiadas y trescientas personas fallecidas- por su elevada propagación, pese a las medidas sanitarias adoptadas.
Que ha quedado de manifiesto la necesidad de una estrecha coordinación sanitaria a nivel mundial para obtener resultados efectivos. La falta de coordinación e información sanitaria ha sido en gran parte la causa de que las medidas tomadas hayan sido ineficaces, con resultados de morbilidad y mortalidad que pudieran haberse evitado.
Que el impacto económico alcanzado hoy en los Estados asiáticos supera los veinte mil millones de dólares, con proyecciones cada día más pesimistas, lo que, sin duda, afectará a millones de personas a nivel mundial.
Que los millones de viajes diarios que se realizan en los diferentes continentes contribuyen, sin duda, a propagar enfermedades que, como el Sars, tienen un alto índice de contagio. Por lo tanto, es imprescindible que la información sanitaria que posee la OMS esté disponible y sea transparente para todos los países, sin restricción alguna. El bien común y el bienestar de la comunidad internacional son de mayor prioridad que las eventuales posiciones políticas de los diversos Estados.
Que la información sanitaria a nivel mundial debe ser garantizada como un "bien internacional superior”.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor ministro de Salud que la representación chilena en la 56a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoye el ingreso de Taiwán entre sus observadores.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo en debate nace debido a la situación que se ha presentado con la neumonía asiática: es muy importante que la información sanitaria, a nivel mundial, no sea restrictiva y que sea igual para todos los países.
La Organización Mundial de la Salud tiene normas para enfrentar las pandemias y las epidemias, pero los países que no son miembros de dicha organización no cuentan con esa información. Creemos que no puede haber sanciones políticas cuando está de por medio la vida de las personas.
Como lo dice el proyecto de acuerdo, la información sanitaria debe ser un bien superior de la humanidad sin estar sujeta a vaivenes políticos. Hoy, ha quedado ampliamente demostrado con el problema de la neumonía asiática que es necesario, más que nunca, la cooperación entre los Estados y entregar la información clara y precisa, porque así se evitarán muchas muertes y morbilidad.
En la zona asiática se realiza un millón de viajes al día. Entonces, si no hay información transparente y fidedigna, cualquier pandemia o infección corre el riesgo de transformarse rápidamente en un problema inmanejable.
Por eso, queremos entregar nuestro apoyo para que Taiwán sea considerado como observador de la OMS. No se trata de que sea miembro permanente, sino observador.
En el tema de las enfermedades, no hay nada más democrático que la condición sanitaria, porque todos nacemos, todos nos enfermamos y todos nos morimos.
Por ello, debemos apoyar fuertemente este proyecto de acuerdo que tiene por objeto solicitar que se entregue información sanitaria objetiva y oportuna a todos los países del mundo, sin restricción alguna.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , los autores del proyecto de acuerdo, miembros de la Comisión de Salud de la Corporación, visitaron la isla de Formosa, República de China , o sencillamente Taiwán, hace pocas semanas. Diputados de las distintas bancadas representadas en este hemiciclo, señores Forni , Cornejo , Aguiló, Accorsi , Palma y Robles , conocieron los sistemas de salud aplicados en la isla de Taiwán durante los últimos años.
Más allá de las razones de salud pública, manifestadas por el diputado señor Accorsi , para que la OMS reciba como observador a Taiwán, debemos reconocer que hay también razones de justicia internacional.
Esta isla, más pequeña que muchas regiones de nuestro país, alberga en su territorio a más de veinte millones de ciudadanos chinos, quienes desde hace mucho tiempo están regidos por un sistema democrático: eligen a sus autoridades y son representados por un presidente elegido democráticamente por votación popular. Pero, ¡oh, sorpresa! no tiene representación en la comunidad internacional, ni en Naciones Unidas ni en otros organismos, sino sólo en la Apec, y su ingreso a dicha organización se generó básicamente por razones económicas.
No pretendo que con la aprobación del proyecto de acuerdo se avance a un reconocimiento de la isla de Taiwán como país soberano, cuál sería mi propósito, sino que, como planteó el diputado señor Accorsi , sea acogido en la OMS como observador para enfrentar esta verdadera tragedia que hoy vive el mundo asiático.
Por lo anterior, nuestra bancada votará a favor el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
INFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR SILICOSIS QUE AFECTA A TRABAJADORES MINEROS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 206, de los diputados señores Cornejo, Araya, Robles, Seguel, Mora, Aguiló, Forni, Bayo, Valenzuela y Olivares.
“Considerando:
Que la silicosis es una enfermedad pulmonar grave del grupo de las neumoconiosis, de carácter irreversible; que puede causar la invalidez y la muerte; que se produce por la sobreexposición al polvo en suspensión que contiene partículas de sílice -material muy abundante en la corteza terrestre y componente mayor de la arena, de las piedras y de los minerales metalíferos-.
Que la silicosis, además, se ha asociado a otras enfermedades como la tuberculosis pulmonar, la glomerulonefritis, la vasculitis y el cáncer pulmonar, las que adicionalmente pueden también invalidar y matar al paciente.
Que hay gran cantidad de personas expuestas al riesgo de adquirir esta enfermedad, especialmente en el ámbito laboral, como en:
-La minería: Trabajo de extracción de minerales, especialmente en galerías subterráneas, pero también en superficie.
-La fabricación de vidrio y trabajos con cuarzo.
-La fabricación y uso de abrasivos.
-Los trabajos en canteras de granito, mármol, etcétera.
-Los trabajos en cerámicas y arcilla.
Que hay tres tipos de silicosis, según la concentración de sílice en el aire y la susceptibilidad personal del individuo:
a) Silicosis crónica: Ocurre normalmente con diez o más años de exposición a polvos con sílice.
b) Silicosis acelerada: Ocurre con la exposición a altas concentraciones de sílice cristalino, y se desarrolla entre cinco y diez años desde el comienzo de la exposición.
c) Silicosis aguda: Ocurre cuando la exposición es a muy altas concentraciones y se puede desarrollar desde seis semanas a cinco años de exposición.
Que, en un examen colectivo practicado a doscientos veinte mineros del cobre, con tomografía axial computarizada (TAC), de un total de cerca de seiscientos cincuenta mineros que trabajan en la mina subterránea de la División Andina de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), yacimiento ubicado en la comuna de Los Andes, Quinta Región, de Valparaíso, se encontró que ciento cincuenta de ellos presentaban distintos grados de silicosis. Fueron enviados a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) del Servicio de Salud Aconcagua, donde se les determinó invalidez de entre el 25% al 60%, de acuerdo con lo que establece la ley N°16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Que esta cantidad de trabajadores enfermos de silicosis -que representa aproximadamente el 60% de la totalidad de los operarios de esta mina subterránea- fueron examinados con TAC. Por lo tanto, al practicar el examen a la totalidad de los trabajadores, se llegaría a una cifra de trescientas noventa personas afectadas, la que es extraordinariamente elevada. Ello ocasionaría un daño irreparable a las personas afectadas y representaría no sólo un problema de salud pública, sino también de salud ocupacional, laboral y de productividad de enormes proporciones.
Que, razonablemente, se puede inferir que en los otros yacimientos de Codelco Chile, además de las empresas de la grande, mediana y pequeña minerías del cobre, otros procesos extractivos o industriales referidos en el punto 3 deberían existir cifras semejantes de trabajadores afectos a esta enfermedad profesional.
Que la tomografía axial computarizada (TAC) o escáner pulmonar es capaz de mostrar imágenes muy precoces y características de la enfermedad; por lo tanto, es posible efectuar el diagnóstico en etapa temprana del desarrollo de las lesiones. Por ello, este examen se debe constituir en el método de pesquisa preferente de estos pacientes, con mucho mejor rendimiento que la radiografía simple de tórax, método que se utiliza regularmente.
Que la ley N°16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su artículo 71, señala:
Inciso primero: ‘Los afiliados afectados de alguna enfermedad profesional deberán ser trasladados,. por la empresa donde presten sus servicios, a otras faenas donde no están expuestos al agente causante de la enfermedad'.
Inciso tercero: ‘Las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan estar expuestos al riesgo de neumoconiosis deberán realizar un control radiográfico semestral de tales trabajadores’.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a al señor ministro de Minería y, por su intermedio, al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), un informe sobre el total de trabajadores de la minería que presentan silicosis.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente , con sorpresa he constatado que en una División de Codelco-Chile en el último tiempo se han diagnosticado alrededor de 161 casos de silicosis, especialmente entre los mineros de la mina subterránea de esa división, en circunstancias de que el total de los trabajadores llega a 650, es decir, estamos hablando de cerca del 25 por ciento. Ello se debe, básica y fundamentalmente, a que dichos trabajadores, en promedio, llevan más de veinte años trabajando en esa mina.
La silicosis es una enfermedad grave, que produce deterioro del tejido pulmonar y termina por invalidar este importante órgano, lo que provoca insuficiencia respiratoria crónica y la muerte del paciente. Esta antigua enfermedad tiene, incluso, algunas traducciones literarias. En “Subterra”, de Baldomero Lillo, podemos leer que los mineros fallecían a temprana edad por esta enfermedad. A pesar de que la creíamos erradicada de nuestro país, ahora nos estamos encontrando con una importante cantidad de trabajadores mineros que la sufren.
Debo agregar que no sólo están involucrados los trabajadores de la División Andina, en la Quinta Región, sino también los de la Segunda Región, donde hay importantes yacimientos mineros; de la Tercera, de la Cuarta y de la Sexta regiones, en El Teniente.
Por eso, solicitamos a las autoridades que nos entreguen la información y que se proceda, en vez de radiografías, a través de un mecanismo más moderno, como el escáner o tomografía axial computarizada, que permite diagnosticar en forma precoz la enfermedad.
Pido el apoyo de los colegas para defender a los trabajadores mineros de este terrible mal.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , gracias a la significativa denuncia del diputado señor Cornejo , dialogamos con autoridades directivas del hospital El Teniente. El doctor Fernando Soto ratificó que hay casos de mineros diagnosticados de silicosis con el escáner pulmonar. Sin embargo, el Compin los ha rechazado, porque sólo reconoce como instrumento de diagnóstico la simple radiografía. El anacronismo de la legislación, de la década del 60, que estableció sólo dicho instrumento, no se condice con lo que existe en la actualidad.
El proyecto de acuerdo pretende que se haga un diagnóstico más certero y así prevenir que los trabajadores sigan en las faenas a pesar de sufrir la enfermedad.
Pido a la Cámara que respalde esta petición al Gobierno.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Restan dos minutos para apoyar el proyecto de acuerdo.
El señor SEGUEL.-
Según el Reglamento, sólo pueden intervenir dos diputados para hablar a favor.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Hay algún señor diputado que quiera impugnar el proyecto de acuerdo.
Solicito autorización de la Sala a fin de destinar este tiempo para hablar a favor, porque hay dos señores diputados inscritos.
El señor SEGUEL.-
No, señor Presidente.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. INCIDENTES
DEROGACIÓN DE RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0531 DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Ramón Pérez .
El señor PÉREZ ( don Ramón).-
Señor Presidente, en enero del presente año denuncié en esta misma Sala la inconstitucionalidad de la resolución exenta Nº 2371, del Ministerio de Economía, que establecía cobros para tramitaciones ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La citada norma fijaba las tarifas que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles cobraría por concepto de declaraciones de instalaciones interiores de gas y electricidad, vale decir, por timbrar la recepción.
Como señalé en su momento, tal situación se salía del marco jurídico constitucional al establecer una materia que fue derogada por la ley General de Servicios Eléctricos, a través del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería.
Cabe indicar que el restablecimiento de nuevos gravámenes se debe hacer por ley.
Por lo anterior, hice presente que, desde la perspectiva constitucional, la resolución indicada vulneraba claramente las facultades del Poder Legislativo, lo que concluyó con la eliminación de la citada resolución exenta.
Pasaron tres meses y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por resolución exenta Nº 0531, de 7 de abril de 2003, estableció nuevamente valores a cobrar, pero esta vez por la emisión y registro de documentos referidos al otorgamiento de licencias, registro de declaraciones de instalaciones interiores y autorizaciones para operar en actividades especificadas, como organismos de certificación técnicos de inspección y laboratorio de ensayos.
El fundamento legal invocado en la dictación de la señalada resolución exenta se encontraría establecido en la ley Nº 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y en el artículo 83 de la ley Nº 18.768, que autoriza a los servicios dependientes de la Administración Central y descentralizada del Estado y de los Poderes Legislativo y Judicial, para cobrar el valor de costos de los documentos o copias de éstos que proporcionen a los particulares para la celebración de contratos llamados a licitación o por otra causa y cuya entrega gratuita no esté dispuesta por ley.
Como fundamento de hecho para justificar la cobranza por el registro de documentos, como es el caso de las declaraciones de instalaciones interiores, se hace presente la circunstancia de incurrir en costos de resguardo y almacenamiento de tal documentación, como a su vez en costos relativos a los procesos computacionales, necesarios para lograr dicho resguardo. Es decir, se cobra por archivar los documentos.
Sobre el particular, cabe señalar que las disposiciones legales invocadas no permiten ni autorizan el cobro referido al registro de documentos, sino sólo a la entrega de los mismos, de tal forma que no cabe que a normas de derecho público se les pretenda dar una aplicación distinta a las específicamente señaladas, por cuanto ello atenta contra las normas constitucionales que definen que sólo por ley se puede imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, como lo dispone claramente el número 1 del artículo 62 de la Constitución Política.
En estas circunstancias, cabe concluir que, como ocurrió en la primera resolución de enero de este año, la resolución exenta 531 de abril pasado adolece de nulidad de derecho público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, en cuanto dispone un cobro por el registro de declaración de instalaciones interiores, ya que ninguna autoridad puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
En conclusión, la norma no tiene el nivel jurídico para los efectos de obligar a las personas a pagar por el resguardo y almacenamiento de documentación. Además, es una norma inconsulta y cuya entrada en vigencia no se informó oportunamente. Lo que es más grave aún es que esto se relaciona con el pago de tributos, materia que, como señalé anteriormente, debe ser remitida como proyecto de ley desde el Ejecutivo al Legislativo , poder del Estado que deberá pronunciarse en forma positiva o negativa.
Cambiar las reglas del juego, sin previo aviso y vulnerando la Constitución, es grave e ilegal, razón por la cual solicito que se oficie al Ministerio de Economía, con el objeto de que se me informe acerca de los fundamentos legales que tomó en consideración la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para la dictación de la resolución exenta N° 0531, y que conforme a los antecedentes indicados, se deje sin efecto su vigencia.
He dicho
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
AYUDA ECONÓMICA PARA PADRES DE CONSCRIPTOS QUE CUMPLEN SERVICIO MILITAR EN ZONAS APARTADAS. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , en nuestras oficinas parlamentarias de Lota y Curanilahue, me he estado reuniendo, desde hace ya varias semanas, con representantes de asociaciones de padres cuyos hijos se encuentran realizando el servicio militar obligatorio. Quien preside la asociación de Lota es don Cardenio López Cifuentes , y la de Curanilahue, doña Ivonne Rifo . Ellos se encuentran muy preocupados, porque prácticamente no tienen contacto con sus hijos, debido a que se encuentran en tierras lejanas, como Coyhaique y Tierra del Fuego.
El 9 de julio próximo se celebrará la ceremonia de juramento a la bandera, uno de los actos principales de la vida militar. Como familia, ellos desean acompañarlos en tan magna ocasión. Se trata de un número importante de familias de Lota y Curanilahue, ex ciudades carboníferas, hoy sumidas en una verdadera debacle económica y social, con un alto índice de pobreza y las más altas tasas de cesantía a nivel nacional y regional. En consecuencia, es difícil pretender que, sin ninguna ayuda, estos padres logren viajar para acompañar a sus hijos.
Pese a lo anterior, ellos, con la ayuda desinteresada y solidaria de la comunidad local, están llevando adelante una serie de actividades de beneficio y otros eventos para recaudar fondos. Sin embargo, por quedar tan lejos el lugar de destino, no es fácil obtener los dineros necesarios.
Creemos que quienes adoptan la decisión de efectuar estas destinaciones -ojalá ello coincida con la realización de esta ceremonia que, como dijimos es la más importante de la vida militar de estas personas-, debieran estar llanos a colaborar con las familias, pues los padres, por esencia, desean y necesitan estar cerca de sus hijos, especialmente en las etapas importantes de sus vidas. En tal sentido, no parece prudente que, a propósito del cumplimiento de un deber patriótico establecido en la Constitución, padres e hijos se separen y no se colabore con el hecho de que unos y otros afronten juntos y unidos los momentos importantes y felices que el servicio militar les depara.
Por lo anterior, solicito que se oficie al comandante en jefe del Ejército , Señor Juan Emilio Cheyre , para que, en el más breve plazo, atendida la premura del tiempo, indique si dicha institución armada contempla alguna forma de ayuda social a los padres que se hallan en dicha circunstancia, y, si corresponde, cómo puede hacerse efectiva, y al ministro del Interior , señor José Miguel Insulza , a fin de que disponga los recursos en carácter de urgente a través de las gobernaciones correspondientes para ayudar a financiar los gastos en los cuales tienen que incurrir estas familias.
Además, pido enviar copia a los dirigentes mencionados anteriormente.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, le sugiero oficiar a los ministerios de Defensa y del Interior.
El señor NORAMBUENA .-
Muy bien, señor Presidente .
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa y de lo cual se está tomando debida nota.
REITERACIÓN DE PETICIÓN DE ANTECEDENTES AL INDAP. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , desde hace muchos años, como consta en actas, vengo denunciando las irregularidades en que en estos últimos trece años ha incurrido un organismo público tan importante como es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, dependiente del Ministerio de Agricultura, creado para apoyar, especialmente con créditos, a los pequeños propietarios agrícolas.
Cuando se habla de los grandes hay que pensar que alguna vez ellos fueron chicos. Le debo mucho al hombre de campo, y creo que toda la ciudadanía; pero a veces se habla tan mal de ellos. No debemos olvidar que ellos trabajan la tierra y han alimentado a nuestro querido país a lo largo de su historia.
Desde 1989 vengo denunciando la pérdida de más de 700 millones de pesos en la comuna de Las Cabras, donde el jefe de área del Indap es el señor Juan Pablo Torres .
Indap realizó un sumario, cuyas conclusiones me hizo llegar el ministro de Agricultura. Se hizo la denuncia en el juzgado de Peumo, y hace algunos meses le pedí a la señora Clara Szczaranski que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte en el juicio.
Al cabo de un tiempo, le envié un oficio a la señora Szcaranzki consultándole el estado de la causa. La presidenta del Consejo de Defensa del Estado , mediante oficio dirigido al Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado don Edmundo Salas de la Fuente , señala:
“Informa. Causa Rol Nº 21.205 del Juzgado de Peumo , contra Juan Pablo Torres Muñoz . Fraude al Fisco.
“Acuso recibo de su oficio del antecedente a través del cual, a petición del Diputado Sr. Juan Masferrer Pellizzari , solicita a esta Presidencia que le informe sobre la última gestión útil realizada por el Consejo en la causa que se sigue bajo el Rol Nº 21.205 contra Juan Pablo Torres Muñoz , en el Juzgado de Peumo , por presunto delito de fraude al Fisco. Del mismo modo solicita se le informe el nombre del abogado que tiene a su cargo dicho proceso.
“Al respecto debo responder a US. que el abogado a cargo de la causa en comento es el Sr. Guillermo Neale Marín.
“En cuanto a la última gestión útil debo manifestar a US. que en dicha causa no ha sido posible avanzar con suficiente celeridad, por cuanto el Instituto de Desarrollo Agropecuario ( Indap )...”
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ha terminado su tiempo. Le ruego redondear la idea.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, esto es muy importante. Viene la parte gruesa de la respuesta de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El diputado señor Rojas le ha cedido parte de su tiempo.
Puede continuar, señor diputado .
El señor MASFERRER .-
Quiero que escuchen este párrafo: “En cuanto a la última gestión útil debo manifestar a US. que en dicha causa no ha sido posible avanzar con suficiente celeridad, por cuanto el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) no ha remitido los originales de determinados antecedentes que obran en su poder, que son fundamentales para determinar el ilícito y los responsables del mismo. Estos antecedentes han sido solicitados reiteradamente por el tribunal.
“La última gestión útil la efectuó la Procuraduría Fiscal de Rancagua y consistió, precisamente, en la reiteración de la solicitud a Indap para que se sirva enviar los antecedentes recabados.
“Saluda atte. a US.,
Clara Szczaranski Cerda ,
Presidenta del Consejo de Defensa del Estado ?.
Por lo tanto, solicito una vez más oficiar al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap , con el objeto de que envíen, por el bien del país, por la transparencia y para ayudar a los pequeños propietarios, estos antecedentes para recuperar esos 700 millones de pesos y entregárselos a quienes siempre los debieron recibir, es decir, a los pequeños parceleros.
Insisto en esta petición, una vez más, sin el ánimo de molestar a nadie. Sé que muchas personas se sienten por lo que tenemos que decir en cumplimiento de nuestro rol fiscalizador, pero tenemos que hacerlo porque la gente exige transparencia hoy más que nunca.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO EN EL HOSPITAL DE TALTAL Y RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA SU GESTIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. Restan dos minutos a su Comité.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , en este breve lapso trataré de explicar a la gente que nos está viendo a través de la televisión y en las tribunas una situación bastante compleja que he conocido este fin de semana en visita realizada a Taltal.
El hospital de Taltal, de nivel 4, presenta deficiencias que han derivado en situaciones muy complejas, como es la muerte de tres pacientes en menos de tres meses. Este hospital no dispone de los recursos necesarios para cumplir con las atenciones de salud que se merece la comunidad taltalina. Además, ese establecimiento es un verdadero centro neurálgico, debido a los accidentes carreteros que ocurren entre Copiapó y Antofagasta, ciudad esta última que se encuentra a 306 kilómetros de Taltal.
Pero lo que más me preocupa es el sumario administrativo y el proceso por cuasidelito de homicidio y negligencia médica por la muerte de la niña Veronna Pack-Ying Caracciolo Hip, que afecta a la directora del hospital, doctora Roxana Peralta . No hay duda de que esa situación y otras obedecen a “razones de fuerza mayor”, podríamos decir, entre otras a la falta de recursos, como he dicho.
Por lo tanto, solicito oficiar, en primer lugar, al ministro de Salud , con el fin de que estudie la posibilidad de implementar un plan especial de atención de salud para Taltal, el que se financiaría con los recursos asignados a ese hospital, así como un programa de atención para las víctimas de los accidentes de tránsito que ocurren entre Antofagasta y Copiapó, el que se financiaría con un aporte extraordinario del ministerio del ramo.
En segundo lugar, que se oficie al director del Servicio de Salud de Antofagasta, con el objeto de que nos informe sobre el resultado del sumario administrativo relacionado con la muerte de esos tres pacientes. Ahora, si todavía no se ha llevado a cabo, que se proceda a instruirlo a fin de que, de una vez por todas, la comunidad taltalina tenga una respuesta sobre la materia.
Asimismo, que nos informe si la renovación de todo el sistema de agua potable del hospital de Taltal fue realizada en la forma estipulada en el respectivo proyecto. De acuerdo con lo que nos informó la directora del hospital, hay deficiencias que no han sido corregidas por el contratista, lo que no se condice con la gran inversión realizada allí. Espero que existan boletas de garantías que permitan dar solución al problema del alcantarillado, que también afecta a ese hospital.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada María Eugenia Mella y de los diputado Ojeda y de quien habla.
XVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , en cumplimiento del Reglamento de la Cámara de Diputados, paso a informar acerca de la XVI reunión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, efectuada en Panamá los días 7, 8 y 9 de mayo recién pasados, y que le correspondió presidir al representante chileno, en este caso al diputado que habla.
La agenda incluyó los siguientes temas:
En primer lugar, los problemas de las migraciones en América Latina y El Caribe, en especial la situación de mujeres y niñas, y su relación con la explotación sexual. En mi calidad de representante de Chile me correspondió informar acerca de la normativa legal sobre las migraciones en nuestro país, basado en un estudio que me preparó la Oficina Internacional de Migraciones, que dirige don Pedro Hernández , a quien le hago llegar mis agradecimientos.
En segundo lugar, se trabajó en la aprobación de los informes de la Subcomisión de Denuncias de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino. La resolución más importante fue la relacionada con la condena ante el grave atentado a la institucionalidad y los derechos humanos que significó que, mediante maniobras dilatorias irregulares se haya impedido asumir al ciudadano Alejandro Velásquez Ugarte como Senador de la República del Paraguay .
En tercer lugar, se solicitó a la mesa directiva del Parlatino elevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todos los antecedentes relativos a la situación del ciudadano paraguayo, con el objeto de que tal situación fuera conocida y sancionada.
En cuarto lugar, la Comisión manifestó su rechazo al concepto de “Legítima Defensa Preventiva”, que fue la doctrina en que se basó Estados Unidos para atacar a Irak, y sus efectos en América Latina.
Con relación a la situación de Colombia, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano emitió la siguiente resolución:
“A raíz de los últimos hechos de violencia ocurridos en la República de Colombia y que culminaron con la muerte del Gobernador de Antioquía , don Guillermo Gaviria , y su asesor de paz y ex ministro de Estado , don Gilberto Echeverri , además de ocho soldados de ese país, todos los cuales se encontraban secuestrados por las denominadas Farc, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, reunida en la ciudad de Panamá a los 7 días del mes de mayo de 2003, declara:
“1. Que condena y rechaza la muerte de las autoridades y militares colombianos secuestrados; expresa su solidaridad y pésame a sus familias, al pueblo colombiano y a los representantes de las instituciones democráticas de ese país.
“2. Insta al Gobierno colombiano y a los grupos armados irregulares de cualquier signo a reanudar las conversaciones que constituyan una oportunidad para la paz en ese país, basada en el respeto de los derechos humanos, la democracia y el diálogo como fórmula de entendimiento.
“3. Pide a la mesa directiva del Parlatino que reinicie las acciones que estime necesarias y oportunas para apoyar el proceso de paz en Colombia, priorizando las relaciones con las comisiones de Derechos Humanos del Parlamento de dicho país, a fin de reafirmar la necesidad de preservar y promover los derechos humanos del pueblo colombiano”.
En cuanto a los derechos humanos en Cuba, tema al cual se destinó gran parte de la reunión, la Comisión de Derechos Humanos resolvió ratificar la declaración del presidente del Parlamento Latinoamericano , que dice lo siguiente:
“Primero. Reconoce la situación especial de Cuba, sometida durante muchos años a un bloqueo económico y político, que ha sido oportuna y reiteradamente condenado por el Parlamento Latinoamericano.
“Segundo. Reconoce que en estos tiempos de guerra y de convulsión mundial, la situación de la isla se ha vuelto más delicada, creándose un ambiente de intranquilidad y zozobra que puede conducir, incluso, a que se tema por su seguridad nacional.
“Tercero. Manifiesta que, si bien algunos actos pueden parecer justificados en tiempos de preguerra y de guerra, como ha sucedido y está sucediendo en otras regiones del planeta, las versiones de lo acontecido en Cuba indican que dichos actos no ameritaban ni ameritan juicios sumarios y la aplicación de penas tan graves como las que se han impuesto.
“Cuarto. El Parlamento Latinoamericano rechaza, y así lo ha proclamado en diferentes ocasiones, la pena de muerte y la pérdida perpetua de la libertad, sea cual fuere el delito cometido. Rechaza también las respuestas represivas que vulneran los derechos de pensamiento, opinión y libre expresión de los ciudadanos”.
También en relación con los derechos humanos de Cuba se solicitó a la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano que considere la posibilidad de que la próxima reunión de la Comisión se realice en Cuba, y que se invite a parlamentarios de la Asamblea Nacional del Poder Popular de ese país, para los efectos de debatir sobre los temas de la unidad continental, la defensa de los derechos humanos y sociales y el constante perfeccionamiento de la soberanía y la democracia en América Latina.
El último proyecto de resolución tiene que ver con el rechazo al concepto de “legítima defensa preventiva”, invocado por los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, o cualquier otro que, en el futuro, pretenda su aplicación, ya que ello implica la posibilidad del uso de la fuerza en contra de países que ellos consideren que constituyen una amenaza a su seguridad nacional.
La Comisión de Derechos Humanos expresa su oposición a que las naciones del mundo apliquen esta teoría, desconociendo los tratados y convenios internacionales vigentes, y propone a la mesa directiva que inicie los contactos necesarios con organismos internacionales, a fin de instarlos a pronunciarse en contra de la aplicación de esta doctrina de “legítima defensa preventiva”, la cual podría generar un caos internacional de impredecibles consecuencias para la humanidad.
Asistieron a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el representante chileno, representantes de Aruba, Uruguay , Argentina, Brasil, Ecuador, México , Venezuela, Cuba, Panamá y Costa Rica.
De esta manera, he cumplido con lo dispuesto por nuestro Reglamento, en cuanto a informar sobre las reuniones a las cuales asistimos en representación de la Cámara.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , de acuerdo en el artículo 38 del Reglamento, ¿podría hacer llegar a la Secretaría su informe escrito sobre la materia?
El señor ASCENCIO .-
Sí, señor Presidente .
DETONACIÓN DE MINAS EN LAGUNA BLANCA, REGIÓN DE MAGALLANES. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , quiero felicitar al Ejército de Chile y a la Armada porque durante la semana pasada, en cuatro oportunidades, llevaron a cabo cuatro detonaciones para eliminar las minas existentes en la Duodécima Región de Magallanes.
Como se informó al respecto, bajo el mando del general de Ejército , señor Saurit y del contraalmirante, señor Ojeda , en la estancia Entre Vientos, del Ejército de Chile, frente al sector de Laguna Sur, se llevaron a cabo cuatro detonaciones que tuvieron por objeto destruir 7.500 kilos de minas terrestres, medida que merece ser aplaudida porque apunta a la protección de seres humanos, en especial de turistas que visitan el sector de Laguna Blanca.
Merece destacarse el hecho de que el Ejército y la Armada se muestren más amables y tengan actitudes de cooperación, como en este caso, que dan seguridad y tranquilidad tanto a los chilenos como a los extranjeros que visitan la preciosa Región de Magallanes.
Por eso, pido que se oficie al general Saurit y al contraalmirante Ojeda, a cargo de la zona militar y naval, respectivamente, de Magallanes, con el objeto de felicitarlos por la acción acometida.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría al ministro de Defensa, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia y de la Unión Demócrata Independiente.
HOMENAJE EN MEMORIA DE WALTER MAX ULYATE SISULU, VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL SUDAFRICANO. Notas de condolencias.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , quiero recordar a Walter Max Ulyate Sisulu , quien falleció el lunes 8 de marzo, en Sudáfrica, con lo cual dicho país ha perdido a uno de sus hijos predilectos.
Sudáfrica reconoce que el hecho de disfrutar de libertad ha sido gracias al importante rol que jugó Walter Sisulu en lograrla. Su participación en el período de transición, entre 1990 y 1994, fue de gran significación. Tuvo lugar durante un período en que Sudáfrica logró, en forma pacífica y duradera, transitar de un régimen de apartheid hacia uno democrático. En ese momento, Sisulu ocupaba el cargo de Vicepresidente del Congreso Nacional africano, luego de su elección en julio de 1991.
Walter Sisulu fue mentor y amigo de toda una vida de Nelson Mandela. Fue siempre un hombre humilde y, tal vez, por eso no fue conocido a nivel internacional. Sin embargo, el tributo del Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell , lo dice todo: “Sisulu fue el estadista decano del Congreso Nacional africano. Lideró la lucha contra el apartheid en Sudáfrica hasta lograr su cometido. Sudáfrica ha perdido un gigante, una de cuyas metas: establecer una nación multirracial y multicultural, fue lograda cuando se dio término al régimen del apartheid en 1994”.
Sisulu nació en Engoobo, en la región antes conocida como Transkei, el 18 de mayo de 1912, el mismo año en que se fundó el Congreso Nacional africano. Se unió a este movimiento político en 1940, transformándose en su primer secretario general en 1949. Fue cofundador de la Liga Juvenil del Congreso Nacional africano, la que jugó un rol fundamental para convertir a la organización en un movimiento de liberación popular. Sisulu tuvo a Nelson Mandela como compañero de prisión en la isla Robben, tras el infame juicio de Rivonia, acaecido en 1963. Debido a ello pasó 23 años encarcelado como prisionero del apartheid.
Por lo tanto, pido que se envíen las condolencias por la muerte de este líder al gobierno sudafricano y al embajador de Sudáfrica en Chile, porque creo que es muy importante y significativo rendir homena-je a hombres como Sisulu, que dedicaron toda su vida para lograr una meta tan importante como suprimir el apartheid en Sudáfrica.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán las notas de condolencias solicitadas por su Señoría, con la adhesión de los diputados de los Comités del Partido por la Democracia y Demócrata Cristiano que así lo indican a la Mesa.
RECURSOS PARA TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE INTERNADO EN COBQUECURA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , Cobquecura se encuentra en la costa de la provincia de Ñuble, en la Octava Región. Es una comuna pequeña con muchos problemas económicos y sociales, que prácticamente se mantiene en un 95 por ciento con recursos del fondo común municipal. O sea, sus ingresos son muy escasos.
Se requiere un internado para Cobquecura, ya que los estudiantes provienen de sectores muy lejanos. El Gobierno ha invertido 578 millones de pesos en la construcción de la escuela, pero aún está pendiente la construcción del resto, cuyo costo es de 247 millones de pesos. Mientras tanto, los alumnos deben ubicarse en el gimnasio o en la sede de la junta de vecinos.
El próximo año la escuela ingresará al sistema de jornada escolar completa, de tal manera que es muy importante que el Gobierno, con fondos de emergencia del Ministerio de Educación, termine esa gran obra, ya que es sabido que la mejor inversión es la que se hace en educación.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Educación, señor Sergio Bitar, para que disponga de los fondos de emergencia de su cartera y se termine la construcción del internado de Cobquecura.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de los Comités del Partido por la Democracia, Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente que así lo indican a la Mesa.
EFECTOS DE PRUEBA SIMCE EN LA SALUD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, la semana recién pasada, en una solemne sesión del Congreso Pleno, se aprobó una reforma constitucional para asegurar el derecho a la educación básica y media de todos los niños y jóvenes de Chile.
Ese esfuerzo, que tiene su correlato en una serie de iniciativas legislativas despachadas, entre otras, la ley de la jornada escolar completa, con subsidio especial por alumnos en situación social desmedrada, es la fiel demostración de cómo el Gobierno del Presidente Lagos ha hecho suyo el desafío de modernizar la educación pública, que, según lo mencionaba el diputado Felipe Letelier recientemente, es el motor e impulso de la igualdad y de la promoción social.
Hace sólo unos días, en mi distrito, hablé con docentes de distintas regiones. Me expusieron un hecho que no puedo pasar por alto y que tiene que ver con los sistemas de evaluación de la calidad de la educación. Ellos, con pena y preocupación, hicieron presente el estrés que viven, al igual que sus alumnos, cuando debe rendirse la prueba Simce . El año se transforma, me decían. La prueba tiene la virtud de absorber la mayoría de las preocupaciones de los directivos de los establecimientos y, a partir de ellos, de los docentes, y éstos, a su vez, se encargan de trasladar esas preocupaciones y presiones a los estudiantes, incluso a niños de cuarto año básico.
La razón de lo anterior es clara: los resultados de la prueba Simce importan ya no sólo mayor o menor prestigio para el establecimiento y sus docentes y directivos, sino que también asignación de premios, recursos extraordinarios. Por su parte, a aquellos que tienen mal desempeño, el sistema se encarga de castigarlos y de presionarlos para que salgan adelante con los resultados.
No discuto la racionalidad de los sistemas de evaluación ni la competencia que se produce por obtener los estímulos positivos, pero llamo a la prudencia y a la moderación en cuanto a que no puede convertirse una evaluación en una aflicción para los involucrados, sobre todo cuando se trata de niños. No pueden los profesores o sus jefes directos estresarse y meter más y más materia a presión, a fin de que en unas cuantos semanas o meses adquieran lo que no se ha conseguido en un tiempo prudente.
Todo lo expresado es una crítica constructiva y una opinión muy personal. Hasta el momento, creo que nadie ha planteado esta otra mirada del asunto, que, en lo personal, me ha conmocionado.
Por lo tanto, solicito que se envíe copia de mi intervención al ministro de Educación , señor Sergio Bitar , con la finalidad de que informe si existen estudios de esa cartera referidos al estrés que causa esta prueba en la comunidad escolar y respecto de la posibilidad de establecer mecanismos que prevengan a los escolares de esa suerte de carrera paranoica por obtener mejores resultados y evitar las sanciones morales y económicas que el fracaso de la prueba misma puede significar.
En suma, creo que los estudiantes están preocupados de la prueba Simce a todo evento. Nos olvidamos de que son niños, a los cuales, muchas veces, les gusta la práctica del deporte, de la música, de las bellas artes, en fin, disciplinas que deben atender, pero que por las exigencias que impone la preparación del Simce no se están ocupando de ellas en la medida correcta.
Creo que están siendo concientizados respecto de lo que significa la prueba Simce. Sólo la Simce y nada más.
Mi intervención obedece a una preocupación que algunos señores profesores y señoras profesoras me han hecho llegar.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana y de la Unión Demócrata Independiente.
TRANSPARENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El Comité de Renovación Nacional ha cedido algunos minutos al diputado Javier Hernández .
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , quiero que se envíe mi comentario al ministro de Agricultura .
El titular de “El Diario Austral”, de Osorno, de hoy, se refiere a la suspensión de cónclave lechero por posible protesta de productores.
Su objetivo era que el ministro expusiera las conclusiones de una comisión que él formó como respuesta a la que constituyó la Cámara de Diputados para abordar el problema de la leche. Ello me motiva a realizar una pregunta que hoy muchos agricultores también se formulan: ¿Qué esconde el ministro ; a qué le teme? Es difícil saberlo.
Hace más de una semana le envié una carta solicitándole intervenir ante las grandes plantas, ya que éstas fijaron una tarifa de invierno que no se condice con el precio internacional que hoy tiene la leche, el cual era la justificación que siempre entregaba el ministro cuando se le planteaba lo poco que pagan las empresas a los agricultores. En la misiva le planteé claramente que, mientras el valor internacional de la leche ha subido 50 por ciento, el precio pagado a los productores chilenos por las transnacionales se reajustó en menos de 30 por ciento. Por supuesto, aún no hay respuesta.
Ésta, como muchas interrogantes que se hacen nuestros agricultores en general, y los productores de leche en particular, no tienen respuesta.
¿Qué esconde el ministro que no da la cara? ¿Qué compromisos le impiden actuar ante el problema de la comercialización de la leche en Chile? ¿Por qué lo que para él es una justificación cuando el precio internacional está bajo, no lo es cuando éste sube?
El hecho de no realizar este cónclave por temor a manifestaciones es admitir que los agricultores perdieron la paciencia y, además, que no confía en nuestras fuerzas policiales como garantes del orden. También podríamos pensar, si es por temor a manifestaciones de los agricultores, que el Presidente de la República debería suspender su intervención del 21 de mayo, porque hay programada más de una protesta frente al Congreso Nacional.
Solución fácil para el ministro de Agricultura : esconderse.
¡Basta, señor ministro ! De una vez por todas se deben tomar medidas para no matar definitivamente esta actividad en Chile. La industria láctea debe transparentar el mercado de la compra de leche, hecho reconocido ayer por el fiscal nacional económico. El titular, en relación con una entrevista al fiscal nacional económico, nos dice que falta transparencia en el mercado de la leche en Chile. Digo esto porque en las últimas semanas los precios pagados a productores por las empresas han ido cambiando, existiendo un rango mayoritario de 105 pesos por litro. Otros alcanzan a 115 pesos por litro. Si se respetara el precio internacional de la leche, el alza interna debió haber sido desde 90 pesos por litro, en que estaba, a por lo menos 135 pesos el litro de leche pagado al productor.
Por lo expuesto, reitero, a continuación, las medidas concretas planteadas al señor ministro , de las cuales aún no obtengo respuesta y que el Gobierno debe impulsar e implementar con urgencia.
En primer lugar, que el Ministerio de Agricultura promueva, ante la Fiscalía Nacional Económica, una investigación acerca de las condiciones en que se ha generado esta diferencia inexplicable entre los precios internos e internacionales de la leche.
En segundo lugar, que el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de Economía, disponga los apoyos que requieren los productores para exportar directamente los productos en condiciones como las existentes.
En tercer lugar, que el Ministerio de Agricultura solicite a la Superintendencia de Valores y Seguros que informe acerca de las utilidades extraordinarias obtenidas en los últimos seis meses, por las industrias lácteas, que son sociedades anónimas abiertas, para que ello sea informado a la Fiscalía Nacional Económica en la investigación antes señalada.
En cuarto lugar, que, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se realicen los estudios para examinar la viabilidad de restringir el acceso de las empresas lácteas chilenas al mercado internacional de la leche en polvo cuando los precios bajen de cierto nivel, en consideración a la virtual concertación de precios existente en el mercado interno.
Por último, invito al ministro a dar la cara y no se esconda. Los productores grandes, pequeños y medianos requieren de él una respuesta y de una intervención acorde a su investidura. Que no tenga temor. Si tiene tanto miedo no debió haber aceptado el cargo. Los productores chilenos esperan una respuesta.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará una copia de su intervención al ministro de Agricultura , con la adhesión del diputado Jaramillo.
-El señor Salas , Vicepresidente , informa que se encuentra presente en la tribuna de honor una delegación de honorables señores diputados mexicanos, encabezada por el honorable diputado señor Jaime Salazar . La acompaña el ex diputado , senador Ricardo Hormazábal .
-Les da la bienvenida.
-Aplausos.
REFLEXIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA EDUCACIÓN.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Osvaldo Palma.
El señor PALMA.-
Señor Presidente , es lamentable el grave problema que afecta a los productores de leche y, en general, a toda la agricultura, que está indefensa ante la competencia absolutamente desleal, al gran número de subsidios europeos y norteamericanos. En la práctica, compite contra las tesorerías de los Estados Unidos y de otros países, lo cual es difícil sin la protección del Gobierno.
Pero también es lamentable que siga sucediendo cada año la misma situación en otro ámbito del quehacer nacional: protestas de jóvenes estudiantes desesperados por su insostenible situación económica. Sus ingresos no son suficientes para pagar aranceles de casi 200 mil pesos, movilización, alimentación, alojamiento, libros, cuadernos, lápices, apuntes, etcétera, todo lo necesario para estudiar. Y esta realidad, indesmentible, es mucho más dura para los de provincia.
El gobierno de la Concertación sigue con sus repetidos discursos, prometiendo “educación para todos". Dice que "ningún joven se quedará sin estudiar por falta de plata”, pero todo Chile sabe la verdad: son miles los estudiantes capaces y de buen rendimiento que no pueden estudiar o que los han abandonado por problemas económicos. Esta tragedia crece cada día. El futuro de la nación depende de los jóvenes. Si no los preparamos adecuadamente, Chile jamás será ese país desarrollado que todos soñamos.
Día a día crece el descontento social por la iniquidad en el acceso a la educación de calidad. Quienes tienen menos, los pobres y la clase media, obtienen menos. Tienen razón los jóvenes estudiantes en protestar. No estoy de acuerdo con la violencia y el desorden, pero es válida su exigencia de igualdad de oportunidades, más si se la prometieron en tanta campaña presidencial. Encandilaron a los jóvenes, a los pobres y a la clase media con promesas que se olvidan fácilmente. Hay engaño y desilusión.
Ojalá, este 21 de mayo, en los discursos haya menos promesas y más compromisos de cumplimiento. Estamos desaprovechando, como país, lo más valioso que tenemos, las personas. Si no las preparamos adecuadamente para que logren su mayor productividad, no alcanzaremos el desarrollo económico que les dé bienestar. ¡Pobre Chile, cuando quedan tantos jóvenes capaces abandonados a medio camino!
La educación es la mejor palanca de movilización social para obtener el desarrollo que queremos, con mayor equidad en la distribución del ingreso, que hoy en Chile es de las peores del mundo. El Estado no puede olvidar su responsabilidad y abandonar sólo a las contingencias del mercado -como lo está haciendo el gobierno de la Concertación-, el destino de la nación a través de los jóvenes y de la educación.
He dicho.
RECONOCIMIENTO A LABOR DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA CHILE BARRIO EN LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Radical, tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , al observar lo que ocurre en distintas regiones del país, cada uno de nosotros actúa en forma crítica. Principalmente, miramos lo malo y lo que falta por hacer, pero no evaluamos lo bueno ni tampoco somos capaces de estimular a aquellos que están haciendo las cosas bien.
Hace poco tiempo estuve en la estación médico-rural de Junta de Valeriano, localidad que se encuentra al interior del valle del Huasco, en la comuna de Alto del Carmen. Allí, con el trabajo muy particular de los funcionarios del programa Chile Barrio, se construyó una estación médico-rural que demuestra el ingenio que pueden adoptar los servidores públicos. Utilizando piedras y otros materiales de la zona, abarataron a tal grado los costos, que hoy dicha estación es bastante amplia en comparación con los recursos que se dispusieron para ella.
Como también debemos destacar lo bueno de nuestra gente y, en este caso, de servidores públicos, pido que se haga una anotación de mérito en la hoja de vida de cada uno de los funcionarios que conforman el equipo del programa Chile Barrio, en términos de lo valioso de su aporte para el desarrollo de la región de Atacama y de la provincia de Huasco. En particular, quiero destacar el desempeño de su director, Guillermo Devia , quien ha llevado nuevos aires al trabajo de gestión en esa área, ya que no es sólo en Junta de Valeriano donde Chile Barrio ha levantado construcciones, armonizando el paisaje, la arquitectura y usado adecuadamente los recursos, sino que también en otros lugares de la región, principalmente en el distrito Nº 6 que represento.
Por lo tanto, reitero que se coloque una anotación de mérito en la hoja de vida del señor Guillermo Devia y de cada uno de los funcionarios del programa Chile Barrio de la región de Atacama.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención al director nacional del programa Chile Barrio , al señor ministro de Vivienda y Urbanismo , al señor ministro de Salud , a la señora intendenta de la región de Atacama y a los gobernadores de las provincia de Huasco, de Copiapó y de Chañaral.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y se adjuntará copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13.57 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que inicia un proyecto de ley que introduce modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y establece otras normas sobre administración presupuestaria y de personal. (boletín Nº 3239-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad modificar el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, incorporando a su texto normas que durante varios años, han formado parte del articulado de la Ley de Presupuestos, y complementar la legislación financiera estatal con otras disposiciones que tienen el mismo origen, pero cuyas materias no guardan una relación directa con la naturaleza y contenido del citado decreto ley.
I. ANTECEDENTES.
El Protocolo suscrito entre el Gobierno y parlamentarios integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el 19 de noviembre de 2002, incluyó el compromiso del Ejecutivo de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para incorporar a la legislación permanente normas sobre administración financiera y administración de personal que se han venido repitiendo en el articulado de las leyes de presupuestos de los últimos años. Este compromiso fue posteriormente incorporado en las Agendas para la Modernización del Estado, Transparencia y Promoción del Crecimiento, suscritas por el Gobierno y los partidos políticos con representación parlamentaria el 29 de enero del año en curso. Dicho acuerdo, además, incluyó a esta iniciativa entre las de mayor prioridad, aspirándose a que fuera aprobada por el Congreso Nacional antes del 21 de mayo del presente año.
Consistentemente con estos acuerdos y respondiendo a la prioridad que se le ha asignado en la Agenda de Reforma del Estado, el Gobierno que presido ha elaborado el presente proyecto de ley, que se somete a la consideración del honorable Congreso Nacional.
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Esta iniciativa abarca dos grandes objetivos.
1. Recoge en una norma permanente disposiciones contenidas año a año en la Ley de Presupuestos.
El primer objetivo apunta a incorporar a la legislación permanente normas sobre administración financiera y de personal que se han incluido en las disposiciones complementarias de las leyes de presupuestos en los últimos años. Esta normativa se ha ampliado progresivamente en los últimos 13 años como producto de acuerdos políticos y la búsqueda de soluciones a temas de gestión financiera para los cuales la legislación permanente resultaba insuficiente.
En efecto, el articulado de la ley de presupuestos actualmente incorpora normas sobre endeudamiento público, limitación global de gastos, flexibilidad presupuestaria, inversiones públicas, recepción de donaciones, adquisición de vehículos, dotaciones de personal, contrataciones a honorarios, distribución del producto de las ventas de inmuebles fiscales, gastos en publicidad y difusión, transferencias a organismos no gubernamentales, estadísticas fiscales, evaluación de programas públicos e informes de gestión.
Estas normas han sido de gran utilidad para fortalecer la disciplina fiscal y elevar la transparencia en la gestión financiera del estado.
Sin embargo, la anualidad de la legislación en que están contenidas, limita necesariamente su eficacia y genera incertidumbre respecto de su permanencia en el tiempo. En momentos en que el país busca fortalecer su institucionalidad pública con el objeto de hacer frente a los desafíos de la modernización del Estado, resulta oportuno superar estas limitaciones dándole a estas normas ya probadas una vigencia permanente.
2. Fortalece control de gestión y transparencia.
El segundo objetivo que persigue el presente proyecto es anticiparse a nuevos requerimientos de la Reforma del Estado sobre la administración financiera, particularmente en lo que se refiere al fortalecimiento de los sistema de control de gestión y transparencia fiscal. En estas materias, el Gobierno ha desarrollado nuevos sistemas e instrumentos que, pese a apoyarse en disposiciones de la Ley de Presupuestos, aun descansan mayoritariamente en procesos administrativos. Entre estos destacan indicadores de gestión, evaluaciones de programas, programas de mejoramiento de gestión y balances de gestión integral.
Asimismo, desde 2001 viene desarrollándose, con el apoyo del Banco Mundial, el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado (Sigfe), que corresponde a un proyecto conjunto entre la Contraloría General de la República y la Dirección de Presupuestos, orientado a generar un sistema capaz de integrar, a través de medios electrónicos, el conjunto de transacciones y operaciones asociados a la gestión financiera en las instituciones que integran el gobierno central. El presente proyecto de ley contiene disposiciones para integrar estos sistemas a la legislación sobre administración financiera del estado, dándole carácter permanente y obligatorio para todas las instituciones incluidas en la Ley de Presupuestos.
De esta manera, al responder a los dos objetivos planteados, el presente proyecto constituye la reforma más extensa al decreto ley Nº 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, desde su dictación en 1975. No obstante, al apoyarse en la experiencia previa en la aplicación de normas presupuestarias y en procesos administrativos en desarrollo, ésta es una reforma que involucra bajos riesgos y limitados requerimientos adicionales para su implementación, lo que asegura su plena eficacia para los objetivos buscados.
Dados los compromisos políticos que respaldan este proyecto, asimismo, el Gobierno que presido espera que éste pueda ser despachado a la brevedad posible y que, que todo caso, sus disposiciones se encuentren aprobadas al momento de iniciar la discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2004.
En síntesis, con esta iniciativa se avanza significativamente en la regulación permanente de materias de administración financiera que han sido objeto de tratamiento anual, lo que, sumado a lo dispuesto en la ley N° 19.862 sobre registro de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, en la ley N° 19.863, que, en su Título II, regula los gastos reservados, y en la recientemente aprobada ley que da carácter permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, contribuye a adecuar la legislación sobre estas materias a los requerimientos de eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de fondos públicos.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto tiene el siguiente contenido:
1. Modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado.
En primer lugar, el proyecto introduce modificaciones al decreto ley Nº 1.263, en materias actualmente contenidas en el articulado de la Ley de Presupuestos vigente y que han venido incluyéndose en dicha ley desde hace bastantes años. Tales normas son:
a. Contenido de dotación máxima de personal.
Primeramente, se incorpora al artículo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, que dice relación con la obligación de explicitar en los presupuestos las dotaciones máximas relativas a personal, una modificación en el sentido que estas deben incluir al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grados y a jornal. Esto es lo que corresponde a la definición de tal dotación, contenida en el artículo 13 de la ley N° 19.842, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2003.
b. Término de la facultad para autorizar pago diferido.
Enseguida, en lo relativo a los pagos diferidos, que regla el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263,restablece la plena vigencia del principio de que el pago de estudios y obras de inversión debe estar ligado a los avances efectivos de estos. Con ello se termina, a contar de 2004, con la facultad del Ministro de Hacienda de autorizar sistemas de pago diferido, los que han sido permitidos de manera excepcional durante los últimos años. Así, en la norma permanente que se propone en este numeral, dicha forma de pago queda vedada en atención a que distorsiona la asignación anual de recursos en la medida que no refleja la actividad del período.
c. Adecuaciones mediante ley a la Ley de Presupuestos.
A continuación, se introducen modificaciones al artículo 26 del decreto ley N° 1.263 relativo a las adecuaciones del presupuesto. Estas incorporan como materias en que se requiere autorización legal para modificarlo, adicionalmente a las existentes, aquellas comprendidas en el artículo 4° de la Ley de Presupuestos. Ellas están referidas, en primer lugar, a los traspasos a partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas al Tesoro Público y los aportes a empresas del Estado, sean públicas o sociedades anónimas, no incluidas en dicha ley. Estas modificaciones deben adquirir el carácter de permanentes, atendida su naturaleza de general aplicación.
En segundo lugar, se ha incorporado la autorización legal previa para efectuar aporte fiscal a municipalidades, materia que se encuentra regulada de similar forma en la glosa asociada a la provisión para financiamientos comprometidos de la Ley de Presupuestos vigente, al limitar su asignación administrativa a las instituciones incluidas en dicha ley.
En tercer lugar, en relación a la limitación global de gastos corrientes y de capital que se han venido incluyendo en el artículo 4° de la Ley de Presupuestos, el proyecto las incorpora, de manera permanente, como un elemento definido en la Ley de Presupuestos. Con esta disposición, se establece de modo permanente el principio de que las normas de flexibilidad presupuestarias deben estar sometidas a las limitaciones globales de gasto que se establezcan en la Ley de Presupuestos, quedando para el articulado de esta última el especificar a qué conceptos incluidos en las mismas se aplicará dicha limitación global, con las excepciones que correspondan.
Todas estas situaciones limitarán las normas de flexibilidad presupuestaria contenidas en el artículo 26 inciso primero del decreto ley N° 1.263.
d. Control de gestión.
Adicionalmente, el proyecto incorpora dos incisos al artículo 52 del decreto ley N° 1.263, que consigna las funciones de verificación y cumplimiento de los fines y metas de los Servicios Públicos por parte del Ejecutivo. Específicamente, agrega a su respecto las normas sobre evaluación de programas y balances de gestión, contenidas en los artículos 19 y 20 de la Ley de Presupuestos vigente, con las adecuaciones del caso.
Esto permitirá institucionalizar un sistema de control de gestión ligado al presupuesto que, con seis años de aplicación en Chile, es actualmente el más desarrollado de América Latina.
En cuanto al contenido y oportunidad de los informes que sobre esta materia se enviarán a ese honorable Congreso Nacional que disponen los antes citados artículos 19 y 20, ellas serán incorporadas en los decretos o instrucciones correspondientes, manteniéndose, en todo caso, los compromisos asumidos al respecto.
e. Perfeccionamiento de sistemas de información.
Adicionalmente, y con el objeto de avanzar en el perfeccionamiento de los sistemas de información, se propone un nuevo inciso al artículo 15 del decreto ley N° 1.263, precisando que la Dirección de Presupuestos, en cumplimiento de las funciones de regulación y supervisión de la ejecución del gasto público que le asigna dicho artículo, deberá establecer un sistema de información administrativa y financiera para las entidades del sector público afectas a esta normativa.
La norma que se propone es esencial para asegurar la plena implantación del Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado (Sigfe) que, desde 2001, viene desarrollándose en forma conjunta entre la Contraloría General de la República y la Dirección de Presupuestos, con apoyo del Banco Mundial.
Con aprobación de la norma propuesta, la aludida Dirección de Presupuestos podrá hacer obligatoria la incorporación de todos los servicios públicos al Sistema en el año 2005.
2. Derogación del artículo 11 de la Ley N° 18.768.
En segundo lugar, el proyecto propone derogar el artículo 11 de la Ley Nº 18.768. La norma citada dispuso que las recuperaciones que obtengan los órganos y servicios públicos por devoluciones correspondientes a subsidios por incapacidad laboral conforme a la legislación especial que los rige, deben integrarse a rentas generales de la Nación.
El artículo 14 de la Ley de Presupuestos varió tal obligación de integro para el año 2003, otorgándole a tales reembolsos el carácter de ingresos propios de las entidades respectivas.
Mediante el artículo 2° que se propone, se deroga definitivamente la aludida obligación de integro, adquiriendo los recursos pertinentes, como ya lo son en la Ley de Presupuestos, el carácter de propios de los órganos y servicios públicos en forma permanente.
Este cambio, que con la norma propuesta se hace permanente, ha permitido fortalecer los incentivos de las instituciones públicas para obtener estos reembolsos.
3. Gastos en publicidad.
En el artículo 3° del proyecto, se incluyen las limitaciones a tal tipo de gastos actualmente fijadas en el artículo 16 de la Ley de Presupuestos. Estas buscan asegurar que los recursos destinados a publicidad en el presupuesto público se destinen a los fines propios de las instituciones estatales.
Dichas disposiciones han sido complementadas mediante normas que precisan que los gastos en publicidad, en el caso de programas, acciones y proyectos de ley que el Ejecutivo decida propiciar, sólo pueden comprender sus contenidos, lo que permitirá aclarar dudas sobre esta materia recientemente planteadas, explicitando el sentido natural y obvio del precepto.
4. Donaciones a los órganos y servicios públicos.
El artículo 4° que se propone reproduce, en lo sustantivo, el artículo 8° de la Ley de Presupuestos vigente, que regula la facultad de los órganos y servicios públicos incluidos en dicha ley, para aceptar y recibir donaciones, en la forma y condiciones que se establecen, pasando a constituir, en forma permanente, la norma regulatoria sobre la materia.
5. Contratación de personas naturales a honorarios.
Durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2003, se concordó en el honorable Congreso Nacional una normativa al respecto, que se incorporó como incisos segundo y siguientes al artículo 13 de dicha ley.
En esta oportunidad, el artículo 5° que se propone persigue dar a tal normativa una existencia independiente de la instancia presupuestaria, en iguales términos a los consensuados en la oportunidad antes señalada, incorporando plenamente el procedimiento de visación ministerial de las contrataciones de personas naturales a honorarios, la certificación de su financiamiento, la declaración de existencia de otra prestación de servicios en cualquier calidad en otra repartición pública, la regulación de eventuales conflictos de intereses y las inhabilidades e incompatibilidades que les son aplicables y los demás preceptos complementarios incluidos actualmente en el antes citado artículo 13 de la Ley de Presupuestos vigente.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda impartió instrucciones para la aplicación de la referida normativa, en las que se fijaron los criterios y orientaciones que regirán tales contrataciones, las que son plenamente concordantes con el sentido y alcance de la citada disposición legal. Por ende, mantendrán su vigencia, toda vez que el artículo que se propone sólo persigue transformarla en permanente y no innova en su contenido.
6. Informe sobre Finanzas Públicas.
El artículo 6° de la iniciativa que se somete a vuestra consideración, introduce una modificación a la Ley Orgánica de la Dirección de Presupuestos, cuyo objetivo es dar reconocimiento legal a la práctica en la tramitación presupuestaria que viene constituyendo el informe sobre finanzas públicas que remite y expone el Director de Presupuestos ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de ese honorable Congreso Nacional.
Con ello, se persigue perfeccionar y allegar mayores antecedentes a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos en el seno de la referida Comisión.
7. Creación de un cargo en la planta de la Dirección de Presupuestos.
La mencionada repartición ha visto incorporadas a su accionar nuevas actividades en el campo del perfeccionamiento de sus funciones de supervisión de la ejecución presupuestaria y de provisión de estudios, evaluaciones de programas e información. Ello ha hecho necesario, para una mejor definición y desarrollo de la gestión interna, crear un cargo adicional de jefatura en su estructura de personal, lo que guarda estrecha relación y fundamento con lo que se señalará en el siguiente numeral.
8. Facultad para fusionar las plantas de la Dirección de Presupuestos
La Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda, se encuentra estructurada en base a dos plantas: la de Presupuestos y la de Racionalización y Función Pública. Ello complica la carrera funcionaria al interior de este Servicio. Los requerimientos actuales y futuros de la institución hacen necesario terminar con esta división artificial.
De ahí que mediante el artículo 8° de la iniciativa, se solicita a ese honorable Congreso Nacional el otorgamiento de facultades delegadas para proceder a fusionar las plantas de personal y adecuar en consecuencia la organización de la referida Dirección de Presupuestos. Las facultades que se solicitan son las estrictamente necesarias para lograr este objetivo, lo que, de acuerdo a la normativa propuesta, no podrá implicar un aumento de grados, remuneraciones ni mayor gasto para el Servicio, con la sola excepción del cargo que se crea en virtud de lo que dispone el artículo 7°.
9. Artículos transitorios.
a. Vigencia.
El artículo 1° transitorio determina una vigencia especial, de 1° de enero de 2004, para aquellos artículos permanentes de este proyecto de ley que contienen materias actualmente consideradas en la Ley de Presupuestos que rige hasta el 31 de diciembre de 2003. Se busca evitar con ello una superposición indeseada de normas. Se excluye de lo anterior todo lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución de las disposiciones que hacen mención a ésta. Para tal efecto, se faculta la dictación de los decretos supremos respectivos desde la publicación de la ley, sin perjuicio de que su vigencia sea coetánea con la norma que reglamenta.
b. Glosas.
En el artículo 2° transitorio se proponen modificaciones a la Ley de Presupuestos vigente a fin de salvar omisiones involuntarias en que se incurrió al tramitarla. Para tal efecto, se incorpora en las glosas de los presupuestos a que se refieren, normas que les eran propias en las leyes de años anteriores que, al no estar incluidas en la del presente año, causan dificultades en la continuidad de la correspondiente política de personal de los servicios respectivos y, por ende, en la gestión de los mismos.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975:
1) Agrégase, en el inciso tercero del artículo 9°, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo:
“Para estos efectos, las dotaciones máximas de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.”.
2) Incorpórase en el artículo 15 el siguiente inciso tercero:
“En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de Presupuestos establecerá un sistema de información administrativa y financiera, de general aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto ley.”.
3) Sustitúyese el artículo 19 bis por el siguiente:
“Artículo 19 bis.- Los contratos de estudios para inversiones, de ejecución de obras y de adquisición de materiales y maquinarias, podrán celebrarse para que sean cumplidos o pagados en mayor tiempo que el del año presupuestario o con posterioridad al término del respectivo ejercicio. En estos casos, podrán efectuarse en el año presupuestario vigente, imputaciones parciales de fondos. El servicio público correspondiente sólo responderá de las inversiones hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en cada año, en el respectivo presupuesto.
Para lo dispuesto en el inciso anterior podrán otorgarse anticipos.
Con todo, en los contratos a que se refiere el inciso primero, cualquiera que sea su denominación, no podrá pactarse el pago de todo o parte de su valor o precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario en que se deba poner término al estudio, proyecto u obra contratado, en una forma distinta a la que resulte de relacionar los pagos con el avance efectivo de la ejecución de los mismos, o cualquier otra forma de pago diferido.
Los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión deberán contar, como documento interno de la Administración, con informe del organismo de planificación nacional o regional en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad. Corresponderá al Ministerio de Hacienda impartir instrucciones y resolver al respecto.
La autorización de recursos para los estudios y programas o proyectos a que se refiere el inciso precedente y la celebración de los contratos respectivos, sólo podrá efectuarse previa identificación presupuestaria. Tal identificación deberá ser aprobada a nivel de asignaciones especiales, por decreto o resolución, según corresponda, conforme a las normas que establezca un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, el cual establecerá los contenidos de dichos instrumentos aprobatorios, incluido lo relativo a montos por concepto de gasto, compromisos futuros que pueden irrogar y límites máximos, las autoridades facultadas para suscribirlos y los demás procedimientos y modalidades aplicables al efecto.
Sin perjuicio de lo anterior, la dictación de los decretos o resoluciones respectivos podrá efectuarse a contar de la publicación a que se refiere el artículo siguiente y el llamado a propuestas públicas de los estudios y programas o proyectos de que den cuenta, desde su ingreso a la Contraloría General de la República.
Una vez fijado el código y el nombre del estudio, programa o proyectos, en la identificación referida, éstos no podrán ser modificados.
La identificación presupuestaria a que se refiere este artículo, no será aplicable a las instituciones señaladas en el decreto ley N° 1.570, de 1976.”.
4) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 26 por el siguiente:
“No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de fondos entre Ministerios, el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas al Tesoro Público , aportes a las empresas del Estado, sean públicas o sociedades anónimas, no incluidas en dicha ley y la concesión de aporte fiscal a municipalidades.
Igualmente, sólo por ley podrá autorizarse el incremento de las sumas globales de gasto que la Ley de Presupuestos fijará anualmente. Para este efecto, la referida ley deberá establecer, de acuerdo a los conceptos que considere su estructura y el clasificador presupuestario en aplicación, los gastos que se comprenderán en dichas sumas globales, aquellos que se exceptuarán, y los márgenes de aumento de los gastos de capital no financieros que se eximirán de autorización legal.”.
5) Agrégase al artículo 52° los siguientes incisos:
“Conforme a lo dispuesto en el inciso precedente, anualmente se efectuará la evaluación de los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en los presupuestos de los servicios públicos que se determinen mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, con sujeción a los procedimientos, entidades participantes, marcos de referencia y mecanismos que se establezcan en el o los respectivos decretos. Asimismo, los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575, deberán confeccionar y difundir anualmente un informe que incluya una cuenta de gestión operativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas, de acuerdo a las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda.
Los informes que se emitan por aplicación de los dos incisos anteriores, deberán remitirse a ambas ramas del honorable Congreso Nacional en la oportunidad que se fije en los decretos e instrucciones respectivas.”.
Artículo 2°.- Derógase el artículo 11 de la ley N° 18.768.
Artículo 3°.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.
Cuando no existan todavía prestaciones concretas que corresponda otorgar, el Poder Ejecutivo , a través de sus organismos dependientes o relacionados con el a través de alguna de las Secretarías de Estado, sólo podrá informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar, a través de medios idóneos a tal efecto. En el caso de las iniciativas de ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente.”.
Artículo 4°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.
No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, aquellas cuyo valor o monto no exceda al equivalente en moneda nacional de 250 unidades tributarias mensuales al momento del ofrecimiento y las que recaigan sobre bienes sujetos a próximo deterioro o descomposición.
El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda . Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente, sin perjuicio del cumplimiento de las regulaciones a que se encuentre afecto el acto jurídico respectivo.
Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.
Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 5°.- Los decretos o resoluciones que aprueben la contratación de personas naturales a honorarios, en los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos, cualquiera que sea el ítem de imputación, deberán contar con visación del Ministerio correspondiente, para lo cual se acompañará un certificado emanado del órgano o servicio respectivo en que conste que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria y, en su caso, a la autorización máxima otorgada en la referida ley para la anualidad respectiva.
El procedimiento señalado en el inciso precedente se aplicará igualmente a las contrataciones en el mismo servicio con aplicación de lo dispuesto en la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834.
Las personas contratadas a honorarios, bajo cualquier forma que se exprese el pago, deberán informar a el o los Jefes del Servicio respectivo, a través de la unidad correspondiente, mediante una declaración jurada simple, si prestan servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública. En tal caso, deberán individualizar al otro Servicio, especificando la calidad jurídica con que laboran en él, el monto de los emolumentos correspondientes, las tareas contratadas y la duración de la prestación de sus servicios. Copia de los antecedentes mencionados deberá ser remitida a la Contraloría General de la República.
Al momento de suscribirse un contrato a honorarios, el Servicio correspondiente tendrá la obligación de requerir la información señalada en el inciso anterior, debiendo el Jefe de Servicio constatar que no se produzca un actual o eventual conflicto de intereses por el cumplimiento de las funciones contratadas, y certificar tal circunstancia. Se entenderá que hay conflicto de intereses cuando las labores encomendadas en los diversos organismos pongan a la persona a quien se le ha encomendado tareas en ambos, en situación de lesionar los objetivos de cualquiera de esas entidades o cuando sus propios intereses personales puedan pugnar con los de alguna de ellas.
En el caso que una persona tenga más de un contrato a honorarios en entidades públicas, requerirá de la visación previa, en el acto administrativo correspondiente, del ministro respectivo.
La misma visación será exigible cuando la persona contratada a honorarios tenga, además, un contrato con proveedores o contratistas o con instituciones privadas que tengan convenios para ejecución de proyectos o se le hayan otorgado transferencias, en relación con la repartición en que presta servicios.
Se exceptúan de las normas establecidas en los dos incisos anteriores las labores de docencia que dichas personas desarrollen en instituciones de educación superior.
Las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, serán aplicables asimismo a los contratados a honorarios, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga.
Del mismo modo, cada Jefe de Servicio deberá informar a todos quienes vayan a ingresar o laboren en él, en cualquier condición jurídica, acerca de las diversas inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que establecen las leyes, tales como la N° 18.834, Estatuto Administrativo, la N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado y otras que afecten a la repartición correspondiente, como asimismo, las modificaciones legales que se le introduzcan a tal normativa.
Aquellos programas presupuestarios en que laboren mayoritariamente personas contratadas a honorarios, serán regulados por resolución de las entidades correspondientes en cuanto a las condiciones y modalidades de su desempeño.
Artículo 6°.- Agrégase al número 22 del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda, el siguiente inciso segundo:
“Asimismo, remitirá a la Comisión Especial a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, un informe sobre Finanzas Públicas, que incluirá una síntesis del programa financiero de mediano plazo, en forma previa a la tramitación en dicha Comisión del proyecto de Ley de Presupuestos, sin perjuicio de la exposición sobre la materia que le corresponda efectuar, en tal instancia, al Director de Presupuestos .”.
Artículo 7°.- Créase, en la planta de la Dirección de Presupuestos, adecuada por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1990, del Ministerio de Hacienda, un cargo de Jefe de Departamento Grado 3° EUS. en la planta de la Subdirección de Presupuestos.
Artículo 8°.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo de 180 días a contar de la publicación de la presente ley, fusione las plantas del personal de la Dirección de Presupuestos, sin que pueda aumentar los grados del personal, el número de cargos, o irrogar un mayor gasto fiscal, excepto por la creación del cargo mencionado en el artículo anterior, debiendo efectuarse a este efecto las reasignaciones de su presupuesto. Podrá establecer los requisitos para el ingreso y promoción de los cargos de la planta, los que no serán exigibles para los actuales funcionarios que sean nombrados en ella para desempeñar empleos propios de su planta de origen. Dispondrá todas las medidas de protección de los derechos que correspondan a los funcionarios del Servicio, como ser la mantención del número de bienios, de los regímenes de previsión y demás garantías estatutarias. Los funcionarios adscritos conservarán esa calidad en la nueva planta. Finalmente, dispondrá que el Director de Presupuestos proceda a encasillar a los funcionarios de planta según el orden de escalafón de mérito, y, en caso de producirse un empate, se aplicará lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 18.834.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1° transitorio. Lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de esta ley regirá a contar del 1° de enero de 2004, sin perjuicio de que los reglamentos o decretos supremos que, en su caso, establecen, puedan ser dictados desde su publicación, para entrar en vigencia desde la fecha antes señalada.
Artículo 2° transitorio.- Introdúcense, a contar del 1° de enero de 2003, las siguientes modificaciones a la ley N° 19.842, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2003:
a) En la partida 05 Ministerio del Interior, Capítulos 01, Secretaría y Administración General; y 07, Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, agrégase, a sus glosas 02, letra a) el siguiente párrafo:
“No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.”.
b) En la partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 02, Servicio de Gobierno Interior, agrégase a su Glosa 02 letra a), los siguientes párrafos:
“No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.
Los funcionarios a contrata, que se determine mediante resolución del Subsecretario del Interior , podrán ejercer funciones de carácter directivo en el ámbito de emergencias, para lo cual tendrán la calidad de agentes públicos.”.
c) En la partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 03, Servicio Electoral, agrégase a su glosa 2 letra a), los siguientes párrafos:
“No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.
De estos, 41 deberán ser contratados asimilados a grados y niveles de Escalafón de Procesamiento de Datos del decreto con fuerza de ley N° 90, de 1977, del Ministerio de Hacienda.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARÍA EUGENIA WAGNER BRIZZI , Ministro de Hacienda (S)2.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES
AL DECRETO LEY Nº 1.263, DE 1975, ORGÁNICO
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO Y ESTABLECE OTRAS NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL
Mensaje Nº 558-348
1. La iniciativa legal propuesta, en lo fundamental, tiene como objetivo incorporar en normas permanentes las disposiciones transitorias, contenidas año a año en la Ley de Presupuestos, y el fortalecimiento del control de gestión y transparencia. Lo anterior producto de compromisos derivados del Protocolo suscrito por el Gobierno y parlamentarios, integrantes de la Comisión especial Mixta de Presupuestos, el 19 de noviembre de 2002.
2. Por otra parte, se solicita el otorgamiento de facultad delegada para proceder a fusionar las plantas de personal y adecuar la organización de la Dirección de Presupuestos a los requerimientos actuales y futuros de la institución. Lo anterior no implicará aumento de grados, remuneraciones ni mayor gasto al Servicio.
3. Adicionalmente, se propone la creación de un cargo de jefatura, grado 3º EUS en la estructura de personal de Dipres, necesario para una mejor definición y desarrollo de la gestión interna, cuyo costo será financiado con reasignaciones del presupuesto vigente de dicho Servicio.
4. La aplicación de la presente ley, incluidos los artículos transitorios, no irrogará mayor gasto fiscal para el año 2003.
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Nº 592-348
Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que introduce modificaciones al decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y establece otras normas sobre administración presupuestaria y de personal. (Boletín Nº 3239-05).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio del Senado.
“Nº 22.182
Valparaíso, 13 de mayo de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que regula la aplicación de normas sobre endeudamiento excesivo en financiamiento de proyectos y otras materias tributarias, correspondiente al boletín Nº 3181-05.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4219, de 8 de abril de 2003.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
4. Oficio del Senado.
“Nº 22.183
Valparaíso, 13 de mayo de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del “Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Checa”, suscrito en Santiago, Chile, el 7 de diciembre de 2000, correspondiente al boletín Nº 3120-10.
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general y en particular por 32 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4159, de 12 de marzo de 2003.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.
5. Oficio del Senado.
“Nº 22.184
Valparaíso, 13 de mayo de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del “Convenio básico de cooperación técnica y científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana”, suscrito en Santo Domingo de Guzmán , el 4 de marzo de 1998, correspondiente al boletín Nº 3133-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4188, de 19 de marzo de 2003.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.